Res. 00797-2025 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José — Strict civil liability for environmental damage after criminal acquittalResponsabilidad civil objetiva por daño ambiental tras absolución penal

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José

Resolución Nº 00797 - 2025

Fecha de la Resolución: 19 de Mayo del 2025 a las 14:00

Expediente: 21-000671-0573-PE

Redactado por: Alejandra Valenciano Chinchilla

Clase de asunto: Recurso de apelación penal

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Acción civil resarcitoria
Subtemas:
Indemnización por daños causados al ambiente se basa en criterios propios de responsabilidad civil objetiva.
Temas (descriptores): Responsabilidad civil derivada del hecho punible
Subtemas:
Indemnización por daños causados al ambiente se basa en criterios propios de responsabilidad civil objetiva.
Temas (descriptores): Responsabilidad civil objetiva
Subtemas:
Indemnización por daños causados al ambiente se basa en criterios propios de responsabilidad civil objetiva.
Temas (descriptores): Daño ambiental
Subtemas:
Indemnización por daños causados al ambiente se basa en criterios propios de responsabilidad civil objetiva.
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Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

Resolución: 2025-0797

Expediente: 21-000671-0573-PE(3)

 

 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, al ser las catorce horas cero minutos, del diecinueve de mayo de dos mil veinticinco.-

 RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], mayor, costarricense, cédula de identidad número [Valor 001], nacido en Heredia, el 25 de enero de 1976, hijo de [Nombre 002], soltero, de oficio comerciante agrícola, vecino de Heredia, y [Nombre 003], mayor, costarricense, cédula de identidad número [Valor 003], nacido en Puntarenas, el 04 de noviembre de 1962, hijo de [Nombre 004] y [Nombre 005], soltero, de oficio agricultor, vecino de Heredia; por el delito de APROVECHAMIENTO ILEGAL DE MADERA, en perjuicio del MEDIO AMBIENTE. Intervienen en la decisión las juezas Alejandra Valenciano Chinchilla, Laura Gabriela Murillo Mora y el juez Max Antonio Escalante Quirós. Se apersonaron en esta sede el licenciado Víctor Hugo Rojas Corrales defensor particular de los encartados, el licenciado Andrés Alfaro Ramírez en representación de la Procuraduría General de la República, y la licenciada Priscilla Chacón Chinchilla en representación del ministerio público.

RESULTANDO:

 I.- Que mediante sentencia número 22-2025, de las quince horas cero minutos del treinta de enero del dos mil veinticinco, el Tribunal Penal de Sarapiquí, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, normas citadas, artículos 39 y 41 de la Constitución Política; 8 y 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 141, 142, 180 al 184, 265 al 268, 360, 361, 364, 365 y 366 del Código Procesal Penal; 58 inciso b) y 61 inciso a) de la Ley Forestal; se absuelve de toda pena y responsabilidad a [Nombre 001] y a [Nombre 003] de un delito de APROVECHAMIENTO ILEGAL DE MADERA que se les venía acusando en perjuicio del MEDIO AMBIENTE. Accesoriamente, se declara sin lugar la acción civil resarcitoria interpuesta por la Procuraduría General de la República contra los demandados [Nombre 001] y [Nombre 003]. Se resuelve el presente asunto sin especial condenatoria en costas, siendo los gastos del proceso a cargo del Estado, por haberse actuado a instancia del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. Se ordena el cese de cualquier medida cautelar que pese sobre los señores ([Nombre 001]) y [Nombre 003], siempre y cuando no exista alguna otra causa que así lo impida. Con el pronunciamiento íntegro de esta resolución de manera oral, quedan notificadas las partes en el acto." (sic).

 II.- Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado Andrés Alfaro Ramírez, interpuso recurso de apelación.

 III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.

 IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

 Redacta la jueza de Apelación de Sentencia Penal Valenciano Chinchilla; y,

CONSIDERANDO:

I.– Mediante libelo visible a folios 208 al 226, recibido en fecha 20 de febrero de 2025, el licenciado Andrés Alfaro Ramírez, en su condición de Procurador Penal interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia oral Nº22-2025, del Tribunal Penal de Sarapiquí, de las 15:00 horas, del 30 de enero de 2025, que absolvió a los justiciables [Nombre 003] y [Nombre 001] de toda pena y responsabilidad, declarando sin lugar la acción civil resarcitoria incoada en todos sus extremos. De acuerdo con el artículo 437 del Código Procesal Penal “…las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos”. Por su parte, el ordinal 458 dispone que: “Son apelables todas las sentencias y los sobreseimientos dictados en la fase de juicio y que resuelven los aspectos penales, civiles, incidentales y demás que la ley determina”. En este caso, se ha verificado el cabal cumplimiento de los presupuestos de impugnabilidad objetiva y subjetiva, evidenciándose, además, que el recurso fue debidamente presentado en tiempo y forma, en consideración a lo cual se procede a conocer los agravios.

II.–. Como primer motivo alega falta de fundamentación en cuanto al rechazo de la acción civil resarcitoria por responsabilidad civil objetiva por el daño ambiental causado, acorde con los ordinales 141 y 184 del Código Procesal Penal, 50 de la Constitución Política, 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente. Si bien es cierto se entabló demanda civil por responsabilidad civil subjetiva contra [Nombre 003] y [Nombre 001], derivado de la comisión del ilícito de aprovechamiento ilegal de recurso forestal e invasión de área de conservación, dicha delincuencia no se logró acreditar y, en consecuencia, tampoco era posible establecer una responsabilidad civil. Pese a lo indicado, en conclusiones se pidió se declarara con lugar la demanda civil, por responsabilidad civil objetiva, únicamente en contra de [Nombre 003], en su condición de copropietario de la finca del partido de Heredia, matrícula número [Valor 005], situada en Sarapiquí, donde tuvo lugar la corta de árboles que generó un daño ambiental y, además, como titular de la actividad lucrativa que se estaba desarrollando en el fundo indicado, cual era la tala y aprovechamiento maderable correspondiente al certificado de aprovechamiento forestal tramitado en los expedientes AHAHO2SAF-047-2021 y AH-AH02-SAF-CO-071-2021. El tribunal no accedió a lo peticionado al estimar que se debió demandar a ambos propietarios, a fin de que se configurara un litisconsorcio pasivo necesario, ya que al ser titular del fundo pudo haber dado las órdenes para ejecutar las labores que dieron origen a la presente sumaria o haber actuado de forma imprudente. También se señaló que, el solo hecho de ser codueño de un inmueble donde se ha producido un daño ambiental –el que se acreditó–, no basta, porque no necesariamente dio el consentimiento para la ejecución de la actividad dañosa y pudo no tener dolo o culpa. También se consideró que [Nombre 003] demostró su buena fe, porque se pidió un certificado de aprovechamiento forestal, demostrando una voluntad de pedir permiso. Reclama que: a) no se estudió que la responsabilidad civil objetiva no exige dolo o culpa en la producción del daño, demostración de tolerancia, sino basta su acaecimiento para que surja la obligación de resarcir. En este caso se talaron 29 árboles ubicados en sitios pantanosos –posible humedal–, bosque, dentro de una porción de la finca que forma parte del Refugio Nacional de vida Silvestre Maquenque, como se acreditó a partir del dicho de [Nombre 007] y [Nombre 008]. Bajo este instituto no se debe demostrar dolo, culpa, voluntad ni conocimiento. b) El demandado [Nombre 003] es titular de una actividad lucrativa, en principio lícita, que causó un daño al ambiente, contando con un certificado de aprovechamiento, extremo dejado de lado. c) No se demandó a [Nombre 006], hermana de [Nombre 003] y codueña de la finca porque en la investigación no se pudo establecer su vinculación con los hechos, de ahí que no se le querelló ni demandó. Ella, más bien le otorgó un poder especial a su hermano para efectuar todas las gestiones necesarias para obtener del SINAC el certificado de aprovechamiento forestal en los expedientes AHAHO2SAF-047-2021 y AH-AH02-SAF-CO-071-2021. De esa forma él asumió y mantuvo el control de la actividad lucrativa desarrollada, no existiendo una obligación de entablar una demanda civil contra la señora [Nombre 006], al no existir prueba sobre su responsabilidad en los hechos, sino fue su hermano quien asumió la actividad de corta, amparado en el permiso referido, sin que se le pueda hacer un reproche por el mal uso, abuso o consecuencias nocivas asociadas con la actividad lucrativa indicada, de la que no tomó parte. Se inobservaron por completo los alcances de los numerales 637 y 640 del Código Civil, relativo a las obligaciones solidarias, aplicables a los copropietarios de un fundo o actividad lucrativa determinada. Agrega que el actor civil tiene la posibilidad de escoger si demanda o exige algún tipo de reparación pecuniaria a todos los obligados de un fundo o, solo a uno de ellos, siendo eso lo que ocurrió, que se seleccionó a [Nombre 003], ligado al proceso como acusado. En todo caso, el enfoque del tribunal no da respuesta alguna a la existencia o no de una responsabilidad civil objetiva, ya que sus argumentos son a lo sumo aplicables a una de índole subjetivo. Se eludió analizar el ordinal 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, confundiendo ambos regímenes. El defecto apuntado vicia la decisión, la que solicita se anule. Como segundo motivo acusa inobservancia de los ordinales 50 de la Constitución Política, 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente. Se declaró sin lugar la demanda instaurada en contra de [Nombre 003] bajo un criterio de imputación de responsabilidad civil objetiva. El tribunal confundió las premisas de ese régimen, obviando que se demandó por ser codueño del fundo y como titular de la actividad lucrativa que en él se llevaba a cabo. Las razones para su rechazo parte de los supuestos aplicables para la responsabilidad subjetiva, obviando que para dicho régimen es innecesario demostrar la comisión de un ilícito como fuente productora de responsabilidad, ni dolo o culpa de los demandados, sino solo se requiere acreditar el daño, como el nexo causal con los hechos objeto de la controversia. Hubo 29 árboles que no se debieron talar por estar ubicados en zona de bosque, pantano y otros por formar parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre y otros por ser una especie vedada –almendro amarillo– distintos a los autorizados a talar en el certificado de aprovechamiento forestal emitido. Si bien es cierto no se logró acreditar la autoría inmediata ni mediata, como dolo o culpa de los acusados, ello no revela que, conforme al 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, surge una responsabilidad objetiva para el titular de un fundo o actividad lucrativa que genere un daño ambiental, que es el supuesto bajo examen. En apoyo de su tesis cita el voto 437-2022 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Solicita se declare con lugar el recurso y la ineficacia del fallo venido en alzada, ordenando el juicio de reenvío para una nueva sustanciación únicamente en cuanto al rechazo de la demanda civil por responsabilidad civil objetiva por el daño ambiental causado, entablada contra [Nombre 003], manteniendo incólume los demás extremos que no han sido objeto de cuestionamiento.  Posición de la defensa. Emplazada la impugnación no se emitió pronunciamiento alguno. Por encontrarse ambos reclamos relacionados entre sí, se conocen de forma conjunta y se declaran con lugar. El recurso de apelación se dirige única y exclusivamente en contra de la declaratoria sin lugar de la acción civil resarcitoria que fue entablada respecto del demandado civil [Nombre 003], ergo, la absolutoria penal dictada en su favor, al igual que la del imputado [Nombre 001] por el delito de aprovechamiento ilegal de madera que se les atribuyó como cometido en detrimento de los recursos naturales, se encuentra en firme, por lo que ese extremo de la resolución impugnada no será objeto de revisión por parte de esta cámara, como tampoco la declaratoria sin lugar de la demanda civil incoada en contra del demandado civil ([Nombre 001]). El recurrente sostiene que la declaratoria sin lugar de la acción civil resarcitoria planteada en contra del demandado [Nombre 003] partió de la inexistencia de responsabilidad subjetiva de su parte, dejándose de lado que, en los casos de afectación al medio ambiente, la normativa contempla una responsabilidad civil de tipo objetivo por los daños que se le generen, sin importar si quien los produjo actuó con dolo o culpa. A fin de dar solución al reclamo, se ha procedido a la revisión del sumario, desprendiéndose que la Procuraduría General de la República presentó acción civil resarcitoria, visible a folios 1 al 13, del legajo respectivo, bajo la siguiente secuencia fáctica: “1.- La señora [Nombre 006] es propietaria de la finca del partido de Heredia matricula número [Valor 005], plano [Valor 004], ubicada en [...]. Por su parte el acusado [Nombre 003] es co propietario de la finca del partido de Heredia matricula número [Valor 005], plano [Valor 006], ubicada en [...]. En fecha 18 de setiembre del 2020, la señora [Nombre 003] otorgó a su hermano y demandado civil ([Nombre 003]), poder especial para realizar los trámites administrativos de aprovechamiento de madera en la citada propiedad. 2.- En fecha 10 de mayo del 2021, en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Área de Conservación Arenal Huetar Norte, Subregión Pital Cureña, se recibió por parte del demandado civil [Nombre 001], el certificado de origen N°/GG-038-2021 para la corta y aprovechamiento de 10 árboles de Cedro Amargo, 01 árbol de Botarrama y 21 árboles de Lagarto, todos de regeneración natural mediante sistema agroforestal con vigencia desde el 07 de mayo del 2021 al 15 de octubre del 2021, emitido por el ingeniero German Guardiola Solís, esto para la finca inscrita bajo matricula número [Valor 009] con plano [Valor 004] a nombre de [Nombre 006], tramitado bajo expediente administrativo número AH-AHO2-SAF-047-2021. 3.- En el periodo comprendido del 10 de mayo al 02 de junio del 2021, en [...], en las coordenadas latitud norte [Valor 010] y oeste [Valor 011], finca número [Valor 012] con plano [Valor 006], los demandados civiles [Nombre 003] y [Nombre 001], conociendo la ilicitud de sus actos, actuando de común acuerdo y sin contar con los respectivos permisos de la Administración Forestal del Estado, aprovecharon de forma ilegal cinco arboles de las siguientes especies: un Zapatillo, un Aguacatillo y un Mastate, toda vez que el permiso solicitado bajo el expediente administrativo número AHAH02-SAF-047-2021, contemplaba únicamente la tala de árboles de Cedro Amargo, Botarrama y Lagarto esto en la finca colindante sea la de la señora ([Nombre 003]) con plano [Valor 004], mientras que la tala se realizó en la finca del imputado ([Nombre 003]), con plano [Valor 006] y de especies no autorizadas, así mismo se realizó la tala de dos árboles de Almendro Amarillo, los cuales son una especie restringida según lo establecido en el artículo 15 del decreto ejecutivo número 40477-MINAE (publicado en la Alcance N° 162 de la Gaceta N° 126 del 04 de abril del 2017). 4.- En fecha 12 de julio del 2021, se recibió en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Área de Conservación Arenal Huetar Norte, Subregión Pital Cureña, el certificado de origen N°/GG-054-2021 para la corta y aprovechamiento de los mismos arboles (del certificado anterior N°/GG-038-2021), 10 árboles de Cedro Amargo, 01 árbol de Botarrama y 21 árboles de Lagarto, todos de regeneración natural mediante sistema agroforestal con vigencia desde el 05 de julio del 2021 al 01 de enero del 2022, emitido por el ingeniero German Guardiola Solís, esto para la finca inscrita en el Registro Nacional matrícula [Valor 012] con plano [Valor 013] a nombre del acusado ([Nombre 003]), tramitado bajo expediente administrativo número AH-AHO2-CO-SAF-071-2021, este nuevo certificado sustituyó el anterior N°/GG-038-2021. 5.- No obstante, en el periodo comprendido del 12 de julio al 24 de agosto del 2021, en [...], en las coordenadas latitud norte1179424 y oeste [Valor 011], finca número [Valor 012] con plano [Valor 014], los demandados civiles ([Nombre 003]) y [Nombre 001], conociendo la ilicitud de sus actos, actuando de común acuerdo y sin contar con los respectivos permisos de la Administración Forestal del Estado, aprovecharon de forma ilegal 24 árboles de las siguientes especies: 01 Guanacastillo, 01 Cedro Maria, 19 Botarramas, 01 Gavilán, 01 Aceituno y 01 de especie desconocida, toda vez que el permiso solicitado bajo el expediente número AH-AH02-SAF-CO-071-2021, contemplaba únicamente la corta de 10 árboles de la especie Cedro Amargo, 01 Botarrama y 21 Lagartos, realizando así los encartados la tala de especies no autorizadas. 6.- De esta forma los demandados civiles ([Nombre 003]) y [Nombre 001], talaron y aprovecharon ilegalmente 29 árboles, los cuales no estaban autorizados por la Administración Forestal del Estado y se encontraban dentro de los límites del Refugio de Vida Silvestre Mixto Maquenque, además 11 de ellos estaban ubicados un área de Uso Forestal (Bosque), por lo que se considera que las acciones ilícitas cometidas por los demandados civiles ocasionaron un daño considerable al ambiente, consistente en el costo directo del daño ambiental (carbono, oxígeno y biodiversidad), costo para la sociedad y el Estado y costo del valor paisajístico. Para obtener la evaluación económica del daño ambiental, es necesario desarrollar una serie de actividades previas a la evaluación, tales como el identificar los recursos naturales (servicios ambientales) afectados con la alteración del sitio, lo que permite un análisis de la valoración del estado de conservación, el grado de afectación y finalmente la evaluación económica del daño. Antes de estas valoraciones, se debe ponderar la importancia de cada uno de los recursos seleccionados dentro del ecosistema total. Estas acciones alteran el hábitat de muchas especies como plantas, vegetación, animales, hongos y otras formas de vida. El daño ambiental causado por los demandados se valoró en la suma de cuatro millones doscientos noventa y ocho mil quinientos ochenta y dos colones (C4.298.582.00)” (cfr. 3 al 6 del legajo de acción civil resarcitoria, transcripción literal). El a quo declaró sin lugar la demanda civil incoada en todos sus extremos, bajo el fundamento que se transcribe a continuación: “A la hora de interponer el escrito de demanda, pues se interpone esta en contra tanto del señor [Nombre 003], ([Nombre 003]) como en contra del señor [Nombre 001], y eso se desprende del escrito de demanda como sí. Sin embargo, a lo largo del proyecto, a lo largo del desarrollo del debate, sin que se pudiese demostrar pues participación criminal por parte de ustedes dos, el Ministerio, la Procuraduría cambia su hipótesis, cambia su proyección inicial y se aboca en la solicitud de un resarcimiento, por daño, la existencia un daño indudable al medio ambiente, los recursos naturales y esto pues amparado a la figura de la responsabilidad objetiva que le asiste al señor [Nombre 003]. Según la posición de la Procuraduría, pese a que no se pudo acreditar la participación de don [Nombre 003] ni don [Nombre 001] en el hecho delictivo, de una conducta tendiente a, pues, transgredir el medio ambiente de, por decirlo así, la condición simple del propietario que tiene o el co propietario que tiene don [Nombre 003] sobre este inmueble le hace merecedor de resarcimiento por el, pues por el simple hecho de que él era dueño de la propiedad y que se causó un daño dentro de su propiedad que tiene que ser resarcido al, al Estado. El tribunal pues efectivamente conoce pues lo que es la teoría de la imputación objetiva y la responsabilidad que acarrea, pues es un instituto del derecho civil que perfectamente, pues es aplicable en muchos casos, más no en el presente, por los motivos que se dirán. Tenemos que tener en cuenta que la responsabilidad civil, para que ustedes tengan en cuenta, es pues la responsabilidad derivada del propietario o el encargado de un objeto de un bien, que pues genera consecuencias lesivas en su aplicación, en su utilización y que, pues esa condición de propietario, esa condición de apoderado, esa condición de titular, pues le posiciona en una situación o una posición de garante frente a terceras personas, frente al menoscabo de bienes jurídicos de estas personas. En este caso pues la Procuraduría como abogado del Estado aboga por los intereses de la colectividad como titular. En este caso resguarda la, el medio ambiente, los derechos naturales, el recurso natural, pues el tribunal en primer término determina que, si bien es cierto existe legitimación, pues en este caso, activa por parte del Ministerio Público para venir a interponer, eh, para interponer el, la presente acción civil resarcitoria y lo cierto del caso es que no es de recibo por el simple hecho de que don [Nombre 003] por ser propietario del inmueble y que en ese inmueble, pues se genera un menoscabo al medio ambiente, él tiene que responder frente a este. Primero tenemos que recordar que en materia de, en materia de derecho civil, que si bien es cierto estamos en un tribunal de juicio y vemos asuntos de índole penal, el proceso o el, la actividad, la acción civil resarcitoria es de índole civil y tenemos que basarnos en principios de derecho civil y es como un, un apéndice civil que se conoce dentro de un proceso penal. Dentro de los principios rectores del derecho civil pues tenemos que también tomar en cuenta que, si bien es cierto, existe la legitimación activa para interponer una acción civil resarcitoria procurando el resarcimiento de un daño, también es necesario que se configure la legitimación pasiva de las personas que estarían eventualmente en la obligación de asumir la reparación de ese daño. Y es que, pues, de los elementos de prueba que constan en el expediente, elementos documentales se ha podido acreditar específicamente de las certificaciones registrales que los inmuebles en cuestión ostentan una co propiedad entre el señor [Nombre 003] y su hermana [Nombre 006]. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que, bajo la hipótesis inicial, perdón, la hipótesis accesoria que adoptó la Procuraduría en sus alegatos conclusivos, pues entonces tanta cuota de responsabilidad que hubiese tenido don [Nombre 003], como también doña [Nombre 006], que inclusive es propietaria y le dio un poder a su hermano para actuar. Esto es lo que se conoce en la doctrina del derecho civil como una litis consorcio pasivo necesaria, que torna innecesaria la participación de todos los obligados, de todas las personas titulares para hacer frente a una responsabilidad. Sería pues completamente incongruente pretender un resarcimiento por parte de don [Nombre 003], siendo él co propietario, cuando en realidad tendrían que haberle hecho frente para analizar desde una perspectiva de legitimación, la realización de un hecho o una conducta por responsabilidad objetiva en la que no estén presentes la totalidad de personas o la, las personas que puedan ostentar la condición de demandados. Esta litis consorcio, pues efectivamente no fue valorada por la Procuraduría, porque asume esa, esa posición de responsabilidad civil objetiva de don [Nombre 003] accesoriamente, durante el transcurso del debate, en el momento que, pues, entra en razón el señor Procurador de que no había una forma de, pues, generar un vínculo de responsabilidad subjetiva por parte de don [Nombre 001] y don [Nombre 003], con los hechos que se les vienen atribuyendo penalmente. Hay un principio también rector del proceso penal y es el principio de accesoriedad y este tribunal comulga con este principio de accesoriedad, el cual consiste en que, pues la acción civil es accesoria, a la acción penal. Si bien es cierto hay pronunciamientos jurisprudenciales en los cuales, pues se atiende que el derecho civil, el derecho a resarcir, de sentirse resarcido de encontrar una reparación sobre los daños causados, pues no guarda, pues, una relación inmediata con las consecuencias penales que se puedan llegar a acreditar o no, lo cierto del caso es que en el presente asunto a ustedes se les viene atribuyendo y específicamente al señor, a, don [Nombre 003] se le viene atribuyendo una responsabilidad por su simple condición de titular de un bien, en el cual pues se llevaron a cabo, pues, ya se pudo acreditar, corta de especies no permitidas, especies de árboles no permitidas. Pero, vamos a ver, el Tribunal debe tomar en consideración como medio elemento de prueba conglobado el hecho de que existe un antecedente documental y que inclusive vino a ser reforzado por la prueba testimonial traída al proceso, de que don [Nombre 001], de que [Nombre 003] que, debidamente en el ejercicio de sus potestades como propietario o co propietario del inmueble, al recurrir ante la autoridad competente para gestionar un permiso, don [Nombre 003], pues se, en su función y en su deber de resguardo de los intereses, no solo personales, sino de la colectividad, pues tenemos elementos de prueba que nos dice que él previamente  a que se dieran esos hechos había gestionado ante el Sinac, pues los permisos correspondientes. Y eso obedece a que existiera un inventario, a que existiese un control, un, un, una concesión, por decirlo así por parte de la autoridad legal, de la autoridad estatal competente. Qué nos dice esto, nos da un insumo de que al menos hay una buena fe, que no pudo ser desvirtuada penalmente por parte de don [Nombre 003], de que en este caso él quería hacer las cosas bien, quería gestionar los permisos. No podría este tribunal atribuirle única y exclusivamente la responsabilidad a don [Nombre 003], sin saber siquiera, sin contar con los elementos para determinar si de la voluntad de don [Nombre 003] efectivamente derivó la voluntad de cortar esos otros árboles con las consecuencias tan nefastas que producen al medio ambiente, sin valorar la posibilidad de que doña [Nombre 006], como propietaria y con el ejercicio pleno de su propiedad, también haya podido girar determinaciones o directrices para que se cortasen esos árboles, no podríamos descartar esa hipótesis y de considerar, es una hipótesis que también es factible y, de llegar a ser así, pues hubiese sido completamente, eh, injusto, desproporcionado el atribuirle  responsabilidad civil objetiva exclusivamente a don [Nombre 003] si, cuando la posibilidad de que doña [Nombre 006], en condición de propietaria también haya girado determinaciones sobre la, en el uso, del empleo, la corta, el aprovechamiento de especies forestales no permitidas. Esta circunstancia, esta hipótesis, tomando en cuenta la buena fe que ha mostrado don [Nombre 003], además de haber gestionado con antelación estos permisos forestales, este inventario, este programa ante la autoridad competente, pues no da pie a que podamos decir es que don [Nombre 003] de propia mano tuvo esa intencionalidad de, de cortar esos árboles. Es por eso que el Tribunal no comulga con la posición inicial, de, eh, o al menos accesoria que viene, que vino a exponer la Procuraduría General de la República, primero porque no existe ese vínculo entre una realización de un hecho delictivo por parte de don [Nombre 001], ni tampoco por parte de don [Nombre 003] que dio como resultado esa, esa, esa consecuencia dañina para el medio ambiente, pero tampoco, pues existe una litis consorcio pasiva necesaria en este proceso que respete y que, de hecho, pues hegemonía, que dé proporcionalidad a la responsabilidad objetiva entre todas las partes, mucho menos, pues existen indicios de que de manera unilateral don [Nombre 003] haya actuado de manera, pues irresponsable, que genere, pues de manera exclusiva en él una obligación de resarcir, cuando pues no tomó en consideración la Procuraduría la posibilidad de que la copropietaria de dicho inmueble haya gestionado o realizado gestiones tendientes al aprovechamiento de madera ilegal. Así las cosas pues lo correspondiente, pues es, en este caso en materia en cuanto a lo penal, resolver el presente asunto sin especial condenatoria en costas, siendo los gastos del proceso a cargo del Estado para esa nueva instancia del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República y, en cuanto a lo civil este asunto se, se resuelve sin especial condenatoria de en costas partiendo también de la posición de la Procuraduría General de la República, si existía una razón plausible para litigar, pues el Ministerio, el, la Procuraduría en ejercicio de sus potestades derivadas de la ley como representante del Estado, está en la obligación de velar por el, el correcto cumplimiento de las, de los órganos estatales y específicamente en este caso el Sinac, las concesiones que otorgan y cuando sea alguna transmisión, transgresión a derechos colectivos, pues, en este caso quien debe velar por el cumplimiento no solo es el Ministerio Público, sino también la Procuraduría.” (contador al 00:53:40 al 1:05:55 del archivo de audio y video identificado como SENT ORAL 0022-2025 EXP 21-000671-0573-PE.mp4). A partir del examen integral del fallo, frente a los argumentos planteados, esta cámara arriba a la conclusión de que el licenciado Alfaro Ramírez lleva razón en su inconformidad, al advertirse la existencia de un vicio de errónea fundamentación, ya que la decisión tomada por el a quo se sustentó en que no se demandó a la co propietaria de la finca donde se dieron los hechos y al no contar con elementos para determinar si de él derivó la voluntad de cortar esos árboles o fue la co propietaria quien la giró. Resulta importante recordar que la jurisprudencia nacional ha sostenido que el dictado de una sentencia absolutoria o de sobreseimiento definitivo no impide la condena civil ni implica la imposibilidad de pronunciamiento sobre la acción civil o, su rechazo automático, lo cual resulta acorde con lo dispuesto en el artículo 40 del Código Procesal Penal en su párrafo tercero, señalando que: “La sentencia absolutoria no impedirá al tribunal pronunciarse sobre la acción civil resarcitoria válidamente ejercida, cuando proceda”. Una posición distinta vulnera el principio de tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 41 de la Constitución Política, el cual establece que: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.” Es decir, para acoger un reclamo civil no es necesario que se configure el injusto penal, ya que el hecho generador de la responsabilidad civil es el daño ocasionado y no el carácter delictivo de la conducta, debiéndose acreditar la legitimación activa y pasiva, el interés actual, el derecho con la demostración de un daño, una relación de causalidad y un criterio de imputación civil, uno que puede ser de naturaleza contractual o extracontractual; de índole subjetivo proveniente del dolo o la culpa –previsto en el ordinal 1045 del Código Civil–; objetivo, ya sea por un riesgo creado, conforme al artículo 1048.5 del Código Civil, derivado de la protección al consumidor, numeral 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; por responsabilidad de la Administración, a tenor de la Ley General de la Administración Pública en su artículo 190 siguientes y concordantes, derivado de la protección al medio ambiente –101 de la Ley Orgánica del Ambiente,  52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos– entre otras normas. Sobre el particular, la Sala Tercera ha sido reiterativa en que: “... es perfectamente viable el que sin un injusto penal, proceda la condena por responsabilidad civil, siempre que se cumpla con la exigencia de que haya otra fuente normativa distinta del ordenamiento penal que permita tal cosa...”, (fallo # 619, de 11:20 horas del 9 de junio de 2000. Ver en igual sentido, # 1130, de 9:18 horas del 23 de noviembre de 2001, ambas de esta Sala Tercera).” En este caso el tribunal dejó de ponderar la existencia de normativa que prevé una responsabilidad de tipo objetivo que obliga a reparar y/o indemnizar los daños causados al medio ambiente, ya sea que se trate de una persona física o jurídica, resultando jurídicamente irrelevante que se actuara con dolo o culpa. En concreto, se tiene que en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Ambiente prevé que: “El daño o contaminación al ambiente puede producirse por conductas de acción u omisión y les son imputables a todas las personas físicas o jurídicas que la realicen.” disposición que debe relacionarse con lo dispuesto en el ordinal 101 de ese mismo cuerpo legal, el cual dispone que: “Sin perjuicio de las responsabilidades de otra naturaleza que les puedan resultar como partícipes en cualquiera de sus formas, los causantes de las infracciones a la presente ley o a las que regulan la protección del ambiente y la diversidad biológica, sean personas físicas o jurídicas, serán civil y solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados. Solidariamente, también responderán los titulares de las empresas o las actividades donde se causen los daños, ya sea por acción o por omisión. Igual responsabilidad corresponderá a los profesionales y los funcionarios públicos que suscriban una evaluación de impacto ambiental contra las disposiciones legales o las normas técnicas imperantes o no den el seguimiento debido al proceso, originando un daño al ambiente o a la diversidad biológica.” (el subrayado ha sido suplido), como de lo estipulado en el artículo 52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos que, al efecto dispone que: “[…] Quien contamine o deteriore el recurso suelo, independientemente de la existencia de culpa o dolo o del grado de participación, será responsable de indemnizar, en la vía judicial que corresponda, y de reparar los daños causados al ambiente y a terceros afectados […]”. La normativa citada evidencia que, en los hechos perpetrados en contra del medio ambiente, el legislador previó una fuente de responsabilidad diversa al dolo o culpa, extremo que el tribunal debió de valorar, máxime que, de acuerdo con los hechos del libelo civil se demandó al señor ([Nombre 003]) en su condición de co propietario de la finca en donde se talaron una considerable cantidad de árboles, que generó un daño al medio ambiente. En lugar de centrar su atención en si fue don [Nombre 003] quien dio la orden de corta, el juez debió examinar si este tenía, objetivamente, la obligación de reparar el daño ambiental provocado a partir de las acciones que se engloban en el requerimiento civil incoado en su contra por la representación del Estado. Con respecto a esta fuente de responsabilidad, jurisprudencialmente se ha explicado que aquella es de índole objetivo, y no subjetivo, criterio que se comparte plenamente y, de seguido, se cita en lo conducente: “De la normativa referida, así como de los principios que gobiernan la materia ambiental, se deriva – en principio – que la responsabilidad que rige en el derecho ambiental es de índole objetivo, de ahí la necesidad de estudiar este eje, del que vale la pena subrayar que en el mismo, se prescinde de probar la culpa del agente (falta al deber de cuidado, lo que antiguamente, se entendía como imprudencia, negligencia e impericia) sino que, basta para su configuración, que con su acción u omisión cause un daño (nexo de causalidad). Sobre este aspecto, resulta de interés plasmar lo instituido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el fallo N° 607-F-02, de las 16:15 horas, del siete de agosto del dos mil dos (07/08/2002), en el que indicaron lo siguiente: “(…) Recapitulando, el resarcimiento de los daños está regulado, en el derecho costarricense por una regla general, la de la responsabilidad por culpa, pero admite también la responsabilidad objetiva en los casos en que la legislación expresamente la autorice y siguiendo los parámetros que ella misma dispone(…)”. Del anterior extracto jurisprudencial, se puede concluir que la responsabilidad objetiva es admisible, siempre y cuando la legislación expresamente lo prevea, de lo contrario la regla a aplicar es la responsabilidad subjetiva. Vale la pena destacar, que si bien en este tipo de responsabilidad, se prescinde de la exigencia de la culpa, a fin de que nazca la obligación de indemnizar o reparar el daño, debe de existir algún factor de atribución de responsabilidad objetiva entre la acción u omisión y la causación del daño. Vemos entonces que existen tres condiciones para su aplicación: 1. El factor de imputación de la conducta. 2. La existencia de un daño y, 3. La relación de causalidad entre ambos. El autor Federico Torrealba Navas, en su libro “Responsabilidad Civil” Ahora bien, corresponde enfocarnos en el tema de responsabilidad ambiental propiamente dicha, para lo cual, iniciaremos con el término de daño ambiental, el cual se conceptualiza como: (2011) analiza los siguientes factores de atribución de la responsabilidad objetiva: a) El riesgo creado; b) La garantía de la víctima; c) El incumplimiento de las obligaciones de resultado; d) El incumplimiento de la obligación de seguridad; e) El incumplimiento de la obligación de información; f) La igualdad ante la carga pública; g) La responsabilidad por el hecho de las cosas; h) Las garantías edilicias: los vicios de la cosa; i) Las perturbaciones anormales de vecindad y; j) El ejercicio de los derechos de revocación y resiliación. “toda acción, omisión, comportamiento u acto ejercido por un sujeto físico o jurídico, público o privado, que altere, menoscabe, trastorne, disminuya o ponga en peligro inminente y significativo, algún elemento constitutivo del concepto ambiente, rompiéndose con ello el equilibrio propio y natural de los ecosistemas” Mario Peña Chacón, Daño Ambiental y Prescripción. Revista Judicial N° 109, San José (setiembre 2013): 118. Se divisa entonces, que el daño ambiental jurídicamente relevante nace de una conducta, la cual puede ser activa como omisiva, que puede provenir de un sujeto físico como de una persona jurídica, pública o privada. Por su parte, la responsabilidad por daño ambiental, la podemos definir de la siguiente manera: “la obligación de resarcir, indemnizar, reparar y recomponer el daño ocasionado a raíz de una acción y/o omisión que ha menoscabado, deteriorado o destruido o que al menos pone en riesgo de manera relevante y significativa, alguno(s) de los elementos constitutivos del ambiente, rompiendo con ello el equilibrio propio de los ecosistemas” Mario Peña y Rafael González, El Proceso Ambiental en Costa Rica (San José: ISOLMA S.A, 2015), 110. En relación al tipo de responsabilidad que opera en esta materia, como se adelantó líneas atrás, la misma escapa del típico régimen de responsabilidad subjetiva del derecho civil y, por el contrario, opera la responsabilidad objetiva, dado que ha sido el propio ordenamiento jurídico que así lo ha consolidado. Lo anterior, significa que no es necesario probar la culpa del sujeto, sino solamente el hecho de que con su acción u omisión causó el daño. Tal es la postura que ha tomado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, como se puede observar en la siguiente cita jurisprudencial: “(…) La responsabilidad derivada de daños causados a la naturaleza, sea ésta proveniente de una actividad agraria o de cualquier otro tipo, universalmente siempre se ha considerado como una responsabilidad de carácter objetiva. Este principio general de derecho ha sido admitido ampliamente en las últimas reformas a la Constitución donde se introdujo el derecho a un ambiente sano y ecológico equilibrado, y el legislador lo ha asumido aún antes de esas reformas, reiterándolo ampliamente después, para encontrarse en todo el sector ambiental del ordenamiento jurídico (…). Naturalmente esta tesis hoy se reclama como un principio general del derecho para la protección del medio ambiente, y resulta correcto afirmarlo así (…). El fundamento de esta tesis es muy simple. No se trata de la responsabilidad subjetiva prevista en el numeral 1045 del Código Civil, porque en tal hipótesis el damnificado debe probar el nexo causal entre la acción del agente dañino y los perjuicios sufridos. En la objetiva la simple existencia del daño reputa la responsabilidad en el agente dañino de haber sido el causante de ese daño, y por tal quien deberá indemnizar los daños y perjuicios causados con su conducta. Esto no deriva de un acto arbitrario sino de pura lógica, pues quien, incluso en una conducta lícita, asume un riesgo donde exista peligrosidad, debe responder por todo cuanto daño pueda causar esa peligrosidad. Existen muchos ejemplos al respecto. Si una persona manipula pólvora, o cualquier tipo de material inflamable, sea en una fábrica, en una actividad comercial, o por su propia diversión, en caso de ocurrir un siniestro con efectos en cualquier vecino, no ha de ser el damnificado el llamado a probar el nexo de causalidad entre la conducta ejercida y el daño causado, más bien el ordenamiento jurídico parte de la culpabilidad de quien asumió el riesgo y la peligrosidad, y solo para eximirlo de la responsabilidad podría probar no ser el responsable directo del daño causado, así la carga de la prueba se invierte, y los eximentes, como por analogía podría aplicarse para el ámbito ambiental, serían los previstos en la Ley General de la Administración Pública donde también se prevé la responsabilidad objetiva del Estado, siendo ellos “fuerza mayor”, “culpa de la víctima” o “hecho de un tercero” (artículo 190) (…)” (Voto N° 398-F-01, de las 16:00 horas, del seis de junio del dos mil uno (06/06/2001), cuya integración estuvo a cargo de los Magistrados y Magistradas Feoli, Montenegro, Zeledón, Solís y Rivas). En igual sentido, la Sala Constitucional, se ha decantado por la tesis de que en el derecho ambiental opera la responsabilidad objetiva y en la resolución N° 1669-2000, de las 14:51 horas, del dieciocho de febrero del dos mil (18/02/2000), instauró: “La responsabilidad por daño ambiental, se asimila entonces a la responsabilidad por riesgo, lo que permite una mayor cobertura para establecer responsabilidades contra sujetos concretos, con el fin de remediar los daños ocasionados por sus explotaciones industriales o de otra clase. Esta responsabilidad objetiva, no toma en consideración la conducta del sujeto, pues lo que importa es el daño producido y, por ende, siempre será responsable el individuo, con independencia de cualquiera que haya sido su participación volitiva en el hecho. El punto radica más que todo en la creación de un riesgo, de donde se colige que el que con su actividad o su inactividad produce un daño o pone en riesgo la integridad de la ecología y del medio ambiente, ha de responder de él” (fallo en el que confluyeron los Magistrados Piza, Mora, Solano, Arguedas, Calzada, Vargas y Batalla). Criterio que se ha mantenido a lo largo del tiempo, como se visualiza en el siguiente extracto de sentencia: “(…) al tema de la responsabilidad por daño ambiental, se le ha dado un trato diferente, tomando en consideración las características propias de la materia de que se trata. El Estado, para asegurarse de alguna manera el resarcimiento por los daños ocasionados al ambiente, ha creado una serie de normas en las que se regula lo referente a la responsabilidad ambiental, sin perder de vista, eso sí, el necesario equilibrio que ha de existir entre la protección del ambiente y el desarrollo de las actividades de los particulares. En el Derecho Ambiental se ha dado un planteamiento distinto a la responsabilidad, de tal suerte que se ha evolucionado de un sistema de responsabilidad por culpa a uno de responsabilidad por riesgo, lo que significa una mayor cobertura, pues dicha responsabilidad surgiría aún cuando no medie culpa del transgresor, si la actividad desempeñada se estima riesgosa y, asume ese riesgo, con una posible consecuencia dañosa para el ambiente. Se trata de un nuevo concepto de responsabilidad, donde lo que priva es el criterio objetivo sobre el subjetivo, puesto que para su surgimiento, es irrelevante si se actuó o no con culpa; basta con que el daño haya sido efectivamente ocasionado, para que de inmediato surja la consecuente responsabilidad. En muchas ocasiones no es posible determinar, ni al culpable, ni la norma legal infringida, pues en la mayoría de los casos el daño es producto de una omisión, pero ciertamente perjudica, lo que necesariamente debe ser objeto de indemnización. Es en ese contexto que debe entenderse el contenido del artículo 101 de la Ley Orgánica del Ambiente y el de la norma que ahora se cuestiona, el numeral 126 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, que establece un régimen de responsabilidad para las personas jurídicas que hayan participado en la comisión de los actos ilícitos comprendidos en esa Ley, indicando que serán solidariamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados a la vida silvestre y al ambiente, con la consecuente obligación de repararlos en forma integral, contemplando además la responsabilidad solidaria de las personas físicas o jurídicas que integren un mismo grupo de interés económico con la persona jurídica infractora. El principal argumento del accionante es que la norma viola el principio de inocencia; sin embargo, tal principio no resulta infringido pues la disposición cuestionada no se refiere a la responsabilidad penal. Así expresamente lo indica al señalar que la responsabilidad solidaria por los daños y perjuicios ocasionados a la vida silvestre y al ambiente en general le cabe a las personas jurídicas que hayan participado en la comisión de actos ilícitos comprendidos en la Ley de Conservación de Vida Silvestre “independientemente de la responsabilidad personal, civil o penal que pueda caber sobre los socios, personeros o representantes”, de manera que en cuanto a este extremo tampoco lleva razón el accionante en sus alegatos. El hecho de que se extienda este tipo de responsabilidad a las personas físicas o jurídicas que integren un mismo grupo de interés económico tampoco lesiona el principio de inocencia, pues se trata igualmente de la posibilidad de que empresas relacionadas con la persona jurídica infractora, respondan por los daños ambientales causados(…)”(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución N° 9966-2010, de las 15:38 horas, del nueve de junio del dos mil diez (09/06/2010), en la que integraron: Calzada, Mora, Armijo, Cruz, Jinesta, Castillo y Pacheco). Así las cosas, se recalca que a partir de un análisis armonioso de la normativa ambiental referida (nacional e internacional) como de la doctrina y jurisprudencia que se ha citado, nuestros legisladores se han decantado por implementar en materia ambiental el principio “el que contamina paga” con independencia de la existencia de un vínculo subjetivo; con lo que nos encontramos frente a un cambio de paradigma, ya que tradicionalmente la responsabilidad ha sido fundada en la teoría de la culpa (art. 1045 del Código Civil), mientras que la responsabilidad objetiva se ha visualizado de aplicación indispensable en esta rama del derecho, lo que presupone una ventaja a favor del lesionado, por cuanto se da una inversión de la carga de la prueba, dado que queda exonerado de probar la culpa o dolo del causante del daño y este último, solo se verá exonerado de responsabilidad, si prueba la existencia de fuerza mayor, culpa de la víctima y el hecho de un tercero; a diferencia de los casos de responsabilidad subjetiva; lo que se constituye en un beneficio para el medio ambiente, en el tanto se busca lograr que en el menor tiempo posible, este pueda ser restaurado y vuelva a su estado originario.” (Voto 2022-0437, de las 16:46 horas, del 22 de abril del 2022, el subrayado ha sido suplido). En virtud de lo antes expuesto esta cámara puede concluir que la decisión del a quo al declarar sin lugar la acción civil resarcitoria incoada por la Procuraduría General de la República en contra de ([Nombre 003]) no se fundamentó debidamente, dejándose de apreciar si en los hechos bajo examen concurrían los elementos de la responsabilidad objetiva, aplicable en los supuestos en que se ha reclamado un daño ambiental, cuyo punto de partida no es la acción concreta efectuada por el sujeto activo, denotándose un defecto en la fundamentación de la decisión que provoca su ineficacia. En consecuencia, se acoge el recurso y se dispone la nulidad parcial del fallo, ordenando el reenvío de la causa ante el Tribunal de origen, para que, con distinta integración conozca los extremos civiles reclamados a ([Nombre 003]), resolviendo lo que corresponde en derecho. En lo demás permanece el fallo incólume.

 

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Andrés Alfaro Ramírez, en su condición de representante de la Procuraduría General de la República y, en consecuencia, se dispone la nulidad parcial del fallo, ordenando el reenvío de la causa ante el Tribunal de origen, para que, con distinta integración conozca los extremos civiles reclamados a ([Nombre 003]), resolviendo lo que corresponde en derecho. En lo demás permanece el fallo incólume. NOTIFÍQUESE.

 

 

 

 

 

 

 

Alejandra Valenciano Chinchilla

 

 

 

Laura Gabriela Murillo Mora                                        Max Antonio Escalante Quirós                                

Juezas y  juez de Apelación de Sentencia Penal

 

Expediente: 21-000671-0573-PE(3) 

Imputado: [Nombre 001] y Otro

Ofendido: El Medio Ambiente

Delito: Aprovechamiento Ilegal de Madera

 

DVILLALOBOSCH

 

Exp.: 21-000671-0573-PE(3) - VOTO 2025-0797- pág.: 1

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:19:50.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at fourteen hours zero minutes, on the nineteenth of May, two thousand twenty-five.-**

**APPEAL** filed in the present case against [Name 001], of legal age, Costa Rican, identity card number [Value 001], born in Heredia, on January 25, 1976, son of [Name 002], single, occupation agricultural merchant, resident of Heredia, and [Name 003], of legal age, Costa Rican, identity card number [Value 003], born in Puntarenas, on November 4, 1962, son of [Name 004] and [Name 005], single, occupation farmer, resident of Heredia; for the crime of ILLEGAL TIMBER HARVESTING (APROVECHAMIENTO ILEGAL DE MADERA), to the detriment of the ENVIRONMENT. Judges Alejandra Valenciano Chinchilla, Laura Gabriela Murillo Mora, and Max Antonio Escalante Quirós participate in the decision. Attorney Víctor Hugo Rojas Corrales, private defender of the accused, attorney Andrés Alfaro Ramírez representing the Procuraduría General de la República, and attorney Priscilla Chacón Chinchilla representing the Public Prosecutor's Office appeared before this court.

**WHEREAS:**

**I.-** That by judgment number 22-2025, at fifteen hours zero minutes on January thirtieth, two thousand twenty-five, the Criminal Trial Court of Sarapiquí, resolved: "THEREFORE (POR TANTO): In accordance with the foregoing, cited norms, Articles 39 and 41 of the Political Constitution; 8 and 9 of the American Convention on Human Rights, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 141, 142, 180 to 184, 265 to 268, 360, 361, 364, 365 and 366 of the Criminal Procedure Code; 58 subsection b) and 61 subsection a) of the Forestry Law (Ley Forestal); [Name 001] and [Name 003] are acquitted of all penalty and responsibility for a crime of ILLEGAL TIMBER HARVESTING (APROVECHAMIENTO ILEGAL DE MADERA) of which they were accused to the detriment of the ENVIRONMENT. Consequently, the civil action for damages (acción civil resarcitoria) filed by the Procuraduría General de la República against the defendants [Name 001] and [Name 003] is declared without merit. This matter is resolved without special condemnation in costs, with the expenses of the process borne by the State, as the action was brought at the instance of the Public Prosecutor's Office and the Procuraduría General de la República. The cessation of any precautionary measure weighing on the gentlemen ([Name 001]) and [Name 003] is ordered, provided there is no other cause preventing it. With the oral delivery of the full text of this resolution, the parties are notified in the act." (sic).

**II.-** That against the preceding pronouncement, attorney Andrés Alfaro Ramírez filed an appeal.

**III.-** That upon conducting the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 465 of the Criminal Procedure Code, the Court considered the issues raised in the appeal.

**IV.-** That the relevant legal requirements have been observed in the proceedings.

Judge of Appeal of Criminal Judgment Valenciano Chinchilla writes; and,

**WHEREAS (CONSIDERANDO):**

**I.–** By means of a brief visible on folios 208 to 226, received on February 20, 2025, attorney Andrés Alfaro Ramírez, in his capacity as Criminal Prosecutor, filed an appeal against oral judgment No. 22-2025, of the Criminal Trial Court of Sarapiquí, at 15:00 hours, on January 30, 2025, which acquitted the defendants [Name 003] and [Name 001] of all penalty and responsibility, declaring the civil action for damages (acción civil resarcitoria) filed without merit in all its aspects. According to Article 437 of the Criminal Procedure Code, “…judicial resolutions shall be appealable only by the means and in the cases expressly established.” For its part, Article 458 provides that: “All judgments and dismissals handed down in the trial phase and that resolve penal, civil, incidental, and other matters determined by law shall be appealable.” In this case, full compliance with the requirements of objective and subjective appealability has been verified, and it is also evident that the appeal was duly filed in time and form, in consideration of which we proceed to review the grievances.

**II.–** As a first ground, the appellant alleges a lack of reasoning regarding the rejection of the civil action for damages (acción civil resarcitoria) based on strict liability (responsabilidad civil objetiva) for the environmental damage caused, in accordance with Articles 141 and 184 of the Criminal Procedure Code, 50 of the Political Constitution, 98 and 101 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente). Although a civil lawsuit for fault-based liability (responsabilidad civil subjetiva) was filed against [Name 003] and [Name 001], derived from the commission of the illicit act of illegal harvesting of forest resources and invasion of a conservation area, this criminal activity could not be proven, and consequently, it was not possible to establish fault-based liability. Despite the foregoing, in the closing arguments, it was requested that the civil lawsuit for strict liability (responsabilidad civil objetiva) be granted, solely against [Name 003], in his capacity as co-owner of the farm in the Heredia registry, registration number [Value 005], located in Sarapiquí, where the tree felling that generated environmental damage took place, and, furthermore, as the holder of the lucrative activity that was being carried out on the indicated property, which was the felling and timber harvesting corresponding to the forest harvesting certificate (certificado de aprovechamiento forestal) processed in case files AHAHO2SAF-047-2021 and AH-AH02-SAF-CO-071-2021. The court did not grant the petition, considering that both owners should have been sued to form a necessary passive joinder of parties (litisconsorcio pasivo necesario), since, as the owner of the property, the other co-owner could have given the orders to execute the tasks that gave rise to this summary proceeding or could have acted imprudently. It was also noted that the mere fact of being a co-owner of a property where environmental damage has occurred—which was proven—is not enough, because the co-owner did not necessarily consent to the execution of the harmful activity and may have lacked intent or fault. It was also considered that [Name 003] demonstrated his good faith, because a forest harvesting certificate (certificado de aprovechamiento forestal) was requested, demonstrating a will to seek permission. The appellant claims that: a) it was not considered that strict liability (responsabilidad civil objetiva) does not require intent or fault in the production of damage, nor a demonstration of tolerance, but rather its mere occurrence is sufficient for the obligation to compensate to arise. In this case, 29 trees were felled located in swampy areas—possibly wetland (humedal)—and forest, within a portion of the farm that forms part of the Maquenque National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de vida Silvestre Maquenque), as proven by the statements of [Name 007] and [Name 008]. Under this legal concept, intent, fault, will, or knowledge need not be proven. b) The defendant [Name 003] is the holder of a lucrative activity, lawful in principle, that caused environmental damage, possessing a harvesting certificate, an aspect that was overlooked. c) [Name 006], [Name 003]'s sister and co-owner of the farm, was not sued because her connection to the facts could not be established during the investigation; hence, no criminal complaint or lawsuit was filed against her. She, rather, granted a special power of attorney to her brother to carry out all necessary steps to obtain the forest harvesting certificate (certificado de aprovechamiento forestal) from SINAC in case files AHAHO2SAF-047-2021 and AH-AH02-SAF-CO-071-2021. In this way, he assumed and maintained control of the lucrative activity being developed, with no obligation existing to file a civil lawsuit against Mrs. [Name 006], as there was no evidence of her responsibility for the facts; rather, it was her brother who undertook the felling activity, covered by the aforementioned permit, and she cannot be reproached for the misuse, abuse, or harmful consequences associated with the indicated lucrative activity, in which she took no part. The scope of Articles 637 and 640 of the Civil Code, concerning joint and several obligations (obligaciones solidarias), applicable to co-owners of a property or a specific lucrative activity, was completely disregarded. The appellant adds that the civil plaintiff has the option to choose whether to sue or demand some type of pecuniary reparation from all the obligors of a property or just one of them, and that is what occurred here—[Name 003] was selected, who was linked to the process as an accused. In any event, the court's approach does not provide any answer to the existence or non-existence of strict liability (responsabilidad civil objetiva), as its arguments are at most applicable to one of a fault-based nature. The court evaded analyzing Article 101 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), confusing both regimes. The pointed defect vitiates the decision, which the appellant requests be annulled. As a second ground, the appellant asserts a failure to observe Articles 50 of the Political Constitution, 98 and 101 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente). The lawsuit filed against [Name 003] was declared without merit under a criterion of attribution of strict liability (responsabilidad civil objetiva). The court confused the premises of that regime, ignoring that the lawsuit was filed against him as co-owner of the property and as the holder of the lucrative activity carried out on it. The reasons for its rejection are based on assumptions applicable to fault-based liability, ignoring that for said regime it is unnecessary to prove the commission of an illicit act as a source producing liability, nor the intent or fault of the defendants, but rather it is only required to prove the damage, as well as the causal link with the facts subject to the controversy. There were 29 trees that should not have been felled because they were located in a forest area, swamp, and others because they formed part of the National Wildlife Refuge and others because they were a restricted species—yellow almendro—different from those authorized to be felled in the forest harvesting certificate (certificado de aprovechamiento forestal) issued. While it is true that the immediate or mediate authorship, as well as the intent or fault of the accused, could not be proven, this does not reveal that, in accordance with Article 101 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), strict liability (responsabilidad objetiva) arises for the holder of a property or lucrative activity that generates environmental damage, which is the scenario under examination. In support of his thesis, he cites ruling 437-2022 of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice. He requests that the appeal be granted and the judgment under appeal be declared ineffective, ordering a remand for a new proceeding solely regarding the rejection of the civil lawsuit for strict liability (responsabilidad civil objetiva) for the environmental damage caused, filed against [Name 003], maintaining the other aspects not challenged unchanged. Position of the defense. The challenge was served, and no pronouncement was made. As both claims are related to each other, they are reviewed jointly and are granted. The appeal is directed solely and exclusively against the declaration of rejection of the civil action for damages (acción civil resarcitoria) that was filed against the civil defendant [Name 003], ergo, the criminal acquittal handed down in his favor, as well as that of the accused [Name 001] for the crime of illegal timber harvesting (aprovechamiento ilegal de madera) attributed to them as committed to the detriment of natural resources, is final; therefore, that aspect of the challenged resolution will not be subject to review by this chamber, nor will the rejection of the civil lawsuit filed against the civil defendant ([Name 001]). The appellant argues that the rejection of the civil action for damages (acción civil resarcitoria) filed against the defendant [Name 003] was based on the non-existence of fault-based liability on his part, disregarding that, in cases of environmental impact, the regulations provide for strict civil liability (responsabilidad civil de tipo objetivo) for the damages caused to it, regardless of whether the person who produced them acted with intent or fault. In order to resolve the claim, the summary case file has been reviewed, revealing that the Procuraduría General de la República filed a civil action for damages (acción civil resarcitoria), visible on folios 1 to 13 of the respective file, under the following factual sequence: “1.- Mrs. [Name 006] is the owner of the farm in the Heredia registry, registration number [Value 005], map [Value 004], located in [...]. For his part, the accused [Name 003] is the co-owner of the farm in the Heredia registry, registration number [Value 005], map [Value 006], located in [...]. On September 18, 2020, Mrs. [Name 003] granted her brother and civil defendant ([Name 003]) a special power of attorney to carry out the administrative procedures for timber harvesting (aprovechamiento de madera) on the cited property. 2.- On May 10, 2021, at the National System of Conservation Areas, Arenal Huetar Norte Conservation Area, Pital Cureña Subregion, certificate of origin No./GG-038-2021 was received from civil defendant [Name 001] for the felling and harvesting of 10 Bitter Cedar trees, 01 Botarrama tree, and 21 Lagarto trees, all of natural regeneration through an agroforestry system, valid from May 7, 2021, to October 15, 2021, issued by engineer German Guardiola Solís, for the farm registered under registration number [Value 009] with map [Value 004] in the name of [Name 006], processed under administrative case file number AH-AHO2-SAF-047-2021. 3.- In the period from May 10 to June 2, 2021, in [...], at coordinates north latitude [Value 010] and west [Value 011], farm number [Value 012] with map [Value 006], the civil defendants [Name 003] and [Name 001], knowing the illegality of their acts, acting by common accord and without having the respective permits from the State Forest Administration (Administración Forestal del Estado), illegally harvested five trees of the following species: one Zapatillo, one Aguacatillo, and one Mastate, since the permit requested under administrative case file number AHAH02-SAF-047-2021 only contemplated the felling of Bitter Cedar, Botarrama, and Lagarto trees, this on the neighboring farm, that is, that of Mrs. ([Name 003]) with map [Value 004], while the felling was carried out on the farm of the accused ([Name 003]), with map [Value 006], and of unauthorized species; likewise, the felling of two Yellow Almendro trees was carried out, which are a restricted species according to the provisions of Article 15 of Executive Decree (Decreto Ejecutivo) number 40477-MINAE (published in Supplement No. 162 of Gazette No. 126 of April 4, 2017). 4.- On July 12, 2021, at the National System of Conservation Areas, Arenal Huetar Norte Conservation Area, Pital Cureña Subregion, certificate of origin No./GG-054-2021 was received for the felling and harvesting of the same trees (from the previous certificate No./GG-038-2021), 10 Bitter Cedar trees, 01 Botarrama tree, and 21 Lagarto trees, all of natural regeneration through an agroforestry system, valid from July 5, 2021, to January 1, 2022, issued by engineer German Guardiola Solís, for the farm registered in the National Registry under registration [Value 012] with map [Value 013] in the name of the accused ([Name 003]), processed under administrative case file number AH-AHO2-CO-SAF-071-2021; this new certificate replaced the previous No./GG-038-2021. 5.- Nonetheless, in the period from July 12 to August 24, 2021, in [...], at coordinates north latitude 1179424 and west [Value 011], farm number [Value 012] with map [Value 014], the civil defendants ([Name 003]) and [Name 001], knowing the illegality of their acts, acting by common accord and without having the respective permits from the State Forest Administration (Administración Forestal del Estado), illegally harvested 24 trees of the following species: 01 Guanacastillo, 01 Cedro Maria, 19 Botarramas, 01 Gavilán, 01 Aceituno, and 01 of unknown species, since the permit requested under case file number AH-AH02-SAF-CO-071-2021 only contemplated the felling of 10 trees of the Bitter Cedar species, 01 Botarrama, and 21 Lagartos; thus, the accused carried out the felling of unauthorized species. 6.- In this way, the civil defendants ([Name 003]) and [Name 001] felled and illegally harvested 29 trees, which were not authorized by the State Forest Administration (Administración Forestal del Estado) and were within the boundaries of the Maquenque Mixed Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre Mixto Maquenque); furthermore, 11 of them were located in a Forest Use area (Bosque), so it is considered that the illicit actions committed by the civil defendants caused considerable environmental damage, consisting of the direct cost of the environmental damage (carbon, oxygen, and biodiversity), the cost to society and the State, and the cost of the landscape value. To obtain the economic evaluation of the environmental damage, it is necessary to develop a series of activities prior to the evaluation, such as identifying the natural resources (environmental services (servicios ambientales)) affected by the alteration of the site, which allows an analysis of the assessment of the conservation status, the degree of impact, and finally the economic evaluation of the damage. Before these valuations, the importance of each of the selected resources within the total ecosystem must be weighed. These actions alter the habitat of many species such as plants, vegetation, animals, fungi, and other life forms. The environmental damage caused by the defendants was valued at the sum of four million two hundred ninety-eight thousand five hundred eighty-two colones (C4,298,582.00)” (cf. 3 to 6 of the civil action for damages (acción civil resarcitoria) file, literal transcription). The lower court declared the civil lawsuit filed without merit in all its aspects, under the reasoning transcribed below: “At the time of filing the lawsuit brief, it was filed against both Mr. [Name 003], ([Name 003]) and against Mr. [Name 001], and that is evident from the lawsuit brief itself. However, throughout the project, throughout the development of the trial, without criminal participation on your part being able to be demonstrated, the Public Prosecutor's Office, the Procuraduría, changes its hypothesis, changes its initial projection, and focuses on the request for compensation, for damage, the existence of undeniable damage to the environment, natural resources, and this is based on the concept of strict liability (responsabilidad objetiva) that applies to Mr. [Name 003]. According to the position of the Procuraduría, despite the participation of Mr. [Name 003] or Mr. [Name 001] in the criminal act not being provable, nor a conduct aimed at, so to speak, violating the environment, the simple status of owner or co-owner that Mr. [Name 003] has over this property makes him liable for compensation, for the simple fact that he was the owner of the property and that damage was caused within his property that must be compensated to the State. The court, indeed, is aware of the theory of strict liability (imputación objetiva) and the responsibility it entails, as it is a civil law concept that is perfectly applicable in many cases, but not in the present one, for the reasons to be stated. We must consider that strict liability (responsabilidad civil), for you to understand, is the liability derived from the owner or the person in charge of an object, of a good, that generates harmful consequences in its application, in its use, and that this condition of owner, this condition of agent, this condition of holder, places them in a situation or a position of guarantor vis-à-vis third parties, vis-à-vis the impairment of the legal rights of these persons. In this case, the Procuraduría, as the State's attorney, advocates for the interests of the community as the holder. In this case, it safeguards the environment, natural rights, the natural resource. The court, in the first place, determines that, although it is true there is active legal standing, in this case, on the part of the Public Prosecutor's Office to file, to file the present civil action for damages (acción civil resarcitoria), and the truth of the matter is that it is not admissible for the simple fact that Mr. [Name 003], for being the owner of the property and because on that property an impairment to the environment was generated, he must answer for it. First, we must remember that in matters of civil law, although it is true we are in a trial court and see criminal matters, the process or the activity, the civil action for damages (acción civil resarcitoria) is of a civil nature, and we must rely on civil law principles, and it is like a civil appendix heard within a criminal process. Among the guiding principles of civil law, we must also consider that, although it is true there is active legal standing to file a civil action for damages (acción civil resarcitoria) seeking compensation for damage, it is also necessary to establish the passive legal standing of the persons who would eventually be obligated to assume the reparation of that damage. And the thing is that, from the evidence in the case file, documentary evidence, it has been possible to prove specifically from the registry certifications that the properties in question are under co-ownership between Mr. [Name 003] and his sister [Name 006]. What does this mean? Well, under the initial hypothesis, sorry, the ancillary hypothesis adopted by the Procuraduría in its closing arguments, then Mr. [Name 003] would have as much share of responsibility as Mrs. [Name 006] would, who is also an owner and gave a power of attorney to her brother to act. This is what is known in civil law doctrine as a necessary passive joinder of parties (litis consorcio pasivo necesaria), which makes the participation of all obligors, all titleholders, unnecessary to face a liability. It would be completely incongruous to seek compensation from Mr. [Name 003], he being a co-owner, when in reality they would have had to address, from a legal standing perspective, the commission of an act or conduct under strict liability (responsabilidad objetiva) in which all the persons or the persons who may hold the status of defendants are not present. This joinder of parties (litis consorcio) was indeed not assessed by the Procuraduría, because it assumed this position of strict liability (responsabilidad civil objetiva) against Mr. [Name 003] secondarily, during the course of the trial, at the moment when the Prosecutor realized that there was no way to generate a link of fault-based liability (responsabilidad subjetiva) between Mr. [Name 001] and Mr. [Name 003] and the facts attributed to them criminally. There is also a guiding principle of the criminal process, the principle of accessoriness, and this court agrees with this principle of accessoriness, which consists of the civil action being accessory to the criminal action. While there are jurisprudential pronouncements in which it is held that civil law, the right to be compensated, to find reparation for the damages caused, does not have an immediate relationship with the criminal consequences that may or may not be proven, the truth of the matter is that in the present case, you are being attributed, and specifically Mr., Mr. [Name 003] is being attributed liability based on his simple condition as holder of a property, on which it was indeed possible to prove that the felling of non-permitted species, non-permitted tree species, was carried out. But, let us see, the Court must consider as a means of evidence, taken as a whole, the fact that there is a documentary history, and that this was even reinforced by the testimonial evidence brought to the process, that Mr. [Name 001], that [Name 003], duly in the exercise of his powers as owner or co-owner of the property, by turning to the competent authority to process a permit, Mr. [Name 003], in his function and duty to safeguard the interests, not only personal but collective, we have evidence that tells us that he had previously, before these facts occurred, processed the corresponding permits before SINAC. And this indicates that there was an inventory, that there was control, a concession, so to speak, on the part of the legal authority, the competent state authority. What this tells us gives us an indication that there is at least a good faith, which could not be criminally disproved on the part of Mr. [Name 003], that in this case he wanted to do things correctly, wanted to process the permits. This court could not solely and exclusively attribute liability to Mr. [Name 003] without even knowing, without having the elements to determine if Mr. [Name 003]'s will effectively derived the will to cut those other trees with the disastrous consequences they produce for the environment, without assessing the possibility that Mrs. [Name 006], as owner and with the full exercise of her property rights, could also have given determinations or directives for those trees to be cut; we could not rule out that hypothesis, and considering it, it is a hypothesis that is also feasible, and, if this were the case, it would have been completely unfair, disproportionate to attribute strict liability (responsabilidad civil objetiva) exclusively to Mr. [Name 003] if, when the possibility that Mrs. [Name 006], in her capacity as owner, also gave determinations on the use, the employment, the felling, the harvesting of non-permitted forest species. This circumstance, this hypothesis, taking into account the good faith shown by Mr. [Name 003], in addition to having previously processed these forest permits, this inventory, this program before the competent authority, does not give rise to us being able to say that Mr. [Name 003] personally had the intention to cut those trees. This is why the Court does not agree with the initial position, or at least the ancillary one, that the Procuraduría General de la República came to present; first, because there is no link between the commission of a criminal act by Mr. [Name 001], nor by Mr. [Name 003] that resulted in that harmful consequence for the environment, but neither is there a necessary passive joinder of parties (litis consorcio pasiva necesaria) in this process that respects and, in fact, hegemonizes, that gives proportionality to the strict liability (responsabilidad objetiva) among all the parties; much less are there indications that Mr. [Name 003] unilaterally acted in an irresponsible manner, which would generate an exclusive obligation to compensate on his part, when the Procuraduría did not take into consideration the possibility that the co-owner of said property had carried out or arranged steps aimed at illegal timber harvesting.”

Thus, the corresponding course, then, is, in this case regarding criminal matters, to resolve this matter without a special award of costs, with the expenses of the proceeding borne by the State for this new instance of the Public Prosecutor's Office and the Office of the Attorney General of the Republic, and, regarding the civil aspect, this matter is resolved without a special award of costs, also based on the position of the Office of the Attorney General of the Republic, that if there was a plausible reason to litigate, then the Office, the Attorney General's Office, in exercising its powers derived from law as the representative of the State, is obligated to ensure the correct compliance of state bodies, and specifically in this case SINAC, the concessions they grant, and whenever there is any transmission, or transgression against collective rights, then, in this case, the entity that must ensure compliance is not only the Public Prosecutor's Office, but also the Office of the Attorney General.” (counter at 00:53:40 to 1:05:55 of the audio and video file identified as SENT ORAL 0022-2025 EXP 21-000671-0573-PE.mp4). From the comprehensive examination of the judgment, in light of the arguments raised, this Chamber reaches the conclusion that Mr. Alfaro Ramírez is correct in his disagreement, as the existence of a defect of erroneous reasoning is noted, since the decision made by the lower court was based on the fact that the co-owner of the property where the events occurred was not sued, and lacking elements to determine if the intent to cut those trees originated from him or if it was the co-owner who issued it. It is important to recall that national case law has held that the issuance of an acquittal or a definitive dismissal does not prevent a civil judgment, nor does it imply the impossibility of ruling on the civil action or its automatic rejection, which is consistent with the provisions of Article 40 of the Criminal Procedure Code (Código Procesal Penal) in its third paragraph, stating that: “An acquittal shall not prevent the court from ruling on a validly asserted civil action for damages (acción civil resarcitoria), when applicable.” A contrary position violates the principle of effective judicial protection guaranteed by Article 41 of the Political Constitution, which establishes that: “Resorting to the laws, everyone must find redress for the injuries or damages they have suffered to their person, property, or moral interests. They must be granted prompt, complete justice, without denial and in strict conformity with the laws.” That is, to uphold a civil claim it is not necessary for the criminal wrong to be configured, as the generating event of civil liability is the damage caused and not the criminal nature of the conduct, requiring proof of active and passive standing, current interest, the right with a demonstration of damage, a causal relationship, and a criterion of civil attribution, one that can be of a contractual or extracontractual nature; of a subjective nature stemming from intent or fault – provided for in Article 1045 of the Civil Code (Código Civil) –; objective, whether due to a created risk, pursuant to Article 1048.5 of the Civil Code, derived from consumer protection, Article 35 of the Law on the Promotion of Competition and Effective Consumer Defense (Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor); for administrative liability, pursuant to the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) in its Article 190 et seq. and concordant articles; derived from environmental protection – Article 101 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), Article 52 of the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils (Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos) – among other norms. On this point, the Third Chamber has been reiterative that: “... it is perfectly viable that without a criminal wrong, a judgment for civil liability proceeds, provided that the requirement of another normative source distinct from criminal law that allows such a thing is met...”, (ruling # 619, of 11:20 hours on June 9, 2000. See in the same sense, # 1130, of 9:18 hours on November 23, 2001, both of this Third Chamber).”

In this case, the court failed to weigh the existence of regulations providing for objective liability that obligates one to repair and/or compensate for damages caused to the environment, whether involving a natural or legal person, with it being legally irrelevant whether the action was intentional or negligent. Specifically, Article 98 of the Organic Environmental Law provides that: “The damage or pollution to the environment may be produced by conduct of action or omission and are imputable to all natural or legal persons who carry it out.” a provision that must be related to what is established in Article 101 of that same legal body, which provides that: “Without prejudice to other types of liability they may incur as participants in any of their forms, the causers of infractions to this law or to those regulating the protection of the environment and biological diversity, whether natural or legal persons, shall be civilly and jointly and severally liable for the damages and losses caused. Jointly and severally, the owners of the enterprises or activities where the damages are caused shall also be liable, whether by action or by omission. Equal liability shall correspond to professionals and public officials who sign an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) contrary to legal provisions or prevailing technical standards or do not give due follow-up to the process, causing damage to the environment or to biological diversity.” (the underlining has been supplied), as well as from what is stipulated in Article 52 of the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils, which, to that effect, establishes that: “[…] Whoever contaminates or deteriorates the soil resource (recurso suelo), independently of the existence of fault or intent or the degree of participation, shall be responsible for indemnifying, in the corresponding judicial route, and for repairing the damages caused to the environment and to affected third parties […]”. The cited regulations show that, for acts perpetrated against the environment, the legislator provided a source of liability distinct from intent or fault, a point that the court should have assessed, especially since, according to the facts of the civil complaint, Mr. ([Name 003]) was sued in his capacity as co-owner of the property where a considerable number of trees were felled, generating damage to the environment. Instead of focusing its attention on whether Mr. [Name 003] was the one who gave the order to cut, the judge should have examined whether he had, objectively, an obligation to repair the environmental damage caused by the actions encompassed in the civil claim filed against him by the representation of the State. Regarding this source of liability, case law has explained that it is of an objective, and not subjective, nature, a criterion with which we fully concur, and, subsequently, we quote the relevant parts: “From the referenced regulations, as well as from the principles governing environmental matters, it is derived – in principle – that the liability governing environmental law is of an objective nature, hence the need to study this axis, of which it is worth underlining that in it, proving the fault of the agent (lack of duty of care, which was formerly understood as imprudence, negligence, and lack of skill) is dispensed with; rather, for its configuration, it is sufficient that their action or omission causes damage (nexus of causality). On this aspect, it is of interest to capture what was instituted by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, in ruling N° 607-F-02, at 16:15 hours, on August 7, 2002, in which they indicated the following: ‘(...) Recapitulating, compensation for damages is regulated, in Costa Rican law, by a general rule, that of fault-based liability (responsabilidad por culpa), but it also admits objective liability (responsabilidad objetiva) in cases where the legislation expressly authorizes it and following the parameters it itself establishes (...).’ From the previous jurisprudential extract, it can be concluded that objective liability is admissible, provided the legislation expressly provides for it; otherwise, the applicable rule is subjective liability. It is worth highlighting that although in this type of liability, the requirement of fault is dispensed with, so that the obligation to indemnify or repair the damage arises, there must be some factor attributing objective liability between the action or omission and the causation of the damage. We see then that there are three conditions for its application: 1. The factor for imputing the conduct. 2. The existence of damage and, 3. The causal relationship between the two. The author Federico Torrealba Navas, in his book “Responsabilidad Civil” Now, we must focus on the topic of environmental liability proper, for which we will begin with the term environmental damage, which is conceptualized as: (2011) analyzes the following attributing factors for objective liability: a) The risk created; b) The guarantee of the victim; c) Breach of obligations of result; d) Breach of the obligation of safety; e) Breach of the obligation of information; f) Equality before public burdens; g) Liability for the fact of things; h) Aedilitian guarantees: defects of the thing; i) Abnormal disturbances of neighborhood; and j) The exercise of the rights of revocation and unilateral termination. “any action, omission, behavior or act exercised by a natural or legal subject, public or private, that alters, undermines, disturbs, diminishes or puts in imminent and significant danger, some constitutive element of the concept of environment, thereby breaking the proper and natural balance of the ecosystems” Mario Peña Chacón, Daño Ambiental y Prescripción. Revista Judicial N° 109, San José (September 2013): 118. It is then discerned that legally relevant environmental damage arises from conduct, which can be active or omissive, which can originate from a natural subject as well as from a legal person, public or private. For its part, liability for environmental damage can be defined as follows: “the obligation to compensate, indemnify, repair and restore the damage caused as a result of an action and/or omission that has undermined, deteriorated or destroyed or that at least puts at relevant and significant risk, some of the constitutive elements of the environment, thereby breaking with the proper balance of the ecosystems” Mario Peña and Rafael González, El Proceso Ambiental en Costa Rica (San José: ISOLMA S.A, 2015), 110. In relation to the type of liability operating in this matter, as foreshadowed above, it escapes the typical regime of subjective liability of civil law and, on the contrary, objective liability operates, given that it has been the legal system itself that has so consolidated it. The foregoing means that it is not necessary to prove the fault of the subject, but only the fact that their action or omission caused the damage. Such is the position the First Chamber of the Supreme Court of Justice has taken, as can be observed in the following jurisprudential quote: “(...) Liability derived from damages caused to nature, be it originating from an agricultural activity or any other type, has universally always been considered as an objective liability. This general principle of law has been widely admitted in the latest reforms to the Constitution where the right to a healthy and ecologically balanced environment was introduced, and the legislator has assumed it even before those reforms, reiterating it widely thereafter, to be found throughout the environmental sector of the legal system (...). Naturally, this thesis is today claimed as a general principle of law for the protection of the environment, and it is correct to affirm it so (...). The basis of this thesis is very simple. It is not about the subjective liability provided for in Article 1045 of the Civil Code, because in such a hypothesis the injured party must prove the causal nexus between the action of the harmful agent and the damages suffered. In objective liability, the simple existence of the damage deems the harmful agent responsible for having been the causer of that damage, and as such, they must indemnify the damages and losses caused by their conduct. This does not derive from an arbitrary act but from pure logic, because whoever, even in lawful conduct, assumes a risk where there is dangerousness, must answer for any damage that dangerousness may cause. There are many examples in this regard. If a person handles gunpowder, or any type of flammable material, be it in a factory, in a commercial activity, or for their own enjoyment, in the event of an accident with effects on any neighbor, it is not the injured party who is called to prove the causal nexus between the conduct exercised and the damage caused; rather, the legal system presumes the culpability of the person who assumed the risk and dangerousness, and only to exempt them from liability could they prove not to be the direct party responsible for the damage caused; thus, the burden of proof is inverted, and the exemption causes, as could be applied by analogy to the environmental field, would be those provided for in the General Law of Public Administration where the objective liability of the State is also provided, those being "force majeure" (fuerza mayor), "fault of the victim" (culpa de la víctima) or "act of a third party" (hecho de un tercero) (Article 190) (...)” (Ruling N° 398-F-01, at 16:00 hours, on June 6, 2001, whose panel was composed of Judges Feoli, Montenegro, Zeledón, Solís, and Rivas). In the same vein, the Constitutional Chamber has opted for the thesis that objective liability operates in environmental law, and in resolution N° 1669-2000, at 14:51 hours, on February 18, 2000, it established: “Liability for environmental damage is thus assimilated to liability for risk, which allows greater coverage to establish liabilities against specific subjects, with the aim of remedying the damages caused by their industrial or other exploitations. This objective liability does not take into consideration the conduct of the subject, as what matters is the damage produced, and therefore, the individual will always be liable, regardless of whatever their volitional participation in the event may have been. The point lies more than anything in the creation of a risk, from which it is inferred that whoever with their activity or inactivity produces damage or puts at risk the integrity of the ecology and the environment, must answer for it” (ruling in which Judges Piza, Mora, Solano, Arguedas, Calzada, Vargas, and Batalla concurred). A criterion that has been maintained over time, as seen in the following excerpt from a judgment: “(...) the topic of liability for environmental damage has been given different treatment, taking into consideration the specific characteristics of the subject matter. The State, to ensure in some way compensation for the damages caused to the environment, has created a series of norms regulating what pertains to environmental liability, without losing sight, of course, of the necessary balance that must exist between environmental protection and the development of the activities of private individuals. In Environmental Law, a different approach to liability has been taken, such that it has evolved from a system of fault-based liability to one of risk-based liability, which means greater coverage, as said liability would arise even when no fault of the transgressor is involved, if the activity performed is deemed risky and assumes that risk, with a possible harmful consequence for the environment. This is a new concept of liability, where the objective criterion prevails over the subjective one, since for its emergence, it is irrelevant whether one acted with fault or not; it is enough that the damage was effectively caused for the consequent liability to arise immediately. On many occasions it is not possible to determine either the culprit, or the infringed legal norm, since in most cases the damage is the product of an omission, but it certainly causes harm, which necessarily must be the subject of indemnification. It is in this context that the content of Article 101 of the Organic Environmental Law and the norm now questioned, Article 126 of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre), must be understood, establishing a liability regime for legal persons who have participated in committing the illegal acts covered by that Law, indicating that they shall be jointly and severally liable for the damages and losses caused to wildlife and the environment, with the consequent obligation to repair them comprehensively, also contemplating the solidary liability (responsabilidad solidaria) of natural or legal persons that make up the same economic interest group as the offending legal person. The main argument of the plaintiff is that the norm violates the principle of innocence; however, said principle is not infringed because the questioned provision does not refer to criminal liability. It expressly indicates so by stating that solidary liability for the damages and losses caused to wildlife and the environment in general falls on the legal persons who have participated in committing illegal acts included in the Wildlife Conservation Law “independently of the personal, civil or criminal liability that may fall on the partners, agents or representatives”, so that regarding this point the plaintiff is also not correct in his allegations. The fact that this type of liability is extended to natural or legal persons that make up the same economic interest group also does not injure the principle of innocence, as it similarly concerns the possibility that companies related to the offending legal person answer for the environmental damages caused (...)” (Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, resolution N° 9966-2010, at 15:38 hours, on June 9, 2010, whose panel consisted of: Calzada, Mora, Armijo, Cruz, Jinesta, Castillo and Pacheco). Thus, it is emphasized that from a harmonious analysis of the referenced environmental regulations (national and international) as well as the doctrine and jurisprudence that have been cited, our legislators have opted to implement in environmental matters the principle “the polluter pays” regardless of the existence of a subjective link; with which we find ourselves before a paradigm shift, since liability has traditionally been founded on the theory of fault (Art. 1045 of the Civil Code), while objective liability has been seen as indispensable for application in this branch of law, which presupposes an advantage in favor of the injured party, as there is a reversal of the burden of proof, given that it is exempted from proving the fault or intent of the causer of the damage, and the latter will only be exempted from liability if they prove the existence of force majeure, fault of the victim, and the act of a third party; unlike cases of subjective liability; which constitutes a benefit for the environment, insofar as it seeks to ensure that in the shortest possible time, it can be restored and return to its original state.” (Ruling 2022-0437, at 16:46 hours, on April 22, 2022, the underlining has been supplied).

By virtue of the foregoing, this Chamber can conclude that the decision of the lower court to dismiss the civil action for damages filed by the Office of the Attorney General of the Republic against ([Name 003]) was not properly grounded, failing to assess whether in the facts under examination the elements of objective liability concurred, applicable in cases where environmental damage has been claimed, whose starting point is not the specific action taken by the active subject, denoting a defect in the reasoning of the decision that causes its ineffectiveness. Consequently, the appeal is upheld and the partial nullity of the judgment is ordered, with the case remanded to the Court of origin, so that, with a different panel, it may hear the civil claims brought against ([Name 003]), resolving what is legally appropriate. In all other respects, the judgment remains unchanged.

 

THEREFORE:

The appeal filed by Mr. Andrés Alfaro Ramírez, in his capacity as representative of the Office of the Attorney General of the Republic, is declared with merit, and consequently, the partial nullity of the judgment is ordered, with the case remanded to the Court of origin, so that, with a different panel, it may hear the civil claims brought against ([Name 003]), resolving what is legally appropriate. In all other respects, the judgment remains unchanged. NOTIFY.

 

 

 

 

 

 

 

Alejandra Valenciano Chinchilla

 

 

 

Laura Gabriela Murillo Mora                                        Max Antonio Escalante Quirós                                

Judges of the Criminal Sentence Appeals Court

 

Case File: 21-000671-0573-PE(3) 

Defendant: [Name 001] and Another

Victim: The Environment

Crime: Illegal Logging (Aprovechamiento Ilegal de Madera)

 

DVILLALOBOSCH

 

Exp.: 21-000671-0573-PE(3) - VOTO 2025-0797- pág.: 1

Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:19:50.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República