Res. 00183-2025 Tribunal Agrario — INDER adjudication error does not validate replevin and allows agrarian adverse possessionError en adjudicación del INDER no valida reivindicación y permite usucapión agraria

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00183 - 2025

Fecha de la Resolución: 26 de Febrero del 2025 a las 14:55

Expediente: 14-000008-1143-AG

Redactado por: No indica redactor

Clase de asunto: Proceso ordinario

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto salvado
Temas (descriptores): Usucapión especial agraria
Subtemas:
Requisitos de la usucapión y análisis sobre la posesión en precario.
Sentencias en igual sentido Sentencias del mismo expediente


Texto de la resolución

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EXPEDIENTE:

	

14-000008-1143-AG - 7




PROCESO:

	

ORDINARIO




ACTOR/A:

	

ROSA EUGENIA CORTES ARAYA




DEMANDADO/A:

	

OLMAN BUSTOS GARCIA

 

   

VOTO N°  N° 2025000183

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las catorce horas cincuenta y cinco minutos del veintiséis de febrero de dos mil veinticinco.-

PROCESO ORDINARIO  promovido por ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA, mayor, soltera, ama de casa, vecina de Buenos Aires, Asentamiento Alfonso Bustos, cédula de identidad cinco - doscientos siete - quinientos veinticinco;  contra OLMAN BUSTOS GARCÍA, mayor, soltero, agricultor, vecino de Asentamiento Alfonso Bustos,  cédula de identidad número nueve - cero setenta y ocho - novecientos setenta y dos;  el INSTITUTO DESARROLLO RURAL (INDER), cédula jurídica cuatro - cero cero cero cero cuarenta y dos mil ciento cuarenta y tres, representado por su apoderada general judicial Grace Ávila Calvo, mayor, soltera, abogada, cédula de identidad  dos - cuatrocientos veintisiete - trescientos trece, colegiada trece mil setecientos setenta y cinco. Asimismo el señor OLMAN BUSTOS GARCÍA presenta  reconvención contra el INDER  y  ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA, de calidades antes mencionadas. Actúa como defensora pública de la actora reconvenida, la licenciada Nubia Miranda Pérez,  cédula de identidad  seis -  trescientos diez - seiscientos setenta y dos, colegiada  veinte mil trescientos cuarenta y nueve; y del demandado- reconventor Bustos García,   licenciada Mariela Angulo Pizzarro, de calidades desconocidas en autos.  Tramitado ante el Juzgado Agrario de Upala.

RESULTANDO:

 1.- La actora pretende que en sentencia se declare que: "1.- Con lugar la presente demanda en todos sus extremos acogiendo este proceso Ordinario Agrario y se rechacen las excepciones que interponga el demandado. 2- Que se declare que la actora es la legítima y única propietaria registral de la finca inscrita en el registro Público de la Propiedad folio real 401254-000 y con plano debidamente catastrado no. A-475426-98, parcela número 4, Asentamiento Alfonso Bustos, Buenos Aires, Aguas Claras de Upala, Alajuela. Por lo que solicito se me reivindique de la misma, y deberá el demandado desalojar de forma inmediata dicha propiedad y entregar la posesión de dicha finca a la actora. Para ello deberá concedérsele un plazo de tres días posteriores a la firmeza del fallo, asimismo que se declare que en caso que el demandado no haga entrega definitiva de la posesión del terreno a la actora, se faculta a la actora a que proceda a desalojar al demandado de dicha área por medio de la Fuerza Pública correspondiente. 3.- Que se ordene al demandado abstenerse personalmente o por terceras personas de perturbar la libre posesión sobre el bien en litis por parte de la actora, que en caso de no acatar tal disposición se le podrá abrir causa penal por el delito tipificado como Desobediencia a la Autoridad. 4.-Que se condene al demandado  al pago de ambas costas de este proceso. 5.- Los demandados deben restituirme la finca 401254-000, sea parcela número 4 del Asentamiento Alfonso Bustos, Buenos Aires de Upala, que posee ilegítimamente, la cual no es propiedad de él. 6-Que se declare que el demandado Olman Bustos Garcia, es un poseedor de mala fe. 7-Que en el caso de que se le conceda el pago de mejoras a favor del demandado Olman Bustos Garcia, las mismas deben ser canceladas por el demandado Instituto de Desarrollo Rural (INDER)".(Ver expediente físico pretensiones a folio 31 a 32 y ampliación de pretensiones a folio 36 ).

 2.- El  Instituto de Desarrollo Rural fue debidamente notificado y contesta la acción en los términos y argumentos que se aprecian de folio 76 al 79 sin  oponer excepciones. Por su parte el demandado Bustos García, debidamente notificado contesta la demanda incoada en su contra de folio 82 al 92 e interpuso las excepciones de falta de legitimación activa y  pasiva, incompetencia, prescripción positiva.

 3.- Asimismo Olman Bustos García  presenta reconvención contra el INDER y Rosa Eugenia Cortes Araya solicitando que en sentencia se declare: " Pretensión principal: 1) Con lugar la presente demanda acogiendo en todos sus extremos y rechazando las excepciones que interponga la demandada. 2) Que el actor ha ejercido la posesión agraria con aniumus (sic) domini y cumpliendo con la función social que se requiere en este proceso judicial por mas 18 años 3. Que el actor  tiene legitimación activa agraria sobre el terreno en litis. 4. Que el actor ha adquirido el derecho de propiedad sobre el terreno en litis al amparo de la prescripción positiva, según lo dispuesto en la legislación. 5.Que la prescripción positiva ha operado de pleno derecho a favor del actor y con eficacia erga omnes o frente a cualquier tercero. 6. Que se anule el asiento registral que obstenta la demandada ROSA CORTÉS ARAYA sobre la finca 401254 000 del partido de Alajuela, para que se constituya asiento nuevo en base al derecho correspondiente de Usucapión a favor del actor, OLMAN BUSTOS GARCÍA 7. Que se declare las mejoras del terreno a favor del actor. 8. que declare que el actor es el que ha ejercido actos posesorios sobre el terreno desde 1996,fecha en la cual ingreso a la propiedad, bajo la creencia de que no le pertenecía a nadie 9. Que se declare extinto el derecho del demandado y se ordene la cancelación del Título del demandado en el Registro Público y en su lugar se ordene la inscripción a nombre del actor 10. Sean ambas costas procesales a cargo de la parte demandada. Pretensión subsidiaria: 1. Que el actor tiene mejor derecho de posesión sobre el terreno en listis. 2. Que el actor tiene el derecho de retención con base al pago de   las mejores y accesiones realizadas en el terreno en litis en los 18 años de posesión. El valor de esos trabajos será fijado en ejecución de sentencia y en los montos que conforme a los costos y precios del momento en que el perito realice esa cuantificación. 3. Que la anterior indemnización por concepto de mejoras y accesiones debe pagarla la demandada. 4. Que el derecho de retención lo tiene la actora hasta que no se realice el pago efectivo de tales mejoras y accesiones, pagar intereses al tipo de la tasa básica pasiva, pero no interés legal por no tratarse de obligación derivada de préstamo. 5. Se ordene la cancelación del plano catastrado del demandado A 0475426-1998" (Ver expediente físico  folio del  90 a 91 ).

 4- La demandada Rosa Eugenia Cortés Araya, contesta la reconvención  de folio 113 al 117, y opuso excepciones de falta de legitimación activa, falta de legitimación  pasiva, falta de derecho. El INDER contesta la contrademanda incoada en su contra e interpone las excepciones de falta de legitimación ad causan activa y pasiva, falta de derecho y la genérica sine actione agit, tal y como consta de  folio 128 a129.

 5.- El Tribunal Agrario de Segundo Circuito Judicial de la San José, Goicoechea, mediante el Voto 459-F-2022,  de las ocho horas cuatro minutos del doce de mayo de dos mil veintidós., anulo la sentencia dictada por el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Upala, numero  2021000165, de las catorce horas dieciocho minutos del veintinueve de setiembre de dos mil veintiuno, (ver descarga del expediente electrónico en formato pdf, imágenes  275 a 290).-

 6.- Posteriormente el Juzgado Agrario de Upala en resolución de las quince horas nueve minutos del cuatro de agosto de dos mil veintidós, previno a la parte demandada reconventora que  precise y aclare la solicitud de indemnización. Por lo  que cumpliendo con la prevención aclara lo siguiente:  "- Se declare que la parte actora ha ejercido posesión del inmueble en litis desde 1996, producto de lo cual realizó mejoras y accesiones que convirtieron el terreno ocupado en un bien idóneo para la producción agraria y para habitación. - Se declare la existencia de las siguientes accesiones y mejoras: a) Mantenimiento de cuatro hectáreas de terreno, naturaleza de repasto en la suma de seiscientos mil colones por año, para un total de diez millones ochocientos mil colones. b) Cultivos (arboles frutales de naranja, mamón chino, limón, cacao, guayaba, madarina, aguacate y níspero ) en la suma de doscientos sesenta y ocho mil quinientos dieciocho colones exactos. c) Construcción de una casa en la suma un millón de colones. d) Construcción de cercas estimado en la suma de quinientos treinta y nueve mil noventa colones exactos. e) Cincuenta árboles maderables, valorados en cincuenta mil colones cada uno, para un total de dos millones quinientos mil colones. f) Mantenimiento de la casa durante dieciocho años, valorado en la suma de cien mil colones por año, para un total de un millón ochocientos mil colones. g) Mantenimiento de cercas durante dieciocho años, valorado en la suma de cincuenta mil colones por año, para un total de novecientos mil colones exactos. En todo caso el valor definitivo de estos trabajos será fijado en ejecución de sentencia en los montos conforme a los costos y precios del momento en que el perito que se nombre para tales efectos realice la cuantificación, actualización desde hace diez años a la fecha de esa fijación." ( Ver  descarga de expediente electronico en pdf imagen  301 a 302 ).

 7.- El Juez Juan Carlos Castillo, del Juzgado Agrario del Upala, en sentencia número 2023000099, de las doce horas treinta y ocho minutos del cinco de mayo de dos mil veintitrés, resolvió: "POR TANTO: En virtud de lo expuesto y citas legales SE DECLARA CON LUGAR la presente demanda ordinaria de ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA CONTRA OLMAN BUSTOS GARCÍA y SIN LUGAR EN CONTRA del INSTITUTO DESARROLLO RURAL (INDER) y en consecuencia las pretensiones de la parte actora en contra del señor Bustos García se acogen pero de la siguiente forma: 1. Se declara a la actora como legítima y única propietaria registral de la finca inscrita en el registro Público de la Propiedad folio real 401254-000 del Partido de Alajuela y con plano catastrado número A-475426-98, parcela número 4, Asentamiento Alfonso Bustos, Buenos Aires, Aguas Claras Upala, provincia de Alajuela. 2- Se declara al demandado Olman Bustos García como poseedor de mala fe del terreno en litis. 3- Deberá el demandado Bustos García desalojar dicha propiedad y entregar la posesión de dicha finca a la actora. 4- Se le advierte al demandado Bustos García que en caso de no hacer la entrega definitiva de la posesión del terreno a la actora, se faculta a la actora a que proceda a desalojar al demandado de dicha área por medio de la Fuerza Pública correspondiente. 5- Se ordena al demandado Bustos García abstenerse personalmente o por terceras personas de perturbar la libre posesión sobre el bien en litis por parte de la actora, que en caso de no acatar tal disposición se le podrá abrir causa penal por el delito tipificado como Desobediencia a la Autoridad. 6- Deberá la parte actora pagar al demandado Bustos García el valor de las accesiones, lo cual será liquidado en ejecución de sentencia. En lo expresamente aprobado en esta sentencia entiéndase por denegado. En cuanto al INDER las pretensiones de la actora las mismas se rechazan. El INDER no opuso excepciones, sin embargo a la parte actora no está legitimada activamente para accionar en contra de dicho Instituto, además el INDER no está legitimado pasivamente para actuar en su contra y doña Rosa no tiene derecho en actuar en contra del INDER. El demandado Bustos García opuso excepciones de falta de legitimación activa y pasiva y falta de derecho, incompetencia y prescripción positiva todas se rechazan. En relación a la RECONVENCIÓN DE OLMAN BUSTOS GARCÍA en CONTRA del INDER SE DECLARA SIN LUGAR y en consecuencia las pretensiones en su contra se rechazan. En contra de la señora ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA la misma SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR y en consecuencia se rechazan sus pretensión principal pero se acoge la pretensión subsidiaria pero de la siguiente forma: 1. La reconventora deberá pagar al reconventor el pago de las accesiones realizadas en el terreno en litis correspondientes correspondientes a las siguiente: a: Cultivos árboles frutales existentes en el terreno. b) Construcción de una casa. c) Construcción de cercas. d) El valor definitivo de estas accesiones será fijado en ejecución de sentencia según el valor que establezca el peritaje. En lo expresamente no aprobado en esta sentencia entiéndase por denegado. En cuanto a las excepciones opuestas de Doña Rosa Eugenia Cortés Araya de falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva y falta se acogen en cuanto a la excepción de falta de derecho las mismas se acoge parcialmente pues al reconventor se le deben pagar las accesiones sin derecho a retención. El INDER opuso las excepciones de falta de legitimación activa, pasiva y falta de derecho las cuales se acogen. Se resuelve sin especial condenatoria en  costas. Se advierte a las partes que esta sentencia admite recurso de apelación, el cual deberá interponerse ante este Juzgado en el término de cinco días. En ese mismo plazo y ante éste Órgano Jurisdiccional se deberán exponer en forma verbal o escrita los motivos de hecho o derecho en que la parte recurrente apoya su inconformidad, bajo el apercibimiento de declarar inadmisible el recurso, según los artículos 500 y 501 inciso c) y d) del Código de Trabajo; Votos números 5798 de las 16:21 horas del 11 de agosto de mil novecientos noventa y ocho y 1306 de las 16:27 horas del 23 de Febrero de 1999, ambos de la Sala Constitucional y Voto número 386 de las 14:20 horas del 10  de diciembre de 1999. Si alguna de las partes va a presentar recurso de apelación contra la presente resolución, favor remitir además, el recurso de apelación por formato electrónico. Por motivo de la inserción de la oralidad en materia agraria, si es el deseo de la parte que el Tribunal de alzada les confiera una audiencia oral, lo hagan saber en el mismo escrito de apelación, o en su defecto señalar un correo electrónico en donde se les pueda notificar.- NOTIFÍQUESE." (ver expediente descargado en pdf,  imágenes 322  a 378).-

 8.- La licenciada Joselyn Cordero Castillo, en su condición de defensora pública de Olman Bustos García, interpuso recurso de apelación con fundamento en lo siguiente: "... PRIMER MOTIVO: INDEBIDA VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y AUSENCIA DE VALORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE USUCAPIÓN (DERECHO SUSTANTIVO). Como ya es de conocimiento de los Tribunales Agrarios se requieren tres presupuestos para la acción ordinaria de usucapión, posesión por más de diez años, titulo traslativo de dominio y buena fe. En la sentencia impugnada se rechaza la acción fundamentado en que don Olman carece de buena y así se tiene como hecho probado: “2) Don Olman es un poseedor de mala fe de la parcela número 4, ya que siempre ha sabido que el terreno está dentro del Asentamiento Alfonso Bustos y que le pertenecía al IDA (hoy INDER) y luego a la actora doña Rosa Cortés Araya...”texto de la sentencia En atención al artículo 285 del Código Civil, esta representación no comparte lo resuelto, bajo este cuerpo normativo la buena fe es de quien creía tener derecho de poseer la cosa o una duda suficiente sobre ese derecho, lo cual sucede en este caso en concreto. Debemos ubicarnos en el lugar en litis, la parte actora y la parte demandada comienzan a realizar posesión de parcelas en el Asentamiento Alfonso Bustos con la intención de adquirir la titularidad sobre dichos inmuebles. Es el INDER quien genera un error titulando a doña Rosa en una parcela equivocada (parcela 4) y poseyendo otra (parcela 7). Ahora bien, se tiene claro en sentencia que don Olman ejerce posesión desde el año 1997, ingresando al terreno con el propósito de cumplir con la función social de la propiedad y abastecer necesidades propias y del grupo familiar, hasta acá no podemos hacer un reproche y no existe prueba suficiente que don Olman haya sido un poseedor de mala fe, esto, con fundamento en que la buena fe se presume. Durante los años en posesión, sucedieron diversas situaciones ajenas a la voluntad de mi representado, el INDER inicia los tramites correspondientes a la adjudicación de parcelas y por error entrega el área en posesión de don Olman a la señora Rosa. Esta actuación administrativa genera grandes dudas, ya que se puede concluir que el INDER no tenía intención de entregar la parcela objeto en litis a doña Rosa, debido a que en la materialidad quien se encontraba en el inmueble y quien se encuentra actualmente es don Olman. Aunado a lo anterior, doña Rosa se encontraba en posesión de una parcela completamente distitna, nunca realizó actos posesorios sobre el área objeto en litis. Para criterio de esta representación lo sucedido se ajusta perfectamente al artículo 285 del Código Civil, en el escenario en que nos encontramos el IDA hoy INDER generó diversos errores y mi representado creía tener el derecho sobre el área en litigio, ejerciendo con ello posesión de buena fe. Además, tomando en cuenta que al inicio a doña Rosa le habían entregado un área completamente distinta podemos asegurar que mi representado creía tener derecho sobre el área en litis. La solución dada por el INDER sobre este error fue indicarle a doña Rosa que debía iniciar una acción reivindicatoria y en el caso de don Olman le indicaron que debía desocupar la parcela, sin embargo, mi representado no salió, actuación dada conforme a derecho, ya que se debía conocer esta acción y la liquidación del estado posesorio. Don Olman siempre ha actuado de buena fe y lo que pretende es asegurar los años de posesión ejercidos en el inmueble. A pesar de lo expuesto, en sentencia de primera instancia se hace un juicio de reproche a mi representado. “… lo cierto es que don Olman reconoció saber desde hace muchos años que el terreno le pertenecía al INDER, razón por la cual es un poseedor de mala fe del mismo, máxime que sabía que ese terreno le pertenecía a doña Rosa.” Texto de la sentencia. Sin lugar a dudas don Olman conocía que el terreno pertenecía al INDER y debido a esto se había iniciado con los estudios para una posible adjudicación por parte de la institución y en la misma situación estaba doña Rosa. “Esa posesión ejercida por don Olman más bien ha sido de mala fe por que él mismo reconoció en el hecho segundo de la reconvención que el terreno que él poseía estaba a nombre del I.D.A. (Hoy INDER) y que incluso trató con personeros de dicha Institución en poner ese terreno sin éxito.” Texto en sentencia. La buena fe no solo recae en que si don Olman conocía si el terreno estaba inscrito, sino que actúo pensando que tenía un derecho sobre el inmueble y sobre los actos posesorios realizados, ajustándose perfectamente al artículo 285 del Código Civil, acá lo que tenemos es un error por parte de la institución que vicia el titulo. Inclusive, el INDER demoró más de diez años en percatarse de este error. Con todo lo expuesto, se puede concluir y asegurar que la posesión ejercida por don Olman es de buena fe. Por otra parte, debido a que se rechaza la usucapión a causa de una supuesta mala fe de mi representado, existe una ausencia de valoración de los otros presupuestos de usucapión, sobre el titulo traslativo de dominio y los más de diez años de posesión lo cual genera un vicio grave de la sentencia y con ello la nulidad de la misma. Acogiendo este motivo de apelación y valorar la buena fe de mi representado, la consecuencia procesal es la nulidad de la sentencia, con el propósito de que sea valorada en su totalidad la acción de usucapión y con ello propiciar el debido proceso y derecho de defensa. No omito indicar, para criterio de esta representación don Olman cumple perfectamente con los presupuestos necesarios para la acción de usucapión, teniendo posesión por más de diez años, titulo traslativo de dominio (la posesión vale por título) y una evidente buena fe. SEGUNDO MOTIVO: ERRÓNEA VALORACIÓN SOBRE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA. La acción reivindicatoria tiene fundamento en los artículos 316, 320 al 333 del Código Civil, se pretende que la persona titular de un inmueble recupere la posesión y todos los atributos del dominio. Para criterio de esta representación la parte actora carece de los elementos necesarios para esta acción, ya que existe un vicio grave y error en la identidad del bien y la titularidad del inmueble. Pretende la recuperación de un terreno el cual nunca ha poseído y fue titulado a su favor debido a negligencia y error del INDER. En el hecho segundo de la demanda presentada por la señora Rosa Eugenia Cortes Araya, se transcribe lo siguiente: “… En el año dos mil, cuando el IDA actualmente INDER, me declara beneficiaria de una parcela en el Asentamiento Alfonso Bustos en Buenos Aires de Aguas Claras de Upala, tanto el acuerdo de Junta Directiva como la escritura del traspaso no. 32, indica que la parcela que me adjudica es la número 4 y no la 7 que era la que estaba poseyendo. Como en el año dos mil seis cuando el IDA me entrego la escritura no. 32, me di cuenta al revisar el plano P-475426-98, que la parcela 4 colinda con una quebrada llamada azufrosa, y la parcela 7 en la que yo estaba no tiene esa colindancia, ni siquiera tiene agua. Debo indicar que desde que yo ingrese a esa parcela 7 siempre pensé al igual que el IDA, que era la parcela 4...”. Como ya se ha indicado, queda en completa evidencia que el INDER cometió un error y nunca tuvo intención de titular el inmueble objeto en litis a favor de la actora. Mediante un acto formal el terreno se inscribió a favor de doña Rosa, pero la identidad del bien adjudicado no corresponde a la materialidad y por ende carece de legitimación para esta acción. Lo que acá se debió conocer fue una acción sobre la nulidad del titulo generado a favor de la señora Rosa y eventualmente la responsabilidad del INDER a causa de los posibles daños y perjucios ocasionados debido a este error. Agravio sobre ambos motivos: Los defectos alegados en ambos motivos causan vicios esenciales al debido proceso, violentan derechos fundamentales como el derecho de defensa y acceso a la justicia. En el caso de la usucapión es necesario una valoración integra de los presupuestos de esta acción. En cuanto a la acción reivindicatoria, la actora no está legitimada, no es la dueña del terreno y nunca lo ha sido, se inscribió a su favor por error. Fundamento jurídico: Artículo 1, 2, 26, 32 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, principio de congruencia de la sentencia y debido proceso. PETITORIA. 1-Debido a los vicios alegados en cuanto a la reconvención, se solicita la anulación de la resolución recurrida con el propósito de que sea conocida y analizados todos los requisitos de la acción. 2. En cuanto a la acción reivindicatoria, se resuelva la falta de legitimación activa de la parte actora, declarando sin lugar dicha demanda. NOTIFICACIONES. Se aporta medio para recibir notificaciones, principal el Sistema de Gestión en línea dirigido a la plaza 418 y como medio subsidiario el correo electrónico [email protected]  (ver  expediente electrónico descargado en pdf imágenes 384 a 389 ).-

8.- La licenciada Joselyn Cordero Castillo, en su condición de defensora pública de Olman Bustos García, interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se apoyaron para refutar la tesis del juzgado de instancia (ver  expediente electrónico descargado en pdf imágenes 384 a 389 ).-

 9.- En la substanciación del proceso no se han observado las prescripciones legales, y se da la existencia de errores u omisiones capaces de producir la nulidad del fallo.             

CONSIDERANDO:

I.- Se prohijan los hechos tenidos por probados al ser fiel reflejo de lo acaecido en autos.

II.- Se comparten los hechos tenidos por no demostrados.

III.- Señala la apelante como primer agravio una indebida valoración de la prueba y ausencia de valoración de los presupuestos de la usucapión. En este caso particular considera este Tribunal lleva razón la parte apelante por cuanto este asunto trata de un caso que se sale de lo normal en cuanto a la forma en que se han venido dando los hechos desde el inicio. Cuando se hizo la introducción al fundo objeto de litigio y que es finca inscrita a nombre del Instituto de Desarrollo Rural (INDER). Tal y como lo indican ambas partes, se posesionaron sobre distintas áreas del inmueble y se comenzó a ejercer posesión sobre las mismas. Posteriormente el INDER procedió a otorgar los terrenos mediante adjudicaciones por este realizadas. Mediante acuerdo de Junta Directiva Artículo XVII, Sesión 88-2000, del 4 de diciembre del 2000, se le adjudicó a la señora Rosa Eugenia  Cortés Araya la "PARCELA 4". Lo anterior quedó ratificado con la entrega de la escritura  en el año 2004. Tal y como lo reconoce la misma actora  en el hecho "SEGUNDO" de su demanda, ella desde que ingresó comenzó a poseer  la "PARCELA NÚMERO 7", ejerciendo la posesión de la misma realizando labores agrícolas como la siembra de maíz, tiquisque, sembró árboles frutales y actualmente realiza actividades porcina, ganadera y avícola, siendo actualmente el mismo lugar donde vive con su familia desde que ingresó. Igualmente reconoce en dicho hecho segundo de su demanda que desde que ingresó a esa  "PARCELA NÚMERO 7", pensó al igual que el INDER, que se trataba de la "PARCELA 4". Indica la accionante reconvenida que la "PARCELA 4" ha estado poseída por el señor Olman Bustos García. De lo anterior resulta fácilmente detectable se dio un "Error en el Objeto", a la hora de realizar la adjudicación por parte del Instituto de Desarrollo Agrario (hoy Instituto de Desarrollo Rural), dado se creía estar otorgando la parcela que tenía en posesión la aquí accionante Rosa Eugenia Cortés Araya, desde el año 1997, que realmente era la "PARCELA NÚMERO 7". De lo anterior se desprende fácilmente hubo un error en el objeto dado en adjudicación  a la accionante. El error en el objeto según lo indica el autor Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Juridicas, Políticas y Sociales es "El que recae sobre la cosa objeto del acto jurídico. Es error esencial, causante de la nulidad del acto, el que recae sobre cualidades fundamentales de la cosa, sobre su misma existencia, identidad, cantidad o extensión. El error en el objeto no invalida el acto  cuando se da respecto de cualidades no esenciales, a menos que estas hubieren sido especialmente garantizadas o mediare dolo de un tercero". En este caso se da un error esencial en relación a las cualidades esenciales del objeto lo que produce inclusive una nulidad del acto. Por otra parte estima este Tribunal, la actora Cortés Araya actúa totalmente de mala fe,  al pretende se le entregue una parcela distinta a la que ha tenido en posesión la "PARCELA NÚMERO 7", desde que ingresó en el año de 1996. El INDER al contestar la demanda indica que se ha tratado de arreglar el problema surgido  por la entrega de un terreno distinto al poseído, donde se le ha ofrecido a la actora la entrega de la parcela 7 que es donde habita y posee, pero esta no ha querido por cuanto pretende que dicha parcela le sea entregada a su hijo, y ella  ella quedarse con la  "PARCELA 4", la cual nunca ha poseído y acepta en su demanda que ella pensó  al igual que el INDER, que se trataba de la "PARCELA 4", la que tenía en posesión, cuando en realidad tenía en posesión "LA PARCELA 7". Desde esta perspectiva no queda más que rechazar la acción reivindicatoria interpuesta, y máxime si se aplica la máxima jurídica de que "a confesión de parte relevo de prueba". Por otra parte desde luego que admite nunca ha tenido el bien en disputa en posesión por cuanto la posesión del bien la tiene el aquí demandado reconventor Olman Bustos García, desde el año de 1996, por lo que ni siquiera se había dado el acto administrativo erróneo del Instituto de Desarrollo Agrario (hoy Instituto de Desarrollo Rural).El cual se ejecutó al hacer la escritura sobre el inmueble en el año 2006. Realmente este error de la administración no le concede derecho sobre la "PARCELA 4", en la cual nunca ha ejercido derecho alguno  de posesión, ni de propiedad al haber un error en el objeto que se le concedió. Sobre el punto a dicho la Sala Constitucional en el Voto N° 629 de las nueve horas cinco minutos del 17 de enero de 2014, la cual en dicho sentido ha dicho: "... Aunque ciertamente la administración incurrió en una equivocación al emitir la certificación que se señaló, es claro para este Tribunal Constitucional que en este caso se está ante un error de la Administración, que aunque evidencia un estado de desorden e incompetencia, lo cierto es que el error no crea derecho...". Es importante tener presente, el INDER al contestar la demanda, al igual que lo indica en sus hechos la accionante,  señaló,  se dio un error en cuanto a la adjudicación de la parcela a la aquí actora, pues se creyó que la PARCELA 4 era la que ella estaba poseyendo, sin embargo, ella poseía realmente la parcela número 7, (ver hecho segundo de su demanda a folio 28 del expediente físico) y no la cuatro. La parcela 4 realmente ha estado poseída por el aquí demandado reconventor Olman Bustos García. Si bien, se le adjudicó  la parcela 4 a la señora Cortés Araya, ello se debió a un  error en el objeto por cuanto lo que se quiso adjudicar era la parcela que ella estaba poseyendo, que en este caso era la PARCELA 7. Lleva razón la parte apelante en cuanto a que se da una indebida valoración de la prueba aportada al proceso, y además, ello son hechos reconocidos por la misma parte accionante en su escrito de demanda, reconocidos por el mismo  Instituto de Desarrollo Rural, quien cometió el error en la adjudicación de un bien distinto al que tenía en posesión la señora Cortes Araya. Es decir, se comete un grave error administrativo, que es el que da pie al presente conflicto reivindicatorio y de usucapión. En dicho sentido es importante tener presente el  error no crea derechos subjetivos y el hecho de que el INDER (también demandado) cometió tal error, del mismo no puede sacarse provecho, por parte de la accionante, pues el  error no crea derechos, por lo que se deniega la pretensión de reivindicación de la parcela 4,  pues lo que se quiso adjudicar fue la parcela 7 que esta tenía en posesión y de la cual, aún  mantiene dicha posesión por parte de la aquí demandante Cortés Araya. En este caso la accionante pretende se le entregue dicha parcela 4, a pesar de que realmente mantiene bajo su posesión la parcela inicialmente invadida por ella y que posteriormente, al pertenecer la finca invadida al Instituto de Desarrollo Rural este decidió parcelar y entregar a los ocupantes las parcelas por ellos ocupadas, entre ellos la aquí actora.

IV.- En cuanto al agravio del apelante en relación a los presupuestos de la usucapión en el que a pesar de lo expuesto, en sentencia de primera instancia se hace un juicio de reproche a mi representado. “… lo cierto es que don Olman reconoció saber desde hace muchos años que el terreno le pertenecía al INDER, razón por la cual es un poseedor de mala fe del mismo, máxime que sabía que ese terreno le pertenecía a doña Rosa.” Texto de la sentencia. Sin lugar a dudas don Olman conocía que el terreno pertenecía al INDER y debido a esto se había iniciado con los estudios para una posible adjudicación por parte de la institución y en la misma situación estaba doña Rosa. “Esa posesión ejercida por don Olman más bien ha sido de mala fe por que él mismo reconoció en el hecho segundo de la reconvención que el terreno que él poseía estaba a nombre del I.D.A. (Hoy INDER) y que incluso trató con personeros de dicha Institución en poner ese terreno sin éxito.” Texto en sentencia. La buena fe no solo recae en que si don Olman conocía si el terreno estaba inscrito, sino que actúo pensando que tenía un derecho sobre el inmueble y sobre los actos posesorios realizados, ajustándose perfectamente al artículo 285 del Código Civil, acá lo que tenemos es un error por parte de la institución que vicia el titulo. Inclusive, el INDER demoró más de diez años en percatarse de este error. En relación a los presupuestos de la usucapión este Tribunal considera lleva razón el apelante por cuanto el terreno en posesión del señor Olman Bustos García trata de un bien perteneciente al INDER y destinado por dicho ente a la entrega del mismo a los agricultores para el desarrollo de actividades agrarias productivas. No está demás señalar que el aquí demandado reconventor ingresó al fundo al igual que la aquí accionante en el año de 1996, y que este lo ha repartido entre las personas que ingresaron en esas  fechas y han mantenido la posesión de los terrenos ejerciendo actividades productivas como en este caso lo ha hecho el señor Bustos García, y de lo cual este Tribunal no tiene ninguna duda. Incluso en este asunto se había llegado a un acuerdo conciliatorio (ver acuerdo a folio 182 del expediente físico), en el cual la señora Cortés Araya se comprometía a salir de la parcela 7 y a ella se le entregaría la parcela 4, y al señor Bustos le darían la parcela cinco una vez que el INDER desalojara a un poseedor que tenía la misma y se le pagarían las mejoras y accesiones realizadas, sin embargo dicha conciliación quedaba sujeta a la aprobación de la Junta Directiva del INDER, la cual en principio había tomado un acuerdo, sin embargo el mismo se dejó sin efecto, ver comunicado en imagen 1 del expediente digital donde se indica: " Asunto: DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO TOMADO POR LA JUNTA DIRECTIVA EN EL ARTÍCULO 45, SESIÓN ORDINARIA 21-2016, CELEBRADA EL 27 DE JUNIO DE 2016.". De lo anterior entonces el señor Bustos García continuó en posesión de la parcela N° 4. Es decir ejerciendo una posesión dinámica, productiva lo que ampara el derecho posesorio que le da bases para la usucapión de dicha parcela N° 4 al desarrollar actividades productivas para su manutención y la de su familia, y vivir en la misma, porque no se debe dejar de analizar que el vive en dicha parcela, cumpliendo con el desarrollo productivo. En cuanto a este tema de la propiedad agraria ha dicho la Sala Constitucional  en la sentencia No. 24178-2021, cuya jurisprudencia es vinculante, ha desarrollado la naturaleza de la propiedad agraria en torno a este instituto: VII.- Sobre el régimen de la propiedad agraria.- Este Tribunal Constitucional mediante la sentencia No. 2000-9119 de las 15:14 horas del 17 de octubre de 2000, indicó lo siguiente respecto a la propiedad agraria: “La propiedad agraria, determinada en este caso por su forma de adquisición a través de los mecanismos dispuestos en la Ley de Tierras y Colonización, se identifica por las obligaciones a cargo del propietario de ejercer actos de posesión en cumplimiento de la función social de su derecho. Propiedad y posesión se encuentran entonces en una relación tal que la primera no puede ser conceptualizada sin la concurrencia de la segunda, de formal tal que, sin que la propiedad se desnaturalice como derecho subjetivo, su titular asume una serie de obligaciones en el ejercicio de su derecho. El Estado, atendiendo no sólo a ese carácter diferenciante de la propiedad agraria, sino enmarcado además dentro de la concepción de Estado Social y Democrático de Derecho que rige a nuestro país, reconocido en el artículo 50 de la Constitución Política, ha dispuesto a través de la Ley de Tierras y Colonización un procedimiento específicos de adquisición de este derecho con el afán de promover el aumento gradual de la productividad de la propiedad de la tierra, para una justa distribución de su producto y a efectos de elevar la condición social del campesino, haciéndolo partícipe del desarrollo de la Nación (artículo 1 de la citada Ley).” A partir de lo anterior, se desprende la posibilidad de adquisición por medio de la propiedad agraria a través de un procedimiento que busca como fin el destino de la producción de la tierra como característica fundamental, en virtud de su naturaleza. Este procedimiento se encuentra regulado en la Ley No. 2825, Ley de Tierras y Colonización, a partir del numeral 92 y siguientes de dicho cuerpo normativo. El artículo 92 de la Ley de Tierras y Colonización establece los conflictos entre propietarios y poseedores en precario, donde se indica que el Instituto de Desarrollo Rural es el organismo encargado para intervenir en los casos de posesión precaria de tierras para procurar encontrar soluciones satisfactorias de acuerdo con la ley. Define al poseedor precario de la siguiente manera: “aquel que por necesidad realice actos de posesión estables y efectivos, como dueño, en forma pacífica, pública e ininterrumpida, por más de un año, y con el propósito de ponerlo en condiciones de producción para su subsistencia o la de su familia, sobre un terreno debidamente inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público. Los poseedores en precario que tengan posesión decenal en las condiciones enunciadas en el párrafo anterior, podrán inscribir su derecho de acuerdo con lo establecido en esta ley y por el procedimiento de información posesoria…”. Es importante aclarar que la Ley No. 9036, llegó a transformar el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), y con su creación se realizaron derogaciones a la Ley No. 2825. Sin embargo, en las disposiciones finales de la Ley No. 9036, se dispuso claramente que el capítulo VI de la Ley No. 2825, que se encarga de regular los conflictos entre propietarios y poseedores en precario a la fecha se mantiene vigente. De conformidad con lo anterior, las normas en mención, establecen los requisitos que deben ser cumplidos para que una persona determinada sea considerada poseedora precaria bajo una ocupación precaria al realizar actos posesorios para generar producción en una tierra de la cual no es dueña. Para mayor entendimiento de los mismos, se cuenta con el artículo 195 del Reglamento a la Ley No. 9036 del 09 de abril de 2018 (Ley de Transformación del IDA en el Instituto de Desarrollo Rural, INDER), quien se encargada de definir lo requisitos exigidos por el artículo 92 de la Ley de Tierras y Colonización, de la siguiente manera: “Artículo 195°- Ocupación Precaria. Para que se considere que existe ocupación precaria deberá determinarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 2825 y que son los siguientes: a) Posesión anual: Deberá demostrar mediante cualquier medio probatorio permitido por ley que tiene más de un año de estar en posesión del predio objeto de conflicto. b) Estado de necesidad: Deberá demostrar el solicitante que ingresó a la propiedad para cubrir un estado de necesidad de subsistencia, es decir, que al momento del ingreso a la propiedad y hasta la fecha no tiene ningún otro medio de subsistencia para él y su familia que la producción que realiza en el predio ocupado. c) Subsistencia: Deberá demostrar el solicitante que el predio en conflicto es su único medio de subsistencia, por lo que, si tiene otros medios de subsistencia se considerará que no existe ocupación precaria. d) Área: El área poseída debe ser suficiente para ser considerada como una unidad productiva que responde a los parámetros mínimos que permitan la subsistencia conforme a la zona en que se ubica, su naturaleza y la actividad productiva que se realiza.”. Se comprende que el ordenamiento jurídico permite que un poseedor precario al cumplir con los requisitos exigidos pueda adquirir una propiedad que se encuentra a nombre de otra persona en el Registro Público, por medio del régimen de la usucapión especial agraria, bajo la modalidad de la propiedad agraria. De ese modo, se entiende que el conflicto entre un propietario y un poseedor precario, surge cuando el dueño registral de una propiedad particular la abandona para dejar de realizar actos de posesión en ella –conocida como presunción de abandono-, y en su lugar llega otra persona que aunque no le pertenezca adopta acciones tendientes a la posesión con el fin de producir en dicho terreno para satisfacer su necesidad de subsistencia, así como también la de su grupo familiar. Sin que exista algún reclamo u objeción por parte del propietario registral.". Claramente, en este caso, del señor Olman Bustos García ha ejercido una  posesión agraria, para satisfacer necesidades propias y de su familia. La señora Eugenia Cortés Araya nunca ha realizado actos posesorios en el inmueble, y si bien planteó esta acción reivindicatoria realmente el terreno a ella otorgado se dio a través de un error de la administración por confusión del objeto según se resuelve en este mismo proceso, y según lo expuesto supra. Incluso el mismo INDER inició un proceso administrativo contra la señora  Cortés Araya, el cual fue dejado de lado por el mismo ente. La Sala Constitucional, en la misma sentencia No. 24178-2021, profundizó sobre la aplicación del referido instituto, en el Reglamento de la Ley Inder No. 9036 del 09 de abril del 2018, agregando a mayor abundamiento lo siguiente: "IX...Ahora bien, es necesario examinar la finalidad del contenido de la norma impugnada para determinar si cumple o no con los parámetros establecidos en el principio de proporcionalidad y razonabilidad. En el Reglamento a la Ley No. 9036 del 09 de abril de 2018 (Ley de Transformación del IDA en el Instituto de Desarrollo Rural, INDER), se encuentra el artículo 195, el cual establece los requisitos que deben cumplirse para que se dé una ocupación precaria bajo la modalidad de la posesión agraria. La accionante cuestiona específicamente el requisito contemplado en el inciso c) de dicha norma, siendo este: “c) Subsistencia: Deberá demostrar el solicitante que el predio en conflicto es su único medio de subsistencia, por lo que, si tiene otros medios de subsistencia se considerará que no existe ocupación precaria. (…).”. Como se indicó, esta Sala ha sostenido que para se sustente esa exigencia debe ser necesaria, idónea y proporcional. La necesidad tiene como base el proteger un bien o conjunto de bienes de la colectividad, en el caso específico al exigir el cumplimiento del requisito, busca proteger el derecho a la propiedad del propietario registral del bien, como lo establece el artículo 45 constitucional. Por su parte, la idoneidad del requisito es tutelar la posesión agraria a aquella persona determinada que realiza actos posesorios en un terreno sin ser el propietario registral del bien. No se pretender regalar el bien inmueble, sino busca que dicha ocupación surja con la realización de actos posesorios agrarios, como lo es la producción en la tierra, razón por la cual, exige como elemento esencial que dicho labor sea el único medio de subsistencia de la persona y de su grupo familiar para que de esa forma se dé la adquisición. Finalmente, la proporcionalidad del requisito surge para evitar que se haga un despojo arbitrario al propietario registral; así como también evita que las personas utilicen la figura de la usucapión agraria para el lucro o la comercialización de las tierras; es decir, busca evitar que exista un abuso. A partir de lo expuesto, se determina que la norma impugnada es razonable, idónea y proporcional a los fines por los cuales fue creada. Asimismo, es importante aclarar que en el momento en que una persona determinada realiza la solicitud para ser calificada como poseedora en precaria, tiene únicamente una expectativa de derecho, debido a que la misma se encuentra sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley. El legislador estableció que el Instituto de Desarrollo Rural es el organismo encargado para intervenir en los casos de posesión precaria de tierras, de ahí nace su legitimidad de poder determinar si una persona cumple o no con los requisitos para poder calificar como poseedor en precario persiguiendo como elemento fundamental la actividad productiva agraria en el terreno. Aunado a lo anterior, se tiene que la usucapión agraria contempla requisitos especiales tendientes a buscar la producción y el trabajo agrario –vegetal o animal-. Para comprender más sobre esta figura, esta Sala Constitucional en la sentencia No. 04587-97 de las 15:45 horas del 05 de agosto de 1997, dispuso lo siguiente: “En cuanto a la propiedad agraria debe indicarse que cuando se reconoce la función social de la propiedad, el derecho de propiedad se configura como un derecho-deber, en el que existe una forma específica de ejercer las facultades del dominio, y se imponen al titular obligaciones como la utilización productiva de la tierra. Dado que el supuesto de hecho de la norma impugnada -artículo 7 párrafo primero de la Ley de Informaciones Posesorias- podría aplicarse en la hipótesis en que sobre el terrero que se pretende titular, antes de su afectación al dominio público, se haya ejercido posesión agraria, resulta necesario señalar los elementos que caracterizan el instituto de la usucapión agraria, como se hizo arriba con el régimen general de la usucapión civil ordinaria. De acuerdo con la jurisprudencia, el fundamento de ese instituto lo constituye un principio general de Derecho Agrario: la función económico social de la propiedad agraria. Ese principio se integra fundamentalmente con dos aspectos: uno subjetivo, de orden económico, que consiste en la obligación del propietario de producir, mejorar y respetar el ambiente, y otro objetivo o social, que entraña la obligación del Estado de dotar de propiedad a quien está en condiciones de producir pero carece de tierra. En virtud de lo anterior, el trabajo agrario constituye el fundamento de la usucapión agraria al ser el instrumento por medio del cual se adquiere la propiedad de la tierra. Para la usucapión agraria la posesión adquiere un valor central como elemento obligatorio para adquirir el derecho de propiedad. El instituto de la usucapión agraria en Costa Rica coincide con la usucapión general del Código Civil en su estructura, sin embargo, difiere de ella en su función por la introducción de los principios antes expuestos. Dentro de los elementos que caracterizan la usucapión agraria se encuentra una concepción especial del animus del poseedor que debe proyectarse por medio del ejercicio de actos posesorios agrarios. Este se refleja con mayor intensidad en la apropiación económica de las ganancias obtenidas por el trabajo sobre el fundo. Se presume que el que trabaja la tierra de esa forma lo hace a título de dueño. Por otra parte, el justo título lo constituye el trabajo agrario, y su no exigencia como documento permite que la adquisición pueda darse contra un título inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público. Asimismo, en la usucapión agraria no existe la distinción de la posesión de buena o mala fe, porque lo que interesa es fundamentalmente la actividad productiva agraria. La legislación especial agraria en Costa Rica ha ido eliminando el justo título y la buena fe en la usucapión al punto de que la no exigencia de esos requisitos se ha convertido en la regla y su excepción se encuentra en sede civil en la hipótesis de adquisición derivativa de la posesión. Ahora bien, la doctrina y la jurisprudencia han entendido que en los artículo 92 y 101 de la Ley de Tierras y Colonización No.2825 de 14 de octubre de 1961 y sus reformas, se regula expresamente la usucapión agraria de tierras. En esos artículos se define la figura de la posesión precaria de tierras que constituye una modalidad de la posesión agraria. Consiste en un poder de hecho sobre un bien de naturaleza productiva, inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público, en el que se realizan actos estables y efectivos de posesión que se dirigen a poner el bien en condiciones de producción con el fin de satisfacer necesidades propias del poseedor y de su familia. Como en la posesión precaria prevalecen la necesidad alimentaria y el trabajo agrario, se debe poseer en forma directa y personal -no basta el simple ánimo de poseer-. Asimismo, se prescinde de la consideración de si existe buena o mala fe, toda vez que el poseedor en precario sabe que el bien que trabaja está inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público. También se excluye el título traslativo de dominio porque el título lo constituye el trabajo agrario.” (El resaltado no corresponde al original). Del precedente citado, se desprende, que el requisito contemplado en la norma impugnada para que una persona determinada sea calificada como poseedor precario responde a un principio de función social, que garantizar la productividad de las tierras en condición de necesidad para satisfacer las necesidades de la persona ocupante como de su familia. Así las cosas, este Tribunal Constitucional considera que la exigencia del requisito estipulado en el inciso c) del artículo 195 del Reglamento a la Ley No. 9036 del 09 de abril de 2018 (Ley de Transformación del IDA en el Instituto de Desarrollo Rural, INDER), es completamente proporcional y razonable. En ese sentido, resulta esencial reiterar lo señalado en la sentencia anteriormente descrita, respecto a que el trabajo agrario constituye el fundamento de la usucapión agraria al ser el instrumento por medio del cual se adquiere la propiedad de la tierra. Se determina que está figura especial consagrada en el Derecho Agrario se creó precisamente para aquellos casos en donde una persona al plantear la solicitud del conflictos entre propietarios y poseedores en precario, tiene que demostrar que su medio de subsistencia de las necesidades básicas provengan del trabajo agrario de la tierra, lo cual, excluye que esa subsistencia se dé por medios distintos a la producción de la tierra. Este elemento fundamental justifica la usucapión especial agraria como excepción a la figura general, pues no basta el ánimo de poseer. De ese modo, tal requisito no resulta arbitrario ni desproporcionado, en virtud de lo expuesto, este Tribunal Constitucional descarta que la norma impugnada lesione el principio de proporcionalidad constitucional. En consecuencia, la acción debe ser desestimada en cuanto a este extremo se refiere.". Véase que la Sala constitucional reafirma su propia jurisprudencia vinculante que establece al trabajo agrario con fundamento de la usucapión especial agraria, y es justamente para valorizar no solamente una forma de acceso a la propiedad, sino para garantizar el ejercicio de la función económica, social y ambiental de la propiedad. Por eso es que también en la Ley de Tierras y Colonización se integran otras disposiciones, como el artículo 144, que establecen las causales de expropiación por incumplimiento de la función social, como lo es el dejar en estado de abandono la propiedad. Lo anterior va acorde con un principio del derecho agrario como "derecho de equidad", contenido en el artículo 1 de la Ley, que en su inciso 6) dispone: "La presente Ley tiene por objeto: 6) Determinar que la tierra no debe utilizarse para la explotación del trabajador agrícola. El Estado, por todos los medios a su alcance, estimulará la formación de cooperativas agrícolas para combinar la dignidad de la pequeña propiedad con la eficiencia de la gran empresa". Y como consecuencia de lo anterior, resulta evidente que en este caso, el comportamiento de la actora reconvenida respecto del terreno que nunca ha tenido se podría decir no ha tenido por parte de ella ninguna explotación agrícola, tan es así que se le había iniciado procedimiento administrativo para cancelarle la adjudicación de la parcela 4, la cual evidente mente nunca ha tenido al haberse dado un error en el objeto en la adjudicación según lo expuesto supra,  pues realmente ella ha ejercido la posesión de una parcela totalmente distinta a la reclamada en este caso  sobre la parcela N° 7.  

V.- En virtud de lo expuesto, conforme a lo solicitado por el recurrente SE REVOCA, totalmente la la sentencia de primera instancia. En su lugar se acogen las excepciones de falta de derecho por cuanto si bien está inscrito a nombre de la accionante Cortés Araya, ello se debió a un error de la administración en el objeto, pues no era el terreno que se le iba a entregar a la accionante Rosa Eugenia Cortés Araya. Se acoge la excepción de falta de legitimación activa pues si bien el bien está inscrito a nombre de la actora ello se debió a un error de la Administración en la adjudicación del fundo. Se acoge la excepción de falta de legitimación pasiva, pues nunca tomó posesión el actor el terreno mediante despojo de la señora Cortés Araya, sino que dicho terreno fue por un error en el objeto que se le adjudicó a ella, pensándose por la administración que se trataba de la parcela 4. Se acoge la excepción de prescripción positiva por cuanto el señor demandado Olman Bustos García  ha poseído el inmueble desde el año de 1996, destinando el mismo a actividades de producción agraria mediante el trabajo de la tierra para su subsistencia y la de su familia. En razón de lo anterior SE RECHAZA LA DEMANDA REIVINDICATORIA INTERPUESTA POR ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA CONTRA OLMAN BUSTOS GARCÍA. Se condena a la accionante Cortés Araya al pago de las costas por cuanto ella sabía que había existido un error en la adjudicación y aún así pretendió recuperar la parcela 4, sabiendo que lo que tenía en posesión realmente era otro terreno distinto,en este caso la parcela 7, pretendiendo quedarse con las dos parcelas, para que se le otorgase la que tiene en posesión a su hijo, lo que denota su mala fe en el actuar. CONTRADEMANDA. En cuanto a la  contrademanda interpuesta por el señor  OLMAN BUSTOS GARCÍA  contra ROSA EUGENIA CORTÉS  ARAYA  y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, se rechazan las excepciones de falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva y la de falta de derecho interpuestas por la señora Rosa Eugenia Corté Araya dado demostró el señor Bustos García mantener en posesión el bien desde el año de 1996, dedicándolo a actividades agrarias productivas para su manutención y la de su familia cumpliendo con la función social de la propiedad. Se rechazan las excepciones de falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva y falta de derecho interpuestas por el Instituto de Desarrollo Rural, al darse un error en el objeto por culpa de la administración (Instituto de Desarrollo Rural) lo que generó este conflicto. Se acoge la demanda de USUCAPIÓN interpuesta por el señor OLMAN BUSTOS GARCÍA contra  ROSA EUGENIA CORTÉS  ARAYA  y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL. Se ordena inscribir a nombre del señor OLMAN BUSTOS GARCÍA la finca del Partido de Alajuela matrícula 401254-000, ubicada en Asentamiento Alfonso Bustos, situado en Buenos Aires de Aguas Claras de Upala de Alajuela con una medida de cuatro hectáreas seis mil ochocientos cincuenta y nueve metros con veintinueve decímetros cuadrados (4 has 6859.29 m2), la cual colinda al norte con calle pública, sur zona de reserva, este parcela número 3, oeste parcela número 5, graficada en el plano A-475426-98. Se condena a los reconvenidos ROSA EUGENIA CORTÉS  ARAYA  y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL al pago de las costas de la contrademanda.

 POR TANTO

En lo apelado se acoge el recurso planteado por el señor OLMAN BUSTOS GARCÍA y por ello SE REVOCA, totalmente la la sentencia de primera instancia dictada . En su lugar en cuanto a la DEMANDA DE REIVINDICACIÓN interpuesta por ROSA EUGENIA CORTÉS  ARAYA, contra OLMAN BUSTOS GARCÍA, e INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, se acogen las excepciones de falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva y falta de derecho interpuestas por el codemandado Olman Bustos García. Igualmente se acoge la excepción de prescripción positiva interpuesta por el señor Bustos García. En razón de lo anterior SE RECHAZA LA DEMANDA REIVINDICATORIA INTERPUESTA POR ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA CONTRA OLMAN BUSTOS GARCÍA e INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL. Se condena a la accionante  Cortés Araya al pago de la costas de la demanda. En cuanto a la CONTRADEMANDA DE USUCAPIÓN interpuesta por OLMAN BUSTOS GARCÍA contra ROSA EUGENIA CORTÉS  ARAYA  y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, se rechazan las excepciones de falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva y la de falta de derecho interpuestas por la señora Rosa Eugenia Corté Araya dado demostró el señor Bustos García mantener en posesión el bien desde el año de 1996, dedicándolo a actividades agrarias productivas para su manutención y la de su familia cumpliendo con la función social de la propiedad. Se rechazan las excepciones de falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva y falta de derecho interpuestas por el Instituto de Desarrollo Rural,  al darse un error en el objeto por culpa de la administración (Instituto de Desarrollo Rural) lo que generó este conflicto. Se acoge la demanda de USUCAPIÓN interpuesta por el señor OLMAN BUSTOS GARCÍA contra  ROSA EUGENIA CORTÉS  ARAYA  y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL. Se ordena inscribir a nombre del señor OLMAN CORTES GARCÍA la finca del Partido de Alajuela matrícula 401254-000, ubicada en Asentamiento Alfonso Bustos, situado en Buenos Aires de Aguas Claras de Upala de Alajuela con una medida de cuatro hectáreas seis mil ochocientos cincuenta y nueve metros con veintinueve decímetros cuadrados (4 has 6859.29 m2), la cual colinda al norte con calle pública, sur zona de reserva, este parcela número 3, oeste parcela número 5, graficada en el plano A-475426-98. Se condena a los reconvenidos ROSA EUGENIA CORTÉS  ARAYA  y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL al pago de las costas de la contrademanda.

 

 

 

 

 

	


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ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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ENRIQUE ULATE CHACÓN - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 14-000008-1143-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:16:58.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

VOTO N° 2025000183

AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At fourteen hours fifty-five minutes on February twenty-sixth, two thousand twenty-five.-

ORDINARY PROCEEDING brought by ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA, of legal age, single, homemaker, resident of Buenos Aires, Asentamiento Alfonso Bustos, identity card five - two hundred seven - five hundred twenty-five; against OLMAN BUSTOS GARCÍA, of legal age, single, farmer, resident of Asentamiento Alfonso Bustos, identity card number nine - zero seventy-eight - nine hundred seventy-two; the INSTITUTO DESARROLLO RURAL (INDER), legal identity card four - zero zero zero zero forty-two thousand one hundred forty-three, represented by its general judicial attorney-in-fact Grace Ávila Calvo, of legal age, single, attorney, identity card two - four hundred twenty-seven - three hundred thirteen, bar association number thirteen thousand seven hundred seventy-five. Likewise, Mr. OLMAN BUSTOS GARCÍA files a counterclaim against INDER and ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA, of the qualities previously mentioned. Acting as public defender for the plaintiff-counterdefendant is attorney Nubia Miranda Pérez, identity card six - three hundred ten - six hundred seventy-two, bar association number twenty thousand three hundred forty-nine; and for the defendant-counterclaimant Bustos García, attorney Mariela Angulo Pizzarro, of qualities unknown in the record. Processed before the Agrarian Court of Upala.

WHEREAS:

1.- The plaintiff seeks that the judgment declare: "1.- The present lawsuit is granted in its entirety, upholding this Ordinary Agrarian Proceeding and the exceptions filed by the defendant are dismissed. 2- That the plaintiff be declared the legitimate and sole registered owner of the property inscribed in the Public Property Registry under real folio 401254-000 and with duly cadastral plan no. A-475426-98, parcel number 4, Asentamiento Alfonso Bustos, Buenos Aires, Aguas Claras de Upala, Alajuela. Therefore, I request that I be restored (reivindique) of the same, and the defendant must immediately vacate said property and deliver possession of said property to the plaintiff. For this, a period of three days following the finality of the ruling shall be granted, also declaring that should the defendant fail to definitively deliver possession of the land to the plaintiff, the plaintiff is authorized to proceed to evict the defendant from said area through the corresponding Public Force. 3.- That the defendant be ordered to personally refrain, or through third parties, from disturbing the free possession of the asset in dispute by the plaintiff, and that failing to comply with such provision may lead to criminal proceedings for the offense classified as Disobedience to Authority. 4.- That the defendant be ordered to pay both costs of this proceeding. 5.- The defendants must restore property 401254-000, that is, parcel number 4 of the Asentamiento Alfonso Bustos, Buenos Aires de Upala, which he illegitimately possesses, and which is not his property. 6- That it be declared that the defendant Olman Bustos Garcia is a bad-faith possessor. 7- That in the event that the payment of improvements is granted in favor of the defendant Olman Bustos Garcia, the same must be paid by the defendant Instituto de Desarrollo Rural (INDER)." (See physical file claims at folio 31 to 32 and expansion of claims at folio 36).

2.- The Instituto de Desarrollo Rural was duly notified and answers the action in the terms and arguments seen from folio 76 to 79 without raising exceptions. For his part, the defendant Bustos García, duly notified, answers the lawsuit filed against him from folio 82 to 92 and raised the exceptions of lack of standing to sue and be sued, lack of jurisdiction, and positive prescription (usucapion).

3.- Likewise, Olman Bustos García files a counterclaim against INDER and Rosa Eugenia Cortes Araya requesting that the judgment declare: "Main claim: 1) The present lawsuit is granted, upheld in its entirety, and the exceptions filed by the defendant are dismissed. 2) That the plaintiff has exercised agrarian possession with animus domini and fulfilling the social function required in this judicial proceeding for more than 18 years. 3. That the plaintiff has standing to sue on agrarian matters over the land in dispute. 4. That the plaintiff has acquired the right of ownership over the land in dispute under positive prescription (usucapion), pursuant to the provisions of the legislation. 5. That positive prescription (usucapion) has operated by operation of law in favor of the plaintiff and with erga omnes effect, or against any third party. 6. That the registry entry held by the defendant ROSA CORTÉS ARAYA over property 401254 000 of the Alajuela district be annulled, so that a new entry is constituted based on the corresponding right of usucapion in favor of the plaintiff, OLMAN BUSTOS GARCÍA. 7. That the improvements of the land be declared in favor of the plaintiff. 8. That it be declared that the plaintiff is the one who has exercised possessory acts over the land since 1996, the date on which he entered the property, under the belief that it did not belong to anyone. 9. That the right of the defendant be declared extinguished and the cancellation of the defendant's Title in the Public Registry be ordered, and in its place, the registration be ordered in the name of the plaintiff. 10. Both procedural costs shall be borne by the defendant. Subsidiary claim: 1. That the plaintiff has a better right of possession over the land in dispute. 2. That the plaintiff has the right of retention based on the payment of the improvements and fixtures (accesiones) made to the land in dispute during the 18 years of possession. The value of these works will be fixed in execution of judgment and in amounts corresponding to the costs and prices at the time the expert performs such quantification. 3. That the aforementioned compensation for improvements and fixtures (accesiones) must be paid by the defendant. 4. That the right of retention belongs to the plaintiff until the effective payment of such improvements and fixtures (accesiones) is made, paying interest at the basic passive rate, but not legal interest as it is not an obligation derived from a loan. 5. The cancellation of the defendant's cadastral plan A 0475426-1998 be ordered." (See physical file folio 90 to 91).

4- The defendant Rosa Eugenia Cortés Araya answers the counterclaim from folio 113 to 117, and raised exceptions of lack of standing to sue, lack of standing to be sued, lack of right. The INDER answers the counterclaim filed against it and raises the exceptions of lack of standing to sue and be sued on the merits, lack of right, and the generic sine actione agit, as recorded from folio 128 to 129.

5.- The Agrarian Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José, Goicoechea, through Ruling 459-F-2022, of eight hours four minutes on May twelfth, two thousand twenty-two, annulled the judgment issued by the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela, Upala, number 2021000165, of fourteen hours eighteen minutes on September twenty-ninth, two thousand twenty-one (see download of electronic file in pdf format, images 275 to 290).-

6.- Subsequently, the Agrarian Court of Upala in a resolution of fifteen hours nine minutes on August fourth, two thousand twenty-two, cautioned the defendant-counterclaimant to specify and clarify the request for compensation. Therefore, complying with the caution, he clarifies the following: "- Let it be declared that the plaintiff has exercised possession of the property in dispute since 1996, resulting in improvements and fixtures (accesiones) that converted the occupied land into an asset suitable for agricultural production and for habitation. - Let the existence of the following fixtures (accesiones) and improvements be declared: a) Maintenance of four hectares of land, pasture nature, in the sum of six hundred thousand colones per year, for a total of ten million eight hundred thousand colones. b) Crops (fruit trees of orange, rambutan, lemon, cocoa, guava, mandarin, avocado, and loquat) in the sum of two hundred sixty-eight thousand five hundred eighteen colones exactly. c) Construction of a house in the sum of one million colones. d) Construction of fences estimated in the sum of five hundred thirty-nine thousand nine hundred ninety colones exactly. e) Fifty timber trees, valued at fifty thousand colones each, for a total of two million five hundred thousand colones. f) Maintenance of the house for eighteen years, valued in the sum of one hundred thousand colones per year, for a total of one million eight hundred thousand colones. g) Maintenance of fences for eighteen years, valued in the sum of fifty thousand colones per year, for a total of nine hundred thousand colones exactly. In any case, the definitive value of these works will be fixed in execution of judgment in amounts corresponding to the costs and prices at the time the expert appointed for such purposes performs the quantification, updated from ten years ago to the date of that determination." (See download of electronic file in pdf image 301 to 302).

7.- Judge Juan Carlos Castillo, of the Agrarian Court of Upala, in judgment number 2023000099, of twelve hours thirty-eight minutes on May fifth, two thousand twenty-three, resolved: "THEREFORE: By virtue of the foregoing and legal citations, THE PRESENT ORDINARY LAWSUIT OF ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA AGAINST OLMAN BUSTOS GARCÍA IS DECLARED WITH MERIT and WITHOUT MERIT AGAINST the INSTITUTO DESARROLLO RURAL (INDER), and consequently, the claims of the plaintiff against Mr. Bustos García are granted but in the following manner: 1. The plaintiff is declared the legitimate and sole registered owner of the property inscribed in the Public Property Registry under real folio 401254-000 of the Alajuela district and with cadastral plan number A-475426-98, parcel number 4, Asentamiento Alfonso Bustos, Buenos Aires, Aguas Claras Upala, province of Alajuela. 2- The defendant Olman Bustos García is declared a bad-faith possessor of the land in dispute. 3- The defendant Bustos García must vacate said property and deliver possession of said property to the plaintiff. 4- The defendant Bustos García is warned that should he fail to make the definitive delivery of possession of the land to the plaintiff, the plaintiff is authorized to proceed to evict the defendant from said area through the corresponding Public Force. 5- The defendant Bustos García is ordered to personally refrain, or through third parties, from disturbing the free possession of the asset in dispute by the plaintiff, and that failing to comply with such provision may lead to criminal proceedings for the offense classified as Disobedience to Authority. 6- The plaintiff must pay the defendant Bustos García the value of the fixtures (accesiones), which will be liquidated in execution of judgment. What is not expressly granted in this judgment shall be considered denied. Regarding INDER, the plaintiff's claims are dismissed. INDER did not raise exceptions; however, the plaintiff does not have standing to sue said Institute; furthermore, INDER does not have standing to be sued against it, and Mrs. Rosa has no right to act against INDER. The defendant Bustos García raised exceptions of lack of standing to sue and be sued and lack of right, lack of jurisdiction, and positive prescription (usucapion); all are dismissed. Regarding the COUNTERCLAIM OF OLMAN BUSTOS GARCÍA against INDER, IT IS DECLARED WITHOUT MERIT, and consequently, the claims against it are dismissed. Against Mrs. ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA, it is DECLARED PARTIALLY WITH MERIT, and consequently, his main claim is dismissed, but the subsidiary claim is granted in the following manner: 1. The counterdefendant must pay the counterclaimant the payment of the fixtures (accesiones) carried out on the land in dispute corresponding to the following: a: Existing fruit tree crops on the land. b) Construction of a house. c) Construction of fences. d) The definitive value of these fixtures (accesiones) will be fixed in execution of judgment according to the value established by the expert opinion. What is not expressly granted in this judgment shall be considered denied. Regarding the exceptions raised by Mrs. Rosa Eugenia Cortés Araya of lack of standing to sue, lack of standing to be sued, and lack of right, they are granted; regarding the exception of lack of right, it is partially granted because the counterclaimant must be paid for the fixtures (accesiones) without right of retention. INDER raised the exceptions of lack of standing to sue and be sued, and lack of right, which are granted. It is resolved with no special order as to costs. The parties are advised that this judgment admits an appeal, which must be filed before this Court within five days. Within that same period and before this Jurisdictional Body, the factual or legal grounds on which the appellant bases their disagreement must be stated, verbally or in writing, under warning of declaring the appeal inadmissible, according to articles 500 and 501 subsections c) and d) of the Labor Code; Rulings numbers 5798 of 16:21 hours on August 11, nineteen hundred ninety-eight, and 1306 of 16:27 hours on February 23, 1999, both of the Constitutional Chamber, and Ruling number 386 of 14:20 hours on December 10, 1999. If any of the parties intends to file an appeal against this resolution, please also send the appeal in electronic format. Due to the introduction of orality in agrarian matters, if it is the party's wish that the Appellate Tribunal grant an oral hearing, let it be known in the same appeal brief, or alternatively, indicate an email address where they can be notified.- NOTIFY." (see file downloaded in pdf, images 322 to 378).-

8.- Attorney Joselyn Cordero Castillo, in her capacity as public defender of Olman Bustos García, filed an appeal based on the following: "... FIRST GROUND: IMPROPER ASSESSMENT OF THE EVIDENCE AND ABSENCE OF ASSESSMENT OF THE REQUIREMENTS OF USUCAPION (SUBSTANTIVE LAW). As is already known by the Agrarian Tribunals, three requirements are necessary for the ordinary action of usucapion: possession for more than ten years, translative title of ownership, and good faith. In the contested judgment, the action is dismissed based on the fact that Mr. Olman lacks good faith, and it is thus established as a proven fact: "2) Mr. Olman is a bad-faith possessor of parcel number 4, since he has always known that the land is within the Asentamiento Alfonso Bustos and that it belonged to the IDA (now INDER) and later to the plaintiff, Mrs. Rosa Cortés Araya..." text of the judgment. In accordance with Article 285 of the Civil Code, this representation does not share what was resolved; under this regulatory body, good faith is that of someone who believed they had the right to possess the thing or had sufficient doubt about that right, which is the case in this specific matter. We must place ourselves in the location in dispute. The plaintiff and the defendant began to take possession of parcels in the Asentamiento Alfonso Bustos with the intention of acquiring ownership of said properties. It is INDER that generates an error by titling Mrs. Rosa in an incorrect parcel (parcel 4), while she possesses another (parcel 7). Now then, it is clear in the judgment that Mr. Olman has exercised possession since 1997, entering the land with the purpose of fulfilling the social function of property and meeting his own needs and those of his family group; up to this point, we cannot make reproach, and there is insufficient evidence that Mr. Olman was a bad-faith possessor, based on the fact that good faith is presumed. During the years in possession, various situations occurred beyond my client's will; INDER initiates the procedures corresponding to the adjudication of parcels and, by mistake, delivers the area in possession of Mr. Olman to Mrs. Rosa. This administrative action generates significant doubts, since it can be concluded that INDER had no intention of delivering the parcel under litigation to Mrs. Rosa, because in material fact, the one who was and currently is on the property is Mr. Olman. Added to the above, Mrs. Rosa was in possession of a completely different parcel, never having performed possessory acts on the area under litigation. In this representation's opinion, what happened perfectly fits Article 285 of the Civil Code. In the scenario we find ourselves in, the IDA, now INDER, generated various errors, and my client believed he had the right over the area in litigation, thus exercising good faith possession. Furthermore, considering that at the beginning Mrs. Rosa had been given a completely different area, we can assert that my client believed he had a right over the area in litigation. The solution given by INDER to this error was to indicate to Mrs. Rosa that she should initiate a reivindicatory action (acción reivindicatoria), and in Mr. Olman's case, they indicated he had to vacate the parcel; however, my client did not leave, an action in accordance with the law, since this action and the liquidation of the possessory state had to be known. Mr. Olman has always acted in good faith, and what he seeks is to secure the years of possession exercised on the property. Despite the above, the first-instance judgment makes a reproachful assessment of my client. "... the truth is that Mr. Olman acknowledged knowing for many years that the land belonged to INDER, which is why he is a bad-faith possessor of it, especially knowing that this land belonged to Mrs. Rosa." Text of the judgment. Without a doubt, Mr. Olman knew that the land belonged to INDER, and due to this, studies for a possible adjudication by the institution had been initiated, and Mrs. Rosa was in the same situation. "That possession exercised by Mr. Olman has rather been in bad faith because he himself acknowledged in the second fact of the counterclaim that the land he possessed was under the name of the I.D.A. (now INDER) and that he even dealt with officials of said Institution to put that land in his name without success." Text in judgment. Good faith does not only rest on whether Mr. Olman knew if the land was registered, but rather that he acted thinking he had a right over the property and over the possessory acts carried out, perfectly fitting Article 285 of the Civil Code. What we have here is an error by the institution that vitiates the title. Even more, INDER took more than ten years to realize this error. With all that has been stated, it can be concluded and asserted that the possession exercised by Mr. Olman is in good faith. On the other hand, because the usucapion is rejected due to an alleged bad faith of my client, there is an absence of assessment of the other requirements of usucapion, regarding the translative title of ownership and the more than ten years of possession, which creates a serious defect in the judgment and thereby its nullity. Granting this ground of appeal and assessing my client's good faith, the procedural consequence is the nullity of the judgment, with the purpose that the usucapion action be evaluated in its entirety and thereby ensuring due process and the right of defense. I do not omit to indicate that, in this representation's opinion, Mr. Olman perfectly meets the necessary requirements for the usucapion action, having possession for more than ten years, a translative title of ownership (possession serves as title), and evident good faith. SECOND GROUND: ERRONEOUS ASSESSMENT OF THE REIVINDICATORY ACTION. The reivindicatory action is founded on Articles 316, 320 to 333 of the Civil Code; it is intended for the owner of a property to recover possession and all attributes of ownership. In this representation's opinion, the plaintiff lacks the necessary elements for this action, as there is a serious defect and error in the identity of the asset and the ownership of the property. She seeks the recovery of a land she has never possessed and which was titled in her favor due to negligence and error by INDER. In the second fact of the lawsuit filed by Mrs. Rosa Eugenia Cortes Araya, the following is transcribed: "... In the year two thousand, when the IDA, currently INDER, declares me a beneficiary of a parcel in the Asentamiento Alfonso Bustos in Buenos Aires de Aguas Claras de Upala, both the Board of Directors agreement and the transfer deed No. 32, indicate that the parcel awarded to me is number 4 and not 7, which was the one I was possessing. As in the year two thousand six when the IDA gave me deed No. 32, I realized when reviewing plan P-475426-98, that parcel 4 borders a stream called Azufrosa, and parcel 7 in which I was does not have that bordering feature, nor does it even have water. I must indicate that since I entered that parcel 7, I always thought, just like the IDA, that it was parcel 4...". As already indicated, it is completely evident that INDER made an error and never intended to title the property under litigation in favor of the plaintiff. Through a formal act, the land was registered in favor of Mrs. Rosa, but the identity of the awarded asset does not correspond to the material fact, and therefore she lacks standing for this action. What should have been heard here was an action regarding the nullity of the title generated in favor of Mrs. Rosa and eventually, the liability of INDER for the possible damages and losses caused due to this error. Grievance regarding both grounds: The defects alleged in both grounds cause essential defects in due process, violate fundamental rights such as the right of defense and access to justice. In the case of usucapion, a comprehensive assessment of the requirements of this action is necessary. Regarding the reivindicatory action, the plaintiff lacks standing; she is not the owner of the land and never has been; it was registered in her favor by error. Legal basis: Articles 1, 2, 26, 32, 54 of the Agrarian Jurisdiction Law, principle of congruence of the judgment, and due process. PETITION. 1-Due to the defects alleged regarding the counterclaim, the annulment of the appealed resolution is requested, for the purpose that all requirements of the action be known and analyzed. 2. Regarding the reivindicatory action, let the lack of standing to sue of the plaintiff be resolved, declaring said lawsuit without merit. NOTIFICATIONS. Means for receiving notifications are provided; primarily, the Online Management System directed to plaza 418, and as a subsidiary means, the email [email protected] (see electronic file downloaded in pdf, images 384 to 389).-

8.- Attorney Joselyn Cordero Castillo, in her capacity as public defender of Olman Bustos García, filed an appeal with express indication of the reasons relied on to refute the trial court's thesis (see electronic file downloaded in pdf, images 384 to 389).-

9.- In the substantiation of the process, no legal prescriptions have been observed to have been violated, and there are no errors or omissions capable of producing the nullity of the ruling.

WHEREAS:

I.- The facts held as proven are endorsed as they are a faithful reflection of what occurred in the record.

II.- The facts held as not demonstrated are shared.

III.- The appellant indicates as a first grievance an improper assessment of the evidence and absence of assessment of the requirements of usucapion. In this particular case, this Tribunal considers the appellant to be correct because this matter concerns a case that deviates from the norm in terms of how the facts have been occurring since the beginning. When the introduction to the property under litigation was made, which is a property registered in the name of the Instituto de Desarrollo Rural (INDER). As both parties indicate, they took possession of different areas of the property and began to exercise possession over them. Subsequently, INDER proceeded to grant the lands through adjudications (adjudicaciones) carried out by it. Through a Board of Directors Agreement, Article XVII, Session 88-2000, of December 4, 2000, "PARCEL 4" was adjudicated to Mrs. Rosa Eugenia Cortés Araya. This was ratified with the delivery of the deed in the year 2004. As the plaintiff herself acknowledges in fact "SECOND" of her complaint, she, since she entered, began to possess "PARCEL NUMBER 7," exercising possession of it, carrying out agricultural work such as planting corn, tiquisque, planted fruit trees, and currently carries out porcine, cattle, and poultry activities, and it is currently the same place where she lives with her family since she entered. She also acknowledges in said second fact of her complaint that since she entered that "PARCEL NUMBER 7," she thought, just like INDER, that it was "PARCEL 4." The claimant-counterdefendant indicates that "PARCEL 4" has been possessed by Mr. Olman Bustos García. From the foregoing, it is easily detectable that an "Error in the Object" (Error en el Objeto) occurred when making the adjudication by the Instituto de Desarrollo Agrario (today Instituto de Desarrollo Rural), given it was believed that the parcel being granted was the one held in possession by the claimant here, Rosa Eugenia Cortés Araya, since 1997, which was actually "PARCEL NUMBER 7." From the above, it is easily deduced that there was an error in the object (objeto) granted in adjudication to the claimant. The error in the object, as indicated by author Manuel Ossorio in his Dictionary of Legal, Political and Social Sciences, is "That which falls upon the thing that is the object of the legal act. It is an essential error, causing the nullity of the act, that which falls upon fundamental qualities of the thing, upon its very existence, identity, quantity, or extension. The error in the object does not invalidate the act when it occurs regarding non-essential qualities, unless these had been especially guaranteed or if there was fraud by a third party." In this case, an essential error occurs in relation to the essential qualities of the object, which even produces a nullity of the act. On the other hand, this Tribunal considers that the plaintiff Cortés Araya acts entirely in bad faith, in seeking to be given a different parcel than the one she has had in possession, "PARCEL NUMBER 7," since she entered in 1996. INDER, when answering the lawsuit, indicates that attempts have been made to solve the problem arising from the delivery of a different land than the one possessed, where the plaintiff has been offered the delivery of parcel 7, which is where she lives and possesses, but she has not wanted this because she intends for said parcel to be given to her son, and for her to keep "PARCEL 4," which she has never possessed, and she accepts in her complaint that she thought, just like INDER, that it was "PARCEL 4" that she held in possession, when in reality she held "PARCEL 7" in possession. From this perspective, there is no choice but to reject the reivindicatory action filed, and especially so if the legal maxim "a confession by the party relieves of proof" is applied. Moreover, of course she admits she has never had the asset in dispute in possession, given that possession of the asset is held by the defendant-counterclaimant here, Olman Bustos García, since 1996, so the erroneous administrative act of the Instituto de Desarrollo Agrario (today Instituto de Desarrollo Rural) had not even occurred yet, which was executed when making the deed on the property in 2006. Truly, this error by the administration does not grant a right over "PARCEL 4," in which she has never exercised any right of possession or ownership, there being an error in the object that was granted to her. On this point, the Constitutional Chamber has stated in Ruling No. 629 of nine hours five minutes on January 17, 2014, which in this sense has stated: "... Although the administration certainly made a mistake when issuing the certification indicated, it is clear to this Constitutional Tribunal that in this case we are faced with an error by the Administration, which, although it shows a state of disorder and incompetence, the truth is that error does not create a right..."

It is important to keep in mind that INDER, when answering the complaint, just as the plaintiff indicates in her facts, pointed out that there was an error regarding the adjudication of the parcel to the plaintiff here, because it was believed that PARCEL 4 was the one she was possessing, however, she really possessed parcel number 7, (see fact two of her complaint at folio 28 of the physical case file) and not parcel four. Parcel 4 has really been possessed by the defendant/counterclaimant here, Olman Bustos García. Although parcel 4 was adjudicated to Mrs. Cortés Araya, this was due to an error in the object because what was intended to be adjudicated was the parcel she was possessing, which in this case was PARCEL 7. The appellant is correct in that there was an improper assessment of the evidence provided to the process, and furthermore, these are facts recognized by the plaintiff herself in her complaint, recognized by the Instituto de Desarrollo Rural itself, which committed the error in the adjudication of a property different from the one Mrs. Cortés Araya had in possession. That is, a serious administrative error was committed, which is what gives rise to the present claim for recovery of possession (reivindicatorio) and adverse possession (usucapión). In this regard, it is important to keep in mind that error does not create subjective rights, and the fact that INDER (also a defendant) committed such an error cannot be taken advantage of by the plaintiff, because error does not create rights, and therefore the claim for recovery of possession (reivindicación) of parcel 4 is denied, because what was intended to be adjudicated was parcel 7, which she had in possession and of which the plaintiff here, Cortés Araya, still maintains possession. In this case, the plaintiff seeks to be given said parcel 4, even though she really maintains in her possession the parcel initially invaded by her and which subsequently, because the invaded farm belonged to the Instituto de Desarrollo Rural, the latter decided to subdivide and deliver to the occupants the parcels occupied by them, among them the plaintiff here.

IV.- Regarding the appellant's grievance in relation to the requirements for adverse possession (usucapión), in which, despite the foregoing, the first-instance judgment makes a reproachful assessment of my client: “… the truth is that Mr. Olman acknowledged knowing for many years that the land belonged to INDER, which is why he is a possessor in bad faith thereof, especially since he knew that the land belonged to Mrs. Rosa.” Text of the judgment. Without a doubt, Mr. Olman knew that the land belonged to INDER, and because of this, studies had been initiated for a possible adjudication by the institution, and Mrs. Rosa was in the same situation. “That possession exercised by Mr. Olman has rather been in bad faith because he himself acknowledged in the second fact of the counterclaim that the land he possessed was in the name of the I.D.A. (today INDER) and that he even tried, unsuccessfully, with officials of said Institution to put that land [in his name].” Text in judgment. Good faith does not only hinge on whether Mr. Olman knew if the land was registered, but rather that he acted thinking he had a right over the property and over the possessive acts carried out, fitting perfectly with Article 285 of the Civil Code. What we have here is an error by the institution that vitiates the title. Furthermore, INDER took more than ten years to notice this error. Regarding the requirements for adverse possession (usucapión), this Court considers the appellant is correct in that the land in possession of Mr. Olman Bustos García is a property belonging to INDER and intended by said entity for delivery to farmers for the development of productive agrarian activities. It is worth noting that the defendant/counterclaimant here entered the property, just like the plaintiff here, in the year 1996, and that the latter has distributed it among the people who entered on those dates and have maintained possession of the lands, exercising productive activities, as Mr. Bustos García has done in this case, and of which this Court has no doubt. In this matter, a conciliation agreement had even been reached (see agreement at folio 182 of the physical case file), in which Mrs. Cortés Araya committed to leaving parcel 7 and parcel 4 would be delivered to her, and Mr. Bustos would be given parcel five once INDER evicted a possessor who had it and the improvements and accretions (mejoras y accesiones) made would be paid to him; however, said conciliation was subject to the approval of INDER’s Board of Directors, which had initially taken an agreement, but it was later annulled, see communication in image 1 of the digital case file which states: "Subject: ANNUL THE AGREEMENT TAKEN BY THE BOARD OF DIRECTORS IN ARTICLE 45, ORDINARY SESSION 21-2016, HELD ON JUNE 27, 2016." Consequently, Mr. Bustos García continued in possession of Parcel No. 4. That is, exercising a dynamic, productive possession, which protects the possessory right that gives him the basis for the adverse possession (usucapión) of said Parcel No. 4 by developing productive activities for his sustenance and that of his family, and living on it, because it must not be overlooked that he lives on said parcel, fulfilling productive development. Regarding this issue of agrarian property, the Sala Constitucional, in judgment No. 24178-2021, whose jurisprudence is binding, has developed the nature of agrarian property around this institute: “VII.- Regarding the regime of agrarian property.- This Constitutional Court, through judgment No. 2000-9119 of 15:14 hours on October 17, 2000, indicated the following regarding agrarian property: ‘Agrarian property, determined in this case by its form of acquisition through the mechanisms provided in the Ley de Tierras y Colonización, is identified by the obligations on the owner to exercise acts of possession in fulfillment of the social function of their right. Property and possession are therefore in such a relationship that the former cannot be conceptualized without the concurrence of the latter, in such a way that, without property losing its nature as a subjective right, its holder assumes a series of obligations in the exercise of their right. The State, attending not only to that differentiating character of agrarian property, but also framed within the concept of the Social and Democratic State of Law that governs our country, recognized in Article 50 of the Political Constitution, has provided through the Ley de Tierras y Colonización a specific procedure for the acquisition of this right with the aim of promoting the gradual increase in the productivity of land ownership, for a just distribution of its product, and for the purpose of elevating the social condition of the peasant, making them a participant in the development of the Nation (Article 1 of the cited Law).’ Based on the foregoing, the possibility of acquisition through agrarian property emerges by means of a procedure that seeks, as its goal, the destination of land production as a fundamental characteristic, by virtue of its nature. This procedure is regulated in Law No. 2825, Ley de Tierras y Colonización, starting from numeral 92 and following of said regulatory body. Article 92 of the Ley de Tierras y Colonización establishes the conflicts between owners and precarious possessors (poseedores en precario), where it indicates that the Instituto de Desarrollo Rural is the agency responsible for intervening in cases of precarious possession (posesión precaria) of lands to procure finding satisfactory solutions in accordance with the law. It defines the precarious possessor (poseedor precario) as follows: ‘one who, out of necessity, carries out stable and effective acts of possession, as owner, in a peaceful, public, and uninterrupted manner, for more than one year, and with the purpose of putting it in conditions of production for their subsistence or that of their family, over a land duly registered in the name of a third party in the Public Registry. Precarious possessors who have had ten-year possession under the conditions stated in the preceding paragraph may register their right in accordance with the provisions of this law and through the possessory information procedure…’. It is important to clarify that Law No. 9036 came to transform the Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) into the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), and with its creation, derogations were made to Law No. 2825. However, in the final provisions of Law No. 9036, it was clearly provided that Chapter VI of Law No. 2825, which is responsible for regulating conflicts between owners and precarious possessors (poseedores en precario), remains in force to date. In accordance with the foregoing, the rules in question establish the requirements that must be met for a specific person to be considered a precarious possessor under a precarious occupation by carrying out possessory acts to generate production on land they do not own. For a better understanding of the same, there is Article 195 of the Regulations to Law No. 9036 of April 9, 2018 (Law for the Transformation of IDA into the Instituto de Desarrollo Rural, INDER), which is responsible for defining the requirements demanded by Article 92 of the Ley de Tierras y Colonización, as follows: ‘Article 195°- Precarious Occupation. For an occupation to be considered precarious, compliance with the requirements established in Law 2825 must be determined, which are as follows: a) Yearly possession: Must demonstrate by any evidentiary means permitted by law having been in possession of the property subject to conflict for more than one year. b) State of necessity: The applicant must demonstrate that they entered the property to cover a state of subsistence necessity, that is, that at the time of entering the property and to date, they have no other means of subsistence for themselves and their family other than the production they carry out on the occupied property. c) Subsistence: The applicant must demonstrate that the property in conflict is their sole means of subsistence, therefore, if they have other means of subsistence, it will be considered that no precarious occupation exists. d) Area: The possessed area must be sufficient to be considered as a productive unit that meets the minimum parameters that allow subsistence according to the zone in which it is located, its nature, and the productive activity carried out.’ It is understood that the legal system allows a precarious possessor (poseedor precario), upon meeting the required requirements, to acquire a property that is in the name of another person in the Public Registry, through the regime of special agrarian adverse possession (usucapión especial agraria), under the modality of agrarian property. Thus, it is understood that the conflict between an owner and a precarious possessor arises when the registered owner of a particular property abandons it, ceasing to perform acts of possession on it – known as the presumption of abandonment – and in their place comes another person who, although it does not belong to them, adopts actions aimed at possession with the purpose of producing on said land to satisfy their subsistence need, as well as that of their family group. Without there being any claim or objection by the registered owner."

Clearly, in this case, Mr. Olman Bustos García has exercised agrarian possession to satisfy his own needs and those of his family. Mrs. Eugenia Cortés Araya has never performed possessory acts on the property, and although she brought this claim for recovery of possession (acción reivindicatoria), the land actually granted to her occurred through an administrative error due to confusion of the object, as resolved in this same process, and as stated above. Even INDER itself initiated an administrative process against Mrs. Cortés Araya, which was set aside by that same entity. The Sala Constitucional, in the same judgment No. 24178-2021, delved into the application of the aforementioned institute, in the Regulations to the INDER Law No. 9036 of April 9, 2018, adding the following in greater detail: "IX...Now, it is necessary to examine the purpose of the content of the challenged rule to determine if it complies or not with the parameters established in the principle of proportionality and reasonableness. In the Regulations to Law No. 9036 of April 9, 2018 (Law for the Transformation of IDA into the Instituto de Desarrollo Rural, INDER), there is Article 195, which establishes the requirements that must be met for a precarious occupation to occur under the modality of agrarian possession. The plaintiff specifically questions the requirement contemplated in subsection c) of said rule, which is: 'c) Subsistence: The applicant must demonstrate that the property in conflict is their sole means of subsistence, therefore, if they have other means of subsistence, it will be considered that no precarious occupation exists. (...).' As indicated, this Chamber has held that for this requirement to be sustained, it must be necessary, suitable, and proportional. The necessity is based on protecting a good or set of goods of the community. In the specific case, by requiring compliance with the requirement, it seeks to protect the property right of the registered owner of the good, as established in Article 45 of the Constitution. On the other hand, the suitability of the requirement is to protect agrarian possession for that specific person who performs possessory acts on a land without being the registered owner of the good. It is not intended to gift the real estate, but rather seeks that such occupation arises with the performance of agrarian possessory acts, such as production on the land, which is why it demands as an essential element that said labor be the sole means of subsistence of the person and their family group so that acquisition can occur in that way. Finally, the proportionality of the requirement arises to prevent an arbitrary dispossession of the registered owner; as well as to prevent people from using the figure of agrarian adverse possession (usucapión agraria) for profit or the commercialization of lands; that is, it seeks to prevent abuse from existing. Based on the foregoing, it is determined that the challenged rule is reasonable, suitable, and proportional to the purposes for which it was created. Likewise, it is important to clarify that at the moment a specific person makes the request to be qualified as a precarious possessor (poseedora en precaria), they only have an expectation of right, because it is subject to compliance with the requirements established in the Law. The legislator established that the Instituto de Desarrollo Rural is the agency responsible for intervening in cases of precarious possession (posesión precaria) of lands, hence its legitimacy to determine whether a person meets or not the requirements to be able to qualify as a precarious possessor (poseedor en precario), pursuing as a fundamental element the productive agrarian activity on the land. In addition to the above, it stands that agrarian adverse possession (usucapión agraria) contemplates special requirements aimed at seeking production and agrarian work –vegetal or animal–. To understand more about this figure, this Sala Constitucional, in judgment No. 04587-97 of 15:45 hours on August 5, 1997, provided the following: 'Regarding agrarian property, it must be indicated that when the social function of property is recognized, the right of property is configured as a right-duty, in which there is a specific way to exercise the faculties of ownership, and obligations such as the productive use of the land are imposed on the holder. Given that the factual assumption of the challenged rule – Article 7, first paragraph of the Ley de Informaciones Posesorias– could be applied in the hypothesis in which, over the land sought to be titled, before its affectation to the public domain, agrarian possession has been exercised, it is necessary to point out the elements that characterize the institute of agrarian adverse possession (usucapión agraria), as was done above with the general regime of ordinary civil adverse possession. According to jurisprudence, the foundation of this institute is a general principle of Agrarian Law: the economic-social function of agrarian property. This principle is fundamentally integrated with two aspects: a subjective one, of an economic order, which consists of the owner's obligation to produce, improve, and respect the environment, and another objective or social one, which entails the State's obligation to provide property to those who are in a condition to produce but lack land. By virtue of the foregoing, agrarian labor constitutes the foundation of agrarian adverse possession (usucapión agraria), as it is the instrument through which land ownership is acquired. For agrarian adverse possession, possession acquires a central value as a mandatory element to acquire the right of property. The institute of agrarian adverse possession in Costa Rica coincides with the general adverse possession of the Civil Code in its structure, however, it differs from it in its function due to the introduction of the principles set forth above. Among the elements that characterize agrarian adverse possession is a special conception of the animus of the possessor, which must be projected through the exercise of agrarian possessory acts. This is reflected with greater intensity in the economic appropriation of the profits obtained from the work on the property. It is presumed that one who works the land in that way does so as owner. On the other hand, the just title is constituted by agrarian labor, and its non-requirement as a document allows acquisition to occur against a title registered in the name of a third party in the Public Registry. Likewise, in agrarian adverse possession, there is no distinction between possession in good or bad faith, because what fundamentally matters is the productive agrarian activity. Special agrarian legislation in Costa Rica has been eliminating the just title and good faith in adverse possession (usucapión) to the point that the non-requirement of these requirements has become the rule, and its exception is found in the civil sphere in the hypothesis of derivative acquisition of possession. Now, doctrine and jurisprudence have understood that Articles 92 and 101 of the Ley de Tierras y Colonización No. 2825 of October 14, 1961, and its reforms, expressly regulate agrarian adverse possession (usucapión agraria) of lands. In those articles, the figure of precarious possession (posesión precaria) of lands is defined, which constitutes a modality of agrarian possession. It consists of a de facto power over a good of a productive nature, registered in the name of a third party in the Public Registry, in which stable and effective acts of possession are carried out that are aimed at putting the good in conditions of production in order to satisfy the possessor's own needs and those of their family. As food necessity and agrarian labor prevail in precarious possession, one must possess in a direct and personal manner – the mere intent to possess is not enough. Likewise, consideration of whether good or bad faith exists is dispensed with, since the precarious possessor (poseedor en precario) knows that the good they work is registered in the name of a third party in the Public Registry. The translative title of ownership is also excluded because the title is constituted by agrarian labor.' (The highlighting does not correspond to the original). From the cited precedent, it follows that the requirement contemplated in the challenged rule for a specific person to be qualified as a precarious possessor (poseedor precario) responds to a principle of social function, which guarantees the productivity of lands in a condition of necessity to satisfy the needs of the occupying person as well as their family. Thus, this Constitutional Court considers that the requirement stipulated in subsection c) of Article 195 of the Regulations to Law No. 9036 of April 9, 2018 (Law for the Transformation of IDA into the Instituto de Desarrollo Rural, INDER), is completely proportional and reasonable. In this sense, it is essential to reiterate what was stated in the previously described judgment, regarding that agrarian labor constitutes the foundation of agrarian adverse possession (usucapión agraria) as the instrument through which land ownership is acquired. It is determined that this special figure enshrined in Agrarian Law was created precisely for those cases where a person, when filing the application for conflicts between owners and precarious possessors (poseedores en precario), has to demonstrate that their subsistence means for basic needs comes from the agrarian labor of the land, which excludes that said subsistence comes from means other than land production. This fundamental element justifies the special agrarian adverse possession (usucapión especial agraria) as an exception to the general figure, because the mere intent to possess is not enough. Thus, such a requirement is not arbitrary or disproportionate. By virtue of the foregoing, this Constitutional Court rules out that the challenged rule violates the principle of constitutional proportionality. Consequently, the action must be dismissed regarding this aspect."

See that the Sala Constitucional reaffirms its own binding jurisprudence that establishes agrarian labor as the foundation of special agrarian adverse possession (usucapión especial agraria), and it is precisely to value not only a form of access to property but to guarantee the exercise of the economic, social, and environmental function of property. That is why the Ley de Tierras y Colonización also integrates other provisions, such as Article 144, which establish the grounds for expropriation for non-compliance with the social function, such as leaving the property in a state of abandonment. The foregoing is in accordance with a principle of agrarian law as "law of equity," contained in Article 1 of the Law, which in its subsection 6) provides: "This Law has the purpose of: 6) Determining that the land should not be used for the exploitation of the agricultural worker. The State, by all means within its reach, shall stimulate the formation of agricultural cooperatives to combine the dignity of the small property with the efficiency of the large enterprise." And as a consequence of the foregoing, it is evident that in this case, the behavior of the counterclaim defendant/plaintiff with respect to the land she has never had, it could be said she has not had any agricultural exploitation on her part, so much so that an administrative procedure had been initiated against her to cancel the adjudication of parcel 4, which she evidently has never had, given that an error in the object occurred in the adjudication as stated above, because she really has exercised possession over a parcel completely different from the one claimed in this case, over Parcel No. 7.

V.- By virtue of the foregoing, in accordance with what was requested by the appellant, the first-instance judgment is FULLY REVOKED. In its place, the defenses of lack of right are upheld because, although it is registered in the name of the plaintiff Cortés Araya, this was due to an administrative error in the object, as it was not the land that was going to be delivered to the plaintiff Rosa Eugenia Cortés Araya. The defense of lack of standing is upheld because, although the property is registered in the name of the plaintiff, this was due to an administrative error in the adjudication of the property. The defense of lack of passive standing is upheld, because the plaintiff never took possession of the land through dispossession (despojo) of Mrs. Cortés Araya, but rather said land was due to an error in the object that was adjudicated to her, the administration thinking it was parcel 4. The defense of positive prescription (prescripción positiva) is upheld because the defendant Mr. Olman Bustos García has possessed the real property since the year 1996, dedicating it to agrarian production activities through the labor of the land for his subsistence and that of his family. By reason of the foregoing, THE CLAIM FOR RECOVERY OF POSSESSION (DEMANDA REIVINDICATORIA) FILED BY ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA AGAINST OLMAN BUSTOS GARCÍA IS REJECTED. The plaintiff Cortés Araya is ordered to pay costs because she knew that there had been an error in the adjudication and still sought to recover parcel 4, knowing that what she really had in possession was a different land, in this case parcel 7, attempting to keep both parcels, so that the one she has in possession could be given to her son, which denotes her bad faith in her actions.

COUNTERCLAIM. Regarding the counterclaim (contrademanda) filed by Mr. OLMAN BUSTOS GARCÍA against ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, the defenses of lack of standing, lack of passive standing, and lack of right filed by Mrs. Rosa Eugenia Corté Araya are rejected, given that Mr. Bustos García demonstrated maintaining possession of the property since the year 1996, dedicating it to productive agrarian activities for his sustenance and that of his family, fulfilling the social function of property. The defenses of lack of standing, lack of passive standing, and lack of right filed by the Instituto de Desarrollo Rural are rejected, as an error in the object occurred due to the fault of the administration (Instituto de Desarrollo Rural) which generated this conflict. THE CLAIM FOR ADVERSE POSSESSION (USUCAPIÓN) FILED BY MR. OLMAN BUSTOS GARCÍA AGAINST ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA AND THE INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL IS UPHELD. It is ordered to register in the name of Mr. OLMAN BUSTOS GARCÍA the farm of the Partido de Alajuela registration number 401254-000, located in Asentamiento Alfonso Bustos, situated in Buenos Aires de Aguas Claras de Upala de Alajuela, with a measurement of four hectares six thousand eight hundred fifty-nine square meters with twenty-nine square decimeters (4 has 6859.29 m2), which borders on the north with public street, south with reserve zone, east with parcel number 3, west with parcel number 5, plotted on map A-475426-98. The counterclaim defendants ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL are ordered to pay the costs of the counterclaim.

POR TANTO

In the appealed matter, the appeal filed by Mr. OLMAN BUSTOS GARCÍA is upheld and therefore the first-instance judgment is FULLY REVOKED. In its place, regarding the CLAIM FOR RECOVERY OF POSSESSION (DEMANDA DE REIVINDICACIÓN) filed by ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA against OLMAN BUSTOS GARCÍA and INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, the defenses of lack of standing, lack of passive standing, and lack of right filed by the co-defendant Olman Bustos García are upheld. Likewise, the defense of positive prescription (prescripción positiva) filed by Mr. Bustos García is upheld. By reason of the foregoing, THE CLAIM FOR RECOVERY OF POSSESSION (DEMANDA REIVINDICATORIA) FILED BY ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA AGAINST OLMAN BUSTOS GARCÍA AND INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL IS REJECTED. The plaintiff Cortés Araya is ordered to pay the costs of the claim. Regarding the COUNTERCLAIM FOR ADVERSE POSSESSION (CONTRADEMANDA DE USUCAPIÓN) filed by OLMAN BUSTOS GARCÍA against ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, the defenses of lack of standing, lack of passive standing, and lack of right filed by Mrs. Rosa Eugenia Corté Araya are rejected, given that Mr. Bustos García demonstrated maintaining possession of the property since the year 1996, dedicating it to productive agrarian activities for his sustenance and that of his family, fulfilling the social function of property. The defenses of lack of standing, lack of passive standing, and lack of right filed by the Instituto de Desarrollo Rural are rejected, as an error in the object occurred due to the fault of the administration (Instituto de Desarrollo Rural) which generated this conflict. THE CLAIM FOR ADVERSE POSSESSION (USUCAPIÓN) FILED BY MR. OLMAN BUSTOS GARCÍA AGAINST ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA AND THE INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL IS UPHELD. It is ordered to register in the name of Mr. OLMAN CORTES GARCÍA the farm of the Partido de Alajuela registration number 401254-000, located in Asentamiento Alfonso Bustos, situated in Buenos Aires de Aguas Claras de Upala de Alajuela, with a measurement of four hectares six thousand eight hundred fifty-nine square meters with twenty-nine square decimeters (4 has 6859.29 m2), which borders on the north with public street, south with reserve zone, east with parcel number 3, west with parcel number 5, plotted on map A-475426-98. The counterclaim defendants ROSA EUGENIA CORTÉS ARAYA and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL are ordered to pay the costs of the counterclaim.








	
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ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A

	
 
 




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CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A

	
 

	
 
 

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ENRIQUE ULATE CHACÓN - JUEZ/A DECISOR/A

 
 

EXP: 14-000008-1143-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381.

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