Res. 02512-2025 Tribunal Contencioso Administrativo — Inapplicability of Positive Administrative Silence in Urban Planning and Environmental AuthorizationsImprocedencia del silencio positivo en autorizaciones urbanísticas y ambientales

Grande
Normal
Pequeña
Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 02512 - 2025

Fecha de la Resolución: 12 de Marzo del 2025 a las 17:19

Expediente: 22-000536-1027-CA

Redactado por: Luis Arturo Polinaris Vives

Clase de asunto: Jerarquía Impropia

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Texto de la resolución

 



 

EXPEDIENTE:

	

22-000536-1027-CA - 4




PROCESO:

	

JERARQUIA IMPROPIA (Municipal)




ACTOR/A:

	

LUIS FERNANDO DE SAN GERARDO RODRIGUEZ HERRERA




DEMANDADO/A:

	

MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON

 

 N° 2025002512

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las diecisiete horas con diecinueve minutos del doce de Marzo del dos mil veinticinco.-

 

El Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, en ejercicio de la competencia legal de Jerarca Impropio de la materia municipal, conoce el Recurso de Apelación presentado por Doña Fela Sociedad Anónima; cédula jurídica número 3-101-767329, contra la resolución número MSR-AM-1589-2021, dictada por la Alcaldía de la Municipalidad de San Ramón.

Juez Ponente: Luis Arturo Polinaris Vives

CONSIDERANDO:

I-) HECHOS PROBADOS DE INTERÉS PARA EL CASO CONCRETO:

1-) El 06 de octubre de 2021, la parte promovente solicitó un certificado de uso de suelo para la finca del Partido de Alajuela, matrícula 212452-000 para el desarrollo de la actividad de local comercial ante del Departamento de Planificación Urbana de la Municipalidad de San Ramón (Ver imagen 66 a 70).

2-) El 11 de noviembre de 2021, la parte promovente solicitó ante del Departamento de Planificación Urbana de la Municipalidad de San Ramón, se declarara el silencio positivo respecto de la solicitud mencionada en el numeral anterior (Ver imagen 4 a 6).

3-) El 17 de noviembre de 2021, Departamento de Planificación Urbana de la Municipalidad de San Ramón, respecto de la solicitud de uso de suelo para la finca del Partido de Alajuela, matrícula 212452-000 para el desarrollo de la actividad de local comercial; resolvió mediante resolución número MSR-AM-DDU-PU-US-1881-2021 del 17 de noviembre de 2021 lo siguiente: "En conclusión se indica que para uso COMERCIAL -  LOCAL COMERCIAL se otorga el uso de suelo solicitado al ser la actividad conforme y compatible con la zona... Observaciones: Se rechaza la solicitud ya que la propiedad en cuestión es parte de un desarrollo urbanístico (URBANIZACIÓN LOS PARQUES) y presenta un uso prestablecido, exclusivamente para USO HABITACIONAL". (Ver imagen 13 y 157 a 163).

4-) El 19 de noviembre de 2021, la parte promovente, inconforme con la determinación contenida en el numeral anterior, presento un Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio contra la resolución número MSR-AM-DDU-PU-US-1881-2021 del 17 de noviembre de 2021. En concreto consideró como motivo de agravio: a) que la resolución es contraria a Derecho al desconocer que por virtud del silencio positivo y del cumplimiento de todos los requisitos, el uso de suelo debe considerarse otorgado; b) que al contener la resolución recurrida una contradicción en su contenido; al otorgar y negar el uso de suelo al mismo tiempo, debe considerarse invalida (Ver imagen 15 a 17).

5-) El 18 de noviembre de 2021, Departamento de Obra Pública de la Municipalidad de San Ramón, mediante resolución número MSR-AM-GM-DDU-OP-122-2021 en atención a los agravios planteados, entendió que la resolución número MSR-AM-DDU-PU-US-1881-2021 del 17 de noviembre de 2021 tenía un error material, dejando sin efecto la frase: "En conclusión se indica que para uso COMERCIAL -  LOCAL COMERCIAL se otorga el Uso de Suelo Solicitado al ser la actividad conforme y compatible con la zona"; y rectificando a su vez, la parte dispositiva, para que se lea de la siguiente manera: "En conclusión se indica que para uso COMERCIAL-LOCAL COMERCIAL NO se otorga el uso de suelo Solicitado al NO ser la actividad conforme y compatible con la zona" (Ver imagen 19 y 20).

5-) El 18 de noviembre de 2021, Departamento de Obra Pública de la Municipalidad de San Ramón, mediante resolución número MSR-AM-GM-DDU-OP-123-2021 resolvió el reclamo presentado el 11 de noviembre de 2021,  para que se declarara el silencio positivo respecto de la solicitud de uso de suelo para la finca del Partido de Alajuela, matrícula 212452-000 para el desarrollo de la actividad de local comercial. En concreto, se resolvió, entre varios fundamentos, que no aplica el silencio positivo en materia de autorizaciones, licencias o actos relacionados con el ambiente; y que en dicho sentido la actividad urbana, la planificación de ciudades y la determinación de usos de suelo, forma parte del concepto amplio de ambiente, para lo cual cita números de votos de la Sala Constitucional y números de criterios de la Procuraduría General de la República (Ver imagen 22 a 30 y hecho probado número 2).

6-) El 10 de diciembre de 2021, Departamento de Obra Pública de la Municipalidad de San Ramón, mediante resolución número MSR-AM-GM-DDU-OP-152-2021 conoció los agravios planteados planteados en el Recurso de Revocatoria contra la resolución número MSR-AM-DDU-PU-US-1881-2021 del 17 de noviembre de 2021. En concreto determinó, que no aplica el silencio positivo en materia de autorizaciones, licencias o actos relacionados con el ambiente; y que en dicho sentido la actividad urbana, la planificación de ciudades y la determinación de usos de suelo, forma parte del concepto amplio de ambiente, para lo cual cita números de votos de la Sala Constitucional y números de criterios de la Procuraduría General de la República (Ver imagen 32 y 39).

7-) El 16 de diciembre de 2021, la Alcaldía de la Municipalidad de San Ramón, mediante resolución número MSR-AM-1589-2021 conoció los agravios planteados planteados en el Recurso de Apelación contra la resolución número MSR-AM-DDU-PU-US-1881-2021 del 17 de noviembre de 2021. En concreto determinó: a) que no aplica el silencio positivo en materia de autorizaciones, licencias o actos relacionados con el ambiente; y que en dicho sentido la actividad urbana, la planificación de ciudades y la determinación de usos de suelo, forma parte del concepto amplio de ambiente, para lo cual cita jurisprudencia del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, contenida en los votos número 258-2011 y 247-2012 y el criterio C-333-2018 de la Procuraduría General de la República;  b) En cuanto a que la resolución impugnada en su literalidad concede y deniega al mismo tiempo la licencia comercial, fundamenta que se trata de un simple error material, que puede ser corregido conforme al artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública y conforme al criterio C-145-98 del 24 de julio de 1998 de la Procuraduría General de la República (Ver imagen 112 a 117).

8-) El 10 de enero de 2022, la parte promovente, inconforme con lo resuelto por la Alcaldía de la Municipalidad de San Ramón en la resolución número MSR-AM-1589-2021, presentó un recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, en el que planteó como agravios agravios, que: "1) La resolución recurrida resulta contraria al silencio positivo ya operado en torno al formulario digital de usos de suelo y visto bueno de ubicación, ello para obtener uso de suelo con visto bueno de ubicación, para desarrollar la actividad de local comercial en la finca (...), finca que posee el plano de catastro (...); situada en la Urbanización Los Parques (...), a pesar que de la solicitud contenía la totalidad de los requisitos legales, no fue resuelta expresamente en tiempo, por cual cual el permiso se ha otorgado en virtud del silencio en todos sus extremos. Dicho derecho no puede ser obviado por la Municipalidad y vengo expresamente a hacerlo valer en este acto. 2) La resolución recurrida es contraria a sí misma pues en su por tanto establece expresamente: "En conclusión se indica que para uso comercial-local comercial se otorga el uso de suelo solicitado al ser la actividad conforme y compatible con la zona". Pero acto seguido en un acápite denominado "Observaciones" se indica que "Se rechaza la solicitud". Que en consecuencia la resolución recurrida contiene además de argumentos carentes de fundamento jurídico, una grave desviación de poder en el tanto arbitrariamente revierte efectos jurídicos otorgados al administrado. Por todo ello, vengo a rogar determinar que la resolución recurrida carece de validez y en consecuencia debe ser dejada sin efecto alguno. En consecuencia ruego, en caso de no acogerse la revocatoria, se dé curso a la apelación conforme al artículo 171 del Código Municipal"  (Ver imagen 120 a 122)

9-) El 17 de enero de 2022, la Alcaldía de la Municipalidad de San Ramón, mediante resolución número MSR-AM-065-2021 (sic); conoció el Recurso de Revocatoria contra la resolución número MSR-AM-1589-2021; que conoció en alzada a su vez los agravios planteados planteados contra la resolución número MSR-AM-DDU-PU-US-1881-2021 del 17 de noviembre de 2021. En concreto resolvió que resulta inaplicable el silencio positivo peticionado por la parte recurrente, por tratarse el caso concreto de autorizaciones, licencias o actos relacionados con el ambiente; y que en dicho sentido la actividad urbana, la planificación de ciudades y la determinación de usos de suelo, forma parte del concepto macro de ambiente, para lo cual cita jurisprudencia judicial y administrativa (Ver 141 a 149).

II-) ANÁLISIS DE FONDO:

1-) Generalidades sobre el deber del recurrente de expresar agravios:

Este Tribunal tiene claro que la resolución impugnada, en su naturaleza de acto administrativo, se rige por la presunción de validez (artículo 168 de la LGAP); la cual a su vez tiene como consecuencia jurídica; que el acto administrativo debe ser respetado por la Administración y por el administrado; es decir, no puede desconocerse y solo puede ser suprimido, por el lado de la administración, mediante los distintos procedimientos legalmente establecidos para ello, tales como la revocación (arts. 152 a 156 LGAP), la declaración judicial de lesividad (arts. 183.1 de la LGAP, 10 inciso 5 y 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo –CPCA-) y excepcionalmente por la declaratoria de nulidad oficiosa o de pleno derecho en sede administrativa (art. 173 de la Ley General de la Administración Pública –LGAP-); y por parte del administrado, el acto administrativo, como el que en efecto se apela, puede suprimirse en forma total o parcial mediante un reclamo administrativo, o bien en el contexto de un procedimiento recursivo como el que nos ocupa; para lo cual, al recurrente le corresponde impugnar. Por su parte, las impugnaciones deben tener argumentación solida, toda vez que estos son remedios procesales que permiten corregir los errores de pensamiento de los seres humanos que dan impulso psico-físico a las resoluciones dictadas en primera instancia por órganos resolutivos, sea en sede judicial o administrativa. En dicho sentido, dictada una resolución en la primera instancia, la competencia del superior viene dada, principalmente, por varias circunstancias: la primera, que la resolución tenga recurso ante un superior con clara competencia legal o reglamentaria para tal efecto; la segunda, que la impugnación sea presentada dentro del plazo normativamente establecido; y la tercera, la correcta expresión de agravios. Acorde con lo anterior, la competencia o la intervención resolutiva del superior viene dada por correcta expresión de agravios realizada por la parte recurrente. Así las cosas, el recurrente debe objetar lo resuelto, para lo cual, debe hacer un ejercicio similar al órgano resolutivo, es decir, debe motivar y estructurar su pensamiento en el recurso a partir, por ejemplo, de una: inducción, deducción o abducción; o incluso una simple inferencia, para explicar las razones por las cuales la resolución combatida es contraria a derecho. Lo anterior cobra sentido, ya que la parte recurrente, por Principio Dispositivo inclusive, tiene el deber de la debida diligencia fáctica, probatoria y argumentativa, con la cual debe objetar lo resuelto y justificar su variación o anulación. Pero dicho ejercicio, en esta sede, si bien es cierto se rige bajo Principio de Informalismo, no deja de ser una labor técnico-jurídica, o bien procesal que debe realizarse cuidadosamente. En específico, el recurrente debe expresar los agravios correspondientes; es decir, debe plantear con claridad el conjunto de razones por las cuales considera que lo resuelto en primera instancia es contrario a derecho, para que eventualmente, según su pretensión recursiva, pueda variarse o anularse algún contenido de la resolución impugnada. En dicho sentido, sin perjuicio de la informalidad propia de los recursos a lo interno del procedimiento administrativo, no debe olvidar el recurrente, el deber de plantear agravios, según sea el caso; por agravios por lesión a normas procesales como podría ser: la falta de motivación, falta de emplazamientos, nulidad de la notificación, lesión a  principios y normas constitucionales que causen indefensión, entre otros; e igualmente debe plantear el recurrente, cuando así corresponda, agravios por lesión a normas sustantivas, es decir, explicar en el ámbito del derecho: la indebida interpretación, la indebida aplicación o bien la inaplicación del Derecho o precepto jurídico en que ha incurrido la resolución impugnada (conforme lo dicho, el recurso debe expresar y demostrar que la resolución impugnada comete mal praxis en el ejercicio metodológico de interpretar y aplicar la ley al caso concreto); y en el ámbito probatorio, debe argumentar y demostrar con claridad; las pruebas que han recibido un indebido valor, las pruebas omitidas, o bien, acusar la utilización de pruebas ilícitas (conforme se explica, el recurrente debe enfocarse entre otros, en manifestar y evidenciar, la eventual ilicitud de la prueba, o bien los problemas del órgano resolutivo a la hora de valorar las pruebas en el contexto de la sana crítica o de cualquier otro modelo de valoración probatoria). En ambos casos, de agravios por lesión a normas procesales o sustantivas, el recurrente debe argumentar y evidenciar el error del órgano resolutivo, el daño o agravio causado al recurrente; y la necesaria pretensión procesal de modificación o anulación de lo resuelto, ante el órgano de alzada. En el caso concreto, conforme se verá más adelante, el recurrente no fue capaz de expresar agravios en los términos explicados, sino que lo que hace es manifestar que no comparte lo resuelto, desde un perspectiva meramente semántica que solo tiene sentido en su percepción subjetiva, lo cual motiva como se verá, la estimatoria sin lugar del recurso.

2-) Sobre el caso concreto:

Considerando, que la competencia de esta alzada viene dada por el agravio planteado en tiempo y forma por la parte recurrente; se estima sin lugar el recurso, según se expone en los siguientes apartes, que se refieren a cada uno de los reproches contenidos en el Recurso de Apelación: a) Cuestiona que la Municipalidad inaplica el silencio positivo por el cual debe considerarse autorizada la licencia  de local comercial. Si bien la parte considera que por no resolverse en tiempo la solicitud de licencia comercial y la propia solicitud y procedimiento de silencio positivo, debe entenderse autorizada la actividad comercial; este Tribunal discrepa de la postura de la parte recurrente, que en el caso concreto no fue capaz jurídicamente de plantear un agravio al respecto; y más bien comparte el criterio del Gobierno Local, en el muy simple sentido de entender, que el silencio por más "positivo" que sea, no aplica en automático, menos aún cuando se trata de licencias, reclamos, permisos de establecimiento comercial vinculados al uso de suelo; toda vez que el silencio positivo, es la excepción y se ejecuta como tal, cuando la ley así expresamente lo reconoce; situación que de todas formas no la argumenta ni la demuestra la parte actora. Véase en sentido contrario, que la regla general, más bien y en todo caso, es el "silencio negativo", por virtud del cual, el legislador determinó que ante la falta de respuesta o bien de resolución expresa de la Administración a un determinado particular, se reconoce la existencia de un acto presunto, de rechazo o bien de denegatoria y estimatoria sin lugar de la respectiva petición planteada en la sede administrativa, que incluso faculta al particular, una vez transcurrido el término de ley, para tener agotada la vía administrativa y acudir, eventualmente, a los Tribunales de Justicia. En concreto, el silencio negativo como se indicó, es un remedio procesal ante la omisión de dictado del acto final de un cierto y determinado acto administrativo; el cual debe ser tomado en términos generales como un rechazo de la gestión, salvo que por legislación expresa en contrario, se disponga el silencio positivo, en el cual la propia ley es la que determina el tipo de peticiones que ante ausencia de resolución expresa en la sede administrativa, deben considerarse aprobadas, caso que no es el que nos ocupa. Además de lo indicado, la parte recurrente tuvo que considerar, que la propia jurisprudencia ha entendido, entre muchos otros antecedentes que el silencio positivo para su situación jurídica, no era aplicable. Ver al respecto lo establecido por la jurisprudencia: "Ello es así porque al Derecho Urbanístico, que regula lo atinente a la ordenación del territorio (que comprende la delimitación del contenido de la propiedad urbana y el ejercicio de la función urbanística como potestad pública), le son aplicables los principios constitucionales del Derecho Ambiental, toda vez que ambos integran el concepto jurídico de ambiente, y por ello, comprometen el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Tampoco resulta aplicable el silencio positivo respecto de los bienes de dominio público, en atención a la materia de que se trata, toda vez que también comprometen el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, en última instancia, a la naturaleza de este tipo de bienes en tanto son imprescriptibles, inembargables e inalienables y  por vocación están dispuestos al uso y disfrute de la colectividad en general y está sujeto al poder de policía en lo que respecta a su uso y aprovechamiento. Así por ejemplo lo establece expresamente el artículo 4 de la Ley Forestal respecto de los recursos naturales y el ordinal 27 del Decreto Ejecutivo N. 32565-MEIC, según el cual  el silencio positivo no resulta aplicable a las licencias o permisos en que, por disposición legal o jurisprudencial, se haya establecido su inaplicabilidad. De lo expuesto se deriva con facilidad que, tratándose de permisos y autorizaciones relativas a la materia urbanística o ambiental,  no resulta aplicable el silencio positivo ni pueden estimarse otorgados por el transcurso del plazo para su contestación. No podría ser de otra forma si se toma en cuenta que la protección del ambiente es una obligación tanto del Estado (en sentido amplio) como de los particulares,  como exigencia impuesta por el numeral 50 de la Constitución Política; por lo que, la aplicación de la figura del silencio positivo en asuntos urbanísticos y ambientales, implicaría una renuncia al ejercicio de potestades de control y protección ambiental, con violación, además, del canon 66 de la LGAP. Así, en esta materia,  la ausencia de resolución expresa, es una disfunción administrativa que no puede convertirse en una autorización presunta, pues ello implicaría la prevalencia del interés particular sobre el interés general en el control del desarrollo urbano y la protección del ambiente.               V.- Sobre el caso concreto.  La pretensión de la parte actora en este proceso se dirige a que se declare que, en su caso, operó el silencio positivo y se ordene a la Municipalidad de San Rafael de Heredia otorgarle la patente municipal solicitada. Con base en lo expuesto en el Considerando anterior, lo pedido resulta, a todas luces,  improcedente. De inicio, el elenco fáctico que se ha tenido por acreditado deja claro que, en el fondo, lo que se pretende es que vía silencio positivo se autorice una licencia comercial que involucra, a su vez, el ejercicio de potestades públicas en materia ambiental y urbanística, aspectos en los que, según se ha explicado, ese instituto es inaplicable. A modo de ejemplo, nótese que desde el inicio del procedimiento el ente municipal ha cuestionado que se haya construido el establecimiento sin los permisos de edificación necesarios y en una zona especial de protección en la que, ese tipo de construcciones, no resulta compatible. Además, se recriminó que la actividad comercial que lleva a cabo el actor se ejerza sin la correspondiente licencia comercial y que además, no se correspondiera con la aprobada en la resolución de ubicación ni con las que cobijaría el permiso de salud otorgado conforme al Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos Sanitarios de Funcionamiento del Ministerio de Salud (Decreto No. 33240-S). Lo expuesto pone de manifiesto, también, que el actor no cumplió con todos los requisitos que el ordenamiento jurídico establece para este tipo de licencias, tal y como se desprende de las distintas conductas formales de la corporación municipal en las que analizó y comunicó los distintos incumplimientos en los que incurrió el accionante.  Si bien no consta en autos que la municipalidad accionada haya resuelto, en definitiva, la solicitud de licencia comercial planteada por el actor (ya que lo único que consta es el criterio negativo del asesor legal), lo cierto es que esa inactividad formal no puede servir de puente para que opere el silencio positivo. Ello porque lo pedido versa sobre materias en las que este instituto resulta improcedente por mandato legal y desarrollo jurisprudencial, y porque, en todo caso, esa solicitud no cumplió con todas las condiciones exigidas por el bloque de legalidad vigente en materia de edificación y funcionamiento de establecimientos comerciales. A mayor abundamiento,  se observa que hay aspectos en los que la gestión resulta del todo improcedente, como por ejemplo, el relativo a que el Decreto No. 25902-MP-MIVAH-MINAE exija que el inmueble que pretenda dedicarse a actividades industriales cuente con una área mínima que  la propiedad del actor no alcanza.  Tiene claro el Tribunal que existe un deber de la corporación municipal de resolver por acto expreso las gestiones planteadas por los administrados, y el consecuente derecho de éstos de exigir, por las vías que el ordenamiento establece (por ejemplo, el recurso de amparo o el amparo de legalidad en sede contenciosa administrativa), que sus peticiones sean atendidas dentro de un plazo razonable. Más, se insiste, la disfunción formal en esta materia no puede, bajo ninguna circunstancia, generar silencio positivo ni permitir el otorgamiento de permisos o licencias que no han satisfecho las condiciones exigidas por el ordenamiento jurídico, por las potestades de control urbano involucradas y por su  incidencia en la materia ambiental. Por las mismas razones, no puede este Tribunal ordenar a la Municipalidad de San Rafael de Heredia que otorgue la licencia comercial solicitada, menos aún si ni siquiera se cumplen los presupuestos establecidos en el ordenamiento jurídico para el otorgamiento de este tipo de licencias municipales, según ha sido acreditado"  Ver entre otros fundamentos jurisprudenciales, resolución número 0258-2011-VI TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN SEXTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A. Goicoechea, a las catorce horas cinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil once. Criterio que permite concluir, al igual que en el caso analizado, que el silencio positivo no opera en forma automática, menos aún, si se toma en cuenta que lo pretendido por el actor, es una licencia comercial en una zonificación concreta a nivel de Derecho Urbanístico, determinada como zona residencial. Es decir, contravendría el orden público, toda lógica y razón humana, considerar que opera el silencio positivo ante la omisión de un Gobierno Local de resolver en tiempo una determinada solicitud de establecimiento comercial, en detrimento y en forma no compatible  con una determinada zonificación ambiental y residencial. Lo anterior implicaría por ejemplo, que por vía del silencio positivo y sin mayor análisis, que en zonas residenciales, en zonas hospitalarias por ejemplo se tengan autorizadas en automático licencias urbanísticas de comercios e industrias contaminantes, ruidosas, con vertido de humo, partículas, líquidos, con afluencia de camiones, animales, entre otros. Precisamente por ello, el silencio positivo, no opera en forma automática, cuando se trata de la materia ambiental y dentro de esta la materia urbanística, por la especial afectación que se puede producir respecto de los ecosistemas, la salud pública y la calidad de vida de los seres humanos;  b) Reprocha que la resolución impugnada carece de coherencia puesto que concede y deniega la licencia al mismo tiempo y que carece de motivación. Sobre el particular este Tribunal considera que la parte recurrente no fue capaz  tampoco de plantear una agravio en correcta forma jurídica-procesal, que hubiera justificado variar o anular lo resuelto. Véase que se comparte el criterio del Gobierno Local, en cuanto a que el contenido controvertido del acto impugnado que "concede y deniega" la licencia al mismo tiempo, es un error material de posible corrección conforme al artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública que dispone: "Artículo 157.-En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos". La situación y la normativa descrita, lleva a este órgano a recordar la máxima jurídica que determina que "el error no crea derecho"; reconocido por la Jurisprudencia constitucional, que al respecto ilustra: "IV.- En el caso concreto, observa la Sala que el recurrente, en el mes de enero anterior, presentó la documentación requerida para la inscripción de su arma Marca Lorcin calibre 25 serie N° 391135, y en ese momento, el Departamento de Control de Armas del Ministerio de Seguridad Pública, con fundamento en los documentos aportados, le otorgó el permiso respectivo. Sin embargo, posteriormente los funcionarios de este Departamento, se percatan de que existió un error por cuanto la misma arma estaba inscrita a nombre de otra persona, motivo por el cual se hizo necesario el decomisó del arma y se inició la investigación correspondiente. Tal error cometido por la Administración, en criterio de la Sala, no ha tenido la virtud de generar ningún derecho a favor del recurrente y en ese sentido debe recordarse aquél principio jurídico que establece que "el error no crea derecho". Por el contrario, la Sala reconoce la obligación que tiene la Administración de investigar irregularidades como la ocurrida en la especie y ajustar los procedimientos a derecho, sin que ello implique lesión alguna a los derechos fundamentales del recurrente y para ello, la propia legislación le otorga a las autoridades competentes la posibilidad de efectuar decomisos de las armas que se encuentren en una situación irregular, como ha ocurrido en este caso". Resolución número 2001-03312. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas con cincuenta minutos del veintisiete de abril del dos mil uno. Relacionando la jurisprudencia de la Sala Constitucional citada con el caso concreto, por simple regla de analogía, es claro que sucedió una situación similar en la cual, se incorporó al contenido del acto impugnado un error, en el cual se entiende literalmente que se concedía la licencia; no obstante, situación fue corregida por la Administración, por razón de que la licencia solicitada no se ajustaba a las limitaciones urbanísticas establecidas para el uso de suelo y para la correspondiente zonificación del lugar; razón por la cual, se da la corrección por parte de la Administración Municipal. Finalmente, se destacas que la parte recurrente ante esta alzada no planteó agravios por lesión a normas procesales, o bien, agravios por lesión a normas sustantivas, que hubieran justificado de alguna forma anular, modificar, ampliar o bien corregir lo resuelto en la resolución impugnada, sino que en lugar de expresar agravios hizo reproches de orden general, inclusive sin plantear una pretensión recursiva clara, que hubiera tenido alguna coherencia lógica con el contenido de agravio que supuestamente le estaba afectando. De lo anterior entonces es criterio de este Tribunal, confirmar lo resuelto en el acto administrativo impugnado y dar por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado. Se confirma la resolución número MSR-AM-1589-2021, dictada por la Alcaldía de la Municipalidad de San Ramón. Se da por agotada la vía administrativa. Notificar a las partes al medio señalado. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. JERARQUÍA IMPROPIA MUNICIPAL.-  

 

 

	



4H5LEDHDYW861
LUIS ARTURO POLINARIS VIVES - JUEZ/A DECISOR/A

	

 






1WBRXJSPQCS61
YETTY PATRICIA HERNÁNDEZ ORIAS - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	



X2P6T4CYDQ061
KARLA GABRIELA SOLÍS VALVERDE - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 22-000536-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:17:34.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENTE:

22-000536-1027-CA - 4

PROCESO:

IMPROPER HIERARCHY (Municipal)

ACTOR/A:

LUIS FERNANDO DE SAN GERARDO RODRIGUEZ HERRERA

DEMANDADO/A:

MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON

N° 2025002512

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at seventeen hours and nineteen minutes on the twelfth of March, two thousand twenty-five.-

The Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, exercising the legal competence of Improper Hierarch of municipal matters, hears the Appeal (Recurso de Apelación) filed by Doña Fela Sociedad Anónima; legal identification number 3-101-767329, against resolution number MSR-AM-1589-2021, issued by the Mayor's Office (Alcaldía) of the Municipalidad de San Ramón.

Presiding Judge: Luis Arturo Polinaris Vives

CONSIDERANDO:

I-) PROVEN FACTS OF INTEREST FOR THE SPECIFIC CASE:

1-) On October 6, 2021, the petitioner requested a land-use certificate (certificado de uso de suelo) for the property in Partido de Alajuela, registration number 212452-000, for the development of a commercial premises activity, before the Urban Planning Department (Departamento de Planificación Urbana) of the Municipalidad de San Ramón (See image 66 to 70).

2-) On November 11, 2021, the petitioner requested before the Urban Planning Department of the Municipalidad de San Ramón that positive silence (silencio positivo) be declared regarding the request mentioned in the preceding numeral (See image 4 to 6).

3-) On November 17, 2021, the Urban Planning Department of the Municipalidad de San Ramón, regarding the land-use application for the property in Partido de Alajuela, registration number 212452-000, for the development of a commercial premises activity, resolved by resolution number MSR-AM-DDU-PU-US-1881-2021 of November 17, 2021, the following: "In conclusion, it is indicated that for COMMERCIAL USE - COMMERCIAL PREMISES, the requested land use is granted as the activity is compliant and compatible with the zone... Observations: The application is rejected because the property in question is part of an urban development (URBANIZACIÓN LOS PARQUES) and has a pre-established use, exclusively for RESIDENTIAL USE". (See image 13 and 157 to 163).

4-) On November 19, 2021, the petitioner, disagreeing with the determination contained in the preceding numeral, filed a Motion for Reconsideration with Subsidiary Appeal (Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio) against resolution number MSR-AM-DDU-PU-US-1881-2021 of November 17, 2021. Specifically, it considered as grounds for grievance: a) that the resolution is contrary to law by disregarding that, by virtue of positive silence and the fulfillment of all requirements, the land use must be considered granted; b) that since the appealed resolution contains a contradiction in its content, by granting and denying the land use at the same time, it must be considered invalid (See image 15 to 17).

5-) On November 18, 2021, the Public Works Department (Departamento de Obra Pública) of the Municipalidad de San Ramón, by resolution number MSR-AM-GM-DDU-OP-122-2021, in response to the grievances raised, understood that resolution number MSR-AM-DDU-PU-US-1881-2021 of November 17, 2021, contained a material error, rendering void the phrase: "In conclusion, it is indicated that for COMMERCIAL USE - COMMERCIAL PREMISES, the requested Land Use is granted as the activity is compliant and compatible with the zone"; and rectifying, in turn, the operative part, so that it reads as follows: "In conclusion, it is indicated that for COMMERCIAL USE-COMMERCIAL PREMISES, the requested land use is NOT granted as the activity is NOT compliant and compatible with the zone" (See image 19 and 20).

5-) On November 18, 2021, the Public Works Department of the Municipalidad de San Ramón, by resolution number MSR-AM-GM-DDU-OP-123-2021, resolved the claim filed on November 11, 2021, seeking a declaration of positive silence regarding the land-use application for the property in Partido de Alajuela, registration number 212452-000, for the development of a commercial premises activity. Specifically, it was resolved, among several grounds, that positive silence does not apply in matters of authorizations, licenses, or acts related to the environment; and that in this sense, urban activity, city planning, and the determination of land uses are part of the broad concept of environment, for which it cites numbers of rulings (votos) from the Sala Constitucional and numbers of opinions (criterios) from the Procuraduría General de la República (See image 22 to 30 and proven fact number 2).

6-) On December 10, 2021, the Public Works Department of the Municipalidad de San Ramón, by resolution number MSR-AM-GM-DDU-OP-152-2021, heard the grievances raised in the Motion for Reconsideration against resolution number MSR-AM-DDU-PU-US-1881-2021 of November 17, 2021. Specifically, it determined that positive silence does not apply in matters of authorizations, licenses, or acts related to the environment; and that in this sense, urban activity, city planning, and the determination of land uses are part of the broad concept of environment, for which it cites numbers of rulings from the Sala Constitucional and numbers of opinions from the Procuraduría General de la República (See image 32 and 39).

7-) On December 16, 2021, the Mayor's Office of the Municipalidad de San Ramón, by resolution number MSR-AM-1589-2021, heard the grievances raised in the Appeal against resolution number MSR-AM-DDU-PU-US-1881-2021 of November 17, 2021. Specifically, it determined: a) that positive silence does not apply in matters of authorizations, licenses, or acts related to the environment; and that in this sense, urban activity, city planning, and the determination of land uses are part of the broad concept of environment, for which it cites case law of the Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, contained in rulings number 258-2011 and 247-2012 and opinion C-333-2018 of the Procuraduría General de la República; b) Regarding the fact that the appealed resolution literally grants and denies the commercial license at the same time, it is grounded on the fact that this is a simple material error, which can be corrected pursuant to article 157 of the Ley General de la Administración Pública and pursuant to opinion C-145-98 of July 24, 1998, of the Procuraduría General de la República (See image 112 to 117).

8-) On January 10, 2022, the petitioner, disagreeing with the decision of the Mayor's Office of the Municipalidad de San Ramón in resolution number MSR-AM-1589-2021, filed a Motion for Reconsideration with Subsidiary Appeal, in which it raised as grievances that: "1) The appealed resolution is contrary to the positive silence already having taken effect regarding the digital land-use and location approval (visto bueno de ubicación) form, this to obtain land use with location approval, to develop a commercial premises activity on the property (...), a property that has the cadastral map (...); located in Urbanización Los Parques (...), despite the fact that the application contained all legal requirements, it was not expressly resolved in time, for which reason the permit has been granted by virtue of silence in all its aspects. This right cannot be ignored by the Municipality and I expressly come to assert it in this act. 2) The appealed resolution is internally contradictory because its operative part (por tanto) expressly states: 'In conclusion, it is indicated that for commercial-commercial premises use, the requested land use is granted as the activity is compliant and compatible with the zone.' But immediately thereafter, in a section called 'Observations,' it is indicated that 'The application is rejected.' Consequently, the appealed resolution contains, in addition to arguments lacking legal basis, a serious misuse of power (desviación de poder) insofar as it arbitrarily reverses legal effects granted to the administered party. For all of this, I come to plead for a determination that the appealed resolution lacks validity and consequently must be rendered without any effect. Consequently, I beg, in the event the reconsideration is not granted, that the appeal be processed pursuant to article 171 of the Código Municipal" (See image 120 to 122)

9-) On January 17, 2022, the Mayor's Office of the Municipalidad de San Ramón, by resolution number MSR-AM-065-2021 (sic); heard the Motion for Reconsideration against resolution number MSR-AM-1589-2021; which in turn had heard on appeal the grievances raised against resolution number MSR-AM-DDU-PU-US-1881-2021 of November 17, 2021. Specifically, it resolved that the positive silence requested by the appellant is inapplicable, because the specific case involves authorizations, licenses, or acts related to the environment; and that in this sense, urban activity, city planning, and the determination of land uses are part of the macro concept of environment, for which it cites judicial and administrative case law (See 141 to 149).

II-) ANALYSIS OF THE MERITS:

1-) Generalities regarding the appellant's duty to express grievances:

This Tribunal is clear that the appealed resolution, in its nature as an administrative act, is governed by the presumption of validity (article 168 of the LGAP); which in turn has the legal consequence that the administrative act must be respected by the Administration and by the administered party; that is, it cannot be disregarded and can only be suppressed, on the Administration's side, through the different legally established procedures for this, such as revocation (arts. 152 to 156 LGAP), the judicial declaration of harmfulness (declaración judicial de lesividad) (arts. 183.1 of the LGAP, 10 subsection 5 and 34 of the Código Procesal Contencioso Administrativo –CPCA-), and exceptionally by the declaration of ex officio or absolute nullity in administrative proceedings (art. 173 of the Ley General de la Administración Pública –LGAP-); and by the administered party, the administrative act, such as the one that is indeed being appealed, can be suppressed totally or partially through an administrative claim, or within the context of a recourse procedure such as the one before us; for which the appellant must lodge an appeal. For their part, appeals must have solid argumentation, as these are procedural remedies that allow for the correction of errors in thinking by the human beings who give psycho-physical impetus to the resolutions issued in the first instance by decision-making bodies, whether in a judicial or administrative venue. In this sense, once a resolution is issued in the first instance, the competence of the superior body is mainly determined by several circumstances: first, that the resolution is subject to appeal before a superior body with clear legal or regulatory competence for this purpose; second, that the appeal is filed within the normatively established timeframe; and third, the correct expression of grievances. In accordance with the above, the competence or the decision-making intervention of the superior body is determined by the correct expression of grievances made by the appellant. Thus, the appellant must object to what was resolved, for which they must perform an exercise similar to that of the decision-making body, meaning they must motivate and structure their thinking in the appeal based on, for example: induction, deduction, or abduction; or even a simple inference, to explain the reasons why the challenged resolution is contrary to law. The foregoing makes sense, since the appellant, even by the Dispositive Principle, has the duty of due factual, evidentiary, and argumentative diligence, with which they must object to what was resolved and justify its modification or annulment. But this exercise, in this venue, although it is true it is governed under the Informality Principle, it is nonetheless a technical-legal or procedural task that must be performed carefully. Specifically, the appellant must express the corresponding grievances; that is, they must clearly state the set of reasons why they consider what was resolved in the first instance to be contrary to law, so that eventually, according to their appellate claim, some content of the appealed resolution may be modified or annulled. In this sense, without prejudice to the informality inherent to appeals within the administrative procedure, the appellant must not forget the duty to raise grievances, as the case may be; grievances for violation of procedural rules such as could be: lack of motivation (falta de motivación), lack of proper notice (falta de emplazamientos), nullity of notification, violation of constitutional principles and rules that cause defenselessness, among others; and likewise, the appellant must raise, when appropriate, grievances for violation of substantive rules, that is, to explain, within the legal context: the improper interpretation, the improper application, or the non-application of the Law or legal precept incurred by the appealed resolution (per the above, the appeal must express and demonstrate that the appealed resolution commits malpractice in the methodological exercise of interpreting and applying the law to the specific case); and in the evidentiary context, they must argue and demonstrate clearly: the evidence that has received an improper value, the omitted evidence, or else, denounce the use of illegal evidence (as explained, the appellant must focus, among other things, on manifesting and evidencing the eventual illegality of the evidence, or the problems of the decision-making body when evaluating the evidence in the context of sound criticism (sana crítica) or any other evidentiary evaluation model). In both cases, whether grievances for violation of procedural or substantive rules, the appellant must argue and evidence the error of the decision-making body, the damage or grievance caused to the appellant; and the necessary procedural claim for modification or annulment of what was resolved, before the appellate body. In the specific case, as will be seen below, the appellant was not capable of expressing grievances in the terms explained, but rather their action is to manifest that they do not agree with what was resolved, from a merely semantic perspective that only makes sense in their subjective perception, which motivates, as will be seen, the dismissal of the appeal.

2-) On the specific case:

Considering that the competence of this appellate body is determined by the grievance raised in a timely manner by the appellant; the appeal is dismissed, as set forth in the following sections, which refer to each of the reproaches contained in the Appeal: a) It questions that the Municipality disregards the positive silence by which the commercial premises license must be considered authorized. Although the party considers that because the commercial license application and the positive silence application and procedure itself were not resolved in time, the commercial activity must be deemed authorized; this Tribunal disagrees with the appellant's position, who in this specific case was not legally capable of raising a grievance in this regard; and rather shares the Local Government's criterion, in the very simple sense of understanding that silence, no matter how "positive" it may be, does not apply automatically, even less so when it involves licenses, claims, or commercial establishment permits linked to land use; given that positive silence is the exception and is executed as such when the law expressly so recognizes it; a situation that the plaintiff party neither argues nor demonstrates in any case. Note, conversely, that the general rule, rather and in any case, is "negative silence" (silencio negativo), by virtue of which the legislature determined that in the absence of a response or express resolution by the Administration to a specific individual, the existence of a presumed act of rejection or denial and dismissal of the respective petition filed in the administrative venue is recognized, which even empowers the individual, once the legal term has elapsed, to have exhausted the administrative channel (vía administrativa) and eventually go to the Courts of Justice. Specifically, negative silence, as indicated, is a procedural remedy in the face of the failure to issue the final act of a specific and determined administrative procedure; which must be taken, in general terms, as a rejection of the request, unless by express legislation to the contrary, positive silence is provided, in which the law itself determines the type of petitions that, in the absence of an express resolution in the administrative venue, must be considered approved, a case that is not the one before us. In addition to the foregoing, the appellant had to consider that the case law itself has understood, among many other precedents, that positive silence was not applicable to their legal situation. See in this regard what is established by case law: "This is so because Urban Planning Law (Derecho Urbanístico), which regulates matters related to land-use planning (ordenación del territorio) (which includes defining the content of urban property and the exercise of the urban planning function as a public power), is subject to the constitutional principles of Environmental Law, since both integrate the legal concept of environment, and therefore engage the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. Likewise, positive silence is not applicable to public domain assets (bienes de dominio público), in consideration of the matter in question, since they also engage the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment and, ultimately, the nature of this type of assets insofar as they are imprescriptible, unattachable, and inalienable and by vocation are arranged for the use and enjoyment of the community in general and are subject to police power regarding their use and exploitation. Thus, for example, article 4 of the Ley Forestal expressly establishes this regarding natural resources and ordinal 27 of Decreto Ejecutivo N. 32565-MEIC, according to which positive silence is not applicable to licenses or permits in which, by legal or jurisprudential provision, its inapplicability has been established. From the foregoing, it follows easily that, regarding permits and authorizations related to urban planning or environmental matters, positive silence is not applicable, nor can they be deemed granted by the passage of the deadline for their response. It could not be otherwise if one considers that environmental protection is an obligation of both the State (in a broad sense) and individuals, as a requirement imposed by numeral 50 of the Constitución Política; therefore, the application of the positive silence mechanism in urban and environmental matters would imply a waiver of the exercise of environmental control and protection powers, in violation, moreover, of canon 66 of the LGAP. Thus, in this matter, the absence of an express resolution is an administrative dysfunction that cannot become a presumed authorization, as this would imply the prevalence of private interest over the general interest in controlling urban development and environmental protection. V.- On the specific case. The plaintiff's claim in this proceeding is aimed at having it declared that, in their case, positive silence operated and ordering the Municipalidad de San Rafael de Heredia to grant them the requested municipal license (patente municipal). Based on the foregoing in the previous Considering, what is requested is, by any standard, improper. From the outset, the factual scenario that has been accredited makes it clear that, at bottom, what is sought is that, via positive silence, a commercial license be authorized that in turn involves the exercise of public powers in environmental and urban planning matters, areas in which, as explained, this legal institution is inapplicable. By way of example, note that from the beginning of the procedure, the municipal entity has questioned that the establishment was built without the necessary building permits and in a special protection zone in which this type of construction is not compatible. Furthermore, it was reproached that the commercial activity carried out by the plaintiff is exercised without the corresponding commercial license and that, moreover, it did not correspond to the one approved in the location resolution nor to those that would be covered by the health permit granted pursuant to the Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos Sanitarios de Funcionamiento del Ministerio de Salud (Decreto No. 33240-S). The foregoing also reveals that the plaintiff did not comply with all the requirements established by the legal system for this type of license, as evidenced by the various formal actions of the municipal corporation in which it analyzed and communicated the various non-compliances incurred by the plaintiff. Although there is no record in the case file that the defendant municipality has definitively resolved the commercial license application filed by the plaintiff (since the only existing record is the legal advisor's negative opinion), the truth is that this formal inactivity cannot serve as a bridge for positive silence to operate. This is because what was requested involves matters in which this legal institution is improper by legal mandate and jurisprudential development, and because, in any case, that application did not meet all the conditions required by the block of legality in force regarding building and operating commercial establishments. Moreover, it is observed that there are aspects in which the request is completely improper, as for example, that regarding Decreto No. 25902-MP-MIVAH-MINAE requiring that the property intended for industrial activities have a minimum area that the plaintiff's property does not reach. This Tribunal is clear that there is a duty of the municipal corporation to resolve the requests filed by administered parties by express act, and the consequent right of these to demand, through the channels established by the legal system (for example, the amparo appeal or the amparo de legalidad in the administrative litigation venue), that their petitions be addressed within a reasonable timeframe. But, it is insisted, the formal dysfunction in this matter cannot, under any circumstances, generate positive silence or allow the granting of permits or licenses that have not satisfied the conditions required by the legal system, due to the urban control powers involved and their impact on environmental matters. For the same reasons, this Tribunal cannot order the Municipalidad de San Rafael de Heredia to grant the requested commercial license, even less so if the prerequisites established in the legal system for the granting of this type of municipal licenses are not even met, as has been accredited" See among other jurisprudential grounds, resolution number 0258-2011-VI TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN SEXTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A. Goicoechea, at fourteen hours and five minutes on the twenty-ninth of November, two thousand eleven. A criterion that allows concluding, as in the analyzed case, that positive silence does not operate automatically, even less so, if one takes into account that what is sought by the plaintiff is a commercial license in a specific zoning (zonificación) under Urban Planning Law, designated as a residential zone. That is, it would contravene public order, all logic and human reason, to consider that positive silence operates in the face of a Local Government's failure to timely resolve a specific commercial establishment application, to the detriment of and in a manner incompatible with a specific environmental and residential zoning. The foregoing would imply, for example, that by way of positive silence and without further analysis, in residential zones, in hospital zones for example, urban planning licenses for polluting, noisy commerce and industries, emitting smoke, particles, liquids, with an influx of trucks, animals, among others, are automatically authorized. Precisely for this reason, positive silence does not operate automatically when it involves environmental matters and, within this, urban planning matters, due to the special impact that may occur on ecosystems, public health, and the quality of life of human beings; b) It reproaches that the appealed resolution lacks coherence since it grants and denies the license at the same time and lacks motivation. On this matter, this Tribunal considers that the appellant was also not capable of raising a grievance in correct legal-procedural form that would have justified varying or annulling what was resolved. It is noted that the Local Government's criterion is shared, insofar as the controversial content of the appealed act that "grants and denies" the license at the same time is a material error correctable pursuant to article 157 of the Ley General de la Administración Pública, which states: "Article 157.- At any time, the Administration may rectify material or factual errors and arithmetic errors." The described situation and regulations lead this body to recall the legal maxim stating that "error does not create rights" (el error no crea derecho); recognized by constitutional case law, which in this regard illustrates: "IV.- In the specific case, the Chamber observes that the appellant, in the preceding month of January, submitted the required documentation for the registration of their firearm, Brand Lorcin, caliber 25, serial number 391135, and at that time, the Department of Arms Control (Departamento de Control de Armas) of the Ministry of Public Security, based on the documents provided, granted the respective permit. However, subsequently, the officials of this Department realized that there was an error because the same firearm was registered in another person's name, reason for which the seizure of the firearm became necessary and the corresponding investigation was initiated. Such an error made by the Administration, in the Chamber's opinion, has not had the virtue of generating any right in favor of the appellant, and in this sense, that legal principle establishing that 'error does not create rights' should be remembered. On the contrary, the Chamber recognizes the Administration's obligation to investigate irregularities such as the one that occurred in this case and to adjust procedures to law, without this implying any violation of the appellant's fundamental rights, and for this, the legislation itself grants the competent authorities the possibility of seizing firearms that are in an irregular situation, as has occurred in this case." Resolution number 2001-03312. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and fifty minutes on the twenty-seventh of April, two thousand one. Relating the cited case law of the Sala Constitucional to the specific case, by a simple rule of analogy, it is clear that a similar situation occurred in which an error was incorporated into the content of the appealed act, where it is literally understood that the license was granted; however, the situation was corrected by the Administration, because the requested license did not conform to the urban planning limitations established for land use and for the corresponding zoning of the location; which is why the correction was made by the Municipal Administration. Finally, it is highlighted that the appellant before this appellate body did not raise grievances for violation of procedural rules, nor grievances for violation of substantive rules, that would have somehow justified annulling, modifying, expanding, or correcting what was resolved in the appealed resolution, but rather, instead of expressing grievances, made general reproaches, including without presenting a clear appellate claim that would have had some logical coherence with the content of the grievance supposedly affecting them. From the foregoing, therefore, it is the criterion of this Tribunal to confirm what was resolved in the appealed administrative act and to deem the administrative channel exhausted.

POR TANTO:

The filed Appeal (Recurso de Apelación) is declared DISMISSED (SIN LUGAR). Resolution number MSR-AM-1589-2021, issued by the Mayor's Office of the Municipalidad de San Ramón, is confirmed. The administrative channel (vía administrativa) is deemed exhausted. Notify the parties at the indicated means. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

IMPROPER MUNICIPAL HIERARCHY.-

4H5LEDHDYW861
LUIS ARTURO POLINARIS VIVES - DECISIONAL JUDGE

1WBRXJSPQCS61
YETTY PATRICIA HERNÁNDEZ ORIAS - DECISIONAL JUDGE

X2P6T4CYDQ061
KARLA GABRIELA SOLÍS VALVERDE - DECISIONAL JUDGE

EXP: 22-000536-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:17:34.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República