Res. 00173-2025 Tribunal Agrario — Use of Timber from Court-Authorized Tree RemovalAprovechamiento de madera producto de derribo autorizado judicialmente

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00173 - 2025

Fecha de la Resolución: 22 de Febrero del 2025 a las 09:57

Expediente: 24-000146-0391-AG

Redactado por: Magda Díaz Bolaños

Clase de asunto: Sumario de derribo

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Proceso sumario agrario de derribo
Subtemas:
Deber de solicitar en sede administrtiva los permisos para el aprovechamiento de madera en caso de fundo que no permite tener la certeza necesaria del derecho de propiedad del solicitante.
Regulación sobre el aprovechamiento de la madera producto del derribo que se autoriza.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

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EXPEDIENTE:

	

24-000146-0391-AG - 0




PROCESO:

	

SUMARIO




ACTOR/A:

	

MAYRA ESTELA JUAREZ  RUIZ




DEMANDADO/A:

	

 

 

   

VOTO N°  N° 2025000173

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las nueve horas cincuenta y siete minutos del veintidós de febrero de dos mil veinticinco.

SUMARIO DE DERRIBO establecido por MAYRA ESTELA JUÁREZ RUIZ, mayor, divorciada una vez, ama de casa, vecina de Santa Cruz, Guanacaste, cédula de identidad seis - ciento ochenta y seis - cuatrocientos setenta y siete; contra IGNORADO. Interviene como parte interesada la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por su procuradora adjunta licenciada Daniela Vargas Delgado, mayor, casada una vez, abogada, vecina de Grecia de Alajuela, cédula de identidad dos - seiscientos ocho - cuatrocientos diecisiete, colegiada diecinueve mil doscientos noventa y seis. Actúa como defensor público en materia agraria de la parte actora, el licenciado Oscar Cerdas Fonseca, de calidades en autos desconocidos. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, Santa Cruz.

   Redacta la jueza Díaz Bolaños; y,

CONSIDERANDO:

 I. De las pretensiones: Interpone la parte actora demanda y estima la presente en cincuenta mil colones, solicita: "1.- Declarar CON LUGAR la presente demanda sumaria en todos sus extremos, y se autorice el derribo del árbol (sic) de DOS ÁRBOLES DE CEDRO, objeto de este proceso. 2.- Por ser los árboles accesorio a mi derecho de propiedad solicito se me autorice el aprovechamiento de la madera a mi conveniencia, para así costear los costos del derribo. Subsidiaria: 3.- En caso de no autorizar la corta o derribo de los árboles, se otorgue la autorización para cortar todas las ramas que representen mayor peligro y así quitarle peso para evitar que este caiga",  (ver el expediente electrónico imágenes de 1 a 5).

 II. Excepciones deducidas. La Procuraduría General de la República se apersono y no presentó ninguna objeción, (ver en el expediente electrónico imágenes de la 29 a la 33 y 44).

 III. El juez Walter Ávila Quirós del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, Santa Cruz, mediante sentencia N° 2024000218, de las trece horas con cincuenta y dos minutos del veintisiete de agosto del año dos mil veinticuatro, resolvió: "De conformidad con las citas de hecho y de derecho se declara con lugar la presente demanda establecida por MAYRA ESTELA JUÁREZ RUIZ, de calidades que constan en autos. Se autoriza al actor para la corta de los dos árboles de cedro objeto de éste proceso. En cuanto a la solicitud de aprovechamiento de la madera debe la parte interesada haber (sic) la respectiva gestión ante las oficinas del Minae de la localidad”; (ver expediente electrónico, bandeja de documentos asociados sentencia primera instancia, fecha 27/08/2024 13:52:32).

IV. No se debe compartir el conjunto de hechos probados porque lo ahí expresado no lo son. Se tienen los siguientes hechos probados: 1. Las especies forestales objeto del proceso son dos árboles de cedro (cedrela odorata) ubicado en el caserío Trapiche, distrito Veintisiete de Abril, cantón Santa Cruz de la provincia de Guanacaste, doscientos metros al norte del salón comunal (ver informe del Área de Conservación Tempisque, oficina Subregional Santa Cruz-Carrillo, en cuadros 34 a 35 y anexos en imágenes 36 a 37 del expediente electrónico). 2. Tales árboles se ubican fuere de áreas de protección hídrica, especie no vedada; dentro de un patio de una casa de habitación (mismo informe citado en el hecho anterior). 3. El primer árbol en latitud 1138547 y longitud 311651 se ubica a ocho metros de la casa de habitación, es viejo, con inclinación a esa edificación; sobre un terreno tipo aluvial de alta inestabilidad (informe referido en el hecho primero). 4. La segunda especie forestal se ubica a diez metros de distancia de la morada, latitud 1138538 y longitud 311649 con daño en la base sobre terreno de tipo aluvial de alta inestabilidad (informe técnico del MINAE en imagen 34 a 35 y anexos en cuadros 36 a 37). 5. Los árboles de cedro descritos en el hecho primero se encuentran en una heredad sin inscribir, poseída por Mayra Estela Juárez Ruiz (manifestaciones de escrito inicial en cuadro 1; carta venta de imagen 13 y plano en cuadro 9).

 V. La impugnación es rubricada por el defensor público agrario de la actora. Se muestra disconforme porque estima la sentencia carece de una debida valoración de la prueba y falta de valoración. Considera se debe resolver la solicitud de aprovechamiento de la madera en la misma resolución donde se aprueba el derribo. Califica de improcedente se tenga que delegar la solicitud de la oficina del MINAE, porque ese aspecto son parte de las pretensiones. Agrega la persona juzgadora tiene competencia funcional para decidir lo tocante al aprovechamiento de la madera y resolverlo en este proceso. Reitera este aspecto es parte de las pretensiones. Agrega la jurisprudencia indica en caso el árbol se encuentre en zona de protección, en caso que así sea, solamente implica limitaciones de carácter ambiental en cuanto al derribo del árbol, pero no significa que dicha zona no sea parte integrante del derecho de propiedad natural de la gestionante. El derribo fue autorizado por la peligrosidad del árbol, conforme el artículo 311 del Código civil y 108.1 del Código procesal civil, por lo que puede aprovechar a su conveniencia la madera y costear los gastos del derribo pues son muy elevados. Indica, consta el informe técnico ACT-OSRSCC-0815-2024 del 12 de julio de 2024 donde se da cuenta del estado de peligrosidad, se indica están fuera de áreas de protección hídrica y no es especie vedada en Costa Rica. También de la ubicación en el patio de una casa de habitación. Se aportó la escritura pública donde su representada acredita ser la poseedora del terreno sin inscribir la cual adquirió de su madre Paula Ruiz Barrantes, por lo que nada impide el aprovechamiento del recurso forestal. Tampoco cuerpos de agua cercanos. Agravia la sentencia atenta contra el derecho de acceso a la propiedad, porque no resuelve la totalidad de las pretensiones de la demanda, sea el aprovechamiento de madera. Aduce, es perjudicial obligar a su representada a acudir a la vía administrativa para gestionar el aprovechamiento tomando en cuenta que es judicialmente que se ordenó el derribo. Pide se declare con lugar el recurso, se revoque en cuanto dispone acudir al MINAE para obtener permiso de aprovechamiento. En su lugar se autorice aprovechar (cuadros 57 a 60 del expediente electrónico).  

 VI. En el sub judice se tiene por demostrado que los árboles se ubican en una heredad sin inscribir, poseída por Mayra Estela Juárez Ruiz, quien promueve este proceso. Lo anterior de acuerdo con las manifestaciones de escrito inicial en cuadro 1; la carta venta de imagen 13 y plano en cuadro 9. Las especies forestales se encuentran en el terreno citado ubicado en el caserío Trapiche, distrito Veintisiete de Abril, cantón Santa Cruz de la provincia de Guanacaste, doscientos metros al norte del salón comunal, lo cual consta en el informe del Área de Conservación Tempisque, oficina Subregional Santa Cruz-Carrillo, en cuadros 34 a 35 y anexos en imágenes 36 a 37 del expediente electrónico. Se trata de dos árboles de cedro (cedrela odorata). Se ubican fuera de áreas de protección hídrica, especie no vedada; dentro de un patio de una casa de habitación, lo cual se verifica con el informe citado del MINAE y las fotografías de cuadros 15 a 19. El primer árbol ubicado en latitud 1138547 y longitud 311651 se erige a ocho metros de la casa de habitación, es viejo, con inclinación a esa edificación; sobre un terreno tipo aluvial de alta inestabilidad. La segunda especie forestal se sitúa a diez metros de distancia de la morada, latitud 1138538 y longitud 311649 con daño en la base sobre terreno de tipo aluvial de alta inestabilidad según da cuenta el informe técnico del MINAE en imagen 34 a 35 y anexos en cuadros 36 a 37. También se relata que la caída accidental de estos árboles tiene un potencial daño sobre la edificación y sobre la integridad de sus ocupantes debido a la cercanía. Por ese motivo se recomendó la eliminación de los árboles, primero podando las ramas y por último cortar el tronco de cada uno.

VII. El aprovechamiento se rechazó en la decisión apelada de la siguiente manera: “En cuanto a la solicitud de aprovechamiento de la madera de conformidad con el artículo 27 de la Ley Forestal debe la parte interesada haber (sic) la respectiva gestión ante las oficinas del Minae de la localidad por ser la autoridad competente” (imagen 52 del expediente electrónico). De tal forma no lleva razón quien recurre en indicar no existe pronunciamiento sobre la petición, pues como se observa se realizó y así se hizo constar en la parte dispositiva de la sentencia de conformidad con el artículo 26 y 54 ambos de la Ley de jurisdicción agraria. Empero, en lo concerniente a lo que es objeto de recurso, es relevante citar lo analizado por esta Cámara tocante al destino del aprovechamiento de la madera producto de los derribos de especies forestales: “...Al efecto, estima el Tribunal sí existen ideas contradictorias y confusas en la sentencia. Respecto a la legislación aplicable, efectivamente, no existe norma alguna que directamente justifique la decisión tomada y emitida por el juzgador. Tan es así que en la sentencia no se cita artículo alguno que lo justifique. Se cita en la resolución que rechaza la aclaración y adición el artículo 65 de la Ley Forestal 7575 porque es mencionado por el representante del Estado en el recurso de apelación en estudio, incoado ante la denegación de tales peticiones. El Procurador indica, esa norma no es aplicable porque se refiere a procesos penales en los que se conozca de ilícitos, siendo una situación diferente a la planteada en este proceso. Al respecto debe señalarse, la norma en mención dispone literalmente: “ARTÍCULO 65.- Remate de productos decomisados. Las infracciones de esta ley se denunciarán ante la autoridad judicial competente y, si se decomisa madera u otros productos forestales, la referida autoridad, previo avalúo realizado por la Administración Forestal del Estado, los rematará en subasta pública, dentro de un plazo no mayor de un mes contado a partir de la fecha en que se interpuso la denuncia.  Esos productos forestales no podrán subastarse por un valor menor al fijado por la Administración Forestal del Estado. Si transcurrido ese plazo, no se ha rematado la madera o los recursos forestales, cualquier persona podrá aprovecharlos, previo depósito, en el Tribunal, del valor asignado por la Administración Forestal. El producto del remate se depositará en la cuenta de la autoridad judicial correspondiente, mientras se define el proceso respectivo. Si el indiciado resulta absuelto, se le entregará el dinero; en caso contrario, el cincuenta por ciento (50%) le corresponderá a la Administración Forestal del Estado y el otro cincuenta por ciento (50%), a las municipalidades del lugar donde se encuentre el fundo del cual se extrajo la materia prima o donde se ubique la industria o a la asociación de indígenas, si es una en reserva indígena, para destinarlo al desarrollo de proyectos forestales; todo sin perjuicio de las responsabilidades penales que se determinen para los infractores. Se autoriza al Ministerio del Ambiente y Energía para que, por medio de la Administración Forestal, done al Ministerio de Educación Pública la madera que llegue a su poder como resultado de un desastre natural o por ampliación de carreteras, siempre que los propietarios sean desconocidos. También donará la decomisada, una vez firme la sentencia condenatoria, y que no haya sido adjudicada en remate ni solicitada por persona alguna con los requisitos de ley. El Ministerio de Educación Pública destinará esa madera a fabricar mobiliario o reparar infraestructura en escuelas y colegios públicos o utilizarla como materia prima en las asignaturas de ebanistería, torno, carpintería y otras que impartan escuelas y colegios estatales. (Así adicionados estos dos últimos párrafos por el artículo 1, inciso b), de la ley No. 7609 de 11 de junio de 1996).” De la lectura de la norma se desprende que efectivamente, no ofrece una solución específica para el caso concreto, ventilado en sede interdictal, pues está referido a madera decomisada producto de ilícitos. No obstante, ante la ausencia de normativa que de solución a este caso, tanto en la Ley de Jurisdicción Agraria como en los artículos 474 al 476 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente. Ante esa situación, y existiendo una norma referida al destino y aprovechamiento de árboles, aunque esté referida a ilícitos, es aplicable analógicamente. Al respecto, el artículo 12 del Código Civil señala: “Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante en el que se aprecie identidad de razón, salvo cuando alguna norma prohíba esa aplicación.”; sin que exista norma alguna en la Ley de Jurisdicción Agraria que prohíba la aplicación analógica. El artículo 65 citado, en lo que a este caso interesa, en caso de que la madera se decomise, delega la valoración y subasta de la madera u otros productos forestales a la Administración Forestal del Estado, para lo cual le confiere un plazo no mayor de un mes. En este caso, la madera no está decomisada pues conforme a la información que consta en el expediente, está pendiente de tala. En la sentencia no se dio un plazo para la corta de los cinco árboles de laurel, omisión que debe llenarse para que el fallo sea ejecutable y se administren los riesgos que la caída de los mismos podrían generar; sin embargo se indicó, una vez talados, el Ministerio debía proceder a valorarlos, labor que estima el Tribunal es consustancial a las funciones dadas por ley al mismo, al estar integrado por funcionarias y funcionarios expertos en la temática. La norma señala además, los bienes deben rematarse en subasta pública dentro del plazo de un mes, por el monto fijado por el Ministerio; y sólo en caso de que no se logre rematar la madera o los recursos forestales, cualquier persona podrá aprovecharlos, previo depósito, en el Tribunal, del valor asignado por la Administración Forestal. En este caso, como el producto forestal no deriva de un acto ilícito, sino de una medida preventiva, la posibilidad de aprovecharlos por cualquier persona cede ante la prioridad que debe darse a la parte demandante, pues los árboles están ubicados en una propiedad en posesión del señor Aguilera Vargas, de manera tal que es éste quien puede aprovecharlos tomando las medidas de prevención respectiva, en el entendido de que el valor de esos recursos forestales debe destinarse por parte de éste a la recuperación del área que resulte afectada con la eliminación de esos árboles, la cual necesariamente debe hacerse por parte del señor Aguilera en coordinación con las personas expertas que designe la Oficina Regional del Ministerio de Ambiente y Energía., pues al ser una zona de protección, deben sembrarse árboles endémicos o nativos de ésta, de manera tal que no debe dejarse abierta la posibilidad del demandante de sustituir los árboles de laurel que serán talados por cualquier otra especie, sino solo por aquellas que dispongan el Ministerio referido. La norma plantea el supuesto, ajeno a este proceso, de que si la persona resulta absuelta del ilícito, se le entregará el dinero producto del avalúo, de lo contrario, el 50% del monto le corresponderá a la Administración Forestal del Estado y el otro 50% a la Municipalidad del lugar donde se encuentre el fundo para destinarlo al desarrollo de proyectos forestales; de igual forma, se autoriza al Ministerio del Ambiente y Energía para que, por medio de la Administración Forestal, done al Ministerio de Educación Pública la madera que llegue a su poder como resultado de un desastre natural o por ampliación de carreteras, siempre que las personas propietarias sean desconocidas. En este caso, no se está en presencia de productos forestales vinculados con un ilícito como para asumir distribuir el valor de éstos en un 50% a la Administración Forestal del Estado y el otro 50% a la Municipalidad. En relación con la participación de centros de enseñanza, la norma permite que el Ministerio del Ambiente y Energía done al Ministerio de Educación Pública la madera que llegue a su poder como resultado de un desastre natural o por ampliación de carreteras, siempre que los propietarios sean desconocidos; y permite la donación de madera decomisada, una vez firme la sentencia condenatoria, y que no haya sido adjudicada en remate ni solicitada por persona alguna con los requisitos de ley. En este caso, no se está en presencia de un desastre natural, pues el objetivo del proceso es su prevención, ni de ampliación de carreteras; y aunque tales supuestos podrían asimilarse al caso en concreto, dista el supuesto señalado por la norma en el hecho de que supone, la persona propietaria del bien donde están los árboles sea desconocida. En este caso, el demandante aportó certificación registral en la que consta es el titular registral del fundo; y aunque en procesos interdictales no es posible referirse a aspectos vinculados con el derecho de propiedad conforme lo prevé el artículo 457 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente, el dato resulta de particular interés para determinar si los recursos forestales están dentro del terreno del demandante, descartando con ello que sea desconocida la persona dueña del fundo donde están los árboles. Ahora bien, debe agregarse, la asignación de recursos forestales al Ministerio de Educación Pública producto de ilícitos o en general, de cualquier proceso judicial, debe hacerse conforme a los fines dispuestos en la norma, es decir, para que la madera se destine a “fabricar mobiliario o reparar infraestructura en escuelas y colegios públicos”, y no simplemente pretender asignarle recursos económicos producto de los árboles sin un fin específico o sin un destino concreto, como bien lo advierte el representante estatal. De lo transcrito, concluye el Tribunal, la sentencia no es clara; sin embargo, no podría considerarse está viciada de nulidad …. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 50 de la Constitución Política; 6 inciso g), 31, 49 y 65 de la Ley Forestal 7575; 12 del Código Civil; 474 al 476 del Código Procesal Civil; y 1, 6, 26, 54 y 79 de la Ley de Jurisdicción Agraria; deberá revocarse la sentencia en la parte en que dispone donar los productos forestales específicamente a la Escuela de Iroquois de Guácimo y exige al demandante pagar el valor de los productos forestales que establezca el Ministerio de Ambiente y Energía. En lo demás, objeto de apelación, deberá confirmarse la sentencia en lo atinente a la autorización que se da al señor Santos Aguilera Vargas para que a partir de la firmeza de esta resolución, extraiga los cinco árboles de laurel objeto de la litis, en cuyo caso deberá tomar las medidas técnicas preventivas y precautorias que sean necesarias a fin de no causar daños a personas o bienes. El Ministerio de Ambiente y Energía deberá tomar las medidas preventivas necesarias y controlar que el proceso de tala de los árboles de laurel se ejecute cumpliendo con las disposiciones de la Ley Forestal; y una vez realizada la corta, dicha Oficina procederá al avalúo de los productos forestales mencionados. El demandante podrá aprovechar la madera, sin necesidad de depósito alguno al encontrarse los árboles dentro de la finca inscrita a su nombre, en cuyo caso, el Ministerio de Ambiente y Energía debe otorgarle los permisos de transporte, procesamiento u otros que sean necesarios, para su aprovechamiento …“. En el caso en estudio, se determinó por el juez en el reconocimiento judicial y el informe del MINAE brindado al efecto, que los árboles se sitúan donde ya fue descrito. Y la actora de forma responsable ha acudido a solicitar los permisos respectivos de las especies forestales ubicados dentro de su terreno. Acatando por su parte los procedimientos y trámites para el derribo que se aprobó técnicamente dado el peligro inminente. Se estima, esa especie es parte de su fundo acorde con lo dispuesto en el artículo 505 y 506 del Código Civil. En ese orden de ideas, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha resuelto en el Voto 2007-10578 del 25 de julio del 2007 el contenido del derecho de propiedad de la siguiente forma: “El derecho de propiedad tiene un contenido esencial que la Sala ha definido como la facultad de disfrutar y usar el bien para provecho personal (propiedad privada) o para utilidad pública (propiedad pública). Por ello, so pretexto de imponer determinadas limitaciones de “interés social”, no puede la autoridad pública, sea el Legislador o el Ejecutivo, eliminar uno o varios de sus atributos esenciales. En tal situación, es decir, si las limitaciones impuestas a la propiedad vulneran el contenido esencial del derecho de propiedad, el propietario tiene derecho a ser indemnizado por ello. En este sentido, la Sala ha señalado: “Es decir, pueden limitarse los atributos de la propiedad, en tanto el propietario reserve para sí la posibilidad de explotar normalmente el bien, excluida claro está, la parte o la función afectada por la limitación impuesta por el Estado. Fuera de estos parámetros, si el bienestar social exige sacrificios de uno o de algunos únicamente, debe ser indemnizado, lo mismo que ocurre cuando el sacrificio que se impone al propietario es de tal identidad, que lo hace perder en su totalidad el bien. Así, la limitación a la propiedad resiste el análisis constitucional, cuando la afectación a los atributos esenciales de la propiedad que son aquellos que permiten el uso natural de la cosa dentro de la realidad socio-económica actual, no hace desaparecer la naturaleza del bien o no haga imposible el uso de la cosa, porque el Estado imponga requisitos de autorización o de aprobación tan complejos que impliquen de hecho, la imposibilidad de usufructuar el bien”. (sentencia N° 2345-96)”. Sumado a lo anterior el derribo se genera en favor de la protección de la propiedad; de ahí se otorga el aprovechamiento de las especies forestales en aras de contribuir con los gastos que genera esa situación y no para la propia persona actora, sino en beneficio de todas aquellas que se ubiquen en la heredad y puedan verse beneficiados por la demolición. En este caso, la corta se autoriza por autoridad judicial con fundamento en un criterio técnico científico, dado el riesgo inminente a la vida humana de transeúntes y personas que se pudieran encontrar en el sitio ante la eventual caída de esa especie. La norma legal aplicable es el artículo 108.1 del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente (artículo 26 de la Ley de Jurisdicción Agraria, Transitorio I.3 de Ley 9343 y II de Ley 9342). Esta Cámara ha procedido en casos de derribos de árboles a autorizar el aprovechamiento de la madera por quien lo solicita, cuando existe prueba de que las especies forestales que se autorizan a talar están plantadas en fincas inscritas a nombre del que peticiona la corta o de quien debe obligado a cortar. Lo anterior como consecuencia jurídica del ejercicio del derecho de propiedad, con fundamento en el artículo 505 y 506 del Código Civil. Sin embargo, se presenta una condición del fundo que no permite tener la certeza necesaria a fin de ordenar en este mismo proceso se autoriza el aprovechamiento del apelante, cual es que el terreno no se encuentra inscrito tal y como se tiene por demostrado. Ha de aclararse, lo anterior no le impide acudir a las autoridades administrativas competentes en materia forestal para solicitar los permisos de transporte o venta. Lo cual se encuentra regulado en la Ley Forestal 7575 y su reglamento. En tales supuestos rige el artículo 3.1 de la Ley Forestal que define el aprovechamiento maderable como: "Acción de corta, eliminación de árboles maderables en pie o utilización de árboles caídos, realizada en terrenos privados, no incluida en el artículo 1 de esta ley, que genere o pueda generar algún provecho, beneficio, ventaja, utilidad o ganancia para la persona que la realiza o para quien esta representa". Máxime que el producto del derribo en este caso, no se origina en acto ilícito alguno. Es ante esa Sede donde debe dirigir la petición de permisos y demás en virtud de ser una heredad sin inscribir. En virtud de lo cual ha de confirmarse en lo apelado la sentencia recurrida pero por las razones dadas en esta Instancia.

POR TANTO

 En lo apelado, se procede a confirmar la resolución recurrida de las trece horas con cincuenta y dos minutos del veintisiete de agosto del año dos mil veinticuatro por las razones dadas en esta Instancia.

 

 

 

 

 

	


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MAGDA DÍAZ BOLAÑOS - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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M1CV5MVXS3061
MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 24-000146-0391-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:16:04.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENTE:

24-000146-0391-AG - 0

PROCEEDING:

SUMMARY

PLAINTIFF:

MAYRA ESTELA JUAREZ RUIZ

DEFENDANT:

VOTE No. 2025000173

AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At nine hours fifty-seven minutes of the twenty-second of February of two thousand twenty-five.

SUMMARY PROCEEDING FOR FELLING OF TREES (SUMARIO DE DERRIBO) filed by MAYRA ESTELA JUÁREZ RUIZ, of age, divorced once, homemaker, resident of Santa Cruz, Guanacaste, identity card six - one hundred eighty-six - four hundred seventy-seven; against UNKNOWN PARTY. The OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL (PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA) appears as an interested party, represented by its deputy attorney, licensed attorney Daniela Vargas Delgado, of age, married once, lawyer, resident of Grecia de Alajuela, identity card two - six hundred eight - four hundred seventeen, bar association number nineteen thousand two hundred ninety-six. The licensed attorney Oscar Cerdas Fonseca, whose qualifications are unknown in the record, acts as the public defender in agrarian matters for the plaintiff. Processed before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, Santa Cruz.

Judge Díaz Bolaños writes; and,

CONSIDERING:

I. Regarding the claims: The plaintiff files a complaint and estimates it at fifty thousand colones, requesting: "1.- To declare THIS summary complaint GRANTED in all its aspects, and to authorize the felling (derribo) of the tree (sic) of TWO CEDAR TREES (DOS ÁRBOLES DE CEDRO), the object of this proceeding. 2.- Since the trees are accessory to my property right, I request to be authorized the utilization (aprovechamiento) of the wood at my convenience, in order to cover the costs of the felling. In the alternative: 3.- In case the cutting or felling of the trees is not authorized, that authorization be granted to cut all the branches that represent the greatest danger and thus remove weight to prevent it from falling", (see the electronic file, images 1 to 5).

II. Exceptions raised. The Office of the Attorney General appeared and did not present any objection (see the electronic file, images 29 to 33 and 44).

III. Judge Walter Ávila Quirós of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, Santa Cruz, through judgment No. 2024000218, at thirteen hours and fifty-two minutes of the twenty-seventh of August of the year two thousand twenty-four, resolved: "In accordance with the cited facts and law, the present complaint filed by MAYRA ESTELA JUÁREZ RUIZ, whose qualifications are in the record, is granted. The plaintiff is authorized for the cutting of the two cedar trees that are the object of this proceeding. Regarding the request for utilization (aprovechamiento) of the wood, the interested party must carry out (sic) the respective procedure before the local MINAE offices”; (see electronic file, tray of associated documents, first instance judgment, date 27/08/2024 13:52:32).

IV. The set of proven facts should not be shared because what is expressed there does not constitute proven facts. The following are held as proven facts: 1. The forest species object of the proceeding are two cedar trees (cedrela odorata) located in the hamlet of Trapiche, district of Veintisiete de Abril, canton of Santa Cruz, province of Guanacaste, two hundred meters north of the community hall (see report of the Tempisque Conservation Area, Santa Cruz-Carrillo Subregional office, in tables 34 to 35 and annexes in images 36 to 37 of the electronic file). 2. These trees are located outside water protection areas, a non-banned species; within the yard of a dwelling house (same report cited in the previous fact). 3. The first tree at latitude 1138547 and longitude 311651 is located eight meters from the dwelling house, is old, leaning toward that building; on highly unstable alluvial terrain (report referenced in the first fact). 4. The second forest species is located ten meters from the dwelling, latitude 1138538 and longitude 311649 with damage at the base on highly unstable alluvial terrain (technical report of MINAE in image 34 to 35 and annexes in tables 36 to 37). 5. The cedar trees described in the first fact are on an unregistered property, possessed by Mayra Estela Juárez Ruiz (statements of the initial brief in table 1; purchase letter in image 13 and survey plan in table 9).

V. The appeal is signed by the plaintiff's public defender in agrarian matters. He disagrees because he estimates the judgment lacks a proper assessment of the evidence and lacks assessment. He considers that the request for utilization (aprovechamiento) of the wood should be resolved in the same ruling where the felling (derribo) is approved. He considers it improper to delegate the request to the MINAE office, because that aspect is part of the claims. He adds that the judge has functional competence to decide on the matter of the wood utilization (aprovechamiento) and resolve it in this proceeding. He reiterates that this aspect is part of the claims. He adds that jurisprudence indicates that if the tree is in a protection zone, if that is the case, it only implies environmental limitations regarding the felling of the tree, but does not mean that said zone is not an integral part of the natural property right of the petitioner. The felling (derribo) was authorized due to the danger posed by the tree, pursuant to article 311 of the Civil Code and 108.1 of the Civil Procedure Code, therefore she can utilize the wood at her convenience and cover the costs of the felling, as they are very high. He indicates that the technical report ACT-OSRSCC-0815-2024 of July 12, 2024, records the state of danger, indicates they are outside water protection areas and are not a banned species in Costa Rica. Also about the location in the yard of a dwelling house. The public deed was provided where his client proves she is the possessor of the unregistered land which she acquired from her mother Paula Ruiz Barrantes, so nothing prevents the utilization (aprovechamiento) of the forest resource. Nor are there nearby bodies of water. The judgment is prejudicial because it violates the right of access to property, as it does not resolve all the claims of the complaint, that is, the utilization (aprovechamiento) of the wood. He argues it is harmful to force his client to go to the administrative venue to manage the utilization (aprovechamiento), considering that the felling (derribo) was ordered judicially. He requests that the appeal be granted, and that the ruling be revoked insofar as it orders to go to MINAE to obtain utilization (aprovechamiento) permits. Instead, that utilization (aprovechamiento) be authorized (tables 57 to 60 of the electronic file).

VI. In the case at hand (sub judice), it has been demonstrated that the trees are located on an unregistered property, possessed by Mayra Estela Juárez Ruiz, who is filing this proceeding. The foregoing, according to the statements of the initial brief in table 1; the purchase letter in image 13; and the survey plan in table 9. The forest species are found on the cited land located in the hamlet of Trapiche, district of Veintisiete de Abril, canton of Santa Cruz, province of Guanacaste, two hundred meters north of the community hall, which is recorded in the report of the Tempisque Conservation Area, Santa Cruz-Carrillo Subregional office, in tables 34 to 35 and annexes in images 36 to 37 of the electronic file. These are two cedar trees (cedrela odorata). They are located outside water protection areas, a non-banned species; within the yard of a dwelling house, which is verified by the cited MINAE report and the photographs in tables 15 to 19. The first tree, located at latitude 1138547 and longitude 311651, stands eight meters from the dwelling house, is old, leaning toward that building; on highly unstable alluvial terrain. The second forest species is situated ten meters from the dwelling, latitude 1138538 and longitude 311649 with damage at the base on highly unstable alluvial terrain, as recorded by the MINAE technical report in image 34 to 35 and annexes in tables 36 to 37. It is also reported that the accidental fall of these trees has a potential for damage to the building and to the physical integrity of its occupants due to the proximity. For that reason, the elimination of the trees was recommended, first by pruning the branches and finally by cutting the trunk of each one.

VII. The utilization (aprovechamiento) was denied in the appealed decision in the following manner: "Regarding the request for utilization (aprovechamiento) of the wood, in accordance with article 27 of the Forest Law (Ley Forestal), the interested party must carry out (sic) the respective procedure before the local MINAE offices as they are the competent authority" (image 52 of the electronic file). Thus, the appellant is incorrect in indicating there is no ruling on the petition, since as observed it was made and was so recorded in the operative part of the judgment in accordance with articles 26 and 54, both of the Agrarian Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria). However, regarding the matter that is the object of the appeal, it is relevant to cite what has been analyzed by this Chamber concerning the destination of the wood utilization (aprovechamiento) resulting from the felling (derribo) of forest species: "...To this effect, the Tribunal considers that there are indeed contradictory and confusing ideas in the judgment. Regarding the applicable legislation, there is indeed no specific rule that directly justifies the decision taken and issued by the judge. So much so that the judgment cites no article whatsoever to justify it. The ruling that denied the clarification and expansion cites article 65 of Forest Law (Ley Forestal) 7575 because it is mentioned by the State's representative in the appeal under study, filed following the denial of such petitions. The Attorney General indicates that this rule is not applicable because it refers to criminal proceedings dealing with illicit acts, being a different situation from the one raised in this proceeding. In this regard, it should be noted that the rule in question literally states: “ARTICLE 65.- Auction of confiscated products. Violations of this law shall be reported to the competent judicial authority and, if wood or other forest products are confiscated, the referred authority, after an appraisal carried out by the State Forest Administration, shall auction them at a public auction, within a period no longer than one month from the date on which the report was filed. Those forest products may not be auctioned for a value less than that set by the State Forest Administration. If after that period the wood or forest resources have not been auctioned, any person may take timber use (aprovecharlos), after depositing, with the Court, the value assigned by the Forest Administration. The proceeds of the auction shall be deposited into the account of the corresponding judicial authority while the respective proceeding is being decided. If the indictee is acquitted, the money shall be delivered to them; otherwise, fifty percent (50%) shall go to the State Forest Administration and the other fifty percent (50%) to the municipalities of the place where the property from which the raw material was extracted is located or where the industry is located, or to the indigenous association if it is in an indigenous reserve, to be used for the development of forest projects; all without prejudice to the criminal liabilities determined for the violators. The Ministry of Environment and Energy is authorized to, through the Forest Administration, donate to the Ministry of Public Education wood that comes into its possession as a result of a natural disaster or road expansions, provided the owners are unknown. It shall also donate confiscated wood, once the conviction is final, and that has not been awarded at auction nor requested by any person with the requirements of law. The Ministry of Public Education shall allocate that wood to manufacture furniture or repair infrastructure in public schools and high schools, or to use it as raw material in the subjects of cabinetmaking, lathe, carpentry, and others taught by state schools and high schools. (Thus added these last two paragraphs by article 1, subsection b), of law No. 7609 of June 11, 1996).” From reading the rule, it emerges that indeed, it does not offer a specific solution for the specific case ventilated in this possessory proceeding (sede interdictal), as it refers to wood confiscated as a result of illicit acts. However, given the absence of a regulation that provides a solution to this case, both in the Agrarian Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria) and in articles 474 to 476 of the Civil Procedure Code applied supplementarily. Given this situation, and there being a rule referring to the destination and utilization (aprovechamiento) of trees, even though it refers to illicit acts, it is applicable by analogy. In this regard, article 12 of the Civil Code states: “The analogous application of rules shall proceed when they do not contemplate a specific case but regulate another similar one in which identity of reason is appreciated, unless any rule prohibits such application.”; and there is no rule in the Agrarian Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria) that prohibits analogous application. The cited article 65, insofar as relevant to this case, in the event that the wood is confiscated, delegates the valuation and auction of the wood or other forest products to the State Forest Administration, for which it grants a period no longer than one month. In this case, the wood has not been confiscated because, according to the information in the file, it is pending felling (tala). The judgment did not set a deadline for the cutting of the five laurel trees, an omission that must be filled so that the ruling is enforceable and the risks that their fall could generate are managed; however, it was indicated that, once felled (talados), the Ministry was to proceed to appraise them, a task this Tribunal considers inherent to the functions given to it by law, being composed of officials expert in the subject. The rule also states, the goods must be auctioned at public auction within the period of one month, for the amount set by the Ministry; and only if the wood or forest resources cannot be auctioned, may any person take timber use (aprovecharlos), after depositing, with the Court, the value assigned by the Forest Administration. In this case, since the forest product does not derive from an illicit act, but from a preventive measure, the possibility of them being utilized by any person yields to the priority that must be given to the plaintiff, because the trees are located on a property in the possession of Mr. Aguilera Vargas, such that it is he who may utilize them by taking the respective prevention measures, on the understanding that the value of those forest resources must be used by him for the recovery of the area that is affected by the elimination of those trees, which must necessarily be done by Mr. Aguilera in coordination with the expert persons designated by the Regional Office of the Ministry of Environment and Energy, as being a protection zone, endemic or native trees of the area must be planted, such that the possibility must not be left open for the plaintiff to replace the laurel trees that will be felled (talados) with any other species, but only with those ordered by the referred Ministry. The rule raises the assumption, foreign to this proceeding, that if the person is acquitted of the illicit act, the money from the appraisal will be given to them; otherwise, 50% of the amount will go to the State Forest Administration and the other 50% to the Municipality of the place where the property is located to be used for the development of forest projects; likewise, the Ministry of Environment and Energy is authorized to, through the Forest Administration, donate to the Ministry of Public Education wood that comes into its possession as a result of a natural disaster or road expansions, provided the owning persons are unknown. In this case, we are not in the presence of forest products linked to an illicit act so as to assume distributing their value at 50% to the State Forest Administration and the other 50% to the Municipality. Regarding the participation of educational centers, the rule allows the Ministry of Environment and Energy to donate to the Ministry of Public Education wood that comes into its possession as a result of a natural disaster or road expansions, provided the owners are unknown; and allows the donation of confiscated wood, once the conviction is final, and that has not been awarded at auction nor requested by any person with the requirements of law. In this case, we are not in the presence of a natural disaster, as the objective of the proceeding is its prevention, nor of road expansions; and although such assumptions could be assimilated to the case at hand, the assumption indicated by the rule differs in the fact that it assumes the person who owns the property where the trees are located is unknown. In this case, the plaintiff provided a registry certification showing he is the registered owner of the property; and although in possessory proceedings (procesos interdictales) it is not possible to refer to aspects linked to the property right as provided for in article 457 of the Civil Procedure Code applied supplementarily, the fact is of particular interest to determine if the forest resources are within the plaintiff's land, thereby discarding that the person owning the property where the trees are located is unknown. Now, it must be added, the allocation of forest resources to the Ministry of Public Education resulting from illicit acts or, in general, from any judicial proceeding, must be done in accordance with the purposes stated in the rule, that is, so that the wood is used to “manufacture furniture or repair infrastructure in public schools and high schools”, and not simply to try to assign economic resources from the trees without a specific purpose or without a concrete destination, as the state representative rightly warns. From the transcribed text, this Tribunal concludes that the judgment is not clear; however, it could not be considered null and void …. Based on the foregoing, pursuant to articles 50 of the Political Constitution; 6 subsection g), 31, 49, and 65 of Forest Law (Ley Forestal) 7575; 12 of the Civil Code; 474 to 476 of the Civil Procedure Code; and 1, 6, 26, 54, and 79 of the Agrarian Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria); the judgment must be revoked in the part that orders the donation of the forest products specifically to the Escuela de Iroquois de Guácimo and requires the plaintiff to pay the value of the forest products as established by the Ministry of Environment and Energy. As for the rest, the object of the appeal, the judgment must be confirmed regarding the authorization given to Mr. Santos Aguilera Vargas so that, after this resolution becomes final, he may extract the five laurel trees that are the object of the dispute, in which case he must take the necessary technical, preventive, and precautionary measures so as not to cause damage to persons or property. The Ministry of Environment and Energy must take the necessary preventive measures and control that the felling (tala) process of the laurel trees is executed in compliance with the provisions of the Forest Law (Ley Forestal); and once the cutting is carried out, said Office will proceed with the appraisal of the mentioned forest products. The plaintiff may utilize the wood, without the need for any deposit as the trees are within the property registered in his name, in which case, the Ministry of Environment and Energy must grant him the transport, processing, or other necessary permits, for its utilization (aprovechamiento) …“ In the case under study, it was determined by the judge in the judicial inspection and the MINAE report provided to that effect, that the trees are located where it was already described. And the plaintiff, in a responsible manner, has come to request the respective permits for the forest species located within her land. Complying, for her part, with the procedures and formalities for the felling (derribo) that was technically approved given the imminent danger. It is considered that this species is part of her property in accordance with the provisions of articles 505 and 506 of the Civil Code. In this line of thought, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice resolved in Ruling (Voto) 2007-10578 of July 25, 2007, the content of the property right as follows: “The right of property has an essential content that this Chamber has defined as the faculty to enjoy and use the asset for personal benefit (private property) or for public utility (public property). Therefore, under the pretext of imposing certain ‘social interest’ limitations, the public authority, be it the Legislature or the Executive, cannot eliminate one or several of its essential attributes. In such a situation, that is, if the limitations imposed on property violate the essential content of the property right, the owner has the right to be compensated for it. In this regard, the Chamber has stated: “That is, the attributes of property can be limited, as long as the owner retains for themselves the possibility of normally exploiting the asset, excluding, of course, the part or function affected by the limitation imposed by the State. Outside of these parameters, if social wellbeing requires sacrifices from only one or a few, they must be compensated, the same as occurs when the sacrifice imposed on the owner is of such magnitude that it makes them lose the asset in its entirety. Thus, the limitation on property withstands constitutional analysis, when the affectation of the essential attributes of property, which are those allowing the natural use of the thing within the current socio-economic reality, does not make the nature of the asset disappear or does not make the use of the thing impossible, because the State imposes authorization or approval requirements so complex that they imply, in fact, the impossibility of enjoying the asset”. (judgment No. 2345-96)”. Added to the above, the felling (derribo) is generated in favor of the protection of property; hence, the utilization (aprovechamiento) of the forest species is granted in order to contribute to the expenses generated by that situation and not for the plaintiff herself, but for the benefit of all those located on the property who may benefit from the demolition. In this case, the cutting is authorized by judicial authority based on a technical scientific criterion, given the imminent risk to human life of passersby and persons who might be on the site due to the eventual fall of that species. The applicable legal rule is article 108.1 of the Civil Procedure Code, applied supplementarily (article 26 of the Agrarian Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria), Transitory Provision I.3 of Law 9343 and II of Law 9342). This Chamber has proceeded, in cases of tree felling (derribos), to authorize the utilization (aprovechamiento) of the wood by the party requesting it, when there is proof that the forest species authorized to be felled are planted on properties registered in the name of the person petitioning the cutting or of the person obliged to cut. The foregoing, as a legal consequence of the exercise of the property right, based on articles 505 and 506 of the Civil Code. However, a condition of the property is present that does not allow having the necessary certainty to order, within this same proceeding, that the appellant's utilization (aprovechamiento) be authorized, which is that the land is not registered, as it has been demonstrated. It must be clarified that the foregoing does not prevent her from going to the competent administrative authorities on forest matters to request transport or sale permits. This is regulated in Forest Law (Ley Forestal) 7575 and its regulation. In such cases, article 3.1 of the Forest Law (Ley Forestal) applies, which defines timber harvesting (aprovechamiento maderable) as: "Action of cutting, elimination of standing timber trees or utilization of fallen trees, carried out on private lands, not included in article 1 of this law, that generates or may generate some benefit, advantage, utility, or gain for the person performing it or for whom they represent". Especially given that the product of the felling (derribo) in this case does not originate from any illicit act. It is before that Office where she must direct the petition for permits and others by virtue of it being an unregistered property. By virtue of which, the appealed judgment must be confirmed in the matter appealed but for the reasons given in this Instance.

THEREFORE

On the matter appealed, the appealed resolution of thirteen hours and fifty-two minutes of the twenty-seventh of August of the year two thousand twenty-four is hereby confirmed for the reasons given in this Instance.

MAGDA DÍAZ BOLAÑOS - DECIDING JUDGE

ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA - DECIDING JUDGE

MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - DECIDING JUDGE

EXP: 24-000146-0391-AG

II Circuito Judicial San José, 4th floor, Tribunales de Justicia building, Calle Blancos de Goicoechea in front of the Hospital Hotel La Católica parking lot. Telephone: 2247-9093. Fax: 2280-6317 or 2280-8381. Email: [email protected]

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