Res. 00362-2025 Tribunal Agrario — Titling of Properties in Wildlife Refuge and Ecological PossessionTitulación de inmuebles en Refugio de Vida Silvestre y posesión ecológica

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00362 - 2025

Fecha de la Resolución: 25 de Abril del 2025 a las 10:14

Expediente: 98-160083-0507-AG

Redactado por: María Vanessa Fisher González

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias del mismo expediente


Texto de la resolución

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EXPEDIENTE:

	

98-160083-0507-AG - 4




PROCESO:

	

ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA




PROMUEVE:

	

ROBERTO GONZÁLEZ CORDERO

   

VOTO N°  N° 2025000362

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las diez horas catorce minutos del veinticinco de abril de dos mil veinticinco.-

INFORMACIÓN POSESORIA promovida por ROBERTO GONZÁLEZ CORDERO, quien es mayor, casado, agricultor, vecino de Puriris de Turrubares, cédula de identidad número dos - trescientos veintitrés - quinientos treinta y seis. Intervienen, asimismo, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por la Procuradora Yamileth Monestel Vargas, mayor, soltera, abogada, vecina de San Ramón de Alajuela, cédula de identidad número dos - quinientos cuarenta y cinco - seiscientos uno; el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica número cuatro-cero cero cero-cero cuarenta y dos mil ciento cuarenta y tres, representado por Carlos García Anchia, mayor, casado, abogado, vecino de San Ramón, cédula de identidad dos - trescientos cincuenta y cuatro - doscientos sesenta y cinco.   Actúa el Licenciado Mario Montoya Murillo, colegiado número diez mil ochocientos setenta y cuatro, como abogado de la parte promovente.  Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Limón.

Redacta la Jueza Fisher González y;

CONSIDERANDO

  I. La titulante plantea las presentes diligencias a fin de que se inscriba a su nombre en el Registro Público de la Propiedad las fincas que se describen así:   PRIMERO: Terreno de REPASTOS, SITUADO en LAS JUNTAS, distrito cuarto LLANURAS DEL GASPAR, del cantón décimo SARAPIQUÍ, de la provincia de HEREDIA. COLINDA: al NORESTE: con Calle Pública con un frente a ella de doscientos noventa y tres metros con treinta y seis centímetros lineales; al SUR: con Banco Improsa Sociedad Anónima; al ESTE: con Río Gaspar. MIDE: diecinueve mil quinientos setenta y ocho metros. Tal como lo indica el plano catastrado número CUATRO – DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO – DOS MIL VEINTIUNO.  SEGUNDO: Terreno de REPASTOS, SITUADO en LAS JUNTAS, distrito cuarto LLANURAS DEL GASPAR, del cantón décimo SARAPIQUÍ, de la provincia de HEREDIA. COLINDA: al NORTE: con Joaquín Arias Granados; al SUR: con Calle Pública con un frente a ella de seiscientos sesenta y tres metros con noventa y nueve centímetros lineales; al ESTE: con Calle Pública con un frente a ella de ciento noventa y siete metros con diez centímetros lineales, y al OESTE: con el Río Gaspar. MIDE: ciento y un mil cuatrocientos sesenta y dos metros. Tal como lo indica el plano catastrado número CUATRO – DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS – DOS MIL VEINTIUNO.  (Ver expediente electrónico plano en imágenes 120 y 125, escrito inicial imágenes 132 a 133, 152, 304 a 306).

 II.- Se tuvo como partes al Estado por medio de la Procuraduría General de la República y al Instituto de Desarrollo Rural, quienes se apersonaron en autos (folios 25 y 33 a 35 del expediente físico).

 III.- La jueza Yendry Pérez Rojas en  sentencia número 2024000519 de las nueve  horas con quince  minutos del  doce  de noviembre del dos mil veinticuatro, resolvió: «POR TANTO:   Por lo expuesto, de conformidad con la LEY DE INFORMACIONES POSESORIAS N° 139 del 14 de julio de 1941 y sus reformas, SE APRUEBAN estas diligencias de INFORMACIÓN POSESORIA promovidas por VÍCTOR MANUEL DEL SOCORRO SALAS MORALES, quien es mayor, casado en primeras nupcias, agricultor, portador de la cédula de identidad número cinco – cero doscientos treinta y seis –cero cero cincuenta y tres, vecino de Río San José, Las Horquetas, Sarapiquí, Heredia. Proceda el REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, Sección Bienes Inmuebles, a inscribir a su nombre, de manera independiente, sin perjuicio de terceros de mejor derecho y con las limitaciones que se dirán, las fincas que ha continuación se detallan: dos inmuebles independientes con las siguientes características: PRIMERO: Terreno de REPASTOS, SITUADO en LAS JUNTAS, distrito cuarto LLANURAS DEL GASPAR, del cantón décimo SARAPIQUÍ, de la provincia de HEREDIA. COLINDA: al NORESTE: con Calle Pública con un frente a ella de doscientos noventa y tres metros con treinta y seis centímetros  lineales; al SUR: con Banco Improsa Sociedad Anónima; al ESTE: con Río Gaspar. MIDE: diecinueve mil quinientos setenta y ocho metros. Tal como lo indica el plano catastrado número CUATRO – DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO – DOS MIL VEINTIUNO. Bien que fue estimado de TRES MILLONES DE COLONES. SEGUNDO: Terreno de REPASTOS, SITUADO en LAS JUNTAS, distrito cuarto LLANURAS DEL GASPAR, del cantón décimo SARAPIQUÍ, de la provincia de HEREDIA. COLINDA: al NORTE: con Joaquín Arias Granados; al SUR: con Calle Pública con un frente a ella de seiscientos sesenta y tres metros con noventa y nueve centímetros lineales; al ESTE: con Calle Pública con un frente a ella de ciento noventa y siete metros con diez centímetros lineales, y al OESTE: con el Río Gaspar. MIDE: ciento y un mil cuatrocientos sesenta y dos metros. Tal como lo indica el plano catastrado número CUATRO – DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS – DOS MIL VEINTIUNO. Bien que fue estimado en la suma de CATORCE MILLONES DE COLONES. Lo anterior por cuanto ha cumplido con todos los requisitos que al efecto establece la ley de Informaciones Posesorias. Sirva la certificación de esta sentencia para inscribir en el Registro de la Propiedad la finca citada, advirtiendo a su titulante que el área contigua al Río Gaspar que colinda con las propiedades por el rumbo Oeste y demás corrientes de agua que existan o puedan existir en las colindancias o en los inmuebles del señor González Cordero y que señala el artículo 33 de la Ley Forestal Nº 7575, constituyen áreas de protección y queda prohibida la corta o eliminación de árboles. De igual forma se hace constar que el cauce y las aguas de esas corrientes son de dominio público, tal y como lo establece la Ley de Aguas, artículo 1, inciso IV, y 3 inciso III. De igual manera se le advierte a su titulante que el derecho de vía de la calle pública que colinda con el primer terreno por el costado NOROESTE del mismo y con el segundo terreno por los costados SUR Y ESTE del mismo, que aquí se titulan es de catorce metros de ancho, el cual cumple a cabalidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley General de Caminos Públicos y 19 inciso "a" de la Ley de Informaciones Posesorias. Además, artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la Ley de Informaciones Posesorias y 1, 2, 7 y 25 de la Ley de Jurisdicción Agraria, así como la Ley General de Caminos Públicos, Ley de Conservación de Vida Silvestre y Ley Orgánica del Ambiente. Finalmente, se advierte en igual sentido al titulante, que queda prohibido el cambio de uso de suelos en las zonas de bosques y que debe acatarse el plan de manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado. Una vez firme esta resolución, expídase la ejecutoria respectiva y archívese el presente asunto. (Imágenes 298 a 306 del expediente electrónico).

 IV.- El Tribunal avala los hechos probados 1, 2, 5, 6, 8 y 9 por ser el resultado de las probanzas que constan en autos. En cuanto el 3) se reformula de la siguiente manera:  La materialidad objeto de titulación -separada en dos porciones por calle pública- ha  sido objeto de posesión desde antes de 1975, de forma tal que el primero de los poseedores fue Luis Valverde Solano, luego Raúl Alvarado Alpízar y posteriormente el titulante Roberto González Cordero, siendo además que desde mediados de la década los años 70 presentaba naturaleza de agricultura y repastos  (declaraciones de José Joaquín Arias Granados y Álvaro Rojas García en acta escrita en imágenes 30 a 32 del expediente físico, declaraciones de Rogelio Agüero Garro y Manuel Antonio Herrera Mata en audios en disco compacto, reconocimiento judicial en video en disco compacto). Tocante al hecho probado 4) se replantea de esta forma en esta instancia: Los actos posesorios ejercidos por el titulante han consistido en agricultura, ganadería, mantenimiento de una casa en uno de los inmuebles, limpieza de rondas y cercas, chapias de repastos, y conservación del área de protección del Río Gaspar (declaraciones de José Joaquín Arias Granados y Álvaro Rojas García en acta escrita en imágenes 30 a 32 del expediente físico,declaraciones de Rogelio Agüero Garro y Manuel Antonio Herrera Mata en audios en disco compacto, reconocimiento judicial en video en disco compacto).   Se imprueban los hechos 7), 10) y 11) en razón de que técnicamente no corresponde a hechos sino a actuaciones procesales y argumentos de las partes intervinientes.  

V. La Procuradora Yamileth Monestel Vargas interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se apoya para refutar la tesis del juzgado de instancia.  Los agravios son los siguientes: 1) La cadena de transmisión no quedó acreditada en forma diáfana. Lo anterior porque el testigo José Joaquín Arias Granados, quien rindió testimonio el 30 de noviembre de 1998, indicó que conocía a Roberto hacía 5 años y que dicho señor adquirió el terreno de “Raúl Alvarado”, quien lo tuvo “unos 4 años”, es decir desde 1989, y que antes de Raúl pertenecía a “Luis Valverde Solano”. Por el contrario, Manuel Antonio Herrera Mata dijo conocer el terreno desde 1972 y no mencionó a “Luis Valverde Solano” como anterior poseedor. Rogelio Agüero Garro no hizo referencia al tiempo de ocupación ni los actos posesorios del presunto transmite y no mencionó como anterior poseedor a “Luis Valverde Solano.” De acuerdo con diferentes precedentes del Tribunal Agrario, los testigos deben acreditar la cadena de poseedores y el tiempo de ocupación de cada transmitente. 2) La información posesoria fue aprobada a pesar de que no se cumplió con el ejercicio de una posesión ecológica y no se aprecia en la resolución recurrida razonamiento sobre el cumplimiento de este requisito. Para que proceda la titulación de terrenos situados dentro de las áreas silvestres protegidas el promovente debe acreditar el ejercicio de posesión ecológica lo cual en el caso particular no se dio y las diligencias debieron rechazarse, por cuanto, los planos de ambos inmuebles (4-2279845-2021 y 4-2279846-2021), inscritos en el 2021; sea hace menos de cuatro años,  consignan que la naturaleza de ambos inmuebles es de repasto y durante el reconocimiento judicial se observaron áreas de repasto y agricultura como plantas de malanga, árboles de naranja, yuca, matas de banano y una vivienda construida en madera y zinc. Todas esas actividades son incompatibles con los fines de conservación de las áreas silvestres protegidas, como lo ha reconocido el Tribunal Agrario en diversos votos. 3) Incluso, la sentencia impugnada, hecho probado 4, tiene por acreditado que los “actos posesorios” del titulante han consistido en el “cultivo de frutales y filipita”; sin embargo, no se aprecian las razones por las cuales se estima que hay ejercicio de posesión ecológica en un terreno destinado cultivos. Cabe insistir que para que proceda la titulación debió quedar demostrado el ejercicio de una posesión ecológica, tanto de la directa como derivada. En este caso, por el contrario, ha quedado evidenciado que en los terrenos se han llevado a cabo actividades que no se orientan a los fines de conservación de las áreas silvestres protegidas (escrito de apelación en imágenes 311 a 316).

VI. El terreno que nos ocupa, tal y como se tuviese acreditado por parte de la juzgadora de instancia, se encuentra comprendido dentro del Refugio de Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, creado en Decreto Ejecutivo Nº 166358 del 4 de junio de 1985. En este sentido, es factible titular, siempre y cuando se demuestre en forma convincente, el ejercicio de una posesión personal o derivada, que date al menos desde el año 1975.   Así, el ordinal 7, párrafo primero, de la ley de informaciones posesorias establece: "Cuando el inmueble al que se refiera la información esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre". De igual modo, el artículo 6 de esa misma ley dispone que la posesión se acreditará con tres personas testigas, y de seguido el canon 9 refiere que deberá de practicarse un reconocimiento judicial mediante el cual -entre otros aspectos- se verifique si el fundo acusa larga posesión, si existen construcciones o cultivos, o bien si la finca es ganadera. De esta forma, es posible la titulación, si se demuestran los presupuestos sustantivos apuntados. Lo anterior porque la declaratoria del  Refugio de Vida Silvestre, lo es sin perjuicio de un derecho de usucapión, dado que se podían incluir en dicha declaratoria terrenos, sin exceptuarse o censarse los que tuvieran ya un derecho consolidado, razón por la cual debía de acreditarse, caso por caso, en las diligencias de información posesoria respectivas, si se tenía o no  un derecho preexistente. Por otro lado, previo a referir el análisis de la prueba en concreto, resulta oportuno mencionar lo que la Sala Constitucional ha delineado. Particularmente en cuanto a la diferenciación entre la usucapión como la forma de adquisición de un derecho real de propiedad y las diligencias de información posesoria como mecanismo mediante el cual se formaliza ese derecho ya consolidado. En el voto No. 04587-97 de las quince horas cuarenta y cinco minutos del cinco de agosto de mil novecientos noventa y siete -que resolvió una acción relativa al  procesos de titulación por medio de información posesoria en áreas protegidas, propiamente la posibilidad de aprovechar la posesión derivada ejercida por anteriores poseedores- la Sala consideró: "RÉGIMEN GENERAL DE LA USUCAPIÓN: En principio, debe indicarse que las diligencias de información posesoria reguladas en la Ley de Informaciones Posesorias No.139 de 14 de julio de 1941 y sus reformas, son un procedimiento judicial no contencioso por medio del cual se formaliza un título de propiedad de bienes inmuebles inscribible en el Registro Público. En general, con ese procedimiento se pretende que los poseedores que carecen de título inscribible en el Registro Público, lo obtengan. El artículo 1 de esa Ley dispone que para que el poseedor de bienes raíces solicite el otorgamiento del título con base en el procedimiento de información posesoria, deberá demostrar una posesión por más de diez años con las condiciones que señala el artículo 856 del Código Civil, a saber, en calidad de propietario, continua, pública y pacífica. Los anteriores requisitos de tiempo y condición, caracterizan la posesión necesaria para usucapir. Para obtener la propiedad de los bienes inmuebles por prescripción positiva, además de la posesión en las condiciones indicadas, el artículo 853 del Código Civil señala como requisitos: el título traslativo de dominio y la buena fe. De lo anterior y de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Informaciones Posesorias, que caracteriza el procedimiento de información posesoria como un proceso judicial no contencioso -en el que al surgir un reclamo u oposición de alguna persona o del Estado, provoca que el asunto se suspenda y se remita a la vía declarativa para su discusión y solución, o que se archive el expediente y se tenga por agotada la vía administrativa, respectivamente-, se desprende que la titulación del bien inmueble tiene como requisito la adquisición de la propiedad. O sea, que se distingue el momento de adquisición de la propiedad por usucapión del momento en que esa situación se hace valer en el procedimiento de información posesoria para obtener un título inscribible en el Registro Público. De ahí que se considere la usucapión como un modo de adquisición de la propiedad y de otros derechos reales poseíbles, y a la titulación como el procedimiento por medio del cual, comprobados los requisitos de la usucapión, se confiere el título de propiedad inscribible" (El subrayado no es del original).

VII. Este Tribunal ha procedido a apreciar la prueba con base en el principio de libre valoración contenido en el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria -norma aplicable al caso en virtud de lo dispuesto en el Transitorio I del Código Procesal Agrario- así como las reglas de la lógica, la experiencia y la psicología humana. En este orden de ideas se observa que el proceso inicia en 1998, de forma tal que ese mismo año, declaran como testigos, José Joaquín Arias Granados y Álvaro Rojas García (acta escrita en imágenes 30 a 32 del expediente físico). El primero de ellos, refirió conocer la finca desde el año 1973, la cual era de pastos y agricultura. Expresó conocer al titulante desde hacía unos cinco años y que tanto él como “los anteriores dueños” habían poseído la finca en forma quieta, pública, pacífica, continua y a título de dueño. Esa manifestación se refiere a un espacio temporal de 1973 a 1998. Mencionó que el promovente adquirió por compra a Raúl Alvarado, quien la tuvo como cuatro años y que antes el inmueble le había pertenecido a Luis Valverde Salazar, quien ya era el poseedor cuando el testigo conoció por primera vez el bien. Mencionó de una casa que habitaba el titulante, y que éste ha tenido ganado y que también alquila el bien.  Por su parte, Álvaro Rojas García, manifestó conocer la materialidad desde el año 1978, cuya naturaleza ha sido de pastos y agricultura. Coincidió con el anterior testigo que el fundo ha sido poseído tanto por el titulante como “anteriores dueños” en forma quieta, pública, pacífica, continua y a título de dueño, durante todo el tiempo que ha conocido el bien.  Asimismo que el titulante le compró la finca a Raúl quien la tuvo como cuatro años  y que antes de este le había pertenecido a Luis Valverde. Refirió que los actos posesorios del titulante han consistido en agricultura de plátano, yuca, árboles frutales y chapia del área de repastos.  Es decir, de ambas declaraciones se infiere la cadena de transmisión y que la naturaleza del bien ha sido de agricultura y repastos desde vieja data. Ciertamente el deponente Rojas García manifestó conocer el bien desde 1978, pero ello no implica una contradicción, pues conforme se explicará, los otros dos testigos evacuados dan fe o complementan la posesión decenal anterior a 1985.   De esta forma, Rogelio Agüero Garro, quien declaró en el 2024, manifestó contar con 75 años edad y conocer los terrenos desde que tenía 20 años. Es decir, su conocimiento o relación con la materialidad de interés data desde 1974.  Explicó que ambas porciones objeto de titulación eran una sola finca pero que cuando se abrió la carretera quedó dividida. Manifestó que conoce la propiedad porque a su persona le dieron la administración de una finca de la zona para trabajarla con ganado, la cual hoy día es una empresa piñera, y que trabajó en la misma por más de treinta años. Señaló que Roberto el promovente dedica el terreno a agricultura de yuca, malanga y plátano, de forma tal que había comprado el terreno a Raúl Alvarado y que antes de Raúl había otro señor que se llamaba Luis Valverde Salazar. Por otro lado, el testigo Manuel Antonio Herrera Mata, quien declaró en el 2022, expresó conocer bien la materialidad objeto de titulación desde 1972.  Ciertamente explicó que había un poseedor Raúl Alvarado de estos terrenos y que no hubo más dueños hasta que llegó Roberto. Sin embargo, a juicio de este Tribunal esa afirmación no implica una contradicción grosera, pues de acuerdo a los otros declarantes, después de Raúl, el que sucedió fue Roberto Asimismo el testigo da fe de los actos posesorios del promovente en forma detallada, sin que se hayan talado árboles, y con el respectivo resguardo del área de protección del Río Gaspar. Este dato es fundamental, porque los cuatro testigos coinciden que la naturaleza del bien desde mediados de los años 70 era de repasto y agricultura, lo que evidencia que se ejercía en definitiva una posesión. Tal naturaleza se verificó en el reconocimiento judicial practicado en el que se constataron los cultivos, cercas, repastos, área de protección del Río Gaspar y una antigua casa (videos en disco compacto). Así las cosas, en los términos del artículo 9 de la Ley de Informaciones Posesorias, se aprecia que el fundo acusa larga posesión. Aunado a lo anterior, se aportó prueba documental, propiamente la escritura pública No. 70 de las veinte horas del 7 de marzo de 1998, otorgada ante la Notaria Iris Mora Jiménez, en la que Raúl Alvarado Alpízar vende al promovente Roberto González Cordero la materialidad objeto de titulación (hoy día compuesta por dos porciones). En ese documento cartular, los comparecientes manifestaron que se traspasaba la posesión y mejoras ejercidas, sumando la posesión “del anterior poseedor”, por “más de veinte años”. Así las cosas, se entiende que se traspasa la posesión del vendedor y otro poseedor anterior, y no se limitó la referencia estrictamente a veinte años sino a un espacio superior, de ahí que no hay una contradicción de tal magnitud que enerve lo acreditado con la prueba testimonial y lo observado in situ.   Nótese, además, los fundos colindantes, según el reconocimiento judicial, se dedican a agricultura, colindando una de las porciones con una empresa piñera, lo que coincide con lo declarado por Agüero Garro, en el sentido que para el año 1974 ese era el fundo dedicado a ganadería, lo que evidencia la presencia de esa actividad en la zona desde esos años. Por tal motivo se rechaza el primer agravio.  Lo anterior no sin antes hacer ver que en este proceso declararon cuatro testigos porque el juzgado admitió una prueba para mejor resolver, en auto de las nueve horas con treinta y seis minutos del veintiséis de setiembre del año dos mil veinticuatro (imagen 283), notificado a la representación del Estado el veintiséis de setiembre de ese mismo año (acta en imagen 286), sin que se opusiera.

VIII. Tocante al segundo y tercer agravio de que no se ha ejercido la posesión ecológica por ser ambos inmuebles de repasto y destinados a agricultura como plantas de malanga, árboles de naranja, yuca, matas de banano y una vivienda construida en madera y zinc, lo cual a criterio de la apelante es incompatible con los fines de conservación de las áreas silvestres protegidas, no resultan atendibles para efectos de denegar la titulación.  Tal y como se expresó en el considerando precedente, la declaratoria de Refugio de Vida Silvestre lo es sin perjuicio de los derechos ad usucapionem ya consolidados, y debe necesariamente contextualizarse, a inicios de los años 1970, la agricultura y la ganadería fue la actividad económica que se practicó en la zona donde se sitúa la materialidad objeto de titulación.  Además, como se ha analizado ampliamente, cuando se da la declaratoria de Refugio, en 1984, ya la finca era agrícola y ganadera. En el mismo sentido, de acuerdo a los estudios de suelos realizados en el 2016, la naturaleza de charral, repasto y silvopastoril existentes cumplen con el uso conforme del suelo en un 100% (estudios en imágenes 79 a 86 del expediente físico). Sobre el particular en cuanto al fundo descrito en el plano H-682625-2001 (hoy plano 4-2279845-2021) que tiene una extensión de 1 hectárea 9578 metros cuadrados, se dictaminó era terreno de charral con árboles maderables dispersos, y un cultivo de plátano abandonado (folios 80 a 82 del expediente físico). De igual modo, el fundo descrito en el plano  H-682624-2001 (hoy plano 4-2279846-2021), que tiene una extensión de 10 hectáreas 1472 metros cuadrados,  se hizo constar es silvopastoril, por una combinación de repastos  y especies maderables, en la que se observó presencia de 7 cabezas de ganado con nueve apartos, un corral y una casa (folios 84 y 85 del expediente físico).  En ambos estudios se hizo constar que se conserva la zona de protección del Río Gaspar. Ahora bien, el hecho de que se conceda el reconocimiento de la usucapión como presupuesto sustantivo de la titulación, no implica que esa formalización del derecho quede exenta de las limitaciones derivadas de la función ambiental de la propiedad, contemplada en el artículo 8 de la Ley de Biodiversidad. En este sentido, el artículo 22 de esa misma ley estatuye que el Ministerio de Ambiente y Energía es el encargado de “dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica” y que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) “será un sistema de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que integrará las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas”. En razón de lo anterior, existe un Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado. Por tal motivo en la sentencia venida en alzada, la A Quo indicó en la parte dispositiva: “se advierte en igual sentido al titulante, que queda prohibido el cambio de uso de suelos en las zonas de bosques y que debe acatarse el plan de manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado”.  

IX. En consonancia con lo anterior, al haberse acreditado los requisitos de forma y fondo que exige la ley, este Tribunal considera pertinente confirmar la sentencia, pero adicionando el fallo en el sentido que deberá el titulante y quien lo suceda en la propiedad del bien, acatar las pautas de manejo o directrices que se establezcan en cuanto al uso del suelo y actividades permitidas en las materialidades objeto del proceso, debiendo coordinar lo pertinente con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación Tortuguero. Para tal efecto, deberá el juzgado de instancia con proceder a comunicar a dicha Área lo dispuesto en esta sentencia para lo de su cargo.  

POR TANTO

Se confirma la sentencia y se adiciona en el sentido que deberá el titulante y quien lo suceda en la propiedad del bien, acatar las pautas de manejo o directrices que se establezcan en cuanto al uso del suelo y actividades permitidas en las materialidades objeto del proceso, debiendo coordinar lo pertinente con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación Tortuguero. Para tal efecto, deberá el juzgado de instancia con proceder a comunicar a dicha Área lo dispuesto en esta sentencia para lo de su cargo.  

 

 

 

 

 

 

	


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MARIA VANESSA FISHER GONZALEZ - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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MAGDA DÍAZ BOLAÑOS - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 98-160083-0507-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:20:00.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENTE:

98-160083-0507-AG - 4

PROCESO:

NON-CONTENTIOUS JUDICIAL ACTIVITY

PROMOTED BY:

ROBERTO GONZÁLEZ CORDERO

VOTO N° N° 2025000362

AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At ten hours and fourteen minutes on the twenty-fifth of April of two thousand twenty-five.-

INFORMACIÓN POSESORIA promoted by ROBERTO GONZÁLEZ CORDERO, who is of legal age, married, a farmer, a resident of Puriris de Turrubares, identity card number two - three hundred twenty-three - five hundred thirty-six. Also intervening are the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, represented by Procuradora Yamileth Monestel Vargas, of legal age, single, an attorney, a resident of San Ramón de Alajuela, identity card number two - five hundred forty-five - six hundred one; the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, legal ID number four-zero zero zero-zero forty-two thousand one hundred forty-three, represented by Carlos García Anchia, of legal age, married, an attorney, a resident of San Ramón, identity card number two - three hundred fifty-four - two hundred sixty-five. Attorney Mario Montoya Murillo, Bar Association number ten thousand eight hundred seventy-four, acts as counsel for the promoting party. Processed before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Limón.

Drafted by Judge Fisher González and;

CONSIDERANDO

I. The title applicant files these proceedings so that the properties described as follows are registered in his name in the Public Property Registry: FIRST: A parcel of pasture (REPASTOS), LOCATED in LAS JUNTAS, fourth district LLANURAS DEL GASPAR, of the tenth canton SARAPIQUÍ, of the province of HEREDIA. BORDERS: to the NORTHEAST: with a Public Road with a frontage on it of two hundred ninety-three meters and thirty-six linear centimeters; to the SOUTH: with Banco Improsa Sociedad Anónima; to the EAST: with the Río Gaspar. MEASURES: nineteen thousand five hundred seventy-eight square meters. As indicated by the cadastral map number FOUR – TWO MILLION TWO HUNDRED SEVENTY-NINE THOUSAND EIGHT HUNDRED FORTY-FIVE – TWO THOUSAND TWENTY-ONE. SECOND: A parcel of pasture (REPASTOS), LOCATED in LAS JUNTAS, fourth district LLANURAS DEL GASPAR, of the tenth canton SARAPIQUÍ, of the province of HEREDIA. BORDERS: to the NORTH: with Joaquín Arias Granados; to the SOUTH: with a Public Road with a frontage on it of six hundred sixty-three meters and ninety-nine linear centimeters; to the EAST: with a Public Road with a frontage on it of one hundred ninety-seven meters and ten linear centimeters, and to the WEST: with the Río Gaspar. MEASURES: one hundred one thousand four hundred sixty-two square meters. As indicated by the cadastral map number FOUR – TWO MILLION TWO HUNDRED SEVENTY-NINE THOUSAND EIGHT HUNDRED FORTY-SIX – TWO THOUSAND TWENTY-ONE. (See electronic file, map in images 120 and 125, initial brief images 132 to 133, 152, 304 to 306).

II.- The State, through the Procuraduría General de la República, and the Instituto de Desarrollo Rural were held as parties, having appeared in the proceedings (folios 25 and 33 to 35 of the physical file).

III.- Judge Yendry Pérez Rojas in judgment number 2024000519 at nine hours and fifteen minutes on the twelfth of November of two thousand twenty-four, resolved: «POR TANTO: Based on the foregoing, in accordance with the LEY DE INFORMACIONES POSESORIAS No. 139 of July 14, 1941, and its amendments, THESE proceedings for INFORMACIÓN POSESORIA promoted by VÍCTOR MANUEL DEL SOCORRO SALAS MORALES, who is of legal age, married in first nuptials, a farmer, bearer of identity card number five – zero two hundred thirty-six – zero zero fifty-three, a resident of Río San José, Las Horquetas, Sarapiquí, Heredia, ARE APPROVED. Let the PUBLIC PROPERTY REGISTRY, Real Estate Section, proceed to register in his name, independently, without prejudice to third parties with better right and with the limitations that will be stated, the properties detailed below: two independent real estate properties with the following characteristics: FIRST: A parcel of pasture (REPASTOS), LOCATED in LAS JUNTAS, fourth district LLANURAS DEL GASPAR, of the tenth canton SARAPIQUÍ, of the province of HEREDIA. BORDERS: to the NORTHEAST: with a Public Road with a frontage on it of two hundred ninety-three meters and thirty-six linear centimeters; to the SOUTH: with Banco Improsa Sociedad Anónima; to the EAST: with the Río Gaspar. MEASURES: nineteen thousand five hundred seventy-eight square meters. As indicated by the cadastral map number FOUR – TWO MILLION TWO HUNDRED SEVENTY-NINE THOUSAND EIGHT HUNDRED FORTY-FIVE – TWO THOUSAND TWENTY-ONE. A property that was valued at THREE MILLION COLONES. SECOND: A parcel of pasture (REPASTOS), LOCATED in LAS JUNTAS, fourth district LLANURAS DEL GASPAR, of the tenth canton SARAPIQUÍ, of the province of HEREDIA. BORDERS: to the NORTH: with Joaquín Arias Granados; to the SOUTH: with a Public Road with a frontage on it of six hundred sixty-three meters and ninety-nine linear centimeters; to the EAST: with a Public Road with a frontage on it of one hundred ninety-seven meters and ten linear centimeters, and to the WEST: with the Río Gaspar. MEASURES: one hundred one thousand four hundred sixty-two square meters. As indicated by the cadastral map number FOUR – TWO MILLION TWO HUNDRED SEVENTY-NINE THOUSAND EIGHT HUNDRED FORTY-SIX – TWO THOUSAND TWENTY-ONE. A property that was valued at the sum of FOURTEEN MILLION COLONES. The foregoing because he has met all the requirements established for that purpose by the Ley de Informaciones Posesorias. The certification of this judgment shall serve to register the cited property in the Property Registry, warning its title holder that the area adjacent to the Río Gaspar that borders the properties on the West heading and other watercourses that exist or may exist on the boundaries or on the properties of Mr. González Cordero, as indicated by Article 33 of the Forest Law (Ley Forestal) No. 7575, constitutes protection areas and the cutting or removal of trees is prohibited. Likewise, it is recorded that the channel and the waters of these courses are of public domain, as established by the Water Law (Ley de Aguas), article 1, section IV, and 3 section III. In the same manner, the title holder is warned that the right-of-way of the public road bordering the first property on its NORTHWEST side and the second property on its SOUTH AND EAST sides, which are titled here, is fourteen meters wide, which fully complies with the provisions of article 4 of the General Law of Public Roads (Ley General de Caminos Públicos) and 19 section "a" of the Ley de Informaciones Posesorias. Furthermore, articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of the Ley de Informaciones Posesorias and 1, 2, 7 and 25 of the Ley de Jurisdicción Agraria, as well as the General Law of Public Roads (Ley General de Caminos Públicos), the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Vida Silvestre) and the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente). Finally, the title holder is warned in the same sense that land-use change (cambio de uso del suelo) is prohibited in forest areas and that he must abide by the management plan of the Barra del Colorado National Wildlife Refuge. Once this resolution becomes final, let the respective final order be issued and the present case be archived. (Images 298 to 306 of the electronic file).

IV.- The Tribunal endorses proven facts 1, 2, 5, 6, 8, and 9 as they are the result of the evidence contained in the proceedings. Regarding fact 3), it is reformulated as follows: The material object of the title application - separated into two portions by a public road - has been the object of possession since before 1975, such that the first possessor was Luis Valverde Solano, then Raúl Alvarado Alpízar, and subsequently the title applicant Roberto González Cordero, noting also that since the mid-1970s its nature has been agriculture and pasture (repastos) (statements of José Joaquín Arias Granados and Álvaro Rojas García in written record in images 30 to 32 of the physical file, statements of Rogelio Agüero Garro and Manuel Antonio Herrera Mata in audio on compact disc, judicial inspection in video on compact disc). Regarding proven fact 4) it is restated in this instance as follows: The possessory acts exercised by the title applicant have consisted of agriculture, cattle raising, maintenance of a house on one of the properties, clearing of firebreaks (rondas) and fences, slashing of pastures (chapias de repastos), and conservation of the protection area of the Río Gaspar (statements of José Joaquín Arias Granados and Álvaro Rojas García in written record in images 30 to 32 of the physical file, statements of Rogelio Agüero Garro and Manuel Antonio Herrera Mata in audio on compact disc, judicial inspection in video on compact disc). Facts 7), 10), and 11) are not approved because technically they do not correspond to facts but to procedural actions and arguments of the intervening parties.

V. Procuradora Yamileth Monestel Vargas filed an appeal with express indication of the reasons on which she relies to refute the thesis of the lower court. The grievances are the following: 1) The chain of transmission was not clearly accredited. This is because witness José Joaquín Arias Granados, who gave testimony on November 30, 1998, indicated that he had known Roberto for 5 years and that said man acquired the land from “Raúl Alvarado,” who had it “some 4 years,” that is, since 1989, and that before Raúl it belonged to “Luis Valverde Solano.” On the contrary, Manuel Antonio Herrera Mata stated he knew the land since 1972 and did not mention “Luis Valverde Solano” as a previous possessor. Rogelio Agüero Garro did not refer to the time of occupation or the possessory acts of the alleged transferor and did not mention “Luis Valverde Solano” as a previous possessor. According to different precedents of the Agrarian Tribunal, the witnesses must accredit the chain of possessors and the time of occupation of each transferor. 2) The información posesoria was approved despite the fact that the exercise of ecological possession was not fulfilled, and no reasoning regarding the fulfillment of this requirement is observed in the appealed resolution. For the title application of lands located within protected wilderness areas to proceed, the promoter must prove the exercise of ecological possession, which in this particular case did not occur and the proceedings should have been rejected, because the maps of both real estate properties (4-2279845-2021 and 4-2279846-2021), registered in 2021, that is, less than four years ago, record that the nature of both properties is pasture (repasto) and during the judicial inspection areas of pasture and agriculture were observed, such as malanga plants, orange trees, yucca, banana plants, and a dwelling built of wood and zinc. All these activities are incompatible with the conservation purposes of protected wilderness areas, as the Agrarian Tribunal has recognized in various rulings. 3) Furthermore, the contested judgment, proven fact 4, holds as accredited that the "possessory acts" of the title applicant have consisted of the "cultivation of fruit trees and filipita"; however, the reasons for which it is deemed that there is an exercise of ecological possession on a land destined for crops are not observed. It must be insisted that for the title application to proceed, the exercise of ecological possession must have been demonstrated, both direct and derivative. In this case, on the contrary, it has been evidenced that activities not aimed at the conservation purposes of protected wilderness areas have been carried out on the lands (appeal brief in images 311 to 316).

VI. The land that concerns us, as was accredited by the lower court judge, is located within the Barra del Colorado National Wildlife Refuge, created in Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 166358 of June 4, 1985. In this sense, it is feasible to title, provided that the exercise of a personal or derivative possession dating back at least to the year 1975 is convincingly demonstrated. Thus, section 7, first paragraph, of the Ley de Informaciones Posesorias establishes: "When the real estate property to which the information refers is comprised within a protected wilderness area, whatever its management category, the title applicant must demonstrate being the holder of the legal rights over the decennial possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree in which that wilderness area was created." Likewise, article 6 of that same law provides that the possession shall be accredited with three witnesses, and subsequently canon 9 states that a judicial inspection must be conducted through which - among other aspects - it is verified if the property shows long possession, if there are constructions or crops, or if the property is used for cattle raising. In this way, title application is possible if the substantive requirements indicated above are demonstrated. This is because the declaration of the Wildlife Refuge is without prejudice to a right of acquisitive prescription (usucapión), given that lands could be included in said declaration without exempting or registering those that already had a consolidated right, which is why it had to be established, case by case, in the respective información posesoria proceedings, whether or not a pre-existing right existed. On the other hand, before referring to the analysis of the concrete evidence, it is appropriate to mention what the Constitutional Chamber has outlined. Particularly regarding the differentiation between usucapión as the form of acquiring a real property right and the información posesoria proceedings as a mechanism by which that already consolidated right is formalized. In Voto No. 04587-97 at fifteen hours forty-five minutes on the fifth of August of nineteen ninety-seven - which resolved an action concerning title application processes through información posesoria in protected areas, specifically the possibility of utilizing derived possession exercised by previous possessors - the Chamber considered: "GENERAL REGIME OF USUCAPIÓN: In principle, it must be indicated that the information posesoria proceedings regulated in the Ley de Informaciones Posesorias No. 139 of July 14, 1941, and its amendments, are a non-contentious judicial procedure through which a property title for real estate properties, registerable in the Public Registry, is formalized. In general, this procedure is intended for possessors who lack a title registerable in the Public Registry to obtain one. Article 1 of that Law provides that for the possessor of real estate to request the granting of the title based on the información posesoria procedure, they must demonstrate possession for more than ten years with the conditions indicated in article 856 of the Civil Code, namely, as owner, continuous, public, and peaceful. The foregoing requirements of time and condition characterize the possession necessary for usucapión. To obtain ownership of real estate properties by positive prescription, in addition to possession under the indicated conditions, article 853 of the Civil Code indicates as requirements: a translative title of domain and good faith. From the foregoing and from the provisions of article 8 of the Ley de Informaciones Posesorias, which characterizes the información posesoria procedure as a non-contentious judicial process - in which the arising of a claim or opposition from any person or the State causes the matter to be suspended and referred to the declaratory process for its discussion and resolution, or that the file be archived and the administrative remedy be considered exhausted, respectively -, it follows that the title application of the real estate property has as a requirement the acquisition of ownership. That is, a distinction is made between the moment of acquisition of ownership by usucapión and the moment in which that situation is asserted in the información posesoria procedure to obtain a title registerable in the Public Registry. Hence, usucapión is considered a mode of acquiring ownership and other possessable real rights, and title application is the procedure through which, having verified the requirements of usucapión, the registerable property title is conferred" (Underlining is not from the original).

VII. This Tribunal has proceeded to assess the evidence based on the principle of free evaluation contained in article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria - a rule applicable to the case by virtue of the provisions of Transitory I of the Agrarian Procedural Code - as well as the rules of logic, experience, and human psychology. In this order of ideas, it is observed that the process began in 1998, such that in that same year, José Joaquín Arias Granados and Álvaro Rojas García testify as witnesses (written record in images 30 to 32 of the physical file). The first of them stated that he knew the property since 1973, which was pasture and agriculture. He expressed knowing the title applicant for about five years and that both he and "the previous owners" had possessed the property in a quiet, public, peaceful, continuous manner and as owners. That statement refers to a time span from 1973 to 1998. He mentioned that the promoter acquired it by purchase from Raúl Alvarado, who had it for about four years, and that before that the real estate had belonged to Luis Valverde Salazar, who was already the possessor when the witness first knew the property. He mentioned a house that the title applicant inhabited, and that he has had cattle and that he also leases the property. For his part, Álvaro Rojas García stated he knew the material property since 1978, whose nature has been pasture and agriculture. He agreed with the previous witness that the property has been possessed both by the title applicant and "previous owners" in a quiet, public, peaceful, continuous manner and as owners, during all the time he has known the property. He also stated that the title applicant bought the property from Raúl, who had it for about four years, and that before him it had belonged to Luis Valverde. He stated that the title applicant's possessory acts have consisted of agriculture of plantain, yucca, fruit trees, and slashing (chapia) of the pasture area. That is, the chain of transmission is inferred from both statements, and that the nature of the property has been agriculture and pasture (repastos) from long ago. Certainly, deponent Rojas García stated he knew the property since 1978, but this does not imply a contradiction, as will be explained, the other two witnesses examined attest to or complement the decennial possession prior to 1985. Thus, Rogelio Agüero Garro, who testified in 2024, stated he was 75 years old and had known the lands since he was 20 years old. That is, his knowledge of or relationship with the material property of interest dates back to 1974. He explained that both portions subject to the title application were a single property but that when the road was opened, it was divided. He stated he knows the property because his person was given the administration of a property in the area to work it with cattle, which today is a pineapple company, and that he worked on it for more than thirty years. He indicated that Roberto the promoter dedicates the land to agriculture of yucca, malanga, and plantain, and that he had bought the land from Raúl Alvarado and that before Raúl there was another man named Luis Valverde Salazar. On the other hand, witness Manuel Antonio Herrera Mata, who testified in 2022, expressed knowing the material object of the title application well since 1972. He certainly explained that there was a possessor Raúl Alvarado of these lands and that there were no more owners until Roberto arrived. However, in the judgment of this Tribunal, that statement does not imply a gross contradiction, because according to the other declarants, after Raúl, the successor was Roberto. Likewise, the witness attests to the title applicant's possessory acts in a detailed manner, without trees having been felled, and with the respective safeguarding of the protection area of the Río Gaspar. This information is fundamental, because the four witnesses agree that the nature of the property since the mid-70s was pasture (repasto) and agriculture, which evidences that possession was definitively exercised. Such nature was verified in the judicial inspection conducted, in which the crops, fences, pastures (repastos), protection area of the Río Gaspar, and an old house were observed (videos on compact disc). Thus, in the terms of article 9 of the Ley de Informaciones Posesorias, it is observed that the property shows long possession. In addition to the foregoing, documentary evidence was provided, specifically public deed No. 70 at twenty hours on March 7, 1998, granted before Notary Iris Mora Jiménez, in which Raúl Alvarado Alpízar sells the material object of the title application (nowadays composed of two portions) to the promoter Roberto González Cordero. In that notarial document, the parties stated that the exercised possession and improvements were being transferred, adding the possession "of the previous possessor," for "more than twenty years." Thus, it is understood that the possession of the seller and another previous possessor is transferred, and the reference was not strictly limited to twenty years but to a longer period, hence there is no contradiction of such magnitude as to invalidate what was accredited with the testimonial evidence and what was observed in situ. Note, also, that the adjacent properties, according to the judicial inspection, are dedicated to agriculture, one of the portions bordering a pineapple company, which coincides with what was declared by Agüero Garro, in the sense that by 1974 that was the property dedicated to cattle raising, which evidences the presence of that activity in the area since those years. For this reason, the first grievance is rejected. The foregoing, not without first noting that in this process four witnesses testified because the court admitted evidence for a better resolution, in an order at nine hours thirty-six minutes on the twenty-sixth of September of the year two thousand twenty-four (image 283), notified to the State's representation on the twenty-sixth of September of that same year (record in image 286), without opposition being filed.

VIII. Regarding the second and third grievances that ecological possession has not been exercised because both real estate properties are pasture (repasto) and destined for agriculture such as malanga plants, orange trees, yucca, banana plants, and a dwelling built of wood and zinc, which in the appellant's opinion is incompatible with the conservation purposes of protected wilderness areas, they are not admissible for purposes of denying the title application. As expressed in the preceding considerando, the declaration of a Wildlife Refuge is without prejudice to the rights ad usucapionem already consolidated, and it must necessarily be contextualized: at the beginning of the 1970s, agriculture and cattle raising were the economic activities practiced in the area where the material object of the title application is located. Furthermore, as has been extensively analyzed, when the Refuge declaration was made in 1984, the property was already agricultural and for cattle raising. In the same sense, according to the soil studies conducted in 2016, the nature of scrubland (charral), pasture (repasto), and silvopastoral existing complies with 100% conforming land use (studies in images 79 to 86 of the physical file). On this matter, regarding the property described in map H-682625-2001 (now map 4-2279845-2021), which has an area of 1 hectare 9578 square meters, it was determined to be scrubland (charral) with scattered timber trees and an abandoned plantain crop (folios 80 to 82 of the physical file). Similarly, regarding the property described in map H-682624-2001 (now map 4-2279846-2021), which has an area of 10 hectares 1472 square meters, it was recorded as silvopastoral, due to a combination of pasture (repastos) and timber species, where the presence of 7 heads of cattle with nine paddocks (apartos), a corral, and a house was observed (folios 84 and 85 of the physical file). In both studies, it was recorded that the protection zone of the Río Gaspar is conserved. Now, the fact that the recognition of usucapión is granted as a substantive prerequisite for the title application does not imply that this formalization of the right is exempt from the limitations derived from the environmental function of property, contemplated in article 8 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad). In this sense, article 22 of that same law establishes that the Ministry of Environment and Energy is responsible for "dictating policies, planning, and executing processes aimed at achieving sustainability in the management of Costa Rica's natural resources" and that the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) "shall be a system of institutional management and coordination, deconcentrated and participatory, that will integrate the competencies in forestry, wildlife, and protected areas matters." By reason of the foregoing, a General Management Plan for the Barra del Colorado Wildlife Refuge exists. For that reason, in the judgment under appeal, the Lower Court Judge indicated in the operative part: "the title holder is warned in the same sense that land-use change (cambio de uso del suelo) is prohibited in forest areas and that he must abide by the management plan of the Barra del Colorado National Wildlife Refuge."

IX. In consonance with the foregoing, having accredited the procedural and substantive requirements demanded by law, this Tribunal deems it pertinent to confirm the judgment, but adding to the ruling in the sense that the title holder and whoever succeeds him in the ownership of the property must abide by the management guidelines or directives that are established regarding land use and permitted activities on the material properties subject to the process, having to coordinate what is pertinent with the National System of Conservation Areas (SINAC), Tortuguero Conservation Area (Área de Conservación Tortuguero). For this purpose, the lower court must proceed to communicate to said Area what is ordered in this judgment for its compliance.

POR TANTO

The judgment is confirmed and is added to in the sense that the title holder and whoever succeeds him in the ownership of the property must abide by the management guidelines or directives that are established regarding land use and permitted activities on the material properties subject to the process, having to coordinate what is pertinent with the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación Tortuguero. For this purpose, the lower court must proceed to communicate to said Area what is ordered in this judgment for its compliance.