Res. 00348-2025 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José — Duty to order restoration of environmental harm even after acquittalDeber de resolver la restitución del estado anterior del bien en sentencia penal ambiental aunque sea absolutoria

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José

Resolución Nº 00348 - 2025

Fecha de la Resolución: 28 de Febrero del 2025 a las 08:00

Expediente: 19-001360-0485-PE

Redactado por: Alejandra Valenciano Chinchilla

Clase de asunto: Recurso de apelación penal

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Penal

Tema: Restitución de las cosas objeto del hecho punible

Subtemas:

Deber de resolverlo en sentencia e incluso ordenarlo de oficio aun cuando se haya dictado una absolutoria.

"III. [...] De la revisión integral del fallo se desprende que, en cuanto a la solicitud de restitución de las cosas a su estado anterior, en la parte dispositiva, el tribunal resolvió lo siguiente: “NO se restablecen las cosas a su origen, ya que corresponde en otra jurisdicción discutir la titularidad de la posesión del bien inmueble, en virtud de la resuelto en -la presente resolución.” (cfr. 210 frente del legajo principal). Llevan razón ambos recurrentes porque a lo largo del fallo el a quo omitió desarrollar del todo el fundamento para descartar tal solicitud, a pesar de tratarse de un aspecto medular del caso, toda vez que de conformidad con lo estipulado en los artículos 50 de la Constitución Política, 140 del Código Procesal Penal y artículo 103 del Código Penal, debió resolverse en la sentencia lo referente al restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho ventilado en esta sumaria, la que incluso puede ordenarse de oficio. Véase que incluso, aún y cuando se hubiera absuelto penalmente al acusado, no existe obstáculo legal alguno para conocer y decidir en torno a lo relativo al objeto material de la presente causa, el que está claramente vinculado con la regulación dispuesta en la Ley Forestal, de ahí que sea necesario establecer lo correspondiente en cuanto al inmueble que, se según la acusación podría ser de carácter demanial, a efecto de que se defina lo procedente en torno a disponer el restablecimiento de las cosas al estado anterior del evento que determinó el surgimiento de la presente causa, lo que podría implicar la necesidad del derribo de las obras. El tribunal estaba obligado a justificar su decisión, brindando al efecto los fundamentos probatorios y jurídicos que le condujo a rechazar la gestión, sin que se logre comprender por qué ha remitido a las partes a otra jurisdicción, que no precisa cuál, a discutir la titularidad de la posesión de bien inmueble, decisión que quebranta los deberes de fundamentación, previsto en el ordinal 142 del Código Procesal Penal, el cual estipula que las sentencias deben contener una fundamentación clara y precisa, expresando los razonamientos de hecho y derecho, base de la decisión del juzgador, con indicación del valor otorgado a los medios de prueba; sancionando con ineficacia la omisión de dicho requisito. Con base en lo expuesto y existiendo un interés público de por medio, resultando absolutamente procedente discutir y resolver lo atinente al restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho acusado por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, se acoge el reclamo planteado y se dispone la nulidad de lo resuelto en cuanto a ese extremo."


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Citas de Legislación y Doctrina
Texto de la resolución

 

Resolución: 2025-0348 

Expediente: 19-001360-0485-PE (6)

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las ocho horas del veintiocho de febrero de dos mil veinticinco.

 RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra  [Nombre 001] quien es mayor de edad, costarricense, con cédula número [Valor 001], nacido en Limón, el 20 de octubre de 1954, hijo de [Nombre 002] e [Nombre 003], actualmente vecino de Limón Pococí; por el delito de INVASIÓN A UN ÁREA DE CONSERVACIÓN en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso, la jueza Alejandra Valenciano Chinchilla, los jueces Giovanni Mena Artavia y Edwin Esteban Jiménez González. Se apersonaron en esta sede la Msc Yorleny Ching Cubero en representación del Ministerio Público, licenciado Andrés Alfaro Ramírez Procurador Penal y Wilberth Picado Portuguéz defensor particular del imputado.

RESULTANDO:

 I.- Que mediante sentencia número 296-2024 de las once horas cuarenta minutos del dieciséis de abril de dos mil veinticuatro, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto y artículos 8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, 39 y 41 de la Constitución Política, 1, 9, 142, 184, 360, 361, 363 a 366 del Código Procesal Penal; 1, 30, 31, 45, 227 inciso a) del Código Penal, artículos 58 inciso a) y 61 inciso c), así como el artículo 1045 del Código Civil. resuelve: Por mayoría en aplicación al Principio Universal de In Dubio Pro Reo, se ABSUELVE de toda pena y responsabilidad a los acusados [Nombre 001] por un DELITO DE INVASIÓN DE PAREA SILVESTRE PROTEGIDA EN CONCURSO IDEAL CON UN DELITO DE USURPACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO que se le ha venido atribuyendo como cometido en perjuicio de los recursos naturales. Son las costas del proceso penal a cargo del Estado. Se declara sin lugar en todos sus extremos la acción civil resarcitoria formulada por LA PROCURADORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en contra del demandado civil [Nombre 001]. Se declara sin lugar en todos sus extremos la querella formulada por LA PROCURADORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en contra del demandado civil [Nombre 001]. Por haber existido una razón plausible para litigar, se resuelven las acciones civiles resarcitorias sin particular condenatoria en costas, debiendo asumir cada parte las costas personales, así como procesales en que hubiera incurrido. Cese cualquier medida cautelar en contra del imputado y demandado civil. NO se restablecen las cosas a su origen, ya que corresponde en otra jurisdicción discutir la titularidad de la posesión del bien inmueble, en virtud de la resuelto en -la presente resolución. Emite esta sentencia MSc. Juan Carlos Jiménez Marín. Juez de juicio. POR LECTURA, NOTIFÍQUESE”. (sic)

 II.- Que, contra el anterior pronunciamiento, interpuso recurso de apelación la Msc Yorleny Ching Cubero en representación del Ministerio Público.

 III.- Que, verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el tribunal se planteó las cuestiones formuladas en los recursos de apelación.

 IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

 Redacta la jueza de apelación de Sentencia Penal Valenciano Chinchilla; y,

CONSIDERANDO:

I.- Mediante libelo visible a folios 212 al 219, recibido en fecha 02 de mayo de 2024, la licenciada Yorleny Ching Cubero, en su condición de fiscal del Ministerio Público interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia escrita Nº296-2024, del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, de las 11:40 horas, del 8 de abril del 2024, mediante la cual se absolvió al encartado del delito de invasión de área silvestre protegida y usurpación de bienes de dominio público, declarando sin lugar en todos sus extremos la querella y acción civil resarcitoria incoada, sin especial condenatoria en costas por haber existido razón plausible para litigar, rechazando además el restablecimiento de las cosas a su estado anterior. Asimismo, el licenciado Andrés Alfaro Ramírez, en su condición de Procurador Penal, también recurrió el fallo, mediante recurso visible a folios 221 al 233 del legajo principal, remitido el 6 de mayo de 2024. En este caso, se ha verificado el cabal cumplimiento de los presupuestos de impugnabilidad objetiva y subjetiva, evidenciándose además que ambos recursos fueron debidamente presentados en tiempo y forma, en consideración a lo cual se admiten las impugnaciones y se procede a conocer sobre los agravios. El licenciado Wilberth Picado Portuguez, en su condición de defensor particular del acusado, dio respuesta a las impugnaciones, mediante escrito visible a folios 239 al 240, solicitando se declaren sin lugar los recursos, por estar la sentencia ajustada a derecho.

II.- A fin de dar una solución a los reclamos de una forma lógica, se conocen en un orden distinto al propuesto por los recurrentes. Recurso de apelación de la licenciada Yorleny Ching Cubero, en su condición de fiscal del Ministerio Público. Como segundo motivo acusa el vicio de incorrecta e insuficiente fundamentación analítica e intelectiva. El juez omitió valorar las declaraciones de los testigos recibidos en juicio para darle contenido a sus razonamientos. Más bien afirmó que mintieron, sin explicar en qué fundó esa afirmación o conclusión, cuestionando por qué no ordenó un testimonio de piezas por falso testimonio. El juez partió de apreciaciones falsas, dejó de lado el conocimiento básico del derecho, en concreto que, al tratarse de bienes del Estado, por naturaleza son imprescriptibles, inalienables y el único modo de ostentar un derecho sobre ellos por medio de una concesión y no, por un traslado de dominio, por una cesión de un derecho de posesión. No se niega el derecho a la carta venta como instrumento jurídico para el traspaso de bienes o derechos, pero, al tratarse de un derecho estatal de la nuda propiedad, su posesión es inalienable, pudiendo ejercer algún derecho solo por autorización legal, como una concesión que no es el caso. El juez consideró que el imputado no invadió el terreno en conflicto, porque lo hizo por posesión y continuó ejerciéndola, obviando la naturaleza estatal del bien, que no puede detentarse por simple posesión privada, posición arbitraria y contraria a derecho. También es contradictorio que, le dio la “totalidad de capacidades de detentar la posesión por medio de una posesión privada” pero, al mismo tiempo, refiera que aquella surge por un título traslativo de dominio que es insuficiente para crear efectos registrales, otorgándole un valor difuso al referir que es “un seudo dominio de los inmuebles” en las áreas rurales del país, que por costumbre se transmite por documentos notariales. Desechó la existencia de un daño ambiental, porque no existió invasión, pese a tener por demostrado que el encartado aún permanece dentro del terreno en litis e incluso realiza labores agrícolas, hay edificaciones en un área de protección estatal, considerada área silvestre protegida, sea por porción a través del decreto del Parque Nacional Tortuguero o, en su defecto, por estar dentro del área de zona de protección. Se descartó el daño ambiental porque no hubo invasión y ser de uso agrícola, sin respetar lo establecido en la Ley de Biodiversidad y las categorías de manejo que, de forma alguna autoriza el uso agrícola, obviando en la sentencia el informe del Sinac sobre el daño ambiental. Concluyó que ni los propios funcionarios del Sinac tienen claro la verdadera ubicación del terreno en cuestión, si está dentro del área de zona de protección o de parque nacional, desconociendo todos los informes de localización geo referencial SINAC-ACTO-DASP-PNT-DE-013-2019, SINAC-ACTO-AL347-2019, SINAC-ACTO-DASP-PNBE-049, SINAC-ACTO-AL-364-2019 y SINAC-ACT-ROCUHREH-CERT-107 que localizó de forma exacta el terreno en litigio. También partió de premisas falsas, arribando a falacias, y conclusiones ilusorias que, de haberle otorgado valor a la prueba, habría permitido arriba a una decisión distinta, en parte gracias a la preterición de prueba, que se valoró de forma independiente e incompleta, además de errónea. El motivo se declara con lugar: De previo y a efectos de una mejor comprensión de lo resuelto, resulta necesario transcribir la plataforma de hechos que se le atribuyeron al imputado: “1- Sin determinar la fecha y hora exacta, pero sí en el período comprendido del 17 de mayo del 2019 y hasta el 05 de diciembre de 2019, en Limón, Pococí, Colorado, Tortuguero, frente al embarcadero del Cerro Tortuguero, entre las coordenadas geográficas N 1169555 - N 1169835 y E 551454  - E 551719, el acusado [Nombre 001], a sabiendas de su actuar ilícito, sin contar con título de adquisición y sin derecho de posesión, invadió y detentó el espacio del área silvestre protegida denominada Parque Nacional Tortuguero, toda vez que se mantuvo viviendo en una casa de habitación, compuesta de madera y láminas de zinc de 05 metros de frente y 08 metros de fondo, para un total de 80 metros cuadrados, con una estructura compuesta de madera de 09 metros cuadrados destinada a la producción avícola y un embarcadero compuesto de madera y láminas de zinc de 20 metros cuadrados; todo sin contar con la autorización de la Administración Forestal del Estado. 2- Con dichas acciones, el acusado [Nombre 001], provocó un daño ambiental en el lugar de los hechos, por cuanto no se permiten edificaciones en el sitio, "valorado en la suma de 5,902,314.55" (cfr.49 vuelto del legajo principal). Por su parte, la Procuraduría General de la República acusó la siguiente secuencia: “PRIMERO: Sin poder determinar fecha y hora exacta pero si en el período comprendido del 17 de mayo del 2019 y hasta el 05 de diciembre del 2019, en Limón, Pococí, Colorado, Tortuguero, frente al embarcadero del Cerro Tortuguero, entre las coordenadas geográficas N1169555-N1169835 y E551454-E551719 el endilgado [Nombre 001], a sabiendas que no tenía permiso alguno, y que los terrenos que se ubican dentro del Parque Nacional Tortuguero forma parte del patrimonio natural de Estado ha realizado actos propios de invasión al mantener, habilitar y habitar una vivienda construida en madera y láminas de zinc, con una medida de cinco metros de frente y ocho metros de fondo, para un total de ochenta metros cuadrados, con una estructura compuesta de madera de nueve metros cuadrados, destinada a la producción avícola y un embarcadero compuesto de madera y láminas de zinc con una medida de veinte metros cuadrados. SEGUNDO: El daño efectuado por el imputado [Nombre 001], ocasionó un detrimento al ecosistema del Parque Nacional Tortuguero, ya que donde se lleva a cabo la invasión es de clase VIII, que significa tierras aptas para la preservación de flora y fauna, reserva genética y belleza escénica, asimismo el área afectada es catalogada y denominada humedal de importancia internacional RAMSAR, especialmente como hábitat de especies de aves acuáticas. Por otra parte, cabe resaltar que siendo esta un área silvestre protegida cuyo objeto primario es la preservación de la vida silvestre y belleza escénica, una invasión implica una fuerte alteración a estos elementos, particularmente el segundo ya que produce un impacto visual negativo al visitante que paga por la observación de la naturaleza como tal y además de la alteración al equilibrio natural sobre todo en la avifauna que es la más afectada. De igual manera se ponen mencionar otra serie de factores que sufren una afectación ambiental como lo sería el cambio irreversible en los microclimas ecológicos; alteración de nichos y hábitats de las especies de flora y fauna acuáticas, perdida de sustrato para las especies nativas, perdida de especies de flora y fauna con altísimo nivel medicinal y desequilibrio en el control natural de cuerpos acuáticos. Por lo anterior se ha establecido la valoración del daño ambiental en la suma prudencial de C1.000.000,00 (un millón de colones).” (cfr. 124 al 125 del legajo principal). El tribunal absolvió al sindicado señalando que las pruebas impidieron concluir con el grado de certeza necesario la tesis acusatoria, bajo las siguientes razones: i) No se demostró que la propiedad de la presente litis perteneciera del área del Parque Nacional Tortuguero, tal y como se indicó en la acusación; ii) La persona imputada contaba con un título traslativo de dominio, donde se le transmitía la posesión de la propiedad; iii) El justiciable “sin contaba con la autorización de la administración forestal del estado” (sic); iv) No se ha realizado algún daño ambiental, puesto que el fundo siguió desarrollando la actividad por el cual el poseedor originario le trasladó; v) Al acriminado se le atribuyó haber dado “la orden para que tractores ingresaran a la citada propiedad cuyo fin era remover las tierras y así extender la propiedad para colocar los residuos de chatarras y escombros al final de esta, acción que no implica, comprende o lleva implícita la construcción de las terrazas que es la acción objetiva por la que solicitan luego la condena del acusado. En efecto, la imputación fáctica debe ser circunstanciada, clara, precisa, de tal suerte que el acusado la conozca y pueda defenderse de ella. Ello conlleva que la acción esté claramente descrita en la imputación, y no que sorpresivamente se intente, al finalizar el juicio, complementaría con los hechos que el acusador desee darle” (cfr. 205 vuelto del legajo principal). Con respecto al primer aspecto, la ubicación del inmueble en cuestión, el tribunal hizo el siguiente señalamiento, que se transcribe in extenso: “Tenemos así que los hechos 1 y 2 no fueron demostrados por el Ministerio Público, no se demostró que la propiedad de la presente litis perteneciera del área del Parque Nacional Tortuguero, tal y como se indicó en la acusación. La persona imputada contaba con un título traslativo de dominio, donde se le transmitía la posesión de la propiedad. El imputado sin contaba con la autorización de la administración forestal del estado. No se ha realizado ningún daño ambiental, puesto que el fundo siguió desarrollando la actividad por el cual el poseedor originario le traslado. Como hecho relevante acusado, y no comprobado en esta sentencia se habla de la invasión a una área silvestre protegida denominada Parque Nacional Tortuguero, invasión que no existió ya que el imputado ingreso por posesión y continuó ejercerciéndo la posesión, dando al suelo el uso por el cual adquirió el inmueble. Cuando se da la posesión de los terrenos aquí en litis dicho terreno con forma parte del parque nacional Tortuguero, el cual en su creación no contemplaba, el inmueble del imputado, incluso para este juzgado con las pruebas presentadas, hasta el momento no sabe a ciencia cierta a cual de las ampliaciones que sufrió el parque correspondió el inmueble que posee el acusado Esa imprecisión en que se incurre impide al tribunal concretar que la invasión ocurrió en circunstancias de autores o responsables de la misma, cuándo específicamente habría acontecido a efectos de garantizarle al imputado la garantía de correlación entre acusación y sentencia, es decir, si la invasión se dio del 17 de mayo al 5 de diciembre del 2019. Así mismo no se puede determinar si fue el señor imputado el que realizó la acusada invasión o si el imputado continuó ejerciendo la posesión de un tercero. No se pudo demostrar que el imputado realizará la construcción de las edificaciones indicadas en la acusación. Perfectamente esas construcciones pudo ser realizada por terceros, o por anteriores propietarios, o por quién concretamente, pero esencialmente impide establecer si ella ocurrió dentro del área de protección. En ese sentido tenemos que una sentencia condenatoria por invasión a un Parque Nacional no puede sustentarse en la sola afirmación de los testigos de que allí existe el parque nacional, máxime si no logran circunstanciar en que fechas aproximadas se dieron esas invasiones, o si las mismas se dieron o no dentro del área del parque nacional. Es este sentido, vale agregar, resultó notoria la confusión existente en los mencionados testigos acerca de cuál es el área protegida por el tipo penal aquí investigado, confusión que en lo que respecta a donde está propiamente localizado el terreno, El testigo JORGE CEDEÑO CALDERÓN, afirmó que el terreno esta propiamente en el parque nacional. No se puede establecer quien hizo el cambio de uso, sino que se indica que el cambio de uso ya estaba hecho (ver declaración del Testigo Jorge Cedeño Calderón) El terreno poseído no se ubica en el parque nacional tortuguero sino en otro figura jurídica denominada área de conservación, lo cual impide al tribunal concederle credibilidad a la denuncia interpuesta, ya que lo denunciado, de invasión a un terreno del un parque nacional no concuerda con la ubicación real del terreno en litis, se dan serias dudas de que el terreno sea de los cubiertos como área silvestre protegida de conformidad con el numeral 58 inciso a) y 61 de la Ley Forestal, pero además credibilidad en cuanto que la tala que describe ocurriera efectivamente dentro del área de los cincuenta metros que establece el artículo 33 de la Ley Forestal. Es por esta duda razonable en lo que interesa a esa invasión dentro del área protegida que corresponde, en atención al principio universal de duda, y procesal del indubio pro reo, absolver al imputado. La posesión del imputado ha sido tolerada por el estado por más de veinte años, esto por cuanto el imputado formalmente tomó posesión de la misma desde el año 1998, de previo a dicha posesión ya existía otra posesión de la persona que le transmitió su derecho, por lo cual no existe variación en estado de los recursos naturales del terreno. El imputado ha continuado realizando actividades agrícolas en el fundo, tal y como se realizaba de previo a 1998. Se determina con prueba documental que la propiedad del imputado con correspondía con las tierras que la fundación Neotrópica donó al estado, para que formarán parte del Parque Nacional Tortuguero. Los terrenos que compró la fundación neotrópica no eran colindantes con los canales del parque nacional, existen otros terrenos que son colindantes con el canal, sin que los mismos formaran partes de las donaciones de la Fundación Neotrópica. El imputado [Nombre 001], no ha realizado invasión alguna, por el contrario el mismo compró la posesión de una propiedad, la cual ha seguido ejerciendo a posesión de dueño” (cfr. 203 vuelto al 204 vuelto del legajo principal, transcripción literal). La motivación del tribunal no solo es confusa sino contradictoria en cuanto a un punto medular y esencial para la resolución del caso como lo es si, el terreno en discusión formaba parte o no del Parque Nacional Tortuguero o de un área de protección, resultando clave la dilucidación de este elemento, de cara a la tesis acusatoria. En primer orden el juez descartó que el terreno estuviera situado dentro de dicho parque, sustentándose en que el sindicado tenía un título traslativo de la posesión de la propiedad, pero después, y de forma contradictoria, aseveró que sí conforma parte de él, si bien no desde su creación, sí con alguna de las ampliaciones, sin establecerse en cuál de ellas se incorporó. De seguido sostuvo que la condenatoria no podía sustentarse en la sola afirmación de testigos de que “ahí es un parque nacional”, acusando una confusión en aquellos, de los que omitió puntualizar su identidad, lo que resulta aún más incongruente si, luego aseveró que Jorge Cedeño Calderón afirmó que el terreno estaba dentro del parque nacional. La decisión del tribunal carece de fundamentos válidos que permitan comprender los alcances de sus razonamientos, resultando confusa y contradictoria, al punto que no se logra entender del todo su decisión. Además de lo anterior, el fallo evidencia otro defecto de fundamentación por preterición de prueba esencial, dejando de valorar no solo el dicho de los testigos Jorge Cedeño Calderón, Víctor Hugo Montero Navarro y Carlos Calvo Gutiérrez, todos funcionarios al cuido y patrullaje del Parque Nacional Tortuguero, quienes fueron claros y enfáticos en que no solo conocen el sitio, sino tienen claro cuáles son sus límites como extensión, lo que les permitió determinar que el sindicado estaba viviendo dentro del parque, sin que se ponderara sus versiones, pese a que fueron amplios en explicar cómo arribaron a tal seguridad y mencionaron que ellos usaron una serie de instrumentos de geolocalización que permitía una ubicación tan precisa que el margen de error era de unos tres metros, aproximadamente. Omitió el juez ponderar sus versiones y si lo hizo, olvidó explicar si les creyó o no y, de haber sido así, las razones para restarles mérito, lo que resultaba esencial de cara a que las partes pudieran revisar si su ponderación se ajustó a las reglas de la sana crítica racional y al principio de derivación. La misma suerte corre la cuantiosa prueba documental evacuada en debate, de la que siquiera mencionó cuál fue el valor asignado a ella. En concreto se echa de menos la ponderación de los informes del Ministerio de Ambiente y Energía de folios 1 al 6, 36 al 38, 45 al 46, 39 al 44, pese a que, en tales documentos se hacía referencia a la ubicación del terreno por coordenadas geográficas, gracias al levantamiento perimetral del área con la herramienta GPS Map, de acuerdo con el instrumento de posicionamiento global, coordenadas CRTM05, adjuntándose incluso un mapa del área de afectación, que se situó dentro del Parque Nacional Tortuguero. Incluso, se detalló que, “efectuado el estudio de las hojas cartográficas del mapa básico de Costa Rica, con escala 1:50:000 y en la capa digital de las Áreas Silvestres Protegidas del país del Proyecto Grúas II, en el Sistema de Información Geográfica del Programa de Patrimonio Natural del Estado en ACTo, con base en las coordenadas geográficas, en sistema de proyección para Costa Rica crtm05; datum CR05, Elipsoide WGS84 del informe a la Fiscalía de Pococí SINAC-ACT0-DASP-PNT-DE-013-2019 de fecha 18 de mayo de 2019, que dichos 23 pares de puntos de GPS describen una ubicación DENTRO DEL PARQUE NACIONAL TORTUGUERO, sector marino, creado según Decreto Ejecutivo N11235-A, del 24/09/70; la Ley Nº5680 del 13/11/75; Decreto Ejecutivo Nº11148-A del 15/02/80; Ley Nº6749 del 27/12/82; Decreto Ejecutivo Nº24428-MIRENEM del 26/07/95 y el Decreto Ejecutivo Nº27223-MINAE del 21/08/98, correspondiente a un aparente cambio de uso de suelo” (cfr. 36 del legajo principal). Tampoco se ponderó que ese mismo informe daba cuenta que los 23 puntos de coordenadas tomadas el día en que se ubicó al sindicado en el terreno, se localizaban dentro del Humedal Palustrino, según catalogación FID1465, pantano arbolado de palmas de yolillo y árboles de sangrillo y cativo, con un área de más de dos mil hectáreas, a su vez parte del Humedal Internacional RAMSAR, denominado Caribe Noreste, humedal de especial importancia internacional como hábitat de aves acuáticas; elemento de prueba que siquiera fue objeto del más ligero análisis y era relevante de cara a la tipicidad de la conducta acusada. Si el tribunal consideró que el inmueble no estaba dentro del Parque Nacional Tortuguero así debió explicarlo y motivar cada una de las razones en la que se sustentaba para desvirtuar le geolocalización realizada en el sitio con instrumentos tecnológicos y apartarse de ese criterio, nada de lo cual se hizo, de ahí que, lleva razón la parte en cuanto alega un examen deficitario de los medios de prueba. La determinación de si el terreno formaba parte de un parque nacional o de un área de protección era medular para de ahí, examinar si era posible una posesión en precario y/o una transmisión de título traslativo de dominio por parte del encartado, de cara a la naturaleza del bien, sin que el tribunal siquiera tomara en cuenta la diferencia de un bien de dominio público frente a uno privado, porque de ser estatal son bienes demaniales que son inalienables, imprescriptibles e inembargables, nada de lo cual fue objeto de estudio por el a quo. Denota esta cámara que se incurrió en otro error en cuanto al entendimiento y comprensión de la plataforma de hechos acusados, porque en ningún momento se le endilgó a [Nombre 001] haber dado orden de ingreso de tractores para remover tierra y colocar chatarra y escombros, acción que no se colige de la lectura cuidadosa de las dos piezas acusatorias que no le atribuyeron una acción como la señalada, denotándose así que una de las razones invocadas para absolver al sindicado no tiene relación directa con los sucesos bajo estudio, de ahí que es un argumento absolutamente ilegítimo. Incluso debe mencionarse que, al dar lectura de los considerandos quinto y sexto, denominado “Principio de correlación entre Acusación y Sentencia” y “Adecuación Típica”, se desprende que, aunque al inicio se hace mención al aquí sindicado, en realidad, las razones que se apuntan corresponden a otros hechos, seguidos contra una persona de apellidos [Nombre 006], que se le acusaba por haber construido una terrazas, fuera del área de protección del tipo penal como de un tanque de captación de agua, denotándose así que medió una grave falta de atención del juez, que utilizó partes de una sentencia de otro proceso, que ninguna relación tiene con los hechos relacionados al endilgado [Nombre 001], todo lo cual ha incidido en forma directa en la decisión arribada. Es por todo lo antes expuesto que se puede concluir que, luego de efectuar un examen integral la sentencia escrita venida en alzada, aquella carece de fundamentos adecuados para explicar de forma motivada la decisión adoptada, al constatarse un deficiente análisis intelectivo de las pruebas, por lo cual se impone acoger el recurso y disponer la nulidad absoluta de la sentencia venida en alzada, tanto en lo penal como en lo civil, ordenando el juicio de reenvío ante el mismo Tribunal, con distinta integración para que resuelva lo que corresponda en derecho.

III.- Como primer motivo alega inexistente fundamentación analítica e intelectiva. Pese a que, en etapa de conclusiones se solicitó que, de conformidad con el ordinal 140 del Código Procesal Penal se restituyera las cosas a su estado anterior, no se pronunció el tribunal en cuanto al derecho del Estado a ser restituido del derecho sobre las tierras, incumpliendo así con el deber de motivación, violentando el debido proceso e imposibilitando a las partes a la revisión crítica de la decisión que rechazó la petición. El vicio justifica la ineficacia total del fallo y la reposición del debate, lo que así solicita. Recurso de apelación del licenciado Andrés Alfaro Ramírez, en su condición de Procurador Penal. Como tercer motivo alega falta de fundamentación sobre el rechazo de la orden de restitución de las cosas a su estado anterior, a través del desalojo de las estructuras asentadas en el terreno objeto de la litis, el traslado y/o reubicación de los animales de granja, el desarraigo de cultivos y/o la regeneración natural del sitio, así como la limpieza de escombros. El tribunal únicamente se limitó en el por tanto a decir lo siguiente: "NO se restablecen las cosas a su origen, ya que corresponde en otra jurisdicción discutir la titularidad de la posesión del bien inmueble, en virtud de la resuelto en -la presente resolución." Es notorio que lo anterior carece de fundamentación, pues no se hace ningún análisis de fondo, más allá de la remisión a las partes a otra sede judicial, lo cual violenta flagrantemente el numeral 142 del CPP. Lo resuelto es además contradictorio con en análisis efectuado con respecto a la absolutoria y rechazo de la acción civil resarcitoria, ya que por un lado establece un derecho a favor del imputado, pero luego, establece la necesidad de discutir la titularidad del bien objeto de la litis en otra vía. Como se hizo ver en los anteriores motivos de impugnación, el tribunal partió de errores en la valoración intelectiva de la prueba y aplicó erróneamente la normativa bajo estudio, lo cual lo condujo a emitir una sentencia igualmente errada. Agrega que el tribunal de juicio eludió su deber de pronunciarse sobre la restitución, algo que debe darse de oficio y de manera objetiva, esto es al margen de se dictara o no una sentencia condenatoria, citando el voto del antiguo Tribunal de Casación Penal del II Circuito Judicial de San José, 2007-0964 de las 10:00 horas del 30 de agosto de 2007. Se obvió que, en apego al artículo 50 de la Constitución Política y 54 de la Ley de Biodiversidad: "Cuando exista daño ambiental en un ecosistema, el Estado podrá tomar medidas para restaurarlo, recuperarlo y rehabilitarlo." En ese entendido, lo que pretende el Estado es que se utilicen de manera justa y equilibrada los recursos naturales, a fin de garantizarle también a las futuras generaciones, el disfrute de ellos, con fundamento en el Derecho de la Constitución, así como en la preceptiva que a nivel legal especifica el tema de la tutela cautelar en materia ambiental, - verbigracia: los principios protector y pro natura, contenidos en la Ley de Biodiversidad- cuya necesaria e imperativa aplicación ha sido harto reiterado por la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional, en el voto 1250-1999, de las 11:24 horas del 19 de febrero de 1999 y también en la resolución número 199-2014 del 27 de marzo del 2014, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San Ramón. Si el Tribunal de juicio hubiese analizado y estudiado debidamente la petición de restitución de las cosas a su Estado anterior, tomando como base los antecedentes judiciales antes reseñados, así como los fundamentos legales invocados, hubiese dictado dicha medida en los términos referidos, ya que quedó absolutamente claro en el debate, independientemente de la responsabilidad penal y civil (que pensamos que sí podría existir), se acreditó la ocupación ilegítima de terreno que se encuentra dentro del Parque Nacional Tortuguero, sobre el cual no existe derecho alguno que así lo permita a favor de ningún particular, por cuanto ese fundo igualmente, antes de pasar a formar parte de dicha área protegida, es un bien estatal de dominio de dominio público, por tanto inalienable e imprescriptible. Solicita se declare con lugar el presente motivo y se anule el fallo, como el debate, ordenando una nueva sustanciación. Por encontrarse ambos reclamos vinculados al mismo reproche, se conocen de forma conjunta y se declaran con lugar: De la revisión integral del fallo se desprende que, en cuanto a la solicitud de restitución de las cosas a su estado anterior, en la parte dispositiva, el tribunal resolvió lo siguiente: “NO se restablecen las cosas a su origen, ya que corresponde en otra jurisdicción discutir la titularidad de la posesión del bien inmueble, en virtud de la resuelto en -la presente resolución.” (cfr. 210 frente del legajo principal). Llevan razón ambos recurrentes porque a lo largo del fallo el a quo omitió desarrollar del todo el fundamento para descartar tal solicitud, a pesar de tratarse de un aspecto medular del caso, toda vez que de conformidad con lo estipulado en los artículos 50 de la Constitución Política, 140 del Código Procesal Penal y artículo 103 del Código Penal, debió resolverse en la sentencia lo referente al restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho ventilado en esta sumaria, la que incluso puede ordenarse de oficio. Véase que incluso, aún y cuando se hubiera absuelto penalmente al acusado, no existe obstáculo legal alguno para conocer y decidir en torno a lo relativo al objeto material de la presente causa, el que está claramente vinculado con la regulación dispuesta en la Ley Forestal, de ahí que sea necesario establecer lo correspondiente en cuanto al inmueble que, se según la acusación podría ser de carácter demanial, a efecto de que se defina lo procedente en torno a disponer el restablecimiento de las cosas al estado anterior del evento que determinó el surgimiento de la presente causa, lo que podría implicar la necesidad del derribo de las obras. El tribunal estaba obligado a justificar su decisión, brindando al efecto los fundamentos probatorios y jurídicos que le condujo a rechazar la gestión, sin que se logre comprender por qué ha remitido a las partes a otra jurisdicción, que no precisa cuál, a discutir la titularidad de la posesión de bien inmueble, decisión que quebranta los deberes de fundamentación, previsto en el ordinal 142 del Código Procesal Penal, el cual estipula que las sentencias deben contener una fundamentación clara y precisa, expresando los razonamientos de hecho y derecho, base de la decisión del juzgador, con indicación del valor otorgado a los medios de prueba; sancionando con ineficacia la omisión de dicho requisito. Con base en lo expuesto y existiendo un interés público de por medio, resultando absolutamente procedente discutir y resolver lo atinente al restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho acusado por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, se acoge el reclamo planteado y se dispone la nulidad de lo resuelto en cuanto a ese extremo.

IV.- Como tercer motivo alega la fiscal errónea aplicación de la ley penal sustantiva e incorrecta fundamentación analítica e intelectiva. La fiscalía acusó la invasión a área de conservación, conforme al ordinal 58 inciso b, en relación con el 61, ambos de la Ley Forestal. El juez partió de un hecho falso, que el imputado adquirió un terreno en precario, a raíz de un título traslativo de la posesión previa y que era tolerado por el titular Japdeva, dejando de aplicar así la norma para concluir que no hay invasión “ni se detenta con su sola presencia en el lugar el derecho de posesión que sobre el terreno ostenta el estado”, criterio que respeta, pero, no comparte. Al desconocer que una carta venta privada no puede trasladar el dominio de posesión de un terreno del Estado, donde solo el titular legítimo puede otorgar derechos y, de hacerlo, sería por cesión. Solicita se acoja el motivo y se anule el fallo, ordenando el juicio de reenvío. Se omite pronunciamiento. Por razones de economía procesal y dada la forma en que se ha resuelto, se omite pronunciamiento respecto a este motivo.

V.- Recurso de apelación del licenciado Andrés Alfaro Ramírez, en su condición de Procurador Penal. Como primer motivo acusa fundamentación errónea y contradictoria valoración intelectiva de la prueba, que resulta contraria a las reglas de la sana crítica racional, la lógica y la experiencia común, gracias a un examen sesgado e incompleto de las declaraciones de cargo, respecto a las  manifestaciones de los testigos de la defensa, así como de las probanzas documentales, confiriéndole gran valor a unos documentos que no lo tienen, sin brindar una explicación para otorgarles tanta credibilidad, aseverando una duda sobre la ubicación del terreno donde acaecieron los hechos, Parque Nacional Tortuguero, sin justificación al respecto, como del presunto derecho de posesión del imputado, sin soporte jurídico. El tribunal consideró el hecho atípico, dejando entrever que el sindicado podría tener un derecho de posesión sobre la porción del terreno que ha venido ocupando desde hace varios años, situado en dicho parque, lo que constituye un grave error, porque no cabe duda de que se ubica dentro de un parque nacional y no existe posibilidad de un derecho de posesión derivada de una transmisión al margen del ordenamiento jurídico. Para llegar a estas erradas conclusiones, el tribunal de juicio primeramente, le restó credibilidad al dicho de los testigos Jorge Cedeño Calderón y Víctor Hugo Montero Navarro, quienes se mostraron seguros de que el imputado ha venido ocupando un terreno dentro del parque nacional, habitando en un casa de madera rústica con zinc y desarrollando actividad agropecuaria en el área aledaña, propiamente cultivos varios que datan de varios años, donde también existe una estructura dedicada a la cría de gallinas y cerdos en un área afectada de aproximadamente dos hectáreas. Ambos testigos indicaron que todas estas actividades, incluyendo la ocupación de viviendas, están prohibidas dentro de los parques nacionales, afectaciones que situaron a partir de los meses de mayo de 2019, aunque especificaron que las construcciones y tala de árboles que permitieron el desarrollo de actividades agropecuarias se venían desarrollando desde hace varios años. Los testigos al igual que Carlos Calvo Gutiérrez, coincidieron en que las construcciones y afectaciones descritas se ubicaron dentro del Parque Nacional Tortuguero, con base en las coordenadas tomadas con equipos de GPS- con un margen de error de 3 metros-, que, a su vez fueron comparadas con las coordenadas de dicho parque nacional, por lo que no había ninguna duda en cuanto a la presencia del imputado y del desarrollo de sus actividades productivas dentro de una zona protegida. También fueron claros los tres funcionarios que dicho parque nacional fue creado por ley en 1970 y que posteriormente fue ampliado por otros dos decretos de 1980 y en 1997. Los tres testigos, todos funcionarios del SINAC, refirieron que, en la segunda ampliación del parque, en los años noventa, fue clave el papel de la Fundación Neotrópica, quien fungió como intermediario, utilizando fondos donados al gobierno de Costa Rica para pagar las mejoras no las tierras, a los ocupantes y habitantes de los terrenos que, desde años atrás fueron inventariados para incorporar al parque y que habían sido inscritos desde hace muchos años a nombre de JAPDEVA. No obstante lo anterior, el tribunal de juicio le restó credibilidad al dicho de las personas en mención, al cuestionar que los dos primeros -Cedeño Calderón y Montero Navarro-, no pudieron precisar dentro de cuál de la ampliaciones del Parque Nacional Tortuguero se ubica el terreno ocupado por el imputado, aunque posteriormente se supo por medio del testigo Calvo Gutiérrez que, el terreno en discusión se ubica dentro de las tierras que fueron incorporadas al Parque Nacional en 1995 y se formalizaron en 1997, con la emisión de un decreto ejecutivo publicado en 1998, aspecto que, a su juicio no tiene mayor incidencia sobre la comisión de un delito por parte del imputado, ni sobre las consecuencias civiles derivadas del mismo, cual fue la existencia del daño ambiental por la sola presencia de construcciones que impiden la regeneración de un suelo sometido a cambio de uso de suelo, ya que el mismo corresponde a humedal, el cual está destinado solo a la conservación, lo cual excluye la posibilidad de habitar el sitio, darle mantenimiento a cultivos y mantener animales de granja, lo cual podría generar contaminación por las excretas de los animales que son depositados en los cuerpos de guas circundante al sitio. Tampoco el tribunal prestó suficiente atención al funcionario Carlos Calvo Gutiérrez, quien se refirió no solamente a la valoración y cuantificación del daño ambiental derivado de las acciones ilícitas efectuadas por el imputado, sino también a los antecedentes de creación del Parque Nacional Tortuguero, a sus ampliaciones de 1980 y 1997, aclarando que los terrenos que le pertenecen registralmente a JAPDEVA, que incluyen el terreno ocupado por el imputado, fueron incorporados al Parque Nacional en 1998 por el decreto del año 1997 y que pese a encontrarse a nombre de dicha institución, forman parte del patrimonio natural del Estado. Al mostrársele un plano de agrimensura, así como un plano catastrado presentado por el imputado, el testigo Calvo Gutiérrez reafirmó que el terreno estaba dentro del parque, que era parte de las tierras inscritas a nombre de JAPDEVA y que fueron incorporados al patrimonio natural del Estado, información que también es ratificada por la certificación ACTO-AL-364-2019, SINAC ACTO-PROCUHREH-CERT-2017 emitida por el Sinac Área de Conservación Tortuguero. El testigo afirmó contundentemente que, ninguno de los planos aportados al expediente (plano de agrimensura y plano catastrado), otorgan derecho alguno ni a ninguna persona, puesto que un plano de agrimensura no es más que un dibujo efectuado por un ingeniero topógrafo y que esto no tiene efecto alguno en el ordenamiento jurídico. Con respecto al plano que sí estaba catastrado, el funcionario fue sincero al decir que el mismo tiene un visado del MINAE y que ello no debió suceder, que evidentemente hubo un yerro al darse ese visado, sin embargo, fue claro al externar que ese visado es una especie de visto bueno para formalizar algún tipo de trámite o gestión posterior ante un ente gubernamental, pero, que eso no confiere ningún derecho de posesión o de dominio sobre el fundo, máxime que se trata de un terreno que no solo forma parte del parque nacional, sino que registralmente aparece todavía a nombre de JAPDEVA, que tiene la anotación de ser parte del patrimonio natural del Estado, lo cual no le permite a particulares hacer construcciones ni actividades como las que ha venido realizando el encartado. El tribunal le confirió una especial relevancia a las declaraciones de los testigos de descargo [Nombre 007], [Nombre 008] y [Nombre 009], quienes lejos de brindar versiones coherentes y creíbles, más bien denotaron con sus afirmaciones, un afán desmedido por favorecer al imputado, dando información imprecisa y que no ha sido corroborada de manera objetiva por ninguna institución del Estado, ni siquiera por alguna de las pruebas documentales que fueron allegadas al proceso. Cita un extracto de la declaración de la testigo [Nombre 007], de la cual se rescata que el imputado compró su terreno, en apariencia, a su ocupante anterior en el año 1998 y que él siguió viviendo en el sitio, algo que se refleja en las cartas privadas de compraventa aportadas al expediente, lo que no genera derecho alguno, puesto que el bien está inscrito a nombre de JAPDEVA desde hace muchos años atrás, tienen una anotación de patrimonio natural del Estado, lo que lo convierte en parte del demanio público, excluido del comercio. Por su parte en cuanto al testigo [Nombre 008] declaró conocer que el terreno en discusión tiene dueños desde 1977, cuyos nombres no precisó, pese a vivir en Casaverde, zona perteneciente al Distrito de Cariari de Pococí, que está considerablemente distante de Tortuguero, para de manera confusa aseverar que al imputado lo conoce de dicha comunidad (Casaverde), pero que él luego se fue a vivir a Tortuguero en 1988, sin que luego en el interrogatorio de la Fiscalía pudiera precisar por qué razón fijó esa presencia del imputado en Tortuguero para ese año, aspecto que no quedó consignado en la sentencia, pero puede ser corroborado en la grabación del debate. Luego indicó que él también vivió en Tortuguero desde el año 2001 al 2023, también reconoce que la Fundación Neotrópica estuvo en Tortuguero con las negociaciones, aunque dice que compró terrenos, algo que no es cierto, puesto que los terrenos al ser del Estado (JAPDEVA) no se compraron, solo se pagaron mejoras, tal y como lo dijeron los testigos de cargo, lo que denota aún más sus imprecisiones. También el testigo dijo que la negociación con la Fundación Neotrópica tuvo lugar aproximadamente en el año 2012, algo que conocemos no sucedió en esa época, sino muchos años antes, entre los años 1990 a 1995, pues ello dio pie a la segunda ampliación del parque nacional, formalizado en el decreto del año 1997 publicado en 1998, tal y como lo afirmó el testigo Carlos Calvo Gutiérrez. Recrimina que el fallo no contempla todas las preguntas y afirmaciones efectuadas al testigo [Nombre 008], a éste se le mostró un documento presentado por la defensa, que presenta dos tipos de letras distintos y que tenía una firma a su nombre. Al mostrarle ese documento escrito a mano con lapicero, reconoció su firma y número de cédula, pero aseguró no haber leído el documento y que él no lo confeccionó. Dicho documento aseguraba que el imputado había llegado a poseer el terreno objeto de la litis en el año 1998, o sea, 10 años después del momento histórico que había afirmado antes, sin lograr explicar esa circunstancia, lo cual denota un importante desconocimiento de los hechos y circunstancias sobre las que estaba declarando y, lo que es peor, que hacía evidente imprecisiones en que incurrió así como información falsa, claramente para favorecer al imputado, razones todas que le restan credibilidad casi que por completo. Hace ver que este testigo al finalizar su declaración regresó al estrado para hablar con el imputado y el defensor, luego se devolvió y afirmó que necesitaba dinero para el taxi, mostrando el imputado nerviosismo y sacó de su billetera un billete para entregarlo al testigo que lo aceptó, testigo que se recibió con premura porque tenía que entrar a trabajar, pero, al ser identificado, dijo ser desempleado. En su opinión, todos estos aspectos permiten dudar sobre la veracidad de las manifestaciones del testigo, las cuales incluso contradicen la prueba documental aportada por la defensa, tanto en la entrevista informal que quedó plasmada en el documento anteriormente comentado, como en la compraventa privada del fundo, donde se deriva que el imputado nunca llegó al sitio del litigio en los años ochenta, sino a partir de 1998. Cuestiona que el tribunal considerara que el imputado tenía un presunto derecho de posesión, a partir de la ponderación elementos de prueba débiles y anfibológicos, tales como la declaración de la señora [Nombre 009]. Dicha testigo presentó una total imprecisión de la ubicación temporal de los hechos, ya que incluso intentó referenciar los hechos al momento en que se comenzó a brindar el servicio eléctrico en la zona, sin éxito. Incluso narró acerca del cobro de alquileres de tierras por parte de Japdeva y que la misma dejó en abandono esos terrenos, pues dejo de cobrarles esos montos y que, también entregaba papeles a los ocupantes o arrendatarios, dejando entrever que cada persona interesada podría legalizar su situación. Sobre lo anterior, explica que no existe prueba alguna de que JAPDEVA hiciera cobros, arrendara esas tierras y mucho menos que entregara documentos para trasmitir la titularidad de estos o para derivar un derecho de posesión a favor de persona alguna, de ahí que no existe fuente normativa o fundamento para verificar o respaldar esta aseveración. Nótese que la testigo en mención indicó que Fundación Neotrópica estuvo hace años en la zona negociando con los ocupantes, sin embargo, de manera errónea al igual que los demás testigos de la defensa, indicó que se pretendía pagar terrenos, algo que es absolutamente falso, pues lo que se hizo esa Fundación fue acordar pagos con referencia a las mejoras que los ocupantes habían hecho sobre los terrenos, ya que no correspondía hacer pago alguno por terrenos pertenecientes al Estado (JAPDEVA). Reitera que el fundo del imputado corresponde al Parque Nacional Tortuguero y registralmente se localiza en el partido de la Provincia de Limón, folio real número 96658, derecho 000 a nombre de JAPDEVA, bien de dominio público. Manifiesta como antecedente que, a través de la Ley N° 9205 del 23 de diciembre de 2013, ratificaba por un lado que la finca de folio real número 96658, derecho 000, inscrito a nombre de JAPDEVA, es un bien de dominio público, no obstante, se pretendía reconocer derechos a las personas que ocupaban terrenos ubicados dentro de dicha finca, para lo cual se desafectada el inmueble, a fin de que cada persona que estimara contaba con derecho a titular el fundo que venía ocupando, realizara el trámite de acuerdo con los alcances de la Ley de Informaciones Posesorias. No obstante, lo anterior, la referida norma fue declarada inconstitucional por la Sala Constitucional, mediante el voto N° 2375-2017 de las 10:40 15 de febrero de 2017. Esto viene a desmentir por completo la entrega de títulos de propiedad por parte de JAPDEVA y ratifica que los terrenos inmersos en el inmueble ya citado -como lo es el fundo que ocupa el imputado- son bienes de dominio público de carácter inalienable e imprescriptible, que además se encuentran incluidos dentro del patrimonio forestal del Estado, de acuerdo con el numeral 13 de la Ley Forestal, que impide cambiar el uso de la tierra de los inmuebles. Resalta que gracias a la prueba testimonial de cargo y de los informes del SINAC SINAC-ACTO-DASP-PNT-DE-013-2019, además de las ampliaciones números SINAC-ACTO-AL-347-2019, SINAC-ACTO-DASP-PNE-049, SINAC-ACTO-AL-377-2019, el terreno ocupado por el imputado tiene una limitación de uso del suelo adicional, ya que pertenece a una zona de humedal, destinada por ley y convenios internacionales entre RAMSAR, a la conservación exclusivamente, lo que excluye por completo el desarrollo de actividades agropecuarias. Es por todo lo expuesto que estima que la decisión del tribunal carece de una adecuada fundamentación, a partir de un estudio sesgado de la prueba, obviando que cerca del terreno ocupado por el imputado, se ubica la Zona Protectora Tortuguero, figura que si bien es una figura distinta de la Parque Nacional, permite el desarrollo de otras actividades y usos de la tierra, pero, no corresponde al sitio donde se asienta el terreno de la litis, por lo que cualquier reflexión al respecto está demás, al no tener relación con el proceso de marras. Esta errónea derivación, fue uno de los argumentos empleados por el tribunal para afirmar que había duda sobre la ubicación del lugar dentro del parque nacional, lo que es un desacierto ya que los informes del Sinac y los mapas anexos a dichos insumos, sumado a las declaraciones testimoniales rendidas en juicio, permiten concluir que los funcionarios del SINAC tomaron coordenadas con equipos GPS para localizar el terreno en discusión, que fueron comparados con sistemas de información entre ellos el SNIT (Sistema Nacional de Información Territorial) y mapas y hojas cartográficas, dando como resultado que la totalidad del fundo ocupado por el acriminado se encuentra dentro del Parque Nacional Tortuguero, sin que exista ningún elemento probatorio que resulte capaz de generar incertidumbre al respecto. Otro de los argumentos del Tribunal de juicio para fundar el estado de duda favor del acriminado y dictar la sentencia absolutoria y declarar sin lugar la acción civil resarcitoria, es la presunta ruptura del principio de correlación entre acusación y sentencia, ya que se señala que, de acuerdo con los testimonios y la prueba documental, las actividades de cambio de uso del suelo, así como las construcciones eran de vieja data, mientras que el espacio temporal de los requerimientos acusatorios y civiles ubicaron las actividades atribuidas al imputado entre 17 de mayo al 05 de diciembre del año 2019, lo cual impedía configurar el delito de invasión al Parque Nacional Tortuguero. Si bien es cierto no resultó posible acreditar que el imputado haya edificado las estructuras asentadas en el terreno que ocupa y que, el cambio de uso de suelo por la eliminación de vegetación para establecer cultivos y criar animales de granja lo hubiera iniciado él, pues esto lleva años, no hay duda que, para las fechas referidas y en la actualidad, el acriminado ha permanecido en el sitio, habitando la edificación destinada a vivienda, dándole mantenimiento a la misma y desarrollando actividades productivas, cría de animales y agricultura en un terreno que se encuentra en su totalidad dentro del Parque Nacional Tortuguero, lo que sin duda configura la ilicitud de invasión un área de conservación, conforme lo regula el numeral 58 inciso a) de la Ley Forestal. Enfatiza que al justiciable se le endilgó no solo la construcción de las edificaciones, sino además la realización de todos los actos posesorios que ha venido realizando en el sitio, vivienda y actividades agropecuarias, es decir, la detentación y ocupación de un terreno ubicado dentro del Parque Nacional Tortuguero, que por su naturaleza no permite dicho uso ni la permanencia en el lugar, de ahí que resulta evidente que con las imputaciones del Ministerio Público y de la Procuraduría, no se vulnera en modo alguno el principio de correlación entre acusación y sentencia, como equivocadamente lo externó el tribunal sentenciador. El tercer elemento que invocó el tribunal para intentar fundamentar la sentencia absolutoria a favor del encartado, lo fue la consideración de que el imputado no pudo haber invadido el Parque Nacional Tortuguero por haber ejercido el derecho de posesión del terreno en discusión, que adquirió a través de una compraventa efectuada con el anterior propietario. Esta justificación del tribunal, no es de recibo por cuanto tal y como se dijo anteriormente, el terreno objeto de la litis pertenece al Parque Nacional Tortuguero y se encuentra dentro de una finca inscrita a nombre de JAPDEVA, constituye un bien de dominio público, imprescriptible e inalienable, excluido del comercio de los hombres, no pudiendo ser objeto de apropiación por parte de particulares, de ahí que no podría legitimarse ningún acto de posesión aunque se haya realizado por más de 10 o más, sino todo lo contrario, se configura una actividad de permanencia ilegítima en un inmueble destinado a la conservación y que forma parte del Parque Nacional Tortuguero, que al ser un bien demanial nunca podría generar derecho de posesión o titularidad a favor. Considera incomprensible que se tenga por sentado la existencia de un derecho de posesión a favor del acriminado, ya que no existe prueba alguna que lo demuestre, máxime que la prueba recabada en su conjunto permite establecer sin duda alguna la presencia ilegítima del imputado dentro del Parque Nacional Tortuguero, que, con el desarrollo de actividades agropecuarias, ha causado daños al ambiente. Si el imputado estima que a su favor existe un derecho de posesión, o incluso que él es el legitimo propietario del terreno, debe entonces plantear la acciones legales que estime convenientes ante las instancias judiciales correspondientes, ya sean los tribunales agrarios o bien, la jurisdicción contenciosa administrativa, sin embargo, esto a la fecha no ha sucedido (al menos no existe evidencia al respecto), por lo que tampoco podría ponderarse la existencia de prejudicialidad, de ahí que no existe a su juicio situación que impida derribar el estado de inocencia del imputado, para establecer su culpabilidad por el delito que se le viene atribuyendo, así como declarar con lugar la acción civil resarcitoria incoado por ésta Procuraduría, para reclamar el resarcimiento por el daño ambiental derivado de las acciones ilícitas cometidas por el acriminado. En razón de lo expuesto, solicita se declare con lugar la presente gestión recursiva en lo tocante al presente motivo, se declare la ineficacia de la sentencia recurrida por la existencia del vicio evidenciado y se disponga el reenvío ante el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Pococí, para que con una nueva integración y en otro debate, analice nuevamente el asunto en forma integral, emitiendo una nueva sentencia fundamentada acorde con las reglas de la sana critica racional, la lógica y la experiencia común y con los numerales 142 y 184 del mismo cuerpo legal. Como segundo motivo alega errónea aplicación de los artículos 13 y 58 inciso a de la Ley Forestal, en correlación al 16 de la Ley de creación del Parque Nacional Tortuguero en el transitorio segundo de dicha ley. El tribunal pasa por alto el concepto de patrimonio natural del Estado, el cual conforman entre otros, los terrenos forestales inscritos a nombre del Estado, instituciones autónomas y municipalidades. En este caso, el terreno que ha venido ocupando el imputado se ubica dentro del Parque Nacional Tortuguero, a partir del año 1998 (segunda ampliación), pero dentro de la finca que registralmente se encuentra inscrita a nombre de JAPDEVA. En consecuencia, dicho inmueble integra parte del patrimonio natural del Estado, por lo que no es susceptible de apropiación privada. Al establecer el tribunal la adquisición de un derecho de posesión o incluso titularidad del fundo, por parte del acusado, lo hizo pasando por alto que no era legalmente posible, puesto que los bienes de dominio público no pierden ese carácter por el transcurso del tiempo o por la mera tolerancia de la ocupación por parte particulares, ni tampoco modifican o menoscaban el destino y uso de esos bienes, que siempre estarán para el uso público, a menos que sea desafectado, lo que no ha ocurrido en este caso. De igual forma, determinó la posibilidad de que el imputado hubiera consolidado un derecho de posesión, en virtud del otorgamiento de títulos de propiedad por parte de JADEVA, con relación a fundos comprendidos dentro de la finca inscrita a su nombre, bajo el folio real número 96658, derecho 000 a nombre de JAPDEVA y que, para 1975 no formaran parte del Parque Nacional Tortuguero y que eso incluía los terrenos ocupados por el justiciable. Debe reconocerse que, de acuerdo con la Ley de Creación del Parque Nacional Tortuguero N° 5680 del 3 de noviembre de 1975), en el numeral 16 le confirió a JAPDEVA la posibilidad de regular el uso de la tierra y el aprovechamiento de todos los recursos naturales, dentro de los terrenos que, para ese año 1975 no conformaban parte del Parque Nacional Tortuguero, sin embargo, ello lo hizo siempre que se cumplieran los requisitos del transitorio II de dicha ley la cual dice en lo conducente: "Transitorio II.- JAPDEVA, previa consulta con el ITCO, en el término de un año procederá a entregar títulos de propiedad debidamente inscritos en el Registro Público a todos los ocupantes de fincas rurales de los pueblos que se encuentren en la zona delimitada en el artículo 16 -exceptuando a los que estén dentro de los límites del Parque Nacional de Tortuguero- que reúnan los requisitos que establece la Ley de Informaciones Posesorias (...)”. De acuerdo con dicha norma, JAPDEVA debía hacer las respectivas inscripciones a nombre de todos aquellos que, previa consulta con el ITCO, posteriormente conocido como IDA y actualmente INDER (Instituto de Desarrollo Social) y cumplieran con las prescripciones de la Ley de Informaciones Posesorias, estableciendo un plazo de un año para tal efecto, sin embargo, esto nunca llegó a ocurrir. En todo caso, sostiene que la obligación de JAPDEVA de entregar títulos, requería dos situaciones previas, primero el visto bueno del ITCO (ahora INDER) y, por otra parte, la realización de un trámite de información posesoria cumpliendo los requisitos establecidos en dicha legislación, algo que dependía de la persona interesada y que a la fecha no consta que se haya hecho. El justiciable no ha demostrado la constitución de derecho alguno a su favor, ya que no ha presentado documentación alguna de JAPDEVA, que haga alusión al otorgamiento o reconocimiento de alguna facultad o atribución en ningún terreno, tampoco ha presentado prueba alguna que acredite que las personas que, en apariencia ocuparon el fundo objeto de la litis antes que él -[Nombre 011] y [Nombre 012]- hayan cumplido con lo anterior, de manera que no es posible derivar derecho de posesión o de propiedad que de ellos derive a favor del acriminado. Lo único que existe es una vaga referencia hecha en juicio por una testigo, la cual por cierto no tiene respaldo alguno. No se demostró ni se aportó prueba para establecer ese supuesto derecho de posesión del fundo objeto de la litis, pese a lo cual, el tribunal de juicio sí lo tuvo por demostrado para fundar la absolutoria e incluso, rechazó la restitución de las cosas a su estado anterior porque la titularidad del inmueble debe discutirse en otra sede judicial, lo cual contradice totalmente las razones dadas para exonerar penalmente y declarar sin lugar la acción civil resarcitoria. Igualmente, el tribunal sentenciador, haciendo una aplicación forzada y errada del numeral 58 inciso a), sostuvo que dicha ley rige a partir de los años 90 (a partir de 1996) y que, aún asumiendo que hubo invasión al Parque Nacional Tortuguero (como en efecto ocurrió), no podría haber delito, ya que el imputado derivó la posesión que había iniciado [Nombre 011] desde los años ochenta, supuestamente a partir de 1987 y luego [Nombre 012] hasta el traspaso de las tierras. Esta conclusión a su juicio es completamente desacertada, ya que solamente doña Letvia en apariencia ocupó el terreno objeto de la litis, cuando no existía la figura delictiva de invasión al Parque Nacional Tortuguero, caso distinto a los señores [Nombre 012] y el acriminado, quienes permanecieron y han permanecido en el sitio a partir de la vigencia de la Ley Forestal, sin ninguna justificación. En todo caso, estima que la reflexión hecha sobre el particular por el tribunal resulta desafortunada porque la constitución de derechos reales a favor de particulares sobre un inmueble de carácter demanial no procede y, en segundo término, porque no se está juzgando en este caso las acciones atribuidas a los señores [Nombre 011] y [Nombre 012], sino solamente del imputado. Si el juez hubiera valorado integralmente las probanzas recibidas en juicio y aplicado e interpretado de manera correcta la normativa habría tenido por demostrado el delito de invasión al Parque Nacional Tortuguero y consecuentemente, hubiese acogido la acción civil resarcitoria incoada por el Estado. El fallo lesiona la tutela judicial efectiva al generar impunidad, así como el numeral 50 de la Constitución Política que garantiza un derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de todos los habitantes, el cual quedó desprotegido al autorizar actividades que lesionan los fines del Parque Nacional Tortuguero, al autorizar el ejercicio de actividades agropecuarias que son contaminantes e incompatibles con la existencia de dicho parque nacional. Solicita se declare con lugar el motivo y se declare la ineficacia de la sentencia recurrida, disponiendo el reenvío para una nueva sustanciación. Se omite pronunciamiento. Por razones de economía procesal y dada la forma en que se ha resuelto, se omite pronunciamiento respecto a los otros motivos del recurrente.  

POR TANTO:

 Se declara con lugar el primer y segundo motivo del recurso de apelación presentado por la licenciada Yorleny Ching Cubero, en su condición de fiscal del Ministerio Público, al igual que el tercer motivo del recurso incoado por el licenciado Andrés Alfaro Ramírez, en su condición de Procurador Penal y, en consecuencia, se anula integralmente la sentencia impugnada, ordenando el juicio de reenvío ante el mismo Tribunal, con distinta integración, a fin de que celebren debate oral y público y resuelvan lo que corresponda en derecho. NOTIFÍQUESE.-

 

 

 

 

Alejandra Valenciano Chinchilla

 

Edwin Esteban Jiménez González                                       Giovanni Mena Artavia

Jueza y jueces de apelación de sentencia penal

 

 

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 - pág.: 1

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 06:27:24.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**RESULTANDO:**

**I.-** Whereas, through judgment number 296-2024 at eleven forty hours on April sixteenth, two thousand twenty-four, the Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, resolved: "THEREFORE: Pursuant to the foregoing and articles 8.2 of the American Convention on Human Rights, 39 and 41 of the Political Constitution, 1, 9, 142, 184, 360, 361, 363 to 366 of the Code of Criminal Procedure; 1, 30, 31, 45, 227 subsection a) of the Criminal Code, articles 58 subsection a) and 61 subsection c), as well as article 1045 of the Civil Code. resolves: By majority vote, in application of the Universal Principle of In Dubio Pro Reo, the defendants [Name 001] are ACQUITTED of all penalty and responsibility for a CRIME OF INVASION OF A PROTECTED WILD AREA IN IDEAL CONCURRENCE WITH A CRIME OF USURPATION OF PUBLIC DOMAIN PROPERTY that has been attributed to them as committed to the detriment of natural resources. The costs of the criminal process are to be borne by the State. The civil action for damages filed by THE ATTORNEY GENERAL'S OFFICE OF THE REPUBLIC against the civil defendant [Name 001] is dismissed in all its aspects. The complaint filed by THE ATTORNEY GENERAL'S OFFICE OF THE REPUBLIC against the civil defendant [Name 001] is dismissed in all its aspects. Since there was a plausible reason to litigate, the civil actions for damages are resolved without a special award of costs, and each party must bear the personal costs, as well as the procedural costs they may have incurred. Let any precautionary measure against the accused and civil defendant cease. The things are NOT restored to their original state, as the titling of possession of the real property must be discussed in another jurisdiction, by virtue of what has been resolved in this resolution. This sentence is issued by MSc. Juan Carlos Jiménez Marín. Trial Judge. UPON READING, NOTIFY". (sic)

**II.-** Whereas the MSc Yorleny Ching Cubero, representing the Public Prosecutor's Office, filed an appeal against the above decision.

**III.-** Whereas, after the respective deliberation was verified in accordance with the provisions of article 465 of the Code of Criminal Procedure, the court considered the issues raised in the appeals.

**IV.-** Whereas the relevant legal prescriptions have been observed in these proceedings.

Judge of the Criminal Sentence Appeals Court Valenciano Chinchilla authors this; and,

**CONSIDERANDO:**

**I.-** Through the brief visible on folios 212 to 219, received on May 2, 2024, attorney Yorleny Ching Cubero, in her capacity as prosecutor for the Public Prosecutor's Office, filed an appeal against the written judgment No. 296-2024, of the Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, at 11:40 hours, on April 8, 2024, by which the accused was acquitted of the crime of invasion of a protected wild area and usurpation of public domain property, dismissing in all its aspects the complaint and the civil action for damages filed, without a special award of costs as there was a plausible reason to litigate, also rejecting the restoration of the things to their prior state. Likewise, attorney Andrés Alfaro Ramírez, in his capacity as Criminal Attorney, also appealed the ruling, through the appeal brief visible on folios 221 to 233 of the main file, submitted on May 6, 2024. In this case, full compliance with the objective and subjective impugnability prerequisites has been verified, and it is also evident that both appeals were duly submitted in time and form. Accordingly, the challenges are admitted, and we proceed to hear the grievances. Attorney Wilberth Picado Portuguez, in his capacity as private defense counsel for the accused, responded to the challenges, through a brief visible on folios 239 to 240, requesting that the appeals be dismissed because the judgment is in accordance with the law.

**II.-** In order to resolve the claims in a logical manner, they are heard in an order different from that proposed by the appellants. Appeal of attorney Yorleny Ching Cubero, in her capacity as prosecutor for the Public Prosecutor's Office. As a second ground, she alleges the defect of incorrect and insufficient analytical and intellective reasoning. The judge failed to evaluate the statements of the witnesses received at trial to give content to his reasoning. Instead, he stated that they lied, without explaining on what basis he made that affirmation or conclusion, questioning why he did not order a piece of testimony for false testimony. The judge started from false assessments, set aside basic knowledge of law, specifically that, being State property, they are by nature imprescriptible, inalienable, and the only way to hold a right over them is through a concession and not, through a transfer of domain, or an assignment of a right of possession. The right to a deed of sale (carta venta) as a legal instrument for the transfer of goods or rights is not denied, but, being a State right of bare ownership, its possession is inalienable, and some right can only be exercised through legal authorization, such as a concession, which is not the case. The judge considered that the accused did not invade the land in dispute because he did so by possession and continued exercising it, ignoring the State nature of the property, which cannot be held by simple private possession, an arbitrary position contrary to law. It is also contradictory that he gave him the “totality of capacities to hold possession through private possession” but, at the same time, stated that it arose from a title transferring domain (título traslativo de dominio) which is insufficient to create registry effects, granting it a diffuse value by stating that it is “a pseudo-domain of the properties” in the rural areas of the country, which by custom is transmitted through notarial documents. He dismissed the existence of environmental damage (daño ambiental) because there was no invasion, despite having it as proven that the accused still remains within the land in dispute (litis) and even carries out agricultural work, and there are buildings in a State protection area, considered a protected wild area, either partially through the decree of the Tortuguero National Park or, alternatively, by being within the protection zone area. The environmental damage was dismissed because there was no invasion and for being of agricultural use, without respecting the provisions of the Biodiversity Law and the management categories which in no way authorize agricultural use, ignoring in the judgment the SINAC report on environmental damage. He concluded that not even the SINAC officials themselves are clear about the true location of the land in question, whether it is within the protection zone area or the national park, ignoring all the geo-referenced location reports SINAC-ACTO-DASP-PNT-DE-013-2019, SINAC-ACTO-AL347-2019, SINAC-ACTO-DASP-PNBE-049, SINAC-ACTO-AL-364-2019 and SINAC-ACT-ROCUHREH-CERT-107 which precisely located the land in litigation. He also started from false premises, arriving at fallacies, and illusory conclusions that, had he given value to the evidence, would have allowed a different decision to be reached, partly due to the pretermission of evidence, which was evaluated independently and incompletely, as well as erroneously. The ground is upheld: Firstly, and for a better understanding of what has been resolved, it is necessary to transcribe the factual platform attributed to the accused: “1- Without determining the exact date and time, but during the period from May 17, 2019, to December 5, 2019, in Limón, Pococí, Colorado, Tortuguero, in front of the Cerro Tortuguero dock, between the geographic coordinates N 1169555 - N 1169835 and E 551454 - E 551719, the accused [Name 001], aware of his illicit conduct, without having a title of acquisition and without a right of possession, invaded and occupied the space of the protected wild area called Tortuguero National Park, in that he remained living in a dwelling house, made of wood and zinc sheets, 5 meters wide and 8 meters deep, for a total of 80 square meters, with a structure made of wood of 9 square meters intended for poultry production and a dock made of wood and zinc sheets of 20 square meters; all without having the authorization of the State Forest Administration. 2- With these actions, the accused [Name 001], caused environmental damage at the scene of the events, since buildings are not permitted at the site, \"valued at the sum of 5,902,314.55\" (cf. 49 reverse of the main file). For its part, the Attorney General's Office of the Republic accused the following sequence: “FIRST: Without being able to determine the exact date and time but during the period from May 17, 2019, to December 5, 2019, in Limón, Pococí, Colorado, Tortuguero, in front of the Cerro Tortuguero dock, between the geographic coordinates N1169555-N1169835 and E551454-E551719 the accused [Name 001], knowing that he had no permit whatsoever, and that the lands located within Tortuguero National Park form part of the natural heritage of the State has carried out acts constituting invasion by maintaining, enabling and inhabiting a dwelling built in wood and zinc sheets, with a measurement of five meters wide and eight meters deep, for a total of eighty square meters, with a structure composed of wood of nine square meters, intended for poultry production and a dock composed of wood and zinc sheets with a measurement of twenty square meters. SECOND: The damage caused by the accused [Name 001], caused detriment to the ecosystem of Tortuguero National Park, since where the invasion takes place is class VIII, which means lands suitable for the preservation of flora and fauna, genetic reserve and scenic beauty, likewise the affected area is cataloged and denominated a RAMSAR wetland of international importance, especially as a habitat for aquatic bird species. On the other hand, it is worth highlighting that this being a protected wild area whose primary purpose is the preservation of wildlife and scenic beauty, an invasion implies a strong alteration to these elements, particularly the latter since it produces a negative visual impact on the visitor who pays for the observation of nature as such and also for the alteration of the natural balance especially in the birdlife which is the most affected. Likewise, another series of factors can be mentioned that suffer an environmental affectation such as the irreversible change in ecological microclimates; alteration of niches and habitats of aquatic flora and fauna species, loss of substrate for native species, loss of flora and fauna species with very high medicinal value and imbalance in the natural control of aquatic bodies. Therefore, the valuation of the environmental damage has been established at the prudential sum of C1,000,000.00 (one million colones).” (cf. 124 to 125 of the main file). The court acquitted the defendant, pointing out that the evidence prevented concluding the accusatory theory with the necessary degree of certainty, for the following reasons: i) It was not demonstrated that the property of this dispute (litis) belonged to the Tortuguero National Park area, as was indicated in the accusation; ii) The accused had a title transferring domain (título traslativo de dominio), where the possession of the property was transmitted to him; iii) The defendant “without had the authorization of the state forest administration” (sic); iv) No environmental damage has been caused, since the farm continued developing the activity for which the original possessor transferred it to him; v) The defendant was attributed with having given “the order for tractors to enter said property whose purpose was to remove the earth and thus extend the property to place waste of scrap and debris at the end of it, an action that does not imply, comprise or carry with it the construction of the terraces which is the objective action for which they later request the conviction of the accused. In effect, the factual imputation must be detailed, clear, precise, such that the accused knows it and can defend against it. This entails that the action must be clearly described in the imputation, and not that it is surprisingly attempted, at the end of the trial, to complement it with facts that the accuser may wish to give it” (cf. 205 reverse of the main file). With respect to the first aspect, the location of the real property in question, the court made the following statement, which is transcribed in extenso: “We thus have that facts 1 and 2 were not demonstrated by the Public Prosecutor's Office, it was not demonstrated that the property of this dispute belonged to the Tortuguero National Park area, as was indicated in the accusation. The accused had a title transferring domain, where the possession of the property was transmitted to him. The accused without had the authorization of the state forest administration. No environmental damage has been caused, since the farm continued developing the activity for which the original possessor transferred it to him. As a relevant fact accused, and not proven in this judgment, there is talk of the invasion of a protected wild area called Tortuguero National Park, an invasion that did not exist since the accused entered by possession and continued exercising the possession, giving the land the use for which he acquired the property. At the time the possession of the lands here in dispute is given said land does not form part of the Tortuguero National Park, which in its creation did not contemplate the accused’s property, even for this court with the evidence presented, up to this moment it does not know with certainty which of the expansions the park underwent corresponded to the property the accused possesses. That imprecision incurred prevents the court from confirming that the invasion occurred in circumstances of perpetrators or responsible parties thereof, when specifically it would have happened in order to guarantee the accused the guarantee of correlation between accusation and judgment, that is, if the invasion occurred from May 17 to December 5, 2019. Likewise, it cannot be determined if it was the accused who carried out the alleged invasion or if the accused continued exercising the possession of a third party. It could not be demonstrated that the accused carried out the construction of the buildings indicated in the accusation. Those constructions could perfectly have been carried out by third parties, or by previous owners, or by whom specifically, but essentially it prevents establishing if it occurred within the protection area. In that sense, we have that a conviction for invasion of a National Park cannot be sustained on the sole affirmation of the witnesses that the national park exists there, especially if they do not manage to detail on what approximate dates those invasions occurred, or whether or not they occurred within the national park area. In this sense, it is worth adding, the confusion existing in the mentioned witnesses about which area is protected by the criminal type investigated here was notorious, confusion which with respect to where the land is properly located, The witness JORGE CEDEÑO CALDERÓN, stated that the land is properly in the national park. It cannot be established who made the land-use change (cambio de uso), rather it is indicated that the land-use change had already been done (see statement of Witness Jorge Cedeño Calderón) The possessed land is not located in the Tortuguero National Park but in another legal figure called a conservation area, which prevents the court from granting credibility to the filed complaint, since what was reported, of invasion of a national park land does not coincide with the real location of the land in dispute, there are serious doubts that the land is among those covered as a protected wild area in accordance with section 58 subsection a) and 61 of the Forestry Law (Ley Forestal), but also credibility that the logging described actually occurred within the fifty-meter area established by article 33 of the Forestry Law. It is because of this reasonable doubt regarding that invasion within the protected area that it corresponds, in attention to the universal principle of doubt, and the procedural principle of indubio pro reo, to acquit the accused. The possession of the accused has been tolerated by the state for more than twenty years, this because the accused formally took possession of it from the year 1998, prior to said possession there already existed another possession by the person who transmitted his right to him, therefore there is no variation in the state of the natural resources of the land. The accused has continued carrying out agricultural activities on the farm, just as was done prior to 1998. It is determined with documentary evidence that the accused’s property did not correspond to the lands that the Neotrópica Foundation donated to the state, so that they would form part of the Tortuguero National Park. The lands that the Neotrópica Foundation bought were not adjacent to the channels of the national park, there are other lands that are adjacent to the channel, without these forming parts of the donations of the Neotrópica Foundation. The accused [Name 001], has not carried out any invasion, on the contrary, he bought the possession of a property, which he has continued exercising as owner’s possession” (cf. 203 reverse to 204 reverse of the main file, literal transcription). The court's reasoning is not only confused but contradictory regarding a core and essential point for the resolution of the case, which is whether or not the land in discussion formed part of the Tortuguero National Park or of a protection area, the elucidation of this element being key, in light of the accusatory theory. First, the judge dismissed that the land was situated within said national park, basing himself on the fact that the defendant had a title transferring the possession of the property, but later, and contradictorily, he asserted that it does form part of it, although not since its creation, but with some of the expansions, without establishing in which of them it was incorporated. He then maintained that the conviction could not be sustained on the sole affirmation of witnesses that “there is a national park there,” alleging a confusion in them, omitting to specify their identity, which is even more incongruous if he later asserted that Jorge Cedeño Calderón stated that the land was within the national park. The court's decision lacks valid grounds that allow understanding the scope of its reasoning, being confused and contradictory, to the point that its decision cannot be fully understood. Furthermore, the judgment reveals another defect in reasoning due to the pretermission of essential evidence, failing to evaluate not only the statements of the witnesses Jorge Cedeño Calderón, Víctor Hugo Montero Navarro and Carlos Calvo Gutiérrez, all officials in charge of the care and patrol of Tortuguero National Park, who were clear and emphatic that they not only know the site, but are clear about its limits as an extension, which allowed them to determine that the defendant was living within the park, without their versions being weighed, despite the fact that they were extensive in explaining how they arrived at such certainty and mentioned that they used a series of geolocation instruments that allowed location so precise that the margin of error was about three meters, approximately. The judge omitted to weigh their versions and if he did, he forgot to explain whether or not he believed them and, if so, the reasons for dismissing their merit, which was essential so that the parties could review whether his weighing was adjusted to the rules of sound rational criticism and the principle of derivation. The same fate befalls the copious documentary evidence produced at trial, of which he even mentioned what value was assigned to it. Specifically, the lack of weighing of the reports from the Ministry of Environment and Energy from folios 1 to 6, 36 to 38, 45 to 46, 39 to 44 is missed, despite the fact that, in such documents, reference was made to the location of the land by geographic coordinates, thanks to the perimeter survey of the area with the GPS Map tool, according to the global positioning instrument, CRTM05 coordinates, even attaching a map of the affected area, which was situated within Tortuguero National Park. It was even detailed that, “once the study of the cartographic sheets of the basic map of Costa Rica was carried out, with a scale of 1:50,000 and in the digital layer of the Protected Wild Areas of the country of the Grúas II Project, in the Geographic Information System of the Natural Heritage of the State Program in ACTo, based on the geographic coordinates, in the projection system for Costa Rica crtm05; datum CR05, WGS84 Ellipsoid from the report to the Pococí District Attorney's Office SINAC-ACT0-DASP-PNT-DE-013-2019 dated May 18, 2019, that said 23 pairs of GPS points describe a location WITHIN TORTUGUERO NATIONAL PARK, marine sector, created according to Decreto Ejecutivo N11235-A, of 09/24/70; Ley Nº5680 of 11/13/75; Decreto Ejecutivo Nº11148-A of 02/15/80; Ley Nº6749 of 12/27/82; Decreto Ejecutivo Nº24428-MIRENEM of 07/26/95 and Decreto Ejecutivo Nº27223-MINAE of 08/21/98, corresponding to an apparent change of soil use” (cf. 36 of the main file). Nor was it weighed that the same report noted that the 23 coordinate points taken on the day the defendant was located on the land, were located within the Palustrine Wetland, according to cataloging FID1465, wooded swamp of yolillo palms and sangrillo and cativo trees, with an area of more than two thousand hectares, in turn part of the International RAMSAR Wetland, called Noreste Caribbean, a wetland of special international importance as a habitat for aquatic birds; a piece of evidence that was not even the subject of the slightest analysis and was relevant for the criminal characterization of the accused conduct. If the court considered that the property was not within Tortuguero National Park, it should have explained this and provided reasons for each of the grounds on which it relied to refute the geolocation carried out at the site with technological instruments and to depart from that criterion, none of which was done, hence, the party is correct in alleging a deficient examination of the evidence. The determination of whether the land formed part of a national park or a protection area was essential to then examine whether a precarious possession and/or a transmission of a title transferring domain by the defendant was possible, given the nature of the property, without the court even taking into account the difference between public domain property versus private one, because if they are State-owned, they are public domain (demaniales) properties that are inalienable, imprescriptible and unseizable, none of which was studied by the a quo. This chamber notes that another error was incurred regarding the understanding and comprehension of the platform of facts charged, because at no time was [Name 001] blamed for having ordered the entry of tractors to remove earth and place scrap and debris, an action that is not inferred from a careful reading of the two charging instruments which did not attribute an action like the one stated to him, thus indicating that one of the reasons invoked to acquit the defendant has no direct relationship with the events under study, hence it is an absolutely illegitimate argument. It must also be mentioned that, upon reading the fifth and sixth recitals (considerandos), called “Principle of Correlation between Accusation and Judgment” and “Criminal Characterization,” it can be deduced that, although initially mention is made of the defendant herein, in reality, the reasons noted correspond to other facts, pursued against a person with the surnames [Name 006], who was accused of having built some terraces, outside the criminal type’s protection area as well as a water collection tank, thus indicating that there was a serious lack of attention on the judge's part, who used parts of a judgment from another process, which has no relationship with the facts related to the defendant [Name 001], all of which has directly influenced the decision reached.

Based on all of the foregoing, it can be concluded that, after conducting a comprehensive review of the written judgment under appeal, it lacks adequate grounds to explain the decision adopted in a reasoned manner, as a deficient intellectual analysis of the evidence is confirmed. Therefore, it is necessary to grant the appeal and order the absolute nullity of the judgment under appeal, both in criminal and civil matters, ordering a retrial before the same Court, with a different panel, so that it may resolve what is appropriate in law.

III.- As a first ground, the appellant alleges a lack of analytical and intellectual reasoning. Despite the fact that, during the conclusions stage, a request was made, in accordance with Article 140 of the Criminal Procedure Code, to restore things to their previous state, the court did not rule on the State's right to be restored in its right over the lands, thus failing to comply with the duty to provide reasons, violating due process, and making it impossible for the parties to conduct a critical review of the decision that rejected the petition. This defect justifies the total ineffectiveness of the judgment and the repetition of the trial, which is hereby requested. Appeal filed by Attorney Andrés Alfaro Ramírez, in his capacity as Criminal Prosecutor. As a third ground, he alleges a lack of reasoning regarding the rejection of the order to restore things to their previous state, through the eviction of the structures located on the land subject to the dispute, the transfer and/or relocation of farm animals, the uprooting of crops and/or the natural regeneration of the site, as well as the clearing of debris. The court merely limited itself in the operative part to stating the following: "Things are NOT restored to their origin, since it is for another jurisdiction to discuss the ownership of possession of the real property, by virtue of what was resolved in -this resolution." It is notorious that the foregoing lacks reasoning, as no substantive analysis is made, beyond referring the parties to another judicial venue, which flagrantly violates Article 142 of the CPP. The decision is also contradictory to the analysis carried out regarding the acquittal and rejection of the civil action for damages, since, on one hand, it establishes a right in favor of the accused, but then, it establishes the need to discuss the ownership of the property subject to the dispute in another venue. As noted in the previous grounds for challenge, the court proceeded from errors in the intellectual assessment of the evidence and erroneously applied the regulations under study, which led it to issue an equally erroneous judgment. He adds that the trial court evaded its duty to rule on restitution, something that must be done ex officio and objectively, that is, regardless of whether a conviction was handed down, citing the decision of the former Criminal Cassation Court of the Second Judicial Circuit of San José, 2007-0964 of 10:00 a.m. on August 30, 2007. It was overlooked that, in accordance with Article 50 of the Political Constitution and Article 54 of the Ley de Biodiversidad: "When there is environmental damage to an ecosystem, the State may take measures to restore, recover, and rehabilitate it." In this understanding, what the State seeks is for natural resources to be used in a fair and balanced manner, in order to also guarantee their enjoyment for future generations, based on Constitutional Law, as well as on the legal precepts that specifically address the issue of precautionary protection in environmental matters - for example: the protective and pro natura principles contained in the Ley de Biodiversidad - whose necessary and imperative application has been repeatedly reiterated by the binding jurisprudence of the Sala Constitucional, in vote 1250-1999, of 11:24 a.m. on February 19, 1999, and also in resolution number 199-2014 of March 27, 2014, of the Sentencing Appeals Court of San Ramón. If the trial court had duly analyzed and studied the petition for the restoration of things to their previous state, taking as a basis the judicial precedents outlined above, as well as the legal grounds invoked, it would have ordered said measure in the terms referred to, since it became absolutely clear in the trial, regardless of criminal and civil liability (which we believe could exist), that the illegitimate occupation of land located within the Tortuguero National Park was proven, over which there is no right whatsoever that allows it in favor of any private individual, because that property, likewise, before becoming part of said protected area, is a state-owned asset of public domain, therefore inalienable and imprescriptible. He requests that this ground be granted and that the judgment and the trial be annulled, ordering a new proceeding. As both claims are linked to the same objection, they are examined jointly and are granted: From the comprehensive review of the judgment, it is clear that, regarding the request for the restoration of things to their previous state, the court resolved in the operative part as follows: “Things are NOT restored to their origin, since it is for another jurisdiction to discuss the ownership of possession of the real property, by virtue of what was resolved in -this resolution.” (cf. front page 210 of the main file). Both appellants are correct because throughout the judgment the lower court omitted to fully develop the reasoning to dismiss such request, despite it being a core aspect of the case, given that, in accordance with the provisions of Article 50 of the Political Constitution, Article 140 of the Criminal Procedure Code, and Article 103 of the Criminal Code, the judgment should have resolved what pertains to the restoration of things to the state they were in before the event aired in this summary proceeding, which can even be ordered ex officio. Note that even if the accused had been acquitted criminally, there is no legal obstacle whatsoever to examining and deciding on the material object of this case, which is clearly linked to the regulation set forth in the Ley Forestal. Hence, it is necessary to establish what is pertinent regarding the real property which, according to the accusation, could be of a public domain nature, in order to define what is appropriate regarding ordering the restoration of things to the state prior to the event that led to the origin of this case, which could imply the need for the demolition of the works. The court was obliged to justify its decision, providing the evidentiary and legal grounds that led it to reject the petition, without it being possible to understand why it has referred the parties to another jurisdiction, which it does not specify, to discuss the ownership of possession of the real property, a decision that violates the duties of reasoning provided for in Article 142 of the Criminal Procedure Code, which stipulates that judgments must contain clear and precise reasoning, expressing the reasonings of fact and law that form the basis of the judge's decision, indicating the value given to the means of proof, sanctioning the omission of this requirement with ineffectiveness. Based on the foregoing, and given that a public interest is at stake, making it absolutely appropriate to discuss and resolve what pertains to the restoration of things to the state they were in before the event charged by the Ministerio Público and the Procuraduría General de la República, the claim raised is granted, and the nullity of what was resolved regarding that point is ordered.

IV.- As a third ground, the prosecutor alleges erroneous application of substantive criminal law and incorrect analytical and intellectual reasoning. The prosecution charged the invasion of a conservation area, in accordance with Article 58 subsection b, in relation to Article 61, both of the Ley Forestal. The judge proceeded from a false fact, that the accused acquired land in a precarious manner, as a result of a title transferring prior possession and that this was tolerated by the owner JAPDEVA. He thus failed to apply the law, concluding that there was no invasion, "nor is the right of possession that the State holds over the land held by his mere presence in the place," a criterion that is respected but not shared. The judge disregarded that a private bill of sale cannot transfer the domain of possession of State land, where only the legitimate owner can grant rights and, if it does so, it would be by assignment. She requests that the ground be granted and the judgment annulled, ordering a retrial. A ruling on this point is omitted. For reasons of procedural economy and given the manner in which the matter has been resolved, a ruling regarding this ground is omitted.

V.- Appeal filed by Attorney Andrés Alfaro Ramírez, in his capacity as Criminal Prosecutor. As the first ground, he challenges erroneous and contradictory intellectual assessment of the evidence, which is contrary to the rules of sound rational criticism, logic, and common experience, due to a biased and incomplete examination of the statements for the prosecution, regarding the testimonies of the defense witnesses, as well as the documentary evidence, conferring great value on some documents that do not merit it, without providing an explanation for granting them so much credibility, asserting doubt about the location of the land where the events occurred, Tortuguero National Park, without justification thereof, as well as the accused's alleged right of possession, without legal support. The court considered the act atypical, suggesting that the accused could have a right of possession over the portion of land he has been occupying for several years, located in said park, which constitutes a serious error, because there is no doubt that it is located within a national park and there is no possibility of a right of possession derived from a transfer outside the legal system. To reach these erroneous conclusions, the trial court first discredited the testimony of witnesses Jorge Cedeño Calderón and Víctor Hugo Montero Navarro, who were certain that the accused has been occupying land within the national park, living in a rustic wooden house with a zinc roof and developing agricultural activity in the surrounding area, specifically various crops dating back several years, where there is also a structure dedicated to raising chickens and pigs in an affected area of approximately two hectares. Both witnesses indicated that all these activities, including the occupation of dwellings, are prohibited within national parks, and they placed these impacts from the months of May 2019 onwards, although they specified that the constructions and tree felling that allowed the development of agricultural activities had been taking place for several years. The witnesses, like Carlos Calvo Gutiérrez, agreed that the constructions and impacts described were located within Tortuguero National Park, based on coordinates taken with GPS equipment - with a margin of error of 3 meters - which, in turn, were compared with the coordinates of said national park, so there was no doubt as to the presence of the accused and the development of his productive activities within a protected area. The three officials were also clear that said national park was created by law in 1970 and was later expanded by two other decrees in 1980 and in 1997. The three witnesses, all officials of SINAC, stated that, in the second expansion of the park in the 1990s, the role of the Neotrópica Foundation was key, acting as an intermediary, using funds donated to the government of Costa Rica to pay for the improvements, not the lands, to the occupants and inhabitants of the lands which, years before, had been inventoried for incorporation into the park and which had been registered in the name of JAPDEVA for many years. Notwithstanding the foregoing, the trial court discredited the testimony of the mentioned persons, questioning that the first two - Cedeño Calderón and Montero Navarro - could not specify within which of the expansions of Tortuguero National Park the land occupied by the accused is located, although it was later learned through witness Calvo Gutiérrez that the land in dispute is located within the lands that were incorporated into the National Park in 1995 and formalized in 1997, with the issuance of a Decreto Ejecutivo published in 1998, an aspect which, in his opinion, does not have a major impact on the commission of a crime by the accused, nor on the civil consequences derived therefrom, such as the existence of environmental damage due to the mere presence of constructions that impede the regeneration of a soil subjected to land-use change (cambio de uso de suelo), since it corresponds to a wetland, which is destined only for conservation. This excludes the possibility of inhabiting the site, maintaining crops, and keeping farm animals, which could generate contamination from the excreta of the animals deposited in the bodies of water surrounding the site. The court also did not pay sufficient attention to official Carlos Calvo Gutiérrez, who referred not only to the assessment and quantification of the environmental damage derived from the illegal actions carried out by the accused, but also to the background of the creation of Tortuguero National Park, to its expansions in 1980 and 1997, clarifying that the lands that registrally belong to JAPDEVA, which include the land occupied by the accused, were incorporated into the National Park in 1998 by the 1997 decree and that, despite being in the name of said institution, they form part of the State's natural heritage. When shown a survey plan, as well as a cadastral plan submitted by the accused, witness Calvo Gutiérrez reaffirmed that the land was within the park, that it was part of the lands registered in the name of JAPDEVA and that they were incorporated into the State's natural heritage, information that is also ratified by certification ACTO-AL-364-2019, SINAC ACTO-PROCUHREH-CERT-2017 issued by SINAC Área de Conservación Tortuguero. The witness categorically stated that none of the plans provided to the case file (survey plan and cadastral plan) grant any right whatsoever to any person, since a survey plan is nothing more than a drawing made by a topographical engineer and this has no effect in the legal system. Regarding the plan that was cadastrally registered, the official was sincere in saying that it has a MINAE approval and that this should not have happened, that there was evidently an error in granting that approval; however, he was clear in stating that this approval is a kind of endorsement to formalize some type of procedure or subsequent management before a governmental entity, but that it does not confer any right of possession or ownership over the property, especially since it is a land that not only forms part of the national park but also still appears registrally in the name of JAPDEVA, which has the annotation of being part of the State's natural heritage, which does not permit private individuals to carry out constructions or activities such as those the accused has been engaged in. The court conferred special relevance on the statements of the defense witnesses [Name 007], [Name 008], and [Name 009], who, far from providing coherent and credible versions, rather demonstrated with their affirmations an excessive eagerness to favor the accused, providing imprecise information that has not been objectively corroborated by any State institution, not even by any of the documentary evidence that was provided to the proceeding. He cites an excerpt from the statement of witness [Name 007], from which it is gathered that the accused bought his land, apparently, from its previous occupant in 1998 and that he continued living on the site, something that is reflected in the private bills of sale provided to the case file, which does not generate any right, since the property has been registered in the name of JAPDEVA for many years, has an annotation of State natural heritage, which makes it part of the public domain, excluded from commerce. Regarding witness [Name 008], he declared knowing that the land in dispute has had owners since 1977, whose names he did not specify, despite living in Casaverde, an area belonging to the District of Cariari de Pococí, which is considerably distant from Tortuguero, to then confusingly assert that he knows the accused from said community (Casaverde), but that he later went to live in Tortuguero in 1988, without later, during the prosecution's cross-examination, being able to specify why he fixed that presence of the accused in Tortuguero for that year, an aspect that was not recorded in the judgment but can be corroborated in the recording of the trial. He later indicated that he also lived in Tortuguero from 2001 to 2023, also acknowledges that the Neotrópica Foundation was in Tortuguero with the negotiations, although he says they bought lands, something that is not true, since the lands, being owned by the State (JAPDEVA), were not purchased, only improvements were paid for, as stated by the prosecution witnesses, which further denotes his inaccuracies. The witness also said that the negotiation with the Neotrópica Foundation took place approximately in 2012, something we know did not happen at that time, but many years before, between 1990 and 1995, as this gave rise to the second expansion of the national park, formalized in the 1997 decree published in 1998, as affirmed by witness Carlos Calvo Gutiérrez. He criticizes that the judgment does not contemplate all the questions and affirmations made to witness [Name 008]; he was shown a document presented by the defense, which features two different types of handwriting and that had a signature in his name. When shown that handwritten document in pen, he recognized his signature and ID number, but claimed not to have read the document and that he did not create it. Said document claimed that the accused had come to possess the land subject to the dispute in 1998, that is, 10 years after the historical moment he had previously affirmed, without managing to explain that circumstance. This denotes a significant lack of knowledge of the facts and circumstances about which he was testifying and, what is worse, that he made evident inaccuracies as well as providing false information, clearly to favor the accused, all reasons that almost completely discredit his testimony. He points out that this witness, after finishing his testimony, returned to the stand to speak with the accused and the defender, then returned and stated that he needed money for a taxi, with the accused showing nervousness and taking a bill from his wallet to give to the witness who accepted it; a witness who was received promptly because he had to start work, but, when identified, claimed to be unemployed. In his opinion, all these aspects cast doubt on the veracity of the witness's statements, which even contradict the documentary evidence provided by the defense, both in the informal interview recorded in the document previously commented on and in the private bill of sale of the property, from which it can be derived that the accused never arrived at the site of the litigation in the eighties, but rather starting in 1998. He questions that the court considered that the accused had an alleged right of possession, based on the weighing of weak and amphibological evidentiary elements, such as the statement of Mrs. [Name 009]. Said witness presented a total lack of precision regarding the temporal location of the facts, as she even tried to reference the facts to the time when electricity service began to be provided in the area, without success. She even narrated about the collection of land rents by JAPDEVA and that it abandoned those lands, stopped collecting those amounts from them, and that it also gave papers to the occupants or tenants, insinuating that each interested person could legalize their situation. Regarding the above, he explains that there is no evidence whatsoever that JAPDEVA collected rents, leased those lands, much less that it gave documents to transfer their ownership or to derive a right of possession in favor of any person; hence, there is no normative source or basis to verify or support this assertion. Note that the witness in question indicated that the Neotrópica Foundation was in the area years ago negotiating with the occupants; however, erroneously, like the other defense witnesses, she indicated that they intended to pay for lands, something that is absolutely false, since what that Foundation did was to agree on payments with reference to the improvements that the occupants had made on the lands, as it was not appropriate to make any payment for lands belonging to the State (JAPDEVA). He reiterates that the accused's property corresponds to Tortuguero National Park and is registrally located in the county of the Province of Limón, under real folio number 96658, right 000 in the name of JAPDEVA, a public domain asset. He states as background that, through Ley N° 9205 of December 23, 2013, it was ratified on one hand that the property of real folio number 96658, right 000, registered in the name of JAPDEVA, is a public domain asset; however, it was intended to recognize the rights of people who occupied lands located within said property, for which purpose the real property was to be released from public domain status, so that each person who believed they had a right to title the property they had been occupying could carry out the procedure in accordance with the scope of the Ley de Informaciones Posesorias. However, the aforementioned rule was declared unconstitutional by the Sala Constitucional, through vote N° 2375-2017 of 10:40 a.m. on February 15, 2017. This completely refutes the idea of the delivery of property titles by JAPDEVA and ratifies that the lands immersed in the already cited real property - such as the property occupied by the accused - are public domain assets of an inalienable and imprescriptible nature, which are also included within the State's forest heritage, in accordance with Article 13 of the Ley Forestal, which prohibits changing the land use of the real properties. He highlights that, thanks to the testimonial evidence for the prosecution and the reports of SINAC SINAC-ACTO-DASP-PNT-DE-013-2019, in addition to the amplifications numbers SINAC-ACTO-AL-347-2019, SINAC-ACTO-DASP-PNE-049, SINAC-ACTO-AL-377-2019, the land occupied by the accused has an additional land-use limitation, as it belongs to a wetland area, destined by law and international agreements, such as RAMSAR, exclusively for conservation, which completely excludes the development of agricultural activities. It is for all the foregoing that he considers that the court's decision lacks adequate reasoning, based on a biased study of the evidence, overlooking that near the land occupied by the accused is the Tortuguero Protective Zone, a designation that, although different from a National Park, allows the development of other activities and land uses, but does not correspond to the site where the land in dispute is located, so any reflection on the matter is superfluous, as it is unrelated to the present case. This erroneous derivation was one of the arguments used by the court to affirm that there was doubt about the location of the place within the national park, which is a mistake, since the reports from SINAC and the maps attached to those inputs, in addition to the testimonial statements given at trial, allow for the conclusion that SINAC officials took coordinates with GPS equipment to locate the land in dispute, which were compared with information systems, including the SNIT (Sistema Nacional de Información Territorial) and maps and cartographic sheets, resulting in the confirmation that the entirety of the property occupied by the accused is located within Tortuguero National Park, without there being any evidentiary element capable of generating uncertainty in this regard. Another of the trial court's arguments to establish a state of doubt in favor of the accused and render the acquittal and dismiss the civil action for damages, is the alleged breach of the principle of correlation between accusation and judgment, since it is pointed out that, according to the testimonies and documentary evidence, the land-use change (cambio de uso del suelo) activities, as well as the constructions, were of long standing, while the temporal scope of the accusatory and civil requests placed the activities attributed to the accused between May 17 and December 5, 2019, which prevented the configuration of the crime of invasion of Tortuguero National Park. While it is true that it was not possible to prove that the accused built the structures located on the land he occupies and that he initiated the land-use change (cambio de uso del suelo) by removing vegetation to establish crops and raise farm animals, as this has been going on for years, there is no doubt that, on the referred dates and currently, the accused has remained on the site, inhabiting the dwelling structure, maintaining it, and developing productive activities, animal husbandry, and agriculture on land that is entirely within Tortuguero National Park. This undoubtedly constitutes the illegality of invasion of a conservation area, as regulated by Article 58, subsection a) of the Ley Forestal. He emphasizes that the defendant was charged not only with the construction of the buildings, but also with carrying out all the possessory acts he has been performing on the site, dwelling and agricultural activities, that is, the holding and occupation of a land located within Tortuguero National Park, which, by its nature, does not permit such use or permanence in the place. Hence, it is evident that with the charges brought by the Ministerio Público and the Procuraduría, the principle of correlation between accusation and judgment is not violated in any way, as the sentencing court erroneously stated. The third element invoked by the court to attempt to justify the acquittal in favor of the accused was the consideration that the accused could not have invaded Tortuguero National Park because he was exercising the right of possession of the land in dispute, which he acquired through a bill of sale made with the previous owner. This justification by the court is not acceptable because, as previously stated, the land subject to the dispute belongs to Tortuguero National Park and is located within a property registered in the name of JAPDEVA, constitutes a public domain asset, imprescriptible and inalienable, excluded from commerce, and cannot be subject to appropriation by private individuals. Hence, no act of possession could be legitimized, even if carried out for 10 years or more; on the contrary, it constitutes an activity of illegitimate permanence on a real property destined for conservation that forms part of Tortuguero National Park, which, being a public domain asset, could never generate a right of possession or ownership in favor of anyone. He considers it incomprehensible that the existence of a right of possession in favor of the accused is taken for granted, since there is no evidence whatsoever to demonstrate it, especially considering that the evidence gathered as a whole allows for the conclusive establishment of the illegitimate presence of the accused within Tortuguero National Park, who, through the development of agricultural activities, has caused damage to the environment. If the accused believes that a right of possession exists in his favor, or even that he is the legitimate owner of the land, he must then file the legal actions he deems appropriate before the corresponding judicial instances, whether the agrarian courts or the administrative contentious jurisdiction. However, this has not happened to date (at least there is no evidence thereof), so the existence of a prejudicial issue could also not be weighed. Hence, in his opinion, there is no situation that prevents overturning the accused's presumption of innocence, to establish his guilt for the crime he has been charged with, as well as to grant the civil action for damages filed by this Procuraduría, to claim compensation for the environmental damage derived from the illegal actions committed by the accused. Based on the foregoing, he requests that this appeal proceeding be granted with respect to this ground, that the appealed judgment be declared ineffective due to the existence of the defect evidenced, and that a retrial be ordered before the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of the Zona Atlántica, Pococí venue, so that with a new panel and in another trial, it may analyze the matter again comprehensively, issuing a new reasoned judgment in accordance with the rules of sound rational criticism, logic, and common experience, and with Articles 142 and 184 of the same legal body.

As a second ground, it alleges erroneous application of Articles 13 and 58(a) of the Forest Law (Ley Forestal), in correlation with Article 16 of the Law creating Tortuguero National Park in the second transitional provision (transitorio segundo) of said law. The lower court overlooks the concept of natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado), which consists of, among others, forest lands registered in the name of the State, autonomous institutions, and municipalities. In this case, the land the accused has been occupying is located within Tortuguero National Park, as of 1998 (second expansion), but within the farm (finca) that is registered in the name of JAPDEVA. Consequently, said property forms part of the natural heritage of the State, and is therefore not susceptible to private appropriation. When the lower court established the acquisition of a right of possession or even title to the land by the accused, it did so overlooking that this was not legally possible, since public domain assets (bienes de dominio público) do not lose that character through the passage of time or by mere tolerance of occupation by private parties, nor do they modify or diminish the purpose and use of those assets, which will always be for public use, unless they are decommissioned (desafectado), which has not occurred in this case. Similarly, it determined the possibility that the accused could have consolidated a right of possession, by virtue of the granting of property titles by JAPDEVA, with respect to lands comprised within the farm registered in its name, under real folio number 96658, right 000 in the name of JAPDEVA and which, as of 1975, did not form part of Tortuguero National Park, and that this included the lands occupied by the defendant. It must be recognized that, according to the Law Creating Tortuguero National Park No. 5680 of November 3, 1975, Article 16 conferred upon JAPDEVA the possibility of regulating land use and the exploitation of all natural resources, within the lands that, as of that year 1975, did not form part of Tortuguero National Park; however, it did so only provided the requirements of Transitory Provision II of said law were met, which states, in the relevant part: "Transitorio II.- JAPDEVA, after consultation with ITCO, within a period of one year, shall proceed to deliver duly registered property titles in the Public Registry to all occupants of rural farms in the towns located within the area delimited in Article 16 -excepting those within the limits of Tortuguero National Park- who meet the requirements established by the Law of Possessory Information (Ley de Informaciones Posesorias) (...)". According to said provision, JAPDEVA was to make the respective registrations in the name of all those who, after consultation with ITCO, later known as IDA and currently INDER (Instituto de Desarrollo Social), and who complied with the prescriptions of the Law of Possessory Information, establishing a period of one year for that purpose; however, this never came to pass. In any event, it maintains that JAPDEVA's obligation to deliver titles required two prior situations: first, the approval of ITCO (now INDER) and, second, the completion of a possessory information proceeding fulfilling the requirements established in said legislation, something that depended on the interested person and which to date is not shown to have been done. The defendant has not demonstrated the constitution of any right in his favor, since he has not presented any documentation from JAPDEVA that alludes to the granting or recognition of any faculty or attribution over any land, nor has he presented any evidence accrediting that the persons who apparently occupied the land at issue in the litigation before him -[Name 011] and [Name 012]- had complied with the foregoing, so it is not possible to derive a right of possession or ownership from them in favor of the accused. All that exists is a vague reference made at trial by a witness, which, by the way, has no support whatsoever. It was not demonstrated, nor was evidence provided, to establish that supposed right of possession over the land at issue in the litigation, despite which the trial court considered it proven to ground the acquittal and even rejected the restitution of things to their prior state because the title to the property must be discussed in another judicial venue, which completely contradicts the reasons given to exempt from criminal liability and dismiss the civil action for damages (acción civil resarcitoria). Likewise, the sentencing court, making a strained and erroneous application of Article 58(a), held that said law takes effect from the 1990s (from 1996) and that, even assuming there was an invasion of Tortuguero National Park (as indeed occurred), there could be no crime, since the accused derived the possession that [Name 011] had begun in the eighties, supposedly starting in 1987, and then [Name 012] until the transfer of the lands. This conclusion, in its view, is completely misguided, since only Ms. Letvia apparently occupied the land at issue in the litigation when the criminal figure of invasion of Tortuguero National Park did not exist, a case distinct from Messrs. [Name 012] and the accused, who remained and have remained at the site from the effective date of the Forest Law onward, without any justification. In any case, it considers that the reflection made on the matter by the lower court is unfortunate because the constitution of real rights (derechos reales) in favor of private parties over a public domain property is not proper and, secondly, because what is being judged in this case are not the actions attributed to Messrs. [Name 011] and [Name 012], but only those of the accused. Had the judge comprehensively evaluated the evidence received at trial and correctly applied and interpreted the regulations, it would have considered the crime of invasion of Tortuguero National Park as proven and, consequently, would have granted the civil action for damages filed by the State. The ruling violates effective judicial protection (tutela judicial efectiva) by generating impunity, as well as Article 50 of the Political Constitution, which guarantees the right to a healthy and ecologically balanced environment for all inhabitants, which was left unprotected by authorizing activities that harm the purposes of Tortuguero National Park, by authorizing the exercise of agricultural activities that are polluting and incompatible with the existence of said national park. It requests that the ground be granted and the nullity of the appealed judgment be declared, ordering remand for a new proceeding. A ruling is omitted. For reasons of procedural economy and given the manner in which this has been resolved, a ruling is omitted regarding the other grounds of the appellant.

POR TANTO:

The first and second grounds of the appeal filed by attorney Yorleny Ching Cubero, in her capacity as prosecutor of the Public Ministry (Ministerio Público), are granted, as is the third ground of the appeal brought by attorney Andrés Alfaro Ramírez, in his capacity as Criminal Attorney (Procurador Penal), and, consequently, the contested judgment is nullified in its entirety, ordering a retrial (juicio de reenvío) before the same Court, with a different panel, so that they may hold an oral and public hearing and resolve as legally appropriate. NOTIFÍQUESE.





Alejandra Valenciano Chinchilla

Edwin Esteban Jiménez González                                                      Giovanni Mena Artavia

Judge and Judges of Criminal Sentence Appeals

 

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