Res. 01889-2025 Tribunal Contencioso Administrativo — INDER property rights consolidate upon expiry of 15-year limitationsPropiedad del INDER se consolida al vencer las limitaciones de 15 años

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 01889 - 2025

Fecha de la Resolución: 28 de Febrero del 2025 a las 12:44

Expediente: 19-007192-1027-CA

Redactado por: Paulo André Alonso Soto

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias del mismo expediente


Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

19-007192-1027-CA - 5




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR/A:

	

MARIO FRANCISCO DE JESUS FALLAS SANCHEZ




DEMANDADO/A:

	

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

 

 N° 2025001889

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las doce horas con cuarenta y cuatro minutos del veintiocho de Febrero del dos mil veinticinco.-

PROCESO DE CONOCIMIENTO establecido por MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ, comerciante, cédula 1-0523-0691 y YILCA OFELIA QUINTERO SÁNCHEZ, de nacionalidad panameña, pasaporte de su país PA- 0805271, ambos vecinos de los Estados Unidos de Norteamérica, Estado de Florida, representados por sus apoderados especiales judiciales, RUBÉN HERNÁNDEZ VALLE, mayor, casado una vez, abogado, cédula 1-0342-0665, carné N° 1165, vecino de San José y MARINO ANDRÉS MERCADO CASTRO, mayor, abogado, divorciado, cédula 1--1123-0962, carné N° 17608, vecino de Cartago, contra el INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (en adelante INDER) representada por su apoderado especial judicial JONATHAN JIMÉNEZ RUIZ, mayor, abogado, casado, cédula 2-585-669, vecino de Alajuela (I, 303-304). GERARDO VILLALOBOS MONTERO, mayor, casado, abogado, cédula 1-808-577, vecino de Heredia, se apersonó como tercero interesado. Otorgó poder al Lic. Adrián Bellanero Quesada, mayor, soltero, abogado y notario, vecino de Cartago, cédula 6-0418-0855, carné N° 28206 (I, 356 y 480).

CONSIDERANDO:

I)  ASUNTOS DE TRÁMITE:   En principio, todas las referencias a imágenes corresponden al expediente judicial, salvo que de indique otra procedencia. 

1) La demanda se presentó el día 29 de octubre de 2019, en contra el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) los señores JOSÉ FRANCISCO MOLINA SALAS y RONALD LEWIS MC LAREN. (I, 2-29 escritorio virtual).

2) La Jueza Tramitadora que por turno conoció de este proceso, mediante auto de las siete horas y veinticinco minutos del día 1° de noviembre de 2019, tuvo por establecido el proceso de conocimiento por parte de Mario Francisco Fallas Sánchez y Yilca Ofelia Espinoza y contra el INDER. (I, 264-266).

3) El INDER contestó la demanda por escrito de fecha 19 de diciembre de 2019, oponiéndose a la misma e interponiendo las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva, falta de interés actual, defectos que impiden verter pronunciamiento sobre el fondo, cosa juzgada constitucional, caducidad, prescripción y falta de integración de la litis consorcio pasivo necesaria. (I, 275-302).

4) Por auto de las catorce horas y siete minutos del día 19 de diciembre de 2019, se tuvo por contestada la demanda en tiempo y por interpuestas las excepciones citadas. (I, 316).

5) La parte actora realizó réplica de la contestación de la demanda. (I, 319-325 y 334-338).

6) Mediante resolución N° 286-2020 de las 16:05 hrs. del día 14 de febrero de 2020 se rechazó defensa previa de litis consorcio pasivo necesario incompleto, y por auto de las 13:22 hrs del 24 de febrero de 2020, se le confirió audiencia a Gerardo Villalobos Montero, en relación a constituirse como tercero interesado o coadyuvante. (339-344 y 352).

7) Gerardo Villalobos Montero, se apersonó como tercero interesado. (I, 356).

8) La Jueza Tramitadora, conforme auto de las 10:15 hrs del 9 de marzo de 2020, resolvió integrar al señor Gerardo Villalobos Montero, en calidad de tercero interesado. (I, 357-358).

9) El Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I, por auto N° 473-2020-I, de las 17:30 hrs del 12 de octubre de 2020, confirmó la resolución N° 286-2020-T del la Jueza de Trámite. (I, 368-372).

10) La Jueza Tramitadora Liana Morera Rodríguez realizó audiencia preliminar el día 13 de agosto de 2021, en donde la parte actora precisó la pretensión. (I, 489-492).

11)  El INDER en audiencia sobre reajuste de pretensión se opuso a la misma alegando además la excepción de falta de derecho. (I, 493-496).

12) La representación de la parte actora, se opuso a la excepción de falta de derecho alegada por la parte demandada. (I, 503-512).

13) Por escrito del día 18 de noviembre de 2021 la parte actora cuestionó ante la Sala Constitucional, lo dispuesto en el artículo 112 inciso (i) del Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras. (I, 517-519).

14) Se realizó audiencia preliminar el día 19 de noviembre de 2021. Se difirió las excepciones de caducidad y prescripción para la resolución de fondo. Se declaró sin lugar la defensa de cosa juzgada constitucional interpuesta por el INDER. Se tuvieron todos los hechos como controvertidos, se admitió la prueba a recabar durante la audiencia de juicio oral y público.  (I, 520-524).

15) La parte actora desistió el día 7 de febrero de 2022 del proceso en contra de José Francisco Molina Salas y Ronald Lewis Mc Laren. (530).

16) Mediante auto N° 16-2022 de las 11:10 hrs. del 17 de febrero de 2022, se desistió del proceso en contra de José Francisco Molina Salas y Ronald Lewis Mc Laren. (I, 531-533).

17) En razón de la acción de inconstitucionalidad formulada por la parte actora, en contra del Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras del INDER, se suspendió el conocimiento del proceso de fondo. (I,  544-548 y 555).

18) La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por resolución N° 2024018680 de las 9:20 hrs. del día 3 de julio de 2024, declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad; precisando en el  considerando IX, que: "Con base en los argumentos expuestos supra debe concluirse  que la disposición no resulta contraria a la Constitución y, por ende, la acción debe ser declarada sin lugar." (I, 586-635)

19) El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Grupo de Trabajo N° 8, (Sección VIII), se constituyó para la celebración de la audiencia oral y pública el día 11 de febrero de 2025, estando integrado por los Jueces Rodolfo Marenco Ortiz, Jonatán Canales Hernández y Paulo André Alonso Soto, siendo a este último quien le correspondió presidir y preparar la ponencia que por unanimidad se dictó, luego de la deliberación correspondiente. Se rechazó prueba de la parte actora para mejor resolver consistente en una copia de un Reglamento, por ser parte del ordenamiento jurídico. Luego de los alegatos de apertura se evacuó la declaración de Mario Francisco Fallas Sánchez y Yilca Ofelia Quintero Espinoza. Luego, se evacuó el testimonio de Ronald Lewis Mc Laren, 1-543-035, Ronald Francisco Carrillo Sánchez, 1-827-575 y Olger Jiménez Molina 2-549-972.  Finalmente, las partes presentaron sus conclusiones y dándose por finalizada la audiencia luego de declararse complejo el proceso conforme lo posibilita el CPCA, art. 111. No aprecia este Tribunal aspectos de nulidad que le impidan verter este pronunciamiento.-

II) OBJETO DEL PROCESO.- La parte demandante en relación a la pretensión indicó:

"Pretensiones principales

1. Se declare que el derecho de propiedad de mis representados se consolido en fechas del 23 de enero de 2011, siendo dicha fecha el momento de vencimiento de las limitaciones impuestas según el articulo 67 de la Ley 2825.

2. Se declare la ilegalidad del procedimiento administrativo 008-2011-NUL practicado por el INDER, concretamente del acto final del articulo 45 de la sesión 014-2011 celebrada el 12 de abril de 2011.

3. Se ordene al Registro Nacional, inscribir la finca 6-95747 a nombre de los aquí demandantes con derechos iguales.

4. Se ordene al INDER el pago de las costas personales y procesales del presente proceso. Pretensiones subsidiarias:

1. Se condene al INDER, el pago de los daños sufridos por mi representados con ocasión de la ilegal anulación del derecho de propiedad de mis representados sobre la finca 6-95747; los cuales serían: * Material: El valor actual del inmueble por cincuenta millones de colones. Mejoras y construcciones introducidas al inmueble, por ocho millones de colones, en perímetro cerrado de tapias y portones, estructuras metálicas para el estacionamiento de vehículos y servicios sanitarios con drenaje.

2. Se ordene al INDER al pago de las costas personales y procesales del presente proceso."  (Pretensión determinada durante la audiencia preliminar y que fue leída por el representante de la parte actora a partir del minuto 00:48:10:00 y hasta el 00:49:18:15.).

III) HECHOS PROBADOS.- De relevancia para la resolución del presente proceso de conocimiento, se tienen como hechos probados los siguientes:

A) DE LA PRUEBA DOCUMENTAL:

1) En fecha 10 de enero de 1996, oficio ST-A-001, emitido por el Coordinador Programas de Titulación a la Secretaría General del IDA, se indicó en lo conducente: " (...) // ASENTAMIENTO SANTA TERESA (...)// 1- EN CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y CON LA RECOMENDACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE OROTINA Y DE ESTA SECCIÓN SOLICITO ADJUDICAR, SEGREGAR Y TRASPASAR 60 PARCELAS Y LOTES QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBIERÁN POR REUNIR LOS POSEEDORES LA CONDICIONES Y REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS EN LA LEY 2825 (LEY DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN) DEL 14 DE OCTUBRE DE 1961, PARA QUE SE LES EXTIENDA EL CORRESPONDIENTE TÍTULO SUPLETORIO DE DOMINIO. // (...) ASENTAMIENTO SANTA TERESA: (...) MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ (...) YILCA OFELIA QUINTERO ESPINOZA (...) 3. LAS LIMITACIONES QUE QUEDAN SUJETAS LAS PARCELAS Y LOTES DEL PRESENTE OTORGAMIENTO SON LAS MISMAS QUE CONTIENE LA LEY 2825 DE 14 DE OCTUBRE DE 1961 Y SUS REFORMAS. 4 AUTORIZAR AL INGENIERO AGRÓNOMO ORLANDO DORADO BOZA PRESIDENTE EJECUTIVO A COMPARECER ANTE EL NOTARIO ASIGNADO (...) DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO PARA OTORGAR LAS RESPECTIVAS ESCRITURAS DE TRASPASO. (...)" (Expediente Judicial, imágenes 70-74).

2) El Instituto de Desarrollo Agrario, el día 7 de febrero de 1996 comunicó a la Sección Titulación el acuerdo tomado por la Junta Directiva en el artículo L, de la sesión N° 002-96, celebrada el día 23 de enero de 1996, acuerdo N° 50 en donde se dispuso en lo conducente: "ACUERDO N° 50: 1. APROBAR LA ADJUDICACIÓN, SEGREGACIÓN Y TRASPASO DE SESENTA LOTES Y PARCELAS  EN LOS ASENTAMIENTOS (...) SANTA TERESA (...) POR REUNIR LOS POSEEDORES LAS CONDICIONES Y REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS EN LA LEY 2825 (LEY DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN) DEL 14 DE OCTUBRE DE 1961, PARA QUE SE LES EXTIENDA EL CORRESPONDIENTE TÍTULO SUPLETORIO DE DOMINIO (...) NOMBRE (...) ASENTAMIENTO SANTA TERESA: (...) MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ (...) Y YILCA OFELIA QUINTERO ESPINOZA (...) 0-0732,00 // 2-6 // 2.- EL COSTO POR CONCEPTO DE TIERRA MEDIDA Y TITULACIÓN SERÁ COMO SIGUE: (...) AEMTAMIENTO (SIC) SANTA TERESA: A RAZÓN DE 6.156,45 COLONES LA HECTÁREA (...) 3.- LAS LIMITACIONES QUE QUEDAN SUJETAS LAS PARCELAS Y LOTES DEL PRESENTE OTORGAMIENTO SON LAS MISMAS QUE CONTIENE LA LEY 2825 DE 14 DE OCTUBRE DE 1961 Y SUS REFORMAS.(...) LA FIRMA DE PROTOCOLO ESTÁ PROGRAMADA PARA EL DÍA 26 DE ENERO DE 1996 EN OFICINA REGIONAL DE COYOLAR DE 9 AM A 2 PM// ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD". (Expediente administrativo, folios 009-03).

2) En el protocolo del Notario Público Alex Benjamín Gen Palma y Carlos Enrique García Anchía, consta la escritura N° cinco de fecha 10 de febrero de 2011, en donde compareció Orlando Dorado Boza, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, hoy INDER, en donde se indicó en lo conducente: "APARTE DIEZ: Sigue manifestando el compareciente Dorado Boza, siempre con la representación que ostenta, que su Representado es dueño de la finca inscrita en el Registro Público, Sección de Propiedad, Partido de PUNTARENAS al FOLIO REAL matrícula número DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES - CERO CERO CERO, conocida como PROYECTO SANTA TERESA, de la cual SEGREGA los lotes que a continuación se describirán que son todos terreno para la VIVIENDA, excepto los dos últimos que son para la AGRICULTURA, sitos todos en el distrito doce, del cantón primero de la provincia de PUNTARENAS, y lo vende así: LOTE DOS - DOS (...) LOTE DOS - SEIS: linda al NORTE: José Rojas Valerio: SUR: Iris Mora Araya: ESTE: Celín Cubero Pérez, y Oeste: calla pública, MIDE: SETECIENTOS TREINTA Y DOS METROS CUADRADOS, según plano P-doscientos cuarenta y tres mil ciento cuatro- noventa y cinco, lo vende a MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ y YILCA OFELIA QUINTERO ESPINOZA, casados una vez, cédula uno - quinientos veintitrés - seiscientos noventa y uno, y de nacionalidad panameña, con cédula de esa República, número cuatro - ciento noventa y ocho - novecientos setenta y nueve, respectivamente, en la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA COLONES, SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS, PAGADOS. (...) DOS - NUEVE (...). EL RESTO que se reserva el Instituto (...) D) Que los compradores no podrán traspasar el dominio de su predio, ni gravarlo, arrendarlo o subdividirlo, sin la autorización previa del Instituto vendedor, excepto que hayan transcurrido quince años contados a partir de esta fecha, exceptuándose de la prohibición anterior, las operaciones que se celebren con la Banca nacionalizada, el Consejo Nacional de Producción o cualesquiera otras Instituciones de crédito del Estado. Transcurridos los quince años dichos, cualquier enajenación de las parcelas o lotes aquí vendidos, que a juicio del Instituto vendedor (...) F) Que el incumplimiento por parte de los compradores o de las personas a quienes estos hayan transmitido sobre las parcelas o lotes aquí vendidos, de cualesquiera de las obligaciones que señala la Ley de Tierras y Colonización citada, dará derecho a el (sic) Instituto vendedor, para revocar administrativamente las adjudicaciones y para solicitar al Registro Público que la parcela o lote sea inscrito nuevamente a favor de dicho Instituto, quien pagará el precio original de compra y el valor de las mejoras útiles y necesarias de conformidad con el avalúo que al respecto realizará un perito de la Institución vendedora.// (...) Extiendo un primer testimonio literal para el Instituto vendedor y sendos primeros testimonios en lo conducente para cada adjudicatario. Leído lo escrito a los comparecientes lo aprobaron y todos firmamos en Orotina a las nueve horas del diez de febrero de mil novecientos noventa y seis". (Expediente judicial, imágenes 149- 248).

3) El Registro Nacional, bajo el partido de Puntarenas, folio real matrícula N° 095747-001 y 002 indicó el día 4 de enero de 2011 que esa propiedad pertenecía en partes iguales a Mario Francisco Fallas Sánchez y Yilca Ofelia Quintero Espinoza, estableciendo en ambos derechos la existencia del siguiente gravamen: "LIMITACIONES DEL IDA LEY 2825 ART. 67. 430-03900-01-0936-001 AFECTA A FINCA 6-00095747 INICIA EL: 10 DE FEBRERO DE 1996 // FINALIZA EL: 10 DE FEBRERO DE 2011 /CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY (...)".  Además, se consignó la siguiente naturaleza: "Lote 2-6 TERRENO PARA LA VIVIENDA SITUADA EN EL DISTRITO 12-CHACARITA CANTÓN 1-PUNTARENAS DE LA PROVIENCIA DE  PUNTARENAS." (Expediente administrativo folios 13-12).

4) El funcionario del entonces IDA, OLGER JIMÉNEZ MOLINA, elaboró acta de inspección del predio 2-6 el día 6 de enero de 2011, en donde en lo conducente consigno: "(...) en el lote se observa una estructura tipo baño con un tanque de abastecimiento de agua de aprox 200 litros de agua y aparte de esta estructura no se observa ninguna otro tipo de construcción, ni el predio está habitado // (...)a la hora de la visita no se encontró a nadie en el predio, se preguntó a vecinos por los señores propietarios, los cuales manifiestan que desde hace ya hace bastante tiempo no se observan por la zona inclusive le le preguntó a otras personas las cuales ni siquiera conocen a los propietarios ni sabían que ese lote existía." (Expediente administrativo folio 14).

5) Los técnicos Olger Jiménez Molina y Mauricio Moya Fuente, elaboraron el informe de inspección agraria OSPA-OJM-006-2011 del día 7 de enero de 2011, en donde indicaron: "(...) Recomendación: Mediante inspección de campo se realizó investigación, y se recomienda se inicie con el proceso de revocatoria en contra de la finca matrícula, 6-095747 - 001-002 perteneciente al lote #2-6, del Asentamiento Santa Teresa. Propiedad de los señores Mario Francisco Fallas Sánchez (...) y Yilca Ofelia Quintero Espinoza (...) por comprobarse el abandono injustificado del predio, también por no dar con el paradero de estas personas se recomienda se notifique por edicto.// Sin otro particular. " (Expediente Administrativo folios 19-15).

6) El Ing. Víctor Julio Madrigal Porras, de la Oficina Sub - Regional Paquera, por oficio OSPA-013-2011 del día 12 de enero de 2011 dirigido al Ing. José Francisco Molina Salas, Coordinador Agrario Regional, en donde le solicitó dar inicio al procedimiento de revocatoria de acuerdo de adjudicación y de la subsecuente nulidad del título del lote N° 2-6. En el oficio se señaló como causal de lo anterior, el abandono injustificado del predio por parte de los administrados, por cuanto el predio esta abandonado y sin ningún tipo de construcción habitacional. (Expediente administrativo folios 23-22).

7) El Lic. Ronald Lewis Mc Laren, Asesor de Asuntos Jurídicos, por auto de las nueve horas con treinta minutos del día jueves 13 de enero de 2011, bajo el expediente N° 008-2011 NUL en lo conducente indicó: "Con fundamento en las facultades que otorga la Ley de Tierras y Colonización 2825 del 14 de octubre de 1961 y sus reformas y conforme al procedimiento indicando en los artículos 107 y siguientes del Reglamento Para la Selección y Asignación de Solicitantes del Tierra, publicado en La Gaceta N° 38 del 22 de febrero del 2008, a fin de dar inicio a la investigación de la verdad real de los hechos, se dicta la presente resolución en proceso de Revocatoria de la Adjudicación del lote N° 2-6 , del Asentamiento Santa Teresa en Cóbano de Puntarenas, con la Subsecuente Nulidad del Título de Propiedad contra el señor MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ (...) y la señora YILCA OFELIA QUINTERO ESPINOZA (...) por supuesta violación de as obligaciones impuestas por el IDA a sus adjudicatarios por medio del Contrato de Asignación de Tierras, según lo dispone el artículo 66 y siguientes de la indicada Ley 2825, abandono injustificado del lote al existir ausencia física y completa de los administrados respecto al predio, causal tipificada en el artículo 68 inciso 4) párrafo b). En resguardo de los principios del Debido Proceso y Derechos de Defensa, se resuelve notificar (...) la presente convocatoria a comparencencia para ante este Despacho, (...). Se advierte que cabe Recurso Ordinario de Revocatoria y Apelación contra el presente acto inicial, conforme a los artículos 345 y 346 de la Ley General de la Administración Pública. Para la indicada audiencia, se señalan las diez horas del jueves diecisiete de marzo de dos mil once (...).// Debido a que se desconoce el paradero de los administrados, procédase a efectuar la publicación de dicho proceso por medio de Edicto por dos veces en el Diario Oficial La Gaceta. A fin de que se tenga por interrumpido el vencimiento de limitaciones y acogiéndose al Principio de Publicidad Registral, anótese este proceso en el Registro Público de la Propiedad Inmueble al margen de la relacionada finca (art. 7 Ley 6735 de Creación del IDA de 29 de marzo de 1982. NOTIFÍQUESE. (...)" (Expediente administrativo folios 24-25).

8) El Lic. Ronald Lewis Mc Laren, Asesor de Asuntos Jurídicos, por auto de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del 13 de enero de 2011, expidió exhorto de anotación de proceso del IDA, dirigido al Director del Registro Público de la Propiedad Inmueble. (Expediente administrativo, folio 26).

9) El Registro Nacional ante consulta realizada a su base de datos del día 9 de febrero de 2011, bajo el partido de Puntarenas, matrícula de folio real N° 095747 derechos 001 y 002, indicó en lo correspondiente: "ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: SI HAY // EXHORTO DE NULIDAD DEL IDA CITAS: 2011-33611-001 PRESENTADA A LAS 10:03:02 DEL D´DÍA 09 DE FEBRERO DE 2011 // OTORGADA A LAS 09:45:00 DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2011. // (...)" (Expediente administrativo folios 33-32).

10) En la Gaceta N° 19 del jueves 27 de enero de 2011, páginas 98 y Gaceta N° 20 del día viernes 28 de enero de 2011, página 73-74, se publicaron los edictos para comunicar a los demandantes el inicio del procedimiento administrativo. (Expediente administrativo, folios 39-34).

11) El Lic. Ronald Lewis Mc Laren, por auto de las diez horas del día jueves 17 de marzo de 2011, dentro del proceso de revocatoria con la Subsecuente Nulidad del Título referente al lote #2-6 efectuó acta indicando que los señores adjudicatarios  del lote #2-6 no comparecieron a la hora y fecha señalada, así como tampoco aportaron descargo alguno dentro del expediente. (Expediente administrativo, folio 40).

12) El Lic. Ronald Lewis Mc Laren y el Ing. Carlos Alvarado Vargas, mediante el oficio AJORO-RL-020-2011 OROTINA 21 de Marzo de 2011, dirigido a la Junta Directiva del entonces IDA, -hoy INDER- en donde se recomendó en lo conducente: "Con base en la prueba anterior, la que obra en el terreno y el expediente mismo, es necesario hacer un análisis de la causal imputada, lo cual se hace a continuación. La Ley de Tierras v Colonización al igual que los reglamentos de Selección de Beneficiarios y/o Familias que se han promulgado y aplicado en el Instituto, disponen de una serie de normas de carácter obligatorio para con las tierras distribuidas por el IDA y a cargo de los respectivos beneficiarios. Se dispone de igual manera de causales y sanciones a través de las cuales el beneficiario incumpliente puede perder su derecho a la parcela, granja o lote. Así es como el artículo 66 de la ley dispone que cuando el beneficiario incumpla con las obligaciones impuestas por el Instituto, a juicio de éste, acarreará la pérdida del derecho sobre el inmueble. El numeral 68 inciso 4, ibídem, señala de forma taxativa algunas causales por las cuales de manera obligada el IDA debe declarar la extinción del derecho, obviamente en la forma que el ordenamiento jurídico prevea para cada procedimiento y causa. Así tenemos que, el citado inciso, en su parágrafo b) señala el abandono como una causa por la cual el Instituto debe revocar o extinguir el derecho sobre la parcela. Pero, cómo se debe entender el vocablo abandono, jurídicamente el abandono consiste en una acción de dejar de hacer aquello a lo que se esta obligado sin que sea necesaria una ausencia material del obligado con respecto al acreedor de la obligación, -entiéndase una persona o un bien objeto de tal obligación-. En otras palabras, el abandonar un bien o un deber con respecto al bien, no implica la separación física del obligado sino en un acto de voluntad con respecto los bienes o personas a quienes se debe esa obligación, llámese deber de atención, vigilancia, etc. Lo importante no es el alejamiento material o físico del obligado respecto al bien o persona, sino el dejar de ejecutar aquellos actos que jurídicamente se le exigen para con el acreedor de la obligación y así tener esta por cumplida. Así, a manera de ejemplo, podemos encontrar en el mundo de las relaciones jurídicas la nacida a raíz del vínculo familiar la cual se puede traducir, dentro del contexto del abandono, la no atención de las obligaciones parentales ya sea con los hijos, cónyuge o los propios padres; penalmente también se encuentra el abandono como sanción punitiva cuando el mismo se produce con respecto de personas o animales, lo cual el acreedor sino que lo puede constituir la simple decidia del obligado frente a los deberes que el ordenamiento le impone con determinada persona o bien. En materia laboral, también tenemos que el "abandono del trabajo" no lo constituye el hecho material de que el trabajador se vaya físicamente del lugar sino el hecho de dejar de hacer o cumplir las labores encomendadas por el patrono o por el ordenamiento, en el contrato de trabajo, dejando así, de manera voluntaria, de cumplir con sus deberes para con el fin último de la relación, el cual es la prestación de determinado servicio. // Con fundamento en lo anterior es necesario, al amparo de la interpretación armónica de las normas jurídicas que regulan el accionar del Instituto, determinar cuándo se incurre en abandono del predio o de la familia, tal y como lo prevee la norma supra citada. Tanto en la ley como en el Reglamento que sustenta la respectiva adjudicación de parcelas, granjas familiares o lotes para vivienda, se imponen obligaciones a cargo del beneficiario en relación con el fin para el cual le ha sido asignada la tierra. En los casos de las tierras asignadas o adjudicadas por el Instituto se tiene en cuenta el uso para el cual se asignan cada una en sus diferentes modalidades dichas, siendo que el uso asignado a cada uno de los predios, conlleva en si un fin o un objetivo que el beneficiario debe cumplir obligatoriamente. En concreto, si la parcela, granja familiar o lote para vivienda, ya de por si tiene un fin determinado y así se regula en el ordenamiento aplicable por y a la Institución, es preciso que el accionar del beneficiario respecto al fundo sea necesariamente para darle ese fin o uso, en aras de mantenerse dentro del marco del cumplimiento de las obligaciones y deberes que legalmente se imponen al beneficiario a manera de condición de hecho y de derecho en la explotación o uso del inmueble, resultando que, en el tanto se cumpla con el uso o fin para el cual se le ha entregado el fundo, no sea objeto de ninguna sanción. De ahí que, el artículo 68 en su inciso 4 dispone de ciertas causales que implican incumplimiento por parte del beneficiario respecto de las obligaciones que el ordenamiento le impone. El abandono como causal de extinción no debe ser mezclado ni interpretado a la luz de las demás causales que, aunque de cierta forma relacionadas con las obligaciones de explotación, no mantienen el significado e importancia del abandono y de ahí que la misma ley prevea que ni siquiera se haga necesaria una amonestación. Puede producirse el abandono de dos maneras, como ya se dijo, siendo una de ellas la separación material y definitiva de la relación beneficiario-tierra y la otra, más que todo voluntariosa, es la inercia del beneficiario en el cumplimiento de su deber y no ejercicio de los derechos, facultades y obligaciones que tiene para con el inmueble en relación con el fin para el cual se le ha asignado. A su vez, esa manifestación de voluntad puede ser expresada de manera explícita o bien de manera implícita con el simple dejar de hacer lo que se esta obligado a realizar; y a su vez, podemos decir que esa expresión de voluntad puede surgir del deseo mismo de no cumplir con esas obligaciones (dolo) o bien por la falta de interés del obligado en cumplir con sus deberes. // Vista así la situación, debemos abocamos a determinar sin en el presente proceso se produjo o no la causal de abandono, haciendo un análisis tanto de la normativa vigente como de la prueba y los hechos materiales en sí. // Señala el artículo 145 de la Ley General de la Administración Pública que "los efectos del acto administrativo podrán estar sujetos a requisitos de eficacia, fijados por el mismo acto o por el ordenamiento.” Esta disposición es muy importante para el siguiente análisis normativo, dado que de ella se derivará o no la determinación de la existencia de la causal investigada. El artículo 12 de este mismo cuerpo normativo, dispone de la imposibilidad legal de derogar o desaplicar para casos concretos las normas escritas (reglamentos etc) o no escritas que integran el ordenamiento jurídico administrativo y, el artículo 11 del citado texto de ley, nos constriñe en la actuación administrativa al principio de legalidad según el cual la Administración Pública solo puede realizar aquellos actos autorizados por el ordenamiento jurídico.// En el presente caso, al momento en que el IDA le otorgó a los administrados el inmueble, se encontraba en vigencia el Reglamento Autónomo para la Selección de Beneficiarios aprobado por la Junta Directiva en ¢l artículo V de la sesión 88-93 del 22 de noviembre, advirtiéndose en su artículo 60 que el mismo regía a partir de su publicación en La Gaceta, lo cual sucede al hacer público según la Gaceta No. 32 del 13 de febrero de 1994, fecha a partir de la cual este reglamento cobra vigencia jurídica al integrarse al ordenamiento que rige a la Institución y a los beneficiarios usuarios de los servicios del IDA. Según reza así el artículo 39 de este Reglamento, y con fundamento en el artículo 87 de la Ley 2825, el IDA se reservaría de los terrenos destinados a asentamientos parcelarios, las áreas requeridas para el establecimiento y desarrollo de centros de población. Sigue diciendo el numeral 40 que en estos centros. la adjudicación de lotes para vivienda se daría a favor de familias de escasos recursos, carentes de vivienda y que estén dispuestos a construirla en los términos establecidos en el Reglamento. El artículo 42 reitera la necesidad que el beneficiario construya la vivienda en el plazo reglamentario y que HABITE EN ELLA. El artículo 43 es el que define el plazo para iniciar la construcción de la vivienda, el cual se fija en seis meses a partir de la adjudicación y un año para concluirla. El artículo 44 in fine, sentencia diciendo que “sí por alguna razón el adjudicatario no pudiera construir la vivienda en el plazo fijado, su adjudicación quedará sin efecto”. Esto es, tal y como se dijo líneas arriba, una condición de hecho y de derecho que hace que el acto quede sin efecto, de forma automática, si la misma no se cumple. // La Filosofía y fundamento que tuvo el Instituto para otorgar este tipo de predios denominados lotes para vivienda, lo fue pensando en aquellas personas que sin tener una vocación y dedicación puramente agrícola y que tenían o tiene algún tipo de trabajo como asalariados o un pequeño negocio propio pero con carencia de terrenos para vivir en casa propia. De esta forma, el IDA les facilita el terreno y se les abre la posibilidad de acceder al bono de la vivienda o bien a créditos blandos de vivienda de interés social. //En tal sentido el Estado costarricense a través no solamente del IDA ha hecho ingentes esfuerzos y grandes inversiones en la adquisición y distribución de tierras con esos fines en aras de aliviar la gran presión social en el aspecto habitacional. Es así como en las últimas versiones del Reglamento que regula la selección de familias beneficiarias se ha insertado capítulos que regulan y refieren a este tema. //En el caso del lote adjudicado al señor MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ,  cédula de identidad número 1-0523-0691 y la señora YILCA OFELIA QUINTERO ESPINOZA, cédula de residencia número 4198979, tomando en cuenta el destino y el análisis hecho a la causal de abandono, así como lo estipulado en los artículos 43 y 44 in fine, del Reglamento ya comentado, la prueba constante en el expediente, aportada por el IDA, así como la constante en el terreno, se tiene por plenamente demostrada la Causal imputada, al no haber hecho construcción de su casa y habitar en ella, según el fin destinado al lote otorgado a los administrados, no habiendo justificación de los administrados máxime la existencia de servicios básicos infundado por la presencia misma de viviendas en los alrededores y la existencia de la comunidad ya establecida en el asentamiento, siendo que en la especie estamos claramente ante un abandono injustificado del bien y el acaecimiento de la condición resolutoria del  derecho como adjudicatario, según el texto del artículo 42 del Reglamento vigente cuando le fue adjudicada y traspasada la propiedad. //En el expediente referido al lote otorgado al señor Mario Francisco Fallas Sánchez, y la señora Yilca Ofelia Quintero Espinoza, se ha tenido por demostrado que no existe, desde 1996 ni la vivienda ni el uso para el cual se le otorgó el inmueble.// Siendo así las cosas esta Asesoría Jurídica RECOMIENDA se declare la revocatoria de la Adjudicación hecha mediante Acuerdo de Junta Directiva, Artículo L de la sesión 02-96, de fecha 23 de enero de 1996, a favor del señor MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ, cédula de identidad número 1-0523-0691, y la señora YILCA OFELIA QUINTERO ESPINOZA, cédula de residencia número 4198979, con la Subsecuente Nulidad de Título de Propiedad del lote 2-6 del Asentamiento Santa Teresa, propiedad de la Provincia de Puntarenas, inscrita bajo la matrícula número 95.747-001-002. Igualmente se ordene la expedición del exhorto de estilo al Registro para la reversión de dicho inmueble a propiedad del IDA. Se debe advertir a los administrados abstenerse de introducir mayores mejoras de las ya existentes a la fecha del comunicado de la respectiva resolución, debiendo practicarse el avalúo de las útiles y necesarias y cancelarlas a los ex beneficiarios, conforme al artículo 66 de la Ley 2825 de cita. // Se debe advertir a los administrados que en caso de inconformidad, contra lo resuelto podrá interponer recurso de apelación para ante el Tribunal Agrario en el término de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al recibo de la notificación de esta resolución, conforme a los artículos 66 y 177 de la Ley 2825 de Tierras y colonización del 14 de octubre de 1961 y 2 inciso f) de la Ley de Jurisdicción Agraria 6734 de 25 de marzo de 1982, el cual deberá ser presentado ante la Dirección Regional, sita en Coyolar de --Orotina o en la Oficina Subregional más cercana." (Expediente administrativo folios 48-43).

13) La Junta Directiva del IDA, -hoy INDER- el día 26 de abril de 2011 comunicó la "Revocatoria de Adjudicación y Nulidad de Título Tramitado Contra los propietarios  del Lote 2-6 del Asentamiento Santa Teresa", según comunicó la Secretaría General el acuerdo tomado por la Junta Directiva en el artículo N° 45 de la Sesión Ordinaria N° 014-2011, celebrada el 12 de abril de 2011, en donde se acogió la recomendación del órgano director del procedimiento administrativo en donde se dispuso en lo conducente: "Vista así la situación, debemos abocamos a determinar si en el presente proceso se produjo o no la causal de abandono, haciendo un análisis tanto de la normativa vigente como de la prueba y los hechos materiales en sí. //Señala el Articulo 145 de la Ley General de la Administración Pública que “los efectos del acto administrativo podrán estar sujetos a requisitos de eficacia, fijados por el mismo acto o por el ordenamiento,” Esta disposición es muy importante para el siguiente análisis normativo, dado que de ella se derivará o no la determinación de la existencia de la causal investigada. El Artículo 12 de este mismo cuerpo normativo, dispone de la imposibilidad legal de derogar o desaplicar para casos concretos las normas escritas (Reglamentos etc.) o no escritas que integran el ordenamiento jurídico administrativo y, el Artículo 11 del citado texto de Ley, nos constriñe en la actuación administrativa al principio de legalidad según el cual la Administración Pública solo puede realizar aquellos actos autorizados por el ordenamiento jurídico.// En el presente caso, al momento en que el IDA le otorgó a los administrados el inmueble, se encontraba en vigencia el Reglamento Autónomo para la Selección de Beneficiarios aprobado por la Junta Directiva en el Articulo V de fa Sesión 88-93 del 22 de noviembre, advirtiéndose en su Artículo 60 que el mismo regía a partir de su publicación en La Gaceta, lo cual sucede al hacer público según La Gaceta No. 32 del 15 de febrero de 1994, fecha a partir de la cual este Reglamento cobra vigencia jurídica al integrarse al ordenamiento que rige a la Institución y a los beneficiarios usuarios de los servicios del IDA. Según reza así el Artículo 39 de este Reglamento, y con fundamento en el Artículo 87 de la Ley 2825, el IDA se reservaría de tos terrenos destinados a Asentamientos parcelarios, las áreas requeridas para el establecimiento y desarrollo de centros de población. Sigue diciendo el numeral 40 que en estos centros, la adjudicación de lotes para vivienda se dará a favor de familias de escasos recursos, carentes de vivienda y que estén dispuestos a construirla en los términos establecidos en el Reglamento. El Artículo 42 reitera la necesidad que el beneficiario construya la vivienda en el plazo reglamentario y que HABITE EN ELLA. El Artículo 43 es el que define el plazo para iniciar la construcción de la vivienda, el cual se fija en seis meses a partir de la adjudicación y un año para concluirla. El Artículo 44 in fine, sentencia diciendo que “si por alguna razón el adjudicatario no pudiera construir la vivienda en el plazo fijado, su adjudicación quedará sin efecto”. Esto es, tal y como se dijo líneas arriba, una condición de hecho y de derecho que hace que el acto quede sin efecto, de forma automática, si la misma no se cumple. // La Filosofía y fundamento que tuvo el Instituto para otorgar este tipo de predios denominados lotes para vivienda, lo fue pensando en aquellas personas que sin tener una vocación y dedicación puramente agrícola y que tenían o tiene algún tipo de trabajo como asalariados o un pequeño negocio propio pero con carencia de terrenos para vivir en casa propia. De esta forma, el IDA les facilita el terreno y se les abre la posibilidad de acceder al bono de la vivienda o bien a créditos blandos de vivienda de interés social. En tal sentido el Estado costarricense a través no solamente del IDA ha hecho ingentes esfuerzos y grandes Inversiones en la adquisición y distribución de tierras con esos fines en aras de aliviar la gran presión social en el aspecto habitacional. Es así como en las últimas versiones del Reglamento que regula la selección de familias beneficiarias se ha insertado capítulos que regulan y refieren a este tema. //  En el caso del lote adjudicado al señor MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ, y a la señora YILCA OFELIA QUINTERO ESPINOZA, tomando en cuenta el destino y el análisis hecho a la causal de abandono, así como lo estipulado en los Artículos 43 y 44 in fine, del Reglamento ya comentado, la prueba constante en el expediente, el IDA, así como la constante en el terreno, se tiene por plenamente demostrada la Causal imputada, al no haber hecho construcción de su casa y habitar en ella, según el fin destinado al lote otorgado a los administrados, no habiendo justificación de los administrados máxime que de la fecha de la adjudicación al día de hoy han transcurrido 15 años, además de la existencia de servicios básicos infundado por la presencia misma de viviendas en los alrededores y la existencia de la comunidad ya establecida en el Asentamiento, siendo que en la especie estamos claramente ante un abandono injustificado del bien y el acaecimiento de la condición resolutoria del derecho como adjudicatario, según el texto del Artículo 42 del Reglamento vigente cuando le fue adjudicada y traspasada la propiedad, debiendo el IDA recuperar dicho inmueble de forma tal que lo procedente es revocar la adjudicación al señor MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ, cédula de identidad número 1-0523-0691, y la señora YILCA OFELIA QUINTERO ESPINOZA, cédula de residencia número 4198979, con la Subsecuente Nulidad de Título sobre la finca de la Provincia de Puntarenas, matrícula número 95.747-001-002 y declarar la extinción del respectivo derecho y declaratoria de beneficiarios.// POR TANTO: //De conformidad con las consideraciones expuestas y lo dispuesto por la citada Ley de Tierras y Colonización, se ordena: 1) Revocar la Adjudicación con la Subsecuente Nulidad del Título de Propiedad y la extinción del respectivo derecho y declaratoria de beneficiarios, al señor MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ, cédula de identidad número 1-0523-0691, y la señora YILCA OFELIA QUINTERO ESPINOZA, cédula de residencia número 4198979, propietarios del lote 2-6 del Asentamiento Santa Teresa, propiedad de la Provincia de Puntarenas inscrita bajo la matrícula número 95.747-001-002 2) Cancelar los gravámenes inscritos bajo las citas 430-03900-01-0936-001 de Limitaciones del IDA, y demás gravámenes y anotaciones que impidan la debida inscripción del exhorto que conlleva esta ordenanza, siempre y cuando carezcan de la debida autorización legal de esta Junta Directiva, y por ende, revertirse dicho inmueble a nombre del INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, de este domicilio, cédula de Persona Jurídica Número 4-000-42.143, lo que se comunicará al Registro Público de la Propiedad Inmueble mediante el exhorto de estilo, al tenerse par comprobada la causal imputada, incumpliéndose con las obligaciones impuestas a los adjudicatarios de nuestra Ley de Tierras y Colonización 2825 de 14 de octubre de 1961 y sus reformas, por abandono injustificado, Artículos 66 y 68 en su párrafo 4) inciso b). 3) Ordenar a la Oficina Subregional de Paquera proceder a realizar el estudio de campo correspondiente a fin de se proceda en forma inmediata a tomar posesión del inmueble y en caso contrario se inicie el proceso de desalojo en contra de cualquier persona que se encuentre en forma ilegal, debiendo prevenirse a los administrados abstenerse de introducir mejora alguna en el inmueble, salvo lo existente al momento de la notificación del acto inicial y traslado de cargos. Así mismo, se ordena a la Dirección Región Pacífico Central, realice las gestiones necesarias para el respectivo avalúo de mejoras útiles y necesarias para el fin que deben cumplir los lotes y las parcelas, conforme al citado Artículo 66 en su párrafo final, siempre y cuando, demuestren haberlas hecho de su peculio, de igual forma en caso que hubiera que realizar desalojo contra cualquier ocupante ilegal. // 4) Autorizar a la Asesoría Legal de la Región Pacífico Central, para que una vez firme la presente resolución, comunique mediante exhorto al Registro Público de la Propiedad Inmueble, la orden de nulidad del titulo de propiedad sobre la finca supra citada, a fin de que sean revertida a nombre de este Instituto, conforme con lo dispuesto por el Artículo 7 en su inciso e) de la Ley N6735 de Creación del 1.D.A. // 5) En caso de inconformidad de los revocados, contra esta resolución podrá interponer recurso de apelación para ante el Tribunal Agrario en el término de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al recibo de la notificación de esta resolución, conforme a los Artículos 66 y 177 de la Ley 2825 de Tierras y Colonización del 14 de octubre de 1961 y 2 inciso f) y 12 inciso d) de la Ley de Jurisdicción Agraria 6734 de 25 de marzo de 1982, el cual deberá ser presentado ante la Dirección Regional, sita en Coyolar de Orotina o en la Oficina Subregional más cercana.// ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD." (Expediente administrativo, folios 55-49).

14) Mediante avaluó N° ROCAS-66-2013 elaborado por el Ing. Ronald Fco. Carrillo Sánchez, en el mes de julio de 2013, correspondiente a las mejoras útiles y necesarias del lote 2-6, Asentamiento Santa Teresa, Cóbano Puntarenas, determinó que no había que cancelar suma alguna por concepto de mejoras útiles y necesarias, toda vez que no se observaron ningunas. (Expediente Administrativo, folios 83-78).

15) La Junta Directiva del IDA, según oficio del día 26 de febrero de 2015, remitido a la Asesoría Legal de la Región Pacífico Central, comunicó el acuerdo tomado por la Junta en cuestión artículo N° 20 de la Sesión Ordinaria N° 007-2015, celebrada el día 23 de febrero de 2015, en donde se aprobó el avalúo ROCAS-66-2013 y ordenó a la Asesoría Legal para la comunicación del acuerdo. (Expediente Administrativo, folios 89-88).

16) La Asesoría Jurídica por auto de las 8:53 hras del día 27 de febrero de 2015, resolvió que el acuerdo de la Junta Directiva, antes señalado no se podía notificar debido a que los administrados no señalaron medio ni lugar para escuchar notificaciones. (Expediente administrativo, folio 91).

17) De conformidad con certificación N° RNDIGITAL-2016182-2019 expedida por el Registro Nacional en relación a la propiedad de partido de Puntarenas, matrícula de folio real N° 95747-000, lote 2-6, el mismo aparece inscrito a nombre del Instituto de Desarrollo Rural, según inscripción del día 10 de mayo de 2011. (Expediente judicial imagen 306).

18) La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por voto N° 2019011214 de las nueve horas treinta minutos del día 21 de junio de 2019, rechazó de plano recurso de amparo interpuesto por los aquí demandantes, conforme al artículo 35 de la Ley N° 7135, la tutela de los derechos fundamentales, procede cuando se recurre dentro de los dos meses cuando la violación ha cesado, y en este caso, estimó la sala que habían transcurrido más de ocho años desde haberse dado la revocatoria de la adjudicación del terreno de su interés. (Expediente judicial, imágenes 307-313)

19) La Sala Constitucional por voto N° 2024078680 de las nueve horas veinte minutos del día 3 de julio de 2024, rechazó la acción de inconstitucionalidad incoada por los demandante en contra del artículo 112 inciso i) del Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras" del INDER, relativo a la posibilidad de notificar a los adjudicatarios del INDER vía edicto al considerarse que ello es contrario al principio constitucional de seguridad jurídica. (Expediente judicial imágenes 586-635). 

B) DE LA DECLARACIÓN DE PARTE Y TESTIMONIAL:

20) MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ, cédula 1-0523-0691, vecino de Estados Unidos de Norteamérica, Florida, Hallandale, luego de advertido y juramentado manifestó ante las preguntas del representante del INDER.  Manifestó conocer el predio 02-6 de Santa Teresa de Cóbano. Indicó que ese inmueble el IDA, (hoy INDER) se lo entregó para construir una vivienda y habitar en ella. Si conocía que el INDER podía fiscalizar el inmueble. Que ese predio 02-6 corresponde a la matrícula de Puntarenas, Folio Real 95.747. Indicó que él sí construyó la vivienda que está ahí. Que el inmueble se lo entregaron en 1996 y que comenzaron poco a poco con los escasos recursos y la ayuda de los vecinos. La vivienda tiene base de concreto, parte alta de madera con entrepisos del mismo material. Está compuesta de tres cuartos, en la planta baja tiene una cocina, con sala comedor y un baño. Se construyó un tanque de agua ya que escaseaba y se le hizo un baño para que cuando la gente llegara no se metiera la arena a la casa. Manifestó que él sí vivió en el predio, desde que se le asignó. Que vivió ahí los quince años y al final le estaban alquilando a un señor para parqueo de cuadraciclos. Indicó que se fue a vivir a los EEUU hace cuatro años. Cuando firmó el contrato, él estaba viviendo en Costa Rica y que el contrato se firmó en San José, ya que andaba haciendo unas diligencias. Indicó que nunca lo visitaron. Negó haber ido a las oficinas del INDER a actualizar sus datos. Negó haber solicitado permiso para alquilar toda vez que indicó que alquiló cuando ya habían vencido los quince años. Manifestó que se dio cuenta que el INDER había inscrito el terreno a su nombre ya que el señor al que le alquiló tenía interés en comprárselo y le dijo que ese terreno y no era propiedad mía y por ese motivo contraté a los abogados, sin precisar el año. Ante las preguntas de la parte actora indicó que vivió ahí desde el año 1996. Indicó que sí tenía relación con los vecino, uno se llama Manuel, la esposa Iris, Celín, Carlos Zúñiga, pero ahora no recuerda todos. Que chambeaba, iba a cortar lotes, a pescar. No hubo preguntas del tercero interesado. El Tribunal preguntó si el contrato que hizo con don Gerardo lo hizo de forma escrita y que se hizo con abogado. (Declaración rendida durante la audiencia de juicio oral y público).

21) Declaración de YILCA QUINTERO ESPINOZA. Luego de advertida y juramentada, presentó su pasaporte de Panamá como identificación. Ante las consultas del representante del INDER contestó que si conoce el predio 02-6 de Santa Teresa de Cóbano, el cual se los dio el IDA, para construir y vivir en el. Reconoció que el IDA, podía fiscalizar el terreno que se le otorgó. Que la matrícula folio real N° 95.747 de la provincia de Puntarenas, corresponde efectivamente corresponde al predio otorgado. Indicó que sí construyeron en el lote, que les costó demasiado construir la vivienda, que abajo era de concreto y en la parte de arriba era de madera al igual que los pisos y las gradas. Tenía tres cuartos arriba y en la parte de abajo estaba la cocina, comedor, sala y baño. Además, afuera había un baño y un tanque de agua, en donde vivía ella con su esposo. Que el tamaño era adecuado, que no era topógrafa, pero el tamaño era adecuado, no pudo calcular el frente de la vivienda. Manifestó que vivió en ese predio, más de quince años en ese lugar. Se fue a vivir a los EEUU más o menos hace unos cuatro años. En el año 2011, no recuerda en dónde vivía, pero era en San José. Que ella vivía en Cóbano, en donde estaba su propiedad. En relación al alquiler, indicó que ella tenía entendido que el esposo alquiló para parqueo para cuadraciclos a un señor. No sabe si ella firmó. No conocía que el IDA inscribió el predio nuevamente a su nombre el 10 de mayo de 2011, hasta que le dijeron que ya no estaba a su nombre, con el señor al que se lo alquiló y de ahí buscaron los abogados que se han encargado de todo. Manifestó que a ella no le llegó ninguna notificación. Ante las consultas de su abogado indicó que la manera de ganarse la vida en Cóbano era cuidando niños y de esa forma se ganaba el poquito dinero para ayudar a su esposo. Ella conocía a los vecinos, a la señora Iris, le cuidaba la niña. Al señor José, también le cuidaba su niño. Indicó a otro vecino conocido como el Negro. Hacíamos reuniones, en navidad, año nuevo, cuando pescaban se reunían como una familia, que esto ha sido muy difícil.  El representante del tercero interesado no realizó preguntas como tampoco el Tribunal. (Declaración rendida durante la audiencia de juicio oral y público).

22) El testigo RONALD LEWIS MC LAREN, 1-543-035, luego de advertido y juramentado manifestó decir la verdad. Ante las preguntas del INDER, indicó ser licenciado en Derecho y que a él le correspondió realizar el órgano director del procedimiento y que labora en la regional del INDER, desde hace 17 años. Ante las preguntas de la parte actora, indicó que sí recuerda el procedimiento administrativo llevado a cabo, toda vez que se le solicitó iniciar la revocatoria con la nulidad del título del lote 02-6 del asentamiento de Santa Teresa, ya que lo que le dijeron a él era que no había casa y según la normativa debía haber una casa y el Reglamento que estaba vigente en ese momento, ya que cuando el INDER adjudica un predio para vivienda, tienen el plazo de seis meses para iniciar la construcción y de un año para terminarla y que cuando le pasaron el expediente le indicaron que el predio estaba sin construcción, vi los informes técnicos y el del coordinador agrario que fue el que me lo pasó y se me indicó que los adjudicatarios no están en el lote puesto que no había casa y la dirección que tenemos de ellos, es precisamente la del lote que era en donde debían ellos estar viviendo. En razón de ello, fue que se publicó por dos veces consecutivas un edicto, según la normativa, se convoca a una audiencia, y al llegar la fecha de la audiencia no se apersonaron y luego al no llegar se cerró la audiencia y se elevó el informe ante la Junta Directiva que es la que le corresponde resolver. Ante las consultas de que quien le dijo lo señalado, precisó que del expediente administrativo se desprende del informe técnico que no había construcción, por las fotos que contenía y por lo indicado en el mismo por el técnico y el coordinador agrario, quienes avalan que se eleve a la revocatoria, ya que se supone que lo que está en el expediente es fidedigno. Indicó que é cree que antes hubo fiscalizaciones. Dentro del análisis de los documentos del expediente no recordó que el mismo tuviera inconsistencias, que él revisó el informe y estaba el lote sin la casa. No recuerda cuándo se realizaron las inspecciones anteriores. Que él es el órgano director y al ver que no estaba la construcción que es la dirección legal de los adjudicatarios y por eso envió a realizar la publicación por edictos, toda vez que verificó que no estaba la casa y envió a publicar por edictos, decisión que él tomó. En relación a si existía una razón técnica para no notificar en el predio, indicó que él no la conoce, pero que según el Reglamento debía publicarse en el domicilio y al no haber casa, se hace por edicto y recuerda que el técnico preguntó a los vecinos y no los conocía. No recuerdo exactamente con cuáles vecinos se habló, pero la razón principal era que no estaba la casa. Al momento de realizar el procedimiento indicó que sí revisó que la legislación utilizada era la vigente. En relación al exhorto, indicó que es una publicidad registral de una facultad que tiene el INDER de que en el predio hay un litigio y se hace en la generalidad de los casos, cuando el expediente entra a la asesoría legal y si el litigio se corrige y no termina en nada se manda a levantar el exhorto, que es lo primero que se hace. Indicó que el exhorto se registró al margen de la finca. Se canceló el exhorto cuando se inscribió el inmueble a favor del INDER, para que quede listo para volverlo a entregar. Se le consultó si conocía sobre esa solicitud de exhorto, no se llegó a inscribir, ante lo cual indicó que tenía entendido que sí se inscribió y se quitó luego de que se inscribió. Se le consultó si conocía que el Reglamento para la Selección de Tierras había sido derogado en el año 2010, indicó que no lo tiene claro, ya que como digo eso fue hace once años, por lo que supone que utilizó el reglamento que estaba vigente en ese momento. Aclaró que no recuerda si esa normativa fue modificada o derogada. El representante de la parte actora finalizó las consultas. Continuó el uso de la palabra el representante del INDER, quien preguntó si dentro del proceso de revocatoria se incluía el pago de mejoras ante lo cual respondió afirmativamente. Recordó que en este caso se hizo el trámite de pago de mejoras, ya que cuando llega el acuerdo de la Junta ordenando se revoque el predio se ordena lo correspondiente y se manda hacer el avalúo de mejoras útiles y necesarias. Que en este caso fue de cero colones ya que no había ninguna mejora. Finalizó las preguntas y se dio el uso de la palabra al tercero interesado, quien le consultó sobre el documento OSPA-OJM-006-2011, el cual indicó que si lo conocía. Negó haberlo elaborado él, sino que lo realizaron los técnicos del INDER. Ante la consulta indicó que las fotografías referidas en su declaración, son las contenidas en este documento. Se le consultó sobre si tenía una casa, ante lo cual, indicó que la casa que se ve está en el otro lote. Ante la consulta de cómo sabía que era parte de otro lote indicó que ahí están los linderos, entre en donde se ve el tanque de agua y la casa, ahí va el lindero. Indicó que ello no lo indica el informe pero es por lógica. Indicó que esa casa pertenece a otra persona. Que no conoció los lotes personalmente ya que él no es técnico.  Manifestó que de haberlo considerado hubiera ido a verlos. Negó que el informe precise con coordenadas en donde esta el tanque de agua y la casa. Indicó que él no tiene por qué dudar de la información consignada por los técnicos es información real. Precisó que en el informe se consignó por el técnico que él preguntó a vecinos si los conocían, pero no indica a quienes se les preguntó. Precisó que era evidente que él técnico no tenía que indagar por las cédulas de las personas, cuando era evidente que no había una casa en el lote. Se le consultó si él recibió una recomendación de notificar por edictos, señalando que la coordinación agraria al remitir el informe si indica que hay que hacerlo, pero él como órgano director valora eso y consideré que al no haber la casa, ni conocerlos se hizo la recomendación de hacerlo por edictos. Ante la cantidad de inspecciones realizadas, manifestó que el informe no tiene que indicar cuántas inspecciones se han realizado y sí debe especificar fecha y hora de la que realizó para ese informe, no de las otras. En este caso, solo se refiere a la que se estaba haciendo. Para determinar el abandono injustificado se realizó con fundamento en este informe, ya que el lote es para uso habitacional y no interesa si habían cultivos, como un palo de mango o guayaba, eso es un abandono igual, ya que no estaba la casa de habitación, toda vez que cuando se realizó el contrato tenían seis meses para iniciar la construcción y un año para terminarla. El representante del INDER no consultó. Ante las preguntas del Tribunal, indicó que él no estuvo en el terreno, que él se basó en el informe en donde se dice que hay abandono injustificado y que él verificó por lo que se realizó el órgano director. Se le consultó si él realizó la apertura del órgano director visible a folios 25 y termina en la 24 en donde firma, reconociendo que él la hizo. Se le consultó sobre la anotación del exhorto, si lo que él indicó al respecto es lo que consta a folio 33 del expediente administrativo e indicó que si, que ese es el exhorto de nulidad. Indicó que él determinó el lindero con base en la fotografía de este informe. Reconoció que en donde está el tanque es el lote 2-6 y que ese fue el documento que él tomó de base para el procedimiento. Se terminó con el interrogatorio.  (Testimonio rendido durante la audiencia de juicio oral y público).

23) El testigo OLGER JIMÉNEZ MOLINA 2-549-972. indicó que labora en el INDER como técnico de campo desde hace diecisiete años y negó interés en lo que se resuelva. Inició las preguntas el representante de la parte actora. En relación al caso, recordó que la inspección se realizó en el año 2011, en el asentamiento Santa Teresa, en el predio en cuestión, describió la inspección realizada señalando que habían zetos de amapola, con postes de cemento, había una caseta que servía como pozo, había basura y el zacate tenía como cincuenta centímetros de altura, había una casa de dos pisos a la par, no había nadie y que al preguntar algunos vecinos si los conocían y la respuesta fue negativa. Señaló que logró el predio 2-6, ya que llevaban el plano del asentamiento y un croquis, que generalmente cuando se realizan ese tipo de informes llevan toda la información. En relación al croquis, indicó que el plano. Negó haber utilizado instrumentos de localización satelital o tecnológico para conocer con exactitud la ubicación de la finca. Manifestó que iba acompañado con Mauricio Mora. Precisó que ambos firmaron el informe técnico, en relación al acta creería que también. Se pidió mostrar el acta (visible a folio 14 del expediente) e indicó que en este caso él solo la firmó y que él la redactó y que posiblemente el compañero Mauricio obvio la firma. Señaló que la rigurosidad es importante en este tipo de informes. En relación a la indicación de las personas que se consultó, indicó que era gente que pasaba por ahí, ya que no estaban los vecinos. Manifestó que consultó a la gente que pasaba por ahí y no consignó los nombres. En relación a la casa que aparece en el informe manifestó que estaba en la casa de a la par y que sabía eso por lo zetos del frente que terminaba ahí  y por la orilla de la construcción de un pozo o estructura y que tiene diferentes características la casa de a la par. Manifestó que al frente hay zetos de amapola con postes de cemento y por eso él identificó la línea de colindancia. Que esa localización la hizo visual, técnicamente  con geolocalización o instrumento no.   Se dio uso de la palabra al tercero interesado quien no realizó consultas. El representante del INDER, le consultó si conocía el asentamiento Santa Teresa en Cóbano, ante lo cual indicó que sí. Dice que comenzó a laborar en el año 2007.  Que no conoció a Don Francisco Fallas Sánchez ni a Yilca Quintero Espinoza. Que sí conoció el lote 2-6 del asentamiento Santa Teresa, en el cual había a principios del año 2011, es lo que acaba de detallar en la inspección. Negó que dentro del predio hubiera una casa de habitación. Manifestó que no pudo localizar el paradero de Don Mario o de Doña Yilca y desconoce si ellos algún día visitaron las instalaciones del INDER en Paquera y precisó no conocer a los habitantes del predio contiguo al 2-6. El Tribunal consultó sobre el expediente administrativo, folio 19, indicó que sí ese es el informe que él preparó en la visita. Sobre las fotografías, precisó que él las tomó y las insertó ahí. En relación al tanque que se observa, está en el predio 2-6 y la construcción que está atrás es una especie de bodega, pero no es una casa. Negó haber observado una huella constructiva. Las amapolas son el frente del predio 2-6. En relación al acta visible a folio 14 y lo leyó. Manifestó que ese día fue con un compañero a realizar la inspección. Que dentro de sus funciones o labores, en esa época era hacer de inspección de campo, para ver si le estaban dando el uso adecuado con el fin del INDER, habitacional o de parcelas agrícolas. Para ello el referente era la ley 2825 en su artículos 67 y 68, para ver si se les daba el uso correspondiente. Indicó que la vivienda que se ve en las fotos, no está en la 2-6, sino en la 2-7 y en la otra colindancia había un negocio y casa de habitación. Se dio por finalizada la declaración. (Testimonio rendido durante la audiencia de juicio oral y público).

24) RONALD FRANCISCO CARRILLO SÁNCHEZ, 1-827-575, luego se advertido y juramentado, manifestó decir verdad. Que labora en el INDER desde el año 2011 y que funge como Ingeniero Agrónomo. Ante las consultas del representante del INDER, indicó que elabora avalúos desde hace más de diez - doce años para el IDA hoy INDER. Si ha realizado avalúos en el asentamiento Santa Teresa de Cóbano y recordó que efectivamente él hizo el avalúo en el lote 2-6 y que data del año 2013, por orden de la Región Pacífico Central destacado para la oficina de Paquera.  Que utilizó la metodología aprobada por la Junta Directiva para ese momento, que consiste en una visita de campo, hacerse asistir por un testigo de cualquier hecho que se pueda presentar, caminar por el predio, considerar el plano que corresponde al predio, su acción registral y revisar la orden correspondiente en este caso para el pago de mejoras útiles y necesarias. Se constituyó el predio era casi plano, tenía cobertura de plantas denominadas mala hierbas, no se logró encontrar un uso para el cual estaba proyectado, no se logró encontrar huerto, ni instalación productiva, ni vivienda, ni algo que referenciara un uso probable humano, tomando las consideraciones del caso a la hora de hacer el informe. El monto del avalúo indicó que por el método utilizado fue de cero colones. En uso de la palabra el representante de la parte actora. Indicó que efectivamente al momento de hacer la inspección a la propiedad pudo caminar y entrar al predio. En relación a la toma de fotos, indicó que por una situación de la cámara, no funcionó en el momento, por lo que hizo constar esa situación, en el apartado de conclusiones hizo constar esa situación y lo que vio, firmando por su puesto. El representante de Don Gerardo Villalobos Montero, tercero interesado. Indicó que no es lo mejor hacer un avalúo sin respaldo fotográfico, sin embargo, ante las circunstancias hay que dejar claro que fue lo que pasó, para empatar la metodología esperada versus los resultados esperados, fue una situación no planeada y al ver la situación con mi firma de por medio hice constar que la fotografía no se pudo tomar, pero describiendo lo que vi. No es normal, pero ocurrió.  Que posteriormente no tuvo posibilidad de contar con una cámara fotográfica para tomar las fotografías, ya que estaba destacado en la Oficina Territorial de Orotina y terminado ese trabajo tenía que devolverse para la oficina de Orotina y no teníamos en ese momento la posibilidad de devolverse para tomar una cámara fotográfica. Si recomendó medir el lote ya que había un vecino, viéndolo de frente que estaba a mano derecha, que decía que le estábamos invadiendo su terreno, y decíamos eso no puede ser, entonces en su momento de buena fe, se argumentó la necesidad de evitar problemas con vecinos llevar una estación, no sé si se hizo, esa parte no me compete, pero sí se recomendó en su momento. Finalizó el tercero interesado las consultas. El Tribunal le pasó el expediente administrativo y le consultó sobre el avalúo que consta en el expediente e indicó que sí, que ese era el avaluó realizado por él y la firma correspondiente. Precisó, que esa fue la nota que consignó sobre el problema de la cámara. Vio la página 17, en relación a las fotografías que constan en el expediente, precisó que el predio estaba teniendo una carga de residuos. Lo de la estación topográfica, es para hacer una remedición y el topógrafo no puede meterse en la propiedad privada. El localizó el predio ya que lo acompañó un técnico de la ofician de Paquera y un plano del IDA, del cual tenía copia para asegurarme de las medidas. Indicó que la persona que hizo el reclamo era de esa casa 2-7, por una usanza de predio, no recuerdo haber visto eso, pero la persona era del 2-7. Indicó que era un muchacho. No recuerda haber visto la construcción del tanque de agua. Se dio por finalizado el testimonio. (Testimonio rendido durante la audiencia de juicio oral y público).

IV) HECHOS NO PROBADOS:  De importancia para la resolución del presente proceso:

1) La existencia de los daños y perjuicios en razón de la forma en que se resuelve. (Los autos).

2) Que haya operado la caducidad, prescripción y la cosa juzgada constitucional. (Los autos).

3) Que el inmueble tenga alguna otra limitación; por ejemplo que constituya parte del demanio público. (Los autos).

V) ALEGATOS DE LAS PARTES:  A) DE LA PARTE DEMANDANTE:  La representación de la parte actora, tanto en su teoría del caso como en conclusiones reiteró que en este caso se han abocado a la revisión del expediente, de las actuaciones realizadas en virtud de que desde un inicio el procedimiento en sí, la forma, lo expedito y la notificación por edicto enciende las alarmas, no que la Administración sea eficiente, sino porque les parece que hubo un trato diferente, en este procedimiento y esto los lleva a revisar con mucho detalle y cuidado el expediente. Nuestra teoría del caso, nuestro análisis de esta situación, de estos hechos jurídicos y el fundamento básicamente se resumen en tres elementos: El primer elemento es que tenemos un acto absolutamente nulo, vamos a desarrollar a lo largo de la audiencia y vamos a concluir sobre esto también, pero es importante dejar establecido desde el inicio, que este expediente que anula el título que tenían los demandantes, está sustentado en normas que no estaban vigentes en ese momento. Visible al folio 97 podemos ver el documento AJORO-RL-020-2011 y ese documento señala que utiliza el documento señala que utiliza el Reglamento Autónomo para la Selección de solicitantes del 2004, el cual fue derogado mediante sesión 29 de 3 de setiembre del 2007, pero no quedando ahí, visible en la página 105 del expediente judicial, vemos el acto de apertura del procedimiento administrativo y dice que se sustenta en el Reglamento para la Selección de Solicitantes de Tierras del año 2008; sin embargo, ese Reglamento fue derogado por el artículo 1, correspondiente al apartado de derogatorias del Reglamento Para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras, publicado en la Gaceta N° 116 del 16 de junio de 2010, y es parte de la teoría del caso que sea analizado este tema, toda vez que el uso de normas derogadas implica la nulidad absoluta de los actos y procedimientos desarrollados. Este es un acto administrativo que es absolutamente nulo y siendo absolutamente nulo, no encuentra posibilidad ejecución en la realidad y en el ordenamiento jurídico al faltar completamente elementos esenciales, pero además, por ser un acto continuo que a mantenido sus efectos a través del tiempo, efectos que se refieren  al despojo de la propiedad de los demandantes, implica necesariamente que no hay una prescripción. Entonces tenemos un acto administrativo y un procedimiento que está sustentado, que inició y desarrolló con normas derogadas, que además, se vuelve más grave, al analizar que fue notificado por edicto, que fue la primera opción de notificación y no la última como lo establece la lógica, la conveniencia y la justicia, fue el primero y único que se realizó, no se realizó una segunda visita, ni se realizó un intento de notificación, a pesar de lo gravoso de este procedimiento,  que es despojar de la tierra otorgada legítimamente a dos personas. El segundo elemento, que es un elemento absolutamente jurídico, y es que cuando fue notificado por edicto este procedimiento, siendo la primera notificación el 28 de enero y la segunda el 29 de enero del 2011, ya se encontraba consolidado el derecho; lo cual se afirma ya que el 23 de enero de 1996, le fue asignado el predio 2-6 a doña Yilca y a don Mario, mediante el acuerdo de Junta Directiva, Artículo L, Sesión 02-1996, visible a folio 139 del expediente judicial. Si bien la escritura se otorgó ante el Notario Público en fecha posterior, lo cierto del caso es  que el derecho nace; las obligaciones nacen y vencen a partir de la fecha en que se otorga ese derecho y el derecho no se otorga a partir de la inscripción del Registro Público, sino a partir de que el Acto Administrativo genera ese derecho; lo cual ya ha sido analizado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en las resoluciones N° 275-2011 y 2755-2019, en donde se dispuso que nacen desde el acto que otorga la adjudicación de las tierras, con el acuerdo de la Junta, en tanto se tratan de una acto administrativo debidamente publicado. Además, es el propio INDER quien mediante Circular RIM-023-2012, visible al folio 175 del expediente judicial señala las limitaciones se debe registrar desde la fecha del acto y no desde la fecha de la escritura, y así lo dice expresamente. La defensa del INDER señala que existe una anotación en el Registro, sin embargo esa posición no es correcta, existiendo un error en esa anotación y el error no genera derecho. Como tercer elemento, el procedimiento tiene una serie de vicios, existen omisiones en las actas de inspección, todo esto se demostrará, existe una anotación por edicto siendo el último recurso, sin que se hubiera hecho una intención de notificación, faltan firmas, no se verifican visitas anteriores, faltó rigurosidad, se utilizó una norma derogada, etc. En relación a las excepciones de caducidad y prescripción, manifestó que el art. 41 del CPCA establece un plazo conforme al derecho de fondo que se aplica, y en este caso, se alega el despojo de una propiedad cuyo plazo de prescripción conforme al Código Civil, art. 868 prescribe a los diez años, pero además, tenemos un acto absolutamente nulo de efectos continuos, por lo que el plazo para impugnar esa nulidad no ha prescrito. Sobre la falta de derecho indicó que sus argumentos son claros, específicos y precisos y garantizan el derecho a la propiedad. En relación a la falta de interés, indicó que se mantiene ese interés, toda vez que el derecho se consolidó previo a la publicación del edicto que inició el procedimiento. Sobre la cosa juzgada constitucional manifestó que no existe tal cosa, ya que acá se discute un asunto de legalidad y no de constitucionalidad y pidió rechazar la excepción de falta de legitimación activa y pasiva, toda vez que fue el INDER quien emitió los actos, ostentando sus representados el título.  En relación a las conclusiones el Dr. Rubén Hernández Valle, manifestó que el Reglamento con el cual se realizó la apertura del procedimiento quedó derogado en el año 2010, es decir se abrió el procedimiento con un reglamento que tenía un año de haber sido derogado, por lo tanto el acto de anulación del actor es absolutamente nulo, tanto por violación del artículo 128 de la LGAP, pues no se conforme con el ordenamiento jurídico y con el 133, párrafo primero de la misma ley por lo que el acto carece de motivo legítimo; recordemos que el motivo son las razones jurídicas y de facto que fundamenta la emanación del acto, en en este caso las razones jurídicas eran inexistentes, por lo que el acto de apertura está viciado de nulidad por violación expresa de los artículos 129 y 103 párrafo primero de la LGAP. En segundo lugar, cuando el procedimiento administrativo fue abierto, el derecho de propiedad del actor  se había consolidado ya que se tomó como fecha de convalidación, la fecha de inscripción en el Registro y no la fecha en que había sido aprobado por la Junta Directiva y la jurisprudencia de la Sala Primera de Casación ha sido clara en que el plazo de convalidación corre a partir del acto de la Junta Directiva y no de la inscripción en el Registro, de manera que cuando se abrió el procedimiento, el derecho de propiedad del actor estaba consolidado, en consecuencia todo lo actuado con posterioridad era absolutamente nulo, lo cual procedía era tal vez declarar lesivo el acto, el interés público, e ir al contencioso a pedir su nulidad, pero eso no se hizo. En tercer lugar, el proceso de nulidad en todo caso violó los artículos 155 y 173 de la LGAP, ya que al tratarse de anular un derecho subjetivo, tenía que tomar en cuenta la participación de la Procuraduría General de la República y por lo tanto también presenta ese vicio de ilegalidad adicional. En cuanto a las excepciones de cosa juzgada constitucional, ya que en primer lugar el recurso de amparo se rechazó por haberse planteado extemporáneamente, según el artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En este caso el amparo se debió haber presentado dos meses después del acto y la Sala no podía entrar ya que había una caducidad procesal y esto no produjo cosa juzgada constitucional y tampoco en relación a la acción de inconstitucionalidad, ya que la sala se pronuncia sobre normas y no sobre actos subjetivos capaz de ser impugna por la acción y la Sala declaró la norma constitucionalmente válida la norma que  permite hacer la comunicación por edicto y este caso es un asunto de legalidad y lo que se impugnó fue lo que rechazó la Sala, siendo competente esta jurisdicción para conocer. Luego, tampoco la excepción de prescripción tampoco es admisible ya que en la especie no se aplica lo establecido en el artículo 39 del CPCA, sino más bien lo establecido en el artículo 41 del CPCA en relación con el 858 del Código Civil y esta normativa establece que cuando se trata de actos absolutamente nulos el plazo de la prescripción es de diez años y no de un año y consecuencia la excepción de prescripción se debe rechazar por hacer lo en una norma no aplicable. En síntesis esas son las conclusiones y estamos en presencia de un acto absolutamente nulo por las razones indicadas. B) ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA: El representante del INDER, indicó que la institución es de la tesis que las personas beneficiarias de  un predio tienen que cumplir con las limitaciones establecidas por la ley y si la institución dentro del plazo de convalidación detecta que hay un incumplimiento, el INDER está facultado para iniciar el procedimiento de revocatoria con la subsecuente nulidad del título de propiedad que en este caso es la parcela 2-6 de Santa Teresa de Cóbano que es un terreno de 732 m2 que se destinó a la vivienda, para que las personas pudieran construir y habitar en ella, a efecto de que las personas se emanciparan económicamente con la ayuda del Estado. Las partes actoras consideran que se está ante una presunta ilegalidad del procedimiento administrativo, sin embargo, la institución planteo la defensa de cosa juzgada constitucional ya que los mismos actores, en el año 2019 acudieron ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y en el voto N° 11214-2019 9:30 hrs del 21 de junio de 2019, la Cámara Constitucional indicó que los hechos culminaron en el año 2011 y se apersonaron ante la Sala alegando vulneración de sus derechos fundamentales y la Sala desestimó el amparo por el plazo transcurrido para que eventualmente se hubiera alegado algún vicio dentro del proceso y considero que ya se resolvió este asunto. También los actores disconformes con la publicación de los edictos y que estaba reglamentado interpusieron una acción de inconstitucionalidad y también el Tribunal Constitucional en el voto N° 18680-2024 9:20 de 3 de julio de 2024 también desestimó la acción y la declaró sin lugar, indicando la posibilidad de publicación mediante edictos  para dar inicio al procedimiento de revocatoria y que constan en el expediente digital y que es aplicable al caso por la naturaleza de los votos de la Sala Constitucional. Así, indicó que se puede alegar esta defensa ya que este tema fue resuelto por las resoluciones vinculantes de la Sala Constitucional, por lo que se solicita resolver en sentencia. En cuanto a las excepciones de caducidad y prescripción solicitamos sean resueltas con fundamento en el art. 39 del CPCA, siendo que esto culminó en el año 2011 y las partes accionaron ocho años después, por lo que éstas excepciones deben acogerse al haber transcurrido el plazo para incoar la demanda. Sobre la prescripción, el INDER considera que la acción de indemnización está prescrita conforme al artículo 198 de la LGAP, por haber transcurrido el plazo de cuatro años para reclamar cualquier tipo de indemnización, a partir de la inscripción de la reversión del inmueble a partir del 10 de mayo del 2011, dándole publicidad registral a todo lo actuado por el INDER. Con respecto al procedimiento administrativo que inició el INDER para la revocatoria está ajustado a derecho ya que es una potestad de fiscalizar si hubo incumplimiento y puede la Administración revocar por realizado el objetivo creado por la ley, así las cosas se considera que deben acogerse las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa, pasiva y de falta de interés. Esta es nuestra teoría del caso. El representante del INDER solicitó declarar este proceso sin lugar y se condene a los actores al pago de ambas costas, así como lo intereses que se generen hasta su efectivo pago y se acojan las excepciones alegadas oportunamente; para ello me baso en que el INDER, desde que fue creado se basó en una función social de la propiedad para que las personas pudieran contar con un terreno para que pudieran emanciparse económicamente junto con su familia, en este caso la el terreno 2-6 del asentamiento Santa Teresa fue destinado para la construcción de una casa de habitación y para que vivieran en ella; la cual se les entregó a los beneficiaron con las limitaciones de los quince años determinados por ley; teniendo la obligación la institución de inspeccionar los predios, para que se cumpla efectivamente con el contrato suscrito por ambas partes, ya que este es un tema controvertido, ya que al ser un contrato es bilateral, consensual y para que se dé el traspaso real conforme las regulaciones del Código Civil de 1888 tiene que estar debidamente inscrita en el Registro Nacional  y cualquier restricción que se imponga a la propiedad, necesita el consentimiento del adquirente que se plasma con la rública de la respectiva escritura pública, ya que lleva una serie de limitaciones de orden legal que las partes deben estar conscientes de las restricciones, que en este caso inició el 10 de febrero de 1996 y finalizó el 10 de febrero de 2011, durante ese período la institución en enero de 2011 llevó a cabo la inspección dentro del predio para ver si estaban cumpliendo con el contrato firmado entre las dos partes y efectivamente no había una casa de habitación y evidentemente se desconocía el paradero de los beneficiarios y así lo indicó Don Olger, que al hacer la inspección encontró un tanque de agua, basura, y lo reafirmó Don Ronald Castilla que cuando fue hacer el peritaje para el pago de las mejoras útiles y necesarias estas daban cero colones ya que no había ninguna mejora ni construcción. Cuando se desconoce la ubicación de las personas, se notifica por edicto en resguardo a las diversas reglamentaciones que ha tenido la institución para la revocatoria del título de propiedad y que finalizó con la reversión del terreno al patrimonio del INDER y así quedó inscrito al folio real 95747 el 10 de mayo de 2011, efectivamente, en este caso hay una evidente y manifiesta caducidad del proceso en resguardo de la seguridad jurídica, sin bien están alegando inconsistencias del proceso, el plazo transcurrió para poder alegar cualquier vicio dentro del procedimiento e incluso los actores nunca se apersonaron al procedimiento administrativo a presentar ningún reclamo ante la institución ni ante el superior, ni plantearon los procesos de revisión, sino que transcurrido el plazo de prescripción y caducidad, y el mismo tribunal constitucional recalcó que han transcurrido ocho años desde que transcurrieron los hechos, por lo que solicito acoger la excepción de caducidad en resguardo de la seguridad jurídica en aplicación del artículo 39 del CPCA y este caso inició en el año 2019, también el tema de la prescripción ya que se pretende indemnización por el valor de la propiedad, sin embargo, cualquier reclamo ante la Administración debió haberse planteado dentro de los cuatro años y hay una falta de derecho ya que se está ante un incumplimiento por el abandono injustificado del predio, no cumplieron con sus obligaciones del contrato y el instituto tuvo una causa lícita para revocar el predio, sorprendentemente los actores, conocían que este terreno no les pertenecían y decidieron continuar usufructuando con el terreno que se indica fue firmado en el año 2011 en EEUU y en su declaración de parte indicaron que vivían en San José. El INDER hizo un gran esfuerzo al país para mejorar la condición económica de los beneficiarios y éstos tienen que cumplir con sus obligaciones y cuando éstos no cumplan la institución está facultada para revocar los títulos y eventualmente poderlos destinar a los objetivos que por ley corresponde en beneficio del país. C) ALEGATOS DEL TERCERO INTERESADO: La parte actora partió su teoría desde tres puntos de vista, la relación fáctica, la ilegalidad del acto administrativo y la consolidación de los derechos de propiedad. Indicó que la adquisición de la parcela se adquirió en el mismo contrato que se firmó con el INDER con la adjudicación, con el acuerdo de junta directiva del INDER que ocurrió el 23 de enero de 1996 de tal suerte que las limitaciones empezaron a correr de esta última fecha, que fue la adjudicación 23 de enero de 1996. En este caso, el INDER entregó un lote para la construcción de vivienda en un término que el Reglamento establece. Que las limitaciones vencieron el 23 de enero del 2011, dado que son 15 años. Reiteró que la Sala Primera en los votos indicados por la parte actora, señala que el plazo de las limitaciones principia el día 23 de enero de 1996 cuando se adquirió la parcela. El INDER llegó a una conclusión con un procedimiento errático y contrario a derecho y que en 15 años solo visitó el lote una sola vez y llegó a una conclusión de que estaba en abandono de tal suerte que el INDER llegó a realizar una inspección de menos de 30 minutos sin apoyo técnico para localizar el lugar, provocando una serie de ineficiencias ya que no se anotó quien lo acompañó, a quien entrevistó, etc. y no consta que el INDER haya realizado una nueva visita y el acto de apertura se realizó el 12 de enero de 2011 cuando ya las limitaciones habían vencido, de tal manera que esta apertura del procedimiento administrativo realizada conforme al Reglamento de Selección, art. 112 y la Ley N° 2825 art. 66, no podía hacerse ni aplicarse con esos criterios- El INDER no respetó los principios de publicidad, seguridad y cosa juzgada ya que el gravamen que ellos inscribieron en el Registro, lo hicieron tan mal hecho que salió defectuoso de tal forma que no garantizó al Administrado que pudiera tener conocimiento del asunto. Indicó que la Sala Constitucional, en materia de notificación por edicto, ha dicho que es la última ratio el notificar por edicto y en este caso, decía que las partes podían asistir a una audiencia el día 17 de marzo de 2011 para defender su postura y solo el INDER conocía de esto, dado que se pisotearon los derechos de mi representado. Indicó que el avalúo no tiene fotos, sin respaldo y que tiene serias inconsistencias con el acta de inspección. Que el INDER realizó el 21 de marzo de 2011 y el 26 de abril de 2011 ordenó revocar en franca oposición al ordenamiento jurídico, señalando que la normativa con la que abrieron el proceso estaba derogado. Sobre la ilegalidad del acto administrativo, precisó que con treinta minutos de estar en el inmueble, se acreditó el abandono. No se consignó referencia de testigos, y no llevaba ningún instrumento técnico que pudiera ubicar del lugar. Indicó que quien realizó el avalúo, ordenó que se volviera a medir la finca. Reiteró el tema de las limitaciones y el vencimiento de éstas y que el cliente había dispuesto con un alquiler de diciembre de 2021. En relación a la caducidad indicó que al INDER se le había vencido con las mismas limitaciones por lo que el INDER no podía hacer el procedimiento que se indica, y que lleva a un vicio de nulidad toda vez que al tener el derecho de propiedad, todo lo que hace el INDER ya el acto no tiene eficacia jurídica. Sobre las excepciones de interés actual, indicó que sí existe un derecho subjetivo a proteger. No hay cosa juzgada constitucional, toda vez que se está viendo un acto administrativo y por ley no hay prescripción y la administración pierde en no actuar en su momento, ello en relación a la caducidad. En conclusiones, acogió la reflexión jurídica realizada por el representante de la parte actora en sus conclusiones. Indicó que otro motivo de nulidad se dio con la forma de la notificación, toda vez que acusó que no se realizaron acciones tendientes a ubicar a los actores.  Precisó que el 6 de enero de 2011, Olger Jiménez, observó un tanque de agua, manifestando que no existió ningún intento verdadero de localizar a los aquí actores, dejándolos en indefensión al publicarse el edicto en la Gaceta; prácticamente darse por enterados de que había un proceso administrativo en  su contra para anularles el título.  El 13 de enero de 2011 se empieza aperturar un procedimiento y el testigo Lewis indicó que no sabía que reglamento había utilizado, pero la ineficacia de la norma como tal al estar derogada. No se le consultó sobre la fecha del inicio de la limitaciones ya que ellos mismos dicen que la ley N° 2825 en sus artículos 66 y 67 empiezan a enmarcar una serie de obligaciones que tienen quince años para regularlas. También los artículos 43 y 44 que él hace mención en cuanto a la obligación de hacer la casa es de seis meses pero siempre a partir del momento de la adjudicación, que fue a partir del 23 de enero de 1996 y esto da hasta el 23 de enero de 2011 y llegan a notificar un 28 de enero de 2011, dando tres días para el emplazamiento cuando el derecho de propiedad estaba consagrado. Luego refirió que el exhorto fue cancelado y que este surge para dar conocimiento a terceros. El funcionario consideró que estaban debidamente notificados y continuó con el procedimiento. Este fue un procedimiento express. Quedó probado las ilegalidades. Indicó que habían habían suficientes elementos para la búsqueda de la verdad real, en darse cuenta que el informe lo firman dos y el acta la firmó solo una, lo cual si bien podría ser algo de subsanación y acá manifestó que si le hubieran dicho él hubiera realizado una visita al lugar.  La prueba documental y testimonial fue conteste en cuanto a la nulidad en que se generó el procedimiento y por lo tanto el acuerdo de la Junta Directiva debe anularse por fundamentarse en nulidades que ya explicó el Dr. Rubén Hernández. En relación a las excepciones solicitó su rechazo, toda vez que en el tema  de la prescripción indicó se está aplicando un plazo distinto al tema de la propiedad y no de un proceso administrativo. V

VI) DE LA CADUCIDAD Y LA PRESCRIPCIÓN: En este caso, la parte demandada alegó que de conformidad con lo previsto en el CPCA, art. 39, la presente acción está caduca y que así debe ser declarada. La parte actora alegó que en este caso no operó la caducidad toda vez que no lleva razón la parte demandada en cuanto a que al caso debe aplicarse el artículo 39 del CPCA, sino por el contrario el artículo 41 de este cuerpo normativo. El Tribunal rechaza la caducidad alegada, toda vez que considera que efectivamente, en este caso, aplica el artículo 41 del CPCA, al señalar que: "ARTÍCULO 41.- El plazo máximo para incoar el proceso será el mismo que disponga el ordenamiento jurídico como plazo de prescripción para el respectivo derecho de fondo que se discute en los siguientes supuestos:  1) En materia civil de Hacienda. //  2) En materia tributaria, incluso el proceso de lesividad.". En concreto, el derecho de fondo reclamado es el derecho de propiedad que ostentaban los demandantes sobre el lote 2-6 del Asentamiento Santa Teresa y que fue revocado por el INDER. Así, el Código Civil, -derecho de fondo- en su artículo 868, establece en lo conducente que "Todo derecho y su correspondiente acción se prescriben a los diez años.". Ahora bien, conforme a los hechos probados el INDER, inscribió la propiedad de la provincia de Puntarenas, folio real matrícula N° 95747-000, según certificación N° RNDIGITAL-2016182-2019 expedida por el Registro Nacional en relación al lote 2-6, el cual se inscribió nuevamente a nombre del Instituto de Desarrollo Rural, según inscripción del día 10 de mayo de 2011 y al presentarse este proceso de conocimiento el día 29 de octubre de 2019, en contra el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) y se confirió traslado de la misma por auto de las siete horas y veinticinco minutos del día 1° de noviembre de 2019; contestando el INDER la demanda el día 19 de diciembre de 2019, considera esta Cámara que entre el día 10 de mayo de 2011 y la fecha en que se interrumpió la prescripción -con el emplazamiento- y contestación de la demanda el día 19 de diciembre de 2019, no había transcurrido el plazo decenal supracitado, motivo por el cual, considera esta Cámara que debe rechazarse la excepción de caducidad y prescripción alegada, por lo indicado en la normas en cuestión.

VII) DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL: La parte demandada alegó que en este caso, operó la cosa juzgada constitucional -en dos ocasiones-.  La primera conforme lo resuelto por la Sala Constitucional al rechazar el recurso de amparo, al indicar que ya la sala rechazó el alegato de los aquí demandantes, en relación a la vulneración a su derecho de propiedad, sin embargo, revisado lo resuelto por la Sala Constitucional, lleva razón la representación de la parte actora en cuanto a que la Sala Constitucional rechazó el amparo por aplicación del artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al haber manifestado que el despojo de la propiedad ocurrió desde más de ocho años desde la interposición del amparo y la Ley de la Jurisdicción Constitucional, art. 35 permite la tutela de los derechos fundamentales de carácter patrimonial hasta dos meses de la violación correspondiente. Así, la Ley N° 7135 dispone: "Artículo 35. El recurso de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo mientras subsista la violación, amenaza, perturbación o restricción, y hasta dos meses después de que hayan cesado totalmente sus efectos directos respecto del perjudicado. // Sin embargo, cuando se trate de derechos puramente patrimoniales u otros cuya violación pueda ser válidamente consentida, el recurso deberá interponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el perjudicado tuvo noticia fehaciente de la violación y estuvo en posibilidad legal de interponer el recurso.".  De conformidad con lo anterior, estima esta Cámara que no lleva razón el represente del INDER, toda vez que efectivamente el amparo fue rechazado sin entrar al fondo del asunto al haber considerado el Tribunal Constitucional, que el recurso de amparo fue extemporáneo al plazo de los dos meses para el resguardo de derechos puramente patrimoniales como en este caso. Dicho lo anterior, no procede la excepción alegada en este supuesto.  Luego, el representante del INDER también alegó la excepción de cosa juzgada según lo resuelto por la Sala Constitucional en relación a la supuesta violación del principio de seguridad jurídica por haber realizado el acto de notificación por edicto, aspecto que tampoco lleva razón el representante del INDER, toda vez que la Sala no encontró vicio alguno de la normativa cuestionada de inconstitucionalidad y que permitió la notificación de los demandantes vía edicto. Dicho lo anterior, se rechaza esta excepción con la motivación señalada; ya que si bien el tema de la notificación es un tema objeto de cuestionamiento por la parte actora, las razones de nulidad del procedimiento administrativo, se fundamentan en otras causas, tal y como se indicará más adelante. En razón se rechaza la excepción de cosa juzgada constitucional.

VIII) DE LA LEY DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN, LEY N° 2825 Y SUS REFORMAS. Esta Legislación vigente desde el día 14 de octubre de 1961, al momento de su aplicación a los demandantes, es decir en el año 1996, establecía en su normativa tenía como objeto, según lo establecido en su artículo 1° determinar que la propiedad de la tierra se debe promover para el aumento gradual de su productividad y para una justa distribución de su producto, elevando la condición social del campesino y haciéndolo partícipe consciente del desarrollo económico-social de la Nación; contribuir al florecimiento de las virtudes republicanas, privadas y públicas, vinculando al ciudadano a un régimen sano de posesión de la tierra; contribuir a una más justa distribución de la riqueza; contribuir a la conservación y uso adecuados de las reservas de recursos naturales renovables de la Nación; evitar la concentración de tierras nacionales en manos de

 

 

 

quienes las utilicen para especulación o explotación en perjuicio de los intereses de la Nación. Las tierras en manos de esos intereses deben volver al Estado en la forma que determinan la Constitución y la ley; determinar que la tierra no debe utilizarse para la explotación del trabajador agrícola. El Estado, por todos los medios a su alcance, estimulará la formación de cooperativas agrícolas para combinar la dignidad de la pequeña propiedad con la eficiencia de la gran empresa; y reconocer, de conformidad con lo anteriormente expuesto, la existencia y legitimidad de la propiedad privada.  Es decir, con esta legislación, el legislador ordinario procuró cumplir con una función social de la propiedad privada, y realizar una distribución de tierras a quienes cumplieran con ciertos requisitos. Los miembros de la Junta Directiva del IDA, ahora INDER, tenían entre sus deberes y facultades, conforme al artículo 30 de la Ley N° 2825; entre otras: "1) Velar por el cumplimiento de esta ley y sus reglamentos;  2) Dirigir, dentro de las disposiciones de esta ley, la política agraria, económica y social del Instituto y determinar la organización del mismo; (...) // 8) Aprobar y ordenar la ejecución de planes de colonización, "cooperativización" o de simple parcelación de tierras que adquiera el Instituto para los fines de esta ley, atendiendo a las necesidades económicas y sociales de cada región en particular y del país en general y dando preferencia a las zonas cercanas a los centros de consumo y a las vías de comunicación; 9) Ejercer, conforme a las disposiciones de esta ley, el control, por parte del Instituto, de las colonias creadas por el Estado; 10) Cooperar en los planes de colonización privada para orientarlos hacia los fines de esta ley, y ejercer jurisdicción sobre ellos conforme a las normas jurídicas aplicables; // (...) 13) Determinar los regímenes de tenencia de las tierras que debe establecer el Instituto en sus proyectos de parcelación y colonización; // (...) 16) Aprobar la adjudicación de tierras para otorgar los respectivos títulos; // (...) 18) Dictar, reformar, derogar e interpretar, para su aplicación, los reglamentos de servicio del Instituto, los que tendrán plena validez al ser publicados por éste en el diario oficial; (...)". La Ley N° 2825, en su Capítulo IV, denominado: "Parcelación de Tierras", confiere la potestad al Instituto a realizar la parcelación de sus tierras para cumplir entre otros, con los siguientes fines. a) Mejor distribución de la tierra; b) Resolución de situaciones de hecho inconvenientes, ajustándolas a la ley; y c) propósitos de colonización. Ahora bien, el artículo 52, establece en lo conducente que los planes de parcelación o colonización, se procurará dar preferencia a aquellas zonas y tierras en donde existen núcleos de poseedores en precario y que se consideren aptas para el objeto; a las tierras del Estado, a las reservas nacionales y a aquellas que las Instituciones Autónomas, las Municipalidades y otras entidades públicas pongan, para el objeto, a disposición del Instituto de Tierras y Colonización. Por otra parte, el artículo 55 establecía: "Determinados la colonización, parcelación o arrendamiento de tierras, el Instituto dará curso a las solicitudes presentadas, a fin de efectuar las adjudicaciones procedentes. Las solicitudes podrán ser presentadas en cualquier agencia de esa Institución.".  Así, el artículo 62, determinó los requisitos que toda solicitud de adquisición de parcelas debería contener, a saber:  "a) Nombre, apellidos, calidades y vecindario del solicitante, así como las obligaciones crediticias a su cargo; b) Nombre, apellidos y calidades de los hijos que convivan con él; c) Capacidad técnica y experiencia en trabajos agrarios del solicitante y de los hijos que convivan con él; actividades a que se han dedicado y resultados obtenidos en ellas.// El solicitante debe comprometerse a trabajar la parcela personalmente y con sus descendientes, hasta el segundo grado de consanguinidad, y que vivan con él, siempre que estén en condiciones físicas de hacerlo. //Debe declarar, bajo la fe del juramento, que carece de tierras o que son insuficientes las que posea.".  Luego, la Ley establece en su numeral 65 que: "Una vez acordada la adjudicación de las parcelas por venta, el Instituto expedirá a favor del ocupante un título de Posesión Provisional en que consten sus derechos y obligaciones. //Si el ocupante ha cultivado el mínimo señalado por el Instituto y cumplido a satisfacción de éste todas las demás obligaciones, tendrá derecho a que se le otorgue título de propiedad, garantizando el pago con hipoteca de su parcela.".   De esta norma a consideración de esta Cámara, se desprende que el IDA, hoy INDER, en el presente caso, -en relación a los demandantes- consideró que éstos cumplieron con los requisitos que el ordenamiento jurídico establecía, tanto legales como reglamentarios, para la Adjudicación del lote  2-6.  De los hechos probados se desprende que en fecha  10 de enero de 1996, según oficio ST-A-001, emitido por el Coordinador Programas de Titulación a la Secretaría General del IDA, se indicó en lo conducente: " (...) // ASENTAMIENTO SANTA TERESA (...)// 1- EN CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y CON LA RECOMENDACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE OROTINA Y DE ESTA SECCIÓN SOLICITO ADJUDICAR, SEGREGAR Y TRASPASAR 60 PARCELAS Y LOTES QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBIERÁN POR REUNIR LOS POSEEDORES LA CONDICIONES Y REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS EN LA LEY 2825 (LEY DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN) DEL 14 DE OCTUBRE DE 1961, PARA QUE SE LES EXTIENDA EL CORRESPONDIENTE TÍTULO SUPLETORIO DE DOMINIO. // (...) ASENTAMIENTO SANTA TERESA: (...) MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ (...) YILCA OFELIA QUINTERO ESPINOZA (...) 3. LAS LIMITACIONES QUE QUEDAN SUJETAS LAS PARCELAS Y LOTES DEL PRESENTE OTORGAMIENTO SON LAS MISMAS QUE CONTIENE LA LEY 2825 DE 14 DE OCTUBRE DE 1961 Y SUS REFORMAS. 4 AUTORIZAR AL INGENIERO AGRÓNOMO ORLANDO DORADO BOZA PRESIDENTE EJECUTIVO A COMPARECER ANTE EL NOTARIO ASIGNADO (...) DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO PARA OTORGAR LAS RESPECTIVAS ESCRITURAS DE TRASPASO. (...)".  De este oficio, desprende esta Cámara que la institución realizó una valoración de los requisitos de los -demandante- a efecto de determinar la idoneidad para efecturles la adjudicación del lote N° 2-6, en el Asentamiento Santa Teresa. Consecuencia de lo anterior, es decir de haber cumplido los requisitos de selección y determinación para ser adjudicatarios del lote en cuestión fue que el Instituto de Desarrollo Agrario, el día 7 de febrero de 1996 le comunicó a la Sección Titulación, el acuerdo tomado por la Junta Directiva en el artículo L, de la sesión N° 002-96, celebrada el día 23 de enero de 1996, acuerdo N° 50 en donde se dispuso en lo conducente: "ACUERDO N° 50: 1. APROBAR LA ADJUDICACIÓN, SEGREGACIÓN Y TRASPASO DE SESENTA LOTES Y PARCELAS  EN LOS ASENTAMIENTOS (...) SANTA TERESA (...) POR REUNIR LOS POSEEDORES LAS CONDICIONES Y REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS EN LA LEY 2825 (LEY DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN) DEL 14 DE OCTUBRE DE 1961, PARA QUE SE LES EXTIENDA EL CORRESPONDIENTE TÍTULO SUPLETORIO DE DOMINIO (...) NOMBRE (...) ASENTAMIENTO SANTA TERESA: (...) MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ (...) Y YILCA OFELIA QUINTERO ESPINOZA (...) 0-0732,00 // 2-6 // 2.- EL COSTO POR CONCEPTO DE TIERRA MEDIDA Y TITULACIÓN SERÁ COMO SIGUE: (...) AEMTAMIENTO (SIC) SANTA TERESA: A RAZÓN DE 6.156,45 COLONES LA HECTÁREA (...) 3.- LAS LIMITACIONES QUE QUEDAN SUJETAS LAS PARCELAS Y LOTES DEL PRESENTE OTORGAMIENTO SON LAS MISMAS QUE CONTIENE LA LEY 2825 DE 14 DE OCTUBRE DE 1961 Y SUS REFORMAS.(...) LA FIRMA DE PROTOCOLO ESTÁ PROGRAMADA PARA EL DÍA 26 DE ENERO DE 1996 EN OFICINA REGIONAL DE COYOLAR DE 9 AM A 2 PM// ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD". Es decir, que a partir de ese momento, fue el IDA, les confirió un derecho subjetivo a los demandantes, al designarlos adjudicatarios del lote N° 2-6 en Santa Teresa. Posteriormente, fue que ante el protocolo del Notario Público Alex Benjamín Gen Palma y Carlos Enrique García Anchía, consta la escritura N° cinco de fecha 10 de febrero de 2011, en donde compareció Orlando Dorado Boza, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, hoy INDER, en donde se indicó en lo conducente: "APARTE DIEZ: Sigue manifestando el compareciente Dorado Boza, siempre con la representación que ostenta, que su Representado es dueño de la finca inscrita en el Registro Público, Sección de Propiedad, Partido de PUNTARENAS al FOLIO REAL matrícula número DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES - CERO CERO CERO, conocida como PROYECTO SANTA TERESA, de la cual SEGREGA los lotes que a continuación se describirán que son todos terreno para la VIVIENDA, excepto los dos últimos que son para la AGRICULTURA, sitos todos en el distrito doce, del cantón primero de la provincia de PUNTARENAS, y lo vende así: LOTE DOS - DOS (...) LOTE DOS - SEIS: linda al NORTE: José Rojas Valerio: SUR: Iris Mora Araya: ESTE: Celín Cubero Pérez, y Oeste: calla pública, MIDE: SETECIENTOS TREINTA Y DOS METROS CUADRADOS, según plano P-doscientos cuarenta y tres mil ciento cuatro- noventa y cinco, lo vende a MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ y YILCA OFELIA QUINTERO ESPINOZA, casados una vez, cédula uno - quinientos veintitrés - seiscientos noventa y uno, y de nacionalidad panameña, con cédula de esa República, número cuatro - ciento noventa y ocho - novecientos setenta y nueve, respectivamente, en la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA COLONES, SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS, PAGADOS. (...) DOS - NUEVE (...). EL RESTO que se reserva el Instituto (...) D) Que los compradores no podrán traspasar el dominio de su predio, ni gravarlo, arrendarlo o subdividirlo, sin la autorización previa del Instituto vendedor, excepto que hayan transcurrido quince años contados a partir de esta fecha, exceptuándose de la prohibición anterior, las operaciones que se celebren con la Banca nacionalizada, el Consejo Nacional de Producción o cualesquiera otras Instituciones de crédito del Estado. Transcurridos los quince años dichos, cualquier enajenación de las parcelas o lotes aquí vendidos, que a juicio del Instituto vendedor (...) F) Que el incumplimiento por parte de los compradores o de las personas a quienes estos hayan transmitido sobre las parcelas o lotes aquí vendidos, de cualesquiera de las obligaciones que señala la Ley de Tierras y Colonización citada, dará derecho a el (sic) Instituto vendedor, para revocar administrativamente las adjudicaciones y para solicitar al Registro Público que la parcela o lote sea inscrito nuevamente a favor de dicho Instituto, quien pagará el precio original de compra y el valor de las mejoras útiles y necesarias de conformidad con el avalúo que al respecto realizará un perito de la Institución vendedora.// (...) Extiendo un primer testimonio literal para el Instituto vendedor y sendos primeros testimonios en lo conducente para cada adjudicatario. Leído lo escrito a los comparecientes lo aprobaron y todos firmamos en Orotina a las nueve horas del diez de febrero de mil novecientos noventa y seis". Es preciso indicar que la Ley N° 2825 establece que "El incumplimiento de las obligaciones impuestas al ocupante de una parcela, causará, a juicio del Instituto, la pérdida del derecho sobre la misma.// En el caso de dictarse una resolución en tal sentido, que requerirá cuatro votos conformes de la Junta Directiva, la parcela volverá al dominio del Instituto con toda su dotación, reconociéndole éste al parcelero el valor de las mejoras necesarias o útiles que hubiere hecho de su peculio.".  Y el artículo 67 en su primer párrafo establece, en lo conducente: "El beneficiario no podrá traspasar el dominio de su predio ni gravarlo, arrendarlo o subdividirlo sin autorización del Instituto, excepto que hayan transcurrido quince años desde la adquisición de la parcela y de que todas las obligaciones con dicho organismo estuvieren canceladas.".  En relación al plazo, la parte fundamentó su alegato relativo al cómputo del inicio de las limitaciones impuestas a la propiedad por la Ley N° 2825, con fundamento en lo señalado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, entre otras en la resolución N° 002755-F-S1-2019, de las catorce horas cincuenta minutos del diecinueve de setiembre de dos mil diecinueve; que en su considerando XII, en lo conducente dispuso: "XII. Esta Sala comparte el criterio del Tribunal, en el sentido de que, para esta lite, el plazo de las limitaciones inició con el acto administrativo emitido por la Junta Directiva del entonces IDA de otorgamiento de la parcela al matrimonio actor el 17 de junio de 1986 y no con el otorgamiento de la respectiva escritura pública (preceptos 65 de la Ley de Tierras y Colonización y 140 de la LGAP). Así lo ha reconocido esta Sala en el fallo indicado por el Ad quem, no. 275 de las 9 horas 10 minutos del 17 de marzo de 2011, en donde se citan otros precedentes, al indicar, en lo de interés: “[…] El instrumento público notarial no alcanza a disminuir la importancia, ni mucho menos sustituir el acto administrativo en cuestión. De ahí que los efectos del contrato de asignación de tierras, nazcan a la vida jurídica, con el acuerdo de Junta, en tanto se trata de un acto administrativo, debidamente fundamentado, que cumple con los requisitos legales necesarios a fin de distribuir bienes del IDA entre los parceleros objeto del contrato.” En igual sentido, puede consultarse, mutatis mutandis, la sentencia no. 1018 de las 13 horas 45 minutos del 23 de agosto de 2012. Como bien lo indicaron las personas juzgadoras, en el contrato de asignación o adjudicación de tierras, al amparo de lo previsto en los cánones 65, 66, 67 y 68 de la Ley de Tierras y Colonización, las personas parceleras deben comprobar su idoneidad para la adecuada explotación del fundo durante todo el plazo de las limitaciones, es decir, durante los 15 años. Es por ello, compartiéndose lo afirmado por el Tribunal, que dicha institución no concede un derecho de propiedad, por ser un contrato de duración. El interés público que subyace en este tipo de contratos se refleja en las limitaciones impuestas por la Ley de Tierras y Colonización. Estas tienen como objeto cumplir con la función social de la propiedad, ya que las personas beneficiarias serán aquellas que cumplan ciertas condiciones para ser calificadas como tales, a efecto de que desarrollen la empresa agraria. En esta misma línea de pensamiento y desde vieja fecha, esta Sala ha indicado: “[…] el contrato de asignación de tierras es un contrato de duración por el cual el ente agrario adjudica a un beneficiario de los programas de dotación de tierras, previamente calificados conforme a los parámetros establecidos por propia [sic] normativa, un fundo agrario, comprometiéndose a traspasarlo, por un eventual precio o a título gratuito, si el beneficiario demuestra tener capacidad técnica para desarrollar la empresa agraria y cumple con las obligaciones impuestas durante un período de prueba; el traspaso en propiedad se verifica sujeto a una multiplicidad de obligaciones de parte del beneficiario, cuyo incumplimiento permite al ente revocar la adjudicación, durante un plazo de 15 años o hasta el momento de no existir deudas pendientes, sin que pueda en ninguna forma enajenarlo si no media previamente una autorización expresa del Instituto, pues por disposición de la Ley el ente asignante puede recuperar el bien para adjudicarlo a otro beneficiario, debiendo siempre ejercer un control directo sobre la actividad realizada por el adjudicatario. Una característica muy importante de este contrato establecida en la Ley, e interpretada por la doctrina, es la de ser un contrato de duración. Su perfeccionamiento no opera con el traspaso en propiedad del fundo, por el contrario éste se cristaliza en cuanto el beneficiario cumple sus obligaciones, durante el tiempo establecido por la Ley, y realiza la actividad para la cual le fue otorgado. La propiedad se adquiere plenamente hasta que el plazo haya transcurrido.” (Lo subrayado es suplido. Al respecto, pueden consultarse las sentencias números 229 de las 15 horas del 20 de julio de 1990, 275 de las 9 horas 10 minutos del 17 de marzo de 2011, 1018 de las 13 horas 45 minutos del 23 de agosto de 2012, 1506 de las 14 horas 50 minutos del 20 de noviembre de 2014 y 967 de las 10 horas 42 minutos del 17 de agosto de 2017). En este último fallo se agrega, “[…] durante los 15 años que fija el numeral 67 citado, el beneficiario aún no cuenta con un derecho de propiedad pleno, en el tanto, el bien debe ser utilizado para los fines sobre los cuales se le adjudicó, de modo tal que, si la parcela obtiene un uso distinto al encomendado, el INDER (como órgano contralor) debe iniciar un procedimiento administrativo en contra del beneficiario para revocar la adjudicación del inmueble. En otras palabras, aunque el beneficiario ostente la titularidad del bien y así conste en el Registro Nacional, la facultad de disposición, incluso las de uso y disfrute, no son plenas ni absolutas, sino que están sujetas a las limitaciones que impone la misma Ley por un determinado plazo (15 años).” (Lo subrayado es suplido). En consecuencia, la titularidad sobre el bien se consolida al cumplirse, no solo el plazo indicado, sino también, las obligaciones previstas en el respectivo contrato. Los beneficiarios de la concesión de la parcela deben demostrar las destrezas y aptitudes para el ejercicio de la actividad agraria durante todo el tiempo de vigencia de las limitaciones; o, lo que es lo mismo, durante la vigencia del contrato. Al respecto, pueden consultarse, mutatis mutandis, entre otras, las indicadas sentencias de eta (sic) Cámara. Se trata, puede afirmarse, de un contrato personalísimo (intuito personae), en virtud de la función social que cumple el bien -precepto 50 de la Constitución Política-. Esto se demuestra con el hecho de que, el canon 67 de la Ley de Tierras y Colonización, preceptúa que el beneficiario no puede, entre otros, traspasar el dominio de su predio, sin autorización del Instituto, excepto que hayan transcurrido 15 años desde la adquisición de la parcela y que todas las obligaciones con ese ente estén canceladas. Es decir, en caso de tratarse de un traspaso previo al vencimiento del plazo de las limitaciones, se requiere la anuencia de la Junta Directiva del hoy Instituto de Desarrollo Rural –INDER. Por ello, la persona adjudicataria no se beneficia de la posesión ejercida por anteriores parceleros. Es a partir de ese acto, se insiste, que empieza a contarse el plazo de 15 años de vigencia de las limitaciones o restricciones. En esta lite, en virtud del referido acuerdo de la Junta Directiva del entonces IDA –tomado el 17 de junio de 1986-, según se acreditó, el 25 de mayo de 1995, se suscribió el instrumento público mediante el cual el entonces IDA le traspasó al matrimonio actor la finca en litis. (...)".  Dicho lo anterior, concuerda esta Cámara con lo manifestado ya por reiteradas resoluciones de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a que las limitaciones principian desde el acuerdo de la Junta Directiva del IDA, -hoy INDER- toda vez que los administrados no deben asumir la mora administrativa en perjuicio de sus derechos subjetivos.

IX) CONTINUACIÓN, DEL CASO CONCRETO: De conformidad con lo que se acaba de indicar, interesa al caso, determinar cuándo fue que se realizó el acto de adjudicación de la parcela a los demandantes y cuándo se inició el procedimiento administrativo de revocación de la adjudicación y nulidad del título.  De los hechos probados tenemos que el Instituto de Desarrollo Agrario, el día 7 de febrero de 1996 comunicó a la Sección Titulación el acuerdo tomado por la Junta Directiva en el artículo L, de la sesión N° 002-96, celebrada el día 23 de enero de 1996, acuerdo N° 50 en donde se dispuso en lo conducente: "ACUERDO N° 50: 1. APROBAR LA ADJUDICACIÓN, SEGREGACIÓN Y TRASPASO DE SESENTA LOTES Y PARCELAS  EN LOS ASENTAMIENTOS (...) SANTA TERESA (...) POR REUNIR LOS POSEEDORES LAS CONDICIONES Y REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS EN LA LEY 2825 (LEY DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN) DEL 14 DE OCTUBRE DE 1961, PARA QUE SE LES EXTIENDA EL CORRESPONDIENTE TÍTULO SUPLETORIO DE DOMINIO (...) NOMBRE (...) ASENTAMIENTO SANTA TERESA: (...) MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ (...) Y YILCA OFELIA QUINTERO ESPINOZA (...) 0-0732,00 // 2-6 // 2.- EL COSTO POR CONCEPTO DE TIERRA MEDIDA Y TITULACIÓN SERÁ COMO SIGUE: (...) AEMTAMIENTO (SIC) SANTA TERESA: A RAZÓN DE 6.156,45 COLONES LA HECTÁREA (...) 3.- LAS LIMITACIONES QUE QUEDAN SUJETAS LAS PARCELAS Y LOTES DEL PRESENTE OTORGAMIENTO SON LAS MISMAS QUE CONTIENE LA LEY 2825 DE 14 DE OCTUBRE DE 1961 Y SUS REFORMAS.(...) LA FIRMA DE PROTOCOLO ESTÁ PROGRAMADA PARA EL DÍA 26 DE ENERO DE 1996 EN OFICINA REGIONAL DE COYOLAR DE 9 AM A 2 PM// ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD".   Esto quiere decir, que conforme lo señalado en la Ley N° 2825, artículos 65-67 y lo indicado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, el plazo de las limitaciones de 15 años iniciaba el día 23 de enero de 1996; por lo que el plazo final correspondiente vencía el día 23 de enero de 2011.  En este caso, si bien el INDER inició el proceso de fiscalización del destino del bien, o lo que es lo mismo el cumplimiento del objeto del contrato de adjudicación el día 6 de enero de 2011, es lo cierto, que el procedimiento administrativo de revocatoria de la adjudicación del lote 2-5, y nulidad del título de propiedad de los demandantes, se abrió por parte del Lic. Ronald Lewis Mc Laren, Asesor de Asuntos Jurídicos, mediante auto de las nueve horas con treinta minutos del día jueves 13 de enero de 2011, bajo el expediente N° 008-2011 NUL, lo cierto del caso fue que al no estar los demandantes localizables, el emplazamiento del procedimiento se llevó a cabo hasta la publicación de los edictos correspondientes los días 27 de enero de 2011 y 28 de enero de 2011; determinándose por esta Cámara que el procedimiento administrativo, se realizó cuando ya los demandantes habían adquirido la propiedad del inmueble por haber transcurrido el plazo de las limitaciones correspondientes y provocando en consecuencia la nulidad del procedimiento administrativo realizado por ser extemporáneo al plazo máximo que vencía el día 23 de enero de 2011; ello tal y como se indicó supra, conforme a los criterios reiterados de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, indicados.  Dicho lo anterior, se anula el procedimiento administrativo de revocación de la adjudicación del lote 2-6, por haberse realizado fuera del plazo de competencia para efectuar la fiscalización correspondiente por parte del INDER para determinar el cumplimiento de los fines de la Ley N° 2825 por parte de los demandantes. Por la forma en que se resuelve se omite pronunciamiento en cuanto al resto de alegatos de nulidad acusados por la parte actora en relación al procedimiento administrativo.

X) CONTINUACIÓN, DE LAS PRETENSIONES DEL CASO.  A continuación, para mayor precisión se resolverán cada una de las pretensiones solicitadas por la parte actora, claro está, sin perjuicio de la motivación indicada con anterioridad. (Pretensión determinada durante la audiencia preliminar y que fue leída por el representante de la parte actora a partir del minuto 00:48:10:00 y hasta el 00:49:18:15.)."

LA PRIMERA PRETENSIÓN INDICA:

"Pretensiones principales

"1. Se declare que el derecho de propiedad de mis representados se consolidó en fechas del 23 de enero de 2011, siendo dicha fecha el momento de vencimiento de las limitaciones impuestas según el articulo 67 de la Ley 2825."

EL TRIBUNAL RESUELVE: De conformidad con lo indicado en los considerandos anteriores, lleva razón la parte actora, el derecho de propiedad de los demandantes se consolidó el 23 de enero de 2011, cuando vencieron las limitaciones establecidas por la ley N° 2825.

LA SEGUNDA PRETENSIÓN INDICA: "2. Se declare la ilegalidad del procedimiento administrativo 008-2011-NUL practicado por el INDER, concretamente del acto final del articulo 45 de la sesión 014-2011 celebrada el 12 de abril de 2011."

EL TRIBUNAL RESUELVE: Se declara la ilegalidad del procedimiento administrativo 008-2011-NUL que culminó en el acto final del artículo 45 de la sesión 014-2011 del 12 de abril de 2011, toda vez que dio inicio tal procedimiento administrativo sancionador, cuando ya la propiedad de los demandantes se había consolidado; aspecto que vicia la competencia del INDER para efectuar una fiscalización de sus deberes fuera del plazo de ley, transgrediendo con ello el derecho de propiedad de los demandantes.

LA TERCERA PRETENSIÓN INDICA: "3. Se ordene al Registro Nacional, inscribir la finca 6-95747 a nombre de los aquí demandantes con derechos iguales.".

EL TRIBUNAL RESUELVE: Visto que efectivamente el Tribunal ha considerado que el procedimiento administrativo mediante el cual se revocó la adjudicación del lote 2-6 de los demandantes, se llevó a cabo, fuera del plazo establecido para las limitaciones y el ejercicio de derecho de fiscalización del INDER, teniéndose por nulo el mismo, consecuencia lógica y directa de ello es que efectivamente el INDER proceda a devolver la propiedad correspondiente al partido de Puntarenas, folio real matrícula N° 95747-001 y 002, tal y como se encontraba con anterioridad a la revocatoria de la adjudicación y nulidad del título; viciados de nulidad absoluta, conforme lo motivado por este Tribunal.

LA CUARTA PRETENSIÓN INDICA:

4. Se ordene al INDER el pago de las costas personales y procesales del presente proceso.

EL TRIBUNAL RESUELVE: Conforme se acostumbra esta pretensión se resolverá en acápite aparte, más adelante.

LA QUINTA PRETENSIÓN INDICA:

 Pretensiones subsidiarias:

"1. Se condene al INDER, el pago de los daños sufridos por mi representados con ocasión de la ilegal anulación del derecho de propiedad de mis representados sobre la finca 6-95747; los cuales serían: * Material: El valor actual del inmueble por cincuenta millones de colones. Mejoras y construcciones introducidas al inmueble, por ocho millones de colones, en perímetro cerrado de tapias y portones, estructuras metálicas para el estacionamiento de vehículos y servicios sanitarios con drenaje."

EL TRIBUNAL RESUELVE: Dado que esta pretensión es subsidiaria a las anteriores y dado que se ordena la devolución del inmueble a los demandantes conforme se dispuso en las pretensiones principales, ésta pretensión debe rechazarse en todos sus extremos; toda vez que no existe causa jurídica para indemnizar lo que se está devolviendo; precisando que el avalúo realizado por el INDER y del testimonio de los funcionarios del INDER, considera esta Cámara que tampoco se acreditó la existencia de ningún tipo de construcción en el inmueble, no existiendo en consecuencia la obligación de indemnización alguna.

LA SEXTA PRETENSIÓN INDICA: "2. Se ordene al INDER al pago de las costas personales y procesales del presente proceso."  

EL TRIBUNAL RESUELVE: Estése a lo ya indicado con relación a la pretensión principal N° 4.-

XI)  DE LA EXCEPCIONES.   En relación a la excepción de falta de legitimación activa y pasiva, se rechaza, ello en razón de la relación jurídica existente entre los demandantes y el INDER, con ocasión de la aplicación de la Ley N° 2825, mediante el cual el hoy INDER le otorgó un lote N° 2-6 a los demandantes, y luego mediante el procedimiento administrativo que se anuló por esta Cámara, el INDER, recuperó el lote en cuestión y que ahora deberá devolver a los demandantes. Se rechaza la excepción de falta de interés, toda vez que fue necesario este proceso para resolver la controversia jurídico económica entre las partes. Se acoge parcialmente la excepción de falta de derecho en lo que se deniega y se rechaza en lo que se declara con lugar, tal y como se desprende de los considerandos anteriores. Las demás excepciones fueron resueltas con anterioridad.

XII) DE LAS COSTAS.- De conformidad con el numeral 193 del CPCA, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En este caso, el Tribunal considera que la parte perdidosa deberá hacerse cargo del pago de ambas costas.

POR TANTO:

Se rechazan las excepciones de caducidad, prescripción, cosa juzgada constitucional, falta de legitimación activa y pasiva, falta de interés. En cuanto a la excepción de falta de derecho se acoge parcialmente en lo que se deniega y se rechaza en lo que se declara con lugar. Se declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta por MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ y YILCA OFELIA QUINTERO SÁNCHEZ en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO. En consecuencia, se declara que el derecho de propiedad de los demandantes se consolidó el 23 de enero de 2011, siendo dicha fecha el momento de vencimiento de las limitaciones impuestas según el articulo 67 de la Ley 2825.  Se declara la ilegalidad del procedimiento administrativo 008-2011-NUL practicado por el INDER, concretamente del acto final del articulo 45 de la sesión 014-2011 celebrada el 12 de abril de 2011. Se ordene al Registro Nacional, a gestión del INDER inscribir la finca 6-95747 a nombre de los aquí demandantes con derechos iguales. Se condena al INDER al pago de las costas personales y procesales del presente proceso. En lo demás se rechaza la demanda. Notifíquese.- Juez(a) PALONSO

 

 

PAULO ALONSO SOTO

 

JONATÁN CANALES HERNÁNDEZ                    RODOLFO MARENCO ORTIZ

 

	


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PAULO ANDRÉ ALONSO SOTO - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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ELEUTERIO RODOLFO MARENCO ORTIZ - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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JONATHAN CANALES HERNÁNDEZ - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 19-007192-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 07:11:05.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Resolution No. 01889 - 2025

Date of Resolution: February 28, 2025 at 12:44

Case File: 19-007192-1027-CA

Drafted by: Paulo André Alonso Soto

Type of Matter: Proceso de conocimiento

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

Rulings in the same case file

Text of the resolution

 

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CASE FILE:

\t

19-007192-1027-CA - 5



PROCEEDING:

\t

CONOCIMIENTO



PLAINTIFF/S:

\t

MARIO FRANCISCO DE JESUS FALLAS SANCHEZ



DEFENDANT/S:

\t

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

 

 No. 2025001889

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at twelve forty-four hours on the twenty-eighth of February of two thousand twenty-five.-

PROCESO DE CONOCIMIENTO brought by MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ, merchant, ID card 1-0523-0691 and YILCA OFELIA QUINTERO SÁNCHEZ, of Panamanian nationality, passport of her country PA-0805271, both residents of the United States of America, State of Florida, represented by their special judicial attorneys-in-fact, RUBÉN HERNÁNDEZ VALLE, of legal age, married once, attorney, ID card 1-0342-0665, bar card No. 1165, resident of San José and MARINO ANDRÉS MERCADO CASTRO, of legal age, attorney, divorced, ID card 1-1123-0962, bar card No. 17608, resident of Cartago, against the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (hereinafter INDER) represented by its special judicial attorney-in-fact JONATHAN JIMÉNEZ RUIZ, of legal age, attorney, married, ID card 2-585-669, resident of Alajuela (I, 303-304). GERARDO VILLALOBOS MONTERO, of legal age, married, attorney, ID card 1-808-577, resident of Heredia, appeared as an interested third party. He granted power of attorney to Lic. Adrián Bellanero Quesada, of legal age, single, attorney and notary, resident of Cartago, ID card 6-0418-0855, bar card No. 28206 (I, 356 and 480).

CONSIDERANDO:

I)  PROCEDURAL MATTERS: In principle, all references to images correspond to the judicial case file, unless another source is indicated.

1) The complaint was filed on October 29, 2019, against the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) Messrs. JOSÉ FRANCISCO MOLINA SALAS and RONALD LEWIS MC LAREN. (I, 2-29 virtual desktop).

2) The Procedural Judge who, by assignment, took cognizance of this proceeding, by order of seven hours and twenty-five minutes on November 1, 2019, deemed the proceso de conocimiento brought by Mario Francisco Fallas Sánchez and Yilca Ofelia Espinoza against INDER as having been established. (I, 264-266).

3) INDER answered the complaint by written submission dated December 19, 2019, opposing it and interposing the affirmative defenses of lack of right, lack of active and passive standing (falta de legitimación activa y pasiva), lack of current interest, defects preventing a ruling on the merits, res judicata of a constitutional nature (cosa juzgada constitucional), expiration (caducidad), statute of limitations (prescripción) and failure to join a necessary passive litisconsortium. (I, 275-302).

4) By order of fourteen hours and seven minutes on December 19, 2019, the answer to the complaint was deemed timely filed and the cited affirmative defenses were deemed interposed. (I, 316).

5) The plaintiff replied to the answer to the complaint. (I, 319-325 and 334-338).

6) By resolution No. 286-2020 at 16:05 hrs. on February 14, 2020, the preliminary defense of an incomplete necessary passive litisconsortium was rejected, and by order at 13:22 hrs. on February 24, 2020, a hearing was granted to Gerardo Villalobos Montero regarding appearing as an interested third party or coadjuvant. (339-344 and 352).

7) Gerardo Villalobos Montero appeared as an interested third party. (I, 356).

8) The Procedural Judge, pursuant to the order at 10:15 hrs. on March 9, 2020, resolved to join Mr. Gerardo Villalobos Montero as an interested third party. (I, 357-358).

9) The Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Section I, by order No. 473-2020-I, at 17:30 hrs. on October 12, 2020, confirmed resolution No. 286-2020-T of the Procedural Judge. (I, 368-372).

10) Procedural Judge Liana Morera Rodríguez held a preliminary hearing on August 13, 2021, where the plaintiff specified the claim. (I, 489-492).

11) INDER, in a hearing regarding the adjustment of the claim, opposed it, also alleging the affirmative defense of lack of right. (I, 493-496).

12) The plaintiff's representation opposed the affirmative defense of lack of right alleged by the defendant. (I, 503-512).

13) By written submission dated November 18, 2021, the plaintiff challenged before the Sala Constitucional the provision set forth in Article 112, subsection (i) of the Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras. (I, 517-519).

14) A preliminary hearing was held on November 19, 2021. The affirmative defenses of expiration (caducidad) and statute of limitations (prescripción) were deferred for the final decision. The defense of constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) interposed by INDER was dismissed. All facts were deemed controverted, and the evidence to be gathered during the oral and public trial hearing was admitted. (I, 520-524).

15) On February 7, 2022, the plaintiff dismissed the proceeding against José Francisco Molina Salas and Ronald Lewis Mc Laren. (530).

16) By order No. 16-2022 at 11:10 hrs. on February 17, 2022, the proceeding against José Francisco Molina Salas and Ronald Lewis Mc Laren was dismissed. (I, 531-533).

17) Due to the acción de inconstitucionalidad filed by the plaintiff against the Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras of INDER, the hearing of the merits of the proceeding was suspended. (I, 544-548 and 555).

18) The Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia, by resolution No. 2024018680 at 9:20 hrs. on July 3, 2024, dismissed the acción de inconstitucionalidad; specifying in Considerando IX, that: "Based on the arguments set forth supra, it must be concluded that the provision is not contrary to the Constitution and, therefore, the action must be dismissed." (I, 586-635)

19) The Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Working Group No. 8, (Section VIII), was constituted for the holding of the oral and public hearing on February 11, 2025, being composed of Judges Rodolfo Marenco Ortiz, Jonatán Canales Hernández and Paulo André Alonso Soto, the latter being assigned to preside and prepare the ruling that was issued unanimously, after the corresponding deliberation. Evidence offered by the plaintiff for better provision, consisting of a copy of a Regulation, was rejected because it is part of the legal system. After the opening arguments, the statement of Mario Francisco Fallas Sánchez and Yilca Ofelia Quintero Espinoza was heard. Subsequently, the testimony of Ronald Lewis Mc Laren, 1-543-035, Ronald Francisco Carrillo Sánchez, 1-827-575 and Olger Jiménez Molina 2-549-972 was heard. Finally, the parties presented their conclusions, and the hearing was concluded after declaring the proceeding complex as permitted by the CPCA, Art. 111. This Tribunal does not observe any grounds for nullity that prevent it from issuing this ruling.-

II) SUBJECT MATTER OF THE PROCEEDING.- The plaintiff, regarding the claim, stated:

"Main claims

1. That it be declared that the property right of my clients was consolidated on January 23, 2011, said date being the time of expiration of the limitations imposed pursuant to Article 67 of Ley 2825.

2. That the illegality of administrative procedure 008-2011-NUL conducted by INDER be declared, specifically the final act of Article 45 of session 014-2011 held on April 12, 2011.

3. That the Registro Nacional be ordered to register property 6-95747 in the name of the plaintiffs herein with equal rights.

4. That INDER be ordered to pay the personal and procedural costs of this proceeding. Subsidiary claims:

1. That INDER be ordered to pay the damages suffered by my clients on the occasion of the illegal annulment of my clients' property right over property 6-95747; which would be: * Material: The current value of the real estate of fifty million colones. Improvements and constructions introduced to the real estate, for eight million colones, in a perimeter enclosure of walls and gates, metal structures for vehicle parking and sanitary services with drainage.

2. That INDER be ordered to pay the personal and procedural costs of this proceeding." (Claim determined during the preliminary hearing and which was read by the plaintiff's representative from minute 00:48:10:00 to 00:49:18:15.).

III) PROVEN FACTS.- Of relevance for the resolution of this proceso de conocimiento, the following are taken as proven facts:

A) FROM THE DOCUMENTARY EVIDENCE:

1) On January 10, 1996, official communication ST-A-001, issued by the Coordinator of Land Titling Programs to the General Secretariat of the IDA, stated the following, where relevant: " (...) // SANTA TERESA SETTLEMENT (...)// 1- IN COMPLIANCE WITH INSTITUTIONAL POLICIES AND WITH THE RECOMMENDATION OF THE OROTINA REGIONAL OFFICE AND THIS SECTION, I REQUEST THE ADJUDICATION, segregation (segregación) AND transfer (traspaso) OF 60 PARCELS AND LOTS TO BE DESCRIBED BELOW BECAUSE THE POSSESSORS MEET THE LEGAL CONDITIONS AND REQUIREMENTS DEMANDED IN LEY 2825 (LEY DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN) OF OCTOBER 14, 1961, SO THAT THE CORRESPONDING SUPLETORY TITLE OF DOMINION BE ISSUED TO THEM. // (...) SANTA TERESA SETTLEMENT: (...) MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ (...) YILCA OFELIA QUINTERO ESPINOZA (...) 3. THE LIMITATIONS TO WHICH THE PARCELS AND LOTS OF THIS GRANTING ARE SUBJECT ARE THE SAME AS THOSE CONTAINED IN LEY 2825 OF OCTOBER 14, 1961 AND ITS REFORMS. 4 AUTHORIZE AGRONOMIST ENGINEER ORLANDO DORADO BOZA, EXECUTIVE PRESIDENT, TO APPEAR BEFORE THE ASSIGNED NOTARY (...) OF THE INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO TO GRANT THE RESPECTIVE TRANSFER DEEDS. (...)" (Judicial Case File, images 70-74).

2) The Instituto de Desarrollo Agrario, on February 7, 1996, communicated to the Titling Section the agreement adopted by the Board of Directors in Article L, of session No. 002-96, held on January 23, 1996, agreement No. 50, which provided, where relevant: "AGREEMENT No. 50: 1. APPROVE THE ADJUDICATION, segregation (segregación) AND transfer (traspaso) OF SIXTY LOTS AND PARCELS IN THE SETTLEMENTS (...) SANTA TERESA (...) BECAUSE THE POSSESSORS MEET THE LEGAL CONDITIONS AND REQUIREMENTS DEMANDED IN LEY 2825 (LEY DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN) OF OCTOBER 14, 1961, SO THAT THE CORRESPONDING SUPLETORY TITLE OF DOMINION BE ISSUED TO THEM (...) NAME (...) SANTA TERESA SETTLEMENT: (...) MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ (...) AND YILCA OFELIA QUINTERO ESPINOZA (...) 0-0732.00 // 2-6 // 2.- THE COST FOR LAND SURVEYED AND TITLING SHALL BE AS FOLLOWS: (...) SANTA TERESA SETTLEMENT: AT THE RATE OF 6,156.45 COLONES PER HECTARE (...) 3.- THE LIMITATIONS TO WHICH THE PARCELS AND LOTS OF THIS GRANTING ARE SUBJECT ARE THE SAME AS THOSE CONTAINED IN LEY 2825 OF OCTOBER 14, 1961 AND ITS REFORMS.(...) THE SIGNING OF THE PROTOCOL IS SCHEDULED FOR JANUARY 26, 1996 AT THE COYOLAR REGIONAL OFFICE FROM 9 AM TO 2 PM// AGREEMENT APPROVED UNANIMOUSLY". (Administrative file, folios 009-03).

2) In the protocol of Notaries Public Alex Benjamín Gen Palma and Carlos Enrique García Anchía, deed number five dated February 10, 2011, shows that Orlando Dorado Boza appeared, in his capacity as Executive President of the Instituto de Desarrollo Rural, today INDER, and stated, where relevant: "APARTADO TEN: The appearing party Dorado Boza, always with the representation he holds, further states that his Principal is the owner of the property registered in the Registro Público, Property Section, District of PUNTARENAS under REAL FOLIO registration number SEVENTEEN THOUSAND ONE HUNDRED SEVENTY-THREE - ZERO ZERO ZERO, known as PROYECTO SANTA TERESA, from which he SEGREGATES the lots to be described below, all of which are land for HOUSING, except for the last two, which are for AGRICULTURE, all located in district twelve, of canton one of the province of PUNTARENAS, and sells them as follows: LOT TWO - TWO (...) LOT TWO - SIX: bounded on the NORTH: José Rojas Valerio: SOUTH: Iris Mora Araya: EAST: Celín Cubero Pérez, and West: public street, MEASURES: SEVEN HUNDRED THIRTY-TWO SQUARE METERS, according to plan P-two hundred forty-three thousand one hundred four- ninety-five, he sells it to MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ and YILCA OFELIA QUINTERO ESPINOZA, married once, ID card one - five hundred twenty-three - six hundred ninety-one, and of Panamanian nationality, with ID card of that Republic, number four - one hundred ninety-eight - nine hundred seventy-nine, respectively, for the sum of FOUR HUNDRED FIFTY COLONES, SIXTY-FIVE CENTS, PAID. (...) TWO - NINE (...). THE REMAINDER that the Institute reserves for itself (...) D) That the buyers may not transfer ownership of their property, nor encumber it, lease it or subdivide it (subdividirlo), without the prior authorization of the seller Institute, except if fifteen years have elapsed counted from this date, excepting from the foregoing prohibition operations entered into with the nationalized Banking, the Consejo Nacional de Producción or any other State credit Institutions. After the said fifteen years have elapsed, any disposal of the parcels or lots sold herein, which in the judgment of the seller Institute (...) F) That the failure by the buyers or by the persons to whom they have transmitted the parcels or lots sold herein to comply with any of the obligations set forth in the cited Ley de Tierras y Colonización, shall give the right to the seller Institute to administratively revoke the adjudications and to request the Registro Público that the parcel or lot be registered again in favor of said Institute, which shall pay the original purchase price and the value of the useful and necessary improvements in accordance with the appraisal to be carried out for that purpose by an expert of the selling Institution.// (...) I issue a first literal copy for the seller Institute and respective first literal copies in relevant part to each grantee. Having read what is written to the appearing parties, they approved it and we all signed in Orotina at nine hours on February tenth, nineteen ninety-six". (Judicial Case File, images 149- 248).

3) The Registro Nacional, under the district of Puntarenas, real folio registration No. 095747-001 and 002 indicated on January 4, 2011 that said property belonged in equal shares to Mario Francisco Fallas Sánchez and Yilca Ofelia Quintero Espinoza, establishing in both rights the existence of the following encumbrance: "LIMITATIONS OF THE IDA LEY 2825 ART. 67. 430-03900-01-0936-001 AFFECTS PROPERTY 6-00095747 BEGINS ON: FEBRUARY 10, 1996 // ENDS ON: FEBRUARY 10, 2011 /PARTIAL CANCELLATIONS: NONE (...)". In addition, the following classification was recorded: "Lot 2-6 LAND FOR HOUSING LOCATED IN DISTRICT 12-CHACARITA CANTON 1-PUNTARENAS OF THE PROVINCE OF PUNTARENAS." (Administrative file folios 13-12).

4) The official of the then IDA, OLGER JIMÉNEZ MOLINA, drew up an inspection report (acta de inspección) for property 2-6 on January 6, 2011, in which he recorded, where relevant: "(...) on the lot a bathroom-type structure with a water supply tank of approx. 200 liters of water is observed, and apart from this structure no other type of construction is observed, nor is the property inhabited // (...) at the time of the visit no one was found on the property, neighbors were asked about the owners, who state that they have not been seen in the area for quite some time, including other persons were asked who do not even know the owners nor knew that this lot existed." (Administrative file folio 14).

5) Technicians Olger Jiménez Molina and Mauricio Moya Fuente prepared the agrarian inspection report OSPA-OJM-006-2011 dated January 7, 2011, in which they indicated: "(...) Recommendation: By means of a field inspection, an investigation was conducted, and it is recommended that the revocation process be initiated against the property registration, 6-095747 - 001-002 belonging to lot #2-6, of the Santa Teresa Settlement. Property of Messrs. Mario Francisco Fallas Sánchez (...) and Yilca Ofelia Quintero Espinoza (...) for having verified the unjustified abandonment of the property, also because the whereabouts of these persons are unknown, it is recommended that they be notified by edict.// Without further particular." (Administrative File folios 19-15).

6) Engineer Víctor Julio Madrigal Porras, of the Sub-Regional Office Paquera, by official communication OSPA-013-2011 dated January 12, 2011, addressed to Eng. José Francisco Molina Salas, Regional Agrarian Coordinator, in which he requested that the procedure for the revocation of the adjudication agreement and the subsequent nullity of the title of Lot No. 2-6 be initiated. The official communication indicated as the cause for the foregoing the unjustified abandonment of the property by the administered parties, as the property is abandoned and without any type of residential construction. (Administrative file folios 23-22).

7) Lic. Ronald Lewis Mc Laren, Legal Affairs Advisor, by order of nine hours and thirty minutes on Thursday, January 13, 2011, under case file No. 008-2011 NUL stated, where relevant: "Based on the powers granted by the Ley de Tierras y Colonización 2825 of October 14, 1961 and its reforms and pursuant to the procedure indicated in Articles 107 and following of the Reglamento Para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierra, published in La Gaceta No. 38 of February 22, 2008, in order to begin the investigation of the real truth of the facts, this resolution is issued in the Revocation process of the Adjudication of Lot No. 2-6, of the Santa Teresa Settlement in Cóbano de Puntarenas, with the Subsequent Nullity of the Property Title against Mr. MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ (...) and Mrs. YILCA OFELIA QUINTERO ESPINOZA (...) for alleged violation of the obligations imposed by IDA on its grantees through the Land Assignment Contract, as provided for in Article 66 and following of the indicated Ley 2825, unjustified abandonment of the lot as there is a physical and complete absence of the administered parties with respect to the property, a cause typified in Article 68 subsection 4) paragraph b). In safeguarding the principles of Due Process and Rights of Defense, it is resolved to notify (...) this summons to appear before this Office, (...). It is advised that an Ordinary Appeal of Revocation and Appeal may be filed against this initial act, pursuant to Articles 345 and 346 of the Ley General de la Administración Pública. For the indicated hearing, ten hours on Thursday, March seventeenth, two thousand eleven is set (...). // Because the whereabouts of the administered parties are unknown, proceed to publish said process by means of an Edict twice in the Official Gazette La Gaceta. In order to consider the expiration of limitations as interrupted and availing of the Principle of Registry Publicity, annotate this process in the Registro Público de la Propiedad Inmueble at the margin of the related property (Art. 7 Ley 6735 de Creación del IDA of March 29, 1982). NOTIFY. (...)" (Administrative file folios 24-25).

8) Lic. Ronald Lewis Mc Laren, Legal Affairs Advisor, by order of nine hours and forty-five minutes on January 13, 2011, issued a letter rogatory for annotation of the IDA process addressed to the Director of the Registro Público de la Propiedad Inmueble. (Administrative file, folio 26).

9) The Registro Nacional, upon consultation made to its database on February 9, 2011, under the district of Puntarenas, real folio registration No. 095747 rights 001 and 002, indicated where relevant: "ANNOTATIONS ON THE PROPERTY: YES // LETTER ROGATORY OF NULLITY OF THE IDA CITATIONS: 2011-33611-001 FILED AT 10:03:02 ON FEBRUARY 9, 2011 // GRANTED AT 09:45:00 ON JANUARY 13, 2011. // (...)" (Administrative file folios 33-32).

10) In La Gaceta No. 19 of Thursday, January 27, 2011, pages 98 and La Gaceta No. 20 of Friday, January 28, 2011, pages 73-74, the edicts were published to notify the plaintiffs of the commencement of the administrative procedure. (Administrative file, folios 39-34).

11) Lic. Ronald Lewis Mc Laren, by order of ten hours on Thursday, March 17, 2011, within the revocation process with Subsequent Nullity of the Title regarding lot #2-6, drew up a record stating that the grantees of lot #2-6 did not appear at the indicated time and date, nor did they provide any defense within the case file. (Administrative file, folio 40).

12) Lic. Ronald Lewis Mc Laren and Eng. Carlos Alvarado Vargas, by official communication AJORO-RL-020-2011 OROTINA March 21, 2011, addressed to the Board of Directors of the then IDA, -today INDER- in which they recommended, where relevant: "Based on the foregoing evidence, that which exists on the land and in the case file itself, it is necessary to analyze the alleged cause, which is done below. The Ley de Tierras y Colonización, as well as the Regulations for the Selection of Beneficiaries and/or Families that have been promulgated and applied at the Institute, provide a series of mandatory rules regarding the lands distributed by IDA and borne by the respective beneficiaries. Causes and sanctions are likewise provided through which the non-compliant beneficiary may lose his right to the parcel, farm or lot. Thus, Article 66 of the law provides that when the beneficiary fails to comply with the obligations imposed by the Institute, in the judgment of the latter, it shall entail the loss of the right over the real estate. Article 68, subsection 4, ibídem, exhaustively indicates some causes for which IDA must mandatorily declare the extinction of the right, obviously in the manner provided for by the legal system for each procedure and cause. Thus, the cited subsection, in its paragraph b), indicates abandonment as a cause for which the Institute must revoke or extinguish the right over the parcel. But how should the term abandonment be understood; legally, abandonment consists of an action of ceasing to do that which one is obligated to do without a material absence of the obligor from the obligee of the obligation being necessary, -be it understood as a person or a property that is the object of such obligation-. In other words, abandoning a good or a duty with respect to the good does not imply the physical separation of the obligor but rather a voluntary act with respect to the goods or persons to whom that obligation is owed, be it a duty of care, vigilance, etc. What is important is not the material or physical removal of the obligor from the good or person, but rather the ceasing to execute those acts that are legally required of him towards the obligee of the obligation and thus having it be deemed fulfilled. Thus, by way of example, we can find in the world of legal relationships that which arises from the family bond, which can be translated, within the context of abandonment, as the failure to attend to parental obligations whether towards children, spouse or one's own parents; in criminal law, abandonment is also found as a punitive sanction when it occurs with respect to persons or animals, which the obligee does not constitute but rather the simple negligence of the obligor in the face of the duties the legal system imposes on him with respect to a given person or thing. In labor matters, we also have that \"abandonment of work\" is not constituted by the material fact of the worker physically leaving the place, but rather the fact of ceasing to do or fulfill the tasks entrusted by the employer or by the legal system, in the employment contract, thus voluntarily ceasing to fulfill his duties towards the ultimate purpose of the relationship, which is the provision of a certain service. // Based on the foregoing, it is necessary, under the harmonious interpretation of the legal norms that regulate the actions of the Institute, to determine when one incurs in abandonment of the property or of the family, as provided for in the supra-cited norm. Both in the law and in the Regulation that supports the respective adjudication of parcels, family farms or housing lots, obligations are imposed on the beneficiary in relation to the purpose for which the land was assigned to him. In the cases of lands assigned or adjudicated by the Institute, the use for which each is assigned in its different said modalities is taken into account, given that the use assigned to each of the properties entails in itself an end or objective that the beneficiary must obligatorily fulfill. Specifically, if the parcel, family farm or housing lot already has a determined purpose and is so regulated in the applicable legal system by and to the Institution, the actions of the beneficiary regarding the land must necessarily be to give it that purpose or use, in order to remain within the framework of compliance with the obligations and duties legally imposed on the beneficiary as conditions of fact and of law in the exploitation or use of the real estate, with the result that, as long as the use or purpose for which the land was given to him is fulfilled, he will not be subject to any sanction. Hence, Article 68, in its subsection 4, provides for certain causes that imply non-compliance by the beneficiary with the obligations imposed on him by the legal system. Abandonment as a cause for extinction should not be mixed up with or interpreted in light of the other causes which, although in some way related to the exploitation obligations, do not have the same meaning and importance as abandonment, and hence the same law provides that not even a warning is necessary. Abandonment can occur in two ways, as already stated, one being the material and definitive separation from the beneficiary-land relationship and the other, more voluntary in nature, is the inertia of the beneficiary in fulfilling his duty and the non-exercise of the rights, powers and obligations he has regarding the real estate in relation to the purpose for which it was assigned to him. In turn, this expression of will can be expressed explicitly or implicitly by simply ceasing to do what one is obligated to do; and in turn, we can say that this expression of will can arise from the very desire not to comply with those obligations (willful misconduct) or from the obligor's lack of interest in fulfilling his duties. // Seen in this way, we must focus on determining whether the cause for abandonment occurred in this proceeding, analyzing both the applicable regulations and the evidence and material facts themselves. // Article 145 of the Ley General de la Administración Pública states that \"the effects of the administrative act may be subject to efficacy requirements, set by the act itself or by the legal system.\" This provision is very important for the following regulatory analysis, since from it will or will not be derived the determination of the existence of the investigated cause. Article 12 of this same body of law provides for the legal impossibility of repealing or disapplying for specific cases the written norms (regulations, etc.) or unwritten norms that make up the administrative legal system, and Article 11 of the cited text of law constrains us in administrative action to the principle of legality, according to which the Public Administration can only perform those acts authorized by the legal system.// In the present case, at the time IDA granted the property to the administered parties, the Reglamento Autónomo para la Selección de Beneficiarios, approved by the Board of Directors in Article V of session 88-93 of November 22, was in force, noting in its Article 60 that it would be effective from its publication in La Gaceta, which occurred when it was made public according to La Gaceta No. 32 of February 13, 1994, a date from which this regulation acquires legal validity upon becoming part of the legal system that governs the Institution and the beneficiaries who are users of IDA's services. According to Article 39 of this Regulation, and based on Article 87 of Ley 2825, IDA would reserve from the lands destined for parcel-based settlements the areas required for the establishment and development of population centers. Article 40 continues stating that in these centers, the adjudication of housing lots (lotes para vivienda) would be granted in favor of low-income families, lacking housing and willing to build it under the terms established in the Regulation. Article 42 reiterates the need for the beneficiary to build the dwelling within the regulatory period and to LIVE IN IT.

Article 43 is the one that defines the deadline to begin construction of the dwelling, which is set at six months from the award and one year to complete it. Article 44 in fine concludes by stating that “if for any reason the awardee could not build the dwelling within the established timeframe, their award shall be rendered void.” This is, as stated above, a condition of fact and of law that causes the act to be rendered void, automatically, if it is not fulfilled. // The philosophy and foundation that the Institute had for granting this type of properties called housing lots was thinking of those people who, without having a purely agricultural vocation and dedication, and who had or have some type of salaried job or a small business of their own but lack land to live in their own home. In this way, the IDA facilitates the land and opens up the possibility of accessing the housing subsidy (bono de la vivienda) or soft loans for social-interest housing. // In this regard, the Costa Rican State, not only through the IDA, has made enormous efforts and large investments in the acquisition and distribution of land for these purposes in order to alleviate the great social pressure regarding housing. It is thus that in the latest versions of the Regulation (Reglamento) governing the selection of beneficiary families, chapters have been inserted that regulate and refer to this matter. // In the case of the lot awarded to Mr. MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ, identity card number 1-0523-0691, and Mrs. YILCA OFELIA QUINTERO ESPINOZA, residence card number 4198979, taking into account the purpose and the analysis made of the grounds for abandonment, as well as the stipulations of Articles 43 and 44 in fine of the aforementioned Regulation, the evidence contained in the administrative file, provided by the IDA, as well as that found on the land, the alleged grounds are deemed fully demonstrated, as they failed to build their house and inhabit it, according to the purpose intended for the lot granted to the administered parties, with no justification from the administered parties, especially given the existence of basic services inferred by the very presence of dwellings in the surroundings and the existence of the community already established in the settlement, and in this particular case we are clearly facing an unjustified abandonment of the property and the occurrence of the condition subsequent (condición resolutoria) of the right as awardee, according to the text of Article 42 of the Regulation in force when the property was awarded and transferred to them. // In the administrative file referring to the lot granted to Mr. Mario Francisco Fallas Sánchez and Mrs. Yilca Ofelia Quintero Espinoza, it has been held as demonstrated that, since 1996, neither the dwelling nor the use for which the property was granted exists.// This being the case, this Legal Advisory Office RECOMMENDS declaring the revocation of the Award made by Agreement of the Board of Directors, Article L of session 02-96, dated January 23, 1996, in favor of Mr. MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ, identity card number 1-0523-0691, and Mrs. YILCA OFELIA QUINTERO ESPINOZA, residence card number 4198979, with the subsequent annulment (Subsecuente Nulidad) of the Title of Ownership of lot 2-6 of Asentamiento Santa Teresa, property of the Province of Puntarenas, registered under registration number 95.747-001-002. Likewise, the issuance of the appropriate judicial request (exhorto) to the Registry is ordered for the reversion of said property to IDA ownership. The administered parties must be warned to refrain from introducing improvements beyond those already existing as of the date of notification of the respective resolution, and the appraisal of useful and necessary improvements must be conducted and paid to the former beneficiaries, in accordance with Article 66 of Ley 2825 cited herein. // The administered parties must be warned that in case of disagreement, an appeal may be filed against the resolution before the Tribunal Agrario within a period of 5 business days, counted from the day after receipt of the notification of this resolution, in accordance with Articles 66 and 177 of Ley 2825 de Tierras y colonización of October 14, 1961, and Article 2 subsection f) of Ley de Jurisdicción Agraria 6734 of March 25, 1982, which must be filed before the Regional Directorate, located in Coyolar de Orotina or at the nearest Subregional Office." (Administrative file folios 48-43).

13) The Board of Directors of the IDA, —now INDER— on April 26, 2011, communicated the "Revocation of Award and Annulment of Title Processed Against the Owners of Lot 2-6 of Asentamiento Santa Teresa", as the General Secretariat communicated the agreement adopted by the Board of Directors in Article No. 45 of Ordinary Session No. 014-2011, held on April 12, 2011, wherein the recommendation of the directing body of the administrative proceeding was accepted, ordering in the relevant part: "Having viewed the situation thus, we must address determining whether or not the grounds for abandonment occurred in the present proceeding, carrying out an analysis of both the regulations in force and the evidence and the material facts themselves. // Article 145 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública) states that “the effects of the administrative act may be subject to effectiveness requirements, set by the same act or by the legal system.” This provision is very important for the following regulatory analysis, since the determination of the existence of the investigated grounds will be derived from it or not. Article 12 of this same legal body provides for the legal impossibility of repealing or disapplying written rules (Regulations, etc.) or unwritten ones that make up the administrative legal system for specific cases, and Article 11 of the cited legal text constrains us in administrative action to the principle of legality according to which the Public Administration can only carry out those acts authorized by the legal system.// In the present case, at the time the IDA granted the property to the administered parties, the Autonomous Regulation for the Selection of Beneficiaries approved by the Board of Directors in Article V of Session 88-93 of November 22 was in force, with its Article 60 warning that it would govern from its publication in La Gaceta, which occurred upon being made public according to La Gaceta No. 32 of February 15, 1994, a date from which this Regulation acquired legal force upon being integrated into the legal system that governs the Institution and the beneficiary users of the IDA's services. As Article 39 of this Regulation states, and based on Article 87 of Ley 2825, the IDA would reserve from the lands destined for parceled settlements, the areas required for the establishment and development of population centers. Numeral 40 continues by saying that in these centers, the award of housing lots will be granted in favor of low-income families, lacking housing and who are willing to build it under the terms established in the Regulation. Article 42 reiterates the need for the beneficiary to build the dwelling within the regulatory timeframe and to HABITAT IN IT. Article 43 is the one that defines the deadline to begin construction of the dwelling, which is set at six months from the award and one year to complete it. Article 44 in fine concludes by stating that “if for any reason the awardee could not build the dwelling within the established timeframe, their award shall be rendered void.” This is, as stated above, a condition of fact and of law that causes the act to be rendered void, automatically, if it is not fulfilled. // The philosophy and foundation that the Institute had for granting this type of properties called housing lots was thinking of those people who, without having a purely agricultural vocation and dedication, and who had or have some type of salaried job or a small business of their own but lack land to live in their own home. In this way, the IDA facilitates the land and opens up the possibility of accessing the housing subsidy or soft loans for social-interest housing. In this regard, the Costa Rican State, not only through the IDA, has made enormous efforts and large investments in the acquisition and distribution of land for these purposes in order to alleviate the great social pressure regarding housing. It is thus that in the latest versions of the Regulation governing the selection of beneficiary families, chapters have been inserted that regulate and refer to this matter. // In the case of the lot awarded to Mr. MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ and Mrs. YILCA OFELIA QUINTERO ESPINOZA, taking into account the purpose and the analysis made of the grounds for abandonment, as well as the stipulations of Articles 43 and 44 in fine of the aforementioned Regulation, the evidence contained in the administrative file, the IDA, as well as that found on the land, the alleged grounds are deemed fully demonstrated, as they failed to build their house and inhabit it, according to the purpose intended for the lot granted to the administered parties, with no justification from the administered parties, especially since 15 years have passed from the date of the award to today, in addition to the existence of basic services inferred by the very presence of dwellings in the surroundings and the existence of the community already established in the Asentamiento, and in this particular case we are clearly facing an unjustified abandonment of the property and the occurrence of the condition subsequent of the right as awardee, according to the text of Article 42 of the Regulation in force when the property was awarded and transferred to them, the IDA needing to recover said property in such a way that it is appropriate to revoke the award to Mr. MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ, identity card number 1-0523-0691, and Mrs. YILCA OFELIA QUINTERO ESPINOZA, residence card number 4198979, with the subsequent annulment of Title over the estate of the Province of Puntarenas, registration number 95.747-001-002, and declare the extinction of the respective right and beneficiary status.// THEREFORE: // In accordance with the considerations set forth and the provisions of the cited Land and Colonization Law, it is ordered: 1) To revoke the Award with the subsequent annulment of the Title of Ownership and the extinction of the respective right and beneficiary status, to Mr. MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ, identity card number 1-0523-0691, and Mrs. YILCA OFELIA QUINTERO ESPINOZA, residence card number 4198979, owners of lot 2-6 of Asentamiento Santa Teresa, property of the Province of Puntarenas registered under registration number 95.747-001-002. 2) To cancel the encumbrances registered under citations 430-03900-01-0936-001 of IDA Limitations, and other encumbrances and annotations that prevent the proper registration of the judicial request that this order entails, provided they lack the due legal authorization from this Board of Directors, and therefore, to revert said property to the name of the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, of this domicile, Legal Entity ID Number 4-000-42.143, which will be communicated to the Real Property Registry through the appropriate judicial request, the alleged grounds having been proven, having breached the obligations imposed on the awardees by our Ley de Tierras y Colonización 2825 of October 14, 1961, and its reforms, for unjustified abandonment, Articles 66 and 68 in its paragraph 4) subsection b). 3) To order the Paquera Subregional Office to proceed to carry out the corresponding field study so that immediate possession of the property is taken and, otherwise, to initiate the eviction proceeding against any person who is there illegally, the administered parties needing to be warned to refrain from introducing any improvement on the property, except what existed at the time of notification of the initial act and transfer of charges. Likewise, the Central Pacific Regional Directorate is ordered to take the necessary steps for the respective appraisal of useful and necessary improvements for the purpose that the lots and parcels must fulfill, in accordance with the cited Article 66 in its final paragraph, provided they prove they made them from their own resources; likewise, in case an eviction must be carried out against any illegal occupant. // 4) To authorize the Legal Advisory Office of the Central Pacific Region, so that once this resolution is final, it communicates by judicial request to the Real Property Registry, the order of annulment of the title of ownership over the aforementioned estate, so that they are reverted to the name of this Institute, in accordance with the provisions of Article 7 in its subsection e) of Law N6735 of Creation of the I.D.A. // 5) In case of disagreement by the revoked parties, an appeal may be filed against this resolution before the Tribunal Agrario within a period of 5 business days, counted from the day after receipt of the notification of this resolution, in accordance with Articles 66 and 177 of Ley 2825 de Tierras y Colonización of October 14, 1961, and Article 2 subsection f) and Article 12 subsection d) of Ley de Jurisdicción Agraria 6734 of March 25, 1982, which must be filed before the Regional Directorate, located in Coyolar de Orotina or at the nearest Subregional Office.// AGREEMENT APPROVED UNANIMOUSLY." (Administrative file, folios 55-49).

14) By means of appraisal No. ROCAS-66-2013 prepared by Eng. Ronald Fco. Carrillo Sánchez, in the month of July 2013, corresponding to the useful and necessary improvements of lot 2-6, Asentamiento Santa Teresa, Cóbano Puntarenas, it was determined that there was no sum to be paid for useful and necessary improvements, since none were observed. (Administrative File, folios 83-78).

15) The Board of Directors of the IDA, according to official communication of February 26, 2015, sent to the Legal Advisory Office of the Central Pacific Region, communicated the agreement adopted by the Board in question, Article No. 20 of Ordinary Session No. 007-2015, held on February 23, 2015, wherein appraisal ROCAS-66-2013 was approved and ordered the Legal Advisory Office to communicate the agreement. (Administrative File, folios 89-88).

16) The Legal Advisory Office, by order at 8:53 a.m. on February 27, 2015, resolved that the aforementioned Board of Directors' agreement could not be notified because the administered parties did not indicate a means or place to receive notifications. (Administrative file, folio 91).

17) In accordance with certification No. RNDIGITAL-2016182-2019 issued by the National Registry in relation to the property of the canton of Puntarenas, real folio registration No. 95747-000, lot 2-6, it appears registered in the name of the Instituto de Desarrollo Rural, according to registration on May 10, 2011. (Judicial file image 306).

18) The Sala Constitucional of the Supreme Court of Justice, by vote No. 2019011214 at nine thirty hours on June 21, 2019, outright rejected the amparo appeal filed by the plaintiffs here, in accordance with Article 35 of Law No. 7135, the protection of fundamental rights proceeds when filed within two months when the violation has ceased, and in this case, the Chamber considered that more than eight years had passed since the revocation of the award of the land of their interest occurred. (Judicial file, images 307-313)

19) The Sala Constitucional, by vote No. 2024078680 at nine twenty hours on July 3, 2024, rejected the action of unconstitutionality brought by the plaintiffs against Article 112 subsection i) of the "Regulation for the Selection and Assignment of Land Applicants (Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras)" of INDER, relating to the possibility of notifying INDER awardees via edict (edicto) on the grounds that it is contrary to the constitutional principle of legal certainty. (Judicial file images 586-635).

B) OF THE PARTY STATEMENT AND TESTIMONIAL EVIDENCE:

20) MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ, ID card 1-0523-0691, resident of the United States of America, Florida, Hallandale, after being warned and sworn, stated in response to questions from the INDER representative. He stated that he knows property 02-6 of Santa Teresa de Cóbano. He indicated that the IDA (now INDER) gave him that property to build a dwelling and inhabit it. He did know that INDER could supervise the property. That property 02-6 corresponds to registration of Puntarenas, Real Folio 95.747. He indicated that he did build the dwelling that is there. That the property was given to them in 1996 and they began little by little with scarce resources and the help of neighbors. The dwelling has a concrete base, the upper part is made of wood with floors of the same material. It consists of three rooms, on the ground floor it has a kitchen, with living-dining room and a bathroom. A water tank was built since water was scarce and a bathroom was built for it so that when people arrived they wouldn't track sand into the house. He stated that he did live on the property, since it was assigned to him. That he lived there for fifteen years and at the end they were renting it to a man for parking quadricycles. He indicated that he went to live in the USA four years ago. When he signed the contract, he was living in Costa Rica and the contract was signed in San José, as he was running some errands. He indicated they never visited him. He denied having gone to the INDER offices to update his information. He denied having requested permission to rent, since he indicated he rented it after the fifteen years had already expired. He stated that he found out that INDER had registered the land in its name because the man to whom he rented was interested in buying it and told him that the land was not my property and for that reason I hired the lawyers, without specifying the year. To the questions from the plaintiff, he indicated that he lived there since 1996. He indicated that he did have relationships with the neighbors, one named Manuel, the wife Iris, Celín, Carlos Zúñiga, but now he does not remember them all. That he worked, he went to clear lots, to fish. There were no questions from the interested third party. The Court asked if the contract he made with Mr. Gerardo was done in writing and that it was done with a lawyer. (Statement given during the oral and public hearing).

21) Statement of YILCA QUINTERO ESPINOZA. After being warned and sworn, she presented her Panamanian passport as identification. To the inquiries of the INDER representative, she answered that she does know property 02-6 of Santa Teresa de Cóbano, which the IDA gave them to build and live on. She acknowledged that the IDA could supervise the land granted to her. That the real folio registration No. 95.747 of the province of Puntarenas indeed corresponds to the property granted. She indicated that they did build on the lot, that it was very difficult for them to build the dwelling, that the bottom part was concrete and the upper part was wood, as well as the floors and stairs. It had three rooms upstairs and downstairs was the kitchen, dining room, living room, and bathroom. Also, outside there was a bathroom and a water tank, where she lived with her husband. That the size was adequate, that she was not a topographer, but the size was adequate, she could not calculate the frontage of the dwelling. She stated that she lived on that property, more than fifteen years in that place. She went to live in the USA about four years ago. In 2011, she does not remember where she lived, but it was in San José. That she lived in Cóbano, where her property was. Regarding the rental, she indicated that she understood her husband rented to a man for parking quadricycles. She does not know if she signed. She did not know that the IDA registered the property again in its name on May 10, 2011, until she was told it was no longer in her name, by the man to whom it was rented and from there they sought out the lawyers who have handled everything. She stated that she never received any notification. To the inquiries of her lawyer, she indicated that her way of earning a living in Cóbano was by taking care of children and that way she earned the little money to help her husband. She knew the neighbors, Mrs. Iris, she took care of her daughter. Mr. José, she also took care of his child. She indicated another neighbor known as el Negro. We had gatherings, at Christmas, New Year's, when they fished we got together like a family, that this has been very difficult. The representative of the interested third party did not ask questions, nor did the Court. (Statement given during the oral and public hearing).

22) The witness RONALD LEWIS MC LAREN, ID 1-543-035, after being warned and sworn, stated to tell the truth. To the INDER's questions, he indicated he holds a law degree and that he was responsible for carrying out the directing body proceeding and that he has worked in the INDER regional office for 17 years. To the questions from the plaintiff, he indicated that he does remember the administrative proceeding carried out, since he was asked to initiate the revocation with the annulment of the title of lot 02-6 of the Asentamiento Santa Teresa, given that what they told him was that there was no house and according to the regulations there had to be a house and the Regulation that was in force at that time, since when the INDER awards a property for housing, they have a period of six months to begin construction and one year to complete it, and that when the administrative file was passed to him they indicated that the property was without construction, I saw the technical reports and that of the agrarian coordinator who was the one who passed it to me and I was told that the awardees were not on the lot since there was no house and the address we have for them is precisely that of the lot which is where they should have been living. For this reason, an edict was published twice consecutively, according to the regulations, a hearing is convened, and when the date of the hearing arrived they did not appear, and then when they did not attend the hearing was closed and the report was elevated to the Board of Directors which is the body responsible for resolving it. To the inquiries about who told him what was stated, he specified that from the administrative file it is evident from the technical report that there was no construction, from the photos it contained and from what was indicated in it by the technician and the agrarian coordinator, who endorse that it be elevated for revocation, since it is presumed that what is in the administrative file is reliable. He indicated that he believes there were previous supervisions. Within the analysis of the documents in the administrative file, he did not recall that it had inconsistencies, that he reviewed the report and the lot was without the house. He does not remember when the previous inspections were carried out. That he is the directing body and upon seeing that there was no construction, which is the legal address of the awardees, that is why he sent for publication by edict, given that he verified that the house was not there and sent for publication by edict, a decision that he made. Regarding whether there was a technical reason not to notify at the property, he indicated that he does not know it, but according to the Regulation, it must be published at the domicile and in the absence of a house, it is done by edict and he remembers that the technician asked neighbors and they did not know them. I don't remember exactly which neighbors were spoken to, but the main reason was that the house was not there. At the time of conducting the proceeding, he indicated that he did verify that the legislation used was in force. In relation to the judicial request, he indicated that it is a public registry notice of a power that the INDER has that there is a dispute on the property and it is done in most cases, when the administrative file enters the legal advisory office and if the dispute is corrected and results in nothing, the judicial request is ordered lifted, which is the first thing done. He indicated that the judicial request was registered on the margin of the estate. The judicial request was canceled when the property was registered in favor of INDER, so it is ready to be granted again. He was consulted if he knew about that request for a judicial request, which was not ultimately registered, to which he indicated it was his understanding that it was indeed registered and was later removed upon registration. He was consulted if he knew that the Reglamento para la Selección de Tierras had been repealed in 2010, he indicated that he is not clear on it, since as I said that was eleven years ago, so he assumes he used the regulation that was in force at that moment. He clarified that he does not remember if that regulation was modified or repealed. The plaintiff's representative concluded his inquiries. The word was continued by the INDER representative, who asked if the revocation proceeding included the payment of improvements, to which he answered affirmatively. He recalled that in this case the process for payment of improvements was done, since when the Board's agreement arrives ordering the property be revoked, the corresponding steps are ordered and the appraisal of useful and necessary improvements is commissioned. That in this case it was zero colones since there were no improvements. The questions concluded and the word was given to the interested third party, who asked him about document OSPA-OJM-006-2011, which he indicated he do know. He denied having prepared it himself, but rather the INDER technicians did it. To the inquiry, he indicated that the photographs referred to in his statement are those contained in this document. He was consulted on whether there was a house, to which he indicated that the house seen is on the other lot. To the inquiry of how he knew it was part of another lot, he indicated that the boundaries are there, between where the water tank and the house are seen, that is where the boundary line goes. He indicated that the report does not say so but it is by logic. He indicated that that house belongs to another person. That he did not visit the lots personally since he is not a technician. He stated that had he considered it, he would have gone to see them. He denied that the report specifies with coordinates where the water tank and the house are. He indicated that he has no reason to doubt the information recorded by the technicians, it is real information. He specified that the report recorded by the technician stated that he asked neighbors if they knew them, but it does not indicate who was asked. He specified that it was obvious that the technician did not have to investigate the identity cards of the people, when it was evident that there was no house on the lot. He was consulted if he received a recommendation to notify by edict, pointing out that the agrarian coordination when sending the report does indicate that it must be done, but he as the directing body evaluates that and considered that since there was no house, nor did they know them, the recommendation was made to do it by edict. Regarding the number of inspections conducted, he stated that the report does not have to indicate how many inspections were conducted and it must specify the date and time of the one conducted for that report, not of the others. In this case, it only refers to the one that was being done. To determine unjustified abandonment, it was conducted based on this report, since the lot is for residential use and it does not matter if there were crops, like a mango or guava tree, that is abandonment just the same, as there was no dwelling, since when the contract was made they had six months to begin construction and one year to complete it. The INDER representative did not ask further questions. To the Court's questions, he indicated that he was not on the land, that he based himself on the report where it says there was unjustified abandonment and that he verified by what the directing body proceeding was carried out. He was consulted if he conducted the opening of the directing body proceeding visible at folios 25 and ends at 24 where he signs, acknowledging that he did it. He was consulted about the annotation of the judicial request, if what he indicated in that regard is what appears at folio 33 of the administrative file and he indicated yes, that this is the judicial request for annulment. He indicated that he determined the boundary based on the photograph from this report. He recognized that where the water tank is located is lot 2-6 and that this was the document he took as a basis for the proceeding. The interrogation concluded. (Testimony given during the oral and public hearing).

23) The witness OLGER JIMÉNEZ MOLINA ID 2-549-972, indicated that he works at INDER as a field technician for seventeen years and denied any interest in the outcome. The plaintiff's representative began the questions. Regarding the case, he recalled that the inspection was carried out in 2011, in Asentamiento Santa Teresa, on the property in question, he described the inspection conducted, pointing out that there were hibiscus hedges (zetos de amapola), with concrete posts, there was a small building that served as a well, there was garbage and the grass was about fifty centimeters high, there was a two-story house next door, no one was there and upon asking some neighbors if they knew them, the answer was negative. He indicated that he located property 2-6, as they carried the settlement map and a sketch (croquis), that generally when those types of reports are made, they carry all the information. Regarding the sketch, he indicated the map. He denied having used satellite or technological location instruments to know the exact location of the estate. He stated that he was accompanied by Mauricio Mora. He specified that both signed the technical report, regarding the record (acta) he believed so too. The record was requested to be shown (visible at folio 14 of the administrative file) and he indicated that in this case he only signed it and he drafted it and that possibly the colleague Mauricio omitted the signature. He pointed out that thoroughness is important in these types of reports. Regarding the indication of the people consulted, he indicated they were people passing by, as the neighbors were not there.

He stated that he asked the people passing by and did not record their names. Regarding the house that appears in the report, he stated that he was at the neighboring house and that he knew that because of the concrete posts (zetos) up front that ended there and because of the edge of the construction of a well or structure, and that the neighboring house has different characteristics. He stated that in front there are poppy concrete posts (zetos de amapola) with concrete posts and that is how he identified the boundary line. He made that location visually, not technically with geolocalization or an instrument. The floor was given to the interested third party, who did not ask questions. The representative of INDER asked him if he knew the Santa Teresa settlement in Cóbano, to which he indicated that he did. He says he began working in 2007. He did not know Don Francisco Fallas Sánchez or Yilca Quintero Espinoza. He did know lot 2-6 of the Santa Teresa settlement, which at the beginning of 2011 was as he just detailed during the inspection. He denied that there was a dwelling house within the property. He stated that he was unable to locate the whereabouts of Don Mario or Doña Yilca and does not know if they ever visited the INDER offices in Paquera, and he specified that he did not know the inhabitants of the property adjacent to lot 2-6. The Court asked about the administrative file, folio 19; he indicated that yes, that is the report he prepared during the visit. Regarding the photographs, he specified that he took them and inserted them there. In relation to the tank that is observed, it is on property 2-6 and the construction behind it is a type of warehouse, but it is not a house. He denied having observed a building footprint (huella constructiva). The poppies are the front of property 2-6. In relation to the record visible at folio 14, he read it. He stated that that day he went with a colleague to conduct the inspection. That among his functions or duties, at that time it was to carry out field inspections, to see if the appropriate use was being made in accordance with INDER's purpose, residential or agricultural parcels. For that, the reference was Law 2825, Articles 67 and 68, to see if the corresponding use was being made. He indicated that the dwelling seen in the photos is not on lot 2-6, but on lot 2-7, and on the other adjoining boundary there was a business and a dwelling house. The testimony was concluded. (Testimony given during the oral and public trial hearing).

24) RONALD FRANCISCO CARRILLO SÁNCHEZ, 1-827-575, after being warned and sworn, stated he would tell the truth. He works at INDER since 2011 and serves as an Agricultural Engineer. In response to questions from the representative of INDER, he indicated that he has been preparing appraisals for more than ten to twelve years for IDA, now INDER. He has performed appraisals in the Santa Teresa settlement of Cóbano and recalled that he indeed did the appraisal on lot 2-6, dating from 2013, by order of the Central Pacific Region assigned to the Paquera office. He used the methodology approved by the Board of Directors at that time, which consists of a field visit, having a witness assist for any event that might arise, walking the property, considering the plan corresponding to the property, its registered status, and reviewing the corresponding order, in this case for the payment of useful and necessary improvements (mejoras útiles y necesarias). He visited the property; it was nearly flat, had cover of plants called weeds, no use for which it was intended could be found, no orchard, no productive installation, no dwelling, nor anything that would reference a probable human use, taking the considerations of the case into account when preparing the report. The appraisal amount indicated that, by the method used, it was zero colones. The representative of the plaintiff party took the floor. He indicated that indeed, at the time of inspecting the property, he was able to walk and enter the property. In relation to taking photos, he indicated that due to a camera situation, it did not work at the time, so he recorded that situation; in the conclusions section he recorded that situation and what he saw, signing it of course. The representative of Don Gerardo Villalobos Montero, interested third party, indicated that it is not ideal to do an appraisal without photographic support; however, under the circumstances, what happened must be made clear, to match the expected methodology versus the expected results; it was an unplanned situation and upon seeing the situation, with my signature I recorded that the photograph could not be taken, but describing what I saw. It is not normal, but it happened. He subsequently did not have the opportunity to obtain a camera to take the photographs, since he was assigned to the Territorial Office of Orotina and once that work was finished, he had to return to the Orotina office and we did not have the possibility at that time to go back to get a camera. He did recommend measuring the lot because there was a neighbor, looking at it from the front on the right-hand side, who said that we were invading his land, and we said that cannot be, so at the time, in good faith, it was argued the need to avoid problems with neighbors by bringing a total station; I do not know if it was done, that part is not my responsibility, but it was indeed recommended at the time. The interested third party concluded his questions. The Court passed him the administrative file and asked him about the appraisal contained in the file, and he indicated that yes, that was the appraisal done by him and the corresponding signature. He specified that that was the note he recorded about the camera problem. He saw page 17; in relation to the photographs contained in the file, he specified that the property was accumulating a load of waste. The topographic station matter is to carry out a resurvey, and the surveyor cannot enter private property. He located the property because he was accompanied by a technician from the Paquera office and a plan from IDA, of which he had a copy to ensure the measurements. He indicated that the person who made the claim was from that house on lot 2-7, due to a usage of the property; I do not recall having seen that, but the person was from lot 2-7. He indicated that it was a young man. He does not recall having seen the construction of the water tank. The testimony was concluded. (Testimony given during the oral and public trial hearing).

IV) FACTS NOT PROVEN: Of importance for the resolution of this proceeding:

1) The existence of damages and losses by reason of the manner in which it is resolved. (The case file).

2) That expiration (caducidad), statute of limitations (prescripción), or constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) has operated. (The case file).

3) That the property has any other limitation; for example, that it forms part of the public domain (demanio público). (The case file).

V) ARGUMENTS OF THE PARTIES: A) OF THE PLAINTIFF PARTY: The representation of the plaintiff party, both in its theory of the case and in closing arguments, reiterated that in this case they have undertaken a review of the file, of the actions carried out, because from the outset the procedure itself, its form, its expedited nature, and the notification by edict (edicto) raise alarms, not that the Administration is efficient, but because it seems to them that there was different treatment in this procedure and this leads them to review the file with great detail and care. Our theory of the case, our analysis of this situation, of these legal facts, and the foundation are basically summarized in three elements: The first element is that we have an absolutely null act; we will develop this throughout the hearing and we will conclude on this as well, but it is important to establish from the outset that this file that annuls the title that the plaintiffs had is based on regulations that were not in force at that time. Visible at folio 97 we can see document AJORO-RL-020-2011 and that document states that it uses the 2004 Autonomous Regulation for the Selection of Applicants (Reglamento Autónomo para la Selección de Solicitantes), which was repealed by Session 29 of September 3, 2007, but not only that; visible on page 105 of the judicial file, we see the act initiating the administrative procedure and it says that it is based on the Regulation for the Selection of Land Applicants (Reglamento para la Selección de Solicitantes de Tierras) of 2008; however, that Regulation was repealed by Article 1, corresponding to the repeals section of the Regulation for the Selection and Assignment of Land Applicants (Reglamento Para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras), published in Gazette No. 116 of June 16, 2010, and it is part of the theory of the case that this issue be analyzed, since the use of repealed regulations implies the absolute nullity of the acts and procedures carried out. This is an administrative act that is absolutely null and, being absolutely null, it finds no possibility of execution in reality and in the legal system, completely lacking essential elements; but moreover, because it is a continuous act that has maintained its effects over time, effects that refer to the dispossession of the plaintiffs' property, it necessarily implies that there is no statute of limitations. Thus, we have an administrative act and a procedure that is based, that began and was carried out under repealed regulations; which, moreover, becomes more serious when analyzing that it was notified by edict, which was the first option for notification and not the last, as established by logic, convenience, and justice; it was the first and only one carried out; no second visit was made, nor was any attempt at notification made, despite the gravity of this procedure, which is to dispossess two persons of land legitimately granted to them. The second element, which is an absolutely legal element, is that when this procedure was notified by edict, the first notification being January 28 and the second January 29, 2011, the right was already consolidated; this is affirmed because on January 23, 1996, property 2-6 was assigned to Doña Yilca and Don Mario, through the Board of Directors agreement, Article L, Session 02-1996, visible at folio 139 of the judicial file. Although the deed was granted before the Notary Public at a later date, the fact of the matter is that the right is born; the obligations are born and become due from the date on which that right is granted and the right is not granted from the date of registration in the Public Registry, but from the moment the Administrative Act generates that right; this has already been analyzed by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, in resolutions No. 275-2011 and 2755-2019, where it was held that they are born from the act that grants the land adjudication (adjudicación de las tierras), with the agreement of the Board, insofar as it is a duly published administrative act. Furthermore, it is INDER itself that, through Circular RIM-023-2012, visible at folio 175 of the judicial file, states that the limitations must be registered from the date of the act and not from the date of the deed, and it says so expressly. The defense of INDER states that there is an annotation in the Registry; however, that position is not correct, there being an error in that annotation and error does not create a right. As a third element, the procedure has a series of defects, there are omissions in the inspection records, all this will be demonstrated, there is a notification by edict as the last resort, without a true attempt at notification having been made, signatures are missing, prior visits are not verified, there was a lack of rigor, a repealed regulation was used, etc. In relation to the exceptions of expiration and statute of limitations, he stated that Art. 41 of the CPCA establishes a term in accordance with the substantive right applied, and in this case, the dispossession of a property is alleged whose statute of limitations under the Civil Code, Art. 868 prescribes at ten years; but moreover, we have an absolutely null act of continuous effects, so the term to challenge that nullity has not prescribed. Regarding the lack of right, he indicated that his arguments are clear, specific, and precise and guarantee the right to property. In relation to the lack of interest, he indicated that this interest remains, since the right was consolidated prior to the publication of the edict that initiated the procedure. Regarding constitutional res judicata, he stated that no such thing exists, since what is discussed here is a matter of legality and not of constitutionality, and he requested that the exception of lack of active and passive standing be rejected, since it was INDER that issued the acts, his clients holding the title. In relation to the closing arguments, Dr. Rubén Hernández Valle stated that the Regulation with which the procedure was opened was repealed in 2010, meaning the procedure was opened with a regulation that had been repealed for a year; therefore, the act of annulment of the plaintiff is absolutely null, both for violation of Article 128 of the LGAP, as it does not conform to the legal system, and with Article 133, first paragraph of the same law, because the act lacks a legitimate basis (motivo legítimo); let us remember that the basis is the legal and factual reasons that justify the issuance of the act; in this case, the legal reasons were non-existent, so the opening act is vitiated with nullity for express violation of Articles 129 and 133, first paragraph of the LGAP. Secondly, when the administrative procedure was opened, the plaintiff's property right had been consolidated, since the date of convalidation (convalidación) was taken as the date of registration in the Registry and not the date on which it had been approved by the Board of Directors, and the jurisprudence of the First Chamber of Cassation has been clear that the convalidation period runs from the act of the Board of Directors and not from the registration in the Registry; so when the procedure was opened, the plaintiff's property right was consolidated, consequently everything acted upon subsequently was absolutely null; what should have proceeded was perhaps to declare the act harmful to the public interest, and go to the contentious-administrative court to request its nullity, but that was not done. Thirdly, the nullity proceeding in any case violated Articles 155 and 173 of the LGAP, since, being a matter of annulling a subjective right, it had to take into account the participation of the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República), and therefore it also presents that additional defect of illegality. As for the exceptions of constitutional res judicata, firstly because the amparo appeal was rejected for having been filed untimely, under Article 35 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional). In this case, the amparo should have been filed two months after the act, and the Chamber could not hear it as there was a procedural expiration and this did not produce constitutional res judicata; nor in relation to the unconstitutionality action, since the Chamber rules on norms and not on subjective acts capable of being challenged by the action, and the Chamber declared the norm that allows notification by edict constitutionally valid, and this case is a matter of legality; what was challenged was what the Chamber rejected, this jurisdiction being competent to hear it. Then, the exception of the statute of limitations is also not admissible, since in this case what is established in Article 39 of the CPCA does not apply, but rather what is established in Article 41 of the CPCA in relation to Article 858 of the Civil Code, and this regulation establishes that when dealing with absolutely null acts, the statute of limitations period is ten years and not one year, and consequently the exception of the statute of limitations must be rejected for being based on an inapplicable norm. In summary, those are the conclusions and we are in the presence of an absolutely null act for the reasons indicated. B) ARGUMENTS OF THE DEFENDANT PARTY: The representative of INDER indicated that the institution's thesis is that the beneficiaries of a property must comply with the limitations established by law, and if the institution, within the convalidation period, detects non-compliance, INDER is empowered to initiate the revocation procedure with the subsequent nullity of the title deed, which in this case is parcel 2-6 of Santa Teresa of Cóbano, a 732 m2 plot that was designated for housing, so that the persons could build and live in it, in order for them to become economically emancipated with the help of the State. The plaintiff parties consider that there is a presumed illegality in the administrative procedure; however, the institution raised the defense of constitutional res judicata since the same plaintiffs, in 2019, went to the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, and in ruling No. 11214-2019 at 9:30 a.m. of June 21, 2019, the Constitutional Chamber indicated that the events concluded in 2011 and they appeared before the Chamber alleging violation of their fundamental rights, and the Chamber dismissed the amparo due to the time elapsed to have eventually alleged any defect within the process, and I consider that this matter has already been resolved. Also, the plaintiffs, dissatisfied with the publication of the edicts and that it was regulated, filed an unconstitutionality action, and the Constitutional Court, in ruling No. 18680-2024 at 9:20 a.m. of July 3, 2024, also dismissed the action and declared it without merit, indicating the possibility of publication by edicts to initiate the revocation procedure, which are in the digital file and are applicable to the case due to the nature of the rulings of the Constitutional Chamber. Thus, he indicated that this defense can be argued since this issue was resolved by the binding resolutions of the Constitutional Chamber, so it is requested that it be resolved in the judgment. As for the exceptions of expiration and statute of limitations, we request that they be resolved based on Art. 39 of the CPCA, since this concluded in 2011 and the parties filed suit eight years later; therefore, these exceptions should be granted since the term for filing the claim has elapsed. Regarding the statute of limitations, INDER considers that the indemnification action is time-barred under Article 198 of the LGAP, as the four-year period for claiming any type of indemnification has elapsed, calculated from the registration of the reversion (reversión) of the property on May 10, 2011, giving registry publicity to everything carried out by INDER. With respect to the administrative procedure that INDER initiated for the revocation, it is in accordance with law, since it is a power to audit whether there was non-compliance, and the Administration can revoke because the objective created by law was not fulfilled; thus, it is considered that the exceptions of lack of right, lack of active and passive standing, and lack of interest should be granted. This is our theory of the case. The representative of INDER requested that this proceeding be dismissed and that the plaintiffs be ordered to pay both costs, as well as the interest generated until their effective payment, and that the exceptions timely raised be granted; for that, I rely on the fact that INDER, since its creation, has been based on a social function of property so that persons could have land to emancipate themselves economically together with their family; in this case, plot 2-6 of the Santa Teresa settlement was designated for the construction of a dwelling house and for them to live in it; it was given to the beneficiaries with the limitations of fifteen years established by law; the institution having the obligation to inspect the properties, to ensure that the contract signed by both parties is effectively complied with, as this is a controversial matter, since being a contract it is bilateral, consensual, and for the actual transfer to occur under the regulations of the 1888 Civil Code, it must be duly registered in the National Registry, and any restriction imposed on the property requires the consent of the acquirer, which is embodied in the public deed (rública de la respectiva escritura pública), since it carries a series of legal limitations that the parties must be aware of, which in this case began on February 10, 1996, and ended on February 10, 2011; during that period, in January 2011, the institution carried out an inspection of the property to see if they were complying with the contract signed between the two parties, and effectively there was no dwelling house, and evidently the whereabouts of the beneficiaries were unknown, as Don Olger indicated, that upon inspecting, he found a water tank, garbage, and Don Ronald Castilla reaffirmed that when he went to do the appraisal for the payment of useful and necessary improvements, these resulted in zero colones since there was no improvement or construction. When the location of the persons is unknown, notification is made by edict, in protection of the various regulations that the institution has had for the revocation of the title deed, which concluded with the reversion of the land to the patrimony of INDER, and thus it was registered in the real folio 95747 on May 10, 2011; indeed, in this case there is an evident and manifest expiration (caducidad) of the proceeding, in protection of legal certainty; while they are alleging inconsistencies in the process, the period to be able to allege any defect within the procedure has elapsed, and even the plaintiffs never appeared in the administrative procedure to present any claim before the institution or before the superior, nor did they file review processes; instead, once the statute of limitations and expiration periods had elapsed, the same constitutional court emphasized that eight years have passed since the events occurred, so I request that the exception of expiration be granted in protection of legal certainty, in application of Article 39 of the CPCA, and this case began in 2019; also the matter of the statute of limitations, since indemnification for the value of the property is sought, however, any claim before the Administration should have been filed within four years, and there is a lack of right since there is non-compliance due to the unjustified abandonment of the property, they did not comply with their contractual obligations, and the Institute had a lawful cause to revoke the property; surprisingly, the plaintiffs knew that this land did not belong to them and decided to continue using the land that, it is indicated, was signed in 2011 in the USA, and in their party statement they indicated that they lived in San José. INDER made a great effort for the country to improve the economic condition of the beneficiaries, and they must comply with their obligations, and when they do not comply, the institution is empowered to revoke the titles and eventually be able to allocate them to the objectives that by law correspond, for the benefit of the country. C) ARGUMENTS OF THE INTERESTED THIRD PARTY: The plaintiff party based its theory on three points of view: the factual relationship, the illegality of the administrative act, and the consolidation of property rights. He indicated that the acquisition of the parcel was acquired in the same contract signed with INDER upon adjudication, with the INDER Board of Directors agreement that occurred on January 23, 1996, such that the limitations began to run from this latter date, which was the adjudication on January 23, 1996. In this case, INDER delivered a lot for housing construction within a term established by the Regulation. The limitations expired on January 23, 2011, given that they are 15 years. He reiterated that the First Chamber, in the rulings indicated by the plaintiff party, states that the term of the limitations begins on January 23, 1996, when the parcel was acquired. INDER reached a conclusion with an erratic procedure contrary to law, and in 15 years only visited the lot once and reached a conclusion that it was abandoned, such that INDER carried out an inspection of less than 30 minutes without technical support to locate the place, causing a series of inefficiencies, since it was not recorded who accompanied him, whom he interviewed, etc., and there is no evidence that INDER conducted a new visit, and the opening act was carried out on January 12, 2011, when the limitations had already expired; thus, this opening of the administrative procedure, carried out under the Selection Regulation, Art. 112 and Law No. 2825, Art. 66, could not be done or applied under those criteria. INDER did not respect the principles of publicity, legal certainty, and res judicata, since the lien they registered in the Registry was done so poorly that it turned out defective, in such a way that it did not guarantee that the Administered party could have knowledge of the matter. He indicated that the Constitutional Chamber, regarding notification by edict, has said that notification by edict is the last resort, and in this case, it said that the parties could attend a hearing on March 17, 2011, to defend their position, and only INDER knew about this, given that the rights of my client were trampled upon. He indicated that the appraisal has no photos, lacks support, and has serious inconsistencies with the inspection record. That INDER carried it out on March 21, 2011, and on April 26, 2011, ordered the revocation in open opposition to the legal system, noting that the regulations under which they opened the proceeding were repealed. Regarding the illegality of the administrative act, he specified that with thirty minutes of being on the property, abandonment was accredited. No reference to witnesses was recorded, and he did not carry any technical instrument that could locate the place. He indicated that the person who performed the appraisal ordered that the property be measured again. He reiterated the issue of the limitations and their expiration, and that the client had arranged a rental from December 2021. In relation to the expiration, he indicated that INDER's own limitations had expired, so INDER could not carry out the indicated procedure, and that leads to a defect of nullity since, having the property right, everything INDER does, the act no longer has legal efficacy. Regarding the exceptions of current interest, he indicated that there is indeed a subjective right to protect. There is no constitutional res judicata, since what is being examined is an administrative act, and by law there is no statute of limitations, and the administration loses by not acting in its moment, in relation to expiration. In closing arguments, he endorsed the legal reflection made by the representative of the plaintiff party in his closing arguments. He indicated that another ground for nullity occurred with the form of notification, since he argued that no actions aimed at locating the plaintiffs were carried out. He specified that on January 6, 2011, Olger Jiménez observed a water tank, stating that there was no true attempt to locate the plaintiffs herein, leaving them defenseless when the edict was published in the Gazette; practically learning that there was an administrative proceeding against them to annul their title. On January 13, 2011, a procedure began to be opened, and the witness Lewis indicated that he did not know which regulation he had used, but the ineffectiveness of the regulation as such, being repealed. He was not consulted on the start date of the limitations, since they themselves say that Law No. 2825, in its Articles 66 and 67, begins to frame a series of obligations that have fifteen years to regulate them. Also, Articles 43 and 44 that he mentions regarding the obligation to build the house is six months, but always from the moment of adjudication, which was from January 23, 1996, and this gives until January 23, 2011, and they notify on January 28, 2011, giving three days for the summons when the property right was enshrined. Then he referred that the letter rogatory (exhorto) was canceled and that this arises to give notice to third parties. The official considered that they were duly notified and continued with the procedure. This was an express procedure. The illegalities were proven. He indicated that there were sufficient elements for the search for the real truth, in realizing that two signed the report and only one signed the record, which, while it could be something rectifiable, here he stated that if he had been told, he would have made a visit to the place. The documentary and testimonial evidence was consistent regarding the nullity in which the procedure was generated, and therefore the agreement of the Board of Directors must be annulled for being based on nullities that Dr. Rubén Hernández already explained. In relation to the exceptions, he requested their rejection, since regarding the matter of the statute of limitations, he indicated that a term different from the theme of property is being applied, and not that of an administrative proceeding. V

VI) ON THE EXPIRATION AND THE STATUTE OF LIMITATIONS: In this case, the defendant party argued that, in accordance with the provisions of the CPCA, Art. 39, the present action is time-barred (caduca) and should be declared as such. The plaintiff party argued that in this case, expiration did not operate, since the defendant party is not correct that Article 39 of the CPCA must be applied, but on the contrary, Article 41 of this regulatory body. The Court rejects the alleged expiration, since it considers that indeed, in this case, Article 41 of the CPCA applies, as it states: "ARTICLE 41.- The maximum period to initiate the proceeding shall be the same as the legal system provides as the statute of limitations period for the respective substantive right being discussed in the following cases: 1) In civil matters of the Treasury."

// 2) In tax matters, including the lesividad process.\" Specifically, the substantive right claimed is the property right that the plaintiffs held over lot 2-6 of the Santa Teresa Settlement and that was revoked by INDER. Thus, the Civil Code —substantive law— in its article 868, establishes as relevant that \"Every right and its corresponding action shall prescribe after ten years.\" Now, according to the proven facts, INDER registered the property of the province of Puntarenas, real folio registration number 95747-000, per certification number RNDIGITAL-2016182-2019 issued by the National Registry in relation to lot 2-6, which was registered again in the name of the Rural Development Institute, per registration on May 10, 2011, and with this trial proceeding being filed on October 29, 2019, against the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) and notification thereof was ordered by order at seven hours and twenty-five minutes on November 1, 2019; INDER answering the complaint on December 19, 2019, this Chamber considers that between May 10, 2011, and the date on which the statute of limitations was interrupted —with the service of process— and the answering of the complaint on December 19, 2019, the aforementioned ten-year period had not elapsed, which is why this Chamber considers that the pleaded exception of expiration (caducidad) and statute of limitations (prescripción) must be rejected, based on the provisions of the standards in question.

VII) CONSTITUTIONAL RES JUDICATA: The defendant alleged that in this case, constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) applied —on two occasions—. The first, according to the ruling by the Constitutional Chamber rejecting the amparo action, indicating that the Chamber had already rejected the claim of the plaintiffs herein regarding the violation of their property right; however, upon review of the Constitutional Chamber’s ruling, the representation of the plaintiff is correct that the Constitutional Chamber rejected the amparo by application of article 35 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, having stated that the dispossession of the property occurred more than eight years before the filing of the amparo and the Ley de la Jurisdicción Constitucional, art. 35, allows the protection of fundamental patrimonial rights only up to two months from the corresponding violation. Thus, Law No. 7135 provides: "Article 35. The amparo action may be filed at any time while the violation, threat, disturbance, or restriction subsists, and up to two months after its direct effects with respect to the injured party have completely ceased. // However, when dealing with purely patrimonial rights or others whose violation may be validly consented to, the action must be filed within two months following the date on which the injured party had reliable notice of the violation and was in a legal position to file the action." In accordance with the foregoing, this Chamber finds that INDER’s representative is incorrect, since the amparo was indeed rejected without going to the merits of the matter, the Constitutional Court having considered that the amparo action was untimely under the two-month period for the protection of purely patrimonial rights, as in this case. That being so, the exception pleaded in this instance does not apply. Further, INDER’s representative also pleaded the exception of res judicata based on the ruling of the Constitutional Chamber regarding the alleged violation of the principle of legal certainty by having carried out the notification by edict (edicto), an aspect in which INDER’s representative is also incorrect, since the Chamber found no defect in the regulation challenged as unconstitutional and that allowed notification of the plaintiffs via edict. That being so, this exception is rejected based on the reasoning set forth; since although the notice issue is a matter challenged by the plaintiff, the grounds for nullity of the administrative proceeding are based on other causes, as will be indicated below. Accordingly, the exception of constitutional res judicata is rejected.

VIII) THE LAND AND SETTLEMENT LAW, LAW No. 2825 AND ITS AMENDMENTS. This Legislation, in force since October 14, 1961, at the time of its application to the plaintiffs, that is, in 1996, established in its regulations that its purpose, as set forth in its article 1, was to determine that land ownership should be promoted for the gradual increase of its productivity and for a just distribution of its product, raising the social condition of the peasant and making them a conscious participant in the Nation’s economic-social development; to contribute to the flourishing of republican, private, and public virtues, linking the citizen to a sound land possession regime; to contribute to a more just distribution of wealth; to contribute to the conservation and proper use of the Nation’s renewable natural resource reserves; to prevent the concentration of national lands in the hands of

 

 

 

those who use them for speculation or exploitation to the detriment of the Nation’s interests. Lands in the hands of such interests must revert to the State in the manner provided by the Constitution and the law; to determine that land shall not be used for the exploitation of the agricultural worker. The State, by all means within its reach, shall stimulate the formation of agricultural cooperatives to combine the dignity of small property with the efficiency of the large enterprise; and to recognize, in accordance with the foregoing, the existence and legitimacy of private property. That is, through this legislation, the ordinary legislator sought to fulfill a social function of private property and to carry out a distribution of lands to those who met certain requirements. The members of the Board of Directors of the IDA, now INDER, had among their duties and powers, pursuant to article 30 of Law No. 2825, among others: "1) To ensure compliance with this law and its regulations; 2) To direct, within the provisions of this law, the agrarian, economic, and social policy of the Institute and to determine its organization; (...) // 8) To approve and order the execution of colonization, “cooperativization,” or simple land subdivision (parcelación) plans for lands acquired by the Institute for the purposes of this law, attending to the economic and social needs of each region in particular and the country in general, giving preference to zones close to consumption centers and communication routes; 9) To exercise, in accordance with the provisions of this law, the Institute’s control over colonies created by the State; 10) To cooperate in private colonization plans to orient them toward the purposes of this law, and to exercise jurisdiction over them in accordance with applicable legal norms; // (...) 13) To determine the land tenure regimes that the Institute must establish in its subdivision and colonization projects; // (...) 16) To approve the adjudication of lands to issue the respective titles; // (...) 18) To issue, reform, repeal, and interpret, for their application, the Institute’s service regulations, which shall be fully valid upon their publication by the Institute in the official gazette; (...)". Law No. 2825, in its Chapter IV, titled: "Subdivision of Lands," grants the Institute the power to carry out the subdivision (parcelación) of its lands to fulfill, among others, the following purposes: a) Better distribution of land; b) Resolution of inconvenient de facto situations, adjusting them to the law; and c) colonization purposes. Now, article 52 establishes as relevant that in subdivision or colonization plans, preference shall be given to those zones and lands where there are nuclei of precarious possessors and that are considered suitable for the purpose; to State lands, national reserves, and those that Autonomous Institutions, Municipalities, and other public entities place at the disposal of the Instituto de Tierras y Colonización for the purpose. Moreover, article 55 provided: "Once colonization, subdivision (parcelación), or land leasing has been determined, the Institute shall process the applications submitted in order to make the applicable adjudications. Applications may be submitted at any agency of that Institution." Thus, article 62 determined the requirements that every application to acquire parcels should contain, namely: "a) Name, surnames, personal details, and place of residence of the applicant, as well as any credit obligations in their charge; b) Name, surnames, and personal details of children living with the applicant; c) Technical capacity and experience in agricultural work of the applicant and the children living with them; activities they have engaged in and results obtained. // The applicant must commit to work the parcel personally and with their descendants, up to the second degree of consanguinity, provided they live with the applicant and are physically able to do so. // The applicant must declare, under oath, that they lack lands or that those they possess are insufficient." Then, the Law establishes in its section 65 that: "Once the adjudication of the parcels by sale has been agreed upon, the Institute shall issue in favor of the occupant a Provisional Possession Title setting forth their rights and obligations. // If the occupant has cultivated the minimum area indicated by the Institute and fulfilled all other obligations to the Institute’s satisfaction, they shall be entitled to receive a title of ownership, securing payment with a mortgage on their parcel." From this rule, in this Chamber’s view, it follows that the IDA, now INDER, in this case —regarding the plaintiffs— considered that they had met the requirements that the legal system established, both legal and regulatory, for the Adjudication of lot 2-6. From the proven facts, it is clear that on January 10, 1996, per official communication ST-A-001, issued by the Land Titling Programs Coordinator to the IDA’s General Secretariat, it was stated as relevant: " (...) // ASENTAMIENTO SANTA TERESA (...)// 1- IN COMPLIANCE WITH INSTITUTIONAL POLICIES AND WITH THE RECOMMENDATION OF THE OROTINA REGIONAL OFFICE AND THIS SECTION, I REQUEST THE ADJUDICATION, SEGREGATION, AND TRANSFER OF 60 PARCELS AND LOTS TO BE DESCRIBED BELOW, AS THE POSSESSORS MEET THE CONDITIONS AND LEGAL REQUIREMENTS DEMANDED BY LAW 2825 (LEY DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN) OF OCTOBER 14, 1961, FOR THE ISSUANCE OF THE CORRESPONDING SUPPLEMENTAL TITLE OF DOMAIN. // (...) ASENTAMIENTO SANTA TERESA: (...) MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ (...) YILCA OFELIA QUINTERO ESPINOZA (...) 3. THE RESTRICTIONS TO WHICH THE PARCELS AND LOTS OF THIS GRANT ARE SUBJECT ARE THE SAME AS THOSE CONTAINED IN LAW 2825 OF OCTOBER 14, 1961 AND ITS AMENDMENTS. 4 AUTHORIZE AGRONOMIST ENGINEER ORLANDO DORADO BOZA, EXECUTIVE PRESIDENT, TO APPEAR BEFORE THE ASSIGNED NOTARY PUBLIC (...) OF THE INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO TO GRANT THE RESPECTIVE DEEDS OF TRANSFER. (...)" From this communication, this Chamber infers that the institution carried out an evaluation of the —plaintiffs’— requirements in order to determine their eligibility to be granted the adjudication of lot No. 2-6 in the Asentamiento Santa Teresa. As a consequence of the foregoing, that is, having met the selection and determination requirements to be grantees of the lot in question, the Instituto de Desarrollo Agrario, on February 7, 1996, communicated to the Titling Section the decision taken by the Board of Directors in article L, of session No. 002-96, held on January 23, 1996, decision No. 50, which provided as relevant: "DECISION No. 50: 1. APPROVE THE ADJUDICATION, SEGREGATION, AND TRANSFER OF SIXTY LOTS AND PARCELS IN THE SETTLEMENTS (...) SANTA TERESA (...) AS THE POSSESSORS MEET THE CONDITIONS AND LEGAL REQUIREMENTS DEMANDED BY LAW 2825 (LEY DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN) OF OCTOBER 14, 1961, FOR THE ISSUANCE OF THE CORRESPONDING SUPPLEMENTAL TITLE OF DOMAIN (...) NAME (...) ASENTAMIENTO SANTA TERESA: (...) MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ (...) AND YILCA OFELIA QUINTERO ESPINOZA (...) 0-0732.00 // 2-6 // 2.- THE COST FOR LAND MEASUREMENT AND TITLING SHALL BE AS FOLLOWS: (...) ASENTAMIENTO (SIC) SANTA TERESA: AT THE RATE OF 6,156.45 COLONES PER HECTARE (...) 3.- THE RESTRICTIONS TO WHICH THE PARCELS AND LOTS OF THIS GRANT ARE SUBJECT ARE THE SAME AS THOSE CONTAINED IN LAW 2825 OF OCTOBER 14, 1961 AND ITS AMENDMENTS. (...) THE SIGNING OF THE PROTOCOL IS SCHEDULED FOR JANUARY 26, 1996, AT THE COYOLAR REGIONAL OFFICE FROM 9 AM TO 2 PM // DECISION APPROVED UNANIMOUSLY." That is, from that moment on, the IDA conferred a subjective right on the plaintiffs by designating them as grantees of lot No. 2-6 in Santa Teresa. Subsequently, in the protocol of Notary Public Alex Benjamín Gen Palma and Carlos Enrique García Anchía, deed No. five dated February 10, 2011, appears, wherein Orlando Dorado Boza appeared, in his capacity as Executive President of the Instituto de Desarrollo Rural, now INDER, stating as relevant: "APARTE TEN: The appearing party Dorado Boza, always with the representation he holds, further states that his Principal is the owner of the property registered in the Public Registry, Property Section, District of PUNTARENAS under REAL FOLIO registration number SEVENTEEN THOUSAND ONE HUNDRED SEVENTY-THREE - ZERO ZERO ZERO, known as PROYECTO SANTA TERESA, from which it SEGREGATES the lots described below, all of which are land for HOUSING, except the last two which are for AGRICULTURE, all located in district twelve, of canton one, of the province of PUNTARENAS, and sells them as follows: LOT TWO - TWO (...) LOT TWO - SIX: bounded on the NORTH: José Rojas Valerio; SOUTH: Iris Mora Araya; EAST: Celín Cubero Pérez, and WEST: public street, MEASURES: SEVEN HUNDRED THIRTY-TWO SQUARE METERS, according to plan P-two hundred forty-three thousand one hundred four- ninety-five, sold to MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ and YILCA OFELIA QUINTERO ESPINOZA, married once, ID card one - five hundred twenty-three - six hundred ninety-one, and of Panamanian nationality, with ID card of that Republic, number four - one hundred ninety-eight - nine hundred seventy-nine, respectively, for the sum of FOUR HUNDRED FIFTY COLONES, SIXTY-FIVE CENTS, PAID. (...) TWO - NINE (...). THE REMAINDER that the Institute reserves for itself (...) D) That the buyers may not transfer ownership of their property, nor encumber, lease, or subdivide it, without the prior authorization of the selling Institute, except when fifteen years have elapsed counting from this date, excepting from the foregoing prohibition transactions entered into with nationalized Banks, the Consejo Nacional de Producción, or any other State credit Institutions. After said fifteen years have elapsed, any transfer of the parcels or lots sold herein that, in the judgment of the selling Institute (...) F) That the failure by the buyers or by those to whom they have transferred the parcels or lots sold herein to comply with any of the obligations set forth in the cited Ley de Tierras y Colonización shall give the selling Institute the right to administratively revoke the adjudications and to request the Public Registry that the parcel or lot be registered again in favor of said Institute, which shall pay the original purchase price and the value of useful and necessary improvements according to the appraisal to be carried out for that purpose by an appraiser of the selling Institution. // (...) I issue a first verbatim copy for the selling Institute and individual first copies as relevant for each grantee. Having read the foregoing to the appearing parties, they approved it and all signed in Orotina at nine hours on February tenth, nineteen hundred ninety-six." It is necessary to indicate that Law No. 2825 establishes that "Failure to comply with the obligations imposed on the occupant of a parcel shall cause, in the Institute’s judgment, the loss of the right to the same. // In the event of issuing a resolution to that effect, which shall require four concurring votes of the Board of Directors, the parcel shall revert to the Institute’s domain with all its endowments, the Institute recognizing to the parcel holder the value of necessary or useful improvements made from their own resources." And article 67 in its first paragraph establishes, as relevant: "The beneficiary may not transfer ownership of their property, nor encumber, lease, or subdivide it, without the Institute’s authorization, except when fifteen years have elapsed since the acquisition of the parcel and all obligations with said entity are canceled." Regarding the time period, the party based its argument concerning the calculation of the start of the limitations on property imposed by Law No. 2825 on what was stated by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, among others in resolution No. 002755-F-S1-2019, at fourteen hours fifty minutes on September nineteenth, two thousand nineteen; which in its Considerando XII, as relevant, provided: "XII. This Chamber shares the Tribunal’s view, in the sense that, for this litigation, the term of the limitations began with the administrative act issued by the then IDA’s Board of Directors granting the parcel to the plaintiff married couple on June 17, 1986, and not with the execution of the respective public deed (precepts 65 of the Ley de Tierras y Colonización and 140 of the LGAP). This has been recognized by this Chamber in the judgment indicated by the Ad quem, no. 275 at 9 hours 10 minutes of March 17, 2011, citing other precedents, stating, as relevant: ‘[…] The notarial public instrument does not diminish the importance of, much less substitute, the administrative act in question. Hence, the effects of the land assignment contract come into legal life with the Board’s decision, insofar as it is an administrative act, duly founded, that meets the legal requirements necessary to distribute IDA property among the contract’s parcel holders.’ In the same vein, see, mutatis mutandis, judgment no. 1018 at 13 hours 45 minutes of August 23, 2012. As the judging persons correctly indicated, in the land assignment or adjudication contract, under the provisions of canons 65, 66, 67, and 68 of the Ley de Tierras y Colonización, the parcel holders must prove their suitability for the proper exploitation of the land throughout the entire period of limitations, that is, during the 15 years. For this reason, sharing what the Tribunal stated, said institution does not grant a property right, as it is a continuing contract. The public interest underlying this type of contract is reflected in the limitations imposed by the Ley de Tierras y Colonización. These are intended to fulfill the social function of property, since the beneficiaries will be those who meet certain conditions to be qualified as such, in order to develop the agrarian enterprise. Along this same line of thought and for a long time, this Chamber has stated: ‘[…] the land assignment contract is a continuing contract by which the agrarian entity adjudicates to a beneficiary of land distribution programs, previously qualified according to the parameters established by said entity’s own regulations, an agrarian property, committing to transfer it, for an eventual price or free of charge, if the beneficiary demonstrates technical capacity to develop the agrarian enterprise and complies with the obligations imposed during a trial period; the transfer in ownership is verified subject to a multiplicity of obligations on the part of the beneficiary, whose non-compliance allows the entity to revoke the adjudication, during a 15-year period or until the moment no debts are pending, without being able in any way to transfer it unless expressly authorized beforehand by the Institute, since by Law the assigning entity may recover the property to adjudicate it to another beneficiary, always having to exercise direct control over the activity carried out by the grantee. A very important characteristic of this contract established in the Law, and interpreted by doctrine, is that it is a continuing contract. Its perfection does not occur with the transfer in ownership of the property; on the contrary, it crystallizes when the beneficiary fulfills their obligations, during the time established by Law, and carries out the activity for which it was granted. Ownership is not fully acquired until the term has elapsed.’ (The underlining is supplied. Regarding this, see judgments No. 229 of 15 hours of July 20, 1990, 275 of 9 hours 10 minutes of March 17, 2011, 1018 of 13 hours 45 minutes of August 23, 2012, 1506 of 14 hours 50 minutes of November 20, 2014, and 967 of 10 hours 42 minutes of August 17, 2017). This last judgment adds, ‘[…] during the 15 years established by section 67 cited, the beneficiary does not yet have a full property right, insofar as the property must be used for the purposes for which it was adjudicated, so that if the parcel is put to a use different from that intended, INDER (as the controlling body) must initiate an administrative proceeding against the beneficiary to revoke the adjudication of the property. In other words, even if the beneficiary holds title to the property and it is registered as such in the National Registry, the power of disposal, including use and enjoyment, is not full and absolute, but is subject to the limitations imposed by the same Law for a specific period (15 years).’ (The underlining is supplied). Consequently, title to the property is consolidated once not only the indicated period has elapsed but also the obligations provided in the respective contract have been fulfilled. The beneficiaries of a parcel grant must demonstrate the skills and aptitudes for the exercise of agrarian activity during the entire term of the limitations; or, which is the same, during the term of the contract. On this matter, see, mutatis mutandis, among others, the cited judgments of this Chamber. It is, one may assert, a highly personal contract (intuito personae), by virtue of the social function the property fulfills —precept 50 of the Political Constitution—. This is demonstrated by the fact that canon 67 of the Ley de Tierras y Colonización provides that the beneficiary may not, among other things, transfer ownership of their property, without the Institute’s authorization, except when 15 years have elapsed since the acquisition of the parcel and all obligations with that entity are canceled. That is, in the event of a transfer prior to the expiration of the limitations period, the consent of the Board of Directors of what is now the Instituto de Desarrollo Rural –INDER is required. Therefore, the grantee does not benefit from possession exercised by previous parcel holders. It is from that act, it is insisted, that the 15-year period of the limitations or restrictions begins to run. In this litigation, by virtue of the aforementioned Board of Directors’ decision of the then IDA —taken on June 17, 1986—, as proven, on May 25, 1995, the public instrument was signed through which the then IDA transferred the disputed property to the plaintiffs. (...)" That being so, this Chamber agrees with what has already been stated in repeated resolutions of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, in that the limitations start from the decision of the IDA’s Board of Directors —now INDER—, since the administered parties should not bear administrative delay to the detriment of their subjective rights.

IX) CONTINUATION, THE SPECIFIC CASE: In accordance with what has just been indicated, it is relevant to the case to determine when the adjudication of the parcel to the plaintiffs was carried out and when the administrative proceeding for the revocation of the adjudication and nullity of the title began. From the proven facts, we have that the Instituto de Desarrollo Agrario, on February 7, 1996, communicated to the Titling Section the decision taken by the Board of Directors in article L, of session No. 002-96, held on January 23, 1996, decision No. 50, which provided as relevant: "DECISION No. 50: 1. APPROVE THE ADJUDICATION, SEGREGATION, AND TRANSFER OF SIXTY LOTS AND PARCELS IN THE SETTLEMENTS (...) SANTA TERESA (...) AS THE POSSESSORS MEET THE CONDITIONS AND LEGAL REQUIREMENTS DEMANDED BY LAW 2825 (LEY DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN) OF OCTOBER 14, 1961, FOR THE ISSUANCE OF THE CORRESPONDING SUPPLEMENTAL TITLE OF DOMAIN (...) NAME (...) ASENTAMIENTO SANTA TERESA: (...) MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ (...) AND YILCA OFELIA QUINTERO ESPINOZA (...) 0-0732.00 // 2-6 // 2.- THE COST FOR LAND MEASUREMENT AND TITLING SHALL BE AS FOLLOWS: (...) ASENTAMIENTO (SIC) SANTA TERESA: AT THE RATE OF 6,156.45 COLONES PER HECTARE (...) 3.- THE RESTRICTIONS TO WHICH THE PARCELS AND LOTS OF THIS GRANT ARE SUBJECT ARE THE SAME AS THOSE CONTAINED IN LAW 2825 OF OCTOBER 14, 1961 AND ITS AMENDMENTS. (...) THE SIGNING OF THE PROTOCOL IS SCHEDULED FOR JANUARY 26, 1996, AT THE COYOLAR REGIONAL OFFICE FROM 9 AM TO 2 PM // DECISION APPROVED UNANIMOUSLY." This means that, according to what is provided in Law No. 2825, articles 65-67, and what has been stated by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, the 15-year limitations period began on January 23, 1996; thus, the corresponding final term expired on January 23, 2011. In this case, although INDER initiated the process of inspecting the property’s use, or what is the same, compliance with the object of the adjudication contract, on January 6, 2011, it is true that the administrative proceeding for the revocation of the adjudication of lot 2-5 and the nullity of the plaintiffs’ title of ownership was opened by Lic. Ronald Lewis Mc Laren, Legal Affairs Advisor, by order at nine hours thirty minutes on Thursday, January 13, 2011, under case file No. 008-2011 NUL; the fact of the matter is that since the plaintiffs were not locatable, service of process for the proceeding was not carried out until the publication of the respective edicts on January 27, 2011, and January 28, 2011; this Chamber determines that the administrative proceeding was conducted when the plaintiffs had already acquired ownership of the real property because the corresponding limitations period had elapsed, consequently causing the nullity of the administrative proceeding conducted for being untimely beyond the maximum term that expired on January 23, 2011; all as indicated supra, in accordance with the reiterated criteria of the First Chamber of the Supreme Court of Justice cited. That being so, the administrative proceeding for the revocation of the adjudication of lot 2-6 is annulled, having been conducted outside the jurisdictional period for INDER to carry out the corresponding inspection to determine the plaintiffs’ compliance with the purposes of Law No. 2825. Due to the manner in which it is resolved, a ruling on the remaining grounds for nullity claimed by the plaintiff regarding the administrative proceeding is omitted.

X) CONTINUATION, THE CLAIMS IN THE CASE. Below, for greater precision, each of the claims requested by the plaintiff will be resolved, of course, without prejudice to the reasoning set forth previously. (Claim determined during the preliminary hearing and read by the representative of the plaintiff from minute 00:48:10:00 to 00:49:18:15.)."

THE FIRST CLAIM STATES:

"Main claims

"1. That it be declared that my clients’ property right was consolidated on January 23, 2011, said date being the moment of expiration of the limitations imposed per article 67 of Law 2825."

THE TRIBUNAL RULES: In accordance with what was indicated in the foregoing considerandos, the plaintiff is correct: the plaintiffs’ property right was consolidated on January 23, 2011, when the limitations established by Law No. 2825 expired.

THE SECOND CLAIM STATES: "2. That the illegality of administrative proceeding 008-2011-NUL conducted by INDER be declared, specifically the final act of article 45 of session 014-2011 held on April 12, 2011."

THE TRIBUNAL RULES: The illegality of administrative proceeding 008-2011-NUL is declared, which culminated in the final act of article 45 of session 014-2011 of April 12, 2011, since said sanctioning administrative proceeding was initiated when the plaintiffs’ property had already been consolidated; an aspect that vitiates INDER’s competence to carry out an inspection of their duties outside the legal term, thereby violating the plaintiffs’ property right.

THE THIRD CLAIM STATES: "3.

That the National Registry be ordered to register farm 6-95747 in the name of the plaintiffs herein with equal rights."

THE TRIBUNAL RESOLVES: Given that the Tribunal has indeed considered that the administrative procedure by which the adjudication of lot 2-6 of the plaintiffs was revoked was carried out outside the time period established for the limitations and the exercise of INDER's oversight right, and that the same is deemed null, the logical and direct consequence thereof is that INDER shall indeed proceed to return the property corresponding to the Puntarenas district, real folio registration numbers 95747-001 and 002, just as it was prior to the revocation of the adjudication and nullity of the title; vitiated by absolute nullity, as reasoned by this Tribunal.

THE FOURTH CLAIM STATES:

4. That INDER be ordered to pay the personal and procedural costs of this proceeding.

THE TRIBUNAL RESOLVES: As is customary, this claim shall be resolved in a separate section, further below.

THE FIFTH CLAIM STATES:

 Alternative claims:

"1. That INDER be ordered to pay the damages suffered by those I represent on account of the illegal annulment of my represented parties' property right over farm 6-95747; which would be: * Material: The current value of the property of fifty million colones. Improvements and constructions introduced to the property, of eight million colones, consisting of a closed perimeter of walls and gates, metal structures for vehicle parking, and sanitary services with drainage."

THE TRIBUNAL RESOLVES: Given that this claim is alternative to the preceding ones and given that the return of the property to the plaintiffs is ordered as provided in the principal claims, this claim must be rejected in its entirety, since there is no legal cause to compensate for that which is being returned; noting that, based on the appraisal performed by INDER and the testimony of INDER officials, this Chamber considers that the existence of any type of construction on the property was also not proven, and consequently there is no obligation to provide any compensation.

THE SIXTH CLAIM STATES: "2. That INDER be ordered to pay the personal and procedural costs of this proceeding."

THE TRIBUNAL RESOLVES: Refer to what has already been indicated with respect to principal claim No. 4.

XI) REGARDING THE DEFENSES. With respect to the defense of lack of active and passive standing, it is rejected, by reason of the legal relationship existing between the plaintiffs and INDER, on the occasion of the application of Law No. 2825, by which the entity that is now INDER granted lot No. 2-6 to the plaintiffs, and then, through the administrative procedure that was annulled by this Chamber, INDER recovered the lot in question and must now return it to the plaintiffs. The defense of lack of interest is rejected, given that this proceeding was necessary to resolve the legal-economic controversy between the parties. The defense of lack of right is partially upheld as to what is denied and rejected as to what is granted, as set forth in the preceding recitals. The remaining defenses were resolved previously.

XII) COSTS. In accordance with numeral 193 of the CPCA, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by virtue of being so. Dispensation from this condemnation is only viable when there was, in the Tribunal's judgment, sufficient reason to litigate or when the judgment is entered based on evidence whose existence was unknown to the opposing party. In this case, the Tribunal considers that the losing party shall bear the payment of both costs.

THEREFORE:

The defenses of expiration, statute of limitations, constitutional res judicata, lack of active and passive standing, and lack of interest are rejected. As to the defense of lack of right, it is partially upheld as to what is denied and rejected as to what is granted. The complaint filed by MARIO FRANCISCO FALLAS SÁNCHEZ and YILCA OFELIA QUINTERO SÁNCHEZ against the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO is partially granted. Consequently, it is declared that the plaintiffs' property right was consolidated on January 23, 2011, said date being the moment of expiration of the limitations imposed pursuant to article 67 of Law No. 2825. The illegality of administrative procedure 008-2011-NUL conducted by INDER is declared, specifically the final act of article 45 of session 014-2011 held on April 12, 2011. The National Registry is ordered, upon management by INDER, to register farm 6-95747 in the name of the plaintiffs herein with equal rights. INDER is ordered to pay the personal and procedural costs of this proceeding. In all other respects, the complaint is denied. Notify. Judge PALONSO

PAULO ALONSO SOTO

JONATÁN CANALES HERNÁNDEZ                    RODOLFO MARENCO ORTIZ

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PAULO ANDRÉ ALONSO SOTO - JUEZ/A DECISOR/A

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ELEUTERIO RODOLFO MARENCO ORTIZ - JUEZ/A DECISOR/A

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JONATHAN CANALES HERNÁNDEZ - JUEZ/A DECISOR/A

EXP: 19-007192-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, across from Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099, Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

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