Res. 02115-2025 Tribunal Contencioso Administrativo — Suspension of eviction and demolition of a house in a protection zoneSuspensión de desalojo y demolición de vivienda en zona de protección

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 02115 - 2025

Fecha de la Resolución: 05 de Marzo del 2025 a las 11:31

Expediente: 24-005913-1027-CA

Redactado por: José Alvaro López Camacho

Clase de asunto: Medida cautelar

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Procesal Contencioso Administrativo

Tema: Medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo

Subtemas:

Suspensión del desalojo y demolición de propiedad que invade la zona pública por cuanto no implica una grave afectación al interés público.

Tema: Desalojo administrativo

Subtemas:

Suspensión del desalojo y demolición de propiedad que invade la zona pública por cuanto no implica una grave afectación al interés público.

Tema: Municipalidad de Heredia

Subtemas:

Suspensión del desalojo y demolición de propiedad que invade la zona pública por cuanto no implica una grave afectación al interés público.

"VI. E) ACERCA DE LA PONDERACIÓN DE INTERESES EN JUEGO: [...]

Debe tomarse en consideración que la parte actora lleva muchos años como propietaria del bien inmueble (más de dos décadas), mientras que la inscripción del plano de la municipalidad y el levantamiento topográfico es de fecha relativamente reciente. Adicionalmente se toma en consideración en el presente asunto, y se debe de destacar, que en la presente gestión cautelar se dictó la resolución de las catorce horas treinta y cinco minutos del veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro; por medio de la cual se admitió la tutela cautelar en carácter de provisionalísima, ordenado la suspensión inmediata de los efectos del acto administrativo; por lo que desde dicha fecha la situación se ha mantenido en suspenso en el sitio y durante ese tiempo al parecer no se ha ocasionado mayor trastorno al interés público ni la situación ha variado en forma significativa en perjuicio del estado del recurso hídrico del lugar ni de su protección; al menos eso es lo que se podría presumir al no existir ningún elemento de prueba como para acreditar lo contrario (artículo 29.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo y 41.1 del Código Procesal Civil de aplicación a la materia por remisión del 220 del Código que regula esta Materia). Dicho lo anterior y hasta tanto no sea demostrado en sede jurisdiccional si la conducta administrativa objeto de estas diligencias e encuentra conforme a Derecho, la balanza, en esta oportunidad, se inclina por tener por cumplido este requisito de la tutela cautelar, por cuanto no ve esta autoridad que, en este caso en concreto, se produzca una afectación significativa o prevalente al interés público involucrado o un riesgo tal para los intereses públicos involucrados con la medida cautelar de suspensión solicitada. El resultado de este juicio de ponderación, nos lleva entonces a que el balance eficiente de los intereses en juego se decanta por ACOGER la tutela solicitada y  la suspensión pedida. La gravedad del perjuicio para el interés público de mantener en suspenso la aplicación de la demolición en este caso concreto no implica una afectación significativa y prevalente al interés público. Así las cosas, al sustentarse la existencia de todos los presupuestos cautelares de conformidad con los artículos 1, 2, 20, 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se impone como consecuencia el acoger la medida cautelar promovida, por lo que se dispone como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos de la conducta administrativa impugnada [...]".

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Citas de Legislación y Doctrina
Texto de la resolución
EV Generación de Machote: F:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\Modelos\Contencioso\TCRESOL016.dpj

 

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EXPEDIENTE:

	

24-005913-1027-CA - 1




PROCESO:

	

MEDIDA CAUTELAR




ACTOR/A:

	

GEOVANNI ESPINOZA CUBILLO




DEMANDADO/A:

	

 EL ESTADO

 

 N° 2025002115

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las once horas con treinta y uno minutos del cinco de Marzo del dos mil venticinco.-

 

 Se conoce solicitud de MEDIDA CAUTELAR presentada por GEOVANNI ESPINOZA CUBILLO, portador de la cédula de identidad número 602330436, y JENNY CORDERO VARELA,  portadora de la cédula de identidad número 204810207, en contra de la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA. Intervienen como litis consortes necesarios el ESTADO (MINAE) y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

 

CONSIDERANDO

 

 I.- ANTECEDENTES DE INTERÉS. a-) Mediante escrito presentado el 28 de agosto de 2024, se interpone solicitud de medida cautelar ante esta jurisdicción en que la parte accionante solicita lo siguiente: "PRETENSIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES: 1. Que la Municipalidad de Heredia no efectúe el desalojo, demolición y usurpación en contra de la casa de habitación del Sr. Giovanni Espinoza Cubillo y la Sra. Jenny Cordero Varela" (ver imagen 8 del expediente digital del legajo de medida cautelar, en adelante el "expediente digital" o el legajo de medida cautelar indistintamente). Señala la parte accionante, en síntesis, que con el desalojo y demolición el inmueble quedaría inhabitable y los actores no cuentan con medios económicos para alquilar una vivienda o hacer remodelaciones en la casa. Asimismo, indica que el desalojo está pronto a ser ejecutado el día 20 de setiembre de 2024 de manera que hay un riesgo inminente de graves daños a la vivienda la cual quedaría inhabitable. Se trata de una medida cautelar de carácter SUSPENSIVO para que no se ejecute el procedimiento de desalojo administrativo y demolición por invasión de bienes demaniales, determinado por resolución AMH-0803-2024 emitida por la Alcaldía Municipal de la Municipalidad de Heredia a las siete horas siete minutos del 19 de agosto de 2024. En cuanto a la apariencia de buen derecho señala la parte accionante que resulta evidente en el caso concreto. Lo anterior por cuanto, en síntesis, indica la parte accionante en su demanda (ver escrito de demanda visible a imágenes 2 a 13 del expediente principal, así como escrito de solicitud de medida cautelar de imágenes 5 a 9 del legajo de medida cautelar) que la Municipalidad de Heredia inicia contra de los actores un procedimiento de desalojo administrativo y demolición por invasión y usurpación de bienes demaniales, bajo la matrícula 270947, que se constituyó como dominio público de la Municipalidad de Heredia por una DONACIÓN que realiza el BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI) que el accionante califica de nula e ilícita, asimismo, sostiene la parte accionante que ambos actores ostentan el derecho de propiedad sobre los 50.42 metros cuadrados que se pide desalojar puesto que el BANHVI les había otorgada escritura pública desde hace 28 años y se trata de un lote inscrito en el Registro Nacional, por lo que la Municipalidad de Heredia no tiene derecho sobre dicha propiedad. Señala también la parte accionante que no están habitando una zona de protección como se afirma por la municipalidad accionada por cuanto no existe normativa alguna que señala tal zona como de protección forestal y la vegetación existente ha sido plantada por los vecinos de la localidad, por lo que solicita que se declare la nulidad de la conducta administrativa así como la indemnización de los daños y perjuicios causados, así como también se declare y reconozca su derecho sobre los citados 50.42 metros cuadrados, intereses y ambas costas. Finalmente, sobre la ponderación de intereses en juego, indica, en síntesis, que debe ponderarse la gravedad del perjuicio que se causa a los accionantes y su nucleo familiar por encima de los intereses defendidos por el accionado. Ofrece como prueba la copia del desalojo (ver imágenes 10 a 25 del legajo de medida cautelar), y en el principal se ofrece la siguiente prueba documental: 1) Certificación de Imágenes de la donación entre la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, GRUPO MUTUAL y BANHVI (imágenes 14 a 25 del expediente principal). 2) Copia del desalojo de la Municipalidad (ver imágenes 26 a 52 del expediente principal y 10 a 25 del legajo de medida cautelar) y 3) Certificación de la propiedad en el Registro de la Propiedad (ver imágenes 53 a 57 del expediente principal).  b-) Por resolución de las catorce  horas treinta y cinco minutos del veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, visible a imágenes 26 a 32 del legajo de medida cautelar anticipada, se declaró con lugar la medida cautelar provisionalísima, se otorga la audiencia de ley a la parte accionada, y se dispone la suspensión provisional de los efectos de la conducta administrativa, se dispone en dicha resolución como medida provisional la suspensión de los efectos del acto administrativo resolución AMH-0803-2024 emitida por la Alcaldía Municipal de la Municipalidad de Heredia a las siete horas siete minutos del 19 de agosto de 2024. Ahí mismo se ORDENA como medida cautelar provisionalísima a la Municipalidad de Heredia accionada el abstenerse de realizar cualquier conducta que, de forma directa o indirecta, pueda tener como efecto el ejecutar dicho acto administrativo; lo anterior hasta que esta autoridad tenga mayores elementos de juicio para resolver definitivamente la solicitud de medida cautelar o disponga otra cosa, con el fin de resguardar la tutela judicial cautelar adoptada en la resolución cautelar. c-) Mediante escrito presentado en fecha 10 de setiembre de 2024, visible a imágenes 37 a 49 del legajo de medida cautelar, la parte accionante menciona que si se ejecuta la demolición la pérdida de la casa de habitación sería total dado que quedaría inhabitable, y que la parte en reclamo se trata de un relleno realizado hace más de 20 años porque la casa estaba en peligro de derrumbe por la pendiente y evitar problemas de aguas negras de un condominio, lo que provocó un derrumbe que lavó el relleno. Indica que en su momento se le solicitó a la municipalidad un muro de contención. También señala que la señora accionante tiene padecimiento del corazón y problemas de hipertensión, además de otras condiciones vulnerables de salud, y que la municipalidad accionada no es el dueño registral del conjunto de la residencia de la Gran Samaria pues el dueño registral es el IMAS, por lo que considera que no corresponde el desalojo por parte de la Municipalidad de Heredia. d-) Mediante memorial de fecha 17 de setiembre de 2024, visible a imágenes 50 a 58 del legajo de medida cautelar, la representación de la Municipalidad de Heredia accionada contesta la gestión de tutela cautelar solicitando su rechazo indicando que no concurren los requisitos para el acogimiento de una medida de tal naturaleza indicando. Luego de realizar un recuento de los antecedentes y denominados "hechos" del caso, la municipalidad accionada señala, en síntesis, sobre la denominada apariencia de buen derecho que en este caso se trata de una gestión carente de este presupuesto, pues se trata de la ocupación y disposición ilegítima de un área de 50.42 metros cuadrados de dominio público destinada a zona de protección (refiere al oficio DIP-DT-0328-2023) parte de la finca 4-150475-001 y 4-150475-002, plano catastrado H-084457-1989, ubicado en la urbanización la Gran Samaria en San Francisco de Heredia, por lo que se ordenó el desalojo y demolición por invasión de bienes demaniales, otorgando el debido proceso contemplado en la legislación al efecto, lo cual indica se trata de un deber por tratarse de bienes de dominio público y la municipalidad está facultada para recuperar el dominio de dichos inmuebles a través de la acción administrativa. Señala en este sentido que la demanda se encuentra ayuna de fundamentación y carece de seriedad, indica que no se cuestiona la titularidad sobre el inmueble sino la invasión que se perpetra contra el bien de dominio público 4-27094-000, así como que los actores no aportan prueba para acreditar un derecho para invadir la zona pública. Sobre el peligro en la demora indica la municipalidad que si bien no se requiere plena prueba par su demostración y se contemplan daños no solo actuales sino también potenciales, no basta con el dicho del accionante sino que requiere la evidencia de la magnitud grave del año, de lo cual indica está completamente desprovisto el alegato de la parte actora. Señala que el desalojo o demolición es del área de 50.42 metros cuadrados que se encuentran sobre el bien de dominio público según loa resolución AMH-0803-2024, por lo que no se justifica con prueba idónea este presupuesto. Finalmente, sobre la ponderación de intereses en juego señala la municipalidad que en su criterio debe ponderar el interés público tutelado por la municipalidad de recuperar el uso al que fue destinado la zona pública sobre los intereses privados de las partes accionantes de perpetuarse en la invasión de bienes demaniales (zona de protección), por cuanto al no existir un daño que sirva de base para ponderar no es siquiera posible valorar este presupuesto al carecer incluso la gestión de un razonamiento de ponderación de los intereses en juego. Por lo anterior, la municipalidad accionada solicita que rechace la medida cautelar y se revoque la medida cautelar provisionalísima decretada. Ofrece como prueba el expediente DIP-DT-0328-2023 de la Sección de Control Fiscal y Urbano (ver imágenes 60 a 103 del legajo de medida cautelar). e-) De previo a resolver se le otorga audiencia a la Municipalidad de Heredia de las manifestaciones de la parte actora de fecha 10 de setiembre de 2024, mediante resolución de las diez horas veintinueve minutos del 25 de setiembre de 2024, audiencia que es atendida por el accionado mediante memorial de fecha 01 de octubre de 2024, en que rechaza las afirmaciones realizadas por la parte actora, indicando, en síntesis, que el proceso versa sobre la invasión de los actores sobre un bien de dominio público, y no hay prueba idónea de que la demolición sobre los 50.42 metros cuadrados implicaría que la casa de habitación quedaría inhabitable. Asimismo, indica que no le consta el relleno realizado hace más de 20 años que refieren los actores, así como que los padecimientos de salud de la parte actora no justifican la ocupación de bienes de carácter demanial, asimismo que no se indica por la municipalidad ser la dueña del conjunto habitacional La Gran Samaria y que es falso que la municipalidad no sea la propietaria del bien público (4-270947-000), asimismo que el bien en algún momento estuvo a nombre de distintas entidades financieras en calidad de fiduciarias fue la finca madre del proyecto Urbanización La Gran Samaria debía volver al fideicomitente (BANHVI) y fue traspasado por donación y segregación por el BANHVI a favor de la Municipalidad de Heredia en cumplimiento de la Ley N°4240 de Planificación Urbana, es decir las áreas públicas de la citada urbanización, de manera que la gestión cautelar carece de seriedad por cuanto el gobierno local le corresponde ejecutar los desolojos sobre el bien invadido 4-270947-000, por lo que solicita el rechazo de la medida cautelar. Ofrece como elementos de prueba el oficio ACDE-3627-2002 de la Alcaldía y la escritura N° 79 de las 15:15 horas del 15 de diciembre de 2021 (ver imágenes 111 a 130 del legajo de medida cautelar). f-) La parte accionante realiza nuevas manifestaciones visibles en imágenes 108 a 110 del legajo de medida cautelar, señalando, en síntesis, que la municipalidad no aportó el documento notarial del IMAS que le otorgaba el derecho para efectuar la donación de la Gran Samaria (ubicada en distrito 3 con distinto plano catastrado) a favor de la municipalidad, dada la audiencia de dichas manifestaciones, la municipalidad accionada responde en memorial de fecha 10 de octubre de 2024, visible a imágenes  133 a 137 del legajo de medida cautelar, en que señala nuevamente que no existe prueba en cuanto a que el IMAS fuera el propietario registral de la "Gran Samaria" en algún momento, desconociendo si esto se refiere a la finca madre o las áreas públicas, lo cual señala es indistinto a efectos del desalojo del bien público invadido en este caso que se encuentra a nombre de la municipalidad. Asimismo, señala que no es procedente en esta vía cuestionar los antecedentes registrales del bien inmueble y se han aportado a los autos elementos de prueba que dan cuenta de la existencia del traspaso por parte del fideicomiso. También señala que en la escritura aportada al expediente consta el traspaso generado de la zona a favor de la municipalidad accionada y la parte actora se contradice en sus afirmaciones , así como que la asignación del distrito en la escritura, plano de la finca madre y diseño de sitio resulta intrascendente para el objeto de estas diligencias, puesto que es claro que se trata de la finca madre que dio origen a la urbanización La Gran Samaria, por lo que solicita resolver a la mayor brevedad dada la gran cantidad de escritos presentados por la parte accionante en este caso. Ofrece como prueba los autos. g-) Finalmente, mediante nuevas manifestaciones fechadas 11 de octubre de 2024, la parte accionante, en síntesis, insiste en su posición esbozada en memoriales anteriores señalando que cerca de la vivienda se están desviando aguas negras hacia la quebrada Aries y se trata de una reserva natural por lo que el plano catastrado que se indica por la municipalidad es ilícito por cuanto necesitaba el permiso del SINAC por ser zona de protección, y como petitoria pide que personeros del SINAC y del MINAE visiten la zona y verifiquen el daño ambiental que aducen (ver imágenes 141 a 143). h-) Por resolución de las catorce horas cero minutos del once de noviembre de dos mil veinticuatro, con el fin de continuar la tramitación y debido a lo indicado por la parte actora en memorial de fecha 11 de octubre de 2024, visible a imagen 143 del expediente digital, de una eventual integración del ESTADO y del SINAC, se le concedió el plazo de TRES DÍAS HÁBILES a las partes para que se manifestaran. Ambas partes realizan manifestaciones con posterioridad a la audiencia conferida y el extremo correspondiente es resuelto mediante el fallo N° 2024008381 de las dieciséis horas con siete minutos del quince de Noviembre del dos mil veinticuatro que ordena integrar a esta medida cautelar al ESTADO (MINAE) y al SINAC, para que se refieran a lo peticionado (ver imágenes 148 a 218 del expediente digital). i-) Mediante resolución de las diez horas veintiséis minutos del dos de diciembre de dos mil veinticuatro se le otorga audiencia de la medida cautelar a las representaciones del SINAC y del ESTADO (ver imágenes 224 a 225 del expediente digital). j) Por memorial de fecha 13 de enero de 2025, la representación del SINAC se refiere a la audiencia conferida y peticiona, en síntesis, que se rechace lo pretendido por improcedente. Señala dicha representación, en síntesis, que en esta causa no se verifican actos administrativos de dicha institución que se encuentren en pugna, e indica que lo solicitado por el actor es improcedente indicando lo siguiente: "(...) El argumento de los actores es que existe una planta de tratamiento, que no es objeto del proceso, pero ubicada en cercanías, que se encuentra vulnerando el medio ambiente. Si bien la posibilidad de este hecho resulta relevante para la Administración Pública, y su procedimiento corresponde en una denuncia directa ante entidades administrativas, judiciales o utilizando el sistema de SITADAS; el mismo no resulta atinente al presente proceso contencioso administrativo." (ver imagen 233 del expediente digital, destacado propio). Asimismo, considera el SINAC que no se presentan los presupuestos de la tutela cautelar, señalando que no se logra identificar la relación que tiene la planta de tratamiento y la necesidad de inspección al objeto del proceso ni existe vínculo lógico o causal sobre los actos del ente municipal cuestionado y lo solicitado por la parte actora. También señala que no se puede indicar que lo pretendida cumpla con la apariencia de buen derecho y ponderación de intereses, por cuanto, en síntesis, no se puede pretender suspender la actuación municipal por el señalamiento de la actora de que otras personas en otro inmueble desarrollan actividades contra el medio ambiente. Así las cosas, la representación del SINAC se encuentra disconforme con la posición de la parte actora e indica, en suma, que el peligro en la demora, al contrario de lo indicado por la actora, se da al mantenerse una construcción en invasión de terrenos de dominio público dentro de zona de protección del recurso hídrico, contraviniendo el orden legal y constitucional de protección al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por cuanto se menciona la intención de mantener obras y construcciones dentro del área de protección como también contaminación a cuerpos de agua, de manera que no se cumplen los requisitos de la tutela cautelar y solicita que la medida cautelar sea declarada sin lugar. Ofrece como prueba la que consta en el expediente judicial (ver imágenes 231 a 236 del legajo de medida cautelar). k) Mediante resolución de las trece horas dieciséis minutos del diez de febrero de dos mil veinticinco se le otorga audiencia de las manifestaciones de la parte actora de fechas 15 y 20 de noviembre de 2024 de previo a resolver, audiencia que es atendida por las contrapartes reiterando el rechazo de lo pretendido por la parte accionante. En síntesis, indica la representación de la municipalidad accionada lo siguiente: "(...) En relación al memorial fechado de 15 de noviembre del 2024, esta representación, se opone a la prueba aportada por la parte actora que consiste en el dictado de un acta de Sesión Ordinaria conocida por el Concejo Municipal del año 2009 donde en su momento se hizo un estudio por parte de la Auditoria Municipal sobre el Condominio San Agustín y el tratamiento de aguas residuales de la planta de tratamiento de ese condominio. La segunda prueba que se refiere es una sentencia de un recurso de amparo donde la Municipalidad demandada no fue condenada por cuanto se evidenció el actuar diligente de la misma en el caso concreto del Condominio Agustín. Por ende, la oposición radica en que la prueba es impertinente, no es útil, no se relaciona ni es relevante con la génesis del caso concreto que es la invasión de un área pública comprobada en autos y que es objeto de este proceso..." (ver imagen 244 del legajo de medida cautelar). Ahora bien, respecto de los memoriales de fecha 20 de noviembre del 2024, indica también: "(...) se le reitera a su Autoridad nuestra argumentación de esta representación plasmada en el escrito de fecha 15 de noviembre del 2024, en cuanto a la confusión que sigue sosteniendo la defensa de la actora por cuanto la zona de la Quebrada Aries que provienen del Desarrollo Urbanístico la Gran Samaria no está dentro de las áreas de protección del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas" (ver imagen 245 del legajo de medida cautelar). Así las cosas, la posición de la municipalidad accionada es que dicha prueba es inadmisible (ver imágenes 239 a 246 del legajo de medida cautelar).

 

 II.- OBJETO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR. En el presente asunto la parte accionante mediante memorial de fecha 28 de agosto de 2024 presenta solicitud de medida cautelar en los siguientes términos: "PRETENSIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES: 1. Que la Municipalidad de Heredia no efectúe el desalojo, demolición y usurpación en contra de la casa de habitación del Sr. Giovanni Espinoza Cubillo y la Sra. Jenny Cordero Varela" (ver imagen 8 del legajo de medida cautelar). Señala la parte accionante, en síntesis, que con el desalojo y demolición el inmueble quedaría inhabitable y los actores no cuentan con medios económicos para alquilar una vivienda o hacer remodelaciones en la casa. Asimismo, indica que el desalojo está pronto a ser ejecutado el día 20 de setiembre de 2024 de manera que hay un riesgo inminente de graves daños a la vivienda la cual quedaría inhabitable. Se trata de una medida cautelar de carácter SUSPENSIVO para que no se ejecute el procedimiento de desalojo administrativo y demolición por invasión de bienes demaniales, determinado por resolución AMH-0803-2024 emitida por la Alcaldía Municipal de la Municipalidad de Heredia a las siete horas siete minutos del 19 de agosto de 2024. Ahora bien, con posterioridad, mediante manifestaciones fechadas 11 de octubre de 2024, en síntesis, la parte accionante insiste en su posición esbozada anteriormente, solicitando además que personeros del del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y del MINAE (Estado) visiten la zona y verifiquen el daño ambiental que aducen en su gestión (ver imágenes 141 a 143 del legajo de medida cautelar). Dicha solicitud, se trata, en síntesis, de una pretensión cautelar consistente en una orden de HACER pero dirigida al SINAC y al ESTADO (MINAE), para que se visite la zona en cuestión en relación con el alegado daño ambiental que indica, por lo cual fueron integrados ambos como accionados y se les otorgó audiencia al respecto de lo solicitado. Así las cosas, se trata de una gestión cautelar solicitando medidas de carácter conservativo del estado de las cosas y de efectos innovativos (órdenes de hacer) que formula la parte actora, contenidas dentro de las posibilidades de petición que regula el numeral 20 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA).

 

 III.- ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA. En síntesis, la parte accionante indica en cuanto a la apariencia de buen derecho que resulta evidente en el caso concreto. Lo anterior por cuanto, en síntesis, indica en su gestión (ver escrito de demanda visible a imágenes 2 a 13 del expediente principal, así como escrito de solicitud de medida cautelar de imágenes 5 a 9 del legajo de medida cautelar) que la Municipalidad de Heredia inicia contra de los actores un procedimiento de desalojo administrativo y demolición por invasión y usurpación de bienes demaniales, bajo la matrícula 270947, que se constituyó como dominio público de la Municipalidad de Heredia por una DONACIÓN que realiza el BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI) que el accionante califica de nula e ilícita, asimismo, sostiene la parte accionante que ambos actores ostentan el derecho de propiedad sobre los 50.42 metros cuadrados que se pide desalojar puesto que el BANHVI les había otorgada escritura pública desde hace 28 años y se trata de un lote inscrito en el Registro Nacional, por lo que la Municipalidad de Heredia no tiene derecho sobre dicha propiedad. Señala también la parte accionante que no están habitando una zona de protección como se afirma por la municipalidad accionada por cuanto no existe normativa alguna que señala tal zona como de protección forestal y la vegetación existente ha sido plantada por los vecinos de la localidad, por lo que solicita que se declare la nulidad de la conducta administrativa así como la indemnización de los daños y perjuicios causados, así como también se declare y reconozca su derecho sobre los citados 50.42 metros cuadrados, intereses y ambas costas. Finalmente, sobre la ponderación de intereses en juego, indica, en síntesis, que debe ponderarse la gravedad del perjuicio que se causa a los accionantes y su nucleo familiar por encima de los intereses defendidos por el accionado. Ofrece como prueba la copia del desalojo (ver imágenes 10 a 25 del legajo de medida cautelar), y en el principal se ofrece la siguiente prueba documental: 1) Certificación de Imágenes de la donación entre la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, GRUPO MUTUAL y BANHVI (imágenes 14 a 25 del expediente principal). 2) Copia del desalojo de la Municipalidad (ver imágenes 26 a 52 del expediente principal y 10 a 25 del legajo de medida cautelar) y 3) Certificación de la propiedad en el Registro de la Propiedad (ver imágenes 53 a 57 del expediente principal). Con posterioridad, mediante escrito presentado en fecha 10 de setiembre de 2024, visible a imágenes 37 a 49 del legajo de medida cautelar, la parte accionante menciona que si se ejecuta la demolición la pérdida de la casa de habitación sería total dado que quedaría inhabitable, y que la parte en reclamo se trata de un relleno realizado hace más de 20 años porque la casa estaba en peligro de derrumbe por la pendiente y evitar problemas de aguas negras de un condominio, lo que provocó un derrumbe que lavó el relleno. Indica que en su momento se le solicitó a la municipalidad un muro de contención. También señala que la señora accionante tiene padecimiento del corazón y problemas de hipertensión, además de otras condiciones vulnerables  de salud, y que la municipalidad accionada no es el dueño registral del conjunto de la residencia de la Gran Samaria pues el dueño registral es el IMAS, por lo que considera que no corresponde el desalojo por parte de la Municipalidad de Heredia. Asimismo, mediante nuevas manifestaciones visibles en imágenes 108 a 110 del legajo de medida cautelar, señalando, en síntesis, que la municipalidad no aportó el documento notarial del IMAS que le otorgaba el derecho para efectuar la donación de la Gran Samaria (ubicada en distrito 3 con distinto plano catastrado) a favor de la municipalidad, dada la audiencia de dichas manifestaciones. Luego mediante nuevas manifestaciones fechadas 11 de octubre de 2024, la parte accionante, en síntesis, insiste en su posición esbozada en memoriales anteriores señalando que cerca de la vivienda se están desviando aguas negras hacia la quebrada Aries y se trata de una reserva natural por lo que el plano catastrado que se indica por la municipalidad es ilícito por cuanto necesitaba el permiso del SINAC por ser zona de protección, y como petitoria pide que personeros del SINAC y del MINAE visiten la zona y verifiquen el daño ambiental que aducen (ver imágenes 141 a 143).

 

 IV.- SOBRE LA PARTE ACCIONADA. En síntesis, la parte accionada se refiere a la medida cautelar indicando su oposición y solicitando su rechazo por no concurrir en la especie los requisitos esenciales para el acogimiento de una medida de tal naturaleza. Mediante memorial de fecha 17 de setiembre de 2024, visible a imágenes 50 a 58 del legajo de medida cautelar, la representación de la Municipalidad de Heredia accionada contesta la gestión de tutela cautelar solicitando su rechazo indicando que no concurren los requisitos para el acogimiento de una medida de tal naturaleza indicando. Luego de realizar un recuento de los antecedentes y denominados "hechos" del caso, la municipalidad accionada señala, en síntesis, sobre la denominada apariencia de buen derecho que en este caso se trata de una gestión carente de este presupuesto, pues se trata de la ocupación y disposición ilegítima de un área de 50.42 metros cuadrados de dominio público destinada a zona de protección (refiere al oficio DIP-DT-0328-2023) parte de la finca 4-150475-001 y 4-150475-002, plano catastrado H-084457-1989, ubicado en la urbanización la Gran Samaria en San Francisco de Heredia, por lo que se ordenó el desalojo y demolición por invasión de bienes demaniales, otorgando el debido proceso contemplado en la legislación al efecto, lo cual indica se trata de un deber por tratarse de bienes de dominio público y la municipalidad está facultada para recuperar el dominio de dichos inmuebles a través de la acción administrativa. Señala en este sentido que la demanda se encuentra ayuna de fundamentación y carece de seriedad, indica que no se cuestiona la titularidad sobre el inmueble sino la invasión que se perpetra contra el bien de dominio público 4-27094-000, así como que los actores no aportan prueba para acreditar un derecho para invadir la zona pública. Sobre el peligro en la demora indica la municipalidad que si bien no se requiere plena prueba par su demostración y se contemplan daños no solo actuales sino también potenciales, no basta con el dicho del accionante sino que requiere la evidencia de la magnitud grave del año, de lo cual indica está completamente desprovisto el alegato de la parte actora. Señala que el desalojo o demolición es del área de 50.42 metros cuadrados que se encuentran sobre el bien de dominio público según loa resolución AMH-0803-2024, por lo que no se justifica con prueba idónea este presupuesto. Finalmente, sobre la ponderación de intereses en juego señala la municipalidad que en su criterio debe ponderar el interés público tutelado por la municipalidad de recuperar el uso al que fue destinado la zona pública sobre los intereses privados de las partes accionantes de perpetuarse en la invasión de bienes demaniales (zona de protección), por cuanto al no existir un daño que sirva de base para ponderar no es siquiera posible valorar este presupuesto al carecer incluso la gestión de un razonamiento de ponderación de los intereses en juego.  Por lo anterior, la municipalidad accionada solicita que rechace la medida cautelar y se revoque la medida cautelar provisionalísima decretada. Ofrece como prueba el expediente DIP-DT-0328-2023 de la Sección de Control Fiscal y Urbano (ver imágenes 60 a 103 del legajo de medida cautelar). Luego de otorgada audiencia de las manifestaciones complementarias la municipalidad accionada responde en memorial de fecha 10 de octubre de 2024, visible a imágenes  133 a 137 del legajo de medida cautelar, en que señala nuevamente que no existe prueba en cuanto a que el IMAS fuera el propietario registral de la "Gran Samaria" en algún momento, desconociendo si esto se refiere a la finca madre o las áreas públicas, lo cual señala es indistinto a efectos del desalojo del bien público invadido en este caso que se encuentra a nombre de la municipalidad. Asimismo, señala que no es procedente en esta vía cuestionar los antecedentes registrales del bien inmueble y se han aportado a los autos elementos de prueba que dan cuenta de la existencia del traspaso por parte del fideicomiso. También señala que en la escritura aportada al expediente consta el traspaso generado de la zona a favor de la municipalidad accionada y la parte actora se contradice en sus afirmaciones, así como que la asignación del distrito en la escritura, plano de la finca madre y diseño de sitio resulta intrascendente para el objeto de estas diligencias, puesto que es claro que se trata de la finca madre que dio origen a la urbanización La Gran Samaria, por lo que solicita resolver a la mayor brevedad dada la gran cantidad de escritos presentados por la parte accionante en este caso. Ofrece como prueba los autos. Ahora bien, otorgada la audiencia a los accionados respecto de la inspección en sitio solicitada, por memorial de fecha 13 de enero de 2025, la representación del SINAC se refiere a la audiencia conferida y peticiona, en síntesis, que se rechace lo pretendido por improcedente. Señala dicha representación, en síntesis, que en esta causa no se verifican actos administrativos de dicha institución que se encuentren en pugna, e indica que lo solicitado por el actor es improcedente indicando lo siguiente: "(...) El argumento de los actores es que existe una planta de tratamiento, que no es objeto del proceso, pero ubicada en cercanías, que se encuentra vulnerando el medio ambiente. Si bien la posibilidad de este hecho resulta relevante para la Administración Pública, y su procedimiento corresponde en una denuncia directa ante entidades administrativas, judiciales o utilizando el sistema de SITADAS; el mismo no resulta atinente al presente proceso contencioso administrativo." (ver imagen 233 del expediente digital, destacado propio). Asimismo, considera el SINAC que no se presentan los presupuestos de la tutela cautelar, señalando que no se logra identificar la relación que tiene la planta de tratamiento y la necesidad de inspección al objeto del proceso ni existe vínculo lógico o causal sobre los actos del ente municipal cuestionado y lo solicitado por la parte actora. También señala que no se puede indicar que lo pretendida cumpla con la apariencia de buen derecho y ponderación de intereses, por cuanto, en síntesis, no se puede pretender suspender la actuación municipal por el señalamiento de la actora de que otras personas en otro inmueble desarrollan actividades contra el medio ambiente. Así las cosas, la representación del SINAC se encuentra disconforme con la posición de la parte actora e indica, en suma, que el peligro en la demora, al contrario de lo indicado por la actora, se da al mantenerse una construcción en invasión de terrenos de dominio público dentro de zona de protección del recurso hídrico, contraviniendo el orden legal y constitucional de protección al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por cuanto se menciona la intención de mantener obras y construcciones dentro del área de protección como también contaminación a cuerpos de agua, de manera que no se cumplen los requisitos de la tutela cautelar y solicita que la medida cautelar sea declarada sin lugar. Ofrece como prueba la que consta en el expediente judicial (ver imágenes 231 a 236 del legajo de medida cautelar)

 

 V.- SOBRE LOS PRESUPUESTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA. Tal y como ha sido desarrollado por la Sala Constitucional, así como en fallos anteriores de este Tribunal (ver, entre otros, el fallo N°38-2022 de las diez horas diez minutos del doce de enero de dos mi veintidós) la justicia cautelar responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia (Resolución 7190-1994, de las 15:24 horas del 6 de diciembre). En este mismo sentido, el artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. La doctrina ha indicado que la justicia cautelar no tiene como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de constituir una relación jurídica, ni ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni dirimir un litigio, sino prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal (Gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). En el voto #4074-2010 el Tribunal Contencioso Administrativo señala que: “los presupuestos de la tutela cautelar son tres, el peligro en la demora, la apariencia de buen derecho y la ponderación de los intereses, particularmente el interés público” y “[s]ólo en la concurrencia de los tres elementos, es decir, de la apariencia de buen derecho, del peligro en la demora y que del análisis de ponderación de intereses se considere que daño sufrido por el particular debe tutelarse por encima de los demás intereses en juego, puede proceder el despacho a conceder la medida cautelar solicitada” (Tribunal Contencioso Administrativo, resolución n.° 4074-2010 de las 13:21 hrs. del 29 de octubre de 2010). También el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ha señalado en el mismo sentido: “En el caso de las medidas cautelares, esto implica que, en adición a lo relativo a las características estructurales de instrumentalidad y provisionalidad, la resolución debe explicar de forma clara y suficiente de qué modo concurren o no los presupuestos de apariencia de buen derecho, peligro en la demora y ponderación de los intereses en juego, ninguno de ellos puede ser dejado de lado, pues para la procedencia de la medida que se adopte la ley exige la concurrencia de todos ellos […] si este Tribunal hipotéticamente acogiese los alegatos relativos a este extremo, y entendiera que el elemento de ponderación de intereses sí está presente eso obligaría a este Tribunal en primera y única instancia a entrar a analizar y a desarrollar el tema de ponderación de intereses en una forma que omitió el juez de instancia, por lo cual, como bien lo señaló en su momento la parte, estaría haciendo que este Tribunal sustituya al juzgador de instancia en el análisis en primera o en única instancia de ese elemento, privando a la parte por lo tanto del derecho de recurrir al respecto de lo que se ha indicado" (ver resolución del Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, n.° 132-2017-I de las dieciséis horas dieciocho minutos del veintinueve de marzo del dos mil diecisiete.  Cfr. 00:16:24 – 00:21:35 de la grabación digital del fallo correspondiente). Esta posición se complementa con el criterio externado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en funciones de Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, en Voto N° 5-F-TC-2008 de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del seis de febrero del año dos mil ocho, respecto de la necesidad de cumplimiento de la carga probatoria en esta fase cautelar, al indicar que "(…) tres requisitos que se aplican como es el fumus bonis iuris o apariencia de buen derecho… el peligro de la demora y la ponderación de los intereses en juego… la apariencia de buen derecho conforme a la nueva legislación no constituye una carga gravosa de demostración de la seriedad de la demanda, sino la valoración incluso interna del juez de que aquella sentencia no es temeraria de que no es carente de seriedad, que es una visión invertida, por cierto, del denominado fumus bonis iuris, este periculum además corresponde a la carga, como carga probatoria para quien pide la cautelar, y esto es así, luego la cautelar es un juicio provisional de ese peligro en la mora no es… una valoración del fondo del proceso… en lo que corresponde al caso concreto (…) y esta Sala luego de deliberar concienzuda y ampliamente como lo hace (…) ha estimado que no están debidamente demostrados los daños y perjuicios graves o de imposible reparación que ameriten la adopción de la medida cautelar en cuestión (…) En definitiva, el Tribunal estima que no se cumple con el principio de la prueba racional de la cautelar que se corresponde con una prueba de equilibrio, si bien es cierto no se requiere de una prueba contundente, porque no puede serlo en la medida cautelar, tampoco lo podemos dejar al arbitrio del solo dicho de quien recurre, hay de por medio también eventuales intereses públicos” . Partiendo del anterior marco normativo y jurisprudencial de análisis y los elementos requeridos para la estimación de una medida cautelar, se procede a realizar el estudio del caso concreto, atendiendo a la exposición de la denominada teoría del caso y el ofrecimiento de la prueba. Fijado el escenario de análisis y los tres elementos requeridos para la estimación de una medida cautelar, se analiza de seguido el caso concreto.-

 

 VI.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Las medidas cautelares para su aprobación requieren la concurrencia de los tres elementos antes indicados (apariencia de buen derecho en su visión invertida casi asimilable a un "fumus non mali iuris", peligro en la mora y el equilibrio de intereses). Además, esta medida cautelar debe ser instrumental, accesoria y provisional, en el tanto procura asegurar la eficacia de la sentencia del expediente principal. Es responsabilidad del promovente explicar, analizar y fundamentar cada uno de estos presupuestos y de las partes demandadas debatir los argumentos presentados y así, con base en las teorías de las partes y las pruebas mencionadas determinar lo que derecho corresponde sobre el fondo de la medida solicitada. VI. A) POSICIONES DE LAS PARTES: 1) POSICIÓN DE LA PARTE ACCIONANTE: La pretensión de tutela cautelar de la parte actora se fundamenta, en síntesis, en supuestos vicios de nulidad en los actos administrativos en donde se acordó la demolición de parte de la vivienda de la parte accionante. Señala la parte accionante, en síntesis, que con el desalojo y demolición el inmueble quedaría inhabitable y los actores no cuentan con medios económicos para alquilar una vivienda o hacer remodelaciones en la casa. Asimismo, indica que el desalojo está pronto a ser ejecutado y fue señalado inicialmente para el día 20 de setiembre de 2024 (suspendido en virtud de la medida provisionalísima) de manera que hay un riesgo inminente de graves daños a la vivienda la cual quedaría inhabitable si no se adopta como medida cautelar para este caso la suspensión de dicha conducta administrativa. Se trata de una medida cautelar de carácter SUSPENSIVO para que no se ejecute el procedimiento de desalojo administrativo y demolición por invasión de bienes demaniales, determinado por resolución AMH-0803-2024 emitida por la Alcaldía Municipal de la Municipalidad de Heredia a las siete horas siete minutos del 19 de agosto de 2024. También señala la parte accionante en su gestión (ver escrito de demanda visible a imágenes 2 a 13 del expediente principal, así como escrito de solicitud de medida cautelar de imágenes 5 a 9 del legajo de medida cautelar) que la Municipalidad de Heredia inicia contra de los actores un procedimiento de desalojo administrativo y demolición por invasión y usurpación de bienes demaniales, bajo la matrícula 270947, que se constituyó como dominio público de la Municipalidad de Heredia por una DONACIÓN que realiza el BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI) que el accionante califica de nula e ilícita, asimismo, sostiene la parte accionante que ambos actores ostentan el derecho de propiedad sobre los 50.42 metros cuadrados que se pide desalojar puesto que el BANHVI les había otorgada escritura pública desde hace 28 años y se trata de un lote inscrito en el Registro Nacional, por lo que la Municipalidad de Heredia no tiene derecho sobre dicha propiedad. 2) POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS: La municipalidad accionada, según ha quedado detallado, en síntesis, rechaza las afirmaciones realizadas por la parte actora, indicando, en síntesis, que el proceso versa sobre la invasión de los actores sobre un bien de dominio público, y no hay prueba idónea de que la demolición sobre los 50.42 metros cuadrados implicaría que la casa de habitación quedaría inhabitable. Asimismo, indica que no le consta el relleno realizado hace más de 20 años que refieren los actores, así como que los padecimientos de salud de la parte actora no justifican la ocupación de bienes de carácter demanial. Con  respecto a la visita a la zona en cuestión, la representación del SINAC se opone y respecto de la suspensión pedida indica que la suspensión del acto administrativo implica desaplicar la normativa forestal, lo que roza con el ordenamiento jurídico de protección al medio ambiente, al pretenderse por el accionado mantener las obras y construcciones en la zona de protección. VI. B).- SOBRE LOS DENOMINADOS "ELEMENTOS ESTRUCTURALES": Para empezar, sobre los denominados "elementos estructurales" de la tutela cautelar, independientemente de lo que pueda llegar a definirse en el proceso de conocimiento sobre el fondo del asunto y de los cuestionamientos que se plantean respecto de la conducta administrativa, cabe indicar lo siguiente en relación con las características más elementales de instrumentalidad, accesoriedad y provisionalidad para una solicitud como la que nos ocupa. Sobre tales denominadas características "estructurales" de la medida cautelar, entre otros, se ha indicado en el fallo 2023006573 de las veintiuno horas con veintisiete minutos del diecinueve de Diciembre del dos mil veintitrés, lo siguiente: "IV.- CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. // Para la determinación de la procedencia de la medida es también importante tomar en cuenta, - tal y como fuera señalado supra y además de los presupuestos ya indicados-, que la medida que vaya adoptarse estructuralmente cuente con las siguientes características: 1.- La instrumentalidad e independencia previa con relación a la sentencia definitiva que se produzca en un proceso principal, cuestión que determina al propio tiempo, la subordinación o accesoriedad de la medida con respecto del proceso principal dentro, o a efecto del cual se dicta. 2.- La provisionalidad, en cuanto su eficacia en principio se agota al momento de dictarse la sentencia de mérito en el asunto principal o cuando las circunstancias así lo impongan. Es decir, tiene efectos supeditados a la pendencia de aquel proceso, tanto como y, - por otro lado-, a la permanencia en el tiempo de las circunstancias que fuesen tomadas en cuenta para su adopción, características que traen causa de su intrínseca posibilidad de modificación o revocación (eficacia rebus sic stantibus). 3.-Todo proceso judicial conlleva un debido proceso que da pie a una serie de etapas que deben irse precluyendo para poder llegar a una resolución que el conflicto ya judicializado de manera definitiva. Es justamente la dilatación de los procesos judiciales lo que origina que opere el peligro en la demora, aunado al peligro o urgencia de que mientras se da el curso normal de la acción se pierda o altere el derecho de la parte o de intereses jurídicamente relevantes de alguna de las partes y es así como lo prevee el ordenamiento jurídico en su numeral 78 del Código Procesal Civil, el cual se aplica de manera analógica a esta materia. La urgencia para evitar el peligro en la mora, nota que justifica las medidas cautelares adoptadas ante causam, prima facie o inaudita altera parte. 4.- La sumaria cognitio, esto es, que este tipo de medidas son adoptadas en virtud de una cognición sumarísimo efectuada por el órgano jurisdiccional, sin entrar a prejuzgar sobre el mérito del asunto, que de forma alguna sustituye la plenaria sucesión de pasos que implica el proceso de conocimiento". Ahora bien, en relación con las denominadas características "estructurales" de las medidas cautelares, ha quedado muy claro de las manifestaciones de la representación de la parte accionada que su interés principal con la presente solicitud de tutela cautelar consiste en que se "suspendan" los efectos del acto administrativo que dispuso la demolición parcial de la vivienda que la parte accionada sostiene invade terrenos de dominio público, lo cual es negado por la parte actora indicando que en realidad no es así y se trata por el contrario de un bien inmueble inscrito a su nombre. La parte accionante solicita que no se ejecute la demolición mientras mientras se discute el fondo del proceso en esta sede judicial por cuanto la vivienda quedaría inhabitable y no cuenta con medios para poder satisfacer sus necesidades de vivienda en esa eventualidad. Así las cosas, en el tanto se trata de una petición de carácter suspensivo respecto de  los efectos de un acto administrativo que se califica como absolutamente nulo, es el criterio de este juzgador que sí cumple en lo peticionado en este extremo con los requisitos de instrumentalidad y provisionalidad con respecto a la causa que nos ocupa. Sin embargo, no sucede así con la otra petición que realiza la parte actora de que se ordene como tutela cautelar de "HACER" una medida de carácter innovativo respecto de personeros del SINAC y del ESTADO (MINAE). Tal como consta en autos mediante manifestaciones fechadas 11 de octubre de 2024, en síntesis, la parte accionante insiste en su posición esbozada en memoriales anteriores señalando que cerca de la vivienda se están desviando aguas negras hacia la quebrada Aries y se trata de una reserva natural por lo que el plano catastrado que se indica por la municipalidad es ilícito, también indica que necesitaba el permiso del SINAC por ser zona de protección, y como petitoria pide expresamente que personeros del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y del MINAE (Estado) visiten la zona y verifiquen el daño ambiental que aducen en su gestión (ver imágenes 141 a 143 del legajo de medida cautelar). Ahora bien, en el tanto la parte actora está pretendiendo en forma expresa como una pretensión en sede cautelar una orden de HACER dirigida tanto al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) como al Estado (Ministerio de Ambiente y Energía o MINAE) para que se visite la zona en cuestión en relación con el alegado daño ambiental que indica, de previo a emitir cualquier pronunciamiento acerca de lo solicitado se procedió a la integración de la litis con ambas accionadas (SINAC y el ESTADO) para que se pronunciaran sobre lo solicitado por la parte actora y realizaran las manifestaciones que consideraban pertinentes al respecto. En este sentido, el SINAC indicó al despacho una vez enterado de las manifestaciones lo siguiente: "(...) El argumento de los actores es que existe una planta de tratamiento, que no es objeto del proceso, pero ubicada en cercanías, que se encuentra vulnerando el medio ambiente. Si bien la posibilidad de este hecho resulta relevante para la Administración Pública, y su procedimiento corresponde en una denuncia directa ante entidades administrativas, judiciales o utilizando el sistema de SITADAS; el mismo no resulta atinente al presente proceso contencioso administrativo." (destacado propio, ver imagen 233 del legajo de medida cautelar). En este sentido, el criterio de este juzgador coincide con la representación del accionado SINAC en el sentido de que lo manifestado por la parte actora se trata de un extremo cuya tramitación correspondería a una denuncia en la sede administrativa utilizando las vías pertinentes que están al acceso de la parte actora, pero la parte no ha demostrado que se le haya negado la posibilidad de formular su denuncia o de acceder a dichas vías pertinentes en relación con su alegato de la existencia de una planta de tratamiento que no es objeto del presente proceso. Por lo tanto, de conformidad con lo indicado, al carecer dicha otra petición de la más mínima instrumentalidad relacionada con la conducta administrativa que se conoce específicamente en la presente causa debe ser rechazada esta otra petición cautelar por ausencia de instrumentalidad, como requisito básico y fundamental de dicha petición de hacer. Lo anterior, en el tanto no se logra identificar la relación directa ni vínculo causal entre la planta de tratamiento y la necesidad de inspección con respecto al objeto específico de este proceso que es la orden de demolición de parte de la vivienda, ni existe vínculo lógico o causal entre los actos del ente municipal cuestionado y lo solicitado por la parte actora en este sentido. En todo caso, este juzgador considera, como se indicó, que para los extremos que sí presentan una relación instrumental con la conducta administrativa conocida en esta sede se cuenta ya con elementos de prueba suficientes para poder resolver acerca de la suspensión solicitada sin necesidad de realizar una inspección en el sitio; por lo cual se procederá a resolver entonces la tutela cautelar de suspensión pedida con los elementos de prueba que ya constan en autos. Tome en consideración la parte accionante que la suspensión o no de la ejecución del acto administrativo municipal que se pide dentro del presente proceso, no tiene relación directa con lo alegado por la parte accionante de que otras personas o entidades, en otro inmueble desarrollan supuestamente actividades en contra del medio ambiente para lo cual podrá acudir, en su caso y de considerarlo procedente a interponer la denuncia correspondiente por los medios indicados por la representación del SINAC en su respuesta a dicha petición, sin que se haya demostrado una denegatoria de acceso a esta posibilidad. Por lo tanto, en este sentido se rechaza dicha petición de HACER y se conocerá de seguido sobre la medida cautelar suspensión de los efectos de la conducta administrativa que es objeto específico de este proceso. VI. C).- SOBRE LA DENOMINADA "APARIENCIA BUEN DERECHO" EN SU VERSIÓN INVERTIDA: El denominado "fumus boni iuris" tal como aparece regulado en el numeral 21 CPCA indica que la medida cautelar será procedente cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida al proceso, produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, de la situación jurídica aducida que es lo que comúnmente se denomina como "periculum in mora" y, como segundo requisito "y siempre que la pretensión no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad" de manera que el denominado "fumus boni iuris" aparece en su versión invertida, más propiamente un "fumus non mali iuris", por cuanto no se exige la acreditación de las probabilidades de éxito de lo pretendido sino que, por el contrario, el requisito es su no temeridad o que no se evidencie en forma palmaria la carencia de seriedad de lo pretendido. Ahora bien, deben tomar en cuenta las partes que el análisis que se realiza en sede cautelar es producto de una cognición sumaria que no se corresponde con una valoración del fondo del asunto, ni puede ser así en ningún caso, tal y como ha indicado en su momento el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo el presupuesto de "no temeridad" "[…] no es una valoración del fondo del proceso, ni puede serlo, ni debe serlo, no puede confundir el juzgador los requisitos propios de una cautelar con un procedimiento definitivo sobre la validez o antijuricidad de una conducta administrativa, esto nos llevaría a una justicia definitiva por la vía cautelar y esto no es la finalidad del objeto. (Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, voto 05-F-TC-08 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de febrero de dos mil ocho). Tal como se ha señalado previamente el análisis del presupuesto de la tutela cautelar contemplado en el artículo 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) de que la pretensión no es temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad, no se corresponde con la acreditación de una verosimilitud de "buen derecho" de la demanda; precisamente porque el análisis que se realiza en sede cautelar no se corresponde con una valoración del fondo del asunto, ni puede ser así, tal y como ha indicado en su momento el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo (Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, voto 05-F-TC-08 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de febrero de dos mil ocho). Al respecto, se considera que la denominada "teoría del caso" (posición) planteada por la parte actora y sus argumentos no resultan temerarios o en forma palmaria, carentes de seriedad, sin entrar a analizar el fondo de los argumentos que plantea, pues realiza una serie de justificaciones e ilaciones argumentativas que será el tribunal encargado de conocer del fondo del asunto, el que determine finalmente si proceden o no, si son válidas o no, y, finalmente, si la conducta administrativa presenta los vicios de nulidad absoluta señalados por la parte accionante en su gestión, si se violentan sus derechos fundamentales y si, en realidad, el bien inmueble en cuestión se trata de un terreno debidamente inscrito a su nombre y no de un bien de dominio público de la Municipalidad de Heredia como sostiene el ente accionado. En tal determinación consiste precisamente el punto focal del fondo del asunto y no puede ser abordado en la sede sumaria de una tutela cautelar. Ahora bien, sobre las alegaciones que realiza la representación del accionado que indica la existencia de temeridad al indicarse que previo debido proceso y ejercicio del derecho de defensa, los hechos determinados en sede administrativa facultaron y autorizaron a la administración a proceder como lo ha ordenado y dispuesto se debe tomar en consideración que el análisis realizado en sede cautelar es propio de una cognición sumaria efectuada por el juzgador, sin entrar a prejuzgar sobre el mérito del asunto por el fondo y que en modo alguno viene a sustituir el análisis propio del proceso de conocimiento, tales elementos señalados por la representación del accionado serían propios de las defensas correspondiente al proceso de conocimiento a conocer en el momento procesal oportuno y no propiamente en esta sede cautelar. Ante un conflicto similar al que nos ocupa, este Tribunal mediante el fallo N° 1172-2017 de las quince horas y veinticinco minutos del veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete indicó lo siguiente: "(...) se reconoce el derecho fundamental de la actora de discutir en la vía plenaria su derecho a la propiedad privada, vista la relación jurídico administrativa que existe entre quien acciona y la Municipalidad de Heredia, siendo que la promovente es objeto de una decisión Administrativa que decretó el desalojo y demolición parcial de su propiedad, donde el ente municipal fundamenta su conducta en que la gestionante realizó una invasión de la zona pública por medio de la construcción de estructuras en su propiedad, mientras que la promovente expresa que su construcción se encuentra dentro del resto de una finca madre y que en nada invade la zona pública, asimismo, señala la promovente que las obras que se pretenden derribar respetan el alineamiento frente a calle pública, así como la acera pública en igualdad de condiciones que los otros propietarios, asimismo, manifiesta que las obras que la accionada pretende demoler cuentan con los permisos municipales correspondientes y que la actuación que pretende realizar la municipalidad demandada es arbitraria y desproporcional, a su vez, cuestiona el fundamento técnico utilizado por parte del ente municipal en la decisión de desalojo y demolición parcial de estructuras de su propiedad (ver manifestaciones en solicitud de medida cautelar), en ese sentido tiene abierta la posibilidad de accesar por medio de un proceso de conocimiento plenario para que se revise la legalidad de esa conducta administrativa al amparo del artículo 49 constitucional..." (destacado propio, expediente 17-001040-1027-CA). Este juzgador considera que en este caso se presenta un conflicto similar al del fallo antes citado y en ese sentido tiene abierta la posibilidad el administrado de tener acceso a la tutela judicial efectiva por medio de un proceso de conocimiento plenario para que se revise la legalidad de esa conducta administrativa al amparo del artículo 49 constitucional; en este caso, al igual que el citado el ente municipal fundamenta su conducta en que la gestionante realizó una invasión de la zona pública por medio de la construcción de estructuras en su propiedad, mientras que la promovente expresa que su construcción se encuentra dentro de propiedad privada inscrita a su nombre y que en nada invade la zona pública. Se reconoce entonces, al igual que en el caso antes citado, el derecho fundamental de la parte actora de discutir en la vía plenaria su derecho a la propiedad privada, vista la relación jurídico administrativa que existe entre quien acciona y la Municipalidad de Heredia. Así las cosas, se considera que no es evidente y manifiesta la temeridad de la pretensión, al contrario de lo indicado por la representación del accionado. Ahora bien, superado el análisis de la no temeridad la parte actora dentro de sus argumentos se refiere en términos generales sobre el fondo de los tres presupuestos cautelares, al realizar este análisis en términos generales, con lo que se indica en el libelo de solicitud y referido previamente con detalle se procede a realizar el examen que corresponde. En este sentido es criterio de este juzgador que la tutela cautelar cumple con los restantes presupuestos para su aprobación por lo que la misma debe ser ACOGIDA EN FORMA PARCIAL en cuanto a la SUSPENSIÓN PEDIDA, tal y como se verá a continuación.  VI. D) ACERCA DEL PELIGRO EN LA DEMORA: Ahora bien, respecto del peligro en la demora, se ha indicado antes por este Tribunal, entre muchos otros, en el fallo 009-2021-T de las doce horas y tres minutos del día siete de enero de dos mil veintiuno que: "...para la procedencia de la tutela cautelar se requiere según disposición legal que la ejecución o permanencia de la conducta administrativa sometida al proceso produzca daños o perjuicios graves, actuales o potenciales, a la situación jurídica de la parte promovente. En ese sentido debe recalcarse que no basta con alegar la existencia del daño (o perjuicio) grave (actual o potencial) sino que debe probarse, situación que implica una carga procesal que debe asumir la parte interesada, al tenor de los artículos 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo y el 41 del Código Procesal Civil". Sobre este presupuesto de tutela cautelar se ha indicado también, en su momento "[…] la actual legislación viene a establecer una flexibilización del antiguo sistema procesal que hablaba de “imposible o difícil reparación” – o sea, era rígido –, pasamos de una posición sumamente rígida de demostración de esos daños y perjuicios de “imposible y difícil reparación” a un sistema más flexible, precisamente en la filosofía de apertura de las cautelares […] a un rango de “gravedad” que tienen que llenar los perjuicios.  Por lo tanto, hablar de que se tienen que demostrar graves daños de difícil o imposible reparación es una frase que ya no existe […] Pero el límite, y esto es lo que es importante, de justamente que establece el artículo 21 son “graves” la palabra “graves”, de esa gravedad “hacia arriba” procede la cautelar, de esa gravedad “hacia abajo”  lo que no pueda entrar y clasificarse como grave no entra dentro del presupuesto de la cautelar.  En otras palabras, si los daños no alcanzan ese rango de “gravedad” la medida no procede […]. (TRIBUNAL PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Resolución 286-08 de las doce horas treinta minutos del nueve de mayo de 2008. Cfr. 12:34:22 – 12:35:27 de la grabación digital correspondiente, exp. 08-35-1027-CA).  Ahora bien, en este sentido, la parte accionante hace manifestaciones en el sentido de que al no suspenderse la ejecución del acto objeto del proceso, que califica como nulo, se ocasionaría un grave daño tanto a la parte actora y a su familia, al no poder hacer frente a sus necesidades de vivienda, por lo que se daría una afectación grave tanto a la parte actora como a su grupo familiar, y serían violentados sus derechos, de manera que considera se configura una lesión grave a su situación jurídica,  Señala la parte accionante, en síntesis, que con el desalojo y demolición el inmueble quedaría inhabitable y los actores no cuentan con medios económicos para alquilar una vivienda o hacer remodelaciones en la casa. Asimismo, indica que el desalojo está pronto a ser ejecutado y fue señalado inicialmente para el día 20 de setiembre de 2024 (suspendido en virtud de la medida provisionalísima) de manera que hay un riesgo inminente de graves daños a la vivienda la cual quedaría inhabitable si no se adopta como medida cautelar para este caso la suspensión de dicha conducta administrativa. Por otro lado, sobre el peligro en la demora, señala en síntesis la parte accionada que lo alegado por la parte actora carece de sustento probatorio suficiente y que no logra definir una real afectación en caso de que el proceso se tramite con normalidad y sin el otorgamiento de las medidas, señala que el accionante no logra la demostración de los hechos que afirma. En síntesis, la parte accionada rechaza las afirmaciones realizadas por la parte actora, indicando que el proceso versa sobre la invasión de los actores sobre un bien de dominio público, y no hay prueba idónea de que la demolición sobre los 50.42 metros cuadrados implicaría que la casa de habitación quedaría inhabitable. Asimismo, indica que no le consta el relleno realizado hace más de 20 años que refieren los actores, así como que los padecimientos de salud de la parte actora no justifican la ocupación de bienes de carácter demanial y de protección. Ahora bien, sobre este extremo este juzgador considera que la jurisprudencia ha estimado que la prueba del daño puede derivarse de incluso una presunción humana sin necesidad de prueba documental. Se ha procedido así, por ejemplo, en el caso de despidos la existencia del daño grave se deriva del rompimiento del vínculo de servicio que ligaba al accionante con la administración y de ahí la remuneración que tiene la persona para satisfacer sus necesidades básicas. En este sentido, ha indicado la Sección Primera del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en el fallo N° 292-2017-I de las diez horas cuarenta y dos minutos del diez de julio de dos mil diecisiete lo siguiente: “… este Tribunal, esta Sección del Tribunal, a lo largo de toda su existencia desde el año 2010, ha establecido que, en los casos del cese de la relación de empleo público, en cualquier ámbito municipal o no, el cese de la relación en sí mismo implica la existencia de un daño grave, no hay mayor sanción en el empleo público bajo las reglas del derecho administrativo que la cesación, que la eliminación, que el rompimiento del vínculo de servicio que ligaba a la administración con un empleado. No solo la relación desaparece, sino que además que, con ella, desaparece el ingreso, el salario que constituye en prácticamente todos los casos que conoce este Tribunal, en el único o el más importante ingreso que tiene la persona para satisfacer sus necesidades básicas.  Acá hemos indicado que la prueba del daño incluso puede derivarse de simple presunción humana sin necesidad de prueba documental…” (Cfr. 01:47:17 – 01:48:16 de la grabación digital del fallo correspondiente.  Expediente 17-1865-1027-CA.).  Asimismo, en el citado fallo, también indica que el daño grave no debe medirse única y exclusivamente por el aspecto patrimonial que se pierde sino también por aspectos de orden extrapatrimonial que varían en cada caso y están vinculados con aspectos tales como la dignidad de la persona. Bajo el anterior predicado, tal como se ha indicado por parte de este Tribunal (ver, entre otras, la resolución N° 2024000992 de las quince horas con treinta y siete minutos del 19 de febrero de 2024, expediente 23-003382-1027-CA), en enteramente entendible para este juzgador que en el asunto bajo debate existe un componente humano y patrimonial importante en juego. No resulta fácil para los propietarios de una vivienda desprenderse de parte de su casa de habitación (en este caso concreto 50.42 metros cuadrados que se pide desalojar) toda vez que esto conlleva una afectación de carácter grave a la comodidad, calidad de vida y patrimonio de la parte accionante, entre otros, que por tiempo se ha gozado, incluso es válido mencionar que incluso derivado de una simple presunción humana sin necesidad de prueba documental, que existen recursos económicos, materiales y esfuerzos que fueron invertidos en el proyecto de vivienda y que independientemente de la suma económica en cuestión, es de carácter significativo para sus propietarios, lo cual unido a los documentos aportados por la parte actora antes referidos a los autos generan indicios suficientes de la existencia de un daño potencial grave con la demolición parcial de la vivienda de la parte accionante en cuestión. En el fallo antes citado, N° 1172-2027, ante un conflicto similar al que nos ocupa, este Tribunal también ha razonado de la manera indica señalando lo siguiente sobre la existencia de un grave daño con ocasión de un supuesto similar: "(...) El presupuesto alude a esos daños que se reprochan o que son susceptibles de producirse -actual o potencialmente-. Daños que deberán ser establecidos como graves, además de tenerse como derivados de la situación aducida, entendiendo que, las lesiones acusadas al menos deben ser comprobadas a través del principio racional de prueba y con un mínimo de rigor probatorio con carga sobre el interesado, lo que no quiere decir otra cosa que no basta con aducir el daño en los términos dichos, sino que, además de la existencia presente o potencial del mismo, debe ser considerado como un daño "grave". En este punto es -necesario- señalar que, debe mediar un esfuerzo probatorio a cargo de quien pide la tutela cautelar, conforme las circunstancias de cada asunto en particular. Existe la salvedad de que tal gravedad del daño resulte posible ser determinada prescindiendo -con diferencia de grado-, del rigor probatorio mencionado, si ésta circunstancia es claramente deducible a partir de los elementos con que se cuente al momento del dictado del fallo correspondiente, pero esta situación es la excepción y no la regla, en el entendido de que el juzgador no se encuentra llamado a suponer donde la parte se encuentra obligada a probar. En el caso concreto la actora solicita la suspensión de la orden de desalojo y demolición parcial de su casa de habitación y alega como daños graves en caso de no acogerse la presente medida, que la demolición de la obra por si misma le genera un daño grave, máximo al no existir certeza respecto a que las obras a demoler invadan efectivamente la zona pública, unido a que se podrían falsear los cimientos de la propiedad, toda vez que la municipalidad no ha delimitado debidamente donde se aplicaría la demolición, en el caso concreto es criterio de quien juzga que puede derivarse de manera lógica, que la demolición de estructuras de una casa de habitación por si misma produce consecuencias en el propietario del inmueble a desalojar y demoler y de forma indiciaria (artículo 417 del Código Procesal Civil) podemos derivar un daño como consecuencia directa, precisa y lógica de un hecho comprobado, como lo es que existe una orden de desalojo y demolición, por lo que esa persona podría ver demolida de manera parcial su vivienda, unido a las pruebas tanto aportadas por la parte actora como fotos e informes de topógrafos, se acredita el daño, en los términos que lo exige el artículo 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo, nótese que incluso la municipalidad demandada al referirse al presupuesto del daño señala que las condiciones de derribo para las estructuras de la actora serían las "menos gravosas", por lo anterior es criterio de quien juzga que en el caso concreto el daño se tiene debidamente acreditado. Véase que de conformidad con el numeral 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo la medida cautelar resulta procedente cuando la ejecución de la conducta objeto del proceso produzca un daño grave, siempre que la pretensión no sea temeraria, en este sentido es criterio de quien juzga que la demolición de una estructura habitacional aunque sea de manera parcial produce un daño en la esfera jurídica de quien lo sufre y tal y como se indicó supra que la pretensión no resulta temeraria. De forma que se acredita un daño grave a la situación jurídica de la promovente..." (ver fallo N° 1172-2017 de las quince horas y veinticinco minutos del veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete, expediente 17-001040-1027-CA). La parte accionante ofrece como prueba la copia del desalojo (ver imágenes 10 a 25 del legajo de medida cautelar), y en el principal se ofrece la siguiente prueba documental: 1) Certificación de Imágenes de la donación entre la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, GRUPO MUTUAL y BANHVI (imágenes 14 a 25 del expediente principal). 2) Copia del desalojo de la Municipalidad (ver imágenes 26 a 52 del expediente principal y 10 a 25 del legajo de medida cautelar) y 3) Certificación de la propiedad en el Registro de la Propiedad (ver imágenes 53 a 57 del expediente principal). 4) Anexos 1, 2 y 3 con fotografías del sitio, escrituras y padecimientos médicos (ver imágenes 39 a 49 del legajo de medida cautelar). Así las cosas, dados los elementos de prueba antes detallados, este juzgador deriva la existencia de un daño potencial de carácter grave como consecuencia directa, precisa y lógica de un hecho comprobado, como lo es que existe una orden de desalojo y demolición de 50.42 metros cuadrados de la vivienda de la parte actora, por lo que esa persona podría ver demolida de manera parcial su casa de habitación, con la consecuente pérdida patrimonial y afectación extrapatrimonial al ver reducida en forma inmediata su casa de habitación y demolidas las construcciones realizadas en el sitio como parte integral de su vivienda habitada. Así las cosas, la demolición de 50.42 metros cuadrados de vivienda de la parte accionante se considera como un daño potencial de carácter grave para los efectos de esta solicitud de tutela cautelar, que habrá de ser ponderado con la afectación del interés público alegado por la parte accionada del poder - deber de recuperar los bienes de dominio público ante lo que se considere una apropiación indebida por los particulares, mediante los correspondientes poderes de policía reconocidos por el ordenamiento jurídico, a efecto verificar la procedencia o no de la suspensión peticionada de la ejecución de la conducta administrativa (ver en sentido similar el fallo de este Tribunal N°2069-2019 de las quince horas veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil diecinueve, expediente 19-004629-1027-CA). Según se indicó de las pruebas aportadas a los autos de forma suficiente y coherente llevan a este Juzgador a tener convicción de la existencia de un daño potencial de carácter grave así como de la urgencia en lo peticionado que hacen la necesaria adopción de esta medida cautelar por lo que se verifica este segundo presupuesto legal.  VI. E) ACERCA DE LA PONDERACIÓN DE INTERESES EN JUEGO: Finalmente, debemos recordar que resulta necesaria la concurrencia de los tres presupuestos antes señalados para poder otorgar una tutela cautelar como la que se pretende, y en cuanto a la ponderación de los intereses involucrados en el caso, debe indicarse que para la procedencia de una medida cautelar se requiere la verificación simultánea de los tres presupuestos legales establecidos en el artículo 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo, de forma que debe realizarse un análisis final sobre este tema.  El Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ha analizado dicho presupuesto cautelar en los siguientes términos: "En cuanto al tema del equilibrio o ponderación de los intereses en juego, es necesario recordar que en este tipo de medidas es de rigor ponderar los efectos que la eventual medida pueda llegar a generar en el ámbito del interés particular del petente versus el que se concreta en el interés público, esta exigencia a nivel doctrinario ha sido también objeto de comprensión en lo que se ha denominado la bilateralidad del periculum in mora, el juzgador, de previo a adoptar una medida cautelar, debe mensurar las implicaciones que esta decisión pueda llegar a producir en el interés público y en la situación jurídica de terceras personas, en tal equilibrio es necesario también ponderar la incidencia que la cautelar produzca en la actividad ordinaria de la administración pública pues bien puede llegar a afectar o a truncar la gestión sustantiva de una determinada organización administrativa, en esta línea la correcta ponderación del interés público conlleva a determinar el rechazo de la petición cautelar cuando el perjuicio al interés público sea superior al interés privado teniendo en cuenta incluso las previsiones financieras o presupuestarias que deba adoptar la administración pública para ejecutar la medida cautelar, finalmente, valga subrayar, que la medida cautelar que se adopte debe ser siempre adecuada de cara al caso concreto en tanto debe resultar idónea para satisfacer los fines perseguidos de modo razonable y proporcionado teniendo en mente los intereses en juego..." (ver resolución del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, N°336-2017-I de las trece horas con treinta y cinco minutos del nueve de agosto de 2017, entre muchas otras). Así las cosas, a la luz del caso concreto, es precisamente el elemento de ponderación de los intereses en juego el que debe guiar la decisión que se adopte, y, en el contexto del expediente que nos ocupa, lleva a ACOGER la tutela solicitada por la parte accionante.   Existe cierto consenso doctrinal acerca de que la ponderación es una técnica de argumentación en la que se procede a través de tres fases sucesivas: a) identificación de los intereses en conflicto; b) atribución de un peso a cada uno de ellos, y finalmente; c) decisión de equilibrio o prevalencia condicionada según el criterio de ‘cuando mayor afectación de uno mayor importancia del cumplimiento del contrario’, o, simplemente, ‘cuanto más… entonces’ según la fórmula del Tribunal Constitucional Federal alemán.  En este caso, en cuanto a la identificación de los intereses en conflicto, el interés de la parte actora reside en paralizar la orden de demolición con la finalidad de conservar parte de su patrimonio (vivienda) de manera inalterada, mientras que el interés público contrapuesto estaría asociado al respecto de las normas de planificación urbana de orden público, en aras de la satisfacción de intereses generales de orden y protección del medio ambiente, de manera que el suspender la ejecución va a incidir ciertamente en dichos intereses al autorizarse la continuación de la permanencia de lo construido en el sitio mientras se dilucida el fondo del asunto. En el caso que nos ocupa resulta evidente entonces la existencia de distintas ponderaciones tanto por parte del accionado en la resolución que impone el conflicto, como por parte del accionante en las consideraciones a las que se hizo antes referencia y los elementos aportados por la parte actora en su defensa. Así las cosas, es el criterio de este juzgador que ante la existencia de tales divergencias en la solución al conflicto de ponderación de principios involucrados, será el Tribunal de Juicio el que, en el momento procesal oportuno, determine cuál es la que debe prevalecer en aplicación de los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, tomando en consideración las particularidades del caso concreto; sin embargo, en este momento no se justifica ni se configura una afectación tal al los intereses públicos que se imponga por encima del grave daño que se causa con la inmediata demolición parcial de la vivienda. Ante un conflicto similar, en el fallo N°1172-2017 ya citado se indicó lo siguiente por este Tribunal: "(...) Considera esta Juzgadora que a partir de la prueba que consta en autos, no se puede constatar que la suspensión de la orden de desalojo y demolición generé efectivamente un daño a los intereses públicos, si bien es cierto el ente municipal demandado alega que debe privar el interés público respecto a la protección del área pública que en principio esta siendo invadida por la actora, bienes que señala son demaniales por lo que se caracterizan por ser imprescriptibles, inalienables e inembargables, de las mismas fotos y documentos que aporta el ente municipal como prueba se desprende que la construcción realizada por la actora -independientemente de si se encuentra o no en zona pública- no obstruyen el paso de peatones por la acera, por lo que no implica un peligro, en el sentido que los peatones pueden transitar libremente por la acera y no deben hacerlo por la calle, por lo que el interés de los terceros inicialmente no se esta viendo afectado. A su vez, la actora señala que la estructura sobre la que se emitió la orden de demolición se encuentra habitada por terceras personas que son a quienes le alquila su vivienda, por lo que a su vez se debe proteger el interés de estos inquilinos, que para los efectos de este proceso figurarían como terceros cuyos intereses deben ser considerados al momento de ponderar los intereses en juego (como indica el artículo 22 del CPCA). Así las cosas, prevalece el interés particular de la actora y de los terceros arrendantes de las estructuras en discusión y al tenerse por acreditados los tres presupuestos legales exigidos, se acoge la medida cautelar anticipada solicitada por la señora (...) en cuanto a la suspensión provisional de los efectos del Oficio (...) emitido por la Municipalidad de Heredia, y por ende la suspensión del desalojo, demolición y eliminación de las estructuras en discusión propiedad de la actora. En consecuencia se ratifica lo resuelto de forma interlocutoria, mediante auto de las catorce horas y siete minutos del dos de febrero del año dos mil diecisiete. De conformidad con el artículo 26 párrafo segundo del Código Procesal Contencioso Administrativo, se ordena la presentación de la demanda en el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente de la notificación del auto que la acoge. Se previene a la parte indicar en su escrito de demanda ordinaria el mismo número de expediente asignado a esta medida cautelar. Se resuelve sin especial condenatoria en costas (ver fallo N° 1172-2017 de las quince horas y veinticinco minutos del veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete, expediente 17-001040-1027-CA, destacado propio). Al igual que en el caso antes citado, en el caso que nos ocupa no se puede constatar que la suspensión de la orden de desalojo y demolición genere efectivamente un daño a los intereses públicos de un peso superior al grave daño que implica la demolición inmediata de la vivienda en la porción que se indica en el acto administrativo mientras se dilucida el fondo de este asunto, si bien es cierto los accionados alegan que debe privar el interés público respecto a la protección del área pública que en principio se alega está siendo invadida por la parte actora, bienes que se señala son demaniales por lo que se caracterizan por ser imprescriptibles, inalienables e inembargables y de vocación de protección, de los documentos que se aportan se desprende que la construcción lleva varios años en el sitio y se trata de una propiedad inscrita desde la década de los noventa (ver imágenes 66 a 79 del legajo de medida cautelar) y con plano H-0845457-1989; mientras que en fecha 14 de diciembre de 2020 fue que se inscribió el plano de la finca folio real 4-270947-000 para efectos de localizar dicha finca que indica la municipalidad (ver imagen 63 del legajo de medida cautelar, así como resultandos primero al cuatro del oficio AMH-0803-20224). Es decir, que la posición de la parte accionada en esta causa es que dentro del cantón existen bienes demaniales que por diversas circunstancias no es sino hasta fecha reciente que en la inspección y medición de campo se logra observar la existencia de un área que está invadida, por lo que se procedió a iniciar el procedimiento administrativo de desalojo y demolición por invasión de bienes demaniales en sitio. En otras palabras, se trata lo alegado de una afectación que no es reciente sino que fue descubierta recientemente y que, según sus propios alegatos, lleva mucho tiempo y en el lugar y fue descubierta como producto de un levantamiento topográfico del año 2023. Ante este panorama la suspensión y conservación provisional y temporal del estado de las cosas que ya existía en el sitio vendría a mantener en forma provisional una situación que ya lleva años en el sitio sin que se demuestre que su permanencia suponga una afectación significativa al interés público; según indica el accionado no fue sino en fecha reciente que habría sido descubierta por diversas circunstancias antes indicadas, por lo que suspender en forma provisional la ejecución de la demolición y mantener en forma provisional suspendida dicha ejecución no supondría una afectación significativa al interés público de magnitud que esté por encima del grave daño potencial que la ejecución inmediata de la demolición sin pasar por el tamiz del control de legalidad supone en este caso concreto. Nótese que con la suspensión lo que se hace es mantener un estado de las cosas que ya lleva años en el sitio mientras se discute la legalidad de lo actuado, sin que haya supuesto una afectación significativa del interés público (no hay prueba en este sentido en los autos). No ve esta autoridad que con la suspensión solicitada de forma cautelar se produzca una afectación a los intereses públicos de tal magnitud que se imponga por encima del daño potencial grave que se causaría a la parte actora con la demolición parcial de su vivienda. Debe tomarse en consideración que la parte actora lleva muchos años como propietaria del bien inmueble (más de dos décadas), mientras que la inscripción del plano de la municipalidad y el levantamiento topográfico es de fecha relativamente reciente. Adicionalmente se toma en consideración en el presente asunto, y se debe de destacar, que en la presente gestión cautelar se dictó la resolución de las catorce horas treinta y cinco minutos del veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro; por medio de la cual se admitió la tutela cautelar en carácter de provisionalísima, ordenado la suspensión inmediata de los efectos del acto administrativo; por lo que desde dicha fecha la situación se ha mantenido en suspenso en el sitio y durante ese tiempo al parecer no se ha ocasionado mayor trastorno al interés público ni la situación ha variado en forma significativa en perjuicio del estado del recurso hídrico del lugar ni de su protección; al menos eso es lo que se podría presumir al no existir ningún elemento de prueba como para acreditar lo contrario (artículo 29.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo y 41.1 del Código Procesal Civil de aplicación a la materia por remisión del 220 del Código que regula esta Materia). Dicho lo anterior y hasta tanto no sea demostrado en sede jurisdiccional si la conducta administrativa objeto de estas diligencias e encuentra conforme a Derecho, la balanza, en esta oportunidad, se inclina por tener por cumplido este requisito de la tutela cautelar, por cuanto no ve esta autoridad que, en este caso en concreto, se produzca una afectación significativa o prevalente al interés público involucrado o un riesgo tal para los intereses públicos involucrados con la medida cautelar de suspensión solicitada. El resultado de este juicio de ponderación, nos lleva entonces a que el balance eficiente de los intereses en juego se decanta por ACOGER la tutela solicitada y  la suspensión pedida. La gravedad del perjuicio para el interés público de mantener en suspenso la aplicación de la demolición en este caso concreto no implica una afectación significativa y prevalente al interés público. Así las cosas, al sustentarse la existencia de todos los presupuestos cautelares de conformidad con los artículos 1, 2, 20, 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se impone como consecuencia el acoger la medida cautelar promovida, por lo que se dispone como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos de la conducta administrativa impugnada.

 

POR TANTO

 

 Con fundamento en lo expuesto y de conformidad con los artículos 20 y 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se declara PARCIALMENTE CON LUGAR y se ACOGE PARCIALMENTE la solicitud de medida cautelar promovida por GEOVANNI ESPINOZA CUBILLO, portador de la cédula de identidad número 602330436, y JENNY CORDERO VARELA,  portadora de la cédula de identidad número 204810207, en contra de la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA. Intervienen como litis consortes necesarios el ESTADO (MINAE) y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) en los siguientes términos: se dispone como medida cautelar la suspensión de los efectos del acto administrativo resolución AMH-0803-2024 emitida por la Alcaldía Municipal de la Municipalidad de Heredia a las siete horas siete minutos del 19 de agosto de 2024 y por ende se adopta como medida cautelar la suspensión del desalojo, demolición y eliminación de estructuras en discusión en la propiedad de la parte actora derivadas de dicha conducta administrativa. Se ORDENA como medida cautelar a la Municipalidad de Heredia accionada el abstenerse de realizar cualquier conducta que, de forma directa o indirecta, pueda tener como efecto el ejecutar dicho acto administrativo, lo anterior con el fin de resguardar la tutela judicial cautelar adoptada en la presente resolución. En los demás extremos se rechaza lo pretendido.- Notifíquese. Dr. José Alvaro López Camacho, Juez Tramitador. JLOPEZCAM

 

 




- Código Verificador -
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UIY9PAQKKEE61



 

Documento firmado por:

JOSE ALVARO LOPEZ CAMACHO, JUEZ/A TRAMITADOR/A

 

EXP: 24-005913-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:16:49.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**FILE:**

24-005913-1027-CA - 1

**PROCEEDING:**

PRECAUTIONARY MEASURE

**PLAINTIFF:**

GEOVANNI ESPINOZA CUBILLO

**DEFENDANT:**

THE STATE

N° 2025002115

CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at eleven thirty-one hours on the fifth of March of two thousand twenty-five.-

A request for a PRECAUTIONARY MEASURE filed by GEOVANNI ESPINOZA CUBILLO, bearer of identity card number 602330436, and JENNY CORDERO VARELA, bearer of identity card number 204810207, against the MUNICIPALITY OF HEREDIA is heard. The STATE (MINAE) and the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) intervene as necessary co-defendants.

**WHEREAS**

**I.- RELEVANT BACKGROUND.** a-) By means of a filing submitted on August 28, 2024, a request for a precautionary measure is filed before this jurisdiction in which the plaintiff requests the following: "CLAIM OF THE PRECAUTIONARY MEASURES: 1. That the Municipality of Heredia not carry out the eviction, demolition, and usurpation against the dwelling house of Mr. Giovanni Espinoza Cubillo and Mrs. Jenny Cordero Varela" (see image 8 of the digital file of the precautionary measure docket, hereinafter the "digital file" or the precautionary measure docket interchangeably). The plaintiff states, in summary, that with the eviction and demolition the property would become uninhabitable and the plaintiffs do not have the financial means to rent a home or make renovations to the house. Likewise, they indicate that the eviction is about to be executed on September 20, 2024, such that there is an imminent risk of serious damage to the dwelling, which would become uninhabitable. This is a precautionary measure of a SUSPENSIVE nature so that the administrative eviction and demolition procedure for invasion of public domain assets (bienes demaniales), determined by resolution AMH-0803-2024 issued by the Municipal Mayor's Office of the Municipality of Heredia at seven hours seven minutes on August 19, 2024, is not executed. Regarding the appearance of a good right (apariencia de buen derecho), the plaintiff indicates that it is evident in the specific case. The foregoing because, in summary, the plaintiff indicates in their complaint (see filing of the complaint visible at images 2 to 13 of the main file, as well as the filing requesting the precautionary measure at images 5 to 9 of the precautionary measure docket) that the Municipality of Heredia initiated against the plaintiffs an administrative eviction and demolition procedure for invasion and usurpation of public domain assets, under title number 270947, which was constituted as public domain of the Municipality of Heredia by a DONATION made by the MORTGAGE HOUSING BANK (BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA, BANHVI) that the plaintiff qualifies as null and illegal; likewise, the plaintiff maintains that both plaintiffs hold the right of ownership over the 50.42 square meters that are sought to be evicted since the BANHVI had granted them a public deed 28 years ago and it is a lot registered in the National Registry, for which reason the Municipality of Heredia has no right over said property. The plaintiff also indicates that they are not inhabiting a protection zone (zona de protección) as stated by the defendant municipality because there is no regulation that designates such zone as a forest protection zone and the existing vegetation has been planted by the neighbors of the locality, for which reason they request that the nullity of the administrative conduct be declared as well as compensation for the damages caused, and also that their right over the cited 50.42 square meters be declared and recognized, plus interest and both costs. Finally, regarding the weighing of the interests at stake (ponderación de intereses en juego), they indicate, in summary, that the gravity of the harm caused to the plaintiffs and their family nucleus must be weighed above the interests defended by the defendant. They offer as evidence the copy of the eviction (see images 10 to 25 of the precautionary measure docket), and in the main file the following documentary evidence is offered: 1) Certification of Images of the donation between the MUNICIPALITY OF HEREDIA, GRUPO MUTUAL, and BANHVI (images 14 to 25 of the main file). 2) Copy of the eviction by the Municipality (see images 26 to 52 of the main file and 10 to 25 of the precautionary measure docket) and 3) Certification of the property in the Property Registry (see images 53 to 57 of the main file). b-) By resolution of fourteen hours thirty-five minutes on August twenty-eighth, two thousand twenty-four, visible at images 26 to 32 of the anticipated precautionary measure docket, the provisionalísima precautionary measure was granted, the legal hearing was granted to the defendant, and the provisional suspension of the effects of the administrative conduct was ordered; in said resolution, the suspension of the effects of the administrative act, resolution AMH-0803-2024 issued by the Municipal Mayor's Office of the Municipality of Heredia at seven hours seven minutes on August 19, 2024, was ordered as a provisional measure. Therein, the defendant Municipality of Heredia is ORDERED as a provisionalísima precautionary measure to refrain from carrying out any conduct that, directly or indirectly, may have the effect of executing said administrative act; the foregoing until this authority has greater elements of judgment to definitively resolve the request for a precautionary measure or orders otherwise, in order to safeguard the precautionary judicial protection adopted in the precautionary resolution. c-) By means of a filing submitted on September 10, 2024, visible at images 37 to 49 of the precautionary measure docket, the plaintiff mentions that if the demolition is executed, the loss of the dwelling house would be total since it would become uninhabitable, and that the part in claim is a fill (relleno) made more than 20 years ago because the house was in danger of collapse due to the slope and to avoid blackwater problems from a condominium, which caused a landslide that washed away the fill. They indicate that at the time a retaining wall was requested from the municipality. They also point out that the female plaintiff has a heart condition and hypertension problems, in addition to other vulnerable health conditions, and that the defendant municipality is not the registered owner of the La Gran Samaria residence complex since the registered owner is IMAS, for which reason they consider that the eviction by the Municipality of Heredia is not appropriate. d-) By means of a brief dated September 17, 2024, visible at images 50 to 58 of the precautionary measure docket, the representation of the defendant Municipality of Heredia answers the precautionary protection request seeking its rejection, indicating that the requirements for granting a measure of such nature do not concur. After recounting the background and so-called "facts" of the case, the defendant municipality states, in summary, regarding the so-called appearance of a good right that in this case it is a request lacking this requirement, as it concerns the occupation and illegitimate disposal of an area of 50.42 square meters of public domain destined for a protection zone (it refers to official letter DIP-DT-0328-2023) part of farm 4-150475-001 and 4-150475-002, cadastral map (plano catastrado) H-084457-1989, located in the La Gran Samaria urbanization in San Francisco de Heredia, for which reason the eviction and demolition for invasion of public domain assets was ordered, granting the due process contemplated in the relevant legislation, which it indicates is a duty as these are public domain assets (bienes de dominio público) and the municipality is empowered to recover the domain of said properties through administrative action. It points out in this sense that the complaint is devoid of substantiation and lacks seriousness, indicating that the ownership of the property is not questioned but rather the invasion perpetrated against the public domain asset 4-27094-000, as well as that the plaintiffs do not provide evidence to prove a right to invade the public zone. Regarding the danger in delay (peligro en la demora), the municipality indicates that although full proof is not required for its demonstration and not only current but also potential damages are contemplated, the plaintiff's statement is not enough; rather, evidence of the serious magnitude of the harm is required, of which it indicates the plaintiff's allegation is completely devoid. It points out that the eviction or demolition is of the area of 50.42 square meters that are located on the public domain asset according to resolution AMH-0803-2024, for which reason this requirement is not justified with suitable evidence. Finally, regarding the weighing of the interests at stake, the municipality points out that in its opinion, the public interest protected by the municipality in recovering the use for which the public zone was intended must be weighed against the private interests of the plaintiffs in perpetuating the invasion of public domain assets (protection zone), since, as there is no harm that serves as a basis for weighing, it is not even possible to assess this requirement as the request even lacks reasoning for weighing the interests at stake. For the foregoing, the defendant municipality requests that the precautionary measure be rejected and that the decreed provisionalísima precautionary measure be revoked. It offers as evidence file DIP-DT-0328-2023 of the Fiscal and Urban Control Section (see images 60 to 103 of the precautionary measure docket). e-) Prior to ruling, a hearing is granted to the Municipality of Heredia regarding the statements of the plaintiff dated September 10, 2024, by resolution of ten hours twenty-nine minutes on September 25, 2024, a hearing that is attended by the defendant by means of a brief dated October 1, 2024, in which it rejects the affirmations made by the plaintiff, indicating, in summary, that the process concerns the plaintiffs' invasion of a public domain asset, and there is no suitable evidence that the demolition of the 50.42 square meters would mean the dwelling house would become uninhabitable. Likewise, it indicates that the fill made more than 20 years ago that the plaintiffs refer to is not within its knowledge, as well as that the plaintiff's health conditions do not justify the occupation of domain assets (bienes de carácter demanial); likewise, that the municipality does not state it is the owner of the La Gran Samaria housing complex and that it is false that the municipality is not the owner of the public asset (4-270947-000); likewise, that the asset that at some point was in the name of different financial entities as trustees was the parent farm of the La Gran Samaria Urbanization project, it had to return to the trustor (BANHVI) and was transferred by donation and segregation (segregación) by BANHVI in favor of the Municipality of Heredia in compliance with Urban Planning Law No. 4240 (Ley N°4240 de Planificación Urbana), that is, the public areas of said urbanization, such that the precautionary request lacks seriousness because the local government is responsible for executing the evictions on the invaded asset 4-270947-000, for which reason it requests the rejection of the precautionary measure. It offers as evidentiary elements official letter ACDE-3627-2002 from the Mayor's Office and public deed No. 79 of 15:15 hours on December 15, 2021 (see images 111 to 130 of the precautionary measure docket). f-) The plaintiff makes new statements visible in images 108 to 110 of the precautionary measure docket, pointing out, in summary, that the municipality did not provide the notarial document from IMAS that granted it the right to make the donation of La Gran Samaria (located in district 3 with a different cadastral map) in favor of the municipality. Given the hearing of said statements, the defendant municipality responds in a brief dated October 10, 2024, visible at images 133 to 137 of the precautionary measure docket, in which it again points out that there is no evidence that IMAS was the registered owner of "La Gran Samaria" at any time, not knowing if this refers to the parent farm or the public areas, which it points out is irrelevant for the purposes of the eviction of the invaded public asset in this case that is in the municipality's name. Likewise, it points out that it is not appropriate in this venue to question the registered history of the real estate and that evidentiary elements have been provided to the records that attest to the existence of the transfer by the trust. It also points out that in the deed provided to the file, the transfer generated of the zone in favor of the defendant municipality is recorded and the plaintiff contradicts themselves in their statements, as well as that the assignment of the district in the deed, map of the parent farm, and site design is inconsequential for the purpose of these proceedings, since it is clear that it concerns the parent farm that gave rise to the La Gran Samaria urbanization, for which reason it requests a ruling as soon as possible given the large number of filings presented by the plaintiff in this case. It offers the records as evidence. g-) Finally, by means of new statements dated October 11, 2024, the plaintiff, in summary, insists on their position outlined in previous briefs, pointing out that near the dwelling blackwater is being diverted towards the Aries creek (quebrada Aries) and it is a natural reserve and therefore the cadastral map indicated by the municipality is illicit because it needed SINAC's permission as it is a protection zone, and as a petition they request that personnel from SINAC and MINAE visit the zone and verify the environmental damage they allege (see images 141 to 143). h-) By resolution of fourteen hours zero minutes on November eleventh, two thousand twenty-four, in order to continue the proceedings and due to what was indicated by the plaintiff in a brief dated October 11, 2024, visible at image 143 of the digital file, regarding a potential joinder of the STATE and SINAC, the parties were granted a term of THREE WORKING DAYS to make statements. Both parties make statements subsequent to the hearing granted and the corresponding issue is resolved by means of ruling No. 2024008381 of sixteen hours seven minutes on November fifteenth, two thousand twenty-four, which orders the joinder to this precautionary measure of the STATE (MINAE) and SINAC, so that they may address what was petitioned (see images 148 to 218 of the digital file). i-) By means of a resolution of ten hours twenty-six minutes on December second, two thousand twenty-four, a hearing regarding the precautionary measure is granted to the representations of SINAC and the STATE (see images 224 to 225 of the digital file). j) By means of a brief dated January 13, 2025, the representation of SINAC addresses the hearing granted and petitions, in summary, that what is sought be rejected as inadmissible. Said representation states, in summary, that in this case no administrative acts of said institution that are in conflict are verified, and indicates that what is requested by the plaintiff is inadmissible, stating the following: "(...) The plaintiffs' argument is that there is a treatment plant, which is not the subject of the process, but located nearby, that is violating the environment. Although the possibility of this fact is relevant for the Public Administration, and its procedure corresponds to a direct complaint before administrative or judicial entities or using the SITADAS system; it is not pertinent to the present contentious-administrative process." (see image 233 of the digital file, emphasis added). Likewise, SINAC considers that the requirements for precautionary protection are not present, pointing out that the relationship between the treatment plant and the need for inspection to the subject matter of the process cannot be identified, nor is there a logical or causal link between the acts of the questioned municipal entity and what is requested by the plaintiff. It also points out that it cannot be indicated that what is sought complies with the appearance of a good right and the weighing of interests, because, in summary, the suspension of the municipal action cannot be sought based on the plaintiff's indication that other persons on another property carry out activities against the environment. Thus, the representation of SINAC is in disagreement with the position of the plaintiff and indicates, in sum, that the danger in delay, contrary to what was indicated by the plaintiff, occurs by maintaining a construction in invasion of public domain lands within a protection zone for the water resource (zona de protección del recurso hídrico), contravening the legal and constitutional order of protection of a healthy and ecologically balanced environment, since the intention to maintain works and constructions within the protection area is mentioned as well as contamination of bodies of water, such that the requirements for precautionary protection are not met and it requests that the precautionary measure be declared without merit. It offers as evidence that which is contained in the judicial file (see images 231 to 236 of the precautionary measure docket). k) By means of a resolution of thirteen hours sixteen minutes on February tenth, two thousand twenty-five, a hearing regarding the plaintiff's statements dated November 15 and 20, 2024 is granted prior to ruling, a hearing that is attended by the counterparties, reiterating the rejection of what is sought by the plaintiff. In summary, the representation of the defendant municipality indicates the following: "(...) In relation to the brief dated November 15, 2024, this representation opposes the evidence provided by the plaintiff consisting of the issuance of minutes of an Ordinary Session known by the Municipal Council from the year 2009 where at the time a study was carried out by the Municipal Audit on the San Agustín Condominium and the wastewater treatment of that condominium's treatment plant. The second piece of evidence referred to is a judgment in an amparo appeal where the defendant Municipality was not condemned because its diligent action in the specific case of the Agustín Condominium was evidenced. Therefore, the opposition lies in the fact that the evidence is irrelevant, not useful, not related to, nor relevant to the genesis of the specific case which is the invasion of a public area proven in the records and which is the object of this process..." (see image 244 of the precautionary measure docket). Now, regarding the briefs dated November 20, 2024, it also indicates: "(...) this representation reiterates to Your Honor our argumentation set forth in the filing dated November 15, 2024, regarding the confusion that the plaintiff's defense continues to maintain because the zone of the Aries Creek (Quebrada Aries) that originates from the La Gran Samaria Urban Development is not within the protection areas of the National System of Wild Protected Areas (Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas)" (see image 245 of the precautionary measure docket). Thus, the position of the defendant municipality is that said evidence is inadmissible (see images 239 to 246 of the precautionary measure docket).

**II.- SUBJECT MATTER OF THE REQUEST FOR A PRECAUTIONARY MEASURE.** In the present matter, the plaintiff, by means of a brief dated August 28, 2024, files a request for a precautionary measure in the following terms: "CLAIM OF THE PRECAUTIONARY MEASURES: 1. That the Municipality of Heredia not carry out the eviction, demolition, and usurpation against the dwelling house of Mr. Giovanni Espinoza Cubillo and Mrs. Jenny Cordero Varela" (see image 8 of the precautionary measure docket). The plaintiff states, in summary, that with the eviction and demolition the property would become uninhabitable and the plaintiffs do not have the financial means to rent a home or make renovations to the house. Likewise, they indicate that the eviction is about to be executed on September 20, 2024, such that there is an imminent risk of serious damage to the dwelling, which would become uninhabitable. This is a precautionary measure of a SUSPENSIVE nature so that the administrative eviction and demolition procedure for invasion of public domain assets, determined by resolution AMH-0803-2024 issued by the Municipal Mayor's Office of the Municipality of Heredia at seven hours seven minutes on August 19, 2024, is not executed. Now, subsequently, by means of statements dated October 11, 2024, in summary, the plaintiff insists on their position outlined previously, also requesting that personnel from the National System of Conservation Areas (SINAC) and from MINAE (State) visit the zone and verify the environmental damage they allege in their request (see images 141 to 143 of the precautionary measure docket). Said request is, in summary, a precautionary claim consisting of an order to DO something (orden de HACER) but directed at SINAC and the STATE (MINAE), so that the zone in question is visited in relation to the alleged environmental damage they indicate, for which reason both were joined as defendants and a hearing was granted to them regarding what was requested. Thus, this is a precautionary request seeking measures of a conservative nature regarding the state of things and of innovative effects (órdenes de hacer) that the plaintiff formulates, contained within the petition possibilities regulated by Article 20 of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo, CPCA).

**III.- ARGUMENTS OF THE PLAINTIFF.** In summary, the plaintiff indicates regarding the appearance of a good right that it is evident in the specific case. The foregoing because, in summary, they indicate in their request (see filing of the complaint visible at images 2 to 13 of the main file, as well as the filing requesting the precautionary measure at images 5 to 9 of the precautionary measure docket) that the Municipality of Heredia initiated against the plaintiffs an administrative eviction and demolition procedure for invasion and usurpation of public domain assets, under title number 270947, which was constituted as public domain of the Municipality of Heredia by a DONATION made by the MORTGAGE HOUSING BANK (BANHVI) that the plaintiff qualifies as null and illegal; likewise, the plaintiff maintains that both plaintiffs hold the right of ownership over the 50.42 square meters that are sought to be evicted since the BANHVI had granted them a public deed 28 years ago and it is a lot registered in the National Registry, for which reason the Municipality of Heredia has no right over said property. The plaintiff also indicates that they are not inhabiting a protection zone as stated by the defendant municipality because there is no regulation that designates such zone as a forest protection zone and the existing vegetation has been planted by the neighbors of the locality, for which reason they request that the nullity of the administrative conduct be declared as well as compensation for the damages caused, and also that their right over the cited 50.42 square meters be declared and recognized, plus interest and both costs. Finally, regarding the weighing of the interests at stake, they indicate, in summary, that the gravity of the harm caused to the plaintiffs and their family nucleus must be weighed above the interests defended by the defendant. They offer as evidence the copy of the eviction (see images 10 to 25 of the precautionary measure docket), and in the main file the following documentary evidence is offered: 1) Certification of Images of the donation between the MUNICIPALITY OF HEREDIA, GRUPO MUTUAL, and BANHVI (images 14 to 25 of the main file). 2) Copy of the eviction by the Municipality (see images 26 to 52 of the main file and 10 to 25 of the precautionary measure docket) and 3) Certification of the property in the Property Registry (see images 53 to 57 of the main file). Subsequently, by means of a filing submitted on September 10, 2024, visible at images 37 to 49 of the precautionary measure docket, the plaintiff mentions that if the demolition is executed, the loss of the dwelling house would be total since it would become uninhabitable, and that the part in claim is a fill made more than 20 years ago because the house was in danger of collapse due to the slope and to avoid blackwater problems from a condominium, which caused a landslide that washed away the fill. They indicate that at the time a retaining wall was requested from the municipality. They also point out that the female plaintiff has a heart condition and hypertension problems, in addition to other vulnerable health conditions, and that the defendant municipality is not the registered owner of the La Gran Samaria residence complex since the registered owner is IMAS, for which reason they consider that the eviction by the Municipality of Heredia is not appropriate. Likewise, by means of new statements visible in images 108 to 110 of the precautionary measure docket, pointing out, in summary, that the municipality did not provide the notarial document from IMAS that granted it the right to make the donation of La Gran Samaria (located in district 3 with a different cadastral map) in favor of the municipality, given the hearing of said statements.

Later, through new submissions dated October 11, 2024, the claimant party, in summary, insists on its position outlined in previous briefs, pointing out that near the dwelling, blackwater is being diverted toward the Aries stream and that it is a nature reserve, so the cadastral map indicated by the municipality is unlawful because it required permission from SINAC for being a protection zone, and as a petition, it requests that officials from SINAC and MINAE visit the area and verify the environmental damage they allege (see images 141 to 143).

IV.- ON THE RESPONDENT PARTY. In summary, the respondent party refers to the interim measure, indicating its opposition and requesting its rejection because the essential requirements for granting a measure of this nature are not present in this case. Through a brief dated September 17, 2024, visible in images 50 to 58 of the interim measure file, the representation of the respondent Municipality of Heredia answers the interim relief action, requesting its rejection, indicating that the requirements for granting a measure of this nature are not met. After recounting the background and so-called "facts" of the case, the respondent municipality indicates, in summary, regarding the so-called appearance of good right that in this case it is an action lacking this precondition, since it concerns the occupation and illegitimate disposition of an area of 50.42 square meters of public domain destined for a protection zone (it refers to official letter DIP-DT-0328-2023), part of property 4-150475-001 and 4-150475-002, cadastral map H-084457-1989, located in the La Gran Samaria development in San Francisco de Heredia, for which the eviction and demolition were ordered due to invasion of public domain assets (bienes demaniales), granting the due process contemplated in the relevant legislation, which it indicates is a duty because they are public domain assets and the municipality is empowered to recover the domain (dominio) of said properties through administrative action. It points out in this sense that the claim is devoid of substantiation and lacks seriousness; it indicates that the title over the property is not questioned, but rather the invasion perpetrated against the public domain asset 4-27094-000, and that the claimants do not provide proof to accredit a right to invade the public zone. Regarding the danger in the delay, the municipality indicates that although full proof is not required for its demonstration and not only current but also potential damages are contemplated, the claimant's word is not enough; rather, evidence of the serious magnitude of the harm is required, which it indicates the claimant party's allegation is completely devoid of. It points out that the eviction or demolition is of the area of 50.42 square meters located on the public domain asset according to resolution AMH-0803-2024, so this precondition is not justified with suitable proof. Finally, regarding the balancing of interests at stake, the municipality indicates that in its opinion, the public interest safeguarded by the municipality in recovering the use for which the public zone was destined must be weighed against the private interests of the claimant parties in perpetuating the invasion of public domain assets (protection zone), since, in the absence of a harm that serves as a basis for balancing, it is not even possible to assess this precondition, as the action even lacks reasoning for balancing the interests at stake. For the foregoing reasons, the respondent municipality requests that the interim measure be rejected and the provisionalísima interim measure decreed be revoked. It offers as evidence file DIP-DT-0328-2023 from the Fiscal and Urban Control Section (see images 60 to 103 of the interim measure file). After an audience was granted for supplementary statements, the respondent municipality responds in a brief dated October 10, 2024, visible in images 133 to 137 of the interim measure file, in which it again states that there is no proof that IMAS was the registered owner of "La Gran Samaria" at any time, unaware if this refers to the parent property or the public areas, which it indicates is irrelevant for the purposes of the eviction of the public asset invaded in this case, which is registered in the name of the municipality. Likewise, it points out that it is not appropriate in this venue to question the registration history of the real property, and evidentiary elements have been provided in the record that attest to the existence of the transfer by the trust. It also indicates that the transfer generated from the zone in favor of the respondent municipality is recorded in the public deed (escritura) provided to the file, and the claimant party contradicts itself in its statements, and that the assignment of the district in the public deed (escritura), map of the parent property, and site design is inconsequential for the purpose of these proceedings, since it is clear that this is the parent property that gave rise to the La Gran Samaria development. Therefore, it requests a ruling as soon as possible given the large number of briefs filed by the claimant party in this case. It offers as evidence the record. Now, once the audience was granted to the respondents regarding the on-site inspection requested, through a brief dated January 13, 2025, the representation of SINAC refers to the audience granted and petitions, in summary, that the petition be rejected as inadmissible. Said representation indicates, in summary, that in this case there are no administrative acts of said institution that are in conflict, and indicates that what is requested by the claimant is inadmissible, stating the following: "(...) The argument of the claimants is that there is a treatment plant, which is not the object of the process, but located nearby, that is violating the environment. Although the possibility of this fact is relevant for the Public Administration, and its procedure corresponds to a direct complaint before administrative or judicial entities or using the SITADAS system; it is not pertinent to the present administrative contentious process." (see image 233 of the digital file, own emphasis). Likewise, SINAC considers that the preconditions for interim relief are not present, pointing out that the relationship between the treatment plant and the need for inspection with respect to the object of the process cannot be identified, nor is there a logical or causal link between the acts of the municipal entity questioned and what is requested by the claimant party. It also notes that it cannot be said that what is sought complies with the appearance of good right and balancing of interests, because, in summary, one cannot seek to suspend the municipal action based on the claimant's assertion that other persons on another property are carrying out activities against the environment. Thus, the representation of SINAC disagrees with the claimant party’s position and indicates, in short, that the danger in the delay, contrary to what the claimant indicated, occurs by maintaining construction invading public domain land within a water resource protection zone, contravening the legal and constitutional order of protection of a healthy and ecologically balanced environment; since the intention to maintain works and constructions within the protection area is mentioned, as well as contamination of water bodies, so the requirements for interim relief are not met, and it requests that the interim measure be declared without merit. It offers as evidence what is contained in the judicial file (see images 231 to 236 of the interim measure file).

V.- ON THE PRECONDITIONS FOR GRANTING AN ATYPICAL INTERIM MEASURE. As has been developed by the Constitutional Chamber, as well as in prior rulings of this Court (see, among others, ruling No. 38-2022 of ten hours ten minutes of January twelve, two thousand twenty-two), interim justice responds to the need to guarantee the constitutional principle of prompt and fulfilled justice, by preserving the real conditions indispensable for the issuance and execution of the judgment (Resolution 7190-1994, of 15:24 hours of December 6). In this same sense, Article 19 of the Administrative Contentious Procedure Code establishes that the purpose of establishing an interim measure is to provisionally protect and guarantee the object of the process and the effectiveness of the judgment. The doctrine has indicated that the purpose of interim justice is not to declare a fact or liability, nor to constitute a legal relationship, nor to execute an order and satisfy an unquestioned right, nor to settle a dispute, but rather to prevent the damages that the litigation may cause or that may derive from an abnormal situation (Gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). In vote #4074-2010, the Administrative Contentious Tribunal states that: "the preconditions for interim relief are three: the danger in the delay, the appearance of good right, and the balancing of interests, particularly the public interest" and "[o]nly when the three elements concur, that is, the appearance of good right, the danger in the delay, and that from the interest-balancing analysis it is considered that the harm suffered by the individual must be protected over the other interests at stake, may the court proceed to grant the requested interim measure" (Administrative Contentious Tribunal, resolution No. 4074-2010 of 13:21 hrs. of October 29, 2010). The Administrative Contentious Court of Appeals has also stated in the same sense: "In the case of interim measures, this implies that, in addition to the structural characteristics of instrumentality and provisionality, the resolution must clearly and sufficiently explain how the preconditions of appearance of good right, danger in the delay, and balancing of the interests at stake do or do not concur, none of them can be set aside, since for the admissibility of the measure adopted, the law requires the concurrence of all of them […] if this Court were to hypothetically accept the arguments regarding this point, and understood that the element of balancing of interests is indeed present, this would oblige this Court, in a first and sole instance, to proceed to analyze and develop the topic of balancing of interests in a manner that the instance judge omitted, for which reason, as the party rightly pointed out at the time, this Court would be substituting the instance judge in the first or sole instance analysis of that element, thereby depriving the party of the right to appeal regarding what has been indicated" (see resolution of the Administrative Contentious Procedure Tribunal, No. 132-2017-I of sixteen hours eighteen minutes of March twenty-nine, two thousand seventeen. Cf. 00:16:24 – 00:21:35 of the digital recording of the corresponding ruling). This position is complemented by the opinion expressed by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, acting as the Administrative Contentious Court of Cassation, in Vote No. 5-F-TC-2008 of ten hours forty-five minutes of February sixth, two thousand eight, regarding the need to fulfill the evidentiary burden in this interim phase, by indicating that "(…) three requirements that apply are the fumus bonis iuris or appearance of good right… the danger of the delay and the balancing of the interests at stake… the appearance of good right under the new legislation does not constitute a burdensome duty to demonstrate the seriousness of the claim, but rather the judge's internal assessment that said claim is not reckless, that it is not lacking in seriousness, which is indeed an inverted view of the so-called fumus bonis iuris, this periculum furthermore corresponds to the burden, as an evidentiary burden for the party requesting the interim relief, and this is so, then the interim relief is a provisional judgment of that danger in the delay it is not… an assessment of the merits of the process… regarding what corresponds to the specific case (…) and this Chamber, after deliberating conscientiously and extensively as it does (…) has deemed that the serious or irreparable damages and losses justifying the adoption of the interim measure in question are not duly demonstrated (…) In short, the Court deems that the principle of rational proof for the interim measure, which corresponds to a proof of balance, is not met; while it is true that conclusive proof is not required, because it cannot be in an interim measure, neither can we leave it to the sole say-so of the filing party; there are also potential public interests at stake." Based on the foregoing normative and jurisprudential framework for analysis and the elements required for the granting of an interim measure, we proceed to conduct the study of the specific case, attending to the exposition of the so-called theory of the case and the offering of evidence. Having established the scenario for analysis and the three elements required for the granting of an interim measure, we next analyze the specific case.

VI.- ON THE SPECIFIC CASE. Interim measures, for their approval, require the concurrence of the three elements indicated above (appearance of good right in its inverted version, almost comparable to a "fumus non mali iuris", danger in delay, and the balancing of interests). Furthermore, this interim measure must be instrumental, accessory, and provisional, as it seeks to ensure the effectiveness of the judgment in the main file. It is the responsibility of the petitioner to explain, analyze, and substantiate each of these preconditions, and for the respondent parties to debate the arguments presented, and thus, based on the theories of the parties and the mentioned evidence, determine what corresponds in law regarding the merits of the requested measure. VI. A) POSITIONS OF THE PARTIES: 1) POSITION OF THE CLAIMANT PARTY: The claimant party's petition for interim relief is based, in summary, on alleged nullity defects in the administrative acts where the demolition of part of the claimant party's dwelling was agreed upon. The claimant party indicates, in summary, that with the eviction and demolition, the property would become uninhabitable, and the claimants lack the economic means to rent a dwelling or make renovations to the house. Likewise, it indicates that the eviction is soon to be executed and was initially scheduled for September 20, 2024 (suspended by virtue of the provisionalísima measure), so there is an imminent risk of serious damage to the dwelling, which would become uninhabitable if the suspension of said administrative conduct is not adopted as an interim measure in this case. It involves an interim measure of a SUSPENSIVE nature so that the procedure for administrative eviction and demolition for invasion of public domain assets (bienes demaniales), determined by resolution AMH-0803-2024 issued by the Municipal Mayor's Office of the Municipality of Heredia at seven hours seven minutes of August 19, 2024, is not executed. The claimant party also argues in its action (see claim brief visible at images 2 to 13 of the main file, as well as the interim measure request brief at images 5 to 9 of the interim measure file) that the Municipality of Heredia initiated an administrative eviction and demolition proceeding against the claimants for invasion and usurpation of public domain assets (bienes demaniales), under title 270947, which was constituted as a public domain of the Municipality of Heredia through a DONATION made by the MORTGAGE HOUSING BANK (BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA, BANHVI) that the claimant qualifies as null and unlawful; likewise, the claimant party maintains that both claimants hold the property right over the 50.42 square meters sought to be vacated, since the BANHVI had granted them a public deed (escritura pública) 28 years ago and it is a lot registered in the National Registry, therefore the Municipality of Heredia has no right over said property. 2) POSITION OF THE RESPONDENTS: The respondent municipality, as has been detailed, in summary, rejects the statements made by the claimant party, indicating, in brief, that the process concerns the claimants' invasion of a public domain asset, and there is no suitable proof that the demolition of the 50.42 square meters would imply that the dwelling would become uninhabitable. Likewise, it indicates that it cannot attest to the fill (relleno) carried out more than 20 years ago that the claimants refer to, and that the health ailments of the claimant party do not justify the occupation of public domain assets (bienes de carácter demanial). Regarding the visit to the area in question, the representation of SINAC opposes it, and regarding the suspension requested, it indicates that the suspension of the administrative act implies disregarding forestry regulations, which borders on the legal system of environmental protection, by the respondent attempting to maintain the works and constructions in the protection zone. VI. B).- ON THE SO-CALLED "STRUCTURAL ELEMENTS": To begin with, regarding the so-called "structural elements" of interim relief, regardless of what may eventually be decided in the main proceeding on the merits of the matter and the questioning raised regarding the administrative conduct, the following should be noted in relation to the most elementary characteristics of instrumentality, accessoriness, and provisionality for a request such as the one before us. Regarding these so-called "structural" characteristics of the interim measure, among others, the ruling 2023006573 of twenty-one hours twenty-seven minutes of December nineteen, two thousand twenty-three, stated the following: "IV.- STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF INTERIM MEASURES. // For the determination of the admissibility of the measure, it is also important to consider - as was noted supra and in addition to the preconditions already indicated - that the measure to be adopted structurally possesses the following characteristics: 1.- Instrumentality and prior independence in relation to the final judgment produced in a main proceeding, a matter which simultaneously determines the subordination or accessoriness of the measure with respect to the main proceeding within, or for which, it is issued. 2.- Provisionality, insofar as its efficacy is in principle exhausted at the moment the judgment on the merits is issued in the main matter or when circumstances so require. That is, its effects are subject to the pendency of that proceeding, as much as - on the other hand - to the persistence over time of the circumstances that were taken into account for its adoption, characteristics that stem from its intrinsic possibility of modification or revocation (efficacy rebus sic stantibus). 3.- Every judicial process entails a due process that gives rise to a series of stages that must be precluded in order to reach a resolution that definitively resolves the already judicialized conflict. It is precisely the dilation of judicial processes that causes the danger in the delay to take effect, coupled with the danger or urgency that while the normal course of action proceeds, the right of a party or legally relevant interests of any of the parties may be lost or altered, and this is what the legal system provides for in its article 78 of the Civil Procedure Code, which is applied analogously to this matter. The urgency to avoid the danger in delay, a note that justifies interim measures adopted ante causam, prima facie, or inaudita altera parte. 4.- The sumaria cognitio, that is, this type of measure is adopted by virtue of a very summary cognition carried out by the jurisdictional organ, without entering into prejudgment on the merits of the matter, which in no way substitutes the plenary succession of steps that the main proceeding entails." Now, in relation to the so-called "structural" characteristics of interim measures, it has become very clear from the statements of the claimant party's representation that its main interest with the present petition for interim relief is to "suspend" the effects of the administrative act that ordered the partial demolition of the dwelling that the respondent party claims invades public domain land, which is denied by the claimant party, indicating that in reality this is not the case and that, on the contrary, it is a property duly registered in its name. The claimant party requests that the demolition not be executed while the merits of the process are being discussed in this judicial venue because the dwelling would become uninhabitable and it lacks the means to satisfy its housing needs in that eventuality. Thus, insofar as it involves a request of a suspensive nature regarding the effects of an administrative act that is qualified as absolutely null, it is this judge's opinion that what is requested in this regard does meet the requirements of instrumentality and provisionality concerning the matter before us. However, the same is not true for the other request made by the claimant party to order, as interim relief of "TO DO" (HACER), an innovative measure directed at officials from SINAC and the STATE (MINAE). As stated in the record through submissions dated October 11, 2024, in summary, the claimant party insists on its position outlined in previous briefs, pointing out that near the dwelling, blackwater is being diverted toward the Aries stream and that it is a nature reserve, so the cadastral map indicated by the municipality is unlawful; it also indicates that SINAC's permission was required because it is a protection zone, and as a petition, it expressly requests that officials from the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) and MINAE (the State) visit the area and verify the environmental damage they allege in their action (see images 141 to 143 of the interim measure file). Now, insofar as the claimant party is expressly seeking, as a claim in the interim venue, an order TO DO directed at both the National System of Conservation Areas (SINAC) and the State (Ministry of Environment and Energy or MINAE) to visit the area in question regarding the alleged environmental damage indicated, prior to issuing any pronouncement on what was requested, the joinder of both respondents (SINAC and the STATE) was ordered so they could comment on what was requested by the claimant party and make the statements they deemed pertinent in this regard. In this sense, SINAC, once informed of the statements, indicated the following to the court: "(...) The argument of the claimants is that there is a treatment plant, which is not the object of the process, but located nearby, that is violating the environment. Although the possibility of this fact is relevant for the Public Administration, and its procedure corresponds to a direct complaint before administrative or judicial entities or using the SITADAS system; it is not pertinent to the present administrative contentious process." (own emphasis, see image 233 of the interim measure file). In this sense, this judge's opinion coincides with that of the respondent SINAC's representation in that what the claimant party stated concerns a matter whose processing would correspond to a complaint in the administrative venue using the pertinent channels that are accessible to the claimant party, but the party has not demonstrated that it has been denied the possibility of filing its complaint or accessing said pertinent channels in relation to its allegation of the existence of a treatment plant that is not the object of this process. Therefore, in accordance with what was indicated, since this other request lacks the slightest instrumentality related to the administrative conduct that is specifically being heard in this case, this other interim request must be rejected due to the absence of instrumentality, as a basic and fundamental requirement of said request for action. This is because a direct relationship or causal link cannot be identified between the treatment plant and the need for inspection with respect to the specific object of this process, which is the demolition order for part of the dwelling, nor is there a logical or causal link between the acts of the municipal entity in question and what the claimant party requests in this sense. In any case, this judge considers, as indicated, that for those aspects that do present an instrumental relationship with the administrative conduct known in this venue, there are already sufficient evidentiary elements to be able to rule on the suspension requested without the need to conduct an on-site inspection; therefore, we will proceed to resolve the requested interim relief of suspension with the evidentiary elements already on record. The claimant party should consider that the suspension, or not, of the execution of the municipal administrative act requested within this process has no direct relationship with the claimant party's allegation that other persons or entities, on another property, are supposedly carrying out activities against the environment, for which it may resort, as appropriate and if deemed applicable, to filing the corresponding complaint through the means indicated by SINAC's representation in its response to said request, without a denial of access to this possibility having been demonstrated. Therefore, in this sense, said request TO DO is rejected, and we will proceed to address the interim measure for the suspension of the effects of the administrative conduct that is the specific object of this process. VI. C).- ON THE SO-CALLED "APPEARANCE OF GOOD RIGHT" IN ITS INVERTED VERSION: The so-called "fumus boni iuris," as regulated in article 21 of the Administrative Contentious Procedure Code (CPCA), indicates that the interim measure will be admissible when the execution or permanence of the conduct subjected to the process produces serious current or potential damages or losses to the alleged legal situation, which is what is commonly called "periculum in mora," and, as a second requirement, "and provided that the claim is not reckless or, in a manifest manner, lacking in seriousness," so the so-called "fumus boni iuris" appears in its inverted version, more properly a "fumus non mali iuris," since it does not require proof of the probabilities of success of the claim, but, on the contrary, the requirement is its non-recklessness or that the lack of seriousness of the claim is not manifestly evident. Now, the parties must bear in mind that the analysis conducted in the interim venue is the product of a summary cognition that does not correspond to an assessment of the merits of the matter, nor can it be so in any case, as the Administrative Contentious Court of Cassation has indicated at the time: the precondition of "non-recklessness" "[…] is not an assessment of the merits of the process, nor can it be, nor should it be; the judge cannot confuse the requirements specific to an interim measure with a definitive procedure on the validity or unlawfulness of an administrative conduct; this would lead us to definitive justice through the interim route, and this is not the purpose of the object. (Administrative Contentious Court of Cassation, vote 05-F-TC-08 of ten hours forty-five minutes of February sixth, two thousand eight). As previously indicated, the analysis of the precondition for interim relief contemplated in Article 21 of the Administrative Contentious Procedure Code (CPCA) that the claim is not reckless or, in a manifest manner, lacking in seriousness, does not correspond to proving plausibility of a "good right" of the claim; precisely because the analysis conducted in the interim venue does not correspond to an assessment of the merits of the matter, nor can it be so, as the Administrative Contentious Court of Cassation has indicated at the time (Administrative Contentious Court of Cassation, vote 05-F-TC-08 of ten hours forty-five minutes of February sixth, two thousand eight). In this regard, it is considered that the so-called "theory of the case" (position) raised by the claimant party and its arguments are not reckless or, in a manifest manner, lacking in seriousness, without entering into an analysis of the merits of the arguments raised, as it presents a series of justifications and argumentative connections that the court responsible for hearing the merits of the matter will ultimately determine whether they proceed or not, whether they are valid or not, and, finally, whether the administrative conduct presents the defects of absolute nullity indicated by the claimant party in its action, whether its fundamental rights are violated, and whether, in reality, the property in question is land duly registered in its name and not a public domain asset of the Municipality of Heredia, as the respondent entity asserts. This determination is precisely the focal point of the merits of the matter and cannot be addressed in the summary venue of an interim relief.

Now, regarding the allegations made by the respondent's representative indicating the existence of recklessness (temeridad) by stating that, following due process and the exercise of the right of defense, the facts determined in the administrative venue empowered and authorized the administration to proceed as it has ordered and provided, it must be taken into consideration that the analysis carried out in the precautionary venue is characteristic of a summary cognition performed by the judge, without prejudging the merits of the matter on the fondo and which in no way substitutes the analysis proper to the plenary proceeding (proceso de conocimiento). Such elements pointed out by the respondent's representative would be proper to the defenses corresponding to the plenary proceeding (proceso de conocimiento) to be heard at the opportune procedural moment and not properly in this precautionary venue. Faced with a conflict similar to the one at hand, this Court, through ruling No. 1172-2017 of fifteen hours and twenty-five minutes of the twenty-sixth of May of the year two thousand seventeen, indicated the following: "(...) the fundamental right of the plaintiff to discuss her right to private property in the plenary voie (vía plenaria) is recognized, given the administrative legal relationship existing between the petitioner and the Municipality of Heredia, given that the plaintiff is the subject of an Administrative decision that decreed the eviction (desalojo) and partial demolition of her property, where the municipal entity bases its conduct on the grounds that the applicant carried out an invasion of the public zone (zona pública) through the construction of structures on her property, while the plaintiff states that her construction is within the remainder of a parent property (finca madre) and does not invade the public zone (zona pública) in any way. Likewise, the plaintiff points out that the works intended to be demolished respect the alignment facing the public street, as well as the public sidewalk under equal conditions as the other owners; she also states that the works the respondent intends to demolish have the corresponding municipal permits and that the action the defendant municipality intends to carry out is arbitrary and disproportionate. In turn, she questions the technical basis used by the municipal entity in the decision of eviction (desalojo) and partial demolition of structures on her property (see statements in the request for precautionary measure (medida cautelar)). In that sense, she has the open possibility of accessing through a full plenary proceeding (proceso de conocimiento plenario) so that the legality of that administrative conduct is reviewed under the protection of Article 49 of the Constitution..." (own emphasis, case file 17-001040-1027-CA). This judge considers that in this case there is a conflict similar to that of the aforementioned ruling, and in that sense, the administered party has the open possibility of having access to effective judicial protection (tutela judicial efectiva) through a full plenary proceeding (proceso de conocimiento plenario) so that the legality of that administrative conduct is reviewed under the protection of Article 49 of the Constitution. In this case, as in the cited one, the municipal entity bases its conduct on the grounds that the applicant carried out an invasion of the public zone (zona pública) through the construction of structures on her property, while the plaintiff states that her construction is within private property inscribed in her name and does not invade the public zone (zona pública) in any way. The fundamental right of the plaintiff to discuss her right to private property in the plenary voie (vía plenaria) is recognized then, as in the case cited above, given the administrative legal relationship existing between the petitioner and the Municipality of Heredia. Thus, it is considered that the recklessness (temeridad) of the claim is not evident and manifest, contrary to what was indicated by the respondent's representative. Now, having overcome the analysis of non-recklessness (no temeridad), the plaintiff within her arguments refers in general terms to the fondo of the three precautionary prerequisites. By conducting this analysis in general terms, with what is indicated in the request brief and previously referred to in detail, the corresponding examination is carried out. In this sense, it is the criterion of this judge that the precautionary protection (tutela cautelar) meets the remaining prerequisites for its approval, so it must be PARTIALLY GRANTED regarding the REQUESTED SUSPENSION, as will be seen below. VI. D) ABOUT THE DANGER IN DELAY (PELIGRO EN LA DEMORA): Now, regarding the danger in delay (peligro en la demora), it has been indicated before by this Court, among many others, in ruling 009-2021-T of twelve hours and three minutes of the seventh day of January of two thousand twenty-one that: "... for the admissibility of precautionary protection (tutela cautelar), it is required according to legal provision that the execution or permanence of the administrative conduct subjected to the process produces serious damages or harms (daños o perjuicios graves), current or potential, to the legal situation of the plaintiff. In that sense, it must be emphasized that it is not enough to allege the existence of the serious damage (or harm) (current or potential) but that it must be proven, a situation that implies a procedural burden (carga procesal) that the interested party must assume, in accordance with Articles 220 of the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) and 41 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil)". About this prerequisite of precautionary protection (tutela cautelar) it has also been indicated, in its moment: "[...] the current legislation comes to establish a flexibilization of the old procedural system that spoke of 'impossible or difficult repair' – that is, it was rigid –, we moved from an extremely rigid position of demonstrating those damages and harms of 'impossible and difficult repair' to a more flexible system, precisely in the philosophy of opening of precautionary measures [...] to a range of 'seriousness' that the harms must meet. Therefore, talking about having to demonstrate serious damages of difficult or impossible repair is a phrase that no longer exists [...] But the limit, and this is what is important, of precisely what Article 21 establishes is 'serious', the word 'serious'. From that seriousness 'upwards', the precautionary measure proceeds; from that seriousness 'downwards', what cannot be included and classified as serious does not fit within the prerequisite for the precautionary measure. In other words, if the damages do not reach that range of 'seriousness', the measure does not proceed [...]." (CONTENTIOUS ADMINISTRATIVE PROCEDURAL COURT (TRIBUNAL PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO), Resolution 286-08 of twelve hours thirty minutes of the ninth of May of 2008. Cf. 12:34:22 – 12:35:27 of the corresponding digital recording, case file 08-35-1027-CA). Now, in this sense, the plaintiff makes statements to the effect that if the execution of the act that is the object of the process, which she qualifies as null, is not suspended, serious harm would be caused to both the plaintiff and her family, as they would be unable to meet their housing needs. Thus, there would be a serious affectation to both the plaintiff and her family group, and their rights would be violated, such that she considers that a serious injury to her legal situation is configured. The plaintiff points out, in synthesis, that with the eviction (desalojo) and demolition, the property would become uninhabitable, and the plaintiffs do not have the economic means to rent a home or make renovations to the house. Likewise, she indicates that the eviction (desalojo) is about to be executed and was initially scheduled for September 20, 2024 (suspended by virtue of the provisionalísima measure), so there is an imminent risk of serious damages to the dwelling, which would become uninhabitable if the suspension of said administrative conduct is not adopted as a precautionary measure (medida cautelar) for this case. On the other hand, regarding the danger in delay (peligro en la demora), the respondent indicates in synthesis that what is alleged by the plaintiff lacks sufficient evidentiary support and fails to define a real impact should the process proceed normally without the granting of the measures. The respondent points out that the plaintiff fails to demonstrate the facts she affirms. In summary, the respondent rejects the statements made by the plaintiff, indicating that the process concerns the invasion by the plaintiffs of a public domain good, and there is no suitable proof that the demolition of the 50.42 square meters would render the dwelling uninhabitable. Likewise, it indicates that it has no record of the fill work done more than 20 years ago as referred to by the plaintiffs, nor that the health afflictions of the plaintiff justify the occupation of demanial and protective character goods. Now, on this point, this judge considers that the case law has held that proof of damage can derive even from a human presumption without the need for documentary proof. It has proceeded thus, for example, in the case of dismissals, the existence of serious harm is derived from the breaking of the service link that tied the plaintiff to the administration and hence the remuneration the person has to satisfy their basic needs. In this sense, the First Section of the Contentious Administrative Appeals Court (Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo) has indicated in ruling No. 292-2017-I of ten hours forty-two minutes of the tenth of July of two thousand seventeen, the following: "... this Court, this Section of the Court, throughout its entire existence since the year 2010, has established that, in cases of the cessation of the public employment relationship, in any municipal sphere or not, the cessation of the relationship itself implies the existence of serious harm. There is no greater sanction in public employment under the rules of administrative law than cessation, than elimination, than the breaking of the service link that tied the administration to an employee. Not only does the relationship disappear, but with it, so does the income, the salary that constitutes, in practically all the cases this Court hears, the only or the most important income the person has to satisfy their basic needs. Here we have indicated that proof of damage can even derive from a simple human presumption without the need for documentary proof..." (Cf. 01:47:17 – 01:48:16 of the digital recording of the corresponding ruling. Case file 17-1865-1027-CA.). Likewise, in the cited ruling, it also indicates that serious harm should not be measured solely and exclusively by the economic aspect that is lost, but also by non-economic (extrapatrimonial) aspects that vary in each case and are linked to aspects such as the dignity of the person. Under the above premise, as has been indicated by this Court (see, among others, resolution No. 2024000992 of fifteen hours and thirty-seven minutes of February 19, 2024, case file 23-003382-1027-CA), it is entirely understandable to this judge that in the matter under debate there is an important human and economic component at stake. It is not easy for homeowners to detach themselves from part of their dwelling (in this specific case, the 50.42 square meters requested to be evicted (desalojar)), as this entails a serious impact to the comfort, quality of life, and heritage of the plaintiff, among others, that has been enjoyed over time. It is even valid to mention, derived from a simple human presumption without the need for documentary proof, that there are economic resources, materials, and efforts that were invested in the housing project and that, regardless of the economic sum in question, it is of significant character for its owners. This, combined with the documents provided by the plaintiff previously referred to in the case file, generates sufficient indications of the existence of a potential serious harm with the partial demolition of the plaintiff's dwelling in question. In the aforementioned ruling, No. 1172-2027, faced with a conflict similar to the one at hand, this Court has also reasoned in the indicated manner, stating the following about the existence of serious harm on the occasion of a similar scenario: "(...) The prerequisite alludes to those damages that are reproached or that are likely to occur - currently or potentially -. Damages that must be established as serious, in addition to being considered as deriving from the adduced situation, understanding that the accused injuries must at least be verified through the rational principle of proof and with a minimum of evidentiary rigor burdened on the interested party, which in no way means that it is enough to adduce the harm in the stated terms. Rather, in addition to the present or potential existence thereof, it must be considered a 'serious' harm. At this point, it is -necessary- to point out that there must be an evidentiary effort on the part of the person requesting the precautionary protection (tutela cautelar), according to the circumstances of each particular matter. There is an exception that the seriousness of the harm may be determined without -with a difference of degree- the mentioned evidentiary rigor, if this circumstance is clearly deducible from the elements available at the time of issuing the corresponding ruling. But this situation is the exception and not the rule, under the understanding that the judge is not called to suppose where the party is obliged to prove. In the specific case, the plaintiff requests the suspension of the eviction (desalojo) order and partial demolition of her dwelling and alleges as serious damages in the event the present measure is not granted that the demolition of the work itself generates serious harm, especially since there is no certainty regarding whether the works to be demolished effectively invade the public zone (zona pública), combined with the fact that the property's foundations could be compromised, since the municipality has not properly delimited where the demolition would be applied. In the specific case, it is this judge's criterion that it can be logically derived that the demolition of structures of a dwelling in itself produces consequences for the owner of the property to be evicted (desalojar) and demolished, and in an indiciary manner (Article 417 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil)), we can derive harm as a direct, precise, and logical consequence of a verified fact, which is that there is an eviction (desalojo) and demolition order, so that person could see their dwelling partially demolished. Together with the evidence provided by the plaintiff, such as photos and surveyors' reports, the harm is accredited, in the terms required by Article 21 of the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo). Note that even the defendant municipality, when referring to the prerequisite of harm, points out that the demolition conditions for the plaintiff's structures would be the 'least burdensome'. Therefore, it is the criterion of this judge that in the specific case, the harm has been duly accredited. See that in accordance with article 21 of the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), the precautionary measure (medida cautelar) is appropriate when the execution of the conduct that is the object of the process produces serious harm, provided that the claim is not reckless (temeraria). In this sense, it is this judge's criterion that the demolition of a housing structure, even partially, produces harm in the legal sphere of the one who suffers it, and as indicated supra, the claim is not reckless (temeraria). Thus, a serious harm to the plaintiff's legal situation is accredited..." (see ruling No. 1172-2017 of fifteen hours and twenty-five minutes of the twenty-sixth of May of the year two thousand seventeen, case file 17-001040-1027-CA). The plaintiff offers as evidence the copy of the eviction (desalojo) (see images 10 to 25 of the precautionary measure (medida cautelar) file), and in the main file, the following documentary evidence is offered: 1) Certification of Images of the donation between the MUNICIPALITY OF HEREDIA, GRUPO MUTUAL and BANHVI (images 14 to 25 of the main case file). 2) Copy of the eviction (desalojo) from the Municipality (see images 26 to 52 of the main case file and 10 to 25 of the precautionary measure (medida cautelar) file) and 3) Certification of the property in the Property Registry (Registro de la Propiedad) (see images 53 to 57 of the main case file). 4) Anexo 1, Anexo 2, and Anexo 3 with photographs of the site, deeds, and medical afflictions (see images 39 to 49 of the precautionary measure (medida cautelar) file). Thus, given the elements of proof detailed above, this judge derives the existence of a potential harm of a serious nature as a direct, precise, and logical consequence of a verified fact, which is that there is an eviction (desalojo) and demolition order for 50.42 square meters of the plaintiff's dwelling. Therefore, that person could see their dwelling partially demolished, with the consequent economic loss and non-economic (extrapatrimonial) affectation from seeing their dwelling immediately reduced and the constructions made on the site as an integral part of their inhabited home demolished. Thus, the demolition of 50.42 square meters of the plaintiff's dwelling is considered a potential harm of a serious nature for the purposes of this request for precautionary protection (tutela cautelar), which must be weighed against the impact on the public interest alleged by the respondent of the power-duty to recover public domain goods in the face of what is considered an improper appropriation by private individuals, through the corresponding police powers recognized by the legal system, in order to verify the appropriateness or not of the requested suspension of the execution of the administrative conduct (see in a similar sense the ruling of this Court No. 2069-2019 of fifteen hours twenty minutes of the fourteenth of November of two thousand nineteen, case file 19-004629-1027-CA). As indicated, from the evidence provided to the case file in a sufficient and coherent manner, this Judge is led to have conviction of the existence of a potential harm of a serious nature, as well as the urgency in what is requested, making the adoption of this precautionary measure (medida cautelar) necessary, so this second legal prerequisite is verified. VI. E) ABOUT THE WEIGHING OF INTERESTS AT PLAY (PONDERACIÓN DE INTERESES EN JUEGO): Finally, we must remember that the concurrence of the three previously mentioned prerequisites is necessary to grant precautionary protection (tutela cautelar) such as the one sought. And regarding the weighing of the interests involved in the case, it must be indicated that for the admissibility of a precautionary measure (medida cautelar), the simultaneous verification of the three legal prerequisites established in Article 21 of the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) is required, so a final analysis on this topic must be performed. The Contentious Administrative Appeals Court (Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo) has analyzed said precautionary prerequisite in the following terms: "Regarding the topic of balance or weighing of the interests at play, it is necessary to remember that in this type of measures, it is standard to weigh the effects that the eventual measure may generate in the sphere of the petitioner's private interest versus that which materializes in the public interest. This requirement, at the doctrinal level, has also been the subject of understanding in what has been called the bilaterality of the periculum in mora. The judge, before adopting a precautionary measure (medida cautelar), must measure the implications that this decision may produce on the public interest and on the legal situation of third parties. In such balance, it is also necessary to weigh the incidence that the precautionary measure produces on the ordinary activity of the public administration, since it may well affect or truncate the substantive management of a specific administrative organization. In this line, the correct weighing of the public interest leads to the rejection of the precautionary petition when the harm to the public interest is superior to the private interest, considering even the financial or budgetary provisions that the public administration must adopt to execute the precautionary measure (medida cautelar). Finally, it is worth underlining that the precautionary measure (medida cautelar) adopted must always be adequate in view of the specific case, as it must be suitable to satisfy the pursued ends in a reasonable and proportionate manner, keeping in mind the interests at play..." (see resolution of the Contentious Administrative Appeals Court (Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo), No. 336-2017-I of thirteen hours thirty-five minutes of the ninth of August of 2017, among many others). Thus, in light of the specific case, it is precisely the element of weighing the interests at play that must guide the decision adopted, and, in the context of the case file at hand, it leads to GRANTING the protection requested by the plaintiff. There is a certain doctrinal consensus that weighing is a technique of argumentation in which one proceeds through three successive phases: a) identification of the conflicting interests; b) attribution of a weight to each one of them; and finally; c) decision of balance or conditioned prevalence according to the criterion of ‘the greater the impact on one, the greater the importance of fulfilling the other’, or, simply, ‘the more... then’, according to the formula of the German Federal Constitutional Court. In this case, regarding the identification of the conflicting interests, the plaintiff's interest lies in paralyzing the demolition order in order to preserve part of her property (dwelling) unchanged, while the opposing public interest would be associated with respect for the public order urban planning norms, for the sake of satisfying general interests of order and environmental protection, so that suspending the execution will certainly impact said interests by authorizing the continuation of the permanence of what has been built on the site while the fondo of the matter is elucidated. In the case at hand, the existence of different weighings is therefore evident, both by the respondent in the resolution that imposes the conflict, and by the plaintiff in the considerations previously referred to and the elements provided by the plaintiff in her defense. Thus, it is this judge's criterion that, given the existence of such divergences in the solution to the conflict of weighing of principles involved, it will be the Trial Court (Tribunal de Juicio) that, at the opportune procedural moment, determines which one should prevail in application of the constitutional principles of reasonableness and proportionality, taking into consideration the particularities of the specific case. However, at this moment, an impact on public interests is neither justified nor configured such that it would prevail over the serious harm caused by the immediate partial demolition of the dwelling. Faced with a similar conflict, in the already cited ruling No. 1172-2017, the following was indicated by this Court: "(...) This Judge considers that, based on the evidence in the case file, it cannot be verified that the suspension of the eviction (desalojo) and demolition order effectively generates harm to public interests. While it is true the defendant municipal entity alleges that the public interest regarding the protection of the public area that, in principle, is being invaded by the plaintiff must prevail—goods it points out are demanial, thus characterized as imprescriptible, inalienable, and unseizable—from the very photos and documents provided by the municipal entity as evidence, it is clear that the construction carried out by the plaintiff—regardless of whether or not it is on public zone (zona pública)—does not obstruct pedestrian passage on the sidewalk, so it does not imply a danger, in the sense that pedestrians can freely transit on the sidewalk and do not have to do so on the street. Therefore, the interest of third parties is not initially being affected. In turn, the plaintiff points out that the structure over which the demolition order was issued is inhabited by third parties to whom she rents her dwelling, so in turn, the interest of these tenants must be protected, who, for the purposes of this process, would figure as third parties whose interests must be considered when weighing the interests at play (as indicated by Article 22 of the CPCA). Thus, the private interest of the plaintiff and of the third-party tenants of the structures in dispute prevails, and having the three required legal prerequisites been accredited, the anticipated precautionary measure (medida cautelar) requested by Mrs. (...) is granted regarding the provisional suspension of the effects of Official Letter (...) issued by the Municipality of Heredia, and consequently, the suspension of the eviction (desalojo), demolition, and elimination of the structures in dispute owned by the plaintiff. Consequently, what was resolved interlocutorily is ratified, by means of an order (auto) of fourteen hours and seven minutes of the second of February of the year two thousand seventeen. In accordance with Article 26, second paragraph of the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), the filing of the lawsuit is ordered within a period of 15 days, counted from the day following the notification of the order (auto) granting it. The party is warned to indicate in their ordinary lawsuit brief the same case file number assigned to this precautionary measure (medida cautelar). Resolved without special condemnation for costs (see ruling No. 1172-2017 of fifteen hours and twenty-five minutes of the twenty-sixth of May of the year two thousand seventeen, case file 17-001040-1027-CA, own emphasis). As in the case cited above, in the case at hand, it cannot be verified that the suspension of the eviction (desalojo) and demolition order effectively generates harm to public interests of a weight superior to the serious harm that the immediate demolition of the dwelling in the portion indicated in the administrative act implies, while the fondo of this matter is elucidated. While it is true the defendants allege that the public interest regarding the protection of the public area that, in principle, is alleged to be being invaded by the plaintiff must prevail—goods that are indicated to be demanial, thus characterized as imprescriptible, inalienable, and unseizable and of protective vocation—from the documents provided, it is clear that the construction has been on the site for several years and is a property inscribed since the nineties decade (see images 66 to 79 of the precautionary measure (medida cautelar) file) and with plan H-0845457-1989; while on December 14, 2020, was when the plan of the property (finca) folio real 4-270947-000 was inscribed for the purposes of locating said property (finca) indicated by the municipality (see image 63 of the precautionary measure (medida cautelar) file, as well as resultandos one through four of official letter AMH-0803-20224). That is, the position of the defendant in this cause is that within the canton there exist demanial goods that, due to various circumstances, it is not until recent date that in the inspection and field measurement the existence of an area that is invaded is observed, so the administrative procedure of eviction (desalojo) and demolition for invasion of demanial goods on site was initiated. In other words, what is alleged is an impact that is not recent but was recently discovered and that, according to its own allegations, has existed for a long time in the place and was discovered as a result of a topographic survey from the year 2023. Under this scenario, the suspension and provisional and temporary conservation of the state of things that already existed on site would come to provisionally maintain a situation that has already been in place for years on the site without it being demonstrated that its permanence implies a significant impact on the public interest. As indicated by the respondent, it was only recently that it would have been discovered, due to various circumstances indicated above, so provisionally suspending the execution of the demolition and provisionally maintaining said execution suspended would not imply a significant impact on the public interest of a magnitude that is above the serious potential harm that the immediate execution of the demolition, without passing through the filter of legality control, implies in this specific case. Note that with the suspension, what is done is to maintain a state of things that has already been in place for years on the site while the legality of what has been acted upon is discussed, without it having implied a significant impact on the public interest (there is no proof in this sense in the case file). This authority does not see that the suspension requested as a precautionary measure (cautelar) produces an impact on public interests of such magnitude that it would prevail over the serious potential harm that would be caused to the plaintiff by the partial demolition of her dwelling. It must be taken into consideration that the plaintiff has been the owner of the real estate (bien inmueble) for many years (more than two decades), while the inscription of the municipality's plan and the topographic survey are of a relatively recent date.

Additionally, in the present matter it is taken into consideration, and must be highlighted, that in the present precautionary proceeding, the order was issued at fourteen hours thirty-five minutes on August twenty-eighth, two thousand twenty-four; by which the precautionary protection was admitted on an extremely provisional basis, ordering the immediate suspension of the effects of the administrative act; therefore, from that date the situation has remained in suspense at the site and during that time, apparently, no major disruption to the public interest has been caused, nor has the situation varied significantly to the detriment of the state of the water resource (recurso hídrico) of the place or its protection; at least that is what could be presumed in the absence of any evidentiary element to prove the contrary (Article 29.1 of the Código Procesal Contencioso Administrativo and 41.1 of the Código Procesal Civil, applicable to the matter by referral from 220 of the Code that regulates this Matter). Having said the foregoing, and until such time as it is demonstrated in the jurisdictional venue whether the administrative conduct subject to these proceedings is in accordance with the Law, the balance, on this occasion, tilts towards considering this requirement of the precautionary protection fulfilled, since this authority does not see that, in this specific case, a significant or prevailing impact on the involved public interest or a risk to the public interests involved with the requested suspension precautionary measure would arise. The result of this balancing test, therefore, leads us to the efficient balance of the interests at stake tilting towards GRANTING the protection sought and the suspension requested. The seriousness of the harm to the public interest in keeping the application of the demolition in suspense in this specific case does not imply a significant and prevailing impact on the public interest. Thus, given that the existence of all the precautionary preconditions has been substantiated in accordance with Articles 1, 2, 20, 21 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, granting the promoted precautionary measure is consequently required, and therefore the provisional suspension of the effects of the challenged administrative conduct is ordered as a precautionary measure.

 

POR TANTO

 

 On the grounds stated and in accordance with Articles 20 and 21 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the request for a precautionary measure promoted by GEOVANNI ESPINOZA CUBILLO, holder of identity card number 602330436, and JENNY CORDERO VARELA, holder of identity card number 204810207, against the MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, is declared PARTIALLY WITH MERIT and is PARTIALLY GRANTED. The ESTADO (MINAE) and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) intervene as necessary co-parties, in the following terms: the suspension of the effects of the administrative act resolution AMH-0803-2024 issued by the Alcaldía Municipal of the Municipalidad de Heredia at seven hours seven minutes on August 19, 2024, is ordered as a precautionary measure, and therefore the suspension of the eviction, demolition, and elimination of structures under discussion on the property of the plaintiff party derived from said administrative conduct is adopted as a precautionary measure. The respondent Municipalidad de Heredia is ORDERED as a precautionary measure to refrain from performing any conduct that, directly or indirectly, could have the effect of executing said administrative act, the foregoing for the purpose of safeguarding the precautionary judicial protection adopted in this order. In all other respects, what was sought is rejected.- Notify. Dr. José Alvaro López Camacho, Processing Judge. JLOPEZCAM

 

 





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Document signed by:

JOSE ALVARO LOPEZ CAMACHO, PROCESSING JUDGE

 

EXP: 24-005913-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, opposite Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

 

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