Res. 00045-2025 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago — Acquittal for usurpation and damage to Térraba archaeological monumentAbsolución por usurpación y daño a monumento arqueológico Térraba

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago

Resolución Nº 00045 - 2025

Fecha de la Resolución: 30 de Enero del 2025 a las 08:35

Expediente: 20-000457-0634-PE

Redactado por: Laura Chinchilla Rojas

Clase de asunto: Recurso de apelación

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Normativa Internacional: Convención americana sobre derechos humanos, Pacto de San José

Normativa internacional

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

1

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Expediente: 20-000457-0634-PE

Contra: [Nombre 001] y Otros  

Delito: Usurpación y Otros   

Persona ofendida: Los Recursos Naturales y otro    

Res: 2025-0045

Exp: 20-000457-0634-PE

 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera. A las ocho horas con treinta y cinco minutos del treinta de enero del dos mil veinticinco.

Recursos de Apelación interpuestos en la causa 20-000457-0634-PE seguida contra [Nombre 001], [...] y [Nombre 002], [...]; por los delitos de usurpación e infracción a la Ley sobre patrimonio nacional arqueológico en daño de [Nombre 003] y el territorio indígena de Térraba, respectivamente. Intervienen en la decisión del recurso las juezas Laura Chinchilla Rojas y Susana Wittmann Stengel, así como el juez Christian Fernández Mora. Se apersonaron, en esta sede, la licenciada Sandy Pérez Ugalde, Fiscala Auxiliar de Asuntos Indígenas, sede Buenos Aires; la licenciada Viviana Brenes Delgado, procuradora penal y el licenciado Juan Vásquez Calderón, defensor particular de la imputada [Nombre 001].

RESULTANDO:

I.- Que, mediante sentencia escrita número 411-2024, de las 16:23 horas del siete de agosto de 2024, el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, San Isidro de El General, resolvió: “POR TANTO: De conformidad con lo expuesto y artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 8 inciso 2) y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 14 inciso 2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 6, 9, 16, 142, 184, 265 a 270, 360 a 366 del Código Procesal Penal, 1, 30, 34, 40, 70, 75, 76, 77, 225 del Código Penal, Decreto Ejecutivo 5904-G, Ley 6172, 21, 23, 24 de la Ley sobre Patrimonio Nacional Arquelógico [sic] 6703, SE ABSUELVE de toda pena y responsabilidad a [Nombre 001] y [Nombre 002] por el delito de USURPACIÓN, en perjuicio de [Nombre 003], y del delito de INFRACCIÓN A LA LEY SOBRE PATRIMONIO NACIONAL ARQUEOLÓGICO, ARTÍCULOS 21, 23 Y 24, en perjuicio del TERRITORIO INDÍGENA DE TÉRRABA. Se declara SIN LUGAR la Acción Civil Resarcitoria incoada en su contra por la representación de la Procuraduría General de la República. Se ordena la entrega definitiva del tractor de oruga marca Carterpillar modelo D56 color amarillo, sin placas de circulación, número de serie MHK04384 con número de identificación CATOOD5ARKG01024, al señor [Nombre 002]. Se dicta esta sentencia sin especial condenatoria en costas, son los gastos del proceso a cargo del Estado. Sonia Huezo Herrera. Jueza de Juicio”.

II.- Que, contra el anterior pronunciamiento, la fiscalía y la Procuraduría General de la República, esta última en su doble condición de actora civil y querellante, interpusieron recurso de apelación. 

III.- Que, verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el tribunal se planteó las cuestiones formuladas en los libelos impugnatorios. 

IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes. 

Redacta la jueza Chinchilla Rojas y;

CONSIDERANDO:

I.- Admisibilidad. Las licenciadas Sandy Pérez Ugalde, Fiscala Auxiliar de Asuntos Indígenas, sede Buenos Aires y Viviana Brenes Delgado, procuradora penal, plantearon recurso de apelación contra la sentencia dictada en autos, decisión que es impugnable por dichas partes dado que, la primera, es la funcionaria pública designada para llevar adelante el traslado de cargos y, la segunda, asumió la representación del Estado por delitos que tienen que ver con intereses colectivos y difusos, habiendo ejercido, en tiempo y forma, la querella y la acción civil resarcitoria (taxatividad subjetiva). También la sentencia es susceptible de ser conocida en esta vía por haberse producido tras un debate oral y público (taxatividad objetiva). Las impugnaciones constan en escritos motivados, aportados ante el órgano de instancia y dentro del plazo legal pues se incorporaron al Escritorio Virtual el tres y cuatro de septiembre de 2024, estricto orden. Dado que la misma se emitió el siete de agosto de 2024 y su lectura integral se verificó el 14 de agosto de 2024, el plazo legal de 15 días hábiles no vencía sino hasta el propio cinco de septiembre de 2024 (tomando en cuenta que el feriado por el día de la madre fue día inhábil tanto como los fines de semana) y, por ello, deben admitirse, sin que sean necesarias ulteriores formalidades pues, de lo contrario, se incumpliría el mandato establecido en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Mauricio Herrera Ulloa contra Costa Rica, sentencia del dos de julio de 2004. Es necesario indicar que, en la especie, ocurrió una particularidad y es que, al segundo día hábil de la lectura integral de la sentencia, el defensor particular de [Nombre 001] presentó una solicitud de aclaración al tribunal de juicio; sin embargo, la misma fue resuelta hasta el 12 de septiembre de 2024, es decir, seis días hábiles después de que el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República ya habían presentado sus apelaciones. En dicha resolución se lee: “Sobre lo resaltado del extracto anterior, lleva razón el abogado defensor, por error involuntario se consignó que las personas indígenas tenían derecho a acudir a las vías de hecho para recuperar los territorios ascentrales [sic], cuando lo correcto era, las personas indígenas tienen derecho a acudir a las vías legales correspondientes para recuperar los territorios ancestrales, tal cual lo ha dispuesto la normativa internacional, la cual ha dejado claro que son los Estados quienes deben emprender las acciones necesarias para garantizar que los pueblos indígenas puedan ejercer ese derecho al vínculo espiritual y cultural con los territorios ancestrales y a la recuperación territorial, pero nunca serán legítimas las vías de hecho para reivindicar sus derechos sobre dichos territorios, de este modo se aclara y adiciona la resolución, sin que se modifique el fondo de lo ya resuelto”. El artículo 147 del Código Procesal Penal relativo a las solicitudes de adición y aclaración, en su último párrafo, dispone: “la solicitud interrumpirá el término para interponer el recurso”. Si a esa frase se le da una interpretación literal resultarían perjudicadas, en su derecho de recurrir, las partes que planteen una gestión de esa índole, pues en materia procesal y de prescripción el término “interrumpir” significa volver a computar de cero y ello conllevaría a que, con la presentación de la solicitud de adición y aclaración, volverían a contabilizarse los 15 días de plazo para apelar y que si el a quo no resolviera antes de ese tiempo, la parte perdería la oportunidad recursiva, aspecto que carece de total sentido. Tal cuestión tiene un trasfondo histórico ya abordado por la jurisprudencial nacional y es que, antes de la reforma introducida al Código Procesal Penal por ley número 9021 del tres de enero de 2012, el artículo 147 supra indicado refería que, en casos de interposición de una petición de adición y aclaración, el plazo para apelar se suspendía (no se interrumpía) hasta el dictado de su resolución, es decir, no seguía corriendo sino hasta que estuviera completo el pronunciamiento de la autoridad judicial a cargo, lo cual es razonable en el entendido de que la impugnación debe darse una vez que se revisen la totalidad de argumentos de la persona juzgadora. Carecería de lógica que se presente una apelación y, cuando se resuelva la adición y aclaración, se plantee otra ampliando aquella con las consideraciones que las partes pudieran hacer de la segunda que resulta complementaria. Al respecto, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en su voto número 1539-2015, de las 08:20 horas del 19 de noviembre de 2015, remitió a un antecedente propio de lo que fuere el otrora Tribunal de Casación Penal: “Si la norma se interpretara literalmente se tendría, entonces, que con la sola presentación de la gestión de adición o aclaración, tendría que empezar a correr el plazo de impugnación de la resolución anterior, lo que es un contrasentido porque ésta aún no está completa o integrada con la resolución complementaria que, aunque puede rechazar la gestión, puede aclararla o adicionarla en aspectos no esenciales, como ocurriera en este asunto en que, a pesar de mantenerse la condena en costas por un cierto monto, se dispuso cómo debía dividirse dicho monto. En otras palabras, si nos atenemos a la literalidad de la norma, generaríamos un absurdo jurídico de que a las partes les empiece a correr el plazo de impugnación, borrando lo anterior, sin tener conocimiento aún de lo que el Tribunal va a resolver respecto a su gestión. Evidentemente, esa reforma, aparte de inatinente para los fines por los que se emitió esa ley (corregir deficiencias omitidas al dictar la Ley de creación del Recurso de Apelación de Sentencia Penal) resultaba innecesaria y se emitió en sentido contrario a como la doctrina procesal generalizada, en Derecho comparado, señala que debe regularse el instituto” y, por ello, partiendo de principios interpretativos superiores (constitucionales y convencionales) dentro de los cuales se encuentra el de hermenéutica jurídica, el histórico y, sobre todo, el derecho al recurso, se comparte el criterio esgrimido y se entiende que, a partir del 13 de septiembre de 2024, hubiesen vuelto a correr los 15 días. No obstante, a pesar de que el emplazamiento se hizo el 18 de septiembre de 2024 (cuatro días hábiles después de la aclaración), ninguna de las apelantes reclamó o echó mano de ese tiempo adicional para pronunciarse sobre ella. Aun así, valora esta cámara que no se produjo ninguna modificación sustancial en lo resuelto y que ese punto en concreto quedó comprendido por las impugnaciones de las partes. Tampoco se les ocasionó un agravio a las defensas técnicas, porque la que promovió la citada resolución sí aludió a ella en su contestación y, la otra, ni siquiera dio respuesta a los recursos. Así las cosas, al no existir vulneración a derechos fundamentales, se continúa con la resolución por el fondo.

II.- Recuento procesal. (A) Solo para efectos de claridad, la sentencia resolvió, en su primer considerando, una excepción de falta de acción que fue presentada por la defensa técnica de [Nombre 001] —desde la audiencia preliminar y al inicio del debate—bajo el argumento de que, al ser la usurpación un delito de acción pública a instancia privada, debió ser promovida por la Asociación de Desarrollo Indígena que ostenta la administración de los territorios indígenas y no por un particular como lo es el denunciante [Nombre 004]. La sentencia la declaró sin lugar, pues estimó que, al tratarse de intereses colectivos, tanto [Nombre 004] (denunciante) como [Nombre 003] (quien había recuperado las tierras de interés), son personas indígenas legitimadas. Este extremo no fue impugnado, pero esta cámara lo ha revisado de oficio, como parte del examen integral, y llega a la misma conclusión que el a quo. En el entendido de que dicha excepción lo es respecto del reclamo civil, más no lo penal, debe estarse a la estrecha vinculación de ambas cuestiones, pues lo segundo fue lo invocado por la Procuraduría General de la República como posible causa del daño que demanda. Desde tal perspectiva, los hechos que componen la acción civil resarcitoria describen un concurso ideal entre un delito de usurpación y una infracción a la ley sobre patrimonio nacional arqueológico, con lo cual, se habría lesionado, con una sola acción en sentido jurídico penal, dos bienes jurídicos tutelados: la propiedad, pero además, uno de naturaleza colectiva como lo es el patrimonio nacional arqueológico; de ahí que, respecto de este último (que es inescindible al primero), era viable que cualquier persona (física o jurídica) —incluyendo, por supuesto, la representación del Estado— se apersonara a este proceso, pues aunque concurre con un delito de acción pública a instancia privada, el otro es de acción pública. Adicionalmente, hay que ver que el terreno en el cual se circunscriben los hechos no se reclama a título particular, sino como parte de la comunidad indígena Térraba y, en ese tanto, también hay un interés difuso que legitimó a la actora civil. Así, incluso, lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del 27 de junio de 2012 en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador; en sus palabras: “La Corte considera que el derecho a la identidad cultural es un derecho fundamental y de naturaleza colectiva de las comunidades indígenas, que debe ser respetado en una sociedad multicultural, pluralista y democrática” y Costa Rica es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde 1978, cuando entró en vigor la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, que se trata de derechos supraconstitucionales que lo avalan. (B) Ahora bien, no se invocó nada respecto de la prescripción en los libelos impugnatorios; no obstante, al tratarse de un asunto de tramitación unipersonal en sede de juicio (por el artículo 96 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial), en que están de por medio penas de cinco años de prisión o menos que acortan por mucho la prescripción, esta cámara procedió a realizar una revisión de oficio de ese extremo para determinar que la acción penal no ha precluido en el tiempo. Tanto al imputado como a la sindicada, se les trasladó acusación formal por el delito de usurpación que, según el artículo 225 del Código Penal, se sanciona con prisión de seis meses a cuatro años; y, de una infracción al artículo 23 de Ley de patrimonio arqueológico número que prevé una pena de dos a cinco años de prisión. Según las reglas de los numerales 31 a 34 del Código Procesal Penal, la vigencia de la acción penal fenecería en un tiempo igual al máximo de la pena, sin que el plazo de prescripción pueda ser menor de tres años o mayor a diez. En el particular, los extremos máximos previstos en cada uno de los tipos penales indicados no violentan tales límites, por lo que, el primero prescribiría, en principio, a los cuatro años y, el segundo, a los cinco. Sin embargo, iniciados los actos interruptores y/o suspensivos, esos lapsos se reducen a la mitad, es decir a dos años y dos años y medio, respectivamente, ya que, aunque los hechos sed acusen como una sola acción (concurso ideal) la prescripción se computa separadamente al tenor de lo dispuesto en el artículo 32 párrafo segundo del código de rito. El acusado acto perturbatorio del delito continuo de usurpación (inicio y fin) se remonta al 27 de julio de 2020. Las declaraciones indagatorias de las dos personas acusadas se dieron el 12 de mayo de 2022 (por la acusación fiscal) y el 24 de enero de 2023 (por la querella). Nótese que, desde el inicio del cómputo del plazo de extintivo hasta ese acto interruptor, no había transcurrido el plazo referido y tampoco se dio entre ese y los siguientes, pues existieron dos señalamientos a audiencia preliminar en el ínterin, con tal carácter (ver artículo 33 inciso c) del Código Procesal Penal) según resoluciones del 10 de febrero de 2023 y del 26 de mayo de 2023. También se dieron dos señalamientos a debate, con el mismo efecto dicho (artículo 33 inciso d) del Código Procesal Penal), por resoluciones del 10 de enero de 2024 y del 06 de junio de 2024. La sentencia absolutoria se dio el 07 de agosto de 2024 (artículo 33inciso f) del Código Procesal Penal). Cada uno de esos actos, como se dijo, tuvo una consecuencia interruptora, que origina que el plazo reducido deba volver a contarse en cada ocasión y, como se observa, entre la fecha de los hechos y cada una de ellas, no se completaron aquellos, por lo que la acción penal está vigente.

III.- Recurso de apelación incoado por el Ministerio Público. La licenciada Sandy Pérez Ugalde, Fiscala Auxiliar de Asuntos Indígenas, sede Buenos Aires, interpuso recurso de apelación. Como único motivo, alega la carencia de fundamentación intelectiva, en tanto, a su criterio, la sentencia no efectuó un adecuado análisis de la prueba recibida en debate. Estima que el tribunal de juicio hizo una enunciación muy general del elenco, sin profundizar y analizar los testimonios recibidos en el contradictorio. Señala que hizo una transcripción de la declaración del imputado, de los testigos de cargo ([Nombre 004], [Nombre 005], [Nombre 006], [Nombre 003], [Nombre 007]) y del testigo de descargo ([Nombre 008]) y copia, en el libelo impugnatorio, un amplio extracto textual de la sentencia para indicar que el tribunal debió tomar en cuenta cada uno de los aspectos desarrollados en debate y por qué no acogió la tesis fiscal, pero sobre todo, no se pronunció sobre la consistencia de las declaraciones de cargo que fue, desde su óptica, clara, precisa, espontánea y congruente con las denuncias, por lo que extraña un pronunciamiento sobre su fiabilidad. Fustiga que la absolutoria se basó solo en el dicho del acusado [Nombre 002] y, por eso, en sus palabras, “se encuentra manifiestamente inconforme” y pide su nulidad y el renvío para que la prueba sea nuevamente valorada. Recurso de apelación incoado por el la parte querellante y actora civil (Procuraduría General de la República). Por su parte, la licenciada Viviana Brenes Delgado, procuradora penal, también presentó un escrito de impugnación en contra de la sentencia absolutoria ya referida. Como único motivo, invoca una falta de fundamentación intelectiva, violación a las reglas de la sana crítica racional (derivación y lógica), por una errada valoración de las probanzas. Para ello, copió la relación de hechos de la querella, así como partes de la sentencia recurrida para reclamar que, el hecho de que la denuncia empezara por una supuesta usurpación, no suprime la segunda delincuencia de infracción a la Ley de patrimonio nacional arqueológico. Ejemplifica con un caso hipotético en el cual se denuncie un robo y, al llegar, las autoridades encuentren un cuerpo sin vida y que desestimen esto último solo porque la alerta inicial fue una sustracción. Señala que el testigo [Nombre 005], oficial de Fuerza Pública, pese a haber sido ofrecido como prueba de cargo, se comportó de manera hostil, por lo que yerra el tribunal al calificarlo como imparcial; aun así, señala, sí dijo que observó piedras de hueca. Apunta a que no es cierto que el informe policial número 0087464-2 de las 09:20 horas no consignara que se trataba de un cementerio indígena y traslada una cita textual que contiene dicha referencia. A su entender, desde la mañana, el propio día de los hechos, el imputado y la encartada tenían conocimiento de ello y, aun así, continuaron con el empleo de la maquinaria. También transcribe un fragmento del informe policial número 0087479-20 de las 14:30 horas en donde se indicó que el denunciante advirtió que se trataba de un cementerio indígena. Afirma que la conclusión del tribunal de que nadie sabía de su existencia sino hasta dos días después en que se dio la inspección arqueológica, no encuentra asidero en esas probanzas. Desde su óptica, el testigo [Nombre 008] se mostró complaciente cuando manifestó que no conocía ningún cementerio indígena, que se escuchaba decir que lo había, pero no con precisión en dónde y reclama que el tribunal le dio más credibilidad que al resto, pese a que el perímetro de los sitios arqueológicos están inscritos en el Museo Nacional como lo apunta el informe rendido por el arqueólogo [Nombre 006]. En ese tanto, también existe, a su entender, una equivocación al declarar sin lugar la acción civil resarcitoria por falta de nexo causal, cuando el daño fue parte de los hechos probados. Finalmente, solicita se declare con lugar su impugnación, se anule la sentencia y se disponga un nuevo juicio ante el mismo tribunal, pero integrado por una autoridad judicial diferente. Contestación de la defensa técnica de [Nombre 001]. La defensa particular de la imputada [Nombre 001] respondió a los argumentos de las impugnaciones y estima que la sentencia está apegada a derecho, pues su redacción permite recrear el razonamiento del órgano sentenciador y la valoración que hizo de todo el elenco probatorio. Llama la atención sobre el hecho de que la acusación se circunscribió al hecho de las 14:30 horas y no amplió la imputación a lo ocurrido, ese mismo día, pero en la mañana. Pese a eso, considera que el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República intentaron entrelazar los dos eventos. Afirma que el recurso fiscal repite grandes partes de la sentencia, pero no se desprende con claridad qué es lo que controvierte. Por su parte, el incoado por la procuradora del Estado, afirma, externa criterios distintos de los de la sentencia, pero no concreta sobre los errores que supuestamente encuentra. Solicita se tome en cuenta que, el propio denunciante, en una ampliación de la noticia criminal que hizo dos años después, indicó que hasta el día de los hechos se enteraron de que el sitio era un monumento arqueológico, aspecto que fue valorado por el tribunal de juicio para la correcta absolutoria de su representada. Solicita, pues, se confirme la sentencia en todos sus extremos. La defensa técnica de [Nombre 002] no contestó. Se declaran sin lugar ambos recursos. Por estar estrechamente relacionadas, se resuelven de forma conjunta las impugnaciones y, dado que cuestionaron la fundamentación de la sentencia y la valoración probatoria, esta cámara ha hecho un examen integral de la sumaria para concluir que la misma no presenta vicios que la invaliden. Veamos: (A) En cuanto a la forma. A fin de enmarcar el control que ha hecho esta cámara de la valoración probatoria vertida en la sentencia impugnada, es decir, para determinar si existió coherencia y establecer que no se haya omitido ningún elemento de valor como lo sugirieron las partes apelantes, es importante señalar que, si bien, en su segundo considerando, el pronunciamiento bajo análisis, tuvo como único hecho probado que: “No se logró acreditar el hecho ilícito acusado por el Ministerio Público y el representante de la querella, ni los hechos descritos en la acción civil”, como unidad lógica que es, a lo largo de todo su resolución, la juzgadora a cargo se dio a la tarea de describir los puntos que no encontraron controversia, dar las razones por las cuales fue así e ir desarrollando los aspectos demostrados con alusión al elenco probatorio que tuvo al alcance para ello, el cual fue el admitido en la audiencia preliminar según se ha verificado: se aceptó toda la prueba documental y material ofrecidas por la fiscalía y la Procuraduría General de la República, solo se rechazó la declaración de cargo de [Nombre 013] por superabundante y, en cuanto a la requerida por las defensas técnicas, se aceptaron los expedientes 20-000038-1555 AG, el 21-000009-1555-AG, ambos, del Juzgado Agrario de Buenos Aires, una constancia de la Municipalidad de Buenos Aires a folio 2013 y la declaración de [Nombre 014] (quien, por razones de salud no declaró). Valga decir que, en el curso del debate (según sus actas), se permitió la deposición de [Nombre 008]. Esos resultaron los elementos reproducidos e incorporados al contradictorio, así como los analizados por la sentencia, de modo que no se produjo ningún agravio en ese sentido. Por otro lado, en cuanto al reclamo fiscal sobre lo que calificó como uso excesivo de citas textuales, se tiene que el pronunciamiento del tribunal de juicio, en efecto, transcribió algunas partes de las declaraciones testimoniales y extractos de los documentos en autos, pero lo hizo para ilustrar su análisis intelectivo que, dicho sea de paso, se colige en respeto de las reglas dela sana crítica racional y exigencias normativas, procesales y sustantivas como se profundizará a continuación. (B) En cuanto al fondo. Ahora bien, para determinar si la sentencia incurrió en falencias de fundamentación y análisis probatorio como lo reclamaron el Ministerio Público y la parte querellante y actora civil, esta cámara dividirá su revisión por temas, delincuencias y personas acusadas. 1. Aspectos penales. 1.1. Delito de usurpación. Sobre esta primera delincuencia, el pronunciamiento de juicio concluyó que no era posible acreditar, con certeza, la autoría de un delito de usurpación a por parte de [Nombre 001] ni [Nombre 002]. Este les fue acusado (a ambas personas sindicadas) como cometido el 27 de julio de 2020 a las 14:00 horas en [...] cuando, en resumen, realizaron movimientos clandestinos de tierra con un tractor (por instrucciones de la imputada y el sindicado como operario) en un terreno que, de acuerdo con las imputaciones formales, pertenecía a [Nombre 003] desde el 19 de marzo de 2018, fecha en que lo habrá recuperado como parte del territorio indígena de Térraba. Para el a quo la prueba de cargo contradijo esa imputación, pues el testigo [Nombre 004] declaró que conocía a [Nombre 001] desde el 2005, aproximadamente, porque ella vivía dentro de las cinco hectáreas en las que también está la parte de interés arqueológico, por lo cual, no se habría dado una perturbación a [Nombre 003] y mucho menos una clandestina, ya que, con independencia de la legalidad de la posesión que ella ejerce ahí, era conocido por las personas aledañas que mantenía su residencia en dicho punto. Incluso, agregó que el testigo [Nombre 003] aseguró que recuperó el territorio en 2018 y que a [Nombre 001] la conocía como dueña de un restaurante en el cruce de Paso Real, a unos dos kilómetros del lugar de los hechos, en la misma franja de tierra, al igual que lo depuso la testigo de cargo [Nombre 007], quien afirmó que la sindicada tiene esa propiedad de 20 hectáreas desde la Escuadra a Paso Real, que incluye la parte del monumento y, en su razonamiento, eso descartó que la imputada haya hecho el ingreso de manera forzada u oculta, debido a que la propia prueba de los entes acusadores admitió que aquella mantenía una posesión desde mucho tiempo atrás. Agregó el a quo, que el testigo de descargo también secundó lo analizado de previo, al haber aclarado que la endilgada ha vivido toda su vida en ese sitio y que la Asociación de Desarrollo Indígena no ha presentado ninguna denuncia por usurpación en su contra, porque tampoco muestran interés en ello, ya que tiene 50 años de estar ahí y que, más bien, fueron los denunciantes quienes, a título de recuperadores, invadieron la zona en 2018, sin que tengan potestad para disponer del inmueble. Así, en la sentencia, se derivó que: a. Para el momento en que el denunciante [Nombre 004] dijo haber recuperado el lugar de marras, ya la ofendida estaba en posesión previa, por lo cual, no se configuran los elementos objetivos del tipo penal del artículo 225, inciso 3) del Código Penal, pues su tenencia no se ha visto interrumpida y; b. Para ejercer el derecho de recuperar territorios ancestrales, las personas indígenas deben acudir a mecanismos legales y, su solo dicho, no anula o convierte en inexistente el derecho de posesión que otras personas hayan realizado de previo, para lo cual citó el artículo 5 de la Ley Indígena: “En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones”. Así, pues, concluyó la jueza que es un tema que ha de dilucidarse en otro tipo de proceso, más no en uno penal. Respecto de [Nombre 002], desarrolló que, si bien estaba ahí el día de los hechos, a esa hora, lo fue en su condición de operario de maquinaria pesada, contratado por la endilgada, tal como lo declaró en su descargo y lo secundó el testigo [Nombre 005], oficial de Fuerza Pública que atendió el reporte, quien afirmó que así lo habían advertido las personas presentes en el lugar, aspecto que, agregó, no fue controvertido en el debate. En ese tanto, no se le pudo trasladar el delito de usurpación a título doloso tampoco. Como se logra apreciar, la jueza de juicio logró plasmar su razonamiento intelectivo de un modo tal que se comprenden con claridad y desde las reglas de la sana crítica racional los motivos por los cuales emitió una sentencia absolutoria por el delito de usurpación en favor del sindicado y la endilgada y lo hizo analizando, de manera correlacionada e integral, la totalidad de la prueba, tanto documental como testimonial reproducida en el contradictorio. Véase que el a quo lleva razón cuando asegura que, en su séptimo hecho, la pieza acusatoria les señaló, a ambas personas, de perturbar clandestinamente la posesión ejercida por el pueblo Térraba en el territorio ya circunscrito líneas arriba y en la fecha y horas también apuntadas, esto mediante el ingreso de un tractor, aprovechando de que el ofendido [Nombre 003] no se encontraba en la propiedad y, en idénticos términos, lo describió la querella y acción civil resarcitoria en el punto siete. Quiere decir que, de los tres incisos que componen el tipo penal del artículo 225 del Código Penal, los dos órganos acusadores encuadraron lo denunciado en el primero: “Artículo 225.-Usurpación. Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años: 1) A quien por violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes. 2) A quien, para apoderarse de todo un inmueble o parte de él, alterare los términos o límites. 3) A quien, con violencia o amenazas turbare la posesión o tenencia de un inmueble” (resaltado es propio). De tal suerte, lo que debía demostrar la prueba de cargo con certeza, era que: (a) por medio de la clandestinidad (pues fue lo único acusado), (b) tanto [Nombre 001] como [Nombre 002], (c) despojaran del inmueble, (d) a quien ostentara la posesión o tenencia, (e) invadiéndolo, manteniéndose en él o expulsando a sus ocupantes y (f) que todo lo hicieron dolosamente, en tanto ese es el único elemento subjetivo que admite el tipo penal. Por “clandestinidad” se entiende, según el Diccionario de la Real Academia Española: “f. Cualidad de clandestino. Sin.: secreto, ocultación, anonimato, ilegalidad, ilegitimidad” y, por clandestino: “adj. Secreto u oculto, especialmente por temor a la ley o para eludirla. Sin.: secreto, oculto, encubierto, furtivo, subrepticio, sumergido, anónimo, ilegal, ilegítimo, pirata. Ant.: patente, público, evidente”. No obstante, tras el análisis de la totalidad de la prueba testimonial, tanto de cargo como de descargo, más bien quedó claro que la imputada es quien ha habitado en el sitio de interés desde hace 50 años (sin que se entre a conocer acá la legalidad o no de ese punto, porque es propio de otro tipo de proceso); por ende, el ingreso de un tractor no fue secreto ni oculto, pues lo hizo en el inmueble en que se ubica su casa de habitación. Es más, materialmente hablando, es imposible que, en un terreno abierto como ese, no se percibiera la actividad de remoción de tierras, por lo que tampoco se extrae de ese proceder, un deseo de esconder la maquinaria. De hecho no fue así, porque las autoridades policiales fueron alertadas de inmediato por los denunciantes, tras comunicaciones que recibieron de personas que observaban a la perfección. Es lo cierto que [Nombre 004] ha señalado, en reiteradas ocasiones, que él recuperó esas tierras en 2018 en favor de [Nombre 011], pero ninguno de esos denunciantes las ocupaba. De importancia, nota esta cámara que el peritaje antropológico emitido por el perito Bohián Pérez Stefanov el 26 de junio de 2021 (folios 242 a 276), concluyó que los movimientos de recuperación de tierras en ese territorio se han hecho al margen de la Asociación de Desarrollo Indígena —ente encargado por ley—y que no ha tenido una aceptación demostrada en las familias teribes del territorio ni consenso en los métodos de acción, de ahí las diferencias y disputas por los terrenos que poseen ciertas familias desde hace muchos años. Quiere decir que no hubo claridad legal ni probatoria de cuál parte estaba legitimada para ejercer actos de posesión: si la imputada [Nombre 001] que la ha habitado de hecho por cinco décadas (como lo reconoció el denunciante [Nombre 004] al declarar en juicio y lo aseguró el testigo de descargo, [Nombre 008] de forma coincidente) o el denunciante [Nombre 003] en su actividad de recuperación. La duda en ese aspecto ciertamente abonó a la imposibilidad de demostrar con certeza el dolo de usurpar, aun y cuando el documento extendido por la Asociación de Desarrollo Indígena de Térraba estableciera que no se le ha dado la posesión a aquella (folios 199 y 200), que el inmueble se ubica en territorio Térraba —como lo hizo saber el oficio expedido por la Municipalidad de Buenos Aires (folio 213)— y es que el oficio CAN-261-2022 de la Comisión Arqueológica Nacional indicara que no había otorgado permisos para excavaciones en la zona, justamente porque hay tolerancias y ocupaciones de facto que inducen a error a las personas que las han ejercido y que ameritan ser finalmente resueltas por el Estado y la legislación vigente. Incluso, en el expediente 20-000038-1555-AG, tramitado por el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (materia agraria) y que fue incluido como prueba de descargo, consta que se dictó la resolución de las 16:20 horas del 10 de noviembre de 2020 en la cual se giró una medida cautelar anticipada. En ella se les ordenó a [Nombre 003] y luego a [Nombre 004] (en adición y aclaración del 15 de marzo de 2021), abstenerse de perturbar la posesión que [Nombre 001] ejercía, precisamente sobre el terreno de restaurante y casas de habitación en la comunidad de Paso Real de Buenos Aires que colinda, al norte, con René Villalobos; al sur, con finca Potomac; al este, con el Río Grande de Térraba y, al oeste, con la carretera interamericana. Se indicó, en aquella decisión jurisdiccional, que era de ejecución inmediata. En otras palabras, la existencia de esa otra tramitación agraria también imposibilita establecer un dolo de usurpar de parte de la endilgada, pues el propio [Nombre 004] reconoció, en su declaración en juicio, que está en curso un proceso judicial en el cual se discute quién es la persona propietaria. En todo caso, los denunciantes parecieran haber tolerado la ocupación que venía haciendo la encartada, porque no intervinieron antes, sino hasta que fueron alertados de la presencia de un tractor en 2020, por lo que no se podría establecer, desde el punto de vista demostrativo, que hubo un despojo, entendido este, en la misma fuente citada, como: “m. Acción y efecto de despojar o despojarse” y, “despojar”: “tr. Privar a alguien de lo que goza y tiene, desposeerlo de ello con violencia. Sin.: robar, quitar, hurtar, desposeer, privar, desplumar. Ant.: restituir, devolver”. Y es que lo acusado no fue que [Nombre 001] se haya mantenido ahí por esas cinco décadas ni que expulsara a los denunciantes, sino que ingresó un tractor operado por el imputado que, a lo sumo y de forma cuestionable, podría tratarse del primer verbo típico, es decir, de una invasión que, según el Diccionario de la Real Academia Española, significa: “f. Acción y efecto de invadir” e “invadir” es: “1. tr. Irrumpir, entrar por la fuerza. 2. tr. Ocupar anormal o irregularmente un lugar. Las aguas invadieron la autopista”; pero esto último no es lo demostrado, pues no habría sido lógico concluir que, entrar al inmueble en donde una persona habita desde hace años atrás, lo sea por la fuerza, justo porque es quien está ejerciendo posesión sobre aquel. Ahora bien, si ello es así respecto de aquella, con mucha más razón en lo que [Nombre 002] atañe. Este fue simplemente un operario del tractor contratado por la sindicada, tal como quedó establecido, no solo por su dicho en descargo, sino por el de la propia prueba de cargo que así lo secudó durante el contradictorio (partes policiales números 0087464-2, visible del folio 114 al 119; y 0087479-20, visible del folio 126 al 133; así como los denunciantes [Nombre 004] y [Nombre 003] y el oficial [Nombre 005]). Entonces, en cuanto a él, no solo no se acreditaron los elementos objetivos del tipo penal de la usurpación antes descritos y analizados (que, en estricta correlación entre acusación y sentencia son los únicos que se debieron dilucidar), sino tampoco el subjetivo, es decir, el conocimiento y la voluntad de llevarlos adelante, pues la propiedad no era suya, él no es reconocido como persona indígena y solo seguía órdenes producto de una contratación privada. Su acción, en el peor de los casos, estaría amparada en un error de tipo al desconocer que estaba realizando trabajos de remoción de tierras para una persona que no era quien legalmente podía disponer de ella, tal como lo tomó en cuenta el tribunal sentenciador. Así las cosas, no se denota ninguno de los yerros invocados por las partes recurrentes, pues el presente órgano arriba a idénticas conclusiones tras ponderar la prueba. 1.2. Delito de infracción a la Ley sobre patrimonio nacional arqueológico. Al respecto, la querella y la acusación señalan (en síntesis) a [Nombre 001] y a [Nombre 002] como posibles responsables de haber provocado daños al monumento arqueológico Crun Di, con la remoción de tierras hecha ese 27 de julio de 2020, a las 14:00 horas, tras el uso del tractor conducido por él, a contratación de ella, pues no contaban con permisos para ello por parte de la Comisión Arqueológica Nacional. En lo atinente, la sentencia tuvo, como hechos probados, que tanto la encartada como el sindicado, ese día y a esa hora, ingresaron un tractor al terreno de interés y movieron tierras en aproximadamente 30 o 40 centímetros, por lo que descubrieron piedras y vestigios de valor arqueológico; la primera, daba instrucciones y, el segundo, operaba la maquinaria y a esa conclusión llegó de acuerdo con el análisis de la credibilidad y consistencia de la prueba testimonial de cargo (el arqueólogo [Nombre 006], el denunciante [Nombre 004], el oficial [Nombre 005] y la recuperadora [Nombre 007]) que así lo hizo ver, en su criterio, de manera creíble y coincidente. Aun más, el propio [Nombre 002] lo admitió cuando declaró en juicio. Por otro lado, señaló la sentencia que, del oficio DAH-2021-0-93, así como de la deposición del arqueólogo [Nombre 006], su autor, se tiene que el daño provocado fue valorado en 19.4709.820, pues se trataba de un monumento arqueológico. Sin embargo, analizó el a quo, a esta última determinación se llegó hasta dos días después de los hechos acusados, es decir, el 29 de julio de 2020, luego de dicho dictamen, lo que quiere decir que no era de conocimiento público, sino que se localizó por el movimiento de tierras imputado. Puntualizó que, incluso, no fue el eje central de la denuncia incoada por [Nombre 004] (esta inició como una usurpación, porque es un recuperador de territorios indígenas), sino que se mencionó de manera tangencial y así lo refirió en una segunda denuncia cuando manifestó que desconocían la existencia de un monumento ahí, amén de que el arqueólogo nunca había hecho un abordaje del lugar como para determinarlo de previo a la remoción de tierra acusada. Analizó que la prueba de cargo describió el lugar como uno en el que la alta vegetación impedía ver con facilidad el suelo (el mismo [Nombre 004] dijo que [Nombre 001] metió el tractor para limpiar el “charral”) y que la intervención de Fuerza Pública, según los informes 0087464-2 y 0087479, ambos, del 27 de julio de 2020 (uno de la mañana y, otro, de la tarde) no consignaron que se haya prevenido al imputado y la endilgada sobre la existencia de restos arqueológicos como para admitir el alegato de los órganos acusadores en el sentido de que, si bien pudieron no haber conocido dicha situación de primer momento en horas de la mañana, sí luego de la visita de las autoridades, cuando volvieron a mover tierras ese mismo día en la tarde. Aclaró la sentencia que ese primer evento al que aluden los informes no fue acusado ni querellado (se trasladó formalmente solo el de las 14:00 del 27 de julio de 2020). Aun así, al tenor del principio de libertad probatoria y, habiéndose admitido como prueba en la audiencia preliminar, la jueza valoró que, según el informe 0087464-2 de las 09:20 horas, solo estaban presentes el imputado [Nombre 002], [Nombre 009] y [Nombre 010], más no la encartada, por lo que la tesis de imputación era insostenible en cuanto a ella. Respecto de [Nombre 002], según el tribunal de juicio, las autoridades policiales solo plasmaron que dieron parte al Minaet, mas no que se le haya advertido al sindicado que era un monumento. De lo que se le apercibió era de no usar más el tractor, pero no se consignó que hubieran visto restos arqueológicos en esa primera inspección que hizo la propia Fuerza Pública, tal como lo secundó la testigo [Nombre 007]. El texto de la sentencia agrega que el oficial de Fuerza Pública que declaró en debate admitió que el imputado sostuvo, desde el abordaje de la mañana, que solo era operario y que, lo que le apercibieron, era que no debía emplear más la maquinaria, pero que él nunca divisó objetos ni arquitectura y que tampoco sabía que era un cementerio indígena. Sopesó la sentencia que tampoco en el segundo informe se puntualizó nada sobre los restos arqueológicos, sino solo se mencionó una discusión entre dos personas presentes, sin indicar quiénes, pese a que sí estaban el imputado (operando de nuevo el tractor) y la endilgada, tampoco se lee algo al respecto en el libro de novedades, según oficio MSP-DM-DVURFP-DRSBRUN-DPCBA-430-2021 del 23 de abril de 2021. Además, el testigo [Nombre 008] aclaró que no conocía ningún cementerio indígena en la propiedad de [Nombre 001] y que se escuchaba que existía, más no se sabía en dónde. Así, el a quo concluyó que estaba de por medio un error de tipo invencible y que, según el artículo 34 del Código Penal, ello excluía la tipicidad y, por ende, no se acreditó la configuración delictiva ante la imposibilidad de avanzar a las otras categorías de la teoría del delito. Esta cámara ha hecho una revisión pormenorizada del elenco probatorio y verifica la procedencia de la decisión absolutoria sobre esta segunda delincuencia. Lo primero que debe tenerse presente es que el artículo 23 de la Ley sobre patrimonio nacional arqueológico que se acusó, describe lo siguiente: “Al que por cualquier medio dañe o destruya un monumento arqueológico se le impondrá prisión inconmutable de dos a cinco años”, es decir, el tipo penal traslada responsabilidad (a) a quien (cualquier persona), (b) dañe o destruya, (c) un monumento arqueológico, (d) de forma dolosa, pues los delitos culposos son números clausus, es decir, solo tienen dicha forma de comisión aquellos seleccionados por la legislación y regulados expresamente en el Código Penal y/o leyes especiales como tales, sin que, respecto al tema específico del daño al patrimonio arqueológico haya previsión por falta al deber de cuidado. Consecuentemente, para que se configure aquel ilícito, el sujeto activo debe conocer que está dañando o destruyendo “algo”, que “ese algo” es un monumento arqueológico y tener la voluntad de proceder así. En la denuncia incoada por [Nombre 004], ese mismo día de los hechos, a las 17:21 horas, a (folios 1 a 7), nunca hizo referencia a la existencia de restos arqueológicos dañados por el imputado o la sindicada, es decir, esa no fue la noticia criminal. La relación de hechos plasmada ahí lo que señaló fue que, el 27 de julio de 2020, a las 14:00 horas, [Nombre 007], compañera recuperadora de tierras, le advirtió sobre un tractor que estaba moviendo tierras en una finca de la comunidad Térraba, por lo que él, ella y [Nombre 012], se desplazaron al lugar y vieron que se trataba de [Nombre 001], quien le refirió que iba a construir a lo que él le puntualizó que, más bien, debía abandonar desde hacía tiempo la finca. Lo que adujo, en su denuncia, es que creía que ahí podía haber un cementerio indígena y que podrían haberse llevado piezas, más nada en relación con el daño arqueológico concreto y, luego, señaló unas supuestas amenazas que recibió del hombre que operaba el tractor y de quien dijo ser su abogado. Entonces, aunque eso, por sí mismo, no descarta la necesidad de investigar y hasta juzgar la posibilidad de comisión de hechos ilícitos (como bien lo apunta la Procuraduría General de la República en sus alegatos recursivos), lo reseñado solo se tomó adecuadamente por el a quo como un primer indicio de que si el denunciante desconocía la existencia de un cementerio en el sitio, era creíble que ni la imputada ni el sindicado tuvieran conocimiento de la presencia de restos arqueológicos y, por ende, voluntad de dañarlos; primero, porque el mismo denunciante no sabía de ese hallazgo y, segundo, porque desde entonces se indicó que la intensión de [Nombre 001] no era la de destruir un monumento arqueológico (que ignoraba que existiese), sino limpiar la maleza para edificar una construcción. En efecto, existe una posterior denuncia sobre estos mismos hechos, pero del 20 de mayo de 2022 (folios 217 a 221 y 223 a 227) y, evidentemente, ahí sí ya se hizo referencia al posible delito de marras, pero ello fue así en tanto el primer informe, rendido por [Nombre 006], arqueólogo del Museo Nacional de Costa Rica, data del 31 de julio de 2020, o sea, tres días después de los hechos inicialmente denunciados, pero dos años antes de la segunda noticia criminal. En él, se estableció que la inspección del sitio fue llevada a cabo el 29 de julio de 2020, o sea, dos días después de ocurrido el incidente, como lo reiteró, después, en el informe DAH-2020-I-050, de agosto 2020. Ahí se apuntó que el denunciante había señalado la existencia de un cementerio precolombino en el sitio y que, finalmente, se localizaron piezas que así lo corroboraron (piedras de río que podrían haber sido llevadas ahí por personas indígenas para construcción, fragmentos de vasijas de cerámica destruidas por los trabajos de remoción de tierra), pero eso no implica que [Nombre 002] e [Nombre 001] también lo supieran o al menos que haya quedado así demostrado con certeza. Inclusive, este órgano extrae, de este segundo informe, que no fue sino hasta luego de la visita del Museo Nacional de Costa Rica que se inscribió el lugar como monumento arqueológico en la base de datos correspondiente (con la clave P-1254 CD). Nota esta cámara que, desde las mismas imputaciones formales se estableció que ninguna de las dos personas acusadas era reconocida como indígena (así lo demuestra la certificación expedida por el Tribunal Supremo de Elecciones a folios 20 y 21) por lo que, además del respeto por el principio de correlación entre acusación y sentencia que eso supone, tampoco podía presumirse que esa circunstancia era de su conocimiento por pertenecer a la comunidad. También se ha revisado cuidadosamente el parte policial número 0087464-2 (folios 114 a 119) que se confeccionó a las 09:20 horas del 27 de julio de 2020 y se confirma lo aducido por el a quo en el sentido de que, para ese momento, solo [Nombre 002], [Nombre 009] y [Nombre 010] estaban presentes en el lugar de los hechos, no así [Nombre 001] y que, en tal documento, no se referenció nada sobre el avistamiento de piezas de cerámica destruidas o piedras, sino solo que, en el reporte al 9-1-1, se apuntó que podía ser un cementerio indígena, pero ello por especulación de los denunciantes, no así por conocimiento certero de las personas abordadas o porque hubiera algún documento oficial que lo acreditara así de previo. El único apercibimiento que recibió el sindicado, según esa probanza, fue el de no emplear más el tractor, no de que estaba vulnerando un monumento arqueológico; porque, como se ha insistido, eso no se supo sino hasta dos días después. En el informe de inspección de la Delegación Policial de Buenos Aires solo se describió un camino tipo trocha, “tractoreado”, tierra movida y un tractor Caterpillar, identificación CAT00D5GARKG01027 (decomisado mediante acta número 112815-09 y entregado a él mismo en depósito provisional ese mismo día, a las 11:05 horas). Entonces, si la endilgada no se hallaba en el lugar por la mañana y los mismos oficiales actuantes no ubicaron las piezas de interés en ese acto, no pudo aquella enterarse por las autoridades de su existencia como para establecer que, en el segundo abordaje de las 14:30 horas en el que ella sí estaba presente, hubiera tenido la intensión de cometer el delito a sabiendas. El parte policial de esa ulterior intervención de Fuerza Pública (que es el acusado y querellado), plasmó una discusión entre dos personas mientras los oficiales actuantes se hallaban custodiando el sitio y que, de nuevo, fue porque el denunciante, [Nombre 004], decía que el tractor permanecía en una finca en recuperación indígena y que estaba causando daños a la propiedad, al ambiente y al patrimonio por la existencia de un cementerio indígena; pero, otra vez, no se estableció el descubrimiento de las piezas rotas ni vestigios, sino el traslado del tractor a la delegación policial (acta de decomiso número 113044-09 y de traslado). Es lo cierto que [Nombre 001] fue identificada en ese documento, es decir, sí estaba presente en el lugar de los hechos, pero hay que recordar que no fue así en horas de la mañana, por lo que no se puede acreditar, con su sola estancia ahí, que sabía y tuvo la voluntad de destruir un monumento arqueológico como lo exige el tipo penal en estudio y así lo tamizó el órgano sentenciador a la luz de las reglas de la sana crítica racional, sin que se denote un fallo en su razonamiento ni de su exposición. Nótese que lleva razón la defensa técnica de [Nombre 001] cuando adujo que el recurso fiscal pareciera una simple disconformidad con lo resuelto, pero sin expresar de qué forma el razonamiento fue erróneo o la prueba se valorase mal, aspectos que este tribunal tampoco ha detectado. De hecho, en esos términos lo indicó la apelante. No obstante, los recursos de apelación de sentencia se previeron en la ley para evaluar posibles vicios y agravios de los pronunciamientos de los tribunales de juicio, no el simple desacuerdo de las partes con lo resuelto. Por otro lado, en los razonamientos de la sentencia sobre la consistencia y credibilidad de la prueba testimonial no se localiza ninguna falencia que denote el reclamo de la querellante y actora civil en el sentido de que se le diera, antojadizamente, más peso a una que a otra. Contrario a ello, se denota un análisis imparcial y congruente de la totalidad de ella (de cargo y descargo), tal como se ha venido exponiendo. De tal suerte, se desestiman los motivos de las impugnaciones y se deben rechazar los recursos en cuanto a la absolutoria penal. 2. Aspectos civiles. Al respecto, el cuarto considerando de la sentencia fundamentó: “En cuanto a este extremo, el tribunal decide rechazar la acción civil resarcitoria, esto por no haberse demostrado los hechos que se les venía atribuyendo a los acusados, tal y como se analizó en el fondo de la sentencia, en cuanto al delito de Infracción de Patrimonio Nacional Arqueológico, infracción del artículo 23, que es por el delito que se promovió la acción civil, se tuvo por establecido la existencia de un error de tipo, lo cual excluye el conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal y en consecuencia no existe voluntad, y siendo (sic) que el tipo penal está dispuesto por el legislador a título de dolo, y al no haber existido intención por parte de los acusados de llevar a cabo los hechos, porque no conocían las exigencias necesarias para que el delito exista según su descripción, de modo que no se demostró que existiera nexo de causalidad entre los supuestos daños reclamados y el hecho aquí referido, aspecto esencial para cualquier reclamo civil, siendo lo procedente rechazar la acción civil resarcitoria”. La actora civil impugnó lo que, en su criterio, resultó ser una contradicción, pues por un lado se declaró sin lugar el reclamo civil, pero por otro, se tuvo por demostrado el daño; sin embargo, no lleva razón. Durante el contradictorio no se puso en entredicho la existencia del daño ni la metodología de cálculo de su estimación económica  (expuesta en la pericia arqueológica plasmada en el informe DAH-2020-I-050, de agosto 2020, folios 161 a 169), tampoco que, el informe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC-ACLA-P-SRBA-545-2020 (folios 122 a 125), se concluyera la presencia de un daño ambiental mínimo. De hecho, se acreditó que el primero fue provocado el 27 de julio de 2020, cuando se removieron esas tierras por parte del imputado como operario del tractor contratado por la sindicada. El punto es que no se logró acreditar, con total seguridad, que haya sido a título de delito doloso como lo describe la relación de hechos de la demanda civil (que se basó en la misma que fue querellada y acusada) y ese resultó el criterio de imputación objetivo escogido por la parte para plantear su acción civil resarcitoria y el único carácter que invocó en su escrito de demanda: “En concordancia con la legislación procesal penal, el Estado ha solicitado sea considerado VÍCTIMA CON DOMICILIO CONOCIDO de conformidad con el numeral 70 en relación con el 71 del Código Procesal Penal y como ofendido directo de conformidad con el artículo 37 del mismo Cuerpo Legal, pues con cada uno de los hechos que se invocan y que son objeto de investigación y que constituyen los motivos base de esta acción, se ha ocasionado un grave daño al patrimonio Arqueológico de Costa Rica y su cultura, el cual se deriva de la conducta ilícita ejecutada por los aquí demandados civiles que consistente en la destrucción del Monumento arqueológico Crun Di. Dicha conducta ilícita, es en sí el hecho generador de un grave perjuicio al Patrimonio Nacional y cultural como bien común de la humanidad, pues representa un flagrante deterioro de a las fuentes de información de la ciudadanía. Con ese mismo fundamento, se solicita se tenga al Estado en su condición de víctima como en carácter de actor civil, a efecto de ejercer derecho resarcitorio sobre el daño arqueológico histórico ocasionado por el aquí demandado civil y se le indemnicen los perjuicios que se le causaron, así como los correspondientes intereses y las costas a partir de la fecha en que se llevó a cabo el hecho que da origen a esta acción civil resarcitoria. Por lo anterior, el carácter con que El Estado invoca esta acción es el de víctima directamente ofendido por el hecho punible aquí mencionado anteriormente” (destacado es particular). Entonces, a partir de ese límite que la propia Procuraduría General de la República fijó, cualquier otra forma de generación del daño como lo es la negligencia o imprudencia civiles (artículo 1045 del Código Civil), no pudo ser discutida en la vía penal que nos ocupa, pero por decisión de la misma parte que la impulsó. De ahí que no exista ninguna incorrección al declararla sin lugar, pues el presupuesto por el cual se estaba exigiendo no se logró acreditar (el ilícito). Haber resuelto algo distinto en sentencia no habría dado posibilidad efectiva a la contraparte de ejercer su defensa, presentar prueba o debatir en plenario esas otras alternativas, pues todo se centró en la posible comisión de delitos que no se pudieron demostrar. Por supuesto que esta cámara no cuestiona el gran valor histórico y cultural del patrimonio nacional arqueológico y la pérdida que su destrucción representa para el país; de hecho, al inicio de esta resolución se le reconoció el caracter de derecho humano. Sin embargo, los principios constitutivos del debido proceso también lo son y, entonces, la administración de justicia debe buscar un equilibrio entre ellos, por eso, incluso, hay procedimientos y formas ya previstas por ley que deben cumplirse para ventilar las diversas pretensiones. Por tales motivos, al no constatarsela contradicción reclamada, este aspecto también se mantiene tal cual fue resuelto en la sentencia de juicio. 

POR TANTO:

Por la forma, se admiten los recursos de apelación incoados por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República como querellante y actora civil y, por el fondo, se declaran ambos sin lugar, por lo que se mantiene incólume la sentencia impugnada. NOTIFÍQUESE.  

 

 

 

	


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LAURA PATRICIA CHINCHILLA ROJAS - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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SUSANA WITTMANN STENGEL - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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CHRISTIAN FERNANDEZ MORA - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 20-000457-0634-PE

 

Circuito Judicial de Cartago Teléfonos: 2551-2713 ó 2553-0340. Fax: 2551-2355. Correo electrónico: [email protected]

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:12:20.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Court of Appeal of Criminal Sentences of Cartago**

**Resolution No. 00045 - 2025**

**Date of Resolution:** January 30, 2025, at 08:35

**Case File:** 20-000457-0634-PE

**Drafted by:** Laura Chinchilla Rojas

**Type of Matter:** Appeal

**Analyzed by:** CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

**International Regulations:** American Convention on Human Rights, Pact of San José

**International Regulations**

**Ruling with protected data, in accordance with current regulations**

**Text of the Resolution**

1



Case File: 20-000457-0634-PE

Against: [Name 001] and Others

Offense: Usurpation (Usurpación) and Others

Injured Party: Natural Resources and another

Res: 2025-0045

Exp: 20-000457-0634-PE

Court of Appeal of Criminal Sentences of Cartago, First Section. At eight thirty-five hours on January thirtieth, two thousand twenty-five.

Appeals filed in case 20-000457-0634-PE against [Name 001], [...] and [Name 002], [...]; for the offenses of usurpation (usurpación) and violation of the Law on National Archaeological Heritage (Ley sobre patrimonio nacional arqueológico) to the detriment of [Name 003] and the Indigenous Territory of Térraba, respectively. Judges Laura Chinchilla Rojas and Susana Wittmann Stengel, as well as Judge Christian Fernández Mora, participate in the decision of the appeal. Appearing at this venue were Ms. Sandy Pérez Ugalde, Auxiliary Prosecutor for Indigenous Affairs, Buenos Aires office; Ms. Viviana Brenes Delgado, Criminal Prosecutor for the State (Procuradora Penal); and Mr. Juan Vásquez Calderón, private defense counsel for the accused [Name 001].

**WHEREAS (RESULTANDO):**

I.- That, by means of written judgment number 411-2024, issued at 16:23 hours on August 7, 2024, the Trial Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, San Isidro de El General, resolved: "THEREFORE (POR TANTO): In accordance with the foregoing and Articles 39 and 41 of the Political Constitution, Article 8(2) and 9 of the American Convention on Human Rights, Article 11 of the Universal Declaration of Human Rights, Article 14(2) of the International Covenant on Civil and Political Rights, Articles 1, 6, 9, 16, 142, 184, 265 to 270, 360 to 366 of the Code of Criminal Procedure, Articles 1, 30, 34, 40, 70, 75, 76, 77, 225 of the Penal Code, Executive Decree 5904-G, Law 6172, Articles 21, 23, 24 of the Law on National Archaeological Heritage (Ley sobre Patrimonio Nacional Arquelógico [sic]) 6703, [Name 001] and [Name 002] are ACQUITTED of all penalty and responsibility for the offense of USURPATION (USURPACIÓN), to the detriment of [Name 003], and for the offense of VIOLATION OF THE LAW ON NATIONAL ARCHAEOLOGICAL HERITAGE (INFRACCIÓN A LA LEY SOBRE PATRIMONIO NACIONAL ARQUEOLÓGICO), ARTICLES 21, 23 AND 24, to the detriment of the INDIGENOUS TERRITORY OF TÉRRABA. The Civil Action for Damages (Acción Civil Resarcitoria) brought against them by the representation of the Procuraduría General de la República is declared WITHOUT MERIT (SIN LUGAR). The definitive return of the yellow Caterpillar model D56 bulldozer (tractor de oruga), without license plates, serial number MHK04384 with identification number CATOOD5ARKG01024, to Mr. [Name 002] is ordered. This judgment is issued without special order as to costs; the expenses of the process are borne by the State. Sonia Huezo Herrera. Trial Judge."

II.- That, against the preceding ruling, the Prosecution and the Procuraduría General de la República, the latter in its dual capacity as civil claimant (actora civil) and complainant (querellante), filed an appeal.

III.- That, having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 465 of the Code of Criminal Procedure, the court addressed the issues raised in the challenging briefs.

IV.- That the pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings.

Drafted by Judge Chinchilla Rojas and;

**CONSIDERING (CONSIDERANDO):**

I.- Admissibility. Ms. Sandy Pérez Ugalde, Auxiliary Prosecutor for Indigenous Affairs, Buenos Aires office, and Ms. Viviana Brenes Delgado, Criminal Prosecutor for the State (procuradora penal), filed an appeal against the judgment rendered in this case, a decision that is challengeable by said parties given that the former is the public official designated to carry forward the charges and the latter assumed the representation of the State for offenses related to collective and diffuse interests, having exercised, in a timely and proper manner, the complaint (querella) and the civil action for damages (acción civil resarcitoria) (subjective taxativity). The judgment is also susceptible to being heard in this forum because it was rendered after an oral and public hearing (objective taxativity). The challenges are contained in reasoned writings, filed before the instance body and within the legal deadline, as they were submitted to the Virtual Desk (Escritorio Virtual) on September 3 and 4, 2024, in strict order. Given that the judgment was issued on August 7, 2024, and its full reading took place on August 14, 2024, the legal deadline of 15 business days did not expire until September 5, 2024, itself (taking into account that the Mother's Day holiday was a non-business day, as were the weekends) and, therefore, they must be admitted, without further formalities being necessary, since otherwise, the mandate established in Article 8.2.h of the American Convention on Human Rights and the ruling of the Inter-American Court of Human Rights in the case of Mauricio Herrera Ulloa vs. Costa Rica, judgment of July 2, 2004, would be breached. It is necessary to indicate that, in this case, a particularity occurred, which is that, on the second business day after the full reading of the judgment, the private defense counsel for [Name 001] filed a request for clarification (aclaración) before the trial court; however, it was not resolved until September 12, 2024, that is, six business days after the Public Prosecutor's Office and the Procuraduría General de la República had already filed their appeals. In said resolution, it is read: "Regarding what was highlighted in the previous excerpt, the defense attorney is correct; due to an involuntary error, it was recorded that indigenous people had the right to resort to de facto means to recover ancestral territories, when the correct statement was that indigenous people have the right to resort to the corresponding legal means to recover ancestral territories, just as international regulations have established, which have made it clear that it is the States that must undertake the necessary actions to guarantee that indigenous peoples can exercise that right to the spiritual and cultural bond with ancestral territories and to territorial recovery, but de facto means to claim their rights over said territories will never be legitimate; in this way, the resolution is clarified and supplemented, without modifying the substance of what has already been resolved." Article 147 of the Code of Criminal Procedure relating to requests for supplementation (adición) and clarification (aclaración), in its last paragraph, provides: "the request shall interrupt the term for filing the appeal." If this phrase is given a literal interpretation, parties who file such a petition would be prejudiced in their right to appeal, because in procedural and prescription matters, the term "interrupt" means to start the computation from zero, and this would entail that, with the filing of the request for supplementation and clarification, the 15-day period for appeal would begin to run again, and if the lower court (a quo) did not rule before that time elapsed, the party would lose the opportunity to appeal, an aspect that makes no sense whatsoever. This issue has a historical background already addressed by national jurisprudence, which is that, before the reform introduced to the Code of Criminal Procedure by Law No. 9021 of January 3, 2012, the aforementioned Article 147 stated that, in cases of filing a petition for supplementation and clarification, the period for appeal was suspended (not interrupted) until the issuance of its resolution, that is, it did not continue to run until the ruling of the responsible judicial authority was complete, which is reasonable on the understanding that the challenge must occur once all the arguments of the judging person have been reviewed. It would be illogical for an appeal to be filed and, when the supplementation and clarification is resolved, another one be filed expanding upon the former with the considerations that the parties could make regarding the second, which is complementary. In this regard, the Court of Appeal of Criminal Sentences of the Second Judicial Circuit of San José, in its vote number 1539-2015, at 08:20 hours on November 19, 2015, referred to its own precedent from what was formerly the Court of Criminal Cassation: "If the rule were interpreted literally, one would then have, that with the mere presentation of the petition for supplementation or clarification, the period for challenging the previous resolution would have to begin to run, which is a contradiction because the latter is not yet complete or integrated with the complementary resolution that, although it may reject the petition, may clarify or supplement it in non-essential aspects, as occurred in this matter where, despite maintaining the order of costs for a certain amount, it was decided how said amount should be divided. In other words, if we adhere to the literalness of the rule, we would generate a legal absurdity whereby the period for challenge begins to run for the parties, erasing the previous one, without yet having knowledge of what the Court will resolve regarding their petition. Evidently, that reform, apart from being irrelevant for the purposes for which that law was issued (to correct deficiencies omitted when issuing the Law creating the Criminal Sentence Appeal) was unnecessary and was issued in the opposite sense to how the generalized procedural doctrine, in Comparative Law, indicates the institute should be regulated" and, therefore, based on superior interpretative principles (constitutional and conventional), among which are legal hermeneutics, the historical principle, and, above all, the right to appeal, the argument put forward is shared, and it is understood that, as of September 13, 2024, the 15 days would have begun to run again. However, despite the fact that the summons was made on September 18, 2024 (four business days after the clarification), neither of the appellants claimed or took advantage of that additional time to pronounce on it. Even so, this chamber considers that no substantial modification occurred in what was resolved and that this specific point was encompassed by the parties' challenges. No grievance was caused to the technical defenses either, because the one that promoted the aforementioned resolution did refer to it in its response and the other one did not even respond to the appeals. Thus, as there is no violation of fundamental rights, we proceed to the resolution on the merits.

II.- Procedural Summary. (A) Solely for purposes of clarity, the judgment resolved, in its first considering, an objection of lack of standing (excepción de falta de acción) that was presented by the technical defense of [Name 001] —from the preliminary hearing and at the start of the debate— under the argument that, since usurpation (usurpación) is a public offense subject to private instigation (delito de acción pública a instancia privada), it should have been pursued by the Indigenous Development Association that holds the administration of the indigenous territories and not by a private individual such as the complainant [Name 004]. The judgment declared it without merit, as it considered that, since it involves collective interests, both [Name 004] (complainant) and [Name 003] (who had recovered the lands of interest) are legitimate indigenous persons. This point was not challenged, but this chamber has reviewed it ex officio, as part of the comprehensive examination, and reaches the same conclusion as the lower court (a quo). On the understanding that said objection pertains to the civil claim, and not the criminal one, one must abide by the close linkage of both issues, since the latter was invoked by the Procuraduría General de la República as the potential cause of the damage claimed. From this perspective, the facts that constitute the civil action for damages (acción civil resarcitoria) describe an ideal concurrence between an offense of usurpation (usurpación) and a violation of the law on national archaeological heritage, whereby two legally protected interests would have been harmed by a single action in the criminal legal sense: property, but also one of a collective nature such as national archaeological heritage; hence, with respect to this latter (which is inseparable from the former), it was feasible for any person (natural or legal) —including, of course, the representation of the State— to appear in this process, because although it concurs with a public offense subject to private instigation, the other is a public offense. Additionally, one must consider that the land in which the facts are circumscribed is not claimed under private ownership but as part of the Térraba indigenous community, and to that extent, there is also a diffuse interest that legitimated the civil claimant (actora civil). This has even been recognized by the Inter-American Court of Human Rights in its judgment of June 27, 2012, in the case of Kichwa Indigenous People of Sarayaku Vs. Ecuador; in its words: "The Court considers that the right to cultural identity is a fundamental right of a collective nature of indigenous communities, which must be respected in a multicultural, pluralistic, and democratic society," and Costa Rica has been a party to the Inter-American Human Rights System since 1978, when the American Convention on Human Rights entered into force, meaning these are supra-constitutional rights that support it. (B) Now, nothing was invoked regarding the statute of limitations (prescripción) in the challenging briefs; however, as it is a matter handled by a single judge at the trial level (under Article 96 bis of the Organic Law of the Judicial Branch), involving penalties of five years' imprisonment or less that greatly shorten the limitation period, this chamber proceeded to review this point ex officio to determine that the criminal action has not precluded over time. Both the male accused and the female accused were formally charged with the offense of usurpation (usurpación) which, according to Article 225 of the Penal Code, is punishable by imprisonment from six months to four years; and with a violation of Article 23 of the Archaeological Heritage Law, which provides for a penalty of two to five years' imprisonment. According to the rules of Articles 31 to 34 of the Code of Criminal Procedure, the validity of the criminal action would expire in a time equal to the maximum penalty, without the limitation period being less than three years or greater than ten. In this particular case, the maximum limits provided in each of the indicated criminal types do not violate such bounds, so the first would, in principle, prescribe at four years, and the second at five. However, once the interrupting and/or suspensive acts have begun, those periods are reduced by half, that is, to two years and two and a half years, respectively, since, even though the acts are accused as a single action (ideal concurrence), the statute of limitations is computed separately according to the provisions of Article 32, second paragraph, of the procedural code. The accusatory act of perturbation of the continuous offense of usurpation (usurpación) (beginning and end) dates back to July 27, 2020. The investigative statements of the two accused persons were given on May 12, 2022 (by the prosecutorial accusation) and January 24, 2023 (by the complaint). Note that, from the beginning of the computation of the extinction period until that interrupting act, the referred period had not elapsed, nor did it elapse between that act and the subsequent ones, because there were two schedules for a preliminary hearing in the interim, with such character (see Article 33(c) of the Code of Criminal Procedure) according to resolutions of February 10, 2023, and May 26, 2023. There were also two schedules for debate, with the same effect mentioned (Article 33(d) of the Code of Criminal Procedure), by resolutions of January 10, 2024, and June 6, 2024. The acquittal judgment was given on August 7, 2024 (Article 33(f) of the Code of Criminal Procedure). Each of those acts, as stated, had an interrupting consequence, which means that the reduced period must begin to run again on each occasion, and as observed, between the date of the facts and each of them, those periods were not completed, therefore the criminal action is current.

III.- Appeal filed by the Public Prosecutor's Office. Ms. Sandy Pérez Ugalde, Auxiliary Prosecutor for Indigenous Affairs, Buenos Aires office, filed an appeal. As the sole ground, she alleges a lack of intellective reasoning, in that, in her opinion, the judgment did not carry out an adequate analysis of the evidence received at trial. She considers that the trial court made a very general statement of the body of evidence, without delving into and analyzing the testimonies received in the adversarial proceedings. She points out that it made a transcription of the statement of the accused, of the witnesses for the prosecution ([Name 004], [Name 005], [Name 006], [Name 003], [Name 007]), and of the witness for the defense ([Name 008]) and copies, in the challenging brief, a broad textual excerpt from the judgment to indicate that the court should have taken into account each of the aspects developed at trial and why it did not accept the prosecutorial thesis, but above all, it did not pronounce on the consistency of the prosecution declarations, which were, from her perspective, clear, precise, spontaneous, and congruent with the complaints, so she misses a pronouncement on their reliability. She criticizes that the acquittal was based solely on the statement of the accused [Name 002] and, therefore, in her words, "is manifestly dissatisfied" and requests its nullity and a remand so that the evidence may be re-evaluated. Appeal filed by the complainant and civil claimant (Procuraduría General de la República). For her part, Ms. Viviana Brenes Delgado, Criminal Prosecutor for the State (procuradora penal), also presented a challenge brief against the aforementioned acquittal judgment. As the sole ground, she invokes a lack of intellective reasoning, a violation of the rules of sound rational criticism (derivation and logic), due to an erroneous assessment of the evidence. To do this, she copied the statement of facts from the complaint (querella), as well as parts of the appealed judgment, to claim that the fact that the complaint began with an alleged usurpation (usurpación) does not suppress the second offense of violation of the Law on National Archaeological Heritage. She exemplifies with a hypothetical case in which a robbery is reported and, upon arriving, the authorities find a lifeless body and that they dismiss the latter just because the initial alert was a theft. She points out that witness [Name 005], a Public Force officer, despite having been offered as a prosecution witness, behaved in a hostile manner, so the court errs in classifying him as impartial; even so, she indicates, he did say he observed hollow stones. She points out that it is not true that police report number 0087464-2 at 09:20 hours did not record that it was an indigenous cemetery and transcribes a literal quote containing said reference. In her understanding, from the morning of the very day of the events, the accused and the accused party had knowledge of this and, even so, continued with the use of the machinery. She also transcribes a fragment of police report number 0087479-20 at 14:30 hours in which it was indicated that the complainant warned that it was an indigenous cemetery. She affirms that the court's conclusion that nobody knew of its existence until two days later when the archaeological inspection took place finds no basis in that evidence. From her perspective, witness [Name 008] was complacent when he stated that he did not know of any indigenous cemetery, that he had heard talk that there was one, but not precisely where, and she claims that the court gave him more credibility than the rest, despite the fact that the perimeter of the archaeological sites are registered with the National Museum, as pointed out by the report issued by archaeologist [Name 006]. To that extent, she also considers there is an error in declaring the civil action for damages (acción civil resarcitoria) without merit for lack of causal nexus, when the damage was part of the proven facts. Finally, she requests that her challenge be declared with merit, that the judgment be annulled, and that a new trial be ordered before the same court, but composed of a different judicial authority. Response from the technical defense of [Name 001]. The private defense of the accused [Name 001] responded to the arguments of the appeals and considers that the judgment is in accordance with the law, as its drafting allows one to recreate the reasoning of the sentencing body and the assessment it made of the entire body of evidence. She draws attention to the fact that the accusation was limited to the event at 14:30 hours and did not extend the charges to what occurred that same day in the morning. Despite this, she considers that the Public Prosecutor's Office and the Procuraduría General de la República attempted to intertwine the two events. She affirms that the prosecutorial appeal repeats large parts of the judgment, but it is not clearly deduced what it is that is being contested. Meanwhile, regarding the appeal filed by the State Prosecutor (procuradora), she affirms that it expresses criteria different from those of the judgment, but does not specify the errors it supposedly finds. She requests that it be taken into account that the complainant himself, in a supplemental report of the criminal complaint made two years later, indicated that it was not until the day of the events that they learned that the site was an archaeological monument, an aspect that was assessed by the trial court for the proper acquittal of her client. She requests, therefore, that the judgment be confirmed in all its parts. The technical defense of [Name 002] did not respond. Both appeals are declared without merit. As they are closely related, the challenges are resolved jointly, and given that they questioned the reasoning of the judgment and the evidentiary assessment, this chamber has conducted a comprehensive examination of the summary case file to conclude that it does not present flaws that would invalidate it. Let us see: (A) Regarding Form. In order to frame the control that this chamber has exercised over the evidentiary assessment expressed in the challenged judgment, that is, to determine if coherence existed and to establish that no element of value was omitted as suggested by the appellants, it is important to note that, although in its second considering, the ruling under analysis had as its only proven fact that: "It was not possible to accredit the illicit act charged by the Public Prosecutor's Office and the representative of the complaint, nor the facts described in the civil action," as a logical unit it is, throughout its entire resolution, the responsible judge undertook the task of describing the points that were not contested, giving the reasons why this was so, and developing the demonstrated aspects with reference to the body of evidence she had at her disposal for it, which was the one admitted in the preliminary hearing as has been verified: all the documentary and material evidence offered by the Prosecution and the Procuraduría General de la República was accepted; only the prosecution testimony of [Name 013] was rejected for being superabundant, and regarding that requested by the technical defenses, files 20-000038-1555 AG, and 21-000009-1555-AG, both from the Agrarian Court of Buenos Aires, a certification from the Municipality of Buenos Aires on folio 2013, and the statement of [Name 014] (who, for health reasons, did not testify) were accepted. It is worth saying that, during the trial (according to its minutes), the deposition of [Name 008] was permitted. Those were the elements reproduced and incorporated into the adversarial proceedings, as well as those analyzed by the judgment, so no grievance was produced in that sense. On the other hand, regarding the prosecutorial complaint about what she described as excessive use of literal quotes, it is considered that the ruling of the trial court did, in effect, transcribe some parts of the testimonial statements and excerpts from the documents in the case file, but it did so to illustrate its intellective analysis which, it should be noted, is inferred to be in compliance with the rules of sound rational criticism and normative, procedural, and substantive requirements, as will be elaborated upon below. (B) Regarding the Merits. Now, to determine if the judgment incurred in deficiencies of reasoning and evidentiary analysis as claimed by the Public Prosecutor's Office and the complainant and civil claimant, this chamber will divide its review by theme, offense, and accused persons. 1. Criminal Aspects. 1.1. Offense of Usurpation (Usurpación). Regarding this first offense, the trial ruling concluded that it was not possible to prove, with certainty, the authorship of an offense of usurpation (usurpación) on the part of [Name 001] or [Name 002]. They were accused (both accused parties) of committing it on July 27, 2020, at 14:00 hours in [...] when, in summary, they carried out clandestine earthworks (movimientos de tierra) with a tractor (under instructions from the accused and the accused individual as operator) on land that, according to the formal charges, belonged to [Name 003] since March 19, 2018, the date on which he had recovered it as part of the Indigenous Territory of Térraba. For the lower court (a quo), the prosecution evidence contradicted that charge, as witness [Name 004] declared that he had known [Name 001] since approximately 2005 because she lived within the five hectares in which the part of archaeological interest is also located, therefore, there would not have been a disturbance to [Name 003], much less a clandestine one, since, regardless of the legality of the possession she exercises there, it was known to the surrounding people that she maintained her residence at that point. He even added that witness [Name 003] stated that he recovered the territory in 2018 and that he knew [Name 001] as the owner of a restaurant at the Paso Real crossing, about two kilometers from the scene of the events, on the same strip of land, just as prosecution witness [Name 007] testified, who affirmed that the accused had that 20-hectare property from La Escuadra to Paso Real, which includes the monument part, and, in its reasoning, this ruled out that the accused made the entry in a forced or hidden manner, because the accusing entities' own evidence admitted that she had maintained possession for a long time before. The lower court (a quo) added that the defense witness also corroborated the previously analyzed point, having clarified that the accused had lived her entire life at that site and that the Indigenous Development Association has not filed any complaint for usurpation (usurpación) against her, because they also show no interest in it, given that she has been there for 50 years, and that, rather, it was the complainants who, under the title of recoverers, invaded the area in 2018, without having the authority to dispose of the property. Thus, in the judgment, it was derived that: a. By the time the complainant [Name 004] claimed to have recovered the place in question, the injured party was already in prior possession, therefore, the objective elements of the criminal type in Article 225(3) of the Penal Code are not configured, as her tenure has not been interrupted; and b. To exercise the right to recover ancestral territories, indigenous persons must resort to legal mechanisms, and their mere word does not annul or render non-existent the right of possession that other persons may have previously exercised, for which purpose it cited Article 5 of the Indigenous Law (Ley Indígena): "In the case of non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith within the indigenous reserves, the ITCO shall relocate them to other similar lands, if they so desire; if it is not possible to relocate them or they do not accept the relocation, it shall expropriate and indemnify them according to the procedures established in the Expropriations Law." Thus, the judge concluded that it is an issue to be resolved in another type of process, not in a criminal one. Regarding [Name 002], she developed that, although he was there on the day of the events, at that time, it was in his capacity as a heavy machinery operator, hired by the accused, just as he declared in his defense and as corroborated by witness [Name 005], the Public Force officer who attended the report, who affirmed that the persons present at the place had so warned, an aspect that, she added, was not contradicted at trial. To that extent, the offense of usurpation (usurpación) could not be attributed to him with intentionality either. As can be appreciated, the trial judge was able to capture her intellective reasoning in such a way that the reasons for issuing an acquittal judgment for the offense of usurpation (usurpación) in favor of both accused parties are clearly understood and based on the rules of sound rational criticism, and she did so by analyzing, in a correlated and comprehensive manner, the entirety of the evidence, both documentary and testimonial, reproduced in the adversarial proceedings.

See that the lower court is correct when it assures that, in its seventh fact, the accusatory pleading charged both persons with clandestinely disturbing the possession exercised by the Térraba people in the territory already circumscribed above and on the date and times also noted, this by means of the entry of a tractor, taking advantage of the fact that the victim [Name 003] was not on the property and, in identical terms, the complaint and civil action for damages described it in point seven. That is to say, of the three clauses that make up the criminal offense of Article 225 of the Penal Code, the two accusing bodies framed what was denounced in the first: "Article 225.—Usurpation. A prison term of six months to four years shall be imposed: 1) On anyone who, by violence, threats, deceit, abuse of trust, or clandestinity, dispossesses another, totally or partially, of the possession or tenancy of an immovable property or of the exercise of a real right constituted over it, whether the dispossession occurs by invading the immovable property, remaining on it, or expelling the occupants. 2) On anyone who, to seize all or part of an immovable property, alters the boundaries or limits. 3) On anyone who, with violence or threats, disturbs the possession or tenancy of an immovable property" (emphasis added). As such, what the prosecution's evidence had to prove with certainty was that: (a) by means of clandestinity (since that was the only thing charged), (b) both [Name 001] and [Name 002], (c) dispossessed another of the immovable property, (d) from whoever held possession or tenancy, (e) invading it, remaining on it, or expelling its occupants, and (f) that they did all of this willfully, as that is the only subjective element that the criminal offense admits. "Clandestinity" is understood, according to the Dictionary of the Royal Spanish Academy, as: "f. Quality of clandestine. Syn.: secrecy, concealment, anonymity, illegality, illegitimacy" and, for clandestine: "adj. Secret or hidden, especially for fear of the law or to elude it. Syn.: secret, hidden, concealed, furtive, surreptitious, submerged, anonymous, illegal, illegitimate, pirate. Ant.: patent, public, evident." However, after analyzing all the testimonial evidence, both for the prosecution and for the defense, it instead became clear that the accused is the one who has inhabited the site of interest for 50 years (without entering here into the legality or not of that point, because it is proper to another type of proceeding); therefore, the entry of a tractor was not secret or hidden, since she did so on the immovable property where her dwelling house is located. What is more, materially speaking, it is impossible that, on an open piece of land such as that, the earthworks (remoción de tierras) activity could not be perceived, so neither can a desire to hide the machinery be extracted from this conduct. In fact, it was not so, because the police authorities were alerted immediately by the complainants, after communications they received from people who were observing perfectly. It is true that [Name 004] has pointed out, on repeated occasions, that he recovered those lands in 2018 in favor of [Name 011], but none of those complainants were occupying them. Importantly, this chamber notes that the anthropological expert report issued by expert Bohián Pérez Stefanov on June 26, 2021 (folios 242 to 276), concluded that the land recovery movements in that territory have been carried out on the margins of the Indigenous Development Association (Asociación de Desarrollo Indígena)—the entity charged by law—and that it has not had demonstrated acceptance among the Teribe families of the territory nor consensus in the methods of action, hence the differences and disputes over the lands that certain families have possessed for many years. This means there was no legal or evidentiary clarity as to which party was legitimized to exercise acts of possession: whether the accused [Name 001], who has inhabited it de facto for five decades (as the complainant [Name 004] acknowledged when testifying at trial and the defense witness [Name 008] coincidentally asserted), or the complainant [Name 003] in his recovery activity. The doubt in that regard certainly contributed to the impossibility of proving with certainty the intent to usurp, even though the document issued by the Indigenous Development Association of Térraba established that possession has not been given to her (folios 199 and 200), that the immovable property is located in Térraba territory—as made known by the official communication issued by the Municipality of Buenos Aires (folio 213)—and that the official communication CAN-261-2022 from the National Archaeological Commission indicated that it had not granted permits for excavations in the area, precisely because there are tolerances and de facto occupations that induce error in the people who have exercised them and that merit being finally resolved by the State and current legislation. Even more, in case file 20-000038-1555-AG, processed by the Civil, Labor, and Family Court of Buenos Aires (agrarian matters) and which was admitted as defense evidence, it is recorded that the resolution was issued at 4:20 p.m. on November 10, 2020, in which an anticipatory precautionary measure was ordered. In it, [Name 003] and later [Name 004] (in an addition and clarification of March 15, 2021) were ordered to refrain from disturbing the possession that [Name 001] exercised, precisely over the restaurant and dwelling house land in the community of Paso Real de Buenos Aires that borders, to the north, with René Villalobos; to the south, with Potomac farm; to the east, with the Río Grande de Térraba and, to the west, with the inter-American highway. It was indicated, in that jurisdictional decision, that it was of immediate execution. In other words, the existence of that other agrarian proceeding also makes it impossible to establish intent to usurp on the part of the accused, given that [Name 004] himself acknowledged, in his testimony at trial, that a judicial proceeding is underway in which the identity of the property owner is being discussed. In any case, the complainants seem to have tolerated the occupation that the defendant had been carrying out, because they did not intervene before, but only until they were alerted to the presence of a tractor in 2020, so it could not be established, from an evidentiary standpoint, that there was a dispossession, understood as, in the same cited source: "m. Action and effect of dispossessing or being dispossessed" and "dispossess": "tr. To deprive someone of what they enjoy and have, to despoil them of it with violence. Syn.: rob, take away, steal, dispossess, deprive, pluck. Ant.: restore, return." And the fact is that what was charged was not that [Name 001] had remained there for those five decades nor that she expelled the complainants, but rather that a tractor operated by the defendant entered which, at most and questionably, could concern the first typical verb, that is, an invasion which, according to the Dictionary of the Royal Spanish Academy, means: "f. Action and effect of invading" and "invade" is: "1. tr. To burst in, to enter by force. 2. tr. To occupy a place abnormally or irregularly. The waters invaded the highway"; but the latter is not what was proven, since it would not have been logical to conclude that entering the immovable property where a person has lived for years prior is done by force, precisely because it is she who is exercising possession over it. Now then, if this is true regarding her, it applies with much more reason concerning [Name 002]. He was simply an operator of the tractor contracted by the defendant, as was established not only by his statement in his defense, but also by the prosecution's own evidence that supported this during the adversarial proceedings (police reports numbers 0087464-2, visible from folio 114 to 119; and 0087479-20, visible from folio 126 to 133; as well as the complainants [Name 004] and [Name 003] and the officer [Name 005]). Therefore, regarding him, not only were the objective elements of the criminal offense of usurpation described and analyzed above not accredited (which, in strict correlation between accusation and judgment, are the only ones that should have been elucidated), but neither was the subjective element, that is, the knowledge and the will to carry them out, since the property was not his, he is not recognized as an indigenous person, and he was only following orders resulting from a private contract. His action, in the worst-case scenario, would be covered by a mistake of fact (error de tipo) in not knowing that he was carrying out earthworks for a person who was not the one legally able to dispose of the land, just as the sentencing court took into account. This being so, none of the errors invoked by the appealing parties is noted, as this body arrives at identical conclusions after weighing the evidence. 1.2. Offense of infraction of the Law on national archaeological heritage. In this regard, the complaint and the accusation point out (in summary) to [Name 001] and [Name 002] as possible responsible parties for having caused damage to the Crun Di archaeological monument, with the earthworks performed that July 27, 2020, at 2:00 p.m., following the use of the tractor driven by him, under contract from her, since they did not have permits for it from the National Archaeological Commission. Regarding this, the judgment held as proven facts that both the defendant and the accused, that day and at that time, brought a tractor onto the land of interest and moved earth by approximately 30 or 40 centimeters, thereby uncovering stones and vestiges of archaeological value; the former giving instructions and the latter operating the machinery, and this conclusion was reached according to the analysis of the credibility and consistency of the prosecution's testimonial evidence (the archaeologist [Name 006], the complainant [Name 004], the officer [Name 005], and the land recoverer [Name 007]) which, in its view, made this seem credible and coincident. Even more, [Name 002] himself admitted it when he testified at trial. On the other hand, the judgment pointed out that, from official communication DAH-2021-0-93, as well as from the deposition of archaeologist [Name 006], its author, the damage caused was valued at 19,4709,820, as it concerned an archaeological monument. However, the lower court analyzed that this latter determination was reached until two days after the charged acts, that is, on July 29, 2020, following said opinion, which means it was not of public knowledge but rather was located due to the charged earthworks. It pointed out that, indeed, it was not the central focus of the complaint filed by [Name 004] (this began as a usurpation, because he is a recoverer of indigenous territories), but was mentioned tangentially, and he referred to it in a second complaint when he stated they were unaware of the existence of a monument there, besides the fact that the archaeologist had never made an approach to the place as to determine it prior to the charged earthworks. It analyzed that the prosecution's evidence described the place as one where high vegetation prevented the ground from being seen easily ( [Name 004] himself said that [Name 001] put the tractor in to clean the "thicket" ("charral")) and that the intervention of the Public Police Force (Fuerza Pública), according to reports 0087464-2 and 0087479, both from July 27, 2020 (one from the morning and the other from the afternoon), did not record that the accused and the defendant were warned about the existence of archaeological remains so as to admit the allegation of the accusing bodies to the effect that, although they may not have known about said situation at first moment in the morning hours, they did after the visit of the authorities, when they again moved earth that same day in the afternoon. The judgment clarified that this first event to which the reports allude was neither charged nor complained of (only the one at 2:00 p.m. on July 27, 2020, was formally transferred). Even so, pursuant to the principle of freedom of evidence and, having been admitted as evidence at the preliminary hearing, the judge assessed that, according to report 0087464-2 from 9:20 a.m., only the accused [Name 002], [Name 009], and [Name 010] were present, not the defendant, so the theory of imputation was unsustainable regarding her. With respect to [Name 002], according to the trial court, the police authorities only recorded that they reported to Minaet, but not that the accused was warned that it was a monument. What he was cautioned about was not to use the tractor anymore, but it was not recorded that they had seen archaeological remains in that first inspection that the Public Police Force itself carried out, just as witness [Name 007] supported. The text of the judgment adds that the Public Police Force officer who testified in the hearing admitted that the accused maintained, from the morning approach, that he was only an operator and that what they cautioned him about was that he should not use the machinery anymore, but that he never sighted objects or architecture and that he also did not know it was an indigenous cemetery. The judgment weighed that neither was anything noted about archaeological remains in the second report, but rather only a discussion between two people present was mentioned, without indicating who, despite the fact that the accused (operating the tractor again) and the defendant were there; nothing is read about it in the logbook either, according to official communication MSP-DM-DVURFP-DRSBRUN-DPCBA-430-2021 of April 23, 2021. Furthermore, witness [Name 008] clarified that he did not know of any indigenous cemetery on the property of [Name 001] and that it was heard that one existed, but it was not known where. Thus, the lower court concluded that an invincible mistake of fact was involved and that, according to Article 34 of the Penal Code, this excluded criminality (tipicidad) and, therefore, the configuration of the crime was not accredited given the impossibility of advancing to the other categories of the theory of crime. This chamber has made a detailed review of the evidentiary list and verifies the appropriateness of the acquittal decision on this second offense. The first thing that must be kept in mind is that Article 23 of the Law on national archaeological heritage that was charged describes the following: "Anyone who by any means damages or destroys an archaeological monument shall be imposed an incomutable prison term of two to five years," that is, the criminal offense transfers liability (a) to anyone (any person), (b) who damages or destroys, (c) an archaeological monument, (d) in a willful (dolosa) manner, because negligent (culposos) crimes are numerus clausus, that is, only those selected by legislation and expressly regulated in the Penal Code and/or special laws as such have that form of commission, without there being, regarding the specific topic of damage to archaeological heritage, any provision for lack of duty of care. Consequently, for that unlawful act to be configured, the active subject must know that they are damaging or destroying "something," that "that something" is an archaeological monument, and have the will to proceed thus. In the complaint filed by [Name 004], on that same day of the events, at 5:21 p.m., at (folios 1 to 7), he never made reference to the existence of archaeological remains damaged by the accused or the defendant, that is, that was not the criminal report. The account of facts recorded there indicated that, on July 27, 2020, at 2:00 p.m., [Name 007], a fellow land recoverer, warned him about a tractor that was moving earth on a farm in the Térraba community, so he, she, and [Name 012] went to the place and saw that it was [Name 001], who told him she was going to build, to which he pointed out that, rather, she should have left the farm long ago. What he adduced, in his complaint, is that he believed there could be an indigenous cemetery there and that pieces could have been taken away, but nothing regarding concrete archaeological damage and, later, he pointed out some alleged threats he received from the man operating the tractor and from who said he was his attorney. Thus, although that, by itself, does not rule out the need to investigate and even judge the possibility of the commission of unlawful acts (as the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) rightly points out in its appeal arguments), what was chronicled was only taken adequately by the lower court as a first indication that, if the complainant was unaware of the existence of a cemetery on the site, it was credible that neither the defendant nor the accused had knowledge of the presence of archaeological remains and, therefore, the will to damage them; first, because the complainant himself did not know of that finding and, second, because from then on it was indicated that [Name 001]'s intention was not to destroy an archaeological monument (which she ignored existed), but to clear the undergrowth to erect a construction. Indeed, there is a subsequent complaint about these same facts, but from May 20, 2022 (folios 217 to 221 and 223 to 227) and, evidently, there reference was already made to the possible crime at hand, but that was so insofar as the first report, rendered by [Name 006], archaeologist of the National Museum of Costa Rica, dates from July 31, 2020, that is, three days after the initially denounced facts, but two years before the second criminal report. In it, it was established that the inspection of the site was carried out on July 29, 2020, that is, two days after the incident occurred, as he reiterated later in report DAH-2020-I-050, of August 2020. There it was noted that the complainant had pointed out the existence of a pre-Columbian cemetery on the site and that, finally, pieces were located that corroborated it (river stones that could have been brought there by indigenous people for construction, fragments of ceramic vessels destroyed by the earthworks), but that does not imply that [Name 002] and [Name 001] also knew it, or at least that it was demonstrated with certainty. Additionally, this body extracts, from this second report, that it was not until after the visit of the National Museum of Costa Rica that the place was registered as an archaeological monument in the corresponding database (with code P-1254 CD). This chamber notes that, from the formal imputations themselves, it was established that neither of the two persons accused was recognized as indigenous (as demonstrated by the certification issued by the Supreme Electoral Tribunal (Tribunal Supremo de Elecciones) on folios 20 and 21) so, in addition to the respect for the principle of correlation between accusation and judgment that this supposes, it could also not be presumed that this circumstance was of their knowledge by belonging to the community. Police report number 0087464-2 (folios 114 to 119), which was prepared at 9:20 a.m. on July 27, 2020, has also been carefully reviewed, and what was adduced by the lower court is confirmed, to the effect that, at that moment, only [Name 002], [Name 009], and [Name 010] were present at the scene, not [Name 001], and that, in this document, nothing was referenced about the sighting of destroyed ceramic pieces or stones, but rather only that, in the 9-1-1 report, it was noted that it could be an indigenous cemetery, but that was from speculation by the complainants, not from certain knowledge by the persons approached or because there was any official document that accredited it as such beforehand. The only warning that the accused received, according to that evidence, was not to use the tractor anymore, not that he was damaging an archaeological monument; because, as has been insisted, that was not known until two days later. In the inspection report of the Police Delegation of Buenos Aires, only a trail-type path, "tractored," moved earth, and a Caterpillar tractor, identification CAT00D5GARKG01027 (seized by means of record number 112815-09 and delivered to him in provisional deposit that same day, at 11:05 a.m.), were described. Therefore, if the defendant was not at the place in the morning and the acting officers themselves did not locate the pieces of interest in that act, she could not have learned from the authorities of their existence so as to establish that, in the second approach at 2:30 p.m. in which she was present, she had the intention of committing the crime knowingly. The police report of that subsequent intervention by the Public Police Force (which is the one charged and complained of) recorded a discussion between two people while the acting officers were guarding the site and that, again, it was because the complainant, [Name 004], said that the tractor remained on a farm under indigenous recovery and that it was causing damage to property, the environment, and heritage due to the existence of an indigenous cemetery; but, again, the discovery of the broken pieces or vestiges was not established, but rather the transfer of the tractor to the police delegation (seizure record number 113044-09 and transfer record). It is true that [Name 001] was identified in that document, that is, she was present at the scene, but it must be remembered that this was not the case in the morning hours, so it cannot be accredited, by her mere presence there, that she knew and had the will to destroy an archaeological monument as the criminal offense under study requires, and the sentencing body filtered it that way in light of the rules of sound rational criticism, without any failure being noted in its reasoning or its exposition. Note that the technical defense of [Name 001] is correct in arguing that the prosecutorial appeal seemed a simple disagreement with what was decided, but without expressing how the reasoning was erroneous or the evidence was assessed poorly, aspects that this court has also not detected. In fact, the appellant herself indicated it in those terms. However, appeals against judgment were provided for in law to evaluate possible defects and grievances of the pronouncements of trial courts, not the simple disagreement of the parties with what was decided. On the other hand, in the judgment's reasoning on the consistency and credibility of the testimonial evidence, no shortcoming is found that denotes the claim of the complainant and civil plaintiff to the effect that more weight was given, capriciously, to one over another. Contrary to that, an impartial and congruent analysis of all of it is denoted (for the prosecution and defense), as has been laid out. As such, the grounds for the challenges are dismissed, and the appeals must be rejected regarding the criminal acquittal. 2. Civil aspects. In this regard, the fourth whereas clause (considerando) of the judgment stated: "As to this issue, the court decides to dismiss the civil action for damages, this because the facts that had been attributed to the accused were not proven, as was analyzed in the substance of the judgment, regarding the offense of Infraction of National Archaeological Heritage, infraction of Article 23, which is the offense for which the civil action was brought; the existence of a mistake of fact was held as established, which excludes knowledge of the objective elements of the criminal offense and consequently there is no will, and being (sic) that the criminal offense is provided by the legislator under the heading of intent (dolo), and since there was no intention on the part of the accused to carry out the facts, because they did not know the necessary requirements for the crime to exist according to its description, so it was not proven that a causal nexus existed between the alleged damages claimed and the fact referred to here, an essential aspect for any civil claim, the appropriate course is to dismiss the civil action for damages." The civil plaintiff challenged what, in her view, turned out to be a contradiction, because on one hand the civil claim was dismissed, but on the other, the damage was held as proven; however, she is not correct. During the adversarial proceedings, neither the existence of the damage nor the methodology for calculating its economic estimate was called into question (set forth in the archaeological expert report contained in report DAH-2020-I-050, of August 2020, folios 161 to 169), nor that, in the report of the National System of Conservation Areas SINAC-ACLA-P-SRBA-545-2020 (folios 122 to 125), the presence of minimal environmental damage was concluded. In fact, it was accredited that the former was caused on July 27, 2020, when those lands were removed by the accused as operator of the tractor contracted by the defendant. The point is that it was not proven, with total certainty, that it was under the heading of a willful crime as described in the account of facts of the civil complaint (which was based on the same one that was complained of and charged), and that was the objective criterion of imputation chosen by the party to bring its civil action for damages and the only character it invoked in its complaint: "In accordance with criminal procedural legislation, the State has requested to be considered a VICTIM WITH KNOWN DOMICILE in accordance with numeral 70 in relation to 71 of the Code of Criminal Procedure and as a direct offended party in accordance with Article 37 of the same Legal Body, since with each one of the facts that are invoked and that are the object of investigation and that constitute the base motives for this action, serious damage has been caused to the Archaeological heritage of Costa Rica and its culture, which derives from the illicit conduct executed by the civil defendants here consisting of the destruction of the Archaeological monument Crun Di. Said illicit conduct is, in itself, the generating fact of a serious harm to National and cultural Heritage as a common good of humanity, since it represents a flagrant deterioration of the information sources of the citizenry. On that same basis, it is requested that the State be considered, in its condition as a victim, as a civil plaintiff, for the purpose of exercising the right to damages over the historical archaeological damage caused by the civil defendant here and that it be compensated for the harms caused to it, as well as the corresponding interest and costs as of the date on which the act giving rise to this civil action for damages was carried out. For the foregoing, the character with which the State invokes this action is that of a victim directly offended by the punishable act mentioned hereinbefore" (highlighting is particular). Therefore, based on that limit which the Attorney General's Office itself set, any other form of generating the damage, such as civil negligence or imprudence (Article 1045 of the Civil Code), could not be discussed in the criminal venue that occupies us, but by decision of the same party that promoted it. Hence, there is no error in dismissing it, since the presupposition under which it was being demanded (the criminal offense) was not proven. To have decided something different in the judgment would not have given the counterparty the effective possibility of exercising its defense, presenting evidence, or debating those other alternatives in the hearing, since everything was centered on the possible commission of crimes that could not be proven. Of course, this chamber does not question the great historical and cultural value of the national archaeological heritage and the loss that its destruction represents for the country; in fact, at the beginning of this resolution, the character of a human right was recognized to it. However, the constitutive principles of due process are also human rights and, therefore, the administration of justice must seek a balance between them; for that reason, indeed, there are procedures and forms already provided by law that must be followed to air various claims. For these reasons, since the claimed contradiction is not verified, this aspect is also maintained just as it was decided in the trial court's judgment.

POR TANTO:

As to form, the appeals filed by the Public Prosecutor's Office and the Attorney General's Office as complainant and civil plaintiff are admitted, and, on the merits, both are declared without merit, so the challenged judgment is maintained intact. NOTIFY.

 

 

 

	



RP5OIDVYG1S61
LAURA PATRICIA CHINCHILLA ROJAS - DECIDING JUDGE

	

 





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ANJKTCYJCHM61
SUSANA WITTMANN STENGEL - DECIDING JUDGE

	

 

	



CSYXBZ8I2WU61
CHRISTIAN FERNANDEZ MORA - DECIDING JUDGE

 

EXP: 20-000457-0634-PE

 

Judicial Circuit of Cartago Telephones: 2551-2713 or 2553-0340. Fax: 2551-2355.

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