Res. 01982-2025 Tribunal Contencioso Administrativo — Lack of current interest in precautionary measure against environmental viabilityFalta de interés actual en medida cautelar contra viabilidad ambiental

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 01982 - 2025

Fecha de la Resolución: 03 de Marzo del 2025 a las 16:12

Expediente: 23-007562-1027-CA

Redactado por: Alana Fonseca Lobo

Clase de asunto: Medida cautelar anticipada

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

23-007562-1027-CA - 9




PROCESO:

	

MEDIDA CAUTELAR




ACTOR/A:

	

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO




DEMANDADO/A:

	

EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA

 

 N° 2025001982

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las dieciseis horas con doce minutos del tres de Marzo del dos mil venticinco.-

 

   MEDIDA CAUTELAR ANTICIPADA, interpuesta por  la MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO, en contra de  EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA.

CONSIDERANDO

    I. ANTECEDENTES DE INTERÉS: A- Por medio del escrito presentado en fecha 19 de diciembre del 2023 la parte gestionante formuló solicitud de medida cautelar ante causam, pretendiendo lo que de seguido se transcribe de forma literal: "[...] se suspendan los efectos ejecutorios del certificado de uso de suelo, emitido, por la Arq. Andrea Bolaños Calderón, Jefa del Departamento de Desarrollo Urbano, de la Municipalidad de Montes de Oro, mediante el oficio D.D.U.R/N. 227-2021, con fecha del 20 de setiembre del 2021 a la Empresa Berthier EBI de Costa Rica, S.A por cuanto somos conocedores que dicho documento es un requisito para que dicha empresa trámite ante SETENA una viabilidad ambiental, que sería otorgada con una certificación de uso de suelo con un plano que no corresponde ni un área ni en descripción gráfica con la finca 6-00421412-000 [...]" (imágenes 16- 19 de la carpeta principal). B-En resolución de las  quince horas cincuenta y uno minutos del veintiocho de enero de dos mil veinticinco, se confirió audiencia a la parte actora para que indicara si aún tenía interés en la medida cautelar solicitada (imagen 786 de la carpeta principal). C- En escrito del 10 de febrero del 2025, la parte actora manifestó tener interés en la medida cautelar solicitada e indico "[...]  Ahora bien, el 17 de diciembre de 2024, la Municipalidad de Montes de Oro fue notificada de la Resolución R-570-2024-MINAE, de fecha 9 de diciembre de 2024, mediante la cual se dejó en firme la resolución N.° 02031-2023-SETENA, emitida el 20 de diciembre de 2023, por la cual SETENA otorgó la viabilidad ambiental a la empresa Berthier EBI de Costa Rica, S.A... dado que se mantienen los presupuestos para la procedencia de la medida cautelar provisionalísima, esta representación reitera su solicitud y requiere la suspensión inmediata de los efectos del certificado de uso de suelo impugnado y como consecuencia lógica, la suspensión de la viabilidad ambiental otorgada en la resolución 02031-2023-SETENA y su confirmación mediante la Resolución R-570-2024-MINAE [...]" (imágenes 2-7 del legajo cautelar). D- Mediante resolución de las trece horas veintiocho minutos del diecisiete de febrero de dos mil veinticinco, se confirió audiencia a la parte demandada sobre la medida  cautelar interpuesta (imágenes 223-224 del legajo cautelar). E- En fecha 18 de febrero del 2025, la parte demandada se pronunció sobre la medida cautelar solicitando su rechazo.

 

 II. GENERALIDADES PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR: la justicia cautelar responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia (resolución 7190-1994, de las 15:24 horas del 6 de diciembre de 1994, Sala Constitucional. En este mismo sentido, el artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es PROTEGER Y GARANTIZAR, PROVISIONALMENTE EL OBJETO DEL PROCESO y la efectividad de la sentencia. La doctrina ha indicado que la justicia cautelar NO TIENE COMO FIN DECLARAR UN HECHO O UNA RESPONSABILIDAD, NI LA DE CONSTITUIR UNA RELACIÓN JURÍDICA, NI EJECUTAR UN MANDATO Y SATISFACER EL DERECHO QUE SE TIENE SIN SER DISCUTIDO, NI DIRIMIR UN LITIGIO; SINO PREVENIR LOS DAÑOS que el litigio pueda acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal (Gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). De este modo, la persona juzgadora con observancia de lo dispuesto en el artículo 21 de la norma procesal indicada, debe determinar la procedencia de una solicitud de medida cautelar, verificando al efecto que la pretensión del proceso de conocimiento no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad, lo que constituye una valoración preliminar del fondo para determinar si existe en el caso en cuestión lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado apariencia de buen derecho o fumus boni iuris. La norma de análisis también establece la procedencia de la medida cautelar cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, situación que ha sido definida en la doctrina como el periculum en mora o peligro en la demora, es decir, que en virtud de la demora patológica del proceso judicial, concurra un peligro actual, real y objetivo de que se genere a la parte promovente un daño grave (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008).  Bajo la misma línea de pensamiento, el artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece la obligación de quien juzga de realizar, a la luz del principio de proporcionalidad, una ponderación de los intereses en juego, es decir, entre la circunstancia de los y las particulares por un lado; y el interés público y los intereses de terceros que puedan verse afectados con la adopción de la medida cautelar, por el otro. Adicionalmente y del mismo numeral 22 citado, se exige que la medida cautelar resulte    instrumental y provisional. Esta tutela cautelar, se ha analizado como un derecho fundamental derivado del numeral 41 constitucional, del cual se extrae el derecho a obtener justicia pronta y cumplida, por ello,   el órgano jurisdiccional debe valorar para su efectiva materialización, además del cumplimiento de los presupuestos conocidos en doctrina como apariencia de buen derecho (Fumus Boni Iuris), peligro en la demora (Periculum in Mora), así como la ponderación de intereses en juego,    la verificación sobre la presencia o existencia de las que se han dado en llamar, características estructurales de la medida cautelar (instrumentalidad, la provisionalidad, la urgencia y la summaria cognitio o sumariedad del procedimiento). Tanto los presupuestos indicados como las características señaladas, han de estar presentes para el otorgamiento de la medida que se ha solicitado con la finalidad de proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. En lo que respecta a los presupuestos necesarios para el otorgamiento de la medida cautelar, encontramos los siguientes: a)    apariencia de buen derecho: referente a la "seriedad en la demanda", es decir, una probabilidad de éxito tal, que la misma no resulte a simple vista palmariamente carente de seriedad, o en su caso que sea temeraria. Para la doctrina, no es otra cosa que la probable estimación posterior del derecho material del actor en la sentencia, mediante el análisis propio de un proceso sumarísimo que en forma alguna puede o debe, determinar pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado, sino y en su lugar, únicamente una aproximación al mismo con los elementos presentes al momento del dictado del fallo que acoge o deniega la medida; b) peligro en la mora: consiste en el temor objetivamente fundado y razonable de que la situación jurídica sustancial aducida resulte seriamente dañada o perjudicada en forma grave e irreparable, durante el transcurso del tiempo necesario para dictar sentencia en el proceso principal. Este presupuesto requiere la presencia de dos elementos: EL DAÑO O PERJUICIO GRAVE y la demora en el proceso de conocimiento. Daños que, además deberán ser establecidos como graves y derivados de la situación aducida. Las lesiones acusadas al menos deben ser comprobadas a través del principio racional de prueba por lo que no basta con aducir el daño en los términos dichos, sino que habrá de acreditarse las circunstancias para ser considerado un daño y que el mismo sea grave. En ese sentido, debe enfatizarse que no basta con alegar la existencia del daño o perjuicio, grave, actual o potencial, sino que debe probarse, lo cual, como se refirió líneas arriba, es una carga procesal que le corresponde asumir a la parte interesada en probar su dicho. Sobre LA DEMORA EN EL PROCESO DE CONOCIMIENTO, refiere por su parte, a la situación que se genera con ocasión de los procesos jurisdiccionales que requieren para su desarrollo y posterior fenecimiento, la realización de una serie de actos a través de los cuales se garantiza no sólo el debido proceso, sino la emisión de un fallo que si no se pude llevar a cabo con prontitud al menos que sea justo.    c. ponderación de los intereses en juego:  se refiere a la vinculación del proceso con el interés público, de manera que, el interés público    sea susceptible de encontrarse en necesidad de ser protegido, frente al interés de terceros y por supuesto al interés de quien acude por medio de una medida cautelar, debiendo valorarse comparativamente los mismos, imponiéndose la denegatoria de la medida cuando el perjuicio sufrido o susceptible de ser producido a la colectividad o terceros, sea superior al que podría experimentar el solicitante de la medida. Además de los presupuestos ya indicados, es necesario que la medida que vaya adoptarse, estructuralmente cuente con las siguientes características: la instrumentalidad lo que significa que guardan una marcada relación de accesoriedad con la sentencia final, pues en definitiva, sirven de instrumento para mantener la vigencia del objeto del proceso en los términos planteados, la provisionalidad, que no es otra cosa que lo acordado respecto de la cautelar, se mantendrá en vigencia y condicionado a lo que se resuelva en el proceso de fondo. Cabe resaltar que también puede ser cesada o modificada en cualquier momento, ante la variabilidad de las condiciones que originariamente le dieron cabida, o bien, adoptar la que de previo hubiere sido rechazada, tal y como lo establece el numeral 29 del Código Procesal Contencioso Administrativo, por lo que su eficacia se agota al momento de dictarse la sentencia de mérito, o lo que es lo mismo    tiene efectos supeditados a la disposición adoptada en el proceso principal; la urgencia para evitar el peligro en la mora, así como la sumaria cognitio <esto es>, que este tipo de medidas son adoptadas en virtud de una cognición sumarísima efectuada por el órgano jurisdiccional sin entrar a prejuzgar sobre el mérito del asunto, que de forma alguna podría sustituir las etapas del proceso de conocimiento. Partiendo del anterior marco normativo de análisis y los elementos requeridos para la estimación de una medida cautelar, se procede a realizar el estudio del caso concreto.               III.  ARGUMENTOS DE LA PARTE ACCIONANTE:  El gestionante sostiene que en el presente proceso de lesividad es más que demostrado que existen elementos suficientes para afirmar que esta representación está litigando de buena fe, existiendo sobradas argumentaciones y material probatorio que demuestren la nulidad absoluta del certificado de uso de suelo, emitido por la Arq. Andrea Bolaños Calderón, y siendo que se solicitó con el propósito de evitar que SETENA otorgara la viabilidad ambiental antes de que este Tribunal se pronunciara sobre la validez del certificado de uso de suelo, considerando que dicho certificado no refleja la realidad gráfica de la finca 6- 0041413-000, lo que podría ocasionar graves daños y perjuicios al interés público. Ahora bien, el 17 de diciembre de 2024, la Municipalidad de Montes de Oro fue notificada de la Resolución R-570-2024-MINAE, de fecha 9 de diciembre de 2024, mediante la cual se dejó en firme la resolución N.° 02031-2023-SETENA, emitida el 20 de diciembre de 2023, por la cual SETENA otorgó la viabilidad ambiental a la empresa Berthier EBI de Costa Rica, S.A. Señala que la inacción del Tribunal implicó que se avanzara el trámite y que SETENA dejó en firme la viabilidad ambiental en el expediente 02031-2023-SETENA, lo que coloca a la Municipalidad en estado de indefensión y agrava el daño potencial derivado de la nulidad del certificado de uso de suelo impugnado. Por lo que  dado que se mantienen los presupuestos para la procedencia de la medida cautelar provisionalísima, esta representación reitera su solicitud y requiere la suspensión inmediata de los efectos del certificado de uso de suelo impugnado y como consecuencia lógica, la suspensión de la viabilidad ambiental otorgada en la resolución 02031-2023-SETENA y su confirmación mediante la Resolución R-570-2024-MINAE.

 

 IV.- ARGUMENTOS DE LA PARTE ACCIONADA: A su criterio  basta con que transcurran 3 meses de inactividad para que se decrete la caducidad de la medida cautelar y si bien un asunto puede estar en conocimiento de una autoridad judicial, ello en modo alguno exime a quien tenga interés -que tal y como se verá en otro apartado, no es lo mismo que el Interés Actual- a gestionar mediante la figura del “Pronto Despacho”, la prosecución del Proceso, tal y como lo establece el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que sostiene, no existe duda, discusión o controversia, en cuanto a que la solicitud de Medida Cautelar fue interpuesta hace más de un año, por lo que, basta con hacer un conteo básico, para caer en cuenta que el plazo de 3 meses establecido en el mencionado artículo, transcurrido  sobradamente. Y con ello, operó de pleno derecho la caducidad de la Medida Cautelar gestionada. Asimismo, indica que  desde diciembre del año 2023, existe una Medida Cautelar otorgada por el Tribunal Contencioso Administrativo mediante resolución de las 21:45 del 18 de diciembre del 2023, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo, la cual obra en el expediente en las imágenes 22 a 37, por lo que  de una simple lectura de lo así otorgado a mi representada, claro está que de ninguna manera puede ser concedido el pedimento cautelar de la accionante, pues ello implicaría desconocer lo que ese mismo Tribunal ha concedido a mi representada. De igual forma, sostiene que  la parte actora, después de afirmar que es culpa del Tribunal, el atraso en la tramitación de la Medida Cautelar, manifiesta que aún tiene interés en la misma Medida Cautelar, sosteniendo -temerariamente- que en la especie se encuentran presentes los presupuestos para el otorgamiento de la misma, al punto que introduce  una pretensión adicional, que es la suspensión de los efectos de una Viabilidad Ambiental Firme, que ha superado una y otra vez, todos los escrutinios legales existentes y hasta los inventados por la parte actora y sus testaferros, por lo que solicita el rechazo de la medida cautelar pretendida.

 

 V.- SOBRE EL CASO CONCRETO: La razón medular de esta medida cautelar lo era con un fin especifico, la suspensión de los efectos ejecutorios del certificado de uso de suelo, emitido, por la Arq. Andrea Bolaños Calderón, Jefa del Departamento de Desarrollo Urbano, de la Municipalidad de Montes de Oro, mediante el oficio D.D.U.R/N. 227-2021, con fecha del 20 de setiembre del 2021 a la Empresa Berthier EBI de Costa Rica, S.A.  Por otra parte, un error involuntario del despacho, llevó a que la gestión presentada no hubiera sido atendida. Pese a que el proceso de conocimiento, se instó de forma regular, no fue sino de una revisión de los autos, justamente para la atención de diversas acciones en el proceso principal,  que esta juzgadora se percata de la omisión, y procedió a otorgar audiencia a la parte actora para que refiriera si aún tenía interés. Si bien es cierto, la parte demandada pretende se aplique el instituto de la caducidad, a la luz del numeral 112 bis, tal figura no es procedente; pues la inercia que se presentó, no resulta imputable a la parte actora, quien si bien es cierto, si tenía el interés alegado en su escrito inicial, perfectamente pudo advertir al tribunal de la falencia que se venía presentando y que se alargó por poco más de un año; lo cierto es que, no es una obligación como tal, sino más bien una facultad que ostenta, y si su decisión fue no gestionarla, es un aspecto que no pude entonces ser categorizado como una causal para configurar la caducidad.

 Ahora bien, lo cierto es que, fue justamente la inercia de la parte, la que implica que en el caso que nos ocupa, nos encontremos ante una falta de interés actual, pues como se indicó, si bien es cierto, no constituía obligación de la parte, hacer ver la omisión cometida, a la luz justamente de los presupuestos cautelares, como la urgencia, y el daño, la parte, pudo acudir a este tribunal a hacer valer sus derechos; no obstante, por su propia desidia, la parte no accionó;  a tal punto, como se indicó, fue este propio Tribunal quien se percata del error, y procede a enderezar los procedimientos mediante resolución de las quince horas cincuenta y uno minutos del veintiocho de enero de dos mil veinticinco. Y si bien, la parte actora sostiene aun hay interés en su gestión cautelar, sus pretensión cambia drásticamente, pues ahora pretende la suspensión inmediata de los efectos de la resolución 02031-2023- SETENA de 20 de diciembre de 2023, por la cual SETENA otorgó la viabilidad ambiental,  y la suspensión inmediata de los efectos de la Resolución R-570-2024- MINAE, de 9 de diciembre de 2024; situación que resulta improcedente. Si bien se presentó una incidencia por parte del Tribunal, lo cierto del caso es que la parte tuvo la facultad de hacerlo ver, y no lo hizo; por ello, contrario a lo que sostiene la parte actora, ha sido su propia inercia la cual impide a esta juzgadora otorgar su gestión en los términos pedidos; máxime que, tal y como lo acreditó la parte demandada, este Tribunal mediante resolución de las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos del dieciocho de diciembre del dos mil veintitrés, otorgó una medida cautelar en el expediente 23-007541-1027-CA,  la cual dispuso, a la Municipalidad de Montes de Oro: "[...]" (i)Abstenerse de realizar cualquier conducta que implique un desconocimiento de las conductas formales previamente adoptadas, particularmente, los certificados de uso de suelo, el plano y su respectivo visado, hasta tanto este Tribunal resuelva en forma definitiva este proceso  cautelar ante causam; (ii) Abstenerse de impedir que las conductas administrativas antes indicadas, sean utilizados para cualquier trámite municipal que conforme a la Ley 8220 resulten necesarios; hasta tanto este Tribunal resuelva en forma definitiva este proceso cautelar ante causam [...]", y que valga decir, aún no ha sido resuelta en definitiva.              

 De esta forma, es más que evidente que la gestión cautelar, carece de interés, porque el argumento que la parte da para justificar su otorgamiento, ya fue materializado desde el 17 de diciembre de 2024, al haberse dictado la Resolución R-570-2024-MINAE, de fecha 9 de diciembre de 2024, mediante la cual se dejó en firme la resolución N.° 02031-2023-SETENA, emitida el 20 de diciembre de 2023, por la cual SETENA otorgó la viabilidad ambiental a la empresa Berthier EBI de Costa Rica, S.A;  argumentos suficientes para tener por comprobado una falta de interés actual, y si bien la parte, pretende hacer ver que su interés es aún vigente, por los argumentos ya mencionados respecto a su propia inercia, tal gestión es improcedente. De igual forma, es criterio de esta juzgadora, que en el caso que nos ocupa, no se configuran, todos los presupuestos cautelares. Si bien es cierto, se configura una APARIENCIA DE BUEN DERECHO,  al ser POSIBLE entrar a analizar en un proceso de conocimiento la determinación que dispuso el otorgamiento del uso del suelo a favor de la empresa demandada,  al tenor de lo dispuesto en el artículo 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la acción ejercida no resulta temeraria o carente de seriedad. Nótese que en el escrito de interposición de la gestión cautelar la parte actora toca asuntos propios de ser atendidos en el proceso principal,aspecto que SOLO en un proceso de conocimiento se podría determinar, puesto que no es propio en esta instancia, analizar cuales son esas anomalías o violaciones (si es que las hay), hacerlo de este modo seria conculcar todo el sentido del procedimiento cautelar.    En este sentido, debe considerarse que el proceso cautelar se da para garantizar y proteger, PROVISIONALMENTE EL OBJETO DEL PROCESO Y LA EFECTIVIDAD DE LA SENTENCIA Y DE LAS SITUACIONES JURÍDICO SUSTANCIALES, más no para analizar el el fondo del proceso que deberá ser discutido; hacerlo de otro modo, solo lo permeará de tonalidades impropias que generarían  como consecuencia que quienes acudan a esta instancia lo hagan con la pretensión de la resolución de un proceso por el fondo, sin así serlo y todo en atención a la naturaleza expedita con la que el procedimiento cautelar debe analizarse. En cuanto al PELIGRO EN LA DEMORA: ahora bien, para la procedencia de la tutela cautelar se requiere según disposición legal, que la ejecución o permanencia de la conducta administrativa sometida al proceso produzca daños o perjuicios, graves, actuales o potenciales, en la situación jurídica del promovente; el cual deberá alcanzar una magnitud de gravedad, y esa gravedad únicamente se podrá constatar con la prueba pertinente, necesaria y contundente para evidenciarlo, carga procesal que de conformidad con el artículo 41 del Código Procesal Civil, el cual por remisión del numeral 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo    resulta aplicable; le corresponde a quien formule una pretensión, respecto a los hechos constitutivos de su derecho; y a criterio de esta juzgadora, de los elementos hechos llegar a los autos no se desprenden los argumentos concretos y circunstanciados respecto de la existencia de un daño de naturaleza grave. Al respecto, la parte actora se limitó a citar jurisprudencia de este Tribunal, sin razonar cual es el daño que para sí se presentaba, impidiendo a esta juzgadora realizar un análisis respecto del daño, incluso en su escrito del 10 de febrero del 2025, reitera las mismas citas jurisprudenciales, agregando que "se coloca a la Municipalidad en estado de indefensión y agrava el daño potencial derivado de la nulidad del certificado de uso de suelo impugnado " ; sin siquiera referir cual es el daño que se presenta, o se presentó; por ello, no se puede configurar ese elemento. Finalmente, resta analizar el último de los presupuestos, y por las razones que se dirán de seguido, no puede tenerse por acreditado. Finalmente, en cuanto a la PONDERACIÓN DE LOS INTERESES EN JUEGO:  debe indicarse que para la procedencia de una medida cautelar se requiere la verificación simultánea de los presupuestos legales establecidos en los artículos 21 y 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, sin embargo en este particular, se descartó uno de ellos, según lo expuesto en los anteriores apartados. Por ello, tomando en consideración que para realizar el análisis de ponderación de intereses y valoración del eventual interés público afectado es necesario partir de la existencia del daño grave a la situación jurídica aducida y del interés particular perjudicado, lo cual en este caso no se logró demostrar, por lo que al no verse demostrado la existencia de un daño grave, y menos actual; no puede más que concluirse que el interés particular debe de ceder ante el interés público.  Siendo así no se puede tener por acreditado el presupuesto analizado, y por tal motivo la medida cautelar debe de ser rechazada en los términos pedidos; toda vez que los presupuestos o requisitos para la procedencia de la misma no son excluyentes entre sí, y a falta de uno de ellos la consecuencia es el rechazo de la misma, como en efecto se dispone. De modo que, por lo expuesto se declara SIN LUGAR la medida cautelar anticipada solicitada por MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO, en contra de  EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA.

 VII.- COSTAS: Partiendo del hecho de que al tratarse de una justicia cautelar, la condena en costas no está prevista en razón de que los gestionantes no pueden considerarse "vencidos", puesto que no se ha emitido un pronunciamiento sobre el asunto fondo, se resuelve sin especial condenatoria en costas. (Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, sentencia Nº 90-2011, de las 13:30 horas, 16 de marzo, 2011).

 

POR TANTO

 Por existir de forma evidente una falta de interés actual en este asunto,  y no configurarse los elementos necesarios para su otorgamiento, se declara SIN LUGAR la medida cautelar interpuesta por  Archívese el expediente. NOTIFÍQUESE. LICDA. ALANA FONSECA LOBO, JUEZA.

 

 




- Código Verificador -
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MQQFARYVMSQ61



 

Documento firmado por:

ALANA DE LOS ANGELES FONSECA LOBO, JUEZ/A TRAMITADOR/A

 

EXP: 23-007562-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:14:54.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENTE:

23-007562-1027-CA - 9

PROCEEDING:

MEDIDA CAUTELAR

PLAINTIFF:

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO

DEFENDANT:

EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA

 N° 2025001982

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at sixteen hours and twelve minutes on the third of March, two thousand twenty-five.-

    ANTICIPATED PRECAUTIONARY MEASURE (MEDIDA CAUTELAR ANTICIPADA), filed by the MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO, against EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA.

CONSIDERANDO

    I. BACKGROUND OF INTEREST: A- Through the brief filed on December 19, 2023, the petitioner formulated a request for a precautionary measure ante causam, seeking the following, transcribed literally: "[...] the executory effects of the land-use certificate (certificado de uso de suelo), issued by Arch. Andrea Bolaños Calderón, Head of the Department of Urban Development, of the Municipalidad de Montes de Oro, through official communication D.D.U.R/N. 227-2021, dated September 20, 2021, to Empresa Berthier EBI de Costa Rica, S.A., be suspended, as we are aware that said document is a requirement for said company to process an environmental feasibility (viabilidad ambiental) before SETENA, which would be granted with a land-use certification (certificación de uso de suelo) with a plan that does not correspond in area or graphic description to farm 6-00421412-000 [...]" (images 16-19 of the main folder). B- In a resolution at fifteen hours fifty-one minutes on January twenty-eight, two thousand twenty-five, a hearing was granted to the plaintiff to indicate whether it was still interested in the requested precautionary measure (image 786 of the main folder). C- In a brief dated February 10, 2025, the plaintiff stated it had interest in the requested precautionary measure and indicated "[...] Now, on December 17, 2024, the Municipalidad de Montes de Oro was notified of Resolution R-570-2024-MINAE, dated December 9, 2024, by which resolution No. 02031-2023-SETENA, issued on December 20, 2023, was made final, whereby SETENA granted the environmental feasibility (viabilidad ambiental) to the company Berthier EBI de Costa Rica, S.A. ... given that the prerequisites for the granting of the extremely provisional precautionary measure are maintained, this representation reiterates its request and requires the immediate suspension of the effects of the contested land-use certificate and, as a logical consequence, the suspension of the environmental feasibility granted in resolution 02031-2023-SETENA and its confirmation through Resolution R-570-2024-MINAE [...]" (images 2-7 of the precautionary measure file). D- Through a resolution at thirteen hours twenty-eight minutes on February seventeen, two thousand twenty-five, a hearing on the filed precautionary measure was granted to the defendant (images 223-224 of the precautionary measure file). E- On February 18, 2025, the defendant pronounced on the precautionary measure, requesting its rejection.

 II. GENERALITIES FOR GRANTING A PRECAUTIONARY MEASURE (MEDIDA CAUTELAR): Precautionary justice responds to the need to guarantee the constitutional principle of prompt and complete justice, by preserving the real conditions indispensable for the issuance and execution of the judgment (resolution 7190-1994, at 15:24 hours on December 6, 1994, Sala Constitucional). In this same sense, Article 19 of the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes that the purpose of setting a precautionary measure is TO PROTECT AND GUARANTEE, PROVISIONALLY, THE OBJECT OF THE PROCEEDING and the effectiveness of the judgment. The doctrine has indicated that precautionary justice DOES NOT HAVE THE PURPOSE OF DECLARING A FACT OR A RESPONSIBILITY, NOR OF CONSTITUTING A LEGAL RELATIONSHIP, NOR OF EXECUTING A MANDATE AND SATISFYING THE RIGHT ONE HOLDS WITHOUT BEING DISPUTED, NOR OF SETTLING A LITIGATION; BUT TO PREVENT THE DAMAGES that the litigation may bring or that may derive from an abnormal situation (Gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). In this way, the judge, observing the provisions of Article 21 of the indicated procedural norm, must determine the appropriateness of a request for a precautionary measure, verifying to that effect that the claim of the main proceeding is not reckless or, in a clear manner, lacking in seriousness, which constitutes a preliminary assessment of the merits to determine if there exists in the case at hand what the doctrine and jurisprudence have called appearance of a good right or fumus boni iuris. The norm under analysis also establishes the appropriateness of the precautionary measure when the execution or permanence of the conduct subject to the proceeding produces serious damages or injuries, current or potential, a situation that has been defined in doctrine as periculum in mora or danger in delay, that is, that by virtue of the pathological delay of the judicial process, there is a current, real, and objective danger that serious damage will be generated to the promoting party (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008).  Under the same line of thought, Article 22 of the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes the obligation of the judge to carry out, in light of the principle of proportionality, a weighing of the interests at stake, that is, between the circumstance of the private individuals on the one hand; and the public interest and the interests of third parties that may be affected by the adoption of the precautionary measure, on the other. Additionally, and from the same Article 22 cited, it is required that the precautionary measure be instrumental and provisional. This precautionary protection has been analyzed as a fundamental right derived from Article 41 of the Constitution, from which the right to obtain prompt and complete justice is extracted; therefore, the jurisdictional body must assess for its effective materialization, in addition to the fulfillment of the prerequisites known in doctrine as appearance of a good right (Fumus Boni Iuris), danger in delay (Periculum in Mora), as well as the weighing of interests at stake, the verification of the presence or existence of what have come to be called structural characteristics of the precautionary measure (instrumentality, provisionality, urgency, and summaria cognitio or summary nature of the procedure). Both the indicated prerequisites and the mentioned characteristics must be present for the granting of the measure that has been requested with the purpose of protecting and guaranteeing, provisionally, the object of the proceeding and the effectiveness of the judgment. Regarding the prerequisites necessary for granting the precautionary measure, we find the following: a) appearance of a good right: referring to the "seriousness of the claim," that is, a probability of success such that it does not appear at first glance clearly lacking in seriousness, or where appropriate, that it is reckless. For the doctrine, it is nothing other than the probable subsequent acceptance of the plaintiff's material right in the judgment, through the analysis proper to a very summary process (proceso sumarísimo) that in no way can or must determine a pronouncement on the merits of the matter raised, but instead, only an approximation to it with the elements present at the time of issuing the decision that grants or denies the measure; b) danger in delay: it consists of the objectively founded and reasonable fear that the substantial legal situation alleged is seriously damaged or harmed in a grave and irreparable manner, during the course of the time necessary to issue a judgment in the main proceeding. This prerequisite requires the presence of two elements: THE SERIOUS DAMAGE OR INJURY and the delay in the main proceeding. Damages that, furthermore, must be established as serious and derived from the alleged situation. The accused injuries must at least be proven through the rational principle of evidence, so it is not enough to allege the damage in said terms, but rather the circumstances must be accredited to be considered damage and that it is serious. In that sense, it must be emphasized that it is not enough to allege the existence of serious, current, or potential damage or injury, but it must be proven, which, as referred to above, is a procedural burden that the interested party must assume in proving its claim. Regarding THE DELAY IN THE MAIN PROCEEDING, it refers, for its part, to the situation generated by judicial proceedings that require for their development and subsequent conclusion, the performance of a series of acts through which not only due process is guaranteed, but also the issuance of a ruling that, if it cannot be carried out promptly, is at least just.   c. weighing of the interests at stake: refers to the connection of the proceeding with the public interest, so that the public interest may be in need of protection, against the interest of third parties and of course against the interest of the one who resorts through a precautionary measure, with the comparative assessment of the same being required, imposing the denial of the measure when the injury suffered or capable of being produced to the community or third parties is superior to that which the applicant for the measure could experience. In addition to the prerequisites already indicated, it is necessary that the measure to be adopted structurally has the following characteristics: instrumentality, which means that they maintain a marked relationship of accessoriness with the final judgment, since they definitively serve as an instrument to maintain the validity of the object of the proceeding in the terms set forth; provisionality, which is nothing other than what is agreed upon regarding the precautionary measure, which will remain in effect and conditioned upon what is resolved in the proceeding on the merits. It is worth noting that it can also be terminated or modified at any time, given the variability of the conditions that originally gave rise to it, or, adopt one that had previously been rejected, as established by Article 29 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, so its effectiveness is exhausted at the time the judgment on the merits is issued, or what is the same, it has effects subject to the disposition adopted in the main proceeding; urgency to avoid danger in delay, as well as summaria cognitio i.e., that this type of measure is adopted by virtue of a very summary cognition (cognición sumarísima) carried out by the jurisdictional body without entering to prejudge the merits of the matter, which in no way could replace the stages of the main proceeding. Based on the foregoing normative framework of analysis and the elements required for the acceptance of a precautionary measure, we proceed to conduct the study of the specific case.               III.  ARGUMENTS OF THE PLAINTIFF: The petitioner argues that in the present lesividad proceeding (proceso de lesividad) it is more than demonstrated that there are sufficient elements to affirm that this representation is litigating in good faith, with abundant arguments and evidentiary material demonstrating the absolute nullity of the land-use certificate (certificado de uso de suelo), issued by Arch. Andrea Bolaños Calderón, and given that it was requested with the purpose of preventing SETENA from granting the environmental feasibility (viabilidad ambiental) before this Court ruled on the validity of the land-use certificate, considering that said certificate does not reflect the graphic reality of farm 6-0041413-000, which could cause serious damages and injuries to the public interest. Now, on December 17, 2024, the Municipalidad de Montes de Oro was notified of Resolution R-570-2024-MINAE, dated December 9, 2024, by which resolution No. 02031-2023-SETENA, issued on December 20, 2023, was made final, whereby SETENA granted the environmental feasibility (viabilidad ambiental) to the company Berthier EBI de Costa Rica, S.A. It notes that the Court's inaction meant that the procedure advanced, and that SETENA made the environmental feasibility (viabilidad ambiental) final in file 02031-2023-SETENA, which places the Municipality in a state of defenselessness and aggravates the potential damage derived from the nullity of the contested land-use certificate. Therefore, given that the prerequisites for the granting of the extremely provisional precautionary measure are maintained, this representation reiterates its request and requires the immediate suspension of the effects of the contested land-use certificate and, as a logical consequence, the suspension of the environmental feasibility granted in resolution 02031-2023-SETENA and its confirmation through Resolution R-570-2024-MINAE.

 IV.- ARGUMENTS OF THE DEFENDANT: In its opinion, it is sufficient for 3 months of inactivity to elapse for the expiration of the precautionary measure to be decreed, and while a matter may be pending before a judicial authority, this in no way exempts the interested party—which, as will be seen in another section, is not the same as Current Interest—from managing, through the figure of "Prompt Dispatch," the continuation of the Proceeding, as established by Article 5 of the Ley Orgánica del Poder Judicial; therefore, it argues, there is no doubt, discussion, or controversy that the Precautionary Measure request was filed more than a year ago, so a basic count is enough to realize that the 3-month period established in the mentioned article has elapsed excessively. And with that, the expiration of the managed Precautionary Measure operated by operation of law. Likewise, it indicates that since December 2023, there exists a Precautionary Measure granted by the Tribunal Contencioso Administrativo through a resolution at 21:45 on December 18, 2023, issued by the Tribunal Contencioso Administrativo, which is in the file at images 22 to 37; therefore, from a simple reading of what was granted to my represented party, it is clear that the plaintiff's precautionary request can in no way be granted, as this would imply disregarding what this same Court has granted to my represented party. Similarly, it argues that the plaintiff, after affirming that the delay in processing the Precautionary Measure is the Court's fault, states that it still has interest in the same Precautionary Measure, maintaining—recklessly—that in this matter the prerequisites for granting it are present, to the point that it introduces an additional claim, which is the suspension of the effects of a Final Environmental Feasibility (Viabilidad Ambiental Firme), which has overcome, time and again, all existing legal scrutiny and even those invented by the plaintiff and its fronts (testaferros), therefore it requests the rejection of the intended precautionary measure.

 V.- ON THE SPECIFIC CASE: The core reason for this precautionary measure was for a specific purpose, the suspension of the executory effects of the land-use certificate (certificado de uso de suelo), issued by Arch. Andrea Bolaños Calderón, Head of the Department of Urban Development, of the Municipalidad de Montes de Oro, through official communication D.D.U.R/N. 227-2021, dated September 20, 2021, to Empresa Berthier EBI de Costa Rica, S.A.  Furthermore, an involuntary error of the office led to the filed petition not having been addressed. Although the main proceeding was properly initiated, it was not until a review of the case file, precisely for the attention of various actions in the main proceeding, that this judge became aware of the omission, and proceeded to grant a hearing to the plaintiff to state whether it was still interested. While it is true, the defendant seeks the application of the doctrine of expiration (caducidad), in light of Article 112 bis, such figure is not applicable; because the inertia that occurred is not attributable to the plaintiff, who, while it is true, did have the interest alleged in its initial brief, could perfectly have advised the court of the failure that was occurring and which lasted for a little over a year; the truth is that it is not an obligation as such, but rather a faculty it holds, and if its decision was not to manage it, it is an aspect that cannot then be categorized as a cause to constitute the expiration (caducidad).

 Now, the truth is that it was precisely the party's inertia that implies that in the case at hand, we find ourselves facing a lack of current interest, because as indicated, while it is true, it was not the party's obligation to point out the omission committed, in light precisely of the precautionary prerequisites, such as urgency and damage, the party could have resorted to this court to assert its rights; nevertheless, due to its own indolence, the party did not act; to the point, as indicated, that it was this Court itself that noticed the error and proceeded to rectify the procedures through a resolution at fifteen hours fifty-one minutes on January twenty-eight, two thousand twenty-five. And while the plaintiff maintains there is still interest in its precautionary petition, its claim changes drastically, because it now seeks the immediate suspension of the effects of resolution 02031-2023-SETENA of December 20, 2023, by which SETENA granted the environmental feasibility (viabilidad ambiental), and the immediate suspension of the effects of Resolution R-570-2024-MINAE, of December 9, 2024; a situation that is inappropriate. While an incident was presented by the Court, the truth is that the party had the faculty to point it out, and did not do so; therefore, contrary to what the plaintiff argues, it has been its own inertia that prevents this judge from granting its petition in the terms requested; especially since, as accredited by the defendant, this Court, through a resolution at twenty-one hours forty-five minutes on December eighteen, two thousand twenty-three, granted a precautionary measure in file 23-007541-1027-CA, which ordered the Municipalidad de Montes de Oro: "[...]" (i) To refrain from carrying out any conduct that implies a disregard of the formal conduct previously adopted, particularly, the land-use certificates, the plan, and its respective approval (visado), until this Court definitively resolves this precautionary process ante causam; (ii) To refrain from preventing the aforementioned administrative conduct from being used for any municipal procedure that, in accordance with Law 8220, is necessary; until this Court definitively resolves this precautionary process ante causam [...]", and it is worth saying, has not yet been definitively resolved.

 In this way, it is more than evident that the precautionary petition lacks interest, because the argument the party gives to justify its granting was already materialized on December 17, 2024, when Resolution R-570-2024-MINAE, dated December 9, 2024, was issued, by which resolution No. 02031-2023-SETENA, issued on December 20, 2023, was made final, whereby SETENA granted the environmental feasibility (viabilidad ambiental) to the company Berthier EBI de Costa Rica, S.A; sufficient arguments to consider a lack of current interest as proven, and while the party tries to make it appear that its interest is still valid, due to the arguments already mentioned regarding its own inertia, such petition is inappropriate. Similarly, it is the judgment of this judge that, in the case at hand, not all of the precautionary prerequisites are present. While it is true, an APPEARANCE OF A GOOD RIGHT (APARIENCIA DE BUEN DERECHO) is present, as it is POSSIBLE to analyze in a main proceeding the determination that ordered the granting of land use in favor of the defendant company, pursuant to the provisions of Article 21 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the action exercised is not reckless or lacking in seriousness. Note that in the brief filing the precautionary petition, the plaintiff touches on matters proper to be addressed in the main proceeding, an aspect that can ONLY be determined in a main proceeding, as it is not proper at this instance to analyze what those anomalies or violations are (if any), doing so in this way would undermine the entire purpose of the precautionary procedure.   In this sense, it must be considered that the precautionary process is conducted to guarantee and protect, PROVISIONALLY, THE OBJECT OF THE PROCEEDING AND THE EFFECTIVENESS OF THE JUDGMENT AND OF THE SUBSTANTIAL LEGAL SITUATIONS, but not to analyze the merits of the proceeding that must be discussed; doing otherwise would only permeate it with improper tonalities that would generate, as a consequence, those who resort to this instance doing so with the claim of resolving a process on the merits, without it being so, and all in response to the expedited nature with which the precautionary procedure must be analyzed. Regarding the DANGER IN DELAY (PELIGRO EN LA DEMORA): now, for the appropriateness of the precautionary protection, it is required according to legal provision, that the execution or permanence of the administrative conduct subject to the proceeding produces serious, current, or potential damages or injuries to the legal situation of the promoter; which must reach a magnitude of seriousness, and that seriousness can only be verified with the pertinent, necessary, and conclusive evidence to evince it, a procedural burden that, in accordance with Article 41 of the Código Procesal Civil, which by remission of Article 220 of the Código Procesal Contencioso Administrativo is applicable; corresponds to the one who formulates a claim, regarding the constitutive facts of its right; and in the judgment of this judge, from the elements brought to the case file, the concrete and detailed arguments regarding the existence of damage of a serious nature do not emerge. In this regard, the plaintiff limited itself to citing jurisprudence of this Court, without reasoning what the damage was that arose for it, preventing this judge from conducting an analysis regarding the damage, even in its brief of February 10, 2025, it reiterates the same jurisprudential citations, adding that "the Municipality is placed in a state of defenselessness and the potential damage derived from the nullity of the contested land-use certificate is aggravated"; without even referring to what the damage is that arises, or arose; therefore, that element cannot be present. Finally, it remains to analyze the last of the prerequisites, and for the reasons that will be stated below, it cannot be considered as accredited. Finally, regarding the WEIGHING OF INTERESTS AT STAKE (PONDERACIÓN DE LOS INTERESES EN JUEGO): it must be indicated that for the appropriateness of a precautionary measure, the simultaneous verification of the legal prerequisites established in Articles 21 and 22 of the Código Procesal Contencioso Administrativo is required; however, in this particular case, one of them was discarded, according to what was stated in the preceding sections. Therefore, taking into consideration that to carry out the analysis of weighing interests and assessing the eventual affected public interest, it is necessary to start from the existence of serious damage to the alleged legal situation and the particular interest harmed, which in this case was not demonstrated, so that, since the existence of a serious damage, much less current, was not demonstrated; it can only be concluded that the particular interest must yield to the public interest. That being the case, the analyzed prerequisite cannot be considered accredited, and for this reason, the precautionary measure must be rejected in the terms requested; since the prerequisites or requirements for its appropriateness are not mutually exclusive, and in the absence of any one of them, the consequence is its rejection, as is indeed ordered. Therefore, for the reasons stated, the precautionary measure requested by MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO, against EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, is declared WITHOUT MERIT (SIN LUGAR).

 VII.- COSTS: Based on the fact that, as this is a precautionary justice matter, the imposition of costs is not provided for because the petitioners cannot be considered "defeated," given that no pronouncement on the merits of the matter has been issued, it is resolved without a special imposition of costs. (Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, judgment No. 90-2011, at 13:30 hours, March 16, 2011).

POR TANTO

 Due to the evident existence of a lack of current interest in this matter, and because the necessary elements for its granting are not present, the precautionary measure filed is declared WITHOUT MERIT (SIN LUGAR). Archive the file. NOTIFÍQUESE. LICDA. ALANA FONSECA LOBO, JUDGE.

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MQQFARYVMSQ61

Document signed by:

ALANA DE LOS ANGELES FONSECA LOBO, JUDGE/TRAMITADOR/A

EXP: 23-007562-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Phones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

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