Res. 00353-2025 Tribunal Agrario — Affirmation of Agrarian Possessory Title over Land with Forest CoverConfirmación de titulación posesoria agraria sobre terreno con cobertura boscosa

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00353 - 2025

Fecha de la Resolución: 23 de Abril del 2025 a las 10:45

Expediente: 22-000059-1587-AG

Redactado por: Carlos Adolfo Picado Vargas

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Posibilidad de titular terreno con bosque demostrando la posesión decenal y la protección de los recursos naturales.
Temas (descriptores): Conservación de los recursos naturales
Subtemas:
Requisito para declarar información posesoria agraria sobre terreno con bosque.
Temas (descriptores): Posesión ecológica
Subtemas:
Requisito para declarar información posesoria agraria sobre terreno con bosque.
Temas (descriptores): Bosques y terrenos forestales
Subtemas:
Posibilidad de titular mediante información posesoria demostrando la posesión decenal y la protección de los recursos naturales.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

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EXPEDIENTE:

	

22-000059-1587-AG - 7




PROCESO:

	

INFORMACION POSESORIA




PROMUEVE:

	

OSCAR WILLIAM DEL CARMEN ROJAS LOPEZ

 

   

VOTO N°  N° 2025000353

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de abril de dos mil veinticinco.-

 DILIGENCIAS NO CONTENCIOSAS DE INFORMACIÓN POSESORIA promovido por OSCAR WILLIAM ROJAS LÓPEZ, mayor, casado una vez, agricultor, vecino de Punto de Mira Quepos, cédula de identidad número uno - quinientos cincuenta y cuatro - cero trece. Intervienen en el proceso la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Lydiana Mayela Rodríguez Paniagua, mayor, soltera, abogada, vecina de Alajuela, cédula de identidad número dos - cuatrocientos sesenta y seis - cero sesenta y cinco, en su condición de procuradora adjunta; y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica cuatro - cero cero cero - cero cuatro dos uno cuatro tres - once, representado por Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, mayor, casada, abogada, vecina de Alajuela, cédula de identidad número uno - quinientos noventa y ocho - ciento uno, en calidad de  apoderada generalísima sin límite de suma. Actúa como apoderado especial judicial del promovente el licenciado Brayner Porras Hidalgo, colegiado veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y ocho. Tramitado ante el Juzgado Agrario de Puntarenas.-

 Redacta el juez Picado Vargas; y,

                                                  CONSIDERANDO:

 

 I.- DETALLE DE ACTUACIONES: I.- El promovente OSCAR WILLIAM ROJAS LÓPEZ interpuso las presentes diligencias de información posesoria para que por medio de esta vía se proceda a inscribir en el Registro Público de la Propiedad el terreno que se describe así: " terreno de montaña y potrero, situado en Punta Mira distrito dos Savegre, cantón seis Quepos de la Provincia de Puntarenas, con una medida de cincuenta y nueve mil setecientos sesenta y seis metros cuadrados; linda al Norte: Rafael Ángel Gamboa Zúñiga Sur: Marvin Rojas López, Este: Servidumbre de paso y Edwin Gamboa Calvo, Oeste: Awareness Associates Holding Sociedad Anónima, según consta en el Plano Catastrado plano catastrado seis-dos tres uno dos tres siete dos-dos mil veintiuno," (Ver expediente descargado en modo pdf, imágenes 1 a 5).

 II.-  La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos que corren en expediente descargado en modo pdf imágenes 62 a 64; a su vez el Instituto de Desarrollo Rural lo hizo en imagen 72.

 III.- La Jueza Andrea Mercedes Ruiz Ramírez, del Juzgado Agrario de Puntarenas, mediante sentencia número 2024000304 de las diez horas con treinta

minutos del trece de noviembre del año dos mil veinticuatro, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con la Ley de Informaciones Posesorias No. 139 del 14 de julio de 1941 y sus reformas, se aprueban estas diligencias de Información Posesoria, en la cual han intervenido como partes la Procuraduría General de la República y el Instituto de Desarrollo Rural. Proceda el Registro Público de la Propiedad a inscribir a nombre de OSCAR WILLIAM ROJAS LÓPEZ, mayor, casado una vez, agricultor, vecino de Punto de Mira Quepos, doscientos metros Sur de la Escuela cédula de identidad uno-quinientos cincuenta y cuatro-cero trece, gravamen: servidumbre de paso agrícola abierta a pie o con cualquier tipo de vehículo, a favor y contra la finca a inscribir a nombre del señor Rojas López, como fundo dominante y en contra de la finca del Partido de San José matrícula doscientos cincuenta y cuatro mil quinientos cincuenta y cinco-cero cero cero como fundo sirviente. Esta servidumbre tiene un ancho de cuatro metros, una longitud total de seiscientos ochenta metros lineales, una orientación de Este a Oeste y se localiza en la colindancia Este del fundo dominante y en la colindancia Oeste del fundo sirviente travesándola por el centro de la finca. Se estima esta servidumbre en la suma de mil colones, libre de cargas reales, condueños y sin perjuicio de terceros de mejor derecho, el terreno NATURALEZA: terreno de montaña y potrero, situado en Punta Mira distrito dos Savegre, cantón seis Quepos de la Provincia de Puntarenas, con una medida de cincuenta y nueve mil setecientos sesenta y seis metros cuadrados; linda al Norte: Rafael Ángel Gamboa Zúñiga Sur: Marvin Rojas López, Este: Servidumbre de paso y Edwin Gamboa Calvo, Oeste: Awareness Associates Holding Sociedad Anónima, según consta en el Plano Catastrado plano catastrado seis-dos tres uno dos tres siete dos-dos mil veintiuno. El promovente adquirió el terreno el doce de diciembre del dos mil ocho, por compra de venta de los derechos posesorios que realizara el señor Edwin Gamboa Calvo, mayor, agricultor, casado una vez, cédula de identidad uno- quinientos diecinueve-ciento nueve, vecino de Tres Piedras de Quepos Puntarenas, venta que posteriormente se protocolizó en la escritura suscrita ante la Notaria Kattia Portilla Fallas, en la escritura número ciento cuatro-cuatro, visible a folio sesenta y ocho frente del tomo cuatro del protocolo de la Notaria, el día tres (sic) de diciembre del dos mil veintidós. Desde que el promovente adquirió el terreno ha ejercido una posesión pública, pacífica en calidad de dueño por más de doce años, aprovechando la posesión trasmitida por el señor Gamboa Calvo. En dicha materialidad ha ejercido actos posesorios agrarios reales y efectivos, a título de dueño, y en forma continua, consistentes pastoreo de ganado y actividad agrícola en aproximadamente tres hectáreas del sur del terreno, pastorean dos a tres vacas y siembra arroz, frijoles y maíz, da mantenimiento a los pastos, a las cercas en los linderos del terreno la cual está constituida por la cerca de alambre de púas en tres líneas combinado entre postes secos y cerca viva en la totalidad del terreno. El inmueble fue estimado en la suma de treinta millones de colones y las presentes diligencias en la suma de quince millones de colones. El edicto relativo salió publicado en el Boletín Judicial número ciento ochenta y uno del treinta de setiembre del dos mil veinticuatro. El fundo está fuera de cualquier área silvestre protegida y se han ejercido los actos posesorios cumpliendo con el uso conforme del suelo. Declararon como testigos Luis Evelio Gamboa Vargas cédula de identidad uno-mil ciento ochenta y uno-setecientos sesenta y ocho, José María Alvarado Hernández cédula de identidad uno- mil cuatro quinientos ocho y Giovanni Vega Arroyo cédula de identidad uno-seiscientos cincuenta y seis-setecientos cincuenta y seis. El área contigua a las corrientes es área de protección, según el artículo 33, inciso b), de la Ley Forestal N° 7575 y queda prohibida la corta o eliminación de árboles. El cauce y las aguas de esa corriente son de dominio público ( Ley de Aguas, artículos 1, inciso IV, y 3, inciso III). Las aguas superficiales y subterráneas existentes en el inmueble (pozos, etc), son de dominio público estatal y no forman parte de la finca (Ley de Aguas, artículos 1, inciso a y b, y 3, inciso III y Código de Minería, artículo 4), (Ver expediente descargado en modo pdf, imágenes 194 a 203).-

  IV.- Se prohíja el elenco de hechos tenidos por probados por ser acordes al acervo probatorio.-

 V.- La procuradora adjunta la licenciada Lydiana Mayela Rodríguez Paniagua, formuló recurso de apelación contra dicha resolución, manifestando lo siguiente: Consta en pruebas aportadas a los autos así como la certificación del MINAE No. SINAC-ACOPAC-OSRAP-CERT-003-2022 del 21 de enero del 2022, que el inmueble plano P-2312372-2021 posee aproximadamente 27.123 meros DENTRO DE LA CAPA DE COBERTURA FORESTAL FONAFIFO 2000, lo que equivale al 45.40% aproximadamente del inmueble. El auto sentencia que se impugna que la naturaleza de los inmuebles a titular es boscosa (montaña). Los terrenos forestales y bosques de las reservas nacionales están afectos a dominio público, patrimonio natural del Estado, al menos desde la Ley Forestal 4465 de 1969, artículo 33, reformada por la Ley Forestal 7174 de 1990 (arts 32 y 33) y carácter demanial que mantiene la Ley 7575, arts. 13 y 14,

en la cual se establecía el patrimonio forestal del estado incluyendo las áreas de las reservas nacionales que tuvieran bosques, por lo que se trata de un bien de carácter demanial al amparo de los dispuestos por los ordinales 13 , 14 y 15 de la Ley Forestal 7575. Cita una serie de votos entre los que destaca el 4587-97. Indica, los bosques son parte del dominio público al formar parte del Patrimonio Natural del Estado, por lo que no podría titularse. Agravia, la declaración de los testigos no demuestra la posesión decenal apta para usucapir en cabeza de su dueño y solicita la revocatoria para decretar la improbación de estas diligencias (Ver expediente descargado en modo pdf, imágenes 208 a 216).-

 VI.- No lleva razón la recurrente en su agravio de fondo. Este Tribunal ha venido a reforzar el criterio mantenido en los últimos años con reciente jurisprudencia en materia constitucional sobre la titulación de los terrenos con cobertura boscosa, como lo es en el reciente Voto No. 44-F-15 dictado a las 14:20 horas del 14 de enero del 2015, a saber:  "III.- Si bien es cierto, la Ley de Tierras y Colonización de 1961 y la Ley Forestal de 1969, establecían que los terrenos cubiertos de bosque, sin ocupación privada eran parte de las reservas nacionales, dicha afectación al dominio público ha venido cambiando conforme la evolución de los Derechos Humanos, y específicamente con la incorporación de los de tercera generación, en los cuales se incluye el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Ley Forestal de 1996 reformó, el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para permitir la usucapión, en terrenos cubiertos de bosque, pero demostrando una posesión ecológica, a través de la conservación del recurso forestal, durante más de diez años, pudiéndose aprovechar la posesión trasmitida (ver sentencia de la Sala Constitucional No. 4587-97). El Tribunal Agrario sostuvo el criterio de que dicha posesión debía ser de carácter personal, pero la Sala declaró que el mismo era inconstitucional. Por eso el Tribunal, ha rectificado el criterio en resoluciones posteriores indicando: "V.- En cuanto a lo alegado por el recurrente respecto a que el juzgador de instancia comete un error al aplicar el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, el cual considera fue declarado inconstitucional por lo que debe analizarse las diligencias a la luz de lo dispuesto por el artículo 1 de dicha Ley, considera este Tribunal no lleva razón pues el artículo 7 citado no fue declarado inconstitucional, sino lo fue la interpretación que venía haciendo el Tribunal en cuanto no se contabilizaba la posesión ejercida por los anteriores transmitentes. De ahí, al estar vigente el ordinal 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, debe el promovente demostrar una posesión decenal antes de la declaratoria del área silvestre protegida según lo indicó la Sala Constitucional en el voto No. 4587-97 (publicado en el Boletín Judicial No. 188 de fecha 1 de octubre de 1997). Es importante mencionar que tampoco se estaría aplicando retroactivamente la ley como lo indica el recurrente, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son: el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. En ese sentido es importante señalar lo dicho por la Sala Constitucional al respecto en el voto citado “…El artículo 7 párrafo primero de la Ley de Informaciones Posesorias impugnado, cuyo texto es anterior a la última reforma por Ley Forestal No.7575 de 13 de febrero de 1996, regula el caso de la titulación de bienes inmuebles comprendidos dentro de un área declarada parque nacional, reserva biológica, reserva forestal o zona protectora. Señala ese artículo que el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o el decreto que creó el área silvestre. La disposición cuestionada regula el caso de titulación de un bien inmueble que ha sido afectado al dominio público con la declaratoria de área silvestre protegida, cualquiera que sea su especificidad. Corresponde ahora determinar si de acuerdo con la hipótesis que contempla la norma impugnada, a la luz de los criterios doctrinarios y jurisprudenciales que informan los institutos de la usucapión y de la posesión necesaria para usucapir, expuestos anteriormente, la norma cuestionada regula un tipo especial de posesión necesaria para adquirir la propiedad sobre los bienes inmuebles, que impone requisitos específicos que pueden infringir el derecho de propiedad o el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, regulados en la Constitución. En primer término, debe señalarse que el artículo cuestionado no modifica -aumenta o disminuye- el plazo de diez años de posesión necesario para usucapir, fijado en el artículo 860 del Código Civil para la generalidad de los casos en que se pretende adquirir la propiedad de los bienes inmuebles por prescripción positiva. La ampliación del plazo que alega el accionante como infractor del derecho a la propiedad no se produce, porque dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. Es decir, la declaratoria de área silvestre protegida evita que cuente la posesión posterior a la afectación, e impide concretar los requisitos de la usucapión si a ese momento no se ha adquirido el derecho, o sea, no han transcurrido los diez años de posesión apta para usucapir con las condiciones que establece la ley. Lo anterior es únicamente el resultado natural de aplicar los conceptos sobre el objeto de la posesión y su condición de ejercicio en calidad de titular, necesarios para la posesión ad usucapionem. Recuérdese que los bienes afectados al dominio público, tengan las especificaciones que tengan, no son susceptibles de adquisición por usucapión, si antes de producirse la afectación no se dieron las condiciones necesarias para la adquisición del derecho. En ese sentido, la disposición cuestionada, a pesar de que en apariencia regula un caso específico de usucapión, no crea un régimen con requisitos diferentes a los establecidos en el Código Civil para la generalidad de los casos. En ese sentido, tampoco se produce el alegado efecto retroactivo de la norma, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son: el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. Es decir, la norma no viene a establecer ningún principio diferente -o requisito más riguroso- en relación con la aplicación de las reglas generales de la usucapión. Simplemente especifica la forma en que deben aplicarse esas reglas, lo que coincide con un resultado lógico dada la condición de bien demanial del objeto a titular. De ahí que no se considere que la reforma al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, cuyo texto se impugna, haya introducido un régimen diferente en relación con los requisitos de la usucapión, que haya podido agravar la situación de personas que se encontraban ejerciendo posesión ad usucapionem en terrenos que fueron declarados de interés público. (Tribunal Agrario, No. 173 de las 16:29 horas del 31 de marzo del 2003). IV.- De manera que el poseedor que pretenda adquirir por usucapión un terreno cubierto de bosque, que formaba parte de las reservas nacionales, deberá demostrar la posesión decenal (originaria o trasmitida), y haber conservado el recurso forestal. Dicho criterio, fue ratificado, recientemente por la Sala Constitucional, en el Voto No. 2015-0098, de las 9 horas del 7 de enero del 2015, al responder una consulta judicial de constitucionalidad, relacionada con la titulación en las reservas nacionales: "VI.- LA TITULACIÓN DE TIERRAS EN LAS RESERVAS NACIONALES, EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO, LOS TERCEROS CON MEJOR DERECHO Y LA PROPIEDAD PRIVADA. Este Tribunal Constitucional, a propósito de la consulta sometida a conocimiento, considera necesario hacer la distinción clara entre el concepto de Reservas Nacionales, y aquél de Patrimonio Natural del Estado, antes denominado Patrimonio Agrícola del Estado. La Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 del 14 de octubre de 1961, en su artículo 7, estableció el llamado Patrimonio Agrícola del Estado, partiendo de una concepción de la propiedad agraria como originaria de la Nación. El Patrimonio agrícola del Estado comprendía todas las tierras inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, entre otras, la zona marítimo terrestre, las Islas, la franja fronteriza, las franjas de los ríos navegables, los dos kilómetros de radio en Volcanes y Parques Nacionales (artículos 7 al 10). Es decir, el Patrimonio comprende aquellos terrenos con características de inalienabilidad, sometidos al dominio público, y contenidos en alguna categoría de manejo, como los Parques Nacionales. Posteriormente la Ley introduce un concepto amplio de Reservas Nacionales, en el artículo 11, al indicar que “Mientras no se pruebe lo contrario, pertenecen al Estado en carácter de reservas nacionales: a) Todos los terrenos comprendidos dentro de los límites de la República que no estén inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autónomas; b) Los que no estén amparados por la posesión decenal; c) Los que, por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas; y d) En general todos los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos.” De lo anterior se desprende que los terrenos que forman parte de las reservas nacionales, como terrenos de vocación agrícola, ganadera o forestal, poseídos por los particulares durante más de diez años y que no formen parte del Patrimonio agrícola del Estado, eran susceptibles de reconocimiento jurídico. Tal reconocimiento lo alcanzan los particulares, a través de los procesos de Información Posesoria, o bien, mediante el instrumento que se creó a través de la Titulación Múltiple de Tierras, posteriormente denominada “Titulación de Tierras Ubicadas en las Reservas Nacionales”. Luego, la Ley Forestal No. 4465 de 1969, introduce el concepto de Patrimonio Forestal del Estado, confiriéndole la administración forestal, de las reservas forestales, los parques nacionales, los viveros forestales del Estado, las zonas protectoras y las reservas biológicas, a la Dirección General Forestal. En ese momento, la Administración Pública se percata de que dentro de las llamadas “reservas nacionales”, conviven los dos regímenes, por los que en 1972, suscriben un convenio representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (de quien dependía la Dirección General Forestal), el Instituto de Tierras y Colonización y el Instituto Costarricense de Turismo, que definió con precisión las facultades de los tres organismos sobre las reservas nacionales (Convenio MAG-ITCO-ICT), 7 marzo 1972, La Gaceta No. 89 del 10 de mayo de 1972). Lo anterior ocurre, porque la Ley de Tierras y Colonización, aún vigente, le confía la administración de las reservas nacionales, con vocación agropecuaria, al Instituto de Tierras y Colonización, órgano encargado de la parcelación y colonización. Por su parte, la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 de 1995, incorpora el concepto de áreas silvestre protegidas, indicando que forma parte del patrimonio natural del Estado y estableciendo su carácter irreductible (artículos 32 al 38). Posteriormente, la Ley Forestal vigente No. 7575 de 1996 incorpora, en el Titulo segundo, capítulo único el concepto de Patrimonio Natural del Estado, aclarando incluso, qué es lo que comprende de las reservas nacionales: “El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio del Ambiente y Energía administrará el patrimonio.” Lo anterior excluye como parte del patrimonio natural del Estado, por no ser forestal, los terrenos de aptitud agropecuaria, que siguen siendo parte de la reservas nacionales, y susceptibles de usucapión por parte de particulares. Finalmente, la misma Ley Forestal de 1996, modificó el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, y el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para autorizar la usucapión, y por ende la inscripción mediante información posesoria (y el procedimiento derogado de la titulación en reservas nacionales), terrenos que pertenecen a las reservas nacionales, con vocación forestal e, incluso, terrenos en posesión privada, que quedaron comprendidos dentro de alguna categoría de área silvestre protegida (Patrimonio Natural del Estado), siempre y cuando se demostrara una posesión decenal anterior a la fecha de creación de la respectiva área, y los actos posesorios agrarios consistieran en actividades tendientes a la protección forestal o ecológica. Con todo lo antes expuesto, resulta claro, entonces, que el procedimiento administrativo creado en la Ley de Titulación Múltiple de tierras (posteriormente, la Ley de Titulación en las Reservas Nacionales), vino a permitir agilizar los trámites de titulación de los poseedores agrarios, que habían cumplido una usucapión corta (primero de tres y luego de cinco años), para que pudieran obtener un título de propiedad, y tener posibilidades de acceso a la tierra, al crédito agrario y a la vivienda digna. Lo anterior, sin perjuicio de terceros de mejor derecho, entendiendo como tales, aquéllos particulares que pudieron haber ejercido una acción de mejor derecho de posesión, dentro de las zonas consideradas como reservas nacionales, para lo cual tenían solo tres años para reclamarlo, de lo contrario el título quedaría totalmente consolidado, pues el plazo de la prescripción negativa, fue reducido por el legislador. Sin embargo, situación distinta ocurre con la propiedad privada afecta en esos procesos de titulación múltiple de tierras. Era lógico que al crear un Programa de Titulación Múltiple, la propiedad constituida e inscrita a nombre del Instituto de Tierras y Colonización, luego Instituto de Desarrollo Agrario, se sobreponía con propiedades inscritas a nombre de particulares (pues el requisito era que en la zona geográfica delimitada hubiera, al menos un 20% de terrenos sin título inscrito en el registro público). Ello suponía, en consecuencia, que el título que otorgaba el ITCO, lo era sobre terrenos de las reservas nacionales, no sobre terrenos inscritos anteriormente en propiedad privada de particulares. Lo anterior permite aclarar que si se autorizaba una titulación, y ese título recaía, total o parcialmente, sobre un inmueble particular anteriormente inscrito, el propietario registral tendría derecho a reivindicar, tal y como lo establece la misma norma, pero no dentro del plazo de tres años, aplicable a los terceros con mejor derecho, sino dentro del plazo de los diez años." (HASTA AQUÍ LA CITA).

 IV.- En este caso particular, no lleva razón el recurrente, pues se tiene por demostrado el requisito exigido por la Ley de Informaciones Posesorias, en sus artículos 1, 6 y 7. En efecto, el titulante, aportó el plano catastrado No. 6-2312372-2021 que describe un terreno de área de montaña y potrero, lo que significa que han sido dedicados a actividades sostenibles (ver plano catastrado presentado a las presentes diligencias bajo número 6-2312372-2021, en escrito inicial de fecha 09/11/2016 asociado a  imágenes 1 y 17, 107 y 108 del expediente electrónico en formato PDF, estudio de suelos avalado por el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, a imágenes 29 a 41 y manifestación a estados judiciales del promovente a imagen 1). No se encuentra dentro de ninguna área protegida  (ver certificación a imagen 15)  y del reconocimiento judicial se determina que se dedica a bosque bien cuidado y protegido y zonas de potrero dedicado a ganadería fuera de la cobertura boscosa bien protegida,  con linderos bien delimitados, por lo que se determina que la promovente y su transmitente han dedicado el inmueble a la conservación y protección del bosque primario,  lo cual concuerda con el estudio de suelos que indica que la finca se dedica a bosque  (certificación del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria supracitado), lo que significa que, lejos de afectar el recurso, se ha dado una actividad agroforestal sostenible, por lo cual se concluye que se ha ejercido la posesión sostenible, lo cual también se puede verificar en el acta de reconocimiento judicial citado, donde se indica que hay bosque debidamente cuidado.   En cuanto al tema de la posesión, en este caso se recibió el testimonio de Luis Evelio Gamboa Vargas, José María Alvarado Hernández y Giovanni Vega Arroyo, de cuyas declaraciones se desprende que la promovente demostró, sumada la posesión de sus anteriores transmitentes, haber poseído dicho inmueble, por más de diez años, con todos los atributos del dominio y además claramente protegió el recurso forestal existente en el inmueble. De ahí que no lleve razón la recurrente en sus agravios, debiendo confirmarse la sentencia apelada.

POR TANTO:

 Se confirma la sentencia apelada, en lo que fue objeto de apelación.

 

  

 

 

 

 

	


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CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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ENRIQUE ULATE CHACÓN - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 22-000059-1587-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:40:38.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

TRIBUNAL AGRARIO. SECOND CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- At ten hours forty-five minutes on the twenty-third of April of two thousand twenty-five.-

NON-CONTENTIOUS PROCEEDINGS FOR POSSESSORY INFORMATION (DILIGENCIAS NO CONTENCIOSAS DE INFORMACIÓN POSESORIA) brought by OSCAR WILLIAM ROJAS LÓPEZ, of legal age, married once, farmer, resident of Punto de Mira Quepos, identity card number one - five hundred fifty-four - zero thirteen. Appearing in the proceeding are the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, represented by Lydiana Mayela Rodríguez Paniagua, of legal age, unmarried, attorney, resident of Alajuela, identity card number two - four hundred sixty-six - zero sixty-five, in her capacity as assistant procurator; and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, legal identity number four - zero zero zero - zero four two one four three - eleven, represented by Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, of legal age, married, attorney, resident of Alajuela, identity card number one - five hundred ninety-eight - one hundred one, in her capacity as general attorney-in-fact without limit of amount. Acting as special judicial attorney-in-fact for the petitioner is licensed attorney Brayner Porras Hidalgo, bar number twenty-six thousand four hundred forty-eight. Processed before the Juzgado Agrario of Puntarenas.-

Drafted by Judge Picado Vargas; and,

                                                 CONSIDERING:

I.- DETAIL OF PROCEEDINGS: I.- The petitioner OSCAR WILLIAM ROJAS LÓPEZ filed these possessory information proceedings so that by this means the following property be registered in the Public Property Registry (Registro Público de la Propiedad), described as follows: "mountain land and pasture, located in Punta Mira, district two Savegre, canton six Quepos of the Province of Puntarenas, measuring fifty-nine thousand seven hundred sixty-six square meters; bounded to the North: Rafael Ángel Gamboa Zúñiga, South: Marvin Rojas López, East: access easement (servidumbre de paso) and Edwin Gamboa Calvo, West: Awareness Associates Holding Sociedad Anónima, as stated in the Cadastral Plan cadastral plan six-two three one two three seven two-two thousand twenty-one" (See file downloaded in pdf format, images 1 to 5).

II.- The Procuraduría General de la República appeared in the proceeding in the terms appearing in the file downloaded in pdf format images 62 to 64; in turn, the Instituto de Desarrollo Rural did so in image 72.

III.- Judge Andrea Mercedes Ruiz Ramírez, of the Juzgado Agrario of Puntarenas, by judgment number 2024000304 at ten hours thirty minutes on the thirteenth of November of the year two thousand twenty-four, resolved: "POR TANTO: In accordance with the Ley de Informaciones Posesorias No. 139 of July 14, 1941 and its amendments, these possessory information proceedings are approved, in which the Procuraduría General de la República and the Instituto de Desarrollo Rural have appeared as parties. The Public Property Registry shall proceed to register in the name of OSCAR WILLIAM ROJAS LÓPEZ, of legal age, married once, farmer, resident of Punto de Mira Quepos, identity card one-five hundred fifty-four-zero thirteen, encumbrance: agricultural access easement open on foot or with any type of vehicle, in favor of and against the property to be registered in the name of Mr. Rojas López, as dominant tenement, and against the property of the Partido de San José registry number two hundred fifty-four thousand five hundred fifty-five-zero zero zero as servient tenement. This easement is four meters wide, a total length of six hundred eighty linear meters, an East to West orientation, and is located on the East boundary of the dominant tenement and on the West boundary of the servient tenement, crossing it through the center of the farm. This easement is valued at one thousand colones, free of real encumbrances, co-owners, and without prejudice to third parties with better right, the property NATURE: mountain land and pasture, located in Punta Mira, district two Savegre, canton six Quepos of the Province of Puntarenas, measuring fifty-nine thousand seven hundred sixty-six square meters; bounded to the North: Rafael Ángel Gamboa Zúñiga, South: Marvin Rojas López, East: access easement and Edwin Gamboa Calvo, West: Awareness Associates Holding Sociedad Anónima, as stated in the Cadastral Plan cadastral plan six-two three one two three seven two-two thousand twenty-one. The petitioner acquired the property on the twelfth of December of two thousand eight, by sale of possessory rights made by Mr. Edwin Gamboa Calvo, of legal age, farmer, married once, identity card one- five hundred nineteen-one hundred nine, resident of Tres Piedras de Quepos Puntarenas, a sale that was later formalized in the deed executed before Notary Kattia Portilla Fallas, in deed number one hundred four-four, visible at folio sixty-eight front of volume four of the Notary's protocol, on the third (sic) of December of two thousand twenty-two. From the time the petitioner acquired the property, he has exercised public, peaceful possession as owner for more than twelve years, taking advantage of the possession transferred by Mr. Gamboa Calvo. In such materiality, he has performed real and effective agrarian possessory acts, as owner, and continuously, consisting of cattle grazing and agricultural activity on approximately three hectares in the south of the property, grazing two to three cows and planting rice, beans, and corn, maintaining the pastures, the fences on the property boundaries, which consist of a barbed-wire fence in three strands combined with dead posts and live fence on the entire property. The property was valued at thirty million colones and these proceedings at fifteen million colones. The related edict was published in the Boletín Judicial number one hundred eighty-one of September thirty of two thousand twenty-four. The property is outside any protected wild area and the possessory acts have been carried out in compliance with the conforming use of the land. Testifying as witnesses were Luis Evelio Gamboa Vargas, identity card one-thousand one hundred eighty-one-seven hundred sixty-eight, José María Alvarado Hernández, identity card one- thousand four five hundred eight, and Giovanni Vega Arroyo, identity card one-six hundred fifty-six-seven hundred fifty-six. The area adjacent to the watercourses is a protection area, according to Article 33, subsection b), of the Ley Forestal No. 7575, and the cutting or removal of trees is prohibited. The channel and waters of that watercourse are public domain (Ley de Aguas, Articles 1, subsection IV, and 3, subsection III). The surface and subterranean waters existing on the property (wells, etc.) are state public domain and do not form part of the property (Ley de Aguas, Articles 1, subsections a and b, and 3, subsection III, and Código de Minería, Article 4)" (See file downloaded in pdf format, images 194 to 203).-

IV.- The list of facts held as proven is adopted, as they are consistent with the body of evidence.-

V.- The assistant procurator, licensed attorney Lydiana Mayela Rodríguez Paniagua, filed an appeal against said resolution, stating the following: It is evident from the evidence provided to the record, as well as the certification from MINAE No. SINAC-ACOPAC-OSRAP-CERT-003-2022 of January 21, 2022, that the property plan P-2312372-2021 has approximately 27,123 meters WITHIN THE FONAFIFO 2000 FOREST COVER (COBERTURA FORESTAL) LAYER, equivalent to approximately 45.40% of the property. The judgment being appealed shows that the nature of the properties to be titled is forested (mountain). Forest lands and forests of the national reserves are subject to public domain, natural heritage of the State, at least since the Ley Forestal 4465 of 1969, Article 33, amended by the Ley Forestal 7174 of 1990 (Articles 32 and 33) and the demanial character maintained by Law 7575, Articles 13 and 14, which established the forest heritage of the State including the areas of national reserves having forests; therefore, it is a demanial property under the provisions of Articles 13, 14, and 15 of the Ley Forestal 7575. She cites a series of rulings, among which Voto 4587-97 stands out. She indicates that forests are part of the public domain as they form part of the Natural Heritage of the State, and therefore cannot be titled. She argues that the witnesses' declarations do not demonstrate ten-year possession suitable for usucaption in the head of its owner and requests revocation to decree the disapproval of these proceedings (See file downloaded in pdf format, images 208 to 216).-

VI.- The appellant is not correct in her substantive grievance. This Tribunal has come to reinforce the criterion maintained in recent years with recent constitutional case law on the titling of lands with forest cover (cobertura boscosa), as in the recent Voto No. 44-F-15 issued at 14:20 on January 14, 2015, namely: "III.- While it is true that the Ley de Tierras y Colonización of 1961 and the Ley Forestal of 1969 established that lands covered by forest, without private occupation, were part of the national reserves, said dedication to public domain has been changing along with the evolution of Human Rights, and specifically with the incorporation of third-generation rights, which include the human right to a healthy and ecologically balanced environment. The Ley Forestal of 1996 amended Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias to allow usucaption on lands covered by forest, but upon demonstrating ecological possession (posesión ecológica), through the conservation of the forest resource, for more than ten years, being able to take advantage of the transferred possession (see judgment of the Sala Constitucional No. 4587-97). The TRIBUNAL AGRARIO held the criterion that such possession had to be of a personal nature, but the Sala declared it unconstitutional. For that reason, the Tribunal has rectified the criterion in subsequent resolutions, indicating: 'V.- Regarding what the appellant alleges that the lower-court judge made an error in applying Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, which he considers was declared unconstitutional and therefore the proceedings should be analyzed in light of Article 1 of said Law, this Tribunal considers he is not correct, because the cited Article 7 was not declared unconstitutional; rather, it was the interpretation that the Tribunal had been making regarding not counting the possession exercised by the previous transferors. Thus, with Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias being in force, the petitioner must demonstrate ten-year possession prior to the declaration of the protected wild area as indicated by the Sala Constitucional in Voto No. 4587-97 (published in the Boletín Judicial No. 188 of October 1, 1997). It is important to mention that the law would not be applied retroactively either, as the appellant indicates, because the ten-year term of possession for usucaption is established in the Civil Code and the questioned provision simply highlights certain elements of usucaption that are also defined in general regulations, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for usucaption. In that sense, it is important to point out what the Sala Constitucional said in this regard in the cited ruling: “…Article 7, first paragraph of the Ley de Informaciones Posesorias challenged, whose text predates the latest reform by Ley Forestal No. 7575 of February 13, 1996, regulates the case of titling real property covered within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protective zone. That article states that the title claimant must demonstrate having exercised ten-year possession at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created the wild area. The questioned provision regulates the case of titling real property that has been dedicated to the public domain with the declaration of a protected wild area, whatever its specificity. It is now necessary to determine if, according to the hypothesis contemplated by the challenged rule, in light of the doctrinal and jurisprudential criteria informing the institutes of usucaption and possession necessary for usucaption set forth above, the questioned rule regulates a special type of possession necessary to acquire ownership over real property, imposing specific requirements that may infringe upon the right of property or the principle of non-retroactivity of the law to the detriment of acquired rights or consolidated legal situations, both regulated in the Constitution. First, it must be noted that the questioned article does not modify—increase or decrease—the ten-year term of possession necessary for usucaption, set forth in Article 860 of the Civil Code for the generality of cases where one seeks to acquire ownership of real property by positive prescription. The extension of the term that the claimant alleges infringes the right to property does not occur, because given the nature of the property sought to be titled (public thing), the term of possession suitable for usucaption must have elapsed before the dedication of the property to the public domain occurs. That is, the declaration of a protected wild area prevents possession subsequent to the dedication from counting, and prevents meeting the requirements of usucaption if, at that time, the right has not been acquired, i.e., the ten years of possession suitable for usucaption with the conditions established by law have not elapsed. The foregoing is only the natural result of applying the concepts regarding the object of possession and its condition of exercise as an owner, necessary for possession ad usucapionem. It must be remembered that property dedicated to the public domain, whatever its specifications, is not susceptible to acquisition by usucaption if, before the dedication occurred, the necessary conditions for acquiring the right were not present. In that sense, the questioned provision, although it appears to regulate a specific case of usucaption, does not create a regime with requirements different from those established in the Civil Code for the generality of cases. In that sense, the alleged retroactive effect of the norm does not occur either, because the ten-year term of possession for usucaption is established in the Civil Code and the questioned provision simply highlights certain elements of usucaption that are also defined in the general regulation, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for usucaption. That is, the rule does not come to establish any different principle—or stricter requirement—in relation to the application of the general rules of usucaption. It simply specifies the manner in which those rules must be applied, which coincides with a logical outcome given the demanial condition of the object to be titled. Hence, it is not considered that the reform to Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, whose text is challenged, introduced a different regime in relation to the requirements of usucaption, which could have aggravated the situation of persons who were exercising possession ad usucapionem on lands declared of public interest. (TRIBUNAL AGRARIO, No. 173 at 16:29 on March 31, 2003). IV.- Therefore, the possessor seeking to acquire by usucaption land covered by forest, which formed part of the national reserves, must demonstrate ten-year possession (original or transferred), and having conserved the forest resource. Said criterion was recently ratified by the Sala Constitucional, in Voto No. 2015-0098, at 9:00 a.m. on January 7, 2015, when responding to a judicial consultation of constitutionality regarding titling in national reserves: "VI.- THE TITLING OF LANDS IN NATIONAL RESERVES, THE NATURAL HERITAGE OF THE STATE, THIRD PARTIES WITH BETTER RIGHT, AND PRIVATE PROPERTY. This Constitutional Court, regarding the consultation submitted for its knowledge, considers it necessary to make a clear distinction between the concept of National Reserves and that of Natural Heritage of the State, formerly called Agricultural Heritage of the State. The Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 of October 14, 1961, in its Article 7, established the so-called Agricultural Heritage of the State, based on a conception of agrarian property as originally belonging to the Nation. The Agricultural Heritage of the State comprised all inalienable lands not susceptible to acquisition by claim or possession, among others, the maritime terrestrial zone, the Islands, the border strip, the strips of navigable rivers, the two-kilometer radius around Volcanoes and National Parks (Articles 7 to 10). That is, the Heritage comprises those lands with characteristics of inalienability, subject to public domain, and contained in some management category, such as National Parks. Subsequently, the Law introduces a broad concept of National Reserves, in Article 11, by indicating that 'Unless proven otherwise, the following belong to the State as national reserves: a) All lands within the limits of the Republic that are not registered as private property, or property of the Municipalities or Autonomous Institutions; b) Those not supported by ten-year possession; c) Those that, by special laws, have not been destined for the formation of agricultural colonies; and d) In general, all those that, not being private property, are not occupied for public services.' From the foregoing, it follows that lands forming part of the national reserves, whether agricultural, livestock, or forest lands, possessed by private individuals for more than ten years and not forming part of the Agricultural Heritage of the State, were susceptible to legal recognition. Private individuals achieve such recognition through possessory information proceedings, or else, through the instrument created through the Multiple Land Titling (Titulación Múltiple de Tierras), later called 'Titling of Lands Located in National Reserves'. Subsequently, the Ley Forestal No. 4465 of 1969 introduces the concept of Forest Heritage of the State, conferring the forest administration of forest reserves, national parks, state forest nurseries, protective zones, and biological reserves to the Dirección General Forestal. At that time, the Public Administration realized that within the so-called 'national reserves', the two regimes coexisted, so in 1972, representatives of the Ministerio de Agricultura y Ganadería (on which the Dirección General Forestal depended), the Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), and the Instituto Costarricense de Turismo signed an agreement that precisely defined the powers of the three bodies over the national reserves (Convenio MAG-ITCO-ICT), March 7, 1972, La Gaceta No. 89 of May 10, 1972). The foregoing occurs because the Ley de Tierras y Colonización, still in force, entrusts the administration of national reserves with agricultural-livestock vocation to ITCO, the body responsible for parcelling and colonization. For its part, the Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 of 1995 incorporates the concept of protected wild areas, indicating that they form part of the natural heritage of the State and establishing their lifetime tenure (irreductibilidad) (Articles 32 to 38). Subsequently, the current Ley Forestal No. 7575 of 1996 incorporates, in Title Two, single chapter, the concept of Natural Heritage of the State, even clarifying what it comprises from the national reserves: 'The natural heritage of the State shall be constituted by forests and forest lands of the national reserves, of declared inalienable areas, of properties registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other Public Administration bodies, except for properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its assets. The MINAE will administer the heritage.' The foregoing excludes from the natural heritage of the State, by not being forest land, lands of agricultural suitability, which continue to be part of the national reserves and are susceptible to usucaption by private individuals. Finally, the very Ley Forestal of 1996 modified Article 37 of the Ley Orgánica del Ambiente, and Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, to authorize usucaption, and thus registration through possessory information (and the repealed procedure of titling in national reserves), of lands belonging to the national reserves with forest vocation and, even, lands in private possession that became included within some category of protected wild area (Natural Heritage of the State), provided that ten-year possession prior to the creation date of the respective area is demonstrated, and the agrarian possessory acts consisted of activities tending to forest or ecological protection. With all of the foregoing, it is clear, then, that the administrative procedure created in the Ley de Titulación Múltiple de tierras (later, the Ley de Titulación en las Reservas Nacionales) came to allow expediting the titling procedures for agrarian possessors who had completed a short usucaption (first three years and later five years), so they could obtain a title of ownership and have possibilities of access to land, agricultural credit, and decent housing. The foregoing, without prejudice to third parties with better right, understood as those private individuals who could have filed an action for better right of possession within the zones considered as national reserves, for which they had only three years to claim it; otherwise, the title would be fully consolidated, given that the prescription period was reduced by the legislator. However, a different situation occurs with private property affected in those multiple land titling processes. It was logical that when creating a Multiple Titling Program, the property constituted and registered in the name of ITCO, later Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), overlapped with properties registered in the name of private individuals (since the requirement was that in the delimited geographic zone there be at least 20% of lands without title registered in the public registry). Consequently, this meant that the title granted by ITCO was over lands of the national reserves, not over lands previously registered as private property of individuals. The foregoing allows clarifying that if a titling was authorized, and that title fell, totally or partially, on a previously registered private property, the registered owner would have the right to reclaim, as established by the same rule, but not within the three-year period applicable to third parties with better right, but within the ten-year period." (END OF CITATION).

IV.- In this particular case, the appellant is not correct, given that the requirement demanded by the Ley de Informaciones Posesorias, in its Articles 1, 6, and 7, has been proven. Indeed, the title claimant provided cadastral plan No. 6-2312372-2021, which describes a property of mountain and pasture area, meaning they have been dedicated to sustainable activities (see cadastral plan submitted in these proceedings under number 6-2312372-2021, in the initial writ of 11/09/2016 associated with images 1 and 17, 107 and 108 of the electronic file in PDF format, soil study endorsed by the INTA, in images 29 to 41, and the petitioner's statement at judicial stages in image 1). It is not within any protected area (see certification in image 15), and from the judicial inspection (reconocimiento judicial) it is determined that it is dedicated to well-cared-for and protected forest and pasture zones dedicated to livestock outside the well-protected forest cover, with well-defined boundaries; thus, it is determined that the petitioner and her transferor have dedicated the property to the conservation and protection of the primary forest, which is consistent with the soil study indicating that the farm is dedicated to forest (certification from the aforementioned INTA), which means that, far from affecting the resource, sustainable agroforestry activity has taken place. For this reason, it is concluded that sustainable possession has been exercised, which can also be verified in the cited judicial inspection record, where it is indicated that there is duly cared-for forest.   Regarding the issue of possession, in this case the testimony of Luis Evelio Gamboa Vargas, José María Alvarado Hernández, and Giovanni Vega Arroyo was received, from whose statements it follows that the petitioner demonstrated, adding the possession of her previous transferors, having possessed said property for more than ten years, with all the attributes of ownership and also clearly protected the forest resource existing on the property. Hence, the appellant is not correct in her grievances, and the appealed judgment must be confirmed.

POR TANTO:

The appealed judgment is confirmed, in that which was the subject of appeal.