Res. 00509-2025 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José — Mining exploitation in the Elia River protection zoneActividad de explotación minera en área de protección del río Elia

Grande
Normal
Pequeña
Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José

Resolución Nº 00509 - 2025

Fecha de la Resolución: 26 de Marzo del 2025 a las 08:05

Expediente: 09-002364-0485-PE

Redactado por: Edwin Salinas Durán

Clase de asunto: Recurso de apelación penal

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

Resolución: 2025-0509

Expediente: 09-002364-0485-PE  

 

 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las ocho horas cinco minutos, del veintiséis de marzo de dos mil veinticinco.

 RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL interpuesto en la causa seguida contra [Nombre 001], mayor, cédula de identidad número [Valor 001], nació en Cartago, el 22 de octubre de 1948, hijo de [Nombre 002] y [Nombre 003], soltero, pensionado y vecino de Guácimo, Limón. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces Edwin Salinas Durán, Roy Antonio Badilla Rojas y la jueza Elizabeth Montero Mena. Se apersonó en esta sede la licenciada Carolina Amador Garita, defensora pública del imputado [Nombre 001]; y,

RESULTANDO:

    I.- Que mediante resolución número 641-2024, de las siete horas veintinueve minutos del veintiséis de julio de dos mil veinticuatro, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de Limón, Guápiles, resolvió: “De conformidad con lo antes expuesto, además de los numerales 35, 39 y 41 de la Constitución Política; 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 10 y 11 de la Declaración Americana de Derechos Humanos; 9.2 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 1, 11, 30, 45, 50, 51, 59 a 63, 71 a 74, 128 del Código Penal; artículos 1, 6, 9, 37, 39, 111 a 124, 142, 265 a 270, 303, 341 a 365, 367 y 368, del Código Procesal Penal; 58 inciso de la Ley Forestal, artículo 141 del Código de Minería, artículos 1045 y 1048 del Código Civil; artículos 122 a 125 y 132 de las Reglas Vigentes sobre Responsabilidad Civil del Código Penal de 1941 y artículos 41 y 46 del Decreto de Honorarios de Abogado N°32493-PJ; este Tribunal,

resuelve: 1) ABSOLVER de toda pena y responsabilidad al acusado [Nombre 001] de un delito de INVASIÓN EN ÁREA DE PROTECCIÓN cometidos en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. 2) Se declara al acusado [Nombre 001] autor responsable de UN delito de ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN MINERA y en tal carácter se le impone la pena de TRES MESES DE PRISIÓN, por los hechos cometidos en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES; pena que deberá descontar en el lugar y forma en que lo determinen las leyes y reglamentos carcelarios, previo abono de la prisión preventiva si hubiera sufrido. 3) Por reunir los requisitos del numeral 59 a 63 del Código Penal, se le concede el Beneficio de Ejecución de la Pena al imputado [Nombre 001], esto por el espacio de TRES AÑOS, a partir de la firmeza de la presente sentencia, haciéndole ver que no puede recibir una sentencia mayor a seis meses de prisión en caso de que eso suceda se le revocara el beneficio aquí concedido y tendrá que descontar en un centro penal la pena impuesta. 4) En cuanto a la Querella y a la Acción Civil Resarcitoria incoadas por la parte Querellante y el Actor Civil en perjuicio del demandado civil [Nombre 001]: Se declara con lugar la Acción Civil Resarcitoria interpuesta por La Procuraduría General de la República, contra el demandado civil [Nombre 001], se condena al demandado civil en ABSTRACTO por el concepto de DAÑO AMBIENTAL cuyo monto será terminado en ejecución de sentencia. Se condena al demandado civil al pago de interés legal desde que se causó el perjuicio económico y hasta su respectivo pago sobre, las sumas que se determinen en ejecución de sentencia. Se condena al querellado [Nombre 001] a pagar la suma de CIENTO CINCUENTA MIL COLONES por el pago de las costas de la Querella. Se condena en ABSTRACTO al demando civil al pago de las costas de la Acción Civil Resarcitoria, que se determinarán en ejecución de sentencia. Se ordena mantener en custodia de este despacho la totalidad de la evidencia material. Se ordena el cese de cualquier medida cautelar que pueda tener la persona imputada en la presente causa. Se ordena comunicar lo aquí ya resuelto al Instituto Nacional de Criminología, al Juzgado de Ejecución de la Pena, Registro Judicial para lo correspondiente. En cuanto a los gastos del proceso judicial serán a cargo del Estado. Notifíquese mediante lectura. Yuliana María Loría Paniagua. Jueza de Juicio” (sic, folios 452 a 462 vlto.).

  II.- Que, contra el anterior pronunciamiento, la licenciada Carolina Amador Garita, defensora pública del imputado [Nombre 001], interpuso el recurso de apelación de sentencia penal.

III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en la impugnación.

IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

     Redacta el juez de Apelación de Sentencia Penal Salinas Durán, y;

CONSIDERANDO:

      I.- Admisibilidad del recurso de apelación. La sentencia dictada en la presente causa quedó notificada a todas las partes a las dieciséis horas, del cinco de agosto de dos mil veinticuatro (ver folio 463). El recurso de apelación fue interpuesto por la abogada Amador Garita el veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro (ver folios 464 a 470 vlto.). Consecuencia de ello, está presentado en tiempo y por un sujeto procesalmente legitimado; y, por ende, será resuelto en sede de apelación.

II.- Primer motivo de la apelación. La licenciada Carolina Amador Garita, en su condición de defensora pública del imputado [Nombre 001], alega como primer motivo de apelación: “Errónea y ausencia de fundamentación probatoria intelectiva: Inconformidad con la determinación de los hechos. Errónea aplicación de las reglas de la lógica y la sana crítica racional con afectación del principio universal in dubio pro reo”. Señala que el tribunal a quo de manera sesgada y parcializada a partir de un incorrecto análisis de la prueba determinó la responsabilidad penal de su representado pese a que, más bien, subsiste una duda razonable que no permite concluir que el material extraído y observado por [Nombre 005], fue el extraído por su defendido. Expone que hubo omisiones, advertidas por la defensa en conclusiones, que no fueron consideradas. Refiere que atacó la imputación fiscal porque el Ministerio Público acusó una coautoría, pero sin especificar cuál fue la acción que correspondía a cada imputado. Con cita del primer hecho probado cuestiona ¿en qué consistió esa distribución de funciones? ¿cuál función correspondió a cada imputado? ¿todos se avocaron a la extracción artesanal acusada? Sosteniendo que se genera duda de cuáles acciones despegó cada uno de los imputados previa distribución de funciones y, citando el testimonio de [Nombre 005], argumenta que, contrario a lo acusado, los tres acriminados extrajeron de forma artesanal piedra laja, en que sin determinar cuál, uno cincelaba y golpeaba la piedra y los otros dos abrían los sacos y la acomodaban dentro de ellos. Reprocha que se está en presencia de una falta de precisión y circunstaciación de la pieza acusatoria que no permite establecer cuál fue la conducta de su patrocinado, si era el que cincelaba y cortaba la piedra o el que la acomoda en los sacos, esto debido a lo manifestado por el testigo, y además porque aunque todos fueron detenidos no se describe ningún rasgo físico individualizante, más allá del nombre y número de cédula, lo que no permite establecer si, como lo señaló el deponente, su cliente era “el más mayor” o “el más pequeñito”. Cita también el oficio ACTo-GMRN-VS-017-09 del 8 de julio de 2009, en el punto cuarto e indica que la persona que vestía camisa blanca y traía un saco con implementos y herramientas, fue identificada en ese informe como [Nombre 006], por lo que de esa información se podría extraer que quien realizó la labor de extracción fue este y los otros imputados colaboraron para recibir y acomodar en los sacos el material, lo que no fue así precisado, sino que se optó por acusar a los tres imputados de la extracción artesanal, lo que en criterio de la apelante, no es suficiente para concluir que el acusado [Nombre 001] realizó en conjunto con los otros acusados esa extracción. Recalca que, si bien, se acreditó una distribución de funciones, la labor de [Nombre 001] fue recibir el producto minero para su embalaje, lo que no se le acusó. Con cita del artículo 4, inciso 31, del Reglamento al Código de Minería, aunque promulgado después de la fecha de los hechos, expone que se debe entender como la acción de extracción minera, y la palabra herramienta, acorde al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Recalca que ese aspecto no fue abordado en sentencia, limitándose a valorar que del informe y del testigo, se demuestra la participación de su representado; que este fue uno d de los tres individuos detenidos en flagrancia; que existe una secuencia fotográfica que permitió corroborar las labores de extracción que realizaba; que los tres imputados eran las únicas personas que estaban en el sitio. En su criterio tales argumentos no solventan la acusación y los hechos probados, para tener por acreditado en qué consistió la acción desplegada por su defendido. Tampoco de la secuencia fotográfica, de la que menciona el contenido de cada gráfica, se logra precisar la labor de extracción del imputado. Expone que también combatió las inconsistencias en que incurrió el testigo Robles Puchi, lo que no fue atendido por el tribunal sentenciador, por cuanto en atención al oficio ya citado, el deponente varió su versión en el punto cuarto, respecto a la acción ejecutada por los tres los sujetos; en el punto tercero, respecto al número de sacos, pues no se determina en dónde quedaron los dos sacos que llevaban consigo los imputados. Cuestiona que, si cada imputado llevaba un saco, cómo puede el tribunal inferir que los restantes sacos ubicados a la orilla del río y de la calle eran también de los imputados. Los testigos [Nombre 005] y [Nombre 007] fueron contestes en que la zona es conocida por la extracción ilegal de corte artesanal. Recalca que los encartados en ningún momento aceptaron que los restantes sacos fueran de ellos ni realizaron acciones para determinar esa pertenencia. Circunstancias que, entonces, no fueron analizadas. Alega la abogada Amador Garita que cuestionó también en conclusiones la valoración del material y zona del hecho que realizó el testigo [Nombre 007], para lo cual, con cita del informe DGM-CRHA-121-2012 de folio 44 y del croquis elaborado y aportado en el oficio ACTo-GMRN-VS-112-09 del 3 de diciembre de 2009, de folio 12, se determina que hay dos puntos de interés, uno para el almacenamiento y carga del material y el otro, el sitio de extracción, lo que determina que la inspección realizada por el testigo [Nombre 007] no fue en el mismo lugar en que se extrajeron los materiales, pero también contraviene el testimonio de [Nombre 005] de que el material fue destruido en el sitio y se envió una muestra al centro de operaciones, porque en el punto cuarto del informe ACTo-GMRN-VS-017-09, se indicó que todo el material fue destruido, trasladándose únicamente las herramientas a las bodegas del Área de Conservación. Cuestiona como, entonces, tres años después, se determinó que se extrajeron 40 m3, y si esto corresponde a los 50 sacos decomisados o si eran los 25 sacos localizados en el punto de extracción o los otros 25 sacos. Tampoco se especifica ni en la acusación ni en la querella, si lo que se trasladó al centro de operaciones, corresponde al material extraído en 25 sacos, como se concluye, con certeza, que ese material fue analizado, porque el acta de decomiso número 1062 de folio 8 del expediente, refiere que eran 50 sacos de laja, sin que tampoco exista cadena de custodia. Recalca que el testigo [Nombre 007] fue contundente en que en la confluencia de los ríos Elia y Toro Amarillo se encontraron las muestras de la excavación y que ese sitio estaba alterado debido a nuevas extracciones, y que sobre esto no se realizó análisis alguno. Asevera que la sentencia es contradictoria y, con cita parcial del fallo, señala que se refirió que los imputados realizaban una labor especifica, pero el testigo no logró individualizar la acción que ejecutaba su representado, pero después se dice que el testigo sí especificó que hacía cada acusado y que la actividad de su defendido era esencial, pero sin aclarar en qué consistió esa acción, por lo que reprocha que es un argumento sin validez lógica. Igual se dice que la evidencia fotográfica acredita que los imputados estaban junto a los sacos, pero de las fotografías no se desprende esto. También se asegura que a su cliente se le decomisan las herramientas, lo que no se respalda en la prueba, como tampoco que era él quien las portaba consigo. Cita el voto constitucional número 233-2001 del 10 de enero de 2001. Estima que de haberse realizado una valoración adecuada se hubiera dictado una sentencia absolutoria. Posición del Ministerio Público: El ente ministerial no se pronunció sobre el recurso de apelación interpuesto por la defensa. Posición de la Procuraduría General de la República. No hubo pronunciamiento del abogado de El Estado. El motivo de apelación no es atendible. En razón de las argumentaciones impugnaticias expresadas por la licenciada Carolina Amador Garita, en su condición de defensora pública del acusado [Nombre 001], resumidas con anterioridad en el presente considerando, pero principalmente del examen del sumario y realizado el análisis integral de la resolución número 641-2024, de las siete horas veintinueve minutos del veintiséis de julio de dos mil veinticuatro, dictada por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de Limón, en Guápiles, como lo dispone el numeral 459 del Código Procesal Penal y que corre en el expediente de la presente causa, a folios 452 a 462 vlto., se debe concluir que el primer motivo de apelación, en los términos en que se propone, no resulta atendible. Lo primero que se debe aclarar es que, conforme la historia procesal de la presente causa, esta data del del año 2009 y fue seguida contra tres personas [Nombre 009], [Nombre 006] y [Nombre 001]. El primero resultó sobreseído por prescripción, mediante resolución de las 15:50 horas del 21 de octubre de 2020 (cfr. folio 208); al segundo, se le ordenó un testimonio de piezas para continuar la causa por separado (cfr. acta de debate a folios 449 vlto) y, el tercero, afrontó el proceso y en su contra se dicta la sentencia apelada. Lo anterior es de interés para determinar, primeramente, la antigüedad de la causa, de manera que el debate contra [Nombre 001] se realizó quince años después y, segundo, que de inicio fueron tres las personas acusadas por el Ministerio Público. Es así como la propuesta recursiva parte de considerar, a partir de argumentos que más que vislumbrar un vicio son manifestaciones de inconformidad que surgen de razonamientos subjetivos, para cuestionar por una parte, la acusación fiscal que, a criterio de la abogada Amador Garita, carece de precisión para establecer la coautoría, desde que no especificó cuál fue la acción que realizó cada imputado, y que la prueba, principalmente testimonial deviene omisa y contradictoria en relación a las acciones desplegadas por su representado, acorde a lo que establecieron diversos informes, como también respecto al número concreto de sacos encontrados en el sitio y su destino final, conforme lo declararon los testigos en el debate, de modo que según reprocha la recurrente no se puede concluir que el material extraído y observado por el deponente [Nombre 005], fue el desarraigado por su defendido. En este asunto el Ministerio Público acusó: “PRIMERO: El día 25 de Junio de 2009, alrededor del mediodía, los encartados [Nombre 001], [Nombre 009] y [Nombre 006], previo acuerdo y distribución, de funciones, mediante la utilización de clavos de cuatro y cinco pulgadas, un cincel, una pala y un martillo, procedieron a extraer de forma artesanal, 40 metros cúbicos de piedra laja, dentro de los 15 metros de área de protección del Río Elia, Ubicado en Guácimo, al final de la calle La entrada, donde confluye con el río Toro Amarillo, los cuales a su vez forman parte del Área de Oficial de Conservación de los acuíferos de Pococí-Guácimo, con pleno conocimiento por parte de los justiciables de que no contaban con concesión alguna por parte de la Dirección General de Geología y Minas. SEGUNDO: A esa misma hora, fecha y lugar oficiales de MINAET se presentaron a dicho sitio con el fin de realizar una inspección de rutina y sorprendieron en flagrante delito a los encartados [Nombre 001], [Nombre 009] y [Nombre 006], en labores de extracción artesanal, quienes habían depositado todo el material ilícitamente, listo para trasladarlo en 25 sacos de polipropileno, con lo cual causaron un daño ecológico valorado en la suma de un millón setecientos setenta y siete mil doscientos colones”. Cuestiona, entonces, la defensa recurrente que no se establece concretamente cuál fue la acción que desplegó su defendido, empero tal argumento no es correcto, desde que losque se imputó a [Nombre 001] es que, junto con [Nombre 009] y [Nombre 006]: “previo acuerdo y distribución, de funciones (…) con pleno conocimiento por parte de los justiciables de que no contaban con concesión alguna por parte de la Dirección General de Geología y Minas (…) oficiales de MINAET (…) sorprendieron en flagrante delito a los encartados [Nombre 001], [Nombre 009] y [Nombre 006], en labores de extracción artesanal, quienes habían depositado todo el material ilícitamente, listo para trasladarlo en 25 sacos de polipropileno, con lo cual causaron un daño ecológico valorado en la suma de un millón setecientos setenta y siete mil doscientos colones”; es decir, claramente, se atribuyó una coautoría entre estas personas pues las tres se dedicaban a la labor de extracción de piedra laja. El error de la defensa parte de considerar que se debió precisar qué labor ejecutaba cada uno de estos sujetos, bajo el supuesto de que solo la persona que en ese momento cortaba y extraía la piedra, que opina no era su defendido, era quien ejecutaba el delito, por lo que quienes depositaban el material en sacos y los cargaban no participaban de este, ignorando, entonces, que como se acreditó en el fallo, los tres sujetos, indistintamente de la labor ejecutada, se ocupan de extraer esa piedra laja del área protegida, desde que es lo cierto que no basta con cortar la piedra sino que había que transportarla fuera del sitio y para ello eran, precisamente, los sacos de polipropileno, tanto los 25 sacos que se ubicaron cerca del río, como los 25 sacos que estaban en la calle La Entrada, aledaña al lugar; y, aunque atendiendo al reclamo, pudiera suponerse que estos últimos 25 sacos no les pertenecían, suprimiendo hipotéticamente esa aseveración, en nada varía la imputación fiscal, que les atribuyó el tener 25 sacos de polipropileno para el traslado del material. Cabe recordar que, en cuanto a la coautoría, la Sala de Casación Penal ha precisado que las personas imputadas en coautoría “…son responsables por todas y cada una de las acciones desarrolladas según el plan de autor, porque todas y cada una de estas acciones forma parte directa, como un todo, de la ejecución del delito, de modo que, aunque en varios de los hechos contenidos en la pieza acusatoria no contienen acciones realizadas por el encartado […], lo único que ello determina, es que el hecho fue ejecutado en coautoría, según un plan establecido y una distribución de funciones” (resolución n°2018-431, de las 10:53 horas, del 15 de junio de 2018, de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). Es decir, la conducta del encausado [Nombre 001], fuera que él no era quien cortó la piedra, no lo desliga del delito, pues la misma responsabilidad le cabe, si solo la acomodo en los sacos o los trasladó, desde que el Ministerio Público con claridad acusó que los tres individuos participaban en la explotación minera, consistente en cortar y extraer la piedra laja del área de protección del río Elia, actividad en que los tres fueron sorprendidos por las autoridades del MINAET, indistintamente que alguno de ellos la cortara, otro llevara las herramientas u otro cargara los sacos con el material, desde que evidentemente eran actividades necesarias para concretar la extracción prohibida y los tres individuos de común acuerdo se dedicaban a ese menester ilegitimo; de modo tal que, tampoco es motivo de duda que, como lo afirmó el testigo Robles Puchi, en esa área de la confluencia de los ríos Elia y Toro Amarillo otras personas también se dediquen a esa labor ilícita, pues no cabe ninguna incertidumbre de que el aquí acusado [Nombre 001] fue a quien sorprendieron con los otros individuos en plena actividad, siendo que, además eran las únicas personas que en aquel momento se encontraron en el lugar. Tampoco tiene relevancia si hubo desacuerdo entre los testigos [Nombre 005] y [Nombre 007] acerca del destino final del material decomisado, si en su totalidad fue reintegrado al río, o si se tomó una muestra para llevarla a las bodegas del área de conservación o, incluso si se trató de 50 o 25 sacos, lo que se decomisó, o cuántos eran los sacos que estaban junto al río y cuántos en la calle, o incluso cuál era la vestimenta de los sujetos, o quién era el que llevaba las herramientas, cuestionamientos que en apoyo de su recurso propone la abogada Amador Garita, pues desde un inicio se denota que estas alegaciones para combatir la fundamentación de la sentencia de mérito, por demás sobre temas periféricos, surgen a partir de una visión subjetiva del cuadro fáctico acusado, entendible desde su posición procesal, desde que para cimentar su tesis impugnaticia parte de una apreciación propia de la prueba, testimonial y documental, y lo que estima se deriva de ella, para así fincar lo que, en su criterio, debió acreditar el tribunal de juicio, ejercicio que realiza partiendo de un análisis fragmentario de los hechos transcritos en el informe DGM-CRHA-121-2012, como de los oficios ACTo-GMRN-VS-017-09 y ACTo-GMRN-VS-112-09. Estima esta Cámara de Apelación que no es de esperar que los testigos de un hecho, incluso si rubricaron informes u oficios, sean siempre unánimes en sus manifestaciones desde que estas obedecen tanto a su percepción del suceso, a qué del evento le prestaron mayor atención, como a su capacidad de observación y memoria, lo que es particular a la personalidad de cada individuo, pero que además atiende al período que transcurre entre el acto ilícito y cuando se rinde un testimonio, por lo que si en este caso han transcurrido ya quince años, no es de esperar una identidad plena, cuál es la finalidad que persigue la propuesta impugnaticia. Así las cosas, analizada, entonces, la sentencia, a la luz de los reclamos impugnativos, no se determina que haya algún fundamento para acogerlos, desde que el fallo aprecia la prueba conforme a las reglas de la sana crítica y arriba a una decisión ajustada a la prueba y a lo que es objeto del debate. Por lo anterior, al no producirse vicio alguno que enunciar, el primer motivo del recurso no resulta procedente y, por ello, se declara sin lugar.

III.- Segundo motivo de la apelación. Como segundo motivo de apelación la licenciada Amador Garita argumenta: “Ausencia de motivación respecto al extremo civil”. Manifiesta que no hay fundamentación respecto al aspecto civil que acredite los daños por los cuales se ordenó el resarcimiento, ni qué consistieron y en cuáles elementos probatorios se fundamentó. Critica que no hay una exposición de motivos en cuanto a la responsabilidad civil extracontractual, pues no basta en que se haya establecido la responsabilidad penal para establecer la civil. Tampoco se cuantifica el daño, como tampoco se logra en debate establecer el monto de este, por lo que se condena en abstracto. Reclama que se condenó en abstracto por un daño ambiental que no se logró determinar. Señala además que el daño ambiental se valora en una ubicación distinta de donde ocurrió la extracción de piedra laja. Reitera que no es posible establecer en que consistió el daño y su magnitud, por lo que la duda no es solo sobre la cuantificación, como resolvió el tribunal, sino sobre su acreditación. Opina que se condena a la paga del daño, sin que se expresen los motivos de hecho y derecho en los cuales se sustenta la responsabilidad civil. Posición del Ministerio Público: El ente ministerial no se pronunció sobre el recurso de apelación interpuesto por la defensa. Posición de la Procuraduría General de la República. No hubo pronunciamiento del abogado de El Estado. No ha lugar. La sentencia debe entenderse como una unidad jurídico-penal, de tal suerte que al ser la demanda civil resarcitoria accesoria en el procedimiento penal, no se desliga de los hechos que se tuvieron por acreditados, y que determinaron que el demandado civil [Nombre 001] incurrió en la conducta acusada, cual era realizar una actividad de explotación minera, pues, sin más, de manera ilegitima extrajo piedra laja de un área de conservación y con ello claramente causó un daño ambiental, precisamente el que reclamó la Procuraduría General de la República. Es decir, no era necesario como estima la apelante que para establecer la procedencia del reclamo civil en sede penal, debiera el tribunal de sentencia determinar los daños, en qué consistieron o quién fue el responsable, pues ello claramente está delimitado al establecer la responsabilidad penal, de modo tal que se conoce que fue lo que se extrajo, quién lo extrajo, de qué zona y cuál era la cantidad, por lo que, conforme lo determinó el tribunal de juicio, el daño ambiental derivó de la conducta acusada a [Nombre 001], estableciendo así el necesario nexo de causalidad. Desde esa perspectiva resultó procedente la cuantificación de ese daño pero que por las razones que se exponen no era factible determinarlo en sede penal, y así lo refiere la sentencia: “… el deponente es contundente en indicar que la valoración económica toma en consideración los precios regionales y locales de acuerdo con lo que se comercia en la zona de análisis. Ahora bien, el testigo en igual sentido es claro en indicar que dicha inspección es efectuada por parte de su persona en el mes de julio del 2012; relato así verificado una vez observado el memorando DGM-CRHA-121-2012, visible a folios del 44 al 47. Siendo el testigo claro en referir que para el momento que se realizó la inspección la misma se efectúa según lo indicado por parte del MINAET mediante el oficio Nº ACTO-GMRN-VS-017-09, de fecha ocho de julio de dos mil nueve. Siendo claro en exponer ante este plenario que no puede realizar una valoración sobre lo decomisado al imputado al momento de los hechos, por cuanto el material sustraído se destruyó en el sitio, debiendo permanecer en el lugar, ya que este pertenece a los mantos acuíferos del sitio y queda en porciones menores que imposibilita su extracción. Aunado a lo anterior manifestó que una vez realizada la inspección en el lugar, logra ubicar gran cantidad de material rocoso, tanto en la orilla del camino así como en otros sectores del acantilado, ubicando inclusive desechos sólidos como costales, alimentos, botellas plásticas, algunos elementos de hierro como cinceles o barras quebradas; lo que le permitió determinar que la en la zona se continuaba presentando la actividad delictiva. Razón por la cual, no se podía acreditar al imputado el daño ambiental que se observa en la zona para el momento de la inspección; siendo que los hechos por los cuales se le estaba solicitando la valoración se dieron en el año dos mil nueve, realizando la inspección en el año dos mil doce, aproximadamente tres años después de los hechos. Siendo claro en indicar que una valoración en la actualidad representaría una inexactitud de los volúmenes reales, ya que han existido variaciones de índole antrópica en el frente de extracción. Brindando únicamente una valoración con respecto a lo referido por parte del MINAET mediante el oficio Nº ACTO-GMRN-VS-017-09, sin establecer sobre que, cantidad de material se determinaron los cuarenta metros de material cúbico de piedra laja. Razón por la cual no podría determinarse el monto correspondiente al daño ambiental, debiendo condenar en abstracto al demandado civil [Nombre 001] por concepto del daño ambiental sufrido” (cfr. sentencia). Desde esta perspectiva, de la literalidad del fallo apelado se logra determinar que el autor del delito y, en consecuencia del daño ambiental, es el encausado [Nombre 001] y, por consiguiente, le corresponde cargar con el reclamo efectuado por el abogado del Estado, pero que en razón del tiempo transcurrido, quince años, las variantes en la zona, la dificultad para establecer la cantidad de material extraído no es posible precisar en esta sede un monto pecuniario, lo que, en efecto, debe ser avalado, siendo lo correcto fijarlo en abstracto, como se hizo, reiterando que entendida la sentencia como un todo, en que el aspecto civil no esta divorciado de lo penal, resulta aclarado porque [Nombre 001] debe responder por el daño ambiental causado, como las razones por las que se fijó la indemnización del mismo en abstracto. Consecuencia de lo anterior, los alegatos de la defensa técnica no propician variar lo resuelto y, por ende, el segundo motivo de apelación también corre igual suerte y se declara sin lugar. Corolario de lo expuesto, el recurso de apelación de sentencia penal no pude prosperar y se declara sin lugar.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Carolina Amador Garita, defensora pública del imputado [Nombre 001]. NOTIFÍQUESE. -

 

 

Edwin Salinas Durán

 

 

Elizabeth Montero Mena      Roy Antonio Badilla Rojas

Jueces y jueza de apelación de sentencia penal

 

 

EXPEDIENTE: 09-002364-0485-PE(05)

CONTRA: [Nombre 001]

DELITO: Infracción Ley de Minería

OFENDIDO/A: Los Recursos Naturales

 

imendezst

 

Exp.: 09-002364-0485-PE(5) - VOTO 2025-0509- pág.: 1

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:19:24.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**PENAL SENTENCING APPEALS COURT OF THE SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.** Goicoechea, at eight hours and five minutes, on the twenty-sixth of March, two thousand twenty-five.

**CRIMINAL SENTENCE APPEAL** filed in the case against [Name 001], of legal age, identity card number [Value 001], born in Cartago, on October 22, 1948, son of [Name 002] and [Name 003], single, pensioner and resident of Guácimo, Limón. Participating in the decision on the appeal are judges Edwin Salinas Durán, Roy Antonio Badilla Rojas, and judge Elizabeth Montero Mena. Attorney Carolina Amador Garita, public defender of the accused [Name 001], appeared before this court; and,

**WHEREAS:**

**I.-** That by means of resolution number 641-2024, at seven hours twenty-nine minutes on the twenty-sixth of July, two thousand twenty-four, the Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of Limón, Guápiles, resolved: "In accordance with the foregoing, in addition to articles 35, 39 and 41 of the Political Constitution; 7 and 8 of the American Convention on Human Rights; 10 and 11 of the American Declaration of Human Rights; 9.2 and 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights; articles 1, 11, 30, 45, 50, 51, 59 to 63, 71 to 74, 128 of the Criminal Code; articles 1, 6, 9, 37, 39, 111 to 124, 142, 265 to 270, 303, 341 to 365, 367 and 368, of the Code of Criminal Procedure; 58(c) of the Ley Forestal, article 141 of the Mining Code, articles 1045 and 1048 of the Civil Code; articles 122 to 125 and 132 of the Rules in Force on Civil Liability of the 1941 Criminal Code and articles 41 and 46 of the Attorney Fee Decree No. 32493-PJ; this Court,

resolves: 1) ACQUIT the accused [Name 001] of all penalty and responsibility for a crime of INVASION OF A PROTECTED AREA committed to the detriment of NATURAL RESOURCES. 2) The accused [Name 001] is declared to be the responsible perpetrator of ONE crime of MINING EXPLOITATION ACTIVITY and in this capacity, the penalty of THREE MONTHS OF PRISON is imposed, for the acts committed to the detriment of NATURAL RESOURCES; penalty to be served in the place and manner determined by prison laws and regulations, after credit for pre-trial detention if any was suffered. 3) As the requirements of articles 59 to 63 of the Criminal Code are met, the Benefit of Suspension of the Execution of the Sentence is granted to the accused [Name 001], for a period of THREE YEARS, effective from the finality of this judgment, making it known that he cannot receive a sentence greater than six months of imprisonment; should that occur, the benefit granted herein shall be revoked and he must serve the imposed penalty in a prison center. 4) Regarding the Private Criminal Action and the Civil Indemnity Action filed by the Private Prosecutor and the Civil Plaintiff to the detriment of the civil defendant [Name 001]: The Civil Indemnity Action filed by the Office of the Attorney General of the Republic against the civil defendant [Name 001] is granted, the civil defendant is sentenced IN ABSTRACT for the concept of ENVIRONMENTAL DAMAGE, the amount of which shall be determined in the sentence enforcement phase. The civil defendant is sentenced to pay legal interest from the time the economic damage was caused and until its respective payment on the sums determined in the sentence enforcement phase. The accused in the private action [Name 001] is sentenced to pay the sum of ONE HUNDRED FIFTY THOUSAND COLONES for the costs of the Private Criminal Action. The civil defendant is sentenced IN ABSTRACT to pay the costs of the Civil Indemnity Action, to be determined in the sentence enforcement phase. It is ordered that all material evidence be kept in the custody of this court. The cessation of any precautionary measure affecting the accused person in the present case is ordered. Communication of the matters here resolved is ordered to the National Institute of Criminology, the Sentence Enforcement Court, and the Judicial Registry for their respective actions. The costs of the judicial process shall be borne by the State. Notified by reading. Yuliana María Loría Paniagua. Trial Judge" (sic, folios 452 to 462 v.).

**II.-** That, against the preceding ruling, attorney Carolina Amador Garita, public defender of the accused [Name 001], filed the criminal sentence appeal.

**III.-** That having conducted the respective deliberation in accordance with the provisions of article 465 of the Code of Criminal Procedure, the Court considered the questions raised in the challenge.

**IV.-** That the relevant legal requirements have been observed in the proceedings.

Penned by Judge of Criminal Sentence Appeal Salinas Durán; and,

**WHEREAS:**

**I.-** Admissibility of the appeal. The judgment rendered in this case was notified to all parties at sixteen hours, on August fifth, two thousand twenty-four (see folio 463). The appeal was filed by attorney Amador Garita on August twenty-third, two thousand twenty-four (see folios 464 to 470 v.). Consequently, it is filed in time and by a procedurally legitimate subject; and, therefore, it shall be resolved at the appeal level.

**II.-** First ground of appeal. Attorney Carolina Amador Garita, in her capacity as public defender of the accused [Name 001], alleges as the first ground of appeal: "Erroneous and absent evidentiary intellectual basis: Disagreement with the determination of facts. Erroneous application of the rules of logic and sound rational criticism, affecting the universal principle in dubio pro reo". She indicates that the trial court (tribunal a quo), in a biased and partial manner based on an incorrect analysis of the evidence, determined the criminal responsibility of her client even though, rather, a reasonable doubt persists that does not allow concluding that the material extracted and observed by [Name 005] was that extracted by her client. She states there were omissions, noted by the defense in closing arguments, that were not considered. She argues that she attacked the prosecutorial accusation because the Public Prosecutor's Office accused a co-perpetration, but without specifying what action corresponded to each accused. Citing the first proven fact, she questions what that distribution of functions consisted of? What function corresponded to each accused? Did all of them engage in the accused artisanal extraction? Maintaining that doubt arises as to what actions each accused performed under a prior distribution of functions, and citing the testimony of [Name 005], she argues that, contrary to the accusation, the three accused individuals extracted flagstone in an artisanal manner, without determining which one chiseled and struck the stone and the other two opened the sacks and placed the stone inside them. She reproaches that there is a lack of precision and detailed circumstances in the accusatory document that does not allow establishing what her client's conduct was, whether he was the one chiseling and cutting the stone or the one placing it in the sacks, this due to what was stated by the witness, and also because even though all were detained, no individualizing physical features are described, beyond name and ID number, which does not allow establishing if, as the witness stated, her client was "the oldest" or "the smallest". She also cites official communication ACTo-GMRN-VS-017-09 of July 8, 2009, at point four, and indicates that the person wearing a white shirt and carrying a sack with implements and tools was identified in that report as [Name 006], so from this information it could be inferred that he was the one who performed the extraction work and the other accused collaborated to receive and place the material in the sacks, which was not specified in this way; instead, all three accused were charged with artisanal extraction, which in the appellant's opinion is not sufficient to conclude that the accused [Name 001] performed that extraction together with the other accused. She emphasizes that, although a distribution of functions was proven, [Name 001]'s work was to receive the mining product for its packing, which was not what he was accused of. Citing article 4, subsection 31, of the Regulation to the Mining Code, although enacted after the date of the events, she states that the action of mining extraction must be understood as such, and the word tool, according to the Dictionary of the Royal Spanish Academy. She emphasizes that this aspect was not addressed in the judgment, which limited itself to assessing that the report and the witness demonstrated her client's participation; that he was one of the three individuals detained in flagrante delicto; that there is a photographic sequence that allowed corroborating the extraction work he was performing; that the three accused were the only people at the site. In her opinion, such arguments do not resolve the accusation and proven facts, so as to take as proven what the action carried out by her client consisted of. Nor does the photographic sequence, the content of each image she mentions, allow specifying the extraction work of the accused. She states that she also challenged the inconsistencies into which the witness Robles Puchi fell, which was not addressed by the sentencing court, given that in light of the already cited official communication, the witness varied his version at point four, regarding the action executed by the three subjects; at point three, regarding the number of sacks, as it is not determined where the two sacks the accused carried with them ended up. She questions how, if each accused carried one sack, the court can infer that the remaining sacks located at the edge of the river and the road also belonged to the accused. Witnesses [Name 005] and [Name 007] were in agreement that the area is known for illegal artisanal extraction. She emphasizes that the accused persons at no time accepted that the remaining sacks were theirs, nor were actions taken to determine that ownership. Circumstances that, therefore, were not analyzed. Attorney Amador Garita alleges that she also questioned in closing arguments the assessment of the material and area of the event made by witness [Name 007], for which, citing report DGM-CRHA-121-2012 at folio 44 and the sketch prepared and provided in official communication ACTo-GMRN-VS-112-09 of December 3, 2009, at folio 12, it is determined that there are two points of interest, one for the storage and loading of the material and the other, the extraction site, which determines that the inspection carried out by witness [Name 007] was not at the same place where the materials were extracted, but also contradicts the testimony of [Name 005] that the material was destroyed at the site and a sample was sent to the operations center, because at point four of report ACTo-GMRN-VS-017-09, it was indicated that all the material was destroyed, only transferring the tools to the warehouses of the Conservation Area. She questions how, then, three years later, it was determined that 40 m3 were extracted, and if this corresponds to the 50 sacks seized or if they were the 25 sacks located at the extraction point or the other 25 sacks. Nor is it specified in the accusation or the private criminal action, whether what was transferred to the operations center corresponds to the material extracted in 25 sacks; how is it concluded, with certainty, that this material was analyzed, because the seizure record number 1062 at folio 8 of the file, refers that they were 50 sacks of flagstone, without there also being a chain of custody. She emphasizes that witness [Name 007] was emphatic that at the confluence of the Elia and Toro Amarillo rivers, the excavation samples were found and that this site was altered due to new extractions, and that no analysis was performed on this. She asserts that the judgment is contradictory and, with a partial citation of the ruling, points out that it stated the accused were performing a specific task, but the witness could not individualize the action her client was executing, but then it says the witness did specify what each accused was doing and that her client's activity was essential, but without clarifying what that action consisted of, for which she reproaches that it is an argument without logical validity. Similarly, it is said that the photographic evidence proves that the accused were next to the sacks, but this does not emerge from the photographs. It is also asserted that the tools were seized from her client, which is not supported by the evidence, nor that he was the one carrying them. She cites constitutional ruling number 233-2001 of January 10, 2001. She considers that if an adequate assessment had been made, an acquittal judgment would have been issued. Position of the Public Prosecutor's Office: The prosecutorial body did not issue an opinion on the appeal filed by the defense. Position of the Office of the Attorney General of the Republic. There was no opinion from the State's attorney. The ground of appeal is not sustainable. By reason of the challenging arguments expressed by attorney Carolina Amador Garita, in her capacity as public defender of the accused [Name 001], summarized earlier in this Whereas, but mainly from the examination of the summary record and the comprehensive analysis conducted of resolution number 641-2024, at seven hours twenty-nine minutes on the twenty-sixth of July, two thousand twenty-four, issued by the Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of Limón, in Guápiles, as provided for in article 459 of the Code of Criminal Procedure and which appears in the file of this case, at folios 452 to 462 v., it must be concluded that the first ground of appeal, as proposed, is not sustainable. The first thing that must be clarified is that, according to the procedural history of this case, it dates back to the year 2009 and was pursued against three persons [Name 009], [Name 006] and [Name 001]. The first was granted a dismissal due to the statute of limitations, by resolution of 15:50 hours on October 21, 2020 (cf. folio 208); for the second, a severance of the case was ordered to continue the case separately (cf. trial minutes at folio 449 v.), and the third faced the process and the appealed judgment is rendered against him. This is of interest to determine, first, the age of the case, such that the trial against [Name 001] was held fifteen years later, and second, that three persons were initially accused by the Public Prosecutor's Office. Thus, the appeal proposal starts from considering, based on arguments that rather than revealing a defect are manifestations of disagreement arising from subjective reasoning, to question on the one hand, the prosecutorial accusation which, in the opinion of attorney Amador Garita, lacks precision to establish co-perpetration, since it did not specify what action each accused performed, and that the evidence, mainly testimonial, is omissive and contradictory in relation to the actions carried out by her client, according to what various reports established, as well as regarding the specific number of sacks found at the site and their final destination, as declared by the witnesses at trial, so that, as the appellant reproaches, it cannot be concluded that the material extracted and observed by the witness [Name 005] was that uprooted by her client. In this matter, the Public Prosecutor's Office accused: "FIRST: On June 25, 2009, around noon, the accused [Name 001], [Name 009] and [Name 006], with prior agreement and distribution of functions, through the use of four and five-inch nails, a chisel, a shovel, and a hammer, proceeded to extract in an artisanal manner, 40 cubic meters of flagstone, within the 15 meters of the protection area of the Elia River, located in Guácimo, at the end of La Entrada street, where it meets the Toro Amarillo river, which in turn are part of the Official Conservation Area of the Pococí-Guácimo aquifers, with full knowledge on the part of the defendants that they did not have any concession from the Dirección General de Geología y Minas. SECOND: At that same time, date and place, MINAET officials appeared at said site for the purpose of carrying out a routine inspection and caught in flagrante delicto the accused [Name 001], [Name 009] and [Name 006], in artisanal extraction work, who had deposited all the material illicitly, ready to transfer it in 25 polypropylene sacks, with which they caused ecological damage valued in the sum of one million seven hundred seventy-seven thousand two hundred colones". The defense appellant questions, then, that the action taken by her client was not concretely established, but such an argument is not correct, since what was charged to [Name 001] is that, together with [Name 009] and [Name 006]: "with prior agreement and distribution of functions (…) with full knowledge on the part of the defendants that they did not have any concession from the Dirección General de Geología y Minas (…) MINAET officials (…) caught in flagrante delicto the accused [Name 001], [Name 009] and [Name 006], in artisanal extraction work, who had deposited all the material illicitly, ready to transfer it in 25 polypropylene sacks, with which they caused ecological damage valued in the sum of one million seven hundred seventy-seven thousand two hundred colones"; that is, clearly, a co-perpetration was attributed among these persons since all three were engaged in the work of extracting flagstone. The defense's error stems from considering that the work each of these subjects carried out should have been specified, under the assumption that only the person who was cutting and extracting the stone at that moment, which she opines was not her client, was the one committing the crime, so that those who deposited the material in sacks and loaded them did not participate in it, thereby ignoring that, as was proven in the judgment, the three subjects, regardless of the work performed, concern themselves with extracting that flagstone from the protected area, since it is true that it is not enough to cut the stone but rather it had to be transported away from the site and for that purpose, precisely, the polypropylene sacks were, both the 25 sacks that were located near the river, as well as the 25 sacks that were on La Entrada street, adjacent to the place; and, even if, in light of the complaint, it could be supposed that these last 25 sacks did not belong to them, hypothetically suppressing that assertion, it does not vary the prosecutorial accusation in any way, which attributed to them having 25 polypropylene sacks for the transfer of the material. It is worth remembering that, regarding co-perpetration, the Criminal Cassation Chamber has specified that persons charged as co-perpetrators "…are responsible for each and every one of the actions carried out according to the perpetrator's plan, because each and every one of these actions forms a direct part, as a whole, of the execution of the crime, so that, even if several of the facts contained in the accusatory document do not contain actions carried out by the accused […], the only thing this determines is that the act was executed in co-perpetration, according to an established plan and a distribution of functions" (resolution No. 2018-431, of 10:53 hours, of June 15, 2018, of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice). That is to say, the conduct of the accused [Name 001], even if he was not the one who cut the stone, does not separate him from the crime, since the same responsibility applies to him, if he only placed it in the sacks or transported them, since the Public Prosecutor's Office clearly accused that the three individuals participated in the mining exploitation, consisting of cutting and extracting flagstone from the protection area of the Elia river, an activity in which the three were caught by the MINAET authorities, regardless of whether one of them cut it, another carried the tools, or another loaded the sacks with the material, since they were evidently necessary activities to carry out the prohibited extraction and the three individuals, by common agreement, were engaged in that illegitimate task; such that, neither is it a reason for doubt that, as affirmed by the witness Robles Puchi, in that area of the confluence of the Elia and Toro Amarillo rivers, other people also engage in that illicit work, since there is no uncertainty whatsoever that the accused here, [Name 001], was the one caught with the other individuals in full activity, considering that they were also the only people found at the place at that moment. Nor is it relevant whether there was disagreement between witnesses [Name 005] and [Name 007] about the final destination of the seized material, whether it was entirely returned to the river, or whether a sample was taken to take it to the warehouses of the conservation area, or even if it was 50 or 25 sacks that were seized, or how many sacks were next to the river and how many on the street, or even what the clothing of the subjects was, or who was carrying the tools, questions that attorney Amador Garita proposes in support of her appeal, since from the outset it is noted that these allegations to challenge the reasoning of the trial judgment, moreover on peripheral matters, arise from a subjective view of the accused factual picture, understandable from her procedural position, since to cement her appellate thesis she starts from her own appraisal of the testimonial and documentary evidence, and what she deems derives from it, to thereby establish what, in her opinion, the trial court should have proven, an exercise performed starting from a fragmentary analysis of the facts transcribed in report DGM-CRHA-121-2012, as well as official communications ACTo-GMRN-VS-017-09 and ACTo-GMRN-VS-112-09. This Court of Appeals considers that it is not to be expected that witnesses to an event, even if they signed reports or official communications, will always be unanimous in their statements, since these respond both to their perception of the event, to what aspect of the event they paid more attention, as to their capacity for observation and memory, which is particular to each individual's personality, but which also responds to the period that elapses between the illicit act and when testimony is given, so that if in this case fifteen years have already passed, a complete identity is not to be expected, which is the aim pursued by the appellate proposal. Thus, upon analysis of the judgment, in light of the appellate complaints, it is not determined that there is any basis to accept them, since the ruling assesses the evidence according to the rules of sound criticism and arrives at a decision adjusted to the evidence and to the subject matter of the trial. Therefore, since no defect arises to be enunciated, the first ground of the appeal is not admissible and, therefore, it is declared without merit.

**III.-** Second ground of the appeal. As a second ground of appeal, attorney Amador Garita argues: "Absence of reasoning regarding the civil aspect". She states that there is no reasoning regarding the civil aspect proving the damages for which compensation was ordered, nor what they consisted of or on which evidentiary elements it was based. She criticizes that there is no statement of reasons regarding extracontractual civil liability, as establishing criminal liability is not sufficient to establish civil liability. Nor is the damage quantified, nor is the amount thereof achieved at trial, which is why a sentence in abstract is imposed. She complains that a sentence in abstract was imposed for an environmental damage that could not be determined. She also points out that the environmental damage is valued at a different location from where the flagstone extraction occurred. She reiterates that it is not possible to establish what the damage consisted of and its magnitude, so the doubt is not only about the quantification, as the court resolved, but about its substantiation. She opines that payment for the damage is imposed, without expressing the reasons of fact and law on which the civil liability is based. Position of the Public Prosecutor's Office: The prosecutorial body did not issue an opinion on the appeal filed by the defense. Position of the Office of the Attorney General of the Republic. There was no opinion from the State's attorney. Not granted. The judgment must be understood as a criminal-legal unit, such that since the civil indemnity action is accessory to the criminal procedure, it is not detached from the facts that were considered proven, and which determined that the civil defendant [Name 001] engaged in the accused conduct, which was to carry out a mining exploitation activity, since, plainly, he illegitimately extracted flagstone from a conservation area and thereby clearly caused environmental damage, precisely the damage claimed by the Office of the Attorney General of the Republic. That is, it was not necessary, as the appellant considers, for the trial court to determine the damages, what they consisted of, or who was responsible, in order to establish the admissibility of the civil claim in criminal court, since this is clearly defined by establishing criminal liability, such that it is known what was extracted, who extracted it, from what area, and what the quantity was, so that, as determined by the trial court, the environmental damage derived from the conduct accused of [Name 001], thus establishing the necessary causal link. From that perspective, the quantification of that damage was admissible, but for the reasons set forth, it was not feasible to determine it in criminal court, and the judgment states as follows: "… the witness is emphatic in indicating that the economic valuation takes into consideration regional and local prices according to what is traded in the area of analysis. However, the witness is equally clear in indicating that said inspection is carried out by him in the month of July 2012; account thus verified upon observing memorandum DGM-CRHA-121-2012, visible at folios 44 to 47. The witness being clear in stating that at the time the inspection was carried out, it was done according to that indicated by MINAET through official communication No. ACTO-GMRN-VS-017-09, dated July eighth, two thousand nine. Being clear in stating before this panel that he cannot perform a valuation of what was seized from the accused at the time of the events, because the extracted material was destroyed at the site, it having to remain in place, since it belongs to the aquifers of the site and remains in minor portions that make its extraction impossible. In addition to the above, he stated that once the inspection of the place was carried out, he managed to locate a large amount of rocky material, both on the roadside as well as in other sectors of the cliff, even locating solid waste such as sacks, food, plastic bottles, some iron elements such as chisels or broken bars; which allowed him to determine that criminal activity continued to occur in the area. Reason for which, the environmental damage observed in the area at the time of the inspection could not be attributed to the accused; given that the events for which the valuation was being requested occurred in the year two thousand nine, the inspection being carried out in two thousand twelve, approximately three years after the events. Being clear in indicating that a current valuation would represent an inaccuracy of the real volumes, since there have been anthropogenic variations in the extraction front. Providing only a valuation regarding what was reported by MINAET through official communication No. ACTO-GMRN-VS-017-09, without establishing on what quantity of material the forty meters of cubic flagstone material were determined. Reason for which the amount corresponding to the environmental damage could not be determined, requiring a sentence in abstract against the civil defendant [Name 001] for the concept of the environmental damage suffered" (cf. judgment). From this perspective, from the literal text of the appealed ruling, it is possible to determine that the perpetrator of the crime and, consequently, of the environmental damage, is the accused [Name 001] and, therefore, it is his responsibility to bear the claim made by the State's attorney, but that due to the time elapsed, fifteen years, the variations in the area, and the difficulty in establishing the quantity of material extracted, it is not possible to specify a monetary amount at this level, which, in effect, must be endorsed, it being correct to set it in abstract, as was done, reiterating that understood the judgment as a whole, in which the civil aspect is not divorced from the criminal aspect, it is clarified why [Name 001] must answer for the environmental damage caused, as well as the reasons why the compensation for it was set in abstract.

As a consequence of the foregoing, the arguments of the technical defense do not warrant altering the decision and, therefore, the second ground of appeal also meets the same fate and is dismissed. As a corollary of the above, the appeal of the criminal judgment cannot succeed and is dismissed.

THEREFORE:

The appeal filed by attorney Carolina Amador Garita, public defender of the accused [Name 001], is dismissed. LET IT BE NOTIFIED. -

Edwin Salinas Durán

Elizabeth Montero Mena      Roy Antonio Badilla Rojas

Judges of criminal judgment appeal

EXPEDIENTE: 09-002364-0485-PE(05)

AGAINST: [Name 001]

OFFENSE: Violation of the Mining Law (Infracción Ley de Minería)

VICTIM: Natural Resources

imendezst

Exp.: 09-002364-0485-PE(5) - VOTO 2025-0509- pág.: 1

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:19:24.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República