Res. 02958-2025 Tribunal Contencioso Administrativo — Denial of Annulment of SETENA Resolutions for Archiving Environmental Feasibility Due to Repeated Non-ComplianceImprocedencia de nulidad de resoluciones de SETENA por archivo de viabilidad ambiental por incumplimientos reiterados

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 02958 - 2025

Fecha de la Resolución: 26 de Marzo del 2025 a las 11:08

Expediente: 20-003894-1027-CA

Redactado por: Karen Cristina Calderón Chacón

Clase de asunto: Proceso de conocimiento declarado de puro derecho

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias del mismo expediente


Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

20-003894-1027-CA - 2




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR/A:

	

TRUCHAS REALES DE COSTA RICA S.A.




DEMANDADO/A:

	

EL  ESTADO

 

 N° 2025002958

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las once horas con ocho minutos del ventiseis de Marzo del dos mil venticinco.-

 

Proceso de conocimiento, declarado de puro derecho, interpuesto por TRUCHAS REALES DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número 3-101-354791 y TRUCHAS SAN GERARDO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica 3-101-354660 contra EL ESTADO. Intervienen en representación de la parte actora como apoderada generalísima sin límite de suma, Angie Víquez Mena y como apoderado especial judicial, Adrián Fernández Rodríguez. Como representante del Estado, la Procuradora Yannia Salas Víquez. A continuación, se emite la sentencia por unanimidad.

Redacta la Jueza Calderón Chacón, con el voto afirmativo de los jueces Solano Ulloa y Chaves Torres y, 

CONSIDERANDO

I.- ANTECEDENTES PROCESALES.- A continuación, se hace un recuento de la historia procesal del expediente: 

1. En fecha 21 de agosto del 2020, la parte actora presentó proceso de conocimiento solicitando lo siguiente: “Que se declare en sentencia que los tres actos administrativos impugnados en esta demanda son absolutamente nulos. Que se le ordene al Estado que en el caso de que mantenga su interés en cancelar la viabilidad ambiental del proyecto de mis representadas acuda al procedimiento administrativo previsto por la Ley Orgánica del Ambiente, y tramite el asunto por medio del Tribunal Ambiental. Que se condene al Estado al pago de las costas del presente proceso.” (Imágenes 2 a 23, 88 a 101, minuta de audiencia preliminar a imágenes 187 a 189 del expediente judicial y grabación de audiencia incorporada al expediente judicial).

2. Que se otorgó la audiencia de ley al Estado, quien se opuso a la demanda, interponiendo las defensas de falta de legitimación activa y de derecho. (imágenes 111 a 131 del expediente judicial).

3. En audiencia preliminar celebrada el día 19 de agosto del 2021, se fijaron las pretensiones de la forma ya indicada. La jueza tramitadora determinó los hechos controvertidos, admitió la prueba y se escucharon las conclusiones de las partes. (imágenes 187 a 189 del expediente judicial y grabación de esta).

4. Que no existen defectos u omisiones que provoquen nulidad procesal.

II.- ARGUMENTOS DE LA DEMANDA. La representación de la parte actora argumenta lo siguiente: Impugna las resoluciones N° 3327-2017-SETENA del 4 de noviembre del 2029, N° 0148-2020-SETENA del 30 de enero del 2020 y N° R-072-2020-MINAE. Que ambas sociedades operan un proyecto de producción de trucha en San Gerardo de Dota, en la finca número 623159-000, que para ello obtuvo una viabilidad ambiental (expediente D1-1241-2006-SETENA), donde se dictaron los actos impugnados y una concesión de aguas (expediente 13540). Ésta última fue cancelada por la Dirección de Aguas en junio del 2016 (existe un proceso judicial donde se discute número 16-007899-1027-CA). Que a partir de ello inició un nuevo expediente en la Dirección de Aguas, que se tramita bajo el número 17998A (por 600 litros por segundo), en el año 2017 y siendo que en febrero del 2018 se publicó el edicto. Que el manual de dotaciones de esa dirección estaba equivocado en cuanto a los caudales para trucha, equiparándolos para tilapia, como fue otorgada la primera concesión. Expone que SETENA mediante resolución 180-2018-MINAE de junio del 2018, suspendió la viabilidad ambiental de forma cautelar. Que subsanó los requisitos solicitados y pidió el levantamiento de la medida cautelar dictada. Por medio de resolución 3327-2019-SETENA de noviembre del 2019, se rechaza la solicitud y se dispone el archivo de la viabilidad, de forma que ya ésta no existe, lo que impide finiquitar el trámite de la nueva concesión de aguas. Que se presentó recurso de revocatoria y apelación, que fueron denegados por medio de las resoluciones 0148-2020-MINAE y R-072-2020-MINAE, ésta última que dio por agotada la vía. En cuanto al fundamento legal de la acción manifiesta que para la nueva concesión de aguas le han solicitado contar con una viabilidad ambiental que no esté suspendida, pero para levantar la medida cautelar por parte de SETENA se requiere que el proyecto cuente con la concesión de aguas, es decir, se exigen requisitos excluyentes de imposible cumplimiento, lo cual es contrario al artículo 132.1 de la LGAP. Por otro lado, afirma que la cancelación de la viabilidad se la impuso un órgano incompetente, dado que debió ser el Tribunal Ambiental Administrativo y no SETENA, previo debido proceso y derecho de audiencia, además que su contenido sería ilícito, y vicia su contenido y motivo. En cuanto a la violación al debido proceso alega lo indicado por los artículos 106 y siguientes de la Ley Orgánica del Ambiente (sobre el TAA), que remite a la figura del procedimiento ordinario (308 y siguientes de la LGAP) lo cual no se dio en este caso, dado que no se hizo el procedimiento y se dictó el acto final. Que las dos resoluciones adicionales dictadas tienen los mismos vicios que la principal. Dichos argumentos fueron reiterados en las conclusiones orales.

III.- ARGUMENTOS DE LA CONTESTACIÓN. La representación del Estado rechazó la demanda e indicó, en lo que interesa que la parte actora no informó de la existencia de dos procesos judiciales (14-5873-1027-CA y 16-7899-1027-CA), ambos fallados en su contra por hechos relacionados a éste. Que el proyecto no cuenta con viabilidad ambiental ni con concesión de aguas, por lo que opera al margen de la ley, además indica que no le consta que la actividad se haga en asocio de Truchas Reales. Que actualmente se está dando una usurpación de aguas de dominio público y que los actos impugnados se ajustan a derecho. Sobre los fundamentos jurídicos explica, que Truchas San Gerardo no cuenta con una concesión de aguas, debido a su cancelación por incumplimientos. También indica que la Dirección de Aguas informó que la concesión de expediente 13540 fue cancelada por incumplimientos y que la que se tramita bajo número 17998, no cuenta con viabilidad ambiental, a pesar de lo cual se sigue aprovechando el agua (en un caudal superior) sin concesión, de forma que se presentaron denuncia penal y ante el Tribunal Ambiental, que también se les informó sobre lo actuado por SETENA. Indica que en sede penal se ordenó eliminar la actividad, a pesar de lo que se mantiene hasta la fecha. Es decir, Truchas San Gerardo opera al margen de la ley. Indica que Truchas San Gerardo no cuenta con viabilidad ambiental debido a sus incumplimientos. Que mediante resolución 056-2017-SETENA se dictó una medida cautelar de suspensión de la viabilidad ambiental, hasta tanto no se contara con toda la información solicitada a las diversas dependencias del MINAE y hasta que el desarrollador cumpliera con lo ordenado en dicha resolución. La base de dicha resolución fue el informe técnico elaborado por el Departamento de Auditoria y Seguimiento Ambiental de la SETENA, mediante el oficio ASA-1256- 2016 del 21 de setiembre del 2017. La Comisión Plenaria de la SETENA por resolución No 2266-2017-SETENA del 28 de noviembre del 2017 resolvió mantener la suspensión, porque el desarrollador no aportó la información solicitada en dicha resolución. Inconforme con lo resuelto, el desarrollador activó la fase impugnativa correspondiente y en resoluciones números 420-2018 del 23 de marzo del 2018 y R-180-2018-MINAE del 12 de junio de 2018 se resolvieron los recursos ordinarios de revocatoria y apelación en subsidio, los cuales fueron declarados sin lugar tanto por la Comisión Plenaria de la SETENA, como por el Despacho del Ministro. El 27 de junio del 2018, el apoderado especial administrativo de la empresa Truchas Reales de Costa Rica S. A. presentó ante la SETENA un escrito de solicitud de levantamiento de la medida cautelar de la viabilidad ambiental, la cual fue rechazada mediante la resolución N° 2219-2018-SETENA del 9 de setiembre de 2018, que se impugnó mediante recurso de apelación que se rechazó por falta de legitimación en la resolución R-007-2019-MINAE del 9 de enero del 2019. El 04 de noviembre del 2019, la Comisión Plenaria de la SETENA, emitió la resolución N 3327-2019-SETENA, de las ocho horas con diez minutos del 30 de noviembre del 2019, por la cual rechazó la solicitud de levantamiento de la medida cautelar y se dicta el archivo el expediente administrativo del expediente D1-1241-2006 en virtud de que el proyecto no cuenta con la concesión de agua para operar. Se presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, que fue declarado sin lugar por la Comisión Plenaria de la SETENA en resolución 0148-2020. Mediante resolución N° R-072-2020-MINAE se declaró sin lugar el recurso de apelación en subsidio. Dice que la Comisión Plenaria de la SETENA, por medio resolución N° 056-2017-SETENA para proteger el área de recarga hídrica del Río Savegre y la zona de protección, dictó una medida cautelar y dejó suspendida la viabilidad ambiental hasta tanto no se tuviera conocimiento de la sentencia en firme en materia penal, en cuanto a los hechos denunciados por el SINAC.  Además, existe un incumplimiento de los ICOS (instrumentos de control y seguimiento ambiental) al no estar vigente la garantía ambiental del proyecto. En virtud de ello, la Comisión Plenaria de la SETENA, en el Considerando Noveno de la resolución de cita ordenó a los representantes de Truchas Reales cumplir con los siguientes requisitos para poder levantar la medida cautelar:

“... 9.1 Como pruebas de descargo, deberá referirse a los siguientes incumplimientos:

9.1.1 Una certificación de un Ingeniero Topógrafo, inscrito al colegio respectivo, donde se indique si existe o no invasión a la zona de protección del río Savegre por la construcción de parte de algunos estanques y por la instalación de la malla ciclón u otra infraestructura presente en el área del proyecto. Se deberá aportar diseño o plano elaborado por dicho profesional con la firma y sello respectivo.

9.1.2 Construcción de 983,9 m2 de más en los estanques, lo que equivale a un 128,1 % de obra construida, sin contar con VLA (ver cuadro N° 1).

9.1.3 Construcción de tres estanques de truchas de más, no incluidos en el diseño de sitio y sin el aval de esta Secretaría.

9.1.4 Construcción de una bodega, un silo, un cuarto frío y un comedor no autorizados en el diseño de sitio, aprobado en la resolución de VLA.

9.1.5 Aprovechamiento del agua del río Savegre, sin contar con la concesión de aguas de la Dirección de Agua del MINAE.

9.1.6 Omisión por parte del responsable ambiental de informar en su momento de la construcción de obras no autorizadas en la VLA y de los metros cuadrados construidos de más.

9.1.7 Aprovechamiento de 51.8 l/s de caudal de más del río Savegre, según lo avalado por esta Secretaría, que fue de 300 l/s.

9.1.8 Sobredimensionamiento de los estanques de truchas, con respecto al diseño original aprobado en la resolución de viabilidad ambiental. (PRUEBA 5: AL-443-2020 Dirección de Agua).

9.1.9 Presentación extemporánea de los IRAS (primero de la fase constructiva, segundo y tercero de la fase operativa), al ser posterior a los diez días de finalizado el periodo correspondiente.

9.1.10 Incumplimiento del formato oficial para la elaboración de los informes ambientales, entiéndase informes regenciales (Acuerdo Comisión Plenaria 036- 2011), tanto en la fase constructiva como la fase operativa.

9.2 Ordenar de manera inmediata al desarrollador cumplir con lo ordenado en la Resolución R-0023-2016-AGUAS-MINAE, es decir, no seguir utilizando las aguas del río Savegre, por no contar con la concesión respectiva; por lo que se dicta una medida cautelar de suspensión de la Viabilidad Ambiental, hasta que se demuestre que cuenta con la concesión de agua correspondiente o se resuelta (sic) por el fondo el proceso judicial en materia penal, sobre los hechos denunciados por la invasión a la zona de protección del Río Savegre.

9.3 Presentar un diseño de sitio actualizado (escala legible), el mismo se deberá aportar impreso y en formato Shape File. Deberá ser consecuente con el área de retiro del río Savegre y deberá indicar la distancia de la malla tipo ciclón, de los estanques y de cualquier otra infraestructura al río Savegre, como medida correctiva en materia ambiental, debidamente coordinada con el SINAC-SETENA, y previa aprobación de la medida.

9.4 Renovar el depósito de la garantía ambiental, entrada de valor 167076, número de valor 208-149031-4, por un monto de ¢ 326,000.00 (Trescientos veintiséis mil colones exactos), el cual se encuentra vencido desde el 13 de junio del 2016, en un plazo de 10 días a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución.”

Revisado el expediente administrativo N° D1-1241-2006-SETENA, se logró determinar que los representantes legales de Truchas Reales no cumplieron con lo ordenado en el considerando noveno de la resolución N° 056-2017-SETENA, razón por la que SETENA, rechazó la petición de levantar la medida cautelar y ordenó el archivo del expediente N° D1-1241-2006-SETENA, por falta de interés del administrado de proseguir con el trámite normal del expediente. En cuanto al expediente 17998 de la Dirección de Aguas indica que el procedimiento fijado en el artículo 178 de la Ley de Aguas, establece que la Dirección de Aguas determinará cuál es el caudal necesario para cada solicitud de aprovechamiento conforme lo dispuesto en el Manual Técnico del Departamento de Aguas (publicado en La Gaceta N° 98 del 20 de mayo de 2004). Ese manual tiene como objetivo establecer un criterio técnico predefinido para la determinación de las necesidades o requerimientos de agua en las diferentes actividades y proyectos, y además, brinda seguridad jurídica al solicitante de una concesión de conocer previamente, las condiciones técnicas bajo las cuales será evaluada su solicitud. Cabe destacar que dicho manual (ver punto 1.6.4), establece el criterio técnico a seguir en el caso de producción de peces (pisicultura) y con base en la información brindada por INCOPESCA, establece para la producción de truchas y tilapias un caudal de 0.006 litros por segundo por cada metro cuadrado de espejo de agua e indica que esa dotación de caudal es calculada con base al volumen de peces por metro cúbico. Además de la valoración técnica que lleva a cabo la Dirección de Agua (art 17 de la Ley Orgánica del Ambiente) y el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Ejecutivo N° 31849 del 24 de mayo de 2004), los proyectos de piscicultura y las concesiones de aguas superficiales y subterráneas; deben contar con la viabilidad ambiental otorgada por SETENA. En esa viabilidad ambiental la SETENA establece un caudal máximo de extracción sobre la fuente, y posteriormente la Dirección de Agua, en aplicación del manual ya referido, establece la necesidad de caudal concreta, específica y exacta del proyecto. Ahora bien, tratándose del uso privativo de un bien de dominio público, es evidente que quien solicite una concesión debe sujetarse a las condiciones y trámites de la Dirección de Agua; pues si realiza un aprovechamiento del agua sin contar con una autorización, estaría actuando ilegalmente. El proyecto de producción de trucha que desarrolla Truchas San Gerardo en la finca número 638250 consta de 15 estanques y se encuentra en funcionamiento de manera ilegal. La Dirección de Aguas no ha otorgado una nueva concesión de aprovechamiento de aguas a favor de dicha sociedad. En cuanto a los demás argumentos de la parte actora indica. Que no se le han exigido requisitos de imposible cumplimiento, dado que el archivo de la viabilidad se debió a los incumplimientos de la interesada, dado que el proyecto requiere de la concesión de agua que fue cancelada, y la que tramita como nueva no la ha obtenido. Sobre lo alegado respecto de la incompetencia de SETENA para archivar la viabilidad ambiental explica que las actuaciones de ese órgano se fundamentan en los artículos 17 a 24 de la Ley Orgánica del Ambiente, debido a que debe hacer la vigilancia del cumplimiento de los términos en los que se otorgan dichas autorizaciones, ello no es una de las funciones del Tribunal Ambiental. Alega falta de derecho y falta de legitimación activa respecto de Truchas Reales al no haber ningún vínculo entre ésta y el Estado, en cuanto al aprovechamiento del agua ni que se haya demostrado la relación de ambas sociedades. En las conclusiones orales se reiteraron los argumentos de defensa.

IV.- HECHOS PROBADOS. De importancia para resolver este asunto, se tienen como probados los siguientes hechos de interés: 

1) Que la señora Sonia Leticia Chacón Zúñiga obtuvo una vialidad ambiental por parte de SETENA para un proyecto de construcción y operación de estanques para truchas, en Pérez Zeledón, distrito Páramo, comunidad de San Gerardo de Dota. Dicha autorización fue otorgada mediante resolución N° 2914-2007-SETENA de las 13:25 horas del 20 de diciembre del 2007, misma que dispuso en lo que interesa para esta decisión:

“TERCERO: Que el artículo 6 de la Modificación del Artículo 45 al Reglamento General sobre los procedimientos de EIA, del Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, indica sobre la Cláusula de Compromiso Ambiental Fundamental, lo siguiente: “La Presente Viabilidad (licencia) Ambiental se otorga en el entendido de que el desarrollador del proyecto, obra o actividad cumplirá de forma íntegra y cabal con todas las regulaciones y normas técnicas, legales y ambientales vigentes en el país y a ejecutarse ante otras autoridades del Estado Costarricense. El incumplimiento de esta cláusula por parte del desarrollador no solo lo hará acreedor de las sanciones que indica el no cumplimiento de dicha resolución, sino que además, el constituir la misma, parte de la base fundamental sobre el que se sustenta la VLA, hará que de forma automática dicha VLA se anule con las consecuencias técnicas, administrativas y jurídicas que ello tiene para la actividad, obra o proyecto y para su desarrollador, en particular respecto a los alcances que tiene la aplicación del artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente.

...

Por tanto, La Comisión Plenaria resuelve:

...

CUARTO: Se le comunica al interesado que, de conformidad con los Artículos 17, 18 y 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, se ha cumplido con el Proceso de Evaluación Ambiental del Proyecto:

Nombre Proyecto: Construcción y Operación de Estanques para Truchas, N° Exp. 1241-2006-SETENA, Propietario: Sonia Leticia Chacón Zúñiga. Ubicación... Número de Finca: 219405-000. Descripción de Proyecto: La actividad consiste en la construcción y mantenimiento de estanques de agua para criadero de truchas. Las obras a realizar son 8 estanques (cada uno de 96 m2) con un área de cobertura de 9.213.29 m2, sobre un terreno de 100.829.16 m2. Además se construirán 2 tanques sedimentadores de 60 m2, para darle un tratamiento primario al agua antes del ingreso a los estanques y después de ello (antes de disponerlo al río), con el fin de remover los sólidos sedimentales. El consumo de agua necesario para el proyecto es de 3 l/s para ello se toma el agua proveniente del río Savegre, el caudal a utilizar corresponde a un porcentaje menor al 1% del cauce natural del agua del río.” (imágenes 139 a 142 del expediente administrativo N° D1 1241-2006-SETENA).

2) Que la sociedad Senderos C.C, de San Gerardo S.A tramitó ante la Dirección de Aguas una solicitud de concesión de aguas de dominio público sobre el río Savegre, bajo el número de expediente 13450 y que fue aprobada mediante resolución N° R-0605-2012-AGUAS-MINAET de las 12:02 horas del 15 de junio del 2012, con un caudal asignado de 55.27 litros por segundo para el uso de pisicultura. (imágenes 72 a 74 del expediente administrativo 13450, certificación C-112-2020).

3) Que por medio de resolución N° R-1426-2013-AGUAS- MINAE de las 13:38 horas del 18 de diciembre del 2013, se autorizó el traspaso de la concesión de aguas antes citada a favor de Truchas San Gerardo S.A. (imágenes 90 y 91 del expediente administrativo de cita).

4) En resolución R-0365-2015-AGUAS-MINAE de las 13:38 horas del 5 de mayo del 2015, la Dirección de Aguas del MINAE y a raíz un informe técnico sobre el proyecto, dispuso: “Condenar por primera vez a Truchas de San Gerardo S.A., cédula jurídica 3-101-354660, representada por José Miguel Víquez Mora, por derivar mayor caudal del concesionado, ... y se le ordena respetar las condiciones de la concesión de aprovechamiento de aguas otorgada mediante resolución R-0605-2012-AGUAS-MINAE... modificada mediante resolución R-1426-2013-AGUAS-MINAE..., no pudiendo derivar mayor caudal del otorgado...” (imágenes 140 a 142 del expediente indicado).

5) Que por medio de resolución N° 1525-2015-SETENA de las 11:05 horas del 02 de julio del 2015, se aprobó la cesión de derechos de la viabilidad ambiental tramitada por la señora Sonia Chacón Zúñiga a favor de la sociedad Truchas Reales de Costa Rica S.A. (imágenes 528 a 531 del expediente administrativo D1-1241-2006-SETENA).

6) En resolución R-1139-2015-AGUAS-MINAE de las 09:30 horas del 16 de noviembre del 2015, la Dirección de Aguas del MINAE, dispuso: “Condenar por segunda vez a Truchas de San Gerardo S.A., cédula jurídica 3-101-354660, representada por José Miguel Víquez Mora, por derivar mayor caudal del concesionado, ... y se le ordena respetar las condiciones de la concesión de aprovechamiento de aguas otorgada mediante resolución R-0605-2012-AGUAS-MINAE... modificada mediante resolución R-1426-2013-AGUAS-MINAE..., no pudiendo derivar mayor caudal del otorgado...” (imágenes 170 a 172 del expediente indicado).

7) En resolución R-0023-2016-AGUAS-MINAE de las 13:20 horas del 15 de enero del 2016, la Dirección de Aguas del MINAE, dispuso: “Primero: Declarar la caducidad de la concesión de aprovechamiento de aguas superficiales del río Savegre otorgada mediante resolución R-0605-2012-AGUAS-MINAE... modificada mediante resolución R-1426-2013-AGUAS-MINAE..., a Truchas San Gerardo S.A... por derivar mayor caudal del concesionado y no haber acatado las órdenes respectivas de abstenerse de tal accionar...” (imágenes 185 a 187 del expediente indicado).

8) Mediante resolución N° 056-2017-SETENA de las 07:00 horas del 16 de enero del 2017, y producto de la visita de seguimiento ambiental efectuada a Truchas Reales S.A. (que determinó irregularidades en el mismo, entre ellas la incongruencia en las personas jurídicas que solicitaron el trámite ante SETENA y la Dirección de Aguas), se dispuso dictar una medida cautelar  de suspensión de la viabilidad ambiental otorgada, hasta tanto no se tuviera la información solicitada a las dependencias de MINAE y que el desarrollador no cumpliera con lo ordenado en ese acto. En su considerando octavo se indicaron los siguientes incumplimientos ambientales: toma de agua del río Savegre sin permisos, aprovechamiento mayor al avalado en la viabilidad ambiental, construcciones no autorizadas, construcción de tanques adicionales a los aprobados, depósito de garantía ambiental vencido y aparente invasión al área de protección del río Savegre. En el considerando noveno de esa decisión, se le ordenó, en el plazo de 30 días cumplir con lo que a continuación se enumera:

““... 9.1 Como pruebas de descargo, deberá referirse a los siguientes incumplimientos:

9.1.1 Una certificación de un Ingeniero Topógrafo, inscrito al colegio respectivo, donde se indique si existe o no invasión a la zona de protección del río Savegre por la construcción de parte de algunos estanques y por la instalación de la malla ciclón u otra infraestructura presente en el área del proyecto. Se deberá aportar diseño o plano elaborado por dicho profesional con la firma y sello respectivo.

9.1.2 Construcción de 983,9 m2 de más en los estanques, lo que equivale a un 128,1 % de obra construida, sin contar con VLA (ver cuadro N° 1).

9.1.3 Construcción de tres estanques de truchas de más, no incluidos en el diseño de sitio y sin el aval de esta Secretaría.

9.1.4 Construcción de una bodega, un silo, un cuarto frío y un comedor no autorizados en el diseño de sitio, aprobado en la resolución de VLA.

9.1.5 Aprovechamiento del agua del río Savegre, sin contar con la concesión de aguas de la Dirección de Agua del MINAE.

9.1.6 Omisión por parte del responsable ambiental de informar en su momento de la construcción de obras no autorizadas en la VLA y de los metros cuadrados construidos de más.

9.1.7 Aprovechamiento de 51.8 l/s de caudal de más del río Savegre, según lo avalado por esta Secretaría, que fue de 300 l/s.

9.1.8 Sobredimensionamiento de los estanques de truchas, con respecto al diseño original aprobado en la resolución de viabilidad ambiental. (PRUEBA 5: AL-443-2020 Dirección de Agua).

9.1.9 Presentación extemporánea de los IRAS (primero de la fase constructiva, segundo y tercero de la fase operativa), al ser posterior a los diez días de finalizado el periodo correspondiente.

9.1.10 Incumplimiento del formato oficial para la elaboración de los informes ambientales, entiéndase informes regenciales (Acuerdo Comisión Plenaria 036- 2011), tanto en la fase constructiva como la fase operativa.

9.2 Ordenar de manera inmediata al desarrollador cumplir con lo ordenado en la Resolución R-0023-2016-AGUAS-MINAE, es decir, no seguir utilizando las aguas del río Savegre, por no contar con la concesión respectiva; por lo que se dicta una medida cautelar de suspensión de la Viabilidad Ambiental, hasta que se demuestre que cuenta con la concesión de agua correspondiente o se resuelta por el fondo el proceso judicial en materia penal, sobre los hechos denunciados por la invasión a la zona de protección del Río Savegre.

9.3 Presentar un diseño de sitio actualizado (escala legible), el mismo se deberá aportar impreso y en formato Shape File. Deberá ser consecuente con el área de retiro del río Savegre y deberá indicar la distancia de la malla tipo ciclón, de los estanques y de cualquier otra infraestructura al río Savegre, como medida correctiva en materia ambiental, debidamente coordinada con el SINAC-SETENA, y previa aprobación de la medida.

9.4 Renovar el depósito de la garantía ambiental, entrada de valor 167076, número de valor 208-149031-4, por un monto de ¢ 326,000.00 (Trescientos veintiséis mil colones exactos), el cual se encuentra vencido desde el 13 de junio del 2016, en un plazo de 10 días a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución.”

Además, se le ordenó a la empresa Truchas Reales de Costa Rica S.A. acatar la decisión de la Dirección de Aguas en cuanto a la caducidad de la concesión y se le dio un plazo de 10 días para que presentara su descargo. (imágenes 400 a 421 del expediente administrativo N° D1-1241-2006-MINAE).

9) Por medio de resolución N° 2266-2017-SETENA de las 13:15 horas del 28 de noviembre del 2017, se dispuso mantener la medida cautelar de suspensión de la viabilidad ambiental, hasta no contar con la información pedida a las dependencias de MINAE y que el desarrollador cumpliera con lo ordenado. Además, se le ordenó por segunda vez a Truchas Reales cumplir con lo prevenido en la resolución N° 056-2017-SETENA, dándole nuevamente 30 días y renovar la garantía ambiental. (imágenes 284 a 291 del expediente indicado).

10) Que, en el mes de diciembre del año 2017, la empresa Truchas San Gerardo S.A., presentó una nueva gestión ante la Dirección de Aguas para obtener una concesión de aguas, misma que se tramita bajo el expediente N° 17998. (imágenes 1 a 14 del expediente administrativo N° 17998, certificación C-112-2012).

11) Que mediante oficios N° DA-UHTPSOZ-0529-2018 del 1 de agosto del 2018, DA-UHTPSOZ-0318-2018 del 10 de mayo del 2019 y DA-UHTPSOZ-0615-2019 del 12 de julio del 2019, de la Unidad Hidrológica Térraba- Pacífico Sur de MINAE, se informó a la Dirección de Aguas que el proyecto se encontraba en operación, que se estaba dando una captación de caudal de 878.00 litros por segundo (posteriormente de 200 y 197.3) y que las aguas residuales se estaban devolviendo al cauce del río, y que en vista de la ilegalidad detectada se recomendaba notificar al interesado sobre ello. (imágenes 65, 66, 83, 84, 86 a 88 del expediente administrativo indicado).

12) Mediante resolución N° 2219-2018 de las 07:00 horas del 19 de setiembre del 2018, la Comisión Plenaria de SETENA resolvió denegar el levantamiento de la medida cautelar dictada por el incumplimiento por parte de la empresa de lo ordenado previamente. (imágenes 857 a 863 del expediente administrativo de SETENA).

13) En vista de las irregularidades anteriores, en fecha 29 de octubre del 2019, se presentó denuncia penal ante la Fiscalía de Pérez Zeledón, en contra de la sociedad Truchas San Gerardo S.A. por el delito de usurpación de aguas. (imágenes 91 a 96 del expediente administrativo indicado).

14) Que contra la empresa Truchas Reales S.A. se tramitan al menos dos procedimientos por daño ambiental ante el Tribunal Ambiental Administrativo bajo los expedientes número 68-13-02-TAA y 92-10-02-TAA por afectación al recurso hídrico y tala de árboles. (imágenes 186 y 187 del expediente administrativo de la Dirección de Aguas y 665 y 666 del custodiado por SETENA).

15) En resolución N° 3327-2019-SETENA de las 08:10 horas del 04 de noviembre del 2019, dictada por la Comisión Plenaria de SETENA dispuso denegar el levantamiento de la medida cautelar impuesta y dictar el archivo del expediente administrativo D1-1241-2006 en virtud de que el proyecto no contaba con la concesión de agua para operar. En su considerando segundo, se explicó que en dos ocasiones se rechazó la solicitud de levantamiento de la medida debido al incumplimiento por parte de la empresa con la información solicitada. Además, a partir del análisis de la documentación presentada para mejor resolver por la gestionante, el Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental indicó que se hizo una revisión de lo solicitado en la resolución N° 056-2017-SETENA, detectando el incumplimiento en cuanto a los puntos 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.2, 9.3, del considerando noveno, así como el Por Tanto sétimo (en cuanto al acatamiento de la cancelación de la concesión de aguas). Finaliza diciendo que el proyecto requiere de una concesión de aguas (que fue cancelada) y que el desarrollador tramita una nueva concesión cuyo estado responde a las propias actuaciones de la sociedad, situación que implica el archivo del expediente administrativo. (imágenes 721 a 736 del expediente administrativo de SETENA).

16) Que inconforme con lo resuelto Truchas Reales de Costa Rica S.A. presentó recursos de revocatoria y apelación, que fueron denegados por medio de resoluciones N° 0148-2020-SETENA de las 14:00 horas del 30 de enero del 2020 y R-072-2020-MINAE de las 08:55 horas del 23 de marzo del 2020. (imágenes 680 a 693, 669 a 676, 710 a 717 del expediente administrativo de SETENA).

17) Que, para el trámite de una concesión de aguas superficiales, la Dirección de Aguas de MINAE tiene como requisito la viabilidad ambiental o la existencia de su trámite ante SETENA. (revisión de los requisitos en la página web de dicho órgano, efectuada por este Tribunal).

V.- HECHOS NO PROBADOS. Para la resolución de este asunto, se tienen hechos no demostrados de interés, los siguientes:

1) Que la empresa Truchas San Gerardo S.A. haya tramitado y obtenido una viabilidad ambiental por parte de SETENA para la operación de un proyecto de producción de truchas. (ver expediente administrativo N° D1-1241-2006-SETENA).

2) Que el trámite de nueva concesión de agua planteado por la sociedad Truchas San Gerardo S.A. ante la Dirección de Aguas, bajo el expediente 17998 haya finalizado por medio del dictado de un acto final. (de los expedientes administrativos).

3) Que a alguna de las dos sociedades actoras se les haya aprobado una concesión de aguas sobre el río Savegre para la operación de un proyecto de criadero de truchas y que la misma se encuentre vigente al día de hoy. (de los autos, no consta prueba al respecto).

4) Que Truchas Reales de Costa Rica S.A. haya cumplido con las órdenes y requisitos indicados por SETENA en las resoluciones N° 056-2017-SETENA, 2266-2017-SETENA y 2219-2018-SETENA. (de los autos, no se aportó prueba al respecto, en las resoluciones indicadas y extractadas en los hechos probados de esta sentencia se desprende la situación de reiterado incumplimiento).

5) Que a Truchas Reales de Costa Rica S.A. se le haya cancelado la viabilidad ambiental concedida por parte de SETENA. (de los autos, del estudio de expediente administrativo de SETENA se desprende que se ordenó un archivo).

6) Que la medida cautelar y archivo del expediente administrativo dictada por SETENA sea la causa por la cual, Truchas San Gerardo S.A. no ha obtenido una concesión de aguas sobre el Río Savegre. (de los autos se desprende una situación fáctica diferente).

VI. SOBRE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD TRUCHAS SAN GERARDO S.A. RESPECTO DEL OBJETO DEL PROCESO. En el caso de estudio y siendo que la representación del Estado ha alegado falta de legitimación activa respecto de una de las empresas actoras, de la revisión de la prueba allegada al expediente judicial, este Tribunal puede apreciar, que evidentemente dicho supuesto se da, pero respecto de Truchas San Gerardo S.A. Veamos. De acuerdo con las pretensiones planteadas en este caso, existe una pretensión anulatoria respecto de tres resoluciones administrativas dictadas dentro del expediente N° D1-1241-2006 de SETENA, donde la parte interesada y gestionante es Truchas Reales de Costa Rica S.A. y no Truchas San Gerardo S.A. Los actos impugnados, sean las resoluciones R-3327-2019-SETENA, 0148-2020-SETENA y 072-2020-MINAE no tienen ningún tipo de relación ni de estipulación respecto de la sociedad Truchas San Gerardo, así las cosas, no existe ningún vínculo procesal respecto de ésta en cuanto a la primera de las pretensiones planteadas. En cuando a la segunda, por medio de la que se pide que se abra un procedimiento ordinario para la eventual anulación de la viabilidad ambiental otorgada, también se verifica la misma situación, dado que ese acto de autorización no fue dirigido a favor de esa sociedad sino de Truchas Reales de Costa Rica, tal y como consta en cada una de las tres certificaciones de los expedientes administrativos aportados al proceso. Al respecto debe tomarse en cuenta que en forma reiterada nuestra Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia se ha manifestado sobre los presupuestos sustanciales de cualquier acción, que: "(...) en los asuntos sometidos a su conocimiento, el Juez está obligado a analizar, incluso de oficio, los presupuestos sustanciales o de fondo de toda acción, a saber: derecho, legitimación e interés. Se trata de condiciones necesarias para la emisión de una sentencia estimatoria, por lo que deben conservarse durante todo el proceso. De modo que si se detecta la ausencia de uno o más de ellos, el Juzgador no podrá pronunciarse sobre el fondo de litigio, generándose de esta forma lo que en doctrina se conoce como sentencia inhibitoria. Este Tribunal, luego del estudio de los autos, llega al convencimiento, de que el interés no está presente en el subexámine. El interés es la necesidad de tutela en que se encuentra una persona en concreto y que lo determina a solicitar la intervención del respectivo órgano jurisdiccional, con la finalidad de que resuelva el conflicto jurídico en el cual es parte. De tal manera, se puede decir, que es la insatisfacción de un interés tutelado por el ordenamiento jurídico (interés legítimo) o un derecho subjetivo, la que provoca el ejercicio del derecho accionar y motiva a formular la pretensión. Se ha dicho también, que es la utilidad que para el titular de un derecho subjetivo o un interés legítimo se deriva de la tutela jurisdiccional. Por ello, siendo imperioso, como ya se dijo, mantenerse durante el desarrollo de todo el proceso, cuando es necesario analizar su subsistencia, el juzgador debe hacer un juicio de utilidad, cotejando los efectos de la resolución jurisdiccional solicitada, con la utilidad que de tal pronunciamiento puede obtener quien la requiera. Si la falta de sentencia le produce daño o perjuicio a quien solicitó tutela, hay interés; si no lo ocasiona, no existe. Esto es así, por cuanto desaparece la causa del litigio, el conflicto de intereses (...)". (Puede consultarse al respecto el voto número 465-F-S1-2009, de las 10:45 horas del día 7 de mayo del 2009, que cita a su vez los votos de dicha Cámara de Casación, número 8, de las 15:45 horas del día 5 de enero del año 2000 y número 6, de las 14:30 horas del día 6 de febrero de 1998). Considérese además, que en nuestro ordenamiento jurídico, no existe la nulidad por la nulidad misma, conforme a la doctrina que deriva de lo dispuesto en los numerales 223 de la Ley General de la Administración Pública y la línea jurisprudencial esbozada por nuestra Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia -entre otras, en sentencias números 398-F-02 de las 15:10 horas del 16 de mayo del 2002 y 496-F-S1-2008 de 15:35 horas del 24 de julio del 2008-. Al respecto, también nuestra Sala Constitucional se ha pronunciado expresamente, indicando: "(...) el principio de trascendencia expresado en la máxima francesa ‘pas de nullité sans grief’, es decir, no hay nulidad -y por ende retroceso del procedimiento- sin verdadero perjuicio; atrás debe quedar la degeneración de los procedimientos que son consecuencia de la sublevación del formalismo y que conspira contra el principio constitucional de celeridad. Por otra parte, el saneamiento del acto, -cuando la naturaleza del defecto lo exija- debe ser útil a las partes; la invalidez del acto no debe ser declarada si el acto defectuoso consiguió el fin propuesto en relación con los interesados y no afectó de manera sustancial los derechos y las facultades de los intervinientes (...) En efecto, salvo que se produzcan defectos absolutos -supuestos de grosera y clara indefensión o de otros principios concretos de debido proceso, (...), toda actividad procesal defectuosa puede ser subsanada (...). Para reclamar la nulidad -defecto absoluto- del acto viciado, el reclamante debe señalar el interés para reclamarlo y el perjuicio efectivo (...). A la par de las afirmaciones anteriores es preciso señalar también que, por principio, los defectos absolutos no son saneables, pero su invalidez solo será declarable si se acredita el interés del reclamante y el correlativo perjuicio a sus intereses. La declaratoria de invalidez se circunscribe al acto concreto salvo que se trate de actos independientes en que deba considerarse el efecto ‘cascada’, pues los actos se concatenan unos con otros, al punto de que no es posible su individualización total. (...)". (El destacado en negrita no es del original, véase la sentencia número 2001-10198 de las 15:29 horas del 10 de octubre del 2001). Corolario de lo expuesto, es evidente que en este asunto hay una falta de legitimación activa por parte de Truchas San Gerardo S.A. respecto de los tres actos cuestionados y no existe relevancia alguna en decretar la nulidad de dichas resoluciones que no causan ninguna afectación a la actora. Así las cosas, se declara la existencia de falta de legitimación ad causam activa en cuanto a Truchas San Gerardo S.A. En cuanto a Truchas Reales de Costa Rica S.A, se rechaza la defensa planteada, dado que existe un vínculo con el objeto del proceso, al ser la destinataria de las conductas impugnadas. En consecuencia, se realizan los siguientes pronunciamientos en lo que a ella respecta.

VII. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  El objeto principal de esta demanda es analizar si cabe decretar la nulidad de las resoluciones R-3327-2019-SETENA, 0148-2020-SETENA y 072-2020-MINAE dictadas dentro del expediente administrativo D1-1241-2006 a nombre de Truchas Reales de Costa Rica S.A. En segundo lugar, analizar si debe ordenarse al Estado que efectúe un procedimiento ordinario sancionatorio en contra de ésta para cancelar la viabilidad ambiental en discusión. El estudio del expediente judicial, los tres expedientes administrativos (en carpeta digital), así como de los argumentos de las partes y sus conclusiones, llevan a este Tribunal a concluir que no lleva razón la actora y a los siguientes razonamientos. Presenta tres argumentos fundamentales. En primer lugar, manifiesta que para la nueva concesión de aguas le han solicitado contar con una viabilidad ambiental que no esté suspendida, pero para levantar la medida cautelar por parte de SETENA se requiere que el proyecto cuente con la concesión de aguas, es decir, se exigen requisitos excluyentes de imposible cumplimiento, lo cual es contrario al artículo 132.1 de la LGAP. Dicho argumento es de obligado rechazo. Dentro de esta sentencia judicial se ha tenido por demostrado que cualquier interesado en obtener una concesión de aguas superficiales debe presentar una viabilidad ambiental otorgada o al menos que ha presentado el trámite ante SETENA, la parte actora no cumple con dicho requerimiento. Tal y como se desprende de los hechos probados de esta sentencia, Truchas Reales adquirió por medio de cesión de derechos una viabilidad ambiental para un proyecto de producción de trucha, sin embargo, a partir del poder de vigilancia de SETENA y denuncias de las dependencias administrativas regionales de MINAE, se verificaron una serie importante de incumplimientos a las condiciones en las que fue otorgada esa viabilidad ambiental (incluso se presentaron denuncias penales y ante el TAA). Por esa razón y de forma totalmente adecuada al ordenamiento jurídico, SETENA emitió la resolución 056-2017-SETENA donde se indicaron las faltas, se le ordenó cumplir con diversos requisitos para ponerse a derecho (considerando 9), se le dio un plazo para la presentación de los mismos (30 días) y para su descargo (10 días) y se le ordenó expresamente que dejara de hacer aprovechamiento ilegal de las aguas del río Savegre debido a que el proyecto no contaba con ninguna concesión de aguas. Posteriormente, se le hicieron prevenciones similares en las resoluciones 2266-2017-SETENA y 2219-2018-SETENA, donde además se aclaró que la actora no había cumplido con los requisitos y órdenes giradas. Incluso se le otorgó un plazo de 30 días por segunda vez, que tampoco respetó ni cumplió. Así las cosas, se dictó el primero de los actos cuestionados en este proceso, sea la resolución N° 3327-2019-SETENA, que tuvo por no cumplidos los requisitos prevenidos desde el año 2017, verificó la irregularidad de que el proyecto no contaba con concesión de aguas y procedió a denegar el levantamiento de la medida cautelar y ordenar el archivo del expediente, precisamente por el incumplimiento de uno de sus presupuestos fundamentales, sea la forma en la que se iba a obtener el agua, sin embargo, no puede dejarse de lado, que había incumplimiento de casi todos los requisitos prevenidos en el considerando noveno de la resolución 056-2017-SETENA. Así las cosas, lo que concluye este Tribunal es que el proyecto no cuenta con viabilidad ambiental, dado que la que se estaba usando está suspendida cautelarmente y archivada por no cumplir con los requerimientos pedidos desde el 2017 y no ha tramitado una nueva, así como tampoco posee concesión de aguas, dado que la que explotaba, de forma bastante irregular desde el punto de vista de titularidad del concesionario que no coincidía con el de la viabilidad ambiental y de caudal concedido, dejó de existir con la declaratoria de su caducidad por parte de la Dirección de Aguas y la que solicitó con bajo el número 17998 no ha sido otorgada ni denegada de forma definitiva, tal y como consta en el expediente administrativo correspondiente. De forma que no tiene ninguna relevancia la modificación efectuada al manual de caudales para la actividad, como lo ha alegado la actora, dado que dicha concesión se canceló por las violaciones reiteradas a sus condiciones. Entonces veamos que el argumento es equivocado, porque no se acredita de los expedientes administrativos que tanto SETENA como la Dirección de Aguas hayan colocado a la actora en una situación de imposibilidad de cumplimiento pidiendo requisitos excluyentes o imposibles de llenar. En criterio de este Tribunal, no es eso lo que ocurre en el particular. Lo que se desprende de la prueba examinada es que la concesión de aguas no ha finalizado el trámite y que sí requiere una viabilidad ambiental, pero que en ningún momento se le ha comunicado a la actora que tiene que ser la tramitada ante SETENA en el expediente D1-1241-2006, de forma que cuenta con la posibilidad de tramitar una nueva ante SETENA o bien pedir la reactivación de la ya otorgada, eso sí cumpliendo las diversas prevenciones efectuadas y subsanando las irregularidades detectadas en el proyecto desde el 2017. Es decir, está en total posibilidad legal (porque el ordenamiento lo permite) de presentar la viabilidad pedida (o al menos en estudio) ante la Dirección de Aguas y finalizar el trámite. Ahora, véase que, en todo caso, esta nueva solicitud no implica que se le vaya a aprobar de forma automática, debido a que está sujeta a la revisión técnica de los requisitos y los resultados que se obtengan en el campo respecto de la normalidad jurídica y adecuación ambiental del proyecto, lo cual como se dijo en el hecho probado 11 de esta sentencia, más bien ha permitido constatar que en el mismo se explota ilegalmente el agua del río Savegre, entre otras situaciones no autorizadas. Por ende, el argumento se basa en una mera expectativa de derecho y no es admisible. Por otro lado, en cuanto alega que para levantar la medida cautelar y el archivo en el expediente D1-1241-2006 deba contarse con una concesión de aguas, debe indicarse que el argumento se plantea tratando de sesgar el contenido de la decisión de SETENA. De la lectura de las resoluciones 056-2017-SETENA, 2266-2017-SETENA, 2219-2018-SETENA y 3327-2019-SETENA, se desprende que a Truchas Reales se le hicieron múltiples prevenciones sobre requisitos que debía presentar para regularizar el visto bueno concedido, así como la orden expresa de no aprovechar ilegalmente el agua del río Savegre, siendo que en la última de la resoluciones, que es la cuestionada en este proceso, se verificó que no cumplió con los puntos 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.2, 9.3, del considerando noveno así como el Por Tanto sétimo (en cuanto al acatamiento de la cancelación de la concesión de aguas) de la resolución 056-2017-SETENA, y si bien, en su por tanto primero se indica que procede la denegatoria del levantamiento y el archivo del expediente por no contar con concesión de aguas, lo cierto del caso es que hay al menos 14 incumplimientos de requisitos por parte de la actora, que ameritaban el archivo del expediente administrativo. Adicionalmente y como se dijo arriba, la parte actora no está obligada a presentar precisamente la concesión de aguas que fue cancelada, sino que bien puede, como lo está tratando, presentar una nueva, siempre y cuando cumpla con los requisitos legales y técnicos para ello. Por lo anterior, el argumento de la actora debe ser denegado debido a que parte de que, con la presentación de la viabilidad ambiental en la Dirección de Aguas, le concederán la concesión y que presentando la concesión en SETENA se levantará la medida cautelar y el archivo, lo cual es totalmente falso e infundado por lo ya expuesto. En todo caso, deja de lado la actora la circunstancia de que el desarrollo de cualquier actividad comercial o lucrativa en nuestro país debe cumplir con los requisitos y lineamientos existentes para su operación normal, máxime en este caso, que se involucra un recurso natural agotable y sujeto a autorización estatal como es el agua superficial. No se verifican los vicios alegados, por lo que se rechaza el argumento planteado. Como segundo alegato, expone que la cancelación de la viabilidad se la impuso un órgano incompetente, dado que debió ser el Tribunal Ambiental Administrativo y no SETENA, previo debido proceso y derecho de audiencia, además que su contenido sería ilícito y se vicia su contenido y motivo. Dicho argumento se deniega, debido a que de acuerdo con el artículo 111 de la Ley Orgánica del Ambiente, las competencias del Tribunal Ambiental se refieren a: “a) Conocer y resolver, en sede administrativa, las denuncias establecidas contra todas las personas, públicas o privadas, por violaciones a la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales. b) Conocer, tramitar y resolver, de oficio o a instancia de parte, las denuncias referentes a comportamientos activos y omisos que violen o amenacen violar las normas de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales. c) Establecer, en vía administrativa, las indemnizaciones que puedan originarse en relación con los daños producidos por violaciones de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales, d)... e) Establecer las multas, en sede administrativa, por infracciones a la Ley para la gestión integral de residuos y cualquier otra ley que así lo establezca.”

Como se aprecia de la simple lectura del numeral anterior, no está dentro de las funciones y competencias del tribunal administrativo de cita, cancelar ni vigilar las viabilidades ambientales otorgadas. En cuanto a las competencias de SETENA, están reguladas en los artículos 83 y 89 de ese mismo cuerpo normativo, que establecen, en lo que interesa:

“Artículo 84.- Funciones de la Secretaría Técnica. Las funciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental son las siguientes:

a) Analizar las evaluaciones de impacto ambiental y resolverlas dentro de los plazos previstos por la Ley General de la Administración Pública.

b) Recomendar las acciones necesarias para minimizar el impacto sobre el medio, así como las técnicamente convenientes para recuperarlo.

c) Atender e investigar las denuncias que se le presenten en lo relativo a la degeneración o al daño ambiental.

d) Realizar las inspecciones de campo correspondientes antes de emitir sus acuerdos.

...

i) Realizar labores de monitoria (sic) y velar por la ejecución de las resoluciones.”

“Artículo 89.- Inspecciones. Los miembros de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberán realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en la materia, así como de las resoluciones que dicte esta Secretaría. Estas inspecciones deberán efectuarse periódicamente o cuando las autoridades competentes lo consideren conveniente. De todas las inspecciones se levantará un acta.”

De forma que claramente SETENA actuó dentro de sus funciones y potestades legales al establecer un proceso de vigilancia de la viabilidad ambiental otorgada y atender además las denuncias que MINAE efectuó respecto del incumplimiento del proyecto, lo cual fue verificado. Se rechaza el argumento planteado y la existencia de vicios en el contenido y motivo de los actos impugnados, o violación al debido proceso y al derecho de defensa. Finalmente, como tercera argumentación, indica que se dio una violación al debido proceso. Alega que lo establecido por los artículos 106 y siguientes de la Ley Orgánica del Ambiente (sobre el Tribunal Ambiental), remite a la figura del procedimiento ordinario (308 y siguientes de la LGAP) lo cual no se dio en este caso, dado que no se hizo el procedimiento y se dictó el acto final de cancelación de la viabilidad. La argumentación es de obligado rechazo por varias circunstancias. Como se dijo, no es competencia del Tribunal Ambiental Administrativo la fiscalización y vigilancia de los términos en los que fueron otorgadas las viabilidades ambientales ni las denuncias relacionadas con ellas, esas son funciones de SETENA, tal y como indica la Ley Orgánica del Ambiente, así las cosas, el caso no debía ni ventilarse, tramitarse ni decidirse ante el tribunal indicado. En cuanto a la violación al debido proceso que se alega por omisión en la aplicación del artículo 308 y siguientes de la LGAP, debe indicarse que ello no era necesario, en vista de que el Considerando Tercero de la resolución N° 29-14-2007-SETENA indicó claramente las consecuencias del incumplimiento de los términos en los que se dio la viabilidad ambiental, como se transcribió en los hechos probados de esta sentencia, sea que “El incumplimiento de esta cláusula por parte del desarrollador no solo lo hará acreedor de las sanciones que indica el no cumplimiento de dicha resolución, sino que además, el constituir la misma, parte de la base fundamental sobre el que se sustenta la VLA, hará que de forma automática dicha VLA se anule con las consecuencias técnicas, administrativas y jurídicas que ello tiene para la actividad, obra o proyecto y para su desarrollador...” Además, y fundamentalmente, en el caso particular es criterio de este Tribunal que no se está ante un supuesto de cancelación o de anulación de la viabilidad ambiental de interés. De la lectura de la resolución R-3327-2019-SETENA, se extrae que a partir de la solicitud de levantamiento de la medida cautelar vigente, se hace una nueva revisión del estado de proyecto (incluida una visita de campo), donde la auditoría ambiental de ese órgano indica que la parte actora no cumplió con los requisitos que se le habían impuesto por medio de la resolución 056-2017-SETENA y que además seguía aprovechando ilegalmente el agua del río Savegre sin tener ninguna concesión. Entonces, se generan dos consecuencias, en primer lugar, la verificación de que el proyecto no cuenta con agua para funcionar ni para ser puesto en funcionamiento y en segundo, que no se cumplieron los requisitos que se le habían impuesto para reactivar la viabilidad, lo cual implica la necesidad de mantener la medida y ordenar el archivo del expediente, debido al decaimiento del trámite administrativo por el no cumplimiento por parte de la empresa actora. Ante esta situación, SETENA no tenía más remedio que ordenar el archivo, pues a Truchas Reales se le dieron dos plazos de 30 días (más un período de casi dos años en trámite) sin que llegase a llenar los requisitos indicados, lo cual se agravó con la inexistencia de la concesión de agua vigente y el aprovechamiento ilegal del río Savegre, que se verificó en las inspecciones de campo. Es decir, no se trata de una cancelación como refiere la parte actora, se trata de un archivo por incumplimiento de requisitos. En ese panorama no era necesario que se llevara a cabo un procedimiento administrativo ordinario, debido a que no se ha anulado ni dejado sin efecto la viabilidad, sino que la misma se encuentra archivada por el motivo dicho. Así las cosas, no procede el vicio alegado en contra de los actos cuestionados. En resumen, no encuentra este Tribunal que en los actos impugnados se hayan dado los vicios que se han alegado en la demanda. De la lectura de la prueba que consta en autos, se concluye que la administración demandada actuó conforme a derecho y en resguardo del ambiente, como era su obligación. Al respecto, debe tomarse en cuenta que las actividades de fiscalización y archivo de la viabilidad, en las que se verifica el incumplimiento de las obligaciones de la parte actora, son competencias de SETENA de conformidad con los artículos 94 y 97 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, decreto ejecutivo 31839 del 24 de mayo del 2004. Así las cosas, lo procedente es denegar la pretensión 1, dado que no procede declarar la nulidad de las resoluciones cuestionadas, por los motivos antes dichos. Respecto de la pretensión 2, no corresponde ordenar la apertura de un procedimiento ordinario en contra de la parte actora, dado que como se dijo, en el particular se dio un archivo del trámite administrativo en curso por que la interesada no llenó los requerimientos prevenidos. En todo caso, no es necesario exigir lo indicado por la accionante, en vista de que SETENA ha tomado medidas efectivas para impedir que se sigan dando las situaciones irregulares detectadas en el proyecto y prevenir una degradación ambiental mayor, así como el aprovechamiento ilegal del agua que se estuvo dando desde aproximadamente tres años. En consecuencia, se deniega en todos sus extremos y pretensiones la demanda interpuesta.

VIII. SOBRE LAS EXCEPCIONES PLANTEADAS. En cuanto a las excepciones presentadas por la parte demandada se hace el siguiente pronunciamiento. Sobre la falta de legitimación ad causam activa, ya se efectuó pronunciamiento admitiéndola en cuando a Truchas San Gerardo S.A. y denegándola respecto de Truchas Reales de Costa Rica S.A. En razón de lo dicho en los considerandos anteriores, se declara con lugar la defensa de falta de derecho interpuesta por el Estado, en vista de que no se verificaron los vicios alegados por la parte actora en los actos cuestionados.

IX.- SOBRE LAS COSTAS. Por expresa disposición del artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, procede condenar a la parte actora al pago de ambas costas de esta acción por el sólo hecho de haber resultado vencida en este proceso, sin que medien razones que justifiquen su exoneración conforme los incisos a) y b) del numeral 193 citado. Asimismo, se conceden intereses legales sobre dicho rubro que corren desde la firmeza de su fijación y hasta su efectivo pago. Ambas situaciones se definirán en etapa de ejecución.

POR TANTO

Se rechaza la excepción de falta de legitimación activa respecto de Truchas Reales de Costa Rica S.A., misma que se admite en cuanto a Truchas San Gerardo S.A. Se acoge la defensa de falta de derecho interpuesta por El Estado. Se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda interpuesta por Truchas San Gerardo S.A. y Truchas Reales de Costa Rica S.A. contra El Estado. Se condena a la parte actora al pago de las costas de esta acción con sus intereses legales, mismos que serán liquidadas en fase de ejecución de sentencia. Notifíquese. KAREN CALDERÓN CHACÓN. EVELYN SOLANO ULLOA. FRANCISCO JOSÉ CHAVES TORRES. Jueces. -

 



 

 




- Código Verificador -
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Documento firmado por:

KAREN CALDERÓN CHACON, JUEZ/A DECISOR/A
EVELYN SOLANO ULLOA, JUEZ/A DECISOR/A
FRANCISCO CHAVES TORRES, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 20-003894-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:18:03.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Resolución Nº 02958 - 2025

Fecha de la Resolución: 26 de Marzo del 2025 a las 11:08

Expediente: 20-003894-1027-CA

Redactado por: Karen Cristina Calderón Chacón

Clase de asunto: Proceso de conocimiento declarado de puro derecho

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

Sentencias del mismo expediente

Texto de la resolución

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EXPEDIENTE:

20-003894-1027-CA - 2

PROCESO:

CONOCIMIENTO

ACTOR/A:

TRUCHAS REALES DE COSTA RICA S.A.

DEMANDADO/A:

EL ESTADO

 N° 2025002958

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at eleven hours and eight minutes on the twenty-sixth of March, two thousand twenty-five.-

Ordinary proceeding, declared purely legal, brought by TRUCHAS REALES DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number 3-101-354791, and TRUCHAS SAN GERARDO SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number 3-101-354660, against EL ESTADO. Appearing on behalf of the plaintiffs: Angie Víquez Mena, as unlimited general attorney-in-fact, and Adrián Fernández Rodríguez, as special judicial attorney. Appearing on behalf of the State: Procuradora Yannia Salas Víquez. The judgment is hereby issued unanimously.

Drafted by Judge Calderón Chacón, with the affirmative vote of judges Solano Ulloa and Chaves Torres, and

CONSIDERANDO

I.- PROCEDURAL BACKGROUND.- A summary of the procedural history of the case file follows:

1. On August 21, 2020, the plaintiffs filed an ordinary proceeding requesting the following: "That the judgment declare the three administrative acts challenged in this complaint to be absolutely null and void. That the State be ordered, should it maintain its interest in canceling the environmental viability (viabilidad ambiental) of my clients' project, to resort to the administrative procedure provided for in the Ley Orgánica del Ambiente, and process the matter through the Tribunal Ambiental. That the State be ordered to pay the costs of this proceeding." (Images 2 to 23, 88 to 101, preliminary hearing minute at images 187 to 189 of the judicial file, and hearing recording incorporated into the judicial file).

2. The State was granted its legal hearing; it opposed the complaint, asserting the defenses of lack of active standing (legitimación activa) and lack of legal basis. (images 111 to 131 of the judicial file).

3. At the preliminary hearing held on August 19, 2021, the claims were fixed as already indicated. The trial judge determined the disputed facts, admitted the evidence, and the parties' conclusions were heard. (images 187 to 189 of the judicial file and its recording).

4. There are no defects or omissions that cause procedural nullity.

II.- ARGUMENTS OF THE COMPLAINT. The plaintiffs' representatives argue the following: They challenge resolutions No. 3327-2017-SETENA of November 4, 2029, No. 0148-2020-SETENA of January 30, 2020, and No. R-072-2020-MINAE. That both companies operate a trout production project in San Gerardo de Dota, on farm number 623159-000, for which an environmental viability (expediente D1-1241-2006-SETENA) was obtained, where the challenged acts were issued, and a water concession (concesión de aguas) (expediente 13540). The latter was canceled by the Dirección de Aguas in June 2016 (there is a judicial proceeding discussing it, number 16-007899-1027-CA). That following this, a new file was initiated before the Dirección de Aguas, processed under number 17998A (for 600 liters per second), in 2017, with the edict published in February 2018. That the allocation manual of that office was erroneous regarding trout flow rates, equating them with tilapia rates, as the first concession was granted. It states that SETENA, by resolution 180-2018-MINAE of June 2018, suspended the environmental viability as a precautionary measure (cautelar). That it rectified the requested requirements and requested the lifting of the precautionary measure (medida cautelar). By resolution 3327-2019-SETENA of November 2019, the request is rejected and the archiving of the viability is ordered, such that it no longer exists, which prevents the completion of the new water concession (concesión de aguas) proceeding. That a motion for reconsideration and appeal (recurso de revocatoria y apelación) was filed and denied by resolutions 0148-2020-MINAE and R-072-2020-MINAE, the latter exhausting the administrative channel. Regarding the legal basis for the action, it states that for the new water concession they have been required to have an environmental viability that is not suspended, but to lift the precautionary measure by SETENA, the project is required to have the water concession, i.e., mutually exclusive requirements of impossible fulfillment are demanded, which is contrary to Article 132.1 of the LGAP. Furthermore, it asserts that the cancellation of the viability was imposed by an incompetent body, given that it should have been the Tribunal Ambiental Administrativo and not SETENA, following due process and the right to a hearing, and that its content would be unlawful, vitiating its content and purpose. Regarding the violation of due process, it alleges what is indicated by Articles 106 and following of the Ley Orgánica del Ambiente (on the TAA), which refers to the ordinary procedure figure (308 and following of the LGAP), which did not occur in this case, given that the procedure was not followed and the final act was issued. That the two additional resolutions issued have the same defects as the main one. These arguments were reiterated in the oral conclusions.

III.- ARGUMENTS OF THE RESPONSE. The State's representative rejected the complaint and indicated, relevantly, that the plaintiffs did not inform of the existence of two judicial proceedings (14-5873-1027-CA and 16-7899-1027-CA), both decided against them for facts related to this one. That the project has neither environmental viability (viabilidad ambiental) nor a water concession (concesión de aguas), thus operating outside the law; it also indicates that it is not proven that the activity is carried out in association with Truchas Reales. That there is currently a usurpation of public-domain waters and that the challenged acts are in accordance with the law. Regarding the legal grounds, it explains that Truchas San Gerardo does not have a water concession, due to its cancellation for non-compliance. It also indicates that the Dirección de Aguas reported that the concession in file 13540 was canceled for non-compliance and that the one being processed under number 17998 lacks environmental viability, despite which water continues to be used (at a higher flow rate) without a concession, such that a criminal complaint and a complaint before the Tribunal Ambiental were filed, and they were also informed of the actions taken by SETENA. It indicates that in the criminal venue, it was ordered to eliminate the activity, which continues to this day. That is, Truchas San Gerardo operates outside the law. It indicates that Truchas San Gerardo does not have environmental viability due to its non-compliance. That by resolution 056-2017-SETENA, a precautionary measure (medida cautelar) was issued suspending the environmental viability, until all information requested from the various MINAE offices is obtained and until the developer complies with what was ordered in said resolution. The basis for that resolution was the technical report prepared by the Department of Environmental Auditing and Monitoring (Departamento de Auditoria y Seguimiento Ambiental) of SETENA, through official letter ASA-1256- 2016 of September 21, 2017. The Plenary Commission (Comisión Plenaria) of SETENA, by resolution No. 2266-2017-SETENA of November 28, 2017, decided to maintain the suspension because the developer did not provide the information requested in that resolution. Disagreeing with the decision, the developer activated the corresponding challenge phase, and in resolutions numbers 420-2018 of March 23, 2018, and R-180-2018-MINAE of June 12, 2018, the ordinary motions for reconsideration and subsidiary appeal were decided, which were declared without merit by both the Plenary Commission of SETENA and the Office of the Minister. On June 27, 2018, the special administrative attorney for the company Truchas Reales de Costa Rica S. A. submitted a brief to SETENA requesting the lifting of the precautionary measure (medida cautelar) on the environmental viability, which was rejected by resolution No. 2219-2018-SETENA of September 9, 2018, challenged via appeal (recurso de apelación) that was rejected for lack of standing (legitimación) in resolution R-007-2019-MINAE of January 9, 2019. On November 4, 2019, the Plenary Commission of SETENA issued resolution No. 3327-2019-SETENA, at eight hours and ten minutes on November 30, 2019, which rejected the request to lift the precautionary measure and ordered the archiving of the administrative file D1-1241-2006 by virtue of the project not having the water concession to operate. A motion for reconsideration with subsidiary appeal was filed, which was declared without merit by the Plenary Commission of SETENA in resolution 0148-2020. By resolution No. R-072-2020-MINAE, the subsidiary appeal was declared without merit. It states that the Plenary Commission of SETENA, through resolution No. 056-2017-SETENA, to protect the water recharge area of the Río Savegre and the protection zone, issued a precautionary measure and left the environmental viability suspended until the final criminal judgment on the facts reported by SINAC is known. Furthermore, there is non-compliance with the ICOS (instrumentos de control y seguimiento ambiental - environmental control and monitoring instruments) as the project's environmental guarantee (garantía ambiental) is not in force. By virtue of this, the Plenary Commission of SETENA, in the Ninth Consideration of the cited resolution, ordered the representatives of Truchas Reales to comply with the following requirements to lift the precautionary measure:

"... 9.1 As exculpatory evidence, it must address the following non-compliances:

9.1.1 A certification from a Topographical Engineer, registered with the respective professional association, indicating whether or not there is an encroachment on the protection zone of the Río Savegre due to the construction of some ponds and the installation of the chain-link fence or other infrastructure present in the project area. A design or plan prepared by said professional, with the corresponding signature and seal, must be provided.

9.1.2 Construction of 983.9 m2 more in ponds, equivalent to 128.1% more built area, without having VLA (see table No. 1).

9.1.3 Construction of three additional trout ponds, not included in the site design and without the approval of this Secretaría.

9.1.4 Construction of a warehouse, a silo, a cold room, and a dining room not authorized in the site design approved in the VLA resolution.

9.1.5 Use of water from the Río Savegre, without having the water concession (concesión de aguas) from the Dirección de Agua of MINAE.

9.1.6 Omission by the environmental manager to report at the time the construction of unauthorized works in the VLA and the extra square meters built.

9.1.7 Use of 51.8 l/s of additional flow from the Río Savegre, beyond the 300 l/s approved by this Secretaría.

9.1.8 Over-sizing of the trout ponds, with respect to the original design approved in the environmental viability resolution. (EVIDENCE 5: AL-443-2020 Dirección de Agua).

9.1.9 Late submission of the IRAS (first for the construction phase, second and third for the operational phase), being submitted after ten days following the end of the corresponding period.

9.1.10 Non-compliance with the official format for the preparation of environmental reports, i.e., regency reports (Acuerdo Comisión Plenaria 036- 2011), in both the construction phase and the operational phase.

9.2 Immediately order the developer to comply with what was ordered in Resolution R-0023-2016-AGUAS-MINAE, that is, to cease using the waters of the Río Savegre, as it does not have the respective concession; therefore, a precautionary measure of suspension of the Environmental Viability is issued, until it is demonstrated that it has the corresponding water concession or the criminal judicial proceeding on the facts reported regarding the encroachment on the protection zone of the Río Savegre is decided on the merits.

9.3 Submit an updated site design (legible scale), to be provided in print and in Shape File format. It must be consistent with the setback area of the Río Savegre and must indicate the distance of the chain-link fence, the ponds, and any other infrastructure to the Río Savegre, as a corrective environmental measure, duly coordinated with SINAC-SETENA, and subject to prior approval of the measure.

9.4 Renew the deposit of the environmental guarantee, entry number 167076, value number 208-149031-4, for an amount of ¢326,000.00 (Three hundred twenty-six thousand exact colones), which has been expired since June 13, 2016, within a period of 10 days from the day following notification of this resolution."

Having reviewed administrative file No. D1-1241-2006-SETENA, it was determined that the legal representatives of Truchas Reales did not comply with what was ordered in the ninth consideration of resolution No. 056-2017-SETENA, which is why SETENA rejected the petition to lift the precautionary measure and ordered the archiving of file No. D1-1241-2006-SETENA, due to the interested party's lack of interest in continuing with the normal processing of the file. Regarding file 17998 of the Dirección de Aguas, it indicates that the procedure established in Article 178 of the Ley de Aguas provides that the Dirección de Aguas shall determine the necessary flow for each water use application, in accordance with the provisions of the Technical Manual of the Department of Waters (published in La Gaceta No. 98 of May 20, 2004). The objective of this manual is to establish a predefined technical criterion for determining the needs or requirements of water in different activities and projects, and it also provides legal certainty to the concession applicant by informing them in advance of the technical conditions under which their application will be evaluated. It is worth noting that said manual (see point 1.6.4) establishes the technical criterion to follow in the case of fish production (psiciculture), and based on information provided by INCOPESCA, it establishes for the production of trout and tilapia a flow rate of 0.006 liters per second per square meter of water surface area, and indicates that this flow allocation is calculated based on the volume of fish per cubic meter. In addition to the technical assessment carried out by the Dirección de Agua (Art. 17 of the Ley Orgánica del Ambiente) and the Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Ejecutivo N° 31849 of May 24, 2004), fish farming projects and surface and groundwater concessions must have the environmental viability (viabilidad ambiental) granted by SETENA. In that environmental viability, SETENA establishes a maximum extraction flow from the source, and subsequently, the Dirección de Agua, applying the aforementioned manual, establishes the concrete, specific, and exact flow requirement for the project. Now, regarding the exclusive use of a public domain good, it is evident that whoever requests a concession must abide by the conditions and procedures of the Dirección de Agua; because if they use the water without authorization, they would be acting illegally. The trout production project developed by Truchas San Gerardo on farm number 638250 consists of 15 ponds and is operating illegally. The Dirección de Aguas has not granted a new water use concession in favor of that company. Regarding the other arguments of the plaintiffs, it indicates: That they have not been required to fulfill impossible requirements, given that the archiving of the viability was due to the non-compliances of the interested party, since the project requires the water concession that was canceled, and the new one being processed has not been obtained. Regarding the claim of SETENA's incompetence to archive the environmental viability, it explains that the actions of that body are based on Articles 17 to 24 of the Ley Orgánica del Ambiente, because it must monitor compliance with the terms under which such authorizations are granted; this is not one of the functions of the Tribunal Ambiental. It alleges lack of legal basis (falta de derecho) and lack of active standing (falta de legitimación activa) regarding Truchas Reales, as there is no link between it and the State concerning water use, nor has the relationship between the two companies been demonstrated. In the oral conclusions, the defense arguments were reiterated.

IV.- PROVEN FACTS. Of importance for resolving this matter, the following relevant facts are deemed proven:

1) That Ms. Sonia Leticia Chacón Zúñiga obtained an environmental viability (vialidad ambiental) from SETENA for a project for the construction and operation of trout ponds, in Pérez Zeledón, Páramo district, community of San Gerardo de Dota. Said authorization was granted by resolution No. 2914-2007-SETENA at 13:25 hours on December 20, 2007, which provided, as relevant for this decision:

"THIRD: That Article 6 of the Modification of Article 45 to the Reglamento General sobre los procedimientos de EIA, of Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, states regarding the Fundamental Environmental Commitment Clause, the following: 'This Environmental Viability (Licencia) is granted on the understanding that the developer of the project, work, or activity will fully and completely comply with all regulations and technical, legal, and environmental standards in force in the country and those to be implemented before other authorities of the Costa Rican State. The developer's breach of this clause will not only make them liable for the penalties indicated for non-compliance with said resolution but also, as it forms part of the fundamental basis upon which the VLA is sustained, will automatically render said VLA null and void, with the technical, administrative, and legal consequences that this entails for the activity, work, or project and for its developer, particularly regarding the scope of the application of Article 99 of the Ley Orgánica del Ambiente.'

...

Por tanto, La Comisión Plenaria resuelve:

...

FOURTH: The interested party is notified that, in accordance with Articles 17, 18, and 19 of the Ley Orgánica del Ambiente, the Environmental Assessment Process has been completed for the Project:

Project Name: Construction and Operation of Trout Ponds, File No. 1241-2006-SETENA, Owner: Sonia Leticia Chacón Zúñiga. Location... Farm Number: 219405-000. Project Description: The activity consists of the construction and maintenance of water ponds for a trout hatchery. The works to be carried out are 8 ponds (each of 96 m2) with a coverage area of 9,213.29 m2, on a 100,829.16 m2 plot of land. Additionally, 2 60 m2 sedimentation tanks will be built to provide primary treatment to the water before entering the ponds and after leaving them (before discharging it into the river), in order to remove sedimentable solids. The water consumption required for the project is 3 l/s; for this purpose, water is taken from the Río Savegre; the flow rate to be used corresponds to less than 1% of the river's natural water flow." (images 139 to 142 of administrative file No. D1 1241-2006-SETENA).

2) That the company Senderos C.C, de San Gerardo S.A filed a request with the Dirección de Aguas for a public-domain water concession on the Río Savegre, under file number 13450, which was approved by resolution No. R-0605-2012-AGUAS-MINAET at 12:02 hours on June 15, 2012, with an assigned flow rate of 55.27 liters per second for fish farming use. (images 72 to 74 of administrative file 13450, certification C-112-2020).

3) That by resolution No. R-1426-2013-AGUAS- MINAE at 13:38 hours on December 18, 2013, the transfer of the aforementioned water concession to Truchas San Gerardo S.A. was authorized. (images 90 and 91 of the cited administrative file).

4) In resolution R-0365-2015-AGUAS-MINAE at 13:38 hours on May 5, 2015, the Dirección de Aguas of MINAE, based on a technical report on the project, ordered: "To sanction, for the first time, Truchas de San Gerardo S.A., legal identification number 3-101-354660, represented by José Miguel Víquez Mora, for diverting a greater flow rate than the one granted, ... and it is ordered to respect the conditions of the water use concession granted by resolution R-0605-2012-AGUAS-MINAE... modified by resolution R-1426-2013-AGUAS-MINAE..., not being able to divert a greater flow rate than the one granted..." (images 140 to 142 of the indicated file).

5) That by resolution No. 1525-2015-SETENA at 11:05 hours on July 2, 2015, the transfer of rights of the environmental viability (viabilidad ambiental) processed by Ms. Sonia Chacón Zúñiga to the company Truchas Reales de Costa Rica S.A. was approved. (images 528 to 531 of administrative file D1-1241-2006-SETENA).

6) In resolution R-1139-2015-AGUAS-MINAE at 09:30 hours on November 16, 2015, the Dirección de Aguas of MINAE ordered: "To sanction, for the second time, Truchas de San Gerardo S.A., legal identification number 3-101-354660, represented by José Miguel Víquez Mora, for diverting a greater flow rate than the one granted, ... and it is ordered to respect the conditions of the water use concession granted by resolution R-0605-2012-AGUAS-MINAE... modified by resolution R-1426-2013-AGUAS-MINAE..., not being able to divert a greater flow rate than the one granted..." (images 170 to 172 of the indicated file).

7) In resolution R-0023-2016-AGUAS-MINAE at 13:20 hours on January 15, 2016, the Dirección de Aguas of MINAE ordered: "First: To declare the expiration (caducidad) of the surface water use concession of the Río Savegre granted by resolution R-0605-2012-AGUAS-MINAE... modified by resolution R-1426-2013-AGUAS-MINAE..., to Truchas San Gerardo S.A... for diverting a greater flow rate than the one granted and for not having complied with the respective orders to refrain from such action..." (images 185 to 187 of the indicated file).

8) By resolution No. 056-2017-SETENA at 07:00 hours on January 16, 2017, and as a result of the environmental monitoring visit conducted at Truchas Reales S.A. (which determined irregularities in the project, including the inconsistency in the legal entities that applied for the process before SETENA and the Dirección de Aguas), it was ordered to issue a precautionary measure (medida cautelar) of suspension of the environmental viability granted, until the information requested from the MINAE offices was available and until the developer complied with what was ordered in that act. In its eighth consideration, the following environmental non-compliances were noted: water intake from the Río Savegre without permits, use greater than that approved in the environmental viability, unauthorized construction, construction of additional tanks beyond those approved, expired environmental guarantee deposit (depósito de garantía ambiental), and apparent encroachment on the protection area of the Río Savegre. In the ninth consideration of that decision, it was ordered, within 30 days, to comply with the following:

"... 9.1 As exculpatory evidence, it must address the following non-compliances:

9.1.1 A certification from a Topographical Engineer, registered with the respective professional association, indicating whether or not there is an encroachment on the protection zone of the Río Savegre due to the construction of some ponds and the installation of the chain-link fence or other infrastructure present in the project area. A design or plan prepared by said professional, with the corresponding signature and seal, must be provided.

9.1.2 Construction of 983.9 m2 more in ponds, equivalent to 128.1% more built area, without having VLA (see table No. 1).

9.1.3 Construction of three additional trout ponds, not included in the site design and without the approval of this Secretaría.

9.1.4 Construction of a warehouse, a silo, a cold room, and a dining room not authorized in the site design approved in the VLA resolution.

9.1.5 Use of water from the Río Savegre, without having the water concession from the Dirección de Agua of MINAE.

9.1.6 Omission by the environmental manager to report at the time the construction of unauthorized works in the VLA and the extra square meters built.

9.1.7 Use of 51.8 l/s of additional flow from the Río Savegre, beyond the 300 l/s approved by this Secretaría.

9.1.8 Over-sizing of the trout ponds, with respect to the original design approved in the environmental viability resolution. (EVIDENCE 5: AL-443-2020 Dirección de Agua).

9.1.9 Late submission of the IRAS (first for the construction phase, second and third for the operational phase), being submitted after ten days following the end of the corresponding period.

9.1.10 Non-compliance with the official format for the preparation of environmental reports, i.e., regency reports (Acuerdo Comisión Plenaria 036- 2011), in both the construction phase and the operational phase.

9.2 Immediately order the developer to comply with what was ordered in Resolution R-0023-2016-AGUAS-MINAE, that is, to cease using the waters of the Río Savegre, as it does not have the respective concession; therefore, a precautionary measure of suspension of the Environmental Viability is issued, until it is demonstrated that it has the corresponding water concession or the criminal judicial proceeding on the facts reported regarding the encroachment on the protection zone of the Río Savegre is decided on the merits.

9.3 Submit an updated site design (legible scale), to be provided in print and in Shape File format. It must be consistent with the setback area of the Río Savegre and must indicate the distance of the chain-link fence, the ponds, and any other infrastructure to the Río Savegre, as a corrective environmental measure, duly coordinated with SINAC-SETENA, and subject to prior approval of the measure.

9.4 Renew the deposit of the environmental guarantee, entry number 167076, value number 208-149031-4, for an amount of ¢326,000.00 (Three hundred twenty-six thousand exact colones), which has been expired since June 13, 2016, within a period of 10 days from the day following notification of this resolution."

In addition, the company Truchas Reales de Costa Rica S.A. was ordered to comply with the decision of the Dirección de Aguas regarding the expiration of the concession, and it was given a period of 10 days to present its defense. (images 400 to 421 of administrative file No. D1-1241-2006-MINAE).

9) By resolution No. 2266-2017-SETENA at 13:15 hours on November 28, 2017, it was ordered to maintain the precautionary measure of suspension of the environmental viability, until the information requested from MINAE offices is obtained and the developer complies with what was ordered. In addition, Truchas Reales was ordered a second time to comply with the provisions of resolution No. 056-2017-SETENA, again given 30 days, and to renew the environmental guarantee (garantía ambiental). (images 284 to 291 of the indicated file).

10) That, in December 2017, the company Truchas San Gerardo S.A. submitted a new application before the Dirección de Aguas to obtain a water concession, which is being processed under file No. 17998. (images 1 to 14 of administrative file No. 17998, certification C-112-2012).

11) That through official letters No. DA-UHTPSOZ-0529-2018 of August 1, 2018, DA-UHTPSOZ-0318-2018 of May 10, 2019, and DA-UHTPSOZ-0615-2019 of July 12, 2019, from the Térraba-South Pacific Hydrological Unit (Unidad Hidrológica Térraba- Pacífico Sur) of MINAE, the Dirección de Aguas was informed that the project was in operation, that a flow rate of 878.00 liters per second was being captured (subsequently 200 and 197.3), and that the wastewater was being returned to the river channel, and that in view of the detected illegality, it was recommended that the interested party be notified of this. (images 65, 66, 83, 84, 86 to 88 of the indicated administrative file).

12) By resolution No. 2219-2018 at 07:00 hours on September 19, 2018, the Plenary Commission (Comisión Plenaria) of SETENA decided to deny the lifting of the precautionary measure (medida cautelar) imposed due to the company's non-compliance with what was previously ordered. (images 857 to 863 of the administrative file of SETENA).

13) In view of the foregoing irregularities, on October 29, 2019, a criminal complaint was filed before the Fiscalía de Pérez Zeledón against the company Truchas San Gerardo S.A. for the crime of water usurpation (usurpación de aguas).

(images 91 to 96 of the indicated administrative file).

14) That at least two proceedings for environmental damage are being processed against the company Truchas Reales S.A. before the Environmental Administrative Tribunal under file numbers 68-13-02-TAA and 92-10-02-TAA for impacts on the water resource and tree felling. (images 186 and 187 of the administrative file of the Dirección de Aguas and 665 and 666 of the file held by SETENA).

15) In resolution No. 3327-2019-SETENA of 08:10 on November 4, 2019, issued by the Plenary Commission of SETENA, it ordered the denial of the lifting of the imposed precautionary measure and ordered the closure of administrative file D1-1241-2006 by virtue of the fact that the project did not have a water concession to operate. In its Considerando II, it was explained that on two occasions the request to lift the measure was rejected due to the company's non-compliance with the requested information. In addition, based on the analysis of the documentation submitted for a better decision by the applicant, the Department of Environmental Audit and Follow-up indicated that a review was made of what was requested in resolution No. 056-2017-SETENA, detecting non-compliance regarding points 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.2, 9.3, of Considerando IX, as well as the Por Tanto VII (regarding compliance with the cancellation of the water concession). It concludes by stating that the project requires a water concession (which was canceled) and that the developer is processing a new concession whose status depends on the company's own actions, a situation that implies the closure of the administrative file. (images 721 to 736 of the administrative file of SETENA).

16) That, dissatisfied with the resolution, Truchas Reales de Costa Rica S.A. filed appeals for reconsideration and appeal, which were denied through resolutions No. 0148-2020-SETENA at 14:00 on January 30, 2020, and R-072-2020-MINAE at 08:55 on March 23, 2020. (images 680 to 693, 669 to 676, 710 to 717 of the administrative file of SETENA).

17) That, for the processing of a surface water concession, the Dirección de Aguas of MINAE requires environmental feasibility (viabilidad ambiental) or proof of its processing before SETENA. (review of the requirements on said agency's website, conducted by this Tribunal).

V.- FACTS NOT PROVEN. For the resolution of this matter, the following are facts of interest that have not been demonstrated:

1) That the company Truchas San Gerardo S.A. has processed and obtained environmental feasibility (viabilidad ambiental) from SETENA for the operation of a trout production project. (see administrative file No. D1-1241-2006-SETENA).

2) That the processing of a new water concession submitted by the company Truchas San Gerardo S.A. before the Dirección de Aguas, under file 17998, has concluded by means of a final act. (from the administrative files).

3) That either of the two plaintiff companies has been granted a water concession on the Savegre River for the operation of a trout farm project and that it is currently in force. (from the case record, there is no evidence in this regard).

4) That Truchas Reales de Costa Rica S.A. has complied with the orders and requirements indicated by SETENA in resolutions No. 056-2017-SETENA, 2266-2017-SETENA, and 2219-2018-SETENA. (from the case record, no evidence was provided in this regard; the resolutions indicated and excerpted in the proven facts of this judgment reveal a situation of repeated non-compliance).

5) That the environmental feasibility (viabilidad ambiental) granted by SETENA to Truchas Reales de Costa Rica S.A. has been canceled. (from the case record, from the study of the SETENA administrative file it is clear that a closure was ordered).

6) That the precautionary measure and closure of the administrative file ordered by SETENA is the reason why Truchas San Gerardo S.A. has not obtained a water concession on the Savegre River. (from the case record a different factual situation is evident).

VI. REGARDING THE LACK OF ACTIVE LEGITIMATION OF THE COMPANY TRUCHAS SAN GERARDO S.A. WITH RESPECT TO THE OBJECT OF THE PROCEEDING. In the case under study and given that the representation of the State has alleged a lack of active legitimation regarding one of the plaintiff companies, from the review of the evidence brought to the judicial file, this Tribunal can appreciate that this situation evidently exists, but regarding Truchas San Gerardo S.A. Let us examine. According to the claims raised in this case, there is a claim for annulment regarding three administrative resolutions issued within file No. D1-1241-2006 of SETENA, where the interested and applicant party is Truchas Reales de Costa Rica S.A. and not Truchas San Gerardo S.A. The challenged acts, i.e., resolutions R-3327-2019-SETENA, 0148-2020-SETENA, and 072-2020-MINAE, have no type of relationship or stipulation regarding the company Truchas San Gerardo; thus, there is no procedural link with respect to it regarding the first of the claims raised. With respect to the second, through which it is requested that an ordinary proceeding be opened for the eventual annulment of the granted environmental feasibility (viabilidad ambiental), the same situation is verified, given that this authorization act was not directed in favor of that company but rather Truchas Reales de Costa Rica, as evidenced in each of the three certifications of the administrative files provided to the proceeding. In this regard, it must be taken into account that our First Chamber of the Supreme Court of Justice has repeatedly stated regarding the substantial prerequisites of any action that: "(...) in matters submitted to its knowledge, the Judge is obliged to analyze, even ex officio, the substantial or merit-based prerequisites of every action, namely: right, legitimation, and interest. These are necessary conditions for the issuance of an estimatory judgment, and therefore they must be preserved throughout the entire proceeding. So, if the absence of one or more of them is detected, the Judge cannot rule on the merits of the litigation, thereby generating what is known in doctrine as an inhibitory sentence. This Tribunal, after studying the case record, becomes convinced that interest is not present in the sub-examine case. Interest is the need for tutelage in which a specific person finds oneself and which determines them to request the intervention of the respective jurisdictional body, with the purpose of resolving the legal conflict in which they are a party. Thus, it can be said that it is the dissatisfaction of an interest protected by the legal system (legitimate interest) or a subjective right that provokes the exercise of the right of action and motivates the formulation of the claim. It has also been said that it is the utility that the holder of a subjective right or a legitimate interest derives from jurisdictional tutelage. Therefore, as it is imperative, as already stated, to be maintained during the development of the entire proceeding, when it is necessary to analyze its subsistence, the judge must make a judgment of utility, comparing the effects of the requested jurisdictional resolution with the utility that the person requesting it can obtain from such pronouncement. If the lack of a judgment produces damage or harm to the person who requested tutelage, there is interest; if it does not cause it, it does not exist. This is so because the cause of the litigation, the conflict of interests, disappears (...)". (In this regard, see vote number 465-F-S1-2009, of 10:45 on May 7, 2009, which in turn cites votes of said Chamber of Cassation, number 8, of 15:45 on January 5, 2000, and number 6, of 14:30 on February 6, 1998). Consider furthermore, that in our legal system, nullity for nullity's sake does not exist, according to the doctrine derived from the provisions of numerals 223 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) and the jurisprudential line outlined by our First Chamber of the Supreme Court of Justice - among others, in judgments numbers 398-F-02 of 15:10 on May 16, 2002, and 496-F-S1-2008 of 15:35 on July 24, 2008 -. In this regard, our Constitutional Chamber has also expressly pronounced, indicating: "(...) the principle of transcendence expressed in the French maxim 'pas de nullité sans grief', that is, there is no nullity - and therefore no retrogression of the proceeding - without true prejudice; the degeneration of procedures that are a consequence of the rebellion of formalism and that conspires against the constitutional principle of celerity must remain in the past. On the other hand, the rectification of the act - when the nature of the defect requires it - must be useful to the parties; the invalidity of the act must not be declared if the defective act achieved the intended purpose in relation to the interested parties and did not substantially affect the rights and faculties of the intervening parties (...) Indeed, unless absolute defects occur - cases of gross and clear defenselessness or of other specific principles of due process, (...), any defective procedural activity can be corrected (...). To claim the nullity - absolute defect - of the vitiated act, the claimant must indicate the interest in claiming it and the effective prejudice (...). Along with the previous statements, it is also necessary to point out that, in principle, absolute defects are not rectifiable, but their invalidity will only be declarable if the interest of the claimant and the correlative prejudice to their interests are proven. The declaration of invalidity is circumscribed to the specific act unless it involves independent acts in which the 'cascade' effect must be considered, since the acts are concatenated with each other, to the point that their total individualization is not possible. (...)". (The bold highlighting is not from the original, see judgment number 2001-10198 of 15:29 on October 10, 2001). As a corollary to the foregoing, it is evident that in this matter there is a lack of active legitimation on the part of Truchas San Gerardo S.A. regarding the three challenged acts and there is no relevance whatsoever in decreeing the nullity of said resolutions that cause no impact on the plaintiff. Thus, the existence of a lack of active ad causam legitimation is declared with respect to Truchas San Gerardo S.A. Regarding Truchas Reales de Costa Rica S.A., the raised defense is rejected, given that there is a link to the object of the proceeding, as it is the recipient of the challenged conduct. Consequently, the following pronouncements are made regarding it.

VII. ON THE MERITS OF THE MATTER. The main object of this lawsuit is to analyze whether it is appropriate to decree the nullity of resolutions R-3327-2019-SETENA, 0148-2020-SETENA, and 072-2020-MINAE issued within administrative file D1-1241-2006 in the name of Truchas Reales de Costa Rica S.A. Secondly, to analyze whether the State must be ordered to carry out an ordinary sanctioning procedure against it to cancel the environmental feasibility (viabilidad ambiental) in dispute. The study of the judicial file, the three administrative files (in a digital folder), as well as the arguments of the parties and their conclusions, lead this Tribunal to conclude that the plaintiff is not correct and to the following reasoning. It presents three fundamental arguments. Firstly, it states that for the new water concession it has been requested to have an environmental feasibility (viabilidad ambiental) that is not suspended, but in order to lift the precautionary measure by SETENA, the project must have the water concession, that is, mutually exclusive requirements of impossible fulfillment are demanded, which is contrary to Article 132.1 of the LGAP. This argument must be rejected. Within this judicial judgment, it has been held as proven that any interested party in obtaining a surface water concession must present an environmental feasibility (viabilidad ambiental) granted or at least proof of having submitted the application before SETENA; the plaintiff does not meet this requirement. As is evident from the proven facts of this judgment, Truchas Reales acquired an environmental feasibility (viabilidad ambiental) for a trout production project through an assignment of rights; however, as a result of SETENA's oversight power and complaints from regional administrative offices of MINAE, a significant series of non-compliances with the conditions under which that environmental feasibility (viabilidad ambiental) was granted were verified (even criminal complaints and complaints before the TAA were filed). For this reason, and in a manner fully appropriate to the legal system, SETENA issued resolution 056-2017-SETENA where the faults were indicated, it was ordered to comply with various requirements to become compliant with the law (Considerando 9), a deadline was given for their submission (30 days) and for its defense (10 days), and it was expressly ordered to cease the illegal use of the waters of the Savegre River because the project did not have any water concession. Subsequently, similar warnings were made in resolutions 2266-2017-SETENA and 2219-2018-SETENA, where it was also clarified that the plaintiff had not complied with the requirements and orders issued. It was even granted a 30-day deadline for a second time, which it also did not respect or fulfill. Thus, the first of the acts challenged in this proceeding was issued, i.e., resolution No. 3327-2019-SETENA, which deemed the requirements warned since 2017 as unfulfilled, verified the irregularity that the project did not have a water concession, and proceeded to deny the lifting of the precautionary measure and order the closure of the file, precisely because of the non-compliance with one of its fundamental premises, i.e., how the water was to be obtained; however, it cannot be overlooked that there was non-compliance with almost all of the requirements warned in Considerando IX of resolution 056-2017-SETENA. Thus, what this Tribunal concludes is that the project does not have environmental feasibility (viabilidad ambiental), given that the one being used is suspended as a precautionary measure and closed for not complying with the requirements requested since 2017, and it has not processed a new one, nor does it possess a water concession, given that the one it was exploiting, in a quite irregular manner from the point of view of the ownership of the concessionaire that did not match that of the environmental feasibility (viabilidad ambiental) and of the granted flow, ceased to exist with the declaration of its expiration by the Dirección de Aguas, and the one it requested under number 17998 has not been definitively granted or denied, as evidenced in the corresponding administrative file. Therefore, the modification made to the flow manual for the activity has no relevance, as the plaintiff has alleged, given that said concession was canceled due to repeated violations of its conditions. So let us see that the argument is mistaken, because it is not proven from the administrative files that both SETENA and the Dirección de Aguas have placed the plaintiff in a situation of impossibility of compliance by requesting mutually exclusive or impossible-to-meet requirements. In the opinion of this Tribunal, that is not what occurs in this particular case. What emerges from the evidence examined is that the water concession processing has not concluded and that it does require an environmental feasibility (viabilidad ambiental), but that at no time was it communicated to the plaintiff that it has to be the one processed before SETENA in file D1-1241-2006; thus, it has the possibility of processing a new one before SETENA or requesting the reactivation of the one already granted, provided it complies with the various warnings made and corrects the irregularities detected in the project since 2017. That is, it is in full legal possibility (because the law permits it) to present the requested environmental feasibility (viabilidad ambiental) (or at least one under study) before the Dirección de Aguas and finalize the process. Now, it should be noted that, in any case, this new application does not imply that it will be automatically approved, because it is subject to the technical review of the requirements and the results obtained in the field regarding the legal normality and environmental adequacy of the project, which, as stated in proven fact 11 of this judgment, has rather allowed confirming that water from the Savegre River is being illegally exploited therein, among other unauthorized situations. Therefore, the argument is based on a mere expectation of right and is not admissible. On the other hand, regarding the claim that in order to lift the precautionary measure and the closure in file D1-1241-2006, a water concession must be obtained, it must be indicated that the argument is raised attempting to bias the content of SETENA's decision. From the reading of resolutions 056-2017-SETENA, 2266-2017-SETENA, 2219-2018-SETENA, and 3327-2019-SETENA, it is clear that multiple warnings were made to Truchas Reales regarding requirements it had to submit to regularize the granted approval, as well as the express order not to illegally use water from the Savegre River. In the last of the resolutions, which is the one questioned in this proceeding, it was verified that it did not comply with points 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.2, 9.3, of Considerando IX, as well as the Por Tanto VII (regarding compliance with the cancellation of the water concession) of resolution 056-2017-SETENA, and although its Por Tanto I indicates that the denial of the lifting and the closure of the file are appropriate because it lacks a water concession, the truth of the matter is that there are at least 14 non-compliances with requirements by the plaintiff, which warranted the closure of the administrative file. Additionally, and as stated above, the plaintiff is not obliged to present precisely the water concession that was canceled, but rather it may, as it is attempting to do, present a new one, provided it complies with the legal and technical requirements for it. Based on the foregoing, the plaintiff's argument must be denied because it is based on the assumption that, upon presenting the environmental feasibility (viabilidad ambiental) to the Dirección de Aguas, the concession will be granted, and that upon presenting the concession to SETENA, the precautionary measure and the closure will be lifted, which is entirely false and unfounded based on what has been explained. In any case, the plaintiff disregards the circumstance that the development of any commercial or lucrative activity in our country must comply with the existing requirements and guidelines for its normal operation, especially in this case, which involves an exhaustible natural resource subject to state authorization such as surface water. The alleged defects are not verified, and therefore the argument raised is rejected. As a second argument, it states that the cancellation of the environmental feasibility (viabilidad ambiental) was imposed by an incompetent body, given that it should have been the Environmental Administrative Tribunal and not SETENA, after due process and the right to a hearing, and furthermore that its content would be unlawful and its content and motive are vitiated. This argument is denied, because according to Article 111 of the Environmental Organic Law (Ley Orgánica del Ambiente), the competencies of the Environmental Tribunal refer to: "a) Hear and resolve, in administrative venue, the complaints filed against all persons, public or private, for violations of legislation protecting the environment and natural resources. b) Hear, process, and resolve, ex officio or at the request of a party, complaints regarding active and omissive behaviors that violate or threaten to violate the norms of legislation protecting the environment and natural resources. c) Establish, in administrative proceedings, the indemnities that may arise in relation to damages caused by violations of legislation protecting the environment and natural resources, d)... e) Establish fines, in administrative venue, for infractions to the Law for Integrated Waste Management and any other law that so establishes."

As can be seen from the simple reading of the preceding numeral, it is not within the functions and competencies of the aforementioned administrative tribunal to cancel or monitor the granted environmental feasibilities (viabilidades ambientales). Regarding the competencies of SETENA, they are regulated in Articles 83 and 89 of that same normative body, which establish, as pertinent:

"Article 84.- Functions of the National Environmental Technical Secretariat. The functions of the National Environmental Technical Secretariat are the following:

a) Analyze environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental) and resolve them within the deadlines provided by the General Law of Public Administration.

b) Recommend the necessary actions to minimize the impact on the environment, as well as those technically convenient to recover it.

c) Address and investigate the complaints presented to it concerning environmental degeneration or damage.

d) Conduct the corresponding field inspections before issuing its agreements.

...

i) Conduct monitoring tasks (sic) and ensure the execution of resolutions."

"Article 89.- Inspections. The members of the National Environmental Technical Secretariat must carry out inspections to verify compliance with the legal and regulatory provisions on the matter, as well as with the resolutions issued by this Secretariat. These inspections must be carried out periodically or when the competent authorities deem it convenient. Minutes shall be drawn up for all inspections."

Thus, SETENA clearly acted within its functions and legal powers by establishing a monitoring process for the granted environmental feasibility (viabilidad ambiental) and also addressing the complaints that MINAE made regarding the project's non-compliance, which was verified. The argument raised and the existence of defects in the content and motive of the challenged acts, or violation of due process and the right to defense, are rejected. Finally, as a third argument, it indicates that a violation of due process occurred. It alleges that what is established by Articles 106 and following of the Environmental Organic Law (regarding the Environmental Tribunal) refers to the figure of the ordinary proceeding (308 and following of the LGAP), which did not occur in this case, given that the procedure was not carried out and the final act canceling the environmental feasibility (viabilidad ambiental) was issued. The argument must be rejected for several reasons. As stated, the Environmental Administrative Tribunal does not have jurisdiction over the oversight and monitoring of the terms under which the environmental feasibilities (viabilidades ambientales) were granted nor the complaints related to them; these are functions of SETENA, as indicated by the Environmental Organic Law. Thus, the case did not have to be aired, processed, or decided before said Tribunal. Regarding the violation of due process alleged due to the omission in applying Article 308 and following of the LGAP, it must be stated that this was not necessary, in view of the fact that Considerando III of resolution No. 29-14-2007-SETENA clearly indicated the consequences of non-compliance with the terms under which the environmental feasibility (viabilidad ambiental) was granted, as transcribed in the proven facts of this judgment, i.e., "The non-compliance with this clause by the developer will not only make them liable for the sanctions indicated for non-compliance with said resolution, but also, as this clause constitutes a fundamental basis on which the environmental feasibility (viabilidad ambiental, VLA) is sustained, it will cause said VLA to be automatically annulled with the technical, administrative, and legal consequences that this entails for the activity, work, or project and for its developer..." Furthermore, and fundamentally, in this particular case it is the opinion of this Tribunal that we are not facing a case of cancellation or annulment of the pertinent environmental feasibility (viabilidad ambiental). From the reading of resolution R-3327-2019-SETENA, it is understood that based on the request to lift the existing precautionary measure, a new review of the project status is conducted (including a field visit), where the environmental audit office of that body indicates that the plaintiff did not comply with the requirements that had been imposed through resolution 056-2017-SETENA and that it was also continuing to illegally use water from the Savegre River without any concession. Therefore, two consequences arise: firstly, the verification that the project lacks water to operate or to be put into operation, and secondly, that the requirements imposed to reactivate the feasibility were not met, which implies the need to maintain the measure and order the closure of the file, due to the decay of the administrative process because of the plaintiff company's non-compliance. Given this situation, SETENA had no choice but to order the closure, since Truchas Reales was given two 30-day deadlines (plus a period of almost two years in process) without ever fulfilling the indicated requirements, which was aggravated by the non-existence of a valid water concession and the illegal use of the Savegre River, which was verified in the field inspections. That is, it is not a cancellation as the plaintiff refers to it; it is a closure due to non-compliance with requirements. In this scenario, it was not necessary to carry out an ordinary administrative proceeding, because the feasibility has not been annulled or rendered void; rather, it is closed for the stated reason. Therefore, the defect alleged against the challenged acts does not proceed. In summary, this Tribunal does not find that the defects alleged in the lawsuit occurred in the challenged acts. From the reading of the evidence in the case record, it is concluded that the defendant administration acted in accordance with the law and in protection of the environment, as was its obligation. In this regard, it must be taken into account that the activities of oversight and file closure for the feasibility, in which non-compliance with the plaintiff's obligations is verified, are competencies of SETENA in accordance with Articles 94 and 97 of the General Regulations on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental), Decreto Ejecutivo 31839 of May 24, 2004. Thus, the appropriate course is to deny claim 1, given that it is not appropriate to declare the nullity of the challenged resolutions, for the reasons stated above. Regarding claim 2, it is not appropriate to order the opening of an ordinary proceeding against the plaintiff, given that, as stated, in this particular case a closure of the ongoing administrative process occurred because the interested party did not fulfill the required warnings. In any case, it is not necessary to demand what the plaintiff has indicated, in view of the fact that SETENA has taken effective measures to prevent the irregular situations detected in the project from continuing and to prevent greater environmental degradation, as well as the illegal water use that was occurring for approximately three years. Consequently, the filed lawsuit is denied in all its aspects and claims.

VIII. REGARDING THE DEFENSES RAISED. Regarding the defenses presented by the defendant, the following pronouncement is made. Concerning the lack of active ad causam legitimation, a pronouncement has already been made admitting it regarding Truchas San Gerardo S.A. and denying it regarding Truchas Reales de Costa Rica S.A. Based on what was stated in the preceding considerandos, the defense of lack of right raised by the State is upheld, in view of the fact that the defects alleged by the plaintiff in the challenged acts were not verified.

IX.- REGARDING COSTS. By express provision of Article 193 of the Contentious Administrative Procedure Code, it is appropriate to condemn the plaintiff to pay both cost awards of this action for the sole fact of having been defeated in this proceeding, with no reasons justifying its exoneration pursuant to subsections a) and b) of the cited numeral 193. Likewise, legal interest is granted on this item running from the finality of its determination until its effective payment. Both situations will be defined in the execution phase.

POR TANTO

The defense of lack of active legitimation is rejected regarding Truchas Reales de Costa Rica S.A., and it is admitted regarding Truchas San Gerardo S.A. The defense of lack of right raised by the State is upheld. The lawsuit filed by Truchas San Gerardo S.A. and Truchas Reales de Costa Rica S.A. against the State is declared without merit in all its aspects. The plaintiff is condemned to pay the cost awards of this action with their legal interest, which will be liquidated in the judgment execution phase. Notify. KAREN CALDERÓN CHACÓN. EVELYN SOLANO ULLOA. FRANCISCO JOSÉ CHAVES TORRES. Judges. -

- Verification Code -
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643XYE81XXKA61

Document signed by:

KAREN CALDERÓN CHACON, DECISION-MAKING JUDGE
EVELYN SOLANO ULLOA, DECISION-MAKING JUDGE
FRANCISCO CHAVES TORRES, DECISION-MAKING JUDGE

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Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, opposite Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006.

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