Res. 02240-2025 Tribunal Contencioso Administrativo — Cancellation of mining concession on Río Naranjo due to repeated environmental breachesCancelación de concesión minera sobre el Río Naranjo por incumplimientos ambientales reiterados

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 02240 - 2025

Fecha de la Resolución: 07 de Marzo del 2025 a las 11:02

Expediente: 21-007586-1027-CA

Redactado por: Karen Cristina Calderón Chacón

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

21-007586-1027-CA - 6




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR/A:

	

WALTER BRENES SOTO




DEMANDADO/A:

	

EL ESTADO

 

 N° 2025002240

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las once horas con dos minutos del siete de Marzo del dos mil venticinco.-

 

Proceso de conocimiento interpuesto por WÁLTER BRENES SOTO, cédula de identidad número 2-0645-0800 contra EL ESTADO y LOS MANANTIALES DEL PACÍFICO N Y S SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica 3-101-633530. El actor participa sin representación legal en vista de su calidad de abogado. El Estado es representado por la Procuradora Natalia Aguilar Porras. En representación de la sociedad codemandada y como apodero especial judicial, Henry Arroyo Villegas. A continuación, se emite la sentencia por unanimidad.

Redacta la Jueza Calderón Chacón, con el voto afirmativo de los jueces Solano Ulloa y Chaves Torres y, 

CONSIDERANDO

I.- ANTECEDENTES PROCESALES.- A continuación, se hace un recuento de la historia procesal del expediente: 

1. En fecha 25 de noviembre del 2021, la parte actora presentó medida cautelar anticipada con el fin de que se ordenara la suspensión de las actividades de la concesión otorgada a la empresa Los Manantiales del Pacífico N Y S S.A. sobre el Río Naranjo. (imágenes 2 a 11 del legajo de medida cautelar).

2. Mediante auto N° 094-2023 de las quince horas y treinta y cinco minutos del 23 de febrero del 2023, se denegó la medida pedida. (imágenes 98 a 125 del legajo de medida cautelar).

3. Apelada dicha decisión, mediante Voto N° 162-2023-I de las catorce horas cuatro minutos del 28 de abril del 2023, el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, dispuso “Se revoca la resolución No. 94-2023, de las 15:35 horas del 23/01/2023, dictada por el Juez Tramitador Rodrigo Huertas. Se ordena a la DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS, en la persona de su Director, para que en el plazo de un mes, contado a partir del próximo 2 de mayo, se coordine y ejecute la inspección interinstitucional, en el lugar de la concesión otorgada. De igual forma y hasta tanto no exista la sentencia firme, deberán hacerse cada 4 meses, una inspección de la misma naturaleza, sea interinstitucional, con el fin de verificar que la concesión se esté realizando dentro de los parámetros en que fue otorgada y en cumplimiento de las posibles correcciones que se soliciten por parte de las autoridades competentes. De cada una de esas inspecciones, deberá presentarse un reporte dentro de los cinco días hábiles siguientes a su realización a la persona juzgadora ejecutora del Tribunal de Instancia, bajo el apercibimiento que de no cumplirse con lo ordenado, se verá expuesto a la aplicación de sanciones previstas en el capítulo de ejecución de sentencia del CPCA. La inspección se hará a juicio y bajo la responsabilidad de la Dirección de Geología y Minas y se determinará si es necesaria la participación de otra administración competente para la fiscalización de la concesión.” (imágenes 135 y 136 del legajo de medida cautelar).

4. En fecha 09 de mayo del 2022 la parte actora presentó su demanda, solicitando lo siguiente: “1. Se declare el incumplimiento de las condiciones del otorgamiento de concesión y responsabilidad ambiental por parte de Los Manantiales del Pacífico N Y S S.A. 2. Se ordene la elaboración de un plan remedial en el Río Naranjo y sus alrededores a cargo de Los Manantiales del Pacífico N Y S S.A. bajo la supervisión del Estado. 3. Se ordene al Estado la cancelación de la concesión de explotación de Los Manantiales del Pacífico N Y S S.A. otorgada en resolución R-097-2018-MINAE. 4. Se condene a los demandados al pago de ambas costas del proceso judicial.” (Imágenes 5 a 29, minuta de audiencia preliminar a imágenes 206 a 210 del expediente judicial y grabación de audiencia incorporada al expediente judicial).

5. Que se otorgó la audiencia de ley al Estado y a Los Manantiales del Pacífico N Y S S..A. El Estado se opuso a la demanda, interponiendo la defensa de falta de derecho. La sociedad codemandada, también rechazó la demanda, sin oponer excepciones. (imágenes 85 a 88 del expediente judicial).

6. Otorgada la audiencia sobre las contestaciones, la parte actora presentó su escrito de réplica. (imágenes 108 a 113 del expediente judicial).

7. En audiencia preliminar celebrada el día 25 de abril del 2023, se fijaron las pretensiones de acuerdo con la demanda. El Juez tramitador determinó los hechos controvertidos y se admitió la prueba a evacuar en juicio oral. Además, pidió a la representación del Estado, un informe actualizado del tema en discusión. (imágenes 206 a 210 del expediente judicial y grabación de esta).

8. El juicio oral y público, fue celebrado a partir de las 08:54 horas del día 18 de febrero del 2025, con la participación de todas las partes, a excepción de la representación de la empresa codemandada, dado que se incorporó a la reunión virtual a partir de las 09:49 horas. En dicha audiencia se recibió la prueba testimonial admitida en la audiencia preliminar y se rindieron conclusiones orales. (Registro de la audiencia y minuta del expediente digital). 

II.- ARGUMENTOS DE LA DEMANDA. La representación de la parte actora argumenta, en lo que interesa, lo siguiente: La codemandada posee una concesión de cauce de dominio público sobre el Río Naranjo, expediente 7-2016, que consiste en un área de extracción de materiales del río y un terreno adicional para el área de trituración, clasificación y almacenamiento del material. Que la empresa incumple el plan de explotación, al punto de causar daños ambientales en el río, incluso causando una aparición del basamento, además hay sobreexplotación del material. Que en noviembre del 2021 solicitó a la Dirección Geología y Minas del MINAE y a SETENA la cancelación de la concesión y suspensión de las labores. En febrero del 2022, la denuncia fue declarada con lugar y se determinó que habían incumplimientos (oficia dentro de la zona de protección, pozo ilegal y plan de reforestación y protección del río). Por otro lado, hay incumplimientos en cuanto a la profundidad de la extracción (no más de 1.5 metros). Además, la Dirección de Minas identificó que la extracción no es laminar y que supera la profundidad, pero ha permitido dicha situación en incumplimiento de los términos de la concesión. En cuanto a la fundamentación jurídica indica que hay incumplimientos de la empresa concesionaria y daños al ambiente, entre los principales, invasión a un área de protección, un pozo ilegal y excavación del lecho del río Naranjo, todo lo cual se observa en el informe del geólogo Leonel Rojas Castro. En dicho documento se acreditan los incumplimientos y los daños ambientales por sobreexplotación, los ruidos y el polvo de la maquinaria. Todo lo cual fue observado por la Dirección de Geología quien dejó de lado este tema, dado que lo único que hace son recomendaciones al concesionario en cuanto al tipo de extracción y a la profundidad sin concluir que había un incumplimiento al plan de explotación. Que el concesionario tiene obligaciones legales, entre ellas las ambientales, que cumplir y que dan pie a la cancelación de la concesión, entre ellas los artículos 34, 62, 67 del Código de Minería, así como los numerales 68, 93 de su reglamento. En cuanto a la normativa ambiental se violentó el artículo 33 de la Ley Forestal, con la invasión del área de protección por la construcción ilegal de una oficina, así como el 98, 99 de la Ley Orgánica del Ambiente y 128 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. En el informe aportado se determinó que en el sector aguas abajo del río y la unión con la quebrada sin nombre se dio una sobreexplotación, dado que hay exposición de basamento rocoso, no se hizo extracción laminar, sino que se extrajo la capa de grave y bloques con una excavadora, alcanzando una profundidad de más de 2 metros y afectando el basamento. Es decir, hay una infracción grave de índole ambiental. Dichos argumentos fueron reiterados en las conclusiones orales, momento para el cual, este Tribunal advirtió que no se tomarían en consideración argumentos novedosos para el dictado de esta decisión.

III.- ARGUMENTOS DE LA CONTESTACIÓN. A) El Estado: La representación del Estado, rechazó la demandada y expuso que la denuncia del actor ante SETENA fue denegada, que en febrero del 2022 se hicieron prevenciones bajo la advertencia de una posible cancelación de concesión a la parte actora a raíz de una inspección que hizo la Dirección de Geología. Que ese órgano verificó en el campo que la extracción era de forma laminar y sin sobrepasar los 1,5 metros, además se indicó que por el tipo de río y su cuenca (en pendiente) se daba arrastre de sedimento grueso y se creaban bancos de material. Que, si bien las recomendaciones de otorgamiento son con el fin de no ejecutar malas prácticas de extracción que conlleven a un impacto negativo al río, las condiciones granulométricas presentes en el cauce dificultan realizar una extracción laminar, desde la perspectiva de rentabilidad y rendimiento de la maquinaria. Es por esto que, en causes con las características anteriores, realizar cortes de extracción mayores a 1,5 m no genera un impacto negativo hacia la dinámica del río. Así mismo, en las inspecciones ejecutadas por esta coordinación se ha determinado que la extracción se ha realizado en forma óptima, la maquinaria se ha encontrado en la parte seca del cauce, ejecutando cortes de extracción longitudinal. Alega la defensa de falta de derecho, en donde expone que después de la denuncia presentada, la Dirección de Geología hizo una inspección en la zona,  en la que se observó que la extracción se realizaba de manera laminar sin sobrepasar los 1.5 m de profundidad (oficio DGM-CMPC-135-2021 de 2-12-2021). Para el 17 de noviembre de 2021 también se había realizado una inspección a fin de verificar lo reportado por la concesionaria en su informe de labores en el cual se observó que la extracción se realizaba en medio seco, sin contacto con el flujo principal del agua (oficio DGM-CMPC-133-2021 del 1 de diciembre de 2021). Sigue manifestando que en una nueva denuncia presentada por el actor ante la DGM fechada 2 de diciembre de 2021 se denunció sobre la destrucción de un dique construido en el sector por la Comisión Nacional de Emergencias; no obstante, la misma comisión respondió que “La zona donde el Señor Brenes indica hubo una destrucción del dique original, realmente se da un estrechamiento del cauce y la construcción de un nuevo dique. Se da un mejoramiento del área hidráulica del río y por consiguiente una disminución del riesgo de inundaciones” (Ver oficio CNEUGPR-OF-130-2022). La Dirección dicha ahonda en el estudio presentado por el actor y, encontrando que lleva razón en algunos de los aspectos, emite el memorándum DGM-CMPC-005-2022 de 10 de febrero de 2022 que señala directrices técnicas que deben ser acatadas por la concesionaria a fin de desarrollar de manera correcta el proyecto. Mediante la resolución No. 108-2022 de 16 de febrero de 2022 le ordena a la misma el acatamiento de dichas directrices. La concesionaria da respuesta a la resolución antes indicada mediante escrito fechado 16 de marzo de 2022 y en el memorando DGM-RNM-170-2022 de 21 de marzo la abogada del Área Pacífico Central de dicha Dirección informa sobre el cumplimiento de las directrices por parte de la concesionaria. El cumplimiento se confirma en el memorando DGM-DCM-28 DE 2022 de 10 de junio 2022. Por su parte, la SETENA conoce sobre la solicitud de cancelación de la concesión minera presentada por el actor, la cual obtuvo viabilidad mediante resolución 1296-2016-SETENA y mediante resolución 995-2022 de 15 de junio de 2022 rechaza el Incidente de Nulidad contra de la resolución No. 1296-2016-SETENA, de las 7 horas y 00 minutos del 15 de julio del 2016 para el expediente D1-11561-2013-SETENA. B) Los Manantiales del Pacífico N y S S.A.: La representación de la parte codemandada rechazó la demandada y expuso en lo que interesa: Que los hechos de la demanda son falsos, dado que no se ha demostrado con valoración técnica o pericial que haya daño ambiental en la zona o sobreexplotación. Que hasta el momento las inspecciones realizadas y las regencias informan que se han cumplido los estándares y la reglamentación sobre la explotación. Indica que las prevenciones realizadas no son incumplimientos graves al plan de explotación sino ajustes o mejoras al mismo. En cuanto a la fundamentación de derecho dice que la parte actora plantea una situación irreal sin fundamento probatorio, que la concesión se viene explotando ajustada al plan aprobado. Que se ha cumplido de forma diligente los lineamientos y las leyes atinentes en la materia, que las denuncias se deben a la molestia que la concesión le causa al actor. No interpone defensas y pide que la demanda sea declarada sin lugar. En las conclusiones orales se reiteraron los argumentos de defensa.

IV.- SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER: A imágenes 335 a 350 del expediente judicial, la parte actora aporta como prueba para mejor resolver un tercer informe privado elaborado por el geólogo Leonel Rojas Castro, correspondiente a una actualización de las condiciones observadas en noviembre del 2024 en la zona de concesión y respecto del tema de interés. Se le concedió la audiencia de ley a las partes, sobre la cual únicamente la representación del Estado hizo referencia, oponiéndose a su admisión. Ahora bien, analizado lo correspondiente y con fundamento en los artículos 41.3 del CPC y 220 del CPCA, es criterio de este Tribunal que dicha prueba debe ser admitida para mejor resolver, en vista de que permite tanto comprobar como aclarar hechos relevantes discutidos en este caso, como lo son las irregularidades no sólo en el manejo y explotación de la concesión sino sobre aspectos meramente ambientales de la zona, que no fueron debidamente documentados ni abordados por las autoridades demandadas, así las cosas, se admite el informe indicado.

V.- HECHOS PROBADOS. De importancia para resolver este asunto, se tienen como probados los siguientes hechos de interés: 

1) Que en mayo del 2011, la sociedad codemandada presentó solicitud de concesión de explotación en cause de dominio público sobre el Río Naranjo, ubicado en la provincia de Puntarenas, cantón de Aguirre, distrito Quepos, con un área de 2 kilómetros de cause y acceso por medio de camino público ubicado a la margen derecha del río. (imágenes 153 y 152 del expediente administrativo N° DGM 7-2016, inicialmente identificado como 39T-2011 en disco compacto adjunto).

2) Que dicho proyecto obtuvo aprobación del estudio de impacto ambiental otorgado por la Secretaría Técnica Ambiental (en adelante SETENA) mediante resolución N° 1290-2016-SETENA de las 07:00 horas del 15 de julio del 2016, en la cual se dispuso, en lo que interesa: “QUINTO: ... Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en la extracción de la parte de los depósitos aluviales del Río Naranjo e industrialización de los materiales en piedra cuarta, quinta y lastre. El área estimada del proyecto es de 2000 metros lineales y la zona donde se ubicará la infraestructura logística es de 13 763 m2, planta de trituración y el centro de acopio, así como un sitio para ubicar la maquinaria estacionada tipo galerón. La extracción del material aluvial será en forma laminar, aprovechando los bancos de material, estableciendo corte máximo de 1.5 m, abajo del “thalweg”, proyectando el avance en los bancos de material aguas arriba, procurando cortar en seco en la medida de lo posible. La extracción se realizará dentro de los límites del cauce abarcando remansos y bancos de material, donde se procurará ensanchar la sección hidráulica, para capturar parte del caudal sólido. Las labores extractivas darán inicio en el bloque 2, entre las secciones 8-15, avanzando aguas arriba, ubicando el frente en la margen derecha, posterior o simultáneamente en función de la demanda de material se abrirán otros frentes en el bloque 3, manteniendo siempre el corredor por la margen derecha. La planta de trituración se ubicará al noroeste del área solicitada, aprovechando la cercanía del lugar, y el acceso existen (sic) hacia el río, la idea es no quitar el dique sino utilizar la pendiente que existe ya en este sitio para acceder al sitio de extracción, ubicando también el área de operaciones.” (imágenes 119 a 124 del expediente administrativo).

3) En fecha 18 de julio del 2016, el representante de la codemandada presentó segunda solicitud de concesión, en los términos ya indicados. (imágenes 104 y 105 del expediente administrativo).

4)  Mediante Memorandum DGM-CME-101-2016 del 09 de enero del 2017, suscrito por el geólogo Luis Chavarría, se rindió informe sobre la solicitud de concesión de la codemandada. En lo que interesa se dijo:

“El nivel de extracción máximo, lo han establecido en 1.5 m.

Para cada sección el área de explotación se definió a partir del límite de la terraza de estabilización (que incluye la zona de protección del cauce), en ambas márgenes. A partir de este punto se definió un talud con ángulo de 45 grados como se muestra en el levantamiento de cada sección transversal.

Según se desprende del informe del proyecto y por lo indicado por el regente en el campo, para calcular el volumen de material se promedió el área evaluada de reservas de dos secciones continuas y se multiplicó por la distancia de separación.

Geológicamente el área de cauce alberga el depósito (aluvial), está constituido por lutitas, areniscas y conglomerados, depositados durante el Oligoceno al Pleistoceno.

El yacimiento consiste en depósitos aluviales, originados por la denudación de unidades de roca volcánicas Oligo - Pleistocenico y unidades sedimentarias ya mencionadas.

El cauce presenta una selección natural, formando depósitos de arena en algunas curvas del río, además se observan espesores de aluvión hasta de 2.5m, en las terrazas de estabilización, estas están formadas por estratos aluviales, poco consolidados, cubiertos por gramíneas y algunos árboles dispersos que le dan  alguna estabilidad.

La extracción del material aluvial, será en forma laminar, aprovechando los bancos de material, estableciendo corte máximo de 1.5 m, proyectando el avance en los bancos de material aguas arriba, procurando cortar en seco en la medida de lo posible, en la fotografía 1, se observan un banco de material

La extracción se realizará dentro de los límites del cauce, abarcando remansos y bancos de material, donde se procurará ensanchar la sección hidráulica, para capturar parte del caudal sólido. Los parámetros de extracción obedecerán a la dimensión de las áreas de reservas evaluadas en cada sección (vistos en Anexo 3), dentro de los bloques señalados (vistos en el Mapa 2)

Las labores extractivas darán inicio en el bloque 2, entre las secciones 8-15 avanzando aguas arriba, ubicando el frente en la margen derecha, posterior o simultáneamente en función de la demanda de material se abrirán otros frentes en el bloques 3 , manteniendo siempre el corredor por la margen derecha.

El avance, en los frentes de extracción que se abran, será aguas arriba, cortando el material en forma laminar, respetando las terrazas de estabilización, las cuales no serán objeto de extracción, sino más bien, serán reforzadas, colocando los bloques con sobre tamaño a la orilla para protegerlas de la erosión y evitar el ensanchamiento irregular del cauce, provocado por las grandes avenidas.

Conforme se avance se mantendrán frentes de extracción simultáneos, con lo cual se pretende establecer un control sobre el perfil de erosión del rio.

Una pala excavadora cortará el material, llevando un corte entre 1.0 -1.50 m, para mantener la extracción en forma laminar, cargando directamente las vagonetas que estarán acarreando al área de apilamiento de material.

En la medida de lo posible, para minimizar el impacto al agua, se mantendrá el corte en seco, manejando el flujo de agua hacia la margen izquierda, facilitando de esta forma el acceso al frente de extracción.

En la parte más baja del frente de extracción, al inicio del corte (que avanzará aguas arriba), se dejará una pequeña laguna de sedimentación, de manera que las aguas saturadas, sedimenten, para que libres de partículas o sedimentos alcancen nuevamente el flujo de agua. Parte de los bloques con sobre tamaño, se colocarán en la ribera (en los tramos que lo amerite), protegiendo las terrazas de estabilización y la zona de vegetación ribereña, del proceso erosivo del río, evitando el ensanchamiento negativo del cauce, o bien pueden ser depositado al pie del dique.

En relación al equipo que se utilizara en el proyecto, según indican se va a requerir para poner en operación el proyecto será alquilado, del que se encuentre disponible en el mercado similar del que operaría en el proyecto, es el siguiente:

Pala Retroexcavadora (Cat-330D), (una unidad): Esta será utilizada para cortar y cargar el material en el cauce.

Vagonetas (tres unidades): camiones de tres ejes, dependiendo de la disponibilidad podría utilizarse camiones articulados de mayor tamaño que los utilizados para la proyección. Tendrán la función de acarrear el material desde el río hasta el área de apilamiento en el quebrador, ocupando 180 horas vagoneta.

Cargador (dos unidades), CAT 950E: Cumplirán la labor de alimentar y limpiar las colas del quebrador durante el proceso, además de cargar el material vendido.

En virtud de las labores que realizarán, deberán permanecer en el sitio durante la jornada diaria de trabajo, todo el mes.

La planta de trituración a emplear se ubicara en la finca propiedad de Los Manantiales del Pacifico N y S S.A., con plano catastrado 6-240931-1995. La propiedad se ubica sobre una paleo terraza de estabilización en la margen derecha del rio Naranjo, protegida por un dique, en el tramo intermedio del área solicitada en concesión.

Se observa el sitio escogido para la ubicación, el cual posee una distancia prudencial del Rio, sin embargo se deberá de proteger más el dique en esa sección, con material sobre- tamaño, para evitar en alguna crecida del rio que se rebalse hacia el patio de acopio.

El quebrador primario tritura el material, que luego pasa a la criba secundaria, que tiene tres niveles de malla y el fondo. Selecciona la fracción: X>7/8", 7/8">X>l/2", l/2">X>l/4" y el fondo X<l/4".

La fracción X>7/8" pasa al quebrador secundario, donde es triturado nuevamente y regresa a la criba secundaria. Las fracciones X<7/8" son comercializadas como piedra quinta, piedra cuarta y polvo de piedra.

En relación a la planta de trituración, será marca Teismith (o equivalente), capacidad para procesar en promedio, (el quebrador primario que es el cuello de botella), 170 T/h.

El tamaño máximo que puede procesar el quebrador primario es bloques de 30" x 42". La planta según se describe está compuesta por el siguiente equipo:...

No se requerirá en su proceso agua, por lo que será en seco su quebrado, al menos no en gran cantidad, lo mínimo.

La planta es usada, con una vida útil aproximada de 30 años, utilizando un programa regular de mantenimiento preventivo y revisiones periódicas.

Resumen:

Después de evaluar el proyecto de explotación, y haber realizado la visita de campo en fecha del 10 Nov. del 2016 en compañía del Regente y conocer los pormenores de la explotación que se llevara a cabo, considerando una explotación sencilla y viable, lo que nos obliga a tener un buen control y cuidado desde todo punto de vista tanto Ambiental como técnico, con su extracción, así que tomando en cuenta estos factores como lo son las Reservas dinámicas 389.608 de material anualmente y Reservas Estáticas actuales: 722950 M3, considero, lo siguiente:

La tasa de extracción proyectada para el mercado existente es de 12 000m3/mes.

Recomiendo la aprobación del proyecto, tomando en consideración el depósito aluvial destinado a la extracción el cual se ha ido conformando por el arrastre y depositación de materiales en el río a través del tiempo, en relación a su periodo de explotación y basado en su cálculo de reservas, en relación con las reservas presentadas, por lo que recomiendo una extracción de 600 / día y con una extracción anual de aproximadamente 144.000 M3, se recomienda un periodo de extracción de 7 años, por lo tanto doy por aprobado el citado proyecto de explotación, y su visita de campo, siempre y cuando se cumpla con las siguientes recomendaciones de otorgamiento:

> El plazo de explotación puede darse por un periodo de 7 años.

> Se deberá de respetar la metodología de explotación aprobada, no se puede variar, en caso de ser necesario variar su metodología, se debería de indicar a la DGM, el motivo por el cual sé varia su metodología y la Dirección evaluara y se pronunciará.

> En concesionario está autorizado para utilizar el equipo descrito en el proyecto, en caso de ocupar más equipo, deberá de solicitarlo a la DGM, e indicar las razones por las cuales se necesita de más equipo y la DGM, resolverá de oficio.

> En cada bloque se deberá tratar de ir conservando su pendiente general para alterar lo menos posible el equilibrio natural que posee el cauce

> Debe verificarse también la permanencia de la pendiente original del 0.22% en promedio, mediante mediciones a cada 50 m de la parte más baja del cauce. Estas mediciones deben realizarse al menos 2 veces al año, al final de la época lluviosa y durante el veranillo de medio año.

> De no verificarse la recuperación de los niveles originales, la extracción no podrá seguirse realizando a la misma tasa y deberá determinarse un ritmo de extracción menor que permita al río mantener el equilibrio en su cauce.

> Evitar acumulaciones de material en el río por períodos extensos de tiempo

> Debe realizarse mantenimiento preventivo a todos los equipos con el fin de evitar fugas de combustible o aceites así como daños mayores.

> Recolección de todo tipo de desechos.

> Protección de las márgenes con material de sobretamaño. Los trabajos de protección o reforzamiento de taludes irán avanzando en función de la extracción, ya que estos dependerán de la cantidad de piedra con sobretamaño (diámetro mayor a 0.8 m) que se pueda recuperar en el proceso.

> El concesionario está obligado a respetar la Ley Forestal en su Art. N° 33, por lo que no deberán de acumular material de destape u otros en áreas cercanas a ríos o quebradas.

> Se respetará el volumen de extracción aprobado por la DGM, el cual deberá estar en función de la depositación anual del río en este sector, esto con el fin de evitar una excesiva sedimentación que provocaría que el río multiplicara sus canales produciendo un comportamiento impredecible.

Con el avance progresivo de la extracción, en cada bloque se deberá tratar de ir conservando su pendiente general para alterar lo menos posible el equilibrio natural que posee el cauce.

> Se harán levantamientos topográficos de secciones transversales en los sitios donde se haya realizado la extracción, con el fin de llevar un control de la pendiente de toda el área concesionada.

> Se respetará el volumen de extracción aprobado por la DGM, el cual deberá estar en función de la depositación anual del río en este sector, esto con el fin de evitar una excesiva sedimentación que provocaría que el río multiplicara sus canales produciendo un comportamiento impredecible.

> Se recomienda un recálculo de las reservas dinámicas cada año.

> Queda totalmente prohibido el uso de explosivos en el área.

...

Deberán de presentar un informe anual de labores, el cual deberá de contener al menos la siguiente información:

      Mapas y perfiles geológicos detallados del área de trabajo a escala 1:2000 Mapas de avances y frentes de explotación, a escala 1:2000

      Material removido y remanentes durante el periodo

      Mapa de ubicación y bloques de reservas, indicando el área trabajada

      Costos de operaciones durante el periodo, incluyendo: costos, salarios, copias de planillas de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S)

      Lista De personal involucrado en la obra según su caracterización.

      Respetar las medidas de mitigación Ambiental

Se aprueba dicho proyecto de explotación y su respectiva visita.” (imágenes 96 a 100 del expediente administrativo).

5) Efectuada la consulta a la Dirección de Agua del MINAE, mediante oficio DA-0708-2017 del 12 de julio del 2017, se indicó: “En la zona se presentan bancos de materiales que, en el caso de no ser explotados, van recargando las aguas a una u otra margen del río con el perjuicio de que se afectan los taludes. Se corre con la situación planteada con el riesgo de que la finca aledaña al río se inunde o socave. Por lo anterior el suscrito considera conveniente que se otorgue la concesión de explotación de materiales del río Naranjo con las siguientes condiciones: El área a explotar será en un área de 37 ha 1.257,18 m2 (2.000 metros lineales aproximadamente) en el cauce del río Naranjo en el distrito de Naranjito del cantón de Aguirre, provincia de Puntarenas.

1. El material a extraer serán depósitos aluviales recientes (gravas, arenas y bloques), quedando claro que queda totalmente prohibido extraer material del piso firme del cauce del río por lo que será sólo permitida la extracción del material arrastrado.

2. Queda totalmente prohibida la extracción de materiales de las márgenes del río.

3. La extracción de los materiales será mecanizada en forma laminar por lo que no se deben utilizar ningún tipo de equipo que no garantice éste tipo de extracción.

4. Podrá ser realizada en toda época del año en que no sea impedida por las crecidas normales del río.

5. Queda totalmente prohibida la acumulación de materiales en el cauce del río para evitar que se puedan presentar represamientos.” (imágenes 91 y 92 del expediente administrativo).

6) Mediante resolución N° 097-2018-MINAE de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del 21 de marzo del 2018, el Poder Ejecutivo dispuso, en su parte dispositiva, en lo que interesa:

“PRIMERO: De conformidad con los Resultandos y Considerandos de la presente resolución, se acoge la recomendación dictada por la Dirección de Geología y Minas mediante el oficio DGMRNM-149-2018 del 9 de marzo del 2018 y se otorga a favor de la sociedad Los Manantiales de Pacífico N y S, S. A., cédula jurídica 3-101-633530, la concesión de explotación de materiales en el Cauce de Dominio Público del Río Naranjo, ubicada en Naranjito, Distrito 01 Quepos, Cantón 06 Aguirre, Provincia de Puntarenas, por un plazo de diez (10) años.

SEGUNDO: Los materiales a explotar según memorando DGM-CME-101-2016 (sic), consisten en depósitos aluviales constituidos por lutitas, areniscas y conglomerados, con una tasa de extracción proyectada para el mercado existente de 12 000 m3/mes, por lo que, se recomienda una extracción 600 m3/día y con una extracción anual de aproximadamente 144.000 m3.

TERCERO: Conforme con los oficios DGM-CME-101-2016 (sic) del 09 de enero del 2017 y DGM-CME-12-2018 del 28 de febrero de 2018, ambos del geólogo Luis Chavarría Rodríguez, la concesión cuenta con la aprobación de Planta de Trituración (Quebrador) así como, con patio de acopio. Tal y como lo manda el artículo 9 inciso 1) del Reglamento al Código de Minería, la Planta de Trituración se encuentra contemplada en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la SETENA, según resolución N° 1296-2016-SETENA, de las siete horas del quince de julio de dos mil dieciséis.

CURTO (sic): Las labores de explotación se deberán ejecutar de acuerdo con el Programa de Explotación previamente aprobado y cumpliendo las recomendaciones que al efecto señaló la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en la Evaluación de Impacto Ambiental, la Dirección de Aguas en el oficio descrito en el Resultando Sexto y esta Dirección de Geología y Minas en el memorando DGM-CME- 101-2016 (sic) del geólogo Luis Chavarría Rodríguez, las cuales se transcribieron en el Resultando Quinto de esta resolución.

QUINTO: La concesionaria Los Manantiales de Pacífico N y S, S. A., deberá cumplir con todas las obligaciones que impone el Código de Minería y el reglamento, así como, las recomendaciones señaladas durante el proceso en la Dirección de Geología y Minas, la Dirección de Agua y la SETENA y aquellas directrices, que en cualquier momento giren ambas instancias. Caso contrario, se advierte, que podrá ser sujeta al procedimiento de cancelación de la concesión, previo cumplimiento del debido proceso...” (imágenes 30 a 40 del expediente administrativo).

7) En fecha 22 de noviembre del 2021, el actor presentó denuncia ante la Dirección de Geología y Minas de MINAE y SETENA, pidiendo el inicio de un procedimiento de cancelación de la concesión y la suspensión de las labores. (archivo 89 del expediente administrativo).

8) Mediante informe técnico privado de fecha noviembre del 2021, elaborado por el geólogo Leonel Rojas Castro, a solicitud del actor, se concluyó en la existencia de irregularidades en la explotación de la concesión así como desde el punto de vista ambiental, correspondientes a invasión a la zona de protección de la quebrada sin nombre, construcciones en la zona de protección y parte del derecho de vía, pozo artesanal ilegal, generación de ruido, incumplimiento al plan de explotación en cuanto la extracción laminar del material y profundidad del corte, exposición del basamento, afectación al dique de la CNE y afectación a la actividad de rafting.  (imágenes 13 a 31 del legajo de medida cautelar anticipada).

9) A raíz de la denuncia indicada, se realizó una inspección en el sitio de la concesión en fecha 17 de noviembre del 2021, por parte de la funcionaria Daniela Herra Herrera del Departamento de Control Minero Región Pacífico Central, quien mediante oficio DGM-CMPO-135-2021 del 02 de diciembre del 2021, indicó que observó en el lugar lo siguiente, en lo que interesa:

“Se realizó inspección de control al área de la concesión con el expediente 7-2016, al momento de la visita se realizaban labores de extracción en el bloque 2. Dichas labores se ejecutaban de manera que la maquinaria no tenía contacto con el flujo principal de agua, sino en un medio seco (Foto 1 y 2), la extracción se realizaba de manera laminar sin sobre pasar los 1, 5 m de profundidad, a la vez ampliando la sección hidráulica del cauce.

En anteriores inspecciones, el bloque 2 mostraba una barra de arena muy amplia, la cual provocaba que el flujo de agua se direccionara hacia los márgenes, causando que se empezara a dar procesos erosivos, ampliar la sección hidráulica en ese sector, evita que se de esta problemática. Además, se recuerda que se debe colocar los bloques de sobre tamaño en las márgenes que se encuentran expuestas a procesos de erosión.

...

Se observaron algunas emisiones de polvo en el área de quebrador, por lo que se recomienda la utilización de agua, con el fin de evitar esta problemática.

Se observaron residuos de agua en la parte primaria del quebrador, es conveniente que estas aguas se direccionen de manera que no generen acumulaciones o empozamientos, dentro del área del quebrador y acopio.

Se observó que hay mucho material de desecho disperso dentro del área del patio de acopio, así como a las orillas del canal que pasa por la entrada al área de la concesión (Foto 5 y 6), estos materiales deben ser recogidos y colocados en un sitio apto.

Así mismo, se recomienda que se debe empezar un programa de reforestación y protección para el canal que pasa por el área de la concesión.

Se observó que el área de oficinas esta ubicada en un área distinta a la anterior visita. La nueva oficina se ubica cercana a la orilla del canal que pasa paralelo a la concesión, además, se distinguió que el área del sanitario, presenta una conexión de agua de un pozo artesanal.”

 Así mismo, recomendó:

“1. Se deben colocar los bloques de sobre tamaño en los márgenes, para brindar protección a los diques construidos en el sitio, así como aquellas márgenes expuestas que pueden verse afectadas por erosión.

2. Si se cambian las condiciones del quebrador, al implementar agua en el proceso, se debe construir las respectivas pilas de sedimentación.

3. Debido a la ubicación de la oficina, se debe remitir al expediente los permisos respectivos por parte de la Municipalidad, para la construcción de esta estructura.

4. Se debe remitir los permisos respectivos del pozo artesanal observado dentro del área de la concesión, de no tener los permisos el mismo debe ser eliminado de manera inmediata.

5. Se le recuerda que solo la maquinaria de la concesionaria es la permitida a realizar extracción de material dentro del cauce, cual quiero otra maquinaria de particulares que ingresa para comprar de material, debe ser cargada dentro del área de patio de acopio.” (archivo 94 del expediente administrativo).

10) Con fundamento en dicho informe, se emitió la resolución N° 007-2022 de las 12:20 horas del 07 de enero del 2022, por parte de la Dirección de Geología y Minas, donde se le ordenó a la concesionaria cumplir con las recomendaciones de la geóloga Herra Herrera, sin indicar el plazo para ello y advirtiendo que en caso de incumplimiento se procedería a iniciar el proceso de cancelación. (archivo 112 del expediente administrativo).

11)  Que producto de una gestión efectuada por el actor en fecha 02 de diciembre del 2021, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, mediante Oficio CNE-UGPR-OF-130-2022 del 1 de febrero del 2022, identificó: “Conclusiones: 1) La zona donde el Señor Brenes indica hubo una destrucción del dique original, realmente se da un ensanchamiento del cauce y la construcción de un nuevo dique. Se da un mejoramiento del área hidráulica del río y por consiguiente una disminución del riesgo de inundaciones. 2. Se hizo una intervención en el cauce Río abajo, causando un tapamiento que debe ser removido antes del inicio de la próxima temporada de lluvias, esta acción debe ser realizada por la empresa concesionaria. 3. La sección del dique dañada (naturalmente) en las cercanías de la quebrada que va hacia el Hospital, debe ser reconstruida por la empresa concesionaria antes de iniciar la próxima temporada de lluvias 2022.” (archivo 123 del expediente administrativo).

12) Mediante oficio N° DGM-CMPC-005-2022 del 10 de febrero de 2022, suscrito por la geóloga Daniela Herra Herrera, y en relación con la denuncia interpuesta por el actor, y concretamente respecto del criterio aportado suscrito por el geólogo Leonel Rojas, se indicó:

“Respuesta al documento de Geól Leonel Rojas:

Invasión de zona de protección quebrada Sin Nombre

Se realizó un análisis morfológico con base en imágenes satelitales de Google Earth desde el año 2006, donde se comprobó que lo denominado como quebrada sin nombre, corresponde a un brazo del río Naranjo, el cual ha perdurado por los aumentos de caudal y desbordamiento del río Naranjo o posiblemente por acciones antrópicas para brindar agua a las plantaciones de palma que se encuentra al Este del área de la concesión. (Figura 2)

En una inspección previa, esta coordinación recomendó mediante el oficio DGM-CMPC-135-2021, que se removieran los objetos metálicos y empezar un programa de reforestación en ambas márgenes, en esta nueva inspección se comprobó que los objetos metálicos fueron removidos.

Construcción en zona de protección y parte del derecho de vía

Se tomo punto de GPS del sitio donde se ubica la oficina y se ubicó respecto al plano del patio acopio de la concesión (6-240931-1995), comprobando que la estructura de la oficina se encuentra en el límite del lindero norte y que en efecto no se estableció el retiro respecto al camino público (Figura 3)

La ubicación de la oficina se encuentra a una distancia de 3 m de lo definido como un brazo del río Naranjo (Foto 1 y 2), por tanto, no se cumplen los retiros a la zona de protección.

Referente a la descarga de aguas residuales, estas son depositadas en un tanque de 700 litros que se encuentran enterrado en la parte del frente de las oficinas (Foto 3 y 4), por tanto, no se están generando una contaminación de residuos hacia el brazo del río Naranjo.

Pozo artesanal ilegal

En el lugar existe un pozo artesanal, de cual esta coordinación había solicitado a los representantes de la concesión, los permisos respectivos mediante el oficio DGM-CMPC-135-2021; sin embargo, el concesionario indica que los trámites que realizaba en la Dirección de Aguas los va a cancelar y cerrar el pozo.

...

Incumplimiento del Plan de Explotación

Este punto señala el incumplimiento afirmando que se corta absolutamente todo el espesor de sedimento y se llega al basamento.

La mayoría de los ríos que ubican en esta zona (Río Cañas, Río Naranjo, Río Savegre), vienen de cuencas con pendientes muy pronunciadas, lo que favorece al arrastre de sedimento grueso, que al llegar a zonas de menor pendiente (llanuras aluviales) se forman sistemas de canales entrelazados y por consiguiente gran cantidad de bancos de material.

En el caso del Río Naranjo, desde la comunidad de Londres hasta su desembocadura presenta una alta sedimentación, con espesores observables de aproximadamente 3 m y una granulometría predominante de bloques y gravas principalmente.

Sin bien, las recomendaciones de otorgamiento son con el fin de no ejecutar malas prácticas de extracción, que conlleven a un impacto negativo al río; las condiciones granulométricas presentes en el cauce dificultan realizar una extracción laminar, desde la perspectiva de rentabilidad y rendimiento de la maquinaria. Es por eso que, en cauces con las características anteriores, realizar cortes de extracción mayores a 1,5 m, no genera un impacto negativo hacia la dinámica del río.

Así mismo, en las inspecciones ejecutadas por esta coordinación, se ha determinado que la extracción se ha realizado de forma óptima, la maquinaria se ha encontrado en la parte seca del cauce, ejecutando cortes de extracción longitudinal. (Fotos 11 y 12).

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Invasión de la zona de protección en la margen derecha del río Naranjo

Con respecto a la invasión de zona de protección en la margen derecha, se indica que se están realizando los retiros respectivos y los mismos serán revisados en la valoración de amojonamiento por parte de los topógrafos de la DGM.

El camino abierto dentro de la zona protección, el mismo corresponde a un acceso hacia el cauce y área de la concesión, este camino no está generando ninguna afectación.

Afectación del dique de protección de la CNE

En las coordenadas 1046439N – 489532 E, no se encontró señas de extracción que indique afectación del dique ubicado en la margen derecha por parte de las actividades de la concesión. Ese sector de manera general, presenta colmatación y extensos bancos de material en la parte central y derecha del cauce. (Foto 16 y 17)

En inspecciones previas se observó en la sección media del área de la concesión, que se estaba conformando una barra de material, la cual direccionaba el flujo principal hacia las márgenes, provocando erosión en esos puntos, por lo que se le indicó al concesionario que era necesario la remoción de este material para centralizar el cauce.

Además, en dichas inspecciones, no se observó diferencia entre lo que es área de cauce respecto al dique, esto debido a los últimos eventos extraordinarios (Huracanes Eta e Iota) donde la capacidad hidráulica del cauce sobrepaso cualquier protección que se conformara, en este caso el dique de la margen derecha, el cual no es ni siquiera distinguible durante la inspección. (Foto 18 y 19)

No obstante, esta coordinación comprende la importancia y la necesidad de un dique de protección en esa margen, por tanto, se dará las indicaciones a la concesionaria de volver a conformar un dique de protección, que funcione como acceso al cauce en forma de dique-camino.

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Conclusiones

1. Se debe efectuar un programa de reforestación y protección al brazo del río Naranjo, así como realizar los respectivos retiros de ley.

2. Es necesario reubicar las instalaciones de las oficinas, debido a que incumplen los retiros de protección con el brazo del Río Naranjo y los retiros del derecho de vía.

3. Las oficinas deberán ser ubicadas en un sitio optimo según lo presentado en el plan de explotación

4. No se encontró que las instalaciones de los baños estuviesen generando desfogue de aguas, hacia el brazo del río Naranjo, sin embargo, al tener que remover la oficina se tendrá que retirar los baños y el tanque de desechos que se instaló.

5. Se debe realizar el cierre y sellado del pozo artesanal.

6. Se comprobó que la generación de ruido por parte del quebrador hacia las viviendas, se mantiene con niveles bajo, según el Reglamento de Control de Contaminación por Ruido. Se le recomienda la concesionaria colocar los stocks de material que queden direccionados a las viviendas, con el fin de que estos actúan como amortiguadores de ruido.

7. Se debe realizar un riego continuo de los caminos aledaños, así como del área del patio de acopio, para evitar que se generen suspensión de partículas de polvo en el aire.

8. El horario de operaciones autorizado para extracción y procesamiento de materiales será entre las 6 am a 5 pm los días de lunes a viernes. No se podrá trabajar fuera de este horario sin previa autorización de la DGM.

9. No se observó incumplimientos del plan de explotación en las inspecciones realizadas, dado a las condiciones morfológicas e hidrológicas del cauce, se pueden efectuar cortes de al menos 2 m de profundidad.

10. No se encontró exposición de basamento por efecto de las labores de extracción, por el contrario, dentro del área de la concesión se observa bancos con 2 o 3 m de espesor.

11. La concesionaria deberá mantener los retiros de la zona de protección del cauce del río Naranjo, así como el amojonamiento del área concesionada.

12. La concesionaria deberá conformar un dique camino de acceso al cauce, a su vez, ir conformando un nuevo dique de protección sobre la margen derecha. Este trabajo se debe realizar a más tardar el mes de julio cuando empieza la estación lluviosa y el diseño de conformación del dique se debe presentar al expediente.

13. Se debe dejar un retiro de 2 m de protección del dique que se encuentra aguas arriba, así como para el nuevo dique a construir.

14. Se recomienda al denunciante realizar la consulta a la Setena con respecto a la actividad del rafting y las labores de la concesión.” (archivo 124 del expediente administrativo).

13) Con fundamento en dicho informe, se emitió la resolución N° 108-2022 de las 11:15 horas del 16 de febrero del 2022, por parte de la Dirección de Geología y Minas, donde se declaró con lugar la denuncia interpuesta por el actor y se le ordenó a la concesionaria cumplir con las recomendaciones de la geóloga Herra Herrera, en el plazo de un mes y advirtiendo que en caso de incumplimiento se procedería con la cancelación de la concesión. (archivo 125 del expediente administrativo).

14) Que mediante nota sin número del 16 de marzo del 2022, la empresa codemandada dio contestación a las prevenciones realizadas en la resolución 108-2022. (archivo 133 del expediente administrativo).

15) Por medio de Oficio DGM-RNM-170-2022 del 21 de marzo del 2022, suscrito por Marcell Conde Salas, abogada Área Pacífico Central, se informa que la codemandada cumplió en tiempo con las directrices indicadas anteriormente. (archivo 134 del expediente administrativo).

16) Mediante informe técnico N° CNE-UIAR-INF-1301-2021 (sic) del 10 de febrero del 2022, suscrito por Marco Cordero Meléndez de la CNE, indicó, en lo que interesa, que la zona del Río Naranjo es uno de amenaza potencial de inundación, que no se observaron afectaciones significativas al dique que puedan ser consideradas como de riesgo y que se recomendaba a los encargados de la concesión estar vigilantes de que el dique no se viera afectado y que ante cualquier daño debían hacerse las modificaciones necesarias. (archivo 135 del expediente administrativo).

17) Por medio de resolución N° 502-2022-SETENA de las 10:25 horas del 23 de marzo del 2022, la Comisión Plena de SETENA determinó y dispuso, en lo que interesa:

“5.2 De la supuesta invasión al área de protección de quebrada y pozo ilegal

El Departamento de Auditoria y Seguimiento Ambiental (ASA) de la SETENA, solicitó criterio técnico al ente competente en materia de pozos y determinación si es cauce o no es cauce del dominio público el canal o depresión (llamado así antes del pronunciamiento de la Dirección de Aguas) que atraviesa el plano P-240931-1995 en dirección noreste a oeste, en este cado recae sobre la Dirección de Aguas de MINAE. Al respecto, dicha Dirección en su oficio DA-UHTPSOZ-0161-2022 del 03 de marzo de 2022, respuesta a esta Secretaría, determinándose que: El canal o depresión (llamado así antes del pronunciamiento de la Dirección de Aguas) que atraviesa el plano P-240931-1995 en dirección noreste a oeste, fue catalogado por la Dirección de Aguas como cauce del dominio público de carácter intermitente (aporte lateral del caudal base del río Naranjo, coordenada inicial 1046645 N / 489643 E y coordenada final 1046599 N / 489343 E).

En coordenada 1046581 N / 489353 E, se logró ubicar el sellado de un pozo artesanal, correspondiendo de esta forma a ningún tipo de uso del mismo en la propiedad en cuestión.

En virtud del pronunciamiento de la Dirección de Aguas, se ha determinado que el brazo del río Naranjo o aporte lateral del caudal base del río Naranjo que atraviesa el plano P-240931-1995 en dirección noreste a oeste es cauce del dominio público de carácter intermitente; por lo que el área administrativa de oficinas localizado frente a calle pública dentro del plano en cuestión, se ubica totalmente (100 %) dentro del área de protección de 15 del brazo del río Naranjo (Ver figura N° 1).

...

En la figura N° 2, se muestra la ubicación aproximada, coordenadas CRTM 05 1046581 N/ 489353 E, donde aparentemente había un pozo artesanal (Según Dirección de Aguas), al momento de la visita el 14 de febrero de 2022, este estaba sellado. SETENA mediante el oficio SETENA-DT-ASA-1936-2021 del 10 de diciembre de 2021, traslado al ente competente (Dirección de Aguas) para que ellos, según sus funciones procedieran conforme.

...

SEXTO: Del análisis de la información contenida en el expediente e inspección ambiental se han determinado los siguientes incumplimientos:

Incumplimiento 1. Invasión al área de protección del brazo del río Naranjo (15 metros) de la infraestructura donde se ubica el área administrativa (Conteiner, losa cemento y techos y los servicios sanitarios).

Incumplimiento 2. No se logró divisar en el AP del patio de acopio, la construcción de canales superficiales y lagunas de sedimentación para verter las aguas de escorrentía libre de sólidos en suspensión y evitar erosión. En los Informes ambientales el responsable ambiental informa que si están hechos.

Incumplimiento 3. Los informes ambientales solo los firma un responsable ambiental cuando deberían firmarlos los dos responsables ambientales nombrados por el desarrollador.

....

POR TANTO

LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE

En sesión Ordinaria Nº 022-2022 de esta Secretaría, realizada el 23 de MARZO del 2022, en el Artículo No. 33 acuerda:

PRIMERO: Proceder, en un lapso de 15 días contados a partir de la notificación de la presente resolución, a remover del área de protección del brazo del río Naranjo que atraviesa el P-240931-1995 en dirección noreste a oeste toda la infraestructura relacionada al área administrativa a saber: techos, servicios sanitarios, conteiner, losa de cemento y ubicarla en otra área dentro del plano P-240931-1995 fuera de cualquier área de protección del brazo del río Naranjo y del río Naranjo (15 metros a ambos lados del cauce) y aplicar un plan de medidas de remediación para la zona de protección, para efecto de devolverla a su estado original, a ser avalado por esta Secretaría, previo a su implementación.

SEGUNDO: Proceder, en un lapso de 15 días contados a partir de la notificación de la presente resolución, a construir los canales superficiales y lagunas de sedimentación para verter las aguas de escorrentía libre de sólidos en suspensión y evitar erosión.

TERCERO: Presentar un informe ambiental extraordinario en un lapso de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, donde informe del estado actual del proyecto y se incluya lo indicado en los POR TANTO SEGUNDO y TERCERO anteriores. El mismo deberá venir firmado por el representante del desarrollador y los dos responsables ambientales.

CUARTO: Proceder en un término de 10 días hábiles a habilitar la bitácora ambiental digital.

QUINTO: Aplicar lo referente a las Conclusiones de la resolución N° 108-2022 emanada por la Dirección de Geología y Minas el día 16 de febrero de 2022, excepto los puntos 1 (Al final del cierre del proyecto, según PGA avalado por la SETENA), 5 (sello del pozo artesanal, en vista del 14/02/2022, ya se había sellado y es competencia de la Dirección de Aguas de MINAE resolver el caso) y punto 14 (Rating, no forma parte del proyecto)...” (archivo 136 del expediente administrativo).

18) Mediante Oficio N° DGM-DCM-28-2022 del 10 de junio del 2022, suscrito por Mario Gómez Venegas, Jefe del Departamento de Control Minero, se indicó en lo que interesa:

“INFORME DE INSPECCIÓN:

La inspección tuvo como objetivo principal el seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones indicadas en la Resolución R-108-2022, de las cuales se hace el siguiente listado con sus respectivas observaciones.

...

Es necesario reubicar las instalaciones de las oficinas, debido a que incumplen los retiros de protección con el brazo del Río Naranjo y los retiros del derecho de vía. En folio 133, esta visible un escrito, donde la concesionara junto con el geólogo regente explican que hacen una investigación sobre el “brazo del Río Naranjo”, encontrando que este caño o brazo fue interceptado por un dique conformado años atrás por la CNE y que el flujo extraordinario del río abandonó esa caño o brazo. Esto fue comprobado por el suscrito y se logró observar que las aguas que fluyen por esa depresión son principalmente la escorrentía superficial. Por lo tanto, creo de suma importancia solicitar criterio a la Dirección de Agua, antes de obligar a la concesionara a incurrir en un alto rubro con el traslado de las instalaciones, donde se encuentra las bodegas y oficina actualmente.

 

Las oficinas deberán ser ubicadas en un sitio optimo según lo presentado en el plan de explotación. Tal como se indica en el punto dos, las oficinas no se han trasladado con toda razón, hasta que se tenga un criterio de la Dirección de Agua.

...

Se comprobó que la generación de ruido por parte del quebrador hacia las viviendas, se mantiene con niveles bajo, según el Reglamento de Control de Contaminación por Ruido. Se le recomienda la concesionaria colocar los stocks de material que queden direccionados a las viviendas, con el fin de que estos actúan como amortiguadores de ruido. A la fecha de la inspección, la concesionaria se encontraba en proceso de instalación de un quebrador más pequeño, eficiente y con menor generación de ruido. En las siguientes inspecciones de control se estaría comprobando los niveles de ruido de este nuevo equipo.

...

No se observó incumplimientos del plan de explotación en las inspecciones realizadas, dado a las condiciones morfológicas e hidrológicas del cauce, se pueden efectuar cortes de al menos 2 m de profundidad. De acuerdo a las observaciones realizadas durante la inspección, la concesionaria se encuentra desarrollando su plan de explotación según lo autorizado.
No se encontró exposición de basamento por efecto de las labores de extracción, por el contrario, dentro del área de la concesión se observa bancos con 2 o 3 m de espesor. La capacidad de arrastre de materiales del Río Naranjo es mucho mayor que la tasa de extracción que esta realizando la concesionaria, por lo que es algo difícil que el ritmo de extracción llegue a los niveles de exposición del basamento, sin embargo, se le recordó a la concesionaria, la importancia de realizar una extracción homogénea a lo largo y ancho los bloques establecidos, según el Programa de Explotación.

...

La concesionaria deberá conformar un dique camino de acceso al cauce, a su vez, ir conformando un nuevo dique de protección sobre la margen derecha. Este trabajo se debe realizar a más tardar el mes de julio cuando empieza la estación lluviosa y el diseño de conformación del dique se debe presentar al expediente. La conformación de este dique fue corroborada durante la última visita realizada con la anterior Coordinadora de la Región Licda. Geól. Daniela Herra Herrera, en fecha 4 de abril del 2022 y, también fue revisado su avance y mantenimiento en la inspección del 31 de mayo de este mismo año.

...

Por lo tanto, en vista de que la concesionaria ha cumplido en la mayoría de las recomendaciones, esta jefatura no ve inconveniente en que la concesionaria continúe con las labores de explotación, sin embargo, se recomienda al RNM proceder a la consulta establecida en el punto 2, sobre la realidad y criterio del supuesto brazo del Río Naranjo.” (archivo 139 del expediente administrativo).

19) Por medio de nota sin número de fecha 15 de junio del 2022, la empresa codemandada dio contestación al Oficio antes citado. (archivo 145 del expediente administrativo).

20) Por medio de resolución N° 995-2022-SETENA de las 09:30 horas del 15 de junio del 2022, la Comisión Plenaria de SETENA rechazó la gestión de nulidad interpuesta por el actor en contra de la resolución que dio viabilidad ambiental al proyecto de extracción de material de interés. (archivo 146 del expediente administrativo).

21)  Por medio de resolución N° 438-2022 de las doce horas treinta minutos del veintiuno de julio de dos mil veintidós, de la Dirección de Geología y Minas, le ordenó a la sociedad demandada lo siguiente: “…PRIMERO: Con fundamento en los considerandos de la presente resolución, y el último párrafo en el artículo 67 del Código de Minería, lo procedente es otorgar a la sociedad LOS MANANTIALES DEL PACIFICO N Y S S.A., cédula jurídica 3101-633530 un plazo de 15 días hábiles, a efecto de cumplir con todo ordenado por parte de la Dirección de Geología y Minas, en especial a lo indicado en los puntos 2-) y 3-) del oficio DGM-DCM-28-2022 de fecha 10 de junio de 2022, suscrito por el Lic. Mario Gómez Venegas Jefe del Departamento de Control Minero, asimismo al haberse comprobado por parte de la Dirección de Agua mediante el oficio No. DA-UHTPSOZ-0161-2022 del 3 de marzo del 2022 mediante inspección de campo, logró determinar que la Fuente 1 corresponde con una Quebrada Sin Nombre de carácter intermitente, el cual es un cuerpo de agua del dominio público, cuyo informe se encuentra en firme, deberá la sociedad concesionaria acatar lo siguiente:

a-) Reubicar las instalaciones de las oficinas debido a que incumplen los retiros de protección con el brazo del Río Naranjo y los retiros del derecho de vía.

b-) Reubicar las instalaciones de las oficinas en un sitio óptimo, según lo presentado en el plan de explotación.

Por lo que la Dirección de Geología y Minas como parte del seguimiento y control realizará inspección de campo para verificar el cumplimiento de lo ordenado en la presente resolución, caso contrario se trasladará al Despacho del señor Ministro para que proceda como a derecho corresponda…” (imagen 216 del expediente judicial).

22)  En oficio N° DGM-OD-169-2023 del 21 de junio del 2023, suscrito por Ileana Boschini López, directora de la Dirección de Geología y Minas, se indicó: “En el momento de la visita se estaban realizando labores de extracción en el bloque aguas abajo cercano a la margen izquierda con una excavadora, marca Komatsu y acarreo con vagonetas articuladas, marca Caterpillar. Se observa una canalización del río hacia la margen izquierda del cauce, sin embargo, hacia aguas abajo el caudal del río fluye directamente hacia el dique que se localiza en la margen derecha, generando erosión del mismo ya que se observa el inicio del dique con una altura relativamente baja lo que puede implicar peligro de desbordamiento del río en el inicio de la época lluviosa. Se le recuerda al concesionario su responsabilidad en la protección del dique con el manejo de la sección hidráulica y la colocación de bloques sobre-tamaño para la protección de las márgenes.

...

De acuerdo con la revisión del contrato de arrendamiento de maquinaria aprobado en el oficio DGM-CMPC-020-2023, se incluye una excavadora sobre orugas, marca Volvo, modelo EC350DL, sin embargo en sitio se observa una excavadora marca Komatsu.” (imágenes 213 a 221 del expediente judicial).

23) Por medio de resolución N° 492-2023 de las 13:45 horas del 21 de junio del 2023, dictada por la Dirección de Geología y Minas, se ordenó, en lo que interesa:

“PRIMERO: Con fundamento en los considerandos de la presente resolución, y el último párrafo en el artículo 67 del Código de Minería, lo procedente es otorgar a la sociedad LOS MANANTIALES DEL PACIFICO N Y S S.A., cédula jurídica 3101-633530 un plazo de 30 días hábiles, a efecto de cumplir con siguiente:

SEGUNDO: Acatar la recomendación técnica emitida mediante resolución Nº108-2022 del 16 de febrero del 2022 por esta Dirección, en cuanto a la reubicación de las oficinas.

TERCERO: Acatar las recomendaciones técnicas indicadas en el oficio DGM-CMPC-093-2023 suscrito por la geóloga Carolina Suárez Matarrita, Coordinadora de la Región Pacífico Central, con base a la vista de control realizada al área del expediente 7-2016, que a continuación se detallan:

1. Se deben realizar los respectivos retiros de ley de la Quebrada Sin Nombre, correspondiente a un brazo del río Naranjo.

2. Es necesario reubicar las instalaciones de las oficinas, debido a que incumplen los retiros de protección con el brazo del río Naranjo y los retiros del derecho de vía.

3. Las oficinas deberán ser ubicadas en un sitio óptimo según lo presentado en el plan de explotación, dentro del área del plano No. 6-240931-1995.

4. Se debe realizar un riego continuo de los caminos aledaños, así como del área del patio de acopio, para evitar que se generen suspensión de partículas de polvo en el aire.

5. Se debe evitar acumulaciones de material dentro del cauce del río por períodos extensos de tiempo.

6. Se debe proteger el dique localizado en la margen derecha del bloque aguas debajo de la concesión, direccionando el cauce del río hacia el centro y la margen izquierda y colocando bloques sobre-tamaño en la base del dique.

7. Aclarar estado contractual de la excavadora marca Komatsu.

8. Se revisará el cumplimiento de lo indicado en el articulo No. 184 del RCM, en el que se menciona la obligación del geólogo regente encargado de las labores de explotación de realizar una visita mensual al sitio de extracción y dejar constancia de ello en la bitácora geológica.

Se apercibe a la sociedad LOS MANANTIALES DEL PACIFICO N Y S S.A., cédula jurídica 3101-633530 que en caso de incumplir con lo ordenado en la presente resolución, se procederá de conformidad con el artículo 67 del Código de Minería.” (imágenes 264 a 272 del expediente judicial).

24) Por medio de resolución N° 604-2023 de las 12:25 horas del 10 de agosto del 2023, la Dirección de Geología y Minas, tuvo por cumplido lo ordenado en resolución 438-2022 en cuanto a la reubicación de la oficina de la empresa codemandada. (imágenes 257 a 260 del expediente judicial).

25) Mediante oficio DGM-CMPC-141-2023 del 24 de agosto del 2023, se dio seguimiento a lo ordenado en la medida cautelar anticipada correspondiente a este proceso por parte del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en donde en resumen y en lo que interesa, se indica que en la concesión no hay irregularidades en su explotación. (imágenes 262, 263 del expediente judicial).

26) Mediante informe técnico privado de fecha setiembre del 2022, elaborado por el geólogo Leonel Rojas Castro, a solicitud del actor, se concluyó en la existencia de irregularidades en la explotación de la concesión, así como desde el punto de vista ambiental, correspondientes a generación de huecos y extracción irregular dentro del lecho del río, exposición del basamento, invasión y destrucción de la zona de protección del brazo del Río Naranjo, problemática con el dique.  (imágenes 125 a 152 del expediente judicial).

27) Por medio de oficio DGM-CRC1-090-2023 del 21 de diciembre del 2023, suscrito por Mario Gómez Venegas, director de Geología y Minas, se indicó, en lo que interesa:

“-En el bloque de explotación denominado intermedio, se observó evidencias de extracción, para lo cual se observó la conformación de un canal central, el cual está dividido por una hilera de rocas paralela a la dirección de flujo, que son sobrepasadas fácilmente durante los aumentos de caudal.

...

-Los reportes de extracción del bloque intermedio y de aguas abajo indican que se extrajo en estos bloques entre los meses de setiembre a noviembre de 2023. El bloque de aguas abajo se mostraba con una recuperación parcial de las barras aluviales. (Ver foto N°3) En este sector se observó el canal de flujo principal recostado a margen izquierda. Luego en su recorrido el canal de flujo incrementa su sinuosidad con la formación de un meandro que se dirige hacia el dique de margen derecha, provocando un foco erosivo en un tramo del dique de aproximadamente 25 metros de longitud.

...

Por lo tanto: Se concluye que la actividad de la concesión 7-2016 se está realizando dentro de los parámetros en que fue otorgada.” (imágenes 279 a 283 del expediente judicial).

28) Mediante oficio DGM-CRB-041-2024 del 19 de abril del 2024 del Departamento de Control Minero de la Región Brunca, se dio seguimiento a lo ordenado en la medida cautelar anticipada correspondiente a este proceso por parte del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en donde en resumen y en lo que interesa, se indica que en la concesión no hay irregularidades en su explotación. (imágenes 310 a 315 del expediente judicial).

29) Mediante oficio DGM-CMPC-010-2024 del 21 de agosto del 2024 del Departamento de Control Minero de la Región Pacífico Central, se dio seguimiento a lo ordenado en la medida cautelar anticipada correspondiente a este proceso por parte del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en donde en resumen y en lo que interesa, se indica que:

“... En el patio de acopio se presenta volúmenes significativos de material apilado (ver figura 2), además se observa una excavadora estacionada que utilizan para cargar el quebrador.

...

Entre el punto 1 y 2 (ver figura 1) actualmente se encuentran conformando superficies de rodamiento dentro del cauce para el paso de la maquinaria; para esta labor utilizaban una excavadora (EC350DL) y una vagoneta (C3502R) que transporta el material empleado para la superficie de rodamiento, ver figura 4. Esta superficie de rodamiento se encuentra aproximadamente a 5 metros del espejo de agua.

....

Por tanto, se concluye que la actividad de la concesión minera N.°7-2016 se está realizando dentro de los parámetros que fue otorgada.” (imágenes 326 a 332 del expediente judicial).

30) Mediante informe técnico privado de fecha noviembre del 2024, elaborado por el geólogo Leonel Rojas Castro, a solicitud del actor, se concluyó en la existencia de irregularidades en la explotación de la concesión, así como desde el punto de vista ambiental, correspondientes uso de la zona de protección del Río Naranjo para almacenamiento de material, almacenamiento de material en la zona de protección de quebrada sin nombre, material sobre-tamaño en la zona del cauce activo, construcción de camino sobre el cauce activo, desprotección del dique de margen derecha aguas abajo, existencia de acciones que orientan el flujo hacia la margen izquierda aguas abajo.  (imágenes 337 a 350 del expediente judicial).

31) Mediante oficio DGM-CMPC-051-2024 del 06 de diciembre del 2024 del Departamento de Control Minero de la Región Pacífico Central, se dio seguimiento a lo ordenado en la medida cautelar anticipada correspondiente a este proceso por parte del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en donde en resumen y en lo que interesa, se indica que en la concesión no hay irregularidades en su explotación. (imágenes 358 a 365 del expediente judicial).

VI.- HECHOS NO PROBADOS. Para la resolución de este asunto, no se tienen hechos no demostrados de interés.

VII.- SOBRE LOS PRINCIPIOS Y GARANTÍAS AMBIENTALES EN NUESTRO ORDENAMIENTO: Para efectos de contextualizar esta sentencia, es importante traer a colación el tema del derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, las garantías que los protegen y los principios transversales que rigen la materia y que se aplican a toda actividad o conducta estatal y en consecuencia, a los sujetos de derecho privado que se ven afectados o beneficiados por ellas. En esa línea de pensamiento, debe reseñarse lo dicho en múltiples ocasiones y de forma reiterada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia:

 

“VI.- El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El artículo cincuenta de la Constitución Política establece como fundamental el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. De previo a la modificación de este artículo cincuenta para considerar de manera expresa lo relativo al ambiente, ya la Sala, a través de su labor jurisprudencial, había derivado este derecho a partir de las disposiciones constitucionales de los artículos veintiuno –derecho a la vida y a la salud-, sesenta y nueve –explotación racional de la tierra- y ochenta y nueve –protección de las bellezas naturales-. La Sala ha optado por una consideración abierta o macro del concepto ambiente y de la protección que se brinda al mismo, trascendiendo de la protección básica o primaria del suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y costeros, minerales, bosques, diversidad de flora y fauna, y paisaje, para considerar también elementos referentes a la economía, a la generación de divisas a través del turismo, la explotación agrícola y otros. Así, mediante sentencia número 5893-095, de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y tres, la Sala estableció que:

“[E]l Derecho Ambiental no debe asociarse sólo con la naturaleza, pues ésta es únicamente parte del ambiente. La política de protección a la naturaleza se vierte también sobre otros aspectos como la protección de la caza, de los bosques, de los parques naturales y de los recursos naturales. Se trata, entonces, de un concepto macro-ambiental, para no dejar conceptos importantes por fuera y así lograr unificar el conjunto jurídico que denominamos Derecho Ambiental"

VII.- El deber del Estado en la tutela del ambiente. A partir de la reforma del artículo cincuenta constitucional, en la cual se consagró expresamente el derecho ambiental como un derecho fundamental, se estableció también -en forma terminante- la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. Es a tenor de esta disposición, en relación con los artículos veinte, sesenta y nueve y ochenta y nueve de la Constitución Política, que se derivó la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia, según lo dispone la propia norma constitucional en comentario, función que desarrolla la legislación ambiental. Es así como el mandato constitucional establece el deber para el Estado de garantizar, defender y preservar ese derecho. En este orden de ideas, debe considerarse que la normativa establece al Ministerio del Ambiente y Energía como el órgano rector del sector de los recursos naturales, energía y minas, según lo dispuesto en el artículo dos de la Ley Orgánica de este ministerio, número siete mil ciento cincuenta y dos, de cuatro de junio de mil novecientos noventa. Esta función de rectoría en la materia ambiental, a criterio de la Sala, comprende no solo el establecimiento de regulaciones adecuadas para el aprovechamiento del recurso forestal y los recursos naturales, según lo dispone también el artículo cincuenta seis de la Ley Orgánica del Ambiente, sino que le confiere la importante función de ejercer la rectoría en la materia ambiental, consistente en mantener un papel preponderante en esta materia. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado según el artículo 50 de la Constitución, en tanto dispone en lo que interesa en el párrafo tercero: "El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho"; lo cual resulta concordante con el principio constitucional establecido en el párrafo segundo del artículo nueve de la Constitución Política, que expresamente prohíbe a los Poderes del Estado la delegación del ejercicio de funciones que le son propias, máxime cuando se constituyen en esenciales. De esta manera, tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas.

VIII.- La prevención del riesgo ambiental. Estableciéndose a nivel constitucional esta obligación del Estado, resulta importante apreciar cómo a nivel de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos también se establecen obligaciones concretas que deben ser respetadas. En materia ambiental se ha definido el deber de prevención que debe existir en este ámbito; la Declaración de Río, adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, dispone que:

"Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente".

La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido el daño, las consecuencias biológicas y socialmente nocivas pueden ser irreparables; la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente. Tal como lo señala el instrumento internacional de cita como el mismo artículo cincuenta constitucional, es el Estado el llamado a efectuar esta labor de prevención, y así lo ha reconocido esta Sala al afirmar, mediante sentencia número 2001-6503, de seis de julio de dos mil uno, que:

“El párrafo tercero del numeral 50 Constitucional señala con toda claridad que el Estado debe garantizar, defender y preservar el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; lo que implica afirmar que los entes públicos no sólo están en la obligación de hacer cumplir –a los particulares y otros entes públicos- la legislación ambiental, sino también, ante todo, que deben ajustar su accionar a los dictados de esos cuerpos normativos tutelares. Las instituciones del Estado son las primeras llamadas a cumplir con la legislación tutelar ambiental, sin que exista justificación alguna para eximirlas del cumplimiento de requisitos ambientales como, a manera de ejemplo, el estudio de impacto ambiental que exige la Ley Orgánica del Ambiente para las actividades que emprendan los entes públicos que, por su naturaleza, puedan alterar o destruir el ambiente." (énfasis añadido)”

(El resaltado no es del original. Resolución Nº 2010006922 de las catorce horas y treinta y cinco minutos del dieciséis de abril del dos mil diez de la Sala Constitucional).

 

“IV. Sobre el Derecho Fundamental a un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado. En reiteradas ocasiones este Tribunal ha desarrollado el contenido de este derecho, contemplado en el artículo 50 de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. El Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado, por lo que tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas...

 

VI. Sobre el principio precautorio en materia de derecho ambiental. Dicho principio rector se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. Así, pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, puesto que de haberse producido el daño, las consecuencias biológicas y socialmente nocivas pueden ser irreparables.” (Resolución Nº 2017009565 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de junio de dos mil diecisiete de la Sala Constitucional).

 

Adicionalmente, a nivel de este Tribunal se ha desarrollado el tema de los principios rectores en materia ambiental, tal y como se ilustra a continuación, a partir de lo desarrollado por la Sección Cuarta:

 

“V.- SOBRE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO AMBIENTAL: Ya en ocasión anterior esta Sección ha tenido la oportunidad de referirse a los principios en materia ambiental, pero resulta conveniente realizar un breve inventario de ellos. El Derecho Ambiental, como Derecho autónomo que es, cuenta con principios propios, los cuales orientan la actividad ambiental. Estos principios se encuentran la mayoría recogidos, de uno u otro modo, en los textos legales o al menos señalados por la jurisprudencia. Asimismo debe recordarse que el artículo cincuenta constitucional consagra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; y que del mismo numeral derivan una serie de principios que se analizarán en la presente sección. La doctrina especializada ha señalado como principios rectores en la materia cuando menos los de Igualdad, De la Tutela del Derecho Ambiental a cargo del Estado, Sostenibilidad, Principio del uso racional de los recursos, a fin de que exista el necesario equilibrio entre el desarrollo del país y el derecho al ambiente, de la Calidad Ambiental, Principio de solidaridad, Principio Precautorio, Principio preventivo, Publicidad, Restaurabilidad, "El que contamina, paga”, De la realización del estudio de impacto ambiental previo a la iniciación de obras, Sólo el Estado de Necesidad declarado excepciona el cumplimiento de las normas ambientales, La falta de recursos económicos de las instituciones públicas no es excusa que justifique la omisión de dar protección al Derecho Ambiental, Coordinación para garantizar la protección del medio ambiente, La lesión a este Derecho Ambiental se da tanto por acción como por omisión, Inoperancia del silencio positivo en materia de utilización de recursos naturales y la participación ciudadana en los asuntos ambientales. Sin que se pueda entender que dicha lista resuelte ser cerrada en tanto como derecho en construcción podrían agregarse nuevas líneas de aplicación e interpretación de dicho ordenamiento. La igualdad de las personas ante la ley, sin ningún tipo de discriminación, es un derecho fundamental recogido en nuestro ordenamiento por el artículo treinta y tres de la Constitución Política y establecido también en el artículo veinticuatro de la Convención Americana de los Derechos Humanos. El derecho al medio ambiente y a su protección se encuentra también protegidos por este principio de igualdad, el cual debe aplicarse a la materia. De este modo, todos los seres humanos tienen por igual el derecho a disfrutar del medio ambiente adecuado y acceder a la justicia sin discriminación alguna para hacer valer sus derechos en caso de haber visto violentado el derecho a un ambiente sano (de manera directa o indirecta). El artículo cincuenta constitucional declara que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y equilibrado. El artículo dos inciso a) de la Ley Orgánica del Ambiente contiene dicho principio al declarar que el ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación y por ello tanto a nivel institucional (del Poder Ejecutivo) como jurisdiccional los ciudadano tienen derecho a un trato igualitario. El principio de la Tutela del Derecho Ambiental a cargo del Estado se extrae también del canon cincuenta Constitucional derivando la obligación del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en materia ambiental. Al respecto la Sala Constitucional ha señalado que el Estado debe “asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales.” (voto 9193 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). De tal manera desarrolla la Sala Constitucional todas las acciones que comprende la tutela que debe ejercer el Estado en aras de proteger el medio ambiente; incluyendo tanto un comportamiento de hacer como de no hacer, toda vez que por una parte, debe abstenerse de cometer algún acto en contra del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; y por otra parte, debe adoptar una conducta activa, en el sentido de dictar las medidas, regulaciones que estime pertinentes para el resguardo de esta situación jurídica . El órgano rector en la materia de estudio lo constituye el Ministerio del Ambiente y Energía (no está demás recordar que ese ministerio ha cambio de nombre)  de conformidad con el numeral dos de la Ley Orgánica de este Ministerio; con lo cual se debe decir que la figura del Estado como sujeto, el cual está llamado a ejercer la tutela en materia ambiental, es un Ministerio en el cual recae la rectoría, pero además, para que esta función de protección del medio ambiente sea real y efectiva, es necesaria la participación de una serie de entes y órganos estatales, los cuales, en coordinación con el MINAE (ó MINAET, según el momento histórico), están llamados a interactuar (como lo son las municipalidades). La sostenibilidad en el uso de los recursos naturales es uno de los principios aceptados universalmente y con perspectiva jurídica. De acuerdo con un informe de las Naciones Unidas, desarrollo sostenible es el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas (Loperena Rota, Demetrio, los Principios del Derecho Ambiental, 1998, p. 62). Por su parte, el artículo dos incisos a) y b) de la Ley Orgánica del Ambiente establecen la obligación del Estado y los particulares de participar en la conservación y utilización sostenible del ambiente; y el derecho de todos de disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente sostenible para el desarrollarse. Asimismo se ha señalado que el deterioro al ambiente condiciona las posibilidades de desarrollo humana; por lo que se ha vuelto común el utilizar el término de “desarrollo sostenible” el cual encierra ambos derechos. En ese sentido la Sala Constitucional ha definido “desarrollo sostenible” como “una de esas políticas generales que el Estado dicta para ampliar las posibilidades de que todos puedan colmar sus aspiraciones a una vida mejor, incrementando la capacidad de producción o bien, ampliando las posibilidades de llegar a un progreso equitativo entre un crecimiento equitativo entre un crecimiento demográfico o entre este y los sistemas naturales. Es el desarrollo sostenible, el proceso de transformación en la utilización de los recursos, orientación de las inversiones, canalización del desarrollo tecnológico, cambios institucionales y todo aquello que coadyuve para atender las necesidades humanas del presente y del futuro.” (voto 1763-94). El principio del uso racional de los recursos, a fin de que exista el necesario equilibrio entre el desarrollo del país y el derecho al ambiente está muy relacionado con el principio anterior, incluso podría pensarse en que es parte del mismo. Encuentra con fundamento constitucional en el artículo sesenta y nueve de la Constitución (uso racional de los recursos). Ahora bien, en este principio encontramos un componente ideológico, lo cual genera, en algún modo, algunos problemas al momento de su aplicación; ya que comprende además conceptos jurídicos indeterminados, como lo son el uso racional y el necesario equilibrio entre el desarrollo y medio ambiente. Estos conceptos muchas veces generan incertidumbre al momento de su aplicación. La Administración Pública es la encargada de determinar este punto de equilibrio y en última instancia lo serán los órganos jurisdiccionales. Sobre el principio en estudio, la Sala Constitucional ha señalado que: “ ...la protección del ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos y de orden político (desarrollo sostenible), para con ello salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras. Por ello, el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es que a través de la producción y el uso de la tecnología, se obtengan no sólo ganancias económicas (libertad de empresa) sino sobre todo un desarrollo y evolución favorable del medio ambiente y los recursos naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause daño o perjuicio...”(voto 6322-2003). Por tal manera, la protección del ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada de sus elementos, toda vez que es necesario la conservación del medio ambiente, pero también es indispensable la utilización de sus recursos para emprender procesos de desarrollo en beneficio de la sociedad en general. La cual a su vez, por una parte, demanda la protección del ambiente, y por otro lado, el desarrollo del país, desarrollo que, en un país como el nuestro, en muchos de los casos, tiene su fundamento en las riquezas naturales. De tal manera, la Sala Constitucional ha manifestado que “es preciso optar por el desarrollo sostenible, el cual satisface las necesidades del presente sin comprometer nuestra capacidad para hacer frente a las del futuro. Se trata en consecuencia, de una política cuyo núcleo es una planificación a largo plazo a través de políticas estatales, las cuales deben cumplir con todos los requisitos exigidos por las normas existentes y que lógicamente en este campo deben ser vistos con criterios restringidos, pues si se destruyen o se dañan los recursos naturales por una decisión precipitada o bien cuando las condiciones requeridas no son cumplidas, el desarrollo económico, social y político se afectará y decaerá, trayendo como consecuencia lógica la pérdida de la calidad de vida del ciudadano, y por ende, la pérdida de una riqueza invaluable que bondadosamente la Naturaleza nos ha regalado. Este desarrollo significa reconocer que deseamos tener acceso continuo a los recursos que posibiliten la vida y si hacemos expandir los beneficios del proceso industrial tenemos que estar conscientes de las implicaciones y limitaciones que supone este derrotero.”(voto 4423-93). El Principio de la Calidad Ambiental constituye un parámetro fundamental de la calidad de vida,  vínculado con la condición de esta que cada individuo pueda llevar; y al uso que se haga del ambiente para el propio desarrollo. Es así como el Tribunal Constitucional ha estimado que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, implica el correlativo deber de proteger y preservar el medio, mediante el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo. (Voto 6233-2993). En ese sentido, siempre y cuando se demuestre que alguna actividad es dañina para la salud, se estaría en presencia de una violación del principio en estudio. O bien, cuando alguna actividad económica implique la pérdida de un recurso natural importante, dicha actividad debe ser prohibida, porque de lo contrario, se estaría fomentando el deterioro al ambiente, y con ello, a la calidad de vida de las personas. Igualmente se puede encontrar el fundamento del presente principio en el ya mencionado el artículo cincuenta constitucional y además se encuentra contenido en instrumentos internacionales que garantizan la protección al medio ambiente (como la Declaración de Estocolmo). En lo tocante al principio de solidaridad por tratarse el derecho al ambiente de un derecho de tercera generación se encuentra desarrollado bajo el valor de la solidaridad (así como el de libertad e igualdad fueron los principios y valores que respectivamente los que orientaron los derechos de primera y segunda generación). Se ha configurado como un “ auténtico principio jurídico formalizado, generador de obligaciones exigibles en el seno de las relaciones sociales” (Real Ferrer, El Principio de Solidaridad en la Declaración de Río, 1994, p. 78). El principio de solidaridad implica y genera una responsabilidad colectiva para su realización, la cual es compartida pero diferenciada. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 dejaron establecido que “Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el ambiente mundial y de las tecnologías y recursos financieros que disponen”(Principio 7 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 1992). Con la aparición del principio de solidaridad se vislumbra una humanización y preocupación no solo por le disfrute del derecho actual sino también por la preservación del mismo para asegurar el disfrute a las generaciones futuras. El derecho de las futuras generaciones implica a su vez una serie de derechos y deberes intergeneracionales relacionados entre sí y que a su vez se dividen en tres principios básicos: a- Principio de conservación de opciones: se traduce en el derecho de cada generación a recibir la diversidad de los recursos naturales y el correlativo deber de mantenerlos, lo que implica una explotación racional y eficiente de los mismos.  b- Principio de conservación de la calidad: supone el derecho de todas las generaciones a recibir el planeta en condiciones de calidad óptimas y a su vez un correlativo deber de conservarlas y transmitirlas a futuras generaciones para que no la reciban en peores condiciones.  c- Principio de conservación de acceso: el derecho de acceso equitativo al legado de las generaciones pasadas y el deber de procurarlo a todos sus miembros (Franco del Pozco, Mercedes, El Derecho Humano a un medio ambiente adecuado, en Cuadernos de Derechos Humanos, Bilbao, 2000, p. 21).  Por su parte el principio Precautorio , es uno de los principios más desarrollados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, y se le ha considerado como principio esencial componente del derecho ambiental. Las Administraciones Públicas tienen la obligación de actuar en protección del derecho de todos al medio ambiente, y es así como se han delineado principios de actuación administrativa propios de la protección del medio ambiente y que particularizan este ámbito. Es importante hacer ver que el principio precautorio constituye un parámetro de legalidad de las conductas administrativas, y sobre ese particular, el doctor Aldo Milano señala que “ gran parte de las actividades riesgosas están sujetas a un régimen de policía administrativa, lo cual se manifiesta en el otorgamiento o la negativa de autorizaciones de ese mismo carácter. Esto hace que se planteen conflictos relacionados con tales decisiones, sea porque se estima que al otorgarse en un caso concreto la autorización, se quebranta el Principio Precautorio o bien, porque al ser denegada o condicionada con sustento en aquél, el afectado estima ilegítima la decisión.” Así, aludiendo a un caso concreto de la jurisprudencia francesa, indica que la decisión atacada en lo contencioso administrativo constituye el último paso en el largo procedimiento de evaluación de la inocuidad de la actividad de que se trate, y que la doctrina encuentra en el principio precautorio una fuente de derecho que impone una forma determinada de actuar de la Administración, de modo que en caso de no respetarse esa forma de actuar -procedimiento- se estimará la nulidad del acto final que se adopte (ver Milano, Aldo. “El Principio Precautorio”, 2005, p. 55 a 58). El principio precautorio, también llamado como Principio de la Evitación Prudente, adquiere fuerza con la Declaración de Río de 1992 (Cumbre de la Tierra), pero ya la idea venía desarrollándose en otros convenios internacionales como la Declaración de Estocolmo y La Carta Mundial de la Naturaleza. El artículo quince de la Declaración de Río contiene este principio al señalar que “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.” A nivel nacional, al artículo once de la Ley de Biodiversidad consagra el principio precautorio, prácticamente en los mismos términos que lo hace la Declaración de Río.  El principio precautorio ha planteado varias interrogantes, dentro de las cuales destacan: el problema de la reversión de la carga de la prueba en materia ambiental; el equilibrio que debe existir entre las medidas represivas y preventivas; y la motivación que debe darse a industrias y otras empresas a través de políticas estimulantes de la protección del medio ambiente. En lo concerniente a la reversión o inversión de la carga de la prueba, consiste en que el demandado es el llamado a ofrecer pruebas para desvirtuar el contenido de la pretensión, sin olvidar que al Derecho Ambiental le interesa más la prevención que la reparación del daño. Está expresamente regulado en el artículo ciento nueve de la Ley de Biodiversidad, que dispone: “La carga de la prueba, de la ausencia de contaminación, degradación o afectación no permitidas, corresponderá a quien solicite la aprobación, el permiso o acceso a la biodiversidad o a quién se le acuse de haber ocasionado daño ambiental”, norma que debe verse en estrecha relación con el artículo cinco de la misma Ley, que señala que lo establecido en esa legislación servirá de marco de interpretación del resto de las normas que regulan la materia objeto de dicha Ley. Esto quiere decir que en materia ambiental se rompe el clásico esquema de que “quién afirma prueba”, y adquiere un papel preponderante la teoría de la carga dinámica de la prueba, según la cual, “se traslada la carga a quién, a raíz de su situación personal, se halla en mejores condiciones para acercar la probanza al proceso, sin que importe si es el actor o el demandado” (sobre la carga dinámica de la prueba puede consultarse la sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia N° 212-2008 de las 8:15 horas del 25 de marzo del 2008). Esta posición es aceptada por la doctrina del derecho ambiental, que en ese sentido ha indicado lo siguiente: “En el proceso ambiental, especialmente en función del principio precautorio, se produce una modificación en la carga de la prueba de encuadre clásico (según la cual es principio “que todo el que alega un hecho como pretensión o defensa tiene la carga de probarlo”) y cobra vida, en función de la precaución, la doctrina de las cargas dinámicas probatorias como paliativo para aligerar la ímproba tarea de producir pruebas diabólicas que, en ciertos supuestos, se hacían recaer sin miramientos sobre las espaldas de alguna de las partes (actor o demandado), por malentender las sacrosantas reglas apriorísticas de distribución de la prueba. Finalmente, las modificaciones señaladas en el ámbito del proceso ambiental imponen hablar de un “verdadero derecho procesal ambiental”, sea considerado como una rama autónoma o no; y la complejidad científico-técnica de los casos ambientales, que demandan soluciones inéditas a problemas también inéditos, imponen como mecanismo superador de las estructuras tradicionales del derecho la conveniencia de contar con fueros especializados en la materia ambiental como garantes de la aplicación efectiva del principio de precaución.” (Martínez, María Paulina. “El principio precautorio”. En Protección Ambiental, Argentina, 2008, p. 122). En íntima relación con esta variante procesal, la doctrina resalta el rol activo del Juez de frente a un asunto de carácter ambiental, y al respecto señala lo siguiente: “ Pero fue la Ley N° 25.675 (LGA) la que consagró innovaciones inéditas en materia de potestades judiciales (ordenatorias e instructorias), otorgándole al enjuiciador un rol completamente activo e inquisidor como garante de la aplicación del principio precautorio en aquellos procesos en los que se busca la preservación del equilibrio natural (ver artículo 32 LGA), sin que ello implique quiebre alguno del principio de congruencia. (...) se concluye que no existen áreas inmunes a la fuerza normativa de la Constitución y de las normas ambientales, particularmente la Ley General del Ambiente, que constituyen un orden público ambiental, que confieren amplias facultades, incluso de revisión de cuestiones hasta de índole técnica, que le permiten dar plena operatividad al principio precautorio en cada paso del iter procesal, en una tarea concreta y sin duda alguna macroscópica en pos del derecho a una efectiva tutela judicial efectiva.” (idem, Martínez, p. 117). Este papel que la doctrina le asigna al Juez de frente a asuntos de carácter ambiental, no está disociado del modelo que la Constitución Política y el Código Procesal Contencioso Administrativo le otorgaron al Juez Contencioso Administrativo. La Ley de Biodiversidad, cuyas normas son aplicables a resto del ordenamiento en materia ambiental, dispone expresamente en su artículo ciento ocho que “en materia de biodiversidad y mientras no exista jurisdicción ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso-administrativa”, excepto aquellos casos donde no medie un acto administrativo ni del dominio público. Fijada esta competencia, debemos recordar que la jurisdicción contencioso-administrativa goza de una amplia potestad de fiscalización, dada por el artículo cuarenta y nueve de la Constitución Política, que le permite ejercer un control tanto subjetivo, consistente en la tutela de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados (derechos subjetivos e intereses legítimos), como objetivo, consistente en garantizar la legalidad de la función administrativa de toda la Administración Pública (sean acciones u omisiones). El artículo primero del Código Procesal Contencioso Administrativo reproduce el contenido del artículo cuarenta y nueve constitucional y señala que la jurisdicción contencioso administrativa tiene por objeto tutelar las situaciones jurídicas de toda persona, garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública sujeta al Derecho administrativo, así como conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico-administrativa (Jinesta, Ernesto. “Manual del Proceso Contencioso Administrativo, 2008, p.29). La doctrina nacional reafirma el amplio carácter fiscalizador del Juez contencioso administrativo en nuestro ordenamiento, al indicar lo siguiente: “Cuando la norma permite el control de la “función administrativa”, adopta sin ambages una fórmula amplia de fiscalización, en la que el Juez queda facultado para el control de la totalidad de la conducta administrativa. En efecto, el precepto rompe de tajo con cualquier limitación construida alrededor del objeto contencioso administrativo, pues cuando inserta la generalidad de la “función” administrativa dentro del ojo supervisor del Juez, abre el abanico jurisdiccional respecto de cualquier función, comportamiento o conducta administrativa. Nótese que no se atribuye a la jurisdicción contenciosa el control de la “actividad” o “acción” administrativa, ni mucho menos del “acto administrativo”, sino de la “función”, que no por casualidad, resulta omnicomprensiva no sólo de todas ellas, sino también de todo el ámbito de la inactividad. Cuando el artículo asigna al Juez el control de la “función”, está permitiendo que éste analice jurídicamente cualquiera de las funciones que a ella le son propias, cualquiera de sus conductas en cualquiera de sus manifestaciones administrativas. Puede controlar el Tribunal, tanto la actuación activa como la omisiva. Siempre que la conducta sea administrativa y que el control se realice dentro del marco jurídico, no existe o no debe existir, esfera exenta de control jurisdiccional; su revisión puede y debe ser completa,  sin inmunidad alguna en el objeto. (...) En este aspecto el constituyente nos ofrece un nuevo broche de cierre, una puerta de seguridad adicional como garantía del control pleno y universal, pues además de sujetar la función administrativa al control jurisdiccional de legalidad, permite al Juez comprobar si aquella se encuentra o no ajustada a los fines que la justifican.” (González, Oscar. “Sentencia”. En: El Nuevo Proceso Contencioso-Administrativo, 2006, p.426). Sobre el papel protagónico y activo que ejercer el Juez en la dinámica del Código Procesal se señala: “Tal autonomía activa y organizacional para el restablecimiento del ordenamiento jurídico público (escrito y no escrito) y la protección efectiva de los intereses legítimos y los derechos subjetivos, confirma la trascendencia de esta jurisdicción como mecanismo reparador y protector de las situaciones jurídicas eventualmente afectadas, por la inmisión indebida del poder público a través de su multiplicado universo de órganos y entes con sus funcionarios generalmente de iure y excepcionalmente de hecho. (...) Incluso, se trastocó el principio clásico civilista que identifica el objeto del proceso con las pretensiones alegadas y deducidas por las partes, a fin de que la autoridad judicial, en calidad de sujeto activo en el proceso, dicte justicia no sólo con apego a lo pretendido sino, también, ajustando las pretensiones a la justicia pronta y cumplida, conforme a la nueva legislación, para satisfacer los valores insertos en el Estado de Derecho presentes en cada proceso para el restablecimiento de la legalidad o, mejor aún, del ordenamiento jurídico. Bajo el nuevo esquema, el juez antes de regirse por el principio dispositivo lo hará también por el inquisitivo, propio de los tribunales constitucionales como cuando, en nuestro caso, la Sala Constitucional condena en ambas costas y daños y perjuicios a las partes vencidas en las acciones de amparo, aunque los vencedores no lo hayan pedido.” (Jiménez, Manrique. “Bases constitucionales para la reforma de la jurisdicción contencioso administrativa”. En: El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo, p. 18 y 19, 2006).  Retomando el principio precautorio, una vez ocurrida la acción que provocó el daño al ambiente, el interés se centra en la búsqueda de la mejor solución, tanto a nivel jurídico como práctico, teniendo claro que cualquier reparación que se realice nunca va a restituir en la totalidad la situación original. Por lo anterior, podría resultar criticable la imposición de principios como “El que contamina paga”, toda vez que estaría en contra del ánimo de prevención que es uno de los pilares fundamentales del Derecho Ambiental, y más bien, se estaría fomentando el deterioro del ambiente a cargo del pago o resarcimiento económico del daño ocasionado; pero el derecho debe también establecer las medidas de reparación en caso de que las precautorias o preventivas no sirvan (como sucede en la práctica la muchas ocasiones). La Sala Constitucional ha frecuentado en llamarlo también principio “in dubio pro natura”(voto 2000-9773 de la Sala Constitucional), señalando que comprende una especie de inversión de la carga de la prueba, dado que en caso de falta de certeza sobre las consecuencias de una actividad, es suficiente para no llevarla a cabo. Se ha establecido doctrinariamente que este principio se refiere a las políticas ambientales generales, y que para casos concretos opera el principio preventivo. En materia ambiental existe incertidumbre científica sobre los posibles daños que pueden ocasionar algún tipo de actividades. El principio precautorio se refiere a la actitud cautelosa que se debe tomar cuando surja alguna duda razonable en relación con la peligrosidad de cualquier actividad de repercusiones ambientales, sea para que se evite o para tomar las medidas necesarias para evitar el daño eventual.(Loperena Rota, Desiderio, Los Principios del Derecho Ambiental, España, 1998, p. 93).  El Principio preventivo -también- está muy relacionado con el principio anterior  se refiere a la proyección sobre las consecuencias perjudiciales ciertas de algunas actividades. El tratar de evitar las con anticipación es el propósito de este principio; por ejemplo en el caso de las políticas preventivas reflejadas mediante las Evaluaciones de Impacto Ambiental. En casos concretos este principio se traduce en la aplicación de medidas cautelares. El desarrollo doctrinario y legislativo de la tutela cautelar está centrado, como es lógico, en el proceso jurisdiccional. Debido a la lentitud de los procesos y las verdaderas situaciones de injusticia que se pueden ocasionar por ello, es que ha surgido en el Derecho comparado la necesidad de implementar las medidas cautelares. A pesar de ser esto así, la tutela cautelar no se circunscribe tan solo al ámbito jurisdiccional, sino que su aplicación también se contempla en los procedimientos administrativos. En los procedimientos de naturaleza ambiental la importancia que ha adquirido la tutela cautelar es decisiva a la hora de ejercer el derecho de todos a un medio ambiente sano. En sede jurisdiccional, las medidas cautelares tienen por función principal garantizar provisionalmente la eficacia de la sentencia definitiva, para que no sea una mera declaración de principios. De acuerdo con la doctrina nacional, existe un derecho fundamental a la tutela cautelar que forma parte del derecho a una justicia pronta y cumplida contenido en el artículo 41 constitucional. (Jinesta Lobo, Las Medidas Cautelas Atípicas en el Proceso Contencioso Administrativo, en la Dimensión Constitucional de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, p. 171). En este sentido, la jurisprudencia nacional ha manifestado que “ III. ... Resulta obvio, que el derecho a la tutela cautelar y el deber correlativo del órgano jurisdiccional de actuarlo cuando concurran los presupuestos establecidos en la ley, cuya titularidad ostenta todo justiciable, posee una profunda raigambre constitucional, y más concretamente forma parte del haz de facultades que conforman el contenido esencial del derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida (tutela judicial efectiva, o en los términos de la Sala Constitucional derecho general a la jurisdicción, artículo 41 de la Constitución Política). En tal sentido, se puede sostener, que no existe una tutela judicial pronta y cumplida – efectiva- sin una cautelar flexible y expedita.”(Voto 405-95 de este Tribunal, o resaltado no corresponde al original). En materia de derecho ambiental la presencia de los presupuestos propios de las medidas cautelares cobra mayor vigencia, dado el carácter irreversible de los daños ambientales.  En cuanto al principio de publicidad es de recordar que la Administración tiene el deber de hacer públicas las informaciones de actividades públicas o privadas que tengan relación con el medio ambiente, dado que media un interés público. Para el autor español Martín Mateo, la información o publicación de los datos es la base sobre la que se asienta igualmente la acción protectora de las Administraciones Públicas, la educación ambiental y la investigación (Tratado de Derecho Ambiental, España, 1991). El artículo treinta de la carta fundamental garantiza el acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Sin embargo, en materia medio ambiental el concepto de información y acceso adquiere una nueva dimensión y se entiende como el derecho del individuo o colectividad de solicitar información y de ser informado por cualquier ente u órgano estatal sobre cualquier proyecto que pueda afectar su derecho de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Calzada, Ana Virginia, Garantías e Implicaciones Constitucionales del Medio Ambiente, en Apuntes sobre el Sector Justicia al Derecho Ambiental, Costa Rica, 1997, p. 286).  A su vez el principio de restaurabilidad se aplica en presencia de la responsabilidad civil por la generación de una lesión, la sanción al responsable puede ser la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados (compensación) o la reparación a su estado originario de la situación alterada por la infracción. La doctrina ha sostenido, que a diferencia de otros ámbitos en los cuales en general existe la opción de reponer o no la cosa dañada, en materia ambiental la efectiva restauración es imprescindible y no opcional para el administrador del bien dañado, esto en particular por la titularidad común de los bienes ambientales dado que no puede dañarse el medio ambiente y destinar su compensación económica para otros usos (Loperena, 1998, p. 73). Sin embargo, es claro que la reparación sería sanción en la medida que esta sea posible.  Los artículos cincuenta y tres y cincuenta y cuatro de la Ley de la Biodiversidad contienen este principio, y de este modo se obliga al Estado [incluyendo a las instituciones autónomas] a tener como principio de actuación la restaurabilidad, mediante la obligación de fomento y en caso de que ya se hubiese producido el daño ambiental procurar tanto se recuperación, rehabilitación como la restauración del mismo. Por su parte la regla " El que contamina, paga” según la doctrina, en el Derecho Ambiental se ha consagrado el principio de la responsabilidad extracontractual objetiva, sin que se examine la culpa o negligencia del agente causante del daño ambiental (Loperena, 1998, p. 64), la cual podría pensarse que se encuentra incluida dentro de la responsabilidad ambiental de la Ley Orgánica del Ambiente establecida en el artículo dos inciso d) [referente a los principios en materia ambiental], la cual es una cláusula amplia de responsabilidad al señalar que: “ Quien contamine el ambiente o le cause daño será responsable, conforme lo establezcan las leyes de la República y los convenios internacionales vigentes”. El origen de este principio es anglosajón y se debe entender de la siguiente manera: “Conforme al principio ‘quien contamina paga’, se entiende por responsable de la contaminación, (...), por agente contaminador a la persona física o jurídica sometida a derecho privado o público que directa o indirectamente deteriora el medio ambiente o crea las condiciones para que se produzca dicho deterioro, tratándose de evitar en principio que la política de protección del medio ambiente se base en subvenciones y ayudas estatales y que se atribuya a la Comunidad la carga de la lucha contra la contaminación, siendo imputable al contaminado el costo de las medidas necesarias para la eliminación de la contaminación o para su reducción hasta estándares o medidas equivalentes de objetivos de calidad ambiental.” (Ibídem, p. 67). Este principio implicaría para el contaminador el pago y cumplimiento de las medidas cautelares que se decreten; el cese de la actividad contaminante o su modificación; el pago de las multas pertinentes; y la reparación e indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. Referente a la  realización del estudio de impacto ambiental previo a la iniciación de obras aunque a simple vista más que un principio se podría decir que se trata de una obligación, la doctrina lo ha considerado como un principio, cuyo fundamento constitucional se extrae del mandato cincuenta de la carta fundamental, en tanto  obliga al Estado a garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En el Derecho Ambiental las medidas preventivas tienen una importancia vital; ya que prevenir es siempre mejor que reparar el daño ocasionado, por cuanto restablecer la naturaleza a su estado anterior no es tarea fácil. Dentro de las medidas preventivas se encuentra el estudio de impacto ambiental, el cual es obligatorio para el Estado y los particulares. En nuestro país la primera normativa de carácter legal que involucra este concepto es el Código de Minería, promulgado mediante Ley Número 6797. En el artículo ciento uno se contempla que “con el objeto de garantizar un aprovechamiento racional de los recursos nacionales y de proteger sus usos futuros, los concesionarios deberán efectuar estudios de impacto ambiental de sus actividades, en forma previa y pública. Estos estudios deberán ser efectuados por personal técnico calificado, mediante las normas suministradas por el Estado, y si los estudios se consideraran deficientes podrán ser rechazados por el organismo gubernamental de control.” (Lo resaltado no corresponde al original). Asimismo, el Reglamento al Código de Minería contiene en su artículo treinta y cuatro y siguientes lo establecido por la Comisión Gubernamental de Control Ambiental sobre los Estudios de Impacto Ambiental. Por otro lado, la Ley de Conservación de Vida Silvestre en el numeral 26 establece la facultad de la “Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas para otorgar permisos de importación de especies de Vida Silvestre. Toda solicitud para esos permisos deberá presentarse, ante esa Dirección, con una evaluación de impacto ambiental la que, para los efectos de esta Ley, se considerará documento público y deberá incluirse los siguientes requisitos...”. Posteriormente, con la Ley de Hidrocarburos, se vino a establecer lo relativo a la protección ambiental, estipulándose la obligación de realizar un Estudio de Impacto Ambiental para el desarrollo de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Éste desarrollo normativo, logra en mil novecientos noventa y cinco un importante y significativo avance con la publicación de la Ley Orgánica del Ambiente, en la cual se incluyeron una variedad de normas relacionadas con el Estudio de Impacto Ambiental, y se crea así la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.  De tal manera el artículo diecisiete de este cuerpo de normas dispone que las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos materiales tóxicos o peligrosos, requieran de una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaria Técnica Ambiental (SETENA). Por otro lado, éste principio también ha sido recogido por una serie de instrumentos internacionales, como lo es la Declaración de Río, que en su principio diecisiete contempló que “deberá emprenderse una evaluación de impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.” En el Convenio sobre Diversidad Biológica y sus Anexos I y II establece que “ Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: Establecerá procedimientos apropiados por los que exija la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos, y cuando proceda, permitirá la participación del público en esos procedimientos...”   Por su parte la Sala Constitucional ha realizado un significativo aporte al disponer que “el Estudio de Impacto Ambiental se establece como el instrumento idóneo que tiene el Estado para garantizar el equilibrio entre la conservación de los recursos naturales, y el desarrollo del ser humano en forma sostenible. De este modo, la actividad humana que conlleve la intervención, alteración o destrucción del medio ambiente, debe ajustarse a lo que ambientalmente resulte más beneficioso para el Estado y la comunidad, o la de grupos que puedan verse afectados.” Ahora bien, el Estudio de Impacto Ambiental no puede eximirse de los proyectos de desarrollo, de explotación o exploración; ni por ley y menos aún por ninguna norma de rango inferior, precisamente por tener fundamentación en la Constitución Política. Por último debe señalarse que la realización del Estudio de Impacto Ambiental no implica la puesta en funcionamiento del proyecto en cuestión, toda vez que se trata de un requisito previo y que, necesariamente debe cumplirse en los casos estipulados. En cuanto al principio de que sólo el Estado de Necesidad declarado excepciona el cumplimiento de las normas ambientales más que un principio se puede tomar como una regla, ya que se determina que la única excepción al cumplimiento de las normas y principios en materia ambiental lo sería el estado de necesidad, ya que el Estado es el llamado a preservar el orden público. Por lo anterior, es que se debe decir que el fundamento de este “principio” lo sería el Estado de Necesidad; es decir, la misma necesidad se convierte en el fundamento. De tal manera, ante la presencia de situaciones transitorias y urgentes en las que se hace necesario la continuidad de los servicios públicos, se permite la dispensa de la normativa ambiental; bastaría con que se produzca el hecho determinante, como por ejemplo, una inundación, un terremoto, una epidemia, o bien, que se tenga un alto grado de certeza que se va a producir el hecho para que se pueda declarar el Estado de Necesidad. Así las cosas, le es permitido a la Administración Pública adoptar una conducta sin cumplir con una disposición en materia ambiental. Por ejemplo, la construcción de un puente sin la realización del Estudio de Impacto Ambiental, o bien, la realización de algún proyecto sin que se cuente con un permiso de salud. Por otra parte, no se debe confundir el Estado de Necesidad con la Contingencia, la cual se puede definir como aquel hecho futuro que puede o no producirse. En estos casos no es posible la dispensa de la normativa ambiental, toda vez que no se tiene certeza que el hecho se va a producir. En ese sentido, la Sala Constitucional ha dispuesto que “es contraria al Derecho de la Constitución, no sólo la normativa, sino la actuación de las instituciones públicas que dispensen los trámites y procedimientos ordinarios para la actuación ordinaria de la Administración." (Voto 6503-2001). En consecuencia, “ para que se entienda de desarrollo constitucional la medida de emergencia, ésta debe atender única y exclusivamente a darle solución a la situación de emergencia que la motiva, y tener –además- como propósito el bien común: esto es, debe ser justa y además razonable (proporcionada en sentido estricto)”(voto 6322-2003 de la Sala Constitucional). Mientras que con respecto al principio que la falta de recursos económicos de las instituciones públicas no es excusa que justifique la omisión de dar protección al Derecho Ambiental es una premisa desarrollada con el avance progresivo de los derechos económicos y sociales; y de la aplicación del principio de la prohibición del retroceso social. En términos de la Sala Constitucional “la falta de presupuestos (recursos económicos, materiales y/o personal calificado) no puede constituirse en un límite entre el respeto y la violación de los derechos fundamentales, es decir, no puede ser motivo para que la Administración no actúe y tome acciones concretas a fin de que a través de su gestión encuentre solución a los problemas que los particulares les requieran en materia ambiental...”(voto 6322-2003 de la Sala Constitucional). No se debe dejar de lado un aspecto vital, y es el hecho que este enunciado se debe analizar conjuntamente con el principio de equilibrio presupuestario, por cuanto la Administración Pública está obligada a cumplir el equilibrio en el presupuesto. De tal manera, se presenta un interesante fenómeno, ya que por una parte se establece la obligación del Estado de proteger el ambiente, sin que pueda excusarse en la falta de recursos para dejar de cumplirlo, y por otra parte, la situación que la Administración, abruptamente, no puede romper con el equilibrio presupuestario para cumplir con sus deberes y obligaciones constitucionales. Consecuentemente, resulta necesario buscar la manera en que se pueda cumplir con ambos enunciados, de tal forma que se garantice la protección al ambiente y además se cumpla con el equilibrio presupuestario. Es decir, se requiere de una aplicación armónica, integral entre ambos postulados. Es conveniente indicar que en la mayoría de los casos la falta de presupuesto es más consecuencia de la línea política imperante en la materia, que a la inexistencia del recurso mismo. Mientras que con respecto al principio de la Coordinación entre las diferentes dependencias de la Administración Pública deriva del principio de la Unidad Estatal. Así se desprende de la jurisprudencia constitucional que al respecto ha consignado que “la protección del medio ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual , es decir, que existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados.” (Ibídem, lo resaltado no corresponde al original). En España este enunciado está contenido expresamente en la Constitución Política en los numerales ciento cuarenta y ocho y ciento cuarenta y nueve; y se denomina el Principio de Coordinación Orgánica; el cual se basa en el dato de que la Constitución atribuye la función de protección de los recursos naturales con carácter compartido al Estado y las Comunidades Autónomas. La coordinación se produce cuando un problema desborda la competencia de un ente, y por esta razón se hace necesaria la coordinación con la entidad o el órgano público que corresponda y se ha definido como “la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes .” (Ibídem, lo resaltado no corresponde al original). En el ordenamiento jurídico costarricense, a nivel legal, se consagra el presente principio en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Ambiente y a nivel internacional se ha enunciado, entre otros, en la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano al contemplar que “a fin de lograr una más racional ordenación de los recursos y mejorar las condiciones ambientales, los Estados deberían adoptar un enfoque integrado y coordinado de la planificación de su desarrollo de modo que quede asegurada la compatibilidad del desarrollo con la necesidad de proteger y mejorar el medio humano en beneficio de su población.” De lo señalado, se extrae la necesaria coordinación estatal para lograr el cabal cumplimiento de las obligaciones constitucionales, importancia que se vuelve aún más importante al tratarse de la protección y preservación del medio ambiente. En este sentido, si bien existe un órgano rector en la materia, como lo es el MINAE, se hace necesaria la colaboración de otras instancias o dependencias, este Ministerio está facultado para integrar a todos aquellos involucrados, como lo son las municipalidades, que en ciertas materias son incluso las únicas con la competencia. Referente a que la lesión a este Derecho Ambiental se da tanto por acción como por omisión se desprende de la propia Constitución Política en el ya tantas veces citado artículo cincuenta, ya que como lo ha señalado la Sala Constitucional “las omisiones al deber de protección del medio ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, por cuanto a consecuencia de la inercia de la Administración en esta materia, se puede producir un daño al medio ambiente y a los recursos naturales, a veces, de similares o mayores consecuencias, que de las derivadas de las actuaciones de la Administración.” (Ibídem). En ese sentido, podría incluso pensarse en la omisión en el dictado de una ley indispensable para la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, o bien, llevar a cabo una construcción sin la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental; o no ejercer los deberes de vigilancia; los cuales son apenas algunos ejemplos en los que la inactividad de la Administración, tanto formal como material, puede provocar daños graves al ambiente, muchas veces mayores que los que se producen por medio de acciones. Con respecto a la inoperancia del silencio positivo en materia de utilización de recursos naturales como es sabido, el silencio positivo es un instrumento propio del derecho administrativo y opera en toda aquella actividad fiscalizadora del Estado, cuando luego de transcurrido un plazo prudente, que en nuestro ordenamiento jurídico es de un mes [salvo norma que disponga plazo contrario] después de presentada la solicitud, la Administración no fiscaliza la actividad, entonces se entiende por otorgada. Se presenta para los permisos, autorizaciones, licencias, de conformidad con los numerales trescientos treinta y trescientos treinta y uno de la Ley General de la Administración Pública. No obstante, esta regla no resulta de aplicación en materia ambiental, ya que está por encima el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sobre la materia, la Sala Constitucional ha señalado que: “ ...estas reglas –silencio positivo- no son de aplicación en materia de permisos de aprovechamiento de los recursos naturales (forestales, mineros, marinos, aguas de la Nación, fuerzas que derivan de los recursos hídricos, etc.), [...], precisamente en virtud del valor superior (interés público) de la tutela del ambiente, y precisamente por la conceptualización del derecho ambiental como un derecho fundamental [...]” (Op. Cit). Este principio fue consagrado por la Sala Constitucional para los recursos forestales, sin embargo, dado que la protección se da para toda la naturaleza se entiende que rige para toda la materia ambiental, ya que la no aplicación del silencio positivo en materia ambiental, podría señalarse, que encuentra su justificación en el valor superior, o sea, el interés público, de la tutela del ambiente como un derecho fundamental. A nivel legal, se ha consagrado este “principio” de manera expresa como en la Ley Forestal es una de ellas, al disponer, de una forma muy amplia y clara, que en materia de recursos naturales no opera el silencio positivo.  El problema es que debería encontrarse de manera más directa y expresa su consagración como principio, ya que como es sabido una de las formas de proteger el ambiente es precisamente impidiendo que por la inercia de la Administración se puedan tener por otorgados permisos para la explotación de los recursos naturales, que generarían, en muchos, casos daños irreparables al medio ambiente o incluso la pérdida de algunos de sus componentes. Por último, en cuanto a la participación ciudadana en los asuntos ambientales se consagra en un principio cuyo fundamento se extrae de los artículos veintisiete, treinta y cincuenta constitucionales, por cuanto los ciudadanos tienen derecho al acceso a la información de que se dispone y a la divulgación de ella para la toma de decisiones. La participación ciudadana constituye una consecuencia del principio democrático y abarca el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales o que puedan causar una lesión a los recursos naturales y el medio ambiente y la garantía de una efectiva participación en la toma de decisiones. Por su parte, el artículo diez de la Convención de Río elevó la participación a rango de principio en materia ambiental al disponer que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona debe tener adecuada formación sobre el medio ambiente que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.” (Lo resaltado no corresponde al original). En el Derecho Español su propia Constitución contiene la participación ciudadana en el artículo ciento veintinueve punto uno al señalar que “ La Ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los Organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.” Además de la fundamentación constitucional, en nuestro ordenamiento, la Ley Orgánica del Ambiente contempla este principio al igual que el Reglamento sobre Procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, incluso establecen la realización de una audiencia pública en el procedimiento del Estudio de Impacto Ambiental; pero el ordenamiento jurídico costarricense no está al margen de este importante postulado, ya que en un Estado Democrático de Derecho como el nuestro, la participación de la población es uno de los pilares fundamentales y debería fortalecerse más.” (Voto N° 0083-2013 de las siete horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de septiembre de dos mil trece).

VIII.- SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  El objeto principal de esta demanda es determinar si procede declarar que en el caso en estudio se dio un incumplimiento por parte de la empresa codemandada de los términos en los que se aprobó la concesión de cause de dominio público a su favor, y, por ende, responsabilidad ambiental por sus actuaciones. Adicionalmente, debe estudiarse si cabe ordenar la elaboración de un plan remedial a su cargo y la cancelación de la concesión dicha. El estudio del expediente judicial, el expediente administrativo (en disco compacto adjunto), la prueba evacuada en el juicio oral efectuado, así como de los argumentos de las partes y sus conclusiones, llevan a este Tribunal a concluir que lo pedido por el actor es procedente, por los siguientes motivos. En los hechos probados de esta sentencia, concretamente en los 4, 5 y 6, se encuentran las condiciones en las cuales fue aprobada la concesión a favor de la sociedad accionada, de acuerdo con el Memorandum DGM-CMC-101-2016, el oficio DA-0708-2017 y la resolución N° 097-2018-MINAE. En ellos consta lo siguiente, en lo que interesa:

 

Memorandum DGM-CME-101-2016 del 09 de enero del 2017:

“El nivel de extracción máximo, lo han establecido en 1.5 m.

...

La extracción del material aluvial, será en forma laminar, aprovechando los bancos de material, estableciendo corte máximo de 1.5 m, proyectando el avance en los bancos de material aguas arriba, procurando cortar en seco en la medida de lo posible, en la fotografía 1, se observan un banco de material

La extracción se realizará dentro de los límites del cauce, abarcando remansos y bancos de material, donde se procurará ensanchar la sección hidráulica, para capturar parte del caudal sólido...

El avance, en los frentes de extracción que se abran, será aguas arriba, cortando el material en forma laminar, respetando las terrazas de estabilización, las cuales no serán objeto de extracción, sino más bien, serán reforzadas, colocando los bloques con sobre tamaño a la orilla para protegerlas de la erosión y evitar el ensanchamiento irregular del cauce, provocado por las grandes avenidas.

Conforme se avance se mantendrán frentes de extracción simultáneos, con lo cual se pretende establecer un control sobre el perfil de erosión del rio.

Una pala excavadora cortará el material, llevando un corte entre 1.0 -1.50 m, para mantener la extracción en forma laminar, cargando directamente las vagonetas que estarán acarreando al área de apilamiento de material.

En la medida de lo posible, para minimizar el impacto al agua, se mantendrá el corte en seco, manejando el flujo de agua hacia la margen izquierda, facilitando de esta forma el acceso al frente de extracción.

En la parte más baja del frente de extracción, al inicio del corte (que avanzará aguas arriba), se dejará una pequeña laguna de sedimentación, de manera que las aguas saturadas, sedimenten, para que libres de partículas o sedimentos alcancen nuevamente el flujo de agua.

Parte de los bloques con sobre tamaño, se colocarán en la ribera (en los tramos que lo amerite), protegiendo las terrazas de estabilización y la zona de vegetación ribereña, del proceso erosivo del río, evitando el ensanchamiento negativo del cauce, o bien pueden ser depositado al pie del dique.

...

La planta de trituración a emplear se ubicara en la finca propiedad de Los Manantiales del Pacifico N y S S.A., con plano catastrado 6-240931-1995. La propiedad se ubica sobre una paleo terraza de estabilización en la margen derecha del rio Naranjo, protegida por un dique, en el tramo intermedio del área solicitada en concesión.

Se observa el sitio escogido para la ubicación, el cual posee una distancia prudencial del Rio, sin embargo se deberá de proteger más el dique en esa sección, con material sobre- tamaño, para evitar en alguna crecida del rio que se rebalse hacia el patio de acopio.

...

Recomiendo la aprobación del proyecto,...siempre y cuando se cumpla con las siguientes recomendaciones de otorgamiento:

> El plazo de explotación puede darse por un periodo de 7 años.

> Se deberá de respetar la metodología de explotación aprobada, no se puede variar, en caso de ser necesario variar su metodología, se debería de indicar a la DGM, el motivo por el cual sé varia su metodología y la Dirección evaluara y se pronunciará.

...

> En cada bloque se deberá tratar de ir conservando su pendiente general para alterar lo menos posible el equilibrio natural que posee el cauce

...

> Evitar acumulaciones de material en el río por períodos extensos de tiempo

...

> Recolección de todo tipo de desechos.

> Protección de las márgenes con material de sobretamaño. Los trabajos de protección o reforzamiento de taludes irán avanzando en función de la extracción, ya que estos dependerán de la cantidad de piedra con sobretamaño (diámetro mayor a 0.8 m) que se pueda recuperar en el proceso.

> El concesionario está obligado a respetar la Ley Forestal en su Art. N° 33, por lo que no deberán de acumular material de destape u otros en áreas cercanas a ríos o quebradas.

> Se respetará el volumen de extracción aprobado por la DGM, el cual deberá estar en función de la depositación anual del río en este sector, esto con el fin de evitar una excesiva sedimentación que provocaría que el río multiplicara sus canales produciendo un comportamiento impredecible.

...”

Oficio DA-0708-2017 del 12 de julio del 2017,

“1. El material a extraer serán depósitos aluviales recientes (gravas, arenas y bloques), quedando claro que queda totalmente prohibido extraer material del piso firme del cauce del río por lo que será sólo permitida la extracción del material arrastrado.

2. Queda totalmente prohibida la extracción de materiales de las márgenes del río.

3. La extracción de los materiales será mecanizada en forma laminar por lo que no se deben utilizar ningún tipo de equipo que no garantice éste tipo de extracción.

...

5. Queda totalmente prohibida la acumulación de materiales en el cauce del río para evitar que se puedan presentar represamientos.”

Resolución N° 097-2018-MINAE de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del 21 de marzo del 2018:

“...CURTO (sic): Las labores de explotación se deberán ejecutar de acuerdo con el Programa de Explotación previamente aprobado y cumpliendo las recomendaciones que al efecto señaló la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en la Evaluación de Impacto Ambiental, la Dirección de Aguas en el oficio descrito en el Resultando Sexto y esta Dirección de Geología y Minas en el memorando DGM-CME- 101-2016 (sic) del geólogo Luis Chavarría Rodríguez, las cuales se transcribieron en el Resultando Quinto de esta resolución.

QUINTO: La concesionaria Los Manantiales de Pacífico N y S, S. A., deberá cumplir con todas las obligaciones que impone el Código de Minería y el reglamento, así como, las recomendaciones señaladas durante el proceso en la Dirección de Geología y Minas, la Dirección de Agua y la SETENA y aquellas directrices, que en cualquier momento giren ambas instancias. Caso contrario, se advierte, que podrá ser sujeta al procedimiento de cancelación de la concesión, previo cumplimiento del debido proceso...”

Ahora bien, partiendo de las anteriores estipulaciones y de la revisión detallada y minuciosa de la prueba que consta dentro de este expediente, en el legajo de la medida cautelar anticipada y la prueba evacuada en juicio, se pudo determinar que en el caso particular la parte actora denunció y demostró, y así fue constatado por la Dirección de Geología y Minas del MINAE y por SETENA, al menos las siguientes irregularidades en el manejo y explotación de la concesión dada a la empresa actora:

1) Invasión a la quebrada sin nombre de cauce intermitente con materiales, desechos metálicos según los informes y criterios tanto de la Dirección de Geología y Minas, SETENA, así como informes privados y declaración del geólogo Rojas Castro reseñados en los hechos probados 9, 12, 13, 17, 23, 26, 29 y 30 de esta sentencia.

2) Perforación y cierre sin investigación de pozo ilegal, según los informes y criterios tanto de la Dirección de Geología y Minas, SETENA, así como informes privados y declaración del geólogo Rojas Castro reseñados en los hechos probados 9, 12, 13, 17 de esta sentencia.

3) Construcción de oficinas administrativas en zona de protección de la quebrada sin nombre, según los informes y criterios tanto de la Dirección de Geología y Minas, SETENA, así como informes privados y declaración del geólogo Rojas Castro reseñados en los hechos probados 9, 12, 13, 17, 18, 21 y 23 de esta sentencia.

4) Explotación de forma no laminar y a una profundidad mayor a los 1,5 metros aprobados, según los informes y criterios tanto de la Dirección de Geología y Minas, SETENA, así como informes privados y declaración del geólogo Rojas Castro reseñados en los hechos probados 9, 12, 13, 18 y 26 de esta sentencia.

5) Afectación a los diques del Río Naranjo construidos por la CNE, según los informes y criterios tanto de la Dirección de Geología y Minas, SETENA, así como informes privados y declaración del geólogo Rojas Castro reseñados en los hechos probados 11, 12, 13, 16, 18, 22, 23, 27 y 30 de esta sentencia.

6) Incumplimiento sobre el manejo, colocación y uso de los bloques o materiales sobretamaño, según los informes y criterios tanto de la Dirección de Geología y Minas, SETENA, así como informes privados y declaración del geólogo Rojas Castro reseñados en los hechos probados 9, 22, 23, 27 y 30 de esta sentencia.

7) Polvo proveniente del quebrador, según los informes y criterios tanto de la Dirección de Geología y Minas, así como informes privados y declaración del geólogo Rojas Castro reseñados en los hechos probados 9 y12 de esta sentencia.

8) Invasión al área de protección del Río Naranjo, según los informes y criterios tanto de la Dirección de Geología y Minas, SETENA, así como informes privados y declaración del geólogo Rojas Castro reseñados en los hechos probados 9, 12, 13 y 29 de esta sentencia.

9) No construcción de las lagunas de sedimentación, según criterio SETENA, reseñado en el hecho probado 17 de esta sentencia.

10) Construcción de camino vehicular en la zona de protección del Río Naranjo (junto a la ribera), según los informes y criterios tanto de la Dirección de Geología y Minas, así como informes privados y declaración del geólogo Rojas Castro reseñados en los hechos probados 29 y 30 de esta sentencia.

 

Por otro lado, se dieron acciones que violentaron de forma directa la normativa ambiental aplicable, se pueden enumerar de la siguiente forma:

a)     Invasión a zona de protección de quebrada sin nombre intermitente (hechos probados 9, 12, 13, 17, 23, 26, 29, 30 de esta sentencia): infracción a la Ley Forestal, en sus artículos 33, 57 y 58

b)     Invasión a zona de protección de Río Naranjo (hechos 12, 13, 29 y 30 de esta sentencia: infracción a la Ley Forestal, en sus artículos 33, 57 y 58.

c)     Construcción ilegal de pozo y falta de autorización para uso del agua (hechos probados 9, 12, 13 y 17 de esta sentencia): infracción a la Ley de Aguas, en sus artículos 7 y 169.

Todas las acciones antes acreditadas, implicaron incumplimientos graves y reiterados tanto a los documentos técnicos base como a la resolución de aprobación de la concesión por los siguientes motivos. Veamos.

 

1) En cuanto a la verificación de la invasión a la quebrada sin nombre de cauce intermitente con materiales, desechos metálicos, infraestructura de oficina, se da un incumplimiento al criterio de la Dirección de Geología y Minas y a la resolución 097-2018, pues se indicó de forma expresa que el concesionario debía respetar el artículo 33 de la Ley Forestal, lo cual fue evidentemente desobedecido con la constatación que hizo no sólo MINAE sino SETENA y el geólogo Rojas Castro en cuanto a la invasión del área de protección del cauce intermitente de la quebrada sin nombre, ello producto de la construcción de las oficinas administrativas, depósito de material, de desechos metálicos y otros.

 

2) Sobre la perforación y cierre sin investigación de pozo ilegal, debe indicarse que las autoridades administrativas pudieron verificar que la empresa codemandada perforó un pozo sin ningún tipo de autorización para uso del proyecto, situación absolutamente contraria a la Ley de Aguas, concretamente en sus artículos 7 y 169. Dicha acción contraviene abiertamente lo dispuesto por el punto quinto de la resolución de aprobación que dispone la obligatoriedad de respetar el Código de Minería y su reglamento, de forma que se entró en desobediencia de lo indicado en los numerales 34 inciso f), 66 inciso d) y 101, especialmente éste último que obliga al concesionario a cumplir con todas las normas y requisitos legales y reglamentarios, sobre la contaminación ambiental y la recuperación de los recursos naturales renovables y sobre las especificaciones y obligaciones relacionadas con la protección del ambiente. Lo cual de todas formas es una obligación en general de cualquier persona que desarrolle una actividad en nuestro país. En este punto vale llamar la atención de que la Dirección de Geología y Minas, tuvo por adecuado dado que no cuestionó más allá el tema, que simplemente se abriera y sellara el pozo, sin llegar a denunciar lo correspondiente por la posible afectación a la zona e incluso al acuífero que pudo haberse afectado, pues es claro que la perforación se hizo sin respetar ninguna norma técnica al respecto.

 

3) En cuanto a la construcción de oficinas administrativas en zona de protección de la quebrada sin nombre, se remite a lo ya indicado en cuanto a la invasión del área de protección de ese cuerpo de agua, que por ser intermitente no deja de gozar de protección legal en cuanto a su situación ambiental. Por otro lado, nunca se aportaron los permisos de construcción correspondiente ni fueron solicitados por ninguna de las autoridades involucradas en el caso.

 

4) Acerca de la explotación de forma no laminar y a una profundidad mayor a los 1,5 metros aprobados, debe indicarse lo siguiente. De conformidad con lo explicado en la audiencia de juicio celebrado en este caso, por el geólogo Rojas Castro, la explotación laminar consiste en una técnica donde se retiran los depósitos superficiales de material del cauce del río, de forma parcial y escalonada por medio de equipo mecánico pesado, usualmente un tractor, sin llegar a sobrepasar una profundidad de entre 1 metro y 1,50 metros. Ahora bien, en el caso particular se aprobó el uso de una excavadora y vagonetas. Sin embargo, existe registro fotográfico de la forma desordenada y excesiva en que se estaba haciendo el aprovechamiento, lo cual puede verse a imágenes 23, 24, 29 del expediente de medida cautelar, así como 120, 137, 139, 141 del expediente principal, lo cual significa un incumplimiento a los tres documentos de aprobación de la concesión. Por otro lado, la Dirección de Geología y Minas en dos ocasiones (oficios DGM-CMPC-005-2022 y DGM-DCM-28-2022) indicó que el río Naranjo, por sus condiciones naturales, permitía una explotación de hasta 2 metros de profundidad, de lo cual entiende este Tribunal que fue lo que pudo constatar que se estaba realizando en el sitio (lo cual no fue desacreditado por ninguna de las dos codemandadas), ello en abierta contradicción con la recomendación de aprobación de la concesión y la resolución de cita. Con independencia de las condiciones del río, es claro que la concesionaria debía respectar los términos de la aprobación como límite al derecho que se le concedía, lo que no se dio en el caso concreto. Véase que es únicamente partiendo del criterio de los funcionarios de la Dirección de Geología (en cuanto a que el río soportaba una excavación mayor a la aprobada) que no se determinó el incumplimiento al plan de explotación, según denunció el actor, lo cual es totalmente contrario a los términos en los que fue aprobada la concesión y al deber de esos funcionarios en virtud de sus funciones como garantes del derecho a un ambiente sano.

 

5) En lo referente a la afectación a los diques del Río Naranjo construidos por la CNE, debe indicarse que también se identificó por parte de las autoridades de MINAE y la CNE que había afectación de los mismos (no grave pero sí existente), debido a las técnicas que se usaron en la explotación de la concesión, ello según los oficios CNE-UGPR-OF-130-2022, DGM-CMPC-005-2022, DGM-DCM-28-2022, DGM-OD-169-2023 y DGM-CRC1-090-2023 y resolución 492-2023. Esto se relaciona sin duda alguna al punto anterior, en cuanto al tipo de manejo y explotación de la concesión y el incumplimiento de la obligación de reforzar los diques con los bloques o materiales de sobretamaño, todo contenido en la recomendación de la Dirección de Geología y Minas y en la resolución de otorgamiento de la concesión, que se verá a continuación. Por otro lado, no puede omitirse que en oficio CNE-UAIR-INF-1301-2021 (sic) se indicó que la zona era de amenaza potencial de inundación, lo cual debió ser de especial atención a los funcionarios encargados del caso.

 

6) Acerca del incumplimiento sobre el manejo, colocación y uso de los bloques o materiales sobretamaño, queda claro a este Tribunal que en múltiples ocasiones se observó por parte de los funcionarios de la DGM y de CNE, que los bloques sobre tamaño se dejaron en lugares no adecuados y no se trasladaron a reforzar los diques, como exigía el memorandum de recomendación y la resolución de aprobación, lo cual consta en el registro fotográfico que consta en el informe del geólogo Rojas Castro y fue claramente explicado en el debate.

 

7) En cuanto a la existencia de polvo proveniente del quebrador, se tuvo por demostrado e incluso se giraron prevenciones al respecto a la codemandada, situación que corresponde a un incumplimiento del punto 5 del por tanto de la resolución de otorgamiento por violación al artículo 101 del Código de Minería.

 

8) Sobre la invasión al área de protección del Río Naranjo, se reitera lo ya indicado con anterioridad en cuanto a la Ley Forestal.

 

9) En cuanto a que no se construyeron las lagunas de sedimentación, según criterio SETENA, dicha situación consiste en un incumplimiento al memorandum de recomendación y la resolución de aprobación.

 

10) Finalmente, tanto el informe privado admitido como prueba para mejor resolver como el oficio DGM-CMP-051-2024 de la Dirección de Geología, evidenciaron la construcción de camino vehicular en la zona de protección del Río Naranjo (junto a la ribera), según fotografías de imágenes 362 y 348 del expediente judicial, mismo que por su ubicación, y debido a la falta de prueba en contra, entiende este Tribunal que se encuentra inmediatamente junto al cauce activo del rio Naranjo, de forma que se ubica en la zona de protección del mismo, situación que implica una violación al criterio de la Dirección de Geología y Minas y a la resolución 097-2018, pues se dispuso de forma expresa que el concesionario debía respetar el artículo 33 de la Ley Forestal.

 

Como se puede desprender de lo anterior, y con independencia de que en múltiples ocasiones se hayan girado órdenes y prevenciones con plazo a la sociedad concesionaria para solucionar las problemáticas detectadas, lo cierto del caso es que existieron múltiples incumplimientos y violaciones a normas ambientales que no fueron atendidas de la forma que legalmente correspondía por las autoridades públicas involucradas, especialmente por la Dirección de Geología y Minas de MINAE, aplicando la normativa vigente, haciendo las denuncias correspondientes (por ejemplo penales en el caso de invasiones a las zonas de protección) e iniciando los procedimientos correspondientes para determinar si cabía o no la cancelación de la concesión por sus desacatos reiterados. La disposición contenida en el párrafo final del artículo 67 del Código de Minería, no es una carta abierta ni una situación ilimitada e interminable que permita incumplimientos repetitivos a las condiciones en que se otorgan las concesiones de explotación en nuestro país ni una oportunidad constante de incurrir en irregularidades ambientales, que no se denuncie lo correspondiente en contra del concesionario y que se le dé oportunidad de decir que se cumplió con la prevención, sin ningún tipo de consecuencia legal ni verificación real y profunda de lo sucedido. Véase que, de la propia prueba documental aportada por las partes, especialmente de los informes y documentos generados por la misma Dirección de cita, este Tribunal de forma sencilla pudo determinar diez incumplimientos a los términos de la concesión, y a pesar de ello, el órgano estatal competente fue reacio (y omiso) en ordenar la apertura de un procedimiento para verificar si procedía o no la cancelación, incluso mediando una denuncia de un particular sobre el tema. En este punto es necesario retomar lo indicado por la Sala Constitucional y este Tribunal, en cuanto al derecho de todos los costarricenses a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y a los principios precautorio y preventivo en materia ambiental, así como lo que implican en el caso concreto. El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es uno fundamental, por ende, su protección constitucionalmente recae en las administraciones públicas, que en su totalidad y con independencia de su jurisdicción territorial y especial, tienen la obligación de velar por su protección y conservación, por medio de su vigilancia y regulación adecuada, y orientando sus acciones y conductas hacia su resguardo. Parte fundamental de ello es precisamente la aplicación de los principios transversales del derecho ambiental, correspondientes, al preventivo y al precautorio (in dubio pro natura). En cuanto al primero, se entiende que cuando haya peligro de un daño grave o irreversible al ambiente, la falta de certeza científica no debe usarse para postergar la adopción de medidas de protección para impedir la afectación o degradación del ambiente, y sobre el segundo, debe partirse de que cuando no haya certeza científica o haya duda de que no se dañará el ambiente, deben tomarse las medidas correspondientes para su protección y conservación. En el caso concreto, una y otra vez las autoridades de MINAE, tanto la Dirección de Geología y Minas y SETENA, advirtieron de irregularidades ambientales en la explotación de la concesión, siendo que se limitaron a hacer prevenciones, tenerlas por cumplidas casi que con solo el dicho de la parte codemandada (con bastante poco sustento técnico, según se denota de la lectura del expediente administrativo y mediando reincidencia en las irregularidades e incumplimientos de las órdenes dictadas), y denegar las gestiones del actor. En criterio de este Tribunal ello no fue suficiente. Si esos funcionarios hubieran aplicado y partido de los principios dichos y de la conciencia real del peso del derecho fundamental en juego, se hubiera efectuado el procedimiento investigativo que pidió la parte actora con el fin de determinar los incumplimientos (que esta Cámara sí pudo verificar) y decidir sobre la cancelación de la concesión y además, se debieron de dictar las medidas administrativas concretas y claras para la suspensión de las labores en la zona, efectuar las denuncias correspondientes por violación penal de las normas ambientales y administrativamente por un eventual daño ambiental, tomar medidas de seguridad humana en cuanto a la potencialidad de una inundación en la zona por la afectación a los diques (que afortunadamente no se dio), entre otras. En el particular se limitaron a efectuar visitas e informes de seguimiento, donde a pesar de observar irregularidades, indicaron, de forma evidentemente contradictoria, que la explotación se daba de forma normal. Por otro lado, llama poderosamente la atención de este Tribunal que mediando denuncia y habiéndose realizado una visita de campo y girado órdenes a la empresa concesionaria, aun así, se hayan aprobado los informes de labores de los tres años precedentes. Además, que, observando claramente las invasiones al área de protección de la quebrada de cauce intermitente y al Río Naranjo, no se hayan efectuado las denuncias penales y administrativas correspondientes en contra de la empresa codemandada, como era la obligación de los funcionarios involucrados en el caso. En este punto vale indicar que es muy sorpresivo para esta Cámara, que se hicieran únicamente unas prevenciones al respecto sin llegar a ordenar siquiera un plan remedial para solucionar los problemas que dichas actividades ilegales causaron en el equilibrio ecológico de la zona afectada. Por otro lado, en los temas de invasión al área de protección de los cuerpos de agua, de mal manejo de los bloques de sobretamaño, la afectación por flujos de agua a los diques, ruido, caminos en zonas no permitidos (cause de dominio público), desechos, entre otros, se diera una reincidencia y una reticencia por parte de la sociedad concesionaria (a quien debieron girarle hasta cuatro resoluciones con plazo) y la Dirección dicha asumiera una posición totalmente pasiva y con falta de fiscalización, dado que sólo se hizo a partir de lo ordenado por este Tribunal en la audiencia preliminar y por el Tribunal de Apelaciones dentro de la medida cautelar, pues con anterioridad no consta prueba de ninguna visita al sitio. Además, de lo actuado por la Dirección mencionada se evidencia una falta de rigurosidad en cuanto a la verificación del cumplimiento de las prevenciones dadas a la empresa, pues en dos ocasiones se limitó a acceder a lo dicho por ésta, cuando las resoluciones y recomendaciones eran de cumplimiento en un plazo concreto (un mes). Véase que la parte dio algunas justificaciones (muy subjetivas y sin prueba sobre cada caso) y simplemente se le tuvo por aceptadas, de nuevo obviando las recomendaciones giradas y el plazo de cumplimiento. En ese sentido, debe hacerse notar que incluso como se ve en el oficio del archivo 134 del expediente administrativo, la aprobación del cumplimiento de las prevenciones (resolución que admitió la denuncia planteada por el actor) la hizo una funcionaria con formación en derecho, sin explicación técnica alguna y en un párrafo, a pesar de que se trataba de múltiples órdenes de relevancia y peso, incluido el tema de la invasión de la zona de protección de la quebrada por las oficinas, que no fueron removidas hasta muchos meses después y mediando una resolución específica para ello. Otro aspecto que llama la atención es la indefinición técnica con la que se manejó la naturaleza del cauce de la quebrada invadida y el tema de la contaminación sónica, donde lo único que se dijo por parte de los funcionarios de la Dirección de Geología fue que se hicieran las consultas debidas con posterioridad, sin llegar a demostrarse que se efectuaran dichas consultas. En el caso del cauce fue hasta que el Departamento de Auditoría Ambiental de SETENA hizo la consulta que se definió que era un cauce intermitente, que no era correcto lo alegado por la parte codemandada (en el sentido que era un brazo seco del río por la intervención con los diques) y que, en consecuencia, había invasión del mismo. Todo lo estudiado da a este Tribunal la impresión que las autoridades citadas practicaban conductas de “olvido”, obviando los incumplimientos y las irregularidades detectadas, así como respecto de las infracciones ambientales, que ellas mismas detallaron en sus informes. Siendo estos motivos los que obligan a rechazar los argumentos de defensa del Estado, en cuanto expuso que en general no se habían detectado irregularidades en la zona y que se habían corregido, fundamentándose en los mismos informes ya estudiados en los hechos probados de esta sentencia y con anterioridad en este considerando. Acerca de los argumentos de la codemandada, los mismos son también de obligado rechazo, ya que ha quedado debidamente demostrado en este proceso, sus reiterados incumplimientos a la concesión dada. Por otro lado, es necesario indicar que la estrategia del Estado no fue suficiente para, por un lado, desvirtuar las declaraciones e informes del geólogo Leonel Rojas Castro, dado que no ofreció ninguna contraprueba técnica en sentido similar (ni se logró modificar la coherencia y fundamentación con que se hicieron en la audiencia de juicio), siendo que hubiera sido útil contar con los testimonios de alguno de los tres geólogos estatales involucrados de forma directa en el caso, lo cual no se hizo, ello hubiera proporcionado más transparencia a los informes técnicos (con sus inconsistencias y contradicciones) y así un mejor entendimiento de la posición de defensa en el caso en estudio, ni tampoco para cambiar la certeza que tiene este Tribunal sobre la existencia de las irregularidades antes apuntadas. De manera muy clara se observa que en los informes de la Dirección de Geología y de SETENA se pudieron constatar casi en su totalidad los hallazgos identificados por el geólogo Rojas en sus tres informes, tal y como además explicó en su testimonio en el juicio efectuado. Así las cosas y en cuanto a las pretensiones de la demanda, lo procedente es acoger las pretensiones 1 y 3, por ende, se declara que en el caso particular y de acuerdo con la prueba que consta dentro del expediente judicial, el administrativo y la evacuada en juicio, se dieron incumplimientos a las condiciones de otorgamiento de la concesión de cauce de dominio público a favor de la empresa Los Manantiales del Pacífico N Y S S.A., siendo en consecuencia, responsable ambientalmente de la degradación ambiental de la zona de la concesión. Así las cosas, se ordena la cancelación de la concesión de explotación de cauce de dominio público sobre el Río Naranjo dada a Los Manantiales del Pacífico N Y S S.A, mediante resolución dictada por el Poder Ejecutivo N° R-097-2018-MINAE de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del veintiuno de marzo del 2018. En cuanto a la pretensión 2, al haberse verificado incumplimientos no sólo a los términos de la concesión sino infracciones a normas ambientales, como se detalló anteriormente, se ordena a la sociedad codemandada, en coordinación y vigilancia del Estado por medio de sus órganos competentes, confeccionar y aplicar efectivamente, un plan remedial y de recuperación del Río Naranjo, en la zona de la concesión otorgada en su momento, así como otras áreas aledañas, según criterio técnico de las autoridades competentes. Todo lo anterior asumiendo su costo y que será discutido en etapa de ejecución de sentencia. Hasta no alcanzar firmeza esta decisión, se ordena mantener la vigencia de la medida cautelar dictada en este proceso de acuerdo con el Voto N° 162-2023-I de las catorce horas cuatro minutos del 28 de abril del 2023 del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

IX.- SOBRE LAS EXCEPCIONES PLANTEADAS. En cuanto a las excepciones presentadas se hace el siguiente pronunciamiento. Por las razones dichas, se rechaza la defensa de falta de derecho planteada por la representación del Estado, debido a que quedó debidamente acreditada la situación de incumplimiento a las condiciones de la concesión por parte de la codemandada, así como las infracciones ambientales apuntadas. Con fundamento en lo dicho en los considerandos anteriores, se declara con lugar la demanda en todos sus extremos.

X.- SOBRE LAS COSTAS. Por expresa disposición del artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, procede condenar a los codemandados al pago de ambas costas de esta acción por el sólo hecho de haber resultado vencida en este proceso, sin que medien razones que justifiquen su exoneración conforme los incisos a) y b) del numeral 193 citado.

POR TANTO

Se admite la prueba ofrecida para mejor resolver por parte del actor. Se rechaza la defensa de falta de derecho alegada por El Estado. Se declara con lugar la demanda interpuesta por WALTER BRENES SOTO contra LOS MANANTIALES DEL PACÍFICO N Y S S.A. y EL ESTADO. En consecuencia, se declara que en el caso particular, se dieron incumplimientos a las condiciones y términos de otorgamiento de la concesión de cauce de dominio público a favor de la empresa Los Manantiales del Pacífico N Y S S.A., siendo en consecuencia, responsable ambientalmente de la degradación ambiental de la zona de la concesión. Se ordena la cancelación de la concesión de explotación de cauce de dominio público sobre el Río Naranjo dada a Los Manantiales del Pacífico N Y S S.A, mediante resolución dictada por el Poder Ejecutivo N° R-097-2018-MINAE de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del veintiuno de marzo del 2018. Se ordena a la sociedad codemandada, en coordinación y vigilancia del Estado por medio de sus órganos competentes, confeccionar y aplicar efectivamente, un plan remedial y de recuperación del Río Naranjo, en cuanto a la zona de la concesión otorgada, así como otras áreas aledañas, según criterio técnico de las autoridades competentes. Todo lo anterior asumiendo su costo y que se discutirá en fase de ejecución. Se ordena mantener la vigencia de la medida cautelar dictada mediante Voto N° 162-2023-I de las catorce horas cuatro minutos del 28 de abril del 2023 del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, hasta que esta decisión alcance su firmeza. Se condena a los codemandados al pago de las costas de esta acción, mismas que serán liquidadas en fase de ejecución de sentencia. Notifíquese. KAREN CALDERÓN CHACÓN. EVELYN SOLANO ULLOA. FRANCISCO JOSÉ CHAVES TORRES. Jueces. -

 

 



 

 




- Código Verificador -
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IDM3JPN6MZI61



 

Documento firmado por:

KAREN CALDERÓN CHACON, JUEZ/A DECISOR/A
EVELYN SOLANO ULLOA, JUEZ/A DECISOR/A
FRANCISCO CHAVES TORRES, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 21-007586-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:16:39.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Resolución Nº 02240 - 2025

Date of Resolution: March 7, 2025 at 11:02 a.m.

Expediente: 21-007586-1027-CA

Drafted by: Karen Cristina Calderón Chacón

Type of matter: Proceso de conocimiento

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

Text of the resolution

EXPEDIENTE:

21-007586-1027-CA - 6

PROCEEDING:

CONOCIMIENTO

PLAINTIFF:

WALTER BRENES SOTO

DEFENDANT:

EL ESTADO

N° 2025002240

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at eleven hours and two minutes on March seventh, two thousand twenty-five.-

Proceso de conocimiento filed by WÁLTER BRENES SOTO, identity card number 2-0645-0800, against EL ESTADO and LOS MANANTIALES DEL PACÍFICO N Y S SOCIEDAD ANÓNIMA, legal entity identification number 3-101-633530. The plaintiff appears without legal representation given his status as an attorney. The State is represented by Procuradora Natalia Aguilar Porras. Representing the co-defendant company and as special judicial attorney-in-fact, Henry Arroyo Villegas. The judgment is issued unanimously below.

Drafted by Judge Calderón Chacón, with the affirmative vote of judges Solano Ulloa and Chaves Torres and,

CONSIDERANDO

I.- PROCEDURAL BACKGROUND.- The procedural history of the case file is recounted below:

1. On November 25, 2021, the plaintiff filed an early precautionary measure (medida cautelar anticipada) seeking to order the suspension of the activities of the concession (concesión) granted to the company Los Manantiales del Pacífico N Y S S.A. on the Río Naranjo. (images 2 to 11 of the medida cautelar file).

2. By order (auto) N° 094-2023 at fifteen hours and thirty-five minutes on February 23, 2023, the requested measure was denied. (images 98 to 125 of the medida cautelar file).

3. Said decision having been appealed, by Voto N° 162-2023-I at fourteen hours and four minutes on April 28, 2023, the Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ordered: "Resolution No. 94-2023, at 15:35 hours on 01/23/2023, issued by Supervising Judge Rodrigo Huertas, is revoked. The DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS, in the person of its Director, is ordered to coordinate and execute, within a period of one month, starting from May 2 next, an inter-institutional inspection at the site of the granted concession. Likewise, and until such time as a final judgment exists, an inspection of the same nature, i.e., inter-institutional, must be carried out every 4 months, in order to verify that the concession is being executed within the parameters in which it was granted and in compliance with any corrections requested by the competent authorities. From each of these inspections, a report must be submitted within five business days following its completion to the executing judge of the Trial Court, under the warning that failure to comply with what has been ordered will result in exposure to the application of sanctions provided for in the chapter on the execution of judgments of the CPCA. The inspection shall be conducted at the discretion and under the responsibility of the Dirección de Geología y Minas, and it shall be determined whether the participation of another competent administration is necessary for the supervision of the concession." (images 135 and 136 of the medida cautelar file).

4. On May 9, 2022, the plaintiff filed their complaint, requesting the following: "1. Declare the breach of the conditions of the concession grant (otorgamiento de concesión) and environmental liability on the part of Los Manantiales del Pacífico N Y S S.A. 2. Order the preparation of a remedial plan on the Río Naranjo and its surroundings to be paid for by Los Manantiales del Pacífico N Y S S.A. under State supervision. 3. Order the State to cancel the exploitation concession of Los Manantiales del Pacífico N Y S S.A. granted in resolution R-097-2018-MINAE. 4. Order the defendants to pay both sets of costs of the judicial proceeding." (Images 5 to 29, preliminary hearing minute in images 206 to 210 of the judicial case file, and hearing recording incorporated into the judicial case file).

5. The State and Los Manantiales del Pacífico N Y S S.A. were granted the statutory hearing. The State opposed the complaint, asserting the defense of lack of right (falta de derecho). The co-defendant company also rejected the complaint, without asserting any objections. (images 85 to 88 of the judicial case file).

6. Having been granted the hearing regarding the responses, the plaintiff filed their reply brief (escrito de réplica). (images 108 to 113 of the judicial case file).

7. At the preliminary hearing held on April 25, 2023, the claims were set in accordance with the complaint. The Supervising Judge determined the disputed facts, and the evidence to be presented at the oral trial was admitted. Additionally, they requested an updated report on the matter under discussion from the State's representation. (images 206 to 210 of the judicial case file and its recording).

8. The public oral trial was held starting at 08:54 hours on February 18, 2025, with the participation of all parties, except for the representation of the co-defendant company, given that it joined the virtual meeting starting at 09:49 hours. In said hearing, the testimonial evidence admitted at the preliminary hearing was received, and oral closing arguments were given. (Record of the hearing and minute of the digital case file).

II.- ARGUMENTS OF THE COMPLAINT. The plaintiff's representation argues, as relevant, the following: The co-defendant holds a public domain riverbed concession (concesión de cauce de dominio público) over the Río Naranjo, expediente 7-2016, which consists of a material extraction area in the river and an additional plot of land for the material crushing, sorting, and storage area. That the company breaches the exploitation plan, to the point of causing environmental damage to the river, even causing an exposure of the bedrock (basamento), and there is over-exploitation of the material. That in November 2021, they requested the Dirección Geología y Minas of MINAE and SETENA to cancel the concession and suspend the works. In February 2022, the complaint was partially upheld, and it was determined that there had been breaches (an office within the protection zone, an illegal well, and a reforestation and river protection plan). On the other hand, there are breaches regarding the extraction depth (no more than 1.5 meters). Furthermore, the Dirección de Minas identified that the extraction is not laminar and exceeds the depth, but it has permitted this situation in breach of the terms of the concession. As for the legal basis, it indicates that there are breaches by the concessionaire company and damage to the environment, the main ones being the invasion of a protection area, an illegal well, and excavation of the Río Naranjo riverbed, all of which is observed in the report by geologist Leonel Rojas Castro. In said document, the breaches and environmental damages from over-exploitation, noise, and dust from the machinery are accredited. All of this was observed by the Dirección de Geología, which set this matter aside, given that it only makes recommendations to the concessionaire regarding the type of extraction and depth without concluding that there was a breach of the exploitation plan. That the concessionaire has legal obligations, including environmental ones, to fulfill, and these give rise to the cancellation of the concession, including Articles 34, 62, 67 of the Código de Minería, as well as numerals 68 and 93 of its regulations. Regarding environmental regulations, Article 33 of the Ley Forestal was violated, by the invasion of the protection area through the illegal construction of an office, as well as Articles 98 and 99 of the Ley Orgánica del Ambiente and 128 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre. In the report provided, it was determined that in the downstream sector of the river and the junction with the unnamed stream, over-exploitation occurred, given that there is exposure of the rocky bedrock, laminar extraction was not carried out, but rather the gravel and boulder layer was extracted with an excavator, reaching a depth of more than 2 meters and affecting the bedrock. That is, there is a serious infraction of an environmental nature. These arguments were reiterated in the oral closing arguments, at which point this Tribunal warned that novel arguments would not be taken into consideration for the issuance of this decision.

III.- ARGUMENTS OF THE RESPONSE. A) The State: The State's representation rejected the complaint and stated that the plaintiff's complaint before SETENA was denied, that in February 2022 warnings were issued under the threat of a possible concession cancellation to the plaintiff, following an inspection conducted by the Dirección de Geología. That this body verified in the field that extraction was laminar and without exceeding 1.5 meters; furthermore, it was indicated that due to the type of river and its basin (sloping), coarse sediment transport occurred, and material banks were created. That although the granting recommendations are for the purpose of not executing poor extraction practices that lead to a negative impact on the river, the granulometric conditions present in the riverbed make laminar extraction difficult from the perspective of profitability and machinery performance. It is for this reason that, in riverbeds with the aforementioned characteristics, making extraction cuts greater than 1.5 m does not generate a negative impact on the river's dynamics. Likewise, in the inspections carried out by this coordination office, it has been determined that the extraction has been carried out optimally; the machinery has been found in the dry part of the riverbed, executing longitudinal extraction cuts. It asserts the defense of lack of right, stating that after the complaint was filed, the Dirección de Geología conducted an inspection in the area, in which it was observed that extraction was carried out in a laminar manner without exceeding 1.5 m in depth (official communication DGM-CMPC-135-2021 of 12-2-2021). By November 17, 2021, an inspection had also been conducted to verify what was reported by the concessionaire in its work report, in which it was observed that extraction was carried out on a dry surface, without contact with the main water flow (official communication DGM-CMPC-133-2021 of December 1, 2021). It continues stating that in a new complaint filed by the plaintiff before the DGM, dated December 2, 2021, the destruction of a dike built in the sector by the Comisión Nacional de Emergencias was reported; however, the same commission responded that "The area where Mr. Brenes indicates there was destruction of the original dike actually involves a narrowing of the riverbed and the construction of a new dike. There is an improvement in the river's hydraulic area and consequently a decrease in flood risk" (See official communication CNEUGPR-OF-130-2022). The said Dirección delves into the study presented by the plaintiff and, finding that they are partially correct on some aspects, issues memorandum DGM-CMPC-005-2022 of February 10, 2022, which points out technical guidelines that must be followed by the concessionaire in order to develop the project correctly. Through resolution No. 108-2022 of February 16, 2022, it orders the concessionaire to comply with said guidelines. The concessionaire responds to the aforementioned resolution through a brief dated March 16, 2022, and in memorandum DGM-RNM-170-2022 of March 21, the lawyer of the Área Pacífico Central of said Dirección reports on the concessionaire's compliance with the guidelines. Compliance is confirmed in memorandum DGM-DCM-28 OF 2022 of June 10, 2022. For its part, SETENA takes cognizance of the request for cancellation of the mining concession filed by the plaintiff, which obtained viability through resolution 1296-2016-SETENA, and through resolution 995-2022 of June 15, 2022, it rejects the Incidente de Nulidad against resolution No. 1296-2016-SETENA, at 7 hours and 00 minutes on July 15, 2016, for expediente D1-11561-2013-SETENA. B) Los Manantiales del Pacífico N y S S.A.: The co-defendant's representation rejected the complaint and stated as relevant: That the facts of the complaint are false, given that it has not been demonstrated through technical evaluation or expert opinion that there is environmental damage in the area or over-exploitation. That to date, the inspections carried out and the regencies (regencias) report that the standards and regulations on exploitation have been met. It indicates that the warnings issued are not serious breaches of the exploitation plan but rather adjustments or improvements to it. Regarding the legal basis, it says that the plaintiff presents an unreal situation without evidentiary foundation, that the concession has been operated in accordance with the approved plan. That the guidelines and relevant laws on the matter have been diligently complied with, and that the complaints are due to the nuisance that the concession causes the plaintiff. It does not assert any defenses and requests that the complaint be dismissed without merit. The defense arguments were reiterated in the oral closing arguments.

IV.- REGARDING EVIDENCE FOR BETTER RESOLUTION: At images 335 to 350 of the judicial case file, the plaintiff provided as evidence for better resolution (prueba para mejor resolver) a third private report prepared by geologist Leonel Rojas Castro, corresponding to an update of the conditions observed in November 2024 in the concession zone and regarding the matter of interest. The statutory hearing was granted to the parties, on which only the State's representation commented, opposing its admission. Now, having analyzed the corresponding matter and based on Articles 41.3 of the CPC and 220 of the CPCA, it is the opinion of this Tribunal that said evidence must be admitted for better resolution, given that it allows both verifying and clarifying relevant facts discussed in this case, such as the irregularities not only in the management and exploitation of the concession but also regarding purely environmental aspects of the area, which were not duly documented or addressed by the defendant authorities. Thus, the indicated report is admitted.

V.- PROVEN FACTS. Of importance for resolving this matter, the following relevant facts are deemed proven:

1) That in May 2011, the co-defendant company filed an application for an exploitation concession in a public domain riverbed (cauce de dominio público) on the Río Naranjo, located in the province of Puntarenas, cantón of Aguirre, distrito Quepos, with an area of 2 kilometers of riverbed and access via a public road located on the right bank of the river. (images 153 and 152 of administrative file N° DGM 7-2016, initially identified as 39T-2011 on the attached compact disc).

2) That said project obtained approval of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) granted by the Secretaría Técnica Ambiental (hereinafter SETENA) through resolution N° 1290-2016-SETENA at 07:00 hours on July 15, 2016, in which it was ordered, as relevant: "FIFTH: ... Project Description: The project consists of the extraction of part of the alluvial deposits of the Río Naranjo and the industrialization of the materials into 'piedra cuarta', 'piedra quinta', and ballast. The estimated area of the project is 2000 linear meters, and the zone where the logistical infrastructure will be located is 13,763 m2, the crushing plant and the collection center, as well as a site for parking the machinery in a shed-type structure. The extraction of alluvial material will be laminar, taking advantage of the material banks, establishing a maximum cut of 1.5 m below the 'thalweg', projecting the advance into the material banks upstream, endeavoring to cut on a dry surface as much as possible. The extraction will be carried out within the limits of the riverbed covering backwaters and material banks, where efforts will be made to widen the hydraulic section to capture part of the solid flow. The extraction work will begin in block 2, between sections 8-15, advancing upstream, locating the face on the right bank; subsequently or simultaneously, depending on material demand, other faces will be opened in block 3, always maintaining the corridor along the right bank. The crushing plant will be located northwest of the requested area, taking advantage of the proximity of the place and the existing access (sic) to the river; the idea is not to remove the dike but to use the slope that already exists on this site to access the extraction site, also locating the operations area there." (images 119 to 124 of the administrative file).

3) On July 18, 2016, the representative of the co-defendant filed a second concession application, under the terms already indicated. (images 104 and 105 of the administrative file).

4) By Memorandum DGM-CME-101-2016 of January 9, 2017, signed by geologist Luis Chavarría, a report was issued on the co-defendant's concession application. As relevant, it was stated:

"The maximum extraction level has been established at 1.5 m.

For each section, the exploitation area was defined from the limit of the stabilization terrace (terraza de estabilización) (which includes the riverbed protection zone), on both banks. From this point, a slope with an angle of 45 degrees was defined, as shown in the survey of each cross-section.

As deduced from the project report and as indicated by the regente in the field, to calculate the volume of material, the evaluated reserve area of two consecutive sections was averaged and multiplied by the separation distance.

Geologically, the riverbed area hosts the alluvial deposit, which is comprised of shales, sandstones, and conglomerates, deposited during the Oligocene to the Pleistocene.

The deposit consists of alluvial deposits, originated by the denudation of Oligo-Pleistocene volcanic rock units and the aforementioned sedimentary units.

The riverbed exhibits a natural selection, forming sand deposits in some river bends; furthermore, alluvium thicknesses of up to 2.5m are observed on the stabilization terraces, which are formed by alluvial strata, poorly consolidated, covered by grasses and some scattered trees that provide some stability.

The extraction of alluvial material will be laminar, taking advantage of the material banks, establishing a maximum cut of 1.5 m, projecting the advance into the material banks upstream, endeavoring to cut on a dry surface as much as possible; in photograph 1, a material bank is observed.

The extraction will be carried out within the limits of the riverbed, covering backwaters and material banks, where efforts will be made to widen the hydraulic section to capture part of the solid flow. The extraction parameters will obey the dimension of the reserve areas evaluated in each section (seen in Anexo 3), within the indicated blocks (seen in Mapa 2).

The extraction work will begin in block 2, between sections 8-15, advancing upstream, locating the face on the right bank; subsequently or simultaneously, depending on material demand, other faces will be opened in block 3, always maintaining the corridor along the right bank.

The advance in the extraction faces that are opened will be upstream, cutting the material in a laminar manner, respecting the stabilization terraces, which will not be subject to extraction, but rather, will be reinforced, placing oversized blocks on the edge to protect them from erosion and avoid the irregular widening of the riverbed caused by major floods.

As progress is made, simultaneous extraction faces will be maintained, with which it is intended to establish control over the river's erosion profile.

An excavator will cut the material, making a cut between 1.0 - 1.50 m, to maintain laminar extraction, directly loading the dump trucks that will be hauling to the material stockpiling area.

As much as possible, to minimize the impact on the water, the cut will be maintained on a dry surface, managing the water flow towards the left bank, thereby facilitating access to the extraction face.

In the lowest part of the extraction face, at the beginning of the cut (which will advance upstream), a small sedimentation pond will be left, so that the saturated waters settle, so that, free of particles or sediments, they reach the water flow again. Some of the oversized blocks will be placed on the riverbank (in the sections that require it), protecting the stabilization terraces and the riparian vegetation zone from the river's erosive process, avoiding the negative widening of the riverbed, or they may be deposited at the foot of the dike.

Regarding the equipment to be used in the project, as indicated, the equipment needed to put the project into operation will be rented, from what is available in the market, similar to what would operate in the project, which is the following:

Backhoe Excavator (Cat-330D), (one unit): This will be used to cut and load the material in the riverbed.

Dump Trucks (three units): three-axle trucks; depending on availability, articulated trucks larger than those used for the projection could be used. Their function will be to haul material from the river to the stockpiling area at the crusher, occupying 180 dump truck hours.

Loader (two units), CAT 950E: They will perform the task of feeding and cleaning the crusher tailings during the process, in addition to loading the sold material.

By virtue of the work they will perform, they must remain on site during the daily work shift, all month.

The crushing plant to be used will be located on the property owned by Los Manantiales del Pacifico N y S S.A., with cadastral plan 6-240931-1995. The property is located on a paleo-stabilization terrace on the right bank of the Río Naranjo, protected by a dike, in the intermediate section of the concession area.

The site chosen for the location is observed, which is at a prudent distance from the River; however, the dike in that section must be protected more, with oversized material, to prevent an overflow towards the stockpiling yard during any river flooding.

The primary crusher crushes the material, which then passes to the secondary screen, which has three mesh levels and the bottom. It selects the fraction: X>7/8", 7/8">X>1/2", 1/2">X>1/4" and the bottom X<1/4".

The fraction X>7/8" passes to the secondary crusher, where it is crushed again and returns to the secondary screen. The fractions X<7/8" are marketed as 'piedra quinta', 'piedra cuarta', and stone dust.

Regarding the crushing plant, it will be Teismith brand (or equivalent), with an average processing capacity of 170 T/h (the primary crusher is the bottleneck).

The maximum size that the primary crusher can process is 30" x 42" blocks. The plant, as described, is composed of the following equipment:...

Water will not be required in its process, so its crushing will be dry, at least not in a large quantity, the minimum.

The plant is used, with an approximate useful life of 30 years, using a regular preventive maintenance program and periodic reviews.

Summary:

After evaluating the exploitation project, and having conducted the field visit on Nov. 10, 2016, accompanied by the Regente, and knowing the details of the exploitation to be carried out, considering a simple and viable exploitation, which obliges us to have good control and care from every point of view, both Environmental and technical, regarding its extraction, thus taking into account these factors such as the dynamic reserves of 389,608 m3 of material annually and current Static Reserves of 722,950 m3, I consider the following:

The projected extraction rate for the existing market is 12,000 m3/month.

I recommend the approval of the project, taking into consideration the alluvial deposit intended for extraction, which has been formed by the entrainment and deposition of materials in the river over time, in relation to its exploitation period and based on its reserve calculation, in relation to the reserves presented; therefore, I recommend an extraction of 600 / day and with an annual extraction of approximately 144,000 m3, an extraction period of 7 years is recommended; therefore I approve the cited exploitation project, and its field visit, provided the following granting recommendations are met:

> The exploitation period may be granted for a period of 7 years.

> The approved exploitation methodology must be respected; it cannot be varied. If it is necessary to vary its methodology, the DGM must be informed of the reason why its methodology is varied, and the Dirección will evaluate and rule.

> The concessionaire is authorized to use the equipment described in the project; if more equipment is needed, they must request it from the DGM and indicate the reasons why more equipment is needed, and the DGM will resolve officially.

> In each block, an effort must be made to preserve its general slope to alter the natural balance of the riverbed as little as possible.

> The permanence of the original average slope of 0.22% must also be verified through measurements every 50 m of the lowest part of the riverbed. These measurements must be taken at least twice a year, at the end of the rainy season and during the mid-year dry spell.

> If the recovery of the original levels is not verified, extraction cannot continue at the same rate, and a lower extraction rate must be determined that allows the river to maintain the balance in its riverbed.

> Avoid accumulations of material in the river for extended periods of time.

> Preventive maintenance must be performed on all equipment to prevent fuel or oil leaks as well as major damage.

> Collection of all types of waste.

> Protection of the banks with oversized material. The protection or slope reinforcement work will advance based on the extraction, since these will depend on the amount of oversized stone (diameter greater than 0.8 m) that can be recovered in the process.

> The concessionaire is obliged to respect the Ley Forestal in its Art. N° 33, therefore, they must not accumulate overburden or other materials in areas near rivers or streams.

> The extraction volume approved by the DGM will be respected, which must be in accordance with the annual deposition of the river in this sector, in order to avoid excessive sedimentation that would cause the river to multiply its channels, producing unpredictable behavior.

With the progressive advance of the extraction, in each block, an effort must be made to preserve its general slope to alter the natural balance of the riverbed as little as possible.

> Topographic surveys of cross-sections will be carried out at the sites where extraction has been performed, in order to monitor the slope of the entire concession area.

> The extraction volume approved by the DGM will be respected, which must be in accordance with the annual deposition of the river in this sector, in order to avoid excessive sedimentation that would cause the river to multiply its channels, producing unpredictable behavior.

> A recalculation of the dynamic reserves is recommended each year.

> The use of explosives in the area is strictly prohibited.

...

An annual work report must be submitted, which must contain at least the following information:

 Detailed geological maps and profiles of the work area at a scale of 1:2000. Maps of advances and exploitation faces, at a scale of 1:2000

 Material removed and remnants during the period

 Location map and reserve blocks, indicating the area worked

 Operation costs during the period, including: costs, wages, copies of the Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S) payroll records

 List of personnel involved in the work according to their characterization.

 Respect environmental mitigation measures.

Said exploitation project and its respective visit are approved." (images 96 to 100 of the administrative file).

5) Having made the consultation to the Dirección de Agua of MINAE, through official communication DA-0708-2017 of July 12, 2017, it was indicated: "In the area, there are material banks which, if not exploited, will recharge the waters on one or the other riverbank, with the detriment that the slopes are affected. The situation posed entails the risk that the adjacent property to the river will be flooded or undercut."

In view of the foregoing, the undersigned considers it advisable to grant the exploitation concession for materials from the Naranjo River with the following conditions: The area to be exploited will be an area of 37 ha 1,257.18 m2 (approximately 2,000 linear meters) in the channel of the Naranjo River in the district of Naranjito, canton of Aguirre, province of Puntarenas.

1. The material to be extracted shall be recent alluvial deposits (gravels, sands, and blocks), it being clearly established that extracting material from the firm bed of the river channel is totally prohibited, so only the extraction of dragged material will be permitted.

2. The extraction of materials from the riverbanks is totally prohibited.

3. The extraction of materials shall be mechanized in a laminar form, therefore no type of equipment that does not guarantee this type of extraction may be used.

4. It may be carried out at any time of year when it is not impeded by the normal flooding of the river.

5. The accumulation of materials in the river channel is totally prohibited to prevent potential damming." (images 91 and 92 of the administrative file).

6) By means of resolution No. 097-2018-MINAE at fourteen hours fifty-five minutes on March 21, 2018, the Executive Branch ordered, in its operative part, as relevant:

"FIRST: In accordance with the Resultandos and Considerandos of this resolution, the recommendation issued by the Dirección de Geología y Minas via official letter DGMRNM-149-2018 of March 9, 2018, is accepted, and the exploitation concession for materials in the Public Domain Channel of the Naranjo River, located in Naranjito, District 01 Quepos, Canton 06 Aguirre, Province of Puntarenas, is granted in favor of the company Los Manantiales de Pacífico N y S, S. A., legal identification number 3-101-633530, for a term of ten (10) years.

SECOND: The materials to be exploited, according to memorandum DGM-CME-101-2016 (sic), consist of alluvial deposits constituted by lutites, sandstones, and conglomerates, with an extraction rate projected for the existing market of 12,000 m3/month, therefore, an extraction of 600 m3/day is recommended, with an approximate annual extraction of 144,000 m3.

THIRD: In accordance with official letters DGM-CME-101-2016 (sic) of January 9, 2017, and DGM-CME-12-2018 of February 28, 2018, both from geologist Luis Chavarría Rodríguez, the concession has the approval of the Crushing Plant (Quebrador) as well as the stockpile yard. As mandated by Article 9, subsection 1) of the Reglamento al Código de Minería, the Crushing Plant is contemplated in the environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental) approved by SETENA, according to resolution No. 1296-2016-SETENA, at seven hours on July fifteen, two thousand sixteen.

CURTO (sic): The exploitation works must be executed in accordance with the previously approved Exploitation Program and complying with the recommendations that the Secretaría Técnica Nacional Ambiental indicated in the environmental impact assessment (Evaluación de Impacto Ambiental), the Dirección de Aguas in the official letter described in Resultando Sexto, and this Dirección de Geología y Minas in memorandum DGM-CME-101-2016 (sic) from geologist Luis Chavarría Rodríguez, which were transcribed in Resultando Quinto of this resolution.

FIFTH: The concessionaire Los Manantiales de Pacífico N y S, S. A., must comply with all the obligations imposed by the Código de Minería and its regulations, as well as the recommendations indicated during the process by the Dirección de Geología y Minas, the Dirección de Agua, and SETENA, and any directives issued at any time by both entities. Otherwise, it is warned, it may be subject to the procedure for cancellation of the concession, following due process..." (images 30 to 40 of the administrative file).

7) On November 22, 2021, the plaintiff filed a complaint before the Dirección de Geología y Minas of MINAE and SETENA, requesting the initiation of a procedure for cancellation of the concession and the suspension of the works. (file 89 of the administrative file).

8) By means of a private technical report dated November 2021, prepared by geologist Leonel Rojas Castro, at the plaintiff's request, it was concluded that there were irregularities in the exploitation of the concession, as well as from an environmental point of view, corresponding to invasion of the protection zone of the unnamed stream (quebrada sin nombre), constructions in the protection zone and part of the right-of-way, an illegal artisanal well, noise generation, non-compliance with the exploitation plan regarding laminar extraction of material and depth of cut, exposure of the basement, impact on the CNE dike, and impact on the rafting activity. (images 13 to 31 of the precautionary measure file).

9) As a result of the indicated complaint, an inspection was carried out at the concession site on November 17, 2021, by official Daniela Herra Herrera of the Departamento de Control Minero Región Pacífico Central, who, via official letter DGM-CMPO-135-2021 of December 2, 2021, indicated that she observed the following at the site, as relevant:

"A control inspection was conducted at the concession area with file 7-2016. At the time of the visit, extraction works were being carried out in block 2. Said works were being executed in such a way that the machinery did not have contact with the main water flow, but rather in a dry medium (Photo 1 and 2). The extraction was carried out in a laminar manner without exceeding 1.5 m in depth, while widening the hydraulic section of the channel.

In previous inspections, block 2 showed a very wide sand bar, which caused the water flow to be directed toward the banks, causing erosive processes to begin. Expanding the hydraulic section in that sector prevents this problem from occurring. Additionally, it is reminded that oversized blocks must be placed on the banks that are exposed to erosion processes.

...

Some dust emissions were observed in the crusher (quebrador) area, so the use of water is recommended in order to avoid this problem.

Water residues were observed in the primary part of the crusher (quebrador); it is advisable that these waters be directed in a way that they do not generate accumulations or ponding within the crusher (quebrador) and stockpile area.

It was observed that there is a lot of scattered waste material within the stockpile yard area, as well as on the banks of the channel that passes by the entrance to the concession area (Photo 5 and 6); these materials must be collected and placed in a suitable site.

Likewise, it is recommended that a reforestation and protection program be started for the channel that passes through the concession area.

It was observed that the office area is located in a different area than the previous visit. The new office is located near the bank of the channel that runs parallel to the concession. Additionally, it was distinguished that the sanitary facility area has a water connection from an artisanal well."

 Likewise, she recommended:

"1. Oversized blocks must be placed on the banks to provide protection to the dikes built on the site, as well as to those exposed banks that may be affected by erosion.

2. If the conditions of the crusher (quebrador) change by implementing water in the process, the respective sedimentation ponds must be built.

3. Due to the location of the office, the respective permits from the Municipality for the construction of this structure must be submitted to the file.

4. The respective permits for the artisanal well observed within the concession area must be submitted; if the permits are not held, it must be eliminated immediately.

5. It is reminded that only the concessionaire's machinery is permitted to extract material within the channel; any other machinery from private individuals entering to purchase material must be loaded within the stockpile yard area." (file 94 of the administrative file).

10) Based on said report, resolution No. 007-2022 was issued at 12:20 hours on January 7, 2022, by the Dirección de Geología y Minas, whereby the concessionaire was ordered to comply with the recommendations of geologist Herra Herrera, without indicating a deadline for doing so, and warning that in case of non-compliance, cancellation proceedings would be initiated. (file 112 of the administrative file).

11) That as a result of an action taken by the plaintiff on December 2, 2021, the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, via Official Letter CNE-UGPR-OF-130-2022 of February 1, 2022, identified: "Conclusions: 1) In the area where Mr. Brenes indicates there was destruction of the original dike, what is actually occurring is a widening of the channel and the construction of a new dike. There is an improvement in the river's hydraulic area and consequently a decrease in flood risk. 2. An intervention was made in the channel downstream, causing a blockage that must be removed before the start of the next rainy season; this action must be carried out by the concessionaire company. 3. The damaged dike section (naturally) near the stream (quebrada) that goes toward the Hospital must be reconstructed by the concessionaire company before the start of the next 2022 rainy season." (file 123 of the administrative file).

12) Via official letter No. DGM-CMPC-005-2022 of February 10, 2022, signed by geologist Daniela Herra Herrera, and in relation to the complaint filed by the plaintiff, and specifically regarding the provided opinion signed by geologist Leonel Rojas, it was stated:

"Response to the document of Geól Leonel Rojas:

Invasion of the protection zone of the Quebrada Sin Nombre

A morphological analysis was carried out based on satellite images from Google Earth from the year 2006, where it was confirmed that what is called quebrada sin nombre corresponds to a branch of the Naranjo River, which has persisted due to increases in flow and overflowing of the Naranjo River or possibly due to anthropogenic actions to provide water to the palm plantations located to the east of the concession area. (Figure 2)

In a previous inspection, this coordination recommended via official letter DGM-CMPC-135-2021 that metallic objects be removed and a reforestation program be started on both banks. In this new inspection, it was confirmed that the metallic objects had been removed.

Construction in the protection zone and part of the right-of-way

A GPS point was taken of the site where the office is located and it was located in relation to the plan of the concession's stockpile yard (6-240931-1995), confirming that the office structure is on the limit of the northern boundary and that, in effect, the setback from the public road was not established (Figure 3).

The office location is at a distance of 3 m from what is defined as a branch of the Naranjo River (Photo 1 and 2); therefore, the setbacks from the protection zone are not met.

Regarding the discharge of wastewater, it is deposited in a 700-liter tank that is buried in the front part of the offices (Photo 3 and 4); therefore, no contamination of waste is being generated toward the branch of the Naranjo River.

Illegal artisanal well

An artisanal well exists at the site, for which this coordination had requested the respective permits from the concession representatives via official letter DGM-CMPC-135-2021; however, the concessionaire indicates that they are going to cancel the procedures being carried out at the Dirección de Aguas and close the well.

...

Non-compliance with the Exploitation Plan

This point indicates non-compliance, claiming that the entire thickness of sediment is cut and the basement is reached.

Most of the rivers located in this area (Río Cañas, Río Naranjo, Río Savegre) come from basins with very steep slopes, which favors the dragging of coarse sediment, which upon reaching areas of lower slope (alluvial plains) form systems of braided channels and consequently a large quantity of material banks.

In the case of the Naranjo River, from the community of Londres to its mouth, it presents high sedimentation, with observable thicknesses of approximately 3 m and a predominant granulometry of blocks and gravels mainly.

Although the granting recommendations are intended to prevent poor extraction practices that could lead to a negative impact on the river, the granulometric conditions present in the channel make it difficult to perform a laminar extraction from the perspective of profitability and machinery performance. That is why, in channels with the above characteristics, making extraction cuts greater than 1.5 m does not generate a negative impact on the river's dynamics.

Likewise, in the inspections carried out by this coordination, it has been determined that the extraction has been carried out optimally; the machinery has been found in the dry part of the channel, executing longitudinal extraction cuts. (Photos 11 and 12).

...

Invasion of the protection zone on the right bank of the Naranjo River

Regarding the invasion of the protection zone on the right bank, it is indicated that the respective setbacks are being made and they will be reviewed in the demarcation (amojonamiento) assessment by the DGM's surveyors.

The road opened within the protection zone corresponds to an access point to the channel and the concession area; this road is not generating any impact.

Impact on the CNE protection dike

At coordinates 1046439N – 489532 E, no signs of extraction were found indicating that the dike located on the right bank was affected by the concession activities. That sector generally presents siltation and extensive banks of material in the central and right part of the channel. (Photo 16 and 17)

In previous inspections, it was observed in the middle section of the concession area that a material bar was forming, which directed the main flow toward the banks, causing erosion at those points, which is why the concessionaire was told that removal of this material was necessary to centralize the channel.

Additionally, in said inspections, no difference was observed between the channel area and the dike, due to the recent extraordinary events (Hurricanes Eta and Iota) where the hydraulic capacity of the channel surpassed any protection that had been formed, in this case the dike on the right bank, which was not even distinguishable during the inspection. (Photo 18 and 19)

However, this coordination understands the importance and necessity of a protection dike on that bank; therefore, instructions will be given to the concessionaire to re-form a protection dike, which functions as access to the channel in the form of a dike-road.

...

Conclusions

1. A reforestation and protection program must be carried out for the branch of the Naranjo River, as well as the respective legal setbacks.

2. It is necessary to relocate the office installations because they fail to comply with the protection setbacks from the branch of the Naranjo River and the right-of-way setbacks.

3. The offices must be located in an optimal site according to what was presented in the exploitation plan.

4. It was not found that the bathroom installations were generating wastewater discharge toward the branch of the Naranjo River; however, having to remove the office will require removing the bathrooms and the waste tank that was installed.

5. The artisanal well must be closed and sealed.

6. It was confirmed that the noise generation from the crusher (quebrador) toward the dwellings remains at low levels, according to the Reglamento de Control de Contaminación por Ruido. The concessionaire is recommended to place material stocks directed toward the dwellings, so that they act as noise buffers.

7. Continuous watering of the surrounding roads, as well as the stockpile yard area, must be carried out to prevent the suspension of dust particles in the air.

8. The authorized operating hours for material extraction and processing will be between 6 am and 5 pm, Monday through Friday. Work may not be carried out outside these hours without prior authorization from the DGM.

9. No non-compliance with the exploitation plan was observed in the inspections carried out; given the morphological and hydrological conditions of the channel, cuts of at least 2 m in depth can be made.

10. No exposure of the basement was found due to the extraction works; on the contrary, within the concession area, banks with a thickness of 2 or 3 m are observed.

11. The concessionaire must maintain the setbacks from the protection zone of the Naranjo River channel, as well as the demarcation (amojonamiento) of the granted area.

12. The concessionaire must form a dike-road for access to the channel, and at the same time, gradually form a new protection dike on the right bank. This work must be carried out no later than the month of July when the rainy season begins, and the design for the formation of the dike must be submitted to the file.

13. A 2 m protection setback must be left from the dike located upstream, as well as for the new dike to be built.

14. The complainant is recommended to consult SETENA regarding the rafting activity and the concession works." (file 124 of the administrative file).

13) Based on said report, resolution No. 108-2022 was issued at 11:15 hours on February 16, 2022, by the Dirección de Geología y Minas, whereby the complaint filed by the plaintiff was declared with merit, and the concessionaire was ordered to comply with the recommendations of geologist Herra Herrera within a period of one month, warning that in case of non-compliance, the cancellation of the concession would proceed. (file 125 of the administrative file).

14) That by means of an unnumbered note dated March 16, 2022, the co-defendant company responded to the warnings made in resolution 108-2022. (file 133 of the administrative file).

15) By means of Official Letter DGM-RNM-170-2022 of March 21, 2022, signed by Marcell Conde Salas, attorney for the Área Pacífico Central, it is reported that the co-defendant complied in a timely manner with the previously indicated directives. (file 134 of the administrative file).

16) By means of technical report No. CNE-UIAR-INF-1301-2021 (sic) of February 10, 2022, signed by Marco Cordero Meléndez of the CNE, he indicated, as relevant, that the Naranjo River area is one of potential flood hazard, that no significant impacts on the dike that could be considered risky were observed, and that it was recommended to those in charge of the concession to be vigilant that the dike was not affected and that any necessary modifications should be made in case of any damage. (file 135 of the administrative file).

17) By means of resolution No. 502-2022-SETENA at 10:25 hours on March 23, 2022, the Comisión Plena of SETENA determined and ordered, as relevant:

"5.2 Regarding the alleged invasion of the stream protection area and illegal well

The Departamento de Auditoria y Seguimiento Ambiental (ASA) of SETENA requested a technical opinion from the competent entity regarding wells and determining whether or not the channel or depression (called so before the pronouncement of the Dirección de Aguas) that crosses plan P-240931-1995 in a northeast to west direction is a public domain channel; in this case, it falls upon the Dirección de Aguas of MINAE. In this regard, said Directorate, in its official letter DA-UHTPSOZ-0161-2022 of March 3, 2022, in response to this Secretariat, determined that: The channel or depression (called so before the pronouncement of the Dirección de Aguas) that crosses plan P-240931-1995 in a northeast to west direction was classified by the Dirección de Aguas as an intermittent public domain channel (lateral contribution of the base flow of the Naranjo River, initial coordinate 1046645 N / 489643 E and final coordinate 1046599 N / 489343 E).

At coordinate 1046581 N / 489353 E, the sealing of an artisanal well was located, thus corresponding to no type of use of the same on the property in question.

In virtue of the pronouncement of the Dirección de Aguas, it has been determined that the branch of the Naranjo River or lateral contribution of the base flow of the Naranjo River that crosses plan P-240931-1995 in a northeast to west direction is an intermittent public domain channel; therefore, the administrative office area located in front of the public street within the plan in question is located entirely (100%) within the 15-meter protection area of the branch of the Naranjo River (See figure No. 1).

...

In figure No. 2, the approximate location, coordinates CRTM 05 1046581 N/ 489353 E, is shown, where there apparently was an artisanal well (According to Dirección de Aguas). At the time of the visit on February 14, 2022, it was sealed. SETENA, via official letter SETENA-DT-ASA-1936-2021 of December 10, 2021, forwarded it to the competent entity (Dirección de Aguas) so that they could proceed according to their functions.

...

SIXTH: From the analysis of the information contained in the file and the environmental inspection, the following non-compliances have been determined:

Non-compliance 1. Invasion of the protection area of the branch of the Naranjo River (15 meters) by the infrastructure where the administrative area is located (Container, cement slab and roofs, and the sanitary services).

Non-compliance 2. The construction of surface channels and sedimentation lagoons to discharge runoff water free of suspended solids and prevent erosion could not be sighted in the AP of the stockpile yard. In the environmental reports, the environmental officer reports that they are built.

Non-compliance 3. The environmental reports are only signed by one environmental officer when they should be signed by the two environmental officers appointed by the developer.

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POR TANTO

LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE

In Ordinary Session No. 022-2022 of this Secretariat, held on MARCH 23, 2022, in Article No. 33, it agrees:

PRIMERO: To proceed, within a period of 15 days counted from the notification of this resolution, to remove from the protection area of the branch of the Naranjo River that crosses P-240931-1995 in a northeast to west direction, all infrastructure related to the administrative area, namely: roofs, sanitary services, container, cement slab, and to relocate it in another area within plan P-240931-1995 outside of any protection area of the branch of the Naranjo River and the Naranjo River (15 meters on both sides of the channel), and to apply a plan of remediation measures for the protection zone, in order to return it to its original state, to be endorsed by this Secretariat prior to its implementation.

SEGUNDO: To proceed, within a period of 15 days counted from the notification of this resolution, to construct the surface channels and sedimentation lagoons to discharge runoff water free of suspended solids and prevent erosion.

TERCERO: To submit an extraordinary environmental report within a period of 10 business days counted from the notification of this resolution, reporting on the current status of the project and including what is indicated in the preceding POR TANTO SEGUNDO and TERCERO. This report must be signed by the developer's representative and the two environmental officers.

CUARTO: To proceed within a term of 10 business days to enable the digital environmental logbook (bitácora ambiental digital).

QUINTO: To apply the provisions regarding the Conclusions of resolution No. 108-2022 issued by the Dirección de Geología y Minas on February 16, 2022, except for points 1 (At the end of the project closure, according to the PGA endorsed by SETENA), 5 (sealing of the artisanal well, given that as of 02/14/2022, it had already been sealed and it is the jurisdiction of the Dirección de Aguas of MINAE to resolve the case), and point 14 (Rafting, is not part of the project)..." (file 136 of the administrative file).

18) By means of Official Letter No. DGM-DCM-28-2022 of June 10, 2022, signed by Mario Gómez Venegas, Head of the Departamento de Control Minero, it was indicated, as relevant:

"INSPECTION REPORT:

The main objective of the inspection was the follow-up and compliance with the recommendations indicated in Resolution R-108-2022, for which the following list with their respective observations is made.

...

It is necessary to relocate the office installations because they fail to comply with the protection setbacks from the branch of the Naranjo River and the right-of-way setbacks. In folio 133, a document is visible where the concessionaire together with the overseeing geologist (geólogo regente) explain that they are conducting an investigation into the "branch of the Naranjo River," finding that this channel or branch was intercepted by a dike formed years ago by the CNE and that the extraordinary flow of the river abandoned that channel or branch. This was verified by the undersigned, and it was possible to observe that the waters flowing through that depression are mainly surface runoff. Therefore, I believe it is extremely important to request an opinion from the Dirección de Agua before compelling the concessionaire to incur a high expense in relocating the installations where the warehouses and office are currently located.

 

The offices must be located in an optimal site according to what was presented in the exploitation plan. As indicated in point two, the offices have not been relocated, with good reason, until an opinion is received from the Dirección de Agua.

...

It was confirmed that the noise generation from the crusher (quebrador) toward the dwellings remains at low levels, according to the Reglamento de Control de Contaminación por Ruido. The concessionaire is recommended to place material stocks directed toward the dwellings so that they act as noise buffers. As of the date of the inspection, the concessionaire was in the process of installing a smaller, more efficient crusher (quebrador) with lower noise generation. In subsequent control inspections, the noise levels of this new equipment will be verified.

...

No non-compliance with the exploitation plan was observed in the inspections carried out; given the morphological and hydrological conditions of the channel, cuts of at least 2 m in depth can be made. According to the observations made during the inspection, the concessionaire is developing its exploitation plan as authorized.
No exposure of the basement was found due to the extraction works; on the contrary, within the concession area, banks with a thickness of 2 or 3 m are observed. The material dragging capacity of the Naranjo River is much greater than the extraction rate being performed by the concessionaire, so it is somewhat difficult for the extraction pace to reach the levels of basement exposure; however, the concessionaire was reminded of the importance of performing a homogeneous extraction along the length and width of the established blocks, according to the Exploitation Program.

...

The concessionaire must form a dike-road for access to the channel, and at the same time, gradually form a new protection dike on the right bank. This work must be carried out no later than the month of July when the rainy season begins, and the design for the formation of the dike must be submitted to the file. The formation of this dike was corroborated during the last visit made with the former Coordinator of the Region, Lic. Geól. Daniela Herra Herrera, on April 4, 2022, and its progress and maintenance were also reviewed in the inspection of May 31 of this same year.

...

Therefore, in view that the concessionaire has complied with most of the recommendations, this department head sees no inconvenience in the concessionaire continuing with the exploitation works; however, it is recommended that the RNM proceed with the consultation established in point 2, regarding the reality and opinion of the supposed branch of the Naranjo River." (file 139 of the administrative file).

19) By means of an unnumbered note dated June 15, 2022, the co-defendant company responded to the aforementioned Official Letter. (file 145 of the administrative file).

20) By means of resolution No. 995-2022-SETENA at 09:30 hours on June 15, 2022, the Comisión Plenaria of SETENA rejected the motion for nullity filed by the plaintiff against the resolution that granted environmental viability to the project for the extraction of material of interest.

(file 146 of the administrative file).

21) By means of resolution No. 438-2022 of twelve hours thirty minutes on the twenty-first of July of two thousand twenty-two, from the Dirección de Geología y Minas, it ordered the defendant company as follows: "...FIRST: Based on the considerandos of this resolution, and the last paragraph of Article 67 of the Mining Code (Código de Minería), it is appropriate to grant the company LOS MANANTIALES DEL PACIFICO N Y S S.A., legal ID 3101-633530, a period of 15 business days to comply with everything ordered by the Dirección de Geología y Minas, especially what is indicated in points 2-) and 3-) of official letter DGM-DCM-28-2022 dated June 10, 2022, signed by Lic. Mario Gómez Venegas, Head of the Departamento de Control Minero, likewise having been verified by the Dirección de Agua through official letter No. DA-UHTPSOZ-0161-2022 of March 3, 2022, by means of a field inspection, it managed to determine that Source 1 corresponds to an Unnamed Creek (Quebrada Sin Nombre) of intermittent nature, which is a public domain water body, whose report is final, the concessionaire company must comply with the following:

a-) Relocate the office facilities because they violate the protection setbacks (retiros de protección) from the branch of the Naranjo River and the right-of-way setbacks.

b-) Relocate the office facilities in an optimal site, as presented in the exploitation plan.

Therefore, the Dirección de Geología y Minas, as part of the monitoring and control, will carry out a field inspection to verify compliance with what is ordered in this resolution; otherwise, the matter will be referred to the Office of the Minister to proceed as legally appropriate..." (image 216 of the judicial file).

22) In official letter No. DGM-OD-169-2023 of June 21, 2023, signed by Ileana Boschini López, director of the Dirección de Geología y Minas, it was stated: "At the time of the visit, extraction work was being carried out in the downstream block near the left bank with an excavator, Komatsu brand, and hauling with articulated dumpers, Caterpillar brand. A channeling of the river towards the left bank of the riverbed is observed; however, downstream the river flow flows directly towards the dike (dique) located on the right bank, generating erosion of the same since the beginning of the dike is observed with a relatively low height, which may imply a danger of river overflow at the beginning of the rainy season. The concessionaire is reminded of their responsibility in protecting the dike by managing the hydraulic section and placing oversized blocks to protect the banks.

...

According to the review of the machinery lease contract approved in official letter DGM-CMPC-020-2023, a tracked excavator, Volvo brand, model EC350DL, is included; however, on site, a Komatsu brand excavator is observed." (images 213 to 221 of the judicial file).

23) By means of resolution No. 492-2023 of 13:45 hours on June 21, 2023, issued by the Dirección de Geología y Minas, it was ordered, in what is relevant:

"FIRST: Based on the considerandos of this resolution, and the last paragraph of Article 67 of the Mining Code (Código de Minería), it is appropriate to grant the company LOS MANANTIALES DEL PACIFICO N Y S S.A., legal ID 3101-633530, a period of 30 business days, in order to comply with the following:

SECOND: Comply with the technical recommendation issued through resolution No. 108-2022 of February 16, 2022, by this Directorate, regarding the relocation of the offices.

THIRD: Comply with the technical recommendations indicated in official letter DGM-CMPC-093-2023 signed by geologist Carolina Suárez Matarrita, Coordinator of the Pacífico Central Region, based on the control visit made to the area of file 7-2016, which are detailed below:

1. The respective legal setbacks must be made for the Unnamed Creek (Quebrada Sin Nombre), corresponding to a branch of the Naranjo River.

2. It is necessary to relocate the office facilities, because they violate the protection setbacks with the branch of the Naranjo River and the right-of-way setbacks.

3. The offices must be located in an optimal site according to what is presented in the exploitation plan, within the area of plan No. 6-240931-1995.

4. Continuous watering of the adjacent roads must be carried out, as well as of the stockpile yard area, to prevent the suspension of dust particles in the air.

5. Accumulations of material within the riverbed for extended periods of time must be avoided.

6. The dike located on the right bank of the block downstream of the concession must be protected, directing the riverbed towards the center and the left bank and placing oversized blocks at the base of the dike.

7. Clarify the contractual status of the Komatsu brand excavator.

8. Compliance with the provisions of article No. 184 of the RCM will be reviewed, which mentions the obligation of the supervising geologist (geólogo regente) in charge of the exploitation work to make a monthly visit to the extraction site and record it in the geological logbook.

The company LOS MANANTIALES DEL PACIFICO N Y S S.A., legal ID 3101-633530, is warned that in case of non-compliance with what is ordered in this resolution, action will be taken in accordance with Article 67 of the Mining Code (Código de Minería)." (images 264 to 272 of the judicial file).

24) By means of resolution No. 604-2023 of 12:25 hours on August 10, 2023, the Dirección de Geología y Minas deemed compliance with resolution 438-2022 regarding the relocation of the co-defendant company's office. (images 257 to 260 of the judicial file).

25) Through official letter DGM-CMPC-141-2023 of August 24, 2023, follow-up was given to what was ordered in the preliminary injunction corresponding to this process by the Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, where in summary and in what is relevant, it is stated that in the concession there are no irregularities in its exploitation. (images 262, 263 of the judicial file).

26) Through a private technical report dated September 2022, prepared by geologist Leonel Rojas Castro, at the plaintiff's request, it was concluded that there were irregularities in the exploitation of the concession, as well as from an environmental point of view, corresponding to the creation of pits and irregular extraction within the riverbed, exposure of the basement (basamento), invasion and destruction of the protection zone of the branch of the Naranjo River, and problems with the dike. (images 125 to 152 of the judicial file).

27) Through official letter DGM-CRC1-090-2023 of December 21, 2023, signed by Mario Gómez Venegas, director of Geología y Minas, it was stated, in what is relevant:

"-In the exploitation block called intermediate, evidence of extraction was observed, for which the formation of a central channel was observed, which is divided by a row of rocks parallel to the flow direction, which are easily overtopped during flow increases.

...

-The extraction reports for the intermediate and downstream blocks indicate that extraction occurred in these blocks between the months of September and November 2023. The downstream block showed a partial recovery of the alluvial bars (barras aluviales). (See photo No. 3) In this sector, the main flow channel was observed leaning against the left bank. Then, in its course, the flow channel increases its sinuosity with the formation of a meander that heads towards the dike on the right bank, causing an erosive focus in a section of the dike approximately 25 meters long.

...

Therefore: It is concluded that the activity of concession 7-2016 is being carried out within the parameters under which it was granted." (images 279 to 283 of the judicial file).

28) Through official letter DGM-CRB-041-2024 of April 19, 2024, from the Departamento de Control Minero of the Brunca Region, follow-up was given to what was ordered in the preliminary injunction corresponding to this process by the Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, where in summary and in what is relevant, it is stated that in the concession there are no irregularities in its exploitation. (images 310 to 315 of the judicial file).

29) Through official letter DGM-CMPC-010-2024 of August 21, 2024, from the Departamento de Control Minero of the Pacífico Central Region, follow-up was given to what was ordered in the preliminary injunction corresponding to this process by the Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, where in summary and in what is relevant, it is stated that:

"... In the stockpile yard, there are significant volumes of piled material (see figure 2), and a parked excavator is also observed that is used to load the crusher.

...

Between point 1 and 2 (see figure 1), they are currently forming running surfaces (superficies de rodamiento) within the riverbed for the passage of machinery; for this task they used an excavator (EC350DL) and a dumper (C3502R) that transports the material used for the running surface, see figure 4. This running surface is located approximately 5 meters from the water surface.

....

Therefore, it is concluded that the activity of mining concession No. 7-2016 is being carried out within the parameters under which it was granted." (images 326 to 332 of the judicial file).

30) Through a private technical report dated November 2024, prepared by geologist Leonel Rojas Castro, at the plaintiff's request, it was concluded that there were irregularities in the exploitation of the concession, as well as from an environmental point of view, corresponding to the use of the protection zone of the Naranjo River for material storage, storage of material in the protection zone of an unnamed creek (quebrada sin nombre), oversized material in the active channel area, construction of a road over the active channel, lack of protection for the dike on the right bank downstream, and the existence of actions that direct the flow towards the left bank downstream. (images 337 to 350 of the judicial file).

31) Through official letter DGM-CMPC-051-2024 of December 6, 2024, from the Departamento de Control Minero of the Pacífico Central Region, follow-up was given to what was ordered in the preliminary injunction corresponding to this process by the Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, where in summary and in what is relevant, it is stated that in the concession there are no irregularities in its exploitation. (images 358 to 365 of the judicial file).

VI.- UNPROVEN FACTS. For the resolution of this matter, there are no unproven facts of interest.

VII.- ON THE ENVIRONMENTAL PRINCIPLES AND GUARANTEES IN OUR LEGAL SYSTEM: To contextualize this judgment, it is important to bring up the issue of the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment, the guarantees that protect them, and the cross-cutting principles governing the matter that apply to all state activity or conduct, and consequently, to private legal subjects that are affected or benefited by them. Along this line of thought, what has been stated on multiple occasions and repeatedly by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice must be summarized:

"VI.- The right to a healthy and ecologically balanced environment. Article fifty of the Political Constitution establishes as fundamental the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment. Prior to the modification of this article fifty to expressly consider that relating to the environment, this Chamber, through its jurisprudential work, had already derived this right from the constitutional provisions of articles twenty-one –right to life and health-, sixty-nine –rational exploitation of the land-, and eighty-nine –protection of natural beauties-. The Chamber has opted for an open or macro consideration of the concept of the environment and the protection provided to it, transcending the basic or primary protection of soil, air, water, marine and coastal resources, minerals, forests, diversity of flora and fauna, and landscape, to also consider elements referring to the economy, the generation of foreign currency through tourism, agricultural exploitation, and others. Thus, through judgment number 5893-095, at nine hours forty-eight minutes on October twenty-seventh of nineteen ninety-three, the Chamber established that:

"[E]nvironmental Law should not be associated only with nature, as nature is only part of the environment. The policy of protecting nature is also applied to other aspects such as the protection of hunting, forests, natural parks, and natural resources. It involves, therefore, a macro-environmental concept, so as not to leave important concepts outside and thus achieve a unified legal framework we call Environmental Law"

VII.- The duty of the State in the guardianship of the environment. As of the reform of article fifty of the Constitution, in which the environmental right was expressly enshrined as a fundamental right, it was also established -in conclusive terms- the obligation of the State to guarantee, defend, and safeguard this right, whereby the State becomes the guarantor of the protection and guardianship of the environment and natural resources. It is according to this provision, in relation to articles twenty, sixty-nine, and eighty-nine of the Political Constitution, that the responsibility of the State to exercise a guardianship and governing function in this area was derived, as provided by the constitutional norm under commentary itself, a function which environmental legislation develops. Thus, the constitutional mandate establishes the duty for the State to guarantee, defend, and preserve that right. In this order of ideas, it must be considered that the regulations establish the Ministry of Environment and Energy as the governing body of the natural resources, energy, and mines sector, as provided in article two of the Organic Law of this ministry, number seven thousand one hundred and fifty-two, of June fourth, nineteen ninety. This governing function in environmental matters, in the Chamber's view, includes not only the establishment of adequate regulations for the use of forest resources and natural resources, as also provided in article fifty-six of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), but also confers the important function of exercising governance in environmental matters, consisting of maintaining a preponderant role in this area. In this sense, the control and oversight of environmental matter and activity constitutes an essential function of the State according to Article 50 of the Constitution, as it provides, in what is relevant in the third paragraph: "The State will guarantee, defend, and preserve that right"; which is consistent with the constitutional principle established in the second paragraph of article nine of the Political Constitution, which expressly prohibits the Branches of Government from delegating the exercise of their own functions, especially when they are essential. Thus, when it comes to environmental protection, the functions of governance, control, and oversight of environmental matters correspond to the State, under the charge of the various administrative agencies.

VIII.- The prevention of environmental risk. Establishing this obligation of the State at the constitutional level, it is important to appreciate how, at the level of international instruments for the protection of human rights, concrete obligations that must be respected are also established. In environmental matters, the duty of prevention that must exist in this field has been defined; the Rio Declaration, adopted at the United Nations Conference on Environment and Development, provides that:

"Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation."

Prevention aims to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or people's health. In this way, if there is a risk of serious or irreversible damage -or a doubt about it-, a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. This is because, in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the damage has already occurred, the biologically and socially harmful consequences may be irreparable; repression may have moral significance, but it will hardly compensate for the damage caused to the environment. As indicated by the international instrument cited and by article fifty of the Constitution, it is the State that is called to carry out this prevention work, and this Chamber has recognized this by stating, in judgment number 2001-6503, of July six, two thousand one, that:

"The third paragraph of Article 50 of the Constitution clearly states that the State must guarantee, defend, and preserve the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment; which implies affirming that public entities are not only obliged to enforce –on individuals and other public entities– environmental legislation, but also, above all, must adjust their actions to the dictates of those protective regulatory bodies. State institutions are the first ones called to comply with protective environmental legislation, without there being any justification to exempt them from complying with environmental requirements such as, for example, the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) required by the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) for activities undertaken by public entities that, by their nature, may alter or destroy the environment." (emphasis added)"

(The highlighting is not from the original. Resolution No. 2010006922 at fourteen hours and thirty-five minutes on April sixteenth, two thousand ten, of the Constitutional Chamber).

"IV. On the Fundamental Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment. On repeated occasions, this Court has developed the content of this right, contemplated in Article 50 of the Political Constitution. The protection of the environment is an adequate mechanism to safeguard and improve the quality of life for all, which necessitates the intervention of the Public Authorities on the factors that can alter its balance and hinder the person's development and well-being in a healthy environment. The State becomes the guarantor in the protection and guardianship of the environment and natural resources. In this sense, the control and oversight of environmental matter and activity constitute an essential function of the State; therefore, when it comes to environmental protection, the functions of governance, control, and oversight of environmental matters correspond to the State, under the charge of the various administrative agencies...

VI. On the precautionary principle in environmental law matters. This guiding principle is based on the need to take and assume all measures to avoid or contain the possible impact on the environment or people's health. Thus, it aims to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. In this way, if there is a risk of serious or irreversible damage -or a doubt about it-, a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. This is because, in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the damage has already occurred, the biologically and socially harmful consequences may be irreparable." (Resolution No. 2017009565 at nine hours and forty-five minutes on June twenty-third, two thousand seventeen, of the Constitutional Chamber).

Additionally, at the level of this Court, the issue of guiding principles in environmental matters has been developed, as illustrated below, from what has been developed by the Fourth Section:

"V.- ON THE PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL LAW: On a previous occasion, this Section has had the opportunity to refer to the principles in environmental matters, but it is convenient to take a brief inventory of them. Environmental Law, as an autonomous law that it is, has its own principles, which guide environmental activity. Most of these principles are embodied, in one way or another, in legal texts or at least indicated by jurisprudence. It should also be remembered that article fifty of the Constitution enshrines the right to a healthy and ecologically balanced environment; and that from the same article, a series of principles derive that will be analyzed in this section. The specialized doctrine has pointed out as guiding principles in the matter at least those of Equality, Guardianship of Environmental Law by the State, Sustainability, Principle of rational use of resources, so that the necessary balance between the country's development and the right to the environment exists, Environmental Quality, Principle of solidarity, Precautionary Principle, Preventive principle, Publicity, Restorability, 'Polluter pays', Performing the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) prior to the commencement of works, Only a declared State of Necessity exempts compliance with environmental rules, The lack of economic resources of public institutions is not an excuse justifying the omission to protect Environmental Law, Coordination to guarantee environmental protection, The injury to this Environmental Law occurs both by action and by omission, Inoperability of positive silence in matters of natural resource use, and citizen participation in environmental affairs. Without it being understood that this list is closed, insofar as law under construction, new lines of application and interpretation of said norm may be added. The equality of persons before the law, without any type of discrimination, is a fundamental right enshrined in our legal system by Article thirty-three of the Political Constitution and also established in Article twenty-four of the American Convention on Human Rights. The right to the environment and its protection are also protected by this principle of equality, which must be applied to the matter. Thus, all human beings equally have the right to enjoy an adequate environment and to access justice without any discrimination to assert their rights in the event of having seen the right to a healthy environment violated (directly or indirectly). Article fifty of the Constitution declares that every person has the right to a healthy and balanced environment. Article two subsection a) of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) contains this principle by declaring that the environment is the common heritage of all the Nation's inhabitants, and therefore both at the institutional (Executive Branch) and jurisdictional level, citizens have the right to equal treatment. The principle of Guardianship of Environmental Law by the State is also extracted from constitutional canon fifty, deriving the State's obligation to exercise a guardianship and governing function in environmental matters. In this regard, the Constitutional Chamber has pointed out that the State must 'ensure and protect the right against any risk or necessity, defend means to prohibit, ban, and impede any activity that threatens the right, and preserve is an action aimed to shelter the right in advance from possible dangers in order to make it last for future generations. The State must assume a double behavior of doing and not doing; on one hand, it must refrain from attacking the right to a healthy and ecologically balanced environment itself, and on the other hand, it must undertake the task of dictating the measures that allow compliance with constitutional requirements.' (vote 9193 of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice). In this way, the Constitutional Chamber develops all the actions that comprise the guardianship that the State must exercise in order to protect the environment; including both a behavior of doing and of not doing, since on the one hand, it must refrain from committing any act against the right to a healthy and ecologically balanced environment; and on the other hand, it must adopt active conduct, in the sense of dictating the measures and regulations it deems pertinent for the protection of this legal situation. The governing body in the matter under study is the Ministry of Environment and Energy (it is worth remembering that this ministry has changed its name) in accordance with article two of the Organic Law of this Ministry; wherefore it must be said that the figure of the State as the subject, which is called to exercise guardianship in environmental matters, is a Ministry in which the governance falls, but also, for this function of environmental protection to be real and effective, the participation of a series of state entities and organs is necessary, which, in coordination with the MINAE (or MINAET, depending on the historical moment), are called to interact (such as the municipalities). Sustainability in the use of natural resources is one of the universally accepted principles with a legal perspective. According to a United Nations report, sustainable development is development capable of satisfying the needs of the present without compromising the ability of future generations to satisfy their own (Loperena Rota, Demetrio, the Principles of Environmental Law, 1998, p. 62). For its part, Article two, subsections a) and b) of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) establish the obligation of the State and individuals to participate in the conservation and sustainable use of the environment; and the right of everyone to enjoy a healthy and ecologically sustainable environment for development. It has also been noted that environmental deterioration conditions the possibilities for human development; so it has become common to use the term 'sustainable development', which encompasses both rights. In that sense, the Constitutional Chamber has defined 'sustainable development' as 'one of those general policies that the State dictates to expand the possibilities that everyone can fulfill their aspirations for a better life, increasing production capacity or, rather, expanding the possibilities of achieving equitable progress between demographic growth or between this and natural systems. Sustainable development is the process of transformation in the use of resources, direction of investments, channeling of technological development, institutional changes, and everything that helps to meet the human needs of the present and the future.' (vote 1763-94). The principle of rational use of resources, so that the necessary balance between the country's development and the right to the environment exists, is closely related to the previous principle; it could even be thought of as part of it. It finds constitutional basis in Article sixty-nine of the Constitution (rational use of resources). However, in this principle, we find an ideological component, which generates, in some way, some problems at the time of its application; as it also comprises indeterminate legal concepts, such as rational use and the necessary balance between development and the environment. These concepts often generate uncertainty at the time of their application. The Public Administration is responsible for determining this balance point, and ultimately the jurisdictional bodies will be. Regarding the principle under study, the Constitutional Chamber has pointed out that: '... environmental protection must be aimed at the adequate and intelligent use of its elements and in their natural, sociocultural, technological, and political order relationships (sustainable development), in order to thereby safeguard the heritage to which present and future generations are entitled. Therefore, the primary objective of the use and protection of the environment is that, through production and the use of technology, not only economic gains are obtained (freedom of enterprise) but above all a favorable development and evolution of the environment and natural resources with human beings, that is, without causing damage or harm...' (vote 6322-2003)."

In this way, environmental protection must be directed toward the adequate use of its elements, since conservation of the environment is necessary, but the use of its resources to undertake development processes for the benefit of society in general is also indispensable. Society, in turn, demands, on one hand, environmental protection, and on the other, the country's development—development which, in a country like ours, is in many cases based on natural wealth. Thus, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has stated that "it is necessary to opt for sustainable development, which satisfies present needs without compromising our ability to meet those of the future. It is, therefore, a policy whose core is long-term planning through state policies, which must comply with all the requirements demanded by existing norms and which, logically in this field, must be viewed with restrictive criteria, because if natural resources are destroyed or damaged by a hasty decision or when the required conditions are not met, economic, social, and political development will be affected and decline, bringing as a logical consequence the loss of the citizen's quality of life, and therefore, the loss of an invaluable wealth that Nature has generously given us. This development means recognizing that we wish to have continued access to the resources that make life possible, and if we expand the benefits of the industrial process, we must be aware of the implications and limitations that this course entails." (Voto 4423-93). The Principle of Environmental Quality constitutes a fundamental parameter of quality of life, linked to the condition of life each individual can lead, and to the use made of the environment for one's own development. It is thus that the Constitutional Court (Tribunal Constitucional) has considered that the right to a healthy and ecologically balanced environment implies the correlative duty to protect and preserve the environment, through the rational exercise and useful enjoyment of the right itself. (Voto 6233-2993). In this sense, whenever it is demonstrated that an activity is harmful to health, there would be a violation of the principle under study. Or, when any economic activity implies the loss of an important natural resource, such activity must be prohibited, because otherwise, environmental deterioration would be encouraged, and with it, the deterioration of people's quality of life. The foundation of this principle can also be found in the aforementioned Article 50 of the Constitution and is also contained in international instruments that guarantee environmental protection (such as the Stockholm Declaration). Regarding the principle of solidarity, as the right to the environment is a third-generation right, it is developed under the value of solidarity (just as liberty and equality were the principles and values that respectively guided first and second-generation rights). It has been configured as an "authentic formalized legal principle, generating enforceable obligations within social relationships" (Real Ferrer, El Principio de Solidaridad en la Declaración de Río, 1994, p. 78). The principle of solidarity implies and generates a collective responsibility for its realization, which is shared but differentiated. The 1992 United Nations Conference on Environment and Development established that "States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth's ecosystem. In view of the different contributions to global environmental degradation, States have common but differentiated responsibilities. The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment and of the technologies and financial resources they command" (Principle 7 of the 1992 United Nations Conference on Environment and Development). With the emergence of the principle of solidarity, a humanization and concern emerges not only for the enjoyment of the current right but also for its preservation to ensure enjoyment for future generations. The right of future generations implies, in turn, a series of interrelated intergenerational rights and duties, which are themselves divided into three basic principles: a- Principle of conservation of options: translates into the right of each generation to receive the diversity of natural resources and the correlative duty to maintain them, which implies their rational and efficient exploitation. b- Principle of conservation of quality: implies the right of all generations to receive the planet in optimal quality conditions and, in turn, a correlative duty to conserve them and transmit them to future generations so they do not receive them in worse conditions. c- Principle of conservation of access: the right of equitable access to the legacy of past generations and the duty to provide it to all its members (Franco del Pozco, Mercedes, El Derecho Humano a un medio ambiente adecuado, en Cuadernos de Derechos Humanos, Bilbao, 2000, p. 21). For its part, the Precautionary Principle is one of the most developed principles, both by doctrine and jurisprudence, and has been considered an essential component principle of environmental law. Public Administrations have the obligation to act in protection of everyone's right to the environment, and it is thus that principles of administrative action specific to environmental protection have been delineated and characterize this area. It is important to note that the precautionary principle constitutes a parameter of legality for administrative conduct, and on this matter, Dr. Aldo Milano points out that "a large part of risky activities are subject to an administrative police regime, which manifests itself in the granting or denial of authorizations of that same nature. This gives rise to conflicts related to such decisions, either because it is considered that granting the authorization in a specific case violates the Precautionary Principle, or because, when it is denied or conditioned based on that principle, the affected party considers the decision illegitimate." Thus, alluding to a specific case in French jurisprudence, he indicates that the decision challenged in administrative litigation constitutes the final step in the long evaluation procedure of the harmlessness of the activity in question, and that the doctrine finds in the precautionary principle a source of law that imposes a specific way of acting for the Administration, so that if this way of acting—the procedure—is not respected, the nullity of the final act adopted will be deemed (see Milano, Aldo. “El Principio Precautorio”, 2005, p. 55 to 58). The precautionary principle, also called the Principle of Prudent Avoidance, gained force with the 1992 Rio Declaration (Earth Summit), but the idea had already been developing in other international agreements such as the Stockholm Declaration and the World Charter for Nature. Article 15 of the Rio Declaration contains this principle by stating that "In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." At the national level, Article 11 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) enshrines the precautionary principle, practically in the same terms as the Rio Declaration. The precautionary principle has raised several questions, among which the following stand out: the problem of reversing the burden of proof in environmental matters; the balance that must exist between repressive and preventive measures; and the motivation that must be given to industries and other companies through policies that stimulate environmental protection. Regarding the reversal or shifting of the burden of proof, it consists of the defendant being the one called upon to offer evidence to refute the content of the claim, without forgetting that Environmental Law is more interested in prevention than in repairing damage. It is expressly regulated in Article 109 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), which provides: "The burden of proof, of the absence of non-permitted contamination, degradation, or affectation, shall correspond to whoever requests the approval, permit, or access to biodiversity or to whoever is accused of having caused environmental damage," a norm that must be seen in close relation with Article 5 of the same Law, which indicates that the provisions of that legislation shall serve as the framework for interpreting the rest of the norms regulating the subject matter of said Law. This means that in environmental matters, the classic scheme of "he who affirms must prove" is broken, and the theory of the dynamic burden of proof acquires a preponderant role, according to which, "the burden is transferred to whoever, due to their personal situation, is in a better position to bring the evidence to the process, regardless of whether it is the plaintiff or the defendant" (on the dynamic burden of proof, see judgment of the First Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia) N° 212-2008 of 8:15 a.m. on March 25, 2008). This position is accepted by the doctrine of environmental law, which in this sense has indicated the following: "In the environmental process, especially based on the precautionary principle, a modification occurs in the burden of proof from its classic framework (according to which it is a principle 'that everyone who alleges a fact as a claim or defense has the burden of proving it'), and based on precaution, the doctrine of dynamic evidentiary burdens comes to life as a palliative to lighten the arduous task of producing diabolical evidence that, in certain cases, was made to fall without consideration upon the shoulders of one of the parties (plaintiff or defendant), due to a misunderstanding of the sacrosanct a priori rules of evidence distribution. Finally, the modifications noted in the scope of the environmental process require speaking of a 'true environmental procedural law,' whether considered an autonomous branch or not; and the scientific-technical complexity of environmental cases, which demand unprecedented solutions to also unprecedented problems, impose, as a mechanism to overcome the traditional structures of law, the convenience of having specialized courts in environmental matters as guarantors of the effective application of the precautionary principle." (Martínez, María Paulina. “El principio precautorio”. En Protección Ambiental, Argentina, 2008, p. 122). In close relation with this procedural variant, the doctrine highlights the active role of the Judge when facing an environmental matter, and in this regard, states the following: "But it was Law N° 25.675 (LGA) that enshrined unprecedented innovations regarding judicial powers (ordering and investigatory), giving the judge a completely active and inquisitorial role as guarantor of the application of the precautionary principle in those processes where the preservation of natural balance is sought (see Article 32 LGA), without this implying any breach of the principle of congruence. (...) it is concluded that there are no areas immune to the normative force of the Constitution and environmental norms, particularly the General Environmental Law, which constitute an environmental public order, conferring broad powers, including the review of matters even of a technical nature, which allow full operability of the precautionary principle at each step of the procedural iter, in a concrete and undoubtedly macroscopic task in pursuit of the right to effective judicial protection." (idem, Martínez, p. 117). This role that doctrine assigns to the Judge when facing environmental matters is not dissociated from the model that the Political Constitution and the Contentious-Administrative Procedure Code granted to the Contentious-Administrative Judge. The Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), whose norms are applicable to the rest of the legal system in environmental matters, expressly provides in its Article 108 that "in matters of biodiversity and as long as environmental jurisdiction does not exist, all controversies shall be the exclusive competence of the contentious-administrative jurisdiction," except for those cases where there is no administrative act or public domain involved. Having established this competence, we must remember that the contentious-administrative jurisdiction enjoys broad supervisory power, given by Article 49 of the Political Constitution, which allows it to exercise both subjective control, consisting of the protection of the substantial legal situations of the administered (subjective rights and legitimate interests), and objective control, consisting of guaranteeing the legality of the administrative function of the entire Public Administration (whether actions or omissions). Article 1 of the Contentious-Administrative Procedure Code reproduces the content of Article 49 of the Constitution and indicates that the contentious-administrative jurisdiction has the purpose of protecting the legal situations of every person, guaranteeing or reestablishing the legality of any conduct of the Public Administration subject to Administrative Law, as well as hearing and resolving the various aspects of the legal-administrative relationship (Jinesta, Ernesto. “Manual del Proceso Contencioso Administrativo, 2008, p.29). National doctrine reaffirms the broad supervisory nature of the Contentious-Administrative Judge in our legal system, by indicating the following: "When the norm allows control of the 'administrative function,' it unequivocally adopts a broad formula of supervision, in which the Judge is empowered to control the totality of administrative conduct. Indeed, the precept sharply breaks with any limitation built around the contentious-administrative object, because when it inserts the generality of the administrative 'function' within the supervisory eye of the Judge, it opens the jurisdictional spectrum with respect to any administrative function, behavior, or conduct. Note that the contentious jurisdiction is not attributed with control of the administrative 'activity' or 'action,' much less the 'administrative act,' but of the 'function,' which, not by chance, is all-encompassing not only of all of these but also of the entire scope of inactivity. When the article assigns to the Judge the control of the 'function,' it is allowing the Judge to legally analyze any of the functions proper to it, any of its conducts in any of its administrative manifestations. The Court can control both active conduct and omissions. Whenever the conduct is administrative and the control is carried out within the legal framework, there does not exist or should not exist any sphere exempt from jurisdictional control; its review can and must be complete, without any immunity in the object. (...) In this aspect, the constituent offers us a new closing clasp, an additional safety door as a guarantee of full and universal control, because in addition to subjecting the administrative function to jurisdictional control of legality, it allows the Judge to verify whether it is or is not adjusted to the ends that justify it." (González, Oscar. “Sentencia”. En: El Nuevo Proceso Contencioso-Administrativo, 2006, p.426). Regarding the protagonist and active role the Judge exercises in the dynamics of the Procedural Code, it is noted: "Such active and organizational autonomy for the reestablishment of the public legal order (written and unwritten) and the effective protection of legitimate interests and subjective rights confirms the transcendence of this jurisdiction as a reparatory and protective mechanism for legal situations potentially affected by the undue interference of public power through its multiplied universe of organs and entities with their officials generally de jure and exceptionally de facto. (...) Even the classic civil law principle that identifies the object of the process with the claims alleged and adduced by the parties was disrupted, so that the judicial authority, as an active subject in the process, may dispense justice not only adhering to what was claimed but also adjusting the claims to swift and complete justice, in accordance with the new legislation, to satisfy the values embedded in the Rule of Law present in each process for the reestablishment of legality or, better yet, of the legal order. Under the new scheme, the judge, before being governed by the dispositive principle, will also be governed by the inquisitorial one, typical of constitutional courts as when, in our case, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) condemns the losing parties in amparo actions to pay both costs and damages, even if the winning parties did not request it." (Jiménez, Manrique. “Bases constitucionales para la reforma de la jurisdicción contencioso administrativa”. En: El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo, p. 18 and 19, 2006). Returning to the precautionary principle, once the action that caused environmental damage has occurred, the interest focuses on the search for the best solution, both at a legal and practical level, being clear that any repair made will never fully restore the original situation. Due to the foregoing, the imposition of principles such as "The polluter pays" could be subject to criticism, since it would be contrary to the spirit of prevention that is one of the fundamental pillars of Environmental Law and, instead, environmental deterioration would be encouraged at the expense of the payment or economic compensation for the damage caused; but the law must also establish repair measures in case the precautionary or preventive ones fail (as often happens in practice). The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has frequently also called it the "in dubio pro natura" principle (Voto 2000-9773 of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional)), noting that it comprises a kind of reversal of the burden of proof, given that in case of a lack of certainty about the consequences of an activity, that is sufficient to not carry it out. It has been doctrinally established that this principle refers to general environmental policies, and that for specific cases, the preventive principle operates. In environmental matters, scientific uncertainty exists about the possible damages that certain types of activities may cause. The precautionary principle refers to the cautious attitude that must be taken when any reasonable doubt arises in relation to the dangerousness of any activity with environmental repercussions, either for it to be avoided or to take the necessary measures to avoid the eventual damage. (Loperena Rota, Desiderio, Los Principios del Derecho Ambiental, España, 1998, p. 93). The Preventive Principle is also very closely related to the previous principle; it refers to the projection of the certain harmful consequences of some activities. Trying to avoid them in advance is the purpose of this principle; for example, in the case of preventive policies reflected through Environmental Impact Assessments. In specific cases, this principle translates into the application of precautionary measures. The doctrinal and legislative development of precautionary protection is centered, as is logical, on the jurisdictional process. Due to the slowness of processes and the true situations of injustice that can be caused by this, the need to implement precautionary measures has emerged in Comparative Law. Despite this being so, precautionary protection is not limited solely to the jurisdictional sphere; its application is also contemplated in administrative procedures. In procedures of an environmental nature, the importance that precautionary protection has acquired is decisive when exercising everyone's right to a healthy environment. In the jurisdictional sphere, the main function of precautionary measures is to provisionally guarantee the effectiveness of the final judgment, so that it is not a mere declaration of principles. According to national doctrine, there exists a fundamental right to precautionary protection that forms part of the right to swift and complete justice contained in Article 41 of the Constitution. (Jinesta Lobo, Las Medidas Cautelas Atípicas en el Proceso Contencioso Administrativo, en la Dimensión Constitucional de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, p. 171). In this sense, national jurisprudence has stated that " III. ... It is obvious that the right to precautionary protection and the correlative duty of the jurisdictional body to act upon it when the legal prerequisites are met, which every litigant holds, has a deep constitutional root, and more specifically forms part of the bundle of faculties that make up the essential content of the fundamental right to swift and complete justice (effective judicial protection, or in the terms of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) the general right to jurisdiction, Article 41 of the Political Constitution). In this regard, it can be maintained that there is no swift and complete—effective—judicial protection without flexible and expeditious precautionary protection." (Voto 405-95 of this Court, the highlighting does not correspond to the original). In environmental law, the presence of the prerequisites specific to precautionary measures becomes more relevant given the irreversible nature of environmental damage. Regarding the principle of publicity, it should be remembered that the Administration has the duty to make public the information on public or private activities that are related to the environment, given that a public interest is involved. For the Spanish author Martín Mateo, the information or publication of data is the basis upon which the protective action of Public Administrations, environmental education, and research are equally founded (Tratado de Derecho Ambiental, España, 1991). Article 30 of the fundamental charter guarantees access to administrative departments for purposes of information on matters of public interest. However, in environmental matters, the concept of information and access acquires a new dimension and is understood as the right of the individual or community to request information and to be informed by any state entity or body about any project that may affect their right to a healthy and ecologically balanced environment (Calzada, Ana Virginia, Garantías e Implicaciones Constitucionales del Medio Ambiente, en Apuntes sobre el Sector Justicia al Derecho Ambiental, Costa Rica, 1997, p. 286). In turn, the principle of restorability applies in the presence of civil liability for the generation of harm; the sanction on the responsible party can be the compensation for the damages caused or the restoration to its original state of the situation altered by the infraction. The doctrine has held that, unlike other areas where there is generally the option to restore or not the damaged thing, in environmental matters, effective restoration is indispensable and not optional for the administrator of the damaged asset, this in particular due to the common ownership of environmental assets, given that the environment cannot be damaged and its economic compensation allocated to other uses (Loperena, 1998, p. 73). However, it is clear that restoration would be a sanction to the extent that it is possible. Articles 53 and 54 of the Biodiversity Law (Ley de la Biodiversidad) contain this principle, and in this way, the State [including autonomous institutions] is obliged to have restorability as a principle of action, through the obligation of promotion and, in the event that environmental damage has already occurred, to seek its recovery, rehabilitation, and restoration. For its part, the rule "The polluter pays," according to doctrine, in Environmental Law the principle of strict (or objective) extracontractual liability has been enshrined, without examining the fault or negligence of the agent causing the environmental damage (Loperena, 1998, p. 64), which could be thought to be included within the environmental liability of the Organic Environmental Law established in Article 2 subsection d) [referring to the principles in environmental matters], which is a broad liability clause by stating that: "Whoever contaminates the environment or causes it damage shall be responsible, as established by the laws of the Republic and the international conventions in force." The origin of this principle is Anglo-Saxon and should be understood as follows: "In accordance with the 'polluter pays' principle, the person responsible for pollution, (...), the polluting agent is understood to be the natural or legal person subject to private or public law who directly or indirectly deteriorates the environment or creates the conditions for such deterioration to occur, seeking in principle to avoid that environmental protection policy is based on state subsidies and aid, and that the Community bears the burden of the fight against pollution, with the cost of the measures necessary for the elimination of pollution or its reduction to standards or equivalent measures of environmental quality objectives being attributable to the polluter." (Ibídem, p. 67). This principle would imply for the polluter the payment and fulfillment of the precautionary measures decreed; the cessation of the polluting activity or its modification; the payment of the pertinent fines; and the repair and compensation of the damages caused. Regarding the execution of the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) prior to the initiation of works, although at first glance it is more of an obligation than a principle, the doctrine has considered it a principle, whose constitutional foundation is extracted from the mandate of Article 50 of the fundamental charter, insofar as it obliges the State to guarantee, defend, and preserve the right to a healthy and ecologically balanced environment. In Environmental Law, preventive measures are of vital importance; since preventing is always better than repairing the damage caused, as restoring nature to its previous state is not an easy task. Within the preventive measures is the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental), which is mandatory for the State and private parties. In our country, the first regulation of a legal nature involving this concept is the Mining Code, enacted by Ley 6797. Article 101 contemplates that "with the aim of guaranteeing a rational utilization of national resources and protecting their future uses, concessionaires must carry out environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental) of their activities, in a prior and public manner. These assessments must be carried out by qualified technical personnel, using the norms provided by the State, and if the assessments are considered deficient, they may be rejected by the governmental control body." (The highlighting does not correspond to the original). Likewise, the Regulation to the Mining Code contains in its Article 34 and following, what is established by the Governmental Commission of Environmental Control on Environmental Impact Assessments (Estudios de Impacto Ambiental). On the other hand, the Wildlife Conservation Law in numeral 26 establishes the power of the "Dirección General de Vida Silvestre of the Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas to grant import permits for Wildlife species. Every application for these permits must be presented to that Directorate, with an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) which, for the purposes of this Law, will be considered a public document and must include the following requirements...". Subsequently, with the Hydrocarbons Law, provisions related to environmental protection came to be established, stipulating the obligation to carry out an Environmental Impact Assessment (Estudio de Impacto Ambiental) for the development of hydrocarbon exploration and exploitation activities. This normative development achieved an important and significant advance in nineteen ninety-five with the publication of the Organic Environmental Law, in which a variety of norms related to the Environmental Impact Assessment (Estudio de Impacto Ambiental) were included, and thus the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) was created. In this way, Article 17 of this body of norms provides that human activities that alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous material waste require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) by SETENA.

Furthermore, this principle has also been incorporated by a series of international instruments, such as the Rio Declaration, which in its Principle Seventeen provided that “an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), as a national instrument, shall be undertaken for any proposed activity that is likely to have a significant adverse impact on the environment and is subject to the decision of a competent national authority.” The Convention on Biological Diversity and its Annexes I and II establishes that “Each Contracting Party, as far as possible and as appropriate: Shall establish appropriate procedures requiring the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) of its proposed projects that are likely to have significant adverse effects on biological diversity with a view to avoiding or minimizing such effects, and where appropriate, shall allow for public participation in such procedures...” For its part, the Constitutional Chamber has made a significant contribution by ruling that “the Environmental Impact Study is established as the ideal instrument that the State has to guarantee the balance between the conservation of natural resources and the sustainable development of the human being. In this way, human activity that involves the intervention, alteration, or destruction of the environment must conform to what is most environmentally beneficial for the State and the community, or for groups that may be affected.” Now then, the Environmental Impact Study cannot be exempted from development, exploitation, or exploration projects; neither by law, and even less so by any lower-ranking norm, precisely because it has its basis in the Political Constitution. Finally, it must be pointed out that the completion of the Environmental Impact Study does not imply the commissioning of the project in question, since it is a prior requirement that must necessarily be fulfilled in the stipulated cases. Regarding the principle that only a declared State of Necessity exempts compliance with environmental standards, more than a principle, it can be taken as a rule, since it is determined that the only exception to compliance with environmental standards and principles would be the state of necessity, given that the State is the one called upon to preserve public order. For the foregoing, it must be said that the foundation of this “principle” would be the State of Necessity; that is, the necessity itself becomes the foundation. In such a way, in the presence of transitory and urgent situations in which the continuity of public services is necessary, the dispensation of environmental regulations is permitted; it would suffice for the determining event to occur, such as, for example, a flood, an earthquake, an epidemic, or for there to be a high degree of certainty that the event will occur, for the State of Necessity to be declared. Thus, the Public Administration is permitted to adopt conduct without complying with an environmental provision. For example, the construction of a bridge without carrying out the Environmental Impact Study, or the execution of a project without having a health permit. On the other hand, the State of Necessity should not be confused with Contingency, which can be defined as that future event that may or may not occur. In these cases, the dispensation of environmental regulations is not possible, since there is no certainty that the event will occur. In that regard, the Constitutional Chamber has ruled that “not only regulations, but also the actions of public institutions that dispense with the ordinary procedures for the ordinary functioning of the Administration are contrary to the Law of the Constitution.” (Voto 6503-2001). Consequently, “for the emergency measure to be understood as constitutionally sound, it must solely and exclusively address the emergency situation that motivates it, and have –furthermore– the common good as its purpose: that is, it must be just and also reasonable (proportionate in a strict sense)” (voto 6322-2003 of the Constitutional Chamber). Meanwhile, regarding the principle that the lack of economic resources of public institutions is not an excuse that justifies the omission of protecting Environmental Law, this is a premise developed with the progressive advancement of economic and social rights; and from the application of the principle of the prohibition of social regression. In terms of the Constitutional Chamber, “the lack of budgets (economic resources, materials, and/or qualified personnel) cannot constitute a limit between respect for and violation of fundamental rights, that is, it cannot be a reason for the Administration not to act and take concrete actions so that through its management it finds a solution to the problems that private individuals require of it in environmental matters...” (voto 6322-2003 of the Constitutional Chamber). A vital aspect should not be overlooked, which is the fact that this statement must be analyzed jointly with the principle of budgetary balance, since the Public Administration is obligated to comply with balance in the budget. In this way, an interesting phenomenon arises, since on the one hand, the obligation of the State to protect the environment is established, without it being able to excuse itself on the grounds of lack of resources to fail to comply, and on the other hand, the situation that the Administration, abruptly, cannot break the budgetary balance to comply with its constitutional duties and obligations. Consequently, it is necessary to find a way in which both statements can be complied with, in such a way that environmental protection is guaranteed and, additionally, budgetary balance is met. That is, a harmonious, integral application between both postulates is required. It is convenient to indicate that in the majority of cases, the lack of a budget is more a consequence of the prevailing political line on the matter than the non-existence of the resource itself. While regarding the principle of Coordination between the different dependencies of the Public Administration, it derives from the principle of State Unity. Thus, it follows from the constitutional jurisprudence that has stated in this regard that “the protection of the environment is a task that corresponds to everyone equally, that is, that there is an obligation for the State –as a whole– to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, disproportionate or inadequate use of natural resources, which endanger the health of those administered.” (Ibidem, the highlighting does not correspond to the original). In Spain, this statement is expressly contained in the Political Constitution in numerals one hundred forty-eight and one hundred forty-nine; and it is called the Principle of Organic Coordination; which is based on the fact that the Constitution attributes the function of protecting natural resources on a shared basis to the State and the Autonomous Communities. Coordination occurs when a problem exceeds the competence of an entity, and for this reason, coordination with the corresponding public entity or body becomes necessary and has been defined as “the ordering of the relationships between these various independent activities, which takes charge of this concurrence on the same object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the acting subjects.” (Ibidem, the highlighting does not correspond to the original). In the Costa Rican legal system, at the legal level, the present principle is enshrined in Article 3 of the Organic Law of the Environment, and at the international level, it has been stated, among others, in the Stockholm Declaration on the Human Environment by providing that “in order to achieve a more rational management of resources and improve environmental conditions, States should adopt an integrated and coordinated approach to their development planning so as to ensure that development is compatible with the need to protect and improve the human environment for the benefit of their population.” From the foregoing, the necessary state coordination to achieve full compliance with constitutional obligations is extracted, an importance that becomes even more critical when dealing with the protection and preservation of the environment. In this sense, although there is a governing body on the matter, such as MINAE, the collaboration of other instances or dependencies is necessary; this Ministry is empowered to integrate all those involved, such as the municipalities, which in certain matters are even the only ones with competence. Regarding the fact that harm to this Environmental Law occurs both by action and by omission, it follows from the Political Constitution itself in the already many times cited Article fifty, since, as the Constitutional Chamber has pointed out, “omissions in the duty to protect the environment and comply with environmental regulations are of constitutional relevance, since as a consequence of the Administration's inertia in this matter, damage can be produced to the environment and natural resources, sometimes with similar or greater consequences than those derived from the Administration's actions.” (Ibidem). In this sense, one could even think of the omission in the issuance of a law indispensable for the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment, or the carrying out of a construction without the approval of the Environmental Impact Study; or failing to exercise surveillance duties; these are just some examples in which the inactivity of the Administration, both formal and material, can cause serious damage to the environment, often greater than that produced through actions. Regarding the inoperability of positive silence in matters of natural resource use, as is known, positive silence is an instrument typical of administrative law and operates in all that State supervisory activity, when after a reasonable period has elapsed, which in our legal system is one month [unless a norm provides for a contrary period] after the application is submitted, the Administration does not supervise the activity, then it is deemed granted. It applies to permits, authorizations, licenses, in accordance with numerals three hundred thirty and three hundred thirty-one of the General Law of Public Administration. However, this rule does not apply in environmental matters, since the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment stands above it. On the matter, the Constitutional Chamber has pointed out that: “...these rules –positive silence– do not apply in matters of permits for the use of natural resources (forest, mining, marine, waters of the Nation, forces derived from water resources, etc.), [...], precisely by virtue of the higher value (public interest) of environmental protection, and precisely due to the conceptualization of environmental law as a fundamental right [...]” (Op. Cit). This principle was enshrined by the Constitutional Chamber for forest resources; however, given that protection is provided for all of nature, it is understood that it governs for all environmental matters, since the non-application of positive silence in environmental matters, it could be noted, finds its justification in the higher value, that is, the public interest, of protecting the environment as a fundamental right. At the legal level, this “principle” has been expressly enshrined, as in the Forest Law, which is one of them, by providing, in a very broad and clear manner, that positive silence does not operate in matters of natural resources. The problem is that its enshrinement as a principle should be found in a more direct and express manner, since, as is known, one of the ways to protect the environment is precisely by preventing, through the Administration's inertia, permits for the exploitation of natural resources from being deemed granted, which would generate, in many cases, irreparable damage to the environment or even the loss of some of its components. Finally, regarding citizen participation in environmental matters, it is enshrined in a principle whose foundation is extracted from Articles twenty-seven, thirty, and fifty of the Constitution, since citizens have the right to access the information available and to its disclosure for decision-making. Citizen participation constitutes a consequence of the democratic principle and encompasses the right to information relating to environmental projects or those that may cause harm to natural resources and the environment, and the guarantee of effective participation in decision-making. For its part, Article ten of the Rio Convention elevated participation to the level of a principle in environmental matters by providing that “environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided.” (The highlighting does not correspond to the original). In Spanish Law, its own Constitution contains citizen participation in Article one hundred twenty-nine point one by stating that “The law shall establish the forms of participation of interested parties in Social Security and in the activity of public bodies whose function directly affects the quality of life or general welfare.” In addition to the constitutional foundation, in our system, the Organic Law of the Environment contemplates this principle, as does the Regulation on Procedures of the National Environmental Technical Secretariat, even establishing the holding of a public hearing in the Environmental Impact Study procedure; but the Costa Rican legal system is not outside this important postulate, since in a Democratic State of Law like ours, the participation of the population is one of the fundamental pillars and should be further strengthened.” (Voto N° 0083-2013 of seven hours forty-five minutes of September sixteenth, two thousand thirteen).

VIII.- ON THE MERITS OF THE CASE. The main object of this lawsuit is to determine if it is appropriate to declare that in the case under study, there was a breach by the co-defendant company of the terms under which the concession of public domain riverbed was approved in its favor, and, therefore, environmental liability for its actions. Additionally, it must be studied whether it is appropriate to order the preparation of a remedial plan at its expense and the cancellation of said concession. The study of the judicial file, the administrative file (on an attached compact disc), the evidence presented in the oral trial held, as well as the arguments of the parties and their conclusions, lead this Tribunal to conclude that what is sought by the plaintiff is appropriate, for the following reasons. In the proven facts of this judgment, specifically in 4, 5, and 6, are the conditions under which the concession was approved in favor of the defendant company, in accordance with Memorandum DGM-CMC-101-2016, official communication DA-0708-2017, and Resolution N° 097-2018-MINAE. The following is stated therein, in what is of interest:

Memorandum DGM-CME-101-2016 of January 9, 2017:

"The maximum extraction level has been established at 1.5 m.

...

The extraction of alluvial material will be in laminar form, taking advantage of the material banks, establishing a maximum cut of 1.5 m, projecting the advance in the material banks upstream, trying to cut dry as far as possible; in photograph 1, a material bank is observed.

The extraction will be carried out within the limits of the riverbed, encompassing backwaters and material banks, where attempts will be made to widen the hydraulic section to capture part of the solid flow...

The advance, in the extraction fronts that are opened, will be upstream, cutting the material in laminar form, respecting the stabilization terraces, which will not be subject to extraction, but rather will be reinforced, placing the oversized blocks on the bank to protect them from erosion and prevent the irregular widening of the riverbed caused by major floods.

As progress is made, simultaneous extraction fronts will be maintained, with which it is intended to establish control over the river's erosion profile.

An excavator will cut the material, maintaining a cut between 1.0 -1.50 m, to keep the extraction in laminar form, directly loading the wagons that will be hauling to the material stacking area.

As far as possible, to minimize the impact on the water, the cut will be kept dry, managing the water flow towards the left bank, thus facilitating access to the extraction front.

At the lowest part of the extraction front, at the beginning of the cut (which will advance upstream), a small sedimentation pond will be left, so that the saturated waters sediment, so that they reach the water flow again free of particles or sediments.

Part of the oversized blocks will be placed on the riverbank (in the sections that warrant it), protecting the stabilization terraces and the riparian vegetation zone from the river's erosive process, preventing the negative widening of the riverbed, or they may be deposited at the foot of the dike.

...

The crushing plant to be used will be located on the property owned by Los Manantiales del Pacifico N y S S.A., with cadastral map 6-240931-1995. The property is located on a paleo stabilization terrace on the right bank of the Naranjo River, protected by a dike, in the intermediate section of the area requested in concession.

The site chosen for the location is observed, which has a prudential distance from the River; however, the dike in that section should be further protected with oversized material to prevent it from overflowing towards the stockpile yard during any river rise.

...

I recommend the approval of the project,...provided that the following granting recommendations are complied with:

> The exploitation period can be granted for a period of 7 years.

> The approved exploitation methodology must be respected; it cannot be varied. If it is necessary to vary its methodology, the DGM should be informed of the reason for the variation, and the Directorate will evaluate and issue a ruling.

...

> In each block, efforts should be made to conserve its general slope to alter the natural balance of the riverbed as little as possible.

...

> Avoid accumulations of material in the river for extended periods of time.

...

> Collection of all types of waste.

> Protection of the banks with oversized material. The protection or reinforcement works of slopes will advance based on the extraction, as these will depend on the amount of oversized stone (diameter greater than 0.8 m) that can be recovered in the process.

> The concessionaire is obliged to respect the Forest Law in its Art. N° 33, therefore, they must not accumulate overburden or other materials in areas close to rivers or streams.

> The extraction volume approved by the DGM must be respected, which must be a function of the annual deposition of the river in this sector, this in order to avoid excessive sedimentation that would cause the river to multiply its channels, producing unpredictable behavior.

..."

Official communication DA-0708-2017 of July 12, 2017,

"1. The material to be extracted will be recent alluvial deposits (gravels, sands, and blocks), making it clear that extracting material from the firm floor of the riverbed is totally prohibited, so only the extraction of dragged material will be permitted.

2. The extraction of materials from the riverbanks is totally prohibited.

3. The extraction of materials will be mechanized in laminar form, so no type of equipment that does not guarantee this type of extraction must be used.

...

5. The accumulation of materials in the riverbed is totally prohibited to prevent any damming."

Resolution N° 097-2018-MINAE of fourteen hours fifty-five minutes of March 21, 2018:

"...FOURTH (sic): The exploitation works must be executed in accordance with the previously approved Exploitation Program and complying with the recommendations that the National Environmental Technical Secretariat indicated for this purpose in the Environmental Impact Assessment, the Water Directorate in the official communication described in the Sixth Resultando, and this Geology and Mines Directorate in memorandum DGM-CME-101-2016 (sic) from geologist Luis Chavarría Rodríguez, which were transcribed in the Fifth Resultando of this resolution.

FIFTH: The concessionaire Los Manantiales de Pacífico N y S, S. A., must comply with all the obligations imposed by the Mining Code and its regulations, as well as the recommendations indicated during the process by the Geology and Mines Directorate, the Water Directorate, and SETENA, and those directives that at any time are issued by both instances. Otherwise, it is warned that it may be subject to the concession cancellation procedure, upon prior compliance with due process..."

Now, based on the foregoing stipulations and the detailed and meticulous review of the evidence contained within this file, in the dossier of the anticipated precautionary measure, and the evidence presented at trial, it was possible to determine that in this particular case, the plaintiff party denounced and demonstrated, and it was thus verified by the Geology and Mines Directorate of MINAE and by SETENA, at least the following irregularities in the management and exploitation of the concession granted to the plaintiff company:

1) Invasion of the unnamed intermittent stream with materials, metallic waste, according to the reports and criteria of both the Geology and Mines Directorate, SETENA, as well as private reports and the statement of geologist Rojas Castro outlined in proven facts 9, 12, 13, 17, 23, 26, 29, and 30 of this judgment.

2) Drilling and closure without investigation of an illegal well, according to the reports and criteria of both the Geology and Mines Directorate, SETENA, as well as private reports and the statement of geologist Rojas Castro outlined in proven facts 9, 12, 13, 17 of this judgment.

3) Construction of administrative offices in the protection zone of the unnamed stream, according to the reports and criteria of both the Geology and Mines Directorate, SETENA, as well as private reports and the statement of geologist Rojas Castro outlined in proven facts 9, 12, 13, 17, 18, 21, and 23 of this judgment.

4) Exploitation in a non-laminar form and at a depth greater than the approved 1.5 meters, according to the reports and criteria of both the Geology and Mines Directorate, SETENA, as well as private reports and the statement of geologist Rojas Castro outlined in proven facts 9, 12, 13, 18, and 26 of this judgment.

5) Impact on the dikes of the Naranjo River built by the CNE, according to the reports and criteria of both the Geology and Mines Directorate, SETENA, as well as private reports and the statement of geologist Rojas Castro outlined in proven facts 11, 12, 13, 16, 18, 22, 23, 27, and 30 of this judgment.

6) Non-compliance regarding the management, placement, and use of oversized blocks or materials, according to the reports and criteria of both the Geology and Mines Directorate, SETENA, as well as private reports and the statement of geologist Rojas Castro outlined in proven facts 9, 22, 23, 27, and 30 of this judgment.

7) Dust coming from the crusher, according to the reports and criteria of both the Geology and Mines Directorate, as well as private reports and the statement of geologist Rojas Castro outlined in proven facts 9 and 12 of this judgment.

8) Invasion of the protection area of the Naranjo River, according to the reports and criteria of both the Geology and Mines Directorate, SETENA, as well as private reports and the statement of geologist Rojas Castro outlined in proven facts 9, 12, 13, and 29 of this judgment.

9) Non-construction of sedimentation ponds, according to the SETENA criterion, outlined in proven fact 17 of this judgment.

10) Construction of a vehicular road in the protection zone of the Naranjo River (along the bank), according to the reports and criteria of both the Geology and Mines Directorate, as well as private reports and the statement of geologist Rojas Castro outlined in proven facts 29 and 30 of this judgment.

On the other hand, actions that directly violated the applicable environmental regulations occurred; they can be listed as follows:

a) Invasion of the protection zone of the unnamed intermittent stream (proven facts 9, 12, 13, 17, 23, 26, 29, 30 of this judgment): infringement of the Forest Law, in its Articles 33, 57, and 58.

b) Invasion of the protection zone of the Naranjo River (facts 12, 13, 29, and 30 of this judgment): infringement of the Forest Law, in its Articles 33, 57, and 58.

c) Illegal construction of a well and lack of authorization for water use (proven facts 9, 12, 13, and 17 of this judgment): infringement of the Water Law, in its Articles 7 and 169.

All the previously accredited actions implied serious and repeated breaches of both the base technical documents and the concession approval resolution for the following reasons. Let us see.

1) Regarding the verification of the invasion of the unnamed intermittent stream with materials, metallic waste, and office infrastructure, there is a breach of the criterion of the Geology and Mines Directorate and of Resolution 097-2018, since it was expressly indicated that the concessionaire had to respect Article 33 of the Forest Law, which was evidently disobeyed with the verification made not only by MINAE but also by SETENA and geologist Rojas Castro regarding the invasion of the protection area of the intermittent channel of the unnamed stream, a product of the construction of administrative offices, deposit of material, metallic waste, and others.

2) Regarding the drilling and closure without investigation of an illegal well, it must be indicated that the administrative authorities were able to verify that the co-defendant company drilled a well without any type of authorization for project use, a situation absolutely contrary to the Water Law, specifically in its Articles 7 and 169. Said action openly contravenes the provisions of the fifth point of the approval resolution that provides for the obligation to respect the Mining Code and its regulations, thus disobeying what is indicated in numerals 34 subsection f), 66 subsection d), and 101, especially the latter which obliges the concessionaire to comply with all legal and regulatory norms and requirements regarding environmental contamination and the recovery of renewable natural resources and on the specifications and obligations related to environmental protection. Which, in any case, is a general obligation of any person who develops an activity in our country. At this point, it is worth noting that the Geology and Mines Directorate considered it adequate, given that it did not further question the matter, that the well simply be opened and sealed, without reporting what was pertinent regarding the possible impact on the zone and even the aquifer that may have been affected, as it is clear that the drilling was done without respecting any technical standard in this regard.

3) Regarding the construction of administrative offices in the protection zone of the unnamed stream, reference is made to what has already been indicated regarding the invasion of the protection area of that body of water, which, because it is intermittent, does not cease to enjoy legal protection regarding its environmental situation. On the other hand, the corresponding construction permits were never provided, nor were they requested by any of the authorities involved in the case.

4) About the exploitation in a non-laminar form and at a depth greater than the approved 1.5 meters, the following must be indicated. In accordance with what was explained at the trial hearing held in this case by geologist Rojas Castro, laminar exploitation consists of a technique where the superficial deposits of material from the riverbed are removed, partially and in a stepped manner by means of heavy mechanical equipment, usually a tractor, without exceeding a depth of between 1 meter and 1.50 meters. Now, in this particular case, the use of an excavator and wagons was approved.

However, there is a photographic record of the disorderly and excessive manner in which the extraction (aprovechamiento) was being carried out, which can be seen in images 23, 24, 29 of the precautionary measure file, as well as 120, 137, 139, 141 of the main file, which signifies a breach of the three concession approval documents. On the other hand, the Dirección de Geología y Minas on two occasions (official letters DGM-CMPC-005-2022 and DGM-DCM-28-2022) indicated that the Naranjo River, due to its natural conditions, allowed extraction up to 2 meters deep, from which this Court understands that this was what it was able to verify was being done on the site (which was not discredited by either of the two co-defendants), in open contradiction with the concession approval recommendation and the resolution cited. Regardless of the river's conditions, it is clear that the concessionaire had to respect the terms of the approval as a limit on the right granted to it, which did not occur in this specific case. Note that it is only by starting from the criterion of the officials of the Dirección de Geología (regarding the river withstanding a greater excavation than approved) that the breach of the exploitation plan was not determined, as reported by the plaintiff, which is totally contrary to the terms under which the concession was approved and to the duty of those officials by virtue of their functions as guarantors of the right to a healthy environment.

 

5) Regarding the impact on the Naranjo River dikes (diques) built by the CNE, it must be stated that MINAE and CNE authorities also identified that there was an impact on them (not severe but existing), due to the techniques used in the exploitation of the concession, according to official letters CNE-UGPR-OF-130-2022, DGM-CMPC-005-2022, DGM-DCM-28-2022, DGM-OD-169-2023 and DGM-CRC1-090-2023 and resolution 492-2023. This is undoubtedly related to the previous point, regarding the type of management and exploitation of the concession and the breach of the obligation to reinforce the dikes with oversize blocks or materials, all contained in the recommendation of the Dirección de Geología y Minas and in the resolution granting the concession, which will be seen below. On the other hand, it cannot be omitted that in official letter CNE-UAIR-INF-1301-2021 (sic) it was stated that the zone was a potential flood threat (amenaza potencial de inundación), which should have been given special attention by the officials in charge of the case.

 

6) Regarding the breach concerning the handling, placement, and use of oversize blocks or materials, it is clear to this Court that on multiple occasions, DGM and CNE officials observed that the oversize blocks were left in unsuitable places and were not moved to reinforce the dikes, as required by the recommendation memorandum and the approval resolution, which is recorded in the photographic record found in the report of geologist Rojas Castro and was clearly explained in the debate.

 

7) Regarding the existence of dust from the crusher (quebrador), this was proven and even warnings were issued on the matter to the co-defendant, a situation that corresponds to a breach of point 5 of the Por tanto of the granting resolution due to violation of Article 101 of the Mining Code.

 

8) Regarding the invasion of the Naranjo River protection area, what has already been stated previously concerning the Forest Law (Ley Forestal) is reiterated.

 

9) Regarding the failure to construct sedimentation ponds (lagunas de sedimentación), according to the SETENA criterion, this situation constitutes a breach of the recommendation memorandum and the approval resolution.

 

10) Finally, both the private report admitted as evidence to better resolve and the official letter DGM-CMP-051-2024 from the Dirección de Geología, evidenced the construction of a vehicular road in the Naranjo River protection area (next to the riverbank), according to photographs of images 362 and 348 from the judicial file, which due to its location, and due to the lack of evidence to the contrary, this Court understands is located immediately adjacent to the active channel (cauce activo) of the Naranjo River, so that it is located in its protection area (zona de protección), a situation that implies a violation of the criterion of the Dirección de Geología y Minas and of resolution 097-2018, since it was expressly provided that the concessionaire had to respect article 33 of the Forest Law (Ley Forestal).

 

As can be inferred from the foregoing, and regardless of the fact that on multiple occasions orders and warnings with deadlines were issued to the concessionaire company to resolve the problems detected, the truth of the matter is that there were multiple breaches and violations of environmental standards that were not addressed in the legally appropriate manner by the public authorities involved, especially by the Dirección de Geología y Minas of MINAE, applying current regulations, making the corresponding complaints (for example, criminal ones in the case of invasions of protection areas) and initiating the corresponding procedures to determine whether or not the cancellation of the concession was appropriate due to its repeated non-observances. The provision contained in the final paragraph of article 67 of the Mining Code is not an open letter or an unlimited and endless situation that allows repetitive breaches of the conditions under which exploitation concessions are granted in our country, nor a constant opportunity to incur environmental irregularities, without reporting what is appropriate against the concessionaire and giving it the opportunity to say that the warning was complied with, without any type of legal consequence or real and profound verification of what happened. Note that, from the documentary evidence itself provided by the parties, especially from the reports and documents generated by the same Directorate cited, this Court was able to simply determine ten breaches of the terms of the concession, and despite this, the competent state body was reluctant (and omission) in ordering the opening of a procedure to verify whether or not the cancellation was appropriate, even with a complaint from an individual on the matter. At this point, it is necessary to return to what was stated by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) and this Court, regarding the right of all Costa Ricans to a healthy and ecologically balanced environment and the precautionary and preventive principles in environmental matters, as well as what they imply in this specific case. The right to a healthy and ecologically balanced environment is a fundamental one; therefore, its constitutional protection falls on public administrations, which in their entirety and regardless of their territorial and special jurisdiction, have the obligation to ensure its protection and conservation, through their adequate monitoring and regulation, and orienting their actions and behaviors towards its safeguarding. A fundamental part of this is precisely the application of the transversal principles of environmental law, corresponding to the preventive principle (principio preventivo) and the precautionary principle (principio precautorio, in dubio pro natura). Regarding the former, it is understood that when there is danger of serious or irreversible harm to the environment, the lack of scientific certainty should not be used to postpone the adoption of protective measures to prevent the impact or degradation of the environment, and regarding the latter, the starting point must be that when there is no scientific certainty or there is doubt that the environment will not be harmed, the corresponding measures must be taken for its protection and conservation. In this specific case, time and again the MINAE authorities, both the Dirección de Geología y Minas and SETENA, warned of environmental irregularities in the exploitation of the concession, yet they limited themselves to issuing warnings, considering them complied with almost solely on the word of the co-defendant party (with very little technical basis, as is evident from reading the administrative file and with recidivism in the irregularities and breaches of the orders issued), and denying the plaintiff's petitions. In this Court's opinion, this was not sufficient. If those officials had applied and started from the stated principles and a real awareness of the weight of the fundamental right at stake, the investigative procedure requested by the plaintiff would have been carried out in order to determine the breaches (which this Chamber was able to verify) and decide on the cancellation of the concession, and furthermore, concrete and clear administrative measures should have been ordered for the suspension of work in the area, filing the corresponding complaints for criminal violation of environmental standards and administratively for potential environmental damage, taking human safety measures regarding the potential for flooding in the area due to the impact on the dikes (which fortunately did not occur), among others. Specifically, they limited themselves to conducting visits and follow-up reports, where despite observing irregularities, they indicated, in an evidently contradictory manner, that the exploitation was occurring normally. On the other hand, it powerfully draws this Court's attention that, with a complaint pending and a field visit having been made and orders issued to the concessionaire company, the work reports for the three preceding years were still approved. Furthermore, that while clearly observing invasions of the protection area of the intermittent channel stream and the Naranjo River, the corresponding criminal and administrative complaints were not filed against the co-defendant company, as was the obligation of the officials involved in the case. At this point, it is worth noting that it is very surprising for this Chamber that only some warnings were made in this regard without even ordering a remedial plan to resolve the problems that these illegal activities caused in the ecological balance of the affected area. On the other hand, regarding the issues of invasion of the protection area of water bodies, poor handling of oversize blocks, the impact of water flows on the dikes, noise, roads in unauthorized areas (public domain channel), waste, among others, there was recidivism and reticence on the part of the concessionaire company (which had to be issued up to four resolutions with deadlines) and the said Directorate assumed a totally passive position lacking oversight, given that action was only taken based on what was ordered by this Court in the preliminary hearing and by the Appeals Court within the precautionary measure, since previously there is no evidence of any visit to the site. In addition, from the actions taken by the mentioned Directorate, a lack of rigor is evident regarding the verification of compliance with the warnings given to the company, since on two occasions it limited itself to agreeing with what the company said, when the resolutions and recommendations were meant to be complied with within a specific timeframe (one month). Note that the party gave some justifications (very subjective and without proof regarding each case) and they were simply accepted, again ignoring the recommendations issued and the compliance deadline. In this sense, it must be noted that even as seen in the official letter from file 134 of the administrative file, the approval of compliance with the warnings (resolution that admitted the complaint filed by the plaintiff) was done by an official with legal training, without any technical explanation and in a single paragraph, despite the fact that it involved multiple orders of relevance and weight, including the issue of the invasion of the protection area of the stream by the offices, which were not removed until many months later and after a specific resolution for that purpose. Another aspect that draws attention is the technical uncertainty with which the nature of the invaded stream channel and the issue of noise pollution were handled, where the only thing stated by the Dirección de Geología officials was that the due consultations should be made subsequently, without it being demonstrated that these consultations were carried out. In the case of the channel, it was not until the Environmental Audit Department of SETENA made the consultation that it was defined as an intermittent channel (cauce intermitente), that what was alleged by the co-defendant party (meaning it was a dry branch of the river due to the intervention with the dikes) was incorrect, and that, consequently, there was an invasion of it. Everything studied gives this Court the impression that the cited authorities practiced behaviors of "forgetting", ignoring the breaches and irregularities detected, as well as the environmental infractions that they themselves detailed in their reports. These being the reasons that compel the rejection of the State's defense arguments, in that it argued that generally no irregularities had been detected in the area and that they had been corrected, relying on the same reports already studied in the proven facts of this judgment and previously in this Considerando. Regarding the co-defendant's arguments, they are also necessarily rejected, since their repeated breaches of the granted concession have been duly demonstrated in this proceeding. On the other hand, it is necessary to state that the State's strategy was not sufficient, on the one hand, to distort the statements and reports of geologist Leonel Rojas Castro, given that it did not offer any technical counter-evidence in a similar vein (nor was it possible to modify the coherence and foundation with which they were made at the trial hearing), and it would have been useful to have the testimonies of one of the three state geologists directly involved in the case, which was not done; this would have provided more transparency to the technical reports (with their inconsistencies and contradictions) and thus a better understanding of the defense position in the case under study, nor was it sufficient to change the certainty that this Court has about the existence of the irregularities noted above. It is very clearly observed that in the reports of the Dirección de Geología and SETENA, almost all of the findings identified by geologist Rojas in his three reports could be verified, as he also explained in his testimony at the trial. Thus, and regarding the claims of the lawsuit, the appropriate course is to admit claims 1 and 3; therefore, it is declared that in this particular case and in accordance with the evidence in the judicial file, the administrative file, and that presented at trial, there were breaches of the granting conditions of the public domain channel concession in favor of the company Los Manantiales del Pacífico N Y S S.A., and consequently, it is environmentally responsible for the environmental degradation of the concession area. Thus, the cancellation of the public domain channel exploitation concession over the Naranjo River granted to Los Manantiales del Pacífico N Y S S.A., by resolution issued by the Executive Branch (Poder Ejecutivo) No. R-097-2018-MINAE at fourteen hours fifty-five minutes on March twenty-first, two thousand eighteen, is ordered. Regarding claim 2, having verified breaches not only of the terms of the concession but also infractions of environmental standards, as detailed previously, the co-defendant company is ordered, in coordination with and under the supervision of the State through its competent bodies, to create and effectively apply a remedial and recovery plan for the Naranjo River, in the area of the concession granted at the time, as well as other surrounding areas, according to the technical criterion of the competent authorities. All the foregoing at its own cost, which will be discussed in the judgment enforcement phase (etapa de ejecución de sentencia). Until this decision becomes final, it is ordered that the precautionary measure ordered in this proceeding in accordance with Ruling (Voto) No. 162-2023-I of fourteen hours four minutes on April 28, 2023, of the Administrative and Civil Treasury Appeals Court (Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda) remain in effect.

IX.- ON THE PLEAS RAISED. Regarding the pleas (excepciones) presented, the following ruling is made. For the stated reasons, the defense of lack of right (falta de derecho) raised by the State's representation is rejected, because the situation of breach of the concession conditions by the co-defendant, as well as the noted environmental infractions, was duly accredited. Based on what was stated in the preceding Considerandos, the lawsuit is granted in all its aspects.

X.- ON COSTS (COSTAS). By express provision of article 193 of the Contentious Administrative Procedure Code, it is appropriate to condemn the co-defendants to the payment of both costs of this action for the mere fact of having been the losing party in this proceeding, without there being reasons that justify their exoneration in accordance with subsections a) and b) of the cited numeral 193.

POR TANTO

The evidence offered to better resolve by the plaintiff is admitted. The defense of lack of right alleged by The State is rejected. The lawsuit filed by WALTER BRENES SOTO against LOS MANANTIALES DEL PACÍFICO N Y S S.A. and THE STATE is granted. Consequently, it is declared that in this particular case, there were breaches of the conditions and terms of granting of the public domain channel concession in favor of the company Los Manantiales del Pacífico N Y S S.A., and consequently, it is environmentally responsible for the environmental degradation of the concession area. The cancellation of the public domain channel exploitation concession over the Naranjo River granted to Los Manantiales del Pacífico N Y S S.A., by resolution issued by the Executive Branch (Poder Ejecutivo) No. R-097-2018-MINAE at fourteen hours fifty-five minutes on March twenty-first, two thousand eighteen, is ordered. The co-defendant company is ordered, in coordination with and under the supervision of the State through its competent bodies, to create and effectively apply a remedial and recovery plan for the Naranjo River, regarding the area of the granted concession, as well as other surrounding areas, according to the technical criterion of the competent authorities. All the foregoing at its own cost, which will be discussed in the enforcement phase. It is ordered that the precautionary measure ordered by Ruling (Voto) No. 162-2023-I of fourteen hours four minutes on April 28, 2023, of the Administrative and Civil Treasury Appeals Court (Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda) remain in effect until this decision becomes final. The co-defendants are condemned to pay the costs of this action, which will be liquidated in the judgment enforcement phase. Notify. KAREN CALDERÓN CHACÓN. EVELYN SOLANO ULLOA. FRANCISCO JOSÉ CHAVES TORRES. Judges (Jueces). -

 

 

 

 

 

- Código Verificador -
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IDM3JPN6MZI61

 

Documento firmado por:

KAREN CALDERÓN CHACON, JUEZ/A DECISOR/A
EVELYN SOLANO ULLOA, JUEZ/A DECISOR/A
FRANCISCO CHAVES TORRES, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 21-007586-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, frente a Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:16:39.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República