Res. 02848-2025 Tribunal Contencioso Administrativo — No Compensation for Demolition in Maritime Terrestrial ZoneImprocedencia de indemnización por demolición en zona marítimo terrestre

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 02848 - 2025

Fecha de la Resolución: 21 de Marzo del 2025 a las 16:08

Expediente: 23-002569-1027-CA

Redactado por: Carlos José Mejías Rodríguez

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Ambiental

Tema: Demoliciones en zona marítimo terrestre

Subtemas:

Improcedencia de indemnización en caso de ejecución de acto de demolición de negocio en zona marítimo terrestre emitido por el Alcalde pese a estar impugnado.
Consideraciones sobre la zona pública marítima terrestre y análisis histórico de la normativa aplicable.
Alcances de la ley 9373, su inconstitucionalidad y la aplicabilidad a los gobiernos locales.

Tema: Zona marítimo terrestre

Subtemas:

Improcedencia de indemnización en caso de ejecución de acto de demolición de negocio en zona marítimo terrestre emitido por el Alcalde pese a estar impugnado.
Consideraciones sobre la zona pública marítima terrestre y análisis histórico de la normativa aplicable.
Alcances de la ley 9373, su inconstitucionalidad y la aplicabilidad a los gobiernos locales.

Tema: Indemnización al administrado

Subtemas:

Improcedencia de indemnización en caso de ejecución de acto de demolición de negocio en zona marítimo terrestre emitido por el Alcalde pese a estar impugnado.

Tema: Daños y perjuicios derivados de responsabilidad civil de la Administración

Subtemas:

Improcedencia de indemnización en caso de ejecución de acto de demolición de negocio en zona marítimo terrestre emitido por el Alcalde pese a estar impugnado.

"VI.-[...]Así las cosas, el hecho de ejecutar un acto emitido por el Alcalde, pese a estar impugnado no es, en sí mismo, una patología en la actuación municipal y habiéndose acreditado con los hechos probados citados que el Municipio demandado fue cauteloso previo a ejecutar la demolición (hecho probado 16). Acá el problema se reduce entonces, al devenir en vía de hecho de la ejecución material del desalojo y demolición, por la intervención de la Jerarquía Impropia, aspecto que, en principio, es causa o motivo de una obligación indemnizatoria."

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Otras Referencias: Acta ordinaria N° 33 del 23 de junio de 2016 de la Asamblea Legislativa

Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas
Texto de la resolución
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EXPEDIENTE:

	

23-002569-1027-CA - 1




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR/A:

	

GUILLERMO EMILIO DE JESUS RAMIREZ CHAVES




DEMANDADO/A:

	

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS

 

 N° 2025002848

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. EQUIPO N° I DE FONDO, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las dieciseis horas con ocho minutos del veintiuno de Marzo del dos mil veinticinco.-

 

Proceso de conocimiento de GUILLERMO RAMÍREZ CHAVES, mayor de edad, divorciado, comerciante, vecino de Quepos, portador de la cédula  de identidad número 4-0134-0202; contra la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, representada por su apoderado especial judicial, el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, carnet de colegiado 15551. Participa como apoderada especial judicial del accionante, la Licda. Ana Lía Umaña Salazar, carnet de colegiada 7197.

RESULTANDO:

1.- Que el accionante compareció ante esta jurisdicción según se desprende del escrito de demanda interpuesta el 11 de mayo del 2023, a solicitar como pretensiones principales: " 1. Que se declare con lugar la presente demanda civil de hacienda por responsabilidad objetiva de la Administración. 2. Que se declare que la Municipalidad demandada es responsable por los daños y perjuicios ocasionados al actor Guillermo Ramírez Chaves (todos descritos supra) por la ejecución de los actos anulados por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, propiamente la resolución de la Alcaldía Municipal de Quepos 001-DEM-ESP-2018, Oficio 020-ALCP-DL-2018 del nueve de febrero de dos mil dieciocho. 3. Que se condene a la Municipalidad a pagarle a don Guillermo Ramírez Chaves el valor actual de la edificación demolida al amparo del acto administrativo declarado nulo y cuya estimación se determinará en la etapa de ejecución de sentencia. 4. Que se condene a la Municipalidad a pagarle a don Guillermo Ramírez Chaves el costo total de las ganancias dejadas de percibir por la explotación del Bar Restaurante Balú desde el día del cierre del mismo al amparo de los actos anulados 15 de febrero de 2018 y que estimamos que se extienden hasta el 01 de julio de 2024 que es la fecha de vencimiento de la moratoria establecida en la Ley 10.000 la cual se promulgó expresamente para prorrogar en un mismo tanto el plazo de 36 meses establecido en la Ley 9577 y que la Municipalidad de Quepos acordó su aplicación la cual entró a regir un día antes de la expiración del plazo de la ley 9373. Monto que se determinará en ejecución de sentencia. 5. Que se condene a la Municipalidad a pagarle a don Guillermo Ramírez Chaves los intereses sobre todas esas sumas desde el día en que ocurrió la ejecución del acto, 15 de febrero de 2018 hasta su efectivo pago. Monto que se determinará en ejecución de sentencia. 6. Que se condene a la Municipalidad a pagarle a don Guillermo Ramírez Chaves las sumas que tuvo que pagar el actor por concepto de liquidaciones laborales a sus empleados, las cuales se liquidarán en la etapa de ejecución de sentencia y los intereses sobre esas sumas desde que don Guillermo hizo el pago y hasta su efectiva cancelación. 7. Que se condene a la Municipalidad a pagarle al actor el DAÑO MORAL sufrido por los actos anulados y su ejecución, daño moral que se estima en la suma de DIEZ MILLONES DE COLONES. Además de los intereses sobre dicha suma desde su condenatoria y hasta su efectivo pago. 8. Que se condene a la Administración al pago de ambas costas de este proceso y sus intereses desde su condenatoria y hasta su efectivo pago”. Asimismo, planteó en la misma gestión la siguiente pretensión subsidiaria: “En caso de que no se acoja la indemnización del costo total de las ganancias dejadas de percibir por la explotación del Bar Restaurante Balú desde el día del cierre del mismo al amparo de los actos anulados es decir desde el 15 de febrero de 2018 y hasta el 01 de julio de 2024 que es la fecha de vencimiento de la moratoria establecida en la Ley 10.000, solicitamos que se acoja dicha indemnización hasta la fecha en que venció el plazo previsto en la Ley 9577, es decir al 27 de junio de 2021 o bien al 28 de julio de 2018 fecha en que vencía la vigencia de la moratoria revista en la Ley 9373 según sea el caso”. En escrito de fecha 28 de junio de 2023 aclaró que la estimación prudencial de los daños y perjuicios es de 25 millones de colones. (Imágenes 19 y 28 del expediente electrónico).

2.- Conferido el traslado a la representación de la demandada, rechazó los hechos, e invocó la defensa de falta de derecho. (Imágenes 41-46 del expediente electrónico).

3.- La parte actora replicó en escrito de fecha 15 de noviembre de 2023, sin aportar prueba adicional. (Imágenes 63-65 del expediente judicial digital).

4.- Que la audiencia preliminar se realizó el 23 de noviembre del 2023, se fijaron las pretensiones del proceso, se determinaron los hechos controvertidos y se admitió la prueba de las partes. (Imágenes 68-71 del expediente electrónico y audio de la audiencia en sistema SIGAO).

5.- El juicio oral y público se realizó el día 4 de marzo del 2025, con la presencia de todas las partes, se realizó el discurso de apertura, se evacuó la prueba ofrecida, y se recibieron conclusiones orales. Se declaró el expediente como muy complejo de conformidad con el canon 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo. (Soporte en Sistema de Gestión).

En los procedimientos se han observado la -las prescripciones y términos de ley, y no se perciben vicios, defectos u omisiones susceptibles de producir nulidad de lo actuado o indefensión a las partes. Se dicta esta sentencia dentro del plazo legal. Se dicta la presente resolución por unanimidad y previa deliberación.

 

Redacta el juez Mejías Rodríguez con el voto afirmativo de las juezas Bolaños Salazar y Gómez Chacón.

CONSIDERANDO:

I. HECHOS PROBADOS: Se tienen como hechos relevantes probados en el presente proceso: 1. Que el actor estuvo utilizando una estructura construida en zona pública de Playa Espadilla en Quepos, Puntarenas donde desarrollaba la actividad de Bar y Restaurante bajo el nombre “Balú”. (Hecho no controvertido).

2. La Municipalidad de Aguirre en su sesión extraordinaria 195 celebrada el 25 de octubre del 2000 y sesión extraordinaria N° 224 celebrada el 1 de marzo del 2001, deniegan los permisos de funcionamiento, se ordena el desalojo y la destrucción del local Balú. (Hecho no controvertido).

3. Dentro del expediente 01-000192-0163-CA, se decreta suspender los acuerdos cuestionados vía medida cautelar. (Hecho no controvertido).

4. Por medio de sentencia 497-2016 de fecha 31 de marzo de 2016, el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, dentro del expediente 01-000192-0163-CA, declara sin lugar la demanda interpuesta por el acá actor en contra de la Municipalidad, en contra de los acuerdos tomados por la Municipalidad de Aguirre en su sesión extraordinaria 195 celebrada el 25 de octubre del 2000 y sesión extraordinaria N° 224 celebrada el 1 de marzo del 2001, que deniegan los permisos de funcionamiento, se ordena el desalojo y la destrucción del local Balú. En lo que interesa, dicho fallo señala que el actor no puede beneficiarse del contrato de su abuelo con el ITCO, el cual expiró el 21 de mayo de 1974, no aplicando la prórroga tácita conforme el art. 141 de la Ley del ITCO, que cualquier traspaso de licencias o permisos ocupan de la respectiva autorización de la Administración que corresponda, señalando que el actor no puede reclamar derechos de uso y explotación en zona marítimo terrestre, por ausencia de autorización de la Municipalidad de Aguirre, expresando que: “…el actor, ha venido explotando desde muy vieja data su actividad comercial, completamente al margen de la ley”. Descarta que el actor tenga un derecho adquirido o una situación jurídicamente consolidada por su ocupación irregular. Finalmente, señala que los pagos realizados por el actor se realizaron por su cuenta y riesgo, amparables en el transitorio VII de la Ley 6043. Le rechaza pretensiones indemnizatorias (daño moral y material), en ausencia de un derecho adquirido de forma legítima, respaldando la conducta municipal de ordenar el desalojo y demolición de la construcción Bar Balú y afirmando la incompatibilidad de la actividad comercial y de licores con el uso de suelo en zona pública. (Imágenes 108- 133 del archivo ““Expediente-180019341027CA-Completo_compressed.pdf” en llave maya de prueba).

5. Por medio de Acuerdo 15 art. 7 de la sesión ordinaria 052-2016 de fecha 15 de noviembre de 2016, el Concejo Municipal de Quepos acuerda acogerse a la moratoria de la Ley 9373. (archivo “ACTA052-2016-15-11-16-O.pdf” en llave maya de prueba).

6. En fecha 29 de junio de 2017, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia por medio de voto 000750-S1-2017, rechaza el recurso de casación en contra de la sentencia 497-2016 dentro del expediente 01-000192-0163-CA. (Imágenes 134-139 del archivo ““Expediente-180019341027CA-Completo_compressed.pdf” en llave maya de prueba).

7. Por medio de oficio UTA-006-18 de fecha 18 de enero de 2018, la Unidad Técnica Ambiental Municipal realiza inspección en el restaurante Balú y otros locales, señalando en lo que interesa: “…b) Por las características de las zonas aledañas se puede considera que la presencia de las estructuras presentes en el sitio obstaculizan la continuidad del sistema vegetativo propio de una zona de playa arenosa. Esto podría, en cierta manera, afectar la continuidad del ecosistema y el intercambio energético entre los organismos presentes en el lugar… La existencia de construcciones en el sector de la playa, así como la presencia de fuentes de emisión de luz (como se ve en el caso del restaurante Balú), se vuelve un problema grave que puede afectar la anidación que esporádicamente se puede dar en el sitio. Primero porque las estructuras de cemento y construcciones en general limitan y restringen los posibles puntos de anidación de las tortugas marinas. Además, y no menos importante, podemos indicar que la iluminación con luz blanca sobre la playa afecta a los neonatos que se encaminan hacia el mar orientados por la iluminación que se ve en el horizonte hacia mar adentro, guiados por un gradiente de luz ubicado entre el cielo y el océano. Cuando las luces artificiales como las comerciales, residenciales, luces de seguridad o recreación iluminan las playas de anidación, los neonatos se orientan hacia tierra adentro donde pueden morir fácilmente, aplastadas por un vehículo, depredadas o por exposición al sol. En el caso de las hembras adultas, las luces en la playa provocan una reacción negativa evitando anidar. Ambos resultados se reflejan en una merma en la capacidad de las colonias de anidación de producir nuevos individuos y perpetuar su especie. Por ejemplo, datos provenientes del análisis de las luces costeras de comunidades en Playa Grande y Tortuguero confirman que las tortugas prefieren anidar fuera de los sitios de influencia de las luces artificiales provenientes de las construcciones aledañas a la costa. d) La existencia de cableado eléctrico (de calidades deplorables y con conexiones "hechizas") en la zona, rodeando y colgando de palmeras y almendros, el cual se ubica en un área en donde comúnmente se moviliza gran cantidad de fauna silvestre como aves, mamíferos (como por ejemplo tropas de monos de diferentes especies) y reptiles, representa un peligro inminente de electrocución para estos organismos. e) El control de aguas residuales en el sitio, se da por medio de un tanque séptico, el cual por su ubicación, antigüedad, forma y tipo de construcción, podría eventualmente generar infiltraciones tanto hacia el riachuelo localizado en el sector sureste de la infraestructura, como hacia el mar… e) La zona donde se ubica dicha infraestructura se ubica en un sector que podemos denominar como un "corredor biológico" que une los sectores de bosque secundario y áreas de playa y de manglar desde Punta Quepos, zonas montañosas del cantón y el Parque Nacional Manuel Antonio, lo cual permite la movilidad de especies a lo largo de este trayecto favoreciendo el intercambio genético, alimentación y refugio de muchos organismos. La presencia de estructuras antrópicas limita, entorpece y afecta esta interconectividad, desmejorando las características naturales de la zona. f) En el sitio, por ser un área de playa, se imposibilita el ingreso normal de camiones recolectores de residuos sólidos, por lo que se desconoce la forma y medios por los cuales se le da tratamiento a dichos residuos… g) La presencia de construcciones y mecanismos de contención mareal (sacos de arena), limitan la dinámica natural de la zona costera lo cual puede afectar los ecosistemas presentes en el sitio, al impedir la movilidad natural de sedimentos y Dujo de agua. Además la cercanía con fuentes de agua (sin respetar las zonas de protección establecidas por ley) limita el caudal hídrico y favorece el movimiento excesivo de sedimentos que paulatinamente generan una erosión importante que afecta el intercambio de energía solar de los organismos marinos…”. (Imágenes 71-102 del archivo ““Expediente-180019341027CA-Completo_compressed.pdf” en llave maya de prueba).

8. El 9 de febrero de 2018, la Alcaldía Municipal emite la resolución 001-DEM-ESP-2018 la cual dispone el desalojo y demolición del bar restaurante Balú, notificada al actor en fecha 14 del mismo mes y año. De interés, dicho acto señaló en su “por tanto”: “…Analizados los antecedentes sobre la presencia de la edificación que alberga el establecimiento comercial denominado Restaurante Balú, así como las consideraciones legales supra indicadas en el considerando de esta resolución, se ordena: 1- Demoler las instalaciones ubicadas en la zona pública de Playa Espadilla que corresponden al establecimiento comercial denominado Restaurante Balú; 2- Comisionar al Departamento de Zona Marítimo Terrestre la notificación de la presente resolución al señor Guillermo Ramírez Cháves, cédula de identidad número 4-0134-0202, a efectos de la aplicación de los artículos 12, 13 y 20 de la Ley 6043 y 22 de su Reglamento; 3- Otorgar el plazo de 10 días hábiles al señor Guillermo Ramírez Chaves, cédula de identidad número 4-0134-0202, para que proceda voluntariamente a desalojar y demoler las edificaciones del establecimiento denominado Restaurante Balú. 4- En caso del que el señor Ramírez Cháves no cumpla con lo ordenado dentro del plazo otorgado, la administración municipal, bajo la coordinación del encargado del Departamento de ZMT, procederá al desalojo y demolición de la estructura referida, cuyo costo será a cargo del administrado Ramírez Cháves”. De igual manera, en la motivación del acto se refiere al acuerdo municipal N°4 del artículo 2 de la sesión 34-2002, así como la excepción de la ley 9373 por daño ambiental según criterio técnico UTA-006-18 del encargado de la Unidad Técnica Ambiental del municipio accionado. (Imágenes 44-49 del archivo “Expediente-180019341027CA-Completo_compressed.pdf” en llave maya de prueba).

9. El día 15 de febrero de 2018, se ejecutó el cierre de las instalaciones “Balú”, realizado nuevamente el día 22 de febrero de 2018. (Imágenes 15 y 29 del archivo “Expediente-180019341027CA-Completo_compressed.pdf” en llave maya de prueba).

10. En fecha 20 de febrero de 2018, el actor presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución 001-DEM-ESP-2018. (Hecho no controvertido).

11. En fecha 22 de febrero de 2018, por medio de resolución RV-DLM-001-2018, se rechaza el recurso de revocatoria en contra de la resolución DLM-001-RAM-150218. (Imágenes 6-13 del archivo “Expediente-180019341027CA-Completo_compressed.pdf” en llave maya de prueba).

12. Por medio de resolución 002-DEM-BL-2018 del 12 de marzo de 2018, corregida y aclarada en el oficio 048-ALCP-DL-2018 del día siguiente, la Alcaldesa Municipal de Quepas rechazó la revocatoria planteada, y ordenó remitir el asunto ante el Tribunal Contencioso Administrativo Sección tercera y el expediente para el conocimiento de la apelación subsidiaria. (Imágenes 167-174 y 179-180 del archivo ““Expediente-180019341027CA-Completo_compressed.pdf” en llave maya de prueba).

13. Por medio de oficio 393-ALCP-2018 de fecha 15 de marzo de 2018, ante la presentación de una medida cautelar en el expediente judicial 18-001644-1027-CA, suspendiendo provisionalmente la demolición. (Imagen 134 del archivo “225-2023 Expediente 01-DEM-ESP-20218.pdf” en CD de prueba).

14. En fecha 17 de mayo de 2018, por medio de resolución 319-2018 dentro del expediente 18-001644-1027-CA, se declara sin lugar la medida cautelar formulada en contra de la resolución 001-DEM-ESP-2018. (Imágenes 139-142 del archivo “225-2023 Expediente 01-DEM-ESP-20218.pdf” en CD de prueba).

15. Por medio de oficio 687-ALCP-2018 de fecha 4 de junio de 2018, la Alcaldía deja sin efecto el oficio 393-ALCP-2018 y ordena continuar con la ejecución de la resolución 001-DEM-ESP-2018. (Imagen 145 del archivo “225-2023 Expediente 01-DEM-ESP-20218.pdf” en CD de prueba).

16. Los días 17 y 18 de julio de 2018, se ejecuta la demolición de las instalaciones de “Balú”. (Imagen 167 del archivo “225-2023 Expediente 01-DEM-ESP-20218.pdf” en CD de prueba).

17. Por medio del oficio PC-ARS-Q-IT-101-2018 de fecha 18 de julio del 2018, el Ministerio de Salud remite informe de inspección, señalando en lo interesa: “… 1. Se evidencia el tanque séptico con un tubo de PVC que dirige las aguas hacia un drenaje. Este drenaje se extiende hasta llegar a un cauce de un cuerpo receptor cuyas aguas se vierten de forma directa a la Playa Espadilla en Quepos. 2. Se logra evidenciar, tras visita en conjunto con funcionarios de Unidad de Inspectores de la Municipalidad de Quepos, que el drenaje se ubica sobre la arena y que este se construyó a base de piedras de río, tubería corrugada para drenaje y plásticos negros… Difícilmente, el sistema de tratamiento de aguas residuales del Restaurante Balú en Manuel Antonio de Quepos funcionara correctamente al tenerse construido en arena, considerando además que en otros casos se han evidenciado inclusive derrames de aguas residuales al medio ambiente, que el mismo ha presentado el mismo problema en otros momentos. Existió un riesgo importante de contaminación fecal hacia la playa de Manuel Antonio producto de la ubicación del drenaje, ya que en instantes de mareas altas la probabilidad de salidas se (sic) aguas con contenido fecal (por asunto de nivel freático) era inminente máxime considerando la presencia de un cuerpo receptor al términos del STAR… a. Al tenerse tanque séptico y drenajes en suelo de arena, estos se ven directamente influenciado por la marea, ocasionando que este tipo de estructuras se llenen de agua cada vez que sube la marea. Esto limita la capacidad de almacenamiento de los tanques sépticos y el funcionamiento de los drenajes. b. Al haber salinización en el sistema de tratamiento de aguas residuales, se genera un cambio de pH en el mismo, afectando el ambiente óptimo para el desarrollo de microorganismos necesarios para la descomposición de la materia orgánica. c. La instalación o construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales de tipo tanques sépticos y drenaje, favorece la salinización y contaminación de acuíferos producto de la ruptura de capas del suelo, esto en zonas costeras principalmente por intrusión marina. d. Por medio de drenajes y/o fisuras en tanques del sistema de tratamiento de aguas residuales, los coliformes fecales provenientes de aguas residuales, son arrastrados hasta la playa por medio de la succión producto del flujo de agua que genera la marea al bajar. e. El inmueble se encuentra en un sitio ambientalmente frágil…”. (Imágenes 170-175 del archivo “225-2023 Expediente 01-DEM-ESP-20218.pdf” en CD de prueba).

18. Por medio del acuerdo 267-2019 de fecha 12 de febrero de 2019, el Concejo Municipal de Quepos acuerda acogerse a la moratoria de la Ley 9577. (archivo “ACTA267-2019-12-02-2019-ORDINARIA.pdf” en llave maya de prueba).

19. Por medio de resolución 519-2019 de las 11:15hrs del 23 de octubre de 2019, el Tribunal Contencioso Administrativo Sección III, en calidad de Jerarca Impropio conoce el recurso de apelación y anula la resolución 001-DEM-ESP-2018. En lo que interesa, en dicho acto administrativo se dispuso: “Revisada la documentación aportada, este Tribunal concluye que yerra en sus fundamentos la Alcaldía Municipal. Es menester aclarar de previo, que la causa de exclusión de la moratoria de referencia no son dos como interpreta la Municipalidad, sino solamente una, es decir, la existencia de una resolución judicial o administrativa en firme que ordene el cierre o demolición por causa de daño o peligro ambiental, elemento que está ausente en este caso. En primer lugar, la sentencia que sirve de apoyo, es decir, la número 497-2016, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda a las dieciséis horas y treinta minutos del treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis dentro del expediente 01-000192-0163-CA, y confirmada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución 000750-S1-2017 de las nueve horas quince minutos del veintinueve de junio de dos mil diecisiete, no ordena el cierre ni demolición del local comercial del apelante; sino que rechaza la pretensión de nulidad que este dirigió contra la resolución de la municipalidad en ese sentido. En tanto declara sin lugar la acción la pretensión principal anulatoria, la sentencia de marras no emana la orden de cierre y demolición como pretende fundar la Municipalidad, ni tampoco formula una declaración constitutiva de derecho alguno. La diferencia no es nimia como podría parecer a primera vista. Producto de ella la verdadera orden tendiente a la demolición es de carácter administrativo, fue adoptada por el Concejo Municipal del Cantón entonces denominado como Aguirre, en las sesiones extraordinarias 195 del veinticinco de octubre de dos mil y 224 del primero de marzo de dos mil uno, donde le denegaron al petente la solicitud de permisos de funcionamiento e instruyen a la administración para que inicie los procedimientos de desalojo y demolición. De esta manera, lo relevante para lo que ahora nos ocupa, es dicha resolución administrativa estuvo fundada en la ausencia de licencia municipal y no en daño o peligro ambiental; y que producto de ello, quedó implícitamente modificada tal resolución con el acuerdo 15 del artículo 7 de la sesión ordinaria N° 052-2016; que acordó la aplicación de la Ley 9373. Es decir, dado que a la fecha de adopción de este último acuerdo, no existía ninguna resolución ni judicial ni administrativa en contra del apelante, que ordenara el cierre, desalojo o demolición de la estructura por daño o peligro ambiental, el Restaurante Balú quedó abrigado a la moratoria que se establece en la ley de cita. A partir de allí, se deduce la siguiente precisión necesaria, en el sentido que la Municipalidad estaba imposibilitada de actuar en contra de dicha situación jurídica, a menos que dictara de previo una resolución administrativa en la que se acredite el daño o peligro ambiental; y para ello no es suficiente el informe rendido por una dependencia interna de la Municipalidad, sino que para que pueda surtir los efectos que pretende dicha Corporación, dicho acto debe ser el resultado de un procedimiento administrativo en el que, con respeto a las garantías constitucionales para con el posible afectado, se haya acreditado ese daño ambiental. En este sentido el informe rendido por la Unidad Técnica Ambiental de la Municipalidad no basta para tener por acreditada la existencia de daño y de peligro ambiental por sí solo, como lo ha asumido la Alcaldía Municipal. Bajo esos mismos criterios, y con las precisiones que para este caso concreto han sido expuestas de previo, se impone acoger la apelación interpuesta y declarar la nulidad de la resolución de la Alcaldía Municipal de Quepos 001-DEM-ESP-2018, Oficio 020-ALCP-DL-2018 del nueve de febrero de dos mil dieciocho”. (Imágenes 189-195 del archivo ““Expediente-180019341027CA-Completo_compressed.pdf” en llave maya de prueba).

20. Por medio de oficio UTA-325-18 de fecha 3 de diciembre de 2018, la Unidad Técnica Ambiental estima el costo a recaudar por la demolición del Bar Balú. (Imágenes 218-219 del archivo “225-2023 Expediente 01-DEM-ESP-20218.pdf” en CD de prueba).

21. Por medio de oficio MQ-AJ-103-2023 de fecha 21 de abril de 2023, la Asesoría Jurídica de la accionada, señala que el cobro por la demolición al actor resulta improcedente por la resolución 519-2019 de la Jerarquía Impropia. (Imágenes 243-244 del archivo “225-2023 Expediente 01-DEM-ESP-20218.pdf” en CD de prueba).

22. En juicio oral y público se recibió a María de los Ángeles Chaves Miranda, madre del actor. Explica que el restaurante Balú fue una concesión que le dieron a Octavio, su suegro, en la playa, le pidieron que tenía que hacer en menos de 2 años, construir algo, fue el ITCO, él junto con sus hijos hizo cabinas y un lugar para lavar la ropa, al tiempo, su esposo (hijo de Octavio), lo que antes era el Bar Mar y Sombra, él agarró un espacio y se hizo el Bar Balú, eso fue como en el 60 que llegó Don Octavio, en el 70 llegó su esposo (Manuel) y unos años después, el esposo le dio el derecho a su hijo. Señala que el hijo pagaba impuestos a la Municipalidad, el Ministerio de Salud, por eso es que funcionaba, porque todo estaba en orden, un señor Don Víctor que chequeaba las patentes y le decían que todo está en orden. "Oivatco" era una sociedad, era el nombre del suegro al revés y ellos hicieron unas acciones y el hijo tenía una acción y la usaban para operar en ese lugar. Aclara que Balú era parte de un rancho de Mar y Sombra, pero se separó, como un derecho para el hijo, se pagaban juntas. (Audio y video en SIGAO).

23. Posteriormente, se recibió la declaración de Vielka Cubero Moya, quien fue pareja del actor desde el 2009 y finalizaron su relación en el año 2021. Señala que era dueño y administraba un negocio comercial en playa espadilla de Manuel Antonio, un restaurante, el inmueble fue demolido, cree que en el año 2018, antes de la pandemia. La Municipalidad le señaló que tenía 15 días para desocupar y que estaba por demolerse. El actor ya tenía muchos años con ella, y conocía los problemas con la Municipalidad, ya se conocía que la intención municipal era de sacarlo y quitarlo de la playa. Él es una persona sumamente fuerte y valiente, casi no expresa sus emociones, pero lo que hizo fue buscar sus abogados para afrontar lo que la municipalidad le estaba notificando. Le afectó su salud, pese a ser una persona fuerte, nunca lo vi llorar, era una persona que trabajaba más de la cuenta, era una persona que le costaba expresar sus sentimientos, era gordito y dejó de comer, adelgazó mucho, comía muy mal, se dedicó a tratar de crear un nuevo negocio y meterse en cosas religiosas, se convirtió en una persona triste, separada de ella y de sus hijos, se aisló de ella, no quería que la gente supiera cómo se sentía, siempre fue una persona sumamente trabajadora. (Audio y video en SIGAO).

24. De seguido, Se llama a la testigo Silvia María Ramírez Chaves, hermana del actor. Explica que el restaurante Balú estuvo a cargo de su hermano por más de 40-45 años, ella trabajaba ahí, con eso se pagó la universidad. Balú, Mar y sombra y las cabinas estaban en una sociedad, pero todo se hizo a través de su abuelo. Ahora hay mucha gente, hay varios negocios en la zona, al inicio se consiguió con el ITCO. Se pagaba en la municipalidad, se tenían recibos de todo, era un restaurante tipo rancho de madera, no era nada estrambótico, era regular, era la casita y el restaurante estaba también en la playa, ahí se servía, tenía como un techo y mesitas, nada sofisticado ni grande. La construcción en el 2018 la Municipalidad la botó. Las patentes de licor y otras se las había dado el papá, se pagaba todo el tiempo, él tenía todos los derechos. A él le notificaron y luego vinieron y le botaron.  Aclara que ella trabajó desde los 14 o 15 años, y luego se hizo aeromoza, así que lo que hacía era ir en vacaciones, pero siempre se mantuvo el vínculo, era como el papá, él fue el que nos ayudó a todos los hermanos. Después de la demolición, se aisló completamente, fue un shock, pasó de ser una persona feliz a amargada, ya que no tenía ni para pagar a los empleados, incluso afectó a sus hijos porque no pudo terminar de pagar el colegio, menos la universidad, era colegio privado. Cree que pasó por un proceso depresivo, no tenía para pagar, se hizo muy cercano a Dios, es hasta ahora que está un poco mejor. Ahora ella incluso es la que le ayuda en algo a él. El restaurante era el “machete de él”, se armó con el hijo otro restaurante, pero financieramente era sumamente difícil, quedó como a la deriva y ha salido a delante por ser una persona luchadora, creyente y no se da por perdido, se afectó a todos los que estábamos dependiendo de él. En contrainterrogatorio, le consta que Octavio construyó todo lo que estaba ahí, incluyendo el restaurante. El contrato del ITCO vencía, pero como siguieron pagando, cree que nunca venció. Don Manuel le pasó a Guillermo, no sé si la municipalidad autorizó la cesión, pero la municipalidad cobraba. Los hermanos todos firmamos para que le quedara todo a su hermano. El actor iba a pagar a la municipalidad, incluso uno de los testigos de la muni, llegaba a decir que todo estaba en orden, cree que era una persecución. Para el 2018, cree que la municipalidad no le recibía la plata. (Audio y video en SIGAO).

25. Después se recibe a Egidio Araya Fallas, administrador, trabaja como jefe de la Unidad de Licencias de la Municipalidad de Quepos, como jefe desde hace 15 años y como funcionario 19, fue inspector, Jefe de Recursos Humanos y proveeduría y luego en licencias municipales. Cuando asume la jefatura tiene contacto con el expediente de este proceso. Para el año 2018, el actor no tenía licencias activas. Narra el trámite de cesión de licencias, ocupando trámite ante el municipio, no es posible que sea posible entre privados. Para el 2018, se giró la orden de clausura por no contar la licencia, existir orden judicial y levantamiento de medidas cautelares. Ese acto fue impugnado y rechazado, se procedió a la clausura del establecimiento. En contrainterrogatorio, no recuerda que el actor haya tramitado de cesión de patente, había en el expediente una solicitud como en el año 2000, pero no fue aprobado, desconoce las razones. Detalla que la medida cautelar, era de suspender el acto, que fue rechazada después por la jueza en apelación. (Audio y video en SIGAO).

26. Finalmente, se recibe la declaración de Víctor Hugo Acuña Zúñiga, administrador, encargado de la zona marítimo terrestre desde finales del 2006, entró a laborar en la municipalidad desde 1999 como inspector y desde ese momento conocía del caso. Afirma conocer del contrato del señor Ramírez con el ITCO, el contrato forma parte del expediente que está a nombre de una sociedad Oivatco, ellos hicieron una sociedad para tramitar una concesión de un restaurante que se llamó Mar y Sombra en playa espadilla. Ese contrato vencía como en el 1974, era de 5 años, no le consta que el contrato hubiese sido traspasado. No puede afirmar que la construcción la hiciera Don Octavio, estaba el restaurante Mar y tierra, Caricosta que eran cabinas y se decía que el restaurante Balú era de un hermano. La Procuraduría y Contraloría ya habían hecho observaciones de la administración de zona marítimo terrestre. Se había constatado en los estudios que el restaurante Balú estaba en zona pública. No hubo ni hay concesión a Guillermo u Octavio. La resolución de desalojo y demolición, del Concejo Municipal desde el 2000, había ordenado por estar en zona público, la Contraloría en el 2006 lo reiteró. Afirma no es posible tener restaurantes en zona pública, según la ley de zona marítimo terrestre. Se notificó al señor conforme el 12-13 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, para desalojar y demoler, aspecto que incluso ha reconocido la Sala Constitucional. El gestor ambiental y biólogo ambiental de la municipalidad se determinó que las construcciones estaban en zona pública (ubicación geográfica), y señaló peligro de daño ambiental, dado que las tuberías daban a tanques sépticos que es amenaza y riesgo de contaminación o filtración hacia la playa, como un riesgo a la zona pública. Los tanques sépticos estaban unos en la zona pública (Caricosta y Balú) y de Mar y Costa estaba en parte en zona restringida. Ese informe fue reiterado por el Ministerio de Salud. Explica el trámite de construcción en zona pública. Explica que, realizada la demolición se realiza un informe de costos de la demolición y se realiza un cobro. Se inventaría las horas y cantidad de funcionarios (valor de salario – hora), el valor de la maquinaria rentada o municipal (costo del uso del equipo), se suma todo y se notifica. En contrainterrogatorio, detalla que conoce el actor por ser el que estaba en el restaurante Balú, cuando era inspector (desde 1999), por lo que se revisaba si contaban con permisos de funcionamiento y de patente, y desde esa época se sabía que no podía estar en zona pública. Desconoce cuánto tiempo tenía el local de estar ahí. No precisa cuántas inspecciones realizó en el lugar, pero fueron más de una. Sobre el contrato del ITCO, lo conoce por estar en el expediente de OIVATCO, por eso lo ha tenido a la vista. La demolición del 2018, hay un acuerdo del concejo que acordaba suspender las patentes y hacer el proceso de demolición, estaba también los informes de contaminación ambiental y la potestad de la Ley 6043. En la notificación de demolición se citó el peligro o daño ambiental, y la firmeza de lo que el señor había impugnado antes que el señor perdió. El proceso judicial era por el acuerdo del Concejo del 2000, por estar en zona pública. (Audio y video en SIGAO).

II. HECHOS NO PROBADOS: Se tienen como hechos no probados de relevancia para el proceso: 1. Que la Municipalidad accionada se haya acogido a la aplicación de la ley 10.000 conforme el art. 6 de la misma norma. (No hay prueba en autos al respecto). 2. Que la edificación denominada “Balú” no se encontrase en zona pública marítimo terrestre. (No hay prueba en autos al respecto).

III. OBJETO DEL PROCESO: La parte actora en este proceso en su demanda reclama una responsabilidad administrativa civil de hacienda del municipio por una conducta desplegada por éste al desalojar y demoler la infraestructura denominada “Bar Balú” que era de su propiedad. Explica que la estructura tenía más de 40 años de construida (tal y como se acreditó en un proceso penal en 1992), habiendo sido levantada por su abuelo Octavio Ramírez Garita antes de la entrada en vigencia de la ley 6043, el cual había obtenido del ITCO un derecho de ocupación bajo arriendo por 5000 metros en dicha zona, siendo las patentes y ocupación trasmitidas a su hijo Manuel Ramírez Muñoz, quien a su vez le transmitió por venta privada al actor en 1988, tramitándose el traspaso al Concejo Municipal, guardando el municipio silencio al respecto, aunque el actor se hizo cargo del negocio y procedió a pagar las patentes, impuestos territoriales, alquiler, siendo los recibos emitidos a nombre de OVIATCO SA o a nombre de Manuel. Aclara que OVIATCO fue una sociedad creada en los años 70’s para construir 3 restaurantes, cabinas, cabañas y cuartos en la zona de Playa Espadilla, administrado por el actor y su padre. Señala que el 9 de febrero de 2018 la Alcaldía Municipal emite la resolución 001-DEM-ESP-2018 la cual dispone el desalojo y demolición del bar restaurante Balú, siendo notificada el día 14 e impugnada el día 20 del mismo mes y año. Tras rechazar el recurso de revocatoria y elevarlo a la Jerarquía Impropia, ésta, por medio de resolución 519-2019 del 23 de octubre de 2019 anula el acto impugnado por infringir la ley 9373, dado que el Municipio lo había acogido por acuerdo 15 art. 7 de la sesión ordinaria 052-2016. Especifica que, previo a dicha resolución, entró en vigencia la ley 9577 (que prorroga la ley 9373), la cual también fue acogida por el municipio accionado vía acuerdo municipal, norma que, de igual manera, fue prorrogada por ley 10.000 del año 2021, con vigencia al 1 de julio de 2024. Afirma que, al anularse por la Sección III el acto que le daba sustento al desalojo y demolición, este deviene en un acto disconforme con el ordenamiento jurídico e ilegal, la cual provocó severos daños y perjuicios, comenzando con las ganancias que podía haber generado producto de la explotación de la actividad comercial que se ha realizado en dicho inmueble desde hace más de 40 años ya que según la Ley 10.000 aun tendría plazo a su favor hasta el año 2024, con la consecuente necesidad de liquidar a empleados e incluso tener que pedir dinero prestado para pagar sus deudas. Además de ese daño material, sufrió un grave daño a su salud emocional, física y familiar, ya que la demolición de su herencia familiar fue traumatizante. Desarrolla que la Municipalidad desde mucho antes había intentado desalojar al actor, incluso, en el año 2000 no le renovaron más los permisos de funcionamiento y ordenando el desalojo llevando el asunto a sede judicial ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, el cual, en sentencia 497-2016 “sentencia ayuna de fundamentación y sumamente omisa y deficiente sobre todo en lo relativo a la valoración de la prueba” declara sin lugar la demanda, siendo que la Sala Primera rechazó la casación por motivos formales sin entrar a abordar el fondo del asunto. No obstante, como lo señala la Jerarquía impropia, la sentencia del juzgado no ordenó el desalojo ni la demolición, sino que se limita a rechazar las pretensiones del acá actor. De ahí que la Municipalidad nunca ejecutó los actos del 2000, los cuales en ningún momento se sustentaron en un daño ambiental, sino en la ubicación del bien en zona pública y la carencia de concesión del actor, de ahí que la Sección III le diese primacía a la ley 9373 y rechazando el cambio de motivación al no acreditarse el supuesto daño ambiental, es decir, dando protección de la ley 9373 aún contra la sentencia en firme de aquél proceso. Es por ello que nace, al haberse ejecutado el desalojo y demolición en un acto nulo, un deber indemnizatorio, no siendo procedente ni siquiera el cobro de la demolición como lo pretende el municipio. Determina el daño material en el no percibir los ingresos durante el período en que pudo beneficiarse de la moratoria desde el 15 de febrero de 2018 al vencimiento del plazo de la ley 10.000 el 1 de julio de 2024, el costo de la liquidación de personal y los intereses de ambas sumas, estimando en la suma de 25 millones y el moral en 10 millones. En réplica y conclusiones, reiteró que la base es la anulación de la Sección III de la orden de demolición en el 2018. Lo que hizo la Municipalidad es buscar la excepción de “daño ambiental” para así demoler. Estaba el actor bajo el supuesto de la moratoria. Reclama la inconsistencia en las declaraciones recibidas en juicio, ya que el acto de demolición fue anulado por Jerarquía Impropia, sin importar si estaba o no motivado, si estaba en zona pública o si estaba en daños ambiental o no. Se cambió la justificación para esquivar la moratoria. Señala que el voto de la Sala Constitucional al anular la ley 9373, reservó los derechos adquiridos de buena fe, con lo cual el actor estaba protegido. La municipalidad hasta el 2003 estuvo cobrando patentes comerciales y licores y estaban a nombre de Manuel, el papá del actor y de Oviatco. Señala que los meses de moratoria le hubiese podido hacer un ahorro o un acomodo con su negocio y trabajadores (24 meses). La norma exigía suspender desalojos y demoliciones. Los daños han de cuantificarse en ejecución, pese a que el daño moral fue acreditado con las declaraciones de los testigos en juicio.

IV. SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DEMANDADA: Frente a las alegaciones planteadas en la demanda, en lo medular el Gobierno Local de Quepos en su contestación y conclusiones responde de manera negativa la demanda señalando que el municipio nunca autorizó la cesión de patentes ya sea comercial o de licores a favor del actor, de hecho por medio de sesiones 195 del veinticinco de octubre de dos mil y 224 del primero de marzo de dos mil uno, el Concejo Municipal no sólo le denegó al petente la solicitud de permisos de funcionamiento sino que instruyeron a la administración para que iniciaran los procedimientos de desalojo y demolición, por lo que los pagos realizados por el actor fueron a su cuenta y riesgo. Afirma que, desde el contrato del ITCO nunca se le otorgó aprovechamiento de la playa, y en todo caso, aquel acto tenía un vencimiento de 5 años. De ahí que, con las visitas del inspector desde 1999, el Concejo suspende las patentes del actor y luego se le ordena salir y demoler. Esos acuerdos fueron impugnados por el actor, obtiene una medida cautelar, y hasta el 2016 se resuelve, donde en sentencia confirma los acuerdos del Concejo y señala que el actor no tiene derecho de estar ahí, resuelve sobre el tema de los pagos (sentencia 497-2016) y rechaza los daños y perjuicios que acá se reclaman, quedando en firme ante el rechazo de la casación. La Municipalidad no demolió por la vigencia de la medida cautelar del proceso del 2001, no existe inactividad del Gobierno Local. La actuación del 2018 es un nuevo intento de la actora para suspender la resolución de patentes que le ordena detenerse, el cual confirma en mayo del 2018, que el rechazo de la medida cautelar para suspender la patente y resuelto en apelación en junio de 2018, se reconoce la sentencia 497-2016 como motivación e incluso la menciona. Se trata de volver a discutir algo que judicialmente ya estaba resuelto. Son 17 años de tramitación administrativa en jerarquía impropia y judicial, no inactividad municipal. En el ínterin al entrar en vigencia las leyes de moratoria, fueron anuladas por la Sala Constitucional en voto 24.147 con efecto retroactivo. La resolución de jerarquía impropia 519-2019 se motiva en la ley 9373 que se fundamentó en una ley inconstitucional. El actor no es actor de buena fe, no es titular de un derecho, y el asunto ya estaba zanjado en sentencia en firme en su contra. De ahí que, los alcances de la declaratoria de inconstitucionalidad afectan directamente ese fallo de la jerarquía impropia. Rechaza los daños y perjuicios dado que no son amparables, dado que el cierre de la patente no estuvo bajo revisión de la resolución 519-2019, este estuvo en firme desde el proceso judicial que refiere a los actos del 2001, sino que se limita al tema, exclusivo, de los costos de demolición. De ahí que invoca el art. 190.1 (culpa de la víctima), así como el 195 de la LGAP. Reitera la falta de derecho, solicita la condenatoria de costas.

V. SOBRE LA ZONA PÚBLICA EN ZONA MARÍTIMO TERRESTRE: Este Tribunal en un asunto diverso al que acá se discute, realizó un abordaje de la zona pública marítima terrestre e incorporó un análisis histórico de la normativa aplicable, dada la trascendencia que posee para determinar las consecuencias jurídicas de una persona, sea autorizada o no, que saca provecho de dicha área. En aquél momento se expuso: “Nuestro punto de partida (puesto que es posible ir aún más atrás, pero resulta innecesario para este asunto) es la remisión a la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo, Ley N° 1917 con vigencia desde el 9 de agosto de 1955, particularmente, en su redacción originaria, la cual disponía en su numeral 7° como parte del capital del Instituto, entiéndase, del patrimonio de éste, los terrenos comprendidos por la zona de “Milla Marítima” (inciso c) de la redacción original de la ley 1917)… Dicha referencia, ha de remarcarse, ya preexistía desde 1828, cuando por ley 162 se reservó una “milla de latitud sobre las costas del mar exclusive a favor de la marina, pesquería y salinas” (Colección de Leyes y Decretos, semestre primero 1828. P. 86), seguida por la ley 128 del 19 de agosto de 1853, el art. 2 de la ley N° 5 de 1884 que establecía la “propiedad que la nación tiene sobre los terrenos baldíos es transmisible, a título oneroso o gratuito, a costarricenses o extranjeros, excepto los terrenos comprendidos en una zona de una milla de latitud a lo largo de las costas de ambos mares, y orillas de ríos navegables” y la Ley N° 11 del 26 de mayo de 1884 que en su art. 20 señalaba “Es de dominio público la zona marítimo – terrestre o espacio de las costas de la República que baña el mar en su flujo y reflujo y los terrenos inmediatos hasta la distancia de una milla” y finalmente en el art. 7 de la ley del ITCO 2825 de 1961. Tal posición ha sido recopilada desde vieja data con el voto 7-1993 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia que, en su fallo de las 15:05 horas expuso: “…desde la primera disposición jurídica emanada en la época republicana -Ley No.162 de 28 de junio de 1828- se estableció la reserva de una milla marítima en las costas de ambos mares, que según lo consignado en el Ley No. 128 de 19 de agosto de 1853, era así desde la época colonial por disposición de la Real Cédula de 15 de octubre de 1754. (…) desde el nacimiento de Costa Rica como Estado independiente, la reserva de terreno a lo largo de ambos litorales no ha sido parte de los baldíos -las tierras realengas de la Colonia- sino que siempre ha estado sometido a un régimen jurídico distinto, el propio de los bienes de dominio público y, por lo tanto, no reducibles a propiedad privada. (…) Su actual régimen jurídico es el establecido por la Ley 6043 de 2 de marzo de 1977, sus reformas y su reglamento (Decreto No. 7841-P de 16 de diciembre de 1977), siendo esta Ley la primera específica sobre la materia. Le son inherentes las características de inalienabilidad e imprescriptibilidad (…) Por ser bienes de dominio público pertenecen al Estado, están sujetos a un régimen jurídico especial y su finalidad –destino- es el uso y aprovechamiento común. La inalienabilidad de estos bienes no significa otra cosa que su no pertenencia al comercio de los hombres de manera similar a la figura romanista de los bienes “extra comercium”. Por lo tanto, dichos bienes no pueden ser enajenados –por ningún medio de Derecho Privado ni de Derecho Público- siendo consustancial a su naturaleza jurídica su no reducción al dominio privado bajo ninguna forma. De allí que otra de sus características sea su imprescriptibilidad, es decir, la no susceptibilidad de adquirirse mediante el transcurso del tiempo bajo la figura jurídica de la usucapión…” (Sentencia 2024006577 de las 9:42hrs del 30 de setiembre de 2024). Y, finalmente, en otra oportunidad se precisó que la denominada zona pública no es incompatible con la realización de actividades, cuando se resolvió en otro fallo: “… la ley 6043, Ley de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT). Es importante advertir que, la regulación de dicha ley no se circunscribe, exclusivamente, a las denominadas zona pública y zona restringida a la que refiere el art. 10 de la referida Ley, sino que, además, regulación especial sobre manglares y esteros, insulares o continentales, calificándolos de zona pública, así como regímenes de actividad industrial y afines como el contenido en el art. 18 que incluye “construcción de plantas industriales, instalaciones de pesca deportiva o instalaciones artesanales, de obras portuarias, programas de maricultura, u otros establecimientos o instalaciones similares, para cuyo funcionamiento sea indispensable su ubicación en las cercanías del mar… construcción, instalación y operación de astilleros y diques secos o flotantes”, el art. 22 incluye “establecimiento y operación de instalaciones turísticas estatales de notoria conveniencia para el país”, así como otras obras de infraestructura que sean atientes al fin público de la zona pública; las vías de acceso (caminos) en el art. 23 y por consecuencia, la Ley General de Caminos Públicos y normativa conexa o asociada que se ejemplificó supra. Sobre este espacio, desde la perspectiva de planificación, tendría mayor intensidad y dominancia la regulación portuaria y secundariamente, la regulación marítimo terrestre…” (sentencia 2024000606 de las 11:07hrs del 31 de enero de 2024). Como veremos en el fondo del asunto, estos antecedentes resultan de extrema relevancia para identificar los alcances de la situación jurídica de la construcción y operación de lo que acá se denominó “Bar Balú” que es objeto de este proceso.

VI. SOBRE LA LEY 9373, SU INCONSTITUCIONALIDAD Y LA APLICABILIDAD A LOS GOBIERNOS LOCALES: En otra oportunidad, conociendo de la prórroga de la Ley 9373, esta Cámara expuso: “Este Tribunal reconoce la pluralidad de administrados que, de una u otra forma, poseen contacto con la zona marítimo terrestre y que, a su vez, poseen condiciones jurídicas particulares. Así, encontramos los pobladores, aquellos que están indicados en el artículo. 75 del reglamento de la ley 6043, dicha calidad es personalísima y no puede ser trasmitida; conlleva una serie de requisitos que son: ser costarricense por nacimiento, tener más de 10 años viviendo en la Zona Marítima Terrestre, que no tenga bien inmueble a su nombre diferente del que ocupa en la zona, en el cual su calidad es precaria, ya que su ocupación se mantiene mientras tanto no se le reubique acorde con la planificación de la zona, teniendo derecho a indemnización de mejoras si tuviese que ser traslado y teniendo prohibido invadir la zona pública, con derecho de prioridad respecto a cualquier otra solicitud de concesión; encontramos también los otrora arrendatarios, término desarrollado por el artículo 73 del Reglamento y el Transitorio I de la Ley 6043, sujetos a una gran variedad de limitaciones, siendo modelos pre- concesionales acordados por la entidad correspondiente y el arrendatario para el aprovechamiento de la zona marítima terrestre, los cuales, en principio, debieron haber tenido un término final o prórroga, como lo establece dicho transitorio al afirmar que “… a su vencimiento y si fuere acordada su prórroga, se modificarán con arreglo a las normas de esta ley”, procurando un mecanismo ex lege de ajustarse a los lineamientos de la señalada ley de zona marítima; encontramos además los usuarios o permisionarios de uso, figuras otorgadas al amparo del 154 de la Ley General de Administración Pública como una autorización especialísima de goce, disfrute o aprovechamiento de un bien de dominio público, de calidad a título precario, pudiendo ser revocado por razón de oportunidad o conveniencia sin responsabilidad para la Administración, previo a un procedimiento levantado al efecto, otorgando un plazo prudencial para el cumplimiento del acto de revocación, de carácter personalísimo, no pudiendo vender, alquilar, ni en forma alguna traspasar su condición; siendo con ello la calidad más limitada de todos, ya que se encuentra condicionado al tipo de uso del cual sea beneficiario, lo que quiere decir que no puede, unilateralmente, modificar la naturaleza del uso otorgado; y por último el denominado solicitante de concesión, que es la condición que adquiere el o la costarricense o la persona jurídica con capital costarricense mayor de 51% de sus acciones, una vez presentada la respectiva solicitud ante la Municipalidad o de ser el caso, el Concejo Municipal de Distrito correspondiente, y no otorga ninguna clase de autorización, permiso, derecho de usar la parcela a la que se refiere su solicitud, es más, cualquier acto de ocupación o posesión que realice el solicitante del bien sin haber sido convertido en concesionario, se considera causal de archivo inmediato de su solicitud y sujeto imputable por el delito de invasión de la zona marítima terrestre, cargando con las costas de derribo de cualquier construcción levantada en el lugar (art. 13 de la ley 6043 y 22 del reglamento 7841-P); por último, los que no se encuentran en esta categoría, o que la tenían y posteriormente se venció, caducó o no prorrogó y permanecieron en el sitio, se consideran como ocupantes, que son aquellas personas que, no reuniendo las condiciones de poblador, haya ocupado la zona marítima terrestre, aun de forma no autorizada, con antelación a la vigencia de la ley 6043, sea antes de 1977, su calidad no puede ser ni trasmitida ni cedida y no tienen derecho de prioridad respecto a cualquier otra solicitud de concesión, no obstante, esta denominación fue ampliada a aquellos posterior a la vigencia de la ley 6043 y que configuran la población de destino tutelada en los términos de la ley 9577, describiendo el artículo 1° que son el conjunto de personas que habitan, tienen construcciones, actividades comerciales, agropecuarias o “cualquier actividad” de orbe lícito existente en la zona restringida, en tanto su existencia no provea un “daño ambiental o peligro o amenaza de daño al medio ambiente” conforme lo delimita el artículo 2° de la citada ley. Así, es importante destacar el impacto que la ley 9577, que fue adicionada su vigencia por la Ley N° 10.000, del 2° de julio de 2021, ya que cubre a una gran población que, bajo términos generales, calificaría de ocupantes irregulares, susceptible de aplicación de los numerales 12 y 13 de la ley 6043, a saber, desalojo y demolición. No obstante, referidos a materia constructiva, el artículo 69 de la señalada ley ya regulaba desde su promulgación la existencia de construcciones “sin la respectiva autorización, conforme a esta ley”, agregando que tales “serán objeto de planificación de acuerdo con las normas urbanísticas que se dicten, las cuales les aplicarán gradualmente en casos de remodelaciones o reconstrucciones”, artículo que fue reglamentado en el numeral 74 del decreto 7841-P precisando que “De acuerdo con el artículo 69 de la Ley, las edificaciones y construcciones que se hayan levantado sin la respectiva autorización en predios de la zona restringida dados legalmente en arrendamiento o concesión conforme a leyes anteriores, deberán ser objeto de planificación de acuerdo con las normas urbanísticas que se dicten, las cuales se aplicarán gradualmente en casos de remodelaciones o reconstrucciones”, regulación que, como se dijo, fue ampliada por la ley 9577, concretamente el artículo 4° que señala “En ningún caso, la aplicación de esta ley favorecerá la constitución de derechos a favor de los ocupantes de las zonas objeto de la moratoria. Asimismo, los ocupantes no podrán realizar modificaciones en las obras, a excepción de obras de mantenimiento, mejoras necesarias o urgentes, las cuales quedan autorizadas. Tampoco se podrán realizar modificaciones en las actividades y los proyectos ubicados en las zonas objeto de la moratoria”. Por su parte, estas obras de igual manera encuentran regulación en la ley 9242 del 9 de junio de 2014, que tiene por finalidad “regularizar las construcciones existentes en la zona restringida de la zona marítimo terrestre, definida en el artículo 10 de la Ley N.º 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, de 2 de marzo de 1977, y sus reformas, y legalizar el aprovechamiento de estas, mediante el otorgamiento de concesiones al amparo de dicha ley”, estableciendo el artículo 4: “Las municipalidades con jurisdicción en la zona restringida de la zona marítimo terrestre, que no cuenten con un plan regulador costero vigente, dispondrán de cuatro años para concretar la aprobación del plan. Durante dicho plazo, las municipalidades podrán conservar las construcciones existentes, en tanto la autoridad administrativa o judicial competente no acredite la comisión de daño ambiental o peligro o amenaza de daño al medio ambiente”, plazo que fue ampliado por la ley 9984, por lo que el plazo cuatrienal señalado comenzó a partir del 15 de junio de 2021 cuando la modificación de la norma entró en rigor. Lo anterior aclarando la posibilidad de que se cobre un canon, sea cual sea su denominación, siendo común el uso de terminología como “permiso de uso, arriendo, derecho, canon de zona marítimo” o similares, que se entiende amparado en el transitorio VII de la ley 6043, en concordancia con el párrafo tercero del artículo 4 de la ley 9242 que señala “…dichas construcciones podrán ser utilizadas a título precario siempre que medie el pago de un canon por uso de suelo a título precario, fijado por la municipalidad de la respectiva jurisdicción. El pago por uso de suelo en precario no generará derecho alguno”, así como la sujeción a otras cargas de orbe tributario como el pago del impuesto de bienes inmuebles y servicios municipales” (sentencia 74-2021-I de las 14:40hrs del 12 de agosto de 2021). No obstante, la Sala Constitucional, a través del fallo 24147 del 27 de octubre de 2021, declaró la inconstitucionalidad de la ley 9373, reiterando la posición dada en contra de la ley 9370 dada en voto 2019-012746, que provoca en consecuencia, el mismo efecto sobre las prórrogas, en tanto no se puede darle contenido jurídico válido a la prórroga de una norma inconstitucional. En aquel fallo, en lo que interesa, se dispuso: “Se declara con lugar la acción interpuesta contra la Ley No. 9373. En consecuencia, se anula por inconstitucional, la Ley No. 9373 de 28 de junio de 2016 denominada “PROTECCIÓN A LOS OCUPANTES DE ZONAS CLASIFICADAS COMO ESPECIALES”. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esta declaratoria tiene efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia de dicha norma. De conformidad con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las normas anuladas, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe y las relaciones o situaciones jurídicas que se hubieran consolidado por prescripción, caducidad o en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material”. En otro orden de ideas, pero de extrema relevancia para el presente asunto, está el tema de la aplicabilidad forzosa de la ley 9373 a los Gobiernos Locales, ello con ocasión de la redacción del art. 6 que tenía la señalada ley cuando afirmaba: “… ARTÍCULO 6.-Se autoriza a las municipalidades, en las zonas de su competencia, para que apliquen la moratoria en los términos establecidos en la presente ley, previo dictamen favorable del órgano municipal competente” (Resaltado es nuestro). Este numeral revela dos aspectos esenciales de impacto en el presente asunto, el primero de ellos, recordando la naturaleza jurídica de las Municipalidades, así como de la autonomía que poseen la cual deriva directamente de la Constitución Política (véase el voto 5445-99 de la Sala Constitucional), fuerza a que, cualquier ley que se emita y que tenga un impacto directo en las competencias locales, deba llevar, a nivel de trámite legislativo dos particularidades que no se encuentran presentes cuando se emite normativa para otros entes públicos: la obligatoria consulta a cada Gobierno Local en el trámite legislativo y el segundo, es la votación calificada preceptiva para vincular a las Administraciones Locales a la normativa que se promulga. En este caso, le ley 9373, tramitada en el Órgano Legislativo bajo el número de expediente 19.139 no llevó tal trámite, sino que se encaminó como una ley ordinaria, al punto de haber sido aprobada por mayoría simple en segundo debate como se puede consultar en el acta ordinaria N° 33 del 23 de junio de 2016 de la Asamblea Legislativa donde el Presidente Legislativo señaló: “…Quienes estén de acuerdo con aprobar en segundo debate el expediente 19.139, Ley de Protección a los Ocupantes de las Zonas Clasificadas como Especiales, lo manifestarán poniéndose de pie. Para su aprobación se requiere de simple mayoría. Treinta y cuatro a favor, seis en contra…” (véase folio 706 del expediente legislativo, imagen 711 del expediente en digital consultable en la dirección https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaLeyes.aspx). La ley en comentario no tenía el carácter vinculante hacia los Municipios y, de hecho, establecía a través del señalado art. 6 que habilitaba de manera potestativa el acogerse a la moratoria, de ahí el uso de la expresión “autorícese” y, de manera adicional, exigió un trámite especial para ello, que consistía en tomar la decisión por el órgano competente que, en este caso, sería el Concejo Municipal conforme las competencias del art. 13 del Código Municipal, previa emisión de un criterio técnico favorable, que podría incluir de manera multidisciplinaria a lo interno del Cabildo como por ejemplo el criterio técnico: legal, financiero, urbanístico, ambiental y, por supuesto, del propio departamento de zona marítima terrestre. Con ello, no podemos afirmar que la publicación y entrada en vigencia de la ley 9373 provocó, de manera automática, una suspensión de las competencias municipales por los motivos ya señalados.

VII. SOBRE EL CASO CONCRETO. AUSENCIA BASE DE INTERÉS LEGÍTIMO NO TUTELABLE: En síntesis, este proceso busca que se declare una responsabilidad civil de hacienda por la demolición y desalojo de la edificación denominada “Balú” cuya explotación realizaba el actor en Playa Espadilla de Quepos, reclamando que el acto que ordenó ambas conductas, las que identifica como resolución 001-DEM-ESP-2018 de la Alcaldía de Quepos, fueron anuladas por la Jerarquía Impropia Municipal a través de la resolución 519-2019, fundamentándose en el goce de la moratoria de la ley 9373, la cual fue prorrogada por las leyes 9577 y 10.000. En contratesis, la accionada manifiesta que el origen de la anulación del acto se motivó en leyes que fueron declaradas inconstitucionales por la Sala Constitucional, y que la conducta como tal provienen de actos municipales en firme del año 2001 y que fueron confirmados judicialmente a través del proceso 01-000192-0163-CA, no siendo posible ubicar al actor como beneficiario de la moratoria de aquellas leyes y sometiéndolo a la retroactividad decretada por el Tribunal Constitucional. CRITERIO DEL TRIBUNAL: De previo a referirnos sobre el fondo del asunto, debemos aclarar que, en este proceso, no se discute la validez de la resolución 001-DEM-ESP-2018, ni de la resolución 519-2019 de la Jerarquía Impropia que la anuló, ya que en este proceso no se incorporaron a través de las vías procesales respectivas, pretensiones con tal finalidad. Conforme a los hechos probados (específicamente los hechos 8, 9, 16 y 19) lo que encontramos es una decisión administrativa municipal formal (acto) que es ejecutada (conducta) mientras se encontraba en trámite la impugnación, con el inconveniente de que, producto de esta impugnación, el acto base es suprimido, lo que produce un único efecto, y es que la conducta de ejecución se convierte, de manera sobrevenida, en lo que se conoce en doctrina como una vía de hecho, ello al margen de la opinión que puedan tener las partes o este Tribunal del sustento o razonamiento que expuso la Jerarquía Impropia y la valoración que realizó sobre la cosa juzgada (hecho probado 4). Así las cosas, el objeto de este proceso será definir en estas líneas si tal vía de hecho sustenta o no, el origen de la indemnización que reclama la parte actora tanto en sus pretensiones principales como en su petitoria subsidiaria. Sobre este punto de partida, debemos recordar que los efectos que provocan los mecanismos de impugnación en sede administrativa municipal, lo que es un tema que podríamos denominar formal y que obliga a determinar si se genera o no responsabilidad civil de hacienda si se ejecuta un acto administrativo que se encuentra impugnado en jerarquía impropia en materia municipal y, sobre todo, si dicho control jerárquico después suprime o anula la conducta que se ejecuta o materializa. Para el momento en que el acto de la Alcaldía 001-DEM-ESP-2018 es emitido, el Código Municipal disponía (en su versión de la norma 24 de 58 a hoy, según SINALEVI), la posibilidad de cuestionar una resolución de Alcaldía a través de un recurso horizontal (revocatoria) y otro de alzada o vertical (apelación) ante el Jerarca Impropio, no tiendo en ninguno de los casos un efecto suspensivo en contra del acto, ello según el párrafo segundo del artículo 162 de dicha versión de la norma municipal, aunque permitía la adopción de medidas cautelares. En este caso, la parte actora presentó una medida cautelar judicial dentro del expediente 18-001644-1027-CA, por lo que la accionada de manera unilateral suspendió la demolición (hecho probado 13), puesto que el desalojo ya se había dado en un primer momento (hecho probado 9), no obstante, tanto la medida cautelar provisionalísima como la definitiva fueron rechazadas en aquél proceso (hecho probado 14), el cual fue posteriormente desistido por el acá demandante. Es de manera posterior a ello que, por medio oficio -ALCP-2018 de fecha 4 de junio de 2018, la Alcaldía deja sin efecto el oficio 393-ALCP-2018 y ordena continuar con la ejecución de la resolución 001-DEM-ESP-2018 (hecho probado 15). Así las cosas, el hecho de ejecutar un acto emitido por el Alcalde, pese a estar impugnado no es, en sí mismo, una patología en la actuación municipal y habiéndose acreditado con los hechos probados citados que el Municipio demandado fue cauteloso previo a ejecutar la demolición (hecho probado 16). Acá el problema se reduce entonces, al devenir en vía de hecho de la ejecución material del desalojo y demolición, por la intervención de la Jerarquía Impropia, aspecto que, en principio, es causa o motivo de una obligación indemnizatoria. Hemos de evitar confundir las vías de hecho con las conductas materiales que realiza la Administración, puesto que estas segundas pueden llegar a ser ejecuciones de actos formales, o resultar de conductas amparables al ordenamiento jurídico y que respetan, pese a la ausencia de una forma escrita, de la estructura exigida por nuestro ordenamiento de motivo, contenido y fin, así como de los demás requisitos no esenciales que permiten soportar la fiscalización ya sea administrativa o judicial. En cambio, las vías de hecho se caracterizan justamente por el yerro de no ser posible su justificación, de ahí que se imputan de formas arbitrarias de las potestades de imperio de la Administración, desviaciones de poder o ejercicios ilegítimos de atribuciones competenciales públicas, fuentes de responsabilidad civil de hacienda. En este caso, esta situación – como se expuso supra – es la que se presenta de manera sobrevenida por la anulación por jerarquía impropia del acto 001-DEM-ESP-2018, no obstante, ese no es el único requisito necesario para que nazca una obligación indemnizatoria. De manera puntual, hemos de recordar el mandato constitucional contemplado en el art. 49 de la Carta Magna, que en su párrafo tercero señala: “… La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados”, lo cual es complementado y ampliado por los artículos 1, 2, 36 y 42 del CPCA, en el cual se amplían los aspectos tutelables y se incorpora el de situaciones jurídicamente tutelables. Lo anterior resulta de extrema relevancia para el fondo de este asunto, dado que la parte accionante afirma derivar dicha situación para sustentar su indemnización, la cual es negada por la parte accionada. Aclaramos que el actor no posee un derecho subjetivo, ni tampoco un interés legítimo, aspectos que quedaron más que claros en los hechos probados 2, 4 y 14. Es más, de la propia ley 9373 invocada por el demandante literalmente se extrae del numeral 4° que rezaba: “En ningún caso, la aplicación de esta ley favorecerá la constitución de derechos a favor de los ocupantes de las zonas objeto de la moratoria. Asimismo, los ocupantes no podrán realizar modificaciones en las obras, las actividades y los proyectos ubicados en las zonas objeto de la moratoria”, lo que se repite en las leyes 9577 y 10.000. Entonces, el asunto se resume a que, en postura de quien demanda, estas tres normas le otorgaban una situación jurídicamente tutelable, sea el goce de la moratoria, aún pese a su situación irregular que ya poseía. Ahí encontramos el primer aspecto de relevancia, la situación tutelable se circunscribe, exclusivamente, al momento temporal de ejecución del desalojo y demolición, no al tener que soportar éstos, puesto que tal condición ya había sido previamente definida administrativa y judicialmente. Las tres normas citadas no tienen (ni tuvieron) la capacidad jurídica de suprimir la definición jurídica de un administrado en zona marítimo terrestre, sea en regular o irregular, sino que lo único para lo que sirvió, es para controlar, temporalmente, cuándo ejecutar conductas de restitución demanial. De ahí que, resulta palmariamente infundamentada la pretensión tercera, puesto que la posibilidad indemnizatoria de la edificación incluso fue tema de pronunciamiento expreso en la sentencia 497-2016 (hecho probado 4), por lo que la falta de derecho resulta evidente, situación que ocurre de igual manera con la pretensión 6 de reintegro de pago de extremos laborales a sus empleados pues, como se dijo, esta era la consecuencia necesaria e inevitable, de ejecutar el desalojo y demolición, sin que se haya acreditado que el actor pudiese continuar su actividad a través de otro local comercial. Ha de adicionarse que, en este supuesto, no sólo era un resultado previsible y de pleno conocimiento del actor desde el año 2000, sino desde el 2017 cuando quedó en firme la sentencia 497-2016 (hechos probados 2, 4 y 6). De manera consecuente, la litis ha de desarrollarse en los términos de que, ante la anulación del acto 001-DEM-ESP-2018 de manera sobrevenida y la ejecución del desalojo y demolición, es posible reconocérsele la situación de la moratoria, que se traduciría prácticamente, en la pretendida continuidad de explotación a la que se refiere la pretensión 4 y la subsidiaria, así como un daño moral de la pretensión 7. A ello, la tesis del demandante no es atendible, veamos. Lo primero a traer a colación, es el agravio municipal que refiere a la aplicación del art. 195 de la Ley General de Administración Pública, el cual reza: “Ni el Estado ni la Administración serán responsables, aunque causen un daño especial en los anteriores términos, cuando el interés lesionado no sea legítimo o sea contrario al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, aún si dicho interés no estaba expresamente prohibido antes o en el momento del hecho dañoso” (resaltado es nuestro), puesto que es, justamente, en este último supuesto desarrollado en el numeral que se enmarca la especie fáctica de este proceso. La anulación de la resolución 001-DEM-ESP-2018 por parte de la Jerarquía Impropia Municipal, que ha de insistirse, se trata de un acto administrativo, pese a ser emitido por un órgano jurisdiccional, se fundamenta en la aplicación de la ley 9373, no obstante, ésta fue posteriormente declarada inconstitucional por voto 24147 del 27 de octubre de 2021, con efectos retroactivos. Lo anterior implica que, de manera necesaria, la situación jurídicamente tutelable y amparable a la ley 9373 y sus prórrogas a favor del demandante, devino en contrario al orden público, y en específico, al orden constitucional. Esta situación hace que, pese a la existencia de una patología en la conducta administrativa (vía de hecho), la situación del actor no es tutelable por el efecto dado por el fallo del Tribunal Constitucional, dando suficiente motivo para el rechazo de las referidas pretensiones indemnizatorias. Ahora bien, sin demérito de lo dicho, las partes en el proceso también discutieron los alcances del señalado fallo a través del efecto del art. 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional el cual excepciona del efecto retroactivo sobre “derechos adquiridos de buena fe y las relaciones o situaciones jurídicas que se hubieran consolidado por prescripción, caducidad o en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material”. Al respecto, coincide esta Cámara con la posición accionada, como se dijo anteriormente, el actor no contaba con un derecho subjetivo o interés legítimo de buena fe, ni tampoco una situación consolidada por prescripción o caducidad, de hecho, contaba con dos actos administrativos que fueron confirmados judicialmente a través del proceso 01-000192-0163-CA, lo que más bien confirmaría que, la situación había sido definida bajo cosa juzgada material en contra del acá demandante, lo que le impide, por ende, de beneficiarse de la excepción del referido art. 91 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Constitucional, y recordando que lo resuelto por la Jerarquía Impropia es función administrativa y no judicial, no es posible darle efecto de cosa juzgada a la resolución 519-2019 del 23 de octubre de 2019. Ahora bien, a mayor abundamiento de razones, conforme el Considerando V de esta sentencia, se extrae otro motivo más de la no posibilidad de amparo de la posición demandada, y es el hecho acreditado y no controvertido de que la edificación y la actividad se realizaban en zona pública marítima terrestre. Conforme se detalló en aquél considerando, bajo ningún supuesto, a lo largo de la historia de Costa Rica como República (e incluso aún antes) se ha habilitado el aprovechamiento privativo de esa área, por lo que la pretensión de reconocer una continuidad de actividad no puede ser calificada de otra cosa como abiertamente contradictoria con el orden público, siendo aún más gravoso sin ni tan siquiera contar con una patente, permiso, licencia o concesión que lo habilite, tomando en consideración de que la parte no desacreditó que el edificio o la actividad se realizasen en esta franja de particular tutela. Y, finalmente, pese a la posición del actor que considera que el denominado riesgo ambiental no fue probado, coincidiendo con la posición – severamente cuestionable, dicho sea de paso – de la Jerarquía Impropia Municipal, lo cierto es que en autos se trajo como prueba no sólo el demeritado oficio UTA-006-18 de fecha 18 de enero de 2018 de la Unidad Técnica Ambiental Municipal (Hecho probado 7), sino también el oficio PC-ARS-Q-IT-101-2018 de fecha 18 de julio del 2018 del Ministerio de Salud (hecho probado 17), el cual no fue cuestionado o debatido por la parte actora, que se acredita con elementos de convicción técnica la infracción del art. 50 Constitucional de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado por parte de la edificación y la actividad en la zona pública de Playa Espadilla, lo que genera otro motivo de riña y contradicción con el orden público constitucional. Así las cosas, la posición del actor no es amparable al carecer de un derecho subjetivo, interés legítimo o situación jurídicamente tutelable para sustentar sus pretensiones.

VIII. SOBRE EL ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES EN CONCRETO: Por lo anterior y de manera consecuente, al aplicarse la excepción o causal de exoneración del art. 195 de la Ley General de Administración Pública invocada por la parte demandada, ha de rechazarse la totalidad de pretensiones principales de la demanda, haciendo la aclaración de que la pretensión subsidiaria también lleva el mismo resultado, por cuanto se trata de un ajuste de la pretensión 4 principal, la cual, por los mismos motivos que originan el rechazo de ésta, ha de denegarse la subsidiaria. Como la pretensión primera y segunda son pretensiones generales, por el razonamiento dado en el considerando anterior han de rechazarse ambas, así como las pretensiones accesorias de intereses contenida en la pretensión 2. Sobre las costas (pretensión 8), aténgase a lo que se resuelve infra.

IX. SOBRE LAS EXCEPCIONES PLANTEADAS: La representación demandada opuso la defensa de falta de derecho, la cual atendiendo los alegatos del razonamiento expuesto en esta sentencia, debe ser acogida en todos sus extremos.

X. SOBRE LAS COSTAS: Respecto a las costas, de conformidad con el numeral ciento noventa y tres del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena sólo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, el Tribunal estima que no existe mérito para la exoneración en costas, consecuentemente son ambas costas a cargo de la parte accionante, las cuales serán liquidados en la fase de ejecución de sentencia.

POR TANTO

Con base en los fundamentos de hecho y derecho expuestos, se acoge la defensa de falta de derecho. Consecuentemente, se declara SIN LUGAR en todos sus extremos la demanda interpuesta por GUILLERMO RAMÍREZ CHAVES contra la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. Son ambas costas a cargo de la parte actora, las cuales serán liquidadas en la fase de ejecución de sentencia. Notifíquese.

Carlos José Mejías Rodríguez

Claudia Bolaños Salazar                        Laura Gómez Chacón

 

	


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CARLOS JOSE MEJIAS RODRIGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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LAURA GOMEZ CHACON - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 23-002569-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:17:53.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Large**
**Normal**
**Small**
**Contentious-Administrative Tribunal**

**Resolution No. 02848 - 2025**

**Date of Resolution:** March 21, 2025, at 16:08

**Case File:** 23-002569-1027-CA

**Drafted by:** Carlos José Mejías Rodríguez

**Type of Matter:** Ordinary Proceeding

**Analyzed by:** CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

**Content of Interest:**

**Content Type:** Majority Vote

**Branch of Law:** Environmental Law

**Topic:** Demolitions in the Maritime-Terrestrial Zone

**Subtopics:**

Inappropriateness of compensation in the case of execution of a demolition order for a business in the Maritime-Terrestrial Zone issued by the Mayor despite being challenged.
Considerations regarding the public maritime-terrestrial zone and a historical analysis of the applicable regulations.
Scope of Law 9373, its unconstitutionality, and applicability to local governments.

**Topic:** Maritime-Terrestrial Zone

**Subtopics:**

Inappropriateness of compensation in the case of execution of a demolition order for a business in the Maritime-Terrestrial Zone issued by the Mayor despite being challenged.
Considerations regarding the public maritime-terrestrial zone and a historical analysis of the applicable regulations.
Scope of Law 9373, its unconstitutionality, and applicability to local governments.

**Topic:** Compensation to the Administered Party

**Subtopics:**

Inappropriateness of compensation in the case of execution of a demolition order for a business in the Maritime-Terrestrial Zone issued by the Mayor despite being challenged.

**Topic:** Damages and Losses Derived from the Civil Liability of the Administration

**Subtopics:**

Inappropriateness of compensation in the case of execution of a demolition order for a business in the Maritime-Terrestrial Zone issued by the Mayor despite being challenged.

"VI.-[...]Thus, the fact of executing an act issued by the Mayor, despite being challenged, is not, in itself, a pathology in the municipal action, and it having been accredited with the aforementioned proven facts that the defendant Municipality was cautious prior to executing the demolition (proven fact 16). The problem here is reduced, then, to the factual pathway of the material execution of the eviction and demolition, due to the intervention of the Jerarquía Impropia, an aspect which, in principle, is the cause or reason for an indemnification obligation."

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**Other References:** Ordinary Minutes No. 33 of June 23, 2016, of the Legislative Assembly

**Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments**
**Text of the resolution**
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**CASE FILE:**

23-002569-1027-CA - 1

**PROCEEDING:**

ORDINARY

**PLAINTIFF:**

GUILLERMO EMILIO DE JESUS RAMIREZ CHAVES

**DEFENDANT:**

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS

 No. 2025002848

CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL FINANCIAL TRIBUNAL. PANEL No. I ON THE MERITS, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at sixteen hours and eight minutes of the twenty-first of March of two thousand twenty-five.-

 

Ordinary proceeding filed by GUILLERMO RAMÍREZ CHAVES, of legal age, divorced, merchant, resident of Quepos, bearer of identity card number 4-0134-0202; against the MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, represented by its special judicial attorney, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, bar association number 15551. Licda. Ana Lía Umaña Salazar, bar association number 7197, participates as the plaintiff's special judicial attorney.

**WHEREAS:**

1.- That the plaintiff appeared before this jurisdiction as per the lawsuit filed on May 11, 2023, requesting as main claims: " 1. That this civil financial claim for strict liability of the Administration be declared with merit. 2. That the defendant Municipality be declared responsible for the damages and losses caused to the plaintiff Guillermo Ramírez Chaves (all described above) by the execution of the acts annulled by the Third Section of the Contentious-Administrative Tribunal, specifically the resolution of the Municipal Mayor's Office of Quepos 001-DEM-ESP-2018, Official Letter 020-ALCP-DL-2018 of February ninth, two thousand eighteen. 3. That the Municipality be ordered to pay Mr. Guillermo Ramírez Chaves the current value of the building demolished under the protection of the administrative act declared null, the estimation of which shall be determined in the sentence execution stage. 4. That the Municipality be ordered to pay Mr. Guillermo Ramírez Chaves the total cost of the lost profits from the operation of the Bar Restaurante Balú from the day of its closure under the protection of the annulled acts, February 15, 2018, and which we estimate extends until July 1, 2024, which is the expiration date of the moratorium established in Law 10,000, which was expressly enacted to extend for an equal term the 36-month period established in Law 9577 and whose application the Municipalidad de Quepos agreed to, which came into effect one day before the expiration of the term of Law 9373. An amount to be determined in sentence execution. 5. That the Municipality be ordered to pay Mr. Guillermo Ramírez Chaves interest on all those sums from the day the execution of the act occurred, February 15, 2018, until its effective payment. An amount to be determined in sentence execution. 6. That the Municipality be ordered to pay Mr. Guillermo Ramírez Chaves the sums the plaintiff had to pay for employment termination settlements to his employees, which shall be settled in the sentence execution stage, and the interest on those sums from when Mr. Guillermo made the payment until its effective cancellation. 7. That the Municipality be ordered to pay the plaintiff the MORAL DAMAGE suffered due to the annulled acts and their execution, moral damage estimated in the sum of TEN MILLION COLONES. In addition to the interest on said sum from the judgment until its effective payment. 8. That the Administration be ordered to pay both costs of this proceeding and their interest from the judgment until their effective payment”. Likewise, in the same motion, he raised the following subsidiary claim: “In the event that the compensation for the total cost of the lost profits from the operation of the Bar Restaurante Balú from the day of its closure under the protection of the annulled acts, that is, from February 15, 2018, until July 1, 2024, which is the expiration date of the moratorium established in Law 10,000, is not upheld, we request that said compensation be upheld until the date the term provided in Law 9577 expired, that is, on June 27, 2021, or alternatively on July 28, 2018, the date the validity of the moratorium contained in Law 9373 expired, as the case may be”. In a filing dated June 28, 2023, he clarified that the prudential estimate of the damages and losses is 25 million colones. (Images 19 and 28 of the electronic case file).

2.- Once the transfer was granted to the defendant's representative, she denied the facts and invoked the defense of lack of right. (Images 41-46 of the electronic case file).

3.- The plaintiff replied in a filing dated November 15, 2023, without providing additional evidence. (Images 63-65 of the digital judicial file).

4.- That the preliminary hearing was held on November 23, 2023, the claims of the proceeding were fixed, the disputed facts were determined, and the evidence of the parties was admitted. (Images 68-71 of the electronic case file and audio of the hearing in the SIGAO system).

5.- The oral and public trial was held on March 4, 2025, in the presence of all parties; opening statements were made, the offered evidence was received, and oral closing arguments were heard. The case file was declared highly complex in accordance with canon 111 of the Código Procesal Contencioso Administrativo. (Support in the Management System).

In the proceedings, the prescriptions and terms of law have been observed, and no vices, defects, or omissions susceptible of producing nullity of the actions or defenselessness for the parties are perceived. This judgment is issued within the legal term. This resolution is issued unanimously and after deliberation.

 

Judge Mejías Rodríguez drafts, with the affirmative vote of Judges Bolaños Salazar and Gómez Chacón.

**CONSIDERING:**

**I. PROVEN FACTS:** The following relevant facts are considered proven in this proceeding: 1. That the plaintiff was using a structure built on the public zone of Playa Espadilla in Quepos, Puntarenas, where he conducted the activity of a Bar and Restaurant under the name “Balú”. (Undisputed fact).

2. The Municipalidad de Aguirre, in its extraordinary session 195 held on October 25, 2000, and extraordinary session No. 224 held on March 1, 2001, denied the operating permits and ordered the eviction and destruction of the Balú premises. (Undisputed fact).

3. Within case file 01-000192-0163-CA, it was ordered via precautionary measure (medida cautelar) to suspend the questioned agreements. (Undisputed fact).

4. By means of judgment 497-2016 dated March 31, 2016, the Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, within case file 01-000192-0163-CA, declared the claim filed by the plaintiff here against the Municipality without merit, against the agreements adopted by the Municipalidad de Aguirre in its extraordinary session 195 held on October 25, 2000, and extraordinary session No. 224 held on March 1, 2001, which denied the operating permits and ordered the eviction and destruction of the Balú premises. Of relevance, said ruling indicates that the plaintiff cannot benefit from his grandfather's contract with the ITCO, which expired on May 21, 1974, the tacit extension not applying pursuant to art. 141 of the ITCO Law; that any transfer of licenses or permits requires the respective authorization of the corresponding Administration; noting that the plaintiff cannot claim rights of use and exploitation in the maritime-terrestrial zone due to lack of authorization from the Municipalidad de Aguirre, stating that: “…the plaintiff has been operating his commercial activity since very long ago, completely outside the law”. It dismisses that the plaintiff has an acquired right or a legally consolidated situation due to his irregular occupation. Finally, it notes that the payments made by the plaintiff were made at his own account and risk, coverable under Transitory Provision VII of Law 6043. It rejects his claims for compensation (moral and material damage), in the absence of a right acquired legitimately, endorsing the municipal conduct of ordering the eviction and demolition of the Bar Balú construction, and affirming the incompatibility of the commercial and liquor activity with land use (uso de suelo) in the public zone. (Images 108-133 of the file “Expediente-180019341027CA-Completo_compressed.pdf” in the Maya evidence key).

5. By means of Agreement 15, art. 7 of ordinary session 052-2016 dated November 15, 2016, the Municipal Council of Quepos agreed to adhere to the moratorium of Law 9373. (file “ACTA052-2016-15-11-16-O.pdf” in Maya evidence key).

6. On June 29, 2017, the First Chamber of the Supreme Court of Justice, by means of vote 000750-S1-2017, rejected the cassation appeal against judgment 497-2016 within case file 01-000192-0163-CA. (Images 134-139 of the file “Expediente-180019341027CA-Completo_compressed.pdf” in Maya evidence key).

7. By means of official letter UTA-006-18 dated January 18, 2018, the Municipal Technical Environmental Unit conducted an inspection at the Balú restaurant and other premises, noting, of relevance: “…b) Due to the characteristics of the surrounding areas, it can be considered that the presence of the structures existing at the site obstruct the continuity of the plant system typical of a sandy beach zone. This could, in a certain way, affect the continuity of the ecosystem and the energy exchange between the organisms present in the place… The existence of constructions in the beach sector, as well as the presence of light emission sources (as seen in the case of the Balú restaurant), becomes a serious problem that can affect the nesting that sporadically may occur at the site. First, because the cement structures and constructions in general limit and restrict the possible nesting points for sea turtles. Furthermore, and no less important, we can indicate that illumination with white light on the beach affects the hatchlings that head towards the sea, oriented by the illumination seen on the horizon out to sea, guided by a light gradient located between the sky and the ocean. When artificial lights such as commercial, residential, security, or recreational lights illuminate the nesting beaches, the hatchlings orient themselves inland where they can easily die, crushed by a vehicle, preyed upon, or by exposure to the sun. In the case of adult females, lights on the beach provoke a negative reaction, causing them to avoid nesting. Both results are reflected in a reduction in the capacity of the nesting colonies to produce new individuals and perpetuate their species. For example, data from the analysis of coastal lights from communities in Playa Grande and Tortuguero confirm that turtles prefer to nest outside the areas of influence of artificial lights coming from constructions adjacent to the coast. d) The existence of electrical wiring (of deplorable quality and with "makeshift" connections) in the area, surrounding and hanging from palm and almond trees, which is located in an area where a large amount of wildlife such as birds, mammals (such as troops of monkeys of different species) and reptiles commonly move, represents an imminent danger of electrocution for these organisms. e) The control of wastewater (aguas residuales) at the site is achieved by means of a septic tank, which, due to its location, age, shape, and type of construction, could eventually generate infiltrations both towards the small stream located in the southeast sector of the infrastructure, and towards the sea… e) The zone where said infrastructure is located is situated in a sector that we can call a "biological corridor" that connects the sectors of secondary forest and beach and mangrove areas from Punta Quepos, mountainous areas of the canton, and the Parque Nacional Manuel Antonio, which allows the mobility of species along this path, favoring the genetic exchange, feeding, and refuge of many organisms. The presence of anthropic structures limits, hinders, and affects this interconnectivity, deteriorating the natural characteristics of the area. f) At the site, being a beach area, the normal entry of solid waste collection trucks is impossible, so the form and means by which such waste is treated are unknown… g) The presence of constructions and tidal containment mechanisms (sandbags), limit the natural dynamics of the coastal zone, which can affect the ecosystems present at the site, by preventing the natural movement of sediments and water flow. In addition, the proximity to water sources (without respecting the protection zones established by law) limits the water flow and favors the excessive movement of sediments that gradually generate significant erosion, affecting the solar energy exchange of marine organisms…”. (Images 71-102 of the file “Expediente-180019341027CA-Completo_compressed.pdf” in Maya evidence key).

8. On February 9, 2018, the Municipal Mayor's Office issued resolution 001-DEM-ESP-2018, which ordered the eviction and demolition of the Bar Restaurante Balú, notified to the plaintiff on the 14th of the same month and year. Of interest, said act stated in its “por tanto” (ordering part): “…Having analyzed the background regarding the presence of the building that houses the commercial establishment called Restaurante Balú, as well as the legal considerations indicated above in the considering part of this resolution, it is ordered: 1- To demolish the installations located in the public zone of Playa Espadilla that correspond to the commercial establishment called Restaurante Balú; 2- To commission the Department of the Maritime-Terrestrial Zone to notify this resolution to Mr. Guillermo Ramírez Cháves, identity card number 4-0134-0202, for the purposes of the application of articles 12, 13, and 20 of Law 6043 and 22 of its Regulations; 3- To grant a term of 10 working days to Mr. Guillermo Ramírez Chaves, identity card number 4-0134-0202, to voluntarily proceed to vacate and demolish the buildings of the establishment called Restaurante Balú. 4- In the event that Mr. Ramírez Cháves does not comply with what is ordered within the granted term, the municipal administration, under the coordination of the person in charge of the Department of ZMT, will proceed with the eviction and demolition of the referred structure, the cost of which will be borne by the administered party Ramírez Cháves”. Likewise, in the motivation of the act, reference is made to municipal agreement No. 4 of article 2 of session 34-2002, as well as the exception of Law 9373 for environmental damage according to technical opinion UTA-006-18 of the person in charge of the Technical Environmental Unit of the defendant municipality. (Images 44-49 of the file “Expediente-180019341027CA-Completo_compressed.pdf” in Maya evidence key).

9. On February 15, 2018, the closure of the “Balú” installations was executed, carried out again on February 22, 2018. (Images 15 and 29 of the file “Expediente-180019341027CA-Completo_compressed.pdf” in Maya evidence key).

10. On February 20, 2018, the plaintiff filed a motion for revocation with a subsidiary appeal against resolution 001-DEM-ESP-2018. (Undisputed fact).

11. On February 22, 2018, by means of resolution RV-DLM-001-2018, the motion for revocation against resolution DLM-001-RAM-150218 was rejected. (Images 6-13 of the file “Expediente-180019341027CA-Completo_compressed.pdf” in Maya evidence key).

12. By means of resolution 002-DEM-BL-2018 of March 12, 2018, corrected and clarified in official letter 048-ALCP-DL-2018 of the following day, the Municipal Mayor of Quepos rejected the revocation filed and ordered the matter to be referred to the Contentious-Administrative Tribunal, Third Section, and the case file for the knowledge of the subsidiary appeal. (Images 167-174 and 179-180 of the file “Expediente-180019341027CA-Completo_compressed.pdf” in Maya evidence key).

13. By means of official letter 393-ALCP-2018 dated March 15, 2018, upon the presentation of a precautionary measure in judicial case file 18-001644-1027-CA, provisionally suspending the demolition. (Image 134 of the file “225-2023 Expediente 01-DEM-ESP-20218.pdf” on evidence CD).

14. On May 17, 2018, by means of resolution 319-2018 within case file 18-001644-1027-CA, the precautionary measure filed against resolution 001-DEM-ESP-2018 was declared without merit. (Images 139-142 of the file “225-2023 Expediente 01-DEM-ESP-20218.pdf” on evidence CD).

15. By means of official letter 687-ALCP-2018 dated June 4, 2018, the Mayor's Office leaves official letter 393-ALCP-2018 without effect and orders the continuation of the execution of resolution 001-DEM-ESP-2018. (Image 145 of the file “225-2023 Expediente 01-DEM-ESP-20218.pdf” on evidence CD).

16. On July 17 and 18, 2018, the demolition of the "Balú" installations was executed. (Image 167 of the file “225-2023 Expediente 01-DEM-ESP-20218.pdf” on evidence CD).

17. By means of official letter PC-ARS-Q-IT-101-2018 dated July 18, 2018, the Ministry of Health sent an inspection report, noting, of relevance: “… 1. The septic tank is evident with a PVC pipe that directs the waters towards a drain field (drenaje). This drain extends until it reaches a channel of a receiving body whose waters discharge directly onto Playa Espadilla in Quepos. 2. It was possible to evidence, after a joint visit with officials from the Inspection Unit of the Municipalidad de Quepos, that the drain is located on the sand and that it was constructed based on river stones, corrugated pipe for drainage, and black plastics… It was difficult for the wastewater treatment system of Restaurante Balú in Manuel Antonio de Quepos to function correctly, being built on sand, considering also that in other cases, wastewater spills into the environment have even been evidenced, and that it has presented the same problem at other times. There existed a significant risk of fecal contamination towards the Manuel Antonio beach as a result of the drain location, since at times of high tides, the probability of discharges of water with fecal content (due to the issue of the water table) was imminent, especially considering the presence of a receiving body at the end of the STAR… a. Having a septic tank and drains in sandy soil, these are directly influenced by the tide, causing this type of structure to fill with water every time the tide rises. This limits the storage capacity of the septic tanks and the functioning of the drains. b. Upon salinization in the wastewater treatment system, a change in pH is generated in it, affecting the optimal environment for the development of the microorganisms necessary for the decomposition of organic matter. c. The installation or construction of wastewater treatment systems of the septic tank and drain type favors the salinization and contamination of aquifers as a result of the rupture of soil layers, this in coastal zones mainly due to marine intrusion. d. Through drains and/or fissures in the tanks of the wastewater treatment system, fecal coliforms from wastewater are dragged to the beach by means of suction resulting from the water flow generated by the tide as it recedes. e. The property is located on an environmentally fragile site…”. (Images 170-175 of the file “225-2023 Expediente 01-DEM-ESP-20218.pdf” on evidence CD).

18. By means of agreement 267-2019 dated February 12, 2019, the Municipal Council of Quepos agreed to adhere to the moratorium of Law 9577. (file “ACTA267-2019-12-02-2019-ORDINARIA.pdf” in Maya evidence key).

19. By means of resolution 519-2019 at 11:15 a.m. on October 23, 2019, the Contentious-Administrative Tribunal, Section III, acting as Jerarca Impropio (Improper Hierarchical Superior), hears the appeal and annuls resolution 001-DEM-ESP-2018. Of relevance, in said administrative act, it was ordered: “Having reviewed the documentation provided, this Tribunal concludes that the Municipal Mayor's Office errs in its foundations. It is necessary to clarify beforehand that the cause for exclusion from the referred moratorium is not two, as the Municipality interprets, but only one, that is, the existence of a final judicial or administrative resolution ordering the closure or demolition for cause of environmental damage or danger, an element that is absent in this case. In the first place, the judgment that serves as support, that is, number 497-2016, issued by the Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda at sixteen hours and thirty minutes on March thirty-first, two thousand sixteen, within case file 01-000192-0163-CA, and confirmed by the First Chamber of the Supreme Court of Justice by means of resolution 000750-S1-2017 at nine hours fifteen minutes on June twenty-ninth, two thousand seventeen, does not order the closure or demolition of the appellant's commercial premises; rather, it rejects the nullity claim that he filed against the municipality's resolution in that sense. While it declares the action without merit, the main nullity claim, the judgment in question does not emanate the closure and demolition order as the Municipality intends to base its argument on, nor does it formulate a constitutive declaration of any right. The difference is not trivial as it might seem at first glance. As a result of this, the true order tending towards the demolition is of an administrative nature, it was adopted by the Municipal Council of the Canton then called Aguirre, in extraordinary sessions 195 of October twenty-fifth, two thousand, and 224 of March first, two thousand one, where they denied the petitioner the request for operating permits and instruct the administration to initiate the eviction and demolition procedures. In this way, what is relevant for what now concerns us is that said administrative resolution was founded on the absence of a municipal license and not on environmental damage or danger; and that as a result of this, said resolution was implicitly modified by agreement 15 of article 7 of ordinary session No. 052-2016; which agreed to the application of Law 9373. That is to say, given that on the date of adoption of this last agreement, there existed no resolution, neither judicial nor administrative, against the appellant that ordered the closure, eviction, or demolition of the structure due to environmental damage or danger, the Restaurante Balú was covered by the moratorium established in the cited law. From there, the following necessary precision is deduced, in the sense that the Municipality was unable to act against said legal situation, unless it previously issued an administrative resolution accrediting the environmental damage or danger; and for this, the report rendered by an internal dependency of the Municipality is not sufficient; rather, for said Corporation to intend those effects, said act must be the result of an administrative proceeding in which, with respect for constitutional guarantees towards the possible affected party, that environmental damage has been accredited. In this sense, the report rendered by the Technical Environmental Unit of the Municipality is not sufficient, by itself, to consider the existence of environmental damage and danger as accredited, as the Municipal Mayor's Office has assumed. Under these same criteria, and with the precisions that for this specific case have been previously set forth, it is necessary to uphold the filed appeal and declare the nullity of the resolution of the Municipal Mayor's Office of Quepos 001-DEM-ESP-2018, Official Letter 020-ALCP-DL-2018 of February ninth, two thousand eighteen”. (Images 189-195 of the file “Expediente-180019341027CA-Completo_compressed.pdf” in Maya evidence key).

20. By means of official letter UTA-325-18 dated December 3, 2018, the Technical Environmental Unit estimated the cost to be collected for the demolition of the Bar Balú. (Images 218-219 of the file “225-2023 Expediente 01-DEM-ESP-20218.pdf” on evidence CD).

21. By means of official letter MQ-AJ-103-2023 dated April 21, 2023, the Legal Advisory Office of the defendant stated that the collection for the demolition from the plaintiff was inappropriate due to resolution 519-2019 of the Jerarquía Impropia. (Images 243-244 of the file “225-2023 Expediente 01-DEM-ESP-20218.pdf” on evidence CD).

22. In the oral and public trial, María de los Ángeles Chaves Miranda, mother of the plaintiff, was heard. She explained that the Balú restaurant was a concession that was given to Octavio, her father-in-law, on the beach. They asked him that he had to build something in less than 2 years; it was the ITCO. He, together with his children, built cabins and a place to wash clothes. Later, her husband (Octavio's son), where the Bar Mar y Sombra used to be, he took a space and built Bar Balú. That was around the 60s when Don Octavio arrived, in the 70s her husband (Manuel) arrived, and some years later, the husband gave the right to his son. She states that the son paid taxes to the Municipality, the Ministry of Health; that's why it operated, because everything was in order. A Mr. Don Víctor checked the patents and they told him everything was in order. "Oivatco" was a company, it was her father-in-law's name backwards, and they created some shares, and the son had one share and they used it to operate in that place. She clarifies that Balú was part of a rancho of Mar y Sombra, but it separated, as a right for the son; they were paid together. (Audio and video in SIGAO).

23. Subsequently, the statement of Vielka Cubero Moya was received, who was the plaintiff's partner from 2009 and ended their relationship in 2021. She states that he owned and managed a commercial business on Playa Espadilla in Manuel Antonio, a restaurant; the property was demolished, she believes in 2018, before the pandemic. The Municipality indicated to him that he had 15 days to vacate and that it was going to be demolished. The plaintiff had already been with her for many years and knew about the problems with the Municipality; it was already known that the municipal intention was to remove him and get him out of the beach. He is an extremely strong and brave person, he hardly expresses his emotions, but what he did was seek his lawyers to face what the municipality was notifying him.

It affected his health. Even though he was a strong person, I never saw him cry. He was a person who worked more than he should, a person who had difficulty expressing his feelings. He was chubby and stopped eating, lost a lot of weight, ate very poorly. He dedicated himself to trying to create a new business and getting involved in religious matters. He became a sad person, separated from her and his children, isolated himself from her, did not want people to know how he felt. He was always an extremely hard-working person. (Audio and video in SIGAO).

24. Next, witness Silvia María Ramírez Chaves, the plaintiff's sister, is called. She explains that the Balú restaurant was managed by her brother for over 40-45 years. She worked there, and with that, she paid for university. Balú, Mar y Sombra, and the cabins were in a corporation, but everything was done through her grandfather. Now there are many people, several businesses in the area. Initially, it was obtained with the ITCO. Payment was made at the municipality, they had receipts for everything. It was a wooden ranch-style restaurant, nothing flamboyant, it was regular, it was the little house and the restaurant was also on the beach, service was provided there, it had a roof and little tables, nothing sophisticated or large. The construction was demolished by the Municipality in 2018. The liquor and other licenses had been given by their father. Payment was made all the time; he had all the rights. He was notified and then they came and demolished it. She clarifies that she worked there from age 14 or 15, and then became a flight attendant, so what she did was go during vacations, but the bond was always maintained. He was like a father; he was the one who helped all the siblings. After the demolition, he completely isolated himself. It was a shock. He went from being a happy person to a bitter one, since he did not even have the means to pay employees. It even affected his children because he could not finish paying for school, let alone university; it was a private school. She believes he went through a depressive process, had no money to pay, became very close to God. It is only now that he is a little better. Now she is even the one who helps him somewhat. The restaurant was his "machete." He set up another restaurant with his son, but financially it was extremely difficult. He was left adrift and has gotten ahead by being a fighter, a believer, and not giving up. All of us who depended on him were affected. In cross-examination, she can attest that Octavio built everything that was there, including the restaurant. The ITCO contract was expiring, but since they continued paying, she believes it never expired. Don Manuel passed it to Guillermo. I do not know if the municipality authorized the assignment (cesión), but the municipality collected payment. All the siblings signed so that everything would go to her brother. The plaintiff would go to pay the municipality. One of the witnesses from the municipality even came to say that everything was in order. She believes it was a persecution. By 2018, she believes the municipality was no longer accepting his money. (Audio and video in SIGAO).

25. Afterwards, Egidio Araya Fallas is received. He is an administrator; he works as head of the Licensing Unit of the Municipality of Quepos, as head for 15 years and as an employee for 19. He was an inspector, Head of Human Resources and Procurement, and then in municipal licensing. Upon assuming the head position, he had contact with the file for this proceeding. By the year 2018, the plaintiff had no active licenses. He narrates the procedure for the assignment of licenses, requiring a procedure before the municipality; it is not possible for it to be possible between private parties. By 2018, the closure order was issued for lacking a license, the existence of a judicial order, and the lifting of precautionary measures. That act was challenged and rejected; the closure of the establishment proceeded. In cross-examination, he does not remember the plaintiff having processed a license assignment (cesión de patente). There was a request in the file around the year 2000, but it was not approved; he does not know the reasons. He details that the precautionary measure was to suspend the act, which was later rejected by the judge on appeal. (Audio and video in SIGAO).

26. Finally, the statement of Víctor Hugo Acuña Zúñiga is received. He is an administrator in charge of the maritime-terrestrial zone since late 2006. He began working in the municipality in 1999 as an inspector and knew about the case from that moment on. He affirms knowing of Mr. Ramírez's contract with the ITCO. The contract is part of the file held under the name of a corporation, Oivatco. They incorporated to process a concession for a restaurant called Mar y Sombra on Playa Espadilla. That contract was set to expire around 1974; it was for 5 years. He cannot attest that the contract was transferred. He cannot affirm that Don Octavio did the construction. There was the restaurant Mar y tierra, Caricosta, which were cabins, and it was said that the Balú restaurant belonged to a brother. The Attorney General's Office and the Comptroller General's Office had already made observations on the administration of the maritime-terrestrial zone. The studies had verified that the Balú restaurant was in the public zone. There was not, nor is there, a concession to Guillermo or Octavio. The eviction and demolition resolution, from the Municipal Council (Concejo Municipal) since the year 2000, had been ordered for being in the public zone; the Comptroller General's Office reiterated it in 2006. He affirms it is not possible to have restaurants in the public zone, according to the Maritime-Terrestrial Zone Law. Mr. [Ramírez] was notified pursuant to Articles 12-13 of the Maritime-Terrestrial Zone Law, for eviction and demolition, an aspect that even the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has acknowledged. The environmental manager and environmental biologist of the municipality determined that the constructions were in the public zone (geographic location), and indicated danger of environmental harm, given that the pipes led to septic tanks which are a threat and risk of contamination or leakage toward the beach, as a risk to the public zone. The septic tanks were: some in the public zone (Caricosta and Balú) and that of Mar y Costa was partly in the restricted zone. That report was reiterated by the Ministry of Health. He explains the construction procedure in the public zone. He explains that, once the demolition is carried out, a report of the demolition costs is made and a charge is made. The hours and number of employees (salary-hour value) and the value of rented or municipal machinery (cost of equipment use) are inventoried, everything is added up, and it is notified. In cross-examination, he details that he knew the plaintiff for being the one in the Balú restaurant when he was an inspector (since 1999), which is why checks were made if they had operating permits and licenses, and from that time it was known that it could not be in the public zone. He does not know how long the premises had been there. He does not specify how many inspections he carried out at the site, but there were more than one. Regarding the ITCO contract, he knows of it because it was in OIVATCO's file, which is why he has had it in view. Regarding the 2018 demolition, there is a Council agreement that agreed to suspend the licenses and carry out the demolition process. There were also the environmental contamination reports and the authority of Law 6043. The demolition notification cited the environmental danger or harm and the finality of what the man had challenged before, which he lost. The judicial proceeding was about the Council agreement from 2000, for being in the public zone. (Audio and video in SIGAO).

II. UNPROVEN FACTS: The following are considered unproven facts relevant to the proceeding: 1. That the defendant Municipality availed itself of the application of Law 10000 pursuant to Article 6 of that same statute. (There is no evidence in the record regarding this). 2. That the building called "Balú" was not located in the maritime-terrestrial public zone. (There is no evidence in the record regarding this).

III. SUBJECT OF THE PROCEEDING: The plaintiff in this proceeding claims in its lawsuit a civil administrative liability of the municipality's treasury for conduct deployed by it when evicting and demolishing the infrastructure called “Bar Balú” that was his property. He explains that the structure had been built for more than 40 years (as was accredited in a criminal proceeding in 1992), having been erected by his grandfather Octavio Ramírez Garita before Law 6043 came into force, who had obtained from the ITCO a right of occupation under lease for 5000 meters in said zone, with the licenses and occupation transferred to his son Manuel Ramírez Muñoz, who in turn transferred them by private sale to the plaintiff in 1988. The transfer (traspaso) was processed before the Municipal Council, with the municipality remaining silent on the matter, although the plaintiff took charge of the business and proceeded to pay the licenses, territorial taxes, and rent, with the receipts issued in the name of OVIATCO SA or in the name of Manuel. He clarifies that OVIATCO was a corporation created in the 70s to build 3 restaurants, cabins, huts, and rooms in the Playa Espadilla area, administered by the plaintiff and his father. He indicates that on February 9, 2018, the Mayor's Office issued resolution 001-DEM-ESP-2018, which ordered the eviction and demolition of the Bar Balú restaurant, notified on the 14th and challenged on the 20th of the same month and year. After rejecting the revocation appeal (recurso de revocatoria) and elevating it to the Improper Hierarchy (Jerarquía Impropia), the latter, through resolution 519-2019 of October 23, 2019, annulled the challenged act for infringing Law 9373, given that the Municipality had availed itself of it through agreement 15 article 7 of the ordinary session 052-2016. He specifies that, prior to said resolution, Law 9577 (which extends Law 9373) came into force, which was also availed of by the defendant municipality via a municipal agreement, a statute that, likewise, was extended by Law 10000 of the year 2021, with validity until July 1, 2024. He affirms that, as Section III annulled the act that provided support for the eviction and demolition, this becomes an act inconsistent with the legal system and illegal, which caused severe damages and losses, starting with the profits that could have been generated from the operation of the commercial activity carried out on said property for over 40 years, since according to Law 10000 he would still have a term in his favor until the year 2024, with the consequent need to liquidate employees and even having to borrow money to pay his debts. In addition to that material damage, he suffered serious harm to his emotional, physical, and family health, since the demolition of his family inheritance was traumatizing. He develops that the Municipality had tried to evict the plaintiff long before. Even in the year 2000, they stopped renewing his operating permits and ordered the eviction, taking the matter to the judicial venue before the Administrative and Civil Treasury Court, which, in judgment 497-2016 – "a judgment devoid of reasoning and extremely neglectful and deficient, especially regarding the assessment of evidence" – declared the lawsuit without merit, with the First Chamber (Sala Primera) rejecting the cassation appeal on formal grounds without addressing the merits of the matter. However, as the Improper Hierarchy points out, the court's judgment did not order the eviction or demolition, but merely limited itself to rejecting the claims of the plaintiff herein. Hence, the Municipality never executed the 2000 acts, which at no time were based on environmental harm, but rather on the property's location in the public zone and the plaintiff's lack of a concession. Hence, Section III gave primacy to Law 9373 and rejected the change in motivation since the alleged environmental harm was not proven, that is, giving the protection of Law 9373 even against the final judgment of that proceeding. That is why a duty to compensate arises, the eviction and demolition having been executed in a null act, and even the charging for the demolition costs, as the municipality intends, is not admissible. He determines the material damage as the non-receipt of income during the period in which he could have benefited from the moratorium, from February 15, 2018, to the expiration of the term of Law 10000 on July 1, 2024, the cost of staff liquidation, and the interest on both sums, estimating it at a sum of 25 million [colones] and the moral damages at 10 million. In his reply and closing arguments (conclusiones), he reiterated that the basis is the annulment by Section III of the demolition order in 2018. What the Municipality did was seek the "environmental harm" exception in order to demolish. The plaintiff was under the assumption of the moratorium. He claims inconsistency in the statements received at trial, since the demolition act was annulled by the Improper Hierarchy, regardless of whether it was reasoned or not, whether it was in the public zone, or whether it involved environmental harm or not. The justification was changed to circumvent the moratorium. He points out that the Constitutional Chamber ruling (voto) when annulling Law 9373, reserved the rights acquired in good faith, with which the plaintiff was protected. The municipality was charging commercial and liquor license fees (patentes) until 2003, and they were in the name of Manuel, the plaintiff's father, and Oviatco. He points out that in the moratorium months, he could have made savings or an arrangement with his business and workers (24 months). The rule required suspending evictions and demolitions. The damages are to be quantified in execution, even though the moral damages were accredited by the statements of the witnesses at trial.

IV. ON THE ARGUMENTS OF THE DEFENDANT MUNICIPALITY: Faced with the allegations raised in the lawsuit, the Local Government of Quepos, in its core arguments in its response and closing arguments, responds negatively to the lawsuit, pointing out that the municipality never authorized the assignment of licenses, either commercial or liquor, in favor of the plaintiff. In fact, through sessions 195 of October twenty-fifth, two thousand, and 224 of March first, two thousand one, the Municipal Council not only denied the applicant's request for operating permits but also instructed the administration to initiate eviction and demolition procedures (procedimientos de desalojo y demolición), so the payments made by the plaintiff were at his own account and risk. It affirms that, from the ITCO contract, he was never granted use (aprovechamiento) of the beach, and in any case, that act had an expiration of 5 years. Hence, with the inspector's visits since 1999, the Council suspends the plaintiff's licenses and then orders him to leave and demolish. Those agreements were challenged by the plaintiff, who obtained a precautionary measure (medida cautelar), and it was resolved until 2016, where the judgment confirms the Council's agreements and states that the plaintiff has no right to be there, resolves on the issue of the payments (judgment 497-2016), and rejects the damages and losses claimed here, becoming final (en firme) upon the rejection of the cassation appeal. The Municipality did not demolish due to the validity of the precautionary measure from the 2001 proceeding; there is no inactivity by the Local Government. The 2018 action is a new attempt by the plaintiff to suspend the license resolution ordering him to cease, which it confirms in May 2018; the rejection of the precautionary measure to suspend the license was resolved on appeal in June 2018, and judgment 497-2016 is acknowledged as reasoning and even mentioned. It is about re-discussing something that had already been judicially resolved. It amounts to 17 years of administrative processing in the improper hierarchy and judicial process, not municipal inactivity. In the interim, upon the moratorium laws coming into force, they were annulled by the Constitutional Chamber in ruling (voto) 24147 with retroactive effect. The improper hierarchy resolution 519-2019 is grounded in Law 9373, which was based on an unconstitutional law. The plaintiff is not an actor in good faith, is not the holder of a right, and the matter was already settled in a final judgment against him. Hence, the scope of the declaration of unconstitutionality directly affects that ruling of the improper hierarchy. It rejects the damages and losses since they are not admissible, given that the closure of the license was not under review of resolution 519-2019; this became final from the judicial proceeding referring to the 2001 acts, but rather is limited exclusively to the issue of the demolition costs. Hence, it invokes article 190.1 (fault of the victim), as well as article 195 of the LGAP. It reiterates the lack of right and requests a ruling for costs.

V. ON THE PUBLIC ZONE IN THE MARITIME-TERRESTRIAL ZONE: This Tribunal, in a different matter from the one discussed here, carried out an approach to the maritime-terrestrial public zone and incorporated a historical analysis of the applicable regulations, given the importance it holds for determining the legal consequences of a person, whether authorized or not, who takes advantage of said area. At that time, it was stated: "Our starting point (since it is possible to go even further back, but it is unnecessary for this matter) is the referral to the Organic Law of the Costa Rican Tourism Institute, Law No. 1917, in force since August 9, 1955, particularly in its original wording, which provided in its section 7° as part of the Institute's capital—understand this as its assets—the lands comprised within the “Maritime Mile” zone (subparagraph c) of the original wording of Law 1917)… Said reference, it must be emphasized, already pre-existed since 1828, when Law 162 reserved a 'mile in latitude on the sea coasts exclusive in favor of the navy, fisheries, and saltworks' (Collection of Laws and Decrees, first semester 1828. P. 86), followed by Law 128 of August 19, 1853, Article 2 of Law No. 5 of 1884 which established 'the property that the nation has over vacant lands (terrenos baldíos) is transferable, for a consideration or free of charge, to Costa Ricans or foreigners, except the lands included in a zone of one mile in latitude along the coasts of both seas and the banks of navigable rivers,' and Law No. 11 of May 26, 1884, which in its Article 20 stated, 'The maritime-terrestrial zone is of public domain, or the space on the coasts of the Republic that the sea bathes in its flow and reflux and the immediate lands up to the distance of one mile,' and finally in Article 7 of the ITCO Law 2825 of 1961. Such position has been compiled since old data with ruling 7-1993 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice which, in its judgment at 3:05 p.m., stated: '...from the first legal provision issued in the republican era -Law No.162 of June 28, 1828- the reservation of a maritime mile on the coasts of both seas was established, which, according to what was recorded in Law No. 128 of August 19, 1853, had been so since the colonial era by provision of the Royal Decree (Real Cédula) of October 15, 1754. (...) since the birth of Costa Rica as an independent State, the land reserve along both coastlines has not been part of the vacant lands – the *tierras realengas* of the Colony – but has always been subject to a different legal regime, that of public domain assets, and, therefore, not reducible to private property. (...) Its current legal regime is the one established by Law 6043 of March 2, 1977, its amendments, and its regulation (Decree No. 7841-P of December 16, 1977), this being the first specific Law on the matter. The characteristics of inalienability and imprescriptibility are inherent to it (...) As public domain assets, they belong to the State, are subject to a special legal regime, and their purpose –destiny– is common use and enjoyment. The inalienability of these assets means nothing other than their non-belonging to the commerce of men, similar to the Roman figure of *extra comercium* assets. Therefore, said assets cannot be alienated –by any means of Private Law or Public Law– it being consubstantial to their legal nature their non-reduction to private domain under any form. Hence, another of their characteristics is their imprescriptibility, that is, the non-susceptibility of being acquired through the passage of time under the legal figure of adverse possession (usucapión)...' (Judgment 2024006577, 9:42 a.m., September 30, 2024). And, finally, on another occasion, it was specified that the so-called public zone is not incompatible with the carrying out of activities, when it was resolved in another judgment: '... Law 6043, Maritime-Terrestrial Zone Law (ZMT). It is important to note that the regulation of said law is not limited exclusively to the so-called public zone and restricted zone to which Article 10 of the referenced Law refers, but also includes special regulation on mangroves and estuaries, insular or continental, qualifying them as public zone, as well as regimes for industrial activity and the like, such as that contained in Article 18, which includes "construction of industrial plants, sport fishing installations or artisanal installations, port works, mariculture programs, or other similar establishments or installations, for whose operation its location near the sea is essential... construction, installation, and operation of shipyards and dry or floating docks," Article 22 includes "establishment and operation of state tourist installations of manifest convenience for the country," as well as other infrastructure works that are relevant to the public purpose of the public zone; access roads in Article 23 and, consequently, the General Law of Public Roads and related or associated regulations exemplified supra. Regarding this space, from the planning perspective, port regulation would have greater intensity and dominance, and secondarily, the maritime-terrestrial regulation...' (judgment 2024000606, 11:07 a.m., January 31, 2024). As we will see in the merits of the matter, these antecedents are of extreme relevance to identify the scope of the legal situation of the construction and operation of what was called "Bar Balú" here, which is the object of this proceeding.

VI. ON LAW 9373, ITS UNCONSTITUTIONALITY, AND ITS APPLICABILITY TO LOCAL GOVERNMENTS: On another occasion, reviewing the extension of Law 9373, this Chamber stated: "This Tribunal recognizes the plurality of administered parties who, in one way or another, have contact with the maritime-terrestrial zone and who, in turn, possess particular legal conditions. Thus, we find the *pobladores* (settlers), those indicated in Article 75 of the regulation of Law 6043. This status is personal and cannot be transferred; it entails a series of requirements: being Costa Rican by birth, having lived in the Maritime-Terrestrial Zone for more than 10 years, not owning real property in their name other than the one they occupy in the zone. Their status is precarious, as their occupation is maintained as long as they are not relocated according to the planning of the zone, and they have the right to compensation for improvements if they must be transferred, and they are prohibited from invading the public zone, with a right of priority over any other concession application. We also find the former tenants (arrendatarios), a term developed by Article 73 of the Regulation and Transitory Provision I of Law 6043, subject to a great variety of limitations, being pre-concessional models agreed upon by the corresponding entity and the tenant for the use (aprovechamiento) of the maritime-terrestrial zone, which, in principle, should have had a final term or extension, as established by said Transitory Provision when it affirms that '... upon expiration and if its extension is agreed upon, they shall be modified according to the rules of this law,' providing an ex lege mechanism to adjust to the guidelines of the indicated maritime-terrestrial zone law. We also find the users or use permit holders (*permisionarios de uso*), figures granted under the protection of Article 154 of the General Public Administration Law as a very special authorization for enjoyment, use, or exploitation (aprovechamiento) of a public domain asset, of a precarious title nature, revocable for reasons of opportunity or convenience without liability for the Administration, following a procedure established for this purpose, granting a prudential period for the fulfillment of the act of revocation, of a personal nature, and not being able to sell, rent, or in any way transfer their condition; thus being the most limited status of all, since it is conditioned on the type of use of which they are the beneficiary, which means they cannot unilaterally modify the nature of the granted use. And finally, the so-called concession applicant (*solicitante de concesión*), which is the condition acquired by the Costa Rican or legal entity with Costa Rican capital comprising more than 51% of its shares, once the respective application is submitted to the Municipality, or if applicable, the corresponding District Municipal Council (*Concejo Municipal de Distrito*), and it does not grant any kind of authorization, permit, or right to use the parcel to which its application refers. Furthermore, any act of occupation or possession carried out by the applicant on the asset without having been converted into a concessionaire is considered grounds for the immediate archiving of their application and renders them imputable for the crime of invasion of the maritime-terrestrial zone, bearing the costs of demolition of any construction erected on the site (Article 13 of Law 6043 and 22 of Regulation 7841-P). Lastly, those who are not in this category, or who were and subsequently expired, lapsed, or were not extended and remained on the site, are considered occupants (*ocupantes*), which are those persons who, not meeting the conditions of a settler (*poblador*), have occupied the maritime-terrestrial zone, even in an unauthorized manner, prior to the entry into force of Law 6043, i.e., before 1977. Their status can neither be transferred nor assigned and they do not have a right of priority over any other concession application. However, this denomination was extended to those after the entry into force of Law 6043 and who constitute the target population safeguarded under the terms of Law 9577, with Article 1 describing them as the group of people who inhabit, have constructions, or conduct commercial, agricultural, or livestock activities, or 'any activity' of a lawful nature existing in the restricted zone, as long as their existence does not cause 'environmental harm or danger or threat of harm to the environment' as delimited by Article 2 of the cited law. Thus, it is important to highlight the impact of Law 9577, whose validity was extended by Law No. 10000 of July 2nd, 2021, since it covers a large population that, under general terms, would qualify as irregular occupants, susceptible to the application of sections 12 and 13 of Law 6043, namely, eviction and demolition (desalojo y demolición). However, regarding construction matters, Article 69 of the indicated law already regulated, since its enactment, the existence of constructions 'without the respective authorization, in accordance with this law,' adding that such 'shall be subject to planning in accordance with the urban planning rules that are issued, which will be gradually applied to them in cases of remodeling or reconstructions.' This article was regulated in section 74 of Decree 7841-P, specifying that 'In accordance with Article 69 of the Law, the buildings and constructions erected without the respective authorization on properties of the restricted zone legally given in lease (arrendamiento) or concession according to previous laws, must be subject to planning in accordance with the urban planning rules that are issued, which shall be gradually applied in cases of remodeling or reconstructions.' This regulation, as stated, was broadened by Law 9577, specifically Article 4, which states, 'Under no circumstances shall the application of this law favor the constitution of rights in favor of the occupants of the zones subject to the moratorium. Likewise, the occupants shall not make modifications to the works, except for maintenance works, necessary or urgent improvements, which are hereby authorized. No modifications may be made to the activities and projects located in the zones subject to the moratorium.' For their part, these works also find regulation in Law 9242 of June 9, 2014, which has the purpose of 'regularizing existing constructions in the restricted zone of the maritime-terrestrial zone, defined in Article 10 of Law No. 6043, Maritime-Terrestrial Zone Law, of March 2, 1977, and its amendments, and legalizing their use (aprovechamiento), through the granting of concessions under the protection of said law,' with Article 4 establishing: 'Municipalities with jurisdiction in the restricted zone of the maritime-terrestrial zone, that do not have a valid coastal regulatory plan (plan regulador costero), shall have four years to finalize the plan's approval. During said period, municipalities may preserve existing constructions, as long as the competent administrative or judicial authority does not prove the commission of environmental harm, or danger or threat of harm to the environment,' a period that was extended by Law 9984, so the indicated four-year period began as of June 15, 2021, when the modification of the rule came into force. The foregoing clarifies the possibility of charging a fee (canon), whatever its name, with the use of terminology such as 'use permit, rent, right, maritime-terrestrial zone fee' or similar being common, which is understood to be protected under Transitory Provision VII of Law 6043, in accordance with the third paragraph of Article 4 of Law 9242, which states '... said constructions may be used under a precarious title provided that the payment of a land use fee under a precarious title, set by the municipality of the respective jurisdiction, is involved.'

Payment for precarious land use shall not give rise to any right whatsoever," as well as the subjection to other charges of a tax nature such as the payment of real estate tax and municipal services" (judgment 74-2021-I of 14:40 hrs on 12 August 2021). Nevertheless, the Constitutional Chamber, through ruling 24147 of 27 October 2021, declared the unconstitutionality of Law 9373, reiterating the position given against Law 9370 set forth in vote 2019-012746, which consequently causes the same effect upon the extensions, insofar as no valid legal content can be given to the extension of an unconstitutional norm. In that ruling, to the extent relevant, it was ordered: "The action brought against Law No. 9373 is declared with merit. Consequently, Law No. 9373 of 28 June 2016 entitled "PROTECTION FOR OCCUPANTS OF ZONES CLASSIFIED AS SPECIAL" is annulled as unconstitutional. In accordance with the provisions of Article 91 of the Law of Constitutional Jurisdiction, this declaration has declaratory and retroactive effect to the date of entry into force of said norm. In accordance with Article 91 of the Law of Constitutional Jurisdiction, this judgment has declaratory and retroactive effects to the date of entry into force of the annulled norms, without prejudice to rights acquired in good faith and legal relationships or situations that may have been consolidated by statute of limitations (prescripción), expiry (caducidad), or by virtue of a judgment having the authority of material res judicata (cosa juzgada material)." In another line of reasoning, but of extreme relevance to the present matter, is the issue of the mandatory applicability of Law 9373 to Local Governments, on the occasion of the wording of Art. 6 that said law contained when it stated: "... ARTICLE 6.- Municipalities are authorized, in the zones within their competence, to apply the moratorium under the terms established in this law, upon prior favorable opinion (dictamen) of the competent municipal body" (Emphasis is ours). This provision reveals two essential aspects of impact on the present matter, the first of which, recalling the legal nature of Municipalities, as well as the autonomy they possess which derives directly from the Political Constitution (see vote 5445-99 of the Constitutional Chamber), requires that any law that is enacted and has a direct impact on local competencies must carry, at the legislative procedure level, two particularities that are not present when regulations are issued for other public entities: the mandatory consultation of each Local Government in the legislative procedure, and the second is the qualified vote required to bind Local Administrations to the regulation enacted. In this case, Law 9373, processed in the Legislative Body under expediente number 19.139, did not undergo such procedure, but was channeled as an ordinary law, to the point of having been approved by simple majority in the second debate, as can be consulted in ordinary record No. 33 of 23 June 2016 of the Legislative Assembly where the Legislative President stated: "...Those in favor of approving in the second debate expediente 19.139, Law for the Protection of Occupants of Zones Classified as Special, will indicate so by standing. For its approval a simple majority is required. Thirty-four in favor, six against..." (see folio 706 of the legislative expediente, image 711 of the digital expediente viewable at https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaLeyes.aspx). The law under discussion did not have binding character towards the Municipalities and, in fact, it established through the aforementioned Art. 6 that it enabled, on a optional basis, availing oneself of the moratorium, hence the use of the expression "is authorized" and, additionally, it required a special procedure for that purpose, which consisted of making the decision by the competent body, which, in this case, would be the Municipal Council (Concejo Municipal) in accordance with the competencies of Art. 13 of the Municipal Code, prior issuance of a favorable technical opinion, which could include in a multidisciplinary manner within the Cabildo, such as, for example, the technical opinion: legal, financial, urban planning, environmental, and, of course, from the maritime-terrestrial zone (zona marítima terrestre) department itself. With this, we cannot affirm that the publication and entry into force of Law 9373 automatically caused a suspension of municipal competencies for the reasons already indicated.

VII. ON THE SPECIFIC CASE. ABSENCE OF A BASIS OF A NON-PROTECTABLE LEGITIMATE INTEREST (interés legítimo no tutelable): In summary, this proceeding seeks a declaration of civil liability of the public treasury (hacienda) for the demolition and eviction of the building called "Balú" whose exploitation the plaintiff carried out on Espadilla Beach in Quepos, claiming that the act that ordered both actions, which he identifies as resolution 001-DEM-ESP-2018 of the Mayor's Office (Alcaldía) of Quepos, were annulled by the Municipal Improper Hierarchy (Jerarquía Impropia Municipal) through resolution 519-2019, based on the enjoyment of the moratorium of Law 9373, which was extended by Laws 9577 and 10,000. In counter-thesis, the defendant states that the origin of the annulment of the act was motivated by laws that were declared unconstitutional by the Constitutional Chamber, and that the conduct as such originates from final municipal acts (actos municipales en firme) from the year 2001 and that were judicially confirmed through process 01-000192-0163-CA, it not being possible to place the plaintiff as a beneficiary of the moratorium of those laws and subjecting him to the retroactivity decreed by the Constitutional Court.

CRITERION OF THE COURT: Before addressing the merits of the matter, we must clarify that, in this proceeding, the validity of resolution 001-DEM-ESP-2018, nor of resolution 519-2019 of the Improper Hierarchy that annulled it, is not under discussion, since claims with such purpose were not incorporated in this proceeding through the respective procedural channels. According to the proven facts (specifically facts 8, 9, 16 and 19), what we find is a formal municipal administrative decision (act) that is executed (conduct) while the challenge was being processed, with the inconvenience that, as a result of this challenge, the base act is suppressed, which produces a single effect, and that is that the execution conduct becomes, in a supervening manner, what is known in doctrine as a de facto proceeding (vía de hecho), this regardless of the opinion that the parties or this Court may have of the basis or reasoning set forth by the Improper Hierarchy and the assessment it carried out on res judicata (cosa juzgada) (proven fact 4). Thus, the object of this proceeding will be to define in these lines whether or not such de facto proceeding supports the origin of the compensation claimed by the plaintiff both in his main claims and in his subsidiary petition.

On this starting point, we must recall the effects that challenge mechanisms at the municipal administrative level cause, which is a topic we could call formal and which requires determining whether or not civil liability of the public treasury is generated if an administrative act that is challenged in improper hierarchy (jerarquía impropia) in municipal matters is executed and, above all, if said hierarchical control later suppresses or annuls the conduct that is executed or materialized. At the time when the act of the Mayor's Office 001-DEM-ESP-2018 was issued, the Municipal Code provided (in its version of the norm from 24 of 58 to today, according to SINALEVI), the possibility of challenging a resolution of the Mayor's Office through a horizontal appeal (revocatoria) and another appeal in elevation or vertical (apelación) before the Improper Hierarchical Superior (Jerarca Impropio), with neither case having a suspensive effect against the act, in accordance with the second paragraph of Article 162 of said version of the municipal norm, although it permitted the adoption of precautionary measures (medidas cautelares). In this case, the plaintiff filed a judicial precautionary measure within expediente 18-001644-1027-CA, which led the defendant to unilaterally suspend the demolition (proven fact 13), since the eviction had already occurred at a first moment (proven fact 9); however, both the extremely provisional precautionary measure and the definitive one were rejected in that process (proven fact 14), which was subsequently withdrawn by the plaintiff here. It is after that that, through official communication -ALCP-2018 dated 4 June 2018, the Mayor's Office rendered without effect official communication 393-ALCP-2018 and ordered the continuation of the execution of resolution 001-DEM-ESP-2018 (proven fact 15). Thus, the fact of executing an act issued by the Mayor, despite it being challenged, is not, in itself, a pathology in municipal action, and it having been accredited with the cited proven facts that the defendant Municipality was cautious before executing the demolition (proven fact 16). The problem here is reduced then, to the becoming a de facto proceeding (vía de hecho) of the material execution of the eviction and demolition, due to the intervention of the Improper Hierarchy, an aspect that, in principle, is a cause or ground for an obligation to compensate.

We must avoid confusing de facto proceedings with material actions carried out by the Administration, since these latter may be executions of formal acts, or result from conducts that are amenable to the legal system and that respect, despite the absence of a written form, the structure required by our legal system of motivation, content, and purpose, as well as the other non-essential requirements that allow supporting oversight, whether administrative or judicial. In contrast, de facto proceedings are characterized precisely by the error that their justification is not possible, hence they are attributed to arbitrary forms of the Administration's powers of authority (potestades de imperio), deviations of power, or illegitimate exercises of public competence attributions, sources of civil liability of the public treasury. In this case, this situation – as stated supra – is what occurs in a supervening manner due to the annulment by improper hierarchy of act 001-DEM-ESP-2018; nevertheless, that is not the only requirement necessary for an obligation to compensate to arise. Specifically, we must recall the constitutional mandate set forth in Art. 49 of the Magna Carta, which in its third paragraph states: "... The law shall protect, at least, the subjective rights (derechos subjetivos) and the legitimate interests (intereses legítimos) of the administered parties," which is complemented and expanded by Articles 1, 2, 36 and 42 of the CPCA, which expand the protectable aspects and incorporate that of legally protectable situations (situaciones jurídicamente tutelables).

The foregoing is of extreme relevance to the merits of this matter, given that the plaintiff party claims to derive such a situation to support his compensation, which is denied by the defendant party. We clarify that the plaintiff does not possess a subjective right (derecho subjetivo), nor a legitimate interest (interés legítimo), aspects that were more than clear in proven facts 2, 4, and 14. Moreover, from Law 9373 itself invoked by the plaintiff, it is literally extracted from provision 4° which read: "In no case shall the application of this law favor the constitution of rights in favor of the occupants of the zones subject to the moratorium. Likewise, the occupants may not make modifications to the works, activities, and projects located in the zones subject to the moratorium," which is repeated in Laws 9577 and 10,000. Thus, the matter is summarized as, in the position of the party bringing suit, these three norms granted him a legally protectable situation (situación jurídicamente tutelable), that is, the enjoyment of the moratorium, even despite his already existing irregular situation. There we find the first aspect of relevance: the protectable situation is limited exclusively to the temporal moment of execution of the eviction and demolition, not to having to endure them, since such condition had already been previously defined administratively and judicially. The three cited norms do not have (nor did they have) the legal capacity to suppress the legal definition of a subject in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), whether regular or irregular, but rather the only purpose it served was to control, temporarily, when to execute actions of public domain restitution (restitución demanial). Hence, the third claim is clearly unfounded, since the possibility of compensation for the building was even a matter of express pronouncement in judgment 497-2016 (proven fact 4), so the lack of right is evident, a situation that occurs in the same way with claim 6 for the reimbursement of payment of labor costs to his employees, since, as stated, this was the necessary and inevitable consequence of executing the eviction and demolition, without it having been proven that the plaintiff could continue his activity through another commercial premises. It must be added that, in this scenario, it was not only a foreseeable result fully known to the plaintiff since the year 2000, but since 2017 when judgment 497-2016 became final (firme) (proven facts 2, 4 and 6). Consequently, the dispute must be developed in the terms that, given the supervening annulment of act 001-DEM-ESP-2018 and the execution of the eviction and demolition, it is possible to recognize the moratorium situation for him, which would practically translate into the alleged continuity of exploitation referred to in claim 4 and the subsidiary one, as well as moral damages in claim 7.

To this, the plaintiff's thesis is not admissible; let us see. The first thing to bring up is the municipal grievance referring to the application of Art. 195 of the General Law of Public Administration, which reads: "Neither the State nor the Administration shall be responsible, even if they cause special damage in the foregoing terms, when the injured interest is not legitimate or is contrary to public order, to morality, or to good customs, even if said interest was not expressly prohibited before or at the time of the harmful event" (emphasis is ours), since it is precisely this last scenario developed in that provision into which the factual situation (especie fáctica) of this proceeding falls. The annulment of resolution 001-DEM-ESP-2018 by the Municipal Improper Hierarchy, which it must be insisted, is an administrative act, despite being issued by a jurisdictional body, is based on the application of Law 9373; nevertheless, this law was subsequently declared unconstitutional by vote 24147 of 27 October 2021, with retroactive effects. The foregoing implies that, necessarily, the legally protectable and amenable situation (situación jurídicamente tutelable y amparable) under Law 9373 and its extensions in favor of the plaintiff, became contrary to public order, and specifically, to the constitutional order. This situation means that, despite the existence of a pathology in the administrative conduct (de facto proceeding), the plaintiff's situation is not protectable due to the effect given by the ruling of the Constitutional Court, providing sufficient grounds for the rejection of the referred compensatory claims.

Having said that, without prejudice to what has been stated, the parties in the proceeding also discussed the scope of the indicated ruling through the effect of Art. 91 of the Law of Constitutional Jurisdiction which exempts from the retroactive effect "rights acquired in good faith and legal relationships or situations that may have been consolidated by statute of limitations (prescripción), expiry (caducidad), or by virtue of a judgment having the authority of material res judicata (cosa juzgada material)." In this regard, this Chamber agrees with the defendant's position; as stated earlier, the plaintiff did not have a subjective right or legitimate interest in good faith, nor a situation consolidated by statute of limitations or expiry; in fact, he had two administrative acts that were judicially confirmed through process 01-000192-0163-CA, which would rather confirm that the situation had been defined under material res judicata (cosa juzgada material) against the plaintiff here, which prevents him, therefore, from benefiting from the exception of the referred Art. 91 of the Regulatory Law of Constitutional Jurisdiction, and recalling that what was resolved by the Improper Hierarchy is an administrative function and not a judicial one, it is not possible to give res judicata effect to resolution 519-2019 of 23 October 2019. Furthermore, for greater abundance of reasons, according to Considering V of this judgment, another ground for the impossibility of protection of the plaintiff's position is extracted, and that is the accredited and uncontroverted fact that the building and the activity were carried out in the public maritime-terrestrial zone (zona pública marítima terrestre). As detailed in that considering, under no scenario, throughout the history of Costa Rica as a Republic (and even before), has the private use (aprovechamiento privativo) of that area been authorized, so the claim to recognize a continuity of activity cannot be described as anything other than openly contradictory to public order, it being even more burdensome without even having a patent, permit, license, or concession that enables him, taking into consideration that the party did not disprove that the building or the activity took place in this strip of particular protection. And, finally, despite the plaintiff's position considering that the so-called environmental risk was not proven, coinciding with the position – severely questionable, by the way – of the Municipal Improper Hierarchy, the truth is that in the case file evidence was brought not only the demerited official communication UTA-006-18 dated 18 January 2018 from the Municipal Environmental Technical Unit (Proven fact 7), but also official communication PC-ARS-Q-IT-101-2018 dated 18 July 2018 from the Ministry of Health (proven fact 17), which was not questioned or debated by the plaintiff party, which accredits with elements of technical conviction the violation of Constitutional Art. 50 of a healthy and ecologically balanced environment by the building and the activity in the public zone of Espadilla Beach, which generates another ground of conflict and contradiction with constitutional public order. Thus, the plaintiff's position is not amenable as it lacks a subjective right, legitimate interest, or legally protectable situation to support his claims.

VIII. ON THE ANALYSIS OF THE SPECIFIC CLAIMS: Based on the foregoing and consequently, upon applying the exception or exonerating cause of Art. 195 of the General Law of Public Administration invoked by the defendant party, all the main claims of the lawsuit must be rejected, clarifying that the subsidiary claim also yields the same result, insofar as it is an adjustment of main claim 4, which, for the same reasons that give rise to the rejection of the latter, the subsidiary must be denied. As the first and second claims are general claims, by the reasoning given in the preceding considering, both must be rejected, as well as the accessory claims for interest contained in claim 2. Regarding costs (claim 8), abide by what is resolved infra.

IX. ON THE EXCEPTIONS RAISED: The defendant's representation raised the defense of lack of right, which, considering the arguments of the reasoning set forth in this judgment, must be accepted in all its aspects.

X. ON COSTS: Regarding costs, in accordance with provision one hundred ninety-three of the Contentious-Administrative Procedural Code, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by the mere fact of being so. The waiver of this condemnation is only viable when there was, in the Court's judgment, sufficient reason to litigate or else, when the judgment is rendered by virtue of evidence whose existence the opposing party was unaware of. In this specific case, the Court considers that there is no merit for exoneration from costs; consequently, both costs are borne by the plaintiff party, which shall be liquidated in the judgment execution phase.

THEREFORE

Based on the stated findings of fact and law, the defense of lack of right is accepted. Consequently, the lawsuit filed by GUILLERMO RAMÍREZ CHAVES against the MUNICIPALITY OF QUEPOS is declared WITHOUT MERIT in all its aspects. Both costs are borne by the plaintiff party, which shall be liquidated in the judgment execution phase. Notify.

Carlos José Mejías Rodríguez

Claudia Bolaños Salazar                        Laura Gómez Chacón