Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Análisis de la prueba, de lo aportado y ofrecido está dirigido para resolver el asunto por el fondo, el gestionante se limita a argumentar la existencia del daño pero no aporta elementos probatorios a efectos de demostrar dicho daño o perjuicio actual o potencial conforme lo describe en su escrito de medida cautelar, ni determina un nexo causal. Debe considerarse al respecto que para el otorgamiento de una medida cautelar es necesario su demostración mediante prueba idónea y no basta con alegar la existencia del daño o perjuicio grave y en la especie, reitero, no consta prueba que permita identificar algún daño actual o potencial en la esfera particular de la gestionante y que eventualmente, permita establecer algún nivel de gravedad, como se expuso al inicio de este considerando la prueba es una carga procesal que asume la parte interesada, como lo dispone el artículo 41.1. del Código Procesal Civil de aplicación supletoria conforme al artículo 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Incluso, señala que existen asociados que tienen actividades económicas paralelas que les generan ingreso y respecto a los demás, omite demostrar el daño. En virtud de lo anterior, se concluye que el presupuesto legal mencionado no se verifica.
English (translation)Analysis of the evidence: what was provided and offered is aimed at resolving the merits of the case; the petitioner merely argues the existence of harm but does not provide evidentiary elements to demonstrate such actual or potential harm as described in its precautionary measure brief, nor does it establish a causal link. It must be considered in this regard that for granting a precautionary measure, its demonstration through suitable evidence is necessary, and it is not enough to allege the existence of serious harm. In this case, I reiterate, there is no evidence to identify any actual or potential harm in the private sphere of the petitioner that could eventually establish some level of seriousness. As stated at the beginning of this recital, evidence is a procedural burden assumed by the interested party, as provided in Article 41.1 of the Civil Procedure Code, applied supplementarily under Article 220 of the Administrative Contentious Procedure Code. Even the petitioner states that some members have parallel economic activities that generate income, and regarding the others, it fails to demonstrate harm. In light of the foregoing, it is concluded that the aforementioned legal requirement is not met.
Dismissed
Grande Normal Pequeña Tribunal Contencioso Administrativo Resolución Nº 04386 - 2025 Fecha de la Resolución: 09 de Mayo del 2025 a las 17:20 Expediente: 20-002863-1027-CA Redactado por: Ana Katarina Apu Hidalgo Clase de asunto: Medida cautelar Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias del mismo expediente Texto de la resolución EXPEDIENTE: 20-002863-1027-CA - 5 PROCESO: MEDIDA CAUTELAR ACTOR/A: ASOCIACIÓN DE SITIOS DE MANEJO DE VIDA SILVESTRE DE COSTA RICA VITA EX SITU DEMANDADO/A: EL ESTADO N° 2025004386 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las diecisiete horas con veinte minutos del nueve de mayo del dos mil veinticinco.- Se conoce solicitud de medida cautelar interpuesta por ASOCIACIÓN DE SITIOS DE MANEJO DE VIDA SILVESTRE DE COSTA RICA VITA EX SITU, cédula jurídica 3-002-741178, representada por Luis Fernando Morales Rodríguez, mayor, casado, cédula de identidad 1-0622-0779, vecino de Moravia San José, interviene como su apoderado especial judicial el Lic. Joe Campos Bonilla, mayor, abogado, carné 10215 contra el ESTADO representado por la procuradora Ana Cecilia Arguedas Chen Apuy, mayor, cédula de identidad N° 1-787-209, casada, abogada, vecina de Heredia.- RESULTANDO 1- En fecha 09 de junio de 2020 se promueve proceso de conocimiento y medida cautelar (ver memorial en imágenes 2 a 75 del legajo de medida cautelar).- 2- Mediante resolución de las nueve horas diecisiete minutos del doce de febrero de dos mil veinticinco, se rechaza la medida cautelar provisionalísima y se confiere audiencia al Estado (ver imagen 158 del expediente de medida cautelar).- 3- El Estado por escrito incorporado a los autos el 18 de febrero de 2025, se refiere a la medida cautelar y solicita el rechazo de la misma (ver imágenes 169 a 186 del expediente de medida cautelar).- 4- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones de rigor y no se notan causales de nulidad capaces de invalidar lo actuado.- CONSIDERANDO I. OBJETO DE LA MEDIDA CAUTELAR. La parte actora promueve medida cautelar a efectos de: "Que de previo al curso del presente proceso se dicte la medida cautelar urgentísima solicitada, se ordene al MINAE la suspensión de la aplicación de Reglamento y que se aplique solo la Ley de Conservación de Vida Silvestre como se habian venido haciendo" (ver imagen 74 del expediente de medida cautelar).- II. ARGUMENTOS DEL PROMOVENTE. Apariencia de buen derecho, indica que en el proceso principal, se solicitará la nulidad del Reglamento N°40548 a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre ordenando su publicación en el alcance digital N°194 de La Gaceta N"150 del 09 de agosto de 2017, por tal razón aboga por su suspensión. La seriedad de la demanda descansa en que, nos encontramos ante un acto total y absolutamente nulo por estar contra de principios y normas constitucionales en los términos del artículo 166 de la LGAP. El acto carece de los elementos constitutivos que no dejan más remedio que decretar su disconformidad con el ordenamiento jurídico, la tesis de nulidad del acto es plausible. El régimen de nulidades de los actos administrativos se regula en los artículos 158 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. Con el propósito de facilitar el análisis del asunto, se ha expuesto por aparte, los vicios relacionados con cada uno de los elementos vinculados, teniendo claro que la exposición se enmarca dentro de la cognición sumara propia de estos asuntos. En el proceso de fondo se ampliaron los alegatos. Peligro en la demora, hay aportados elementos suficientes e ideales para demostrar el peligro en la demora, se enunciaron en el acápite de hechos, pero sin duda es éste el espacio para profundizar en la exposición. La Asociación y los asociados, han tenido el derecho adquirido por años de desarrollar el objeto y fines de la asociación contribuyendo con el ambiente, la educación ambiental, la preservación ambiental entre otras aspectos y además, con base en ello llevar el sustento diario a sus hogares por constituir ello el medio de subsistencia y por el cual han sido permisionarios del MINAE. Es lógico que si la aplicación del Reglamento cuestionado por todos los aspectos indicados impide que los asociados permisionarios no puedan seguir obteniendo la fuente de ingreso, eso debe tutelarse a nivel cautelar para evitar el daño a quienes lo están sufriendo y a quienes lo sufrirán. La mayoría de los asociados no tienen actividades económicas paralelas que generan algún ingreso más que la que venían desarrollando antes de que el Reglamento se aplicara. A la luz de la inteligencia del hombre común, estas razones bastarían para demostrar el peligro en la demora, pero debe tomarse en cuenta además, que se trata de un Reglamento que, tiene serios cuestionamientos y no debería afectar a la Asociación ni a los asociados. Por lo expuesto, es palpable la existencia de un peligro en la demora, se ha comprobado que en caso de no decretar la suspensión del acto administrativo cuestionado, estaríamos ante daños muy graves e irreparables en tiempos de pandemia mundial.- III. ARGUMENTOS DEL ESTADO. Señala que la medida cautelar no es accesoria de un eventual proceso de fondo, no tiene instrumentalidad, la pretensión es resolver el fondo del asunto principal y resolverlo en la instancia de la medida cautelar, en virtud de que pretende la suspensión del mismo Decreto Ejecutivo N°40548 vigente desde el 9 de agosto del 2017, que pretende sea anulado en el proceso de conocimiento. Considera que la medida cautelar carece de instrumentalidad, provisionalidad y que es temeraria, por lo que no cumple con los requisitos establecidos en el ordenamiento. Otro aspecto importante es que carece de urgencia, ya que la medida cautelar fue planteada contra el Decreto Ejecutivo N° 40548; no obstante, la solicitud de medida cautelar es presentada casi tres años después hasta el día 9 de junio del 2020, ergo no hay urgencia. Adicionalmente, la actora se fundamenta en aspectos para señalar la urgencia en temas que ya no nos encontramos, véase que hace referencia “estamos en tiempos de pandemia mundial por el COVID 19 y la aplicación del reglamento no está permitiendo renovar permisos de funcionamiento a los permisionarios con derechos adquiridos para el desarrollo de la actividad descrita en los hechos de la demanda.” Apariencia de buen derecho, la Asociación está extinta, ergo no existe por lo tanto hay una evidente defectuosa representación y una falta de legitimación activa ad causam y ad procesum y gira en torno a la nulidad del Decreto Ejecutivo N° 40548 (vigente y válido), publicado en La Gaceta N° 150 del 9 de agosto del 2017 alcance N° 194 (la actora lo reconoce en el “hecho quinto”), por lo que existe CADUCIDAD EVIDENTE Y MANIFIESTA al tenor de los numerales 37 inciso 1) y 39 inciso 1), sub inciso b) del CPCA. Además, carece de interés (FALTA DE INTERÉS ACTUAL) porque está referido a aspectos ya superados como el tema de la pandemia mundial por COVID 19, en este contexto, carece totalmente de seriedad y de los elementos necesarios, por lo tanto, debe rechazarse la medida. Peligro en la demora, para la procedencia de una medida cautelar no basta únicamente con mencionar la posibilidad de que la conducta administrativa que se cuestiona pueda provocar un daño o perjuicio grave. Existe la obligación de la peticionaria de aportar los elementos de prueba necesarios que acrediten la existencia de graves daños y perjuicios, siendo la jurisprudencia conteste en indicarlo como presupuesto básico para que la medida cautelar prospere. En el presente caso, no se aportó un solo elemento probatorio idóneo de cuál es el daño grave, que exige el citado numeral 21 del CPCA. La gestión cautelar es totalmente ayuna de respaldo probatorio, no cumple con este requisito. Ponderación de intereses en juego, en el caso concreto, existe un interés público superior que impide acoger la tutela cautelar, el Decreto Ejecutivo que se pretende suspender reglamenta una ley, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317. No puede pasarse por alto que estamos frente a un acto administrativo que tiene como objetivo la conservación de la vida silvestre con las implicaciones que ello conlleva (artículo 50 de la Constitución Política) y la obligación de la Administración de aplicar la ley y su reglamentación al tenor del principio de legalidad, en virtud de que le corresponde su control y fiscalización, también se fundamenta en la Ley de Ratificación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Nº 5605); el artículo 12 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (Nº 7317); el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad (Nº 7788); los artículos 6 inciso d), 27 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública (Nº 6227) y la Ley de Bienestar de los Animales (Nº 7451). Entonces, existe un bien superior que debe ser protegido como es la protección del medio ambiente y con ello garantizar el derecho a la salud y la vida, en virtud de que no podemos olvidar que “la preservación y protección del ambiente es un derecho fundamental, y es obligación del Estado el proveer esa protección, ya sea a través de políticas generales para procurar ese fin o bien, a través de actos concretos por parte de la Administración” (Sala Constitucional voto N° 3341-96). En todo caso, la ausencia de la debida acreditación de los dos primeros presupuestos, resulta incuestionable la prevalencia del interés público por encima de las apreciaciones infundadas de la parte actora.- IV. EN GENERAL SOBRE LOS PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR. La jurisprudencia ha desarrollado ampliamente el objeto de la justicia cautelar, la cual responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia. En este sentido, el artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Partiendo de lo anterior, la persona juzgadora con observancia de lo dispuesto en el artículo 21 de la norma procesal indicada, debe determinar la procedencia de una solicitud de medida cautelar, verificando al efecto, que la pretensión del proceso de conocimiento no sea temeraria o en forma palmaria, carente de seriedad, lo que constituye una valoración preliminar del fondo para determinar si existe en el caso en cuestión lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado apariencia de buen derecho o fumus boni iuris. La norma de análisis también establece la procedencia de la medida cautelar cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, situación que ha sido definida en la doctrina como el periculum en mora o peligro en la demora, es decir, que en virtud de la demora patológica del proceso judicial, concurra un peligro actual, real y objetivo de que se genere a la parte promovente un daño grave. Bajo la misma línea de pensamiento, el artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece la obligación de la persona juzgadora de realizar a la luz del principio de proporcionalidad, una ponderación de los intereses en juego entre la circunstancia del particular, por un lado y por el otro, el interés público, así como los intereses de terceros que puedan verse afectados con la adopción de la medida cautelar.- V. SOBRE EL CASO CONCRETO. De lo anteriormente expuesto, se realiza el estudio de los elementos requeridos en los artículos 21 y 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo de la presente solicitud cautelar, de acuerdo con los argumentos de las partes y los elementos de prueba aportados al expediente, haciendo la observación de que constituye carga procesal de la parte interesada probar las afirmaciones que haga en apoyo de sus pretensiones, al tenor del 41.1. del Código Procesal Civil en aplicación supletoria conforme al artículo 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo. En cuanto la prueba testimonial ofrecida, la gestionante ofrece prueba testimonial el representante de la Asociación, para que se refiera afectaciones a la Asociación y a los asociados, sin embargo, expresamente en el apartado VIII.Daños Ocasionados, renuncia al resarcimiento de daños, también ofrece un regente del SINAC, que mediante criterio técnico se referirá a la inviabildad del reglamento impugnado y su inaplicación, dos personas para que expongan su criterio técnico en cuanto la aplicación de la norma, de este ofrecimiento considera esta Juzgadora que los testigos fueron propuestos para el proceso de conocimiento, tal como se observa del escrito y en todo caso, en los autos constan elementos suficientes para resolver por el fondo la presente medida cautelar y en consecuencia, no se evacua esta prueba por las razones esbozadas, rechazándose para esta instancia. 1. Apariencia de buen derecho, del análisis de la solicitud cautelar se observa de forma preliminar, que la teoría del caso expuesta se encuentra razonablemente motivada de manera que, sin entrar en un juicio de valor sobre el fondo lo cual, no es propio de este proceso cautelar, se estima que la acción ejercida no es temeraria o carente de seriedad, es decir, se cumple con el elemento de apariencia de buen derecho, por cuanto resulta susceptible de ser conocido en un proceso de conocimiento, siendo que el análisis del fondo trasciende las potestades de la resolución cautelar. Respecto a lo argumentado respecto a la Asociación, en consulta realizada el día de hoy en la página web del Registro Nacional, se determina que se encuentra inscrita. 2. Daño o perjuicio grave, actual o potencial en la situación jurídica de la promovente. Al respecto, la asociación gestionante señala que ella y los asociados, han tenido el derecho adquirido por años, de desarrollar el objeto y fines de la asociación contribuyendo con el ambiente, la educación ambiental, la preservación ambiental entre otras aspectos y además, que con ello llevan el sustento diario a sus hogares por constituir su medio de subsistencia, por el cual han sido permisionarios del MINAE y que la aplicación del Reglamento cuestionado impide que los asociados permisionarios puedan seguir obteniendo la fuente de ingreso, eso debe tutelarse a nivel cautelar para evitar el daño a quienes lo están sufriendo y a quienes lo sufrirán, ya que la mayoría de los asociados no tienen actividades económicas paralelas que generan algún ingreso más que la que venían desarrollando antes de que el Reglamento se aplicara. En caso de no decretar la suspensión del acto administrativo cuestionado, se estaría ante daños muy graves e irreparables en tiempos de pandemia mundial. Sobre el particular, no hay un ofrecimiento particular de prueba para la medida cautelar, pero si para el proceso de conocimiento: 1-Personería jurídica que acredita que Luis Femández Morales Rodríguez es el representante legal de la Asociación VITA EX SITU 2.-Poder especial judicial (en legajo de medida cautelar, imágenes 76 a 79). 3.-Disco compacto conteniendo el expediente de elaboración del reglamento impugnado y demás prueba documental atinente al caso consistente en: 1.-Personería Jurídica Vita-Ex situ, 2.- Criterios: a.- Análisis venta y tenencia de animales silvestres. Análisis de la los artículos de la Ley 7317 que permite la venta de animales de zoocría a particulares. b.- Criterio Legal de Mascotización. Los alcances del concepto de "mascotización" en el ordenamiento jurídico costarricense. c.- Criterio Veterinario. Análisis de los alcances de la Mascotización y educación ambiental con contacto directo. d.- Oficio CVSBCR-003-2017. Criterio de la Comisión de Vida Silvestre del CBCR ante el Análisis de la Categoría de Exhibición y alcances de la mascotización según la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. e.-Oficio CBCR-JD-048-2017 A 11-so4-2017 Criterio Jurídico NO AL-008-2017, Criterio sobre interpretación de SINAC a la hora de renovar los permisos de Sitos bajo la categoría de exhibición, solicitando se cambie a zoológico". f.-Oficio CBCR-JD-049-2017 Criterio sobre el término Mascotización. g.-Análisis Legislación Acuarios. Posible extralimitación de facultades del Reglamento. h.- Qué es CITES? PDF que describe que es la CITES. i.- Criterio de la Vida Silvestre Criterio del Biólogo Jimmy Mata. 3. Expediente de elaboración del Reglamento Expediente Decreto Ejecutivo 40458-MINAE Expediente que consta de 9 ampos donde se consignan los datos de cómo fue elaborado el Decreto Ejecutivo N° 40458-MINAE. Matrices: a. ASBIOP S.A, Consultores-Regentes Ambientales y Vida SilvestreAnálisis del Reglamento a la LCVS en su afectación a diferentes sectores. b.Cuadro de trabajo sobre el RLCVS Consideraciones Legales, Técnicas-Científicas y Sociales sobre el Reglamento a la Ley 7317. c.Matriz Reglamento Análisis entre los art. De la Ley 7317 y el Reglamento y su afectación social. d. Observaciones a la propuesta del Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre pdf Documento enviado a la Viceministra de MINAE el 09 de diciembre de 2016, donde se analiza la problemática detectada en el Reglamento y se elabora una propuesta de cambio. e.Observaciones CBCR al Reglamento Vida Silvestre 2017 Oficio CBCR-JD-056-2017, con observaciones del Colegio de Biólogos de Costa Rica a varios artículos del Reglamento a la Ley 7317. f. Observaciones por parte de actores no considerados en la creación del nuevo reglamento. Foro de discusión sobre la Propuesta de Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre. g. REGLAMENTO OBSERVACIONES SECM Análisis de algunos artículos de la propuesta de Reglamento. h. Contestación a la consulta pública del Reglamento LCVS 20161025 Análisis de la propuesta de Reglamento a Ia Ley 7317. 5. Respuesta del Ministro a las observaciones del Reglamento y análisis de las mismas. a. PDF Oficio DM-583-2017 Consideraciones a las observaciones hechas por el CBCR al Reglamento a la Ley 7317. b. Observaciones ASBIOP S.A. Documento de Excel analizando la veracidad del Oficio DM-583-2017. 6. Reuniones y Talleres de la CONAVIS: a.PDF Reuniones Comisión Nacional de Vida Silvestre Datos tomados del expediente de elaboración del Reglamento a la Ley 7317. b. PDF Talleres Elaboración del Reglamento Datos tomados del expediente de elaboración del Reglamento a la Ley 7317. c. PDF Otros documentos para considerar. Datos tomados del expediente de elaboración del Reglamento a la Ley 7317. 7.Directrices y Oficios SINAC: a. PDF SINAC-DE-860-2018 La no aplicación de los artículos del Reglamento a la Ley 7317 que están impugnados en Sala Constitucional. b. PDF SINAC-DE-409-2019 Aplicación de los artículos del Reglamento a la Ley 7317 que están impugnados en Sala Constitucional. c. PDF SINAC-DE-436-2020 Lineamientos y recomendaciones generales para los sitios de manejo de fauna silvestre ante la alerta sanitaria por Coronavirus (COVID-19) y mecanismo para la asistencia de las operaciones de sitios de manejo de fauna silvestre. d. PDF SINAC-ACC-VS-04-2020 El permisionario debe cambiar de categoría de exhibición a zoológico como dicta el Reglamento. e. PDF SINAC-ACAHN-SCH-154-2020. Actualización del Plan de Manejo ajustándose a la nueva Normativa Reglamento. f. PDF SS-117-2020 Ajustarse al Reglamento, cambiar categoría y biólogo Regente. 8. COVID-19: a. PDF COVID-19 Documento sin número de oficio de fecha 28 de abril del 2020 sobre "AFECCION DE LOS SITIOS DE MANEJO DE VIDA SILVESTRE POR COVID-19". Dirigido al señor Ministro Carlos Manuel Rodríguez. b. Costos de Alimentación animales en Sitios de la Asociación Vita-Ex situ. Informe de los Sitios que confoman Ia Asociación sobre sus costos en alimentación de la fauna que custodian. c. PDF DM-0485-2020 Respuesta del Ministro al documento COVID-19. 9. Resolución ACC-OSJ-VS-005-2018 del SINAC que niega las guías para el Serpentario Exhibición Cultural Movil. 10. Oficio de la Dra. Olga Esquivel Rivera donde hace constar que los Farmacéuticos pueden regentar sus propias farmacias. 11.- Oficio de la Dra. Laura Loaiza Chacón donde hace constar que los médicos veterinarios pueden regentar sus propias clínicas. 12.- Oficio del señor Luis Fernando Ramírez Ramírez donde hace constar que los ingenieros agrónomos pueden regentar sus propios proyectos. En el disco compacto aportado consta la siguiente prueba documental: 001- CERTIF 001- EXPEDIENTE LEY CONSERV VID SILV.pdf, 002- EXPEDIENTE- LCVS 0001-3482 parte 1, 002- EXPEDIENTE- LCVS 0001-3482.pdf, 003- Escritura constitutiva de Asociación, 004-Informe sobre representantes, 005- Causal de extinción por no renovación del órgano directivo, 006- Escritura de nombramiento JD 2025, 007- DMR-DAR-INF-087-2017, 008-Conformación CONAVIS y cartas apoyo al RLCVS, 009- Plan de Ordenamiento de sitios de manejo Fiscalía General de la República FGR-451-2020, 010- Oficio HEMS riesgos, 011-Directrices de uso de la Gestión Ex situ para la Conservación de especies de la Comisión de Supervivencia de Especies, 012- Registro Nacional de sitios de manejo de vida silvestre-ll semestre 2024, 013- Sitios de manejo que se ajustaron al Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, 014- Lista especies exóticas ornamentales SENASA DG R44-2021, 015- Lista especies domésticas SENASA DG R45-2021, 016- Lista especies exóticas ornamentales SENASA DG RO32 2024 Resolución Exótica Ornamentales, 017- Voto DE LA SALA 0031-0007-235888497-5648-F, 018- Medida cautelar declarada sin lugar 9999-1027-885285333-1725-F, 019- Voto Serpentario cultural movil 18009670-0007CO, 020- Voto 2018-2844 21 febrero 2018, 021- Entrega informe SINAC-SE-CUSBSE-108-2025, 022- Informe técnico para respuesta al Proceso Contencioso Administrativo Contra RLCVS y DAJ-MINAE-0398-2025. Análisis de la prueba, de lo aportado y ofrecido está dirigido para resolver el asunto por el fondo, el gestionante se limita a argumentar la existencia del daño pero no aporta elementos probatorios a efectos de demostrar dicho daño o perjuicio actual o potencial conforme lo describe en su escrito de medida cautelar, ni determina un nexo causal. Debe considerarse al respecto que para el otorgamiento de una medida cautelar es necesario su demostración mediante prueba idónea y no basta con alegar la existencia del daño o perjuicio grave y en la especie, reitero, no consta prueba que permita identificar algún daño actual o potencial en la esfera particular de la gestionante y que eventualmente, permita establecer algún nivel de gravedad, como se expuso al inicio de este considerando la prueba es una carga procesal que asume la parte interesada, como lo dispone el artículo 41.1. del Código Procesal Civil de aplicación supletoria conforme al artículo 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Incluso, señala que existen asociados que tienen actividades económicas paralelas que les generan ingreso y respecto a los demás, omite demostrar el daño. En virtud de lo anterior, se concluye que el presupuesto legal mencionado no se verifica. 3.Ponderación de los intereses en juego, la procedencia de una medida cautelar de esta naturaleza, está precedida del cumplimiento simultáneo de los tres requisitos legales y en la especie, no se ha acreditado el daño o perjuicio grave alegado, de manera que no se puede sopesar un daño o perjuicio inexistente frente al interés público, por lo que debe resguardarse este interés público al existir un acto eficaz de la Administración que aún no ha sido desvirtuado y de acogerse la medida cautelar, implicaría suspender en su totalidad la normativa del Reglamento de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre N°40548, que regula la conservación de la vida silvestre, materia ambiental de protección de rango constitucional. En consecuencia, al no concurrir la totalidad de los presupuestos legales necesarios, se declara sin lugar la medida cautelar solicitada. Se resuelve sin especial condenatoria en costas.- POR TANTO Se declara SIN LUGAR la medida cautelar solicitada. Se resuelve sin especial condena en costas.- Notifíquese. Ana Katarina Apú Hidalgo. Jueza.- - Código Verificador - PV2UV7ZOFK461 Documento firmado por: ANA KATARINA APÚ HIDALGO, JUEZ/A TRAMITADOR/A EXP: 20-002863-1027-CA Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:20:24. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
EXPEDIENTE: 20-002863-1027-CA - 5 PROCEEDING: PRECAUTIONARY MEASURE PLAINTIFF: ASOCIACIÓN DE SITIOS DE MANEJO DE VIDA SILVESTRE DE COSTA RICA VITA EX SITU DEFENDANT: EL ESTADO N° 2025004386 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at seventeen hours and twenty minutes on May ninth, two thousand twenty-five.- A request for a precautionary measure filed by ASOCIACIÓN DE SITIOS DE MANEJO DE VIDA SILVESTRE DE COSTA RICA VITA EX SITU, legal identification number 3-002-741178, represented by Luis Fernando Morales Rodríguez, of legal age, married, identity card number 1-0622-0779, resident of Moravia, San José, with Lic. Joe Campos Bonilla, of legal age, attorney, bar number 10215, acting as its special judicial representative, against el ESTADO represented by the Attorney Ana Cecilia Arguedas Chen Apuy, of legal age, identity card number 1-787-209, married, attorney, resident of Heredia.- WHEREAS 1- On June 9, 2020, an ordinary proceeding and a precautionary measure were filed (see brief in images 2 to 75 of the precautionary measure file).- 2- By resolution at nine hours and seventeen minutes on February twelfth, two thousand twenty-five, the extremely provisional precautionary measure is rejected and a hearing is granted to the State (see image 158 of the precautionary measure file).- 3- The State, by a brief incorporated into the record on February 18, 2025, addresses the precautionary measure and requests its rejection (see images 169 to 186 of the precautionary measure file).- 4- That the required prescriptions have been observed in the proceedings and no grounds for nullity capable of invalidating the actions taken are noted.- WHEREAS I. PURPOSE OF THE PRECAUTIONARY MEASURE. The plaintiff files a precautionary measure for the purpose of: "That prior to the course of the present proceeding, the urgently requested precautionary measure be issued, ordering MINAE to suspend the application of the Regulation and to apply only the Wildlife Conservation Law as had been done previously" (see image 74 of the precautionary measure file).- II. ARGUMENTS OF THE PETITIONER. Appearance of good law, indicates that in the main proceeding, the nullity of Regulation No. 40548 to the Wildlife Conservation Law will be requested, ordering its publication in digital scope No. 194 of La Gaceta No. 150 of August 9, 2017, for this reason, it pleads for its suspension. The seriousness of the lawsuit rests on the fact that we are faced with a totally and absolutely null act for being against constitutional principles and norms in the terms of Article 166 of the LGAP. The act lacks the constitutive elements that leave no other remedy than to decree its non-conformity with the legal system; the thesis of nullity of the act is plausible. The regime of nullities of administrative acts is regulated in Articles 158 et seq. of the General Law of Public Administration. For the purpose of facilitating the analysis of the matter, it has been set out separately, the defects related to each of the linked elements, being clear that the exposition is framed within the summary cognition typical of these matters. The allegations were expanded upon in the merits proceeding. Danger in delay, sufficient and ideal elements have been provided to demonstrate the danger in delay, they were enunciated in the section of facts, but without a doubt, this is the space to deepen the exposition. The Association and its members have had the right acquired for years to develop the purpose and aims of the association, contributing to the environment, environmental education, environmental preservation among other aspects and, furthermore, based on that, bring their daily sustenance to their homes as it constitutes their means of subsistence and for which they have been permit holders of MINAE. It is logical that if the application of the questioned Regulation for all the indicated aspects prevents the associated permit holders from continuing to obtain their source of income, that must be protected at the precautionary level to avoid the damage to those who are suffering it and those who will suffer it. The majority of the members do not have parallel economic activities that generate any income other than the one they were developing before the Regulation was applied. In light of the intelligence of the common man, these reasons would be sufficient to demonstrate the danger in delay, but it must also be taken into account that this is a Regulation that has serious questions and should not affect the Association or its members. Based on the foregoing, the existence of a danger in delay is palpable; it has been proven that if the suspension of the questioned administrative act is not decreed, we would be facing very serious and irreparable damages in times of a global pandemic.- III. ARGUMENTS OF THE STATE. It points out that the precautionary measure is not accessory to an eventual merits proceeding, it lacks instrumentality, the claim is to resolve the merits of the main matter and resolve it in the instance of the precautionary measure, by virtue of the fact that it seeks the suspension of the same Executive Decree No. 40548 in force since August 9, 2017, which it seeks to have annulled in the ordinary proceeding. It considers that the precautionary measure lacks instrumentality, provisionality, and is reckless; therefore, it does not meet the requirements established in the legal system. Another important aspect is that it lacks urgency since the precautionary measure was filed against Executive Decree No. 40548; however, the request for a precautionary measure is filed almost three years later, on June 9, 2020, ergo there is no urgency. Additionally, the plaintiff bases its argument on aspects to indicate urgency in matters in which we no longer find ourselves; see that it refers to "we are in times of a global pandemic due to COVID 19 and the application of the regulation is not allowing the renewal of operating permits for permit holders with acquired rights to develop the activity described in the facts of the lawsuit." Appearance of good law, the Association is extinct, ergo it does not exist; therefore, there is an evident defective representation and a lack of active legal standing ad causam and ad procesum, and it revolves around the nullity of Executive Decree No. 40548 (in force and valid), published in La Gaceta No. 150 of August 9, 2017, scope No. 194 (the plaintiff acknowledges it in "fifth fact"), thus there is EVIDENT AND MANIFEST EXPIRY under the terms of numerals 37, subsection 1) and 39, subsection 1), sub-subsection b) of the CPCA. Furthermore, it lacks interest (LACK OF CURRENT INTEREST) because it refers to aspects already overcome, such as the issue of the global COVID 19 pandemic; in this context, it is completely devoid of seriousness and the necessary elements, therefore, the measure must be rejected. Danger in delay, for the granting of a precautionary measure, it is not enough simply to mention the possibility that the administrative conduct under question may cause serious damage or harm. The petitioner has the obligation to provide the necessary evidentiary elements that prove the existence of serious damages and harms, with case law being consistent in indicating this as a basic prerequisite for the precautionary measure to prosper. In the present case, not a single suitable evidentiary element was provided showing what the serious damage is, as required by the cited numeral 21 of the CPCA. The precautionary application is completely devoid of evidentiary support; it does not meet this requirement. Balancing of interests at stake, in the specific case, there is a superior public interest that prevents granting the precautionary protection; the Executive Decree sought to be suspended regulates a law, the Wildlife Conservation Law No. 7317. It cannot be overlooked that we are faced with an administrative act whose objective is wildlife conservation with the implications it entails (Article 50 of the Political Constitution) and the Administration's obligation to apply the law and its regulations under the principle of legality, by virtue of the fact that it is responsible for its control and oversight; it is also based on the Law Ratifying the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (No. 5605); Article 12 of the Wildlife Conservation Law (No. 7317); Article 22 of the Biodiversity Law (No. 7788); Articles 6, subsection d), 27, subsection 1) of the General Law of Public Administration (No. 6227) and the Animal Welfare Law (No. 7451). Thus, there is a superior good that must be protected, which is the protection of the environment and thereby guarantee the right to health and life, by virtue of the fact that we cannot forget that “the preservation and protection of the environment is a fundamental right, and it is the obligation of the State to provide that protection, whether through general policies to achieve that end or, through specific acts by the Administration” (Constitutional Chamber, voto N° 3341-96). In any case, given the absence of proper accreditation of the first two prerequisites, the prevalence of the public interest over the unfounded assessments of the plaintiff is unquestionable.- IV. IN GENERAL REGARDING THE REQUIREMENTS NECESSARY FOR THE GRANTING OF A PRECAUTIONARY MEASURE. Case law has broadly developed the purpose of precautionary justice, which responds to the need to guarantee the constitutional principle of prompt and complete justice, by preserving the indispensable real conditions for the issuance and execution of the judgment. In this sense, Article 19 of the Contentious Administrative Procedure Code establishes that the purpose of imposing a precautionary measure is to protect and guarantee, provisionally, the purpose of the proceeding and the effectiveness of the judgment. Based on the foregoing, the adjudicator, observing the provisions of Article 21 of the indicated procedural norm, must determine the admissibility of a request for a precautionary measure, verifying to this effect that the claim of the ordinary proceeding is not reckless or, in a manifest way, lacking in seriousness, which constitutes a preliminary assessment of the merits to determine if, in the case at hand, what doctrine and case law have called the appearance of good law or fumus boni iuris exists. The norm under analysis also establishes the admissibility of the precautionary measure when the execution or continuation of the conduct subjected to proceedings produces serious damages or harms, current or potential, a situation that has been defined in doctrine as periculum in mora or danger in delay, that is, that by virtue of the pathological delay of the judicial proceeding, there is a current, real, and objective danger that serious damage will be generated to the petitioner. Along the same line of thought, Article 22 of the Contentious Administrative Procedure Code establishes the obligation of the adjudicator to carry out, in light of the principle of proportionality, a balancing of the interests at stake between the circumstance of the individual, on one hand, and the public interest, on the other, as well as the interests of third parties that may be affected by the adoption of the precautionary measure.- V. REGARDING THE SPECIFIC CASE. Based on the foregoing, a study is conducted of the elements required in Articles 21 and 22 of the Contentious Administrative Procedure Code for this precautionary request, in accordance with the parties' arguments and the evidentiary elements provided to the file, noting that it is the procedural burden of the interested party to prove the statements made in support of its claims, under the terms of 41.1. of the Civil Procedure Code, applied supplementarily in accordance with Article 220 of the Contentious Administrative Procedure Code. Regarding the testimonial evidence offered, the petitioner offers testimonial evidence from the representative of the Association, so that he may refer to the effects on the Association and its members, however, expressly in section VIII. Damages Caused, it waives the compensation for damages; it also offers a regent from SINAC, who, through a technical criterion, will refer to the unfeasibility of the challenged regulation and its non-application; two people to present their technical criterion regarding the application of the norm. From this offer, this Adjudicator considers that the witnesses were proposed for the ordinary proceeding, as observed from the brief, and in any case, the record contains sufficient elements to resolve the merits of the present precautionary measure, and consequently, this evidence is not received for the reasons outlined, being rejected for this instance. 1. Appearance of good law, from the analysis of the precautionary request, it is observed in a preliminary manner that the theory of the case set forth is reasonably substantiated in such a way that, without entering into a value judgment on the merits, which is not proper for this precautionary proceeding, it is considered that the action filed is not reckless or lacking in seriousness, that is, the element of appearance of good law is met, as it is susceptible to being heard in an ordinary proceeding, given that the analysis of the merits transcends the powers of the precautionary resolution. Regarding the arguments made regarding the Association, in a consultation carried out today on the website of the National Registry, it is determined that it is registered. 2. Serious, current, or potential damage or harm to the legal situation of the petitioner. In this regard, the petitioning association indicates that it and its members have had the right acquired for years to develop the purpose and aims of the association, contributing to the environment, environmental education, environmental preservation among other aspects and, furthermore, that with this they bring their daily sustenance to their homes as it constitutes their means of subsistence, for which they have been permit holders of MINAE, and that the application of the questioned Regulation prevents the associated permit holders from continuing to obtain their source of income; this must be protected at the precautionary level to avoid damage to those who are suffering it and those who will suffer it, since the majority of the members do not have parallel economic activities that generate any income other than the one they were developing before the Regulation was applied. If the suspension of the challenged administrative act is not decreed, we would be facing very serious and irreparable damages in times of a global pandemic. On this matter, there is no specific offer of evidence for the precautionary measure, but there is for the ordinary proceeding: 1- Legal status proving that Luis Fernández Morales Rodríguez is the legal representative of the Association VITA EX SITU. 2.- Special power of attorney (in the precautionary measure file, images 76 to 79). 3.- Compact disc containing the file for the preparation of the challenged regulation and other documentary evidence pertinent to the case, consisting of: 1.- Legal Status Vita-Ex situ, 2.- Criteria: a.- Analysis of the sale and possession of wild animals. Analysis of the articles of Law 7317 that allow the sale of animals from captive breeding (zoocría) to individuals. b.- Legal Criterion on Mascotization. The scope of the concept of "mascotization" in the Costa Rican legal system. c.- Veterinary Criterion. Analysis of the scope of Mascotization and environmental education with direct contact. d.- CVSBCR-003-2017 official letter. Criterion of the Wildlife Commission of the CBCR on the Analysis of the Exhibition Category and scope of mascotization according to the Wildlife Conservation Law. e.- CBCR-JD-048-2017 A 11-so4-2017 official letter Legal Criterion NO AL-008-2017, Criterion on SINAC's interpretation when renewing the permits for Sites under the exhibition category, requesting a change to zoo. f.- CBCR-JD-049-2017 official letter Criterion on the term Mascotization. g.- Analysis of Aquarium Legislation. Possible abuse of authority of the Regulation. h.- What is CITES? PDF describing what CITES is. i.- Wildlife Criterion Criterion of Biologist Jimmy Mata. 3. File for the preparation of the Regulation Executive Decree File 40458-MINAE File consisting of 9 fields where the data on how Executive Decree No. 40458-MINAE was prepared are recorded. Matrices: a. ASBIOP S.A, Environmental and Wildlife Consultants-Regents Analysis of the Regulation to the LCVS regarding its impact on different sectors. b. Worksheet on the RLCVS Legal, Technical-Scientific, and Social Considerations on the Regulation to Law 7317. c. Regulation Matrix Analysis between the articles of Law 7317 and the Regulation and their social impact. d. Observations on the proposed Regulation to the Wildlife Conservation Law pdf Document sent to the Vice Minister of MINAE on December 9, 2016, where the problems detected in the Regulation are analyzed and a proposed change is prepared. e. CBCR Observations on the Wildlife Regulation 2017 Official letter CBCR-JD-056-2017, with observations from the Colegio de Biólogos de Costa Rica on various articles of the Regulation to Law 7317. f. Observations from actors not considered in the creation of the new regulation. Discussion forum on the Proposed Regulation to the Wildlife Conservation Law. g. REGULATION OBSERVATIONS SECM Analysis of some articles of the proposed Regulation. h. Response to the public consultation on the LCVS Regulation 20161025 Analysis of the proposed Regulation to Law 7317. 5. Minister's response to the observations on the Regulation and analysis thereof. a. PDF DM-583-2017 Official Letter Considerations on the observations made by the CBCR to the Regulation to Law 7317. b. ASBIOP S.A. Observations Excel document analyzing the veracity of Official Letter DM-583-2017. 6. CONAVIS Meetings and Workshops: a. PDF National Wildlife Commission Meetings Data taken from the file for the preparation of the Regulation to Law 7317. b. PDF Workshops for the Preparation of the Regulation Data taken from the file for the preparation of the Regulation to Law 7317. c. PDF Other documents to consider. Data taken from the file for the preparation of the Regulation to Law 7317. 7. SINAC Directives and Official Letters: a. PDF SINAC-DE-860-2018 The non-application of the articles of the Regulation to Law 7317 that are challenged before the Constitutional Chamber. b. PDF SINAC-DE-409-2019 Application of the articles of the Regulation to Law 7317 that are challenged before the Constitutional Chamber. c. PDF SINAC-DE-436-2020 Guidelines and general recommendations for wildlife management sites in light of the Coronavirus (COVID-19) health alert and mechanism for assisting the operations of wildlife management sites. d. PDF SINAC-ACC-VS-04-2020 The permit holder must change the category from exhibition to zoo as the Regulation dictates. e. PDF SINAC-ACAHN-SCH-154-2020. Update of the Management Plan adjusting to the new Regulatory Norm. f. PDF SS-117-2020 Adjust to the Regulation, change category, and regent biologist. 8. COVID-19: a. PDF COVID-19 Document without official letter number dated April 28, 2020, regarding "IMPACT OF COVID-19 ON WILDLIFE MANAGEMENT SITES." Addressed to Minister Carlos Manuel Rodríguez. b. Costs of Feeding Animals at the Sites of the Vita-Ex situ Association. Report from the Sites that make up the Association on their costs for feeding the fauna in their custody. c. PDF DM-0485-2020 Minister's response to the COVID-19 document. 9. SINAC Resolution ACC-OSJ-VS-005-2018 denying the guidelines for the Serpentario Exhibición Cultural Movil. 10. Official letter from Dr. Olga Esquivel Rivera certifying that Pharmacists can manage their own pharmacies. 11.- Official letter from Dr. Laura Loaiza Chacón certifying that veterinarians can manage their own clinics. 12.- Official letter from Mr. Luis Fernando Ramírez Ramírez certifying that agronomists can manage their own projects. The compact disc provided contains the following documentary evidence: 001- CERTIF 001- EXPEDIENTE LEY CONSERV VID SILV.pdf, 002- EXPEDIENTE- LCVS 0001-3482 parte 1, 002- EXPEDIENTE- LCVS 0001-3482.pdf, 003- Articles of Association, 004- Report on representatives, 005- Cause of extinction for non-renewal of the governing body, 006- Deed of appointment of Junta Directiva 2025, 007- DMR-DAR-INF-087-2017, 008- Conformation of CONAVIS and letters of support for RLCVS, 009- Management Site Ordinance Plan Fiscalía General de la República FGR-451-2020, 010- HEMS Risks Official Letter, 011- Directives for the use of Ex situ Management for the Conservation of species of the Species Survival Commission, 012- National Registry of wildlife management sites-2nd semester 2024, 013- Management sites that adjusted to the Regulation to the Wildlife Conservation Law, 014- List of exotic ornamental species SENASA DG R44-2021, 015- List of domestic species SENASA DG R45-2021, 016- List of exotic ornamental species SENASA DG RO32 2024 Resolution Exotic Ornamentals, 017- Chamber Voto 0031-0007-235888497-5648-F, 018- Precautionary measure declared without merit 9999-1027-885285333-1725-F, 019- Cultural mobile serpentarium Voto 18009670-0007CO, 020- Voto 2018-2844 February 21, 2018, 021- Delivery of report SINAC-SE-CUSBSE-108-2025, 022- Technical report for response to the Contentious Administrative Proceeding Against RLCVS and DAJ-MINAE-0398-2025. Analysis of the evidence, what has been provided and offered is directed at resolving the matter on the merits, the petitioner simply argues the existence of damage but does not provide evidentiary elements to demonstrate said damage or current or potential harm as described in its precautionary measure brief, nor does it determine a causal link. It must be considered in this regard that for the granting of a precautionary measure, its demonstration through suitable evidence is necessary, and it is not enough to allege the existence of serious damage or harm, and in the instant case, I reiterate, there is no evidence that allows identifying any current or potential damage in the private sphere of the petitioner and that eventually, allows establishing any level of seriousness; as stated at the beginning of this whereas clause, evidence is a procedural burden assumed by the interested party, as provided by Article 41.1. of the Civil Procedure Code applied supplementarily in accordance with Article 220 of the Contentious Administrative Procedure Code. It even points out that there are members who have parallel economic activities that generate income for them, and regarding the others, it omits to demonstrate the damage. By virtue of the foregoing, it is concluded that the mentioned legal prerequisite is not verified. 3. Balancing of the interests at stake, the admissibility of a precautionary measure of this nature is preceded by the simultaneous fulfillment of the three legal requirements, and in this case, the alleged serious damage or harm has not been proven, so a non-existent damage or harm cannot be weighed against the public interest; therefore, this public interest must be protected as there is an effective act of the Administration that has not yet been overturned, and granting the precautionary measure would imply fully suspending the regulations of the Regulation to the Wildlife Conservation Law No. 40548, which regulates wildlife conservation, an environmental matter of constitutional protection. Consequently, as all the necessary legal prerequisites are not concurrently met, the requested precautionary measure is declared without merit. Resolved without special condemnation for costs.- THEREFORE The requested precautionary measure is declared WITHOUT MERIT. Resolved without special condemnation for costs.- Notify. Ana Katarina Apú Hidalgo. Judge.- - Verification Code - PV2UV7ZOFK461 Document signed by: ANA KATARINA APÚ HIDALGO, PROCESSING JUDGE EXP: 20-002863-1027-CA Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected] It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 12:20:24. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República