Res. 01416-2025 Tribunal Contencioso Administrativo — Precarious possession on public domain assets of the Golfo Dulce Forest Reserve generates no rightPosesión precaria en bienes demaniales de la Reserva Forestal Golfo Dulce no genera derecho

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 01416 - 2025

Fecha de la Resolución: 18 de Febrero del 2025 a las 14:20

Expediente: 15-004913-1027-CA

Redactado por: Sandra M Quesada Vargas

Clase de asunto: Proceso de conocimiento contencioso administrativo

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

15-004913-1027-CA - 0




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR/A:

	

PAMELA LOISE NAVE STOWERS




DEMANDADO/A:

	

EL ESTADO

 

 N° 2025001416

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las catorce horas con veinte minutos del dieciocho de Febrero del dos mil veinticinco.-

 

 

Proceso de conocimiento establecido por PAMELA LOUISE NAVE STOWERS, mayor, con cédula de identidad número 8-0081-0195, demás calidades ignoradas, representada por el señor Roldán Morales Novoa, mayor, abogado, con cédula de identidad número 6- 0330- 0896, con carné de colegiado número 18671, vecino de Heredia, en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (en adelante INDER), representado últimamente por su apoderada especial judicial Karina Castro Leitón, mayor, abogada, con cédula de identidad número 1-1391-0679 y carné de colegiada No. 16056, vecina de San José.

Redacta la Juez Quesada Vargas; y,

 

CONSIDERANDO

I. ASUNTOS DE TRÁMITE: 1. Este proceso fue interpuesto inicialmente por la señora Nave Stowers, en contra del INDER, el Estado, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la Junta Administradora del Registro Nacional. Sin embargo, la parte actora manifestó expresamente en autos, su interés de mantener el proceso únicamente en contra del INDER, desistiendo de su acción en relación con los otros codemandados, lo cual le fue admitido por este Despacho (ver imágenes 31 a 35 del expediente principal). 2. Con el presente asunto, la parte actora pretende que en sentencia se declare: "1. (...) La conducta omisa del INDER en ejecutar el acto administrativo válido y eficaz dictado por la Junta Directiva mediante el acuerdo No 11 Sesión No 400 del 08 de junio de 1965, (visible al folio 422-425), acuerdo No VI de la sesión 1196 de 16 de junio de 1970, (visible al folio 452), acuerdo cuarto de la sesión No 1832 del 11 de diciembre de 1974, (visible al folio 452), acuerdo VI sesión 712 del 2 de mayo de 1967 (visible al folio 441) encaminados a dar una solución a la problema de tenencia de tierra de los poseedores de los terrenos denominados Osa Productos Forestales S.A. / Que se le (sic) reubique a mi representada en un fundo en iguales condiciones al que posee (sic), mismo que se representante (sic) por medio del plano P-489778-1998, o en su defecto se le debe de cancelar el dinero de su derecho de posesión ejercida, con base a peritaje que valore el inmueble que posee mi representada. / Condenar al INDER por los daños y perjuicios ocasionados por la inacción administrativa a lo largo de los últimos sesenta años e impedir un régimen sano de posesión del terreno identificado por medio del plano P- 489778-1998, y (sic) la correcta distribución de la tierra y sus riquezas en detrimento de mi representada. / Que era de conocimiento del antiguo I.T.C.O. -hoy I.N.D.E.R.- que en las tierras que pretendía expropiar a la sociedad Osa Forestales existía un problema de ocupación en precario, como es el caso de mi representada, el cual se representa por medio del plano P- 489778-1998. / Que se reconozca a mi representada dentro del grupo de poseedores descritos en los censos que constan a folios 39-68, 99-111, y (sic) 168-187, producto de su posesión continua por tracto sucesivo, misma que se representa por medio del plano P-489778-1998. /  Que se condene a los demandados autores de las conductas al pago de ambas costas." (Así reformuladas por la accionante, según consta en imágenes visibles a folios que van del 1613 al 1616 del expediente principal).  3. Conferido el traslado de rigor, el INDER se opuso a la demanda y formuló las defensas de indebida integración de la litis y caducidad (ambas resueltas interlocutoriamente: por resolución No. 571-2020-T de las 10:26 horas del 27 de marzo del 2020 -según consta a imágenes 140 a 143 del principal- se resolvió la primera indicada; mientras que la caducidad fue rechazada mediante resolución No. 572-2020-T de las 10:28 horas del 27 de marzo del 2020, visible a imágenes que van del folio 135 a 139 del principal), así como también las excepciones de cosa juzgada, prescripción, falta de derecho, falta de legitimación pasiva y falta de interés actual. (Ver imágenes 773 a 809 y 1687 a 1701, todos del expediente principal). 4. La audiencia preliminar establecida en el canon 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), fue celebrada el día 23 de setiembre del 2016, en la que intervinieron tanto la representación de la parte actora como la del INDER. 5. La audiencia de juicio oral y público se realizó por parte de este Tribunal el día 28 de enero del 2025, estando presente la representación de la parte actora y del INDER. En esa ocasión se recabaron los testimonios del testigo ofrecido por la parte actora el señor Víctor Argüijo Argüijo y del testigo-funcionario ofrecido por el INDER don Mario Jiménez Quirós. En dicho acto, la apoderada del INDER desistió de la declaración del testigo Jimmy Garita. En dicha diligencia, el testigo Víctor Argüijo Argüijo declaró, en lo conducente: Ante las preguntas formuladas por la representación de la parte actora, declara que él conoce la zona de Drake, a la que entró en el año 1974 y que conoce a los señores Pamela Nave Stowers y Ricardo Madrigal Madrigal así como la parcela de ellos; señaló que en ese sitio estaba ocupando por el señor Rafael Campos, quien le traspasó a una persona de apellido Araya y éste a su vez le vendió al señor Madrigal y a la señora Nave en 1989. Indicó que la parcela de doña Pamela tenía una cerca, cultivo de caña, yuca, "cuadrado", banano, gallinas y que en el lugar solo se encuentran doña Pamela y don Ricardo a quienes nadie nunca ha sacado de dicho terreno; señala que una persona llamada Luis Carlos tiene "bestias" en el sitio y contesta afirmativamente a la pregunta de si el terreno se ha dedicado a la agricultura; continúa manifestando, ante preguntas formuladas por la representación del INDER, que quien ocupaba ese terreno era el señor Rafael Campos, quien luego lo pasó a una persona apellido Romero (cuyo nombre no recuerda), éste a su vez lo vendió a Walter Trejos "por ahí" desde los años 80 y éste le vende a Ricardo Madrigal y Pamela Nave en el año 89, fecha la cual reitera. Así mismo, el testigo-funcionario Mario Jiménez Quirós manifestó en su declaración y en lo conducente: Que la información que consigna la oficina de Osa (para la cual labora) en los diversos oficios que emiten, vienen de diversas fuentes de información, de las cuales una es la base de datos que es manejada por cada oficina, en el caso de su oficina, explica que ellos manejan una una base de datos en Excel y también de censos de los ocupantes, censos que en su momento fueron realizados en el asentamiento Osa por una Unidad que había en oficinas centrales del INDER. Señala que se realizó en el Asentamiento Osa y también se usó información que se levantó a nivel de campo, pero que nunca se constató su veracidad. Reitera que de donde se toma la información, es de los archivos de los archivos institucionales, de las bases de datos, de los censos y también los expedientes administrativos. Aclara que ese censo del Asentamiento fue en el año 1993. Sigue manifiestando que esos censos se realizaron porque se iba a desarrollar un programa que se llamaba Programa de Desarrollo Rural y había que hacer unos diagnósticos participativos, cantonales, dentro del programa de Desarrollo Rural y aunque la península de Osa no era un cantón, a raíz de una serie de situaciones que se daban en en Drake un señor le solicitó al señor Presidente de la República y al presidente Ejecutivo de ese momento que se hiciera un diagnóstico de la península y se hizo, y a él le correspondió coordinar, señala que de hecho se emitió un documento y eso generó todo un desarrollo para la península, en ese documento se analizó parte de lo que era la tenencia de la tierra, por ser parte de los de los ejes que se abarcaron. Señala que ahí se analizó toda esta temática y los censos nacen a raíz de que el Instituto había expropiado a la empresa Productos Osa Forestales S.A. unos terrenos; que en 1979 y 1980 se generaron los primeros acuerdos de Junta Directiva para generar unas escrituras pública para dichos terrenos, pero posteriormente pasó un espacio de tiempo y el Instituto realizó un censo para determinar quiénes estaban ocupando esos terrenos y cuál era la condición existente; indica que mucha de la información recabada no se verificó porque muchas de las personas no dieron la información correcta o bien, no estaban en el campo cuando cuando se realizó el censo, o bien, quien daba la información de un área específica era el vecino o alguien que estaba ahí en ese momento; por ello, afirma que el censo del año 93 lo realizó el Instituto para hacer una verificación de quiénes estaban ahí y qué cantidad de áreas estaban ocupando; señala que cuando se expropia las fincas a la empresa Productos Osa Forestales S.A., originalmente eran 47.000 hectáreas y un resto, pero una parte de 6,000 hectáreas y un resto adicional se sumaron al parque Corcovado y al territorio indígena de Alto Laguna; que el área restante se dividió por sectores desde el sector 1 hasta el sector 7 y el sector que se denomina "El Progreso"; señala que una serie de personas invadieron las tierras de la empresa Productos Osa Forestales S.A., entonces el Estado -cuando ya sería el proceso de expropiación-, les permitió que pudieran demostrar sus derechos de poseedores sobre esos terrenos y quienes demostraron tales derechos fueron los señores Mariano Cabezas y Marcos Cordero en el sector de progreso de Drake, en una zona adyacente al al río Drake y el señor Manuel Aguilar en el sector de los planes de Drake, donde se ubica la parcela 14; indica que la gente empezó a invadir los terrenos de la empresa e inclusive se dieron algunos enfrentamientos armados entre los campesinos que invadieron los terrenos con quienes tenían esas fincas ya inscritas; que en 1978 se creó la Reserva Forestal Golfo Dulce, que se sobreponen en aproximadamente un unas secciones con las tierras de la empresa Productos Osa Forestales; que cuando ya se estaba realizando la expropiación, el INDER hizo el levantamiento de esos terrenos en un mosaico que se levanta en 1980, que es donde se logra determinar y delimitar aproximadamente 47.000 hectáreas y un resto y 6.000 hectáreas que eran del Parque Nacional Corcovado y unas 2.000 del territorio indígena Alto Laguna; manifiesta que de esas 39.000 hectáreas, aproximadamente 25.000 hectáreas quedaron sobrepuestas en la Reserva Forestal Golfo Dulce y la Reserva Forestal hace que esos terrenos sean patrimonio natural del Estado y desde los años 90 existen criterios de la Procuraduría General de la República y de la Contraloría General de la República, Indicando que el INDER no debía entregar esos terrenos por ser patrimonio natural del Estado. Continúa manifestando que en relación con la parcela de la señora Nave Towers y Ricardo Madrigal, que dice la historia que ahí vivía uno de los hijos del señor Manuel Aguilar a quien afirmó que el Estado le pagó las mejoras de la casa donde vivía cuando el Estado expropió. Luego de recabada la prueba testimonial referida, las partes procedieron a rendir conclusiones (ver la grabación de las declaraciones de los testigos indicados, realizadas en la audiencia de juicio llevada a cabo el 28 de enero del 2025, la minuta de audiencia de juicio y la grabación integral de dicha deiligencia). 6. En los procedimientos se han observado las prescripciones y términos de ley, sin que se perciba la existencia de causales susceptibles de producir nulidad de lo actuado. Se dicta esta resolución dentro del término de rigor, previas las deliberaciones respectivas y por criterio unánime del Tribunal.

 

II. Sobre los hechos probados. De relevancia para la resolución del presente asunto, se enlista como tales los siguientes, al encontrar sustento en los elementos de convicción que en su apoyo se cita:  1. Que desde el año 1963 existió en la zona de la Península de Osa, un conflicto de ocupación precaria en terrenos pertenecientes a la empresa Productos Osa Forestales S.A., lo cual generó un clima de tensión social (hecho no controvertido por las partes).  2. A partir del año 1978, el Poder Ejecutivo de Costa Rica procedió a la emisión de varios Decretos Ejecutivos con los cuales se afectaron los terrenos pertenecientes a la compañía Productos Osa Forestales S.A., de la siguiente manera: a. Mediante el artículo 1° del Decreto Ejecutivo No. 8494-A del 28 de abril de 1978, se creó y establecieron los límites de la Reserva Forestal de Golfo Dulce. b. Mediante el Decreto Ejecutivo No. 9388-A del 30 de noviembre de 1978, se modificaron los límites establecidos en el decreto anteriormente citado y c. Mediante Decreto Ejecutivo No. 10142-A de fecha 12 de junio de 1979, se modificaron por segunda vez los límites establecidos en la Reserva. (Hecho no controvertido por las partes y consulta realizada de oficio por este Tribunal en el sitio web del Sistema Nacional de Legislación Vigente -SINALEVI- al día del dictado de la presente resolución). 3. Mediante Decretos Ejecutivos número 10088-G-H del 02 de mayo de 1979 y número 10244-G de fecha 05 de julio de 1979, el Poder Ejecutivo decretó la expropiación de los terrenos que mantenía bajo su dominio la empresa Productos Osa Forestales S.A. situados en la Península de Osa y ordenó su posterior traslado al otrora denominado Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) así como su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad a nombre de dicha entidad, inmuebles que actualmente se encuentran inscritos en el Partido de Puntarenas bajo matrícula de folio real No. 039334-000. (Hecho no controvertido por las partes y consulta realizada de oficio por este Tribunal en el sitio web del Sistema Nacional de Legislación Vigente -SINALEVI- al día del dictado de la presente resolución). 4. En los terrenos indicados en el hecho probado inmediato anterior y cuya expropiación fue ordenada en los Decretos referidos supra, el otrora Instituto de Desarrollo Agrario (actual INDER) constituyó el Asentamiento Campesino Osa (hecho no controvertido por las partes). 5. El otrora denominado Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) inició en el año 1980 un proceso de adjudicación y titulación en favor de los ocupantes de los terrenos comprendidos dentro del Asentamiento Campesino Osa (hecho no controvertido por las partes). 6. Mediante acuerdo adoptado por la Junta Directiva del anterior Instituto de Desarrollo Agrario (actual Instituto de Desarrollo Rural INDER), correspondiente al punto 22 del Artículo VI de la sesión ordinaria No. 002-99 celebrada el 06 de enero de 1999 por su Junta Directiva, se aprobó declarar como beneficiarios y adjudicatarios de la parcela No. 14 con un área de 80 hectáreas 4181 metros con 64 decímetros cuadrados según se indica en el plano catastrado No. P-489778-1998, perteneciente al Asentamiento Campesino Osa, situada en el Sector Los Planes de Drake, al señor Ricardo Madrigal Madrigal y a la señora Pamela Louise Nave Stowers (ver folios 48 y 49 del tomo 1 del expediente administrativo). 7. Que mediante oficio No. OJ-129-2002 del 12 de setiembre del 2002 emitido por la Procuraduría General de la República, se informó a la Junta Directiva del lNDER que en relación con el Acuerdo tomado por la Junta Directiva del anterior IDA, correspondiente al Artículo VI de la sesión No. 002-99 celebrada el 06 de enero de 1999, los inmuebles enlistados en dicho acuerdo ya formaban parte del Patrimonio Natural del Estado (PNE) desde el año 1978, habiéndose afectado bajo tal condición por pertenecer a una institución autónoma y estar comprendidos dentro de los límites de la Reserva Forestal Golfo Dulce, además de contar con cobertura boscosa.  Además se indicó que desde su incorporación al PNE, se convirtieron en un bien de dominio público y en ese tanto devenían en inalienables e imprescriptibles, por lo que el Instituto de Desarrollo Agrario se encontraba impedido legalmente para enajenarlo de conformidad con el artículo 14 de la Ley Forestal y en esa medida, era lo procedente gestionar la anulación del citado acuerdo. (Consulta de oficio realizada por el Tribunal en el sitio web del Sistema Costarricense de Información Jurídica, al día del dictado de la presente resolución y expediente judicial del proceso de lesividad No. 19-003693-1027-CA admitido como prueba ad efectum videndi). 8. Que mediante acuerdo correspondiente al artículo 35 adoptado por la Junta Directiva del IDA en la sesión No. 040-2007 celebrada el 19 de noviembre del 2007, se dispuso: "(...) ARTÍCULO 35. / ACUERDO No. 35 / Con fundamento en lo expuesto en el oficio DAJ-1013-07, suscrito por la Dirección de Asuntos Jurídicos, en el cual indica que la afectación a Reserva Forestal de los terrenos que se encuentran inscrita a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, hace que su afectación al Patrimonio Natural sea automático, estándole vedado otorgar títulos de propiedad a particulares, se acuerda: / Revocar el acuerdo 39 de la sesión 44-05 del 14 de noviembre del 2005, referente a la titulación en la Reserva Forestal Golfo Dulce. / ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD (...)". (Ver imagen 1866 del expediente principal). 9. Que mediante oficio No. DAJ-931-09 de fecha 07 de octubre del 2009 emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos del IDA y remitido a la Junta Directiva de dicha institución, se indicó, en lo que interesa: "(...) Al respecto, en el tanto los aquí solicitantes sólo gozaban de una expectativa de derecho a que se les titulara y siendo que la posesión ejercida se realizó sobre un bien demanial, el Instituto no tiene la posibilidad de reconocer los daños por ellos solicitados; sin embargo es facultad del señor Madrigal Madrigal y de la señora Nave Stowers acudir a la vía jurisdiccional si así lo consideran adecuado (...)". (El subrayado es suplido. Ver imágenes de 1781 a 1786 del principal). 10. Que mediante oficio No. OSO-521-2009 de fecha 25 de noviembre del 2009 emitido por la Oficina Subregional de Osa del otrora Instituto de Desarrollo Agrario y dirigido al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), se indico, en lo que resulta de interés y haciendo referencia a la parcela No. 14 del Asentamiento Los Planes de Drake de la Península de Osa: "(...) Esta parcela es parte de la finca Folio Real (sic) 39334-000 propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario, la cual se ubica dentro del área afectada por la Reserva Forestal Golfo Dulce. (...)". (Ver folios 48 y 49 del tomo 1 del expediente administrativo). 11. Que mediante oficio No. AT-597-2015 del 25 de agosto del 2015, emitido por el Área de Topografía y dirigido a la Dirección de Asuntos Jurídicos, ambos del INDER, se indicó, en lo que interesa: "(...) De acuerdo a la ubicación cartográfica que muestra el plano catastrado P-489778-1998, esté (sic) forma parte en su totalidad de la Reserva Forestal Golfo Dulce. / De acuerdo a la ubicación cartográfica que muestra el plano catastrado P-489778-1998, esté traslapa en su totalidad con la Finca conocida como los Aguilares. (...)". El subrayado es suplido. (Ver imagen 1705 del expediente principal digital). 12. Que mediante oficio No. AJ-103-2019 de fecha 26 de marzo del 2019, emitido por el área de Asesoría Jurídica del lnstituto de Desarrollo Rural (INDER), se indicó -en lo conducente-, que resultaba obligatorio y necesario la interposición de un proceso contencioso administrativo de lesividad, con el fin de anular las adjudicaciones otorgadas a beneficiarios y adjudicatarios de lotes y parcelas en el Asentamiento Osa, Sector los Planes de Drake, dentro de las cuales se incluía la declaratoria de beneficiarios otorgada en el punto 22) del Acuerdo VI adoptado en la sesión No. 002-99 celebrada el 06 de enero de 1999 por la Junta Directiva del entonces Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en favor de los señores Ricardo Madrigal Madrigal y Pamela Louise Nave Stowers, en virtud de que dicho inmueble tenía el cien por ciento de su cabida dentro del Área Silvestre Protegida llamada Golfo Dulce (Reserva Forestal Golfo Dulce). (Ver imágenes 15 a 29 del proceso contencioso administrativo de lesividad tramitado bajo expediente No. 19-003693-1027-CA ante este Tribunal y admitido como prueba ad efectum videndi en la audiencia de juicio realizada). 13. Que el INDER procedió a interponer ante este Tribunal, proceso de lesividad contencioso administrativo en contra de la aquí accionante Nave Stowers y del señor Ricardo Madrigal Madrigal, el cual se tramitó bajo expediente No. 19-003693-1027-CA y en el que se dictó la sentencia No. 0134-2021-VI de las 07:30  horas del 13 de octubre del 2021 la cual dispuso, en lo que resulta de interés: "POR TANTO (...) 1. Se declara la nulidad absoluta, para efectos de su inaplicabilidad a futuro, del Acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo VI de la sesión 002-99, celebrada el 06 de enero de 1999, en su punto 22) en cuanto declara como beneficiarios y adjudicatarios de la parcela 14 del Asentamiento Campesino Osa, Sector Los Planes de Drake, sitio en SIERPE, Osa, al señor Ricardo Madrigal Madrigal y a la señora Pamela Louise Nave Stowers. 2) Una vez firme la sentencia, debe disponerse el desalojo y respectiva puesta en posesión a favor del MINAE, por medio de la Oficina Regional del Área de Conservación Osa, del inmueble objeto de este proceso, si otro motivo legal así (sic) no lo impide. (...)". Dicha resolución judicial se encuentra en firme. (Ver expediente del proceso de lesividad No.19-003693-1027-CA admitido como prueba en la audiencia de juicio oral y público e imágenes visibles en folios 1944 a 1970 y 1979 a 1986, todos del expediente principal). 14. Que la parte actora ejerce la posesión de la parcela No. 14 con un área de 80 hectáreas 4181 metros con 64 decímetros cuadrados y con plano catastrado No. P-489778-1998, perteneciente al Asentamiento Campesino Osa, situada en el Sector Los Planes de Drake, desde el año 1989 (ver declaración rendida por el testigo Víctor Argüijo Argüijo en la audiencia de juicio oral y público realizada el 28 de enero del 2025).

  

III. Sobre los hechos no probados: De relevancia para el dictado de esta sentencia, se tiene en dicha condición el siguiente: Único. Que la accionante hubiese ejercido la posesión sobre la parcela No. 14 con un área de 80 hectáreas 4181 metros con 64 decímetros cuadrados, con plano catastrado No. P-489778-1998, perteneciente al Asentamiento Campesino Osa, situada en el Sector Los Planes de Drake, con anterioridad a la afectación de dicho inmueble como parte del Patrimonio Natural del Estado, afectación acaecida en el año 1978 (no hay prueba al respecto en autos).

 

IV. Argumentaciones de las partes. Sobre las argumentaciones de la parte actora: En su escrito de demanda y en el escrito de ampliación a la misma, la parte actora argumentó, en sustento de sus posiciones:

 

"(...) La señora PAMELA LOISE (sic) NAVE STOWERS, es poseedora de un inmueble sin inscribir, con una naturaleza de potrero, árboles frutales, parte de montaña con una casa de habitación, que se ubica en Los Planes de Bahía Drake, Distrito Sierpe, Cantón quinto Osa de la provincia de Puntarenas, la cual limita al Norte: José Luis Segura Zamora con quebrada sin nombre de por medio, Sur: Misael González González, y servidumbre de paso, Este: José Luis Araya Agüero, Oeste: Jorge cordero Quiroz (sic), con una medida de ochenta hectáreas con cuatro mil ciento ocehnta (sic) y un metro con sesenta y cuatro decímetros cuadrados, de conformidad con el plano P-489778-1998. / (...) / SEGUNDO: El 24 de octubre de 1975, mediante el decreto 5357-A se crea el Parque Corcovado una gran cantidad de terreno aledaño a la propiedad de litis. Posterior a esta fecha la administración (sic) Pública por medio del ITCO hoy el Instituto de Desarrollo Agrario inició trabajos con el fin de realizar censos en las tierras que conformaban el Parque, como en las tierras aledañas, estudios los cuales demostraron que dentro de dichas tierras existían personas con derechos posesorios decenales plenamente consolidados, lo cual se demuestra con la documental que adjunto, en el que el estado reconoce que existen derechos posesorios por más de diez años. / De igual manera producto de una serie de conflictos acaecidos en Bahía Drake de Osa entre los vecinos del sector y una Compañía Americana (sic) en 1965 que acaparó (sic) muchas fincas, el Instituto de Tierras Colonización (sic) inicia negociaciones con la Empresa que en ese momento se denominaba Arawak Forestal, luego Osa Forestales (sic) para solucionar el problema de ocupación precaria en las presuntas propiedades de esa Multinacional, según consta en varios acuerdos y antecedentes de la Institución, iniciando formalmente la gestión con el acuerdo No 11 Sesión No 400 del 08 de junio de 1965 y acuerdo No VI de la sesión 1196 de 16 de junio de 1970, donde se reconocía dicho problema ocupacional. / TERCERO: Producto de estos censos, el estado (sic) se percata que existe un problema de Ocupación Precaria (sic) dentro de los terrenos de la Osa Forestales (sic), prueba de ello es el decreto de expropiación que realiza el Estado a la Osa Forestal (sic), así como el acuerdo que firma con dicha sociedad, era con el único fin de solucionar el problema de ocupación precaria que estaba afectando a cientos de campesinos, los cuales toda una vida había (sic) poseído por sí o por sus trasmitientes (sic) los terrenos. / Producto de las estas (sic) negociaciones el Estado por medio del Instituto de Tierras y Colonización hoy IDA, había llegado con la Osa Forestales (sic), a realizar una serie de censos con el único de (sic) fin de determinar la cantidad de familias que ostentaban el problema de ocupación en precario, así como las extensiones de terrenos que cada una de ellas ocupaba. / CUARTO: Apegando (sic) a la buena fe de nuestro campesinos, el Instituto de Tierras y Colonización hoy IDA, ingresaron a cada una de las propiedades, realizando los levantamientos topográficos respectivos, en principio con el fin de solucionar la situación precaria de título, y (sic) dotar de título a los campesinos, los cuales ante tal ayuda no dudaron en abrir las puertas de sus casas, dándoles comida y. (sic) abrigo a los funcionarios encargados de realizar tan noble tarea, sin imaginar lo que realmente se tramaba detrás de tan aparente buena voluntad por parte del Estado. / A raíz de esta situación y una vez que mi padre compra la propiedad de los señores Bravo y Prado, mi padre es enterado que existía una Subcomisión Especial de la Asamblea Legislativa que desde 1972 estaba investigando y estudiando lo concerniente a esa Compañía por el acaparamiento de tierras en la Península de Osa y el problema de ocupación precaria en toda la región, presentando la (sic) Asamblea Legislativa la iniciativa de ley numero 5852, que pretendía expropiar a la Compañía Osa Productos Forestales y legalizar la tenencia en toda la región de la península, según versaba su texto original articulo noveno del 28 de junio de 1973, expediente No 5399. Así mismo el Concejo Municipal de Golfito apoyo (sic) mediante acuerdo No 20 del 15 febrero de 1972, la situación ocupacional para que se entregara títulos en las tierras de la Compañía, según documento del 17 de febrero de 1972. (...) / QUINTO: Dentro de las negociaciones realizadas por el estado (sic) y la sociedad Osa Forestales, con el fin de solucionar el problema de ocupación en precario señalada (sic), se toma como punto de partida el plano P-16317-1973, plano el cual señalaba los terrenos que supuestamente le pertenecían a la Osa Forestales (sic), con un área de 34800 hectáreas con 577 metros cuadrados. / Para el año de 1974 el ITCO y la Compañía habían llegado a un arreglo para solucionar el problema de ocupación precaria en las tierras de la península por medio de un convenio, dentro del marco de la Ley 2825 y sus reformas en donde entre otras cosas declaran la existencia de un conflicto de ocupación precaria en esas propiedades, documento legal firmado por las partes el 20 de noviembre de 1974. Documento respaldado por acuerdos de la Junta Directiva del ITCO y debidamente ratificado según acuerdo cuarto de la sesión No 1832 del 11 de diciembre de 1974. / SEXTO: Producto de los estudios realizados por el Estado, este se percatan que dentro de los terrenos ocupados por los campesinos de la Península de Osa, existía dos sectores el cual (sic) lo denominaron baldíos Nacionales, terrenos los cuales no le partencia (sic) a la Osa Forestales, y sobre los cuales existían derechos posesorio (sic) por más de diez años de las personas que lo habitaban, tal y como lo había (sic) reflejado los censos realizados. / Mediante el Decreto No 5357-A del 24 de octubre de 1975 se crea el Parque Nacional de Corcovado, una gran cantidad de terrenos aledaño (sic) a la propiedad de litis, en donde posterior a esa fecha y como se viene exponiendo la Administración Publica por medio del ITCO hoy el Instituto de Desarrollo Agrario, había iniciado formalmente desde 1973 una serie de acciones para realizar un censo general en las todas tierras en conflicto incluidas las que iban a ser del Parque Nacional, comprobándose que dentro de dichas tierras existían núcleos dispersos de pobladores con derechos posesorios decenales plenamente consolidados, lo cual se demuestra con las pruebas arriba expuestas. / Producto de estas gestiones institucionales (ITCO-Convenio Marco-Proyecto Ley 5852), el Estado se percata desde 1973 que existe un profundo problema de Ocupación Precaria dentro y fuera de los terenos (sic) de la Osa Forestal (sic). Prueba de ello es el mismo Proyecto de Ley 5852 de 1973 que venia tramitando la Comisión de Asuntos Jurídicos, así como el Convenio Marco suscrito por las partes ITCO-OSA el 20 de noviembre de 1974, con el único fin de solucionar el problema de ocupación precaria que estaba afectando, desde la toma de control de esos lerrenos (sic) la Multinacional (sic) en 1957, a cientos de campesinos los cuales toda la vida habían poseído por si o por sus decendientes (sic) sus fincas. / Producto de las negociaciones del Convenio marco, el Estado por medio del Instituto de Tierras y Colonización hoy IDA, había llegado con la Osa Forestal (sic) a realizar un censo desde 1974 con el único fin de determinar la cantidad de familias que ostentaban el problema de ocupación en precario, así como las extensiones de terrenos que cada una de ellas ocupaba, no es hasta principios de febrero de 1976 que la Sección de Inventarios de Tierras del ITCO finaliza un informe sobre la ocupación casi total del sector de Bahía Drake y Rancho Quemado como ultima y tercera etapa, con un poco mas de ciento sesenta familias censadas. / No se debe dejar de lado, que producto de los estudios e investigaciones realizados tanto por la Comisión Especial Legislativa desde 1972, mas los antecedentes que la misma Compañía poseía y el ITCO, se percatan que dentro de los terrenos ocupados por los campesinos en la Península de Osa, existían dos sectores el cual lo (sic) denominaron Baldíos Nacionales, terrenos los cuales no le pertenecían a la Osa Forestal, y sobre los cuales existían derechos posesorios por mas de diez años de las personas que lo habitaban, tal y como lo habia (sic) reflefado (sic) los censos realizados a finales de 1975 y principios de 1976. / SÉTIMO: Dado la anterior situación, el Estado por medio del decreto ejecutivo número 5343-A del 31 de octubre de 1975, procedió a titular los dos sectores identificados como baldíos Nacionales (sic), inscribiéndose la finca matrícula folio (sic) real número 22036 con un área de 4886 hectáreas con 7186 metros cuadrados, finca la cual se ubica en lo que hoy día se llama Cerro Oro, y la finca matrícula folio (sic) real del partido de Puntarenas número 22034 con una medida de 9396 hecláreas (sic) con 5312 metros cuadrados, terreno el cual abarca lo que hoy se llama la comunidad de Rancho Quemado y la Laguna Chocuaco específicamente en el cual se ubica el terreno que le pertenece a la familia Villalobos. / La ubicación geográfica de dicho sector según el artículo primero del mismo decreto es el siguiente: (transcribe el artículo citado). / A pesar de esta delicada situación ocupacional, el Estado por medio del Decreto Ejecutivo 5343-A del 31 de octubre de 1975, procedió sin ser los poseedores debidamente notificados, los dos (sic) sectores identificados erróneamente como Baldíos Nacionales, inscribiéndose la finca matricula folio real del partido de Puntarenas No 22036 (sic) con una area (sic) de 4.886 hectáreas con 7.186 m2, finca la cual se ubica el sector de Cerro de Oro, y la (sic) finca matricula folio real No 22034 con una medida de 9.396 hectáreas con 5312 m2, terreno el cual abarca lo que hoy se llama la comunidad de Rancho Quemado y la Laguna de Chocuaco, específicamente en el cual se ubica el terreno que le pertenece a la familia Villalobos. / OCTAVO: Tal y como lo demuestro con la certificación de la finca del partido de Puntarenas número 22036 (sic) debidamente emitida por el Registro Público de la Propiedad, en el asiento uno de esta finca consta tanto la inscripción de dicho inmueble, el traspaso al Instituto de Tierras de Colonización, así como la permuta que se realiza de dicho terreno con otros terrenos propiedad de la Osa Forestales (sic), fincas: 1) 8946-000, folio 246, tomo: 1484: 2) 8947, folio: 248, tomo: 1484; 3) 8950 folio: 254 tomo: 1484; y (sic) por la totalidad de las siguientes tres fincas: 1) 8839 (sic) 2) 8948, (sic) 3) y 8840, (sic) inscritas a los folios 478, 250 y 480 todos del tomo 1484, actuaciones las cuales las fundamentaban de conformidad con el decreto ejecutivo 5343-A del 31 de octubre de 1975. / NOVENO: Al igual que la finca folio real partido de Puntarenas número 22036 (sic), el inmueble partido de Puntarenas matrícula folio real número 22034-000, tal y como se puede ver en su asiento primero de la certificación debidamente emitida por el Registro Público de la Propiedad, consta tanto la inscripción de dicho inmueble, el traspaso al-Instituto de Tierras de Colonización, así como la permuta que se realiza de dicho terreno con Osa Forestales (sic), todo lo cual se fundamentaba en el decreto ejecutivo 5343-A del 31 de octubre de 1975. / DÉCIMO: Una vez que el estado había realizado la permuta con Osa Forestales (sic), de los inmueble anteriormente indicados, esta realiza una reunión de todas las fincas tituladas a su nombre, propiedades en las cuales existía un problema de ocupación precaria de la tierra, por lo que las negociaciones que en principio realizaba el Estado era para solucionar dicho problema a los ocupantes en precario. / No esta demás de indicar que en el momento en que se origina la inscripción de los inmuebles partido de Puntarenas número 22036-000 y del 22034-000, así como la permuta hacia la Osa Productos Forestales S.A, se había garantizado los derechos posesorios de las personas que los habitaban, tal y como lo señalaba el mismo decreto 5343-A en su artículo 4, esto por la simple razón de que el fundamento jurídico era la Ley de Tierras y Colonización, la cual es muy clara al indicar que el Estado debe de respetar los derechos posesorios decenas (sic) de las personas que tengan en terrenos no inscritos. / UNDÉCIMO: Producto de esa reunión de fincas, surge el inmueble partido de Puntarenas matrícula folio real número 22048-000, la cual comprendía los inmuebles titulados a nombre de la Osa Productos Forestales S.A, así como los terrenos permutados por el Estado, terrenos los cuales había (sic) sido poseído por los campesino de la Península, tal es el caso de los terrenos de mi familia. DÉUDÉCIMO (sic): Tal y como se puede claramente observar en la certificación de los asientos del inmueble partido de Puntarenas matrícula folio real número 22048-000, en el mismo consta tanto la reunión de las fincas realizada por la osa Forestales (sic), como la expropiación realizada por el Estado Costarricense de dicha finca por medio del decreto ejecutivo 10088 -G-H del 2 de mayo del 1978. / Llama sumamente la atención al suscrito como el Estado primero titula y permuta con la Osa Forestales (sic) por medio del decreto ejecutivo 5343-A del 31 de octubre de 1975, unos terrenos que no le pertenecía, por cuanto existía derechos de posesión debidamente consolidados, los cuales de conformidad con la Ley de Tierra y Colonización se deben de respetar, y (sic) luego expropia a Osa Forestales (sic) por unos terrenos que nunca les había pertenecido, es decir, por que si dichos terrenos fueron catalogados como Baldíos Nacionales (sic) se titularon y se le traspasó a Osa Forestal (sic), para luego realizar la expropiación de los mismos terrenos y de otros, cuando claramente estaba determinado el problema de ocupación precario que tenían todos los terrenos de la Península, y cuando las negociaciones eran en pro de los campesinos catalogados en precario. / DÉCIMO TERCERO: Por medio del decreto 6953-A del veintiséis de abril 1977, modifican el articulo 4* del Decreto Ejecutivo N* 5343-A publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" del 31 de octubre de 1975, mismo que originalmente indicaba (transcribe el artículo referido). / DÉCIMO QUINTO: Esta modificación no solo es con el fin de poder llevar acabo (sic) la inscripción de la permuta, si no que es con el fin de despojar y desconocer los derechos que habían sido reconocidos por el estado (sic) por medio del decreto original, tal y como se señala en el hecho Décimo Tercero de la presente demanda, lo cual lo único que evidencia es una clara y manifiesta mala fe por parte del estado (sic), así como evidente y manifiesta nulidad del decreto 6953-A del veintiséis de abril 1977, esto por cuanto el Estado estaba en pleno conocimiento, primero de las gestiones a nivel Institucional que estaba llevando el ITCO por medio del Convenio marco, y (sic) segundo por la iniciativa de Ley que se estaba tramitando en sus últimos debates en ese momento. Este proceder por parte del Estado lo único que evidencia es una clara y manifiesta mala fe. / DÉCIMO SEXTO: Posteriormente el veintiocho de abril de 1978 se crea la Reserva Forestal Golfo Dulce, (...) reserva la cual tal y como se indicará más adelante se encuentra completamente viciada de nulidad, ya que no se respeto todos los procedimientos a efectos de crearla, con lo cual se violentaron derechos constitucionales como la violación de la propiedad. / DÉCIMO SÉTIMO: Como un eslabón más de la Nulidad clara y Manifiesta (sic) de creación de la reserva Golfo Dulce, así como de todo el tratamiento de las tierras de la Península, la encontramos específicamente en el asiento 2 de los inmuebles partido de Puntarenas matrículas folios reales números 22034-000 y 22036 (sic), los cuales fueron inscritos por medio del decreto 5343-A del 31 de octubre de 1975. / Nótese que en el margen izquierdo del asiento primero de ambas fincas consta que 18 de agosto de 1976, ambos inmueble había sido reunidos por parte de Osa Forestales con otras fincas de su propiedad generando el inmueble partido de Puntarenas matrícula folio real número 22048-000, lo que quiere decir, que dichas fincas desde 18 de agosto de 1976 dejaron de existir como unidad individualizada para pasar a formar parte de una sola unidad de terreno que se identifica con el folio real número 22048-000. / DÉCIMO OCTAVO: Como se puede apreciar de la documentación adjuntada (sic) y de lo antes indicado las fincas matrículas folios reales números 22034-000 y 22036 (sic) se reunieran el 18 de agosto de 1976, mientras que el asiento dos de dichas fincas es en el año 1977, asiento el cual casualmente viene a modificar el decreto original por medio del cual se mantenían salvaguardados los derechos de los terrenos con más de diez años. Lo anterior constituye un vicio en el acto administrativo del nuevo decreto que modificó el original, violentándose además lo que lo que señala el artículo 140 de la Ley General de la Administración Pública (...). / En este sentido, si ya el decreto original había sido promulgado estableciéndose, como lo señalamos en el hecho “DECIMO (sic) TERCERO ", que el decreto ejecutivo Ejecutivo (sic) número 5343-A, en su artículo 4 señalaba textualmente “ Es entendido que la permuta se celebrará dejando a salvo los derechos de los particulares sobre terrenos debidamente” inscritos o con posesión decenal que queden comprendidos dentro de las áreas de Reserva Nacional o que se refiera el presente decreto. Existió desde el momento en que dicho decreto fue promulgado la obligación de Estado a indemnizar a las familias cuya posesión decenal estuviera demostrada. / La Modificación (sic) del decreto referido jamás podría suprimir los derechos, que no solo ya habían sido conferidos a los poseedores en ese momento, por el propio Estado, sino que de hacerlo así se estaría además violentando el Derecho Constitucional a la propiedad Privada consagrado en el artículo 45. / Por otro lado y siempre bajo esta misma tesitura, el nuevo decreto ejecutivo (sic), sin duda alguna contravendría también el artículo 128 de la Ley general (sic) de la Administración Pública que señala que “Será válido el acto administrativo que se conforme sustancialmente con el ordenamiento jurídico, incluso en cuanto al móvil del funcionario que lo dicta.” / Un acto administrativo que contravenga el derecho constitucional a (sic) que hace alusión el artículo 45 de la constitucional y que además sea retros (sic) contraviniendo también los artículo 142 y 143 de la Ley General Administración Pública, deviene en absolutamente nulo. / La retroactividad se produce también al aplicar retroactivamente el nuevo decreto eliminando derechos previamente reconocidos y consolidados. / Teniendo esto claro, como es posible que una vez que estas dos fincas ya se habían reunido, y que había dejado de existir como fincas individualizadas, se inscribe el asiento número dos en ambas fincas en 1977, es decir unos años después de que dichas fincas se había reunido, esto con el único fin de no reconocer, o más bien con el fin de desaparecer el reconocimiento de los derechos que el decreto (sic) 5343-A del 31 de octubre de 1975 en cuanto (sic) a los derechos de los poseedores de dichas tierras. / Es más, nótese que dichos terrenos a la hora de realizarse el asiento número dos era propiedad de Osa Forestales (sic), careciendo el estado (sic) de Legilímación (sic) para proceder a realizar ningún asiento tal y como lo realizó, repito con el único fin de seguir conjugando el plan maquiavélico de despojar a las personas de sus tierras sin reconocerles sus derechos, violando la Ley de Tierras y Colonización, sin dejar de lado que en el momento en que se realizó la reunión de fincas esta (sic) vigente el artículo 4 del decreto 5343-A del 31 de octubre de 1975, mismo que reconocía los derechos de posesión de los campesinos de la zona de Osa. / DÉCIMO NOVENO: Tal y como se ha indicado, una vez que Osa Forestales (sic) había reunido las fincas permutadas con el Estado, junto con otro grupo de fincas que les pertenecían formal (sic) el inmueble partido de Puntarenas número 22048-000, la cual se inscribe al Tomo: 2371, Folios: 455, 456, 532 y 534, Asientos del 01 al 05, se puede observa específicamente al folio 534, una nota que indica **(sic) No corre* y una nota que dice “ojo sin firmar." (sic) / Posteriormente la registradora número 84 (...) el 12 de febrero del 2009 sella este inmueble como Folio real 6-22048-000, anotación la cual deja sin ningún valor legal el 24 del mismo mes y año por haberse consignada (sic) por error según manifestación de la propia funcionaria. / VIGÉSIMO: Es más que evidente que el (sic) registrador que le tocó calificar e inscribir el traspaso de fincas a nombre del Instituto de Tierras y Colonización, fincas las cuales incluida las (sic) permutadas por el estado (sic) y otras, no firma dicho traspaso por que se percata que los inmuebles partido de Puntarenas matrículas folios reales (sic) números 22034-000 y 22036, los cuales fueron inscritos por medio del decreto 5343-A del 31 de octubre de 1975, (decreto el cual reconocía los derechos de posesión de los campesinos) tenía un asiento más, el cual habido (sic) sido realizado posterior (sic) a que dichas fincas se reunieran con otras formando la 22048-000, con el único fin de desconocer los derechos que el decreto (sic) 5343-A del 31 de octubre de 1975 había señalado para todas aquellas personas que tuvieran un derecho posesorio por más de diez años, como es el caso de mi familia. / VIGÉSIMO PRIMERO: Es claro que el registrador se da cuenta de las irregularidades que se estaban dado (sic) alrededor de dichas fincas, al punto que indica el asiento donde se traspasan dichas fincas a nombre del Instituto de Tierras y Colonización como un No (sic) corre y consiguiente (sic) no firma dicho asiento. / Esto quiere decir tal y como podremos ver más adelante que el Estado por medio del Instituto de Tierras y Colonización hoy Instituto de Desarrollo Agrario carece de toda legitimación para realizar cualquier gestión que involucre a estas fincas, dado que las mismas no les (sic) pertenecen, o al menos las mismas cuentan con gran número de irregularidades, que reflejan una clara y manifiesta nulidad absoluta en el tracto sucesivo Registral (sic). / VIGÉSIMO SEGUNDO: Posteriormente a que se había generado la finca partido de Puntarenas número 22048-000, y que supuestamente se había inscrito a nombre del Instituto de Tierras y Colonización , (sic) digo supuestamente por el hecho de que la finca 22048-000 registralmente nunca se inscribió a nombre del Instituto de Tierras y Colonización por las razones supra citadas, el Estado, tal y como lo demuestro con la prueba documental que adjunto, realiza una reunión de fincas entre las cuales se encuentra la 22048-000, el resto de la 8947-000 inscrita al Tomo: 1484, Folio: 594 y la finca completa número 22046-000 inscrita al tomo: 2371 folio: 454, generándose el inmueble partido de Puntarenas número 39334-000, reunión que es nula por ser registralmente improcedente, esto dado que no se pueden hacer reuniones de fincas con disto (sic) dueño que es lo que sucedió en este caso. / VIGÉSIMO TERCERO: Nótese que a la hora de realizar la reunión de fincas que supuestamente conforman la finca 22048 (sic), entre las fincas que se reúne (sic) es el inmueble 8947 (sic), es decir, como si esta propiedad ya había sido utilizada a efectos de formar el inmueble 22048 (sic), es utilizada nuevamente para formar la finca 39334 (sic), lo cual evidencia la nulidad de todas las gestiones registrales realizadas por parte del Estado. / VIGÉSIMO CUARTO: A la hora de crearse la Reserva Forestal Golfo Dulce, estaba vigente la Ley Forestal número 4465, la cual señalaba en el artículo 37 del (sic) su reglamento los requisitos a efectos de poder constituir una Reserva Forestal. / VIGÉSIMO QUINTO: En noviembre de 1976, la Comunidad de Agujitas de Bahía Drake había gestionado formalmente ante la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad DINADECO, en la Oficina de Ciudad Cortes, la constitución y fundación de una asociación de desarrollo integral (sic) en la zona, y (sic) no es hasta la fecha del 15 de noviembre de ese año que se inician los tramites de convocatoria según lo estipulaba la Ley de la Dirección Nacional para el Desarrollo de las Comunidades DINADECO, No 3859 del 07 de abril de 1967 y su Reglamento. / VIGÉSIMO SEXTO: (...) La Comunidad (sic) de Bahía Drake para 1977 había alcanzado una ocupación permanente y estable de aproximadamente cuatrocientas familias. (...) Para el 24 de abril de 1977, esta Comunidad funda y establece la primera asociación de desarrollo integral denominada, Asociación de Desarrollo Integral de Drake de Osa ADEINDRA. en asamblea general con una participación de 127 vecinos de gran parte de la zona insertándose esta pequeña y organizada población rural campesina dentro de las comunidades que buscaban una oportunidad y un espacio por medio de esa organización como gobierno local, para hacer prosperar y desarrollar esa zona que permaneció abandonada por los gobiernos e instituciones de Estado por décadas. / (...) / VIGÉSIMO OCTAVO: Al momento de haberse fundado este gobierno local, y (sic) un año después para 1978, sin consultas ni notificaciones por parte de la Administración Forestal del Estado, el Poder Ejecutivo declara la Reserva Forestal de Golfo Dulce a espaldas de todas las comunidades y pobladores que se localizaban a lo largo de las tierras privadas de la Compañía y fuera de ella. / Tampeco (sic) a la Asociación de Desarrollo se le apercibió legalmente de la declaración como era legalmente necesario, para manifestar su aprobación o no sobre semejante acto del Ejecutivo. / No se realizó la consulta previa en el sentido de que si se aceptaba o no la afectación de las propiedades de los habitantes de Bahía Drake: y por ser la , (sic) Asociación de Desarrollo ADEINDRA la organización llamada a canalizar, defender los intereses y derechos de sus pobladores con esta declaratoria, la notificación de dicha afectación era requisito obligatorio, el cual el Estado sencillamente la (sic) ignoró, declarando y afectando los terrenos dentro de los límites administrativos de la Asociación, que se habían establecido legalmente dentro de su marco de acción. / VIGESIMO (sic) NOVENO: El 28 de abril de 1978, el Presidente Oduber, teniendo preparado este último recurso, le declaraba la creación (sic) de una Reserva Forestal por medio del Decreto Ejecutivo No 8494-A, irespetando (sic) la normativa legal y administrativa que se debía de cumplir a la hora de crear un área protegida. / La declaración de la Reserva se realizo a pocos días de dejar el cargo y a toda prisa, incumpliéndose de nuevo lo establecido por la Ley Forestal 4465. Especificamente (sic) lo que se normaba en el artículo 37 y siguientes del Reglamento, cumpliéndose únicamente con dos requisitos de los ocho que exigía la Ley Forestal, la delimitación cartográfica y la confección del Decreto respectivo. Urgía la declaratoria antes de entregar el poder a la oposición, el 08 de mayo de 1978. / TRIGÉSIMO: El artículo 37 del reglamento (sic) de la Ley Forestal 4465, vigente a la hora de la creación de la Reserva Golfo Dulce señalaba lo siguiente; (sic) / Artículo 37- Para la creación de una reserva forestal, parque nacional u otros deben tomarse en cuenta los siguientes aspectos; (sic) a)- Definición de Objetivos, b)- Ubicación de área, c)- Estudios de tenencia de la tierra, d)- Censo de pobidores (sic), e)- Evaluación de las tierras a comprar o expropiar, f)- Estudios de la forma de financiamiento, g)-Deslinde y medida del terreno, h)-Confección de planos, i)- Redacción del decreto y su aprobación. / TRIGÉSIMO PRIMERO: De estos requisitos legales, el Poder Ejecutivo no cumplió ni respeto prácticamente ninguno, siendo la excepción los incisos h) e i), o sea solo se ejecutó la confección de la demarcación cartográfica del área a establecer como reserva forestal y el decreto respectivo, omitiéndose los demás requisitos de ley. / TRIGÉSIMO SEGUNDO: En cuanto al deber de dar publicidad a la afectación de este tipo de área, la Administración Forestal del Estado, fue excluyente para las organizaciones sociales de la región. En Bahía Drake por ejemplo la Asociación de Desarrollo Integral de Drake -ADEINDRA-, fue tomada por sorpresa, nunca fue convocada a consulta la declaración del área para conocer la posición de sus pobladores con semejante declaratoria, sumergiendo a dicha población a una categoría inferior de ciudadano, los cuales no se les respetan ni reconocen sus derechos. / TRIGÉSIMO TERCERO. La Asociación como gobierno local, representante legal de casi todos sus asociados y comunidades de la región, se vieron afectados con la declaratoria, volcándose también el artículo 42 del Reglamento de la Ley Forestal No 4465, que establecía; (sic) / (Transcribe el artículo citado). / Esta disposición encomendada por la Dirección General Forestal, nunca fue ejecutada, siendo un eslabón más de la nulidad de la creación de la Reserva Golfo Dulce. / TRIGÉSIMO CUARTO Un ejemplo más de la falta de estudios a la hora de crear la Reserva Golfo Dulce, es el hecho de que esa enorme área surtió posteriormente a su declaración dos reducciones entre 1978 (Decreto Ejecutivo No 9388-A del 30 de noviembre 1978) y 1979_(Decreto Ejecutivo No 10142-A del 12 de junio de 1979), en su demarcación por medio de dos decretos ejecutivos, que según presuntos y posteriores estudios se determino que habían quedado algunas aéreas, incluidas algunas comunidades, que no debían, por su condición estar sometidos al régimen forestal. / TRIGÉSIMO QUINTO: del Estado era hacer creer que el área que cubría la Reserva no estaba ocupada, lo cual no es cierto ya que existían censos e informes por parte de ITCO, en donde señalaban lo contrario, todo lo cual se puede claramente apreciar con la prueba documental que consta en autos. / TRIGÉSIMO SEXTO: En el "comprimido" Considerando (sic) del Decreto Ejecutivo 8494-A, se estableció presuntamente y al amparo de los inexistentes estudios que debían incluir estudios de campo, financiamiento mínimo, criterios técnicos y censos de pobladores y su relación con la región, las condiciones edáficas y climatológicas, y sociales que justificaron su declaratoria, fueron resumidos (sic) estas condiciones en ese decreto en una forma escueta pero peligrosamente convincentes, o sea se dio la falsa impresión de que por su condiciones forestales no existían ocupaciones o núcleos de ocupación en semejante área. / Los puntos del Considerando 2, 3 y 4, definían lo siguiente; (sic) / "2- Que los cerros que existen alrededor del Golfo Dulce y en la Península de Osa, son en su mayoría de topografía quebrada, hasta fuertes pendientes, de suelos arcillosos, con poca fertilidad, y alta pluviosidad hasta seis metros de lluvia anual: (sic) y consecuentemente  estos terrenos no son aptos ni para agricultura ni para ganadería. El uso más adecuado para ellos seria la explotación racional de sus recursos forestales, protegiendo a la vez las cuencas hidrográficas que proveen el agua a las aéreas (sic) agrícolas. / 3-Que estas tierras en su mayoría se encuentran todavía con sus bosques intactos, los cuales contienen un gran número de árboles de alto valor comercial, y cuentan con capacidad para una regeneración rápida en las zonas manejadas para rendimiento continuo. 4- Que la explotación racional de estos bosques bajo un plan ordenado de rendimiento continuo regulado por la Dirección General Forestal, podría ser la base para un desarrollo industrial maderero, lo cual crearía, empleo y mejoraría las condiciones de vida para la gente de la zona.“ / TRIGÉSIMO SÉTIMO: La acción del Ejecutivo a la hora de declarar la reserva a ciegas, obligo (sic) a que se modificaran los limites en dos ocasiones, como anteriormente se indicó, en donde por “error” se incluyeron aéreas (sic) no aptas y de vocación agropecuaria (Decreto Ejecutivos No 9388-A y 10142-A), así como comunidades asentadas. Esta es la prueba más clara y contundentes de improvisación y la ausencia de criterios técnicos y estudios que nunca se realizaron, para un área de esas proporciones y características. / TRIGÉSIMO OCTAVO: Una prueba más de que los terrenos conforma (sic) la Reserva Golfo Dulce, estaban ocupados por poseedores originarios, es el hecho que el (sic) para el 08 de junio de 1978 la Municipalidad de Corredores se unió con las municipalidades de Golfito y Osa, para presionar a la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, para buscar el resello del Veto 5852, en el siguiente acuerdo; (sic) / “El Concejo Municipal de Corredores en su Sesión Ordinaria No 8 del 06 de junio de 1978, acordó aprobar por unanimidad la siguiente moción y dice así; (sic) / Considerando; (sic) / 1)-Que en la Península de Osa (Cantones de Golfito y Osa), trabajan miles de costarricenses en tierras que reclama como suyas la Compañía (sic) norteamericana Osa Productos Forestales: (sic) / 2)-Que tal situación de injusticia se ha prolongado durante muchos años causando constantes choques inclusive armados y dándose continuos atropellos a los campesinos costarricenses que viven y trabajan ahí: (sic) / 3)-Que el Congreso anterior dicto (sic) una Ley por medio de la cual se expropiaba a la citada Compañía y se hacía justicia a los costarricenses: (sic) / 4)-Que el presidente de ese entonces, Licenciado (sic) Daniel Oduber, veto (sic) la mencionada ley defraudando las aspiraciones de los campesinos: (sic) / 5)-Que la actual Asamblea Legislativa conoce nuevamente del asunto: (sic) / MOCIONAMOS; (sic) / Para que la Municipalidad de Corredores se dirija al Plenario de la Asamblea Legislativa, con copia a la Comisión de Asuntos Jurídicos, pidiéndole hacer justicia a los campesinos de la Zona de Osa resellando el Veto impuesto por Daniel Oduber. / TRIGESIMO (sic) NOVENO: El sometimiento al régimen forestal, según se estableció en el artículo octavo -no como Patrimonio Forestal, hoy natural, como propiedad del Estado-, en fincas privadas, inscritas o en posesión decenal, se direccionaban específicamente en la fiscalización, estudios y permisos de operación técnica para la explotación y aprovechamiento del recurso forestal, según lo establecía la Ley Forestal No 4465, en los artículos 63 y concordantes dentro del Capítulo V de los Aprovechamientos Forestales de Propiedad Privada, y en los artículos de su reglamento 85 y concordantes del Capitulo V, sobre la aplicación del régimen forestal en propiedades privadas, dentro y fuera de una reserva forestal, que no incluía terrenos del Estado. (...)". Posteriormente, la parte actora adicionó un hecho más, identificado como "SEXTO BIS", en el cual señaló: “SEXTO BIS.-: Que en el momento en que se el (sic) decreto 5343-A del 31 de octubre de 1975, el cual reconoce los derechos de los poseedores como es el caso de mi representada, desplegó (sic) sus efectos con la inscripción de los inmuebles partidos (sic) de Puntarenas matrículas folios reales (sic) números 22036-000, y (sic) 22034-000, se encontraba vigente la (sic) artículo 4 del dicho decreto, y (sic) el mismo no había sido variado.” (Ver imágenes 1613 a 1616 del expediente principal).

 

Argumentaciones del INDER: La entidad demandada adujo, en defensa de sus intereses y en lo que resulta de interés:

 

"(...) Según plano, en cuanto a la señora Pamela Loise Nave Stowers, se alude a la parcela 14 del Asentamiento Los Planes de Drake, sin embargo, se rechaza en todos sus extremos "la posesión" que pretende, porque se encuentra dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce y por ende se encuentra incorporado automáticamente al Patrimonio Natural del Estado. Por disposición de los  artículos 14 y 58 inciso a) de la Ley Forestal y el artículo 8 de la Ley de Tierras y Colonización, cualquier tipo de posesión sobre estos bienes no causa ningún derecho. La misma legislación sanciona cualquier ocupación en los bienes de dominio público en el entendido que dichas áreas poseen todas las características de bienes demaniales y por ello son inalienables, imprescriptibles, sin que cualquier reclamo por particulares cause derecho alguno a su favor, por el carácter demaniai (sic) que se le reconoce a estos bienes y cualquier tipo de ocupación por los particulares no es útil y no otorga derecho alguno. Los artículos 14 y 58 inciso a) de la Ley Forestal y el artículo 8 de la Ley de Tierras y Colonización, expresamente sanciona cualquier tipo de ocupación sobre bienes del Patrimonio Natural del Estado con la finalidad de proteger el recurso natural, situación que conllevaría a la no indemnización ni a los reclamos que pretende. Asimismo se rechaza en todos sus extremos que el inmueble esté sin inscribir, porque la finca forma parte del Partido de Puntarenas número de folio real 39334-000, propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario actualmente Instituto de Desarrollo Rural de conformidad con la Ley 9036 del 29 de mayo del 2012. / SEGUNDO: No es cierto. Lo rechazo por inexacto. El Presidente de la República y el Ministro de Agricultura y Ganadería a través del Decreto 5357 publicado en La Gaceta número 207 del 31 de octubre de 1975 crea al Parque Nacional de Corcovado. En su artículo cinco, disponía que la Procuraduría General de la República, levantará actas notariales de los propietarios, ocupantes y precaristas de la zona. Asimismo el artículo tres disponía que los particulares no podrán tramitar en los terrenos afectados, ninguna información posesoria, ni ejercer ningún acto de posesión dentro del Parque. Posteriormente se amplía el área el referido Parque Nacional con los decretos 6385 del 30 de setiembre de 1976 y 11148 del 05 de febrero de 1980 y a través de la Ley 6794 del 25 de agosto de 1982 se ratifica como Ley de la República la creación del Parque Nacional Corcovado. En otro orden de ideas y para el hecho en concreto, la Junta Directiva del Instituto de Tierras y Colonización en el acuerdo número 11 de la sesión 400 del 08 de junio de 1965, alude a una potencial propuesta de arreglo con Arawak Trust Company que seguidamente en el artículo II de la sesión 628 del 04 de noviembre de 1966, la Junta Directiva procede a revocarlo. En el acuerdo VI de la sesión 1196 del 16 de junio de 1970 del ITCO, se ordena realizar un estudio de Ia propuesta de la compañía Osa Productos Forestales S.A. Así las cosas, en dichos acuerdos se alude a censo alguno que demuestre que los actores sean los legítimos poseedores en forma originaria o derivada de los inmuebles con (i) al menos diez años antes de la Reserva Forestal Golfo Dulce creada a través del Decreto 8494 publicada en La Gaceta número 104 del 1* de junio de 1978 y/o (ii) diez años antes de ser terrenos propiedad del Estado o del ITCO, porque la Ley Forestal número 4465, del 25 de noviembre de 1969 ya regulaba el concepto del Patrimonio Forestal del Estado. No se ha realizado censo alguno de data anterior en los terrenos de la OSA que demuestren ocupaciones superiores a los 10 años anteriores de crearse la Reserva Forestal Golfo Dulce. / TERCERO: No es cierto. Ni el Convenio Preliminar de Arreglo plasmado en la escritura pública número cincuenta y uno del folio noventa y seis del tomo décimo cuarto del Notario Rolando Saez Ulloa del 20 de noviembre de 1974 ni el Decreto número 10088-G-H del 02 de mayo de 1979 reformado por el Decreto 10244-G del 05 de julio de 1979 que regula la expropiación de los inmuebles de la "Compañía Osa Productos Forestales S.A", es plena prueba para que los actores demuestren ser los legítimos poseedores en forma originaria o derivada de Ios inmueb!es con (i) al menos diez años antes de la Reserva Forestal Golfo Dulce creada a través del Decreto 8494 publicada en La Gaceta número 104 del 1* de junio de 1978 y/o (ii) diez años antes de ser terrenos propiedad del Estado o del ITCO, porque la Ley Forestal número 4465, del 25 de noviembre de 1969 ya regulaba el concepto del Patrimonio Forestal del Estado. No se ha realizado censo alguno de data anterior en los terrenos de la OSA (sic) que demuestren ocupaciones superiores a los 10 años anteriores de crearse la Reserva Forestal Golfo Dulce. / CUARTO: No es cierto. El proyecto de Ley tramitado bajo el expediente legislativo número 5852 de 1973 no constituye plena prueba para que los actores demuestren ser los legítimos poseedores en forma originaria o derivada de los inmuebles con (i) al menos diez años antes de la Reserva Forestal Golfo Dulce creada a través del Decreto 8494 publicada en La Gaceta número 104 del 1° de junio de 1978 y/o (ii) diez años antes de ser terrenos propiedad del Estado o del ITCO, porque la Ley Forestal número 4465, del 25 de noviembre de 1969 ya regulaba el concepto del Patrimonio Forestal del Estado. No se ha realizado censo alguno de data anterior en los terrenos de la OSA que demuestren ocupaciones superiores a los 10 años anteriores de crearse la Reserva Forestal Golfo Dulce. / QUINTO: No es cierto. Lo rechazo por inexacto. No se hace alusión a ningún plano en el Convenio Preliminar de Arreglo plasmado en la escritura pública número cincuenta y uno del folio noventa y seis del tomo décimo cuarto del Notario Rolando Saez Ulloa del 20 de noviembre de 1974. Asimismo dicho convenio preliminar no constituye prueba para que los actores demuestren ser los legítimos poseedores en forma originaria o derivada de los inmuebles can (i) al menos diez años antes de la Reserva Forestal Golfo Dulce creada a través del Decreto 8494 publicada en La Gaceta número 104 del 1° de junio de 1978 y/o (ii) diez años antes de ser terrenos propiedad del Estado o del ITCO, porque la Ley Forestal número 4465, del 25 de noviembre de 1969 ya regulaba el concepto del Patrimonio Forestal del Estado. No se ha realizado censo alguno de data anterior en los terrenos de la OSA (sic) que demuestren ocupaciones superiores a los 10 años anteriores de crearse la Reserva Forestal Golfo Dulce. / SEXTO: No es cierto. Lo rechazo por inexacto. El Presidente de la República y el Ministro de Agricultura y Ganadería, a través del Decreto 5343 publicado en La Gaceta número 207 del 31 de octubre de 1975 inscribe a nombre del Estado áreas de terreno de la Reserva Nacional en Sierpe, autorizando al Instituto de Tierras y Colonización en realizar la permuta, libre de todo gravamen, con la Compañía “Osa Productos Forestales S.A" por el área perteneciente a dicha sociedad afectada por el Parque Nacional de Corcovado. De tal suerte que ni el Proyecto de Ley tramitado bajo el expediente legislativo número 5852 de 1973, ni el Convenio Preliminar de Arreglo plasmado en la escritura pública número cincuenta y uno del folio noventa y seis del tomo décimo cuarto del Notario Rolando Saez Ulloa del 20 de noviembre de 1974, ni el Decreto 5357 publicado en La Gaceta número 207 del 31 de octubre de 1975 que crea al Parque Nacional de Corcovado, ni el Decreto 5343 publicado en La Gaceta número 207 del 31 de octubre de 1975, constituyen plena prueba para que los actores demuestren ser los legítimos poseedores en forma originaria o derivada de los inmuebles con (i) al menos diez años antes de la Reserva Forestal Golfo Dulce creada a través del Decreto 8494 publicada en La-Gaceta número 104 del 1° de junio de 1978 y/o (ii) diez años antes de ser terrenos propiedad del Estado o del ITCO, porque la Ley Forestal número 4465, del 25 de noviembre de 1969 ya regulaba el concepto del Patrimonio Forestal del Estado. No se ha realizado censo alguno de data anterior en los terrenos de la OSA (sic) que demuestren ocupaciones superiores a los 10 años anteriores de crearse la Reserva Forestal Golfo Dulce. / SÉTIMO: No es cierto como está expuesto. Lo admito así: El Presidente de la República y el Ministro de Agricultura y Ganadería, a través del Decreto 5343 publicado en La Gaceta número 207 del 31 de octubre de 1975 autoriza a inscribir a nombre del Estado áreas de terreno de la Reserva Nacional en Sierpe. Una finca con una área de 9.396 hectáreas, 5.312,50 metros cuadrados y la segunda finca con una área de 4.886 hectáreas, 7.187,50 metros cuadrados. La inscripción de las Fincas del Partido de Puntarenas número 22034 y 22036 se encuentran contempladas bajo el Sistema de Tomos que custodia el Registro Nacional. El asiento registral presenta fundamento normativo a través de decretos previamente publicados y plasmados a través de escrituras públicas notariales completamente válidas y eficaces. Los asientos registrales simplemente es (sic) la consecuencia directa en (sic) materializar las disposiciones del Poder Ejecutivo. Además, se rechaza en todos sus extremos cualquier terreno que le pertenece a la familia Villalobos. / OCTAVO: No es cierto. Se rechaza por inexacto. La inscripción de la Finca del Partido de Puntarenas 22036 (sic) se encuentra contemplada bajo el Sistema de Tomos que custodia el Registro Nacional. El asiento registral presenta fundamento normativo a través de decretos previaménte (sic) publicados y plasmados a través de escrituras públicas notariales completamente válidas y eficaces. Los asientos registrales simplemente es la consecuencia directa en materializar las disposiciones del Poder Ejecutivo. / NOVENO: No es cierto. Se rechaza por inexacto. La inscripción de la Finca del Partido de Puntarenas 22034 (sic) se encuentra contemplada bajo el Sistema de Tomos que custodia el Registro Nacional. El asiento registral presenta fundamento normativo a través de decretos previamente publicados y plasmados a través de escrituras públicas notariales completamente válidas y eficaces. Los asientos registrales simplemente es (sic) la consecuencia directa en (sic) materializar las disposiciones del Poder Ejecutivo. / DECIMO (sic): No es cierto. Se rechaza por inexacto. El Presidente de la República y el Ministro de Agricultura y Ganadería, a través del Decreto 5343 publicado en La Gaceta número 207 del 31 de octubre de 1975 y el Decreto número 6953 publicado en La Gaceta número 87 del 07 de mayo de 1977, reguló la inscripción a nombre del Estado de áreas de terreno de la Reserva Nacional en Sierpe, autorizando al Instituto de Tierras y Colonización en realizar la permuta, libre de todo gravamen, con la Compañía "0sa Productos Forestales S.A” por el área perteneciente a dicha sociedad afectada por el Parque Nacional de Corcovado. La inscripción de la Finca del Partido de Puntarenas 22048 (sic) se encuentra  contemplada bajo el Sistema de Tomos que custodia el Registro Nacional. El asiento registral presenta fundamento normativo a través de decretos previamente publicados y plasmados a través de escrituras públicas notariales completamente válidas y eficaces. Los asientos registrales simplemente es (sic) la consecuencia directa en (sic) materializar las disposiciones del Poder Ejecutivo. En otro orden de ideas, se rechaza en todos sus extremos cualquier tipo de posesión que pretenden los actores por carecer de prueba idónea que lo demuestre. / UNDECIMO (sic) (sic): No es cierto. Lo rechazo por inexacto. La inscripción de la Finca del Partido de Puntarenas 22048 (sic) se encuentra contemplada bajo el Sistema de Tomos que custodia el Registro Nacional. El asiento registral presenta fundamento normativo a través de decretos previamente publicados y plasmados a través de escrituras públicas notariales completamente válidas y eficaces. Los asientos registrales simplemente es (sic) la consecuencia directa en (sic) materializar las disposiciones del Poder Ejecutivo. En otro orden de ideas, se rechaza en todos sus extremos cualquier tipo de posesión que pretenden los actores por carecer de prueba idónea que lo demuestre. / DEUDÉCIMO: No es cierto. Lo rechazo por inexacto. La inscripción de la Finca del Partido de Puntarenas 22048 (sic) se encuentra contemplada bajo el Sistema de Tomos que custodia el Registro Nacional. El asiento registral presenta fundamento normativo a través de decretos previamente publicados y plasmados a través de escrituras públicas notariales completamente válidas y eficaces. Los asientos registrales simplemente es (sic) la consecuencia directa en (sic) materializar las disposiciones del Poder Ejecutivo. Es de indicar que el Presidente de la República y el Ministro de Agricultura y Ganadería, a través del Decreto 5343 publicado en La Gaceta número 207 del 31 de octubre de 1975 y el Decreto número 6953 publicado en La Gaceta número 87 del 07 de mayo de 1977, se inscribe a nombre del Estado áreas de terreno de la Reserva Nacional en Sierpe, autorizando al Instituto de Tierras y Colonización en realizar la permuta, libre de todo gravamen, con la Compañía "Osa Productos Forestales S.A" por el área perteneciente a dicha sociedad afectada por el Parque Nacional de Corcovado. Asimismo a través del Decreto número 10088-G-H del 02 de mayo de 1979 reformada por el Decreto 10244-G del 05 de julio de 1979 se autoriza la expropiación de los inmuebles de la Compañía Osa Productos Forestales S.A. En otro orden de ideas, se rechaza en todos sus extremos cualquier tipo de posesión que pretenden los actores por carecer de prueba idónea que lo demuestre. / DECIMO (sic)  TERCERO: No es cierto como está expuesto. Lo admito así: El Decreto 5343 (sic) publicado en La Gaceta número 207 del 31 de octubre de 1975 fue reformado por el Decreto número 6953 (sic) publicado en La Gaceta número 87 del 07 de mayo de 1977. / DECIMO (sic) CUARTO: Los actores omitieron este hecho. / DECIMO QUINTO: No es cierto. Se rechaza por inexacto. Los efectos del Decreto número 6953 (sic) publicado en La Gaceta número 87 del 07 de -mayo de 1977 se encuentran jurídicamente consolidados. El plazo de caducidad se ha computado, en aplicación del Transitorio III del Código Procesal Contencioso Administrativo y del texto anterior del artículo 175 de la Ley General de la Administración Pública, en el sentido que indicaba que "Caducará en cuatro años la potestad del administrado para impugnar el acto ...” / Además, ni el Proyecto de Ley tramitado bajo el expediente legislativo número 5852 de 1973, ni el Convenio Preliminar de Arreglo plasmado en la escritura pública número cincuenta y uno del folio noventa y seis del tomo décimo cuarto del Notario Rolando Saez Ulloa del 20 de noviembre de 1974, ni el Decreto 5343 (sic) publicado en La Gaceta número 207 del 31 de octubre de 1975, constituyen plena prueba para que los actores demuestren ser los legítimos poseedores en forma originaria o derivada de los inmuebles con (i) al menos diez años antes de la Reserva Forestal Golfo Dulce creada a través del Decreto 8494 publicada en La Gaceta número 104 del 1° de junio de 1978 y/o (ii) diez años antes de ser terrenos propiedad del Estado o del ITCO, porque la Ley Forestal número 4465, del 25 de noviembre de 1969 ya regulaba el concepto del Patrimonio Forestal del Estado. No se ha realizado censo alguno de data anterior en los terrenos de la OSA (sic) que demuestren ocupaciones superiores a los 10 años anteriores de crearse la Reserva Forestal Golfo Dulce. / DECIMO (sic) SEXTO: No es cierto. Se rechaza por inexacto. El Presidente de la República y el Ministro de Agricultura y Ganadería a través del Decreto número 8494 publicado en La Gaceta número 104 del 1° de junio de 1978, se crea la Reserva Forestal Golfo Dulce que se encuentra jurídicamente consolidada. El plazo de caducidad se ha computado en aplicación del Transitorio III del Código Procesal Contencioso Administrativo y del texto anterior del artículo 175 de la Ley General de la Administración Pública, en el sentido que indicaba que “Caducará en cuatro años la potestad del administrado para impugnar el acto ...” La afectación como Patrimonio Natural del Estado se debe a un interés público, el cual, prevalece ante el interés particular que es la protección del ambiente, reconocido en el precepto 50 constitucional y antes a ella por la misma Sala Constitucional mediante el Voto N* 3905-1993 de las 15:00 hrs del 30 de julio de 1993. Por ende, el Estado por razones de interés público tiene la potestad de limitar la propiedad privada y con mucho más razón, terrenos propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario actualmente Instituto de Desarrollo Rural. / DECIMO (sic) SETIMO (sic): No es cierto. Se rechaza por inexacto. La inscripción de las Fincas (sic) del Partido de Puntarenas número 22034, 22036 y 22048 (sic) se encuentran contemplados bajo el Sistema de Tomos que custodia el Registro Nacional. El asiento registral presenta fundamento normativo a través de decretos previamente publicados y plasmados a través de escrituras públicas notariales completamente válidas y eficaces. Los asientos registrales simplemente es (sic) la consecuencia directa en (sic) materializar las disposiciones del Poder Ejecutivo. / DECIMO (sic) OCTAVO: No es cierto. Se rechaza por inexacto. La inscripción de las Fincas del Partido de Puntarenas número 22034 (sic) y 22036 (sic) se encuentran contemplados bajo el Sistema de Tomos que custodia el Registro Nacional. El asiento registral presenta fundamento normativo a través de decretos previamente publicados y plasmados a través de escrituras públicas notariales completamente válidas y eficaces. Los asientos registrales simplemente es (sic) la consecuencia directa en (sic) materializar las disposiciones del Poder Ejecutivo. / Además, es de indicar que los efectos del Decreto número 6953 (sic) publicado en La Gaceta número 87 del 07 de mayo de 1977 se encuentran jurídicamente consolidados. El plazo de caducidad se ha computado, en aplicación del Transitorio IIl del Código Procesal Contencioso Administrativo y del texto anterior del artículo 175 de la Ley General de la Administración Pública, en el sentido que indicaba que “Caducará en cuatro años la potestad del administrado para impugnar el acto ...” Además cualquier tipo de indemnización se encuentra prescrita, de conformidad con el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública, al disponer un plazo de prescripción de cuatro años. / En otro orden de ideas, se rechaza en todos sus extremos cualquier tipo de posesión que pretenden los actores por carecer de prueba idónea que lo demuestre. / DECIMO (sic) NOVENO: No es cierto. Se rechaza por inexacto. La inscripción de la Finca del Partido de Puntarenas número 22048 (sic) se encuentra bajo el Sistema de Tomos que custodia el Registro Nacional. El asiento registral presenta fundamento normativo a través de decretos previamente publicados y plasmados a través de escrituras públicas notariales completamente válidas y eficaces. Los asientos registrales simplemente es (sic) la consecuencia directa en (sic)  materializar las disposiciones del Poder Ejecutivo. Asimismo, el asiento registral presenta otro sello de fecha posterior -03 de marzo del 2009- indicando que la finca está en proceso de folio real. / VIGÉSIMO: No es cierto. Se rechaza por inexacto. La inscripción de las Fincas del Partido de Puntarenas número 22034, (sic)  22036 y 22048 se encuentra bajo el Sistema de Tomos que custodia el Registro Nacional. El asiento registral presenta fundamento normativo a través de decretos previamente publicados y plasmados a través de escrituras públicas notariales completamente válidas y eficaces. Los asientos registrales simplemente es (sic) la consecuencia directa en (sic) materializar las disposiciones del Poder Ejecutivo. Nótese que la finca 22048 (sic) presenta un sello de fecha posterior -03 de marzo del 2009- indicando que la finca está en proceso de folio real. / Además, los efectos del Decreto número 6953 publicado en La Gaceta número 87 del 07 de mayo de 1977 se encuentran jurídicamente consolidados. El plazo de caducidad se ha computado, en aplicación del Transitorio III del Código Procesal Contencioso Administrativo y del texto anterior del artículo 175 de la Ley General de la Administración Pública, en el sentido que indicaba que "Caducará en cuatro años la potestad del administrado para impugnar el acto ...” Además cualquier tipo de indemnización se encuentra prescrita, de conformidad con el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública, al disponer un plazo de prescripción de cuatro años. / En otro orden de ideas, se rechaza en todos sus extremos cualquier tipo de posesión que pretenden los actores por carecer de prueba idónea que lo demuestre. /  VIGÉSIMO PRIMERO: No es cierto. Se rechaza por inexacto. La inscripción de las Fincas del Partido de Puntarenas número 22034, 22036, 22048 y 39334 se encuentran bajo el Sistema de Tomos que custodia el Registro Nacional. El asiento registral presenta fundamento normativo a través de decretos previamente publicados y plasmados a través de escrituras públicas notariales completamente válidas y eficaces. Los asientos registrales simplemente es (sic) la consecuencia directa en (sic) materializar las disposiciones del Poder Ejecutivo. en materializar las disposiciones del Poder Ejecutivo. / De tal suerte que el Instituto de Desarrollo Rural es el propietario registral de la finca del Partido de Puntarenas número 39334 (sic) actualmente trasladada al sistema mecanizado de folio real. / VIGÉSIMO SEGUNDO: No es cierto. Se rechaza por inexacto. La inscripción de las Fincas del Partido de Puntarenas número 22034, 22036, 22048 y 39334 se encuentran bajo el Sistema de Tomos que custodia el Registro Nacional. El asiento registral presenta fundamento normativo a través de decretos previamente publicados y plasmados a través de escrituras públicas notariales completamente válidas y eficaces. Los asientos registrales simplemente es (sic) la consecuencia directa en (sic) materializar las disposiciones del Poder Ejecutivo. Así pues, el Instituto de Desarrollo Rural es el propietario registral de la finca del Partido de Puntarenas número 39334 (sic) actualmente trasladada al sistema mecanizado de folio real. / VIGÉSIMO TERCERO: No es cierto. Se rechaza por inexacto. La inscripción de las Fincas del Partido de Puntarenas número 22034, 22036, 22048 y 39334 se encuentran bajo el Sistema de Tomos que custodia el Registro Nacional. El asiento registral presenta fundamento normativo a través de decretos previamente publicados y plasmados a través de escrituras públicas notariales completamente válidas y eficaces. Los asientos registrales simplemente es (sic) la consecuencia directa en (sic) materializar las disposiciones del Poder Ejecutivo. Así pues, el Instituto de Desarrollo Rural es el propietario registral de la finca del Partido de Puntarenas número 39334 (sic) actualmente trasladada al sistema mecanizado de folio real. / VIGÉSIMO CUARTO: No es cierto. Este hecho no constituye un hecho técnico-jurídico, sino que es un Fundamento de Derecho. / VIGÉSIMO QUINTO: No es cierto. Lo rechazo por no ser un hecho referente a mi representado. / VIGÉSIMO SEXTO: No es cierto. Lo rechazo por no ser un hecho ateniente (sic) a mi representado. / VIGÉSIMO SETIMO (sic): No es cierto. Lo rechazo por no ser un hecho ateniente (sic) a mi representado. / VIGÉSIMO OCTAVO: No es cierto. Lo rechazo por no ser un hecho ateniente (sic) a mi representado. / VIGÉSIMO NOVENO: No es cierto. Lo rechazo por no ser un hecho ateniente (sic) a mi representado. / TRIGÉSIMO: No es cierto. Este hecho no constituye un hecho técnico-jurídico, sino que es un Fundamento de Derecho. / TRIGÉSIMO PRIMERO: No es cierto. Lo rechazo por no ser un hecho ateniente (sic) a mi representado. / TRIGÉSIMO SEGUNDO: No es cierto. Lo rechazo por no ser un hecho ateniente (sic) a mi representado. / TRIGÉSIMO TERCERO: No es cierto. Lo rechazo por no ser un hecho ateniente (sic) a mi representado. / TRIGÉSIMO CUARTO: No es cierto. Lo rechazo por no ser un hecho ateniente (sic) a mi representado. TRIGÉSIMO QUINTO: No es cierto. Lo rechazo por inexacto. No hay censo alguno que demuestre que los actores sean los legítimos poseedores en forma originaria o derivada de los inmuebles con al menos diez años antes de la Reserva Forestal Golfo Dulce creada a través del Decreto 8494 (sic) y publicado en La Gaceta número 104 del 1° de junio de 1978. No se ha realizado censo alguno de data anterior en los terrenos de la OSA (sic) que demuestren ocupaciones superiores a los 10 años anteriores de crearse la Reserva Forestal Golfo Dulce. / TRIGÉSIMO SEXTO: No es cierto. Lo rechazo por no ser un hecho ateniente (sic) a mi representado. / TRIGÉSIMO SÉTIMO: No es cierto. Lo rechazo por no ser un hecho ateniente (sic) a mi representado. / TRIGÉSIMO OCTAVO: No es cierto. Lo rechazo por no ser un hecho ateniente (sic) a mi representado. / TRIGÉSIMO NOVENO: No es cierto. Este hecho no constituye un hecho técnico-jurídico, sino que es un Fundamento de Derecho. Sin embargo en la Ley Forestal número 4465, del 25 de noviembre de 1969, ya existía lo que se denominaba el Patrimonio Forestal del Estado, definido en el artículo 18 como el que “está constituido por las Reservas Nacionales, las Reservas Forestales, Parques Nacionales, Viveros Forestales del Estado, las Zonas Protectoras y las Reservas Biológicas"; asimismo, en su artículo 19 se dispuso que "quedan afectados a los fines de la presente ley todos los bosques y terrenos forestales situados en: a) Las tierras consideradas como reservas nacionales; b) las fincas rurales del dominio privado del Estado, las pertenecientes a municipalidades, Instituciones Autónomas y Semiautónomas (...)”. Concepto este de "Patrimonio Forestal del Estado" que en la actualidad se mantiene su (sic) esencia, aún cuando la Ley Forestal de cita fue derogada por la actual Ley No. 7575 del 5 de febrero de 1996; lo que si cambia es su denominación al de “Patrimonio Natural del Estado”. A su vez, procede mencionar que el citado Patrimonio, según lo establece el artículo 14 de la Ley Forestal vigente, está afecto al régimen de dominio público, al señalar dicha norma que "los terrenos forestales y bosques que constituyen el Patrimonio Natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables, su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado sobre estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público, mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley." Adicional (sic) a lo antes expuesto, y (sic) como una garantía para la protección del referido Patrimonio, el artículo 15 de la citada Ley No. 7575, estableció que los organismos de la administración pública (sic) no podrán enajenar terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, en el entendido de que si estuviesen cubiertos de bosque, quedarían automáticamente incorporados al Patrimonio Natural del Estado, sin que sea preciso contar con la clasificación previa del MINAET (...)".

 

V. Sobre la prescripción. Señala la representación del INDER, que la parte actora pretende se le reconozca derechos a partir de la emisión del Decreto Ejecutivo No. 5343 publicado en La Gaceta número 207 del 31 de octubre de 1975, y en los Decretos posteriores emitidos en relación con la Reserva Golfo Dulce. Aduce que todo derecho y su correspondiente acción prescribe en un plazo de 10 años de conformidad con el numeral 868 del Código Civil y que además, de conformidad con lo indicado por el artículo 198 de la ley No. 6227 Ley General de la Administración Pública, prescribe en 4 años el derecho para reclamar cualquiera tipo de indemnización a la Administración Pública, por lo que las posibilidades de reclamar la actora dentro de esta litis, se encuentra prescrita. Al respecto, debe indicarse que no lleva razón en sus apreciaciones la entidad demandada. En el caso que nos ocupa, la situación jurídica del inmueble de marras, correspondiente a la parcela No. 14 del Asentamiento Los Planes de Drake de la Península de Osa, se ha mantenido invariable y constante desde el año 1978, cuando dicho terreno se incluyó como parte del Patrimonio Natural del Estado, situación jurídica la cual genera el reclamo ahora esgrimido por la parte actora dentro de esta litis, afectación que no se ha visto interrumpida y no ha concluido aún. Por ende, siendo la señora Nave Stowers la poseedora de dicho inmueble desde el año 1989 (pero estando siempre el inmueble bajo el régimen de afectación indicado), claramente en la especie no ha transcurrido el término prescriptivo ordinario decenal de la legislación civil ni tampoco el cuatrienal previsto por el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública, encontrándose aún en tiempo  para formular sus pretensiones indemnizatorias dentro de esta litis. Dichos plazos extintivos empezarían a correr a partir de que cesa la afectación indicada sobre el bien, lo que a la fecha no ha ocurrido. Se rechaza por ello, la excepción de prescripción invocada.

 

VI. Sobre el fondo del asunto. Señala la parte actora, en sustento de esta acción y a manera de apretada síntesis, que la propiedad que venía ocupando, correspondiente a la parcela No. 14 con un área de 80 hectáreas 4181 metros con 64 decímetros cuadrados, plano catastrado No. P-489778-1998, perteneciente al Asentamiento Campesino Osa, situada en el Sector Los Planes de Drake actualmente inscrita en el Partido de Puntarenas bajo matrícula de folio real No. 039334-000 a nombre del INDER, no debió someterse al régimen de Patrimonio Forestal del Estado, por tratarse de una propiedad privada y que no necesariamente debió traspasarse dicho bien a nombre de una institución pública. Por ello sostiene, que con la emisión de la Ley Forestal actualmente vigente, no puede considerarse esos terrenos como parte del Patrimonio Forestal del Estado, pues ello implicaría darle efecto retroactivo a la ley indicada, vulnerándose con ello el artículo 34 constitucional. Además, señala que las propiedades de la compañía Productos Osa Forestal S.A., durante el transcurso de los años 1978 a 1979, nunca fueron afectadas directamente como Patrimonio Forestal del Estado. Al respecto debe indicarse que no lleva razón en sus consideraciones la representación de la parte actora. Tal y como puede comprobarse en autos, consta dentro del presente expediente abundante documentación que acredita que la parcela No. 14 antes indicada, desde el año 1978 se encuentra afecta a una condición de demanialidad, es decir, que dicho inmueble se constituyó como un bien demanial con mucha anterioridad a la entrada en vigencia de la ley No. 7575 Ley Forestal actualmente vigente, pues dicha legislación entró a regir hasta el mes de abril del año 1996. Así se ha indicado, por ejemplo y entre otros, en el oficio No. OJ-129-2002 del 12 de setiembre del 2002 emitido por la Procuraduría General de la República, en el cual se informó a la Junta Directiva del lNDER que en relación con el Acuerdo tomado por la Junta Directiva del anterior IDA, correspondiente al Artículo VI de la sesión No. 002-99 celebrada el 06 de enero de 1999, los inmuebles enlistados en dicho acuerdo (dentro del cual se incluye la parcela No. 14 que ahora nos ocupa) ya formaban parte del Patrimonio Natural del Estado (PNE) desde el año 1978, habiéndose afectado bajo tal condición por pertenecer a una institución autónoma y estar comprendidos dentro de los límites de la Reserva Forestal Golfo Dulce, sin dejar de lado que tales inmuebles contaban con cobertura boscosa; además, se indicó que desde su incorporación al PNE, se convirtieron en un bien de dominio público y en ese tanto devenían en inalienables e imprescriptibles, por lo que el Instituto de Desarrollo Agrario se encontraba impedido legalmente para enajenarlo de conformidad con el artículo 14 de la Ley Forestal y en esa medida, era lo procedente gestionar la anulación del citado acuerdo. (Consulta de oficio realizada por el Tribunal en el sitio web del Sistema Costarricense de Información Jurídica, al día del dictado de la presente resolución). Así mismo, también se indicó tal situación en el acuerdo correspondiente al artículo 35 adoptado por la Junta Directiva del IDA en la sesión No. 040-2007 celebrada el 19 de noviembre del 2007, en lo que interesa: "ARTÍCULO 35. / ACUERDO No. 35 / Con fundamento en lo expuesto en el oficio DAJ-1013-07, suscrito por la Dirección de Asuntos Jurídicos, en el cual indica que la afectación a Reserva Forestal de los terrenos que se encuentran inscrita a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, hace que su afectación al Patrimonio Natural sea automático, estándole vedado otorgar títulos de propiedad a particulares, se acuerda: / Revocar el acuerdo 39 de la sesión 44-05 del 14 de noviembre del 2005, referente a la titulación en la Reserva Forestal Golfo Dulce. / ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD (...)" (ver imagen 1866 del expediente principal). Resulta necesario destacar a que en virtud de la entrada en vigencia de la Ley Forestal No. 4465 del 25 de noviembre de 1969 y de la ley No. 7575 Ley Forestal el 16 de abril de 1996, claramente los terrenos que formen parte del Patrimonio Natural del Estado, se encuentran sujetos al régimen especial del demanio público, encontrándose por ello dotados de sus características innatas, tales como la inalienabilidad e intransferibilidad, aunado a que en relación con ellos no opera la prescripción y que las acciones ejercidas por el Estado (en su acepción más amplia) para su recuperación no se encuentran sujetas a término. Resulta por ello trascendente citar el artículo 13 de la Ley Forestal vigente, el cual define que el Patrimonio Natural del Estado está constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, las áreas declaradas inalienables, las fincas inscritas a nombre del Estado, los inmuebles a nombre de las Municipalidades, instituciones autónomas y de los demás órganos que forman parte de la Administración Pública, estableciendo como salvedad aquellos bienes que se encuentran otorgados como garantía en operaciones de crédito realizadas en el Sistema Bancario Nacional y que en virtud de ello entren a formar parte del patrimonio de la entidad bancaria respectiva. Por su parte, el artículo 14 del mismo texto legal citado, establece las condiciones o características que afectan a este tipo de bienes como parte integral del demanio público (por formar parte del Patrimonio Natural del Estado), al señalar que ostentan la condición de inalienabilidad así como de inembargabilidad, indicando de manera expresa el texto legal referido, que la posesión ejercida por parte de sujetos particulares sobre dichos inmuebles, no concede ningún derecho oponible frente a esa condición de demanialidad, lo cual se refuerza por parte del legislador al indicar expresamente en la norma legal referida, la imposibilidad de inscribir dichos bienes recurriendo a la implementación de un proceso de información posesoria. Así mismo, de conformidad con el artículo 15 de la ley citada, la Administración Pública se encuentra vedada expresamente de traspasar, enajenar, permutar, ceder, entregar, ni arrendar, los terrenos rurales sometidos a su régimen de propiedad o bajo su administración, sin haber sido anteriormente clasificados por el MINAE. Y para concluir, el mismo artículo 15 señala que los terrenos referidos que se encuentren con cobertura boscosa (cubiertos de bosque) automáticamente entrarán a formar parte del Patrimonio Natural del Estado, lo cual constituirá una limitante que se inscribirá en el Registro Nacional. En el caso concreto, desde el año 1978 la parcela No. 14 que se indica en el plano catastrado No. P-489778-1998, perteneciente al Asentamiento Campesino Osa, situada en el Sector Los Planes de Drake y actualmente inscrita en el Partido de Puntarenas bajo matrícula de folio real No. 039334-000, la que ha venido ocupando la actora, se encontraba afecta a dicha condición demanial, según se deriva con meridiana claridad del elenco de hechos probados que brinda sustento a esta resolución judicial. Por ende, aún y cuando la postura de la representación de la actora es de suyo respetable, no se constituye como una posición acorde con lo dispuesto por el ordenamiento jurídico vigente ni mucho menos ajustada a la realidad. Debe además señalar este Tribunal, que ninguna trascendencia ni capacidad enervatoria tiene sobre dicha condición de demanialidad, el hecho de que existiese un conflicto de tierras en el asentamiento campesino donde se ubica la finca, antes de su afectación demanial, pues el hecho de que un terreno se encuentre de hecho en medio de una disputa, no incide en lo absoluto sobre su naturaleza y vocación. Por ello, el que tal conflicto social existiera (como efectivamente lo fue, lo que constituye un hecho no controvertido por las partes) no afecta en lo absoluto que dicho territorio se hubiese integrado como parte de la Reserva Golfo Dulce y se sujetara a la condición propia de los bienes públicos, como erradamente lo afirma la parte actora. A lo anterior se añade que, tal y como ha quedado determinado en el elenco de hechos probados contenido en esta sentencia, mediante los Decretos Ejecutivos número 10088-G-H del 02 de mayo de 1979 y número 10244-G del 05 de julio de 1979, el Poder Ejecutivo decretó la expropiación de los terrenos que mantenía bajo su dominio la Empresa Osa Productos Forestales S.A. (inmuebles situados en la Península de Osa y ya comprendidos dentro de la Reserva Golfo Dulce desde 1978) y ordenó su posterior traslado al otrora denominado Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), actual INDER, así como su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad a nombre de esta última entidad, inmuebles que actualmente se encuentran inscritos en el Partido de Puntarenas bajo matrícula de folio real No. 039334-000. Ello acredita con toda certeza, que no es un resultado de la emisión de la ley No. 7575 la condición demanial que ostenta la parcela No. 14. Además, claramente la apropiación de dichos bienes por parte del Estado, puntualmente por parte del otrora denominado Instituto de Tierras y Colonización (actual INDER), se realizó conforme a derecho, recurriendo para ello el Estado al trámite expropiatorio, lo cual sin duda alguna implica que en la especie medió la realización de un pago por parte del Estado (en su acepción más amplia) para la obtención de dichos inmuebles, pago a su propietaria original -la empresa Productos Osa Forestales S.A. antes indicada- que bien pudo ser en efectivo o mediante la dación en pago de otros bienes, aspecto sobre el cual no se ha aportado a los autos prueba en contrario; por ende, es claro que los terrenos mencionados fueron adquiridos lícitamente por el Estado, incluyéndolos dentro de su demanio público desde 1978 y recurriendo, para su plena obtención, a la emisión de un decreto expropiatorio, estando consecuentemente los mismos inscritos registralmente a nombre del INDER, razón por la cual se constituyen como bienes afectos por el carácter demanial que efectivamente ostentan, contrariamente a lo indicado en forma errada por la parte accionante. Poca o ninguna trascendencia tiene la afirmación emitida por la actora, en el sentido de que dichos inmuebles nunca fueron sometidos al régimen forestal (afirmación que en todo caso no es verdadera), cuando es lo cierto que el Estado procedió a emitir un decreto expropiatorio sobre dichas tierras, en el momento histórico en que las mismas pertenecían a la empresa Productos Osa Forestales S.A.y los incluyó como parte del patrimonio del actual INDER, lo cual de todas maneras nos lleva exactamente al mismo resultado: se trata -sin duda ninguna- de bienes que ostentan la condición de demaniales, tanto en virtud de su naturaleza como en razón de la naturaleza jurídica de su actual titular registral, razón por la cual carecen de todo asidero fáctico y jurídico las manifestaciones al respecto emitidas por la parte actora. Continúa manifestando la parte accionante en su libelo de demanda, que la Reserva Golfo Dulce fue creada de manera ilegal mediante la emisión de un Decreto Ejecutivo que carecía de los estudios técnicos respectivos. Pese a que la representación de doña Pamela reformuló en su totalidad las pretensiones originalmente planteadas en su escrito de demanda y excluyó -dejando por fuera- toda petición tendiente a que se declarara la nulidad de dicho Decreto Ejecutivo, sin embargo, en virtud de sostener reiteradamente tal afirmación a lo largo de su libelo inicial, debe señalarse al respecto que la actora no aportó a los autos ninguna documentación que efectivamente acreditara que dichos estudios no se realizaron, resultando por ello la manifestación que al efecto formula, no más que su mero dicho carente de material probatorio alguno (ni siquiera indiciario), en el cual sustentarse. Debe aquí destacarse que es conocedor este Tribunal del aforismo que reza, que un hecho negativo no resulta susceptible de prueba, pero en la especie, al tratarse la alegada nulidad de una que supuestamente pesa sobre el Decreto Ejecutivo en cuestión, correspondía a la parte actora que adujo el vicio de nulidad sobre el acto normativo de alcance general, acreditar en autos la inexistencia de los requerimientos necesarios para la válida emisión de dicha normativa, lo cual en la especie no cumplió satisfactoriamente la representación de la señora Nave Towers.

 

 VII. Ahora bien, en su elenco de pretensiones (una vez reformuladas) la parte accionante solicitó que en esta sentencia se declarara, en primer término: "(...) La conducta omisa del INDER en ejecutar el acto administrativo válido y eficaz dictado por la Junta Directiva mediante el acuerdo No 11 Sesion (sic) No 400 del 08 de junio de 1965, (visible al folio 422-425), acuerdo No VI de la sesion (sic) 1196 de 16 de junio de 1970, (visible al folio 452), acuerdo cuarto de la sesión No 1832 del 11 de diciembre de 1974, (visible al folio 452), acuerdo VI sesión 712 del 2 de mayo de 1967 (visible al folio 441) encaminados a dar una solución a la problema de tenencia de tierra de los poseedores de los terrenos denominados Osa Productos Forestales S.A.". Al respecto, debe indicarse que tal y como se consignó en el elenco de hechos probados contenidos en esta resolución, los terrenos indicados que otrora pertenecieron a la empresa Osa Productos Forestales S.A. fueron expropiados por parte del Estado mediante la emisión de los Decretos Ejecutivos número 10088-G-H del 02 de mayo de 1979 y número 10244-G del 05 de julio de 1979, en los cuales ordenó su posterior traspaso al otrora denominado Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) así como su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad a nombre de dicha entidad. Por ende, la pretensión planteada por la parte actora, presenta una evidente imposibilidad de cumplimiento actual, pues en virtud de la naturaleza jurídica demanial que actualmente ostentan los bienes otrora pertenecientes a la empresa de repetida cita y por pertenecer actualmente a una entidad autónoma (el INDER), los mismos no son susceptibles de alienarse ni mucho menos de traspasarse en favor de particulares, a lo cual se añade que además, la desafectación de este tipo de bienes para extraerlos de su régimen jurídico especial, sólo resulta posible mediante la emisión de una ley (en sentido formal y material) que les excluya expresamente del demanio público que les alcanza (artículo 262 del Código Civil vigente). Por ello, resulta abiertamente improcedente la petición intentada, debiendo denegarse por resultar no sólo contraria a derecho, sino además, en este momento histórico y bajo las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, al no haberse emitido ninguna norma legal que desafecte tales bienes excluyéndolos del demanio público. Como segunda pretensión, la actora solicita "Que se le (sic) reubique a mi representada en un fundo en iguales condiciones al que posee (sic), mismo que se representante (sic) por medio del plano P-489778-1998, o en su defecto se le debe de cancelar el dinero de su derecho de posesión ejercida, con base a (sic) peritaje que valore el inmueble que posee (sic) mi representada.", pretensión que será analizada por este Tribunal junto con la referente a la indemnización que solicita la parte actora al señalar: "Condenar al INDER por los daños y perjuicios ocasionados por la inacción administrativa a lo largo de los últimos sesenta años e impedir un régimen sano de posesión del terreno identificado por medio del plano P- 489778-1998, y (sic) la correcta distribución de la tierra y sus riquezas en detrimento de mi representada". No lleva razón en estas dos pretensiones la parte actora, como de seguido se detalla. De un estudio acucioso de la documentación constante en autos y de la prueba testimonial recabada en la audiencia de juicio oral y público celebrada el 28 de enero del año en curso por parte de este Tribunal, se deriva que la señora Nave Towers ha venido ejerciendo efectivamente la posesión sobre la denominada parcela No. 14 con un área de 80 hectáreas 4181 metros con 64 decímetros cuadrados según se indica en el plano catastrado No. P-489778-1998, parcela perteneciente al Asentamiento Campesino Osa, situada en el Sector Los Planes de Drake, actualmente inscrita en el Partido de Puntarenas bajo matrícula de folio real No. 039334-000, desde el año 1989, tal y como lo declaró el testigo Víctor Argüijo Argüijo, -declaración que le merece plena credibilidad a este Tribunal-. En ese tanto, la señora Nave entró en posesión de dicho inmueble en el año 1989, cuando el mismo ya se encontraba afecto al demanio público por ser parte del Patrimonio Natural del Estado y por pertenecer a una entidad autónoma, a saber, por estar inscrito a nombre del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), institución que figura como propietaria registral del mismo. A lo que se suma, que no existe en autos ninguna probanza que acredite que la señora Nave Towers haya ejercido ningún tipo de posesión cuando el bien ostentaba otra naturaleza jurídica diversa de la demanial, es decir, con anterioridad al año en que se vio sujeto al régimen de los bienes públicos. Valga aquí reseñarse que la naturaleza jurídica de la finca indicada corresponde a un bien demanial desde el año 1978, tal y como consta en el elenco de hechos probados que sustenta esta sentencia y por ello, la posesión que hubiese permitido a la actora alcanzar algún tipo de extremo indemnizatorio dentro de esta litis en relación con dicho inmueble, debió haber acaecido con anterioridad a la realización de la afectación respectiva, es decir, antes del año 1978. Pero no existe en autos absolutamente ninguna probanza, que demuestre que así haya sido. Muy por el contrario, toda la prueba traída al presente proceso de conocimiento, se orienta a que la señora Nave poseyó a partir de 1989, pero no antes de la afectación de la finca de marras en favor del demanio público. Por ello, precisamente por tratarse de bienes dominicales, quien los posé no se encuentra legalmente facultado para generar u ostentar ningún tipo de derecho en relación con dichos bienes, situación que es cabalmente la que presenta la parte actora, por lo que la demandante carece de todo derecho para reclamar ningún tipo de indemnización en relación con la parcela indicada, pues las cosas públicas afectas a un fin público, no resultan susceptibles de generar derechos en favor de particulares, por encontrarse fuera del comercio de los hombres y ser inalienables, tal y como lo preceptúa la legislación rectora de la materia. A lo anterior se añade que el acuerdo No. 22 correspondiente al artículo VI de la sesión No. 002-99 celebrada el 06 de enero de 1999 por la Junta Directiva del anterior Instituto de Desarrollo Agrario (actual INDER), que declaró como beneficiarios y adjudicatarios de la parcela No. 14 del Asentamiento Campesino Osa, Sector Los Planes de Drake, sita en SIERPE de Osa, al señor Ricardo Madrigal Madrigal y a la señora Pamela Louise Nave Stowers, fue anulado por la sentencia No. 0134-2021-VI de las 07:30 horas del 13 de octubre del 2021, emitida dentro del expediente judicial No. 19-003693-1027-CA, resolución judicial en la cual dispuso, en lo que resulta de interés: "POR TANTO (...) 1. Se declara la nulidad absoluta, para efectos de su inaplicabilidad a futuro, del Acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo VI de la sesión 002-99, celebrada el 06 de enero de 1999, en su punto 22) en cuanto declara como beneficiarios y adjudicatarios de la parcela 14 del Asentamiento Campesino Osa, Sector Los Planes de Drake, sitio en SIERPE, Osa, al señor Ricardo Madrigal Madrigal y a la señora Pamela Louise Nave Stowers. 2) Una vez firme la sentencia, debe disponerse el desalojo y respectiva puesta en posesión a favor del MINAE, por medio de la Oficina Regional del Área de Conservación Osa, del inmueble objeto de este proceso, si otro motivo legal así (sic) no lo impide. (...)". Dicha resolución judicial se encuentra en firme. Por ende, claramente ningún tipo de derecho ostenta la parte actora, en relación con la parcela No. 14 antes indicada. Adicionalmente, al no tener la señora Nave ningún tipo de derecho sobre el inmueble en cuestión, pese a que ejercía la posesión sobre el mismo -obviamente a título precario-, no tiene obligación ninguna el INDER de trasladarla a otro bien inmueble de similares condiciones y por ello, no puede este extremo de la demanda serle admitido ni mucho menos ordenar su cumplimiento este Tribunal, por parte de la institución traída a estrados. debiendo rechazarse su pedimento como en efecto se dispone. Lo anterior, no implica que la actora se vea impedida de acudir a los causes usuales y comunes previstos por el ordenamiento jurídico vigente, para nuevamente tratar de lograr, que el INDER le otorgue en posesión una nueva parcela, pero en el entendido de que no tiene la actora derecho alguno a que se le brinde de manera excepcional la misma ni tampoco a que se le brinde ninguna prioridad o preferencia en el trámite de la asignación de los terrenos que usualmente lleva a cabo dicha entidad. Por paridad de razón, la pretensión intentada tendiente a que "(...) se reconozca a mi representada dentro del grupo de poseedores descritos en los censos que constan a folios 39-68, 99-111, y (sic) 168-187, producto de su posesión continua por tracto sucesivo, misma que se representa por medio del plano P-489778-1998.", debe ser rechazada, toda vez que no se ha acreditado en autos que la actora haya poseído el terreno de interés con anterioridad al año 1989 y muchos menos con anterioridad a su afectación como bien de dominio público, la que aconteció en el año 1978; ni tampoco ha logrado demostrar la actora ser titular de esa supuesta posesión sucesiva que alega poseer sobre la parcela No. 14, aspecto en relación con el cual no aportó ninguna probanza a los autos, aún y cuando sobre ella recaía la carga probatoria para acreditar fehacientemente su afirmación. En lo que atañe a la pretensión tendiente a que se declare: "Que era de conocimiento del antiguo I.T.C.O. -hoy I.N.D.E.R.- que en las tierras que pretendía expropiar a la sociedad Osa Forestales existía un problema de ocupación en precario, como es el caso de mi representada, el cual se representa por medio del plano P- 489778-1998.", debe indicarse que la misma resulta carente de toda efectividad dentro del presente asunto, pues claramente es un hecho no controvertido por las partes que en dicha zona se presentaba un conflicto de orden social por la tenencia de la tierra, con anterioridad a que el Estado ordenara la expropiación de los bienes que pertenecieron a la empresa Productos Osa Forestales S.A. y los inscribiera a nombre del INDER, sin embargo, ningún interés actual tiene acceder a lo pretendido, pues como se ha indicado en las líneas anteriores, los inmuebles ubicados en la zona donde se desarrollo dicho conflicto, ahora resultan ser demaniales y se encuentran inscritos a nombre del INDER, por lo que ninguna posibilidad jurídica hay de proceder a inscribir los mismos a nombre de terceros y/o de particulares, operando en cuanto a esta pretensión en concreto, una evidente falta de interés actual, por la cual se rechaza la pretensión indicada. Como consecuencia de las consideraciones expuestas en las líneas que anteceden, se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda intentada, por resultar lo procedente, conforme a derecho.

 

VIII. Sobre las excepciones. Al momento de contestar la presente demanda, el Instituto de Desarrollo Rural invocó las excepciones de cosa juzgada, prescripción (ya resuelta en los considerandos que anteceden), falta de legitimación pasiva, falta de interés actual y falta de derecho. Sobre la excepción de cosa juzgada, la misma debe rechazarse, toda vez que la situación jurídica particular de la accionante Nave Towers en relación con la parcela No. 14 del Asentamiento Campesino Osa, Sector Los Planes de Drake, sita en SIERPE de Osa, no ha sido objeto de conocimiento y resolución en otro proceso jurisdiccional anterior. Lo anterior, pues al momento de invocar esta excepción la representación del INDER se centró en otro caso puntual, propiamente el del señor Mario Villalobos Arguedas, referente a la finca denominada "La Tortuga" y tramitado bajo expediente No.87-002347-177-CA,  que inicialmente formó parte de esta litis (cuando se encontraban varios procesos acumulados junto con el que aquí y ahora nos ocupa), pero que posteriormente fue resuelto en el expediente específico tramitado para el señor Villalobos, al desacumularse los expediente respectivos. En lo que corresponde a la excepción de falta de legitimación pasiva, la misma debe correr idéntica suerte, siendo rechazada por este Tribunal, toda vez que dentro de esta litis resultaba imperiosa la presencia del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) en calidad de demandado, por ser la entidad propietaria registral y titular, de la finca del partido de Puntarenas inscrita bajo matrícula de folio real No. 039334-000 de la cual forma parte la parcela No. 14 del Asentamiento Campesino Osa, cuya posesión ocupaba la accionante Nave Towers. Del mismo modo, es lo procedente rechazar la excepción falta de interés actual que se invoca por parte de la entidad demandada, pues al no haber sido dilucidada anteriormente la situación concreta de la señora Nave Towers en relación con la parcela 14 antes referenciada, existe un evidente interés actual y vigente en este proceso, que resulta ser el medio adecuado para dotar de una solución dicho conflicto jurídico. En relación con la excepción de falta de derecho alegada, distinta debe ser la solución, pues al amparo de los razonamientos expuestos y desarrollados en los considerandos precedentes, ninguna de las pretensiones intentadas por la parte actora dentro de esta litis, encontró respaldo -ni fáctico ni jurídico- suficiente para ser admitidas por parte de este Tribunal, lo cual lleva imperativamente a acoger la excepción alegada y consecuentemente, a declarar sin lugar en todos sus extremos la demanda intentada, como en efecto se dispone.

 

IX. Sobre las costas. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el mero hecho de serlo. La dispensa en dicha condena solo resulta viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, estima este Tribunal que no existe ninguna de las causales legales establecidas para proceder a otorgar dicha exoneración, razón por la que se resuelve el presente asunto, imponiendo el pago de ambas costas del proceso a cargo de la parte actora perdidosa.

 

POR TANTO

Se rechaza las excepciones de prescripción, cosa juzgada, falta de legitimación pasiva y falta de interés actual interpuestas por la entidad demandada. Se acoge la excepción de falta de derecho y consecuentemente, se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda intentada. Son ambas costas del proceso, a cargo de la parte actora perdidosa. Notifíquese.- Sandra M. Quesada Vargas.- Rosa Cortés Morales.- Paulo A. Alonso Soto.-  

 

	


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ROSA MARÍA CORTES MORALES - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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SANDRA MARIA QUESADA VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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PAULO ANDRÉ ALONSO SOTO - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 15-004913-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 06:26:14.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

**Resolution No. 01416 - 2025**

**Date of Resolution:** February 18, 2025, at 14:20

**Expediente:** 15-004913-1027-CA

**Drafted by:** Sandra M Quesada Vargas

**Type of matter:** Administrative contentious proceeding

**Analyzed by:** CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

**Text of the resolution**

 



 

EXPEDIENTE:

15-004913-1027-CA - 0

PROCEEDING:

CONTENTIOUS

PLAINTIFF:

PAMELA LOISE NAVE STOWERS

DEFENDANT:

THE STATE

 No. 2025001416

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at fourteen hours and twenty minutes on the eighteenth of February, two thousand twenty-five.-

 

 

Contentious administrative proceeding established by PAMELA LOUISE NAVE STOWERS, of legal age, with identity card number 8-0081-0195, other details unknown, represented by Mr. Roldán Morales Novoa, of legal age, attorney, with identity card number 6-0330-0896, with bar association number 18671, resident of Heredia, against the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (hereinafter INDER), represented lately by its special judicial attorney-in-fact Karina Castro Leitón, of legal age, attorney, with identity card number 1-1391-0679 and bar association number 16056, resident of San José.

Drafted by Judge Quesada Vargas; and,

 

**CONSIDERANDO**

I. PROCEDURAL MATTERS: 1. This proceeding was initially filed by Mrs. Nave Stowers against INDER, the State, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, and the Junta Administradora del Registro Nacional. However, the plaintiff expressly stated in the record her interest in maintaining the proceeding solely against INDER, withdrawing her action against the other co-defendants, which was admitted by this Court (see images 31 to 35 of the main file). 2. With the present matter, the plaintiff seeks that the judgment declare: "1. (...) The omission of INDER to execute the valid and effective administrative act issued by the Board of Directors through Agreement No. 11, Session No. 400 of June 8, 1965, (visible at folio 422-425), Agreement No. VI of Session 1196 of June 16, 1970, (visible at folio 452), Agreement Fourth of Session No. 1832 of December 11, 1974, (visible at folio 452), Agreement VI, Session 712 of May 2, 1967 (visible at folio 441) aimed at providing a solution to the land tenure problem of the possessors of the lands called Osa Productos Forestales S.A. / That my client be relocated to a property in equal conditions to the one she possesses, which is represented by means of cadastral map P-489778-1998, or failing that, that she must be paid the money for her exercised right of possession, based on an appraisal that values the property my client possesses. / Order INDER to pay the damages caused by the administrative inaction over the last sixty years and for preventing a healthy regime of possession of the land identified by cadastral map P-489778-1998, and the correct distribution of land and its wealth to the detriment of my client. / That it was known to the former I.T.C.O. -today I.N.D.E.R.- that on the lands it intended to expropriate from the company Osa Forestales there existed a problem of precarious occupation, as is the case of my client, which is represented by cadastral map P-489778-1998. / That my client be recognized within the group of possessors described in the censuses found at folios 39-68, 99-111, and 168-187, as a result of her continuous possession by successive chain of title, which is represented by cadastral map P-489778-1998. / That the defendants responsible for the conduct be ordered to pay both costs." (Thus reformulated by the plaintiff, as recorded in images visible at folios ranging from 1613 to 1616 of the main file). 3. Having been duly served, INDER opposed the complaint and raised the defenses of improper joinder of claims and expiration (both resolved interlocutorily: by Resolution No. 571-2020-T at 10:26 a.m. on March 27, 2020 -as recorded in images 140 to 143 of the main file- the first was resolved; while expiration was rejected by Resolution No. 572-2020-T at 10:28 a.m. on March 27, 2020, visible in images ranging from folio 135 to 139 of the main file), as well as the exceptions of res judicata, statute of limitations, lack of right, lack of passive standing, and lack of current interest. (See images 773 to 809 and 1687 to 1701, all from the main file). 4. The preliminary hearing established in canon 90 of the Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), was held on September 23, 2016, in which both the plaintiff's representative and INDER's representative participated. 5. The oral and public trial hearing was held by this Court on January 28, 2025, with the plaintiff's representative and INDER's representative present. On that occasion, the testimonies of the witness offered by the plaintiff, Mr. Víctor Argüijo Argüijo, and of the witness-official offered by INDER, Mr. Mario Jiménez Quirós, were taken. At that hearing, INDER's attorney withdrew the statement of witness Jimmy Garita. In said proceeding, witness Víctor Argüijo Argüijo stated, in relevant part: To the questions asked by the plaintiff's representative, he declares that he knows the Drake area, which he entered in 1974, and that he knows Mrs. Pamela Nave Stowers and Mr. Ricardo Madrigal Madrigal as well as their parcel; he indicated that that site was being occupied by Mr. Rafael Campos, who transferred it to a person with the surname Araya, and that person in turn sold it to Mr. Madrigal and Mrs. Nave in 1989. He indicated that Mrs. Pamela's parcel had a fence, sugar cane crops, yucca, "square," banana, chickens, and that in that place only Mrs. Pamela and Mr. Ricardo are found, whom no one has ever removed from said land; he states that a person named Luis Carlos has "beasts" at the site and answers affirmatively to the question of whether the land has been dedicated to agriculture; he continues stating, to questions asked by INDER's representative, that the person occupying that land was Mr. Rafael Campos, who then passed it to a person with the surname Romero (whose name he does not remember), that person in turn sold it to Walter Trejos "around there" since the 80s, and he sold it to Ricardo Madrigal and Pamela Nave in 1989, a date which he reiterates. Likewise, the witness-official Mario Jiménez Quirós stated in his testimony and in relevant part: That the information that the Osa office (for which he works) records in the various official letters they issue comes from various sources of information, one of which is the database managed by each office; in the case of his office, he explains that they manage a database in Excel and also censuses of occupants, censuses that at the time were carried out in the Osa settlement (asentamiento) by a Unit that existed in INDER's central offices. He indicates that it was carried out in the Osa Settlement (Asentamiento Osa) and information gathered at the field level was also used, but its veracity was never verified. He reiterates that the source of the information is the institutional archives, the databases, the censuses, and also the administrative files. He clarifies that that census of the Settlement (Asentamiento) was in 1993. He continues stating that those censuses were carried out because a program called Programa de Desarrollo Rural was going to be developed and participatory, cantonal diagnoses had to be made, within the Rural Development program, and although the Osa Peninsula was not a canton, as a result of a series of situations occurring in Drake, a gentleman requested the President of the Republic and the Executive President at that time that a diagnosis of the peninsula be made, and it was done, and he was tasked with coordinating it; he indicates that in fact a document was issued and that generated a whole development for the peninsula; in that document, part of the land tenure was analyzed, as part of the areas covered. He indicates that all this matter was analyzed there and the censuses arose because the Institute had expropriated some lands from the company Productos Osa Forestales S.A.; that in 1979 and 1980 the first Board of Directors agreements were generated to grant public deeds for said lands, but later a period of time passed and the Institute conducted a census to determine who was occupying those lands and what the existing condition was; he indicates that much of the information gathered was not verified because many people did not give the correct information or were not in the field when the census was conducted, or the one giving the information for a specific area was a neighbor or someone who was there at that time; therefore, he states that the Institute conducted the 1993 census to verify who was there and how much area they were occupying; he indicates that when the farms were expropriated from the company Productos Osa Forestales S.A., they originally totaled 47,000 hectares and a remainder, but a part of 6,000 hectares and an additional remainder were added to the Corcovado park and the Alto Laguna indigenous territory; that the remaining area was divided by sectors from sector 1 to sector 7 and the sector called "El Progreso"; he indicates that a number of people invaded the lands of the company Productos Osa Forestales S.A., so the State -when the expropriation process would be underway-, allowed them to demonstrate their possessor rights over those lands, and those who demonstrated such rights were Mr. Mariano Cabezas and Mr. Marcos Cordero in the Drake Progress sector, in an area adjacent to the Drake River, and Mr. Manuel Aguilar in the Drake Plans sector, where parcel 14 is located; he indicates that people began to invade the company's lands and there were even some armed confrontations between the peasants who invaded the lands and those who had those already registered farms; that in 1978 the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal Golfo Dulce) was created, which overlaps in approximately some sections with the lands of the company Productos Osa Forestales; that when the expropriation was already taking place, INDER surveyed those lands in a mosaic surveyed in 1980, which is where approximately 47,000 hectares and a remainder and 6,000 hectares belonging to the Corcovado National Park and about 2,000 of the Alto Laguna indigenous territory were determined and delimited; he states that of those 39,000 hectares, approximately 25,000 hectares overlapped with the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal Golfo Dulce) and the Forest Reserve (Reserva Forestal) makes those lands natural heritage of the State, and since the 90s there have been criteria from the Procuraduría General de la República and the Contraloría General de la República indicating that INDER should not deliver those lands because they are natural heritage of the State. He continues stating that in relation to the parcel of Mrs. Nave Towers and Ricardo Madrigal, history says that one of the sons of Mr. Manuel Aguilar lived there, for whom he stated that the State paid the improvements on the house where he lived when the State expropriated. After the referred testimonial evidence was gathered, the parties proceeded to present closing arguments (see the recording of the statements of the indicated witnesses, made at the trial hearing held on January 28, 2025, the trial hearing minutes, and the complete recording of said proceeding). 6. The procedures have been observed in accordance with the prescriptions and terms of law, without perceiving the existence of grounds capable of causing nullity of the proceedings. This resolution is issued within the applicable term, after the respective deliberations and by unanimous decision of the Court.

 

II. On the proven facts. Of relevance for the resolution of the present matter, the following are listed as such, finding support in the elements of conviction cited in their support: 1. That since 1963, there existed in the area of the Osa Peninsula a conflict of precarious occupation on lands belonging to the company Productos Osa Forestales S.A., which generated a climate of social tension (fact not contested by the parties). 2. As of 1978, the Costa Rican Executive Branch proceeded to issue various Decretos Ejecutivos which affected the lands belonging to the company Productos Osa Forestales S.A., in the following manner: a. By means of Article 1 of Decreto Ejecutivo No. 8494-A of April 28, 1978, the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal de Golfo Dulce) was created and its limits established. b. By means of Decreto Ejecutivo No. 9388-A of November 30, 1978, the limits established in the previously cited decree were modified, and c. By means of Decreto Ejecutivo No. 10142-A dated June 12, 1979, the limits established in the Reserve (Reserva) were modified for the second time. (Fact not contested by the parties and consultation carried out ex officio by this Court on the website of the Sistema Nacional de Legislación Vigente -SINALEVI- on the date of issuance of this resolution). 3. By means of Decretos Ejecutivos number 10088-G-H of May 2, 1979, and number 10244-G dated July 5, 1979, the Executive Branch decreed the expropriation of the lands held by the company Productos Osa Forestales S.A., located on the Osa Peninsula, and ordered their subsequent transfer to the then-called Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) as well as their registration in the Public Property Registry in the name of said entity, properties that are currently registered in the Canton of Puntarenas under real folio registration number 039334-000. (Fact not contested by the parties and consultation carried out ex officio by this Court on the website of the Sistema Nacional de Legislación Vigente -SINALEVI- on the date of issuance of this resolution). 4. On the lands indicated in the immediately preceding proven fact and whose expropriation was ordered in the Decretos referred to above, the former Instituto de Desarrollo Agrario (now INDER) established the Asentamiento Campesino Osa (fact not contested by the parties). 5. The former Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) began in 1980 a process of awarding and titling in favor of the occupants of the lands comprised within the Asentamiento Campesino Osa (fact not contested by the parties). 6. By agreement adopted by the Board of Directors of the former Instituto de Desarrollo Agrario (current Instituto de Desarrollo Rural INDER), corresponding to point 22 of Article VI of ordinary session No. 002-99 held on January 6, 1999, by its Board of Directors, it was approved to declare Mr. Ricardo Madrigal Madrigal and Mrs. Pamela Louise Nave Stowers as beneficiaries and awardees of parcel No. 14 with an area of 80 hectares, 4,181 meters, and 64 square decimeters, as indicated in cadastral map No. P-489778-1998, belonging to the Asentamiento Campesino Osa, located in the Los Planes de Drake Sector (see folios 48 and 49 of volume 1 of the administrative file). 7. That by official letter No. OJ-129-2002 of September 12, 2002, issued by the Procuraduría General de la República, it was informed to the Board of Directors of INDER that, in relation to the Agreement adopted by the Board of Directors of the former IDA, corresponding to Article VI of session No. 002-99 held on January 6, 1999, the properties listed in said agreement were already part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado, PNE) since 1978, having been affected under such condition because they belonged to an autonomous institution and were comprised within the limits of the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal Golfo Dulce), in addition to having forest cover (cobertura boscosa). It was also indicated that since their incorporation into the PNE, they became a public domain asset and as such became inalienable and imprescriptible, therefore the Instituto de Desarrollo Agrario was legally prevented from alienating it in accordance with Article 14 of the Ley Forestal, and to that extent, it was appropriate to proceed to request the annulment of the cited agreement. (Ex officio consultation made by the Court on the website of the Sistema Costarricense de Información Jurídica, on the date of issuance of this resolution, and judicial file of the lesividad proceeding No. 19-003693-1027-CA admitted as evidence ad effectum videndi). 8. That by agreement corresponding to Article 35 adopted by the Board of Directors of the IDA in session No. 040-2007 held on November 19, 2007, it was ordered: "(...) ARTICLE 35. / AGREEMENT No. 35 / Based on what is stated in official letter DAJ-1013-07, signed by the Dirección de Asuntos Jurídicos, which indicates that the designation as Forest Reserve (Reserva Forestal) of the lands registered in the name of the Instituto de Desarrollo Agrario, means their designation as Natural Heritage (Patrimonio Natural) is automatic, and it is forbidden to grant property titles to private parties, it is agreed: / To revoke agreement 39 of session 44-05 of November 14, 2005, referring to titling in the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal Golfo Dulce). / AGREEMENT APPROVED UNANIMOUSLY (...)". (See image 1866 of the main file). 9. That by official letter No. DAJ-931-09 dated October 7, 2009, issued by the Dirección de Asuntos Jurídicos of the IDA and sent to the Board of Directors of said institution, it was indicated, in relevant part: "(...) In this regard, insofar as the applicants here only enjoyed a projected right to be titled, and given that the possession exercised was carried out on a public domain asset (bien demanial), the Institute has no possibility of recognizing the damages they requested; however, it is the prerogative of Mr. Madrigal Madrigal and Mrs. Nave Stowers to resort to the jurisdictional avenue if they deem it appropriate (...)". (The underlining is supplied. See images 1781 to 1786 of the main file). 10. That by official letter No. OSO-521-2009 dated November 25, 2009, issued by the Subregional Office of Osa of the former Instituto de Desarrollo Agrario and addressed to the Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), it was indicated, in what is of interest and referring to parcel No. 14 of the Los Planes de Drake Settlement (Asentamiento) of the Osa Peninsula: "(...) This parcel is part of farm with real folio 39334-000, owned by the Instituto de Desarrollo Agrario, which is located within the area affected by the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal Golfo Dulce). (...)". (See folios 48 and 49 of volume 1 of the administrative file). 11. That by official letter No. AT-597-2015 of August 25, 2015, issued by the Topography Area and directed to the Dirección de Asuntos Jurídicos, both of INDER, it was indicated, in relevant part: "(...) According to the cartographic location shown by cadastral map P-489778-1998, it is entirely part of the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal Golfo Dulce). / According to the cartographic location shown by cadastral map P-489778-1998, it fully overlaps with the Farm known as Los Aguilares. (...)". The underlining is supplied. (See image 1705 of the main digital file). 12. That by official letter No. AJ-103-2019 dated March 26, 2019, issued by the Legal Advisory area of the lnstituto de Desarrollo Rural (INDER), it was indicated -in relevant part- that it was obligatory and necessary to file an administrative contentious lesividad proceeding, in order to annul the awards granted to beneficiaries and awardees of lots and parcels in the Asentamiento Osa, Los Planes de Drake Sector, which included the declaration of beneficiaries granted in point 22) of Agreement VI adopted in session No. 002-99 held on January 6, 1999, by the Board of Directors of the then Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) in favor of Mr. Ricardo Madrigal Madrigal and Mrs. Pamela Louise Nave Stowers, by virtue of the fact that said property had one hundred percent of its area within the Protected Wild Area called Golfo Dulce (Reserva Forestal Golfo Dulce). (See images 15 to 29 of the administrative contentious lesividad proceeding processed under file No. 19-003693-1027-CA before this Court and admitted as evidence ad effectum videndi at the trial hearing held). 13. That INDER proceeded to file before this Court an administrative contentious lesividad proceeding against the plaintiff here, Nave Stowers, and against Mr. Ricardo Madrigal Madrigal, which was processed under file No. 19-003693-1027-CA and in which judgment No. 0134-2021-VI was issued at 07:30 hours on October 13, 2021, which ordered, in relevant part: "POR TANTO (...) 1. The absolute nullity is declared, for purposes of its future inapplicability, of the Agreement adopted by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, in Article VI of session 002-99, held on January 6, 1999, in its point 22) insofar as it declares Mr. Ricardo Madrigal Madrigal and Mrs. Pamela Louise Nave Stowers as beneficiaries and awardees of parcel 14 of the Asentamiento Campesino Osa, Los Planes de Drake Sector, SIERPE site, Osa. 2) Once the judgment is final, the eviction and respective placing in possession in favor of the MINAE, through the Regional Office of the Área de Conservación Osa, of the property subject to this proceeding must be ordered, if another legal reason does not prevent it. (...)". Said judicial resolution is final. (See file of the lesividad proceeding No. 19-003693-1027-CA admitted as evidence at the oral and public trial hearing and images visible at folios 1944 to 1970 and 1979 to 1986, all from the main file). 14. That the plaintiff has exercised possession of parcel No. 14 with an area of 80 hectares, 4,181 meters, and 64 square decimeters, and with cadastral map No. P-489778-1998, belonging to the Asentamiento Campesino Osa, located in the Los Planes de Drake Sector, since 1989 (see testimony given by witness Víctor Argüijo Argüijo at the oral and public trial hearing held on January 28, 2025).

  

III. On the unproven facts: Of relevance for the issuance of this judgment, the following is considered as such: Sole. That the plaintiff had exercised possession over parcel No. 14 with an area of 80 hectares, 4,181 meters, and 64 square decimeters, with cadastral map No. P-489778-1998, belonging to the Asentamiento Campesino Osa, located in the Los Planes de Drake Sector, prior to the designation of said property as part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), a designation that occurred in 1978 (there is no evidence in the record of this).

 

IV. Arguments of the parties. On the arguments of the plaintiff: In her complaint and in the amendment to it, the plaintiff argued, in support of her positions:

 

"(...) Mrs. PAMELA LOISE (sic) NAVE STOWERS, is the possessor of an unregistered property, with a nature of pasture, fruit trees, part mountain with a dwelling house, located in Los Planes de Bahía Drake, Sierpe District, Fifth Canton Osa of the Province of Puntarenas, which borders on the North: José Luis Segura Zamora with an unnamed creek in between, South: Misael González González, and an easement (servidumbre) for passage, East: José Luis Araya Agüero, West: Jorge cordero Quiroz (sic), with a measurement of eighty hectares, four thousand one hundred eihgty (sic) one meters, and sixty-four square decimeters, in accordance with cadastral map P-489778-1998. / (...) / SECOND: On October 24, 1975, by decree 5357-A, the Corcovado Park was created, a large amount of land adjacent to the property in litigation. After this date, the Public administration, through the ITCO, today the Instituto de Desarrollo Agrario, began works in order to conduct censuses on the lands that made up the Park, as well as on the surrounding lands, studies which demonstrated that within said lands there were persons with fully consolidated decennial possessory rights, which is demonstrated by the documentary evidence I attach, in which the state acknowledges that possessory rights exist for more than ten years. / Similarly, as a result of a series of conflicts occurring in Bahía Drake de Osa between the sector's neighbors and an American Company in 1965 that hoarded many farms, the Instituto de Tierras Colonización (sic) initiates negotiations with the Company that at that time was called Arawak Forestal, later Osa Forestales (sic) to solve the problem of precarious occupation on the alleged properties of that Multinational, as recorded in various agreements and background records of the Institution, formally initiating the process with agreement No 11, Session No 400 of June 8, 1965, and agreement No VI of session 1196 of June 16, 1970, where said occupational problem was recognized. / THIRD: As a result of these censuses, the state becomes aware that there is a problem of Precarious Occupation within the lands of Osa Forestales (sic), proof of this is the expropriation decree executed by the State against Osa Forestal (sic), as well as the agreement it signs with said corporation, was for the sole purpose of solving the problem of precarious occupation that was affecting hundreds of peasants, who for a whole lifetime had possessed, by themselves or through their transferors, the lands. / As a result of these negotiations, the State, through the Instituto de Tierras y Colonización, today IDA, had reached with Osa Forestales (sic), the carrying out of a series of censuses with the sole purpose of determining the number of families that held the problem of precarious occupation, as well as the extensions of land that each one of them occupied. / FOURTH: Adhering to the good faith of our peasants, the Instituto de Tierras y Colonización, today IDA, entered each of the properties, carrying out the respective topographical surveys, initially with the purpose of solving the precarious title situation, and granting title to the peasants, who, faced with such help, did not hesitate to open the doors of their homes, giving food and shelter to the officials in charge of carrying out such a noble task, without imagining what was really being plotted behind such apparent good will on the part of the State. / As a result of this situation and once my father bought the property from Mr. and Mrs. Bravo and Prado, my father was informed that there was a Special Subcommittee of the Legislative Assembly that since 1972 had been investigating and studying matters concerning that Company for land hoarding on the Osa Peninsula and the problem of precarious occupation throughout the region, presenting the Legislative Assembly with bill number 5852, which sought to expropriate the Compañía Osa Productos Forestales and legalize tenure throughout the peninsula region, according to the original text of its ninth article of June 28, 1973, file No 5399. Likewise, the Municipal Council of Golfito supported, by agreement No 20 of February 15, 1972, the occupational situation so that titles could be granted on the Company's lands, according to document of February 17, 1972. (...) / FIFTH: Within the negotiations carried out by the state and the company Osa Forestales, in order to solve the indicated problem of precarious occupation, cadastral map P-16317-1973 is taken as a starting point, a map which indicated the lands supposedly belonging to Osa Forestales (sic), with an area of 34,800 hectares and 577 square meters. / By 1974, the ITCO and the Company had reached an arrangement to solve the problem of precarious occupation on the peninsula's lands through an agreement, within the framework of Law 2825 and its reforms, where, among other things, they declare the existence of a conflict of precarious occupation on those properties, a legal document signed by the parties on November 20, 1974. Document supported by agreements of the ITCO Board of Directors and duly ratified according to the fourth agreement of Session No. 1832 of December 11, 1974. / SIXTH: As a result of the studies carried out by the State, they realize that within the lands occupied by the peasants of the Osa Peninsula, there were two sectors which they called National vacant lands (baldíos Nacionales), lands which did not belong to Osa Forestales, and over which possessory rights existed for more than ten years by the people who inhabited them, as reflected by the censuses carried out.

/ Through Decree No. 5357-A of October 24, 1975, the Corcovado National Park was created, a large amount of land adjacent to the property in litigation, where after that date and as has been set forth, the Public Administration through ITCO, today the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario), had formally initiated since 1973 a series of actions to conduct a general census on all the lands in conflict, including those that were going to be part of the National Park, confirming that within said lands there were dispersed nuclei of settlers with fully consolidated decennial possessory rights, which is demonstrated by the evidence set forth above. / As a result of these institutional efforts (ITCO-Framework Agreement-Law Project 5852), the State became aware since 1973 that a deep problem of Precarious Occupation (Ocupación Precaria) existed within and outside the lands of the Osa Forestal. Proof of this is the Law Project 5852 of 1973 itself that the Commission on Legal Affairs was processing, as well as the Framework Agreement signed by the parties ITCO-OSA on November 20, 1974, with the sole purpose of solving the problem of precarious occupation that had been affecting, since the Multinational took control of those lands in 1957, hundreds of peasants who had possessed their farms all their lives, by themselves or through their descendants. / As a product of the Framework Agreement negotiations, the State, through the Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización), today IDA, had arranged with the Osa Forestal to conduct a census starting in 1974 with the sole purpose of determining the number of families that were experiencing the problem of precarious occupation, as well as the extensions of land that each one of them occupied. It was not until early February 1976 that the Land Inventory Section of ITCO completed a report on the almost total occupation of the Bahía Drake and Rancho Quemado sector as the final and third stage, with a little more than one hundred and sixty families censused. / It should not be overlooked that, as a result of the studies and investigations carried out both by the Special Legislative Commission since 1972, plus the background information held by the Company itself and ITCO, they became aware that within the lands occupied by the peasants on the Osa Peninsula, there existed two sectors which they denominated National Vacant Lands (Baldíos Nacionales), lands that did not belong to the Osa Forestal, and over which possessory rights existed for more than ten years by the people who inhabited them, just as the censuses conducted at the end of 1975 and beginning of 1976 had reflected. / SEVENTH: Given the foregoing situation, the State, through executive decree (decreto ejecutivo) number 5343-A of October 31, 1975, proceeded to title the two sectors identified as National Vacant Lands, registering property real folio number 22036 with an area of 4886 hectares and 7186 square meters, a property which is located in what is today called Cerro Oro, and the property real folio of the registry section of Puntarenas number 22034 measuring 9396 hectares and 5312 square meters, a land which encompasses what is today called the community of Rancho Quemado and the Laguna Chocuaco, specifically on which the land belonging to the Villalobos family is located. / The geographic location of said sector according to the first article of the same decree is the following: (transcribes the cited article). / Despite this delicate occupational situation, the State, through Executive Decree 5343-A of October 31, 1975, proceeded, without the possessors being duly notified, with the two sectors erroneously identified as National Vacant Lands, registering property real folio of the registry section of Puntarenas No. 22036 with an area of 4,886 hectares with 7,186 m2, a property which is located in the Cerro de Oro sector, and the property real folio No. 22034 measuring 9,396 hectares with 5312 m2, a land which encompasses what is today called the community of Rancho Quemado and the Laguna de Chocuaco, specifically on which the land belonging to the Villalobos family is located. / EIGHTH: As I demonstrate with the certification of the property of the registry section of Puntarenas number 22036 duly issued by the Public Property Registry (Registro Público de la Propiedad), in entry one of this property, there is recorded both the registration of said property, the transfer to the Institute of Lands of Colonization, as well as the swap (permuta) that is carried out of said land with other lands owned by the Osa Forestales, properties: 1) 8946-000, folio 246, volume: 1484: 2) 8947, folio: 248, volume: 1484; 3) 8950 folio: 254 volume: 1484; and for the entirety of the following three properties: 1) 8839 2) 8948, 3) and 8840, registered at folios 478, 250 and 480 all of volume 1484, actions which were based in accordance with executive decree 5343-A of October 31, 1975. / NINTH: Just like the property real folio of the registry section of Puntarenas number 22036, the property of the registry section of Puntarenas real folio number 22034-000, as can be seen in its first entry of the certification duly issued by the Public Property Registry, records both the registration of said property, the transfer to the Institute of Lands of Colonization, as well as the swap that is carried out of said land with Osa Forestales, all of which was based on executive decree 5343-A of October 31, 1975. / TENTH: Once the State had carried out the swap with Osa Forestales, of the properties indicated above, it carried out a consolidation (reunión) of all the properties titled in its name, properties on which a problem of precarious occupation of the land existed, so the negotiations that the State initially undertook were to solve said problem for the precarious occupants. / It is worth mentioning that at the moment when the registration of the properties of the registry section of Puntarenas number 22036-000 and 22034-000 originated, as well as the swap to Osa Productos Forestales S.A., the possessory rights of the people who inhabited them had been guaranteed, as indicated by the same decree 5343-A in its article 4, for the simple reason that the legal basis was the Law of Lands and Colonization (Ley de Tierras y Colonización), which is very clear in indicating that the State must respect the decennial possessory rights that people have on unregistered lands. / ELEVENTH: As a product of that property consolidation, the property of the registry section of Puntarenas real folio number 22048-000 emerged, which comprised the properties titled in the name of Osa Productos Forestales S.A., as well as the lands swapped by the State, lands which had been possessed by the peasants of the Peninsula, such is the case of my family's lands. TWELFTH: As can be clearly observed in the certification of the entries of the property of the registry section of Puntarenas real folio number 22048-000, it records both the consolidation of the properties carried out by the Osa Forestales, and the expropriation (expropiación) carried out by the Costa Rican State of said property through executive decree 10088-G-H of May 2, 1978. / It greatly draws the attention of the undersigned how the State first titles and swaps with the Osa Forestales, through executive decree 5343-A of October 31, 1975, some lands that did not belong to it, since duly consolidated possessory rights existed, which in accordance with the Law of Land and Colonization must be respected, and then expropriates from Osa Forestales lands that had never belonged to it, that is, because if said lands were classified as National Vacant Lands, they were titled and transferred to Osa Forestal, to later carry out the expropriation of the same lands and others, when the problem of precarious occupation affecting all the lands of the Peninsula was clearly determined, and when the negotiations were in favor of the peasants classified as precarious. / THIRTEENTH: Through decree 6953-A of April twenty-sixth, 1977, they amended article 4* of Executive Decree No.* 5343-A published in the Official Gazette "La Gaceta" of October 31, 1975, which originally stated (transcribes the referenced article). / FIFTEENTH: This amendment is not only for the purpose of carrying out the registration of the swap, but for the purpose of dispossessing and disregarding the rights that had been recognized by the State through the original decree, as indicated in fact Thirteen of this complaint, which only demonstrates clear and manifest bad faith on the part of the State, as well as evident and manifest nullity of decree 6953-A of April twenty-sixth, 1977, because the State was fully aware, first, of the institutional-level efforts being carried out by ITCO through the Framework Agreement, and second, of the Legislative Initiative that was being processed in its final debates at that time. This conduct on the part of the State only demonstrates clear and manifest bad faith. / SIXTEENTH: Subsequently, on April twenty-eighth, 1978, the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal Golfo Dulce) was created, (...) a reserve which, as will be indicated below, is completely tainted with nullity, since all the procedures for its creation were not respected, thereby violating constitutional rights such as the violation of property. / SEVENTEENTH: As one more link in the clear and Manifest Nullity of the creation of the Golfo Dulce Reserve, as well as of all the treatment of the lands of the Peninsula, we find it specifically in entry 2 of the properties of the registry section of Puntarenas real folios numbers 22034-000 and 22036, which were registered through decree 5343-A of October 31, 1975. / Note that in the left margin of the first entry of both properties, it is recorded that on August 18, 1976, both properties had been consolidated by Osa Forestales with other properties of its own, generating the property of the registry section of Puntarenas real folio number 22048-000, which means that said properties ceased to exist as an individualized unit as of August 18, 1976, to become part of a single land unit identified by real folio number 22048-000. / EIGHTEENTH: As can be seen from the attached documentation and from what is indicated above, the properties real folios numbers 22034-000 and 22036 were consolidated on August 18, 1976, while entry two of said properties is in 1977, an entry which coincidentally comes to amend the original decree through which the rights of those with lands of more than ten years were safeguarded. The foregoing constitutes a defect (vicio) in the administrative act of the new decree that amended the original one, also violating what is indicated by article 140 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) (...). / In this sense, if the original decree had already been enacted, establishing, as we indicate in fact "THIRTEENTH," that executive decree number 5343-A, in its article 4, textually stated: "It is understood that the swap will be carried out saving the rights of private parties over lands duly" registered or with decennial possession that are comprised within the National Reserve areas or referred to in this decree. The obligation of the State to indemnify the families whose decennial possession was demonstrated existed from the moment said decree was enacted. / The Amendment of the referenced decree could never suppress the rights, which had not only already been conferred on the possessors at that time, by the State itself, but doing so would also be violating the Constitutional Right to Private Property enshrined in article 45. / On the other hand and always following this same line of reasoning, the new executive decree would undoubtedly also contravene article 128 of the General Law of Public Administration, which states that "The administrative act that substantially conforms to the legal system, including with respect to the motive of the official who dictates it, shall be valid." / An administrative act that contravenes the constitutional right alluded to in article 45 of the Constitution and that is furthermore retroactive, also contravening articles 142 and 143 of the General Law of Public Administration, becomes absolutely null. / The retroactivity is also produced by applying the new decree retroactively, eliminating previously recognized and consolidated rights. / With this clear, how is it possible that once these two properties had already been consolidated, and had ceased to exist as individualized properties, entry number two is recorded in both properties in 1977, that is, some years after said properties had been consolidated, this with the sole purpose of not recognizing, or rather with the purpose of making disappear the recognition of the rights that decree 5343-A of October 31, 1975 established regarding the rights of the possessors of said lands. / Moreover, note that said lands, at the time entry number two was made, were owned by Osa Forestales, and the State lacked Legitimation to proceed to make any entry as it did, I repeat, with the sole purpose of continuing to concoct the Machiavellian plan to dispossess people of their lands without recognizing their rights, violating the Law of Lands and Colonization, without overlooking the fact that at the moment the property consolidation was carried out, article 4 of decree 5343-A of October 31, 1975 was in force, which recognized the possessory rights of the peasants of the Osa region. / NINETEENTH: As has been indicated, once Osa Forestales had consolidated the properties swapped with the State, together with another group of properties that formally belonged to them, property of the registry section of Puntarenas number 22048-000 is formed, which is registered in Volume: 2371, Folios: 455, 456, 532 and 534, Entries 01 to 05. On folio 534 specifically, a note can be observed that indicates "Does not run" and a note that says "look unsigned." / Subsequently, registrar number 84 (...) on February 12, 2009, stamps this property as Real Folio 6-22048-000, an annotation which is rendered legally void on the 24th of the same month and year for having been entered in error according to the official's own statement. / TWENTIETH: It is more than evident that the registrar who had to qualify and register the transfer of properties in the name of the Institute of Lands and Colonization, properties which included those swapped by the State and others, does not sign said transfer because they realize that the properties of the registry section of Puntarenas real folios numbers 22034-000 and 22036, which were registered through decree 5343-A of October 31, 1975, (a decree which recognized the possessory rights of the peasants) had one more entry, which had been made after said properties were consolidated with others forming 22048-000, with the sole purpose of disregarding the rights that decree 5343-A of October 31, 1975 had provided for all those persons who had a possessory right for more than ten years, as is the case of my family. / TWENTY-FIRST: It is clear that the registrar notices the irregularities that were occurring around said properties, to the point that they indicate the entry where said properties are transferred in the name of the Institute of Lands and Colonization as "Does not run" and consequently do not sign said entry. / This means, as we will be able to see later, that the State, through the Institute of Lands and Colonization, today the Institute of Agrarian Development, completely lacks legitimation to carry out any action involving these properties, given that they do not belong to it, or at least they have a large number of irregularities, which reflect a clear and manifest absolute nullity in the successive Registry chain of title (tracto sucesivo Registral). / TWENTY-SECOND: After property of the registry section of Puntarenas number 22048-000 had been generated, and had supposedly been registered in the name of the Institute of Lands and Colonization, I say supposedly due to the fact that property 22048-000 was never registrally registered in the name of the Institute of Lands and Colonization for the reasons cited above, the State, as I demonstrate with the documentary evidence I attach, carries out a property consolidation among which is 22048-000, the remainder of 8947-000 registered in Volume: 1484, Folio: 594 and the entire property number 22046-000 registered in Volume: 2371 Folio: 454, generating the property of the registry section of Puntarenas number 39334-000, a consolidation that is null because it is registrally improper, given that properties with different owners cannot be consolidated, which is what happened in this case. / TWENTY-THIRD: Note that when carrying out the property consolidation that supposedly forms property 22048, among the properties consolidated is property 8947, that is, as if this property had already been used to form property 22048, it is used again to form property 39334, which demonstrates the nullity of all the registry actions carried out by the State. / TWENTY-FOURTH: At the time the Golfo Dulce Forest Reserve was created, Forest Law (Ley Forestal) number 4465 was in force, which in article 37 of its regulation indicated the requirements to constitute a Forest Reserve (Reserva Forestal). / TWENTY-FIFTH: In November 1976, the Community of Agujitas de Bahía Drake had formally petitioned the National Directorate of Community Development (Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad) DINADECO, at the Office of Ciudad Cortes, for the constitution and foundation of an integral development association in the area, and it was not until November 15 of that year that the convocation procedures began as stipulated by the Law of the National Directorate for Community Development DINADECO, No. 3859 of April 7, 1967, and its Regulations. / TWENTY-SIXTH: (...) The Community of Bahía Drake by 1977 had reached a permanent and stable occupation of approximately four hundred families. (...) By April 24, 1977, this Community founded and established the first integral development association called the Integral Development Association of Drake de Osa (Asociación de Desarrollo Integral de Drake de Osa) ADEINDRA, in a general assembly with the participation of 127 neighbors from a large part of the area, inserting this small and organized rural peasant population among the communities seeking an opportunity and a space through that organization as a local government, to make that area prosper and develop, which had been abandoned by the governments and State institutions for decades. / (...) / TWENTY-EIGHTH: At the time this local government was founded, and one year later in 1978, without consultations or notifications by the State Forest Administration (Administración Forestal del Estado), the Executive Branch (Poder Ejecutivo) declared the Golfo Dulce Forest Reserve behind the backs of all the communities and settlers located throughout the Company's private lands and outside them. / The Development Association was also not legally warned of the declaration as was legally necessary, to express its approval or not regarding such an act by the Executive. / The prior consultation regarding whether or not the encumbrance of the properties of the inhabitants of Bahía Drake was accepted was not carried out; and because the Development Association ADEINDRA was the organization tasked with channeling and defending the interests and rights of its settlers, with this declaration, notification of said encumbrance was a mandatory requirement, which the State simply ignored, declaring and encumbering the lands within the administrative limits of the Association, which had been legally established within its framework of action. / TWENTY-NINTH: On April 28, 1978, President Oduber, having prepared this last resort, declared the creation of a Forest Reserve through Executive Decree No. 8494-A, disrespecting the legal and administrative regulations that had to be fulfilled when creating a protected area. / The declaration of the Reserve was made a few days before leaving office and in great haste, again failing to comply with what was established by Forest Law 4465. Specifically, what was regulated in article 37 and following of the Regulations, fulfilling only two of the eight requirements demanded by the Forest Law: the cartographic delimitation and the drafting of the respective Decree. The declaration was urgent before handing over power to the opposition on May 8, 1978. / THIRTIETH: Article 37 of the regulation of Forest Law 4465, in force at the time of the creation of the Golfo Dulce Reserve, stated the following; / Article 37- For the creation of a forest reserve, national park or others, the following aspects must be taken into account; a)- Definition of Objectives, b)- Location of area, c)- Studies of land tenure, d)- Census of settlers, e)- Evaluation of the lands to purchase or expropriate, f)- Studies of the form of financing, g)- Demarcation and measurement of the land, h)- Preparation of plans, i)- Drafting of the decree and its approval. / THIRTY-FIRST: Of these legal requirements, the Executive Branch practically fulfilled or respected none, the exception being subsections h) and i), that is, only the preparation of the cartographic demarcation of the area to establish as a forest reserve and the respective decree were executed, omitting the other legal requirements. / THIRTY-SECOND: Regarding the duty to publicize the encumbrance of this type of area, the State Forest Administration was exclusive towards the social organizations of the region. In Bahía Drake, for example, the Integral Development Association of Drake -ADEINDRA- was taken by surprise; it was never summoned for consultation regarding the declaration of the area to learn the position of its settlers on such a declaration, submerging said population into an inferior category of citizen, whose rights are not respected or recognized. / THIRTY-THIRD. The Association as a local government, legal representative of almost all its associates and communities of the region, were affected by the declaration, also violating article 42 of the Regulation of Forest Law No. 4465, which established; / (Transcribes the cited article). / This provision mandated by the General Forestry Directorate (Dirección General Forestal), was never executed, being one more link in the nullity of the creation of the Golfo Dulce Reserve. / THIRTY-FOURTH One more example of the lack of studies at the time of creating the Golfo Dulce Reserve, is the fact that this enormous area subsequently underwent two reductions after its declaration, between 1978 (Executive Decree No. 9388-A of November 30, 1978) and 1979 (Executive Decree No. 10142-A of June 12, 1979), in its demarcation through two executive decrees, because according to alleged and subsequent studies, it was determined that some areas, including some communities, should not, due to their condition, be subject to the forest regime. / THIRTY-FIFTH: The intention of the State was to make it appear that the area covered by the Reserve was unoccupied, which is not true since censuses and reports existed from ITCO, in which they indicated the opposite, all of which can be clearly seen with the documentary evidence in the case file. / THIRTY-SIXTH: In the "compressed" Recitals (Considerando) of Executive Decree 8494-A, it was allegedly established, under the shelter of non-existent studies that should have included field studies, minimum financing, technical criteria, and censuses of settlers and their relationship with the region, that the edaphic and climatological, and social conditions that justified its declaration were summarized in that decree in a concise but dangerously convincing manner, that is, the false impression was given that due to its forest conditions, there were no occupations or nuclei of occupation in such an area. / Points 2, 3, and 4 of the Recitals defined the following; / "2- That the hills that exist around Golfo Dulce and in the Osa Peninsula are mostly of broken topography, up to steep slopes, of clayey soils, with low fertility, and high rainfall up to six meters of annual rain: and consequently, these lands are neither suitable for agriculture nor for livestock. The most adequate use for them would be the rational exploitation of their forest resources, at the same time protecting the hydrographic basins that supply water to the agricultural areas. / 3- That these lands mostly still have their forests intact, which contain a large number of trees of high commercial value, and have the capacity for rapid regeneration in areas managed for continuous yield. 4- That the rational exploitation of these forests under an orderly plan of continuous yield regulated by the General Forestry Directorate, could be the basis for industrial timber development, which would create employment and improve living conditions for the people of the area." / THIRTY-SEVENTH: The Executive's action in declaring the reserve blindly, forced the limits to be modified on two occasions, as previously indicated, where by "error" areas not suitable and of agricultural and livestock purpose were included (Executive Decrees No. 9388-A and 10142-A), as well as settled communities. This is the clearest and most forceful proof of improvisation and the absence of technical criteria and studies that were never carried out, for an area of those proportions and characteristics. / THIRTY-EIGHTH: One more proof that the lands forming the Golfo Dulce Reserve were occupied by original possessors, is the fact that on June 8, 1978, the Municipality of Corredores joined with the municipalities of Golfito and Osa, to pressure the Commission on Legal Affairs of the Legislative Assembly, to seek the override of Veto 5852, in the following agreement; / "The Municipal Council of Corredores in its Ordinary Session No. 8 of June 6, 1978, agreed to approve by unanimity the following motion and it reads thus; / Considering; / 1)-That in the Osa Peninsula (Cantons of Golfito and Osa), thousands of Costa Ricans work on lands claimed as their own by the North American Company Osa Productos Forestales: / 2)-That such a situation of injustice has been prolonged for many years causing constant clashes, including armed ones, and continuous abuses to the Costa Rican peasants who live and work there: / 3)-That the previous Congress enacted a Law through which the cited Company was expropriated and justice was done for the Costa Ricans: / 4)-That the president at that time, Lic. Daniel Oduber, vetoed the aforementioned law, defrauding the aspirations of the peasants: / 5)-That the current Legislative Assembly is again reviewing the matter: / WE MOVE; / So that the Municipality of Corredores addresses the Plenary of the Legislative Assembly, with a copy to the Commission on Legal Affairs, requesting justice be done for the peasants of the Osa Area by overriding the Veto imposed by Daniel Oduber. / THIRTY-NINTH: The subjection to the forest regime, as was established in article eight -not as State Forest Patrimony, today natural, as property of the State-, on private property, registered or under decennial possession, were directed specifically to the oversight, studies, and technical operating permits for the exploitation and use of the forest resource, as established by Forest Law No. 4465, in article 63 and concordant articles within Chapter V on Private Property Forest Uses, and in articles of its regulation 85 and concordant articles of Chapter V, on the application of the forest regime on private properties, within and outside a forest reserve, which did not include State lands. (...)

Subsequently, the plaintiff added one more fact, identified as "SIXTH BIS," in which it stated: "SIXTH BIS.-: That at the time when decree 5343-A of October 31, 1975, which recognizes the rights of possessors as in the case of my client, deployed (sic) its effects with the registration of the properties of the Partido of Puntarenas under real folio registration numbers 22036-000 and (sic) 22034-000, article 4 of said decree was in force, and (sic) it had not been amended." (See images 1613 to 1616 of the main case file).


INDER's Arguments: The defendant entity argued, in defense of its interests and regarding what is of interest:


"(...) According to the map, regarding Mrs. Pamela Loise Nave Stowers, reference is made to parcel 14 of the Los Planes de Drake Settlement; however, the 'possession' she claims is rejected in all its extremes because it is located within the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal Golfo Dulce) and therefore is automatically incorporated into the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado). By provision of articles 14 and 58 subsection a) of the Forestry Law (Ley Forestal) and article 8 of the Land and Colonization Law, any type of possession over these assets does not create any right. The same legislation sanctions any occupation on public domain assets, in the understanding that said areas possess all the characteristics of demanial assets and therefore are inalienable, imprescriptible, without any claim by private individuals creating any right in their favor, due to the demanial character recognized for these assets, and any type of occupation by private individuals is not useful and does not grant any right. Articles 14 and 58 subsection a) of the Forestry Law and article 8 of the Land and Colonization Law expressly sanction any type of occupation on assets of the Natural Heritage of the State with the purpose of protecting the natural resource, a situation that would lead to no compensation nor to the claims she seeks. Likewise, it is rejected in all its extremes that the property is unregistered, because the farm forms part of the Partido of Puntarenas under real folio number 39334-000, property of the Agrarian Development Institute, currently the Rural Development Institute in accordance with Law 9036 of May 29, 2012. / SECOND: It is not true. I reject it as inaccurate. The President of the Republic and the Minister of Agriculture and Livestock, through Decree 5357 published in La Gaceta number 207 of October 31, 1975, created Corcovado National Park. In its article five, it provided that the Attorney General's Office would draw up notarial acts of the owners, occupants, and squatters of the zone. Likewise, article three provided that private individuals could not process any possessory information in the affected lands, nor exercise any act of possession within the Park. Subsequently, the area of said National Park was expanded with decrees 6385 of September 30, 1976, and 11148 of February 5, 1980, and through Law 6794 of August 25, 1982, the creation of Corcovado National Park is ratified as a Law of the Republic. In another line of reasoning and for the specific fact, the Board of Directors of the Institute of Lands and Colonization in agreement number 11 of session 400 of June 8, 1965, alludes to a potential settlement proposal with Arawak Trust Company, which subsequently, in article II of session 628 of November 4, 1966, the Board of Directors proceeds to revoke. In agreement VI of session 1196 of June 16, 1970, of ITCO, it is ordered to carry out a study of the proposal from the company Osa Productos Forestales S.A. Thus, said agreements do not allude to any census demonstrating that the actors are the legitimate possessors, in an original or derivative form, of the properties with (i) at least ten years before the Golfo Dulce Forest Reserve created through Decree 8494 published in La Gaceta number 104 of June 1, 1978, and/or (ii) ten years before being lands owned by the State or ITCO, because Forestry Law number 4465, of November 25, 1969, already regulated the concept of the State Forestry Heritage (Patrimonio Forestal del Estado). No census of earlier date has been conducted on the lands of the OSA demonstrating occupations of more than 10 years prior to the creation of the Golfo Dulce Forest Reserve. / THIRD: It is not true. Neither the Preliminary Settlement Agreement embodied in public deed number fifty-one on folio ninety-six of volume fourteenth of Notary Rolando Saez Ulloa of November 20, 1974, nor Decree number 10088-G-H of May 2, 1979, amended by Decree 10244-G of July 5, 1979, which regulates the expropriation of the properties of the 'Compañía Osa Productos Forestales S.A.', constitute full proof for the actors to demonstrate they are the legitimate possessors, in an original or derivative form, of the properties with (i) at least ten years before the Golfo Dulce Forest Reserve created through Decree 8494 published in La Gaceta number 104 of June 1, 1978, and/or (ii) ten years before being lands owned by the State or ITCO, because Forestry Law number 4465, of November 25, 1969, already regulated the concept of the State Forestry Heritage. No census of earlier date has been conducted on the lands of the OSA (sic) demonstrating occupations of more than 10 years prior to the creation of the Golfo Dulce Forest Reserve. / FOURTH: It is not true. The draft Law processed under legislative file number 5852 of 1973 does not constitute full proof for the actors to demonstrate they are the legitimate possessors, in an original or derivative form, of the properties with (i) at least ten years before the Golfo Dulce Forest Reserve created through Decree 8494 published in La Gaceta number 104 of June 1, 1978, and/or (ii) ten years before being lands owned by the State or ITCO, because Forestry Law number 4465, of November 25, 1969, already regulated the concept of the State Forestry Heritage. No census of earlier date has been conducted on the lands of the OSA demonstrating occupations of more than 10 years prior to the creation of the Golfo Dulce Forest Reserve. / FIFTH: It is not true. I reject it as inaccurate. No allusion is made to any map in the Preliminary Settlement Agreement embodied in public deed number fifty-one on folio ninety-six of volume fourteenth of Notary Rolando Saez Ulloa of November 20, 1974. Likewise, said preliminary agreement does not constitute proof for the actors to demonstrate they are the legitimate possessors, in an original or derivative form, of the properties with (i) at least ten years before the Golfo Dulce Forest Reserve created through Decree 8494 published in La Gaceta number 104 of June 1, 1978, and/or (ii) ten years before being lands owned by the State or ITCO, because Forestry Law number 4465, of November 25, 1969, already regulated the concept of the State Forestry Heritage. No census of earlier date has been conducted on the lands of the OSA (sic) demonstrating occupations of more than 10 years prior to the creation of the Golfo Dulce Forest Reserve. / SIXTH: It is not true. I reject it as inaccurate. The President of the Republic and the Minister of Agriculture and Livestock, through Decree 5343 published in La Gaceta number 207 of October 31, 1975, register in the name of the State areas of land of the National Reserve in Sierpe, authorizing the Institute of Lands and Colonization to carry out the exchange (permuta), free of all encumbrances, with the Company 'Osa Productos Forestales S.A.' for the area belonging to said company affected by Corcovado National Park. Thus, neither the Draft Law processed under legislative file number 5852 of 1973, nor the Preliminary Settlement Agreement embodied in public deed number fifty-one on folio ninety-six of volume fourteenth of Notary Rolando Saez Ulloa of November 20, 1974, nor Decree 5357 published in La Gaceta number 207 of October 31, 1975, which creates Corcovado National Park, nor Decree 5343 published in La Gaceta number 207 of October 31, 1975, constitute full proof for the actors to demonstrate they are the legitimate possessors, in an original or derivative form, of the properties with (i) at least ten years before the Golfo Dulce Forest Reserve created through Decree 8494 published in La Gaceta number 104 of June 1, 1978, and/or (ii) ten years before being lands owned by the State or ITCO, because Forestry Law number 4465, of November 25, 1969, already regulated the concept of the State Forestry Heritage. No census of earlier date has been conducted on the lands of the OSA (sic) demonstrating occupations of more than 10 years prior to the creation of the Golfo Dulce Forest Reserve. / SEVENTH: It is not true as stated. I admit it as follows: The President of the Republic and the Minister of Agriculture and Livestock, through Decree 5343 published in La Gaceta number 207 of October 31, 1975, authorizes the registration in the name of the State of areas of land of the National Reserve in Sierpe. One farm with an area of 9,396 hectares, 5,312.50 square meters and the second farm with an area of 4,886 hectares, 7,187.50 square meters. The registration of Farms of the Partido of Puntarenas numbers 22034 and 22036 is handled under the Volume System (Sistema de Tomos) held by the National Registry. The registry entry has its regulatory foundation through decrees previously published and embodied through completely valid and effective notarial public deeds. The registry entries are merely the direct consequence of materializing the provisions of the Executive Power. Furthermore, any land belonging to the Villalobos family is rejected in all its extremes. / EIGHTH: It is not true. Rejected as inaccurate. The registration of the Farm of the Partido of Puntarenas 22036 (sic) is handled under the Volume System held by the National Registry. The registry entry has its regulatory foundation through decrees previously published and embodied through completely valid and effective notarial public deeds. The registry entries are merely the direct consequence of materializing the provisions of the Executive Power. / NINTH: It is not true. Rejected as inaccurate. The registration of the Farm of the Partido of Puntarenas 22034 (sic) is handled under the Volume System held by the National Registry. The registry entry has its regulatory foundation through decrees previously published and embodied through completely valid and effective notarial public deeds. The registry entries are merely the direct consequence of materializing the provisions of the Executive Power. / TENTH: It is not true. Rejected as inaccurate. The President of the Republic and the Minister of Agriculture and Livestock, through Decree 5343 published in La Gaceta number 207 of October 31, 1975, and Decree number 6953 published in La Gaceta number 87 of May 7, 1977, regulated the registration in the name of the State of areas of land of the National Reserve in Sierpe, authorizing the Institute of Lands and Colonization to carry out the exchange, free of all encumbrances, with the Company 'Osa Productos Forestales S.A.' for the area belonging to said company affected by Corcovado National Park. The registration of the Farm of the Partido of Puntarenas 22048 (sic) is handled under the Volume System held by the National Registry. The registry entry has its regulatory foundation through decrees previously published and embodied through completely valid and effective notarial public deeds. The registry entries are merely the direct consequence of materializing the provisions of the Executive Power. In another line of reasoning, any type of possession claimed by the actors is rejected in all its extremes for lacking suitable proof to demonstrate it. / ELEVENTH (sic) (sic): It is not true. I reject it as inaccurate. The registration of the Farm of the Partido of Puntarenas 22048 (sic) is handled under the Volume System held by the National Registry. The registry entry has its regulatory foundation through decrees previously published and embodied through completely valid and effective notarial public deeds. The registry entries are merely the direct consequence of materializing the provisions of the Executive Power. In another line of reasoning, any type of possession claimed by the actors is rejected in all its extremes for lacking suitable proof to demonstrate it. / TWELFTH: It is not true. I reject it as inaccurate. The registration of the Farm of the Partido of Puntarenas 22048 (sic) is handled under the Volume System held by the National Registry. The registry entry has its regulatory foundation through decrees previously published and embodied through completely valid and effective notarial public deeds. The registry entries are merely the direct consequence of materializing the provisions of the Executive Power. It must be noted that the President of the Republic and the Minister of Agriculture and Livestock, through Decree 5343 published in La Gaceta number 207 of October 31, 1975, and Decree number 6953 published in La Gaceta number 87 of May 7, 1977, areas of land of the National Reserve in Sierpe are registered in the name of the State, authorizing the Institute of Lands and Colonization to carry out the exchange, free of all encumbrances, with the Company 'Osa Productos Forestales S.A.' for the area belonging to said company affected by Corcovado National Park. Likewise, through Decree number 10088-G-H of May 2, 1979, amended by Decree 10244-G of July 5, 1979, the expropriation of the properties of Compañía Osa Productos Forestales S.A. is authorized. In another line of reasoning, any type of possession claimed by the actors is rejected in all its extremes for lacking suitable proof to demonstrate it. / THIRTEENTH: It is not true as stated. I admit it as follows: Decree 5343 (sic) published in La Gaceta number 207 of October 31, 1975, was amended by Decree number 6953 (sic) published in La Gaceta number 87 of May 7, 1977. / FOURTEENTH: The actors omitted this fact. / FIFTEENTH: It is not true. Rejected as inaccurate. The effects of Decree number 6953 (sic) published in La Gaceta number 87 of May 7, 1977, are legally consolidated. The expiry period has been computed, in application of Transitory Provision III of the Contentious Administrative Procedure Code and the former text of article 175 of the General Public Administration Law, in the sense that it indicated that 'The power of the administered party to challenge the act shall expire in four years...' / Furthermore, neither the Draft Law processed under legislative file number 5852 of 1973, nor the Preliminary Settlement Agreement embodied in public deed number fifty-one on folio ninety-six of volume fourteenth of Notary Rolando Saez Ulloa of November 20, 1974, nor Decree 5343 (sic) published in La Gaceta number 207 of October 31, 1975, constitute full proof for the actors to demonstrate they are the legitimate possessors, in an original or derivative form, of the properties with (i) at least ten years before the Golfo Dulce Forest Reserve created through Decree 8494 published in La Gaceta number 104 of June 1, 1978, and/or (ii) ten years before being lands owned by the State or ITCO, because Forestry Law number 4465, of November 25, 1969, already regulated the concept of the State Forestry Heritage. No census of earlier date has been conducted on the lands of the OSA (sic) demonstrating occupations of more than 10 years prior to the creation of the Golfo Dulce Forest Reserve. / SIXTEENTH: It is not true. Rejected as inaccurate. The President of the Republic and the Minister of Agriculture and Livestock, through Decree number 8494 published in La Gaceta number 104 of June 1, 1978, created the Golfo Dulce Forest Reserve, which is legally consolidated. The expiry period has been computed in application of Transitory Provision III of the Contentious Administrative Procedure Code and the former text of article 175 of the General Public Administration Law, in the sense that it indicated that 'The power of the administered party to challenge the act shall expire in four years...' The declaration as Natural Heritage of the State is due to a public interest, which prevails over the private interest, which is the protection of the environment, recognized in constitutional precept 50 and prior to it by the same Constitutional Chamber via Ruling No. 3905-1993 of 3:00 p.m. on July 30, 1993. Therefore, the State, for reasons of public interest, has the power to limit private property and, with even greater reason, lands owned by the Agrarian Development Institute, currently the Rural Development Institute. / SEVENTEENTH: It is not true. Rejected as inaccurate. The registration of Farms of the Partido of Puntarenas numbers 22034, 22036, and 22048 (sic) is handled under the Volume System held by the National Registry. The registry entry has its regulatory foundation through decrees previously published and embodied through completely valid and effective notarial public deeds. The registry entries are merely the direct consequence of materializing the provisions of the Executive Power. / EIGHTEENTH: It is not true. Rejected as inaccurate. The registration of Farms of the Partido of Puntarenas numbers 22034 (sic) and 22036 (sic) is handled under the Volume System held by the National Registry. The registry entry has its regulatory foundation through decrees previously published and embodied through completely valid and effective notarial public deeds. The registry entries are merely the direct consequence of materializing the provisions of the Executive Power. / Furthermore, it must be noted that the effects of Decree number 6953 (sic) published in La Gaceta number 87 of May 7, 1977, are legally consolidated. The expiry period has been computed, in application of Transitory Provision III of the Contentious Administrative Procedure Code and the former text of article 175 of the General Public Administration Law, in the sense that it indicated that 'The power of the administered party to challenge the act shall expire in four years...' Furthermore, any type of compensation is prescribed, in accordance with article 198 of the General Public Administration Law, by providing a prescription period of four years. / In another line of reasoning, any type of possession claimed by the actors is rejected in all its extremes for lacking suitable proof to demonstrate it. / NINETEENTH: It is not true. Rejected as inaccurate. The registration of the Farm of the Partido of Puntarenas number 22048 (sic) is under the Volume System held by the National Registry. The registry entry has its regulatory foundation through decrees previously published and embodied through completely valid and effective notarial public deeds. The registry entries are merely the direct consequence of materializing the provisions of the Executive Power. Likewise, the registry entry presents another stamp of a later date—March 3, 2009—indicating that the farm is in the process of real folio. / TWENTIETH: It is not true. Rejected as inaccurate. The registration of Farms of the Partido of Puntarenas numbers 22034, (sic) 22036, and 22048 is under the Volume System held by the National Registry. The registry entry has its regulatory foundation through decrees previously published and embodied through completely valid and effective notarial public deeds. The registry entries are merely the direct consequence of materializing the provisions of the Executive Power. Note that farm 22048 (sic) presents a stamp of a later date—March 3, 2009—indicating that the farm is in the process of real folio. / Furthermore, the effects of Decree number 6953 published in La Gaceta number 87 of May 7, 1977, are legally consolidated. The expiry period has been computed, in application of Transitory Provision III of the Contentious Administrative Procedure Code and the former text of article 175 of the General Public Administration Law, in the sense that it indicated that 'The power of the administered party to challenge the act shall expire in four years...' Furthermore, any type of compensation is prescribed, in accordance with article 198 of the General Public Administration Law, by providing a prescription period of four years. / In another line of reasoning, any type of possession claimed by the actors is rejected in all its extremes for lacking suitable proof to demonstrate it. / TWENTY-FIRST: It is not true. Rejected as inaccurate. The registration of Farms of the Partido of Puntarenas numbers 22034, 22036, 22048, and 39334 is under the Volume System held by the National Registry. The registry entry has its regulatory foundation through decrees previously published and embodied through completely valid and effective notarial public deeds. The registry entries are merely the direct consequence of materializing the provisions of the Executive Power. in materializing the provisions of the Executive Power. / Thus, the Rural Development Institute is the registered owner of the farm of the Partido of Puntarenas number 39334 (sic), currently transferred to the mechanized system of real folio. / TWENTY-SECOND: It is not true. Rejected as inaccurate. The registration of Farms of the Partido of Puntarenas numbers 22034, 22036, 22048, and 39334 is under the Volume System held by the National Registry. The registry entry has its regulatory foundation through decrees previously published and embodied through completely valid and effective notarial public deeds. The registry entries are merely the direct consequence of materializing the provisions of the Executive Power. Thus, the Rural Development Institute is the registered owner of the farm of the Partido of Puntarenas number 39334 (sic), currently transferred to the mechanized system of real folio. / TWENTY-THIRD: It is not true. Rejected as inaccurate. The registration of Farms of the Partido of Puntarenas numbers 22034, 22036, 22048, and 39334 is under the Volume System held by the National Registry. The registry entry has its regulatory foundation through decrees previously published and embodied through completely valid and effective notarial public deeds. The registry entries are merely the direct consequence of materializing the provisions of the Executive Power. Thus, the Rural Development Institute is the registered owner of the farm of the Partido of Puntarenas number 39334 (sic), currently transferred to the mechanized system of real folio. / TWENTY-FOURTH: It is not true. This fact does not constitute a technical-juridical fact; rather, it is a Legal Ground. / TWENTY-FIFTH: It is not true. I reject it as it is not a fact pertaining to my client. / TWENTY-SIXTH: It is not true. I reject it as it is not a fact pertaining (sic) to my client. / TWENTY-SEVENTH: It is not true. I reject it as it is not a fact pertaining (sic) to my client. / TWENTY-EIGHTH: It is not true. I reject it as it is not a fact pertaining (sic) to my client. / TWENTY-NINTH: It is not true. I reject it as it is not a fact pertaining (sic) to my client. / THIRTIETH: It is not true. This fact does not constitute a technical-juridical fact; rather, it is a Legal Ground. / THIRTY-FIRST: It is not true. I reject it as it is not a fact pertaining (sic) to my client. / THIRTY-SECOND: It is not true. I reject it as it is not a fact pertaining (sic) to my client. / THIRTY-THIRD: It is not true. I reject it as it is not a fact pertaining (sic) to my client. / THIRTY-FOURTH: It is not true. I reject it as it is not a fact pertaining (sic) to my client. THIRTY-FIFTH: It is not true. I reject it as inaccurate. There is no census whatsoever demonstrating that the actors are the legitimate possessors, in an original or derivative form, of the properties with at least ten years before the Golfo Dulce Forest Reserve created through Decree 8494 (sic) and published in La Gaceta number 104 of June 1, 1978. No census of earlier date has been conducted on the lands of the OSA (sic) demonstrating occupations of more than 10 years prior to the creation of the Golfo Dulce Forest Reserve. / THIRTY-SIXTH: It is not true. I reject it as it is not a fact pertaining (sic) to my client. / THIRTY-SEVENTH: It is not true. I reject it as it is not a fact pertaining (sic) to my client. / THIRTY-EIGHTH: It is not true. I reject it as it is not a fact pertaining (sic) to my client. / THIRTY-NINTH: It is not true. This fact does not constitute a technical-juridical fact; rather, it is a Legal Ground. However, in Forestry Law number 4465, of November 25, 1969, there already existed what was called the State Forestry Heritage, defined in article 18 as that which 'is constituted by the National Reserves, the Forest Reserves, National Parks, State Forest Nurseries, Protective Zones, and Biological Reserves'; likewise, in its article 19, it was provided that 'all forests and forest lands situated in: a) Lands considered as national reserves; b) rural farms of the private domain of the State, those belonging to municipalities, Autonomous and Semi-Autonomous Institutions (...)' are affected to the purposes of this law. This concept of 'State Forestry Heritage,' which currently maintains its essence, even though the cited Forestry Law was repealed by the current Law No. 7575 of February 5, 1996; what changes is its denomination to that of 'Natural Heritage of the State.' In turn, it is appropriate to mention that the cited Heritage, as established by article 14 of the current Forestry Law, is subject to the public domain regime, as said norm states that 'the forest lands and forests that constitute the Natural Heritage of the State, detailed in the previous article, shall be unseizable and inalienable, their possession by private individuals shall not cause any right in their favor, and the State's action for recovery (acción reivindicatoria) over these lands is imprescriptible. Consequently, they cannot be registered in the Public Registry through possessory information, and both the invasion and the occupation of them shall be sanctioned in accordance with the provisions of this law.' In addition (sic) to the foregoing, and (sic) as a guarantee for the protection of said Heritage, article 15 of the cited Law No. 7575, established that public administration bodies (sic) may not dispose of rural lands owned by them or under their administration, in the understanding that if they were covered in forest, they would automatically become incorporated into the Natural Heritage of the State, without it being necessary to have the prior classification of MINAET (...)."


V. Regarding the statute of limitations. The INDER's representation states that the plaintiff seeks to have rights recognized based on the issuance of Executive Decree No. 5343 published in La Gaceta number 207 of October 31, 1975, and in the subsequent Decrees issued in relation to the Golfo Dulce Reserve. It argues that every right and its corresponding action prescribes in a period of 10 years in accordance with numeral 868 of the Civil Code and that, furthermore, in accordance with what is indicated by article 198 of Law No. 6227, the General Public Administration Law, the right to claim any type of compensation from the Public Administration prescribes in 4 years, so the plaintiff's possibilities to claim within this litis are prescribed. In this regard, it must be indicated that the defendant entity is not correct in its assessments. In the case before us, the legal situation of the property in question, corresponding to parcel No. 14 of the Los Planes de Drake Settlement on the Osa Peninsula, has remained invariable and constant since 1978, when said land was included as part of the Natural Heritage of the State, a legal situation which generates the claim now raised by the plaintiff within this litis, an declaration of public domain which has not been interrupted and has not yet concluded.

Therefore, since Mrs. Nave Stowers has been the possessor of said property since 1989 (but the property has always been under the indicated encumbrance regime), clearly in this case the ordinary ten-year prescriptive term of civil legislation has not elapsed, nor has the four-year term provided for in Article 198 of the General Public Administration Law, and she is still in time to formulate her compensation claims within this litis. Said extinctive terms would begin to run from the moment the indicated encumbrance on the property ceases, which to date has not occurred. The invoked exception of prescription is therefore rejected.

VI. On the merits of the matter. The plaintiff, in support of this action and as a tight summary, indicates that the property she had been occupying, corresponding to parcel No. 14 with an area of 80 hectares 4181 meters and 64 square decimeters, cadastral map No. P-489778-1998, belonging to the Osa Peasant Settlement (Asentamiento Campesino Osa), located in the Los Planes de Drake Sector, currently registered in the Puntarenas Registry under real folio registration No. 039334-000 in the name of INDER, should not have been subjected to the State Forest Heritage (Patrimonio Forestal del Estado) regime, as it is a private property and said property did not necessarily have to be transferred to the name of a public institution. She therefore maintains that with the issuance of the currently effective Forestry Law (Ley Forestal), those lands cannot be considered as part of the State Forest Heritage, as this would imply giving retroactive effect to the indicated law, thereby violating constitutional Article 34. Furthermore, she indicates that the properties of the company Productos Osa Forestal S.A., during the years 1978 to 1979, were never directly encumbered as State Forest Heritage. In this regard, it must be stated that the plaintiff's representation is not correct in its considerations. As can be verified in the case file, there is abundant documentation within this judicial file proving that the aforementioned parcel No. 14, since 1978, has been subject to a condition of public domain (demanialidad), meaning that said property was constituted as a public domain asset (bien demanial) long before the entry into force of Law No. 7575, the currently effective Forestry Law, since said legislation came into effect only in the month of April 1996. This has been indicated, for example and among others, in official letter No. OJ-129-2002 of September 12, 2002, issued by the Procuraduría General de la República, in which the Board of Directors of INDER was informed that, in relation to the Agreement adopted by the Board of Directors of the former IDA, corresponding to Article VI of session No. 002-99 held on January 6, 1999, the properties listed in said agreement (within which the parcel No. 14 now at issue is included) already formed part of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado, PNE) since 1978, having been encumbered under such condition for belonging to an autonomous institution and being comprised within the limits of the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal Golfo Dulce), without overlooking that such properties had forest cover (cobertura boscosa); furthermore, it was indicated that since their incorporation into the PNE, they became a public domain asset and, to that extent, became inalienable and imprescriptible, so the Institute of Agrarian Development was legally prevented from alienating it in accordance with Article 14 of the Forestry Law and, to that extent, it was appropriate to manage the annulment of the cited agreement. (Inquiry made ex officio by the Court on the Costa Rican Legal Information System website, as of the date of issuance of this resolution). Likewise, such situation was also indicated in the agreement corresponding to Article 35 adopted by the Board of Directors of the IDA at session No. 040-2007 held on November 19, 2007, which reads in pertinent part: "ARTICLE 35. / AGREEMENT No. 35 / Based on what is stated in official letter DAJ-1013-07, signed by the Directorate of Legal Affairs, which indicates that the encumbrance as Forest Reserve of the lands registered in the name of the Institute of Agrarian Development makes their encumbrance as Natural Heritage automatic, being forbidden from granting property titles to private individuals, it is agreed: / To revoke agreement 39 of session 44-05 of November 14, 2005, regarding titling in the Golfo Dulce Forest Reserve. / AGREEMENT APPROVED UNANIMOUSLY (...)" (see image 1866 of the main file). It is necessary to highlight that by virtue of the entry into force of Forestry Law No. 4465 of November 25, 1969, and Law No. 7575, Forestry Law, on April 16, 1996, lands that form part of the State Natural Heritage are clearly subject to the special regime of public domain, therefore being endowed with its innate characteristics, such as inalienability and non-transferability, coupled with the fact that prescription does not operate in relation to them, and that the actions exercised by the State (in its broadest sense) for their recovery are not subject to any term. It is therefore significant to cite Article 13 of the current Forestry Law, which defines that the State Natural Heritage is constituted by the forests and forest lands of the national reserves, areas declared inalienable, farms registered in the name of the State, properties in the name of Municipalities, autonomous institutions, and other bodies that form part of the Public Administration, establishing as an exception those assets that are granted as collateral in credit operations carried out in the National Banking System and that, by virtue thereof, become part of the assets of the respective banking entity. For its part, Article 14 of the same cited legal text establishes the conditions or characteristics that affect this type of asset as an integral part of the public domain (for forming part of the State Natural Heritage), by stating that they hold the condition of inalienability as well as non-attachability, with the referenced legal text expressly indicating that the possession exercised by private individuals over said properties does not grant any right opposable against that condition of public domain, which is reinforced by the legislator by expressly indicating in the referred legal norm the impossibility of registering said assets by resorting to the implementation of a possessory information proceeding. Likewise, in accordance with Article 15 of the cited law, the Public Administration is expressly prohibited from transferring, alienating, exchanging, ceding, delivering, or leasing rural lands subject to its property regime or under its administration, without having been previously classified by MINAE. And to conclude, the same Article 15 states that the referred lands that have forest cover (covered by forest) will automatically become part of the State Natural Heritage, which will constitute a limitation to be registered in the National Registry. In the specific case, since 1978, parcel No. 14 indicated in cadastral map No. P-489778-1998, belonging to the Osa Peasant Settlement, located in the Los Planes de Drake Sector and currently registered in the Puntarenas Registry under real folio registration No. 039334-000, which the plaintiff has been occupying, was subject to said public domain condition, as is derived with clear certainty from the list of proven facts that provides support for this judicial resolution. Therefore, even though the plaintiff's representative's position is in itself respectable, it does not constitute a position consistent with the provisions of the current legal system, much less one adjusted to reality. This Court must also point out that the fact that a land conflict existed in the peasant settlement where the farm is located, before its public domain encumbrance, has no significance or nullifying capacity over said public domain condition, since the fact that land is de facto in the middle of a dispute absolutely does not affect its nature and vocation. Therefore, the fact that such social conflict existed (as it indeed did, which constitutes a fact not disputed by the parties) absolutely does not affect that said territory was integrated as part of the Golfo Dulce Reserve and became subject to the condition inherent to public assets, as the plaintiff erroneously asserts. To the foregoing, it is added that, as has been determined in the list of proven facts contained in this judgment, through Executive Decrees number 10088-G-H of May 2, 1979, and number 10244-G of July 5, 1979, the Executive Branch decreed the expropriation of the lands held under the domain of the company Osa Productos Forestales S.A. (properties located on the Osa Peninsula and already comprised within the Golfo Dulce Reserve since 1978) and ordered their subsequent transfer to the formerly named Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización, ITCO), now INDER, as well as their registration before the Public Property Registry in the name of this latter entity, properties that are currently registered in the Puntarenas Registry under real folio registration No. 039334-000. This proves with all certainty that the public domain condition held by parcel No. 14 is not a result of the issuance of Law No. 7575. Furthermore, clearly the appropriation of said assets by the State, specifically by the formerly named Institute of Lands and Colonization (now INDER), was carried out according to law, with the State resorting for that purpose to the expropriation procedure, which undoubtedly implies that in this case there was a payment made by the State (in its broadest sense) for obtaining said properties, a payment to its original owner -the aforementioned company Productos Osa Forestales S.A.- which could well have been in cash or through the dation in payment of other assets, an aspect on which no proof to the contrary has been provided to the case file; therefore, it is clear that the mentioned lands were lawfully acquired by the State, including them within its public domain since 1978 and resorting, for their full acquisition, to the issuance of an expropriation decree, consequently being registered in the name of INDER, which is why they are constituted as assets subject to the public domain character they effectively hold, contrary to what was erroneously indicated by the plaintiff. The statement made by the plaintiff, to the effect that said properties were never subjected to the forest regime (a statement that in any case is not true), has little or no significance, when the truth is that the State proceeded to issue an expropriation decree over said lands, at the historical moment when they belonged to the company Productos Osa Forestales S.A., and included them as part of the assets of the current INDER, which in any case leads us to exactly the same result: they are -without any doubt- assets that hold the condition of public domain, both by virtue of their nature and by reason of the legal nature of their current registered owner, which is why the statements made in this regard by the plaintiff lack any factual and legal basis. The plaintiff continues to state in her complaint that the Golfo Dulce Reserve was illegally created through the issuance of an Executive Decree lacking the respective technical studies. Even though the representative of Mrs. Pamela completely reformulated the claims originally set forth in her complaint and excluded -leaving out- any petition aimed at declaring the nullity of said Executive Decree, however, by virtue of repeatedly sustaining such statement throughout her initial complaint, it must be noted in this regard that the plaintiff did not provide the case file with any documentation that effectively proved that said studies were not carried out, making the statement she formulates to that effect nothing more than her mere word, lacking any evidentiary material (not even circumstantial) on which to base it. It must be highlighted here that this Court is aware of the aphorism stating that a negative fact is not susceptible to proof, but in this case, as the alleged nullity is one that supposedly weighs on the Executive Decree in question, it was incumbent upon the plaintiff, who alleged the vice of nullity on the normative act of general scope, to prove in the case file the nonexistence of the necessary requirements for the valid issuance of said regulation, which the representative of Mrs. Nave Towers did not satisfactorily fulfill in this case.

VII. Now, in her list of claims (once reformulated), the plaintiff requested that this judgment declare, firstly: "(...) The omission conduct of INDER in executing the valid and effective administrative act issued by the Board of Directors through agreement No. 11 Session (sic) No. 400 of June 8, 1965, (visible at folio 422-425), agreement No. VI of session (sic) 1196 of June 16, 1970, (visible at folio 452), fourth agreement of session No. 1832 of December 11, 1974, (visible at folio 452), agreement VI session 712 of May 2, 1967 (visible at folio 441) aimed at providing a solution to the land tenure problem of the possessors of the lands called Osa Productos Forestales S.A." In this regard, it must be indicated that, as recorded in the list of proven facts contained in this resolution, the indicated lands that formerly belonged to the company Osa Productos Forestales S.A. were expropriated by the State through the issuance of Executive Decrees number 10088-G-H of May 2, 1979, and number 10244-G of July 5, 1979, in which it ordered their subsequent transfer to the formerly named Institute of Lands and Colonization (ITCO) as well as their registration before the Public Property Registry in the name of said entity. Therefore, the claim raised by the plaintiff presents an evident impossibility of fulfillment at present, because by virtue of the public domain legal nature currently held by the assets formerly belonging to the repeatedly cited company and because they currently belong to an autonomous entity (INDER), they are not susceptible to being alienated, much less transferred in favor of private individuals, to which it is added that, furthermore, the removal of the encumbrance (desafectación) of this type of asset to extract them from their special legal regime is only possible through the issuance of a law (in the formal and material sense) that expressly excludes them from the public domain that encompasses them (Article 262 of the current Civil Code). Therefore, the intended petition is openly improper and must be denied for being not only contrary to law, but also, at this historical moment and under current conditions, impossible to fulfill, as no legal norm has been issued that removes the encumbrance from such assets, excluding them from the public domain. As a second claim, the plaintiff requests "That my represented party be relocated (sic) to a farm in the same conditions as the one she possesses (sic), the same that is represented (sic) by map P-489778-1998, or failing that, she must be paid the money for her exercised possession right, based on (sic) an appraisal that values the property she possesses (sic).", a claim that will be analyzed by this Court together with the one referring to the compensation requested by the plaintiff when stating: "Order INDER to pay the damages caused by the administrative inaction over the last sixty years and for preventing a healthy possession regime of the land identified by map P- 489778-1998, and (sic) the correct distribution of land and its wealth to the detriment of my represented party." The plaintiff is not correct in these two claims, as detailed below. From a diligent study of the documentation contained in the case file and the testimonial evidence gathered at the oral and public trial hearing held on January 28 of the current year by this Court, it is derived that Mrs. Nave Towers has been effectively exercising possession over the so-called parcel No. 14 with an area of 80 hectares 4181 meters and 64 square decimeters as indicated in cadastral map No. P-489778-1998, a parcel belonging to the Osa Peasant Settlement, located in the Los Planes de Drake Sector, currently registered in the Puntarenas Registry under real folio registration No. 039334-000, since 1989, as stated by witness Víctor Argüijo Argüijo -a statement that merits full credibility from this Court-. To that extent, Mrs. Nave entered into possession of said property in 1989, when it was already subject to the public domain for being part of the State Natural Heritage and for belonging to an autonomous entity, namely, for being registered in the name of the Institute of Rural Development (INDER), an institution that appears as its registered owner. Added to this is the fact that there is no evidence in the case file proving that Mrs. Nave Towers exercised any type of possession when the asset held a different legal nature from the public domain one, that is, prior to the year it became subject to the public assets regime. It is worth noting here that the legal nature of the indicated farm corresponds to a public domain asset since 1978, as recorded in the list of proven facts supporting this judgment, and therefore, the possession that would have allowed the plaintiff to reach some type of compensatory outcome within this litigation in relation to said property must have occurred before the respective encumbrance took place, that is, before 1978. But there is absolutely no evidence whatsoever in the case file demonstrating that this was the case. Quite the contrary, all the evidence brought to the present proceeding indicates that Mrs. Nave possessed starting from 1989, but not before the encumbrance of the farm in question in favor of the public domain. For this reason, precisely because they are public domain assets, whoever possesses them is not legally empowered to generate or hold any type of right in relation to said assets, a situation that is exactly what the plaintiff presents, so the plaintiff lacks any right to claim any type of compensation in relation to the indicated parcel, as public things destined for a public purpose are not susceptible to generating rights in favor of private individuals, being outside commerce among men and inalienable, as prescribed by the governing legislation on the matter. To the foregoing, it is added that agreement No. 22 corresponding to Article VI of session No. 002-99 held on January 6, 1999, by the Board of Directors of the former Institute of Agrarian Development (now INDER), which declared Mr. Ricardo Madrigal Madrigal and Mrs. Pamela Louise Nave Stowers as beneficiaries and awardees of parcel No. 14 of the Osa Peasant Settlement, Los Planes de Drake Sector, located in SIERPE de Osa, was annulled by judgment No. 0134-2021-VI at 07:30 hours on October 13, 2021, issued within judicial file No. 19-003693-1027-CA, a judicial resolution in which it ordered, in what is of interest: "POR TANTO (...) 1. The absolute nullity is declared, for purposes of its future inapplicability, of the Agreement adopted by the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, in Article VI of session 002-99, held on January 6, 1999, at its point 22) insofar as it declares Mr. Ricardo Madrigal Madrigal and Mrs. Pamela Louise Nave Stowers as beneficiaries and awardees of parcel 14 of the Osa Peasant Settlement, Los Planes de Drake Sector, location SIERPE, Osa. 2) Once the judgment is final, the eviction and respective placing into possession in favor of MINAE must be ordered, through the Regional Office of the Osa Conservation Area (Área de Conservación Osa), of the property subject to this proceeding, if another legal reason does not prevent it. (...)". Said judicial resolution is final. Therefore, the plaintiff clearly holds no right whatsoever in relation to the previously indicated parcel No. 14. Additionally, as Mrs. Nave has no type of right over the property in question, despite exercising possession over it -obviously on a precarious basis-, INDER has no obligation whatsoever to relocate her to another property of similar conditions, and therefore, this part of the claim cannot be admitted, much less can this Court order its compliance by the institution brought before it, and her petition must be rejected, as is hereby ordered. The foregoing does not imply that the plaintiff is prevented from resorting to the usual and common channels provided for by the current legal system to again try to have INDER grant her possession of a new parcel, but on the understanding that the plaintiff has no right whatsoever to be provided with the same in an exceptional manner, nor to be given any priority or preference in the process of assigning lands that said entity usually carries out. For equal reason, the claim intended seeking that "(...) my represented party be recognized within the group of possessors described in the censuses appearing at folios 39-68, 99-111, and (sic) 168-187, as a result of her continuous possession by successive tract (tracto sucesivo), the same that is represented by map P-489778-1998.", must be rejected, given that it has not been proven in the case file that the plaintiff possessed the land of interest prior to 1989, much less prior to its encumbrance as a public domain asset, which occurred in 1978; nor has the plaintiff managed to demonstrate being the holder of that supposed successive possession she claims to hold over parcel No. 14, an aspect in relation to which she did not provide any evidence to the case file, even though the evidentiary burden to conclusively prove her assertion rested upon her. Regarding the claim seeking to declare: "That it was known to the former I.T.C.O. -now I.N.D.E.R.- that in the lands it intended to expropriate from the company Osa Forestales there was a problem of precarious occupation, as is the case of my represented party, which is represented by map P- 489778-1998.", it must be stated that it lacks all effectiveness within the present matter, as it is clearly an undisputed fact between the parties that a social conflict over land tenure existed in said area before the State ordered the expropriation of the assets that belonged to the company Productos Osa Forestales S.A. and registered them in the name of INDER; however, there is no current interest in granting what is sought, as has been indicated in the preceding lines, the properties located in the area where said conflict developed are now public domain assets and are registered in the name of INDER, so there is no legal possibility whatsoever of proceeding to register them in the name of third parties and/or private individuals, with a clear lack of current interest operating regarding this specific claim, for which reason the indicated claim is rejected. As a consequence of the considerations set forth in the preceding lines, the filed claim is declared without merit in all its respects, as is appropriate, in accordance with law.

VIII. On the exceptions. Upon answering the present claim, the Institute of Rural Development invoked the exceptions of res judicata (cosa juzgada), prescription (already resolved in the preceding recitals), lack of passive standing (falta de legitimación pasiva), lack of current interest (falta de interés actual), and lack of right (falta de derecho). Regarding the exception of res judicata, it must be rejected, since the particular legal situation of the plaintiff Nave Towers in relation to parcel No. 14 of the Osa Peasant Settlement, Los Planes de Drake Sector, located in SIERPE de Osa, has not been the subject of knowledge and resolution in another prior jurisdictional process. The foregoing, because when invoking this exception, INDER's representative focused on another specific case, properly that of Mr. Mario Villalobos Arguedas, referring to the farm called "La Tortuga" and processed under file No. 87-002347-177-CA, which initially formed part of this litigation (when several processes were joined together with the one that occupies us here and now), but which was later resolved in the specific file processed for Mr. Villalobos, upon disjoining the respective files. Regarding the exception of lack of passive standing, it must suffer the same fate, being rejected by this Court, since within this litigation the presence of the Institute of Rural Development (INDER) was imperative as the defendant, being the registered owner and holder of the Puntarenas district farm registered under real folio registration No. 039334-000, of which parcel No. 14 of the Osa Peasant Settlement forms part, the possession of which was occupied by the plaintiff Nave Towers. Likewise, it is appropriate to reject the exception of lack of current interest invoked by the defendant entity, because as the specific situation of Mrs. Nave Towers in relation to the previously referenced parcel 14 has not been previously elucidated, there is an evident current and valid interest in this process, which is the adequate means to provide a solution to said legal conflict. In relation to the alleged exception of lack of right, the solution must be different, because supported by the reasoning set forth and developed in the preceding recitals, none of the claims intended by the plaintiff within this litigation found sufficient support -neither factual nor legal- to be admitted by this Court, which imperatively leads to upholding the alleged exception and, consequently, to declaring the filed claim without merit in all its respects, as is hereby ordered.

IX. On the costs. In accordance with numeral 193 of the Contentious-Administrative Procedure Code, procedural and personal costs (costas) constitute a burden imposed on the losing party by the mere fact of being so. The exemption from said condemnation is only viable when, in the Court's judgment, there was sufficient reason to litigate or when the judgment is issued by virtue of evidence the existence of which the opposing party was unaware. In the present case, this Court deems that none of the legal grounds established for granting said exemption exist, which is why this matter is resolved by imposing the payment of both costs of the process on the losing plaintiff.

POR TANTO

The exceptions of prescription, res judicata, lack of passive standing, and lack of current interest raised by the defendant entity are rejected. The exception of lack of right is upheld, and consequently, the filed claim is declared without merit in all its respects. Both costs of the process are borne by the losing plaintiff. Notify.- Sandra M. Quesada Vargas.- Rosa Cortés Morales.- Paulo A. Alonso Soto.-  

EXP: 15-004913-1027-CA

Email: [email protected]

 

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-26-2026 06:26:14.

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