Res. 00122-2025 Tribunal Agrario — Requirements and Burden of Proof for Summary Tree-Felling Action in Water Protection ZoneRequisitos y carga probatoria del sumario de derribo de árboles en zona de protección hídrica

Grande
Normal
Pequeña
Tribunal Agrario

Resolución Nº 00122 - 2025

Fecha de la Resolución: 11 de Febrero del 2025 a las 15:50

Expediente: 24-000229-0507-AG

Redactado por: María Rosa Castro García

Clase de asunto: Sumario de derribo

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Proceso sumario agrario de derribo
Subtemas:
Finalidad, naturaleza y presupuestos del proceso sumario agrario de derribo.
Sentencias en igual sentido

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución



 

 

EXPEDIENTE:

	

24-000229-0507-AG - 6




PROCESO:

	

SUMARIO




ACTOR/A:

	

[Nombre 002]




DEMANDADO/A:

	

 

 

   

VOTO N°  N° 2025000122

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las quince horas cincuenta minutos del once de febrero de dos mil veinticinco.-

SUMARIO DE DERRIBO promovido por [Nombre 002], adulto mayor, [...]; Actúan como apoderados especiales judiciales de la parte actora el licenciado Fernando Gutiérrez Altamirano, colegiado veintinueve mil treinta y siete; y el letrado Jorge Alberto Mesén Ramírez, mayor, cédula de identidad uno - mil setenta - ciento ochenta y dos. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles. Conoce este Tribunal el recurso de apelación contra la sentencia N° 2024000455, de las trece horas con cincuenta y cuatro minutos del catorce de octubre del año dos mil veinticuatro.

 Redacta la jueza Castro García; y,

 CONSIDERANDO:

 I.- La parte actora planteó proceso Interdictal de Derribo, para que en sentencia se declare: " ...1) Que se declare con lugar el presente proceso sumario de derribo. 2 Reconocimiento judicial. Que se realice el reconocimiento en el lugar para que el juez observe el estado de peligrosidad de los árboles y determine la cantidad de árboles que deben ser cortados. 3 Que una vez que se señale la visita de campo el despacho coordine lo correspondiente con el personal del SINAC o MINAE para que expongan su criterio técnico, determinen cuáles son las especies de árboles que deben ser derribadas. 4 Que se ordene en sentencia el derribo de los árboles que ponen en peligro las viviendas y a las personas del lugar y que la dueña registral disponga de la utilidad de los mismos. " (Ver Expediente descargado en modo pdf, imágenes 1 a 6). - Con el escrito inicial se aportó documento denominado: “EXPEDIENTE FORESTAL T 001-PP-307-2023. RESOLUCIÓN NÚMERO ACTO-DRFVS-OFAU-012-2024 PARA APROBACIÓN DE PERMISO DE APROVECHAMIENTO MADERABLE” (imagen 11 a 17 expediente judicial digital modo PDF). Igualmente se adjuntó estudio de ingeniera forestal de septiembre del 2024 denominado Evaluación de árboles en zona de protección hídrica (imagen 18 a 25 expediente digital modo PDF). En tal se concluye : “se realizó visita a la propiedad por la preocupación de que hay algunos árboles que por su gran tamaño representan un riesgo para viviendas vecinas. Dichos árboles se encuentran en zona de protección hídrica de un cauce natural. Por lo tanto, se recomienda gestionar un interdicto de derribo ante el juzgado agrario”. De seguido se emite la resolución   N° 2024000455 de las trece horas con cincuenta y cuatro minutos del catorce de octubre del año dos mil veinticuatro que reza: “Del análisis minucioso del presente asunto, se concluye que resulta totalmente innecesario que este Despacho conozca de la gestión solicitada por la parte promovente, [Nombre 002], ya que según el informe rendido por el Sistema Nacional de Área de Conservación Tortuguero, mediante resolución número acto-DRFVS-OFU-012-2023 de las nueve horas y cuarenta minutos del dieciséis de febrero del dos mil veinticuatro, se otorgó el permiso correspondiente para la tala de árboles. En consecuencia, se rechaza de plano la presente sumario de derribo. Tome nota la parte gestionante, que en caso que la autorización estuviese vencida, debió acudir ante el ente administrativo a gestionar lo que corresponde. Una vez firme, remítase el expediente al archivo correspondiente. Sin especial condenatoria en costas por no existir mérito para ello” (imagen 26 modo pdf).

II- La actora interpone recurso de apelación (expediente digital modo pdf imagen 28 a 35) contra la resolución recurrida referida (imagen 26 misma ubicación anterior), que denegó dar el trámite a este proceso sumario de derribo de árboles por invocar la existencia de una resolución de permiso de corta emitida por el MINAE. Combate , se ha rechazado de plano el proceso de derribo basándose en un informe del SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) que autorizaba la corta de algunos árboles, sin que se consideraran otros elementos de importancia. Se ha producido una omisión de valoración probatoria, citando que respecto al Permiso de Corta Vencido, especificaba la corta de 5 árboles de especies particulares (Balso, Laurel y Chilamate), sin incluir otras especies existentes en la propiedad. El Informe Técnico del SINAC, igualmente identifica la propiedad como zona de bosque aislada y de protección hídrica, citando que en dicha área la corta de árboles está restringida y requiere un permiso anual limitado a 3 árboles por hectárea. Sobre la Inspección de funcionarios del MINAE, se concluye la propiedad es un área de protección hídrica, fundamentando no otorgarían permisos de corta en el futuro. En cuanto el Informe de Ingeniera Forestal, acusa, se realizó una inspección que corroboró que la zona es de protección hídrica con un cauce natural, recomendando el proceso de derribo por el peligro que representan los árboles para las viviendas cercanas. Refuta, la decisión apelada se centró únicamente en la necesidad de un permiso de corta vigente del SINAC, sin considerar la totalidad de la información presentada, el riesgo latente para las personas vecinas, la naturaleza de la zona, así como la imposibilidad de obtener permisos adicionales. Se argumenta, lo decidido deja a los vecinos en un estado de peligro constante por la posibilidad de que los árboles caigan sobre sus viviendas y causen daños a personas y propiedades. Aduce, con lo indicado por el SINAC, se deja ver media su falta de competencia, al referir se encuentran impedidos para otorgar los permisos debido a que se trata de un área de protección hídrica. Refuta, en la propiedad existen especies de árboles (Pochote, Cedro amargo, Laurel, Pilón, Almendro amarillo, Aceituno, Gavilán) que no estaban incluidas en el permiso inicial y la resolución del SINAC prohibía la corta de cualquier otro árbol no listado. Reclama, se ha rechazado el proceso sin una valoración adecuada de las pruebas que le causa un gravamen irreparable y se impide resguardar la integridad de los vecinos. Ofrece prueba testimonial de cuatro personas vecinas colindantes que conocen del riesgo existente. Solicita en el recurso: Se revoque la resolución 2024000455 y se admita el proceso sumario de derribo. En caso de mantenerse la resolución, se remita el expediente al Tribunal correspondiente para conocer la apelación. Se admita la prueba testimonial ofrecida (imagen 28 a 35 modo pdf).

III- Analizado lo resuelto, con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Jurisdicción Agraria, se dispone su nulidad por preterición probatoria y lesión al derecho al acceso a la justicia y debido proceso. Lo resuelto deja a la parte actora en indefensión. Dispone el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, que la sentencia debe contener pronunciamiento sobre todos los extremos objeto de debate y al no resolverse sobre tales, deberá decretarse su nulidad. En este caso se ha lesionado el derecho de defensa. El razonamiento emitido transgrede el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, al no resolver ni fundamentar la decisión, integrando todos los elementos probatorios, los elementos del expediente y la realidad en la que se debe emitir la solución jurídica; mediando una ausencia de razonamiento e inadecuada valoración probatoria. Se menciona en el fallo denegatorio venido en alzada, se rechaza de plano el derribo interpuesto por existir ya un permiso de corta, sin analizar el contenido ni efectos de ese documento de permiso de corta, ni determinar si con tal se solventaba la condición de urgencia en la gestión por un peligro de caída de árboles por mal estado que pudiera causar lesiones a la integridad de las personas, infraestructuras o cualquier elemento circundante. No se realizó ninguna verificación al respecto, ocurriendo una denegación de justicia. Cabe citarse que este Tribunal ha resuelto sobre los procesos de esta naturaleza: “IX.- También es importante resaltar lo siguiente sobre el fin y el objeto del sumario derribo como el presente. Tal proceso tiene por fin determinar si un árbol o construcción, por su mal estado, constituye un peligro inminente de caída que afecte la vida y seguridad de las personas, su patrimonio o bienes de naturaleza pública (numerales 310 del Código Civil y 108 Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente). La naturaleza sumaria de dicho proceso buscar determinar si esa obra o árbol deben ser asegurados (v.g. mediante anclajes, soportes, etc.), modificados (como sucede cuando se autoriza la poda de un árbol) o eliminados (derribo, por ejemplo), para prevenir una situación dañina que, de no tomarse esas medidas, tiene un alto grado de probabilidad (inminencia) de acontecer en tiempo presente o muy cercano. Como presupuestos de este tipo de proceso, se requiere entonces se compruebe: a) La obra o árbol cuyo derribo se pretende constituya una amenaza inminente, por peligro de caída, para los derechos de la persona poseedora o para las transeúntes (integridad, vida o su patrimonio), o bien pueda perjudicar alguna cosa pública. b) La legitimación activa recae sobre cualquiera que tenga interés cuando el efecto de la caída puede afectar un bien público. De no ser así, la legitimación corresponde a la persona específica afectada con dicha situación. c) En cuanto a la legitimación pasiva, si el árbol u obra cuestionada está a cargo o en terrenos propiedad de una persona determinada, será está la que deba ser demandada, ya que es un bien bajo su responsabilidad. Pero si el árbol está en una zona demanial (calles públicas, zona pública de la zona marítimo terrestre) o de acceso público, o bien en áreas de protección demaniales (franjas a orillas de ríos, lagos, nacientes que abastecen acueductos, etc.), no existe en realidad alguien que demandar directamente, al no ser responsabilidad de una persona determinada el origen o causa del peligro alegado. d) Derecho. Si bien el ordenamiento jurídico concede el derecho de derribar obras y árboles ruinosas o peligrosas, debe existir una causa válida para ello. Si se trata de un árbol, dada la normativa de protección ambiental vigente en el país, se requiere verificar que su corta o desrame sea realmente necesaria, por lo que se deben cumplir los presupuestos exigidos, para así evitar un derribo ilegal o innecesario. En ese sentido, aunque un árbol esté enfermo o con peligro de caída, si ese acto no afecta en realidad la integridad de las personas o su patrimonio, no debe autorizarse su derribo, pues no existe otro bien jurídico que tutelar y, por el contrario, puede ser necesario para el equilibrio ambiental de los ecosistemas, dejar que se caiga por causas naturales. e) Interés actual: el bien que se pide se permita sea derribado, debe existir y mantenerse la situación de peligro inminente de caída, tanto cuando se plantea la demanda como cuando se emite la sentencia. Debe aclararse que este tipo de procesos no debe ser utilizado para resolver problemas derivados de relaciones de vecindad, por incumplimiento de normativa específica referida a la distancia mínima en que se pueden sembrar árboles en función de las colindancias, salvo lo que concierne al peligro o riesgo real de caída del árbol total o de las ramas (numerales 403 y 404 Código Civil). Los conflictos que se puedan generar por raíces y otros aspectos, que no constituyan factoras que pueda provocar la caída inminente del árbol, deben ser discutidos a través de la vía procesal pertinente, que usualmente es un ordinario, para garantizar el debido proceso a las partes involucradas y por el tipo de prueba que usualmente se requiere para ello. Por la complejidad de esos temas, la persona legisladora no consideró apropiado un sumario para estos efectos. Tampoco debe utilizarse este proceso para lograr autorizaciones relacionadas con la corta o aprovechamiento de árboles que no estén en peligro de caída inminente y que con ello puedan dañar a las personas privadas, su patrimonio o bienes de dominio público.  Para analizar lo que se apela, también debe destacarse que, aunque el sumario de derribo es un proceso especial, por su fin (protección de la vida o del patrimonio), se rige por reglas básicas procesales generales. Entre ellas, la de la carga de la prueba. Usualmente en este tipo de procesos, por estar de por medio un bien ambiental (árbol), de oficio los tribunales agrarios solicitan la colaboración de funcionarios públicos del SINAC para que emitan criterio técnico sobre el estado fitosanitario o físico del árbol y de su impacto en el entorno si llegase a caer, por tratarse de aspectos esenciales para resolver lo que es objeto de debate. Pero ello no significa que la parte actora quede eximida de la carga probatoria. Si no se contase con el criterio experto del SINAC o este fuese insuficiente técnicamente, la parte actora debe procurar, de mantener su posición de que un árbol genera un riesgo inminente de caída, hacer llegar al proceso la prueba pertinente para demostrarlo. Por ejemplo, a través de una pericial. Además, cualquiera de las partes, pero especialmente quien acciona, puede también pedir que se aclaren los informes técnicos oficiales y las pruebas periciales, cuando sus datos no sean precisos o se omitan aspectos básicos. Sin embargo, por la carga de la prueba, es la parte actora la que debe preocuparse por demostrar los presupuestos o requisitos exigidos para que una demanda pueda ser acogida. Al respecto, de conformidad con el numeral 41.1 del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente en materia agraria, la carga de la prueba le corresponde, de acuerdo con principios de razonabilidad y facilidad de accesibilidad probatoria: 1. A quien formule una pretensión, respecto de los hechos constitutivos de su derecho. 2. A quien se oponga a una pretensión, en cuanto a los hechos impeditivos, modificativos o extintivos del derecho del actor. En caso de no lograr acreditarse la base jurídica y el elemento fáctico de la posición defendida, debe asumir las consecuencias negativas de su omisión. En ese sentido, debe recordarse que en sede judicial “a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos que le sirven de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico perseguido por ella, cualquiera que sea su posición procesal, es decir, esa parte soporta el riesgo de la falta de prueba, el cual se traduce en una decisión desfavorable...” (Devis Echandi, Hernando. Compendio de Derecho Procesal: Pruebas Judiciales, 9a. ed., Ed. A.B.C., Bogotá, 1988, T.II, pág. 161).” Voto Resolución Nº 00710 – 2022 del 21 de Julio del 2022 de las 15:18 horas.

 IV- En el caso en estudio, se ha omitido en la decisión apelada cualquier integración valoratoria o exposición de las razones de hecho y derecho que justifiquen un rechazo de plano del subjudice. Como se expuso supra, la seguridad es la razón principal de los procesos sumarios de derribo de árbol. Y no se ha constatado por el Juzgado de Instancia si se presentan los presupuestos de la presente acción. Se hace ver al Despacho de origen, tampoco se realizó ningún reconocimiento judicial al respecto. Por lo que deberá ser anulada la resolución apelada a fin de que el Juzgado de instancia proceda como corresponde y resolver de forma célere, dada la necesidad de prevenir algún siniestro que pueda causar la caída de especies forestales, bien tomar las medidas que se estimen prudentes. O bien desestimar el proceso mediante una resolución debidamente razonada legal y técnicamente. Se omite pronunciamiento respecto a la admisión de prueba testimonial ante esta Instancia por innecesaria, dada la forma en que se resuelve.

 

POR TANTO

Se anula la resolución N° 2024000455 de las trece horas con cincuenta y cuatro minutos del catorce de octubre del año dos mil veinticuatro. Proceda el Juzgado de instancia a resolver de forma célere, dada la necesidad de prevenir algún siniestro que pueda causar la caída de especies forestales, tomar las medidas que se estimen prudentes. O bien desestimar el proceso mediante una resolución debidamente razonada legal y técnicamente.

 

	



P5OXECCTKLS61
MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - JUEZ/A DECISOR/A

	

 






T50GBF7QKCY61
MAGDA DÍAZ BOLAÑOS - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	



INNMT51U43ZS61
ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 24-000229-0507-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:15:26.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

VOTE No. 2025000122

AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At fifteen hours fifty minutes on the eleventh of February two thousand twenty-five.-

SUMMARY PROCEEDING FOR TREE FELLING (SUMARIO DE DERRIBO) brought by [Name 002], older adult, [...]; Acting as special judicial representatives for the plaintiff are attorney Fernando Gutiérrez Altamirano, bar association number twenty-nine thousand thirty-seven; and attorney Jorge Alberto Mesén Ramírez, of legal age, identity card number one - one thousand seventy - one hundred eighty-two. Processed before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Guápiles. This Tribunal hears the appeal against judgment No. 2024000455, of thirteen hours fifty-four minutes on the fourteenth of October of the year two thousand twenty-four.

Judge Castro García writes; and,

WHEREAS:

I.- The plaintiff filed an Interdictal Proceeding for Tree Felling (Proceso Interdictal de Derribo), seeking a judgment declaring: " ...1) That the present summary proceeding for tree felling be granted. 2 Judicial inspection. That an on-site inspection be conducted so the judge may observe the hazardous state of the trees and determine the number of trees that must be cut. 3 That once the field visit is scheduled, the court coordinate accordingly with personnel from SINAC or MINAE so they may present their technical opinion, determine which tree species must be felled. 4 That the judgment order the felling of the trees that endanger the dwellings and the people in the location and that the registered owner may dispose of the resulting timber. " (See Case File downloaded in PDF format, images 1 to 6). - The initial filing included a document titled: “EXPEDIENTE FORESTAL T 001-PP-307-2023. RESOLUCIÓN NÚMERO ACTO-DRFVS-OFAU-012-2024 PARA APROBACIÓN DE PERMISO DE APROVECHAMIENTO MADERABLE” (image 11 to 17 digital judicial file in PDF format). Also attached was a forestry engineering study from September 2024 titled Evaluación de árboles en zona de protección hídrica (image 18 to 25 digital file in PDF format). This concludes: “a site visit was made to the property due to concern that some trees, due to their great size, represent a risk to neighboring dwellings. These trees are located in a water protection zone (zona de protección hídrica) of a natural watercourse. Therefore, it is recommended to initiate an interdictal proceeding for tree felling before the agrarian court”. Subsequently, resolution No. 2024000455 of thirteen hours fifty-four minutes on the fourteenth of October of the year two thousand twenty-four was issued, which reads: “From a thorough analysis of this matter, it is concluded that it is entirely unnecessary for this Court to hear the action requested by the petitioner, [Name 002], since according to the report issued by the Sistema Nacional de Área de Conservación Tortuguero, through resolution number acto-DRFVS-OFU-012-2023 of nine hours forty minutes on the sixteenth of February two thousand twenty-four, the corresponding permit for the felling of trees was granted. Consequently, the present summary proceeding for tree felling is rejected outright. Take note, petitioner, that if the authorization had expired, you should have appeared before the administrative entity to manage the corresponding matter. Once final, send the file to the corresponding archive. No special award of costs as there is no merit for it” (image 26 PDF format).

II- The plaintiff files an appeal (digital file in PDF format image 28 to 35) against the referenced contested resolution (image 26 same location as above), which denied processing this summary proceeding for tree felling by invoking the existence of a cutting permit resolution issued by MINAE. It challenges that the tree felling proceeding was rejected outright based on a SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) report that authorized the cutting of some trees, without considering other important elements. An omission in the assessment of evidence has occurred, citing that regarding the Expired Cutting Permit, it specified the cutting of 5 trees of particular species (Balso, Laurel, and Chilamate), without including other species existing on the property. The Technical Report from SINAC also identifies the property as an isolated forest zone and water protection zone, citing that in said area tree cutting is restricted and requires an annual permit limited to 3 trees per hectare. Regarding the Inspection by MINAE officials, it is concluded the property is a water protection zone, substantiating that they would not grant cutting permits in the future. As for the Forestry Engineer's Report, it asserts, an inspection was conducted which corroborated that the zone is a water protection zone with a natural watercourse, recommending the tree felling proceeding due to the danger the trees represent for nearby dwellings. It refutes that the appealed decision focused solely on the need for a current cutting permit from SINAC, without considering all the information presented, the latent risk to neighboring persons, the nature of the zone, as well as the impossibility of obtaining additional permits. It argues that the decision leaves the neighbors in a state of constant danger due to the possibility that the trees might fall onto their dwellings and cause harm to persons and property. It adduces, from what was indicated by SINAC, their lack of jurisdiction becomes apparent, referring that they are unable to grant permits because it is a water protection zone. It refutes, on the property there are tree species (Pochote, Cedro amargo, Laurel, Pilón, Almendro amarillo, Aceituno, Gavilán) that were not included in the initial permit and the SINAC resolution prohibited the cutting of any other unlisted tree. It claims the proceeding was rejected without an adequate assessment of the evidence, causing irreparable harm and preventing the safeguarding of the neighbors' integrity. It offers testimonial evidence from four neighboring persons who are aware of the existing risk. The appeal requests: That resolution 2024000455 be revoked and the summary proceeding for tree felling be admitted. If the resolution is upheld, that the file be sent to the corresponding Tribunal to hear the appeal. That the offered testimonial evidence be admitted (image 28 to 35 PDF format).

III- Having analyzed the decision, with basis in Article 26 of the Ley de Jurisdicción Agraria, its nullity is ordered due to omission in the assessment of evidence (preterición probatoria) and violation of the right of access to justice and due process. The decision leaves the plaintiff defenseless. Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria provides that the judgment must contain a ruling on all the points subject to debate, and if these are not resolved, its nullity must be decreed. In this case, the right of defense has been violated. The reasoning provided violates Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria, by failing to resolve or substantiate the decision, integrating all evidentiary elements, the elements of the case file, and the reality in which the legal solution must be issued; there is an absence of reasoning and inadequate evidentiary assessment. Mentioned in the appealed denial ruling is that the tree felling suit was rejected outright because a cutting permit already exists, without analyzing the content or effects of that cutting permit document, nor determining whether it resolved the urgent condition of the action regarding a danger of trees falling due to poor state that could cause injury to the integrity of persons, infrastructure, or any surrounding element. No verification was carried out in this regard, resulting in a denial of justice. It should be cited that this Tribunal has resolved on proceedings of this nature: “IX.- It is also important to highlight the following regarding the purpose and object of the summary proceeding for tree felling such as the present one. Said proceeding's purpose is to determine if a tree or construction, due to its poor state, constitutes an imminent danger of falling that affects the life and safety of persons, their property, or public assets (numerals 310 of the Código Civil and 108 Código Procesal Civil, applied supplementarily). The summary nature of this proceeding seeks to determine whether said structure or tree must be secured (e.g., through anchors, supports, etc.), modified (as occurs when the pruning of a tree is authorized) or eliminated (felling, for example), to prevent a harmful situation that, if these measures are not taken, has a high degree of probability (imminence) of occurring in the present or very near time. As requirements for this type of proceeding, it is therefore required to establish: a) The structure or tree whose felling is sought constitutes an imminent threat, due to danger of falling, to the rights of the possessor or to passersby (life, integrity, or property), or may harm some public thing. b) Standing to sue (legitimación activa) lies with anyone having an interest when the effect of the fall may affect a public asset. If not, standing corresponds to the specific person affected by said situation. c) Regarding standing to be sued (legitimación pasiva), if the tree or structure in question is under the care of or on land owned by a specific person, that person shall be the one who must be sued, as it is an asset under their responsibility. But if the tree is in a public domain area (public streets, public area of the maritime terrestrial zone) or of public access, or in public-domain protection areas (strips along the banks of rivers, lakes, springs that supply aqueducts, etc.), there is actually no one to sue directly, as the origin or cause of the alleged danger is not the responsibility of a specific person. d) Right. Although the legal system grants the right to fell ruinous or dangerous structures and trees, there must be a valid cause for it. If it is a tree, given the environmental protection regulations in force in the country, it is required to verify that its cutting or branch removal is truly necessary, so the required conditions must be met, to thus prevent an illegal or unnecessary felling. In this sense, even if a tree is diseased or in danger of falling, if that event does not actually affect the integrity of persons or their property, its felling should not be authorized, as there is no other legal interest to protect and, on the contrary, it may be necessary for the environmental balance of ecosystems to let it fall from natural causes. e) Current interest: the asset whose felling is requested must exist and the situation of imminent danger of falling must persist, both when the lawsuit is filed and when the judgment is issued. It must be clarified that this type of proceeding should not be used to resolve problems arising from neighbor relations, due to non-compliance with specific regulations regarding the minimum distance at which trees can be planted in relation to boundaries, except for matters concerning the real danger or risk of the tree or its branches falling (numerals 403 and 404 Código Civil). Conflicts that may arise from roots and other aspects, which do not constitute factors that could cause the imminent fall of the tree, must be discussed through the appropriate procedural channel, which is usually an ordinary proceeding, to guarantee due process to the involved parties and due to the type of evidence usually required for this. Due to the complexity of those issues, the legislator did not consider a summary proceeding appropriate for these purposes. This proceeding should also not be used to obtain authorizations related to the cutting or utilization of trees that are not in danger of imminent fall and which could thereby harm private persons, their property, or public domain assets. To analyze the appeal, it must also be noted that, although the summary proceeding for tree felling is a special proceeding, due to its purpose (protection of life or property), it is governed by general basic procedural rules. Among them, that of the burden of proof. Usually in this type of proceeding, because an environmental asset (tree) is at stake, agrarian courts officially request the collaboration of public officials from SINAC to issue a technical opinion on the phytosanitary or physical state of the tree and its impact on the environment if it were to fall, as these are essential aspects for resolving the matter under debate. But this does not mean that the plaintiff is exempted from the burden of proof. If the expert opinion of SINAC were not available or was technically insufficient, the plaintiff must endeavor, if maintaining their position that a tree poses an imminent risk of falling, to bring the pertinent evidence to the proceeding to demonstrate it. For example, through an expert report. Furthermore, any of the parties, but especially the one filing suit, may also request that official technical reports and expert evidence be clarified, when their data are not precise or basic aspects are omitted. However, due to the burden of proof, it is the plaintiff who must ensure the demonstration of the requirements or conditions necessary for a claim to be upheld. In this regard, in accordance with numeral 41.1 of the Código Procesal Civil, applied supplementarily in agrarian matters, the burden of proof corresponds, according to principles of reasonableness and ease of evidentiary accessibility: 1. To the party formulating a claim, regarding the facts constituting their right. 2. To the party opposing a claim, regarding facts that impede, modify, or extinguish the plaintiff's right. In case the legal basis and the factual element of the position defended are not proven, the party must assume the negative consequences of their omission. In this sense, it must be remembered that in judicial proceedings “each party bears the burden of proving the facts that serve as the basis for the norm that enshrines the legal effect sought by them, whatever their procedural position, that is, that party bears the risk of the lack of proof, which translates into an unfavorable decision...” (Devis Echandi, Hernando. Compendio de Derecho Procesal: Pruebas Judiciales, 9th ed., Ed. A.B.C., Bogotá, 1988, T.II, p. 161).” Vote Resolution No. 00710 – 2022 of July 21, 2022 at 15:18 hours.

IV- In the case under study, the appealed decision omitted any evaluative integration or exposition of the reasons of fact and law that justify an outright rejection of the subjudice. As stated above, safety is the main reason for summary proceedings for tree felling. And the Trial Court has not verified whether the requirements of the present action are met. The Court of origin is made aware that no judicial inspection was conducted in this regard either. Therefore, the appealed resolution must be annulled so that the Trial Court may proceed as appropriate and resolve expeditiously, given the need to prevent any incident that the fall of forest species might cause, or take whatever measures are deemed prudent. Or dismiss the proceeding through a resolution duly reasoned legally and technically. Any ruling regarding the admission of testimonial evidence before this Court is omitted as unnecessary, given the manner in which it is resolved.

THEREFORE

Resolution No. 2024000455 of thirteen hours fifty-four minutes on the fourteenth of October of the year two thousand twenty-four is annulled. The Trial Court shall proceed to resolve expeditiously, given the need to prevent any incident that the fall of forest species might cause, or take whatever measures are deemed prudent. Or dismiss the proceeding through a resolution duly reasoned legally and technically.