Res. 04613-2025 Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV — Municipal duty to oversee construction and liability for continuous damagesDeber de fiscalización municipal de construcciones y responsabilidad por daños continuados

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV

Resolución Nº 04613 - 2025

Fecha de la Resolución: 16 de Mayo del 2025 a las 12:48

Expediente: 11-007406-1027-CA

Redactado por: Alexandra Zúñiga Mora, Felipe Córdoba Ramírez, Judith Reyes Castillo

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias del mismo expediente


Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

11-007406-1027-CA - 6




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR/A:

	

LIAN TSAFRIR SHUTALEVA




DEMANDADO/A:

	

CONSTRUCCIONES KMC, S.A.

 

 N° 2025004613

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN CUARTA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las doce horas con cuarenta y ocho minutos del dieciseis de Mayo del dos mil veinticinco.-

 

Proceso de conocimiento incoado por el señor SHON SHAI TSAFRIR, de un solo apellido en razón de su nacionalidad israelí, quien es mayor de edad, en unión de hecho, comerciante, cédula de residencia N° 137600017713; la señora OLGA SHUTALEVA, de un solo apellido en razón de su nacionalidad rusa, quien es mayor de edad, en unión de hecho, encargada de recursos humanos, cédula de residencia N° 164300010514 y LIAN TSAFRIR SHUTALEVA, quien es menor de edad, cédula de identidad N° 1-1989-0142, esta última representada por los dos primeros en ejercicio de la patria potestad, todos vecinos de San José, Guachipelín de Escazú, de “Plaza Mundo” 250 metros norte, “Urbanización Quintanar”, cédula de residencia N° 164300010514, contra el ESTADO, representado por el señor Procurador Adjunto Esteban Alvarado Quesada, quien es mayor de edad, soltero, abogado, vecino de Cartago, documento de identidad que no se indica; la MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ, cédula de persona jurídica N° 3-014-042050, representada por sus apoderados especiales judiciales, Carlos Alberto Herrera Fuentes, soltero vecino de San José, Hatillo Siete, cédula de identidad N° 1-1037-0686; Carlos Andrés Canales Sáenz, vecino de Alajuela, cédula de identidad N° 1-902-922, Gisselle Ulloa Sasso, cédula de identidad N° 1-1118.0194 y Patricia Chaves Bermúdez, vecina de San José, Tibás, cédula de identidad N° 1-905-595, todos mayores de edad, y abogados, los últimos tres además, casados; y las empresas denominadas GRUPO MERIDIANO DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica 3-101-328345, representada por su Presidente, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, señor León Mayer Giberstein, quien es mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, cédula de identidad N° 1-543-944; CONSTRUCCIONES KMC, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-371124, representada por su presidente, con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma, señor    Alfonso Amador Brenes, quien es mayor de edad, casado una vez, ingeniero civil y master en administración de empresas, cédula de identidad N° 1-828-111; GRUPO ROBLE INTERNACIONAL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-156545, representada por su apoderado general judicial, señor Carlos Eduardo Villalobos Soto, quien es mayor de edad, abogado, vecino de San José, Centro Corporativo Plaza Roble, edificio Los Balcones B, primer piso, cédula de identidad N° 1-0913-2014 y PARQUE CENTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-109007, representada por su apoderado generalísimo sin límite de suma, señor Mauricio Adolfo Castro Fernández, quien es mayor de edad, Ingeniero Civil, casado una vez, vecino de San José, Escazú, San Rafael, Centro Corporativo Plaza Roble, edificio Los Balcones B, primer piso, cédula de identidad N° 8-117-228. Interviene en carácter de apoderado especial judicial de los actores, el señor Manuel Enrique Ventura Rodríguez, quien es mayor de edad, casado una vez, abogado, cédula de identidad N° 1-1005-0095. Intervienen en ese mismo carácter, esto en representación de la empresa denominada Grupo Meridiano de Centroamérica Sociedad Anónima los señores David Gutiérrez Swanson, quien es mayor de edad, casado en segundas nupcias, abogado, cédula de identidad N° 1-810-442; Luis Alonso Ortiz Zamora, quien es mayor de edad, casado en segundas nupcias, abogado, cédula de identidad N° 1-923-761, Esteban Alfaro Calderón, quien es mayor de edad, casado, abogado, cédula de identidad N° 1-1190-455 y el señor Francisco Obando León, quien es mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad N° 1-1041-0390. Así mismo, interviene en su condición de apoderado especial judicial de la empresa denominada Construcciones KMC Sociedad Anónima, el señor Benjamín Gutiérrez Contreras, quien es mayor de edad, casado una vez, abogado, portador de la cédula de identidad N° 1-847-905. Finalmente, interviene en su condición de apoderado especial judicial de las empresas denominadas Grupo Roble Internacional de Costa Rica Sociedad Anónima y Parque Central Sociedad Anónima, el señor Esteban Alfaro Calderón, quien es mayor de edad, casado, abogado, cédula de identidad N° 1-1190-455. Por otra parte, interviene el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA el calidad de coadyuvante activo en defensa de los intereses de la menor Lian Tsafrir Shutaleva, institución que se encuentra representada por las Apoderadas Generales Judiciales, señora Victoria Matarrita Pérez, quien es mayor de edad, divorciada, vecina de San José, cédula de identidad N° 1-469-565 y la señorita Marjorie Benavides González, quien es mayor de edad, soltera, abogada, vecina de Heredia, cédula de identidad N° 1-1033-0437.-

RESULTANDO:

1.- Que por escrito de demanda presentado a estrados judiciales el día 22 de diciembre del 2011, en relación con lo resuelto en la audiencia preliminar, en lo que fue celebrada el día 19 de marzo del 2014, los actores accionaron en contra de la Municipalidad de Escazú, el Estado y las sociedades indicadas en el encabezado del presente fallo, para que en sentencia se declare como sigue: "l. (…) que el conjunto de acciones y omisiones realizadas por la Municipalidad de Escazú, el Estado, KMC Construcciones, S.A., Grupo Meridiano de Centroamérica, S.A., Grupo Roble Internacional, S.A., Parque Central, S.A. causaron daños a la propiedad privada, daños a la salud, daños a la niñez, daño moral y pérdida de ingresos al señor Shon Shai Tsafrir. / 2. Que se declare que como consecuencia de las acciones y omisiones llevadas a cabo por la Municipalidad de Escazú, el Estado, KMC Construcciones, S.A., Grupo Meridiano de Centroamérica, S.A., Grupo Roble Internacional, S.A., Parque Central, S.A., el señor Shon Shai Tsafrir padece actualmente de trastornos depresivos y de pánico que le obligan a estar medicado a largo plazo. / 3. Que se declare que la Municipalidad de Escazú, el Estado, KMC Construcciones, S.A., Grupo Meridiano de Centroamérica, S.A., Grupo Roble Internacional, S.A., Parque Central, S.A. deben ser condenados, y solicita se les condene, al pago de los daños y perjuicios concretizados en los trastornos depresivos y de pánico". / 4. Que se declare que la Municipalidad de Escazú, como consecuencia de la aprobación de un Plan Regulador que permitió el desarrollo de edificios en altura al lado de la casa de Shon Shai Tsafrir, Olga Shutaleva y Lian Tsafrir Shutaleva, de no haber atendido las solicitudes hechas por las citadas personas de supervisar debidamente las construcciones, de tolerar actuaciones que afectaban el bienestar y la salud de las personas citadas anteriormente, les causó daños y perjuicios, a su propiedad privada, a su salud, a la niñez, daño moral y pérdida de ingresos al señor Shon Shai Tsafrir. / 5. Que se declare que el Estado, al no cumplir con el deber jurídicamente exigible de proteger el derecho a la salud de Shon Shai Tsafrir, Olga Shutaleva y Lían Tsafrir Shutaleva y de permitir que su salud se fuera descomponiendo, al permitir que la señora Shutaleva tuviera condiciones que afectaban su bienestar durante el embarazo, permitiendo que Lían Tsafrir Shutaleva tuviera que nacer en un ambiente adverso como consecuencia de las construcciones, les causó daños y perjuicios, a su propiedad privada, a su salud, a la niñez, daño moral y pérdida de ingresos al señor Shon Shai Tsafrir. / 6. Que se declare que KMC Construcciones, S.A., al realizar obras de construcción que irrespetaban y no cumplían con los deberes de mínimos y básicos para evitar molestias e incomodidades a Shon Shai Tsafrir, Olga Shutaleva y Lían Tsafrir Shutaleva, les causó daños y perjuicios, a su propiedad privada, a su salud, a la niñez, daño moral y pérdida de ingresos al señor Shon Shai Tsafrir; / 7. Que se declare que Grupo Meridiano de Centroamérica, S.A., al construir un megaproyecto a escasos metros de la vivienda de Shon Shai Tsafrir, Olga Shutaleva y Lían Tsafrir Shutaleva, les generó daños estructurales a su vivienda y a su salud, causándoles daños y perjuicios a su propiedad privada, a su salud, a la niñez, daño moral y pérdida de ingresos al señor Shon Shai Tsafrir; / 8. Que se declare que Grupo Roble Internacional, S.A. y Parque Central, S.A., son parte del mismo grupo de interés económico, y que, al construir un mega proyecto a escasos metros de la vivienda de Shon Shai Tsafrir, Olga Shutaleva y Lían Tsafrir Shutaleva, les generó daños estructurales a su vivienda y a su salud, causándoles daños y perjuicios a su propiedad privada, a su salud, a la niñez, daño moral y pérdida de ingresos al señor Shon Shai Tsafrir; / 9. Que se condene a la Municipalidad de Escazú al pago de los daños y perjuicios causados en perjuicio de Shon Shai Tsafrir, Olga Shutaleya y Lían Tsafrir Shutaleva, incluyendo los intereses generados; / 10. Que se condene al Estado al pago de los daños y perjuicios causados en perjuicio de Shon Shai Tsafrir, Olga Shutaleva y Lían Tsafrir Shutaleva, incluyendo los intereses generados; / 11. Que se condene a KMC Construcciones, S.A., al pago de los daños y perjuicios causados en perjuicio de Shon Shai Tsafrir, Olga Shutaleva y Lían Tsafrir Shutaleva, incluyendo los intereses generados; / 12. Que se condene a Grupo Meridiano de Centroamérica, S.A., al pago de los daños y perjuicios causados en perjuicio de Shon Shai Tsafrir, Olga Shutaleva y Lían Tsafrir Shutaleva, incluyendo los intereses generados; / 13. Que se condene a Grupo Roble Internacional, S.A., al pago de los daños y perjuicios causados en perjuicio de Shon Shai Tsafrir, Olga Shutaleva y Lian Tsafrir Shutaleva incluyendo los intereses generados; / 14. Que se condene a Parque Central, S.A., al pago de los daños y perjuicios causados en perjuicio de Shon Shai Tsafrir, Olga Shutaleva y Lian Tsafrir Shutaleva, incluyendo los intereses generados; / 15. Que los daños y perjuicios serán liquidados en ejecución de sentencia, en el supuesto que el monto correspondiente no pueda ser establecido durante el trámite del proceso; / 16. Que se condene a las demandadas al pago de ambas costas de la presente demanda; / 17. Que se condene a todos los demandados al pago de daño moral causado". Durante la celebración de la audiencia preliminar celebrada el día 19 de marzo del 2014, el representante de los accionantes indicó que lo que se peticiona a título de daño moral, habría de entenderse dividido en objetivo y subjetivo, (sobre la existencia del daño moral objetivo no existe mención alguna en el escrito de demanda). Además, se precisó que en cuanto a los daños y/o perjuicios, los mismos corresponden con los enunciados en otro aparte del escrito de demanda, a folio 48 (lo que habría resultado innecesario si existiese claridad en la misma). También se aclaró en relación con la pretensión identificada con el N° 3, que solo refiere a daños sufridos por el señor Shon Shai Tsafrir. Conforme el texto de la demanda entonces, sobre los daños que se reclaman se tiene que con causa en las acciones y/u omisiones que se reprochan en los demandados (hechos del I al XXXV) se les debe condenar al pago de una suma de dinero global para todos los accionados y la misma causa, de los daños y/o perjuicios, identificados así: "1. Daños a la propiedad privada. La casa de habitación de la familia Tsafrir sufrió pérdida de valor, daños estructurales en sus paredes y muros, acumulación de humedad y daños a la piscina. Adicionalmente se vieron obligados a reforzar ciertas paredes para evitar su colapso, a elevar el muro de la parte trasera y a colocar sarán para privacidad. / 2. Daños a la salud. La familia Tsafrir es objeto de depresión crónica, grado muy alto y grave de estrés, y pérdida excesiva de peso, problemas de concentración y memoria, disminución de energía (letargia), para la cual han tenido que asumir numerosos y altos costos médicos y tratamientos con medicamentos. Además, padecen de contracturas musculares crónicas a nivel de espalda y cuello, e inflamación del nervio ciático que debe tratarse con terapia física antiestrés (sic). El señor Tsafrir, asimismo, tuvo afectada su dentadura, en razón de la tensión a la que fue sometido. / 3. Daños a la niñez. La menor de edad, Lian Tsafrir Shutaleva, padece de trastornos emocionales y debe tratarse con terapia infantil y familiar, lo cual se traduce en costos médicos y medicinales. / 4. Daño Moral. El daño moral consiste en el sufrimiento acumulado de la familia Tsafrir a lo largo de más de cuatro años, al ver su vida familiar, su casa de habitación, sueños e ilusiones, desmoronarse y descomponerse día a día. Adicionalmente, la familia Tsafrir no sabe si se podrá recuperar (sic) anímica y emocionalmente de lo sucedido y sabe que su salud y psiquis no volverán a ser las mismas. / 5. Pérdida de ingresos desde octubre del año 2006 hasta el día de hoy e ingresos futuros. El señor Tsafrir, dada su condición médica y emocional, se vio imposibilitado a seguir trabajando. La señora Shutaleva perdió su trabajo como consecuencia de la crisis emocional a la que se vio objeto. / Los daños y perjuicios listados son causados directamente por las actuaciones y omisiones administrativas del Estado y la Municipalidad de Escazú, así como de los demás demandados privados, y se estiman prudencialmente en la suma de $4.680.000.00 (cuatro millones seiscientos ochenta mil dólares de los estados unidos de américa)". También durante la audiencia preliminar y con alguna falta de rigor en términos de orden y claridad, y con la concurrencia del Juez Tramitador, se indicó que no obstante los daños que se pedían resarcir y que fueron cuantificados se encuentran a folio 48, se incluían los daños a que refiere la demanda a folios 13, 14, 15 y 16, en que obra un texto extenso como la demanda misma, que refiere a los apartados que los demandantes denominaron "introducción", "antecedentes" y "consecuencias de las construcciones" expresado esto de modo general. Frente a esto, el Juez Tramitador tuvo por efectuada esa “aclaración”. Dichos folios habrían de corresponder en buena técnica jurídica procesal al fundamento de la demanda, y haciendo un esfuerzo al respecto, se habla de lo siguiente: "Depresión crónica, ansiedad, ataques de pánico, impotencia y desesperación de los integrantes de la familia Tsafrir. La situación de constante y permanente ruido (contaminación acústica) contaminación ambiental, basura, así corno molestias generadas por las construcciones tuvieron como consecuencia efectos físicos y psicológicos nocivos para el grupo familiar que habita la casa. Todo lo anterior provocó que el señor Tsafrir generara una depresión crónica, caracterizada por agresividad, tensión, irritabilidad, ataques de pánico, perturbación del sueño, del descanso y de la relajación, y lo más grave, creando estados de cansancio y tensión severos que degeneraron en enfermedades del sistema nervioso con una pérdida excesiva de peso; el señor Tsafrir aún mantiene esos síntomas y es difícil prever su recuperación al estado mental y físico que ostentaba antes. La señora Shutaleva presentó también una condición de depresión, así como ansiedad e irritabilidad. En igual sentido, ella tuvo que soportar las molestias de la construcción durante su estado de embarazo y después de haber dado a luz. Como consecuencia de esto, su hija presenta condiciones de enojo y patrones de inestabilidad emocional, resultado de las condiciones que soportaron sus padres y del entorno de estrés vivido desde su nacimiento. / Torcedura y curveo de las paredes externas traseras de la casa de habitación de la familia Tsafrir. El movimiento de tierras, la compactación del terreno a ser construido, las vibraciones y la acumulación de aguas provocada en la parte posterior de la casa del señor Tsafrir, causó que las paredes traseras se curvearan peligrosamente hacia el interior de la vivienda, resquebrajándose en varios puntos de la misma. Estas paredes y muro dañados podrían caer en cualquier momento. / Pérdida de altura real de la pared posterior de la casa de habitación de la familia Tsafrir. Las construcciones realizadas en la parte trasera de la casa de habitación de la familia Tsafrir elevaron el nivel del suelo (en la calle pública "El Barro"), teniendo como consecuencia que la pared posterior perdiera aproximadamente entre uno y dos metros de altura; cualquier persona podría entrar fácilmente a la casa debido a la pérdida de altura suficiente de la tapia o incluso observar a sus habitantes. / Separación de paredes con el Condominio Los Olivos. La vibraciones generadas por la compactación de los suelos que componen la Calle El Barro causaron que los cimientos que unían a las paredes de la casa de habitación del señor Tsafrir con el colindante Condominio Los Olivos se separaran; posteriormente, la acumulación de aguas de lluvias filtradas como consecuencia de lo anterior, causaron peligrosas acumulaciones de humedad que subsisten al día de hoy. / Destrucción de las tuberías de la piscina. Los movimientos de tierra y la compactación de los terrenos ubicados en la parte trasera de la casa de habitación de la familia Tsafrir provocó la ruptura de las tuberías subterráneas de la piscina; su reparación implica la demolición de la estructura existente. / Calentamiento de la casa de habitación. Estas construcciones enormes provocaron que la casa sufriera variaciones de temperatura, causando enormes molestias a la familia Tsafrir. / Cambio en las condiciones de las corrientes de los vientos. El viento, al pasar entre los edificios provoca un fenómeno de doble envergadura, es decir, generaron un fenómeno grave de "vacío -rebote y eco" en la casa lo cual resulta muy molesto para sus habitantes, por un lado; y por otro, un fenómeno de turbulencias graves de los vientos sobre y alrededor de la estructura de la casa (viento viene como en efecto túnel causando remolinos de viento en la casa). / Efecto bote de basura. Este fenómeno causado por la construcción de estos mega edificios y el cambio en la dirección y fuerza de los vientos por la ubicación de las torres, provocó que la casa de la familia Tsafrir se convirtiera en el bote de basura de la zona, de especial gravedad durante los años de las construcciones debido a que las bolsas de cemento, polvo de cemento y estereofón, facturas y otros tipos de basura caían constantemente en el jardín y en la piscina de su casa. / Peligro de desprendimientos. Constantemente, a lo largo de las construcciones desarrolladas en la parte trasera de la casa de habitación de la familia Tsafrir, grúas aéreas con pesados materiales de construcción, transportaban materiales pesados por encima de la casa y del jardín; dicha situación causaba angustia y temor en los habitantes de la casa, sin la posibilidad de utilizar el patio trasero ni la piscina por miedo a que ocurriera un accidente con alguno de los materiales que transitaban por sus cabezas constantemente. / Efecto sombra. Las construcciones tuvieron como consecuencia la creación de una sombra que los mismos edificios producen sobre la casa de la familia Tsafrir, por estar rodeada como una isla por estas edificaciones de gran magnitud; se acabó para esta familia la posibilidad de tener las cantidades de luz y brillo de un atardecer y un amanecer de las que gozaban en su casa con anterioridad a los hechos, así como se acabó la vista que existía y disfrutaban anteriormente. / Efecto eco. Las construcciones también tuvieron como consecuencia que se originara un grave efecto de eco que se escucha desde su casa; cualquier ruido cercano se magnifica de forma estruendosa en la casa de habitación de la familia Tsafrir. / Cierre de ventanas, cortinas y puertas durante más de tres años. La enorme cantidad de polvo generó el cierre de ventanas y puertas de toda la casa, especialmente las del jardín, para evitar mayores problemas en las vías respiratorias, alergias y efectos similares, ya que la casa se ensuciaba en exceso debido a las construcciones y el nivel altísimo de polvo y polvo de cemento en el aire. Esto causó que la familia Tsafrir tuviera que vivir encerrada y a oscuras por más de tres años. Igualmente, las cortinas, sobretodo de las habitaciones, tuvieron que permanecer cerradas durante cuatro años, para poder tener privacidad en lo más íntimo del hogar. Actualmente, las cortinas de la habitación principal deben permanecer    cerradas, pues de lo contrario, los edificios de oficinas de Grupo Roble Internacional, S.A. podrían ver dentro de la habitación de los señores Tsafrir. / Ruidos y molestias desproporcionados producto de tres construcciones desarrolladas al mismo tiempo. Como claramente se puede desprender, una obra constructiva genera una serie de consecuencias importantes para cualquier vecino. Efectivamente, implica un movimiento de tierras, genera cantidades considerables de polvo, hay mucho ruido de por medio, incluidos otro tipo de molestias como la presencia de camiones y trabajadores. Indudablemente, estar próximo a una construcción ya de por sí genera una serie de molestias e incomodidades notables. Sin embargo, en el caso de la familia Tsafrir, ellos fueron objeto y fueron víctimas de las molestias severas de tres construcciones de mega obras y un gran parqueo construido atrás de Torre Meridiano, a escasos 5.80 metros de su casa. / Construcción de estacionamientos para vehículos. El Grupo Roble Internacional, S.A. y Grupo Meridiano de Centroamérica, S.A. construyeron estacionamientos para vehículos, separados únicamente por la Calle El Barro, a escasos 5,80 metros de la casa de habitación de la familia Tsafrir. Los estacionamientos operan desde tempranas horas de la mañana hasta entradas horas de la noche, con vehículos cuyas alarmas se activan y causan ruidos molestos en la casa; igualmente, los postes de luz instalados en los parqueos iluminan la casa de habitación de la familia Tsafrir, restándoles privacidad, comodidad en su hogar y la posibilidad de descansar. / Ventiladores industriales para los estacionamientos subterráneos. Grupo Roble Internacional, S.A. colocó doce (12) ventiladores industriales, para hacer circular el aire de sus estacionamientos subterráneos, en la parte posterior del Condominio Los Olivos y de la casa de la familia Tsafrir; estos ventiladores funcionaban constantemente causando ruidos ensordecedores, impidiendo estar tranquilamente en la casa de la familia Tsafrir. Estos ruidos impedían dormir durante noches enteras sin poder siquiera tener paz, tranquilidad y descanso en su propia casa y menos aún en su jardín. / Conversión de lote residencial en parqueo y depósito industrial. Otro problema grave que se dio fue la instalación y operación de un parqueo que la Municipalidad de Escazú permitió que se localizara dentro de la Urbanización Quintanar en un lote de aproximadamente 2400 mts2 ubicado a tan sólo 20 metros lineales -al aire libre- de la casa de los señores Tsafrir. Este parqueo lo convirtieron luego en una gran bodega de materiales de construcción y maquinaria pesada, y peor aún, lo hicieron también un sitio o base de construcción y trabajos pesados sumamente ruidosos durante aproximadamente 4 años, causando serias consecuencias negativas de salud física y psicológica a los vecinos de este barrio, en especial para la familia Tsafrir que vivían a escasos metros de la misma. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinó esta situación, al indicar, en la sentencia 1745-2011, “que lotes de la urbanización que son de uso residencial están siendo utilizados como bodega y parqueo comerciales, sin que la Municipalidad lo fiscalice. Aún y cuando este Tribunal reconoce que este aspecto fue desestimado según resolución No. 2010-0269, en este amparo que resulta anterior al tramitado bajo expediente No. 09-9460-0007-CO, sobre este aspecto la autoridad recurrida aceptó lo acusado y aportó la notificación No. 2786 del 20 de mayo de 2009 en que la Municipalidad ordenaba a Grupo Roble que debía eliminar la bodega y el parqueo que construyeron de manera temporal en los terrenos de la urbanización Quintanar (…) actuación que resultó, para efectos de este estudio, con posterioridad a la notificación    del presente recurso (…), lo que implica que sí deba estimarse el presente amparo, al menos para efectos indemnizatorios, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional". En el reportaje de Teletica Canal 7, se puede apreciar cómo el denominado parqueo se encuentra lleno de materiales, al momento de su filmación en junio del año 2009; desde hacía muchos meses que se había solicitado que se vaciara el mismo, gestión que no tuvo éxito. Es importante señalar que dicho parqueo tenía un permiso temporal de tan sólo 6 meses, cuando en la realidad operó durante 4 años”. Finalmente y persistiendo la falta de claridad enunciada atrás, sobre la estimación de los daños, precisó la representación de los actores a solicitud del Juez Tramitador que el daño económico constituido por la pérdida de ingresos anteriores, daños a la propiedad, a la salud de la familia; y los daños "a la niñez" se estimaban en la suma de $2.000.000,°°; el daño moral en $1.000.000,°° y los perjuicios, constituidos por la pérdida del valor de la propiedad y la pérdida de ingresos a futuros en $1.680.000,°°. Luego y finalmente, durante la audiencia de juicio oral y público se dijo por parte del representante de las partes actoras que los importes de dinero que habrían de corresponder a la indemnización por los diversos daños que se reprochan, habrá de ser distribuida entre las partes demandadas, mientras que dicha responsabilidad, se requiere de modo solidario, sin que ni una ni otra cosa se mencione en la demanda.-

2.- Que conferido el traslado de ley a la representación del Estado, se pronunció ésta en oposición a la demanda en los términos del escrito presentado a estrados judiciales el día 14 de septiembre del 2012. En su defensa, fueron interpuestas las excepciones de prescripción, caducidad, cosa juzgada, falta de legitimación pasiva y falta de derecho. Además, solicitó que se declare sin lugar la demanda y se condene a los actores al pago de las costas.-

3.- Que conferido el traslado de ley a la Municipalidad de Escazú, su representación se pronunció en oposición a la demanda en los términos del escrito presentado a estrados judiciales el día 06 de junio del 2012. En su defensa, interpuso a título de excepciones en lo que resulta relevante, la prescripción, falta de legitimación y falta de derecho. Así mismo, solicitó que se declare sin lugar la demanda y se condene a los actores al pago de las costas.-

4.- Que conferido el traslado de ley a la representación de la compañía denominada "Grupo Meridiano de Centroamérica S.A.", su representación se pronunció en oposición a la demanda en los términos del escrito presentado a estrados judiciales el día 20 de julio del 2012. En su defensa, interpuso a título de excepciones en lo que resulta relevante, la de falta de legitimación activa y pasiva, así como la de falta de derecho. Así mismo,    solicitó que se declare sin lugar la demanda y se condene a los actores al pago de las costas.-

5.- Que conferido el traslado de ley a la representación de la compañía denominada "Construcciones KMC S.A.", se pronunció en oposición a la demanda en los términos del escrito presentado a estrados judiciales el día 05 de diciembre del 2012. En su defensa opuso las excepciones de falta de legitimación ad causam pasiva, prescripción, caducidad y falta de derecho. Así mismo, solicitó que se declare sin lugar la demanda y se condene a los actores al pago de las costas.-

6.- Que conferido el traslado de ley a la representación de las compañías denominadas "Grupo Roble Internacional de Costa Rica S.A." y "Parque Central S.A.", se pronunciaron en oposición a la demanda en los términos del escrito presentado a estrados judiciales el día 05 de octubre del 2012. En su defensa, interpuso a título de excepciones en lo que resulta relevante, la de falta de legitimación activa y pasiva, falta de derecho, prescripción y caducidad. Así mismo, solicitó que se declare sin lugar la demanda y se condene a los actores al pago de las costas.-

7.- Que conferido el traslado de ley al Patronato Nacional de La Infancia, su representación en defensa de los intereses de la menor identificada como Lian Tsafrir Shutaleva, se pronunció en carácter de coadyuvante activo en ese tanto, en los términos del escrito presentado a estrados judiciales en fecha que resulta ilegible vista la imagen 828 del expediente judicial.-

8.- Que la audiencia preliminar fue celebrada en tres tantos, los días 03 de septiembre del 2013, 19 de marzo del 2014 y 03 de junio del 2015.-

9.- Que en los términos de la resolución dictada por parte del Juez Tramitador dentro de la presente causa, al ser las 11:45 hrs. del 19 de noviembre del 2014 con el N° 3063-2014, fueron rechazadas las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y cosa juzgada.-

10.- Que la audiencia complementaria de juicio oral y público se celebró con la participación de la totalidad de las partes vinculadas en relación jurídico procesal los días 04, 08, 10 y 11, todos del mes de agosto del 2017, misma en que habiéndoseles escuchado en lo que corresponde a sus alegatos de apertura, fue evacuada la totalidad de la prueba en lo que así resultó procedente, fueron además escuchadas en lo que toca a sus alegatos de conclusiones y finalmente, fue dispuesto por este Tribunal dar al asunto el trámite previsto en el artículo 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo para asuntos muy complejos a los efectos del plazo previsto para el dictado de la presente sentencia.-

11.- Que conociendo el presente asunto por el fondo este Tribunal, dictó la sentencia identificada con el N° 79-2017-IV de las 14:40 hrs. del 01 de septiembre del 2017.-

12.- Que en conocimiento de recursos de casación interpuestos en contra de la sentencia dictada en la presente causa, en particular en lo que tal recurso fue interpuesto exclusivamente    por los aquí demandantes, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia dictó el Voto identificado con el N° 1717-F-S1-2021 de las 11:30 hrs. del 12 de diciembre del 2021, en los términos del cual, declaró parcialmente con lugar el recurso planteado por "Grupo Meridiano", presentado conjuntamente con "Grupo Roble" y Parque "Central", se casó la sentencia y ordeno el reenvío del asunto para que se resuelva lo que en derecho corresponda, esto en lo medular, por haber estimado que medió falta de fundamentación en la sentencia casada o en su caso, el esbozo de fundamentos confusos y/o poco claros, a lo que se habría sumado alguna omisión al resolver sobre la excepción de prescripción y caducidad.-

13.- Que pese la fecha del dictado del fallo de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia relacionado en el resultando 12 anterior, el presente asunto fue pasado a conocimiento de esta Cámara hasta el día 14 de febrero del 2022.-

14.- Que en observancia de lo dispuesto por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en los términos del Voto identificado con el N° 1717-F-S1-2021 de las 11:30 hrs. del 12 de diciembre del 2021, esta Cámara de Juzgadores dictó la sentencia identificada con el N° 41-2022-IV de las 10:55 hrs. del 22 de abril del 2022, en los términos de la cual, conforme su por tanto se dispuso lo siguiente: "Se rechaza la prueba para mejor proveer aportada por la representación de la compañía denominada Construcciones KMC S.A. Se rechaza la excepción de caducidad interpuesta por la representación del Estado, y las compañías denominadas Construcciones KMC Sociedad Anónima, Grupo Roble Internacional de Costa Rica Sociedad Anónima y Parque Central Sociedad anónima. Se acoge la excepción de prescripción en lo que la demanda fue dirigida en contra del Estado y la Municipalidad de Escazú exclusivamente por parte del señor Shon Shai Tsafrir y la señora Olga Shutaleva y en consecuencia, por improcedente se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos en ese tanto. Sobre el resto de las excepciones formuladas por estas partes demandadas por innecesario se omite pronunciamiento. Se rechaza la excepción de prescripción en lo que la demanda fue dirigida por la representación de la señorita Lian Tsafrir Shutaleva en contra del Estado, la Municipalidad de Escazú. Se rechaza la excepción de prescripción en lo que la demanda fue dirigida por la representación de la señorita Lian Tsafrir Shutaleva, el señor Shon Shai Tsafrir y la señora Olga Shutaleva, en contra de las compañías denominadas Grupo Meridiano de Centroamérica S A; Grupo Roble Internacional de Costa Rica S.A. y Parque Central S.A.. Se rechaza la excepción de cosa juzgada interpuesta por la representación del Estado. En lo que la demanda fue incoada por la representación de la señorita Lian Tsafrir Shutaleva en contra del Estado y a la Municipalidad de Escazú, se declara de oficio que media falta de legitimación en la causa activa respecto de daño económico que incluye daños a la propiedad y pérdida de ingresos, y los perjuicios; se rechaza la excepción de falta de legitimación, y se acoge parcialmente la excepción de falta de derecho, debiéndose entender denegada en todo lo expresamente concedido. Se condena a la Municipalidad de Escazú y al Estado al pago en favor de la señorita Lian Tsafrir Shutaleva, de la suma de diez millones de colones que deberá cancelar cada una de estas partes accionadas, sumas sobre las que deberán reconocer intereses al tipo legal, a ser computados partir de la firmeza del presente fallo y hasta su efectivo pago. En lo que la demanda fue dirigida por la representación de la señorita Lian Tsafrir Shutaleva, el señor Shon Shai Tsafrir y la señora Olga Shutaleva, en contra de las compañías denominadas Construcciones KMC S.A.; Grupo Meridiano de Centroamérica S A; Grupo Roble Internacional de Costa Rica S.A. y Parque Central S.A. se acoge la excepción de falta de derecho y en consecuencia se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Escazú al pago de ambas costas en favor de la señorita Lian Tsafrir Shutaleva, en lo demás, se dicta el presente sin especial condenatoria en costas. La determinación de lo correspondiente a las costas en lo que alguna parte haya sido condenada a su pago, se reserva para la fase de ejecución de sentencia".-

15.- Que interpuesto un recurso de casación por parte de la representación de las partes actoras (sin perjuicio de que también interpusieron dicho recurso, la representación del Estado y de la Municipalidad de Escazú), en los términos de la sentencia dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, identificada con el N° 002867-F-S1-2024 al ser las 09:54 hrs. del 19 de diciembre del 2024, dispuso lo que sigue: "Se acoge el recurso de casación formulado por la representación de la parte actora y, en consecuencia, se casa el fallo recurrido. Se rechaza la excepción de prescripción, salvo en lo que respecta a la primera parte de la pretensión cuarta, en cuanto los detrimentos irrogados se fundan en la acción de la Municipalidad de Escazú de aprobar un Plan Regulador que permitió el desarrollo de edificios en altura al lado de la casa de los actores. Se remite el expediente al Tribunal de origen, a fin de que se pronuncie sobre los daños reclamados por los tres actores".-

16.- Que en los procedimientos no se han observado nulidades que deban ser declaradas, y/o vicios que hayan de ser subsanados.-

Redacta el Juzgador Felipe Córdoba Ramírez y se resuelve por unanimidad.-

CONSIDERANDO

I.- De previo. Sobre el contenido y alcances de la sentencia dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, identificada con el N° 002867-F-S1-2024 al ser las 09:54 hrs. del 19 de diciembre del 2024. Estimamos absolutamente necesario hacer mención y determinar dentro de lo que a esta Cámara le resulta posible a los efectos del dictado de la presente sentencia, lo que entendemos guarda identidad con el contenido y alcances de lo resuelto por los honorables integrantes de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia identificada con el N° 002867-F-S1-2024 al ser las 09:54 hrs. del 19 de diciembre del 2024. Iniciamos este a parte retornando a lo resuelto por este Tribunal en los términos de la sentencia dictada con el N° 41-2022-IV de las 10:55 hrs. del 22 de abril del 2022, conforme su por tanto o parte dispositiva, así: “Se rechaza la excepción de caducidad interpuesta por la representación del Estado, y las compañías denominadas Construcciones KMC Sociedad Anónima, Grupo Roble Internacional de Costa Rica Sociedad Anónima y Parque Central Sociedad Anónima. Se acoge la excepción de prescripción en lo que la demanda fue dirigida en contra del Estado y la Municipalidad de Escazú exclusivamente por parte del señor Shon Shai Tsafrir y la señora Olga Shutaleva y en consecuencia, por improcedente se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos en ese tanto. Sobre el resto de las excepciones formuladas por estas partes demandadas por innecesario se omite pronunciamiento. Se rechaza la excepción de prescripción en lo que la demanda fue dirigida por la representación de la señorita Lian Tsafrir Shutaleva en contra del Estado, la Municipalidad de Escazú. Se rechaza la excepción de prescripción en lo que la demanda fue dirigida por la representación de la señorita Lian Tsafrir Shutaleva, el señor Shon Shai Tsafrir y la señora Olga Shutaleva, en contra de las compañías denominadas Grupo Meridiano de Centroamérica S A; Grupo Roble Internacional de Costa Rica S.A. y Parque Central S.A. Se rechaza la excepción de cosa juzgada interpuesta por la representación del Estado. En lo que la demanda fue incoada por la representación de la señorita Lian Tsafrir Shutaleva en contra del Estado y a la Municipalidad de Escazú, se declara de oficio que media falta de legitimación en la causa activa respecto del daño económico que incluye daños a la propiedad y pérdida de ingresos, y los perjuicios; se rechaza la excepción de falta de legitimación, y se acoge parcialmente la excepción de falta de derecho, debiéndose entender denegada en todo lo expresamente concedido. Se condena a la Municipalidad de Escazú y al Estado al pago en favor de la señorita Lian Tsafrir Shutaleva, de la suma de diez millones de colones que deberá cancelar cada una de estas partes accionadas, sumas sobre las que deberán reconocer intereses al tipo legal, a ser computados partir de la firmeza del presente fallo y hasta su efectivo pago. En lo que la demanda fue dirigida por la representación de la señorita Lian Tsafrir Shutaleva, el señor Shon Shai Tsafrir y la señora Olga Shutaleva, en contra de las compañías denominadas Construcciones KMC S.A.; Grupo Meridiano de Centroamérica S A; Grupo Roble Internacional de Costa Rica S.A. y Parque Central S.A. se acoge la excepción de falta de derecho y en consecuencia se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Escazú al pago de ambas costas en favor de la señorita Lian Tsafrir Shutaleva, en lo demás, se dicta el presente sin especial condenatoria en costas. La determinación de lo correspondiente a las costas en lo que alguna parte haya sido condenada a su pago, se reserva para la fase de ejecución de sentencia”. (El resaltado y subrayado no es del original). En lo que interesa, la demanda en lo que fue incoada por los demandantes mayores de edad, a saber el señor Shon Shai Tsafrir y la señora Olga Shutaleva, ésta no prosperó por el fondo, sobre la base de la aplicación primero, al caso concreto del instituto de la prescripción del derecho para accionar y segundo, sobre la base de la aplicación de la norma sustantiva aplicable de modo directo en esta materia, a saber, la comprendida en el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública que como se verá, establece un plazo de 4 años para ejercitar el derecho de acción en casos como el que nos ocupa (proceso civil de hacienda puro) que se interrumpe con el acto procesal de notificación a la parte demandada, de la demanda. Otra posibilidad de interrupción del plazo referido podría encontrarse constituida por requerimiento formulado por la parte interesada ante la o las Administraciones Públicas eventualmente responsables desde una óptica de responsabilidad patrimonial, del pago vía reclamo, del pago de los daños y/o perjuicios que forman parte del objeto del proceso, sea, aquellos extremos a partir de los que, se pretende sean estas partes demandadas condenadas a su pago o indemnización. Dicho esto, la sentencia en mención fue recurrida mediante el recurso extraordinario de casación (artículo 134 del Código Procesal Contencioso Administrativo) en lo que interesa a este punto, por la representación de las partes actoras (sin perjuicio de que también por la vía de este recurso extraordinario lo hicieron tanto la representación del Estado como la de la Municipalidad de Escazú) y en atención al mismo, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, dispuso lo que sigue en los términos de su sentencia N° 002867-F-S1-2024 al ser las 09:54 hrs. del 19 de diciembre del 2024: "Se acoge el recurso de casación formulado por la representación de la parte actora y, en consecuencia, se casa el fallo recurrido. Se rechaza la excepción de prescripción, salvo en lo que respecta a la primera parte de la pretensión cuarta, en cuanto los detrimentos irrogados se fundan en la acción de la Municipalidad de Escazú de aprobar un Plan Regulador que permitió el desarrollo de edificios en altura al lado de la casa de los actores. Se remite el expediente al Tribunal de origen, a fin de que se pronuncie sobre los daños reclamados por los tres actores". (El resaltado y subrayado no es del original). La expresión parte actora ha de entenderse -insistimos- exclusivamente a los demandantes mayores de edad. Lo anterior, a partir de que argumentativamente y en atención exclusivamente -lo cual reiteramos- al recurso de casación interpuesto por las parte actoras Shon Shai Tsafrir y Olga Shutaleva, se consideró lo siguiente por el alto Tribunal de control Casacional: "Recurso de la parte actora (sic). V.- En el primer reproche, se acusa una indebida aplicación e interpretación de los artículos 39, inciso c), 40, 41, 58 y 67, inciso 4) del CPCA, así como de los cánones 39 y 41 constitucionales, 198 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), 875, 876, 877,878 y 879 del Código Civil. El recurrente alega que el plazo de prescripción determinado por el Tribunal no resulta aplicable en el subexamine. Explica, en la demanda se expuso ampliamente el efecto continuado de los daños y perjuicios que se reclaman. Detalla, allí se hizo un desarrollo pormenorizado de los daños materiales a la propiedad, los cuales, estima, se han mantenido en el tiempo, de igual forma los efectos personales (psicológico y familiar) que ha afectado a los señores Tsafrir y Shutaleva. Arguye que la prueba es abundante en ese sentido. Dice que, contrario a lo alegado por la representación estatal, no existen dos etapas. Expone, tal cual se desprende de la lectura de la demanda, la construcción de los edificios inició con la fase de permisos en el año 2006 y culminó en el año 2011. Agrega, se trata de una serie de elementos continuos a lo largo del tiempo desarrollados para finalizar en la construcción de los edificios. Insiste, la construcción no terminó en el año 2007 y existe prueba abundante que así lo demuestra. Además, resalta, la demanda no se limita a la construcción, sino también a la contaminación sónica que provenía de los ventiladores colocados por uno de los demandados y que operaban durante la mayor parte del día y de la noche. Dice que los daños a la salud aún al día de hoy se mantienen, por lo que el plazo de prescripción no puede haber transcurrido. A su parecer, el plazo cuatrienal debe empezar a contabilizarse a partir del año 2011, lo cual incluso podría cuestionarse por los daños a la salud existentes en la actualidad, que es cuando terminan las construcciones. De hecho, advierte, al día de hoy se están manteniendo acciones importantes por parte de los demandados que continúan afectando la salud y bienestar de los actores. Añade, conforme el numeral 198 de la LGAP, el derecho para reclamar la indemnización prescribe en cuatro años a partir del hecho que motiva la responsabilidad. Afirma que, en este caso, el conjunto de hechos que motivan la responsabilidad se consolidó y definió en el año 2011, momento a partir del cual inicia el cómputo del plazo prescriptivo. En todo caso, sostiene, dicho término ha venido siendo interrumpido constantemente a través de las acciones interpuestas por los accionantes. Acota, equivocadamente el Estado manifiesta que este proceso se interpuso en abril de 2012, cuando en realidad fue el 22 de diciembre de 2011. Con ello, destaca, es claro que el plazo de prescripción no ha transcurrido. Insiste, el proceso constructivo se desarrolló a lo largo de siete años y culminó en el año 2011, tiempo durante el cual se reclamó constantemente al Estado, a través del Ministerio de Salud, y a la Municipalidad de Escazú, sobre esas conductas y actuaciones. Anota: “la Sentencia [sic] es contundente en reconocer que hubo conductas anormales y contrarias a derecho por parte del Estado y de la Municipalidad de Escazú, a lo largo de este período de tiempo. Por ende, resulta contradictorio reconocer la naturaleza antijurídica de las actuaciones y omisiones del Ministerio de Salud -el Estado- y de la Municipalidad de Escazú y negar la naturaleza continuada de esto”. Pide tomar en cuenta que la deponente María Elena Mora Abarca hizo una exposición detallada de los efectos continuados de todos los daños sufridos a lo largo de más de siete años. A raíz de lo anterior, concluye, no puede cuestionarse la naturaleza continuada de los efectos en el tiempo, lo que conlleva a una indebida aplicación de los cardinales 198 de la LGAP, 29, inciso c) y 40 del CPCA. Reitera, tal como se puede verificar en la demanda y de la prueba ofrecida, se hicieron múltiples gestiones ante el Ministerio de Salud y la Policía Municipal, así como ante la Sala Constitucional, todos después del año 2007 y previos al año 2011, cuando se interpuso la presente demanda. Con ello, enfatiza, al tenor del precepto 875 del Código Civil, se dieron constantes interrupciones de la prescripción. Indica que el Tribunal se refirió a las sentencias de la Sala Constitucional, pero ignoró sus consecuencias jurídicas. Reclama que el Tribunal no se refirió al particular, lo que reafirma la falta de fundamentación alegada anteriormente. En apoyo a su postura, transcribe la tesis que mantuvo el Tribunal en la sentencia que fue casada por esta Sala (fallo No. 79-2017-IV de las 14 horas 40 minutos del 1° de setiembre de 2017), la cual fue indicar que el plazo prescriptivo aplicable en la especie era de 10 años, por tratarse de la ejecución de daños concedidos en los recursos de amparo promovidos por los accionantes. Con base en ello, el impugnante deduce que, en el fallo aquí objetado se hizo una mala aplicación de la normativa jurídica relacionada con la prescripción, específicamente de los artículos 39, inciso c), 40, 41 y 67, inciso 4) del CPCA, debiendo aplicarse los cánones 875-879 del Código Civil, que afecta la interpretación adecuada del numeral 198 de la LGAP. VI.- Al resolver la prescripción alegada, el Tribunal indicó, grosso modo, que de la lectura de los hechos de la demanda se colegía que las conductas administrativas a partir de las cuales se habrían generado los efectos dañosos que se reclaman, habrían ocurrido hasta el año 2007, de modo que, como la demanda se notificó hasta en el año 2012, el derecho reclamado por los señores Shon Shai Tsafrir y Olga Shutaleva se encontraba prescrito, pues habría transcurrido el plazo cuatrienal previsto en el ordinal 198 de la LGAP, aplicable en la especie. Con relación a la demanda interpuesta por la menor Lian Tsafrir Shutaleva rechazó esa excepción, al aplicar ese mismo numeral en el aparte que dispone que, tratándose de personas menores de edad, el plazo empezará a correr desde que la persona haya cumplido la mayoría de edad. VII.- Revisado el expediente, se observa, tanto la representación del Estado, como la Municipalidad de Escazú opusieron la excepción de prescripción al contestar la demanda. En términos generales, alegaron que, de los hechos narrados en la demanda, se desprendía que las conductas reputadas como dañosas ocurrieron entre los años 2006 y 2007, por lo que, al notificarse la demanda hasta en el año 2012, habría transcurrido el plazo previsto en el ordinal 198 de la LGAP. En contraposición, la parte actora, al referirse a dicha defensa, indicó que LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS inició con la fase de permisos en el año 2006 Y CULMINÓ HASTA EN EL AÑO 2011, por lo que se trató de una serie de actos continuos a lo largo de ese período, de lo cual daba fe la prueba aportada. Al parecer de los actores, el plazo de prescripción empezó a correr a partir del 2011, cuando terminaron las construcciones, aunque, en todo caso, sostienen que ello es cuestionable, porque los daños se mantienen. Dicen, además, que el referido plazo ha sido constantemente interrumpido por las acciones interpuestas. Pues bien, aquí es importante resaltar que, a efectos de analizar la prescripción alegada, no basta con revisar únicamente lo que fue argüido en la demanda, como lo hizo el Tribunal, pues resulta indispensable valorar también la tesis de defensa seguida por la actora contra las excepciones planteadas por la demandada, pues, precisamente por ello, a la accionante se le concede la oportunidad de referirse sobre el particular e incluso ofrecer contraprueba, conforme el canon 70 del CPCA. Del examen de lo pretendido en esta causa, se observa que, en términos generales, los actores reclaman a los entes públicos demandados responsabilidad por la falta de control y fiscalización durante los proyectos constructivos desarrollados por las empresas privadas co-accionadas, (pese a los constantes reclamos planteados), los que generaron una serie de afectaciones a su salud y propiedad. En este punto, precisar aclarar (sic), en virtud de que se pretende un resarcimiento a cargo de entidades públicas, procede aplicar el plazo de prescripción previsto en la normativa especial administrativa, sea el regulado en el ordinal 198 de la LGAP, el cual dispone: “El derecho de reclamar la indemnización a la Administración prescribirá en cuatro años, contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad […]”. En ese sentido, se rechazará el alegato referente a aplicar la prescripción decenal prevista en el Código Civil, pues existe norma especial (la administrativa) que prevalece. Por otra parte, aprecia esta Sala, en este caso, no hay controversia respecto a que en el año 2007 hubo una serie de denuncias de los actores ante las administraciones públicas accionadas en virtud de las molestias derivadas de las construcciones realizadas alrededor de su casa de habitación. El tema que suscita el debate estriba en determinar si, después de ese año, hubo más actos en ese mismo sentido o el planteamiento de acciones que tuviesen la virtud de interrumpir el plazo de prescripción. Del estudio íntegro del expediente y las pruebas constantes en autos, esta Cámara observa que, tal como lo alegó la actora durante el proceso y lo reitera en el presente agravio, el proceso de construcción y las molestias y quejas derivadas no se delimitaron al año 2007, sino que continuaron, al menos, hasta el año 2010. Nótese, con respecto al Ministerio de Salud, en la prueba No. 304 aportada con la demanda, visible a folio 628 del expediente físico, consta que, el día 8 de enero de 2009, los señores Shon Shai Tsafrir y Olga Shutaleva interpusieron una denuncia ante el Ministerio de Salud, reclamando lo siguiente: “Escuchamos ruidos fuertes de taladros, maquinarias pesadas y todo tipo de ruido de construcción, que viene de Grupo Roble, inclusive en horas de la noche”. Asimismo, en fecha 17 de agosto de 2010, consta que el Ministerio de Salud recibió una queja de parte del señor Shon Shai Tsafrir, en la que reclamaba un problema de contaminación sónica generada por unos ventiladores industriales instalados por Grupo Roble detrás de su casa de habitación (prueba No. 307). De igual forma, en relación con la Municipalidad de Escazú, consta también que, entre diciembre de 2008 y agosto de 2010, los actores solicitaron la intervención de la Policía Municipal de Escazú en múltiples ocasiones, quienes levantaron actas oculares describiendo la presencia de ruidos fuertes, trabajos de construcción en horarios no permitidos o quemas en las cercanías de la casa de habitación de los accionantes (véanse las pruebas No. 221- No. 248 aportadas con la demanda). Con tales evidencias, es claro que los hechos con base en los cuales los actores fundan la responsabilidad achacada al gobierno local y al Estado no se agotaron en el año 2007, como se dispuso en la sentencia recurrida, sino que se mantuvieron años después.    De ese modo, resulta improcedente contabilizar el plazo de prescripción desde el año 2007, pues el hecho que motiva la responsabilidad endilgada se fue perpetrando en un período de tiempo que perduró durante años posteriores. Así, al existir prueba de que los hechos base de la responsabilidad reclamada aún persistían en el año 2010, es claro que el presente asunto no se encuentra prescrito, en tanto la demanda fue notificada en el año 2012, sea cuando no habían transcurrido los 4 años estipulados en el artículo 198 de comentario. Ahora bien, se hace la aclaración que lo aquí analizado refiere a las conductas omisivas que se reclaman a los entes públicos. Es decir, el plazo de prescripción para reclamar la falta de control de dichas entidades no ha transcurrido. Sin embargo, la primera parte de la pretensión cuarta, en la que se justifica los detrimentos en “la aprobación de un Plan Regulador que permitió el desarrollo de edificios en altura al lado de la casa de Shon Shai Tsafrir, Olga Shutaleva y Lian Tsafrir Shutaleva”, sí se encuentra prescrita, puesto que la acción señalada ocurrió incluso antes de que se otorgaran los permisos de construcción. A tono con lo expuesto, se acogerá parcialmente el agravio de la parte actora, con las consecuencias que se dirán. VIII.- Para un mayor orden en la resolución es preciso hacer las siguientes aclaraciones y acotaciones. En primer lugar, toma en cuenta esta Sala que, el Tribunal rechazó la excepción de prescripción opuesta por el Estado y la Municipalidad de Escazú con respecto a la menor Lian Tsafrir Shutaleva, al aplicar el último párrafo del artículo 198 de la LGAP, que dispone que, tratándose de personas menores de edad, el plazo de prescripción empezará a correr desde que la persona haya cumplido la mayoría de edad. Contra dicho pronunciamiento, la representación del Estado y la Municipalidad de Escazú se muestran disconformes al considerar que dicho mandato no resulta aplicable al subjúdice, porque este se introdujo con la Ley No. 9057, “Reforma de varias leyes sobre la prescripción de daños causados a personas menores de edad”, la cual fue publicada en La Gaceta el 16 de octubre de 2012, sea cuando ya sea había trabado la litis en esta causa, de modo que no procedía aplicar retroactivamente dicha norma. En relación con este tema, debe indicarse que, esta Sala mantendrá el rechazo de la excepción de prescripción con respecto a dicha co-actora, por los motivos esbozados en el considerando precedente. De esa forma, se torna inútil analizar si la reforma citada resulta o no aplicable en el sub lite, por la simple razón de que el derecho pretendido en juicio por los actores (sic) no se encuentra prescrito, según se explicó supra. En segundo lugar, en vista de que el Tribunal acogió la excepción de prescripción opuesta por el Estado y la Municipalidad de Escazú con respecto a la demanda incoada por el señor Shon Shai Tsafrir y la señora Olga Shutaleva, omitió referirse a los daños y perjuicios reclamados por dichos actores. Esta Sala no puede emitir pronunciamiento sobre esos extremos porque lo haría en única instancia, lo cual devendría en una afrenta al derecho de defensa de las partes y al debido proceso. De ese modo, lo procedente será remitir el expediente al Tribunal de origen para que resuelva esas pretensiones. Ahora bien, con respecto a los otros pronunciamientos que hizo el Tribunal, sea el daño concedido a la menor Lian Tsafrir Shutaleva, toma en cuenta esta Sala que, tanto el Estado, como la Municipalidad de Escazú, se defienden en esta instancia, alegando que ambos actuaron de forma diligente y que los responsables directos de los daños reclamados son las empresas privadas co-demandadas, por lo que acusan como eximente el hecho de un tercero. Esta Cámara valora que, como aún falta el pronunciamiento del Tribunal sobre los daños reclamados por los señores Tsafrir Shutaleva, lo pertinente es que esta Sala omita pronunciarse sobre el reclamo que plantean los referidos co-demandados, a fin de no juzgar un tema que se encuentra íntimamente ligado con el que el Tribunal aún debe fallar. Así, por las especiales particularidades de este caso y para que haya una mayor armonía en la resolución, lo más oportuno será casar íntegramente el fallo recurrido y, en su lugar, devolver el expediente al Tribunal de origen para que se pronuncie sobre los daños reclamados por los tres actores. Por las razones expuestas, los demás agravios formulados por los casacionistas pierden interés y, desde ese plano, no se valorarán. IX.- En mérito de lo expuesto, se acogerá el recurso de casación formulado por la representación de la parte actora y, en consecuencia, se casará el fallo recurrido. Se rechazará la excepción se prescripción, salvo en lo que respecta a la primera parte de la pretensión cuarta, en cuanto los detrimentos irrogados se fundan en la acción de la Municipalidad de Escazú de aprobar un Plan Regulador que permitió el desarrollo de edificios en altura al lado de la casa de los actores. Se remitirá el expediente al Tribunal de origen, a fin de que se pronuncie sobre los daños reclamados por los tres actores. Por la forma como se ha resuelto el asunto, se omitirá pronunciamiento sobre el resto de agravios formulados, en tanto han perdido interés". (El resaltado, subrayado y en parte en mayúscula no es del original). De todo lo anterior se tiene bajo la interpretación que hace esta Cámara de lo fallado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: PRIMERO, que pese haberse ordenado en la parte dispositiva de la sentencia dictada por la Sala Primera Corte Suprema de Justicia con el N° 001867-F-S1-2024 de las 09:54 hrs. del 19 de diciembre de 2024 con ocasión de haber sido casada la sentencia en solo atención del recurso extraordinario de la especie interpuesto exclusivamente por las partes demandantes, remitir el expediente al Tribunal de origen, a fin de que se pronuncie exclusivamente sobre los daños reclamados por los tres actores, (todas las partes demandadas lo fueron con el mismo objeto). Esto ha de suponer, que haya mediado declaración o no de que la sentencia fue casada también en lo que resultó con lugar parcial en favor de la señorita (menor de edad) Lian Tsafrir Shutaleva, dicha sentencia también en ese tanto se casó, esto es, se anuló, por razones que se desconocen, pues se ordene fallar nuevamente sobre los daños y o perjuicios pretendidos por ella a través de sus representantes. Lo así fallado por la honorable Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia conforme la parte dispositiva de su sentencia N° 001867-F-S1-2024 de las 09:54 hrs. del 19 de diciembre de 2024 por otro lado, podría inducir a pensar que la presente nueva sentencia únicamente habría de comprender pronunciamiento respecto de los tres demandantes accionaron, sólo en lo que incoaron su demanda en contra del Estado y la Municipalidad demandados, no así en contra de las sociedades anónimas o empresas codemandadas, no obstante lo cual, en el cuerpo de la sentencia dictada por el alto Tribunal de control de casación, indicó lo que sigue, en lo conducente: "Así, por las especiales particularidades de este caso y para que haya una mayor armonía en la resolución, lo más oportuno será CASAR ÍNTEGRAMENTE EL FALLO RECURRIDO y, en su lugar, devolver el expediente al Tribunal de origen para que se pronuncie sobre los daños reclamados por los tres actores", de donde hemos de entender con dificultad, que en lo que la parte dispositiva de esta fallo dice, "se casa el fallo recurrido", lo fue integralmente entendido y en ese entendido "anulado integralmente", esto es, en un todo, haya o no resultado exitoso el recurso de casación interpuesto en su momento exclusivamente por las partes actoras, sólo respecto de la forma en que este Tribunal resolvió sobre el tema de la prescripción en lo que la demanda fue incoada únicamente por dos de estas partes demandantes mayores de edad, a saber, el señor Shon Shai Tsafrir y la señora Olga Shutaleva en contra del Estado y la Municipalidad codemandados. Como efecto de lo anterior, la sentencia casada también lo fue en lo que por el fondo, resolvió la demanda en lo que fue incoada en contra de las empresas o sociedades anónimas también codemandadas, sin que se conozca sobre la base de qué razones es que habría sido anulada en ese tanto, tampoco. En consecuencia, porque así lo entendemos y pese a todo lo anterior, esta Cámara habrá de dictar sentencia de nuevo respecto de las pretensiones principales y/o accesorias, en lo que la demanda fue dirigida por la totalidad de los actores y, en contra de la totalidad de las partes demandadas, otra vez, debiéndose reforzar que en lo que la sentencia de instancia resultó conforme lo fallado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia "casada" en los términos dichos, también lo fue en lo que incoada por los representantes de la señorita Lian Tsafrir Shutaleva (menor de edad) el recurso de casación interpuesto por la representación del Estado y la Municipalidad codemandados fue "en principio" de algún modo "diferido" en lo que se pronunció el Ato Tribunal de Casación en el sentido de que medió alguna circunstancia procesal que impedía conocerlo, pero pese a ello, casó el fallo de instancia integralmente entendido. Esto es dicho en otros términos, la casación dirigida en contra de lo resuelto en instancia en favor de la actora menor de edad, pese no haber llevado éxito, con todo y ello, de modo incongruente sí tuvo éxito, porque también en ese tanto la sentencia fue -cual lo comprendemos- casada, esto es, anulada. Ha de tomarse nota de que en lo que la excepción de prescripción interpuesta en contra de la demanda incoada por la señorita Lian Tsafrir Shutaleva, (cubierta por un régimen jurídico calificado y reforzado incluso en materia de derechos humanos en tratándose de una menor de edad) la misma Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia declaró que frente a lo resuelto en instancia por esta Cámara sobre la prescripción en lo que dirigió su acción en contra del Estado y la Municipalidad codemandados el recurso de casación no resultó procedente, pese a lo que, habría casado y en este tanto anulado también en lo que toca a ella la sentencia al tenor de la cual la demanda resultó parcialmente exitosa, lo que en su caso, no observó el principio de justicia pronta. SEGUNDO: Conforme el Considerando VIII de la sentencia dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia con el 001867-F-S1-2024 de las 09:54 hrs. del 19 de diciembre del 2024, se ordenó el reenvío del asunto a este Tribunal de instancia a fin de que se pronuncie sobre los daños reclamados por los tres actores, sobre la base de que: "En segundo lugar, en vista de que el Tribunal acogió la excepción de prescripción opuesta por el Estado y la Municipalidad de Escazú con respecto a la demanda incoada por el señor Shon Shai Tsafrir y la señora Olga Shutaleva, omitió referirse a los daños y perjuicios reclamados por dichos actores. Esta Sala no puede emitir pronunciamiento sobre esos extremos PORQUE LO HARÍA EN ÚNICA INSTANCIA, lo cual devendría en una AFRENTA AL DERECHO DE DEFENSA DE LAS PARTES Y AL DEBIDO PROCESO. De ese modo, lo procedente será remitir el expediente al Tribunal de origen para que resuelva esas pretensiones. Ahora bien, con respecto a los otros pronunciamientos que hizo el Tribunal, sea el daño concedido a la menor Lian Tsafrir Shutaleva, toma en cuenta esta Sala que, tanto el Estado, como la Municipalidad de Escazú, se defienden en esta instancia, alegando que ambos actuaron de forma diligente y que los responsables directos de los daños reclamados son las empresas privadas co-demandadas, por lo que acusan como eximente el hecho de un tercero. Esta Cámara valora que, como aún falta el pronunciamiento del Tribunal sobre los daños reclamados por los señores Tsafrir Shutaleva, lo pertinente es que esta Sala omita pronunciarse sobre el reclamo que plantean los referidos co-demandados, a fin de no juzgar un tema que se encuentra íntimamente ligado con el que el Tribunal aún debe fallar. Así, por las especiales particularidades de este caso y para que haya una mayor armonía en la resolución, lo más oportuno será casar ÍNTEGRAMENTE el fallo recurrido y, en su lugar, devolver el expediente al Tribunal de origen para que se pronuncie sobre los daños reclamados por los tres actores. Por las razones expuestas, los demás agravios formulados por los casacionistas pierden interés y, desde ese plano, no se valorarán". Reiteramos que conforme en el cuerpo del fallo dictado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia la sentencia se anuló integralmente entendida, pese haber prosperado el recurso de casación incoado exclusivamente por las partes actoras (mayores de edad) en lo que la excepción de prescripción se tuvo por operada en los términos del fallo de instancia. Luego, la nulidad integral del fallo se declaró porque ello se consideró "oportuno", sea, por razones de "OPORTUNIDAD" lo que es propio de la revocatoria en materia administrativa, no así de su nulidad. Finalmente y en otro orden de ideas, pese haber sido casada la sentencia integralmente entendida sólo en lo que resultó exitoso el recurso de casación interpuesto por los señores padres de esta persona menor de edad, sea, el señor Shon Shai Tsafrir y la señora Olga Shutaleva POR RAZONES SUSTANTIVAS (artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública) esto es, por violación de normas sustantivas pues no podría entenderse otra cosa, ordenó el reenvío del asunto para que nuevamente resuelva por el fondo de lo debatido en cuanto a los daños y/o perjuicios reclamados por las tres partes actoras, esto pese lo dispuesto en el artículo 138, en relación con el inciso 2) del artículo 150) ambos del Código Procesal Contencioso Administrativo. Esta decisión se fundamentó sobre la base del argumento de que no puede fallar por el fondo el asunto, porque en caso de hacerlo lo haría en única instancia, o lo que es lo mismo expresado en términos diversos, so pena de violar el principio de doble instancia, caso en el cual se afirmó, que fallar por el fondo de un modo diverso a aquel en lo que hizo esta Cámara en los términos de la sentencia de instancia dictada con el N° 41-2022-IV al ser las 10:55 hrs. del 22 de abril del 2022 en única instancia, sea, en inobservancia del principio de doble instancia relacionado, constituiría ello una "afrenta" al derecho de defensa de las partes y al debido proceso. Esto fue lo que condujo a que, pese no haber resultado exitosa la casación en lo que la demanda en contra del Estado y la Municipalidad demandados fue incoada por la persona menor de edad Lian Tsafrir Shutaleva tuvo éxito parcial. Dicho esto, con muchísimo respeto hemos de indicar que cuando la sentencia se casa por razones vinculadas a la violación de normas sustantivas (en este caso entendemos, que se trató de lo dispuesto en el numeral 198 de la Ley General de la Administración Pública)    resulta de aplicación directa el artículo 150, inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo dispone lo siguiente: "2) Si la sentencia se casa por violar normas sustantivas del ordenamiento jurídico, en la misma resolución se fallará el proceso, atendiendo las defensas de la parte contraria al recurrente, si por haber resultado victoriosa esa parte no ha podido interponer el recurso de casación". (El resaltado y subrayado no es del original). Esta norma se encuentra siendo frontalmente inobservada en el caso concreto, para lo que bastará con indicarse que el instituto de la segunda instancia en materia recursiva fue expresamente derogado en el marco del proceso contencioso administrativo otrora regulado en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Ley N° 3667 del 12 de marzo del 1966, esto es, suprimido jurídicamente por el Poder Legislador con la promulgación y puesta en vigencia de la Ley N° 8508 del 28 de abril del 2006. Así, conforme el régimen recursivo previsto en la derogada en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en contra de sentencias de instancia como la que nos ocupa, con la salvedad de que era dictada por un Juez unipersonal (Juez categoría 3) la parte interesada tenía a su haber la interposición de un recurso ordinario de apelación que era conocido por un Tribunal superior colegiado integrado por tres juzgadores (Jueces categoría 4), así como y ulteriormente, uno extraordinario de casación conocido como en la actualidad, por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Como lo indicamos atrás, el régimen recursivo previsto para combatir sentencias como la dictada en instancia en el caso que nos ocupa a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, la sentencia de instancia que pasó a ser dictada por un Tribunal colegiado (integrado por 3 jueces categoría 4) sólo puede serlo por la vía del recurso extraordinario de casación. La sentencia de instancia entonces, pasó de ser un fallo dictado por un tribunal unipersonal (integrado por un juez categoría 3) a uno colegiado integrado por tres jueces (categoría 4) y en su lugar, SE DEROGÓ EXPRESAMENTE EL RECURSO DE APELACIÓN (LA DOBLE INSTANCIA) manteniéndose la posibilidad de accionar recursivamente solo por la vía del recurso extraordinario de casación, para ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sea, la Ley N° 8508 Código Procesal Contencioso Administrativo desde su entrada en vigencia suprimió la doble instancia en el proceso que se rige por sus normas. Si de una interpretación y entendimiento del cambio hecho operar por el Poder Legislador se trata y sin perjuicio de que este tema ha sido abordado en doctrina nacional y múltiples actividades académicas desarrolladas años atrás antes y recién entrado en vigencia el ya mencionado Código Procesal Contencioso Administrativo, la expresa supresión de la doble instancia en esta materia se erigió como mecanismo para promover la celeridad (justicia pronta) sin violación a garantía alguna a las reglas que informan el debido proceso, paliativo a la mora judicial, por otro lado. En torno al tema de la segunda instancia además, pese resultar de perogrullo indicar lo que sigue, tanto la normativa internacional en materia de Derechos Humanos como nuestra propia Sala Constitucional a través de sus pronunciamientos vinculantes al tenor de lo dispuesto en el numeral 13 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Constitucional (que por innecesario no pasamos a detallar por ser de amplio y público conocimiento) a sido clara en determinar que el derecho a una doble instancia inexistente en esta materia resulta jurídicamente exigible en el marco de las reglas que informan el principio del debido proceso exclusivamente en materia penal. De este modo, es que consideramos y reformamos, que lo que sigue lo expresamos con todo respeto, que el presente fallo se dicta sobre la base de lo ordenado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en los términos de su sentencia dictada con el N° 001867-F-S1-2024 de las 09:54 hrs. del 19 de diciembre de 2024, aunque lo es en nuestra opinión, en frontal inobservancia de lo dispuesto en el    inciso 2) del artículo 150) del Código Procesal Contencioso Administrativo y en afectación directa al principio constitucional de justicia pronta. TERCERO: Finalmente, estimamos que sobre la médula en el plano argumentativo que condujo a la respetable la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en los términos de su sentencia dictada con el N° 001867-F-S1-2024 de las 09:54 hrs. del 19 de diciembre de 2024 a anular integralmente el fallo dictado por esta Cámara en instancia, identificado con el N° 41-2022-IV de las 10:55 hrs. del 22 de abril del 2022 a partir de lo que entendió, es el contenido y alcances del artículo 70 del Código Procesal Contencioso Administrativo, resulta errado. Nos explicamos:

1.- La demanda que se conoció y se conoce en los términos de la presente sentencia comprende los siguientes hechos (artículo 58.1.b): "I. El plan regulador del Cantón de Escazú (...) fue aprobado por el Consejo Municipal de Escazú el día 17 de Diciembre de 2004 y se publica en La Gaceta el día 3 de febrero del 2005; posteriormente, se publicaría una fe de erratas el 17 de marzo del 2005, la cual corrige la numeración. La tercera publicación del Plan Regulador, que incluía modificaciones, fue publicado en La Gaceta el día 11 de mayo de 2006. La defensoría de los Habitantes, en su oficio No. 4061-2007-DHR, de 6 de junio de 2007, concluyó que la modificación que la Municipalidad llevó a cabo el 11 de mayo de 2006 no contaba con Estudios Técnicos que permitiera informar a los vecinos de las posibles afectaciones que se tendrían al cambiarse el uso de suelo que establecía el Plan Regulador. El artículo 18 del Plan Regulador del Cantón de Escazú, estableció, que quinientos (500) metros al oeste de Multiplaza, podrían construirse edificios en altura. El Plan Regulador no dispone de medidas específicas que deban aplicarse para salvaguardar la integridad y tranquilidad de los vecinos que desde hacía muchos años vivían y viven el día de hoy al lado y a escasos metros de la zona en donde se construirían los edificios en altura. II. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (...) por medio de Oficio SG-DEAE-047-2011, de 17 de marzo de 2011, indicó que "en cumplimiento de los Procedimientos Técnicos para la introducción de la Variable Ambiental en Planes Reguladores u otra Planificación del Uso del Suelo (Decreto 32967-MINAE) esta Secretaría Técnica, en Resolución No. 2308-SETENA de fecha del 12 de agosto del 2008, le otorga la Viabilidad (Licencia) Ambiental al Plan Regulador Parcial y la Propuesta de Zonificación del Cantón de Escazú". SETENA, en el mismo Oficio SG-DEAE-047-2011, de la misma fecha, indicó que "bajo resolución No. 2879-2009-SETENA de fecha del 08 de Diciembre del 2009, y de conformidad con la legislación vigente, se aprueba Adendum para la Reglamentación de la Zona de Amortiguamiento Agrícola (Propuesta de Modificación del artículo 15 del Plan Regulador), Reglamento de Desarrollo Sostenible corregido y Anexos, Plan de Gestión Ambiental, Reglamento del Recurso Hídrico, Control y Ordenamiento del Paisaje, formando parte para la Viabilidad (Licencia) Ambiental otorgada por esta Secretaría". III. La familia Tsafrir es propietaria de la finca No. 1-303263-000 con plano SJ-0014420-1975, la cual está situada en San Rafael de Escazú, Guachipelín, del Centro Comercial Plaza Mundo, 250 metros al norte, Urbanización Quintanar, desde el año 2002. La finca colinda al este con la Calle El Barro, que es calle pública construida parcialmente, y que pasa por la parte trasera de la propiedad de la familia Tsafrir, y que además divide su casa de los edificios propiedad del Grupo J Roble Internacional, S.A con 10 pisos, Parque Central, S.A. y Grupo Meridiano, S.A con 10 pisos; al oeste colinda con calle pública, y, frente a ésta, también al oeste, se ubican otros dos edificios de altura de apartamentos, el primero de los cuales no tiene un nombre visible que lo identifique y consta de 4. pisos; y el segundo edificio de apartamentos denominado Condominio Eurolofts, que tiene una altura de seis pisos. (Ver Pruebas #352, 353, y 354 que corresponden a Plano Catastral, Informe Registral de la Finca y Croquis de su Ubicación). IV. La casa de habitación de la familia Tsafrir está ubicada, de acuerdo al Plan Regulador del Cantón de Escazú en Zona Residencial de Media Densidad, en la zona de transición de comercial a residencial. (Ver Prueba #357). V. La Urbanización Quintanar, a pesar de tener un uso de suelo residencial, ha desarrollado con el beneplácito de la Municipalidad de Escazú características ajenas a su naturaleza. En Oficio CTPR-EXT-85-08 de 8 de abril de 2008, la Comisión de Trabajo del Plan Regulador de la Municipalidad de Escazú, al referirse sobre los usos de suelo en las fincas situadas en la Urbanización Quintanar, estableció que "se debe respetar la voluntad de los vecinos, de mantener las características residenciales de la misma, nacidas hace más de 30 años, ya que dichas condiciones tampoco generan condición de sobreuso de la tierra ni de los servicios básicos existentes en la zona, facilitando, por tanto, el desarrollo racional de la misma". Dicho oficio fue suscrito después de que se desarrollara la construcción de edificios con altura superior a los 10,5 metros. (Ver Prueba #249). VI. A partir del año 2005, la Municipalidad de Escazú otorgó permisos de construcción a las empresas Parque Central S.A. (empresa parte del grupo de interés económico de Grupo Roble Internacional, S,.LJ.), Grupo Meridiano de Centroamérica, S.A, y Construcciones KMC, S.A., permitiendo que se construyera alrededor de la casa de habitación de la familia Tsafrir, de forma casi simultánea, tres infraestructuras de amplias, grandes y considerables magnitudes, que alteraron la situación arquitectónica y urbanística de la Urbanización Quintanar. (Ver Pruebas relacionadas #250, 256 y 291) siete días a la semana, desde tempranas horas de la mañana y hasta tardías horas de la noche, por un período que se extendió durante más de cuarenta meses. VIII. Grupo Meridiano de Centroamérica, S.A. desarrolló la construcción de un edificio de altura para oficinas en la finca número 207250-000, aprobado por el permiso 147-05 emitido por la Municipalidad de Escazú. (Ver Prueba# 291). IX. Grupo Meridiano fue informado por parte de la Municipalidad de Escazú, a través del Oficio No. DU-777-2004-EXTERNO que "el horario autorizado para realizar las obras será de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 5:00p.m., sábados de 7:00 a.m. a 2:00 pm domingos y días feriados no podrá laborar, lo anterior con el fin de garantizar el bienestar de los vecinos del cantón". Asimismo, indicó que "Es responsabilidad del profesional a cargo de la obra, garantizar que el método de perforación a utilizar para el proceso de excavación de parqueos y cimientos garantizará la estabilidad de los taludes a conformar, y la estabilidad de las propiedades y construcciones vecinas". (Ver Prueba #291). X. El Departamento de Desarrollo Urbano, Sección de Inspecciones, de la Municipalidad de Escazú, indicó por medio del Informe de Campo No. 038-07, de 20 de febrero de 2007, suscrito por el Inspector de Construcciones, Cristian Boraschi González, que "en visita realizada al sitio se ha podido detectar que en efecto, el proyecto conocido como Grupo Meridiano de Centroamérica y el movimiento de tierras que en la actualidad se realiza junto a el mismo edificio, generaban una gran cantidad de polvo ... ". (Ver Prueba #289). XI. Parque Central, S.A., empresa parte del grupo de interés económico de Grupo Roble Internacional, S.A., desarrolló un proyecto de ampliación de oficinas existentes frente al Centro Comercial Multiplaza, en la finca número 519045-000. Por medio del permiso 257-06 la Municipalidad de Escazú aprobó el movimiento de tierras. La Municipalidad de Escazú le informó a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Ver expediente 07-3239-0007- CO, folio 53) que se dieron situaciones de tránsito de maquinaria por zona no permitida, obstrucción de vía pública y acumulación de polvo, así como que "inspectores municipales conminaron a los desarrolladores a tomar medidas correctivas por el exceso de polvo en el ambiente (...). ". XII. El Departamento de Desarrollo Urbano, a través del señor David Umaña Corrales, en el Oficio No. DU-055-2007-EXTERNO, dirigido al Inspector de Construcciones, Cristian Boraschi González, le solicitó "notificar a Grupo Roble que elimine todo tipo de restricción de entrada y salida a la calle entre Urbanización Quintanar y su proyecto, con copia al Departamento de Obras Públicas para que se ejecute la demolición de estructuras ilegales en vía pública. 11: Inspeccionar las construcciones en proceso alrededor de la vivienda de la señora Olga Shutaleva y prevenirles el control del polvo, escombros y aguas producto de las obras." (Ver Prueba #290). XIII. Construcciones KMC, S.A. desarrolló un condominio vertical residencial, denominado Euro.Lofts, situado en el Residencial Quintanar de Escazú, en la finca número 573192-000, permiso de construcción otorgado por la Municipalidad de Escazú el 9 de mayo de 2006. Dicha construcción de acuerdo con el Plan Regulador de Escazú se desarrolló en Zona Residencial de Media Densidad lo cual permite sólo una altura máxima de 10.5 metros. En Resolución 167-2006- SETENA de las 7 horas 55 minutos del 25 de enero de 2006 se aprobó que la obra de construcción de Construcciones KMC, S.A tuviera siete niveles de altura. XIV. El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, emite el Informe de Inspección FPC-0499-06 INSP en el cual se hacen advertencias del problema de acumulación de aguas, producto de las construcciones, el cual es citado textualmente en el Informe de Inspección DRD-INSP-45-2007 del mismo Colegio, indicándoles que: "La empresa constructora 1 deberá tomar las medidas preventivas (provisionales), para evitar que ocurran acumulaciones de aguas, producto de los movimientos de tierra realizados que puedan afectar las viviendas colindantes, esto mientras se realizan las labores definitivas." Dicho informe mostró fotografías de las aguas que corrían hacia la tapia trasera -posterior de la vivienda del señor Tsafrir y la señora Shutaleva, así como de otros vecinos. (Ver Prueba #333 y 334). XV. Este período de construcciones coincidió con el inicio del período de embarazo de la señora Olga Shutaleva en el año 2006, dando a luz en 2007 a la niña Lian Tsafrir Shutaleva. (Ver Prueba #358). XVI. Las construcciones simultáneas generaron ruido ensordecedor, un ambiente de molestia permanente, causado por los trabajadores que iniciaban sus labores a tempranas horas de la mañana 05:30 am, las terminaban tarde por la noche incluso a las 10:00 pm, 11 pm y a veces hasta las 02:00 am, durante los siete días de la semana, incluyendo días festivos. Asimismo, como consecuencia de la construcción, múltiples camiones con materiales, pasaban frente y detrás de su casa de habitación, descargándolos y moviéndolos a lo largo del día. Igualmente, los movimientos de tierras se realizaban de forma constante a su alrededor, generando grandes cantidades de polvo, polvo de cemento, basura y otros desechos que caían directamente dentro de su casa de habitación. La Policía Municipal de Escazú fue llamada a intervenir en distintas ocasiones y reflejó en sus actas las situaciones descritas anteriormente. (Ver Pruebas #222 a la #248, Actas Políciales). Vale mencionar, que las llamadas policiales fueron hechas en su mayoría en la etapa final, ya que antes la familia Tsafrir no sabía que se podía llamar y levantar actas que pudieran ayudar a solucionar estas violaciones .y molestias. XVII. Las construcciones simultáneas y constantes tuvieron como consecuencia que la infraestructura de la casa de habitación de la familia Tsafrir se viera seriamente afectada. El muro trasero se dobló peligrosamente hacia el interior de la vivienda. (Ver Prueba #1), la tubería de la piscina fue afectada y dañada, haciendo imposible su uso y la pared que divide su casa de la de sus vecinos del Condominio Los Olivos, se fraccionó como consecuencia de trabajos constructivos y de compactadoras del terreno; dicha separación tuvo como consecuencia que el agua de las lluvias se acumulara entre las paredes, generando serios problemas de humedad. Adicionalmente, los movimientos de tierra y las excavaciones que se dieron en la parte trasera de la casa de habitación de la familia Tsa frir tuvo como consecuencia que la altura de su muro disminuyera aproximadamente entre uno y dos metros, permitiendo a cualquier persona ingresar a la vivienda por la parte trasera sin mayor esfuerzo, u observarlos fácilmente. Las constantes molestias y el permanente estado de construcción alrededor de su casa de habitación generaron la descomposición emocional permanente de la familia Tsafrir. El señor Shon Shai Tsafrir desarrolló un cuadro depresivo que le alteró su personalidad y le hizo perder aproximadamente veinticuatro kilos en un período de año y medio (el señor Tsafrir pesaba setenta y cuatro kilos previo a los problemas generados por las construcciones). (Ver Pruebas, #74, 75, 69, 70); el señor Tsafrir estaba bajo una enorme cantidad de estrés y desarrolló un alto grado de irritabilidad, enojo, ataques de pánico y ansiedad que aún persisten en la actualidad. Asimismo, el señor Tsafrir sufre como consecuencia de dicha depresión, una gran tristeza y angustia, una pérdida de interés en actividades placenteras, insomnio, interfirió con la productividad en el trabajo que tenía, alteró su capacidad de vida plena, problemas de concentración y memoria. Igualmente, mantiene una disminución de energía, que sumado a lo anterior ha provocado que pierda o carezca de sus pasatiempos, amigos, su capacidad de trabajo, una vida placentera, y en especial el peso que tenía previo a las construcciones. La señora Olga Shutaleva desarrolló un cuadro similar de depresión, aunado a su estado de embarazo durante las construcciones, causándole trastornos emocionales. Adicionalmente, cuando nació su hija Lian, ésta inmediatamente se vio envuelta en un ambiente de altas tensiones y ruidos que le ha causado trastornos de orden psicológico a su temprana edad. (Ver Pruebas #4, 5, 6, y 65). XVII. Durante más de año y medio, la familia intentó vender o alquilar su casa, para acabar con el círculo vicioso de sufrimientos y angustias que estaban sufriendo, como consecuencia de las construcciones a su alrededor. A pesar de diversas visitas e interés despertado por cuatro a cinco agentes de bienes raíces, y otras personas, la corta distancia entre la casa, su patio y los altos edificios de oficinas, algunos aún en construcción, les ahuyentaba; la familia contrató los servicios de los corredores John Kartman, Jeannie Robles, Alvaro Domínguez Leyva y Barry Ashworth. XIX. La familia Tsafrir, de manera insistente y constante, solicitó a la Municipalidad de Escazú, Contraloría General de la República, al Ministerio de Salud, al Tribunal Ambiental Administrativo, la Defensoría de los Habitantes, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos e interpuso acciones de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para cesar los fuertes ruidos, molestias, contaminaciones de diversa naturaleza, olores y las consecuencias negativas, así como para exigir las responsabilidades correspondientes, generadas en su perjuicio y causadas por la forma en que se dieron estas construcciones. XX. La Municipalidad de Escazú manifestó en distintas ocasiones ante la Sala Constitucional, y ante el Ministerio de Salud y la Defensoría de los Habitantes que cumplía con sus obligaciones realizando inspecciones de vez en cuando, y advirtiendo sobre la existencia .de polvo a los encargados de las construcciones. (Ver Prueba 294). XXI. Como consecuencia de las peticiones presentadas por la familia Tsafrir, el Ministerio de Salud respondió y concluyó que la Municipalidad de Escazú era la competente para analizar y supervisar las situaciones que se estaban desarrollando en los alrededores de la casa de habitación de la familia Tsafrir. En igual sentido, consideró que ordenando mediciones sónicas se podía determinar si era válido accionar para la tutela de los derechos e intereses de la familia Tsafrir. (Ver Pruebas 292 y 295). XXII. El señor Tsafrir se reunió, con la Contralora General de la República (Rocío Aguilar M.), las Defensoras de los Habitantes (Lizbeth Quesada y Ofelia Taitelbaum), el Director del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (Oimán Vargas), la Municipalidad de Escazú (ex Alcalde Marco Antonio Segura Seco y Garrett Cotter Jefe de Departamento de Urbanismo), Ministerio de Salud Escazú, Área de Salud Central Sur del M-inisterio de Salud y Magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; específicamente, la Magistrada Ana Virginia Calzada, en su calidad de Presidente de la Sala Constitucional, estuvo en la casa de habitación de los aquí actores en una inspección formal para verificar los daños señalados (Expediente 09- 009460-0007-CO), así como también estuvieron en su casa en diversas ocasiones los Ingenieros a cargo de las obras en Grupo Roble y Grupo Meridiano y el Condominio Euroloft. Asimismo, varias reuniones se dieron con funcionarios de esos entes y órganos, todas solicitadas por el señor Tsafrir y la señora Shutaleva. XXIII. El 18 de enero de 2007, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, específicamente su Departamento de Régimen Disciplinario, Área de Inspección y Control, emitió el Informe DRD-INSP-45-2007, como ampliación a la primera inspección llevada a cabo en la vivienda de la señora Olga Shutaleva y sus alrededores, indicando que "se produjeron acumulaciones de agua en la parte posterior de la vivienda de la señora solicitante (...) situación que provocó que la tapia de la vivienda estuviera expuesta a presiones de agua, lo que podría haber motivado que la misma se pandeara ligeramente y se generara un ligero agrietamiento en dicha tapia." Se indica además que el pandeo de la tapia es perceptible a simple vista. Además agrega el Informe DRD-INSP-45-2007, que "se observan 4 estructuras relativamente cercanas a la vivienda de la señora solicitante. Son 4 las edificaciones que se encuentran en los alrededores que sobrepasan los 2 pisos de altura. El primero de estos edificios se ubica frente a la casa de la señora solicitante, y consiste en un edificio de 4 pisos de altura destinado a apartamentos. Completamente terminado y habitado. El segundo de los edificios se ubica a un costado del primer edificio descrito. El mismo consta de 6 pisos de altura y un sótano. Actualmente se encuentra en proceso constructivo. En la parte posterior de la vivienda del señor solicitante igualmente se ubican dos edificaciones. El primer edificio es una estructura de 9 pisos de altura, actualmente en construcción, y se ubica exactamente en la parte posterior de la vivienda. Existe un retiro entre la vivienda de la señora solicitante y esta estructura de más de 30 metros, aunque por las condiciones del terreno no fue posible realizar una medición más exacta. Contiguo a este edificio en construcción se ubican las edificaciones pertenecientes a Plaza Roble, de unos 6 pisos de altura. Completamente terminado. Cabe destacar que existe calle pública, tanto frente, como en la parte posterior de la vivienda de la señora solicitante. La calle pública frente a la vivienda tiene un ancho, de línea a línea de propiedad, de 12.7 metros. En la parte posterior no fue posible verificar el ancho de la calle pública, ya que no existen referencias para tomar medidas. " Igualmente, señaló que "se observó que a pesar de que se presume calle pública, la seguridad de Plaza Roble restringe la entrada y salida de dicha calle". Finalmente, el informe concluye que "se presentaron daños en la tapia posterior de la vivienda ... ", refiriéndose a la casa de la solicitante. (Ver Prueba #334). XXIV. El 31 de marzo de 2007, la señora María Elena Mora Abarca, vecina y Directora de la Urbanización Quintanar, presentó ante la Municipalidad de Escazú una carta comunicando a dicha institución las molestias y problemas ocasionados por la construcción del Edificio Meridiano y Plaza Roble, los cuales según indicó fueron "denunciados hace más de un año a esa municipalidad, Defensoría de los Habitantes, Colegio Federado de Ingenieros y Ministerio de Salud". Los problemas indicados incluían: "exceso de polvo, entrada y salida de vagonetas, trabajos en horas fuera del horario establecido por el Plan Regulador, peligro por la entrada del invierno de inundaciones a calles y casas colindantes, construcción de 2 torres que no cumplen con requisitos de zonas verdes, aguas negras no tratadas que provocan malos olores en la quebrada (...) inciden la salud física y mental de cada uno de los habitantes de la urbanización sin que a la fecha tengamos una respuesta satisfactoria por parte del municipio." (Ver Prueba 274).    XXV. El 7 de marzo de 2007, el señor Shon Tsafrir y la señora Olga Shutaleva presentaron Recurso de Amparo contra el encargado del Área de Salud (Guillermo Treminio Rivas) y el Alcalde Municipal de Escazú (Marco Antonio Segura Seco), alegando violación a los artículos 27, 41 y 50 de la Constitución Política, debido a la falta de respuesta efectiva e incumplimiento de deberes por la falta de atención seria a las quejas presentadas en relación con los problemas que presentaban en su casa todos los días de lunes a domingo de 5:30 AM hasta aproximadamente 10 PM, que afectaron seriamente su salud, como consecuencia de la construcción de las torres que se edificaron en el lindero posterior de su casa, entre otras muchas violaciones que se dieron a esta familia y a los vecinos en esta ubicación de la Urbanización Quintanar. El citado Recurso de Amparo, tramitado bajo el expediente No. 07-3239-0007-CO de las quince horas con dos minutos del diez de octubre de dos mil ocho, fue declarado con lugar, por medio de la sentencia 14995-2007, y aclarada y adicionada por medio de la sentencia 3815-2008, de las veinte horas del siete de marzo de 2008. Adicionalmente, el señor interpuso tres recursos de amparo más, contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Escazú: el primero de estos se tramitó bajo el expediente No. 09-9460-0007-CO, y fue declarado sin lugar, por medio de la sentencia 269-2010, de las once horas con cuarenta y tres minutos del ocho de enero de dos mil diez, y, adicionado y aclarado, por medio de la sentencia 10359-2010, de las trece horas con seis minutos de once de junio de dos mil once; el segundo, tramitado bajo el expediente 10-13727- 0007-CO, fue declarado sin lugar por medio de la sentencia 5406-2011, de las diez horas con cuarenta y un minutos del veintinueve de abril de dos mil once, y, adicionado y aclarado, por medio de la sentencia 8920-2011, de las quince horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de julio de dos mil once. Finalmente, el último de los amparos interpuestos por el señor Tsafrir y la señora Shutaleva fue tramitado bajo el expediente No. 09-6673-0007-CO, y fue declarado con lugar, por medio de la sentencia 1745-2011, de las nueve horas y cincuenta y nueve minutos del once de febrero del dos mil once, y adicionado y aclarado por la sentencia No. 4223-2011, de las dieciocho horas con siete minutos, del veintinueve de marzo de dos mil once; la sentencia No. 1745-2011, señaló que "se declara con lugar el recurso por violación a los artículos 21, 41 y 50 constitucionales, únicamente en cuanto la Municipalidad de Escazú no previó y ordenó los requisitos técnicos bajo los cuales podía ser mejorada la calle El Barro, con el objeto de evitar los emplazamientos que la falta de un adecuado canal de drenaje de las aguas superficiales produjo, así como la inercia de esta Municipalidad en resolver las denuncias presentadas por la recurrente, así como de restablecer las zonas residenciales de la Urbanización y su omisión en delimitar y resguardar recursos hídricos relevantes como la servidumbre del tubo que proviene de Puente Mulas, al haber autorizado varias construcciones sin su previsión en caso de emergencia. En consecuencia, se ordena a Marco Antonio Segura Seco, en su condición de Alcalde Municipal de Escazú, o a quien ocupe el cargo, que de forma inmediata a la comunicación de esta sentencia, proceda a emitir las órdenes que estén dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias, a efecto de garantizar que en el plazo de tres meses contados a partir de la comunicación de esta sentencia, la calle El Barro cumpla con los requisitos técnicos necesarios para que discurran adecuadamente las aguas superficiales y subsuperficiales que pasan sobre ésta. Asimismo, deberá en forma inmediata coordinar con eiiCAA, el Departamento de Aguas del MINAET y SENARA, la actualización o realización de un estudio hidrográfico de la zona, así como proceder dentro del mismo plazo de tres meses indicado anteriormente, a delimitar y demarcar claramente la servidumbre de paso de la tubería madre de Puente Mulas y tomar las previsiones frente a futuras solicitudes de permisos de construcción. Se advierte al Alcalde de la Municipalidad de Escazú, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Escazú al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto a los demás extremos, se declara sin lugar el recurso. Comuníquese y notifíquese la presente resolución a Marco Antonio Segura Seco, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Escazú, así corno a los representantes del MINAET, ICAA y SENARA". La Municipalidad de Escazú, a pesar de haber solicitado ocho meses para el cumplimiento de dicha sentencia, aún no ha procedido a realizar obra alguna, como se-desprende del Acta Notarial levantada por la Notario Ariana Azofeifa Vaglio. (Ver Prueba #355). XXVI. El 6 de junio de 2007 la Defensoría de los Habitantes emitió un oficio # 04061-2007-DHR como respuesta a una solicitud presentada por el señor Shon Tsafrir, en la cual hace recomendaciones a la Municipalidad de Escazú en cuanto al caso. (Ver Pruebas #322 y 323). XXVII. El 16 de noviembre de 2007 el Tribunal Ambiental Administrativo en su Resolución #1227-07- TAA solicitó a SETENA, a la Municipalidad de Escazú y al Área Rectora de Salud de Escazú, indicar los trámites realizados por parte de cada una al respecto, así como los permisos y viabilidades existentes en cada una de estas instituciones en relación con las construcciones que se indican en la denuncia del señor Tsafrir y la señora Shutaleva. (Ver Prueba #328 y Expediente W226-07- 01-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo). XXVIII. La situación urbanística y de construcciones que ocurrían en la Municipalidad de Escazú fue analizada y criticada por la Contraloría General de la República; asimismo, fue objeto de reportajes periodísticos de Canal 7. La Contraloría General de la República, por medio de su Informe DFOE-SM-1-2009, determinó que "e/ plan regulador del cantón de Escazú no cuenta con cuatro de los cinco reglamentos de desarrollo urbano exigidos por la normativa vigente, a saber: de fraccionamiento y urbanizaciones, de mapa oficial, de renovación urbana y de construcciones. En este sentido, la Ley de Planificación Urbana citada establece que dicho plan debe contener cinco reglamentos básicos: de zonificación, para usos de la tierra; de fraccionamiento y urbanización, sobre división y habilitación urbana de los terrenos; de mapa oficial, sobre la provisión y conservación de los espacios para vías públicas y áreas comunales; de renovación urbana, relativo al mejoramiento o rehabilitación de áreas en proceso o en estado de deterioro; y el de construcciones, en lo que concierne a las obras de edificación." Asimismo, se concluyó que el Plan Regulador del Cantón de Escazú "tampoco considera las variables ambientales exigidas por la normativa vigente, a pesar de que en el año 2006 y en cumplimiento del Reglamento General de Evaluación de Impacto Ambiental, la Municipalidad de Escazú presentó a la SETENA el Informe Técnico de Cartografiado de Fragilidad Ambiental (IFA) y el Análisis de Alcance Ambiental (AAA) del plan regulador de Escazú, así como un documento (anexo al expediente EAE 07-2006-SETENA) relativo a la introducción de la variable ambiental en ese plan". Adicionalmente, Canal 7 publicó en su noticiero, un reportaje sobre la situación que se daba en Escazú y la casa de habitación de la familia Tsafrir. (Ver Prueba #338). XXIX. El Ingeniero Municipal, Garrett Cotter Alfara, en declaraciones a Telenoticias, Canal 7, indicó que existieron violaciones al ordenamiento jurídico, durante el desarrollo de las construcciones, por parte de los desarrollares. (Ver Prueba #360). XXX. Grupo Roble Internacional, S.A. instaló y operó un parqueo que la Municipalidad de Escazú permitió que se localizara dentro de la Urbanización Quintanar en un lote de aproximadamente 2400 mts2 ubicado a tan sólo 20 metros lineales -al aire libre- de la casa de los señores Tsafrir. Este parqueo lo convirtieron luego en una gran bodega de materiales de construcción y maquinaria pesada, y lo hicieron también un sitio o base de construcción y trabajos pesados sumamente ruidosos durante aproximadamente 4 años, causando serias consecuencias negativas de salud física y psicológica a los vecinos de este barrio, en especial para la familia Tsafrir que vivían a escasos metros de la misma. (Ver Pruebas #221 y 275). XXXI. La Municipalidad de Escazú, de acuerdo con el Informe DFOE-SM-1-2009 de la Contraloría General de la República citado anteriormente, contaba sólo con tres inspectores para supervisar las construcciones en todo el cantón. (Ver Prueba #338). XXXII. La Contraloría General de la República, a través de su Informe DFOE-SM-1-2009, concluyó que, la Municipalidad de Escazú no ejerce una fiscalización efectiva sobre las construcciones que se desarrollan en ese cantón, a pesar de que es uno de los cantones que más desarrollo inmobiliario presenta en los últimos años, lo que indudablemente demanda de esa corporación municipal el establecimiento de controles eficaces sobre los permisos de construcción que otorga, a fin de detectar con oportunidad las irregularidades y abusos que se presentan en torno a la actividad constructiva y tomar las medidas correctivas que correspondan para cada, caso en particular conforme a derecho. Además, el plan regulador vigente del cantón de Escazú carece de cuatro de los cinco reglamentos que exige la normativa vigente y no incluye las variables ambientales estipuladas en la normativa que regula la materia de construcciones en el cantón. Tales debilidades no sólo atentan contra las arcas municipales, sino que van en menoscabo de un ordenado desarrollo urbano del cantón, que además puede originar problemas irreparables para el ambiente y por ende, afectar la calidad de vida de los habitantes, por lo cual es necesario que se definan y aprueben las acciones pertinentes por parte de la Administración, con el irrestricto apoyo del Concejo Municipal, para fortalecer la gestión del impuesto de construcciones y garantizar el cumplimiento de la normativa legal y técnica que regula esa actividad, de tal forma que propicie un desarrollo urbano del cantón en forma ordenada y sostenible" (la negrita es nuestra). (Ver Prueba #338). XXXIII. Las construcciones citadas continuaron hasta concluirse. La familia Tsafrir nunca fue notificada de la existencia o creación de un Plan de Mitigación, como lo ordenó en distintos momentos tanto la Sala Constitucional mediante resolución número 2007014995 de las 15 horas 02 minutos del 17 de octubre de 2007 (Expediente 07-003239-0007-CO) como el Ministerio de Salud, ni de acciones efectivas de la Municipalidad de Escazú que tendieran a proteger efectivamente sus intereses y derechos frente a las construcciones que se estaban desarrollando. (Ver Prueba #294 y Expediente 07-003239-0007-CO de la Sala Constitucional). XXXIV. Las consecuencias emocionales y psicológicas se mantienen al día de hoy y la familia Tsafrir no está en capacidad de poder volver a disfrutar la misma calidad de vida emocional que disfrutaba antes de las construcciones, teniendo que seguir con medicaciones, tratamientos y terapias para intentar mejorar las lesiones causadas a su salud y a su familia. (Ver Prueba Médica #2 al176). XXXV. Actualmente, la familia Tsafrir continúa viviendo en la misma casa de habitación, la cual se encuentra en estado de deterioro infraestructura, y la familia sigue sufriendo estados crónicos de depresión, ansiedad y tensión. (Ver Prueba Médica #2 a1176)". Dejando de lado el hecho procesal, de si los hechos así expresados se encontraron especificados y/o circunstanciados (que casi en su totalidad ninguno lo fue, incluso en términos de circunstancias de modo, tiempo y lugar) en lo que específicamente, cual se expresó lo propio en las pretensiones determinadas en audiencia preliminar, los demandantes identificaron como acciones y/u omisiones en que incurrieron tanto la Municipalidad de Escazú como el Ministerio de Salud -todo en el marco de procesos constructivos hasta su terminación- lo cierto es y lo reiteramos, que apenas a partir de su forma de expresión, se imputó como base para la procedencia de los daños y/o perjuicios que se reclaman, hechos en lo que podrían serle directamente imputables a ambas Administraciones Públicas, sólo hechos que podemos haciendo un enorme esfuerzo al respecto, en el año 2007. Luego y con claridad, para determinarse que alguna conducta administrativa, activa u omisiva adoptada por alguna de estas Administraciones Públicas, tuvo la virtud de desplegar efectos continuados, además de resultar necesario que la parte actora especificara y circunstanciara hechos, habrían de haber colocado a esta Autoridad Judicial en posición de tener por demostrada, ya la existencia de una específica conducta omisiva, ya activa, para luego pasar a analizar si tal conducta (activa u omisiva) permaneció surtiendo efectos y hasta qué momento. La denuncia de un hecho con absoluta claridad, nada dice al respecto, por razones obvias, cuando lo relevante lo es, en un primer de análisis, si tal denuncia fue atendida o no, y luego si lo fue con éxito, de demostrarse que en efecto la denuncia fue veraz en lo que podría describir la producción de un afecto dañoso producido por aquel a quien se denuncia, en este caso directamente producido por el proceso constructivo que cual actividad de terceros, fue desarrollada por sujetos de derecho privado, esto es, por alguna o todas las empresas que desarrollaron sus proyectos constructivos de modo autónomo, actividad respecto de la cual en cada caso, las partes actoras también conforme la Ley Procesal, debían de haber especificado y circunstanciado hechos en su escrito de demanda, con un mínimo de rigor y claridad. Continuando, PRESENTADO EL ESCRITO DE DEMANDA EN FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011, se le dio curso por medio de la resolución dictada por el Juez o Jueza de Trámite (imagen 100 del expediente judicial) de las 12:32 hrs. del 15 de marzo del 2012. La demanda consecuencia de la observancia del respectivo emplazamiento conferido en los términos de dicha resolución interlocutoria se produjo, fue contestada por la totalidad de las partes demandadas y en particular, por la representación del Estado en lo que la acción se dirigió en contra del Ministerio de Salud y de la representación de la Municipalidad de Escazú en lo conducente, y así, por resolución interlocutoria dictada al ser las 11:13 hrs. del 19 de diciembre del año 2012, se confirió audiencia de réplica a la contestación a la demanda en cada caso, a la representación de las tres partes actoras (imagen 100 en relación con la 499, ambas del expediente judicial). Posterior a ello, la representación de las partes demandantes atendió el respectivo emplazamiento para replicar a los escritos de contestación a la demanda, y fue así que a imágenes que van de la 510 a la 523, la representación de las partes demandantes replicó por escrito presentado a estrados judiciales el día 23 de enero del 2013. En esta ocasión la representación de los aquí demandantes indicó además, que gestionaba una ampliación de hechos "nuevos" y de sus pretensiones, todos relacionados en cada caso con la salud del señor Shon Shai Tsafrir exclusivamente. Estos hechos "nuevos", fueron descritos así en ampliación al escrito de demanda: "l. El día 3 de mayo de 2012, el señor Shon Shai Tsafrir sufrió de fuertes dolores en el pecho, por lo que fue enviado de emergencia al Hospital México. El señor Tsafrir fue tratado en Emergencias del Hospital México. II. Como consecuencia de dicha emergencia, fue enviado al Hospital CIMA San José, para la realización de pruebas médicas el día 4 de mayo de 2012. III. Como consecuencia de las pruebas médicas, el señor Tsafrir fue ordenado a ser admitido al hospital CIMA San José, el día 8 de mayo de 2012, por parte de la Dra. Yamilah Bouzid Jiménez. Igualmente, fue atendido por el Dr. José Luis Salas Jerez. IV. El señor Tsafrir fue diagnosticado con crisis de pánico y ansiedad, y, posteriormente, se le otorgó un certificado médico por parte del Dr. José Luis Salas Jerez, que indicó que el señor Tsafrir "se encuentra en tratamiento por un trastorno depresivo mayor y un trastorno con pánico severo, precipitado por el estrés acumulado ... ". Los trastornos depresivos y de pánico son producto de las situaciones vividas a lo largo de varias años en relación a las construcciones hechas alrededor de su casa de habitación, producto de las actuaciones y omisiones del Estado, la Municipalidad de Escazú, Grupo Roble Internacional, S.A., Parque Central, S.A., Construcciones KMC, S.A. y Grupo Meridiano de Centroamérica, S.A.. V. El Dr. José Luis Salas Jerez ha medicado al señor Tsafrir con el medicamento Paxil para un tratamiento a lo largo plazo y la Dra. Yamilah Bouzid Jiméez prescribió el medicamente Concor 5 mg". (El resaltado no es del original). Adicionalmente cual lo advertimos atrás, se solicitó una ampliación de las pretensiones. Nos hemos de detener a este punto para indicar que en relación a cualquiera que fuese una conducta administrativa activa u omisiva que pudiese para los efectos exclusivamente patrimoniales en los que se encontraron esbozadas las pretensiones, ninguno que describa alguna imputable ya al Ministerio de Salud, ya a la Municipalidad de Escazú, fue solicitado que se introdujera al proceso en ampliación a la demanda. En otro orden de ideas, en lo que tocó a la excepción de prescripción en lo que interesa, alegada por cualquiera de las administraciones públicas accionadas, se expresó la representación de las partes demandantes así: "La defensa de prescripción es improcedente y así debe declararse. En primer lugar, las aseveraciones sobre las que se basa la representación estatal son incorrectas por los motivos que se procederá a desarrollar. No existen dos etapas, como pretende señalar la representación estatal. Como bien se desprende de una lectura detallada del escrito de demanda, la construcción de los edificios inicia con la fase de permisos en el año 2006 y culmina en el año 2011; son una serie de elementos continuos a lo largo del tiempo desarrollados para finalizar en la construcción de los edificios. Efectivamente, existe abundante documentación de los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, que demuestra este efecto. La construcción no terminó en el 2007, y existe prueba abundante en el expediente que así lo demuestra. Asimismo, la demanda no se limita a la construcción, sino también a la contaminación sónica que provenía de los ventiladores colocados por uno de los demandados y que operaban durante la mayor parte del día y de la noche. Igualmente, la representación estatal, en su fundamento para interponer la excepción de prescripción, ignora que las molestias y daños no viene únicamente del demandado Grupo Roble Internacional, S.A., sino que también de las otras partes demandadas. Adicionalmente, los daños a la salud aún al día de hoy se mantienen, por lo que el plazo de prescripción no puede haber transcurrido. De esta forma, resulta evidente que el plazo de cuatro años debe empezar a contabilizarse a partir del año 2011- lo cual incluso podría cuestionarse por los daños a la salud existentes al día de hoy- que es cuando terminan las construcciones. Incluso, es válido afirmar que aún, al día de hoy, se están manteniendo acciones importantes por parte de los demandados que continúan afectando la salud y bienestar de mis representados. Como bien se detalla en el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública, el derecho para reclamar la indemnización prescribe en cuatro años a partir del hecho que motiva la responsabilidad. El conjunto de hechos que motivan la responsabilidad se consolidan y definen en el año 2011, momento a partir del cual puede iniciarse el conteo del plazo. En todo caso, como bien reconoce la representación estatal, el plazo de prescripción ha venido siendo interrumpido constantemente a través de las acciones interpuestas por mis representados. Equivocadamente, la representación estatal manifiesta que este proceso se interpone en abril del año 2012, cuando, claramente, se puede verificar que el escrito de demanda se interpuso el día 22 de diciembre de 2011. Así, es claro que el plazo de prescripción no ha transcurrido". (El resaltado y subrayado no es del original). Posteriormente y en los términos del auto interlocutoriamente dictado el día 03 de septiembre del 2013 durante la celebración en ese tanto, de la audiencia preliminar, se tuvo por ampliada la demanda exclusivamente en lo que así lo solicitó la representación de las partes aquí actoras y fue así, como en lo que dicha audiencia preliminar continuó siendo celebrada en lo conducente en fecha 03 de junio del 2015, conforme la minuta levantada a efecto de dejar registro de lo en esa diligencia judicial ocurrido, consignó lo siguiente, en lo que interesa: "09:00 El señor juez indica que el presente proceso consta de 40 hechos los cuales corresponden al escrito de demanda más las ampliaciones realizadas durante el proceso, y de una revisión a las contestaciones de la demanda, se considera que todos los hechos son controvertidos. 09:01. (...) 09:05 Luego de escuchar a las partes, se concuerda que efectivamente todos los 40 hechos son controvertidos". (El resaltado y subrayado no es del original). Nos hemos de detener de nuevo para indicar, que comprendidos en el escrito de demanda 35 hechos, a los que se han de sumar los 5 hechos que la representación de las partes actoras solicitó fueran incorporados a su acción (demanda) por escrito presentado a estrados judiciales el día 25 de enero del 2013 (al que ya hicimos referencia) los hechos base de imputación de responsabilidad de la acción de corte exclusivamente patrimonial, en efecto fueron y son aún y a la data del dictado de la presente sentencia 40, no más, y no menos, sin que ninguno de ellos en lo conducente como se verá, se encuentre relacionado de modo circunstanciado (en términos de modo, tiempo y lugar) y/o especificado en lo que podría describir una conducta activa u omisiva imputable ya al Estado, ya a la Municipalidad de Escazú codemandados, que es la base de imputación de la responsabilidad patrimonial que se reclama en su contra, sea dicho lo mismo en otros términos, sin que a esta data ningún hecho de la especie ocurrido con posterioridad al año 2007, hubiere formado parte u objeto de debate en la presente causa, porque así lo haya procurado la representación de quienes demandan y en consecuencia, hubiere el mediado pronunciamiento respectivo por parte de la autoridad judicial, con audiencia que procure el respeto al derecho de defensa a las partes demandadas. Aunque este apartado de la presente sentencia sin duda resulta extenso, resulta necesario tornar a lo resuelto por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, identificada con el N° 002867-F-S1-2024 al ser las 09:54 hrs. del 19 de diciembre del 2024, del modo que sigue.-

2.- En su sentencia N° 002867-F-S1-2024 dictada al ser las 09:54 hrs. del 19 de diciembre del 2024, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia razonó del siguiente modo, lo que finalmente condujo a casar integralmente la sentencia impugnada por la vía del recurso extraordinario de casación. Indicó el Alto Tribunal de Casación en lo conducente, que la sentencia de casó por motivos sustantivos sobre la base del recurso de casación interpuesto exclusivamente por las partes demandantes mayores de edad, en función de que: "VI.- Al resolver la prescripción alegada, el Tribunal indicó, grosso modo, que de la lectura de los hechos de la demanda se colegía que las conductas administrativas a partir de las cuales se habrían generado los efectos dañosos que se reclaman, habrían ocurrido hasta el año 2007, de modo que, como la demanda se notificó hasta en el año 2012, el derecho reclamado por los señores Shon Shai Tsafrir y Olga Shutaleva se encontraba prescrito, pues habría transcurrido el plazo cuatrienal previsto en el ordinal 198 de la LGAP, aplicable en la especie. (...). VII.- Revisado el expediente, se observa, tanto la representación del Estado, como la Municipalidad de Escazú opusieron la excepción de prescripción al contestar la demanda. En términos generales, alegaron que, de los hechos narrados en la demanda, se desprendía que las conductas reputadas como dañosas ocurrieron entre los años 2006 y 2007, por lo que, al notificarse la demanda hasta en el año 2012, habría transcurrido el plazo previsto en el ordinal 198 de la LGAP. En contraposición, la parte actora, al referirse a dicha defensa, indicó que la construcción de los edificios inició con la fase de permisos en el año 2006 y culminó hasta en el año 2011, por lo que se trató de una serie de actos continuos a lo largo de ese período, de lo cual daba fe la prueba aportada. Al parecer de los actores, el plazo de prescripción empezó a correr a partir del 2011, cuando terminaron las construcciones, aunque, en todo caso, sostienen que ello es cuestionable, porque los daños se mantienen. Dicen, además, que el referido plazo ha sido constantemente interrumpido por las acciones interpuestas. Pues bien, aquí es importante resaltar que, A EFECTOS DE ANALIZAR LA PRESCRIPCIÓN ALEGADA, NO BASTA CON REVISAR ÚNICAMENTE LO QUE FUE ARGÜIDO EN LA DEMANDA, como lo hizo el Tribunal, pues resulta indispensable valorar también la tesis de defensa seguida por la actora contra las excepciones planteadas por la demandada, pues, precisamente por ello, a la accionante se le concede la oportunidad de referirse sobre el particular e incluso ofrecer contraprueba, CONFORME EL CANON 70 DEL CPCA". (El resaltado subrayado y en mayúscula no es del original). Nos hemos de detener para indicar que la Sala acusó inobservado el numeral 70 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que reza así en lo conducente: "1) Salvo el supuesto del artículo anterior, una vez contestada la demanda o la contrademanda, la jueza o el juez tramitador dará traslado a la parte actora, por el plazo de tres días hábiles, para que se refiera a esta y ofrezca contraprueba". (El resaltado y subrayado no es del original). De la norma se extrae con facilidad que la audiencia de réplica a la contestación de la demanda lo es sobre el contenido y alcances justo frente a tal acto procesal, sea, la demanda, así como que, si de los hechos se trata, lo es para que una vez las partes demandadas respecto de los hechos, los hayan aceptado o rechazado total o parcialmente, así como ofrecido prueba al respecto, la o las partes actoras, tengan oportunidad de referirse a tal aceptación o rechazo, y ofrecer contra prueba en torno a ello. NADA DICE LA NORMA    DE CITA DE QUE EN ATENCIÓN A LA RÉPLICA A LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, emerja oportunidad irrestricta de la parte actora para AMPLIAR SU DEMANDA CON HECHOS NOVEDOSOS, SEAN conforme la data de su ocurrencia, preexistentes al momento de la presentación a estrados judiciales del escrito de demanda, o posteriores (hechos nuevos) sea, hechos sobrevinientes a la data de presentación de la demanda a estrados judiciales. Siquiera una lectura y/o aplicación por parte del operador jurídico aislada, esto es, no sistemática del ordenamiento jurídico en inobservancia de lo dispuesto en los artículos 11, tanto de la Constitución Política como del Código Civil como de la Ley General de la Administración Pública, y si se quiere, estos en relación con el 10 del Código Civil, permite hacer tal inferencia lógica racional en interpretación de la norma. Como se verá, lo propio sobre la posibilidad de ampliar la demanda si se entiende que la causa de pedir es fundamento de la acción, se encuentra normado en otras normas procesales diversas a este numeral 70, todas igualmente del mismo Código Procesal Contencioso Administrativo que han de ser observadas y aplicadas de modo sistemático u holístico conforme el ya relacionado numeral 10 del Código Civil, como su homólogo de la Ley General de la Administración Pública, en relación con los artículos 21 y 22 del Código Civil y el concepto procesal de abuso del derecho, a lo que se ha de agregar lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De entrada lo que puede afirmarse a este punto lo es que EL ARTÍCULO 70 DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PORQUE NO LO DICE SU TEXTO, NI SE PUEDE INFERIR DE SU CONTENIDO Y/O ALCANCES, SIQUIERA DESDE UNA ÓPTICA FINALISTA SUPONE OPORTUNIDAD PROCESAL POR VOLUNTAD DEL PODER LEGISLADOR PARA AMPLIAR LA DEMANDA EN LO QUE TOCA AL CUADRO FÁCTICO QUE ES BASE DE LO QUE SE PRETENDE SEA CONCEDIDO EN SENTENCIA, que es base de imputación como en este caso, de la responsabilidad patrimonial que se reclama. Siguió argumentando la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su Voto de interés, que justo en aplicación del relacionado artículo 70 del Código Procesal Contencioso Administrativo, es que atendiendo al escrito de réplica a la contestación a la demanda, este Tribunal habría obviado que esta -según lo entendemos- se amplió en cuanto a los hechos, así: "Del examen de lo pretendido en esta causa, se observa que, en términos generales, los actores reclaman a los entes públicos demandados responsabilidad por la falta de control y fiscalización durante los proyectos constructivos desarrollados por las empresas privadas co-accionadas, (pese a los constantes reclamos planteados), los que generaron una serie de afectaciones a su salud y propiedad. En este punto, precisar aclarar, en virtud de que se pretende un resarcimiento a cargo de entidades públicas, procede aplicar el plazo de prescripción previsto en la normativa especial administrativa, sea el regulado en el ordinal 198 de la LGAP, el cual dispone: “El derecho de reclamar la indemnización a la Administración prescribirá en cuatro años, contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad (…)”. Por otra parte, aprecia esta Sala, en este caso, no hay controversia respecto a que en el año 2007 hubo una serie de denuncias de los actores ante las administraciones públicas accionadas en virtud de las molestias derivadas de las construcciones realizadas alrededor de su casa de habitación. El tema que suscita el debate estriba en determinar si, después de ese año, hubo más actos en ese mismo sentido o el planteamiento de acciones QUE TUVIESEN LA VIRTUD DE INTERRUMPIR EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN. Del estudio íntegro del expediente y las pruebas constantes en autos, esta Cámara observa que, tal como lo alegó la actora durante el proceso y lo reitera en el presente agravio, el proceso de construcción y las molestias y quejas derivadas no se delimitaron al año 2007, sino que continuaron, al menos, hasta el año 2010. Nótese, con respecto al Ministerio de Salud, en la prueba No. 304 aportada con la demanda, visible a folio 628 del expediente físico, consta que, el día 8 de enero de 2009, los señores Shon Shai Tsafrir y Olga Shutaleva interpusieron una denuncia ante el Ministerio de Salud, reclamando lo siguiente: “Escuchamos ruidos fuertes de taladros, maquinarias pesadas y todo tipo de ruido de construcción, que viene de Grupo Roble, inclusive en horas de la noche”. Asimismo, en fecha 17 de agosto de 2010, consta que el Ministerio de Salud recibió una queja de parte del señor Shon Shai Tsafrir, en la que reclamaba un problema de contaminación sónica generada por unos ventiladores industriales instalados por Grupo Roble detrás de su casa de habitación (prueba No. 307). De igual forma, en relación con la Municipalidad de Escazú, consta también que, entre diciembre de 2008 y agosto de 2010, los actores solicitaron la intervención de la Policía Municipal de Escazú en múltiples ocasiones, quienes levantaron actas oculares describiendo la presencia de ruidos fuertes, trabajos de construcción en horarios no permitidos o quemas en las cercanías de la casa de habitación de los accionantes (véanse las pruebas No. 221- No. 248 aportadas con la demanda). Con tales evidencias, es claro que los hechos con base en los cuales los actores fundan la responsabilidad achacada al gobierno local y al Estado no se agotaron en el año 2007, como se dispuso en la sentencia recurrida, sino que se mantuvieron años después.    De ese modo, resulta improcedente contabilizar el plazo de prescripción desde el año 2007, pues el hecho que motiva la responsabilidad endilgada se fue perpetrando en un período de tiempo que perduró durante años posteriores.    Así, AL EXISTIR PRUEBA DE QUE LOS HECHOS BASE DE LA RESPONSABILIDAD RECLAMADA aún persistían en el año 2010, es claro que el presente asunto no se encuentra prescrito, en tanto la demanda fue notificada en el año 2012, sea cuando no habían transcurrido los 4 años estipulados en el artículo 198 de comentario. Ahora bien, se hace la aclaración que LO AQUÍ ANALIZADO REFIERE A LAS CONDUCTAS OMISIVAS QUE SE RECLAMAN A LOS ENTES PÚBLICOS. Es decir, el plazo de prescripción para reclamar la falta de control de dichas entidades no ha transcurrido". (El resaltado, subrayado y en parte en mayúscula, no es del original). En la sentencia de instancia integralmente casada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en los términos de su Voto identificado con el N° 002867-F-S1-2024 al ser las 09:54 hrs. del 19 de diciembre del 2024 hicimos análisis amplio a partir de un antecedente jurisprudencial dictado por una Sección de este Tribunal diversa a la presente de vieja data, las razones por las cuales resolviendo por el fondo, la demanda en lo que fue incoada por las tres partes actoras y/o su representación no tuvo éxito, a partir de la observancia del PRINCIPIO DE CONGRUENCIA que toda sentencia judicial ha de observar. Se trató de la sentencia dictada por la Sección décima de este Tribunal Contencioso Administrativo, en su sentencia N° 17-2008 de las13:40 horas del 30 de septiembre del 2008, que invocando entre otros fallos dictados recurrentemente por la propia Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, hizo cita del identificado como el Voto N° 000421-F-S1-2013 dictado al ser las 14:50 hrs. del 09 de abril de 2013, que reza así en lo conducente.: "En efecto, en punto al tema de la incongruencia, la Sala ha puesto de relieve la importancia que reviste el cuadro fáctico expuesto por la parte actora al demandar, habida cuenta que “...la petitoria junto con los hechos relativos a la causa, constituyen los límites dentro de los cuales debe dictarse la sentencia... Toda demanda debe contener una exposición de hechos. No se trata de un mero relato o simple narración. Los hechos, al igual que las pretensiones materiales, deben expresarse en forma precisa y clara, de manera que sean susceptibles de fundamentar la declaración del derecho o situación jurídica en la sentencia. Los hechos en una demanda constituyen el fundamento fáctico de la pretensión    argüida ... a las partes les asiste un poder absoluto en torno a la determinación de lo pretendido en juicio y de su sustento fáctico, lo cual constituye el radio de acción dentro del cual ha de moverse el juez al resolver sobre la procedencia o improcedencia de los extremos petitorios sometidos a su consideración. El juez debe resolver con fundamento, únicamente, en los hechos ALEGADOS Y PROBADOS que resulten pertinentes para su decisión” (sentencia No. 589 de las 14 horas 20 minutos del 1 de octubre de 1999).    En esta tesitura, es claro que el enlace entre los hechos DE LA DEMANDA y la petitoria o pretensión material, demarca los LÍMITES DE LO DEBATIDO, precisa los aspectos sobre los cuales el demandado ejercerá su derecho de defensa, RESTRINGE EL CONOCIMIENTO DEL JUEZ (salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley, v.gr. HECHOS NUEVOS) y delimita los contornos de su decisión final. A ello se orienta el principio de congruencia, plasmado en los artículos 99, 153 y 155 del Código Procesal Civil, cuyos serios resultados, derivados de su inobservancia, conllevan a la nulidad del fallo, al abrigo de lo estipulado en el artículo 594, inciso 3, del mismo cuerpo de leyes.        IV.- En numerosos pronunciamientos de esta Sala, se ha insistido en el propósito de exigirle al juez resolver según lo debatido, no pudiendo desbordar los límites impuestos en la demanda, para lo cual debe remitirse no solo a lo peticionado sino a sus FUNDAMENTOS FÁCTICOS O CAUSA DE PEDIR. Así, por ejemplo, en la sentencia No. 14 de las 11 horas 35 minutos del 25 de marzo de 1994, expuso sobre el particular: “El principio de la congruencia, cuya violación recrimina el recurrente, reviste importancia capital dentro de un juicio.    A través de dicho instituto procesal, el legislador busca asegurar o garantizar el orden, la certeza, el equilibrio, en fin, el DERECHO DE DEFENSA DE CADA UNA DE LAS PARTES,    en la contienda judicial.    En aras de ese objetivo fundamental, y tratándose de diferencias surgidas en el ámbito del interés privado, para establecer y preservar a lo largo    del proceso el aludido equilibrio, la ley preceptúa que ES A LAS PARTES A QUIENES CORRESPONDE, EXCLUSIVAMENTE, FIJAR LOS HECHOS CONCERNIENTES A LA CAUSA, alrededor de la cual estructuran la petitoria (...)    El interés palmario ahí reflejado de que se definan claramente los hechos relativos a la causa, propende a apercibir debidamente a la contraparte sobre los extremos con arreglo a los cuales deberá ejercer su defensa; a la vez, a propiciar el orden indispensable dentro del cual ha de transcurrir el debate judicial, pues de otra forma se entronizaría la anarquía en éste (...).    Según se infiere de lo expuesto, el conocimiento judicial ha de estar ceñido a un poder absoluto reconocido a las partes en orden a la determinación del cuadro fáctico.    Sea, en su fallo, el juez no podrá trasponer los linderos definidos por lo pedido, alegado y probado por aquéllas (...). Como se ve,    a la luz de nuestro derecho procesal positivo, consonante con los principios doctrinales antes comentados, a las partes les asiste un poder absoluto dimanante de la exposición de los hechos, el cual marca el radio de acción dentro del cual ha de moverse el Juez al resolver sobre la procedencia o improcedencia de los extremos petitorios sometidos a su consideración.    EL FALLO QUE DESDEÑARE ESE PODER INCURRIRÁ IRREMISIBLEMENTE EN EL VICIO DE INCONGRUENCIA al cual alude el artículo 99 del Código Procesal Civil”. (El resaltado, subrayado y en parte, en mayúscula no es del original). Luego, ya advertimos que sobre el contenido y alcances del artículo 70 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la norma comprendida en él no supone siquiera por la vía de su interpretación, oportunidad procesal brindada por el Poder Legislador a la parte accionante para ampliar los hechos de la demanda, a los que se ha de sumar, que respecto del contenido y alcances de este escrito de réplica a la contestación a la demanda, NO SE CONFIERE AUDIENCIA A LAS PARTES DEMANDADAS. La posibilidad de ampliar la demanda se encuentra prevista en normas diversas, todas del Código Procesal Contencioso Administrativo, a saber, las comprendidas en los numerales 46, 68, 55 y 95, todos del mismo cuerpo normativo adjetivo, sin perjuicio pero, tomando en cuenta a la vez, lo dispuesto en su artículo 85, inciso 1) apartado b), que exige como presupuesto de admisibilidad formal de la demanda, que en ella se revelen: "b) Los hechos y los antecedentes, en su caso, relacionados con el objeto del proceso, expuestos uno por uno, enumerados y especificados. "El resaltado y subrayado no es del original), que a su vez, para un adecuado entendimiento, debe correlacionarse con lo dispuesto en el artículo 90 del mismo Código Procesal Contencioso Administrativo, que hace pender la admisibilidad de la prueba a la previa determinación de los hechos que, conforme el escrito de demanda (claro está) resulten ser aquellos respecto de los que según la posición asumida por las partes (demandantes) resultan o puedan considerarse controvertidos, así en lo que interesa: "1) En la audiencia preliminar, en forma oral,    se resolverá: (...). e) La determinación de los hechos controvertidos y con trascendencia para la resolución del caso y que deban ser objeto de prueba". (El resaltado y subrayado no es del original). Dos cosas han de extraerse de los numerales 58 y 90, en sus incisos y/o apartados transcritos, la primera, que los hechos respecto de los que en audiencia preliminar ha de ser admitida la prueba, son los comprendidos en el escrito de demanda; y la segunda, que lo será en la medida que respecto de ellos medie controversia entre las partes. Luego y como consecuencia lógica necesaria, sólo los hechos comprendidos en la demanda (o su ampliación) son o podrían ser objeto de tal análisis, mientras que por otro lado, la prueba se ha de admitir respecto de aquellos que comprendidas en la demanda, medie controversia entre las partes. De ahí la relevancia en lo conducente, de lo dispuesto en los artículos 46, 68 y 95, todos del Código Procesal Contencioso Administrativo, al tenor de los que, se dispone lo siguiente: "Artículo 46: 1) Si con anterioridad a la audiencia preliminar, se dicta un acto o se tiene conocimiento de alguna conducta administrativa que cumpla los supuestos referidos en el artículo 45 de este Código, el demandante podrá ampliar la pretensión al nuevo acto, actuación u omisión. / 2) Ampliada la pretensión, la jueza o el juez tramitador resolverá sobre su admisibilidad y, si procede, en la misma resolución suspenderá el curso del proceso; ordenará, en su caso, que se complete el expediente administrativo    y dará traslado a la parte demandada, para que, en el plazo de diez días hábiles, proceda a su debida contestación. / 3) En el supuesto de ampliarse la pretensión, las partes podrán introducir hechos nuevos hasta antes de la audiencia preliminar". (El resaltado y subrayado no es del original). De la norma transcrita se tiene que -con absoluta independencia de lo dispuesto en el artículo 70 del mismo cuerpo normativo que para estos efectos resulta irrelevante, esto lo agregamos- sin con anterioridad a la audiencia preliminar sobreviene la existencia de una conducta administrativa que habría de ser base de impugnación o de lo pretendido -agregamos por razones obvias- la demanda ciertamente puede ser ampliada en relación a tal conducta sobreviniente, activa u omisiva, en tanto tal, esto es desde un punto de vista lógico racional, sobreviniente o de aquella respecto de la que no medió conocimiento previo respecto de su existencia por la parte actora. Luego, descartado que la parte actora hubiere en la presente causa primero, solicitado una ampliación de su demanda por esta vía procesal, partiendo de lo analizado y argumentado por la    Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, hizo cita del identificado como el Voto N° 000421-F-S1-2013 dictado al ser las 14:50 hrs. del 09 de abril de 2013 en lo que introdujo sobre la base de la aplicación -errada, agregamos- del artículo 70 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la pregunta es si hechos como los siguientes, que no refieren a conducta administrativa alguna, ya activa ya omisiva- resultó procedente su ponderación para fallar como lo hizo, a saber, que, y ahora los pasamos a enumerar: 1) "Nótese, con respecto al Ministerio de Salud, en la prueba No. 304 aportada con la demanda, visible a folio 628 del expediente físico, consta que, el día 8 de enero de 2009, los señores Shon Shai Tsafrir y Olga Shutaleva interpusieron una denuncia ante el Ministerio de Salud, reclamando lo siguiente: “Escuchamos ruidos fuertes de taladros, maquinarias pesadas y todo tipo de ruido de construcción, que viene de Grupo Roble, inclusive en horas de la noche”; 2) "Asimismo, en fecha 17 de agosto de 2010, consta que el Ministerio de Salud recibió una queja de parte del señor Shon Shai Tsafrir, en la que reclamaba un problema de contaminación sónica generada por unos ventiladores industriales instalados por Grupo Roble detrás de su casa de habitación (prueba No. 307)"; y 3) "De igual forma, en relación con la Municipalidad de Escazú, consta también que, entre diciembre de 2008 y agosto de 2010, los actores solicitaron la intervención de la Policía Municipal de Escazú en múltiples ocasiones, quienes levantaron actas oculares describiendo la presencia de ruidos fuertes, trabajos de construcción en horarios no permitidos o quemas en las cercanías de la casa de habitación de los accionantes (véanse las pruebas No. 221- No. 248 aportadas con la demanda)". Hemos de destacar primero, que en su totalidad estos hechos que describen conductas desplegadas por algunos de los aquí actores, no así, conductas desplegadas, ya activas, ya omisivas por alguna de las Administraciones Públicas demandadas; ninguna de estas conductas desplegadas por los actores refieren a la ocurrencia de una conducta administrativa dañosa o que produjese daño alguno a los aquí demandantes en consecuencia;    y finalmente, todas esas tres conductas que no son administrativas desplegadas por alguna de las Administraciones Públicas aquí demandadas, son sobrevinientes, como si y en su lugar, preexistentes por su data, a la fecha de presentación a estrados judiciales (interposición) de la demanda, lo que ocurrió por escrito presentado el día 22 de diciembre del 2011, sin que la parte actora haya hecho mención en su demanda y/o solicitado su ampliación al respecto, de donde ha de afirmarse que si de la observancia de lo dispuesto en el ya relacionado artículo 46 del Código Procesal Contencioso Administrativo se trata, en todo caso, ninguno de esos hechos en lo que habría sólo descrito una conducta activa, pero desplegada por las partes actoras (algunas de ellas) ni acredita un daño, como tampoco acredita un "reclamo" por responsabilidad patrimonial incoado en sede administrativa dirigido al resarcimiento de los daños y/o perjuicios que se reclaman en el presente proceso, menos una conducta que debiese ser objeto del proceso o base de imputación de la responsabilidad patrimonial que se reclama, a lo que se ha de agregar, que interpuesta la demanda, el día 22 de diciembre del 2011, ni las partes actoras solicitaron una ampliación de la demanda en este tanto, ni alegaron desconocer la ocurrencia de tales hechos, como sí lo contrario previo a demandar, por lo que conforme lo dispuesto en el reiteradamente mencionado numeral 46 del Código Procesal Contencioso Administrativo, aún y admitiendo que las partes actoras hubieren solicitado una ampliación de la demanda -cosa que no admite este Tribunal- ampliar la demanda bajo estas circunstancias procesales no resultó jurídicamente procedente. Hemos de reforzar, sólo a mayor abundamiento de razones, que una cosa lo es afirmar que un administrado hubiere interpuesto una denuncia en razón de las molestias o daños que se encontró sufriendo por el desarrollo de un proceso constructivo civil, y otra cosa inferir que esa denuncia constituya un reclamo por daños y/o perjuicios, muchos menos inferir que por sí sola (media prueba de la existencia de tal denuncia o no) tenga tal denuncia cual prueba, la virtud de demostrar la existencia del daño, que en todo caso, en ninguno de estos supuestos se precisó ni se circunstanció, como tampoco se correlacionó por virtud de sus efectos, con alguna conducta administrativa de las sí descritas en el escrito de demanda, ocurridas todas hasta el año 2007, ni por la parte actora, ni por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, aún y admitiendo la existencia de estas denuncias -cosa que no hacemos- y que cual hechos que describieren conductas administrativas activas u omisivas -cosa que tampoco hacemos- estuvieren comprendidos en el escrito de demanda y/o su ampliación -lo que no ocurrió- en forma alguna podrían tener la virtud de servir de acto interruptor del plazo de prescripción de 4 años previsto en el numeral 198 de la Ley General de la Administración Pública. En otro orden de ideas, el artículo 58 del Código Procesal Contencioso Administrativo tampoco fue observado en lo que reza como sigue: "1) Sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo del artículo 46 de este Código, la demanda y la contrademanda podrán ampliarse por escrito, ANTES DE QUE HAYAN SIDO CONTESTADAS. / 2) Si, después de contestada la demanda o contrademanda, sobreviene algún hecho nuevo con influencia en la pretensión invocada por las partes en el proceso, estas podrán acreditarlo antes de que los autos estén listos para el dictado de la sentencia. / 3) EN TODOS LOS CASOS, SE OIRÁ A LAS PARTES POR TRES DÍAS HÁBILES. / 4) El Tribunal se pronunciará en sentencia sobre los nuevos hechos alegados". (El resaltado, subrayado y en mayúscula en parte, no es del original). Insistimos, que si de lo ocurrido en los términos de lo resuelto por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su Voto N° 000421-F-S1-2013 dictado al ser las 14:50 hrs. del 09 de abril de 2013, refiriese a hechos, como parece serlo, y no a conductas administrativas que debiesen ser objeto del proceso, sea en el caso concreto, base de imputación de la responsabilidad patrimonial que se reclama, la ampliación de la demanda respecto de estos hechos de ser nuevos o más adecuadamente entendidos, sobrevinientes, sólo es procedente antes de que la demanda sea contestada, o en su caso con posterioridad, exclusivamente si de modo previo existiendo solicitud o a requerimiento de la parte interesada, el hecho es sobreviniente y si media previa audiencia a la contraparte, lo que de entrada a estos efectos excluye la interpretación que se hizo de lo dispuesto en el numeral 70 del Código Procesal Contencioso Administrativo por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su Voto N° 000421-F-S1-2013 dictado al ser las 14:50 hrs. del 09 de abril de 2013, porque ni una solicitud hecha por las partes actora en ese sentido fue formulada durante el tránsito por la totalidad del trámite dado a la presente causa, así como, porque los hechos a los que se hace referencia en el voto de la la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia exista prueba o no de ellos o su existencia, en ningún caso guardan identidad con hechos sobrevinientes al momento de interposición de la demanda, como sí y con absoluta claridad, preexistentes a ese momento procesal sin que la parte o partes demandantes, hayan alegado desconocerlos al momento de demandar, dejando de lado que, para introducirlos como lo hizo el Alto Tribunal de casación, no medió audiencia alguna previa a las partes demandadas, si de la aplicación y observancia de esta específica norma procesal se trata. El artículo 55 de entrada deviene en inaplicable porque refiere como presupuesto a la circunstancia de que el expediente administrativo debiese ser completado, mientras que finalmente, no obstante el artículo 95 del Código Procesal Reza así: "1) Si la jueza, el juez tramitador o el Tribunal, de oficio o a gestión de parte, estima que las pretensiones o los fundamentos alegados pueden ser objeto de ampliación, adaptación, ajuste o aclaración, dará a los interesados la palabra para formular los respectivos alegatos y conclusiones. / 2) En tal caso, si a juicio del Tribunal o de la jueza o el juez tramitador, según corresponda, resulta absolutamente necesario, la audiencia podrá suspenderse por un plazo que no podrá exceder de los cinco días hábiles" (el resaltado no es del original) por las mismas razones enunciadas este numeral resulta inaplicable, mientras que por otra parte, la misma Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia a esta data sobre la aplicación de esta norma ha indicado lo siguiente en su reciente fallo dictado con el N° 000019-F-S1-2025 al ser las 09:54 hrs. del 16 de enero de 2025: "IV. Sobre la potestad del Tribunal para ampliar, adaptar, ajustar o aclarar las pretensiones o fundamentos de la demanda, contenida en el numeral 95 del CPCA. Ha señalado esta Cámara (véase voto número 1791-F-S1-2022, de las 11 horas 14 minutos del 28 de julio de 2022, visible en 1791-F-S1-2022); dicha facultad no es irrestricta. En el caso de las partes que intervienen en el proceso, ESTAS NO PUEDEN IGNORAR LAS REGLAS DE PRECLUSIÓN PROCESAL Y CAUSALES DE AMPLIACIÓN DE LA PRETENSIÓN CONTEMPLADAS EN LOS CÁNONES 46, 55 Y 68 DEL CPCA. Estos por su orden establecen la posibilidad de que las partes amplíen la pretensión cuando: 1) con anterioridad a la audiencia preliminar se dicte un acto o se tenga conocimiento de alguna conducta administrativa que cumpla los presupuestos referidos en el numeral 45 ibidem; 2) al completarse el expediente administrativo, los nuevos documentos varíen sustancialmente su contenido; y 3) hasta antes de que la demanda, y en su caso la contrademanda, haya sido contestada. No obstante lo anterior, el cardinal 95 referido, a diferencia de las tres normas descritas, regula una facultad discrecional a favor de la persona juzgadora que tramita y al Tribunal de juicio, que en el inciso primero dispone: “Si la jueza, el juez tramitador o el Tribunal, de oficio o a gestión de parte, estima que las pretensiones o los fundamentos alegados pueden ser objeto de ampliación, adaptación, ajuste o aclaración, dará a los interesados la palabra para formular los respectivos alegatos y conclusiones.”. Ha entendido la Sala, que esta norma permite según las particularidades del caso, que la persona juzgadora apele a la ampliación, adaptación, ajuste o aclaración, de la pretensión en caso de así requerirlo, siempre y cuando, ello no implique una arbitrariedad. Por lo cual, señaló este Órgano decisor, para que dicha atribución pueda ser ejercida, requiere que al proceso haya sobrevenido una circunstancia excepcional y particular que justifique apartarse de las reglas de preclusión procesal establecidas en los artículos 46, 55 y 68 referidos supra, para que las partes lo hubieran solicitado". (El resaltado, subrayado y en parte en mayúscula no es del original). En consecuencia con lo anterior y en aplicación y observancia de la propia jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, así como y, en aplicación directa de lo dispuesto en los artículos 46 y 68, ambos del Código Procesal Contencioso Administrativo, hechos como los siguientes: 1) "... el día 8 de enero de 2009, los señores Shon Shai Tsafrir y Olga Shutaleva interpusieron una denuncia ante el Ministerio de Salud, reclamando lo siguiente: “Escuchamos ruidos fuertes de taladros, maquinarias pesadas y todo tipo de ruido de construcción, que viene de Grupo Roble, inclusive en horas de la noche”; 2) "... en fecha 17 de agosto de 2010, consta que el Ministerio de Salud recibió una queja de parte del señor Shon Shai Tsafrir, en la que reclamaba un problema de contaminación sónica generada por unos ventiladores industriales instalados por Grupo Roble detrás de su casa de habitación (prueba No. 307); y finalmente, 3) "... entre diciembre de 2008 y agosto de 2010, los actores solicitaron la intervención de la Policía Municipal de Escazú en múltiples ocasiones, quienes levantaron actas oculares describiendo la presencia de ruidos fuertes, trabajos de construcción en horarios no permitidos o quemas en las cercanías de la casa de habitación de los accionantes (véanse las pruebas No. 221- No. 248 aportadas con la demanda), NO SERÁN PONDERADOS POR ESTE TRIBUNAL NI ANALIZADA LA PRUEBA DE SU EXISTENCIA, PORQUE NO FORMARON NI FORMAN PARTE DEL DEBATE A ESTA DATA, ya como hechos puros y simples en el plano fáctico, ya de entenderse que se trató de conductas administrativas base de imputación de la responsabilidad patrimonial que se reclama en la presente litis, a lo que se suma que en relación a éstos, ninguna solicitud para que se amplíe la demanda ha mediado al respecto, ni audiencia previa en consecuencia, otorgada a las partes demandadas que les hubiere permitido ejercer su derecho defensa en ese tanto.-

II.- Sobre la prueba ofrecida para mejor resolver. Por escrito presentado a estrados judiciales 08 de agosto del 2017 por la representación de la compañía denominada Construcciones KMC S.A., aportó como prueba para mejor proveer una serie de fotografías que se observan a las imágenes que van de la 1292 a la 1310 del expediente judicial. Explicó que se trata de imágenes tomadas desde el edificio que dicha empresa levantó en el sitio, denominado "Euroloft", y que lo son con el propósito de acreditar en síntesis, que desde dicho edificio en lo que se podría accesar visualmente desde sus pisos superiores al inmueble que habitan los actores, no se violenta su derecho a la intimidad.    Sobre este tipo de probanzas, calificadas en términos de la oportunidad en que se conocen con causa en el trámite de un proceso judicial, resulta necesario recordar en cuanto a la prueba para mejor resolver, que efectivamente de obligada aplicación deviene cuando se trate de prueba documental extemporáneamente traída al proceso, lo dispuesto en el artículo 50 del Código Procesal Contencioso Administrativo, lo que explica que el pronunciamiento que se dirá, se realice en sentencia. Conforme así ha sido jurisprudencia lineal en este sentido, respecto a la admisión facultativa de la prueba para mejor resolver, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha sido del criterio de que el rechazo de la misma no produce la indefensión de las partes, y claro está, su admisión sólo en casos reforzados y/o calificados conforme las circunstancias. Entre otras sentencias, se transcribe en lo que interesa el texto de número 547-F-2002 de las 16:00 hrs. del 12 de julio de 2002 y la número 290-F-S1-2009 de las 10:30 hrs. del 20 de marzo de 2009. Dicho todo lo anterior, estima este Tribunal innecesaria la admisión del material probatorio traído por    la representación de la compañía denominada Construcciones KMC S.A., por lo que SE RECHAZA EN SU TOTALIDAD dada la forma en que se fallará. Estimamos necesario precisar, que en lo que la presente sentencia y en ese tanto, esta Cámara de Juzgadores cual resulta evidente, se separa o no coincide en torno al tema de la prescripción con lo analizado y dispuesto por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia -como se verá adelante- en el marco de aspectos de análisis y aplicación de normas sustantivas, esto es, en análisis sobre aspectos de fondo, se funda en el principio de independencia judicial en aplicación de nuestra parte del ordenamiento jurídico de forma sistemática (verbigracia lo dispuesto en los numerales 10, de la Ley General de la Administración Pública y si se quiere, del Código Civil, en concurso con el Derecho de la Constitución artículo 11) siendo lo esbozado en este considerando II, como lo que se desarrollará en el XII, exclusivo reflejo de la forma en que entendemos por convicción como Juzgadores debe ser fallado en lo conducente este asunto por el fondo en aplicación insistimos, del ordenamiento jurídico sustantivo y sólo en parte y en lo conducente, el adjetivo, debiéndose tener presente que la sentencia que dictamos en su momento, identificada con el N° 41-2022-IV de las 10:55 hrs. del 22 de abril del 2022 fue integralmente casada, esto es, anulada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en los términos del Voto identificado con el N° 1717-F-S1-2021 de las 11:30 hrs. del 12 de diciembre del 2021, lo que implica al deber en cabeza de este Tribunal, de fallar nuevamente en análisis de fondo y aplicación de la norma o normas sustantivas en observancia del deber de obediencia, lo que corresponde, pero objetiva y razonadamente como lo consideramos procedente, derivado de lo que podría coincidirse o no con un antecedente jurisprudencial de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia o no, como ocurre esto último en el presente asunto, de forma respetuosamente eso sí, adecuadamente razonada y fundamentada como esperamos haber logrado lo propio, mediando un importante esfuerzo de análisis al respecto. Estimamos solo en refuerzo de lo anterior, que en la misma sentencia dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el presente asunto identificada con el N° 001867-F-S1-2024 de las 09:54 hrs. del 19 de diciembre de 2024, algo se adelanta al respecto cuando la sentencia de instancia se casa integralmente (se anula en su totalidad) al resolver sobre aspectos procesales reprochados en el recurso de casación respectivo en lo conducente, que: "El efecto de casar o anular una sentencia y ordenar su reenvío para el dictado de una nueva, es eliminar por completo la primera, de manera que, si bien la segunda podría, eventualmente, mantener argumentos expuestos en la primera, no significa que los juzgadores estén constreñidos a hacerlo. Tampoco es necesario reabrir la discusión de los tópicos que ya fueron oportunamente rebatidos durante las etapas procesales correspondientes, si no hay circunstancias que pudiesen implicar una afrenta al principio de inmediación". (El resaltado y subrayado no es del original).-

III.- Sobre los reproches formulados por las partes accionantes. Se expresaron las partes actoras en soporte argumentativo de su acción, en un primer nivel en lo que toca a los hechos de la demanda, sea en el plano fáctico, refiriendo al plan regulador de la Municipalidad de Escazú (cuyas disposiciones en ningún caso son objeto de impugnación) para señalar que con ocasión de su adopción, la Defensoría de los Habitantes habría sido del criterio, de que para su elaboración no se contó con estudios técnicos que permitieran a los interesados (vecinos) ser informados de las posibles afectaciones que se producirían al cambiarse el uso de suelo. También cuestionaron que en dicho instrumento se haya definido que a 500 metros oeste de “Multiplaza” podrían construirse edificios de altura, sin disponer de medidas específicas que debieran aplicarse para salvaguardar la seguridad e integridad de los vecinos. Se agregó que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental otorgó, en los términos del oficio SG-DEAE-047-2011 y la resolución 2308-SETENA de fecha 12 de agosto del 2008, la viabilidad ambiental a dicho plan regulador de modo parcial, así como a la propuesta de zonificación del Cantón de Escazú. Continuaron señalando que la casa de habitación de la familia Tsafrir, es identificada como la emplazada en el inmueble matrícula de folio real N° 1-303263-000 descrita en el plano catastrado N° SJ-0014420-1975, situado en Guachipelín de Escazú, del centro comercial “Plaza Mundo” 250 metros al norte, Urbanización Quintanar, y que ésta fue adquirida desde el año 2002. Asimismo, que dicha propiedad colinda al este con calle “El Barro”, que es pública, construida parcialmente, que pasa por la parte trasera de la propiedad de interés y que además, divide su casa de los edificios propiedad del “Grupo Roble Internacional S.A.” con 10 pisos; “Parque Central S.A.” y “Grupo Meridiano S.A.” con 10 pisos; y al oeste con calle pública, y que frente a ésta, también al oeste, se ubican otros 2 edificios de altura de apartamentos, uno de 4 pisos y el otro de 6 pisos, denominado “Condominio Eurolofts". Que conforme el plan regulador, la propiedad de los actores se encuentra emplazada en el área de zona residencial de media densidad, en la zona de transición de comercial a residencial. Que pese a encontrarse en la zona de uso residencial la Urbanización Quintanar, la municipalidad demandada ha permitido usos diversos, a lo que sumó, que en su momento la identificada como “comisión de trabajo del plan regulador" estableció que: "se debe respetar la voluntad de los vecinos, de mantener las características residenciales de la misma, nacidas hace más de 30 años, ya que dichas condiciones tampoco generan condición de sobreuso de la tierra ni de los servicios básicos existentes en la zona, facilitando, por tanto, el desarrollo racional de la misma.". Esto último en los términos del que fue identificado como el oficio N° CTPR-EXT-85-08 de fecha 08 de abril del 2008, mismo que habría sido expedido con posterioridad a que se desarrollara la construcción de edificios con altura superior a los 10,5 metros en la zona. Que en el año 2005 la municipalidad demandada otorgó permisos de construcción a las empresas demandadas (todas ellas habrá de entenderse) permitiendo con ello que se construyeran alrededor de la casa de los actores 3 infraestructuras que se describieron como amplias, grandes y de considerables magnitudes, que alteraron la situación arquitectónica y urbanística de la Urbanización en que se encuentra su vivienda; que se levantaron al mismo tiempo; forma permanente siete días a la semana y desde tempranas horas de la mañana hasta tardías horas de la noche, por un período que se extendió por más de 40 meses. (Ninguno de estos permisos o licencias constructivas es objeto de impugnación en la presente causa). Se indicó que “Grupo Meridiano de Centroamérica S.A." construyó un edificio para oficinas en la finca identificada con la matrícula 207250-000, que contó con el permiso de construcción N° 147-05, para lo que se le comunicó a dicha empresa (por la Municipalidad, entendemos) que debía de realizar obras de lunes a viernes entre las 06:00 hrs. y las 14:00 hrs., y sábados entre las 07:00 hrs. y 14:00 hrs., no pudiendo laborar los días domingos y días feriados, y además, que: "Es responsabilidad del profesional a cargo de la obra, garantizar que el método de perforación a utilizar para el proceso de excavación de parqueos y cimientos garantizará la estabilidad de los taludes a conformar, y la estabilidad de las propiedades y construcciones vecinas". Que en los términos del informe de campo identificado con el N° 038-07 de fecha 20 de febrero del 2007, la Sección de Inspecciones, del Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Escazú indicó que con ocasión de la construcción que realizaba “Grupo Meridiano de Centroamérica S.A.” se generaba una gran cantidad de polvo. Que la compañía denominada “Parque Central S.A.”, es parte del grupo de interés económico “Grupo Roble Internacional S.A.” -ambas codemandadas en la presente causa- así como que éstas desarrollaron un proyecto de ampliación de las oficinas existentes frente al “Centro Comercial Multiplaza Escazú”, en el inmueble matrícula N° 519045-000, para lo que contaron con el permiso de construcción N° 257-06, dado por la Municipalidad demandada, y que con ocasión de ello, ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia -habremos de entender con causa en alguna acción interpuesta ante dicha autoridad tramitada bajo el expediente N° 07-3239-0007-CO- la Municipalidad de Escazú habría informado que: “se dieron situaciones de tránsito de maquinaria por zona no permitida, obstrucción de vía pública y acumulación de polvo, así como que "inspectores municipales conminaron a los desarrolladores a tomar medidas correctivas por el exceso de polvo en el ambiente ...". Que: “El Departamento de Desarrollo Urbano, a través del señor David Umaña Corrales, en el Oficio No. DU-055-2007-EXTERNO, dirigido al Inspector de Construcciones, Cristian Boraschi González, le solicitó notificar a Grupo Roble que elimine todo tipo de restricción de entrada y salida a la calle entre Urbanización Quintanar y su proyecto, con copia al Departamento de Obras Públicas para que se ejecute la demolición de estructuras ilegales en vía pública. 11: Inspeccionar las construcciones en proceso alrededor de la vivienda de la señora Olga Shutaleva y prevenirles el control del polvo, escombros y aguas producto de las obras.". Que “Construcciones KMC S.A." desarrolló un condominio vertical de corte residencial denominado "Euro Lofts", situado en la misma urbanización en que se emplaza la vivienda de los actores, esto en la finca matrícula N° 573192-000, para lo que contó con el permiso de construcción otorgado por la Municipalidad demandada en fecha 09 de mayo del 2006, proyecto que conforme el plan regulador se levantó en zona residencial de media densidad, en el que únicamente se permiten con una altura que no supere 10.5 metros de altura, y que además, por resolución N° 167-2006-SETENA de las 07:55 hrs. del 25 de enero del 2006, dicha obra se habría aprobado con 7 niveles. Que el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, emitió el Informe de Inspección FPC-0499-06 INSP en el cual se hacen advertencias del problema de acumulación de aguas, producto de las construcciones el cual es citado textualmente en el Informe de Inspección DRD-INSP-45-2007 del mismo Colegio, indicándoles que: "La empresa constructora deberá tomar las medidas preventivas (provisionales), para evitar que ocurran acumulaciones de aguas, producto de los movimientos de tierra realizados que puedan afectar las viviendas colindantes, esto mientras se realizan las labores definitivas." Dicho informe mostró fotografías de las aguas que corrían hacia la tapia trasera -posterior de la vivienda del señor Tsafrir y la señora Shutaleva, así como de otros vecinos”. (No se precisa en relación con cuál empresa es que se habría emitido este informe o informes). Que el período de construcción de las obras -entiende este Tribunal, todas ellas- coincidió con el período de embarazo de la codemandante, Olga Tsafrir Shutaleva, quien dio a luz en el año 2007 a la menor de edad aquí codemandante, Lian Tsafrir Shutaleva. Que: “Las construcciones simultáneas generaron ruido ensordecedor, un ambiente de molestia permanente, causado por los trabajadores que iniciaban sus labores a tempranas horas de la mañana 05:30 am, las terminaban tarde por la noche incluso a las 10:00 pm, 11:pm y a veces hasta las 02:00 am, durante los siete días de la semana, incluyendo días festivos. Asimismo, como consecuencia de la construcción, múltiples camiones con materiales, pasaban frente y detrás de su casa de habitación, descargándolos y moviéndolos a lo largo del día. Igualmente, los movimientos de tierras se realizaban de forma constante a su alrededor, generando grandes cantidades de polvo, polvo de cemento, basura y otros desechos que caían directamente dentro de su casa de habitación. La Policía Municipal de Escazú fue llamada a intervenir en distintas ocasiones y reflejó en sus actas las situaciones descritas anteriormente (…). Vale mencionar, que las llamadas policiales fueron hechas en su mayoría en la etapa final, ya que antes la familia Tsafrir no sabía que se podía llamar y levantar actas que pudieran ayudar a solucionar estas violaciones y molestias”. Se acusa que las obras levantadas por las empresas demandadas (todas ellas según resulta posible entender lo propio para este Tribunal) generaron efectos dañosos en la infraestructura de su propiedad. Destacan el muro trasero, en relación con el que: “El muro trasero se dobló peligrosamente hacia el interior de la vivienda (…) la tubería de la piscina fue afectada y dañada, haciendo imposible su uso y la pared que divide su casa de la de sus vecinos del Condominio Los Olivos, se fraccionó como consecuencia de trabajos constructivos y de compactadoras del terreno; dicha separación tuvo como consecuencia que el agua de las lluvias se acumulara entre las paredes, generando serios problemas de humedad. Adicionalmente, los movimientos de tierra y las excavaciones que se dieron en la parte trasera de la casa de habitación de la familia Tsafrir tuvo como consecuencia que la altura de su muro disminuyera aproximadamente entre uno y dos metros, permitiendo a cualquier persona ingresar a la vivienda por la parte trasera sin mayor esfuerzo, u observarlos fácilmente. Las constantes molestias y el permanente estado de construcción alrededor de su casa de habitación generaron la descomposición emocional permanente de la familia Tsafrir. El señor Shon Shai Tsafrir desarrolló un cuadro depresivo que le alteró su personalidad y le hizo perder aproximadamente veinticuatro kilos en un período de año y medio (el señor Tsafrir pesaba setenta y cuatro kilos previo a los problemas generados por las construcciones). (…) el señor Tsafrir estaba bajo una enorme cantidad de estrés y desarrolló un alto grado de irritabilidad, enojo, ataques de pánico y ansiedad que aún persisten en la actualidad. Asimismo, el señor Tsafrir sufre como consecuencia de dicha depresión, una gran tristeza y angustia, una pérdida de interés en actividades placenteras, insomnio, interfirió con la productividad en el trabajo que tenía, alteró su capacidad de vida plena, problemas de concentración y memoria. Igualmente, mantiene una disminución de energía, que sumado      lo anterior ha provocado que pierda o carezca de sus pasatiempos, amigos, su capacidad de trabajo, una vida placentera, y en especial el peso que tenía previo a las construcciones. La señora Olga Shutaleva desarrolló un cuadro similar de depresión, aunado a su estado de embarazo durante las construcciones, causándole trastornos emociona les. Adicionalmente, cuando nació su hija Lian, ésta inmediatamente se vio envuelta en un ambiente de altas tensiones y ruidos que le ha causado trastornos de orden psicológico a su temprana edad”. Que: “Durante más de año y medio, la familia intentó vender o alquilar su casa, para acabar con el círculo vicioso de sufrimientos y angustias que estaban sufriendo, como consecuencia de las construcciones a su alrededor. A pesar de diversas visitas e interés despertado por entre cuatro a cinco agentes de bienes raíces, y otras personas, la corta distancia entre la casa, su patio y los altos edificios de oficinas, algunos aún en construcción, les ahuyentaba; la familia contrató los servicios de los corredores John Kartman, Jeannie Robles, Álvaro Domínguez Leyva y Barry Ashworth”. Que: “XIX. La familia Tsafrir, de manera insistente y constante, solicitó a la Municipalidad de Escazú, Contraloría General de la República, al Ministerio de Salud, al Tribunal Ambiental Administrativo, la Defensoría de los Habitantes, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, e interpuso acciones de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para cesar los fuertes ruidos, molestias, contaminaciones de diversa naturaleza, olores y las consecuencias negativas, así como para exigir las responsabilidades correspondientes, generadas en su perjuicio y causadas por la forma en que se dieron estas construcciones. XX. La Municipalidad de Escazú manifestó en distintas ocasiones ante la Sala Constitucional, y ante el Ministerio de Salud y la Defensoría de los Habitantes que cumplía con sus obligaciones realizando inspecciones de vez en cuando, y advirtiendo sobre la existencia de polvo a los encargados de las construcciones. (…) XXI. Como consecuencia de las peticiones presentadas por la familia Tsafrir, el Ministerio de Salud respondió y concluyó que la Municipalidad de Escazú era la competente para analizar y supervisar las situaciones que se estaban desarrollando en los alrededores de la casa de habitación de la familia Tsafrir. En igual sentido, consideró que ordenando mediciones sónicas se podía determinar si era válido accionar para la tutela de los derechos e intereses de la familia Tsafrir. (…)”. Que: “XXIII. El 18 de enero de 2007, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, específicamente su Departamento de Régimen Disciplinario, Área de Inspección y Control, emitió el Informe DRD-INSP-45-2007, como ampliación a la primera inspección llevada a cabo en la vivienda de la señora Olga Shutaleva y sus alrededores, indicando que: "se produjeron acumulaciones de agua en la parte posterior de la vivienda de la señora solicitante (...) situación que provocó que la tapia de la    vivienda estuviera expuesta a presiones de agua, lo que podría haber motivado que la misma se pandeara ligeramente y se generara un ligero agrietamiento en dicha tapia." (No se precisa en relación con cuál empresa es que se habría emitido este informe o informes). Se indica además que el pandeo de la tapia es perceptible a simple vista. Que Además, el Informe DRD-INSP-45-2007 (del mismo Colegio Profesional, entendemos) señala que: "se observan 4 estructuras relativamente cercanas a la vivienda de la señora solicitante. Son 4 las edificaciones que se encuentran en los alrededores que sobrepasan los 2 pisos de altura. El primero de estos edificios se ubica frente a la casa de la señora solicitante, y consiste en un edificio de 4 pisos de altura destinado a apartamentos. Completamente terminado y habitado. El segundo de los edificios se ubica a un costado del primer edificio descrito. El mismo consta de 6 pisos de altura y un sótano. Actualmente se encuentra en proceso constructivo. En la parte posterior de la vivienda del señor solicitante igualmente se ubican dos edificaciones. El primer edificio es una estructura de 9 pisos de altura, actualmente en construcción, y se ubica exactamente en la parte posterior de la vivienda. Existe un retiro entre la vivienda de la -señora solicitante y esta estructura de más de 30 metros, aunque por las condiciones del terreno no fue posible realizar una medición más exacta. Contiguo a este edificio en construcción se ubican las edificaciones pertenecientes a Plaza Roble, de unos 6 pisos de altura. Completamente terminado. Cabe destacar que existe calle pública, tanto frente, como en la parte posterior de la vivienda de la señora solicitante. La calle pública frente a la vivienda tiene un ancho, de línea a línea de propiedad, de 12.7 metros. En la parte posterior no fue posible verificar el ancho de la calle pública, ya que no existen referencias para tomar medidas". Igualmente, señaló que: "se observó que a pesar de que se presume calle pública, la seguridad de Plaza Roble restringe la entrada y salida de dicha calle". (Este hecho tampoco supone imputación a alguna de las empresas demandas en lo particular). Finalmente, se dijo que según el informe mencionado se concluye que: "se presentaron daños en la tapia posterior de la vivienda...", refiriéndose a la casa de la solicitante”. Que: “El 31 de enero de 2007, la señora María Elena Mora Abarca, vecina y Directora de la Urbanización Quintanar, presentó ante la Municipalidad de Escazú una carta comunicando a dicha institución las molestias y problemas ocasionados por la construcción del Edificio Meridiano y Plaza Roble, los cuales según indicó fueron "denunciados hace más de un año a esa municipalidad, Defensoría de los Habitantes, Colegio Federado de Ingenieros y Ministerio de Salud". (En los hechos no se precisan estas denuncias, quién o cuando las haría interpuesto). Los problemas indicados por esta gestionante incluían: "exceso de polvo, entrada y salida de vagonetas, trabajos en horas fuera del horario establecido por el Plan Regulador, peligro por la entrada del invierno de inundaciones a calles y casas colindantes, construcción de 2 torres que no cumplen con requisitos de zonas verdes, aguas negras no tratadas que provocan malos olores en la quebrada (...) inciden la salud física y mental de cada uno de los habitantes de la urbanización sin que a la fecha tengamos una respuesta satisfactoria por parte del municipio.". (Tampoco aquí media imputación en particular a alguna parte, de entre las demandadas). Que: “El 7 de marzo de 2007, el señor Shon Tsafrir y la señora Olga Shutaleva presentaron Recurso de Amparo contra el encargado del Área de Salud (Guillermo Treminio Rivas) y el Alcalde Municipal de Escazú (Marco Antonio Segura Seco), alegando violación a los artículos 27, 41 y 50 de la Constitución Política, debido a la falta de respuesta efectiva e incumplimiento de deberes por la falta de atención seria a las quejas presentadas en relación con los problemas que presentaban en su casa todos los días de lunes a domingo de 5:30 AM hasta aproximadamente 10 PM, que afectaron seriamente su salud, como consecuencia de la construcción de las torres que se edificaron en el lindero posterior de su casa, entre otras muchas violaciones que se dieron a esta familia y a los vecinos en esta ubicación de la Urbanización Quintanar. El citado Recurso de Amparo, tramitado bajo el expediente No. 07-3239-0007-CO de las quince horas con dos minutos del diez de octubre de dos mil ocho, fue declarado con lugar, por medio de la sentencia 14995-2007, y aclarada y adicionada por medio de la sentencia 3815-2008, de las veinte horas del siete de marzo de 2008. Adicionalmente, el señor interpuso tres recursos de amparo más, contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Escazú: el primero de estos se tramitó bajo el expediente No. 09-9460-0007-CO, y fue declarado sin lugar, por medio de la sentencia 269-2010, de las once horas con cuarenta y tres minutos del ocho de enero de dos mil diez, y, adicionado y aclarado, por medio de la sentencia 10359-2010, de las trece horas con seis minutos de once de junio de dos mil once; el segundo, tramitado bajo el expediente 10-13727-0007-CO, fue declarado sin lugar por medio de la sentencia 5406-2011, de las diez horas con cuarenta y un minutos del veintinueve de abril de dos mil once, y, adicionado y aclarado, por medio de la sentencia 8920-2011, de las quince horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de julio de dos mil once. Finalmente, el último de los amparos interpuestos por el señor Tsafrir y la señora Shutaleva fue tramitado bajo el expediente No. 09-6673-0007-CO, y fue declarado con lugar, por medio de la sentencia 1745-2011, de las nueve horas y cincuenta y nueve minutos del once de febrero del dos mil once, y adicionado y aclarado por la sentencia No. 4223-2011, de las dieciocho horas con siete minutos, del veintinueve de marzo de dos mil once; la sentencia No. 1745-2011, señaló que "se declara con lugar el recurso por violación a los artículos 21, 41 y 50 constitucionales, únicamente en cuanto la Municipalidad de Escazú no previó y ordenó los requisitos técnicos bajo los cuales podía ser mejorada la calle El Barro, con el objeto de evitar los empozamientos que la falta de un adecuado canal de drenaje de las aguas superficiales produjo, así como la inercia de esta Municipalidad en resolver las denuncias presentadas por la recurrente, así como de reestablecer las zonas residenciales de la Urbanización y su omisión en delimitar y resguardar recursos hídricos relevantes como la servidumbre del tubo que proviene de Puente Mulas, al haber autorizado varias construcciones sin su previsión en caso de emergencia. En consecuencia, se ordena a Marco Antonio Segura Seco, en su condición de Alcalde Municipal de Escazú, o a quien ocupe el cargo, que de forma inmediata a la comunicación de esta sentencia, proceda a emitir las órdenes que estén dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias, a efecto de garantizar que en el plazo de tres meses contados a partir de la comunicación de esta sentencia, la calle El Barro cumpla con los requisitos técnicos necesarios para que discurran adecuadamente las aguas superficiales y subsuperficiales que pasan sobre ésta. Asimismo, deberá en forma inmediata coordinar con el CAA, el Departamento de Aguas del MINAET y SENARA, la actualización o realización de un estudio hidrográfico de la zona, así como proceder dentro del mismo plazo de tres meses indicado anteriormente, a delimitar y demarcar claramente la servidumbre de paso de la tubería madre de Puente Mulas y tomar las previsiones frente a futuras solicitudes de permisos de construcción. Se advierte al Alcalde de la Municipalidad de Escazú, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Escazú al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto a los demás extremos, se declara sin lugar el recurso. Comuníquese y notifíquese la presente resolución a Marco Antonio Segura Seco, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Escazú, así corno a los representantes del MINAET, ICAA y SENARA". La Municipalidad de Escazú, a pesar de haber solicitado ocho meses para el cumplimiento de dicha sentencia, aún no ha procedido a realizar obra alguna, como se-desprende del Acta Notarial levantada por la Notario Ariana Azofeifa Vaglio. (…)”. (El relación a estos fallos de la Sala Constitucional citados en los hechos de la demanda, los accionantes no explican cómo habrían de ser instrumentalizados a los efectos de sus intereses, surge la duda en relación con los que fueron declarados con lugar, si se pretende -porque no se dice- su ejecución en lo que condenan al pago de daños y/o perjuicios, en cuyo caso, en ellos la misma Sala Constitucional dispone que ha de serlo en la fase de ejecución de sentencia). Se hizo referencia sin mayor detalle, a acciones emprendidas por la Defensoría de los Habitantes y el Tribunal Ambiental Administrativo, y a criterios emitidos por la Contraloría General de la República sobre el plan regulador del Cantón de Escazú. Se agregó que un funcionario Municipal declaró a un medio televisivo que con ocasión de las obras levantadas (todas ellas habrá de entenderse) se habían dado violaciones al ordenamiento jurídico por parte de los desarrolladores. Luego, que Grupo Roble Internacional S.A. instaló y operó un estacionamiento dentro de la Urbanización en que se ubica la casa de los actores a sólo 20 metros lineales de distancia y al aire libre, en un terreno de aproximadamente 2.400 metros cuadrados, área que luego convirtieron en una gran bodega de materiales de construcción y maquinaria pesada en donde también se realizaban trabajos que generaban mucho ruido, que generaba serias consecuencias en la salud física y psicológica de los vecinos y de los actores. (Este hecho que refiere así, a alguna de las empresas demandadas, se ubicó temporalmente como se verá, en el año 2007 sin que los accionantes así lo hayan dicho, sin observarse hechos en el escrito de demanda que precisen alguna fecha de ocurrencia posterior a ese año). Que la Municipalidad únicamente contaba con 3 inspectores para supervisar construcciones, conforme así lo determinó la Contraloría General de la República, misma que además, habría concluido en el 2009 que no se ejercía por la Municipalidad una fiscalización efectiva en materia de construcciones pese al desarrollo que en este sentido se estaba dando en esos años, lo que demandaba mejorar esa tarea para detectar irregularidades y abusos que se presentaban en la actividad constructiva y tomar las medidas correctivas del caso, reiterando que el plan regulador no contemplaba la variable ambiental, lo que podía generar problemas irreparables al medio ambiente y afectaciones a la vida de los habitantes. Que: “La familia Tsafrir nunca fue notificada de la existencia o creación de un Plan de Mitigación, como lo ordenó en distintos momentos tanto la Sala Constitucional mediante resolución número 2007014995 de las 15 horas 02 minutos del 17 de octubre de 2007 (Expediente 07-003239-0007-CO) como el Ministerio de Salud, ni de acciones efectivas de la Municipalidad de Escazú que tendieran a proteger efectivamente sus intereses y derechos frente a las construcciones que se estaban desarrollando”. Se indicó que: “Las consecuencias emocionales y psicológicas se mantienen al día de hoy y la familia Tsafrir no está en capacidad de poder volver a disfrutar la misma calidad de vida emocional que disfrutaba antes de las construcciones, teniendo que seguir con medicaciones, tratamientos y terapias para intentar mejorar las lesiones causadas a su salud y a su familia. (…).    Actualmente, la familia Tsafrir continúa viviendo en la misma casa de habitación, la cual se encuentra en estado de deterioro infraestructural, y la familia sigue sufriendo estados crónicos de depresión, ansiedad y tensión”. Así se habrían identificado los hechos de forma general y sin mayor precisión en términos de modo, tiempo y lugar si de circunstancias fácticas se trata. Siendo esto así, en el escrito de demanda una vez relacionados los hechos, donde se esperaría se desarrollo el fundamento de la acción, sea los argumentos y teoría del caso, se observa seguidamente el apartado diverso al que corresponde a lo hechos, que se identificó "sobre el fondo", "introducción", en el que se advierte siempre de modo general, que por 4 años los actores se encontraron sumidos en la situación descrita sufriendo afectaciones dañosas, frente a lo que el Estado (específicamente el Ministerio de Salud) y la Municipalidad de Escazú, mostraron ineficiencia y omitieron atender sus solicitudes mediante la adopción de medidas reales y concretas, lo que generó los daños que se reclaman. (Hasta aquí sí media claridad sobre la base de imputación en contra del Estado y la Municipalidad de Escazú). Luego y dentro de estos aspectos contenidos en la "introducción" así identificada, se agregó un apartado identificado como "antecedentes", que como tales, haciendo algún esfuerzo al respecto a partir del significado del término, habrían de referir a circunstancias previas a la ocurrencia de los hechos que sí habrían de tener influencia en el resultado del proceso, entre los que se habla de circunstancias personales de los aquí accionantes. También a modo de introducción, lo que sigue: aspectos relacionados con las consecuencias "generales" derivadas de las construcciones (todas ellas) que se realizaron alrededor de su casa de habitación, en donde se habla de problemas de salud, la torcedura y curveo de paredes; pérdida de altura de la pared posterior de su la casa de habitación; separación de paredes; destrucción de tuberías de la piscina; calentamiento de la casa de habitación; cambio en las condiciones de los vientos; lo que denominaron "efecto bote de basura"; peligro de desprendimientos; efecto eco; cierre de ventanas y cortinas; ruidos y molestias generadas por las construcciones; la construcción de un estacionamiento para vehículos; el funcionamiento de ventiladores industriales; la conversión de un lote residencial en parqueo y depósito industrial; (todo sin mayor precisión en términos de modo; tiempo y lugar, tanto como especificación de a qué empresa se le hace tal imputación); y algunas estructuras argumentativas sobre las construcciones a saber: en relación a la empresa Construcciones KMC S.A., para indicar que levantó en el sitio el condominio identificado como “Euro Loft”, que consideran, va en contra del diseño y estructura de la Urbanización en que se encuentra, que se encontró caracterizada por años como situada en un área residencial, con casas unifamiliares o edificios de condominios de 2 plantas, y lo fue justo en frente de la propiedad de los actores. Que esta construcción (de 7 plantas) se dio contando con un permiso municipal, dado dos días antes de que se publicase la modificación al plan regulador que vino a restringir la altura de posibles edificaciones a 4 plantas el 11 de mayo del 2006. Que desde este edificio sus ocupantes pueden ver directamente al jardín y piscina en de la casa de los actores, además que abarca la vista al exterior desde esa casa de habitación de los actores. Este edificio afirman, fue construido fuera la jornada laboral, durante las noches, en días feriados y sábados, todos los días de la semana. (No obstante, ningún hecho expresado en el escrito de demanda precisa esta circunstancia, en relación a la empresa demandada, mientras que insistimos, en que la licencia de construcción que le habría sido dada no es objeto del presente proceso). En relación con Grupo Roble Internacional S.A., se indicó en este apartado de la demanda que actuando a través de Parque Central S.A. levantó una ampliación de oficinas ya existentes, a escasos diez metros de la casa de habitación de los actores. Que la viabilidad ambiental dada al proyecto por SETENA comprendió dos edificios con tres niveles de sótanos compartidos para estacionamiento de vehículos y que sobre el nivel del terreno, contarían con 4 niveles de oficinas (uno) y (otro) con 6 niveles, también    de oficinas, para un área de construcción de 44.310 metros cuadrados. Afirman los demandantes que dicha construcción abarcó además, cambios en la calle pública “El Barro” (esta circunstancia no esta referida en los hechos de la demanda) situada en la parte trasera de su casa que fue elevada en aproximadamente 2 metros, dejando su propiedad bajo el nivel, y grandes movimientos de tierra, causando daños estructurales a la misma alternado toda su construcción en el área trasera, causando acumulación de agua y curvatura en la pared externa y presión sobre esa pared, esto último que fue constatado por el Ministerio de Salud conforme acta de inspección levantada el día 11 de junio del 2007. Que la edificación bloquea el sol hacia su casa de habitación y perturba su privacidad, en habitaciones y jardín. Que en los términos del Oficio N° 0723/07/07/DE, de fecha 23 de abril del 2007, del Director Ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos se detallaron las molestias sufridas por los actores, lo que conduce a apreciar daños constituidos por una pérdida del valor de la propiedad y daños a la salud física y mental de los actores. En relación con Grupo Meridiano de Centroamérica S.A., se indica que entre el año 2006 y 2009 construyó al lado de la edificación levantada por Grupo Roble Internacional S.A. actuando a través de Parque Central S.A., generando las mismas afectaciones señaladas atrás para el resto de las partes demandadas. Relacionó con esta obra, los daños causados a la piscina en su estructura interna y tuberías, con ocasión de la construcción de un gran parqueo en la parte posterior de “Torre Meridiano”, a no más de 6 metros de la tapia trasera de la casa de los actores, lo que generaba grandes vibraciones. (Sobre hechos específicos desplegadas por esta y otras empresas, nada se especifica en la demanda). En relación con el Estado, se expresó que teniendo a cargo el Ministerio de Salud una labor preventiva en protección al derecho a la salud, conforme la Ley General de Salud, artículos 1, 2, 293, 308, 335, 337, 294 y 295, ignorando sus deberes no dispuso medida especial alguna en protección de los actores, pese haber incluso, visitado su casa de habitación y pese a que los actores acudieron constantemente ante dicha autoridad pública a través del Área de Salud de Escazú, buscando protección y tutela, recibiendo en su lugar como respuesta, que el asunto debía ser atendido por la Municipalidad, mientras que por otro lado se solicitaban pruebas de sonido, pese a lo evidente frente a la edificación de los tres grandes proyectos, el ruido que generaban. Que las mediciones sónicas se hacían principalmente a la hora del café (9:00 hrs.) cuando no había ruido. Tanto así que los actores se vieron obligados a contratar una medición sónica privada, con resultados claros en el sentido de que se violaban los niveles mínimos permitidos, esto luego de tres pruebas en días diversos del mes de enero y febrero del 2010, esto, pese a ser realizadas cuando las construcciones se encontraban ya en su etapa final y había menos ruido. Que en esto la Municipalidad y el Ministerio se reprochaban que era la otra a quien competía el asunto. En lo específico, el Ministerio enviaba comunicados a la Municipalidad requiriéndole implementar un plan de mitigación, que dicho sea de paso nunca fue elaborado, ni se ejerció supervisión por parte del Ministerio. Se hizo cita del Voto de la Sala Constitucional N° 1745-2011 conforme el cual se declaró con lugar un recurso de amparo con causa en que se estimó que la Municipalidad no previó ni ordenó los requisitos técnicos bajo los que podía ser mejorada la Calle el Barrio con el objeto de evitar "empozamientos", faltando un adecuado canal de drenaje de aguas superficiales, no dando solución a las denuncias que estaba recibiendo por parte del recurrente, así como establecer limitaciones en zonas residenciales de la urbanización y haber omitido delimitar y resguardar el recurso hídrico. Que en el mismo voto y en torno a esta calle, la Sala Constitucional concluyó: "...lo cierto es que con pleno conocimiento de las autoridades municipales se realizaron obras de asfalto en dicha calle, que no contemplaron otras directrices técnicas, que han provocado el discurrimiento de aguas superficiales en detrimento de los vecinos de la Urbanización Quintanar y que a pesar de haberse denunciado así desde hace años, la recurrida no ha tomado previsión ni ha ejecutado acción alguna que conlleve a su solución, lo que ha lesionado los artículos 21, 41 y 50 de la Constitución Política, por lo que el amparo debe estimarse en cuanto a este aspecto". Se acusa que la Municipalidad omitió realizar labores de supervisión adecuadas pese a ser quien otorgó los permisos constructivos en principio, debiendo observar lo dispuesto en el respectivo plan regulador. En relación con la Municipalidad de Escazú: Que esta, aduciendo que existían temas que competían al Ministerio y no a ella, se limitó a realizar de forma esporádica alguna inspección, y a comunicar a las empresas constructoras que debían de controlar el ruido, sin ningún seguimiento a esa instrucción y sin ningún efecto práctico. Que: "Entre la Municipalidad de Escazú y el Ministerio de Salud se tomaron meses enviándose escritos unos a otros, sin atacar el problema de manera efectiva y sin proporcionarle a esta familia una solución real a las violaciones que estaban viviendo por meses de meses de sólo papeleo, excusas, y evasiones de responsabilidad". Que: "En lo que concierne a la Municipalidad de Escazú, el Informe DFOE-SM-1-2009, de la Contraloría General de la República, resume de forma clara y precisa las omisiones e irregularidades que permitieron que los daños que se han venido detallando tuvieran lugar", éste en términos generales, a saber: por una insuficiente y/o deficiente vigilancia y fiscalización de construcciones conforme el art. 87 y 83 de la Ley de Construcciones; debilidades en el trámite de notificaciones preventivas y de clausura, y falta de aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 del plan regulador; aprobación de permisos de construcción sin cumplir con todos los requisitos; ejecución de obras al margen de requisitos técnicos y legales; falta de un registro automatizado de los permisos de construcción; carencia de control sobre las solicitudes de permisos de construcción denegadas; requisitos para tramitar permisos de construcción desactualizados y debilidades del plan regulador. Agregó que en términos generales se violentaron derechos humanos de la niñez, de la mujer en estado de embarazo pues los hechos se dieron mientras que ella se encontró en ese estado, así como los derechos del señor Shon Tsafrir, tanto como que con lo actuado, se violentó el derecho fundamental a una buena administración y la buena fe administrativa dado el mal funcionamiento de las administraciones públicas accionadas. Afirman quienes demandan que de haber cumplido la Municipalidad codemandada con sus obligaciones jurídicas y de supervisión, los daños que se reclaman no se habrían producido. Finalmente, y continuando con este apartado en el escrito de demanda denominado introducción, a lo que parece más adecuadamente guardar identidad con la fundamentación jurídica; en el que se hizo referencia a aspectos relacionados con derechos humanos y los derechos de la mujer, la niñez y del señor Shon Tsafrir; aspctos sobre el derecho fundamental a una buena administración y buena fe administrativa; y finalmente, un apartado sobre "... los daños y perjuicios y la responsabilidad patrimonial de la administración por inactividad material", y se termina con un apartado identificado como "conclusiones finales". Posteriormente, por escrito presentado a estrados judiciales el día 25 de enero del 2013, formularon una ampliación a la demanda para que fuesen incluidos los siguientes hechos, a lo que el Juez Tramitador en su momento, accedió: "I. El día 3 de mayo de 2012, el señor Shon Shai Tsafrir sufrió de fuertes dolores en el pecho, por lo que fue enviado de emergencia al Hospital México. El señor Tsafrir fue tratado en Emergencias del Hospital México. / II. Como consecuencia de dicha emergencia, fue enviado al Hospital CIMA San José, para la realización de pruebas médicas el día 4 de mayo de 2012. / III. Como consecuencia de las pruebas médicas, el señor Tsafrir fue ordenado a ser admitido al hospital CIMA San José, el día 8 de mayo de 2012, por parte de la Dra. Yamilah Bouzid Jiménez. Igualmente, fue atendido por el Dr. José Luis Salas Jerez. / IV. El señor Tsafrir fue diagnosticado con crisis de pánico y ansiedad, y, posteriormente, se le otorgó un certificado médico por parte del Dr. José Luis Salas Jerez, que indicó que el señor Tsafrir "se encuentra en tratamiento por un trastorno depresivo mayor y un trastorno con pánico severo, precipitado por el estrés acumulado ... ". Los trastornos depresivos y de pánico son producto de las situaciones vividas a lo largo de varias años en relación a las construcciones hechas alrededor de su casa de habitación, producto de las actuaciones y omisiones del Estado, la Municipalidad de Escazú, Grupo Roble Internacional, S.A., Parque Central, S.A., Construcciones KMC, S.A. y Grupo Meridiano de Centroamérica, S.A. / V. El Dr. José Luis Salas Jerez ha medicado al señor Tsafrir con el medicamento Paxil para un tratamiento a lo largo plazo y la Dra. Yamilah Bouzid Jiménez prescribió el medicamento Concor 5 mg.".-

IV.- Sobre los alegatos de defensa formulados por parte del Estado. Por su parte, la representación del Estado se expresó en oposición a la demanda, indicando en lo que resulta relevante, que los actores se presentan a este proceso a interponer demanda de responsabilidad objetiva de la administración y cobrar daños y perjuicios supuestamente ocasionados ante la inactividad de la misma por no responder a su criterio de forma eficiente a las denuncias y reclamos presentados por supuesta contaminación sónica, y contaminación ambiental ocasionada durante construcción de una serie de edificaciones cercanas a su propiedad y posteriormente por la supuesta contaminación sónica que el funcionamiento de las mismas generan. Que a efecto de determinar si existe o no responsabilidad del Estado, en el caso concreto del Ministerio de Salud, se debe tener en consideración que de conformidad con el cuadro fáctico presentado por los actores estos en el año 2007 presentaron una serie de gestiones tendientes a que el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Escazú, intervinieran en la supuesta contaminación sónica y ambiental producida por la construcción y posterior entrada en funcionamiento de una serie de edificios propiedad de los codemandados. Que dentro del denominado régimen de responsabilidad civil extracontractual, se distinguen dos tipos, la subjetiva y la objetiva, disponiéndose que el Estado y sus entidades responderán por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegitimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. Que esta normativa tiene fundamento en el hecho de que el causante del perjuicio deberá resarcirlo, salvo que demuestre alguna causal exonerativa y en consecuencia, la Administración Pública deberá responder por la conducta lícita y normal, cuando dicta un acto administrativo formal sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico u omite dictarlo, o bien mediante una actuación material o hecho permitido y normal. Por otra parte, que, la responsabilidad es de carácter ilícito, anormal y formal cuando el acto administrativo es ilegal, y no formal cuando estamos ante una actuación material no permitida o anormal. La actuación del Ministerio de Salud en todo momento se ha ajustado a derecho y que incluso esta situación ha sido avalada por la Sala Constitucional y que si al día de hoy no ha sido posible determinar la existencia o no de contaminación sónica se debe no a la omisión del Ministerio, sino al hecho de que el propio actor ha impedido la realización de la misma. El actor no individualiza el daño, solo se limita a establecer un monto sin indicar que sumas corresponde a cada uno de los hechos que señala como causantes del mismo. Tampoco demuestra un nexo causal entre el supuesto daño y las acciones u omisiones del Ministerio de Salud que aduce lo provocaron. No existe un nexo causal entre el daño que se pretende cobrar dentro de este proceso y las actuaciones que ha desplegado el Ministerio de Salud. En su defensa de los intereses del Estado, fueron interpuestas las excepciones de prescripción, para lo que se alegó que la demanda se entiende dividida en dos, a saber, en el reproche de responsabilidad por las molestias generadas por el levantamiento de edificaciones, y por otro lado, la responsabilidad por las molestias que genera el funcionamiento de un parqueo en el edificio de "Plaza Roble". frente a esto se aduce, que las construcciones iniciaron en el año 2006 y fueron concluidas en el año 2007 (no se precisan fechas. Así, se afirma que habría operado la prescripción en observancia del artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública, por haber sido superado un plazo de 4 años, computados a partir del hecho que motiva la responsabilidad que se reclama. Se dice que conforme la prueba que obra en el expediente administrativo, las molestias que se afirma, fueron provocadas por la actividad constructiva abarcan un período que comprende del 12 de enero del 2007 al 07 de marzo del 2008, mientras que por otro lado, las molestias presuntamente generadas por el funcionamiento de las edificaciones -entendemos, ya no su construcción- datan en su inicio del año 2009. Así, concluye la representación estatal que siendo presentado al proceso a estrados judiciales el día 09 de abril del 2012, esos cuatro años fueron superados, si se computa dicho plazo a partir de la ocurrencia de los hechos. También se alegó la caducidad de la acción en aplicación del numeral 39, inciso c) del Código Procesal Contencioso Administrativo, conforme el cual, el plazo para accionar es de un año que para el caso de actuaciones materiales, se ha de computar a partir de la cesación de sus efectos, para lo que hizo mención a la que identificó como la última gestión presentada por los actores ante el Ministerio de Salud, que habría ocurrido en fecha 07 de agosto del 2010, mientras que el presente proceso se presentó el día 09 de abril del 2012. Se acusó además, que media el instituto de la cosa juzgada, para lo que se explicó, que los actpores presentaron en su momento un total de cuatro recursos de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Se hizo referencia a fallos de la Sala Constitucional, para indicar que de haber sido declarados con lugar en favor de los aquí demandantes, la vía para accionar en reclamo de los daños y/o perjuicios ocasionados, es la de ejecución de sentencia, y no esta vía ordinaria. Precisó en relación a una de estas acciones por la vía del recurso de amparo incoadas por los aquí actores, que una de ellas lo fue en contra del Ministerio de Salud -y agregamos, contra la Municipalidad de Escazú como se verá adelante- peticionándose que se le ordenara dar cumplimiento a su obligación de tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación se se reprochaba, estaban sufriendo los aquí actores, acción frente a la cual el alto Tribunal de control constitucional habría dictado el Voto N° 2007-014995, declarando con lugar el recurso. También hizo cita del Voto dictado por la Sala Constitucional con el N° 2010-00269 de las 11:43 hrs. del 08 de enero del 2010, -interpuesto en contra del Ministerio de Salud y la Municipalidad de Escazú, agrega este Tribunal- conforme el que se habría declarado sin lugar el recurso. Continuó haciendo cita del Voto identificado con el N° 2010-1745 de las 09:59 hrs. del 11 de febrero del 2011, en los términos del cual, se declaró con lugar el recurso pero exclusivamente en contra del a Municipalidad de Escazú; y finalmente, hizo referencia al Voto N° 5406-2011 de las 10:41 hrs. del 29 de abril del 2011, que declaró sin lugar el recurso. Así se afirmó que: "De lo anterior se denota que en diversas oportunidades el Tribunal Constitucional ha conocido los hechos que se exponen dentro del presente proceso y ha resuelto sobre los mismos. lo anterior implica que existe cosa juzgada sobre estos temas y que en los casos de los amparos    (...) únicos declarados con lugar y con lugar parcial, concretamente, en el caso de que se pretenda ejecutar los daños y perjuicios en que resultó ocndenado en abstracto el Estado y la Municipalidad de Escazú, deberá de realizarse en la vía de ejecución de sentencia constitucional contemplada en el CPCA y no por la vía de un proceso de conocimiento". Se alegó la falta de legitimación pasiva, para lo que se indicó que las competencias de control y fiscalización en materia constructiva son competencia Municipal conforme la Ley de Construcciones. Para terminar, se interpuso la excepción de falta de derecho.-

V.- Sobre los alegatos de defensa formulados por parte de la representación de la Municipalidad de Escazú. Por su parte, la representación de la Municipalidad codemandada, se expresó en oposición a la demanda indicando en lo que resulta relevante, que el área donde se construyeron los edificios de las empresas demandadas Grupo Meridiano de Centroamerica S.A., Grupo Roble Internacional S.A., Constructora KMC S.A. y el Parque Central, de acuerdo al Plan Regulador, se encuentran ubicados en Zona Comercio puntual Multiplaza y la Zona de Comercio Lincal. Que el Plan Regulador fue debidamente aprobado de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley de Planificación Urbana, por lo que el afirmar que dicho plan se manipuló a conveniencia es una afirmación imprudente, situación que no es más que un mero decir de los actores sin fundamento jurídico alguno, toda vez que las modificaciones posteriores que sufrió el Plan Regulador cumplieron lo estipulado en la Ley de Planificación Urbana. Los argumentos expuestos por la parte demandante se encuentran lejos de la realidad de un cantón que avanza de forma planificada y se ajusta a los cambios económicos y sociales de la realidad que viven todas las comunidades del cantón. No se puede pretender exigir que una situación "ideal" se mantenga así durante el paso del tiempo sin que exista un progreso en cuanto al desarrollo del cantón, nótese que se alega afectación de varias obras debidamente permisadas y debidamente ajustadas a derecho que cumplieron con normas locales, como el Plan Regulador del Cantón de Escazú y normas de aplicación nacional como lo serían normas ambientales, normas de salud, normas técnicas y prueba de ello es los permisos de construcción debidamente aprobados de cada una de las construcciones realizadas en el área, dejando claro que fue sometido a consulta pública como lo dispone la Ley de Planificación Urbana. En su defensa, interpuso a título de excepciones en lo que resulta relevante, la prescripción, en relación con la que afirmó, habría operado con causa en que la totalidad de los hechos esbozados en el escrito de demanda datarían de entre el año 2006 y finales del año 2007, de modo que, conforme lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública que refiere a un plazo de cuatro años, la acción se encontraría prescrita. y que si bien es cierto que existen recursos de amparo, no es sino en esos años que se pueden ubicar estos hechos en relación con los cuales se reclama una indemnización. Se alegó además como excepción, la de falta de legitimación, para lo que se dijo que se demanda sin haberse previamente dado agotamiento a la vía administrativa en que se debe determinar la responsabilidad o un proceso ordinario. Se mencionó que la vía para ejecutar fallos dictados por la Sala Constitucional lo es la de ejecución conforme el artículo 179 del Código Procesal Contencioso Administrativo, a lo que sumó que los actores no identifican si la conducta a partir de la que se erige su reclamo es omisiva, activa, o en su caso si es sobre la base de la nulidad de algún acto, limitándose a peticionar la condena al pago de daños y/o perjuicios, sin la existencia de condenatoria previa que les permita acceder a esas pretensiones. Finalmente, se alegó que media falta de derecho.-

VI.- Sobre los alegatos de defensa formulados por parte de la representación de la empresa denominada Grupo Meridiano de Centroamérica Sociedad Anónima. Indicaron que en lo que respecta a los sujetos de derecho público, su régimen de responsabilidad se encuentra regulado por las normas y principios de la Ley General de la Administración Pública. En ese sentido se está ante un régimen que es predominante objetivo, y que éste sería un aspecto ajeno a su representada y en la eventualidad de que el actor pueda demostrar alguna conducta lesiva de la administración para con sus derechos, esto no podrá de ninguna manera afectar o endilgar responsabilidad a la sociedad a la cual se representa. En lo relativo a los sujetos de derecho privado; derivado de los presuntos hechos reprochables a estos, el régimen de responsabilidad es claramente subjetivo y fundamentado en el artículo 1045 del Código Civil, en este tanto es necesaria no solo la existencia de dolo o culpa grave sino la demostración clara del daño y del nexo causal entre la acción que se reprocha y el daño sufrido. Que si el actor considera que tiene algún tipo de reclamación en contra de mi representada, deberá probar fehacientemente la existencia del dolo o culpa grave en el caso y el necesario nexo causal con el daño alegado, aspecto que hasta el momento no se desprende de la documentación aportada y que sin duda alguna evidencia la falta de derecho de la presente demanda, al menos, en contra de Grupo Meridiano de Centroamerica S.A..-

VII.- Sobre los alegatos de defensa formulados por parte de la representación de las empresas denominadas Construcciones KMC Sociedad Anónima, Grupo Roble Internacional de Costa Rica Sociedad Anónima y Parque Central Sociedad Anónima. Seguidamente se relacionará la posición asumida por estas partes demandadas, debiendo aclararse que lo es en un sólo aparte del presente fallo, con causa en que sus estructuras argumentativas esbozadas al dar contestación a la demanda son las mismas. Que la parte actora con claro desconocimiento y confusión de lo que significa la responsabilidad administrativa, pretende reclamar la misma a sujetos de derecho privado, que igualmente son administrados, y que la conducta que se señala como generadora de daño, más bien lo que constituye es el ejercicio legítimo de un derecho cual es la potestad de transformación de un bien inmueble, potestad que el propio ordenamiento jurídico costarricense le otorga a todo propietario. Las empresas han cumplido con todos los procedimientos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico para la obtención de todos los permisos correspondientes, en ese sentido tanto la viabilidad ambiental como los permisos de construcción así como las demás disposiciones establecidas por los diferentes entes y órganos competentes, han sido debidamente cumplidos. Que se tomaron las medidas pertinentes con el fin de minimizar las inconveniencias de dicho proceso pudo ocasionar, tales como la colocación de barreras protectoras a efecto de evitar el esparcimiento de polvo, nunca hubo cierre de ninguna vía pública y en el momento que la Municipalidad del Cantón de Escazú, así como los demás entes supervisores, realizaron alguna prevención, la misma fue cumplida de forma inmediata. La demanda resulta temeraria y carente de fundamento jurídico. El actor enuncia en su demanda una serie de hechos dispersos sin una correcta concatenación que le permita sustentar la pretensión de la misma, ello refleja una evidente confusión de conceptos en relación al reclamo de la responsabilidad objetiva de la Administración, que constituye el objeto de la presente acción. En otro orden de ideas, la compañía denominada "Construcciones KMC S.A.", opuso las excepciones de falta de legitimación ad causam pasiva, prescripción, caducidad y falta de derecho, mientras que la representación de las compañías denominadas "Grupo Roble Internacional de Costa Rica S.A." y "Parque Central S.A.", la de falta de legitimación activa y pasiva, falta de derecho, prescripción y caducidad. En lo que fue invocada la prescripción, estas partes demandadas alegaron la prescripción en aplicación del artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública. todas ellas alegaron que las construcciones tuvieron su inicio en el año 2006, y finalizaron en el mes de abril del año 2008. Además, en torno a la caducidad, se acusó que habría operado conforme lo dispuesto en el artículo 39, inciso c) del Código Procesal Contencioso Administrativo. Sobre la legitimación pasiva, se dijo de modo confuso por parte de estas empresas demandadas, lo que afirmamos con respeto, que la empresa no puede ser demandada porque no existe relación jurídica con las administraciones demandadas a partir por ejemplo, de una contratación administrativa, siendo en consecuencia solamente viable la acción en contra de estas últimas.-

VIII.- Sobre los alegatos formulados por el Patronato Nacional de la Infancia. En Términos generales y particularmente a partir de la participación en la audiencia de juicio, se adhirió en un todo a los alegatos formulados por la representación de los actores.-

IX.- Hechos probados. De relevancia para la resolución del presente proceso, se tienen los siguientes: 1) Que al menos para el mes de agosto del 2004 la señora Olga Shutaleva y el señor Shon Shai Tsafrir se encontraron vinculados en unión de hecho. (Hecho no controvertido en relación con las declaraciones en juicio del señor Noam Amir y la señora María Elena Mora Abarca); 2) Que a partir del día 05 de agosto del 2004 la señora Olga Shutaleva devino en propietaria registral (por compra) esto es, titular del dominio sobre el inmueble inscrito en el Registro Nacional, sistema mecanizado de folio real, Partido de San José, matrícula N° 303263, situada en el Distrito San Rafael, Cantón Escazú, Urbanización Quintanar, descrito en el plano catastrado N° SJ-014420-75 del 01 de agosto de 1975. (Folios 897, en relación con el 895 del legajo de prueba de los actores, y las declaraciones en juicio del señor Noam Amir y la señora María Elena Mora Abarca); 3) Que el inmueble propiedad de la señora Olga Shutaleva era usado como casa de habitación por ella, el señor Tsafrir, así como luego de su nacimiento, por la hija de ambos Lian Tsafrir Shutaleva quien nació el día 11 de abril del 2007. (Las declaraciones en juicio del señor Noam Amir y la señora María Elena Mora Abarca, en relación al reconocimiento judicial practicado el día 08 de agosto del 2017); 4) Que para la data de ocurrencia de los hechos a que refiere la demanda y su presentación a estrados judiciales, la señorita Lian Tsafrir Shutaleva era menor de edad. (Hecho no controvertido); 5) Que en su lindero este, la casa de habitación de los actores colinda con una calle, denominada "Calle El Barro". (El reconocimiento judicial llevado a cabo el día 08 de agosto del 2017, en relación con el folio 895 del legajo de prueba de los actores); 6) Que la denominada calle "El Barro", corresponde a la colindancia o lindero oeste de los inmuebles sobre los que la totalidad de las empresas demandadas, excepto Construcciones KMC S.A., levantaron las edificaciones o ejecutaron los procesos constructivos que se dirán. (El reconocimiento judicial llevado a cabo el día 08 de agosto del 2017, en relación con el folio 895 del legajo de prueba de los actores); 7) Que sin precisar la fecha exacta en que lo que sigue habría ocurrido en cada caso, la Municipalidad de Escazú otorgó a la empresa aquí codemandada denominada Parque Central S.A., que forma parte de un grupo de interés económico con la compañía denominada Grupo Roble Internacional S.A., una licencia o permiso para la construcción en el año 2006 identificado con el N° 257-06, de una ampliación de oficinas existentes sobre la superficie del inmueble identificado como el inscrito en el Registro Nacional con el número de matrícula de folio real 518045-000, obra que habrían de ser levantada sobre terrenos que colindan en su lindero oeste, con la calle pública, denominada "Calle El Barro" y en consecuencia, con esta calle en medio con la propiedad de los aquí demandantes. (Hecho no controvertido por la forma en que estas partes codemandadas contrastaron la demanda en relación a los hechos VI, VIII y XI, en relación con el reconocimiento judicial llevado a cabo el día 08 de agosto del 2017); 8) Que sin precisar la fecha exacta en que lo que sigue habría ocurrido en cada caso, la Municipalidad de Escazú otorgó a la empresa aquí codemandada denominada a Grupo Meridiano de Centroamérica S.A. una licencia o permiso de construcción en el año 2005 identificado con el N° 147-05, para la edificación de un edificio de altura para oficinas sobre la superficie del inmueble identificado como el inscrito en el Registro Nacional con el número de matrícula de folio real 207250-000, obra que habría de ser levantada sobre terrenos que colindan en su lindero oeste, con la calle pública, denominada "Calle El Barro", con autorización para realizar labores constructivas en el siguiente horario: de las 06:00 hrs. a las 17:00 hrs. de lunes a viernes, y de las 07:00 hrs. a las 14:00 hrs. los días sábados, no pudiendo realizar labores los días domingos y feriados. (Hecho no controvertido por la forma en que esta parte codemandada contrastó la demanda, en relación a los hechos VI, VIII y XI, y el reconocimiento judicial llevado a cabo el día 08 de agosto del 2017); 9) Que habiéndose dado inicio al proceso constructivo relacionado en el hecho probado anterior, el día 06 de diciembre del 2005 se le hizo una notificación preventiva identificada con el N° 0542 a la empresa denominada Grupo Meridiano de Centroamérica S.A., esto por parte del Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Escazú, mediante la que se le indicó que se encontraba obstaculizando una vía pública, así como que el proyecto constructivo en su sector oeste, estaba presentando nubes de polvo a partir de acumulación de materiales. (Folio 229 del expediente administrativo de la Municipalidad de Escazú); 10) Que el día 13 de diciembre del 2005 se le hizo una nueva notificación preventiva identificada con el N° 0543, a la empresa denominada Grupo Meridiano de Centroamérica S.A. por parte del Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Escazú, mediante la que se le indicó que se encontraba presentando una anomalía con respecto a la notificación preventiva a que refiere el hecho probado anterior, a lo que se agregó lo siguiente: "Se advierte que de encontrar una vagoneta transitando sin toldo o tirando basura fuera en las cercanías del proyecto, se procederá con la clausura de las obras hasta tanto no se extraiga todo el material tirado", otorgándosele a la empresa hasta el mediodía de ese mismo día para corregir esa situación detectada. (Folio 230 del expediente administrativo de la Municipalidad de Escazú); 11) Que para el día 01 de marzo del 2006, la Contraloría Ambiental de la Municipalidad de Escazú habría constatado en el sitio en que se edifica la obra propiedad de "Grupo Roble S.A.”, que de manera constante se levantaba mucho polvo en afectación directa de los vecinos, por lo que como medida correctiva debía esta empresa de aplicar riego constante sobre las áreas de tierra acumulada, así como en aquellas que se encuentren al descubierto, recalcándose que con causa en los vientos, igual generan polvo. (Folio 203 del expediente administrativo de la Municipalidad de Escazú); 12) Que el día 13 de junio del 2006 el señor Tsafrir denunció ante la Municipalidad de Escazú la presencia de agua acumulada en la parte trasera de su casa, que estaba afectando la estructura de la tapia, así como que la permanencia de la misma, podría generar problemas de salud. (Folio 147 del expediente de la Municipalidad de Escazú); 13) Que para el mes de junio del 2006, el departamento de Régimen Disciplinario del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos habría determinado con ocasión de una inspección efectuada a la obra que se encontró siendo levantada bajo la responsabilidad de “Grupo Meridiano de Centroamérica S.A.”, que si bien en algún momento existió un problema asociado al levantamiento de nubes de polvo, el mismo había sido corregido, pero que se debían de seguir adoptando las medidas necesarias para evitar que continuase el problema, y además, se le advirtió de una posible afectación por el agua de lluvia a las viviendas vecinas con causa en el desnivel que existe entre el proyecto y la urbanización, debiendo la empresa adoptar las medidas necesarias para no afectar a los vecinos. (Folios del 150 al 158 del expediente de la Municipalidad de Escazú); 14) Que para el día 01 de septiembre del 2006 un funcionario del Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Escazú, consignó con ocasión de una inspección que realizó en la colindancia de la propiedad de los actores con la “Calle El Barro”, que en afectación a la propiedad se estaba produciendo el paso de escorrentía por las condiciones de la calle pública, y que esta no cuenta con infraestructura, luego, determinó no ser competente para atender el asunto, correspondiendo ello en su criterio a otro departamento Municipal. (Folio 145 del expediente administrativo de la Municipalidad de Escazú); 13) Que el día 13 de diciembre del 2006 el Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Escazú, hizo notificación preventiva a la compañía denominada "Parque Central S.A.", con causa en que a partir del proceso de construcción a su cargo, se estaba dando el tránsito de maquinaria pesada por una ruta no aprobada, a saber, por "Quintanar", por lo que de inmediato debía de hacer cesar dicho tránsito vehicular. (Folio 260 del expediente de la Municipalidad de Escazú); 14) Que el día 08 de enero del 2007 el señor Tsafrir interpuso una denuncia ante el Ministerio de Salud, en contra de "Grupo Roble" por ruido y vibraciones. (Folio 626 del legajo de prueba de los actores); 15) Que en los términos del oficio N DU-009-08 de fecha 11 de enero del 2007 (sic), del departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Escazú, se indicó en lo conducente que: “b) Mediante Informe de Campo N° 0262-2006 del Departamento de Desarrollo Urbano se aclara la preocupación presentada en nota, con fecha 12 de julio de 2006, por el agua estancada que se encuentra detrás de la casa del señor Shon Zafrir (sic) que colinda con un tramo de calle sin infraestructura de la Urbanización Quintanar, que permiten el flujo continuo de escorrentía pluvial que vierten hacia la propiedad, provocando daños a la tapia en cuestión. Debido a lo anterior los vecinos de la Urbanización Quintanar realizaron un zanjeo a lo largo de calle para canalizar las aguas provenientes de las construcciones aledañas, que degeneró en un anegamiento de aguas con los consecuentes malos olores y proliferación de zancudos, así como daños a la tapia en mención. / c) En relación con la nota dirigida al Señor Alcalde (...) con fecha 31 de enero de 2007 por parte de la señora María Elena Mora Abarca en la que indica que continúan los problemas ocasionados por la construcción del Edificio Meridiano y Plaza El Roble, se informa que al propietario del segundo proyecto, Parque Central S.A. se le presenta notificación preventiva N° 0846 con fecha de 12 de febrero de 2007 (sic) acotando las siguientes anomalías encontradas: a) Obstrucción y/o destrucción de vía pública, (calles con polvo y montículos de tierra) b) Polvo en el Proyecto; para dichas situaciones se otorgaron 4 horas para corregir dicha situación. En cuanto al edificio Meridiano se le entrega la notificación preventiva N° 0850, con misma fecha, sobre exceso de polvo en el ambiente. Para dar seguimiento a la denuncia de excesiva cantidad de polvo, supuesta apertura de calle y estado de la misma, se realizó el informe de campo N° 038-07, con fecha 20 de febrero de 2007, (...) se detectó nuevamente gran cantidad de polvo generada por el movimiento de tierras en el proyecto del Grupo Meridiano de Centroamérica, no así con el edificio que se ubica en la Urbanización Quintanar, propiedad de Construcciones KMC S.A.". (Folios 164 y 165 del expediente de la Municipalidad de Escazú); 16) Que el 12 de enero del 2007 el señor Shon Tsafrir solicitó al Ministerio de Salud que se presentara en su casa de habitación con el propósito de que se realizase una inspección, esto con ocasión de un problema relacionado con contaminación producida por polvo y acústica proveniente de construcciones contiguas desde hacía once meses atrás. (Folio 01 del expediente administrativo del Ministerio de Salud); 17) Que en relación con la solicitud del señor Tsafrir, para el día 15 de enero del 2007 el Ministerio de Salud requirió a la Municipalidad de Escazú, que solicitara a quienes se identificaron como "los constructores" la presentación al ente municipal de un plan de mitigación que resolviese el problema de polvo "y demás", del que habría de remitirse copia al Área de Salud de ese Ministerio. (Folio 06 del expediente administrativo del Ministerio de Salud); 18) Que el 23 de enero del 2007 el señor Shon Tsafrir solicitó al Ministerio de Salud que se presentara en su casa de habitación con el propósito de que se realizase una inspección en relación con lo que afirmó era un problema de contaminación por polvo y acústica proveniente de construcciones contiguas a su casa de habitación que habría estado presentando desde hacía once meses atrás. (Folios del 09 al 11 del expediente administrativo del Ministerio de Salud); 19) Que para el día 31 de enero del 2007 quien se identificó como María Elena Mora Abarca, denunció ante la Municipalidad de Escazú, problemas asociados a las construcciones del "Edificio Meridiano" y "Plaza Roble" en relación con la presencia de exceso de polvo, entrada y salida de vagonetas, trabajos en horas fuera de horario establecido, y acumulación de agua, todos denunciados hechos que afirma se habrían denunciado desde un año atrás. (Folios 347 y 348 del expediente administrativo de la Municipalidad de Escazú); 20) Que por nota de fecha 11 de febrero del 2007, un personero de la compañía que identificó como "Vander Laat y Jiménez", “Proyecto Plaza Roble III Etapa”, informó al Departamento de Desarrollo Humano en lo conducente, que la empresa estaba asumiendo acciones para evitar problemas futuros con los vecinos; que su compromiso lo era el respeto al horario definido para la realización de los trabajos, al grado tal que sustituyeron al maestro de obras general para garantizar dicho cumplimiento; asimismo, que se encontraban realizando esfuerzos adicionales en materia de control de polvo y ruido para evitar afectaciones a los vecinos. (Folio 424 del expediente administrativo de la Municipalidad de Escazú); 21) Que para el día 12 de febrero del 2007 el proyecto constructivo de la compañía denominada Parque Central S.A. presentó anomalías, desde la óptica de su proceso constructivo constituidas por acciones de obstrucción de vías públicas (calles con polvo y montículos de tierra, y en general exceso de polvo), ocasión con la que a quien se identificó como encargado del proyecto, se le hizo entrega de una nota con la prevención municipal correspondiente. (Folios 12 frente y vuelto del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud, así como el folio 577 del legajo de prueba de los actores); 22) Que la misma solicitud para que pidiera a las empresas constructoras un plan de mitigación, fue formulada de nuevo por el Ministerio de Salud a la Municipalidad de Escazú, el día 15 de febrero del 2007. (Folio 08 del expediente administrativo del Ministerio de Salud); 23) Que en los términos del oficio identificado con el N° ARSE-D-37-07 de fecha 15 de febrero del 2007, el    Ministerio de Salud habría requerido a la Municipalidad de Escazú, dar cumplimiento con lo anteriormente ordenado para que las empresas demandadas presentaran un plan de mitigación. (Folios 593 y 594 del legajo de prueba de los actores); 24) Que para el día 20 de febrero del 2007, el Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Escazú había determinado a través de un informe de campo identificado con el N° 038-07, que: "En visita realizada al sitio se ha podido detectar que en efecto, el proyecto conocido como Grupo Meridiano de Centroamérica y el movimiento de tierras que en la actualidad se realiza junto a el (sic) mismo edificio, generaban gran cantidad de polvo, no así el edificio que se ubica en la Urbanización Quintanar y que es propiedad de la sociedad Construcciones KMC S.A., que al momento de la visita no se detectó lo denunciado". (Folio 581 del legajo de prueba de los actores); 25) Que en atención al requerimiento hecho por parte del Ministerio de Salud a la Municipalidad de Escazú para que ésta requiriese a “los constructores” la presentación de un plan de mitigación, la Alcaldía Municipal envió un oficio al Ministerio mencionado en fecha 23 de febrero del 2007, mediante el cual en síntesis le comunicó que en su opinión el tema relacionado con un plan de mitigación le competía a ese Ministerio, mientras que con ocasión de unas notificaciones preventivas efectuadas a Parque Central S.A. y Grupo Meridiano de Centroamérica S.A., ambas el día 12 de febrero del 2007, la Municipalidad habría dado cumplimiento a sus deberes en el plano del control y prevención sobre la actividad urbanística. (Folios 13 y 14 del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud); 26) Que para el 26 el febrero del 2007 la autoridad local del Ministerio de Salud en que se ubican los proyectos constructivos de interés, era del criterio, de que el tema de salubridad asociado a los mismos era Municipal y que por ende su control y fiscalización correspondía al gobierno local, mientras que la misma autoridad, pero a nivel regional, estimaba únicamente que al asunto debía de dársele seguimiento. (Folios 17 y 18 del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud); 27) Que para el 08 de marzo del 2007 las autoridades del Ministerio de Salud se habrían entendido competentes para atender únicamente los problemas denunciados que se encontrasen vinculados con contaminación sónica. (Folio 19 del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud); 28) Que para el día 20 de marzo del 2007 el Departamento de Obras Públicas de la Municipalidad de Escazú informó al señor Alcalde, que en relación con la propiedad en la que se encontraba levantándose un edificio de 10 pisos por parte de la compañía identificada como “Grupo Meridiano de Centroamérica S.A.” la construcción topográficamente se encuentra a una altura mayor que la calle ubicada al este de dicha propiedad y la “Urbanización Quintanar”, así como que por ende, se presentaba escorrentía de aguas hacia el nivel más bajo -sea, hacia la Urbanización Quintanar, "Calle el Barro" en medio- comprobándose que para esos efectos se había excavado una zanja que permitía la canalización de las aguas, evitando acumulación o “empozamiento”, por lo que se archivó el caso, y además, en relación con un aspecto vinculado con la generación de polvo, el funcionario se limitó a consignar que representantes de la empresa le habrían informado que se habrían adoptado las medidas que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos les habría ordenado. (Folios del 140 al 143, del expediente administrativo de la Municipalidad de Escazú); 29) Que en fecha 21 de marzo del 2007, las autoridades del Ministerio de Salud se apersonaron sin previa coordinación con el aquí actor, señor Shon Tsafrir a su casa de habitación, lugar en el que con causa en que no se encontró este ni él su señora esposa, no fue realizada ninguna medición sónica, por lo que decidieron retirarse y aguardar a que dicho interesado se comunicase de nuevo con ellos. (Folios 39 y 40 del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud); 30) Que con fecha 27 de marzo del 2007 quien se identificó como funcionario del Hospital Cima de San José, de Ginecología y Obstetricia, hizo constar en relación con una atención dada a la señora Olga Shutaleva, que: “La paciente ha tenido durante todo su embarazo severos trastornos respiratorios y nerviosos que considero se deben en gran parte a la contaminación ambiental a la que ha estado expuesta durante todo su embarazo por las obras de construcción alrededor de su casa. / Además, el parto se pronostica para cualquier momento y el neonato no puede bajo ninguna circunstancia en las condiciones de contaminación a que la paciente refiere”. (Folio 108 del legajo de prueba de los actores); 31) Que en fecha 29 de mayo del 2007 el señor Shon Shai Tsafrir denunció ante las autoridades del Ministerio de Salud que se habría producido una descarga en horas de la noche del día anterior, de materia fecal en la calle pública que corre en el lindero posterior de su propiedad. (Folio 47 del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud); 34) Que frente a la solicitud relacionada en el hecho probado anterior, el día 01 de junio del 2007 las autoridades del Ministerio de Salud le habrían consultado sobre lo denuciado a la empresa que manejaba desechos de ese tipo en las construcciones o construcción cercana a la casa de habitación del quejoso, empresa que habría negado tal acción, por lo que la autoridad sanitaria se limitó a recomendarle al señor Tsafrir su colaboración para que frente a la posibilidad de imponer la multa correspondiente a quienes depositen desechos en la vía pública de la forma denunciada, proceda a denunciar lo propio llamando al 911, para que sea la policía de tránsito la que proceda a confirmar el hecho denunciado y/o, se le recomendaba presentar una denuncia ante el Juzgado Contravencional de Escazú para lo que corresponda. (Folio 48 del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud); 35) Que el día 07 de junio del 2007 el señor Tsafrir se quejó ante el Ministerio de Salud por no haber siquiera efectuado una inspección en el sitio en que denunció la descarga de materia fecal. (Folio 52 del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud); 36) Que para el 08 de junio del 2007 las autoridades del Ministerio de Salud habrían entendido que el señor Tsafrir, había perdido interés en que se realizase una medición sónica. (Folio 86 del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud); 37) Que para el 08 de junio del 2007 las autoridades del Ministerio de Salud habrían desestimado del todo la denuncia hecha por parte del señor Tsafrir en torno a la presunta descarga de aguas negras, con causa en que no aportó prueba de su dicho. (Folios 87 y 88 del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud); 38) Que las autoridades del Ministerio de Salud realizaron una inspección en el sitio de interés el día 11 de junio del 2007 conforme la cual, se determinó la inexistencia de elementos que dieran prueba de la denuncia sobre la descarga de aguas negras, en lo demás, referente a afectaciones asociadas a movimientos de tierra y la presencia de basura, se insistió en que ambos asuntos corresponden a temas competencia de la Municipalidad y no del Ministerio, todo lo cual se le hizo ver al señor Tsafrir. (Folios del 89 al 91 del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud); 39)  Que el señor Tsafrir se quejó por escrito en fecha 18 de junio del 2007 ante las autoridades del Ministerio de Salud, por la forma inoportuna en que se realizó la inspección a que refiere el hecho probado anterior. (Folio 92 del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud); 40) Que para el 18 de junio del 2007 las autoridades del Ministerio de Salud continuaban aguardando que el señor Tsafrir coordinara por su cuenta, las acciones necesarias para atender su denuncia, sin mayor detalle, identificada como asociada a los problemas generados por las construcciones. (Folio 94 del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud); 41) Que en los términos del oficio N° JDU INT 66-07 de fecha 29 de agosto del 2007 emitido por la Jefatura del Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Escazú, se indicó al Alcalde Municipal en lo conducente, lo que sigue: "... En relación al oficio indicado, en que se ha recibido denuncia porque las construcciones cercanas a la propiedad del solicitante continúan irrespetando el horario establecido, trabajando después de las 19 horas, por lo cual se solicita una inspección de este Departamento para comprobar lo denunciado a través de la Defensoría de los Habitantes, le informo lo siguiente: En inspección nocturna realizada ayer por el Inspector (...), se comprobó que la construcción en la tercera etapa del Oficentro Plaza Roble irrespeta el horario establecido, al encontrarse que estaban realizando una chorrera fuera de horario, por lo que se informó al maestro de obras encargado del horario y se detuvieron los trabajos de inmediato". (Folio 376 del legajo de prueba de los actores); 42) Que el día 07 de septiembre del 2007 la Municipalidad de Escazú autorizó a quien se identificó como representante de "Grupo Roble", el uso de un área de terreno dentro de la Urbanización Quintanar como parqueo temporal, únicamente por el tiempo necesario para la habilitación de unas rampas en sitio diverso, no pudiendo realizar ninguna obra constructiva en el sitio que suponga consolidar esa área de parqueo, debiendo la empresa además de presentar a la Municipalidad información sobre las condiciones de temporalidad con que habría de funcionar dicho estacionamiento. (Folio 753 del expediente judicial); 43) Que en los términos del Voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia N° 14995-2007, dictado al ser las 15:02 hrs. del 17 de octubre del 2007, fue declarado con lugar un recurso de amparo interpuesto por la señora Olga Shutaleva y el señor Shon Shai Zafrir por escrito con la intervención de 19 personas más que dijeron ser vecinos del mismo lugar y haberse visto afectados de la misma forma, en contra el Área Rectora de Salud de Escazú de la Región Central Sur del Ministerio de Salud y la Municipalidad de Escazú, y por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:00 hrs. del 08 de marzo 2007, habiéndose tenido como objeto del recurso por parte de la Sala Constitucional, el que sigue: "Alegan los recurrentes que han solicitado la intervención tanto a la Municipalidad de Escazú como al Área Rectora de Salud de Escazú en cuanto a los problemas de contaminación sónica y ambiental que producen los proyectos que están en construcción cerca de su vivienda; sin embargo, esas autoridades no han hecho nada a la fecha y no se ponen de acuerdo entre ellos para determinar quién es el competente para darle una solución al problema. Indican que se genera gran cantidad de polvo de cemento, tierra, materiales que van a dar a sus patios, disposición de aguas residuales y basura en general de esas construcciones, así como el ruido de los trabajos durante el día y la noche que produce una seria contaminación sónica que les impide conciliar adecuadamente el descanso nocturno. Consideran vulnerados sus derechos y por ello piden la estimación del amparo", esto con ocasión haberse estimado por la Sala Constitucional violentado su derecho al disfrute de un ambiente sano y a la salud consagrados en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, con causa en que habiendo los aquí actores denunciado ante ambas Administraciones Públicas que se encontraban soportando ruido, polvo, exceso de polvo de cemento, entre otras y siendo obligación de estas Administraciones asegurar y proteger tales derechos contra el riesgo o necesidades creadas prohibiendo, e impidiendo    toda actividad dañosa en este plano, en el caso concreto si bien fue cierto que se dio la mediación de ambas autoridades recurridas y cada una dentro del ámbito de sus competencias, hubo negligencia y omisión de ambas en darle seguimiento a las prevenciones y actuaciones que se dictaron y ello, ocasionó que se continuaran desarrollando de manera irregular las actividades denunciadas por los recurrentes y por ende, se menoscabó su derecho a la salud y a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, para lo que se valoró que la atención dada a las gestiones hechas en relación a la realización de construcciones cercanas, la presencia de polvo que afecta su salud, la existencia de basura propia de las construcciones, el desarrollo de actividades constructivas a altas horas de la noche y fines de semana desde el año 2006, mientras que el Ministerio de Salud se limitó considerar que el asunto se solucionaba con un simple oficio remitido a la Municipalidad de Escazú para que emitiera las directrices que estimare necesarias sin girar ninguna orden sanitaria en ese sentido pese ser esa su competencia como órgano rector en materia de salud pública, la Municipalidad de Escazú se limitaba a afirmar que esa era competencia del Ministerio mencionado, sin que ninguna de estas autoridades desplegase actuación alguna contundente para comprobar los hechos denunciados o en su caso, para adoptar las medidas procedentes para dar soluciones, en caso de que ello fuera necesario, no siendo la actuación del Área Rectora lo suficientemente enérgica para solucionar el problema, como tampoco la Municipal, pese a la insistencia de los recurrentes, sin que conste siquiera que se hubieren ordenado inspecciones, en diferentes horas y días, para determinar si la denuncia tenía o no fundamento, siendo que la inspección realizada por el Área Rectora de Salud deciden, lo fue hasta conocer de la interposición del recurso de amparo hasta el mes de junio del 2007, fecha para la que las obras constructivas estaban muy avanzadas y por ende, no se pudo detectar la severidad de la afectación y que no obstante la Sala no tuvo certeza de la existencia de un problema de salud o de contaminación en el lugar, sí consideró que lo actuado por el Ministerio de Salud de Escazú no fue diligente, para terminar en relación a la Municipalidad de Escazú indicando que su actuación tampoco fue diligente en la atención a lo denunciado por los recurrentes tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde que tuvieron conocimiento de sus denuncias y las de otros vecinos, porque en numerosas oportunidades se constató de su parte que los proyectos constructivos estaban produciendo contaminación por polvo, ruido y basura y trabajos a deshoras y pese a ello, se limitó a adoptar como únicas medidas la emisión de varias notificaciones preventivas a las empresas desarrolladoras a fin de que mitigaran los efectos del proceso constructivo en cuanto a polvo, basura, entre otros, no obstante dichos problemas se habrían seguido dando y los vecinos seguían soportando las excesivas molestias denunciadas, evidenciándose en consecuencia que la Municipalidad al igual que el Ministerio, toleró en forma arbitraria la obstaculización que han sufrido los recurrentes y sus vecinos para disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, dado que no adoptó medidas definitivas ni han ejercido un control constante y efectivo para que se hubieran mitigado todas las inconveniencias de los procesos constructivos que se estaban a cabo en los alrededores de la vivienda de los recurrentes. Como hechos probados base de este fallo de la Sala Constitucional, se tuvieron los siguientes: "a) que inspectores municipales han visitado las construcciones a las que se refieren los recurrentes, en varias ocasiones durante su fase constructiva, previniendo siempre que ha sido necesario a los desarrolladores para que tomen las medidas correctivas para mitigar el impacto del polvo, tránsito de vehículos pesados y otros problemas habituales que implica un proceso constructivo de esa naturaleza (...); b) (...); c) que el proyecto Torres Meridiano del Grupo Meridiano de Centroamérica Sociedad Anónima recibió notificaciones preventivas de parte de la Municipalidad de Escazú por exceso de polvo en el ambiente y basura (...); d) que el proyecto de ampliación de oficinas propiedad del Grupo Roble ubicado al frente de Multiplaza recibió notificaciones preventivas de parte de la Municipalidad de Escazú por obstrucción de vía pública, acumulación de polvo en el proyecto y por transitar maquinaria en zona no permitida (...); e) que una funcionaria de Protección al Ambiente Humano del Área Rectora de Salud de Escazú, giró oficio ARE-UPAH-59-07 del quince de enero del dos mil siete al Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Escazú solicitando que se ordenaran a los desarrolladores de los proyectos constructivos a los que se refieren los recurrentes, planes de mitigación de las molestias denunciadas; sin embargo, ese Departamento no se pronunció por lo que se le tuvo que pedir ayuda al Alcalde Municipal de Escazú, lo que se hizo mediante oficio ARSE-D-37-07 del quince de febrero del dos mil siete (...); f) que mediante oficio DA-112-2007 del veintiuno de febrero del dos mil siete, el Alcalde Municipal de Escazú le comunicó al Director del Área Rectora de Salud de Escazú del Ministerio de Salud, que en atención a la solicitud de ese Ministerio, se tramitaron las notificaciones preventivas correspondientes (...); g) que no se ha podido realizar una medición sónica en la vivienda de los recurrentes para verificar el ruido producido por las construcciones (...); h) que la vivienda de los recurrentes está ubicada muy cerca de varios proyectos que están en construcción (...); i) que en inspección ocular realizada por funcionarios del Ministerio de Salud el once de junio del dos mil siete entre las doce horas y cincuenta minutos y las trece horas treinta minutos en los alrededores de la vivienda de los recurrentes, no se pudo comprobar la existencia de residuos de descargas de aguas negras en los caños públicos ni se confirmó la existencia de partículas sólidas suspendidas en el aire, ni ruidos producto de las construcciones de los alrededores (...)", y en lo conducente, en su parte dispositiva (por tanto) se dispuso: "Se condena al Estado y a la Municipalidad de Escazú al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo". (Folios del 122 al 149 del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud); 44) Que las autoridades del Ministerio de Salud efectuaron una segunda inspección en el sitio de interés el día jueves 01 de noviembre del 2007, ocasión con la cual al ser las 09:00 hrs. y en concurso con funcionarios de la Municipalidad de Escazú, no se encontraron problemas por “partículas suspendidas”, no se percibió ruido molesto, se determinó que las construcciones tenían como previsión una cubierta de sarán en su perímetro y que para esa fecha no habían movimientos de tierra. Así mismo se indicó sobe las obras circundantes, que: “unas están finalizadas y en uso y otras en obra gris, la que está en proceso constructivo se ubica a 300 m de la residencia del quejoso”, además, que no se observa molestia por la circulación del tránsito, así como que: “… se concluye que el material que se usa para la construcción son unas chorreadas con concreto prefabricado fuera del sitio, lo cual reduce aún más el impacto al sector de la etapa de montaje por efectos de polvo. Por lo anterior no se encuentra motivación para girar acto administrativo en este momento”. (Folio 100 del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud); 45) Que el día viernes 02 de noviembre del 2007 el señor Tsafrir comunicó por escrito a las autoridades de salud, de su desacuerdo con el contenido del acta levantada con ocasión de lo relacionado en el hecho probado anterior. (Folio 102 del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud); 46) Que en fecha lunes 12 de noviembre del 2007 las autoridades del Ministerio de Salud informaron al señor Tsafrir que estarían a su disposición para realizar una nueva inspección en coordinación con su persona, en la hora y fecha que así lo deseare. (Folios 107 y 108 del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud); 47) Que para el día 08 de febrero del 2008 el señor Tsafrir fue tratado por el Psicólogo identificado como Esteban Villalobos Barquero, quien consignó habiendo practicado en su paciente cuatro pruebas diagnósticas diversas, que se presentaba con un cuadro depresivo ansioso, en relación con el cual indicó en lo conducente que: “La configuración de las escalas de validez sugieren que Shon Shai Tsafrir realizó el inventario de una manera honesta, sin exagerar, minimizar o tratando de ocultar síntomas. Por esto se considera válido el protocolo para realizar inferencias sobre el señor Shon. Los pacientes con este patrón de respuestas muestran una preocupación somática excesiva. Existe una evidente tensión y estrés así como depresión. Estos individuos pueden sentirse limitados por múltiples síntomas y quejas. Pueden presentar tristeza, falta de energía, incapacidad para concentrarse, sentirse angustiado, miserable y desdichado. Los individuos con puntuaciones similares se describen a sí mismos como que están constantemente bajo presión, que se sienten abrumados por los problemas e incluso anticipan más cosas malas para el futuro. Se quejan de preocuparse la mayoría del tiempo, tienen dificultades para dejar ir las cosas y presentan sentimiento de que están a punto de perder el control de su vida o simplemente deplomarse. Posiblemente debido a su ansiedad, puedan tener problemas de concentración y la toma de decisiones puede ser molesta. A menudo duermen mal y reportan frecuentes pesadillas. Pacientes con este perfil a menudo presentan ataques de pánico y otros trastornos de ansiedad. De los resultados de las entrevistas estructuradas se desprende que el señor Shon cumple con criterios para el diagnóstico de un trastorno depresivo así como para un trastorno de angustia crónico. Por otro lado no hay evidencia de que Shon presente un trastorno de personalidad”. (Folios del 120 al 122 del legajo de prueba de los actores); 48) Que para el día 15 de febrero del 2008 se certificó por el médico psiquiatra identificado como Bernardo Castro Dobles, que el señor Tsafrir presentaba un: “trastorno (ilegible), trastorno de pánico (ilegible) que se inicia hace dos años y empeoraron hace un mes, todo después de que se iniciaron varias construcciones alrededor de su casa de habitación. Se recomienda para disminuir este (ilegible) que cambie de domicilio”. (Folio 134 del legajo de prueba de los actores); 49) Que para el día 12 de abril del 2008, quien se identificó como médico especialista en medicina interna del Hospital CIMA, hizo constar por escrito lo siguiente: “Se brinda un resumen historial del paciente Shon Tsafrir, quien fue hospitalizado en el mes de febrero, por presentar datos de dolor severo de región cervical y dorsal, además de presentar datos de pirosis, con dolor epigástrico y náuseas; esto de más o menos 10 días de evolución. Cabe decir que el paciente presenta estos síntomas de carácter intermitente desde hace dos años, pero en el último año se ha (sic) incrementado sus síntomas, con datos de deterioro funcional, intelectual, emocional, mental, físico, con importante pérdida de peso, presenta descargas de adrenalina con diaforesis profusa, elevación de temperatura corporal (simulando fiebre) y con alteraciones de tipo ansioso/depresivo, con episodios de ataques de ansiedad y con alteraciones de su carácter emocional, derivados de una situación con su hogar y construcciones alrededor de su hogar. / Al paciente se le realizan durante su internamiento, estudios endoscópicos, estudios radiológicos, clínicos y de laboratorio. / A continuación se describen cada uno de los estudios realizados: 1. Estudios endoscópicos: demuestran trastorno de tipo síndrome gástrico agudo, pero sin presencia de reflujo gastroesofágico, ni de ulcus péptico. / 2. Estudios radiológicos de columna vertebral cervical y dorsal: no se demuestra (sic) lesiones de tipo osteoartróstósico ni de tipo listesis, sin datos de escoleosis ni lordosis; presenta datos de corrección de posición por importante espasmo muscular. / 3. Estudios de laboratorio generales: no se demuestran anemia ni déficit metabólico ni datos de desnutrición, ni de pérdida de proteína ni de otro diagnóstico hormonal/metabólico. Se complementan con estudios de función tiroidea y estudios de electrolitos seriados, si lograr demostrar patología alguna. / Llama mucho la atención en el paciente, la pérdida de peso progresiva desde hace 12 meses hasta el momento; durante su internamiento no se detectan picos de fiebre o temperatura corporal, pero sí mantiene su tendencia a su trastorno de ansiedad generalizado, generado con su problema con las construcciones alrededor de su casa. / Es evaluado por el Dr. Bernardo Castro (psiquiatra) quien emite un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizado e indica medicación, dirigida a disminuir este síndrome y mejorar el trastorno del sueño (insomnio) del paciente. / Actualmente, el paciente se mantiene bajo los mismos síntomas, mejoran parcialmente con la medicación, pero su entorno es el mismo y le genera mucha tensión emocional con reacción de depresión/ansiedad cada vez mayores y manteniendo la pérdida de peso, insomnio y se está generando una disfunción familiar bastante importante y que se observa en la siguiente visita médica donde se evalúa a la esposa del paciente y que se describe a continuación: Nota accesoria: El día 21 de abril de 2008 se valora a la paciente Olga Shutaleva, paciente conocida sana, quien desde hace unos 12 meses viene presentando cefalea occipito/temporal bilateral, con datos de síndrome de colon irritable, pues presenta franca distensión abdominal posprandial y con dolor en área dorso/lumbar, persistente, la cual alivia parcialmente con analgésicos tipo paracetamol; la paciente no tiene datos de déficit neurológico ni de alteraciones demostrables al examen físico, excepto dolor al palpar la región del cuello posterior, temporal y dorso/lumbar más de tipo contractura muscular y cefalea tensional sin demostrar ninguna otra patología asociada. Se le indica relajantes musculares y se le indica ezimas digestivas; es importante anotar que la paciente tiene la misma percepción de la situación de su hogar y de la posición de su esposo con respecto al problema de las construcciones al lado de su casa. Aunque la paciente trabaja fuera de la casa a diferencia de su esposo, quien labora desde la casa y está al tanto de lo que sucede alrededor de él, demostrando más tensión y ansiedad que la paciente”. (Folios 158 y 159 del legajo de prueba de los actores); 50) Que en los términos del Voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia identificado con el N° 1745-2010 de las 09:59 hrs, del 11 de febrero del 2011 mediante el que la señora María Elena Mora Abarca, accionó por esa vía en favor de terceros que no figuran como partes accionantes en la presente causa, en contra de la Municipalidad de Escazú, así como, o en relación con el Nº 4223-2011, de las 18:07 hrs. del 29 de marzo del 2011, en el que se incluyó como amparados conociendo de lo que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia estimó que correspondió a una aclaración y adición al Voto anterior, a los aquí demandantes Shon Shai Tsafrir y Olga Shutaleva, se declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto primero, el 04 de mayo del 2009 por quien se identificó como la señora María Elena Mora Abarca, insistimos, en favor de terceros que no figuran como partes accionantes en la presente causa, en contra de la Municipalidad de Escazú, por no prever y ordenar los requisitos técnicos bajo los cuales podía ser mejorada la calle "El Barro" para evitar los empozamientos producidos por la falta de un adecuado canal de drenaje de las aguas superficiales, por su inercia en resolver las denuncias presentadas por la recurrente y reestablecer las zonas residenciales de la Urbanización, para lo que la Sala Constitucional consideró tomando en cuenta un informe de fecha 18 de noviembre de 2009 del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) conforme el que se determinó en cuanto a las aguas pluviales en el sitio de de interés según inspección hecha el 17 de noviembre de 2009,    las aguas de escorrentía superficial de ese sector tienen una dirección noreste-suroeste y las mismas son interceptadas con un canal de guardia artificial (zanja de tierra sin revestimiento alguno) orientado casi perpendicularmente en esa dirección, canal que ubica en gran parte y largo de la calle "El Barro" que colinda al noreste con la Urbanización Quintanar con profundidad variable, para un promedio de unos 0.3 metros, insuficiente para evitar la presencia de aguas de lluvia en este sitio y el agua de escorrentía superficial, y que siendo los intereses y servicios locales conceptos jurídicos indeterminados, la creación de medios de drenaje adecuados incluso para las aguas pluviales dentro de una comunidad a efectos de no causar daños a la propiedad, a la salud y/o problemas de ambientales, está dentro de sus competencias siendo parte de los servicios que la Municipalidad está en la obligación de brindar, incluso en observancia de la Ley General de Salud por lo que en el caso concreto, habiéndose concluido que la Calle El Barro, independientemente de la naturaleza fue intervenida mediante obras de asfaltado sin que conste requerimiento alguno departe de la Municipalidad para que le proveyera de las exigencias técnicas para llevar a cabo la misma y: "sin prever las acciones coordinadas con los demás desarrolladores vecinos, sin los cuales la obra quedaría inconclusa y con ello se produjo el problema actual, que es que no cuenta con cunetas, sistema de alcantarillado y que efectivamente al ser asfaltado afecta su altura (ver foto a folio 133 del expediente) y la escorrentía de las aguas, pues éstas ya no serán absorbidas por la tierra que existía previamente, ya que el asfalto las hará discurrir sin control", por lo que la presencia de aguas en el sitio se debe al agua de lluvia que cae directamente, resultó inaceptable que la Municipalidad haya hecho caso omiso de las denuncias que se le habían realizado por varios años al respecto, avocándose únicamente a contestar por escrito sin verificar y ejecutar las obras correspondientes, a fin de resolver los problemas que hay con el drenaje de estas aguas, por que lo que independientemente de los trabajos que haya realizado algún desarrollador en esta calle, era la Municipalidad la tenía que garantizar los requisitos mínimos con los que debe contar, siendo el problema de agua existente como lo indica SENARA implica un riesgo por contaminación, inundaciones y por una eventual crisis de plagas, lo que pone en riesgo el derecho a un ambiente sano y equilibrado, así como el derecho a la salud de los habitantes, por lo que además, siendo irrelevante determinar si la calle El Barro es vía pública o privada, su ubicación exacta y límites, lo cierto es que con pleno conocimiento de la municipalidad se realizaron obras de asfaltado en dicha calle sin contemplar otras directrices técnicas, provocado con ello el discurrimiento de aguas superficiales en detrimento de los vecinos de la Urbanización Quintanar y que a pesar haberse denunciado este problema la Municipalidad no había tomado previsión o ejecutado acción alguna para proporcionar su solución. Con ocasión del dictado de este fallo de la Sala Constitucional, los hechos que sirvieron de base para el mismo fueron los siguientes, en lo que resulta de interés: "(...). 2- El 29 de mayo de 2007 los amparados reiteraron ante el Municipio recurrido su denuncia por problemas con la calle El Barro. (...). 3- El 12 de junio de 2007 por oficio JDU EXT-07-07 la Municipalidad de Escazú le otorgó permiso a Grupo El Roble para poner una pluma en el portón colocado entre la Urbanización Quintanar y la calle privada al norte del Oficentro Plaza Roble, la posibilidad de instalar un rótulo que indique propiedad privada y cerrar en la noche, así como el tránsito de maquinaria pesada (6 vehículos pesados por semana) por la ruta que inicia en Plaza Mundo y que comunica con la Ruta Nacional de Guachipelín. (...). 8- El 31 de marzo de 2009 la recurrente en representación de la urbanización Quintanar acusó ante la Municipalidad recurrida que se había asfaltado la calle El Barro elevando la misma dos metros y pegando con su pared, sin desagüe o drenaje alguno, lo cual significaba un riesgo de inundación, así como problemas con la maquinaria que pasaba por quebraduras en el repello y caída de piedras en la tapia. (...). 9- Por oficio PDT-376-09-EXTERNO del 20 de abril de 2009 el Departamento de Ingeniería y Obras de la Municipalidad de Escazú le contestó a la amparada que la calle El Barro es una vía existente ya consolidada que mantiene el nivel topográfico de los predios colindantes de dicha vía, que se enviaría a un inspector al sitio, que el permiso de construcción obedeció a realizar mejoras a media vía del condominio y que fue buena voluntad del interesado asfaltar la vía completa, exceptuando las aceras de los predios colindantes al oeste (...). 10- Una vez inspeccionada la calle El Barro por la Municipalidad recurrida se determinó que es una vía pública de administración cantonal, que colinda al este con la Urbanización Quintanar y al oeste con varias propiedades que tienen además frente a otra calle denominada Matapalo. (...). 11- Las mejoras a las superficies de ruedo (asfalto) de la calle El Barro se realizaron en el extremo norte de la vía, aproximadamente a 270 metros de longitud, como parte de las mejoras a media vía que deben construir los desarrolladores de proyectos de condominio, en este caso el proyecto de Condominio del Grupo El Roble, el Proyecto Meridiano en su frente a la Calle El Barro no ha realizado hasta la fecha mejoras en la vía. (...). 12- Actualmente está pendiente la construcción de aceras en el costado oeste de la calle El Barro. (...). 13- La Municipalidad recurrida ni terceros están realizando ningún tipo de trabajo que limite el acceso a las propiedades que tienen frente a la calle El Barro. (...). 15- Las aguas pluviales de los proyectos Torre Meridiano y Condominio Grupo El Roble, ambos con frente a la Calle Matapalo, canalizan sus aguas pluviales al sistema de alcantarillado pluvial que tiene dicha vía pública. (...). 16- El 20 de mayo de 2009 la Municipalidad recurrida notificó a Grupo El Roble que debía eliminar la bodega y el parqueo que construyeron de manera temporal en los terrenos de la urbanización Quintanar. (...). 25- El 17 de noviembre de 2009 SENARA realizó una inspección en el sector objeto del amparo y concluyó que el relieve de la zona es algo irregular con pendientes entre un 5% y un 8% y está dentro del área de la vertiente de la margen derecha de una quebrada sin nombre, que transcurre con dirección sureste-noroeste y que descarga en la quebrada Yeguas; también determinó que las aguas de escorrentía superficial de ese sector tienen una dirección noreste-suroeste y las mismas son interceptadas con un canal de guardia artificial (zanja de tierra sin revestimiento alguno) orientado casi perpendicularmente a la dirección antes mencionada. (...). 26- El canal de guardia artificial que intercepta las aguas de escorrentía superficial en el área objeto de amparo se ubica en gran parte y a lo largo de la calle El Barro que colinda al noreste con la Urbanización Quintanar, tiene una profundidad variable, para un promedio de unos 0.3 metros, no obstante, es insuficiente para evitar la presencia de aguas en el lote baldío con frente en calle pública asfaltada, orientada casi paralelamente a la calle El Barro. (...). 27- La presencia de aguas en el sitio en cuestión se debe a agua de lluvia que cae directamente en el lote baldío, aunada a agua de escorrentía superficial (y en parte subsuperficial que se manifiesta por gradiente topográfico) que baja por la vertiente natural hacia la quebrada sin nombre y que no es interceptada eficientemente por el canal de guardia acumulándose en los bajorrelieves del lote, formándose una especie de laguneta o charco grande o zuampo, con un piso arcilloso que retarda la infiltración del agua principalmente en invierno. (...)", y en su parte dispositiva, por tanto, se dispuso en lo conducente, que: "Se condena a la Municipalidad de Escazú al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo". (Sistema Costarricense de Información Jurídica a través de la página web del poder judicial); 51) Que con fecha 06 de junio del 2012, el Médico Psiquiatra José Luis Salas, certificó que el señor Tsafir -quien habría presentado un problema cardiaco días antes-, se encontraba en "tratamiento por un trastorno depresivo mayor y un trastorno de pánico severo, precipitado por el estrés acumulado. Se recomiendan medidas para disminuir el estrés y medicación". (Imagen 556 del expediente judicial); 52) Que con causa en las conductas desplegadas por el Estado y la Municipalidad de escazú, a la señorita Lian Tsafrir Shutaleva le fue causado un daño moral subjetivo con causa en las circunstancias en que se encontró su entorno y aquellas en las que por la misma razón se encontraron sus señores padres debido a conductas solo imputables al Estado y a la Municipalidad de Escazú.-

X.- Hechos no probados. De relevancia para la resolución del presente proceso, se tienen como no demostrados los siguiente: 1) Cualquier hecho que sirviendo como base de imputación de la condena al pago de daños y/o perjuicios que se reclama en cada caso, haya ocurrido en el año 2008 o en un momento posterior. (La ausencia de elementos de convicción al respecto); 2) La existencia de daño moral de corte objetivo. (La ausencia de elementos de convicción al respecto).-

XI.- Sobre el objeto del proceso. Estimamos importante, con el propósito de que el análisis que se hará resulte lo más claro y ordenado posible, hacer mención al objeto del proceso entendido como lo que se pretende sea concedido en sentencia, en asocio con la argumentación que planteada por el actor constituye su teoría del caso, sobre todo en lo que corresponde a los hechos, comprendidos en el escrito de demanda. En síntesis y en un primer nivel, quienes demandan reprochan responsabilidad patrimonial del Estado y la Municipalidad de Escazú, con ocasión de la producción de un sinnúmero de afectaciones dañosas que vinculan en nexo causal con la adopción de conductas que habrían de encuadrar (haciendo un esfuerzo al respecto en donde la demanda no ofrece mucha claridad) como unas dadas en el marco de una anormal prestación de los servicios asociados a las tareas de control y fiscalización en materia salud y constructivas, esto con relación a la inadecuada atención dada a diversas gestiones emprendidas en su momento por las partes accionantes ante ambas autoridades administrativas, denunciando eso sí, que tales afectaciones dañosas fueron todas ellas producidas con causa en los procesos constructivos desarrollados por las compañías aquí codemandadas. Tales afectaciones -insistimos, conforme los hechos esgrimidos en la demanda- serían ponderables de modo integral conforme la prueba, debiendo encontrarse circunscritos como se verá adelante, a los que se ubiquen desde el momento en que iniciaron las obras constructivas de las empresas hasta el año 2007 exclusivamente, esto en observancia del principio de congruencia que todo fallo judicial ha de observar. (Ver los hechos de la demanda). En relación con las empresas, es dable decir de entrada, que conforme la demanda, los hechos esbozados en ella, relacionados con lo que se pretende sea concedido en sentencia (el objeto del proceso) no individualiza para cada una de ellas la base de imputación del reproche de responsabilidad patrimonial, en estos casos, al abrigo de un régimen jurídico diverso al que aplica para el caso de las Administraciones Públicas demandadas, que tampoco se desarrolló en el escrito de demanda. Esto porque como los mismos accionantes lo describen, cada empresa desplegó una acción o acciones constructivas de modo autónomo a partir de las licencias constructivas otorgadas por parte de la Municipalidad demandada (que no son objeto de impugnación en la presente causa, de donde de entrada, es dable afirmar que todas las obras constructivas si lo fue a partir de la licencia en cada caso otorgada, lo fue con apego al ordenamiento jurídico, sea, que se trató de construcciones levantadas o ejecutadas de forma lícita). La base de imputación en torno a estas empresas es sin embargo, la misma conforme los algo confusos extremos de la demanda, sin especificar hechos en términos de modo, tiempo y lugar para cada caso, que describan las conductas que desplegadas por cada una de ellas y que de demostrarse, harían procedente lo que se pretende sea concedido en sentencia "para todas por igual". Como se verá para el caso de la demanda dirigida en contra del Estado y la Municipalidad de Escazú, las empresas demandadas levantaron edificaciones por su cuenta y riesgo de modo autónomo, sin encontrarse vinculadas de modo alguno, salvo en lo que respecta a Parque Central S.A y Grupo Roble Internacional de Costa Rica S.A., que obraron como grupo de interés económico. En otro orden de ideas y por la forma que se encuentran esbozados los extremos petitorios en el escrito de demanda, su ampliación, y conforme fueron determinados los mismos según lo resuelto en su oportunidad durante la celebración de la audiencia preliminar por el Juez Tramitador, resulta necesario ahora, efectuar algunas precisiones sobre lo que se pretende sea concedido en sentencia, pues lo peticionado resulta con alguna falta de rigor en técnica jurídica procesal, innecesariamente repetitivo, y en algunos casos, confuso y además de impreciso, en asocio con los términos en que se encuentra expresada la causa de pedir, sea, la base de imputación de responsabilidad patrimonial para cada caso concreto en relación a cada sujeto en contra de quien se acciona, esto es, el elenco de hechos que esgrimidos por escrito en el escrito de demanda (que en su conjunto se ubican en el tiempo como ocurridos hasta el año 2007) y su ampliación, que suponen el basamento de lo que se pide sea declarado en sentencia, en términos de modo, tiempo y lugar. En un primer orden de ideas, los extremos petitorios identificados con los números 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8, no corresponden, o guardan identidad con pretensiones de fondo propiamente dichas, cuando en su lugar, refieren a la existencia de circunstancias de hecho o situaciones fácticas en relación con las cuales, los demandantes vinculan en nexo causal los resultados dañosos que se reclaman sean indemnizados. Como tales, estos extremos constituyen más adecuadamente presupuestos fácticos necesarios para acceder a lo que se pretende sea concedido en sentencia. En consecuencia, en relación con estos últimos será en el aparte de la sentencia que corresponda a hechos probados y/o no probados, que habrá de esperarse se indique lo que corresponda por parte de este Tribunal de resultar ello necesario, y no así, en la parte dispositiva de la sentencia. Por otro lado, la pretensión identificada con el número 3 refiere adecuadamente a la pretendida condenatoria al pago de daños y/o perjuicios en lo que la demanda ha sido dirigida en contra de todas las partes demandadas, lo que innecesariamente se reitera o reproduce en las pretensiones que van de la 9 a la 14 y 17, con la única salvedad, de que en estas se hace referencia al pago además, de intereses, mientras que la 17, refiere el daño moral, que se aclaró comprende tanto un daño moral de corte objetivo como subjetivo, aunque sobre el daño moral objetivo, nada se dice en el escrito de demanda, en lo fáctico o jurídico a nivel argumentativo. Siendo que los sujetos demandados son varios, se observa que demandantes no identificaron en qué proporción dineraria es que se pretende se condene por uno u otro de los daños que se aspira se condene a su resarcimiento a cada una de las partes accionadas, como tampoco en qué consistió cualquiera que fuese, el daño moral de corte objetivo que se reclama, teniendo en cuenta lo que sobre su entidad y naturaleza y en doctrina y jurisprudencia, se ha dicho tanto a la fecha de la interposición de la demanda, como a la data del dictado de la presente sentencia. Haciendo un esfuerzo para expresar de la forma más sintética posible lo que sigue, los accionantes pretenden que se condene a las partes demandadas (a todas por igual) al pago de daños y/o perjuicios, debiéndose computar en relación con cada uno de ellos y a título de pretensión accesoria, intereses. Luego y en los términos de la pretensión 15, se solicita que las liquidaciones correspondientes sean diferidas para la etapa de ejecución de sentencia, sólo en el caso de no ser posible la determinación de dicho importe con el dictado de este fallo. La pretensión 16 refiere al pronunciamiento, de todas maneras oficioso, sobre las costas. Luego, en torno a la identificación de los daños y su origen, estima este Tribunal con infinito respeto, que durante la audiencia preliminar muy poco se hizo por aclarar lo que se pide de forma ordenada e individualizada, si se toma en cuenta que se acciona -insistimos- en contra de varias partes, incluyendo a las Administraciones Públicas y/o empresas privadas, todas entidades jurídicas autónomas y a partir de una base de imputación diversa -en tesis de principio-, pues cada empresa o empresas codemandadas desarrolló una obra constructiva que siquiera los demandantes, afirman lo haya sido de forma conjunta, como sí simultánea. Hasta aquí debemos advertir eso sí, que no se observa un defecto formal en el escrito de demanda que impida verter pronunciamiento por el fondo en torno a las Administraciones Públicas accionadas, respecto de las cuales, sí existe suficiente información para que pudiesen desplegar un ejercicio de defensa sin encontrarse en estado de indefensión a partir de que en el marco de los hechos probados, se les imputa responsabilidad -como dijimos- lo hayan expresado así o no quienes demandan, sobre la base de las acciones ilegítimas que en materia de control y fiscalización sobre procesos constructivos adoptaron, lo que hablaría de un funcionamiento anormal en doctrina. Otra cosa sucede en torno a las empresas privadas codemandadas, respecto de las que no se individualizó la base de imputación de lo que se reprocha. Dicho esto, se peticionó por quienes demandan que a la totalidad de las partes demandadas se les condene al pago de una indemnización a título de DAÑO ECONÓMICO constituido por la pérdida de ingresos anteriores, daños a la propiedad, a la salud de la familia; y los daños a la niñez, por la suma de $2.000.000,°°; el DAÑO MORAL (de corte subjetivo y objetivo) por el importe de $1.000.000,°°, y a título de PERJUICIOS, una indemnización por la pérdida del valor de la propiedad y la pérdida de ingresos a futuro en $1.680.000,°°, esto es, $280.000,°° por cada parte demandada.-

XII.- Sobre la prescripción alegada a título de excepción. En relación con esta temática debe tenerse siempre presente, que aunque el derecho de acción deviene del Derecho de la Constitución, su ejercicio no es ilimitado, dado que ha de ser desplegado de conformidad con lo que dicte la ley. Siendo lo anterior así, este derecho se encuentra sujeto no sólo a las formas determinadas sino además, a plazos, conforme el ordenamiento jurídico infraconstitucional, de modo que aunque derecho fundamental que lo es, su ejercicio en forma indebida y/o inoportuna podría resultar jurídicamente frustrado. La caducidad de la acción refiere a una de esas situaciones que pendulan en torno al aspecto temporal, esto es, el momento en que se ejercita ese derecho. Refiere este instituto jurídico al término de preclusión dentro del cual es posible ejercer oportunamente el derecho de acción, de suerte que si superado ese término no ha sido ejercido, el derecho fenece. Este es un valioso instrumento que salvaguarda la seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones, de modo general entre los particulares y de modo específico entre los individuos y el Estado. Entonces, el derecho al acceso a la Administración de Justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador, pues la indeterminación y la incertidumbre chocan con los fines del derecho como herramienta para lograr la seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones sociales. El término de caducidad de la acción, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho mismo, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, tal dimensionamiento sobre los alcances del derecho constituye de manera legítima y acorde con el ordenamiento jurídico constitucional, una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones que le competen y de las que es su titular, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria en orden a la seguridad jurídica y ello conduzca a la solidificación de su situación jurídica. Por lo mismo, se produce el instituto si es que el interesado ha caído en la desidia al no defender su derecho en la ocasión debida y con la presteza que exige la ley. En esta medida, la caducidad de la acción no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso. Esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia. El Código Procesal Contencioso Administrativo regula el aspecto de la temporalidad del ejercicio del derecho de acción, atendiendo a si las pretensiones se refieren a aspectos vinculados con aspectos patrimoniales o reguladas por el derecho privado (civil de hacienda), o si por el contrario, buscan la declaratoria de validez o invalidez de determinada manifestación de función administrativa, concepto que incluye la disfunción (contencioso administrativo), o incluso actos de jurisdicción ordinaria realizados por un ente público. Ante esta precisión, se fijan cauces de temporalidad diversos. Siendo el derecho de acción el que permite formular contiendas judiciales para la tutela o declaratoria de determinado efecto que precisa la pretensión como objeto del proceso, el mismo Código discrimina si ese derecho de acción se encuentra sujeto a un régimen de caducidad de la acción -término fijo-, o si por el contrario, dado el carácter patrimonial de las pretensiones deducidas, se refiere a situaciones que son reguladas por el instituto de la prescripción, por lo que nos referiremos adelante a este otro instituto que no debe ser confundido con el primero. Mientras que la caducidad se encuentra prevista en los numerales 39 y 40 estableciéndose a partir de los mismos el plazo de un año para requerir la nulidad del acto, lo que particularmente cuando el objeto del proceso suponga la impugnación de alguna conducta administrativa de corte formal, es el numeral 41 el que regula lo propio en los procesos que tradicionalmente han sido identificados como civiles de hacienda, esto es, en los que el objeto de discusión se reduce a la determinación de un reproche de responsabilidad patrimonial o no, caso frente al que el plazo máximo para incoar el proceso, será aquel que establezca el ordenamiento jurídico para el respectivo derecho de fondo. Resulta entonces de utilidad discriminar entre ambas figuras. En los procesos anulatorios (al margen de la naturaleza del acto) o aquellos en los que se pide el control de validez de la función administrativa, las pretensiones están afectas a un régimen de caducidad del derecho de impugnación, lo que resulta consustancial al régimen jurídico de reproche de los actos en especial administrativos. Por su lado, en los denominados procesos civiles de hacienda -que incluye particularmente si agotarlos, los reclamos que versan sobre responsabilidad administrativa se insiste-, el derecho esgrimido no está sujeto a caducidad, sino a un régimen de prescripción. La distinción de ese factor de temporalidad del ejercicio del derecho de fondo se desprende de la sola lectura de los ordinales 39 del cuerpo normativo -para casos anulatorios-, y del 41 ibídem -para los civiles de hacienda-. Es manifiesto que esta jurisdicción desde larga data ha señalado que tratándose de un proceso civil de hacienda (o de responsabilidad) no opera la caducidad de la acción, sino y en su lugar, el de la prescripción del derecho de fondo sólo a requerimiento de parte. Recuérdese que si estamos frente a un derecho cuyo ejercicio está sujeto a la prescripción la demanda puede ser formulada en tanto el derecho no prescriba, entendiendo que para que se produzca la prescripción debe ser alegada. Si el derecho prescribe, ello implica denegar las pretensiones por el ejercicio extemporáneo del mismo. Incluso, aun en los casos en que la acción en este tipo de relaciones patrimoniales se ejercite una vez transcurrido el plazo legal de prescripción, si la demandada no alega el fenecimiento del derecho por esa causal, el juzgador no podría declarar la prescripción. Cuando estamos frente a una pretensión de corte anulatorio, el ordinal 39 del Código señala que el plazo máximo para formular el proceso judicial que busca tal declaratoria es de un año computado a partir de los diversos supuestos que ese inciso primero relata. En ese caso estamos frente a conducta formal de las Administraciones sea en ejercicio de potestades públicas o en el uso extraordinario de facultades propias del derecho común, salvo norma expresa en contrario. Ahora bien, en lo que toca a las peticiones de nulidad, debe de distinguirse entre la nulidad relativa y la nulidad absoluta. De estimarse la patología reclamada, en el caso de la nulidad relativa, la conducta se suprime hacia futuro, a fin de que no siga surtiendo efectos. En la nulidad absoluta, a la luz del ordinal 71 de la Ley General de la Administración Pública y 131 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la declaratoria de invalidez tendrá efecto retroactivo, lo que supone la inoponibilidad jurídica de los efectos materiales que el acto ha producido desde el inicio de su eficacia y vigencia hasta la supresión en sede judicial o administrativa. Luego de ese año, la impugnación de las conductas públicas solo es posible en los actos que padezcan nulidad absoluta –no de grado relativo-, pero que sean de efectos continuados, pues de ser de efecto instantáneo, el plazo fatal es de un año. Tal tratamiento es regulado por el ordinal cuarenta del Código. En esos casos, si la acción anulatoria se produce dentro del año posterior al inicio de eficacia del acto absolutamente nulo de efecto continuado, la declaratoria de nulidad será de efecto retroactivo, sin embargo, si la acción se formula después de ese año, la nulidad será dispuesta únicamente para la inaplicabilidad futura del acto, lo que implica la consolidación -legalmente cohonestada- de los efectos que esa conducta produjo antes de esa supresión. Para terminar, siendo ajena la aplicación de la Ley General de la Administración Pública para estos efectos, a los conflictos judiciales que medien entre sujetos de derecho privado, resulta claro que en lo que la demanda fue dirigida en contra de las empresas accionadas sobre la base, lo hayan expresado así o no los demandantes de la existencia de una responsabilidad patrimonial extracontractual, priva la aplicación y observancia de lo dispuesto en el artículo 868 del Código Civil, en lo que prevé la prescripción decenal. Con causa en que de resultar procedentes, las excepciones de caducidad y/o prescripción en su caso, no resultaría necesario entrar en mayores consideraciones, en un primer nivel, será determinado lo propio de seguido, en los siguientes términos:

1.- Sobre la caducidad alegada por la representación del Estado, y por las representaciones de las empresas denominadas "Construcciones KMC S.A.", "Grupo Roble Internacional de Costa Rica S.A." y "Parque Central S.A.". En su totalidad estas partes demandadas, afirmaron que en el caso concreto habría de haber operado la caducidad de la acción, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 39, inciso c) del Código Procesal Contencioso Administrativo, que reza así: "1) El plazo máximo para incoar el proceso será de un año, el cual se contará: c) En los supuestos de actuaciones materiales, a partir del día siguiente a la cesación de sus efectos". Esta excepción SE RECHAZA. Debe indicarse que visto el objeto del presente proceso, entendido como los extremos petitorios esbozados en el escrito de demanda, esto en relación con el fundamento de la acción en lo fáctico y jurídico, el presente proceso guarda identidad con los denominados en doctrina civiles de hacienda, en la medida que en su totalidad los extremos de la demanda corresponden en lo principal, a la condena al pago de daños y/o perjuicios, para lo que resulta aplicable en lo que refiere a un plazo para accionar, el instituto de la prescripción verbigracia lo dispuesto en el artículo 41 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que en lo conducente, reza así: "El plazo máximo para incoar el proceso será el mismo que disponga el ordenamiento jurídico como plazo de prescripción para el respectivo derecho de fondo que se discute en los siguientes supuestos: 1) En materia civil de Hacienda. (...)". Luego, véase que de la demanda, se logra desprender que se pide sobre la base de imputación de conductas administrativas que habrían de guardar identidad con las tareas de control y fiscalización que en cada campo, corresponden a la Municipalidad demandada en el plano urbanístico constructivo y al Estado, a través del Ministerio de Salud en lo que todo proceso constructivo supone su autorización o aval -agregamos- la observancia de las medidas necesarias para la protección de la salud, no sólo de quienes intervienen directamente en la labor constructiva, sino y además, quienes siendo terceros, pueden verse afectados por los naturales efectos de estos procesos en el plano, insistimos, sanitario o de salud en función de su entorno. El supuesto al que refiere el artículo 39, inciso c) del Código Procesal Contencioso Administrativo, es diverso, siendo que en ese caso la demanda habría de comprender extremos petitorios que conduzcan exclusivamente a la determinación de si la conducta material desplegada se encuentra ajustada o no al ordenamiento jurídico. Corolario de lo anterior, no siendo aplicable el instituto de la caducidad de la acción al presente caso, como sí y en su lugar, el de la prescripción, se impone el rechazo de esta excepción, como en efecto así se falla.-

2.- Sobre la prescripción alegada por las representaciones del Estado y la Municipalidad de Escazú. En lo que toca a la representación estatal, en torno a esta excepción afirmó que la demanda se entiende dividida en dos a niveles argumentativos, esto lo entendemos, en el plano fáctico, a saber, en el reproche de responsabilidad por las molestias generadas por el levantamiento de edificaciones, y por otro lado, la responsabilidad por las molestias que genera el funcionamiento de un parqueo en el edificio de "Plaza Roble". Frente a esto en síntesis, se aduce que en ambos casos por la data de los hechos que son descritos por los actores en su demanda habría operado la prescripción en observancia del artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública, por haber sido superado un plazo de 4 años, computados a partir del hecho que motiva la responsabilidad que se reclama, siendo en este caso que los últimos hechos dañosos fueron identificados por las partes actoras, en ese año, 2007. Así, concluye la representación estatal que siendo presentado al proceso a estrados judiciales el día 09 de abril del 2012, esos cuatro años fueron superados, si se computa dicho plazo a partir de la ocurrencia de los hechos. Por su parte, la representación de la Municipalidad de Escazú alegó en lo que resulta relevante, que habría operado la prescripción con causa en que la totalidad de los hechos esbozados en el escrito de demanda datarían de entre el año 2006 y finales del año 2007, de modo que, conforme lo dispuesto en el mismo artículo de la Ley General de la Administración Pública, la acción se encontraría prescrita. Agregó que si bien es cierto, existen recursos de amparo, no es sino en esos años que se pueden ubicar estos hechos en relación con los cuales se reclama una indemnización.    Por su parte, la representación de los actores al replicar la contestación de la demanda en este tanto, argumentó que no procede esta excepción, con causa en que la construcción de las edificaciones concluyó en el año 2011 y no en el año 2007, a lo que agrega que sus reclamos no se limitan a la construcción de los edificios, porque se incluye la contaminación sónica que proviene de los ventiladores colocados por alguna de las partes demandadas. En su criterio, el plazo de prescripción se ha de computar a partir del año 2011, que es cuando se da término a las construcciones. No obstante lo anterior, de una lectura minuciosa del escrito de demanda y los hechos en el mismo esbozados, nada se dice sobre la fecha de conclusión de las edificaciones, como tampoco la operación de los mencionados ventiladores o la data de ocurrencia de tal hecho. Estimamos necesario advertir que aunque en efecto, dada la naturaleza y alcances de la licencia constructiva municipal, este es un acto que habilitando por la vía de la autorización el ejercicio de un derecho proyecta efectos continuados, ninguna de estas licencias constructivas ha sido objeto de impugnación. Por lo demás, la entrada en operación de ventiladores, no se encuentra asociada a los hechos en el escrito de demanda y/o su ampliación, como tampoco a la construcción de edificación alguna, lo que habría exigido al menos con un mínimo de rigor, indicación por parte de los demandantes en su demanda y oportunamente cual hecho en términos de especificación de modo tiempo y lugar, refiere a esta circunstancia, cuándo habría ocurrido el hecho y a qué parte demandada le imputa su autoría y sus efectos. Luego y aunque lo anterior es así y pese que habría sido relevante para la parte actora demostrar la data de conclusión de las obras, nada al respecto se indicó en el plano fáctico, ni en el escrito de demanda ni en su ampliación, como nada se demostró mediante prueba al respecto. Esto es, que la parte actora no demostró pese a que es esperable que en algún momento cada proceso constructivo debió haber sido concluido, cuándo esto ocurrió no fue demostrado, sin perderse de vista que siendo esta una afirmación hecha por quienes demandan, la carga de la prueba al respecto le correspondió desde un punto de vista procesal a éstas.    Dicho esto, resulta claro que al caso concreto siendo este un proceso de los conocidos en doctrina como civil de hacienda, aplica a los efectos del instituto de la prescripción, lo dispuesto en el artículo 41 inciso 1) relacionado atrás, del Código Procesal Contencioso Administrativo, en relación con el 198 de la Ley General de la Administración Pública, este último que dice así: "El derecho de reclamar la indemnización a la Administración prescribirá en cuatro años, contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad. (...). En los casos previstos en los dos párrafos anteriores, cuando se trate del derecho a reclamar daños y perjuicios ocasionados a personas menores de edad, el plazo de prescripción empezará a correr a partir de que la persona afectada haya cumplido la mayoría de edad". (El resaltado no es del original). En un primer nivel de análisis, estimamos oportuno hacer referencia al concepto procesal identificado como pretensión procesal y particularmente, a la causa de pedir, como límite impuesto al juzgador, por considerar esta cámara lo que sigue pertinente a los efectos de la resolución de la presente excepción de prescripción. La Sección décima de este Tribunal Contencioso Administrativo, en su sentencia N° 17-2008 de las13:40 horas del 30 de septiembre del 2008, esbozó el siguiente análisis en lo que interesa, que con respeto, estimamos adecuado: “VI.- Los conceptos de pretensión procesal y causa petendi, han sido caracterizados por parte de la doctrina, de la siguiente manera: "La pretensión procesal constituye un acto emitido por el actor, en ejercicio de su derecho de acción mediante el cual solicita de un órgano jurisdiccional que desarrolle una actividad frente a una persona determinada en relación con un bien de la vida (Ver S1C 42 14:45 23 de agosto de 1985). // Lógicamente la petición lo será de una consecuencia jurídica derivada de una norma, y la causa de pedir consistirá en la afirmación del acaecimiento de los hechos a los que la norma liga la consecuencia solicitada. // En la definición propuesta se han señalado ya diversos elementos de la pretensión: sus sujetos, el petitum y la causa petendi; y asimismo se ha hecho mención de hechos, consecuencia jurídica y norma. En el próximo epígrafe veremos con más detalle cuáles son los elementos de la pretensión y concreción en el proceso administrativo, así como el alcance de las alegaciones fácticas y jurídicas en su identificación y fundamentación (...) b) Elementos objetivos// a) Petitum// Mediante el planteamiento de la pretensión el actor solicita del tribunal una actuación determinada que, como veremos al clasificar las pretensiones, puede tener un contenido diverso: la declaración de un derecho o un interés, la creación, modificación o extinción de la relación jurídica, la condena a la realización de una relación jurídica, la condena a la realización de una determinada prestación. A este elemento de la pretensión se le denomina petitum. (...). Aunque posteriormente examinaremos los distintos tipos de pretensiones en atención a su petitum, conviene dejar sentado desde ahora que el elemento definidor de la petición administrativa, normalmente es un acto o disposición general, eventualmente contratos, o simples actuaciones materiales. En consecuencia dicha solicitud forma parte esencial de la pretensión administrativa. // b) Causa petendi // La pretensión no queda suficientemente individualizada con la formulación concreta de la petición. Resulta necesario brindar al órgano judicial una causa o título de pedir que indique al juez o Tribunal cuál es el conflicto (o la parcela del conflicto) sobre el que debe pronunciarse. Este nuevo elemento, la causa petendi, como señala GUASP, no constituye el fundamento de la petición, no sirve como cimiento de la pretensión, sino que funciona más bien como muro que encierra, dentro de los límites que define, el objeto del proceso (...)" (Gimeno Sendra, Vicente y otros, Derecho procesal administrativo costarricense, Editorial Juricentro, San José, 1994, ps. 259-262; ...).- VII .- (...). ... en el proceso contencioso-administrativo (...), es de plena aplicación el principio dispositivo. Ese principio procesal ha sido muy bien caracterizado por este Tribunal, de la siguiente manera: "IX. En Costa Rica el proceso sigue el principio dispositivo. Las pretensiones, las oposiciones, el ofrecimiento de pruebas, las conclusiones son patrimonio exclusivo de las partes. El principio inquisitivo es el opuesto, propio de los sistemas autoritarios y dictatoriales, donde el juez dispone sobre los alcances de la pretensión, las posibilidades de las oposiciones (incluso defendiendo a una de las partes, bajo el argumento de la defensa al más débil), y disponiendo de prueba no ofrecida por las partes para la determinación de una cierta “verdad real” impuesta por el interés público. (...). La sentencia de la que hacemos cita en parte, ilustra y adelanta sobre lo que se dirá. Agregamos que el derecho de acción -con rango constitucional como derivación de lo dispuesto en el artículo 41 de la Carta Magna- se materializa a través del escrito de demanda. En su ejercicio, habría de mediar únicamente la libre voluntad de quien lo ejerce, no siendo permitido imponer otra voluntad que no lo sea la del titular de este derecho, salvo excepciones calificadas y/o reforzadas expresamente dispuestas por el Legislador, como como ocurre bajo el supuesto de jactancia. Si del Derecho Público se trata y dentro de este el Administrativo, neurálgico para el éxito de una acción lo es predeterminar frente a qué tipo de actividad pública se encuentra el administrado que estima haber recibido de ella alguna afectación en sus derechos subjetivos o intereses legítimos, pues de ello dependerá en buena técnica jurídica el tipo de pretensión a formular. En esta línea de ideas, si la presentación de la demanda a estrados judiciales supone el eje cronológico de lo que habrá de ser el proceso, el texto que corresponde lo que se pide (las pretensiones) habrán de constituir el eje lógico sobre el que pivoteará en su totalidad la actividad procesal, incluso la sentencia, de ahí su enorme importancia. Aquí reviste de enorme importancia el concepto de congruencia que debe mediar en el fallo judicial. Refiere lo anterior conforme así lo ha establecido la jurisprudencia nacional en la materia, a la necesaria relación que debe hacerse reflejar dentro del fallo judicial entre lo pedido por las partes y la causa de pedir, sea, los hechos esbozados en el escrito de demanda y lo resuelto en el fallo de fondo. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha indicado de forma recurrente, ha indicado que, se produce incongruencia en el fallo judicial si el Juez obvia lo siguiente: “...- el juzgador ve limitadas sus facultades al cuadro fáctico aportado por las partes, así como a los pedimentos formulados oportunamente, sobre los cuales observa una restricción en cuanto a su deliberación y análisis, es decir, su área funcional está circunscrita a estos factores. De lo anterior se colige que los hechos y las pretensiones constituyen el marco inexorable dentro del cual debe resolver el caso, a la vez que le imponen los límites para su ejercicio jurisdiccional. Dicho de otro modo, en su fallo no es viable trasponer los linderos definidos por los hechos, lo pedido y alegado por las partes. (...). V.- Conforme lo expuesto, es a las partes a quienes corresponde relatar y demostrar los hechos sobre los cuales fijan sus pretensiones o excepciones. Lo anterior dado que la formulación del cuadro fáctico es la base de aquellas, y estas a su vez encuentran su sustento en los hechos alegados. La importancia de este aspecto dentro del marco de la congruencia procesal ya ha sido objeto de desarrollo por parte de este órgano colegiado”. (El resaltado y subrayado no es del original). Esto, relacionado con lo expresado a este punto del presente fallo, impone un deber del litigante, al tiempo que un límite al ejercicio de la Administración de Justicia desde la óptica finalista, que se proyecta a la hora de ser resueltos los diversos conflictos por la Autoridad competente, debiendo ser estos fallados de la manera más transparente, objetiva, equilibrada e imparcial posible, en el marco del derecho de acción y de defensa. Y es que no podría ser de otra forma, pues el ejercicio de la defensa debida se practica o ejerce también a partir de los hechos sobre los que se da conocimiento a la parte demandada de la existencia de una acción incoada en su contra, sea, los hechos sobre los que se sustenta y el fundamento jurídico con que el demandante espera se le dé la razón. Luego, los hechos que no hayan sido formulados, aunque relevantes, no pueden ser ponderados por el Juzgador a la hora de fallar, salvo por las vías previstas por el propio ordenamiento jurídico procesal, en lo que garantizan que previo a ello, hayan sido introducidos al debate, puestos en conocimiento de las partes y que haya mediado la audiencia respectiva para que se pronuncien al respecto y si es del caso, aporten contraprueba. Lo pertinente se encuentra estipulado en el Código Procesal Contencioso Administrativo, artículos 46, 55, 68, 90.2 y 95. Citando el mismo fallo del Alto Tribunal de Casación, se ha sostenido reiteradamente como sigue: “… la ley preceptúa que es a las partes a quienes corresponde, exclusivamente, fijar los hechos concernientes a la causa, alrededor de la cual estructuran la petitoria.    (…) El interés palmario ahí reflejado de que se definan claramente los hechos relativos a la causa, propende a apercibir debidamente a la contraparte sobre los extremos con arreglo a los cuales deberá ejercer su defensa; a la vez, a propiciar el orden indispensable dentro del cual ha de transcurrir el debate judicial, pues de otra forma se entronizaría la anarquía en éste. (...). Según se infiere de lo expuesto, el conocimiento judicial ha de estar ceñido a un poder absoluto reconocido a las partes en orden a la determinación del cuadro fáctico.    Sea, en su fallo, el juez no podrá trasponer los linderos definidos por lo pedido, alegado y probado por aquéllas.    (…) Los hechos, (...), configuran, precisamente, una de esas cuestiones dependientes de la iniciativa de las partes, enmarcada en la acción instaurada.    (...).    Como se ve, a la luz de nuestro derecho procesal positivo, consonante con los principios doctrinales antes comentados, a las partes les asiste un poder absoluto dimanante de la exposición de los hechos, el cual marca el radio de acción dentro del cual ha de moverse el Juez al resolver sobre la procedencia o improcedencia de los extremos petitorios sometidos a su consideración.    El fallo que desdeñare ese poder incurrirá irremisiblemente en el vicio de incongruencia ....” (Sentencia número 14-F-94 de las 11 horas 35 minutos del 25 de marzo de 1994). (El resaltado y subrayado no es del original). Finalmente, para que un hecho pueda haberse encontrado sujeto a análisis, debate, admisión de la prueba, su valoración de modo consecuente, y luego fundamentar una resolución judicial, por lógica de la más simple debe de haber sido introducido al proceso. Nada dice lo anterior respecto de que medie o no prueba de su existencia, cuando lo medular es que haya sido parte de la causa de pedir legítimamente introducida por la parte demandante al menos, luego debatida en el proceso tomándose nota que se trata de un requisito formal indispensable en el escrito de demanda. En este sentido, no está por demás hacer cita de lo dispuesto en el artículo 58 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que en lo conducente reza así: "1) ... el actor deberá incoar su demanda en la que indicará, necesariamente: (...) b) Los hechos y los antecedentes, en su caso, relacionados con el objeto del proceso, expuestos uno por uno, enumerados y especificados". (El resaltado y subrayado no es del original). En otro orden de ideas, resulta claro que de introducir el Tribunal hechos al proceso, por sobre los que las partes involucradas han introducido por su cuenta conforme al derecho procesal, y hacerlo con, o en el dictado de la sentencia pese no haber sido parte del debate, comprendería ello un vicio de incongruencia grosero que generaría en aquel a quien perjudique, un evidente y manifiesto estado de indefensión. Otras sentencias de la Sala Primera de la Corte Suprema de justicia al respecto, son N° 35 de las 14 horas 40 minutos del 29 de marzo de 1996, N° 82-F-2005 de las 14 horas 15 minutos del 22 de febrero del 2005 y N° 421-2013 de las 14 horas 50 minutos del 9 de abril de 2013 de esta Sala. Por supuesto que la congruencia referida tampoco importa ciertas variaciones susceptibles de reflejarse en aquellos hechos a los que la Autoridad Judicial califique de probados en la sentencia, pero siempre y cuando respecto de éstos, expresados o no, hayan tenido oportunidad las partes de expresarse, traer prueba o contraprueba al proceso, y por supuesto, no se haya generado con ello indefensión. Dicho esto, haciendo una revisión de los hechos comprendidos en el escrito de demanda, se arriba a la conclusión de que estos en lo que describen conductas administrativas a partir de las que se habrían generado los efectos dañosos que se reclaman, habrían todos ocurrido hasta el año 2007. Las partes demandantes no relatan hechos posteriores a esa data, siquiera algo relacionado con la entrada en operación de "ventiladores", ni demostraron el momento a partir del que, cada uno de los procesos constructivos tuvo su término, sea, que hayan como lo afirmó al replicar la contestación a la demanda en lo que toca a la alegada prescripción, terminado cual obra civil, en el año 2011. Veamos, en el escrito de demanda primero, refieren a cuestionamientos que hacen respecto del plan regulador (año 2004) y el otorgamiento de las licencias constructivas dadas por la Municipalidad demandada en favor de las empresas accionadas (años 2005 y 2006) siendo que en ambos casos ya hemos indicado, que se trata de conductas que no forman parte del objeto procesal, sea, que no fueron impugnadas en ningún nivel y a partir de lo que, ha de analizarse el caso concreto sobre su ajuste con el ordenamiento jurídico, no debiéndose efectuar análisis alguno al respecto. Tampoco es tesis esgrimida por las partes actoras, una sustentada sobre la base de imputación de responsabilidad por conducta lícita. Luego, refieren a los efectos dañosos ocurridos a partir de la ejecución de obras constructivas por parte de las empresas accionadas entre el 2005 y 2007. Esto se extrae de la lectura de los hechos identificados del primero al trigésimo quinto del escrito de demanda, a los que se se han de sumar exclusivamente los hechos por los que se tuvo ampliada la demanda por parte del Juez o Jueza de trámite. En consecuencia, en lo que la demanda se dirigió en contra del Estado y la Municipalidad de Escazú, solo por parte del señor Shon Shai Tsafrir y la señora Olga Shutaleva, resulta claro -haya mediado error o no de parte de su representación- que proponen se analice la procedencia o no de su acción, sólo a partir de los hechos sobre los que se debió admitir prueba (no de otros) y que de probarse, habrían ocurrido en su totalidad hasta el año 2007. Cualquier hecho no comprendido en el escrito de demanda y/o su ampliación, no fue ni pudo ser objeto de debate y en consecuencia, respecto de estos la admisibilidad no resultó procedente la admisión de prueba. Por lo demás, si existieron hechos diversos y posteriores en su data al año 2007, que siendo relevantes para los demandantes y debiendo ser probados para procurar el éxito de su acción, si no fueron incluidos o propuestos como parte de la causa de pedir, como en efecto así lo fue, no deberán ser objeto de análisis alguno por parte de este Tribunal, pues resulta claro que en el plano fáctico quienes demandan -insistimos- sitúan la totalidad de los hechos (causa de pedir) sobre los que erigen sus pretensiones, como los ocurridos hasta el año 2007 y éstos, sea, la causa de pedir en lo que hayan sido objeto del debate, constituyen límite impuesto al Juzgador a la hora de fallar. Luego, computado el plazo de prescripción de cuatro años a partir del año 2007, la demanda habría tenido al menos que ser notificada a estas partes demandadas, para el mes de diciembre del año 2011. No obstante lo anterior, la litis fue trabada en relación con el Estado y la Municipalidad de Escazú, al serles notificada la resolución que dio curso a la demanda, a saber, la dictada por parte del Juez y Jueza Tramitadora al ser las 12:32 hrs. del 15 de marzo del 2012 (imagen 100 del expediente judicial). Decimos esto, porque para el caso de la prescripción el cómputo del plazo se interrumpe con la notificación a las partes accionadas de existencia de la interposición de la demanda en su contra, no así con su presentación a estrados judiciales, presentación o interposición que sí lleva relevancia para el caso del instituto de la caducidad. De este modo, se tiene también como hecho probado que mientras dicha resolución le fue notificada a la Procuraduría General de la República, representante legal del Estado el día 10 de abril del 2012, a la Municipalidad de escazú la misma resolución le fue notificada hasta el día 24 de abril del 2012. El cómputo de cuatro años en observancia del numeral 198 de la Ley General de la Administración Pública habría de suponer que la demanda una vez interpuesta, fuese notificada a estas partes demandadas dentro del año 2011. En consecuencia, al menos por cuatro y/o seis meses en su caso, fue excedido el plazo de prescripción con que contaban las partes accionantes para demandar en este tanto, con lo que se configura el presupuesto que hace operar la excepción de prescripción. Así, en lo que la demanda fue dirigida en contra del Estado y la Municipalidad de Escazú por parte del señor Shon Shai Tsafrir y la señora Olga Shutaleva, se declara que ha operado la prescripción del derecho y en consecuencia, por improcedente se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. En este sentido, consideramos contrario el criterio de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en este caso concreto, que resulta estéril lo alegado por la representación de estas partes actoras al momento de replicar la contestación de la demanda, pues insistimos en que, como bien se desprende de una lectura detallada del escrito de demanda y su ampliación en lo que resulta relevante, esto es, sobre los hechos que habiendo sido esbozados -no los que no lo fueron- no existen hechos imputados a las Administraciones Públicas accionadas hayan ocurrido con posterioridad al año 2007, por lo que el resultado en sentencia sobre el tema de la prescripción, habrá de ser el mismo. Otro aspecto al que estimamos, debemos hacer referencia bajo una nueva ponderación de esta excepción, se encuentra constituida por la existencia de recursos de amparo que fueron declarados con lugar con la respectiva condena a la Municipalidad demandada y/o al Ministerio de Salud o alguno o algunos de sus funcionarios, ya hayan sido interpuestas estas acciones ente la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por el señor Tsafrir, la señora Shutaleva y/o en su caso, por un tercero en su favor. Sobre el particular, habremos de decir que como bien lo hicieron ver algunas de las representaciones de las partes demandadas, la ejecución de lo dispuesto por el alto Tribunal de control constitucional cuenta con una vía procesal específica conforme lo dispuesto en el artículo 179 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo, que reza así, depositando su conocimiento en un órgano jurisdiccional diferente a este: "Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias". (El resaltado y subrayado no es del original). Luego, y aunque en algunas oportunidades se ha admitido ordinariar la vía, sea, exigir la ejecución de un fallo como ese mediante el trámite de un proceso ordinario, lo correcto es afirmar que eso no es lo que se desprende en este asunto conforme la teoría del caso planteada por las partes accionantes, en lo medular porque en ningún nivel la tesis formulada por los aquí demandantes supone tal cosa, lo que no permite siquiera intentar a analizar su procedencia o no. Dicho lo mismo en otros términos, conforme el escrito de demanda no se desprende que quienes accionan se encuentren peticionando a partir de la ejecución de la condena en abstracto al pago de daños y/o perjuicios dispuesta por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia conforme estos fallos, condena respecto de la que, en todo caso, mediaría falta de interés actual pues se trata de una condena preexistente sobre la que este Tribunal no puede emitir pronunciamiento alguno, ni llevaría utilidad alguna entender que se pretenda su reiteración (de la condena) en esta sede judicial por los hechos con absoluta independencia de la data de su ocurrencia, que solo la Sala Constitucional tuvo como demostrados a los efectos del dictado de su fallo en cada caso. Por otro lado, ha de tenerse presente que la ejecución de un fallo de la especie cuenta con un cause específico y es competencia de una autoridad judicial diversa a ésta conforme lo dispuesto en el artículo 179 del Código Procesal Contencioso Administrativo líneas atrás mencionado. A mayor abundamiento de razones, una cosa lo es afirmar sobre la base de qué hechos es que un recurso de amparo es declarado con lugar por la Sala Constitucional, y otra diversa, afirmar que esos hechos formen parte de la causa de pedir en el marco de un proceso judicial, que sin ser de ejecución de lo resuelto por el Alto Tribunal de Control constitucional, es pos su naturaleza, plenario como el que nos ocupa, de donde ha de precisarse he insistimos al respecto, que en lo que los hechos descritos en la demanda precisados o especificados o no, lo fueron describiendo conductas administrativas cuya autoría pueda corresponder al Ministerio de Salud y/o a la Municipalidad de Escazú se trata, todos ellos alcanzan en su data a los ocurridos hasta el año 2007, ni así en años posteriores. Ahora bien, de modo diverso ha resolverse esta excepción, en lo que la demanda en contra del Estado y la Municipalidad de Escazú fue incoada por la representación de la señorita Lian Tsafrir Shutaleva, en relación a la que se rechaza la excepción de prescripción. Para estos efectos bastará con indicarse que para el caso de los menores de edad, conforme lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública transcrito líneas atrás, el plazo de prescripción de cuatro años se ha de computar a partir del momento en que adquieren la mayoría de edad. Tal disposición relacionada con las personas menores de edad, tuvo su origen legislativo en la Ley N° 9057 de "reforma a varias leyes sobre la prescripción de daños causados a personas menores de edad", y no obstante su fecha de promulgación, deberá aplicarse al caso concreto en observancia del artículo 129 de la Constitución Política, conforme el que las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; a falta de este requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial. La mencionada Ley 9057 fue publicada en el Diario Oficial "La Gaceta" N° 199 del 16 de octubre del año 2012 y de su texto se desprende que no contemplo norma alguna de derecho transitorio que refiera a la aplicación de la norma a partir de una fecha diversa a la de su publicación. En consecuencia, y pese a los hechos sobre los que se erige la demanda, el numeral resulta de obligada aplicación. Siendo esto así, en el caso concreto se ha tenido por demostrado -con absoluta independencia de lo determinado con ligereza por el Juez Tramitador durante la audiencia preliminar en torno a los hechos controvertidos y no, lo que no vincula al Tribunal de Juicio- que para la data de ocurrencia de los hechos a que refiere la demanda que alcanzan hasta el año 2007 y su presentación a estrados judiciales, la señorita Lian Tsafrir Shutaleva era menor de edad. Sobre el particular habrá de agregarse al hecho de que ninguna de las partes ha negado esta circunstancia al dar contestación a la demanda, mientras que frente a la decisión del Juez Tramitador de dar estatus procesal como coadyuvante al Patronato Nacional de la Infancia justo con causa en la intervención de una menor de edad, ninguna oposición ha mediado. En consecuencia, en relación a la señorita Lian Tsafrir Shutaleva para el momento de la presentación de la demanda y la notificación de la resolución que le dio curso inclusive, ningún plazo ha sido superado porque no se ha computado ninguno en su contra, por lo que se impone el rechazo de la excepción que nos ocupa en este tanto.-

3.- Sobre la prescripción alegadas por las representaciones de las empresas denominadas "Construcciones KMC S.A.", "Grupo Roble Internacional de Costa Rica S.A." y "Parque Central S.A.", llevan razón sus representantes en lo que han afirmado que la normativa que rige en materia de responsabilidad patrimonial, es la civil común (artículo 1045 del Código Civil) esto como consecuencia que la responsabilidad bajo los supuestos propuestos a partir de los hechos de la demanda y su fundamentación, nos ubican en el marco de la responsabilidad civil extracontractual, sin que entre entre accionantes y accionados haya mediado relación jurídica especial alguna, lo propio en cuanto a la prescripción se encuentra regulado en el artículo 868 del Código Civil, que rezaba así, previo a la reforma hecha operar en los términos del artículo 2° de la ley N° 9057 del 23 de julio de 2012 denominada, "Reforma de varias leyes sobre la Prescripción de Daños causados a Personas menores de Edad": "Todo derecho y su correspondiente acción se prescriben por diez años. Esta regla admite las excepciones que prescriben los artículos siguientes y las demás establecidas expresamente por la ley, cuando en determinados casos exige para la prescripción más o menos tiempo". (El resaltado no es del original). Resulta irrelevante que luego, el numera fuese reformado a partir de la publicación de la misma Ley 9057 que también reformó el articulo 198 de la Ley General de la Administración Pública pues aún y    excluyendo la disposición particular que se introdujo en el mismo sentido para los menores de edad, la prescripción no habría operado, ni en relación a la señorita Lian Tsafrir Shutaleva, ni en relación a sus padres, aquí actores todos. Conforme la Ley N° 9057 a partir del 16 de octubre del 2012, habría resultado aplicable su párrafo una vez reformado, siendo el que sigue su texto desde entonces, en lo conducente: "Todo derecho y su correspondiente acción se prescriben a los diez años. El plazo para reclamar daños y perjuicios a personas menores de edad empezará a correr a partir de que la persona afectada haya cumplido la mayoría de edad". Entonces, para el caso de la totalidad de los aquí accionantes, aún y partiendo de que los hechos por los que se reclama responsabilidad patrimonial hubiesen ocurrido a partir del año 2005 y si se computa dicho plazo prescriptivo decenal a partir de ese año, para la interposición de la demanda los aquí actores contaban con hasta el año 2015 para ello, habiendo sido presentada, notificada su existencia a estas en la totalidad de los casos, y contestada la demandada en el año 2012 (imágenes 408, 473, 828 del expediente judicial) por lo que sin necesidad de realizar esfuerzo intelectivo alguno mas allá de este, resulta claro que dicho plazo no fue superado, y en consecuencia, en lo que la demanda fue dirigida por todos quienes demandan en contra de Grupo Roble Internacional de Costa Rica S.A., Parque Central S.A., y Construcciones KMC S.A., se rechaza la excepción de prescripción. Determinado lo anterior en relación a la excepción de prescripción, se procederá a resolver por el fondo primero, la demanda en lo que exclusivamente fue incoada por la representación señorita Lian Tsafrir Shutaleva en contra del Estado y la Municipalidad de Escazú, mientras que en lo que la demanda fue incoada por sus señores padres Shon Shia Tsafrir, Olga Shutaleva y ésta última representada por ellos, en contra de las empresas codemandadas.-

XIII.- Sobre la excepción de cosa juzgada interpuesta por la representación del Estado. Bastará con indicar en relación con esta excepción, que sin perjuicio de que, conforme la Ley procesal, mientras que para el caso del Código Procesal Civil, antes conforme su artículo 162, y posterior a la reforma integral hecha operar con la promulgación de la Ley N° 9342 del 03 de febrero del 2016, conforme su artículo 64, la cosa juzgada sólo opera en relación a los fallos dictados en procesos ordinarios, a los que se suma que mientras que para el caso de fallos de la Sala Constitucional en conocimiento de recursos de amparo, opera el artículo 13 de la Ley de la jurisdicción constitucional, conforme el que los mismos tienen efectos "erga omnes", en tanto jurisprudencia y precedentes, lo que refiere a institutos diversos, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha considerado (consúltese por ejemplo la sentencia N.° 1000-F-S1-2010), que la vinculatoriedad de los precedentes emanados de la jurisdicción constitucional debe entenderse únicamente respecto de la interpretación de los alcances de los derechos fundamentales y las normas constitucionales, no así en cuanto a aspectos de legalidad. Luego, para la procedencia de la excepción se requiere necesariamente conforme la Ley procesal civil que es la que aplica al caso concreto, identidad de los siguientes elementos: subjetivo (identidad de sujetos, sea, las partes); objetivos (identidad de cosa u objeto del proceso entendido como las pretensiones) y causa (la causa o razón de pedir, hechos y fundamento). Luego, declarada la prescripción de la demanda en lo que fue dirigida por parte de los señores Shon Shia Tsafrir y Olga Shutaleva en contra del Estado, únicamente debe indicarse que ninguno de los Votos de la Sala Constitucional dictados en conocimiento de recursos de amparo, identifica a la señorita Shian Tsafrir Shutaleva como recurrente, lo que bastará para afirmar que en relación con ésta, que es la única en relación a la que se podría conocer el presente asunto por el Fondo, en lo que sus representantes demandaron al Estado, no mediando identidad en el elemento subjetivo, por lo que la excepción se rechaza en este tanto, mientras que en lo que la demanda fue incoada en contra del Estado por sus señores padres, habiéndose acogido la excepción de prescripción, sobre ésta, por innecesario se omitirá pronunciamiento por el fondo, y así se declara.-

XIV.- Sobre el régimen de responsabilidad civil extracontractual de la Administración Pública. Siempre que nos encontremos en torno con las partes en litigio, ante la determinación de una eventual responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, si la relación jurídica que vincula al administrado con esta no emerge con ocasión de la existencia de un instrumento contractual o vínculo jurídico de sujeción especial, se tiene que la discusión gira alrededor de lo que se conoce como responsabilidad civil extracontractual por lo que resulta necesario a modo de introducción a los efectos de este instrumento, hacer referencia a los elementos que en doctrina y jurisprudencia suponen potable un reproche de responsabilidad de la especie. Dentro del régimen de la llamada responsabilidad civil extracontractual se distinguen dos tipos, la subjetiva establecida en el artículo 1045 del Código Civil y la objetiva, normada en el numeral 9 en relación con el 41, ambos de la Constitución Política, y el artículo 1048 del Código Civil en lo conducente, en relación con el numeral 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. En lo que toca al régimen de responsabilidad subjetiva, el artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública establece la responsabilidad de los servidores públicos ante terceros en caso comprobado de dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión de su cumplimiento. Como tal, la responsabilidad subjetiva se funda exclusivamente en un estudio en el ámbito del ánimo del agente respecto de la existencia de al menos, "culpa", sino "dolo", a diferencia de lo que ocurre con el régimen de responsabilidad objetiva en orden al cual, la responsabilidad se determina con independencia de la existencia de tales elementos subjetivos. En la responsabilidad subjetiva se responde porque se es culpable, bien porque se ha buscado o querido la producción del daño, o bien porque se ha obrado de forma imprudente o negligente. En observancia con lo anterior, la responsabilidad del servidor ante terceros lo es en el ámbito del régimen de responsabilidad subjetiva, consecuentemente con lo cual, se requerirá para todos los efectos de la determinación de la existencia de culpa o dolo en el ánimo del servidor o agente de la Administración, sin perjuicio del resto de elementos que deben concurrir, como lo son la existencia del daño y el nexo causal entre aquel y la conducta desplegada, para que opere el reproche de imputación de responsabilidad. Por otra parte, el régimen de responsabilidad objetiva de la Administración Pública a diferencia de lo que ocurre con la responsabilidad subjetiva, se genera sin que sea necesario demostrar el dolo o la culpa del agente causante del daño, bastando con la acreditación eso sí, de la existencia del "riesgo" para generarla, razón por la cual no operan las nociones de antijuridicidad y culpabilidad, por lo tanto, se aplica el principio de inversión de la carga de la prueba en beneficio del lesionado. A los efectos, la presunta Administración Pública causante de los daños y perjuicios reclamados debe resarcirlos si efectiva y eficazmente su conducta los generó, salvo que demuestre alguna causal exonerativa, sin perjuicio de que como condición insalvable se reitera, el efecto dañoso debe constituir o tener su causa en el despliegue de la actividad u omisión administrativa. De este modo, se requiere de la concurrencia de cuatro elementos, a saber: a) Una lesión, que consiste en los perjuicios patrimoniales antijurídicos, porque el que los padece no tiene el deber de soportarlos; b) Una conducta administrativa en relación con la cual se encuentre vinculada la producción del daño reprochado; b) Un nexo causal, conformado por la existencia de una relación directa de causa a efecto entre el hecho (conducta administrativa) que se imputa y el daño producido; y c) Que no existan las causas de justificación a que hicimos referencia atrás, siendo que la existencia de las mismas puede desvincular jurídicamente el perjuicio producido con la conducta de la Administración Pública, de modo tal que el efecto dañoso no le sea imputable, rompiendo el nexo de causalidad al acontecer una situación eximente como la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero. El régimen de responsabilidad patrimonial del Estado y sus instituciones previsto en los artículos 9, y 41 de la Constitución Política, y 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, es entonces de naturaleza esencialmente objetiva, por lo que para nacer basta con que exista un daño indemnizable, una conducta administrativa y un nexo causal entre ambas. Debe tenerse que es bajo este tipo de criterio objetivo que resulta posible atribuir responsabilidad a la Administración Pública, a diferencia de lo que ocurre con sus servidores, para los cuales debe de usarse un criterio de atribución además, subjetivo. De otra parte, determinados los criterios bajo los que es procedente establecer la responsabilidad de la Administración Pública y/o de sus agentes o servidores públicos, nos interesa señalar que a la vez, existe una diferencia en cuanto a los criterios de imputación que operan para el establecimiento o determinación de dicha responsabilidad en caso de encontrarnos ante actividad lícita o ilícita, normal o anormal de la Administración. Citando al Dr. Ernesto Jinesta Lobo, de su Obra Tratado de Derecho Administrativo II, Responsabilidad Administrativa, pág. 39, se tiene que: “En el sistema de responsabilidad sin falta o por sacrificio especial, responsabilidad por conducta lícita o funcionamiento normal, el criterio determinante para que exista responsabilidad de las administraciones públicas es el quebranto del principio de igualdad en el sometimiento de las cargas públicas y el consiguiente daño especial (pequeña proporción de afectados) y anormal (excepcionalidad intensa de la lesión) o la teoría del riesgo para la hipótesis de los daños accidentales causados por una administración pública en el cumplimiento de la función asignada por el ordenamiento jurídico. Tratándose del sistema de responsabilidad por falta de servicio,-conducta ilícita o funcionamiento anormal,- el criterio de imputación lo constituye, precisamente, ese concepto jurídico indeterminado de “falta de servicio” y el derecho constitucional innominado o atípico de los administrados a que les presten servicios públicos eficientes y eficaces.”. En la responsabilidad por conducta ilícita o anormal, entendida como aquella que se opone, infringe o violenta el ordenamiento jurídico entendido globalmente como las normas escritas y no escritas, la carga de la prueba corresponde a la víctima, quien corre con el deber de demostrar mediante las formas, los medios probatorios que permite el ordenamiento jurídico, la falta del servicio, su funcionamiento anormal, o la ilicitud en el actuar administrativo. En la responsabilidad por conducta lícita, se ha establecido que aun tratándose de conductas desplegadas con apego al ordenamiento jurídico las mismas son susceptibles de atribuir responsabilidad en la Administración bajo criterios como los relacionados supra. En los casos de responsabilidad objetiva, la defensa de la Administración radicaría en la demostración de haber mediado alguna de las causales que rompen el nexo de causalidad que indica el numeral 190, párrafo 1 de la Ley General de Administración Pública, ya sea como se indicó supra, la fuerza mayor, el hecho de un tercero o hecho de la propia víctima. Nuestra Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en resolución Nº 000584-F-2005, de las 10:40 hrs. del 11 de agosto del 2005, indicó, y siempre en relación con la responsabilidad objetiva lo siguiente: "...habrá responsabilidad de la Administración siempre que su funcionamiento normal o anormal, cause un daño que la víctima no tenga el deber de soportar, ya sea patrimonial o extrapatrimonial, con independencia de su situación jurídica subjetiva y la titularidad o condición de poder que ostente, cumpliendo claro está, con el presupuesto imprescindible del nexo causal. (...) Tanto los presupuestos esenciales como la carga de la prueba, adquieren por ejemplo un nuevo matiz, que libera al afectado no solo de amarras sustanciales sino también procesales, y coloca a la Administración en la obligada descarga frente a los cargos y hechos que se le imputan. En todo caso, el carácter objetivo de la responsabilidad civil extracontractual de la Administración, fue definida con claridad en la sentencia de esta Sala N° 132 de las 15 horas del 14 de agosto de 1991, para un hecho posterior a la entrada en vigencia de la Ley General de la Administración Pública, en la que dijo: "VI. Nuestra Ley General de la Administración Pública Nº 6227 (...), conforme lo señala la sentencia de esta Sala Nº 81 del año 1984, al resolver la polémica sobre su vigencia, en el Título Sétimo del Libro Primero, recogió los principios más modernos fundados en la doctrina y jurisprudencia más autorizada, sobre la responsabilidad extracontractual de la Administración, para establecer así la responsabilidad directa del Estado sin necesidad de probar previamente que el daño se produjo por culpa del funcionario o de la Administración, exigiendo para la procedencia de la indemnización que el daño sufrido sea efectivo, evaluable e individualizable en relación con una persona o grupo -artículo 196-. (...) Además establece, en forma taxativa, como causas eximentes de esa responsabilidad, la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero, correspondiéndole a la Administración acreditar su existencia, (...)". (El resaltado no es del original).

XV.- Sobre la demanda de la señorita Sian Tsafrir Shutaleva contra de la Municipalidad de Escazú y el Estado. De modo residual, con causa en que se la declarado sin lugar la demanda incoada por los señores padres de esta accionante en contra de la Municipalidad mencionada y el Estado habiendo porque así lo ha considerado procedente esta Cámara de Juzgadores en aplicación de ordenamiento jurídico sustantivo, operado la prescripción del derecho de acción en ese tanto, habremos de emitir pronunciamiento por el fondo sobre la demanda planteada por la representación de la señorita Sian Tsafrir Shutaleva en contra de estas dos Administraciones Públicas accionadas. Dicho esto, se pretende la condena en contra de ambas organizaciones administrativas por igual y de forma solidaria, al pago del que se identificó como daño económico, que habría de comprender la pérdida de ingresos "anteriores", daños a la propiedad, daño a la salud de la familia (patologías y/o costos asociados a servicios de salud); y los daños a la niñez (entendemos, los sufridos exclusivamente por la señorita Lian Tsafrir Shutaleva). En relación al daño económico constituido por la pérdida de ingresos y/o daños a la propiedad, bastará con indicar que media falta de legitimación en la causa activa por parte de la menor Lian tsafrir Shutaleva y en ese tanto se declara sin lugar la demanda, porque primero, no es titular del inmueble en que habita en concurso con sus padres, y segundo, porque en su caso no existe base de imputación en contra de estas partes demandadas para reclamar la pérdida ingresos que se dijo en la demanda, habría sido sufrida exclusivamente, justo por sus señores padres. Sobre el daño a la salud (económico también según los demandantes) bastará con indicar que ante la ausencia de prueba al respecto, en criterio del Tribunal habría de ser de corte médico-científico, en el área de la psicología y/o psiquiatría u otra especialidad, no se demostró que la menor Lian Tsafrir Shutaleva haya padecido de alguna patología desde el punto de vista médico psiquiátrico y/o fisiológico u otra, o que haya debido ser medicada con causa en los hechos que se han tenido por probados en los términos de la presente sentencia, consecuencia de lo cual, no se acreditó mediante prueba idónea que esta menor haya sufrido lo que se identificó como "daños a la niñez", constituidos por "trastornos" emocionales y tratamiento mediante terapia infantil, lo que excluye la posibilidad de acceder al extremo vinculado con los supuestos costos médicos y medicinales que habrían servido para paliar estos supuestos males. Los perjuicios han de ser rechazados, para lo que nos limitaremos a indicar que guardando identidad con afectaciones por la pérdida del valor de la propiedad y pérdida de ingresos "posteriores", también la menor carece de legitimación en la causa activa para acceder a estos extremos petitorios de corte accesorio, por lo que en ese tanto también se declara sin lugar la demanda. Resta entonces analizar si procede o no la condena al pago del daño moral subjetivo. Sobre el particular, en la presente causa se ha tenido por demostrado que la señorita Lian Tsafrir Shutaleva es hija de los aquí demandantes Olga Shutaleva y el señor Shon Shai Tsafrir, quienes se encontraron vinculados en unión de hecho, habiendo nacido el día 11 de abril del 2007, (folio 906 del legajo de prueba de los actores) así como que, convivía con sus padres desde ese momento en el inmueble propiedad de su madre inscrito en el Registro Nacional, sistema mecanizado de folio real, Partido de San José, matrícula N° 303263, situado en el Distrito San Rafael, Cantón Escazú, Urbanización Quintanar, descrito en el plano catastrado N° SJ-014420-75 del 01 de agosto de 1975. (Folios 897, en relación con el 906 y 895, todos del legajo de prueba de los actores, en relación con las declaraciones en juicio del señor Noam Amir y la señora María Elena Mora Abarca). En consecuencia, durante la totalidad de los hechos que se dirán producidos con el paso del tiempo, se trata en este tanto de una persona menor de edad que se encontró bajo cuido y protección de sus señores padres en el marco de su convivencia en su casa de habitación y que como tal, siendo una persona vulnerable por su edad, es merecedora de la protección especial del Estado, sin necesidad de abundar en cita de normativa nacional e internacional al respecto. También se demostró que la casa en que habita la menor con sus padres colinda en su lindero este con la que se identificó como calle "El Barro", misma calle, que corresponde a la colindancia o lindero oeste de los inmuebles sobre los que la totalidad de las empresas demandadas, excepto Construcciones KMC S.A., levantaron edificaciones o ejecutaron los procesos constructivos que se dirán. (El reconocimiento judicial llevado a cabo el día 08 de agosto del 2017 se pudo observar la ubicación de esta vivienda, en relación a las edificaciones de estas compañías accionadas, en relación con el folio 895 del legajo de prueba de los actores en que se observa el plano catastrado de esta propiedad). Se acreditó que sobre las propiedades de estas empresas, la Municipalidad de Escazú otorgó permisos de construcción que no son objeto de impugnación en la presente causa (no siendo este un hecho controvertido por la forma en que fue contestada la demanda en cada caso) a saber, a la empresa aquí codemandada denominada Parque Central S.A., que forma parte de un grupo de interés económico con la compañía denominada Grupo Roble Internacional S.A., (este tampoco resultó ser un hecho controvertido por la forma en que se dio contestación a la demanda) permiso que se identificó con N° 257-06, sea, otorgado en el año 2006, para una ampliación de oficinas existentes sobre la superficie del inmueble identificado como el inscrito en el Registro Nacional con el número de matrícula de folio real 518045-000, obra que habría de ser levantada sobre terrenos que colindan en su lindero oeste, con la calle pública, denominada "Calle El Barro" y en consecuencia, con esta calle en medio con la propiedad de los aquí demandantes. (Hecho no controvertido por la forma en que estas partes codemandadas contrastaron la demanda en relación a los hechos VI, VIII y XI, en relación con el reconocimiento judicial llevado a cabo el día 08 de agosto del 2017). Por su parte, la misma entidad Municipal otorgó otro permiso de construcción, esta vez con anterioridad en el año 2005, identificado con el N° 147-05 a la empresa denominada a Grupo Meridiano de Centroamérica S.A. para la edificación de un edificio de altura para oficinas sobre la superficie del inmueble identificado como el inscrito en el Registro Nacional con el número de matrícula de folio real 207250-000, obra que habría de ser levantada sobre terrenos que colindan en su lindero oeste, con la calle pública, denominada "Calle El Barro". (Hecho no controvertido por la forma en que esta parte codemandada contrastó la demanda, en relación a los hechos VI, VIII y XI, y el reconocimiento judicial llevado a cabo el día 08 de agosto del 2017). Estas licencias para la construcción desplegaron sus efectos, y se dio inicio a los respectivos procesos constructivos (sin que resultare posible precisar la fecha en que ello ocurrió en cada caso). Siendo lo anterior así, el día 06 de diciembre del 2005 se produjo una primera notificación preventiva identificada con el N° 0542 a la empresa denominada Grupo Meridiano de Centroamérica S.A., esto por parte del Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Escazú y con causa según lo expresó lo propio el el documento, en la obstaculización de una vía pública y porque se estaban presentando nubes de polvo a partir de acumulación de materiales. (Folio 229 del expediente administrativo de la Municipalidad de Escazú). Unos días después otra actuación administrativa de este tipo fue dirigida a la misma empresa el 13 de diciembre del 2005, identificada con el N° 0543 emitida por el mismo departamento municipal, en esta ocasión según se detalló en el documento, porque se encontró una "anomalía" con respecto a la notificación preventiva anterior, constituida por el hecho de que se habría constatado que una vagoneta se encontró transitando sin toldo o tirando basura en las cercanías del proyecto, para lo que se ordenó la extracción o retiro de todo el material que había sido tirado en el área respectiva. (Folio 230 del expediente administrativo de la Municipalidad de Escazú). Al año siguiente, esto el día 26 de enero del 2006, se le autorizó a la empresa el levantamiento o instalación y operación en el proyecto constructivo de Grupo Meridiano de Centroamérica S.A., de una planta de concreto. (Folio 232 del expediente de la Municipalidad de Escazú). Un mes y unos días después, a saber, el 01 de marzo del 2006, la Contraloría Ambiental de la Municipalidad de Escazú constató en el sitio en que se edifica la obra propiedad de "Grupo Roble S.A.”, que de manera constante se levantaba mucho polvo en afectación directa de los vecinos, por lo que como medida correctiva debía esta empresa de aplicar riego constante sobre las áreas de tierra acumulada, así como en aquellas que se encuentren al descubierto, recalcándose que con causa en los vientos, igual se generaba este problema asociado al levantamiento de polvo. (Folio 203 del expediente administrativo de la Municipalidad de Escazú). El riego constante, nos parece, debió ser una medida siquiera requerida por la Municipalidad, pero además, una que debió observarse de modo eficiente para paliar el efecto del polvo mencionado y en la totalidad de las construcciones que se estaban ejecutando. Para el día 13 de junio del 2006 el señor padre de la señorita Tsafrir Shutaleva denunció ante la Municipalidad de Escazú la presencia de agua acumulada en la parte trasera de su casa, que según lo afirmó, afectaba en su criterio la estructura de la tapia de la casa y ponía en riesgo su salud y en consecuencia -agregamos- la de su hija y esposa. (Folio 147 del expediente de la Municipalidad de Escazú). Punto aparte lo anterior, tres meses después de formulada esta denuncia, en junio del 2006 el Departamento de Régimen Disciplinario del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, describió los resultados de una inspección efectuada a la obra que se encontró siendo levantada bajo la responsabilidad de “Grupo Meridiano de Centroamérica S.A.”, que ya había presentado problemas por obstaculizar una vía pública y generar basura, para indicar que si bien había existido un problema por el levantamiento de nubes de polvo en este proyecto, el mismo había sido corregido, pero que se debían de seguir adoptando las medidas necesarias para evitar que continuase o volviese a surgir el problema, y además, se le advirtió de una posible afectación por el agua de lluvia a la viviendas vecinas con causa en el desnivel que existe entre el proyecto y la urbanización, debiendo la empresa adoptar las medidas necesarias para no afectar a los vecinos. En su informe, se ordena remitir copia del Mismo a la Municipalidad de Escazú. (Folios del 150 al 158 del expediente de la Municipalidad de Escazú). Esto refuerza dos cosas habiéndose arribado a este punto, primero, que al menos respecto de este proyecto había mediado un problema por obstaculizar una vía de tránsito; que habría generado algún problema por botar o tirar basura, y segundo, que en algún momento se habría generado un problema asociado al levantamiento de "nubes" de polvo sin precisarse la fuente de modo específico, dado que habría de estar operando además una planta de concreto para esa data, por lo que en efecto existió el problema denunciado por el padre de esta menor demandante, asociado a la acumulación de agua y eventuales o potenciales riesgos del surgimiento de problemas que podrían afectar la salud con causa en ello. Este problema ocasionado con el agua en efecto ocurrió y se mantuvo por algunos meses sin que fuese corregido pese lo advertido por el Departamento de Régimen Disciplinario del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, en el mes de junio del 2006 , pues para el día 01 de septiembre del 2006 un funcionario del Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Escazú, consignó con ocasión de una inspección que realizó en la colindancia de la propiedad de los actores con la “Calle El Barro”, que en afectación a la propiedad se estaba produciendo el paso de escorrentía por las condiciones de la calle pública que no contaba con infraestructura. Luego, este funcionario municipal pese a lo anterior, determinó en su criterio no ser competente para atender este asunto asunto en particular, correspondiendo en su opinión a otro departamento Municipal. (Folio 145 del expediente administrativo de la Municipalidad de Escazú). Un evento distinto se documentó después por el Departamento de Desarrollo Urbano Municipal el día 13 de diciembre del 2006, fecha en la que se hizo notificación preventiva a la compañía denominada "Parque Central S.A.", porque se habría estado produciendo el tránsito de maquinaria pesada por una ruta no aprobada, a saber, por la Urbanización "Quintanar", por lo que se ordenó que de inmediato se debía de hacer cesar dicho tránsito vehicular por esa ruta. (Folio 260 del expediente de la Municipalidad de Escazú). Nuevamente, ahora denunciando la generación de ruido y vibraciones por pare de "Grupo Roble", el señor Tsafrir interpuso una denuncia el día 08 de enero del 2007, ahora ente el Ministerio de Salud. (Folio 626 del legajo de prueba de los actores). A este punto, el padre de la Menor Tsafrir Shutaleva habría emplazado a ambas Administraciones Públicas, la estatal y municipal, para que intervinieran en protección de él y los miembros de su familia. El problema denunciado ante la Municipalidad de Escazú por agua desde el junio del 2006 insistimos, existió y se mantuvo por más tiempo aún, y prueba de ello lo es que para enero del año siguiente, siete meses después, persistía, sin que la Municipalidad demandada hubiese adoptado medida eficiente alguna al respecto. Así, en los términos del oficio N DU-009-08 de fecha 11 de enero del 2007 emitido por el departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Escazú, se indicó en lo conducente que: “b) Mediante Informe de Campo N° 0262-2006 del Departamento de Desarrollo Urbano se aclara la preocupación presentada en nota, con fecha 12 de julio de 2006, por el agua estancada que se encuentra detrás de la casa del señor Shon Zafrir (sic) que colinda con un tramo de calle sin infraestructura de la Urbanización Quintanar, que permiten el flujo continuo de escorrentía pluvial que vierten hacia la propiedad, provocando daños a la tapia en cuestión. Debido a lo anterior los vecinos de la Urbanización Quintanar realizaron un zanjeo a lo largo de calle para canalizar las aguas provenientes de las construcciones aledañas, que degeneró en un anegamiento de aguas con los consecuentes malos olores y proliferación de zancudos, así como daños a la tapia en mención. / c) En relación con la nota dirigida al Señor Alcalde (...) con fecha 31 de enero de 2007 por parte de la señora María Elena Mora Abarca en la que indica que continúan los problemas ocasionados por la construcción del Edificio Meridiano y Plaza El Roble, se informa que al propietario del segundo proyecto, Parque Central S.A. se le presenta notificación preventiva N° 0846 con fecha de 12 de febrero de 2007 (sic) acotando las siguientes anomalías encontradas: a) Obstrucción y/o destrucción de vía pública, (calles con polvo y montículos de tierra) b) Polvo en el Proyecto; para dichas situaciones se otorgaron 4 horas para corregir dicha situación. En cuanto al edificio Meridiano se le entrega la notificación preventiva N° 0850, con misma fecha, sobre exceso de polvo en el ambiente. Para dar seguimiento a la denuncia de excesiva cantidad de polvo, supuesta apertura de calle y estado de la misma, se realizó el informe de campo N° 038-07, con fecha 20 de febrero de 2007, (...) se detectó nuevamente gran cantidad de polvo generada por el movimiento de tierras en el proyecto del Grupo Meridiano de Centroamérica ...". (Folios 164 y 165 del expediente de la Municipalidad de Escazú). Para este Tribunal resulta claro a partir de lo anterior, que sin que ninguna medida seria y/o eficaz se hubiere adoptado al efecto por parte de la municipalidad demandada frente a la situación de la familia de la señorita Liean Tsafrir Shutaleva y su entorno, persistían problemas por obstrucción de vías, el exceso de polvo un problema asociado a la acumulación de agua en la parte trasera de la vivienda de interés, que no tenemos dificultad para calificar de grave, en la medida que se declaraba para este momento, que ya estaba provocando daños a la tapia trasera de la vivienda de los aquí demandantes y problemas que ponían en riesgo potencial su salud, como malos olores y proliferación de mosquitos. A este punto debe afirmar este Tribunal que en su totalidad estos problemas ya habían superado el margen de tolerancia frente al ejercicio derecho de edificar en transformación de un bien inmueble, a vista y paciencia de la Municipalidad demandada, que se limitaba a realizar prevenciones que resultaban o resultaron inútiles para paliar efectivamente los efectos dañosos que se estaban produciendo en el entorno de la señorita Tsafrir Shutaleva, cuyo padre insistió, esta vez el día 12 de enero del 2007 mediante una nueva solicitud ahora dirigida al Ministerio de Salud (la anterior de fecha 08 de enero del 2007, sobre ruido y vibraciones aún no había sido atendida) solicitando que se presentara algún funcionario a su casa de habitación con el propósito de que se realizase una inspección, esto con ocasión de un problema relacionado con contaminación producida por polvo (que en efecto existía aún para esa data) y otra vez, por la acústica, sea por ruido, proveniente de construcciones de interés -entendemos- sin mayor especificación. (Folio 01 del expediente administrativo del Ministerio de Salud). La reacción del Ministerio de Salud frente a las gestiones del padre de Lian Tsafrir Shutaleva y los graves problemas que denunció, se limitó el día 15 de enero del 2007 a un requerimiento a la Municipalidad de Escazú, para que solicitara a quienes se identificaron como "los constructores" la presentación al ente municipal de un plan de mitigación que resolviese el problema de polvo "y demás", del que habría de remitirse copia al Área de Salud de ese Ministerio. (Folio 06 del expediente administrativo del Ministerio de Salud). A este punto, lo así actuado no tuvo la virtud de evitar en modo alguno o al menos de forma efectiva e inmediata, que se continuaran produciendo las afectaciones mencionadas en el entorno de la vivienda de los aquí demandantes. En opinión de este Tribunal resulta con claridad lo así actuado para este momento por el Ministerio de Salud negligente y en desprecio total e inobservancia del deber de protección a la salud, al pretender trasladar con tal ligereza las denuncias que le fueron formuladas, para que fuesen atendidas por la Municipalidad con un requerimiento formal como ese. Lo cierto por otro lado lo es que esta conducta administrativa frente a la menor aquí codemandante y sus señores padres, implicó la no realización de una inspección inmediata de verificación, tanto como la no adopción de decisión alguna dirigida a evitar los efectos dañosos que para esa data, era evidente que sí se estaban produciendo en lo conducente, lo que estimamos además, es reflejo de un modo de conducirse administrativamente arbitrario. La atención de estas denuncias con claridad se enmarcan en el ámbito de competencia del Ministerio de Salud, que no está por demás advertir concurre con el proceso de aval de planos constructivos en cada caso, y que como veremos adelante, implica la necesaria atención en términos de control y fiscalización en materia de salud, de denuncias como las que le fueron trasladadas por el padre de la menor Tsafrir Shutaleva. La reacción    natural del señor Tsafrir no se hizo esperar ante la ausencia de adopción de medida alguna que directamente se dirigiera a paliar riesgos a la salud de su familia, y el    23 de enero del 2007 solicitó nuevamente al Ministerio de Salud que se presentara en su casa de habitación para que se verificasen los problemas que ya había denunciado desde el 08 de enero del mismo año. (Folios del 09 al 11 del expediente administrativo del Ministerio de Salud). Como prueba indiciaria de que estos problemas persistían sin ser atendidos por el Ministerio de Salud y/o, la Municipalidad demandada, el día 31 de enero del 2007 quien se identificó como María Elena Mora Abarca (quien fue además testigo en la presente causa y se verificó por parte del Tribunal fruto de sus manifestaciones, que ha asumido una suerte de liderazgo en la comunidad de la Urbanización Quintanar) asumiendo una actitud activa de defensa de los vecinos de esta Urbanización, mediante denuncias ante la Municipalidad de Escazú sobre la existencia de problemas generados por las construcciones "Edificio Meridiano" y "Plaza Roble", la presencia de exceso de polvo, entrada y salida de vagonetas, trabajos en horas fuera de horario establecido, y acumulación de agua, todos hechos denunciados que afirmó, ya habrían sido informados mediante otras denuncias anteriores, desde hacía ya un año atrás. (Folios 347 y 348 del expediente administrativo de la Municipalidad de Escazú). También es indicio de que los aquí actores no han faltado a la verdad en lo que interesa, el hecho de que por nota de fecha 11 de febrero del 2007, un personero de la compañía que identificó como "Vander Laat y Jiménez", al menos del “Proyecto Plaza Roble III Etapa”, informó al Departamento de Desarrollo Humano municipal en lo conducente, que la empresa estaba asumiendo acciones para evitar problemas futuros con los vecinos; y que su compromiso lo era el respeto al horario definido para la realización de los trabajos, al grado tal que sustituyeron al maestro de obras general para garantizar dicho cumplimiento y se encontraron realizando esfuerzos adicionales en materia de control de polvo y ruido para evitar afectaciones a los vecinos. (Folio 424 del expediente administrativo de la Municipalidad de Escazú). De lo anterior se extrae que para quien resultó ser encargado en todo o parte de la construcción de Parque Central S.A. y Grupo Roble Internacional de Costa Rica S.A., sí existieron problemas con los vecinos, así como que unos de ellos se habrían identificado como el despliegue de actividades constructivas fuera del horario permitido, lo que condujo al remplazo del maestro general de las obras para poder garantizar dar cumplimiento a lo que corresponde, así como que, en efecto debieron tomar medidas adicionales para no afectar a los vecinos y poder controlar así, el polvo y el ruido. Pese a lo anterior, sólo un día después, el 12 de febrero del 2007 el proyecto constructivo de la compañía denominada Parque Central S.A. presentó anomalías por obstrucción de vías públicas, exceso de polvo y por la existencia de montículos de tierra, y otra vez la actuación municipal se limitó a la entrega de una nota de prevención. (Folios 12 frente y vuelto del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud, así como el folio 577 del legajo de prueba de los actores). En tanto, obviando sus competencias en materia de salud, el Ministerio solicitó nuevamente a la Municipalidad aquí codemandada, ahora el 15 de febrero del 2007, que a las empresas constructoras se les debía de requerir la presentación de un plan de mitigación, lo que pudo haber exigido de modo directo a estas empresas, si es que consideraba que ello resultaba necesario como medida en contra de posibles afectaciones al derecho a la salud. (Folio 08 del expediente administrativo del Ministerio de Salud. (Folios 593 y 594 del legajo de prueba de los actores). Continuando, el día 20 de febrero del 2007 funcionarios municipales determinaron que el proyecto conocido como Grupo Meridiano generaba gran cantidad de polvo (folio 581 del legajo de prueba de los actores). Siendo esta la situación, en criterio de esta Cámara para el 23 de febrero siguiente al parecer, se habría producido alguna suerte de conflicto entre el Ministerio de Salud y la Municipalidad demandada sobre a quien habría de competer solicitar un plan de mitigación, dado que la Alcaldía se dirigió a dicho Ministerio informando que en su opinión el tema relacionado con un plan de mitigación le competía a este y no a la Municipalidad (folios 13 y 14 del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud) mientras que el Ministerio en respuesta a esa comunicación le informó a la Municipalidad lo contrario, esto el día 26 el febrero del 2007. (Folios 17 y 18 del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud). En tanto resultó claro que un supuesto plan de mitigación a las empresas que correspondiere, no había sido solicitado por ninguna de estas organizaciones Administrativas, como consecuencia lógica. Lo cierto es que ya en el ámbito de los intereses locales (artículo 4 del Código Municipal) ya en el ámbito de competencias del Ministerio (art. 2, inc. c, de la Ley Orgánica del Ministerio de salud, entre otras en esa materia) ambas organizaciones administrativas tenían la potestad y deber legal de tomar medidas como esa y cualquiera otra necesaria permitida por el ordenamiento jurídico y de modo directo frente a la empresa o persona que levanta una edificación y ejecuta actividades constructivas, para garantizar el adecuado y eficiente control de problemas como los que se venían presentando, y pese a ello, actuaron con desdén, ligereza y desinterés, así como evidente descoordinación. De hecho, para el 08 de marzo del 2007 siguiente, las autoridades del Ministerio de Salud se habrían entendido competentes para atender únicamente los problemas denunciados que se encontrasen vinculados con contaminación sónica. A folio 19 del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud, obra el oficio N° ARSE-D-62-07 dirigido por un técnico en saneamiento, a la Dirección de la Región Central Sur del Ministerio de Salud, en que éste llega a esa conclusión interpretando los alcances de varias normas contenidas en la Ley de Construcciones, obviando no sólo la Ley Orgánica del Ministerio, sino además, el    Reglamento para el Trámite de Visado de Planos para la Construcción, decreto Ejecutivo N° 33799, art. 5, 14 y particularmente el art. 15, que reza así: "Fiscalización de los proyectos por parte del Ministerio de Salud. Con la información suministrada por el CFIA, según el artículo anterior, el Área Rectora correspondiente del Ministerio de Salud, podrá realizar inspecciones en cualquier momento, durante la construcción o después de su finalización, para verificar el cumplimiento de lo declarado bajo fe de juramento por el profesional responsable". En materia de salud claro está, cualquier tipo de construcción avalados o no sus planos por parte del Ministerio de Salud, pueden y deben de ser objeto de control y fiscalización por parte de este Ministerio si de afectaciones o riesgo de afectación a la salud de las personas se trata, sin que exista norma alguna que limite su ámbito competencial a asuntos exclusivamente relacionados con la contaminación sónica o por ruido. Ahora, para el día el día 20 de marzo del 2007 el Departamento de Obras Públicas de la Municipalidad de Escazú informó al señor Alcalde, que en relación con la propiedad en la que se encontraba levantándose un edificio de 10 pisos por parte de la compañía identificada como “Grupo Meridiano de Centroamérica S.A.” esa construcción se encontraba topográficamente a una altura mayor que la calle ubicada al este de dicha propiedad y la “Urbanización Quintanar”, así como que por ende, se presentaba escorrentía de aguas hacia el nivel más bajo -sea, hacia la Urbanización Quintanar, "Calle el Barro" en medio- comprobándose que para esos efectos se había excavado una zanja que permitía la canalización de las aguas, evitando acumulación o “empozamiento”, y además, en relación con un aspecto vinculado con la generación de polvo, el funcionario se limitó a consignar que representantes de la empresa le habrían informado que se habrían adoptado las medidas que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos les habría ordenado. (Folios del 140 al 143, del expediente administrativo de la Municipalidad de Escazú). Se refuerza así el problema existente relacionado con la acumulación de agua existió, así como que habría sido paliado para esta tercera semana del mes de marzo del 2017 mediante una zanja, mientras que por otro lado, se evidencia también la inexistencia de medida alguna de control y fiscalización 8constatación en el campo) en materia de la producción de polvo ya entrada la época de verano, porque el funcionario cual acto de fe, se limitó a actuar en el marco de información formal que le fue suministrada por las empresas, sin indicar haber realizado labor alguna de verificación en el sitio, de que ya no existiese el problema asociado al levantamiento de polvo por efecto del viento, acumulación o movimiento de tierra u otros materiales. Por su parte, en el ilegítimo entendido de que el Ministerio de Salud únicamente habría de ocuparse de temas relacionados con una posible contaminación sónica, el día 21 de marzo del 2007, se habría apersonado a la casa de habitación del denunciante, sin previa coordinación con éste un funcionario o funcionarios de dicha Cartera Ministerial, sin que realizaren medición sónica alguna bajo el argumento de que no se encontraban los ocupantes de la vivienda, lo que pudo evitarse de realizarse con un mínimo esfuerzo que lógicamente resultaba necesario, para coordinar con ellos la hora y fecha en que habría de ser realizada tal acción de medición, si es que debía de ser realizada desde el interior de esta mencionada vivienda. (Folios 39 y 40 del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud). Mientras tanto, ya para el 27 de marzo del 2007 quien se identificó como funcionario del Hospital Cima de San José, de Ginecología y Obstetricia, hizo constar en relación con una atención dada a la señora Olga Shutaleva, que: “La paciente ha tenido durante todo su embarazo severos trastornos respiratorios y nerviosos que considero se deben en gran parte a la contaminación ambiental a la que ha estado expuesta durante todo su embarazo por las obras de construcción alrededor de su casa. / Además, el parto se pronostica para cualquier momento y el neonato no puede bajo ninguna circunstancia en las condiciones de contaminación a que la paciente refiere”. (Folio 108 del legajo de prueba de los actores). Con total independencia de los hechos, siendo esa la percepción de la Médico tratante frente a la versión dada por la señora madre de Lian Tsafrir sobre lo que ocurría en el entorno de la vivienda que habitaba mientras ésta aún se encontraba en su vientre, lo cierto es que habla de entrada de circunstancias que se calificaron adversas al proceso de embarazo, que claro está, consideramos se proyectó también negativamente en la menor y sus intereses, aún previo a su nacimiento, momento para el que ya contaba con protección jurídica conforme el bloque de legalidad. (Entre otras normas que resultarían aplicables, el artículo 12 del Código de la Niñez y adolescencia, dice lo siguiente: "La persona menor de edad tiene el derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción. El Estado deberá garantizarle y protegerle este derecho, con políticas económicas y sociales que aseguren condiciones dignas para la gestación, el nacimiento y el desarrollo integral"). Claro está que el derecho a la vida no excluye el derecho a un medio ambiente sano, sino que lo comprende. Siendo ese el estado de las cosas, una nueva denuncia fue hecha por el padre de esta persona menor de edad en fecha 29 de mayo del 2007 ante las autoridades del Ministerio de Salud, cuando les informó que se habría producido una descarga de materia fecal durante horas de la noche del día anterior, en la calle pública "El Barro" emplazada en la parte posterior de su vivienda, esto ya entrada la época de invierno y porque no puede afirmarse otra cosa, situación que debió estimarse grave por parte de estas autoridades de salud (folio 47 del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud) quienes no adoptaron una conducta en protección al derecho a la salud ni oportuna ni eficiente, pues se acreditó que frente esta denuncia, el día 01 de junio del 2007 las autoridades del Ministerio de Salud se limitaron a dirigir una consulta al respecto a la empresa que manejaba desechos de ese tipo en las construcciones o construcción cercana a la casa de habitación del quejoso, la que negó haber ejecutado la acción denunciada. Lo así actuado no se dirigió de modo eficiente a constatar el hecho denunciado con independencia de a quien habría de corresponder su autoría por un lado, mientras que por otro, cual acto de fe y sobre la base de lo informado por esta empresa, el Ministerio de Salud se limitó a dirigir una recomendación al denunciante (señor Tsafrir) para que estuviese presto a brindar su colaboración para que frente a la posibilidad de que el hecho ocurriese de nuevo, se le pudiese imponer una multa a quienes depositen desechos en la vía pública de la forma denunciada, para lo que podía denunciar lo propio llamando al 911 para que sea la policía de tránsito la que proceda a confirmar el hecho denunciado y/o, se le recomendó presentar una denuncia ante el Juzgado Contravencional de Escazú para lo que corresponda. (Folio 48 del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud). Punto a parte existiese o no el hecho denunciado, lo cierto es que frente a la denuncia, la conducta adoptada por las Autoridades del Ministerio de Salud refleja desdén frente a una situación que de haber existido representó sin duda un serio problema que potencialmente podía afectar el derecho a la salud y un medio ambiente sano (pues tal hecho siquiera se intentó constatar como estimamos era deber legal del Ministerio orden a sus competencias). Sobre mencionar la frustración que en quien se enfrenta a un hecho como el denunciado exista o no, resulta natural y esperable en la media de cualquier persona, la falta de interés en el trámite de una denuncia que consideró necesario presentar ante la Autoridad Pública rectora en materia de salud pública. Ahora bien, punto a parte en este apartado de la presente sentencia se analiza exclusivamente la demanda incoada por la representación de la menor Lian, este hecho como los anteriormente indicados resulta relevante porque contribuyó a afectar su entorno y en ese tanto a ella misma, tanto como, y por las mismas circunstancias que experimentaron sus padres, a sus cuidadores. La situación anterior por si sola no habría podido ser más frustrante frente a lo actuado u omitido por el Ministerio de Salud, reiteramos- en total desprecio a un grave problema que esto pudo representar para el entorno de esta familia y la menor de edad involucrada, lo que explica que el día 07 de junio del 2007 el señor Tsafrir se quejara ante el Ministerio de Salud por no haber siquiera efectuado una inspección, con absoluta razón (folio 52 del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud) a lo que se sumó, que de modo inexplicable y absolutamente infundado, el 08 de junio del 2007 las autoridades del Ministerio de Salud habrían entendido que el señor Tsafrir, había perdido interés en que se realizase una medición sónica y/o que se investigase lo relacionado con la presunta descarga de aguas negras (folio 86 y 87 del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud) lo que siquiera a nivel de presunción pudo haberse concluido desde un punto de vista lógico racional. Como veremos adelante, no habiendo forma de dejar de asumir que la señora esposa del denunciante se habría sentido igualmente frustrada y desprotegida, ello habría contribuido a dañar el medio o entorno en el que su hija interactuaba con ella y su padre para el año 2007 dado el estado emocional de sus progenitores, del que existió la prueba médica, esto es, científica relacionada líneas atrás respecto de la señora Shutaleva, durante su período de embarazo. Entiende este Tribunal que cualquier expectativa en los padres de esta menor de que el Estado les protegiera a ellos tanto como a su hija, se vio ilegítimamente frustrada por la arbitraria conducta desplegada por el Ministerio en cuestión, siendo natural el surgimiento de sentimientos como los que se relacionarán adelante, y en consecuencia, una afectación al entorno en que la menor se debió desenvolver con unos padres, naturalmente afectados del modo indicado, de modo continuo y sistemático durante un largo período de tiempo que abarcó meses. a estos efectos continuaremos indicando que no obstante la denuncia hecha al Ministerio por el padre de esta persona menor de edad sobre la descarga de materia fecal dató del 29 de mayo del 2007, habiendo mostrado ya las autoridades del Ministerio la desidia en atender la misma, no fue sino tardíamente y casi dos semanas después, hasta el día 11 de junio del 2007 que se habría realizado alguna suerte de inspección, momento para el que se determinó la inexistencia de elementos que dieran prueba de la denuncia sobre la descarga de aguas negras, y se seguía insistiendo ilegítimamente en que temas como el polvo por movimientos de tierra y la presencia de basura, era asunto municipal, lo cual se le hizo ver así al señor Tsafrir. (Folios del 89 al 91 del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud). Lo relevante a este punto en nuestro criterio lo es que se haya demostrado o no la descarga de aguas negras, como sí y en su lugar, el anormal servicio dado al denunciante en términos de actividades de control y fiscalización en materia de protección a la salud dado por el Ministerio accionado. Fue en consecuencia en ello que luego y llevando razón en lo que sigue, el señor Tsafrir, que se quejó por escrito en fecha 18 de junio del 2007 ante las autoridades del Ministerio de Salud por la forma inoportuna en que se realizó la inspección a que refiere el hecho probado anterior. (Folio 92 del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud). Para empeorar la situación, también de modo ilegítimo  para el 18 de junio del 2007 las autoridades del Ministerio de Salud continuaban aguardando que fuese el señor Tsafrir quien coordinara por su cuenta, las acciones necesarias para atender su denuncia, sin mayor detalle, identificada como asociada a los problemas generados por las construcciones, cosa que no encuentra soporte jurídico alguno, no estando el ejercicio de potestades en materia de control y fiscalización Ministerial sobre estas actividades constructivas en el plano de la salud, condicionadas a la coordinación previa de los administrados. Nada en nuestro ordenamiento jurídico permite hacer esa afirmación. (Folio 94 del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud). Esto en nuestra opinión, la Autoridad Ministerial habría frontalmente decidido no atender las denuncias presentadas de modo objetivo, oportuno y/o eficiente. Se sumó a la situación de los encargados de la seguridad de la señorita Tsafrir Shutaleva, ahora respecto de lo actuado por la Municipalidad aquí codemandada, que en los términos del posterior oficio N° JDU INT 66-07 de fecha 29 de agosto del 2007 emitido por la Jefatura del Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Escazú, se indicó al Alcalde Municipal en lo conducente, lo que sigue: "... En relación al oficio indicado, en que se ha recibido denuncia porque las construcciones cercanas a la propiedad del solicitante continúan irrespetando el horario establecido, trabajando después de las 19 horas, por lo cual se solicita una inspección de este Departamento para comprobar lo denunciado a través de la Defensoría de los Habitantes, le informo lo siguiente: En inspección nocturna realizada ayer por el Inspector (...), se comprobó que la construcción en la tercera etapa del Oficentro Plaza Roble irrespeta el horario establecido, al encontrarse que estaban realizando una chorrera fuera de horario, por lo que se informó al maestro de obras encargado del horario y se detuvieron los trabajos de inmediato". (Folio 376 del legajo de prueba de los actores). Se sigue reforzando así, que las denuncias hechas no correspondían al imaginario del padre de la señorita Tsafrir. Con todo, al mes siguiente, esto el día 07 de septiembre del 2007, la Municipalidad de Escazú autorizó a "Grupo Roble", el uso de un área de terreno dentro de la Urbanización Quintanar como parqueo temporal, únicamente por el tiempo necesario para la habilitación de unas rampas en sitio diverso, no pudiendo realizar ninguna obra constructiva en el sitio que suponga consolidar esa área de parqueo, debiendo la empresa además presentar a la Municipalidad información sobre las condiciones de temporalidad con que habría de funcionar dicho estacionamiento. (Folio 753 del expediente judicial). Esto no pudo suponer otra cosa, que el tránsito de vehículos y maquinaria asociada al proyecto dentro de la Urbanización Quintanar en que habitaba esta persona menor de edad con sus padres, con los lógicos y esperables efectos en el entorno de un ambiente residencial no diseñado para ello. Nos detenemos para indicar, que desde el día 08 de marzo del 2007 ambos padres de la menor Lian Tsafrir Shutaleva interpusieron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, acción a la que concurrieron un total de 19 personas más como coadyuvantes, todos quienes se identificaron como vecinos del área de interés. El recurso fue resuelto en los términos del fallo identificado con el N° 14995-2007, dictado al ser las 15:02 hrs. del 17 de octubre del 2007, que lo declaró con lugar en contra el Área Rectora de Salud de Escazú de la Región Central Sur del Ministerio de Salud y la Municipalidad de Escazú, por razones que a la Luz de los hechos anteriores, incluso para este Tribunal resultaron obvias. (Folios del 122 al 149 del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud). En su fallo, la Sala Constitucional partió del alegato de los amparados en el sentido de que habiendo solicitado la intervención tanto a la Municipalidad de Escazú como al Área Rectora de Salud de Escazú, estas autoridades no habían hecho nada al respecto ni se ponían de acuerdo de acuerdo para determinar a quién competía lo propio. La Sala Constitucional fue del criterio de que fueron vulnerados los derechos al disfrute de un ambiente sano y a la salud por hechos, todos ocurridos durante o con anterioridad al año 2007 consagrados en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, con causa en que habiendo los aquí actores denunciado ante ambas Administraciones Públicas que se encontraban soportando ruido, polvo, y exceso de polvo de cemento, siendo obligación de estas Administraciones asegurar y proteger tales derechos, en el caso concreto si bien fue cierto que se dio alguna mediación de ambas dentro del ámbito de sus competencias, hubo negligencia y omisión en darle seguimiento a las prevenciones y actuaciones que se dictaron y ello, ocasionó que se continuaran desarrollando de manera irregular las actividades denunciadas por los recurrentes. Para esto se valoró según el Voto de interés, que la atención dada a las diversas gestiones hechas sobre los efectos de las construcciones cercanas, (polvo, basura, actividades a altas horas de la noche y fines de semana desde el año 2006) se limitó el Ministerio a considerar que el asunto se solucionaba con un simple oficio a la Municipalidad de Escazú sin girar ninguna orden sanitaria en el ejercicio de sus competencias como órgano rector en materia de salud pública, mientras que la Municipalidad de Escazú se limitaba a afirmar que esa era competencia del Ministerio. Ninguna de las Administraciones recurridas, afirmó la Sala Constitucional, desplegaron actuación alguna contundente para comprobar los hechos denunciados, o en su caso, adoptaron medidas para dar soluciones, de haberlo determinado necesario. En este sentido se agregó, que la actuación del Área Rectora no fue lo suficientemente enérgica para solucionar el problema, como tampoco la de la Municipal, pese a la insistencia de los recurrentes, sin que conste siquiera que se hubieren ordenado inspecciones, en diferentes horas y días, para determinar si la denuncia en cada caso tenía o no fundamento, siendo que la inspección realizada por el Área Rectora de Salud lo fue hasta conocer de la interposición del recurso de amparo hasta el mes de junio del 2007, fecha para la que las obras constructivas estaban muy avanzadas y por ende, no se pudo detectar la severidad de la afectación sufrida. Así, se dijo, que la conducta desplegada por el Ministerio y la Municipalidad, en ambos casos no fue diligente, tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde que tuvieron conocimiento de las denuncias, porque en numerosas oportunidades se constató que los proyectos constructivos estaban produciendo contaminación por polvo, ruido y basura y trabajos a deshoras, pese a lo cual, se limitaron dichas autoridades publicas recurridas a adoptar como únicas medidas la emisión de varias notificaciones preventivas (en el caso de la Municipalidad) mientras los problemas se seguían dando y los vecinos seguían soportando las excesivas molestias denunciadas, y (en el caso también de la Municipalidad al igual que el Ministerio), se toleró en forma arbitraria la obstaculización que han sufrido los recurrentes y sus vecinos para disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, porque no se adoptaron medidas definitivas ni se ejerció control constante y efectivo para mitigar las inconveniencias de los procesos constructivos desarrollados en los alrededores de la vivienda de los recurrentes. Pese a que la menor Lian Tsafrir Shutaleva no figuró como amparada, para este Tribunal resulta claro conforme lo dispuesto en el articulo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional según el cual la jurisprudencia y los precedentes de esa jurisdicción son vinculantes erga omnes, deberá ser tomado en cuenta lo dicho por la sala Constitucional para resolver sobre su situación procesal frente a estas partes demandas cual prueba indiciaria. Pues bien, para el 01 de noviembre del 2007, el Ministerio de salud realizó una inspección de la que no se derivó ningún hallazgo relevante para esa data, cuando ya había sido fallado lo relacionado atrás, por la Sala Constitucional (folio 100 del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud) información respecto o frente a la que, el día viernes 02 de noviembre del 2007 el señor Tsafrir comunicó por escrito su desacuerdo (folio 102 del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud). Para ir concluyendo, en fecha lunes 12 de noviembre del 2007 las autoridades del Ministerio de Salud informaron al señor Tsafrir -ahora sí- que estarían a su disposición para realizar una nueva inspección en coordinación con su persona, en la hora y fecha que así lo deseare, como debió haberse procedido desde un primer momento (folios 107 y 108 del expediente administrativo correspondiente al Ministerio de Salud) cuando la relación en términos de la confianza depositada en la Autoridad Pública entre este señor y las autoridades del Ministerio, se encontraba dañada. Habiéndose arribado a este punto, lo correcto es decir que en el marco de competencias de control y fiscalización que corresponden tanto a la Municipalidad como al Ministerio en el marco del desarrollo de procesos constructivos, que no son excluyentes (los conceptos, intereses locales y protección a la salud son conceptos jurídicos indeterminados) desde el año 2005 y 2006 y durante prácticamente la totalidad del año 2007, ambas partes demandadas desplegaron una actividad en atención a numerosas e insistentes denuncias que referían al entorno de la menor Lian tsafrir Shutaleva interpuestas por su señor padre y dirigidas a su protección en ese tanto, que, frente a las conductas desplegadas o adoptadas por el Ministerio de Salud y por la Municipalidad de Escazú constituyeron éstas con claridad una conducta anormal recurrente y sistemática en la prestación de servicios asociados al control y fiscalización, en este caso de obras constructivas, en inobservancia del deber legal que debieron ambas organizaciones administrativas, de adoptar las medidas necesarias y oportunas para procurar la preservación de un ambiente sano, en lo que interesa, a la señorita Tsafrir Shutaleva. Debe indicarse, que en la presente causa se acreditó además, que el día 08 de febrero del 2008 el señor Tsafrir fue tratado por el Psicólogo identificado como Esteban Villalobos Barquero, quien consignó habiendo practicado en su paciente cuatro pruebas diagnósticas diversas, que se presentaba en él con un cuadro depresivo ansioso, en relación con el cual informó en lo conducente, que: “La configuración de las escalas de validez sugieren que Shon Shai Tsafrir realizó el inventario de una manera honesta, sin exagerar, minimizar o tratando de ocultar síntomas. Por esto se considera válido el protocolo para realizar inferencias sobre el señor Shon. Los pacientes con este patrón de respuestas muestran una preocupación somática excesiva. Existe una evidente tensión y estrés así como depresión. Estos individuos pueden sentirse limitados por múltiples síntomas y quejas. Pueden presentar tristeza, falta de energía, incapacidad para concentrarse, sentirse angustiado, miserable y desdichado. Los individuos con puntuaciones similares se describen a sí mismos como que están constantemente bajo presión, que se sienten abrumados por los problemas e incluso anticipan más cosas malas para el futuro. Se quejan de preocuparse la mayoría del tiempo, tienen dificultades para dejar ir las cosas y presentan sentimiento de que están a punto de perder el control de su vida o simplemente desplomarse. Posiblemente debido a su ansiedad, puedan tener problemas de concentración y la toma de decisiones puede ser molesta. A menudo duermen mal y reportan frecuentes pesadillas. Pacientes con este perfil a menudo presentan ataques de pánico y otros trastornos de ansiedad. De los resultados de las entrevistas estructuradas se desprende que el señor Shon cumple con criterios para el diagnóstico de un trastorno depresivo así como para un trastorno de angustia crónico. Por otro lado no hay evidencia de que Shon presente un trastorno de personalidad”. (Folios del 120 al 122 del legajo de prueba de los actores). Además; para el día 15 de febrero del 2008 se certificó por el médico psiquiatra identificado como Bernardo Castro Dobles, que el señor Tsafrir presentaba un: “trastorno (ilegible), trastorno de pánico (ilegible) que se inicia hace dos años y empeoraron hace un mes, todo después de que se iniciaron varias construcciones alrededor de su casa de habitación. Se recomienda para disminuir este (ilegible) que cambie de domicilio”. (Folio 134 del legajo de prueba de los actores). Finalmente, para el día 12 de abril del 2008, quien se identificó como médico especialista en medicina interna del Hospital CIMA, hizo constar por escrito lo siguiente: “Se brinda un resumen historial del paciente Shon Tsafrir, quien fue hospitalizado en el mes de febrero, por presentar datos de dolor severo de región cervical y dorsal, además de presentar datos de pirosis, con dolor epigástrico y náuseas; esto de más o menos 10 días de evolución. Cabe decir que el paciente presenta estos síntomas de carácter intermitente desde hace dos años, pero en el último año se ha (sic) incrementado sus síntomas, con datos de deterioro funcional, intelectual, emocional, mental, físico, con importante pérdida de peso, presenta descargas de adrenalina con diaforesis profusa, elevación de temperatura corporal (simulando fiebre) y con alteraciones de tipo ansioso/depresivo, con episodios de ataques de ansiedad y con alteraciones de su carácter emocional, derivados de una situación con su hogar y construcciones alrededor de su hogar. / (...). Llama mucho la atención en el paciente, la pérdida de peso progresiva desde hace 12 meses hasta el momento; durante su internamiento no se detectan picos de fiebre o temperatura corporal, pero sí mantiene su tendencia a su trastorno de ansiedad generalizado, generado con su problema con las construcciones alrededor de su casa. / Es evaluado por el Dr. Bernardo Castro (psiquiatra) quien emite un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizado e indica medicación, dirigida a disminuir este síndrome y mejorar el trastorno del sueño (insomnio) del paciente. / Actualmente, el paciente se mantiene bajo los mismos síntomas, mejoran parcialmente con la medicación, pero su entorno es el mismo y le genera mucha tensión emocional con reacción de depresión/ansiedad cada vez mayores y manteniendo la pérdida de peso, insomnio y se está generando una disfunción familiar bastante importante y que se observa en la siguiente visita médica donde se evalúa a la esposa del paciente y que se describe a continuación: Nota accesoria: El día 21 de abril de 2008 se valora a la paciente Olga Shutaleva, paciente conocida sana, quien desde hace unos 12 meses viene presentando cefalea occipito/temporal bilateral, con datos de síndrome de colon irritable, pues presenta franca distensión abdominal posprandial y con dolor en área dorso/lumbar, persistente, la cual alivia parcialmente con analgésicos tipo paracetamol; la paciente no tiene datos de déficit neurológico ni de alteraciones demostrables al examen físico, excepto dolor al palpar la región del cuello posterior, temporal y dorso/lumbar más de tipo contractura muscular y cefalea tensional sin demostrar ninguna otra patología asociada. Se le indica relajantes musculares y se le indica ezimas digestivas; es importante anotar que la paciente tiene la misma percepción de la situación de su hogar y de la posición de su esposo con respecto al problema de las construcciones al lado de su casa. Aunque la paciente trabaja fuera de la casa a diferencia de su esposo, quien labora desde la casa y está al tanto de lo que sucede alrededor de él, demostrando más tensión y ansiedad que la paciente”. (Folios 158 y 159 del legajo de prueba de los actores). Que con fecha 06 de junio del 2012, el Médico Psiquiatra José Luis Salas, certificó que el señor Tsafir -quien habría presentado un problema cardiaco días antes-, se encontraba en "tratamiento por un trastorno depresivo mayor y un trastorno de pánico severo, precipitado por el estrés acumulado. Se recomiendan medidas para disminuir el estrés y medicación". (Imagen 556 del expediente judicial). Ni la representación Municipal ni la del Estado en la presente causa, han cuestionado mediante prueba de la misma naturaleza, científica, las conclusiones profesionales a que refiere esta prueba sobre la situación de salud del señor Tsafrir, que fue la que presentó mayor gravedad, ni la de la señora Shutaleva. La relevancia de esta prueba consiste en determinar cómo siendo el estado de salud de sus señores padres (sus cuidadores) parte de su entorno para los años del 2006 al 2007, se pudo haber visto afectada la menor de edad aquí demandante. Luego este Tribunal concluye respecto de la señorita Lian Tsafrir Shutaleva que previo a su nacimiento durante su gestación y luego del mismo, se desenvolvió en un ambiente y entorno nocivo en el plano sanitario y emocional por las afectaciones sufridas por sus progenitores, exacerbada para el caso de su padre, con quien habría pasado mayor tiempo con causa en que éste laboraba en la casa de habitación de ambos. Esta cámara de Juzgadores estima que con causa en la conductas desplegadas por las partes demandadas, siendo que esta parte actora se gestó biológicamente en momentos en los que su señora madre enfrentaba las circunstancias descritas, tanto como luego de su nacimiento, a lo que se suma intensidad de las afectaciones que en el plano psicológico y físico presentada su padre Tsafrir, en ambos casos en nexo causal con aquellas acciones u omisiones que hemos estimado son base de imputación y que hemos determinado como la prestación anormal de servicios asociados a las tareas de control y fiscalización en protección a la seguridad y la salud de estas personas, y claro, de la persona menor de edad demandante, tornan procedente la acción, existiendo base de imputación para el reproche de responsabilidad formulado en representación de la señorita Lian Tsafrir Shutaleva, quien sufrió las consecuencia de un entorno deteriorado con causa en lo actuado por estas partes accionadas. Resultan relevantes las declaraciones en este sentido, dadas en juicio por el señor Noam Amir, en relación con las del doctor José Luis Salas Jerez, de las que se extrae indirectamente al menos, que esta persona menor de edad se vio afectada por su entorno y la circunstancias en las que se encontraron, su madre, pero en especial su padre, señor Tsafrir, con quien compartía mayor cantidad de tiempo en su hogar, siempre considerando que ella sufrió las consecuencias de los efectos que como hemos indicado, son imputables a las partes demandadas. Estas afectaciones sobre la base de la más simple experiencia humana, sin duda se proyectan en las condiciones anímicas, incluso y particularmente de la menor, de las que algunos datos suministraron los testigos mencionados en torno a su conducta, por lo que consideramos que experimentó sufrimiento, calificado y reforzado por su edad, siendo de las partes demandantes la más vulnerable a tempranas edades, frente a factores externos tan negativos como los que se encontraban presentando. Así las cosas, estimamos que esta persona menor de edad accionante sufrió injustamente sin que la condición particular de su señor padre, le pueda ser imputable o constituir el hecho de un tercero, siendo sus padecimientos también causa o efecto de las conductas ilegítimas adoptadas de las Administraciones Públicas demandadas y que explican la conducta posterior que mostró esta menor en un marco de deterioro afectivo en su núcleo familiar. Consideramos en este sentido importante la declaración en juicio rendida bajo la fe del juramento por parte de quien se identificó con el nombre de José Luis Salas Jerez, Médico, especialista en Psiquiatría, cuyas manifestaciones merecen total credibilidad a este Tribunal, mostrándose seguro y con conocimiento elevado en la materia. Indicó este Profesional que conoce al señor Tsafrir con ocasión del ejercicio profesional y a su esposa, así como a la hija de ambos, a quien indicó que en el pasado le dio alguna atención sin mayor detalle. En lo que interesa, indicó que estos factores externos afectaron al señor Tsafrir al grado de desarrollar estrés crónico -más allá de lo normal- y además, expresó en relación con su entorno familiar, que este se vio afectado, como se vio afectada su relación de pareja y además, la conducta de la niña. Esto último, considera que correspondió a una afectación secundaria, dada la sensibilidad de los niños hacia estos problemas, sobre todo en épocas en las que el señor Tsafrir presentaba mucha irritabilidad. Además, indicó que en relación con esta niña, la situación del señor Tsafrir incidió en su rol paterno, con poca tolerancia a la frustración, generando irritabilidad, enojo y frustración, lo que por épocas pudo tornar su relación en dificultosa y que en la época en que trató a la hija del señor Tsafrir, estaba tensa, ansiosa, con cambios en su estado de ánimo, lo que relacionó con la capacidad de sus padres de transmitirle tranquilidad, siendo el lenguaje verbal y no verbal muy importante para los niños, por lo que claro, que debió haber afectación a ese nivel. Indicó en respuesta a preguntas formuladas por este Tribunal, que    el rol del señor Tsafrir en su núcleo familiar lo es de líder, protector. Para este Tribunal se constata así como las circunstancias del entorno en que se desarrollaba propiciadas por la anormal prestación de servicios en materia de control y/o fiscalización en materia de salud y medio ambiente,    la persona menor de edad demandante por parte del Ministerio de Salud y la Municipalidad de Escazú en su conjunto, terminaron afectando a la aquí accionante Lian Tsafrir Shutaleva emocionalmente, lo que constituye un daño moral de corte subjetivo que no se encontró mandada legalmente a soportar, imponiéndose la condena a ambas Administraciones Públicas demandadas, a su resarcimiento vía condena. También somos del criterio, de que la imputación de responsabilidad habrá de ser asignada a cada una de estas partes demandas por igual, pues en nuestro criterio, contribuyeron con sus conductas ya activas ya omisivas en igual proporción al resultado dañoso de interés. Siendo ello así, estimamos adecuado indemnizar a esta parte accionante por el daño moral de corte subjetivo que se le causó y en ese entendido siguiendo la misma línea de reproche, se condena a la Municipalidad de Escazú y al Estado al pago en favor de Lian Tsafrir Shutaleva de la suma de diez millones de colones que deberá cancelar cada una de estas partes accionadas en ese mismo importe, para un total de de veinte millones de colones, sumas sobre las que deberán reconocer intereses al tipo legal, a ser computados partir de la firmeza del presente fallo y hasta su efectivo pago. Por tratarse de una obligación de valor, no se concede la indexación sobre ese rubro. Los restantes extremos se rechazan integralmente entendidos. En relación a otras afectaciones dañosas, si es que la intención de la representación de esta parte demandante lo fue su indemnización, se rechaza la demanda en lo que toca a los daños identificados como los ocasionados en la casa de habitación de la señora Shutaleva por los procesos constructivos de interés, como calentamiento; cambio en las condiciones de las corrientes de los vientos; efecto bote de basura; peligro de desprendimientos; efecto sombra; efecto eco, todo porque no media elemento de convicción alguno al respecto, no habiéndose demostrado nada sobre el particular, mediante prueba que estimamos, habría debido ser de corte técnico. Por otra parte, lo que se identificó como cierre de ventanas, cortinas y puertas, corresponde según lo entendemos, a una molestia más, que afrontaron en cada caso los demandantes, que en este caso no explican cómo y en qué medida pudo haber afectado a la menor en el plaño moral, aún y admitiéndose que ello ocurriera, a lo que se suma que no explican las partes actoras, se derivado de esos específicos hechos se hubiere generado daño moral subjetivo u otro. También se rechaza el reclamo relacionado con el uso de ventiladores industriales para los estacionamientos subterráneos, porque quienes demandan no hicieron referencia a esta situación en los hechos de la demanda de modo que no formó parte de lo debatido, y en consecuencia, no se logró ubicar esta afectación como ocurrida en el año 2007 al menos, data hasta la que alcanzan los hechos comprendidos en la demanda y su ampliación. Habremos de aclarar que ninguna de las Administraciones Públicas demandadas es solidariamente responsable por las actuaciones de la otra, bastando con indicar que no existe norma en el ordenamiento jurídico que así lo disponga, y porque en la materia de sus potestades deberes legales, cada cual tratándose de organizaciones administrativas no vinculadas en ese tanto, ha de responder por las actuaciones que se pudieron determinar son de su autoría.-

XVI.- Sobre la demanda en lo que se dirigió en contra de las empresas demandadas. Las partes actora han demandado en contra de las compañías denominadas Grupo Meridiano de Centroamérica Sociedad Anónima; Construcciones KMC Sociedad Anónima; Grupo Roble Internacional de Costa Rica Sociedad Anónima; y Parque Central Sociedad Anónima, para que se les condene por igual, al pago de una suma global, a título de indemnización por los siguientes daños: DAÑO ECONÓMICO, constituido por la pérdida de ingresos "anteriores", daños a la propiedad (tapia posterior, área de entretenimiento y piscina), daño a la salud de la familia (patologías y/o costos asociados a servicios de salud); y los daños a la niñez (entendemos, los sufridos exclusivamente por la señorita Lian Tsafrir Shutaleva) todos los cueles se estimaron en la suma global de $2.000.000,°°; DAÑO MORAL OBJETIVO Y SUBJETIVO, esto por la suma de $1.000.000,°°, en relación con el cual, se habría hecho mención a sufrido con causa en las molestias generadas por los procesos constructivos, como las asociadas a la producción de ruido ensordecedor (incluso a deshoras y días festivos) basura y otros desechos, polvo en exceso, incluso de cemento, en general contaminación, el paso de camiones, transporte y ubicación o traslado de materiales de construcción; y PERJUICIOS, constituidos por la pérdida del valor de la propiedad y la pérdida de ingresos a futuro, estos se estimaron en $1.680.000,°°. Las partes demandantes, no individualizaron esto que pretenden en relación a ninguna de estas partes demandadas, ni en las pretensiones, ni en los hechos. En tanto, esta Cámara con el afán de que se aclarase algo al respecto, se dirigió a la representación de la parte actora durante la audiencia complementaria, previo a dar inicio a la escucha de los alegatos de conclusiones el día 04 de agosto del 2017, la que afirmó que se estaría pretendiendo la condena en contra de la totalidad de estas partes accionadas a título de responsabilidad solidaria, y que los importes de la condenatoria, deberían ser distribuidos entre todas, lo que no se encuentra referido en el texto de la demanda. Dicho esto, es el criterio de este Tribunal que en lo que los accionantes demandaron en contra de las compañías denominadas Grupo Meridiano de Centroamérica Sociedad Anónima; Construcciones KMC Sociedad Anónima; Grupo Roble Internacional de Costa Rica Sociedad Anónima; y Parque Central Sociedad Anónima, la demanda debe ser declarada sin lugar en todos sus extremos, por las razones que pasamos a explicar. Iniciamos indicando que en nuestra opinión, las partes actoras no individualizan en su escrito de demanda, la base de imputación de responsabilidad civil extracontractual que reclaman a cada una de estas empresas, lo que estimamos, es condición formal procesal indispensable que en este caso por ausente, impide entrar en mayores consideraciones de fondo. La base de imputación en el plano de los hechos, que habría de suponer la procedencia de lo pretendido no es clara, al punto que se desconoce, y reconstruirla no es rol que corresponda a la Autoridad Judicial, so pena de colocar a etas partes accionadas en estado de indefensión e incurrir respecto de los hechos, en incongruencia. Debe recordarse que desde el punto de vista procesal, sobre el concepto de pretensión procesal y causa de pedir, ambos aspectos constituyen límite que se impone a la autoridad judicial a la hora de resolver un caso concreto conforme la reiterada jurisprudencia emanada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, de la que ya hicimos referencia en el resultando I.2, del presente fallo. Consideramos que en doctrina por otra parte, ya sea que se parta de la teoría de la individualización o sustanciación, los sujetos, el objeto y la causa de pedir, son los tres elementos constitutivos de la pretensión, sea, el basamento sobre el que se erige aquello a lo que se aspira acceder en sentencia. Ciertamente estimamos que la demanda puede ser fallada recurriendo a la totalidad del ordenamiento jurídico, incluso en lo que no haya sido referenciado por quienes demandan, pero los hechos y lo que se lo que se pretende, no ofrecen esa flexibilidad, salvo por el curso normal que permite el ordenamiento jurídico procesal (artículos 46, 55, 68, 90.2 y 95, todos del Código Procesal Contencioso Administrativo). Sobre el particular, estimamos oportuno hacer referencia al concepto procesal identificado como pretensión y particularmente, a la causa de pedir, como límite impuesto al juzgador, por considerar esta Cámara lo que sigue pertinente a los efectos del dictado de la presente sentencia. La Sección décima de este Tribunal Contencioso Administrativo, en su sentencia N° 17-2008 de las13:40 horas del 30 de septiembre del 2008, esbozó el siguiente análisis en lo que interesa, que con respeto, estimamos adecuado: “VI.- Los conceptos de pretensión procesal y causa petendi, han sido caracterizados por parte de la doctrina, de la siguiente manera: "La pretensión procesal constituye un acto emitido por el actor, en ejercicio de su derecho de acción mediante el cual solicita de un órgano jurisdiccional que desarrolle una actividad frente a una persona determinada en relación con un bien de la vida (Ver S1C 42 14:45 23 de agosto de 1985). // Lógicamente la petición lo será de una consecuencia jurídica derivada de una norma, y la causa de pedir consistirá en la afirmación del acaecimiento de los hechos a los que la norma liga la consecuencia solicitada. // En la definición propuesta se han señalado ya diversos elementos de la pretensión: sus sujetos, el petitum y la causa petendi; y asimismo se ha hecho mención de hechos, consecuencia jurídica y norma. En el próximo epígrafe veremos con más detalle cuáles son los elementos de la pretensión y concreción en el proceso administrativo, así como el alcance de las alegaciones fácticas y jurídicas en su identificación y fundamentación (...) b) Elementos objetivos // a) Petitum// Mediante el planteamiento de la pretensión el actor solicita del tribunal una actuación determinada que, como veremos al clasificar las pretensiones, puede tener un contenido diverso: la declaración de un derecho o un interés, la creación, modificación o extinción de la relación jurídica, la condena a la realización de una relación jurídica, la condena a la realización de una determinada prestación. A este elemento de la pretensión se le denomina petitum. (...). Aunque posteriormente examinaremos los distintos tipos de pretensiones en atención a su petitum, conviene dejar sentado desde ahora que el elemento definidor de la petición administrativa, normalmente es un acto o disposición general, eventualmente contratos, o simples actuaciones materiales. En consecuencia dicha solicitud forma parte esencial de la pretensión administrativa. // b) Causa petendi // La pretensión no queda suficientemente individualizada con la formulación concreta de la petición. Resulta necesario brindar al órgano judicial una causa o título de pedir que indique al juez o Tribunal cuál es el conflicto (o la parcela del conflicto) sobre el que debe pronunciarse. Este nuevo elemento, la causa petendi, como señala GUASP, no constituye el fundamento de la petición, no sirve como cimiento de la pretensión, sino que funciona más bien como muro que encierra, dentro de los límites que define, el objeto del proceso (...)" (Gimeno Sendra, Vicente y otros, Derecho procesal administrativo costarricense, Editorial Juricentro, San José, 1994, ps. 259-262; ...).- VII .- (...). ... en el proceso contencioso-administrativo (...), es de plena aplicación el principio dispositivo. Ese principio procesal ha sido muy bien caracterizado por este Tribunal, de la siguiente manera: "IX. En Costa Rica el proceso sigue el principio dispositivo. Las pretensiones, las oposiciones, el ofrecimiento de pruebas, las conclusiones son patrimonio exclusivo de las partes. El principio inquisitivo es el opuesto, propio de los sistemas autoritarios y dictatoriales, donde el juez dispone sobre los alcances de la pretensión, las posibilidades de las oposiciones (incluso defendiendo a una de las partes, bajo el argumento de la defensa al más débil), y disponiendo de prueba no ofrecida por las partes para la determinación de una cierta “verdad real” impuesta por el interés público. (...)". (El resaltado no es del original). La sentencia de la que hacemos cita en parte, ilustra y adelanta sobre lo que se dirá. Agregamos que el derecho de acción -con rango constitucional como derivación de lo dispuesto en el artículo 41 de la Carta Magna- se materializa a través del escrito de demanda. En su ejercicio, habría de mediar únicamente la libre voluntad de quien lo ejerce, no siendo permitido imponer otra voluntad que no lo sea la del titular de este derecho de acción, salvo excepciones calificadas y/o reforzadas expresamente dispuestas por el Legislador. Si del Derecho Público se trata y dentro de este el Administrativo, neurálgico para el éxito de una acción lo es predeterminar frente a qué tipo de actividad pública se encuentra el administrado que estima haber recibido de ella alguna afectación en sus derechos subjetivos o intereses legítimos, pues de ello dependerá en buena técnica jurídica el tipo de pretensión a formular. En esta línea de ideas, si la presentación de la demanda a estrados judiciales supone el eje cronológico de lo que habrá de ser el proceso, el texto que corresponde lo que se pide (las pretensiones) habrán de constituir el eje lógico sobre el que pivoteará en su totalidad la actividad procesal, incluso la sentencia, de ahí su enorme importancia. Aquí reviste de enorme importancia el concepto de congruencia que debe mediar en el fallo judicial. Refiere lo anterior conforme así lo ha establecido la jurisprudencia nacional en la materia, a la necesaria relación que debe hacerse reflejar dentro del fallo judicial entre lo pedido por las partes y la causa de pedir, sea, LOS HECHOS esbozados en el escrito de demanda o introducidos al proceso en apego con la normativa procesal vigente, y lo resuelto en el fallo de fondo. LA SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ha indicado de forma recurrente, ha indicado que, se produce incongruencia en el fallo judicial si el Juez obvia lo siguiente: “...- el juzgador ve limitadas sus facultades al cuadro fáctico aportado por las partes, así como a los pedimentos formulados oportunamente, sobre los cuales observa una restricción en cuanto a su deliberación y análisis, es decir, su área funcional está circunscrita a estos factores. De lo anterior se colige que los hechos y las pretensiones constituyen el marco inexorable dentro del cual debe resolver el caso, a la vez que le imponen los límites para su ejercicio jurisdiccional. Dicho de otro modo, en su fallo no es viable trasponer los linderos definidos por los hechos, lo pedido y alegado por las partes. (...). V.- Conforme lo expuesto, es a las partes a quienes corresponde relatar y demostrar los hechos sobre los cuales fijan sus pretensiones o excepciones. Lo anterior dado que la formulación del cuadro fáctico es la base de aquellas, y estas a su vez encuentran su sustento en los hechos alegados. La importancia de este aspecto dentro del marco de la congruencia procesal ya ha sido objeto de desarrollo por parte de este órgano colegiado”. (El resaltado y subrayado no es del original). Esto, relacionado con lo expresado a este punto del presente fallo, impone un deber del litigante, al tiempo que un límite al ejercicio de la Administración de Justicia desde la óptica finalista, que se proyecta a la hora de ser resueltos los diversos conflictos por la Autoridad competente, debiendo ser estos fallados de la manera más transparente, objetiva, equilibrada e imparcial posible, en el marco del derecho de acción y de defensa. Y es que no podría ser de otra forma, pues el ejercicio de la defensa debida se practica o ejerce también a partir de los hechos sobre los que se da conocimiento a la parte demandada de la existencia de una acción incoada en su contra, sea, los hechos sobre los que se sustenta y el fundamento jurídico con que el demandante espera se le dé la razón. Luego, LOS HECHOS QUE NO HAYAN SIDO FORMULADOS, AUNQUE RELEVANTES, no pueden ser ponderados por el Juzgador a la hora de fallar, salvo por las vías previstas por el propio ordenamiento jurídico procesal, en lo que garantizan que previo a ello, hayan sido introducidos al debate oportuna y adecuadamente, así como puestos en conocimiento de las partes, de modo que haya mediado la audiencia respectiva para que se pronuncien al respecto y si es del caso, aporten contraprueba. Lo pertinente se encuentra estipulado en el Código Procesal Contencioso Administrativo, artículos 46, 55, 68, 90.2 y 95. Citando EL MISMO FALLO DEL ALTO TRIBUNAL DE CASACIÓN, se ha sostenido reiteradamente como sigue: “… la ley preceptúa que es a las partes a quienes corresponde, exclusivamente, fijar los hechos concernientes a la causa, alrededor de la cual estructuran la petitoria. (…) El interés palmario ahí reflejado de que se definan claramente los hechos relativos a la causa, propende a apercibir debidamente a la contraparte sobre los extremos con arreglo a los cuales deberá ejercer su defensa; a la vez, a propiciar el orden indispensable dentro del cual ha de transcurrir el debate judicial, pues de otra forma se entronizaría la anarquía en éste. (...). Según se infiere de lo expuesto, el conocimiento judicial ha de estar ceñido a un poder absoluto reconocido a las partes en orden a la determinación del cuadro fáctico.    Sea, en su fallo, el juez no podrá trasponer los linderos definidos por lo pedido, alegado y probado por aquéllas.    (…) Los hechos, (...), configuran, precisamente, una de esas cuestiones dependientes de la iniciativa de las partes, enmarcada en la acción instaurada.    (...).    Como se ve, a la luz de nuestro derecho procesal positivo, consonante con los principios doctrinales antes comentados, a las partes les asiste un poder absoluto dimanante de la exposición de los hechos, el cual marca el radio de acción dentro del cual ha de moverse el Juez al resolver sobre la procedencia o improcedencia de los extremos petitorios sometidos a su consideración.    El fallo que desdeñare ese poder incurrirá irremisiblemente en el vicio de incongruencia ....” (Sentencia número 14-F-94 de las 11 horas 35 minutos del 25 de marzo de 1994). (El resaltado y subrayado no es del original). Finalmente, para que un hecho pueda haberse encontrado sujeto a análisis, debate, admisión de la prueba, su valoración de modo consecuente, y luego fundamentar una resolución judicial, por lógica de la más simple debe de haber sido introducido al proceso. Nada dice lo anterior respecto de que medie o no prueba de su existencia, cuando lo medular es que haya sido parte de la causa de pedir legítimamente introducida por la parte demandante al menos, luego debatida en el proceso tomándose nota que se trata de un requisito formal indispensable en el escrito de demanda. en este sentido , no está por demás hacer cita de lo dispuesto en el artículo 58 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que en lo conducente reza así: "1) ... el actor deberá incoar su demanda en la que indicará, necesariamente: (...) b) Los hechos y los antecedentes, en su caso, relacionados con el objeto del proceso, expuestos uno por uno, enumerados y especificados". (El resaltado y subrayado no es del original). La acción de especificar, implica necesariamente en nuestro criterio, "precisar" datos fácticos en el escrito de demanda, diferenciándolos con claridad de otros, esto es, expresar de forma clara la individualidad del hecho con un mínimo de rigor formal, preciso. La defensa de la parte demandada depende de ello. Cuando las partes son demandadas en el marco de un proceso civil de hacienda, se debe especificar en el plano fáctico la base de imputación para cada cual, si no están vinculadas. En otro orden de ideas, resulta claro que de introducir el Tribunal hechos al proceso, por sobre los que las partes involucradas han introducido por su cuenta conforme al derecho procesal, y hacerlo con, o en el dictado de la sentencia pese no haber sido parte del debate, comprendería ello un vicio de incongruencia grosero que generaría en aquel a quien perjudique, un evidente y manifiesto estado de indefensión. Otras sentencias de la Sala Primera de la Corte Suprema de justicia al respecto, son N° 35 de las 14 horas 40 minutos del 29 de marzo de 1996, N° 82-F-2005 de las 14 horas 15 minutos del 22 de febrero del 2005 y N° 421-2013 de las 14 horas 50 minutos del 9 de abril de 2013 de esta Sala. Por supuesto que la congruencia referida tampoco importa ciertas variaciones susceptibles de reflejarse en aquellos hechos a los que la Autoridad Judicial califique de probados en la sentencia, pero siempre y cuando respecto de éstos, expresados o no, hayan tenido oportunidad las partes de expresarse, traer prueba o contraprueba al proceso, y por supuesto, no se haya generado con ello indefensión. Los hechos deben haber sido introducidos al debate en este sentido. Dicho esto, la base de imputación de responsabilidad civil, particularmente en un proceso como el presente, que lleva esta naturaleza en lo que se demanda en contra de sujetos vinculados en relación jurídica procesal, cuyas conductas se encuentran nómadas en este tanto por el Derecho Civil, es medular para el éxito de una demanda, y esta guarda plena identidad con los hechos, no cualquier hecho, sino los esgrimidos en el escrito de demanda, que siéndolo en el marco de las reglas procesales que informan el proceso contencioso administrativo al igual que el civil, el eje lógico a partir del que se determina en ese plano lo que es controvertido, conduce o habría de conducir a la admisibilidad de la Prueba. Otros hechos no pueden formar parte de lo debatido. Para ilustrar lo anterior casi que para efectos didácticos, el Código Procesal contencioso Administrativo dispone en su artículo 58, inciso 1), aparte b), que: "Agotada la vía administrativa cuando así se elija o dentro de los plazos previstos en los artículos 34, 35 y 39 de este Código, el actor deberá incoar su demanda en la que indicará, necesariamente: (...) b). Los hechos y los antecedentes, en su caso, relacionados con el objeto del proceso, expuestos uno por uno, enumerados y especificados. (...)". (El resaltado y subrayado no es del original). Este numeral debe ser correlacionado con el artículo 90 del mismo cuerpo normativo adjetivo, que refiere a los deberes que recaen sobre el Juez Tramitador en la etapa del proceso correspondiente, que en lo que interesa reza así: 1) En la audiencia preliminar, en forma oral,    se resolverá: (...) e) La determinación de los hechos controvertidos y con trascendencia para la resolución del caso y que deban ser objeto de prueba. (...). (El resaltado no es del original). A partir de esta disposición, resulta necesario advertir que pese a que en el    artículo 58, inciso 1), aparte b) en lo que refiere a "los antecedentes", por disposición legal la prueba ha de admitirse en relación a los hechos controvertidos contenidos en el escrito de demanda, si son de trascendencia por necesariamente ser objeto de prueba, para resolver la litis. Agregamos que en nuestro parecer, el hecho sobre el que se debe admitir la prueba, guarda identidad con un presupuesto fáctico que debiendo se especificado y que por haber sido rechazado total o parcialmente por la contraparte, así como por resultar necesaria su comprobación por ser trascendente, conduce a la necesaria la admisión de la prueba. Nos detenemos para indicar que en consecuencia con lo anterior, lo decidido por el Juez o Jueza en la fase de trámite, no vincula al Tribunal de Juicio. Luego y lo que sigue expresado con respeto, en el escrito de demanda los aquí accionantes no describen hechos que individualicen las conductas que habiendo sido desplegadas por cada una de estas empresa demandadas de modo autónomo, habrían de servir de base de imputación de la responsabilidad que se reclama, relacionado esto con el objeto del proceso, esto es, con lo que se pretende les sea concedido en sentencia. Al inicio de la celebración de la audiencia complementaria, a requerimiento de esta Cámara por lo confusa que resulta la demanda en este sentido, quien actuó como representante de los demandantes pretendió aclarar a este Tribunal que la responsabilidad que se reclama es solidaria, así como que, en ese tanto, debería de ser distribuida en lo que se reclaman importes dinerarios de modo global, entre todas las partes demandadas, lo que no está peticionado conforme los extremos de la demanda determinados en la audiencia preliminar. En este sentido, si bien el artículo 326 del Código Civil dispone que, en: "Caso de que el acto u omisión que motive la indemnización fuere de dos o más individuos, todos quedarán solidariamente obligados a indemnizar", ello no obsta para que en el plano procesal, no se deban individualizar los hechos a partir de los cuales se habría de tener por demostrado tal acto, o en su caso omisión y sus efectos en lo que le podría se imputado por su autoría, a cada parte demandada. De no proceder quien demanda como corresponde, resulta claro para este Tribunal que como en el presente caso, se colocaría a las partes demandadas en estado de indefensión al tener que dar contestación a la demanda, y luego ofrecer prueba en exclusiva función de esos hechos, para que luego la Autoridad Judicial reconstruya el cuadro fáctico formulado en la demanda en procuda de provocar su procedencia. Consideramos que para poder ser fallado en el caso concreto sobre lo que se pide, este Tribunal tendría que realizar por su cuenta esa individualización, esto es, construir la base de imputación que no se encontró referida en el escrito de demanda, lo que no resulta procedente, donde es deber de quien acciona ser claro y preciso al respecto, con un mínimo de rigor formal en técnica jurídica procesal. Veamos, tal y como lo advertimos atrás en el plano fáctico, la demanda supone que se condene a todas las empresas demandadas, al pago de "daño económico", daño moral (objetivo y subjetivo) así como a los perjuicios sobre una misma base de imputación en términos generales expresada, sin especificar. Lo así pretendido no se encuentra individualizado, esto es, se pretende lo mismo para todas las empresas demandadas cual condena. Luego, la defensa esperable que cada una de estas partes accionadas habría de hacerse efectiva en cuanto a los hechos que se les imputan, hechos que tampoco se encuentran especificados. Entonces, tomando en cuanta que el objeto del proceso supone una pretensión de condena a la totalidad de las partes demandadas, de derecho público y privado por igual, se tiene que en el plano fáctico, de los hechos primero al trigésimo quinto quienes demandan proponen lo que sigue: hecho I, aspectos sobre el plan regulador del Cantón de escazú que no son objeto del presente proceso (nada del plan regulados comprende actividad administrativa formal que haya sido impugnada en la presente causa); hecho II, la actuación de una tercera Administración Pública, no vinculada en la presente relación jurídica procesal; hecho III, la identificación de la propiedad que dicen quienes demandan, es de su propiedad, y su cercanía con dos de los inmuebles propiedad de algunas de las empresas demandadas; hecho IV, la ubicación del inmueble de esta familia respecto al plan regulador respectivo; hecho V. que a pesar de que el uso del área en que se encuentra la propiedad de la familia Tsafrir es residencial, la Municipalidad demandada ha tolerado otros usos (no siendo objeto de impugnación las licencias constructivas); hecho VI, refiere a los permisos de construcción otorgados por la Municipalidad demandada a las compañías demandadas, permitiendo con ello construcciones que habrían alterado (actos que no son objeto del proceso); hecho VII, un aspecto temporal en que habrían sido realizadas todas las edificaciones (no se especifica cuál); hecho VIII, sobre el permiso de construcción otorgado a una de las empresas demandadas; hecho IX, sobre una conducta desplegada por un órgano de la Municipalidad de Escazú; hecho X, sobre una conducta desplegada por un órgano de la Municipalidad de Escazú; hecho XI, sobre el permiso de construcción de una de las empresas demandadas y lo que habría informado la Municipalidad a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con ocasión del trámite de una acción por la vía del recurso de amparo ante tal autoridad judicial; hecho XII, sobre una conducta desplegada por un órgano de la Municipalidad de Escazú; hecho XIII, sobre la edificación levantada por una de las empresas demandadas; hecho XIV, sobre una conducta desplegada por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica; hecho XV, sobre el período de embarazo por el que habría transitado la señora Shutaleva mientras se ejecutaban los procesos constructivos; hecho XVI, sobre los efectos generados por todas las empresas demandadas (sin especificación alguna); hecho XVII, sobre las consecuencias que todas las construcciones generaron, sobre la vivienda de la familia Tsafrir y otras molestias, así como efectos en la salud de las partes actoras, generadas por los procesos constructivos (sin especificación alguna); hecho XVIII, sobre intentos o acciones frustradas, desplegadas con el objetivo de vender la casa de habitación de los actores; hecho XIX, sobre la forma insistente en que la familia Tsafrir se dirigió a entidades públicas varias (la mayoría no fueron demandadas en la presente causa) en protección de sus intereses; hecho XX, sobre manifestaciones que habría hecho la Municipalidad demandada ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; hecho XXI, sobre o que el Ministerio de Salud habría concluido sobre la competencia para conocer sobre las denuncias del señor Tsafrir; hecho XXII, sobre reuniones que el señor Tsafrir habría sostenido con diversas Administraciones Públicas; hecho XXIII, sobre una conducta desplegada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos el relación a las, o alguna, de las edificaciones levantadas al rededor de la casa de habitación de los actores; hecho XXIV, sobre una denuncia de tercera persona presentada ante la Municipalidad de Escazú; hecho XXV, sobre la presentación de varios recursos de amparo y cómo fueron resueltos por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de justicia en contra del Ministerio de Salud y/o en contra de la Municipalidad de Escazú y cómo fueron resueltos; hecho XXVI, sobre la emisión de un oficio de la Defensoría de los Habitantes; hecho XXVII; sobre una conducta del Tribunal Ambiental Administrativo; hecho XXVIII, sobre un análisis hecho por la Contraloría General de la República sobre la situación urbanística en el Cantón de Escazú y el desempeño al respecto de dicha Municipalidad; hecho XXIX, sobre unas declaraciones dadas por un funcionario municipal a un medio de comunicación; hecho XXX, sobre la instalación por parte de una de las empresas demandadas de un parqueo dentro de la Urbanización Quintanar y el uso que posteriormente se le dio al área respectiva; hecho XXXI, sobre un informe de la Contraloría General de la República sobre la cantidad de inspectores con que contaba la Municipalidad e Escazú: hecho XXXII, sobre un informe de de la Contraloría General de la República sobre el desempeño de la Municipalidad de escazú en materia de la fiscalización efectiva de los las construcciones en el cantón respectivo; hecho XXXIII, sobre la conclusión las construcciones y la ausencia de notificación a los actores de la existencia de un plan de mitigación que las empresas demandadas hubieren presentado como lo habría ordenado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; hecho XXXIV, sobre las condiciones emocionales y psicológicas de los actores (aquí no se especifica ni individualiza la base de imputación), y hecho XXXV, sobre el uso como casa de habitación que los actores siguen dando al inmueble de interés. Fueron introducidos al proceso 5 hechos más por la vía de la ampliación a la demanda, que por innecesario dejamos de relacionar, siendo que refieren exclusivamente al estado de salud de uno de las aquí personas demandantes. En total, la demanda comprendió 40 hechos, que fueron sobre los que durante la celebración de la audiencia preliminar, se determinó cuáles de ellos eran controvertidos o no, y se admitió la prueba, integralmente entendida. Una vez que este Tribunal ha hecho un repaso por el apartado en el escrito de demanda correspondiente a los hechos (causa de pedir) asociado esto esa base de imputación sobre la que se requiere la condena al pago de daños y perjuicios por igual, para todas estas empresas, se tiene que los mismos no se encuentran especificados, menos individualizados, esto es, que no proporciona este apartado del escrito de demandada datos en el plano fáctico, diferenciandolo estos hechos entre unos u otros, esto es, no lograron expresar los demandantes con un mínimo de rigor formal en observancia de lo dispuesto en el artículo 58, inciso 1) apartado b), los hechos y los antecedentes, en su caso, relacionados con el objeto del proceso, expuestos uno por uno en orden cronológico, enumerados y especificados, agregamos, de forma clara he individualizada con un mínimo de rigor formal, lo que debió resultar preciso, siendo esta la causa de pedir en lo fáctico sobre la base de la que se pide la condena al pago de daños y/o perjuicios, de sociedades anónimas en lo que cada una de ellas desplegó una actividad constructiva de modo autónomo, de modo que ello permita a estas partes demandadas ejercer una adecuada defensa de sus intereses y permitir al Tribunal el dictado de un fallo que por el fondo, permita un análisis de atribución de responsabilidad adecuado, so pena de incurrir en desequilibrio procesal, pues tendría que reconstruir la base de imputación en cada caso, lo que se encuentra vedado desde el punto de vista procesal. Estas partes demandadas debieron se colocadas en posibilidad de conocer qué hecho sí y cuáles no, les son a cada uno imputados por su autoría por las partes accionantes, no estando obligadas desde un punto de vista procesal, a referir si aceptan o rechazan hechos que les pudiesen resultar ajenos. Consideramos, que para fallar por el fondo, con absoluta independencia de si, otros hechos no expresados, existieron y habrían podido de demostrarse tornar procedente lo que se peticiona, este Tribunal tendría que introducirlos por su cuenta una vez superada la etapa de juicio oral y público, sin haber sido incorporados por las partes demandantes como es su deber procesal. Actuar de esa forma, considera este Tribunal, comprometería su deber de preservar en el trámite del proceso judicial el equilibrio procesal entre las partes, y en consciencia, su imparcialidad. Como efecto de todo lo anterior, quienes demandan no esbozaron hechos en su escrito de demanda que puedan servir en un plano procesal, como causa o base de imputación de la responsabilidad que reclaman en contra de cada una de estas empresas codemandadas por el despliegue autónomo una frente a la otra, de conductas asociadas a cada proceso constructivo, que dicho sea de paso, en análisis en el plano jurídico dado en el marco de la responsabilidad civil extracontractual propio del régimen del derecho civil, artículos 1045, 1048 y siguientes del Código Civil, La demanda es totalmente ayuna de estructuras argumentativas incluyendo los hechos, que permita individualizar qué conducta es específicamente imputable a cada empresa demandada y en ese tanto, carece de fundamentación jurídica. En consecuencia, no habiendo acreditado las partes demandantes por razones formales, la causa de imputación en cada caso desde lo fáctico y jurídico (causa de pedir) cualquiera que haya sido su intención en lo que accionó en contra de Grupo Meridiano de Centroamérica Sociedad Anónima; Construcciones KMC Sociedad Anónima; Grupo Roble Internacional de Costa Rica Sociedad Anónima; y Parque Central Sociedad Anónima, se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos no siendo resorte del la Autoridad Judicial solventar tal circunstancia procesal.-

XVII.- Sobre las excepciones. Por las razones esbozadas en el cuerpo de la presente sentencia, se rechaza la excepción de caducidad interpuesta por la representación del Estado, y las compañías denominadas Construcciones KMC Sociedad Anónima, Grupo Roble Internacional de Costa Rica Sociedad Anónima y Parque Central Sociedad Anónima. Se acoge la excepción de prescripción en lo que la demanda fue dirigida en contra del Estado y la Municipalidad de Escazú, exclusivamente por parte del señor Shon Shai Tsafrir y la señora Olga Shutaleva, y sobre el resto de las excepciones formuladas por estas partes demandadas en este tanto, por innecesario se omite pronunciamiento. En lo que la demanda fue dirigida por la representación de la señorita Lian Tsafrir Shutaleva en contra del Estado, la Municipalidad de Escazú se rechaza la excepción de falta de legitimación interpuesta por ambas partes demandadas, bastando con indicar al respecto que habiendo sido esta persona menor de edad víctima de afectaciones dañosas en lo conducente, provocadas por la conducta administrativa desplegada por estas Administraciones Públicas como así lo concluyó esta Cámara de Juzgadores, y habiéndose además acreditado la existencia del daño de corte moral subjetivo y su nexo causal con tal conducta administrativa, media legitimación activa en la señorita Lian Tsafrir Shutaleva para demandarles; en relación con la cual por otro lado, se acoge parcialmente la excepción de falta de derecho en todo lo no expresamente concedido, habiéndose acreditado derecho para acceder a lo peticionado, sólo en parte. En lo que el señor Shon Shai Tsafrir, la señora Olga Shutaleva, y la señorita Lian Tsafrir Shutaleva demandaron en contra de las compañías denominadas Construcciones KMC Sociedad Anónima, Grupo Meridiano de Centroamérica Sociedad Anónima, Grupo Roble Internacional de Costa Rica Sociedad Anónima y Parque Central Sociedad Anónima, fallando por el fondo se acoge la excepción de falta de derecho, no habiendo logrado acreditar estos demandantes la causa de imputación que por el fondo en ninguno de los casos, para lo que se remite a las partes al análisis efectuado al respecto por esta Cámara en los términos del cuerpo de la presente sentencia. Sobre otras excepciones que hayan interpuestas por estas partes demandadas, por la forma en que se falla, resultando innecesario, se omite pronunciamiento.-

XVIII.- Las costas. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. En lo que la demanda fue incoada por el señor Shon Shai Tsafrir y la señora Olga Shutaleva en contra del Estado y la Municipalidad de Escazú, las partes vencidas fueron estas partes accionantes, no obstante lo cual, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 193, inciso b), estimando esta Cámara que mediaron por la naturaleza de las cuestiones debatidas, motivo bastante para litigar, se dicta la presente sentencia en este tanto, sin especial condenatoria en costas.    En lo que la demanda fue incoada por el señor Shon Shai Tsafrir, la señora Olga Shutaleva y la representación de la señorita Lian Tsafrir Shutaleva, en contra de las compañías denominadas Parque Central S.A., Grupo Roble Internacional de Costa rica S.A. y Grupo Meridiano de Centroamérica S.A., las partes vencidas los fueron la totalidad de los aquí demandantes, pese a lo cual, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 193, inciso b), estimando esta Cámara que mediaron por la naturaleza de las cuestiones debatidas, motivo bastante para litigar, por lo que se dicta la presente sentencia en este tanto, sin especial condenatoria en costas. En lo que la demanda fue incoada por la representación de la señorita Lian Tsafrir Shutaleva en contra del Estado y a la Municipalidad de Escazú, se condena a ambas partes demandadas al pago de ambas costas. La determinación de lo correspondiente a las costas en cuanto a su importe se habrá de definir por el juez competente en la fase de ejecución de sentencia a ruego de esta parte actora y/o su representación.-

POR TANTO

Se rechaza la prueba para mejor proveer aportada por la representación de la compañía denominada Construcciones KMC S.A. Se rechaza la excepción de caducidad interpuesta por la representación del Estado, y las compañías denominadas Construcciones KMC Sociedad Anónima, Grupo Roble Internacional de Costa Rica Sociedad Anónima y Parque Central Sociedad Anónima. Se acoge la excepción de prescripción en lo que la demanda fue dirigida en contra del Estado y la Municipalidad de Escazú exclusivamente por parte del señor Shon Shai Tsafrir y la señora Olga Shutaleva y en consecuencia, por improcedente se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos en ese tanto. Sobre el resto de las excepciones formuladas por estas partes demandadas por innecesario se omite pronunciamiento. Se rechaza la excepción de prescripción en lo que la demanda fue dirigida por la representación de la señorita Lian Tsafrir Shutaleva en contra del Estado, la Municipalidad de Escazú. Se rechaza la excepción de prescripción en lo que la demanda fue dirigida por la representación de la señorita Lian Tsafrir Shutaleva, el señor Shon Shai Tsafrir y la señora Olga Shutaleva, en contra de las compañías denominadas Grupo Meridiano de Centroamérica S A; Grupo Roble Internacional de Costa Rica S.A. y Parque Central S.A.. Se rechaza la excepción de cosa juzgada interpuesta por la representación del Estado. En lo que la demanda fue incoada por la representación de la señorita Lian Tsafrir Shutaleva en contra del Estado y a la Municipalidad de Escazú, se declara de oficio que media falta de legitimación en la causa activa respecto de daño económico que incluye daños a la propiedad y pérdida de ingresos, y los perjuicios; se rechaza la excepción de falta de legitimación en lo que toca al daño moral subjetivo, y se acoge parcialmente la excepción de falta de derecho, debiéndose entender denegada en todo lo expresamente concedido. Se condena a la Municipalidad de Escazú y al Estado al pago en favor de la señorita Lian Tsafrir Shutaleva a título de resarcimiento por el daño moral de corte subjetivo que le fue causado, de la suma de diez millones de colones que deberá cancelar cada una de estas partes accionadas, para un total de veinte millones de colones, sumas sobre las que deberán reconocer intereses al tipo legal, a ser computados partir de la firmeza del presente fallo y hasta su efectivo pago. En lo que la demanda fue dirigida por la representación de la señorita Lian Tsafrir Shutaleva, el señor Shon Shai Tsafrir y la señora Olga Shutaleva, en contra de las compañías denominadas Construcciones KMC S.A.; Grupo Meridiano de Centroamérica S A; Grupo Roble Internacional de Costa Rica S.A. y Parque Central S.A. se acoge la excepción de falta de derecho y en consecuencia se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Escazú al pago de ambas costas en favor de la señorita Lian Tsafrir Shutaleva, en lo demás, se dicta el presente sin especial condenatoria en costas. La determinación de lo correspondiente a las costas en lo que alguna parte haya sido condenada a su pago, se reserva para la fase de ejecución de sentencia. Notifíquese.- Juez Ponente Felipe Córdoba Ramírez. Jueza Judith Reyes Castillo.- Jueza Alexandra Zúñiga Mora.-

 

	


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FELIPE ALBERTO CORDOBA RAMIREZ - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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ALEXANDRA DE LOS ÁNGELES ZÚÑIGA MORA - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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JUDITH REYES CASTILLO - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 11-007406-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:20:44.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV**

**Resolution No. 04613 - 2025**

**Date of Resolution:** May 16, 2025 at 12:48

**Expediente:** 11-007406-1027-CA

**Drafted by:** Alexandra Zúñiga Mora, Felipe Córdoba Ramírez, Judith Reyes Castillo

**Type of matter:** Proceso de conocimiento

**Analyzed by:** CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

**Rulings from the same expediente**

**Text of the resolution**

**EXPEDIENTE:**

11-007406-1027-CA - 6

**PROCESS:**

CONOCIMIENTO

**PLAINTIFF:**

LIAN TSAFRIR SHUTALEVA

**DEFENDANT:**

CONSTRUCCIONES KMC, S.A.

**No. 2025004613**

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN CUARTA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at twelve forty-eight hours on the sixteenth of May of two thousand twenty-five.-

Proceso de conocimiento filed by Mr. SHON SHAI TSAFRIR, with a single surname due to his Israeli nationality, who is of legal age, in a common-law union, a merchant, residency card No. 137600017713; Mrs. OLGA SHUTALEVA, with a single surname due to her Russian nationality, who is of legal age, in a common-law union, human resources manager, residency card No. 164300010514; and LIAN TSAFRIR SHUTALEVA, who is a minor, identity card No. 1-1989-0142, the latter represented by the first two in the exercise of parental authority (patria potestad), all residents of San José, Guachipelín de Escazú, 250 meters north of “Plaza Mundo,” “Urbanización Quintanar,” against the STATE (ESTADO), represented by the Deputy Procurador Mr. Esteban Alvarado Quesada, who is of legal age, single, an attorney, a resident of Cartago, identity document not indicated; the MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ, legal entity ID No. 3-014-042050, represented by its special judicial attorneys-in-fact, Carlos Alberto Herrera Fuentes, single, resident of San José, Hatillo Siete, identity card No. 1-1037-0686; Carlos Andrés Canales Sáenz, resident of Alajuela, identity card No. 1-902-922; Gisselle Ulloa Sasso, identity card No. 1-1118.0194; and Patricia Chaves Bermúdez, resident of San José, Tibás, identity card No. 1-905-595, all of legal age, and attorneys, the latter three also married; and the companies named GRUPO MERIDIANO DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA, legal entity ID 3-101-328345, represented by its President, with powers of generalísimo attorney-in-fact without limit of sum, Mr. León Mayer Giberstein, who is of legal age, married, Civil Engineer, identity card No. 1-543-944; CONSTRUCCIONES KMC, SOCIEDAD ANÓNIMA, legal entity ID No. 3-101-371124, represented by its president, with powers of Apoderado Generalísimo without limit of sum, Mr. Alfonso Amador Brenes, who is of legal age, married once, civil engineer and master in business administration, identity card No. 1-828-111; GRUPO ROBLE INTERNACIONAL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, legal entity ID No. 3-101-156545, represented by its general judicial attorney-in-fact, Mr. Carlos Eduardo Villalobos Soto, who is of legal age, attorney, resident of San José, Centro Corporativo Plaza Roble, edificio Los Balcones B, first floor, identity card No. 1-0913-2014; and PARQUE CENTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA, legal entity ID No. 3-101-109007, represented by its generalísimo attorney-in-fact without limit of sum, Mr. Mauricio Adolfo Castro Fernández, who is of legal age, Civil Engineer, married once, resident of San José, Escazú, San Rafael, Centro Corporativo Plaza Roble, edificio Los Balcones B, first floor, identity card No. 8-117-228. Intervening as special judicial attorney-in-fact for the plaintiffs is Mr. Manuel Enrique Ventura Rodríguez, who is of legal age, married once, attorney, identity card No. 1-1005-0095. Intervening in the same capacity, representing the company named Grupo Meridiano de Centroamérica Sociedad Anónima, are Mr. David Gutiérrez Swanson, who is of legal age, married for the second time, attorney, identity card No. 1-810-442; Mr. Luis Alonso Ortiz Zamora, who is of legal age, married for the second time, attorney, identity card No. 1-923-761; Mr. Esteban Alfaro Calderón, who is of legal age, married, attorney, identity card No. 1-1190-455; and Mr. Francisco Obando León, who is of legal age, married, attorney, resident of San José, identity card No. 1-1041-0390. Likewise, intervening as special judicial attorney-in-fact for the company named Construcciones KMC Sociedad Anónima is Mr. Benjamín Gutiérrez Contreras, who is of legal age, married once, attorney, holder of identity card No. 1-847-905. Finally, intervening as special judicial attorney-in-fact for the companies named Grupo Roble Internacional de Costa Rica Sociedad Anónima and Parque Central Sociedad Anónima is Mr. Esteban Alfaro Calderón, who is of legal age, married, attorney, identity card No. 1-1190-455. Furthermore, the PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA intervenes as an active coadjuvant in defense of the interests of the minor Lian Tsafrir Shutaleva, an institution represented by the General Judicial Attorneys-in-Fact, Mrs. Victoria Matarrita Pérez, who is of legal age, divorced, resident of San José, identity card No. 1-469-565, and Miss Marjorie Benavides González, who is of legal age, single, attorney, resident of Heredia, identity card No. 1-1033-0437.-

**RESULTANDO:**

1.- That by the complaint (demanda) filed with the court on December 22, 2011, in relation to what was resolved at the preliminary hearing (audiencia preliminar), celebrated on March 19, 2014, the plaintiffs sued the Municipalidad de Escazú, the State, and the companies indicated in the heading of this judgment, so that the judgment declares as follows: "l. (...) that the set of actions and omissions carried out by the Municipalidad de Escazú, the State, KMC Construcciones, S.A., Grupo Meridiano de Centroamérica, S.A., Grupo Roble Internacional, S.A., Parque Central, S.A. caused damage to private property (daños a la propiedad privada), damage to health (daños a la salud), damage to childhood (daños a la niñez), moral damage (daño moral), and loss of income to Mr. Shon Shai Tsafrir. / 2. That it be declared that as a consequence of the actions and omissions carried out by the Municipalidad de Escazú, the State, KMC Construcciones, S.A., Grupo Meridiano de Centroamérica, S.A., Grupo Roble Internacional, S.A., Parque Central, S.A., Mr. Shon Shai Tsafrir currently suffers from depressive and panic disorders that require him to be medicated long-term. / 3. That it be declared that the Municipalidad de Escazú, the State, KMC Construcciones, S.A., Grupo Meridiano de Centroamérica, S.A., Grupo Roble Internacional, S.A., Parque Central, S.A. must be ordered, and requests they be ordered, to pay the damages (daños y perjuicios) materialized in the depressive and panic disorders". / 4. That it be declared that the Municipalidad de Escazú, as a consequence of approving a Plan Regulador that allowed the development of high-rise buildings next to the house of Shon Shai Tsafrir, Olga Shutaleva, and Lian Tsafrir Shutaleva, for not having attended to the requests made by the aforementioned persons to properly supervise the constructions, for tolerating actions that affected the well-being and health of the persons cited above, caused them damages (daños y perjuicios), to their private property, to their health, to childhood, moral damage, and loss of income to Mr. Shon Shai Tsafrir. / 5. That it be declared that the State, by failing to comply with the legally enforceable duty to protect the right to health of Shon Shai Tsafrir, Olga Shutaleva, and Lían Tsafrir Shutaleva, and by allowing their health to deteriorate, by allowing Mrs. Shutaleva to have conditions that affected her well-being during pregnancy, allowing Lían Tsafrir Shutaleva to have to be born in an adverse environment as a consequence of the constructions, caused them damages (daños y perjuicios), to their private property, to their health, to childhood, moral damage, and loss of income to Mr. Shon Shai Tsafrir. / 6. That it be declared that KMC Construcciones, S.A., by carrying out construction works that disrespected and did not comply with the minimum and basic duties to avoid nuisances and inconveniences to Shon Shai Tsafrir, Olga Shutaleva, and Lían Tsafrir Shutaleva, caused them damages (daños y perjuicios), to their private property, to their health, to childhood, moral damage, and loss of income to Mr. Shon Shai Tsafrir; / 7. That it be declared that Grupo Meridiano de Centroamérica, S.A., by constructing a megaproject just meters from the dwelling of Shon Shai Tsafrir, Olga Shutaleva, and Lían Tsafrir Shutaleva, generated structural damage to their dwelling and their health, causing them damages (daños y perjuicios) to their private property, to their health, to childhood, moral damage, and loss of income to Mr. Shon Shai Tsafrir; / 8. That it be declared that Grupo Roble Internacional, S.A. and Parque Central, S.A., are part of the same economic interest group, and that, by constructing a mega project just meters from the dwelling of Shon Shai Tsafrir, Olga Shutaleva, and Lían Tsafrir Shutaleva, generated structural damage to their dwelling and their health, causing them damages (daños y perjuicios) to their private property, to their health, to childhood, moral damage, and loss of income to Mr. Shon Shai Tsafrir; / 9. That the Municipalidad de Escazú be ordered to pay the damages (daños y perjuicios) caused to the detriment of Shon Shai Tsafrir, Olga Shutaleva, and Lían Tsafrir Shutaleva, including accrued interest; / 10. That the State be ordered to pay the damages (daños y perjuicios) caused to the detriment of Shon Shai Tsafrir, Olga Shutaleva, and Lían Tsafrir Shutaleva, including accrued interest; / 11. That KMC Construcciones, S.A., be ordered to pay the damages (daños y perjuicios) caused to the detriment of Shon Shai Tsafrir, Olga Shutaleva, and Lían Tsafrir Shutaleva, including accrued interest; / 12. That Grupo Meridiano de Centroamérica, S.A., be ordered to pay the damages (daños y perjuicios) caused to the detriment of Shon Shai Tsafrir, Olga Shutaleva, and Lían Tsafrir Shutaleva, including accrued interest; / 13. That Grupo Roble Internacional, S.A., be ordered to pay the damages (daños y perjuicios) caused to the detriment of Shon Shai Tsafrir, Olga Shutaleva, and Lian Tsafrir Shutaleva including accrued interest; / 14. That Parque Central, S.A., be ordered to pay the damages (daños y perjuicios) caused to the detriment of Shon Shai Tsafrir, Olga Shutaleva, and Lian Tsafrir Shutaleva, including accrued interest; / 15. That the damages (daños y perjuicios) shall be liquidated in the execution of judgment (ejecución de sentencia), in the event that the corresponding amount cannot be established during the proceedings; / 16. That the defendants be ordered to pay the costs (costas) of this complaint; / 17. That all the defendants be ordered to pay the moral damage (daño moral) caused". During the preliminary hearing held on March 19, 2014, the plaintiffs' representative indicated that what is requested as moral damage (daño moral) should be understood as divided into objective and subjective (there is no mention whatsoever of the existence of objective moral damage in the complaint). Furthermore, it was specified that regarding the damages and/or losses, they correspond to those stated in another section of the complaint, at folio 48 (which would have been unnecessary if the complaint were clear). It was also clarified in relation to the claim identified as No. 3, that it only refers to damages suffered by Mr. Shon Shai Tsafrir. According to the text of the complaint, then, regarding the damages claimed, it is held that based on the actions and/or omissions reproached against the defendants (facts I to XXXV), they must be ordered to pay a global sum of money for all the defendants and the same cause, for the damages and/or losses, identified as follows: "1. Damage to private property (Daños a la propiedad privada). The Tsafrir family's dwelling house suffered loss of value, structural damage to its walls and fences, moisture accumulation, and damage to the swimming pool. Additionally, they were forced to reinforce certain walls to prevent their collapse, to raise the back wall, and to install shade cloth for privacy. / 2. Damage to health (Daños a la salud). The Tsafrir family suffers from chronic depression, very high and severe stress levels, and excessive weight loss, concentration and memory problems, decreased energy (lethargy), for which they have had to assume numerous and high medical costs and medication treatments. Furthermore, they suffer from chronic muscle contractures in the back and neck, and inflammation of the sciatic nerve that must be treated with anti-stress physical therapy (sic). Mr. Tsafrir, likewise, had his teeth affected, due to the tension to which he was subjected. / 3. Damage to childhood (Daños a la niñez). The minor, Lian Tsafrir Shutaleva, suffers from emotional disorders and must be treated with child and family therapy, which translates into medical and medicinal costs. / 4. Moral Damage (Daño Moral). The moral damage consists of the accumulated suffering of the Tsafrir family over more than four years, watching their family life, their dwelling house, dreams, and illusions crumble and deteriorate day by day. Additionally, the Tsafrir family does not know if they will be able to recover (sic) emotionally and psychologically from what has happened and knows that their health and psyche will never be the same. / 5. Loss of income from October 2006 to the present day and future income. Mr. Tsafrir, given his medical and emotional condition, was rendered unable to continue working. Mrs. Shutaleva lost her job as a consequence of the emotional crisis she suffered. / The listed damages and losses are directly caused by the administrative actions and omissions of the State and the Municipalidad de Escazú, as well as of the other private defendants, and are prudentially estimated in the sum of $4,680,000.00 (four million six hundred eighty thousand United States dollars)". Also during the preliminary hearing, and with some lack of rigor in terms of order and clarity, and with the concurrence of the Juez Tramitador, it was indicated that despite the damages sought to be compensated and that were quantified being found at folio 48, the damages referred to in the complaint at folios 13, 14, 15, and 16 were included, which contain a text as extensive as the complaint itself, referring to the sections that the plaintiffs called "introduction", "background", and "consequences of the constructions", expressed in a general manner. Faced with this, the Juez Tramitador deemed that "clarification" to have been made. Said folios would correspond, in good procedural legal technique, to the grounds of the complaint, and making an effort in this regard, they speak of the following: "Chronic depression, anxiety, panic attacks, impotence, and despair of the members of the Tsafrir family. The situation of constant and permanent noise (acoustic contamination), environmental contamination, garbage, as well as nuisances generated by the constructions had harmful physical and psychological effects on the family group that inhabits the house. All of the above caused Mr. Tsafrir to develop chronic depression, characterized by aggressiveness, tension, irritability, panic attacks, disturbance of sleep, rest, and relaxation, and most seriously, creating states of severe fatigue and tension that degenerated into nervous system illnesses with excessive weight loss; Mr. Tsafrir still maintains these symptoms, and recovery to the mental and physical state he previously had is difficult to foresee. Mrs. Shutaleva also presented a condition of depression, as well as anxiety and irritability. Likewise, she had to endure the nuisances of the construction during her pregnancy and after having given birth. As a consequence of this, her daughter presents anger conditions and patterns of emotional instability, a result of the conditions her parents endured and the environment of stress experienced since her birth. / Twisting and bowing of the rear external walls of the Tsafrir family's dwelling house. The earthworks (movimiento de tierras), the compaction of the land to be built on, the vibrations, and the accumulation of water caused at the rear of Mr. Tsafrir's house caused the rear walls to bow dangerously inward to the dwelling, cracking at several points. These damaged walls and fence could fall at any time. / Loss of actual height of the rear wall of the Tsafrir family's dwelling house. The constructions carried out at the rear of the Tsafrir family's dwelling house raised the ground level (on the public street "El Barro"), resulting in the rear wall losing approximately one to two meters in height; any person could easily enter the house due to the loss of sufficient height of the tapia, or even observe its inhabitants. / Separation of walls with Condominio Los Olivos. The vibrations generated by the compaction of the soils that make up Calle El Barro caused the foundations that joined the walls of Mr. Tsafrir's dwelling house with the neighboring Condominio Los Olivos to separate; subsequently, the accumulation of filtered rainwater as a consequence of the above caused dangerous accumulations of moisture that persist to this day. / Destruction of the swimming pool pipes. The earthworks (movimientos de tierra) and the compaction of the land located at the rear of the Tsafrir family's dwelling house caused the rupture of the underground pipes of the swimming pool; its repair implies the demolition of the existing structure. / Overheating of the dwelling house. These enormous constructions caused the house to suffer temperature variations, causing enormous nuisances to the Tsafrir family. / Change in the conditions of wind currents. The wind, when passing between the buildings, causes a double-wing phenomenon, that is, they generated a severe phenomenon of "vacuum-rebound and echo" in the house which is very annoying for its inhabitants, on the one hand; and on the other, a phenomenon of severe wind turbulence over and around the structure of the house (wind comes as if in a tunnel effect causing wind eddies in the house). / Garbage dumping effect. This phenomenon caused by the construction of these mega buildings and the change in the direction and force of the winds due to the location of the towers caused the Tsafrir family's house to become the garbage dump for the area, with special severity during the years of constructions because cement bags, cement dust, and styrofoam, invoices, and other types of garbage constantly fell into the garden and the swimming pool of their house. / Danger of falling objects. Constantly, throughout the constructions developed at the rear of the Tsafrir family's dwelling house, aerial cranes with heavy construction materials transported heavy materials over the house and garden; said situation caused anguish and fear in the inhabitants of the house, without the possibility of using the backyard or the swimming pool for fear that an accident would occur with some of the materials constantly passing over their heads. / Shadow effect. The constructions resulted in the creation of a shadow that the buildings themselves cast over the Tsafrir family's house, as it is surrounded like an island by these huge buildings; the possibility of having the amounts of light and brightness of a sunset and a sunrise that they previously enjoyed in their house ended for this family, just as the view that previously existed and that they enjoyed ended. / Echo effect. The constructions also resulted in a severe echo effect that is heard from their house; any nearby noise is magnified thunderously in the Tsafrir family's dwelling house. / Closing of windows, curtains, and doors for more than three years. The enormous amount of dust generated the closing of windows and doors of the entire house, especially those of the garden, to avoid greater respiratory problems, allergies, and similar effects, since the house became excessively dirty due to the constructions and the extremely high level of dust and cement dust in the air. This caused the Tsafrir family to have to live shut in and in darkness for more than three years. Likewise, the curtains, especially in the bedrooms, had to remain closed for four years to have privacy in the most intimate parts of the home. Currently, the curtains of the master bedroom must remain closed, because otherwise, the office buildings of Grupo Roble Internacional, S.A. could see into the Tsafrirs' bedroom. / Disproportionate noises and nuisances resulting from three constructions developed at the same time. As can clearly be deduced, a construction project generates a series of important consequences for any neighbor. Indeed, it involves earthworks (movimiento de tierras), generates considerable amounts of dust, involves a lot of noise, including other types of nuisances such as the presence of trucks and workers. Undoubtedly, being close to a construction already generates a series of notable nuisances and inconveniences. However, in the case of the Tsafrir family, they were subjected to and were victims of the severe nuisances of three mega-project constructions and a large parking lot built behind Torre Meridiano, just 5.80 meters from their house. / Construction of vehicle parking lots. Grupo Roble Internacional, S.A. and Grupo Meridiano de Centroamérica, S.A. built vehicle parking lots, separated only by Calle El Barro, just 5.80 meters from the Tsafrir family's dwelling house. The parking lots operate from early morning hours until late at night, with vehicles whose alarms go off and cause annoying noises in the house; likewise, the light poles installed in the parking lots illuminate the Tsafrir family's dwelling house, depriving them of privacy, comfort in their home, and the possibility of resting. / Industrial ventilators for underground parking lots. Grupo Roble Internacional, S.A. placed twelve (12) industrial ventilators, to circulate the air of its underground parking lots, at the rear of the Condominio Los Olivos and the Tsafrir family's house; these ventilators operated constantly causing deafening noises, preventing being peacefully in the Tsafrir family's house. These noises prevented sleeping through entire nights without even being able to have peace, tranquility, and rest in their own house and even less in their garden. / Conversion of a residential lot into a parking lot and industrial warehouse. Another serious problem that occurred was the installation and operation of a parking lot that the Municipalidad de Escazú allowed to be located inside the Urbanización Quintanar on a lot of approximately 2400 m2 located just 20 linear meters - in the open air - from the Tsafrirs' house. They later turned this parking lot into a large warehouse for construction materials and heavy machinery, and even worse, they also made it a site or base for construction and extremely noisy heavy work for approximately 4 years, causing serious negative physical and psychological health consequences for the neighbors of this neighborhood, especially for the Tsafrir family who lived just meters from it. The Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determined this situation, stating, in judgment 1745-2011, "that lots of the urbanization that are for residential use are being used as a commercial warehouse and parking lot, without the Municipality inspecting it. Even though this Tribunal recognizes that this aspect was dismissed according to resolution No. 2010-0269, in this amparo that is prior to the one processed under expediente No. 09-9460-0007-CO, on this aspect the respondent authority accepted the accusation and provided notification No. 2786 of May 20, 2009, in which the Municipality ordered Grupo Roble to eliminate the warehouse and parking lot they temporarily built on the lands of the Urbanización Quintanar (…) an action that resulted, for the purposes of this study, after the notification of this appeal (…), which implies that this amparo must be granted, at least for compensation purposes, in accordance with Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional". In the report by Teletica Canal 7, one can see how the so-called parking lot was full of materials at the time of its filming in June 2009; it had been many months since its emptying had been requested, a procedure that was unsuccessful. It is important to note that said parking lot had a temporary permit of only 6 months, when in reality it operated for 4 years". Finally, and persisting with the lack of clarity stated above, regarding the estimation of damages, the plaintiffs' representation specified, at the request of the Juez Tramitador, that the economic damage consisting of prior loss of income, damages to property, to the health of the family; and the "damages to childhood" were estimated at the sum of $2,000,000.00; the moral damage (daño moral) at $1,000,000.00; and the consequential losses (perjuicios), consisting of the loss of property value and the loss of future income, at $1,680,000.00. Subsequently and finally, during the oral and public hearing (audiencia de juicio oral y público), the representative of the plaintiff parties stated that the monetary amounts that would correspond to compensation for the various damages claimed shall be distributed among the defendant parties, while said liability is sought jointly and severally (solidario), without either of these aspects being mentioned in the complaint.-

2.- That upon granting the statutory transfer (traslado) to the State's representation, it responded in opposition to the complaint in the terms of the brief presented to the court on September 14, 2012. In its defense, the exceptions (excepciones) of statute of limitations (prescripción), lapse (caducidad), res judicata (cosa juzgada), lack of standing to be sued (falta de legitimación pasiva), and lack of right (falta de derecho) were raised. Additionally, it requested that the complaint be declared without merit and that the plaintiffs be ordered to pay costs (costas).-

3.- That upon granting the statutory transfer to the Municipalidad de Escazú, its representation responded in opposition to the complaint in the terms of the brief presented to the court on June 6, 2012. In its defense, it raised, as relevant exceptions, the statute of limitations (prescripción), lack of standing (falta de legitimación), and lack of right (falta de derecho). Likewise, it requested that the complaint be declared without merit and that the plaintiffs be ordered to pay costs.-

4.- That upon granting the statutory transfer to the representation of the company named "Grupo Meridiano de Centroamérica S.A.", its representation responded in opposition to the complaint in the terms of the brief presented to the court on July 20, 2012. In its defense, it raised, as relevant exceptions, lack of standing to sue and to be sued (falta de legitimación activa y pasiva), as well as lack of right (falta de derecho). Likewise, it requested that the complaint be declared without merit and that the plaintiffs be ordered to pay costs.-

5.- That upon granting the statutory transfer to the representation of the company named "Construcciones KMC S.A.", it responded in opposition to the complaint in the terms of the brief presented to the court on December 5, 2012. In its defense, it raised the exceptions of lack of standing to be sued on the merits (falta de legitimación ad causam pasiva), statute of limitations (prescripción), lapse (caducidad), and lack of right (falta de derecho). Likewise, it requested that the complaint be declared without merit and that the plaintiffs be ordered to pay costs.-

6.- That upon granting the statutory transfer to the representation of the companies named "Grupo Roble Internacional de Costa Rica S.A." and "Parque Central S.A.", they responded in opposition to the complaint in the terms of the brief presented to the court on October 5, 2012. In their defense, they raised, as relevant exceptions, lack of standing to sue and to be sued (falta de legitimación activa y pasiva), lack of right (falta de derecho), statute of limitations (prescripción), and lapse (caducidad).-

Likewise, it requested that the lawsuit be declared without merit and that the plaintiffs be ordered to pay legal costs.-

7.- That, upon the legal transfer being conferred to the Patronato Nacional de La Infancia, its representation, in defense of the interests of the minor identified as Lian Tsafrir Shutaleva, spoke as an active coadjuvant in that regard, in the terms of the written submission presented to the judicial court on a date that is illegible given image 828 of the judicial file.-

8.- That the preliminary hearing was held in three parts, on September 3, 2013, March 19, 2014, and June 3, 2015.-

9.- That in the terms of the resolution issued by the Processing Judge within this case, at 11:45 a.m. on November 19, 2014, under No. 3063-2014, the defenses of failure to exhaust administrative remedies and res judicata (cosa juzgada) were rejected.-

10.- That the supplementary oral and public trial hearing was held with the participation of all the parties linked in the procedural legal relationship on August 4, 8, 10, and 11, all in 2017, in which, having heard their opening arguments, all the evidence was admitted insofar as it was procedurally appropriate, the parties were also heard regarding their closing arguments, and finally, this Court ordered that the matter be processed in accordance with Article 111 of the Código Procesal Contencioso Administrativo for very complex matters for the purposes of the deadline established for issuing this judgment.-

11.- That, upon this Court examining the merits of this matter, it issued judgment No. 79-2017-IV at 2:40 p.m. on September 1, 2017.-

12.- That, upon the cassation appeals (recursos de casación) filed against the judgment issued in this case being considered, particularly regarding that appeal which was filed exclusively by the plaintiffs herein, the First Chamber of the Supreme Court of Justice issued Voto No. 1717-F-S1-2021 at 11:30 a.m. on December 12, 2021, in the terms of which, it declared the appeal filed by "Grupo Meridiano," presented jointly with "Grupo Roble" and Parque "Central," partially admissible, the judgment was overturned (se casó la sentencia), and it ordered the case to be remanded for a ruling in accordance with the law, this in essence, because it was deemed that there was a lack of reasoning (falta de fundamentación) in the overturned judgment or, where applicable, the outline of confusing and/or unclear reasoning, in addition to some omission in resolving the defense of statute of limitations and expiration (prescripción y caducidad).-

13.- That despite the date of the ruling by the First Chamber of the Supreme Court of Justice referred to in considering 12 above, this matter was not brought to the attention of this Chamber until February 14, 2022.-

14.- That in compliance with the provisions of the First Chamber of the Supreme Court of Justice under the terms of Voto No. 1717-F-S1-2021 at 11:30 a.m. on December 12, 2021, this Panel of Judges issued judgment No. 41-2022-IV at 10:55 a.m. on April 22, 2022, under the terms of which, according to its operative part, the following was ordered: "The evidence for a better resolution (prueba para mejor proveer) provided by the representation of the company named Construcciones KMC S.A. is rejected. The defense of expiration (caducidad) filed by the representation of the State, and the companies named Construcciones KMC Sociedad Anónima, Grupo Roble Internacional de Costa Rica Sociedad Anónima, and Parque Central Sociedad anónima, is rejected. The defense of statute of limitations (prescripción) is upheld regarding the lawsuit filed against the State and the Municipalidad de Escazú exclusively by Mr. Shon Shai Tsafrir and Mrs. Olga Shutaleva, and consequently, as it is inadmissible, the lawsuit is declared without merit in all its aspects in that regard. Regarding the remaining defenses filed by these defendant parties, a ruling is omitted as unnecessary. The defense of statute of limitations (prescripción) is rejected regarding the lawsuit filed by the representation of Miss Lian Tsafrir Shutaleva against the State and the Municipalidad de Escazú. The defense of statute of limitations (prescripción) is rejected regarding the lawsuit filed by the representation of Miss Lian Tsafrir Shutaleva, Mr. Shon Shai Tsafrir, and Mrs. Olga Shutaleva against the companies named Grupo Meridiano de Centroamérica S A; Grupo Roble Internacional de Costa Rica S.A., and Parque Central S.A. The defense of res judicata (cosa juzgada) filed by the representation of the State is rejected. Regarding the lawsuit filed by the representation of Miss Lian Tsafrir Shutaleva against the State and the Municipalidad de Escazú, it is declared sua sponte that there is a lack of standing (legitimación) in the active cause regarding economic damages, which includes property damages and loss of income, and consequential damages (perjuicios); the defense of lack of standing (falta de legitimación) is rejected, and the defense of lack of right (falta de derecho) is partially upheld, it being understood as denied in everything expressly granted. The Municipalidad de Escazú and the State are ordered to pay, in favor of Miss Lian Tsafrir Shutaleva, the sum of ten million colones to be paid by each of these defendant parties, sums on which they must recognize interest at the legal rate, to be calculated from the finality of this judgment and until its effective payment. Regarding the lawsuit filed by the representation of Miss Lian Tsafrir Shutaleva, Mr. Shon Shai Tsafrir, and Mrs. Olga Shutaleva against the companies named Construcciones KMC S.A.; Grupo Meridiano de Centroamérica S A; Grupo Roble Internacional de Costa Rica S.A., and Parque Central S.A., the defense of lack of right (falta de derecho) is upheld and consequently, the lawsuit is declared without merit in all its aspects. The State and the Municipalidad de Escazú are ordered to pay both sets of legal costs (costas) in favor of Miss Lian Tsafrir Shutaleva; for the rest, this judgment is issued without a special order regarding legal costs (costas). The determination of the corresponding legal costs (costas) regarding any party that has been ordered to pay them is reserved for the judgment enforcement phase."-

15.- That, a cassation appeal (recurso de casación) having been filed by the representation of the plaintiff parties (without prejudice to the fact that the representation of the State and the Municipalidad de Escazú also filed said appeal), under the terms of the judgment issued by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, identified under No. 002867-F-S1-2024 at 09:54 a.m. on December 19, 2024, it ordered the following: "The cassation appeal (recurso de casación) filed by the plaintiff party's representation is upheld and, consequently, the appealed judgment is overturned (se casa el fallo recurrido). The defense of statute of limitations (prescripción) is rejected, except regarding the first part of the fourth claim, insofar as the caused detriments are based on the action of the Municipalidad de Escazú in approving a Regulating Plan (Plan Regulador) that allowed the development of high-rise buildings next to the plaintiffs' house. The case file is remanded to the Court of origin, so that it may rule on the damages claimed by the three plaintiffs."-

16.- That no procedural defects (nulidades) that must be declared, and/or flaws that must be corrected, have been observed.-

Judge Felipe Córdoba Ramírez drafts the opinion and it is resolved unanimously.-

WHEREAS

I.- Preliminary. On the content and scope of the judgment issued by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, identified under No. 002867-F-S1-2024 at 09:54 a.m. on December 19, 2024. We deem it absolutely necessary to mention and determine, within what is possible for this Chamber for the purposes of issuing this judgment, what we understand aligns with the content and scope of what was resolved by the honorable members of the First Chamber of the Supreme Court of Justice in its judgment identified under No. 002867-F-S1-2024 at 09:54 a.m. on December 19, 2024. We begin this section by returning to what was resolved by this Court under the terms of the judgment issued under No. 41-2022-IV at 10:55 a.m. on April 22, 2022, according to its operative part (por tanto): "The defense of expiration (caducidad) filed by the representation of the State, and the companies named Construcciones KMC Sociedad Anónima, Grupo Roble Internacional de Costa Rica Sociedad Anónima, and Parque Central Sociedad Anónima, is rejected. The defense of statute of limitations (prescripción) is upheld regarding the lawsuit filed against the State and the Municipalidad de Escazú exclusively by Mr. Shon Shai Tsafrir and Mrs. Olga Shutaleva, and consequently, as it is inadmissible, the lawsuit is declared without merit in all its aspects in that regard. Regarding the remaining defenses filed by these defendant parties, a ruling is omitted as unnecessary. The defense of statute of limitations (prescripción) is rejected regarding the lawsuit filed by the representation of Miss Lian Tsafrir Shutaleva against the State and the Municipalidad de Escazú. The defense of statute of limitations (prescripción) is rejected regarding the lawsuit filed by the representation of Miss Lian Tsafrir Shutaleva, Mr. Shon Shai Tsafrir, and Mrs. Olga Shutaleva against the companies named Grupo Meridiano de Centroamérica S A; Grupo Roble Internacional de Costa Rica S.A., and Parque Central S.A. The defense of res judicata (cosa juzgada) filed by the representation of the State is rejected. Regarding the lawsuit filed by the representation of Miss Lian Tsafrir Shutaleva against the State and the Municipalidad de Escazú, it is declared sua sponte that there is a lack of standing (legitimación) in the active cause regarding economic damages, which includes property damages and loss of income, and consequential damages (perjuicios); the defense of lack of standing (falta de legitimación) is rejected, and the defense of lack of right (falta de derecho) is partially upheld, it being understood as denied in everything expressly granted. The Municipalidad de Escazú and the State are ordered to pay, in favor of Miss Lian Tsafrir Shutaleva, the sum of ten million colones to be paid by each of these defendant parties, sums on which they must recognize interest at the legal rate, to be calculated from the finality of this judgment and until its effective payment. Regarding the lawsuit filed by the representation of Miss Lian Tsafrir Shutaleva, Mr. Shon Shai Tsafrir, and Mrs. Olga Shutaleva against the companies named Construcciones KMC S.A.; Grupo Meridiano de Centroamérica S A; Grupo Roble Internacional de Costa Rica S.A., and Parque Central S.A., the defense of lack of right (falta de derecho) is upheld and consequently, the lawsuit is declared without merit in all its aspects. The State and the Municipalidad de Escazú are ordered to pay both sets of legal costs (costas) in favor of Miss Lian Tsafrir Shutaleva; for the rest, this judgment is issued without a special order regarding legal costs (costas). The determination of the corresponding legal costs (costas) regarding any party that has been ordered to pay them is reserved for the judgment enforcement phase." (The highlighting and underlining are not from the original). As pertinent, the lawsuit filed by the adult plaintiffs, namely Mr. Shon Shai Tsafrir and Mrs. Olga Shutaleva, did not succeed on its merits, based on the application, first, to the specific case, of the legal concept of statute of limitations (prescripción) of the right to sue, and second, based on the application of the substantive rule directly applicable in this matter, namely, that contained in Article 198 of the Ley General de la Administración Pública, which, as will be seen, establishes a period of 4 years to exercise the right of action in cases such as the one before us (pure civil treasury proceeding) that is interrupted by the procedural act of notifying the defendant party of the lawsuit. Another possibility for interrupting the referred period may be constituted by a requirement formulated by the interested party before the Public Administration(s) potentially liable, from a perspective of patrimonial liability, for the payment via claim of the damages and/or consequential damages (perjuicios) that are part of the object of the process, that is, those aspects based on which it is intended that these defendant parties be ordered to pay or compensate for them. That said, the aforementioned judgment was appealed via the extraordinary cassation appeal (recurso extraordinario de casación) (Article 134 of the Código Procesal Contencioso Administrativo) as pertinent to this point, by the representation of the plaintiff parties (without prejudice to the fact that both the representation of the State and that of the Municipalidad de Escazú also did so through this extraordinary appeal), and in response to it, the First Chamber of the Supreme Court of Justice ordered the following under the terms of its judgment No. 002867-F-S1-2024 at 09:54 a.m. on December 19, 2024: "The cassation appeal (recurso de casación) filed by the plaintiff party's representation is upheld and, consequently, the appealed judgment is overturned (se casa el fallo recurrido). The defense of statute of limitations (prescripción) is rejected, except regarding the first part of the fourth claim, insofar as the caused detriments are based on the action of the Municipalidad de Escazú in approving a Regulating Plan (Plan Regulador) that allowed the development of high-rise buildings next to the plaintiffs' house. The case file is remanded to the Court of origin, so that it may rule on the damages claimed by the three plaintiffs." (The highlighting and underlining are not from the original). The expression plaintiff party must be understood - we insist - exclusively as the adult plaintiffs. The foregoing, given that argumentatively and exclusively in response - which we reiterate - to the cassation appeal (recurso de casación) filed by the plaintiff parties Shon Shai Tsafrir and Olga Shutaleva, the following was considered by the high Court of Cassation review: "Appeal of the plaintiff party (sic). V.- In the first objection, an improper application and interpretation of Articles 39, subsection c), 40, 41, 58, and 67, subsection 4) of the CPCA, as well as canons 39 and 41 of the Constitution, 198 of the Ley General de la Administración Pública (LGAP), 875, 876, 877, 878, and 879 of the Civil Code are alleged. The appellant claims that the statute of limitations (prescripción) period determined by the Court is not applicable in the sub examine. It explains that the claim extensively presented the continuing effect of the damages and consequential damages (perjuicios) being claimed. It details that a detailed development was made there of the material damages to the property, which, it estimates, have persisted over time, as well as the personal effects (psychological and family) that have affected Mr. and Mrs. Tsafrir and Shutaleva. It argues that the evidence is abundant in this regard. It says that, contrary to what the State's representation alleged, there are no two stages. It explains, as is clear from reading the claim, the construction of the buildings began with the permit phase in 2006 and concluded in 2011. It adds, it is a series of continuous elements over time developed to culminate in the construction of the buildings. It insists, the construction did not end in 2007, and there is abundant evidence demonstrating this. Furthermore, it highlights, the claim is not limited to the construction, but also to the noise pollution coming from the fans installed by one of the defendants, which operated for most of the day and night. It says that the health damages persist even today, so the statute of limitations (prescripción) period cannot have elapsed. In its view, the four-year period should begin to be counted from 2011, which could even be questioned due to the health damages existing today, which is when the constructions ended. In fact, it warns, to this day, significant actions by the defendants continue to affect the plaintiffs' health and well-being. It adds, pursuant to numeral 198 of the LGAP, the right to claim compensation prescribes in four years from the event that gives rise to the liability. It affirms that, in this case, the set of events giving rise to the liability was consolidated and defined in 2011, the moment from which the statute of limitations (prescriptivo) period starts. In any case, it argues, that term has been constantly interrupted through the actions filed by the plaintiffs. It notes that the State incorrectly states that this process was filed in April 2012, when in reality it was on December 22, 2011. With this, it emphasizes, it is clear that the statute of limitations (prescripción) period has not elapsed. It insists, the construction process took place over seven years and culminated in 2011, a time during which complaints were constantly made to the State, through the Ministry of Health, and to the Municipalidad de Escazú, about those behaviors and actions. It notes: “the Judgment [sic] is conclusive in recognizing that there were abnormal and unlawful behaviors by the State and the Municipalidad de Escazú throughout this period of time. Therefore, it is contradictory to recognize the unlawful nature of the actions and omissions of the Ministry of Health -the State- and the Municipalidad de Escazú and to deny their continued nature.” It requests to take into account that the deponent María Elena Mora Abarca gave a detailed exposition of the continued effects of all the damages suffered over more than seven years. As a result, it concludes, the continued nature of the effects over time cannot be questioned, which leads to an improper application of the cardinals 198 of the LGAP, 29, subsection c), and 40 of the CPCA. It reiterates, as can be verified in the claim and from the evidence offered, multiple actions were taken before the Ministry of Health and the Municipal Police, as well as before the Constitutional Chamber, all after 2007 and prior to 2011, when this claim was filed. Thus, it emphasizes, according to precept 875 of the Civil Code, there were constant interruptions of the statute of limitations (prescripción). It indicates that the Court referred to the judgments of the Constitutional Chamber but ignored their legal consequences. It complains that the Court did not refer to the particular point, which reaffirms the lack of reasoning (falta de fundamentación) alleged previously. In support of its position, it transcribes the thesis that the Court maintained in the judgment that was overturned by this Chamber (ruling No. 79-2017-IV at 2:40 p.m. on September 1, 2017), which was to indicate that the applicable statute of limitations (prescriptivo) period in the species was 10 years, as it concerned the execution of damages granted in the amparo appeals (recursos de amparo) filed by the plaintiffs. Based on this, the appellant deduces that, in the ruling objected to here, a misapplication was made of the legal provisions related to the statute of limitations (prescripción), specifically Articles 39, subsection c), 40, 41, and 67, subsection 4) of the CPCA, requiring the application of canons 875-879 of the Civil Code, which affects the proper interpretation of numeral 198 of the LGAP. VI.- When resolving the alleged statute of limitations (prescripción), the Court indicated, roughly, that from reading the facts of the claim, it was inferred that the administrative behaviors from which the alleged damaging effects arose would have occurred until 2007, so that, since the claim was not notified until 2012, the right claimed by Mr. Shon Shai Tsafrir and Mrs. Olga Shutaleva was time-barred (prescrito), as the four-year period provided in ordinal 198 of the LGAP, applicable in the matter, would have elapsed. Regarding the claim filed on behalf of the minor Lian Tsafrir Shutaleva, it rejected that defense, applying that same numeral in the part that provides that, in the case of minors, the period will begin to run once the person reaches the age of majority. VII.- Having reviewed the case file, it is observed that both the State's representation and the Municipalidad de Escazú raised the defense of statute of limitations (prescripción) when answering the claim. In general terms, they alleged that, from the facts narrated in the claim, it was clear that the behaviors deemed harmful occurred between 2006 and 2007, so that, since the claim was not notified until 2012, the period provided in ordinal 198 of the LGAP would have elapsed. In contrast, the plaintiff party, when referring to said defense, indicated that THE CONSTRUCTION OF THE BUILDINGS began with the permit phase in 2006 AND CONCLUDED UNTIL 2011, so it was a series of continuous acts throughout that period, of which the evidence provided attested. In the plaintiffs' view, the statute of limitations (prescripción) period began to run from 2011, when the constructions ended, although, in any case, they argue that this is questionable because the damages persist. They also say that the referred period has been constantly interrupted by the actions filed. Thus, it is important to highlight here that, for the purpose of analyzing the alleged statute of limitations (prescripción), it is not enough to only review what was argued in the claim, as the Court did, as it is also essential to evaluate the defense thesis followed by the plaintiff against the defenses raised by the defendant, since, precisely for this reason, the plaintiff is given the opportunity to refer to the particular point and even offer counter-proof, according to canon 70 of the CPCA. From the examination of what is sought in this case, it is observed that, in general terms, the plaintiffs claim that the defendant public entities are liable for the lack of control and oversight during the construction projects developed by the co-defendant private companies (despite the constant complaints lodged), which generated a series of impacts on their health and property. At this point, it is necessary to clarify (sic), by virtue of the fact that compensation is sought from public entities, the statute of limitations (prescripción) period provided in the special administrative regulations applies, that is, the one regulated in ordinal 198 of the LGAP, which provides: “The right to claim compensation from the Administration shall prescribe in four years, counted from the event that gives rise to the liability […]”. In that sense, the argument regarding applying the decennial statute of limitations (prescripción) provided in the Civil Code will be rejected, as there is a special rule (the administrative one) that prevails. On the other hand, this Chamber notes that, in this case, there is no controversy regarding the fact that in 2007 there were a series of complaints by the plaintiffs before the defendant public administrations due to the nuisances derived from the constructions carried out around their family home. The issue that gives rise to the debate lies in determining whether, after that year, there were more acts of the same nature or the filing of actions that could interrupt the statute of limitations (prescripción) period. From the complete study of the case file and the evidence in the record, this Chamber observes that, as the plaintiff alleged during the process and reiterates in this grievance, the construction process and the derived nuisances and complaints were not limited to 2007, but continued, at least, until 2010. Note, with respect to the Ministry of Health, in evidence No. 304 provided with the claim, visible on folio 628 of the physical file, it is recorded that, on January 8, 2009, Mr. Shon Shai Tsafrir and Mrs. Olga Shutaleva filed a complaint before the Ministry of Health, claiming the following: “We hear loud noises from drills, heavy machinery, and all kinds of construction noise, coming from Grupo Roble, including at night.” Likewise, on August 17, 2010, it is recorded that the Ministry of Health received a complaint from Mr. Shon Shai Tsafrir, in which he claimed a problem of noise pollution (contaminación sónica) generated by industrial fans installed by Grupo Roble behind his family home (evidence No. 307). Similarly, in relation to the Municipalidad de Escazú, it is also recorded that, between December 2008 and August 2010, the plaintiffs requested the intervention of the Municipal Police of Escazú on multiple occasions, who drew up ocular reports describing the presence of loud noises, construction work outside permitted hours, or burning near the plaintiffs' family home (see evidence No. 221- No. 248 provided with the claim). With such evidence, it is clear that the facts on which the plaintiffs base the liability attributed to the local government and the State were not exhausted in 2007, as was ordered in the appealed judgment, but rather continued years later. Consequently, it is improper to count the statute of limitations (prescripción) period from 2007, because the event that motivates the attributed liability was perpetrated over a period of time that lasted for subsequent years. Thus, as there is evidence that the facts underlying the claimed liability still persisted in 2010, it is clear that this matter is not time-barred (prescrito), as the claim was notified in 2012, that is, when the 4 years stipulated in Article 198 of the commentary had not yet elapsed. Now, it should be clarified that what is analyzed here refers to the omissions charged against the public entities. That is, the statute of limitations (prescripción) period for claiming a lack of oversight by said entities has not elapsed. However, the first part of the fourth claim, in which the detriments are justified by “the approval of a Regulating Plan (Plan Regulador) that allowed the development of high-rise buildings next to the house of Shon Shai Tsafrir, Olga Shutaleva, and Lian Tsafrir Shutaleva,” is time-barred (prescrita), since the indicated action occurred even before the construction permits were granted. In line with the foregoing, the grievance of the plaintiff party will be partially upheld, with the consequences that will be stated. VIII.- For better order in the resolution, it is necessary to make the following clarifications and annotations. In the first place, this Chamber takes into account that the Court rejected the defense of statute of limitations (prescripción) raised by the State and the Municipalidad de Escazú with respect to the minor Lian Tsafrir Shutaleva, by applying the last paragraph of Article 198 of the LGAP, which provides that, in the case of minors, the statute of limitations (prescripción) period will begin to run once the person reaches the age of majority. Against that pronouncement, the representation of the State and the Municipalidad de Escazú express disagreement, considering that this mandate is not applicable to the sub júdice, because it was introduced by Law No. 9057, “Reforma de varias leyes sobre la prescripción de daños causados a personas menores de edad,” which was published in La Gaceta on October 16, 2012, that is, when the litis had already been established in this case, so it was not appropriate to apply said rule retroactively. In relation to this issue, it must be indicated that this Chamber will uphold the rejection of the defense of statute of limitations (prescripción) with respect to said co-plaintiff, for the reasons outlined in the preceding considering. Thus, it becomes unnecessary to analyze whether or not the cited reform is applicable in the sub lite, for the simple reason that the right sought in court by the plaintiffs (sic) is not time-barred (prescrito), as explained supra. In the second place, given that the Court upheld the defense of statute of limitations (prescripción) raised by the State and the Municipalidad de Escazú with respect to the claim filed by Mr. Shon Shai Tsafrir and Mrs. Olga Shutaleva, it omitted to refer to the damages and consequential damages (perjuicios) claimed by said plaintiffs. This Chamber cannot issue a ruling on those aspects because it would do so in a single instance, which would result in an affront to the right of defense of the parties and due process. Thus, the appropriate course will be to remand the case file to the Court of origin to resolve those claims. Now, with respect to the other rulings made by the Court, that is, the damages awarded to the minor Lian Tsafrir Shutaleva, this Chamber takes into account that both the State and the Municipalidad de Escazú defend themselves in this instance, alleging that both acted diligently and that the directly responsible parties for the claimed damages are the co-defendant private companies, for which they plead the act of a third party as an exemption. This Chamber considers that, as the Court's ruling on the damages claimed by the Tsafrir Shutaleva family is still pending, it is pertinent for this Chamber to refrain from ruling on the claim raised by the referred co-defendants, so as not to judge an issue that is intimately linked to the one the Court must still rule on. Thus, due to the special particularities of this case and for greater harmony in the resolution, the most opportune action will be to overturn (casar) the appealed judgment in its entirety and, instead, return the case file to the Court of origin to rule on the damages claimed by the three plaintiffs. For the stated reasons, the remaining grievances formulated by the cassation appellants lose interest and, from that standpoint, will not be evaluated. IX.- By virtue of the foregoing, the cassation appeal (recurso de casación) filed by the plaintiff party's representation will be upheld and, consequently, the appealed judgment will be overturned (casará)."

The exception of the statute of limitations (prescripción) shall be rejected, except with respect to the first part of the fourth claim, insofar as the damages (detrimentos) claimed are based on the action of the Municipality of Escazú in approving a Regulatory Plan (Plan Regulador) that allowed the development of high-rise buildings next to the plaintiffs' house. The case file shall be remitted to the Court of origin, so that it may rule on the damages claimed by the three plaintiffs. Due to the manner in which the matter has been resolved, a ruling on the remaining grievances formulated shall be omitted, as they have lost interest." (The highlighting, underlining, and partial capitalization are not from the original). From all the foregoing, this Chamber interprets the ruling of the First Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia) as follows: FIRST, that despite the operative part of the judgment issued by the First Chamber of the Supreme Court of Justice under number 001867-F-S1-2024 at 09:54 hrs. on December 19, 2024, on the occasion of the judgment having been cassated solely in response to the extraordinary appeal of that kind filed exclusively by the plaintiff parties, ordering the case file to be remitted to the Court of origin so that it may rule exclusively on the damages claimed by the three plaintiffs (all defendant parties were sued for the same purpose), this must suppose that, whether or not there was a declaration that the judgment was also cassated in the part that was partially successful in favor of the minor (menor de edad) Lian Tsafrir Shutaleva, said judgment was also cassated in that respect, that is, it was annulled, for reasons that are unknown, since it is ordered to rule again on the damages and/or losses claimed by her through her representatives. What was thus ruled by the honorable First Chamber of the Supreme Court of Justice, according to the operative part of its judgment No. 001867-F-S1-2024 at 09:54 hrs. on December 19, 2024, on the other hand, could lead one to think that this new judgment should only include a ruling regarding the three plaintiffs who filed suit, only in what they brought their claim against the defendant State and Municipality, but not against the co-defendant corporations (sociedades anónimas) or companies; notwithstanding this, in the body of the judgment issued by the high Court of cassation control, it indicated the following, in the pertinent part: "Thus, due to the special particularities of this case and for greater harmony in the resolution, it will be most appropriate to COMPLETELY CASSATE (CASAR ÍNTEGRAMENTE) THE APPEALED JUDGMENT and, in its place, return the case file to the Court of origin so that it may rule on the damages claimed by the three plaintiffs," from which we must understand with difficulty that, in what the operative part of this ruling says, "the appealed judgment is cassated," it was integrally understood, and in that understanding, "integrally annulled," that is, in its entirety, whether or not the cassation appeal filed at the time exclusively by the plaintiff parties was successful, only with respect to the manner in which this Court resolved the issue of the statute of limitations regarding the claim that was filed only by two of these plaintiff parties of legal age, namely, Mr. Shon Shai Tsafrir and Ms. Olga Shutaleva, against the co-defendant State and Municipality. As an effect of the foregoing, the cassated judgment was also so in what, on the merits, resolved the claim in what was filed against the co-defendant companies or corporations (sociedades anónimas), without it being known on what basis it would have been annulled in that respect either. Consequently, because we understand it so and despite all the foregoing, this Chamber must issue judgment again regarding the principal and/or accessory claims, in what the claim was directed by all the plaintiffs against all the defendant parties, once again, it needing to be reinforced that in what the trial court judgment was, according to the ruling of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, "cassated" in the terms stated, it was also so in what, when the cassation appeal filed by the representatives of the minor Lian Tsafrir Shutaleva was brought by the representation of the co-defendant State and Municipality, said appeal was "in principle" somehow "deferred" in that the High Court of Cassation ruled that there was some procedural circumstance that prevented it from being heard, but despite that, it cassated the trial court judgment, integrally understood. This is said in other terms: the cassation directed against what was resolved at trial in favor of the minor plaintiff, despite having been unsuccessful, with all this, was incongruously successful, because in that respect too, the judgment was—as we understand it—cassated, that is, annulled. It must be noted that in what concerns the exception of the statute of limitations filed against the claim brought by the minor Lian Tsafrir Shutaleva (covered by a qualified and reinforced legal regime, even in human rights matters, being a minor), the same First Chamber of the Supreme Court of Justice declared that against what was resolved at trial by this Chamber regarding the statute of limitations in what she directed her action against the co-defendant State and Municipality, the cassation appeal was not admissible, despite which, it would have cassated, and in this respect also annulled, regarding her, the judgment under which the claim was partially successful, which, in her case, did not observe the principle of prompt justice. SECOND: According to Considering VIII of the judgment issued by the First Chamber of the Supreme Court of Justice under number 001867-F-S1-2024 at 09:54 hrs. on December 19, 2024, the matter was ordered remanded to this Trial Court so that it may rule on the damages claimed by the three plaintiffs, on the basis that: "Second, in view of the fact that the Court upheld the exception of the statute of limitations raised by the State and the Municipality of Escazú with respect to the claim brought by Mr. Shon Shai Tsafrir and Ms. Olga Shutaleva, it omitted to refer to the damages and losses claimed by said plaintiffs. This Chamber cannot issue a ruling on these aspects BECAUSE IT WOULD DO SO IN A SINGLE INSTANCE, which would become an AFFRONT TO THE PARTIES' RIGHT OF DEFENSE AND TO DUE PROCESS. Thus, the appropriate course will be to remit the case file to the Court of origin so that it may resolve those claims. Now, with respect to the other pronouncements made by the Court, that is, the damages granted to the minor Lian Tsafrir Shutaleva, this Chamber takes into account that both the State and the Municipality of Escazú defend themselves in this instance, alleging that both acted diligently and that the direct responsible parties for the damages claimed are the co-defendant private companies, for which reason they allege the act of a third party as an exoneration. This Chamber assesses that, since the Court's pronouncement on the damages claimed by Mr. and Ms. Tsafrir Shutaleva is still pending, it is pertinent for this Chamber to omit a pronouncement on the claim raised by the aforementioned co-defendants, in order not to judge a matter that is intimately linked to the one the Court still must decide. Thus, due to the special particularities of this case and for greater harmony in the resolution, it will be most appropriate to COMPLETELY cassate the appealed judgment and, in its place, return the case file to the Court of origin so that it may rule on the damages claimed by the three plaintiffs. For the reasons stated, the other grievances formulated by the cassation appellants lose interest and, from that point of view, will not be evaluated." We reiterate that according to the body of the ruling issued by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, the judgment was integrally understood to be annulled, despite the cassation appeal filed exclusively by the plaintiff parties (of legal age) having prospered in what the exception of the statute of limitations was deemed to have operated in the terms of the trial court judgment. Then, the integral annulment of the judgment was declared because it was considered "appropriate," that is, for reasons of "OPPORTUNENESS (OPORTUNIDAD)," which is characteristic of revocation in administrative matters, not of its annulment. Finally and in another order of ideas, despite the judgment having been integrally cassated under the understanding only in what the cassation appeal filed by the parents of this minor, that is, Mr. Shon Shai Tsafrir and Ms. Olga Shutaleva, was successful FOR SUBSTANTIVE REASONS (article 198 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública)), that is, for violation of substantive norms, since it could not be understood otherwise, it ordered the remand of the matter so that it may again resolve the merits of what was debated regarding the damages and/or losses claimed by the three plaintiff parties, this despite the provisions of article 138, in relation to subsection 2) of article 150) both of the Code of Administrative Litigation Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo). This decision was based on the argument that it cannot rule on the merits of the matter, because if it were to do so, it would do so in a single instance, or what is the same thing expressed in different terms, under penalty of violating the principle of double instance, in which case it was affirmed that ruling on the merits in a manner different from what this Chamber did in the terms of the trial court judgment issued under No. 41-2022-IV at 10:55 hrs. on April 22, 2022 in a single instance, that is, in non-observance of the related principle of double instance, would constitute an "affront" to the right of defense of the parties and to due process. This is what led to the cassation being partially successful despite not having been successful in what the claim against the defendant State and Municipality was brought by the minor Lian Tsafrir Shutaleva. That said, with great respect we must indicate that when a judgment is cassated for reasons linked to the violation of substantive norms (in this case we understand that it concerned the provisions of article 198 of the General Law of Public Administration), article 150, subsection 2) of the Code of Administrative Litigation Procedure is directly applicable and provides the following: "2) If the judgment is cassated for violating substantive norms of the legal system, the process shall be decided in the same resolution, attending to the defenses of the opposing party to the appellant, if because said party has been victorious, it has not been able to file the cassation appeal." (The highlighting and underlining are not from the original). This norm is being frontally disregarded in the specific case, for which it will suffice to indicate that the institute of the second instance in appellate matters was expressly repealed within the framework of the administrative litigation process formerly regulated in the Regulatory Law of the Administrative Litigation Jurisdiction (Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa), Law No. 3667 of March 12, 1966, that is, legally suppressed by the Legislative Power with the promulgation and entry into force of Law No. 8508 of April 28, 2006. Thus, according to the appellate regime provided in the repealed Regulatory Law of the Administrative Litigation Jurisdiction, against trial court judgments such as the one before us, with the caveat that it was issued by a single-judge court (Juez category 3), the interested party had at their disposal the filing of an ordinary appeal (recurso de apelación) that was heard by a superior collegiate Court composed of three judges (Jueces category 4), as well as and subsequently, an extraordinary cassation appeal heard, as currently, by the First Chamber of the Supreme Court of Justice. As we indicated previously, the appellate regime provided to challenge judgments such as the one issued at trial in the case before us, as of the entry into force of the Code of Administrative Litigation Procedure, the trial court judgment that came to be issued by a collegiate Court (composed of 3 category 4 judges) can only be challenged via the extraordinary cassation appeal. The trial court judgment then went from being a ruling issued by a single-judge court (composed of a category 3 judge) to a collegiate one composed of three judges (category 4), and in its place, THE APPEAL (THE DOUBLE INSTANCE) WAS EXPRESSLY REPEALED, maintaining the possibility of filing an appeal only via the extraordinary cassation appeal, before the First Chamber of the Supreme Court of Justice. That is, Law No. 8508 Code of Administrative Litigation Procedure, since its entry into force, suppressed the double instance in the process governed by its rules. If it is a matter of interpretation and understanding the change made operative by the Legislative Power, and without prejudice to the fact that this topic has been addressed in national doctrine and multiple academic activities developed years before and just after the aforementioned Code of Administrative Litigation Procedure entered into force, the express suppression of the double instance in this matter was established as a mechanism to promote celerity (prompt justice) without violating any guarantee of the rules that inform due process, a palliative to judicial delay, on the other hand. Regarding the topic of the second instance, furthermore, despite it being obvious to state what follows, both international Human Rights regulations and our own Constitutional Chamber (Sala Constitucional), through its binding pronouncements under the terms of article 13 of the Regulatory Law of the Constitutional Jurisdiction (Ley Reguladora de la Jurisdicción Constitucional) (which we do not detail for being unnecessary as it is widely and publicly known), have been clear in determining that the right to a double instance, nonexistent in this matter, is legally enforceable within the framework of the rules that inform the principle of due process exclusively in criminal matters. Thus, it is that we consider and reaffirm, stating what follows with all respect, that the present judgment is issued based on what was ordered by the First Chamber of the Supreme Court of Justice in the terms of its judgment issued under No. 001867-F-S1-2024 at 09:54 hrs. on December 19, 2024, although it is, in our opinion, in frontal non-observance of the provisions of subsection 2) of article 150) of the Code of Administrative Litigation Procedure and in direct violation of the constitutional principle of prompt justice. THIRD: Finally, we believe that the crux of the argument that led the esteemed First Chamber of the Supreme Court of Justice, in the terms of its judgment issued under No. 001867-F-S1-2024 at 09:54 hrs. on December 19, 2024, to integrally annul the judgment issued by this Chamber at trial, identified as No. 41-2022-IV at 10:55 hrs. on April 22, 2022, based on what it understood to be the content and scope of article 70 of the Code of Administrative Litigation Procedure, is erroneous. We explain:

1.- The claim that was and is heard in the terms of this judgment comprises the following facts (article 58.1.b): "I. The regulatory plan (Plan Regulador) of the Canton of Escazú (...) was approved by the Municipal Council of Escazú on December 17, 2004, and was published in La Gaceta on February 3, 2005; subsequently, an erratum would be published on March 17, 2005, which corrects the numbering. The third publication of the Regulatory Plan, which included modifications, was published in La Gaceta on May 11, 2006. The Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes), in its official communication No. 4061-2007-DHR, of June 6, 2007, concluded that the modification carried out by the Municipality on May 11, 2006, did not have Technical Studies that would allow informing the neighbors of the possible impacts that would occur by changing the land use (uso de suelo) established by the Regulatory Plan. Article 18 of the Regulatory Plan of the Canton of Escazú established that five hundred (500) meters west of Multiplaza, high-rise buildings could be constructed. The Regulatory Plan does not have specific measures that must be applied to safeguard the integrity and tranquility of the neighbors who for many years had lived, and live today, next to and a few meters from the area where the high-rise buildings would be constructed. II. The National Environmental Technical Secretariat (SETENA) (...) by means of Official Communication SG-DEAE-047-2011, of March 17, 2011, indicated that 'in compliance with the Technical Procedures for the Introduction of the Environmental Variable in Regulatory Plans or other Land-Use Planning (Decreto 32967-MINAE), this Technical Secretariat, in Resolution No. 2308-SETENA dated August 12, 2008, grants the Environmental Viability (License) to the Partial Regulatory Plan and the Zoning Proposal of the Canton of Escazú'. SETENA, in the same Official Communication SG-DEAE-047-2011, of the same date, indicated that 'under resolution No. 2879-2009-SETENA dated December 8, 2009, and in accordance with current legislation, an Addendum is approved for the Regulation of the Agricultural Buffer Zone (Proposal for Modification of article 15 of the Regulatory Plan), corrected Sustainable Development Regulation and Annexes, Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental), Water Resource Regulation, Landscape Control and Management, forming part of the Environmental Viability (License) granted by this Secretariat'. III. The Tsafrir family is the owner of property (finca) No. 1-303263-000 with plan SJ-0014420-1975, which is located in San Rafael de Escazú, Guachipelín, 250 meters north of the Plaza Mundo Shopping Center, Quintanar Urbanization, since 2002. The property borders to the east with Calle El Barro, which is a partially constructed public street, and that passes behind the Tsafrir family's property, and that also divides their house from the buildings owned by Grupo J Roble Internacional, S.A. with 10 floors, Parque Central, S.A. and Grupo Meridiano, S.A. with 10 floors; to the west it borders a public street, and, in front of it, also to the west, are located two other high-rise apartment buildings, the first of which does not have a visible name that identifies it and consists of 4 floors; and the second apartment building called Eurolofts Condominium, which is six floors high. (See Evidence #352, 353, and 354, which correspond to a Cadastral Plan, Registry Report of the Property, and Sketch of its Location). IV. The Tsafrir family's dwelling house is located, according to the Regulatory Plan of the Canton of Escazú, in a Medium-Density Residential Zone, in the transition zone from commercial to residential. (See Evidence #357). V. The Quintanar Urbanization, despite having a residential land use (uso de suelo), has developed, with the approval of the Municipality of Escazú, characteristics alien to its nature. In Official Communication CTPR-EXT-85-08 of April 8, 2008, the Working Commission of the Regulatory Plan of the Municipality of Escazú, when referring to the land uses (usos de suelo) on the properties located in the Quintanar Urbanization, established that 'the will of the neighbors must be respected, to maintain its residential characteristics, born more than 30 years ago, since said conditions also do not generate a condition of overuse of the land or of the basic services existing in the area, thus facilitating its rational development'. Said official communication was issued after the construction of buildings with a height exceeding 10.5 meters had been developed. (See Evidence #249). VI. Starting in 2005, the Municipality of Escazú granted construction permits to the companies Parque Central S.A. (a company part of the economic interest group of Grupo Roble Internacional, S.A.), Grupo Meridiano de Centroamérica, S.A., and Construcciones KMC, S.A., allowing three wide, large, and considerable infrastructure projects to be constructed around the Tsafrir family's dwelling house, almost simultaneously, which altered the architectural and urban situation of the Quintanar Urbanization. (See Related Evidence #250, 256 and 291) seven days a week, from early morning hours until late at night, for a period that extended over more than forty months. VIII. Grupo Meridiano de Centroamérica, S.A. developed the construction of a high-rise office building on property number 207250-000, approved by permit 147-05 issued by the Municipality of Escazú. (See Evidence #291). IX. Grupo Meridiano was informed by the Municipality of Escazú, through Official Communication No. DU-777-2004-EXTERNO, that 'the authorized schedule for carrying out the works will be Monday to Friday from 6:00 a.m. to 5:00 p.m., Saturdays from 7:00 a.m. to 2:00 p.m.; Sundays and holidays may not work, the foregoing in order to guarantee the well-being of the canton's neighbors'. Likewise, it indicated that 'It is the responsibility of the professional in charge of the work, to guarantee that the drilling method to be used for the excavation process for parking and foundations will guarantee the stability of the slopes to be formed, and the stability of neighboring properties and constructions'. (See Evidence #291). X. The Urban Development Department, Inspections Section, of the Municipality of Escazú, indicated through Field Report No. 038-07, of February 20, 2007, signed by the Construction Inspector, Cristian Boraschi González, that 'in a visit made to the site, it has been possible to detect that indeed, the project known as Grupo Meridiano de Centroamérica and the earthworks (movimiento de tierras) currently being carried out next to said building, generated a large amount of dust...'. (See Evidence #289). XI. Parque Central, S.A., a company part of the economic interest group of Grupo Roble Internacional, S.A., developed an expansion project for existing offices in front of the Multiplaza Shopping Center, on property number 519045-000. Through permit 257-06, the Municipality of Escazú approved the earthworks. The Municipality of Escazú informed the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice (See case file 07-3239-0007- CO, folio 53) that situations of machinery traffic through a non-permitted zone, obstruction of public roads, and dust accumulation occurred, as well as that 'municipal inspectors urged the developers to take corrective measures for the excess dust in the environment (...)'. XII. The Urban Development Department, through Mr. David Umaña Corrales, in Official Communication No. DU-055-2007-EXTERNO, addressed to the Construction Inspector, Cristian Boraschi González, requested him to 'notify Grupo Roble to eliminate any type of restriction on entry and exit to the street between Quintanar Urbanization and its project, with a copy to the Public Works Department so that the demolition of illegal structures on public roads may be executed. Item II: Inspect the constructions in progress around the home of Ms. Olga Shutaleva and warn them to control dust, debris, and water resulting from the works.' (See Evidence #290). XIII. Construcciones KMC, S.A. developed a vertical residential condominium, called Euro.Lofts, located in Residencial Quintanar of Escazú, on property number 573192-000, construction permit granted by the Municipality of Escazú on May 9, 2006. Said construction, according to the Regulatory Plan of Escazú, was developed in a Medium-Density Residential Zone, which only allows a maximum height of 10.5 meters. In Resolution 167-2006-SETENA at 7:55 a.m. on January 25, 2006, it was approved that the construction work of Construcciones KMC, S.A. would have seven levels in height. XIV. The Federated College of Engineers and Architects of Costa Rica issues Inspection Report FPC-0499-06 INSP, in which warnings are made about the problem of water accumulation, resulting from the constructions, which is textually cited in Inspection Report DRD-INSP-45-2007 of the same College, stating that: 'The construction company must take preventive (provisional) measures to prevent water accumulations from occurring, as a result of the earthworks carried out that may affect the adjoining homes, while the final works are carried out.' Said report showed photographs of the waters that ran towards the rear wall of the home of Mr. Tsafrir and Ms. Shutaleva, as well as other neighbors. (See Evidence #333 and 334). XV. This period of constructions coincided with the beginning of Ms. Olga Shutaleva's pregnancy in 2006, giving birth in 2007 to the child Lian Tsafrir Shutaleva. (See Evidence #358). XVI. The simultaneous constructions generated deafening noise, an environment of permanent disturbance, caused by the workers who started their work in the early morning hours, 5:30 a.m., finished late at night, even at 10:00 p.m., 11 p.m., and sometimes until 2:00 a.m., seven days a week, including holidays. Likewise, as a consequence of the construction, multiple trucks with materials passed in front of and behind their dwelling house, unloading them and moving them throughout the day. Similarly, earthworks were carried out constantly around them, generating large amounts of dust, cement dust, garbage, and other debris that fell directly inside their dwelling house. The Municipal Police of Escazú was called to intervene on different occasions and reflected the situations described above in their reports. (See Evidence #222 through #248, Police Reports). It is worth mentioning that the police calls were made mostly at the final stage, since before the Tsafrir family did not know that they could call and draw up reports that could help solve these violations and disturbances. XVII. The simultaneous and constant constructions resulted in the infrastructure of the Tsafrir family's dwelling house being seriously affected. The rear wall bent dangerously inward toward the interior of the dwelling. (See Evidence #1), the pool pipe was affected and damaged, making its use impossible, and the wall that divides their house from that of their neighbors in Los Olivos Condominium fractured as a consequence of construction works and soil compactors; said separation resulted in rainwater accumulating between the walls, generating serious humidity problems. Additionally, the earthworks and excavations that took place at the rear of the Tsafrir family's dwelling house resulted in the height of their wall decreasing by approximately one to two meters, allowing any person to enter the dwelling from the rear without much effort, or to easily observe them. The constant disturbances and the permanent state of construction around their dwelling house generated the permanent emotional breakdown of the Tsafrir family. Mr. Shon Shai Tsafrir developed a depressive condition that altered his personality and caused him to lose approximately twenty-four kilos in a period of a year and a half (Mr. Tsafrir weighed seventy-four kilos before the problems generated by the constructions). (See Evidence, #74, 75, 69, 70); Mr. Tsafrir was under an enormous amount of stress and developed a high degree of irritability, anger, panic attacks, and anxiety that still persist today. Likewise, as a consequence of said depression, Mr. Tsafrir suffers great sadness and anguish, a loss of interest in pleasurable activities, insomnia, it interfered with his work productivity, altered his capacity for a full life, and caused concentration and memory problems. Likewise, he maintains a decrease in energy, which added to the above has caused him to lose or lack his hobbies, friends, his capacity to work, a pleasurable life, and especially the weight he had prior to the constructions. Ms. Olga Shutaleva developed a similar depressive condition, coupled with her state of pregnancy during the constructions, causing her emotional disorders. Additionally, when her daughter Lian was born, she was immediately immersed in an environment of high tensions and noises that has caused her psychological disorders at her early age. (See Evidence #4, 5, 6, and 65). XVIII. For more than a year and a half, the family tried to sell or rent their house, to end the vicious cycle of suffering and anguish they were experiencing as a consequence of the constructions around them. Despite various visits and interest shown by four to five real estate agents, and other people, the short distance between the house, its yard, and the tall office buildings, some still under construction, drove them away; the family contracted the services of brokers John Kartman, Jeannie Robles, Alvaro Domínguez Leyva, and Barry Ashworth.

The Tsafrir family persistently and constantly requested that the Municipality of Escazú, the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República), the Ministry of Health (Ministerio de Salud), the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), the Office of the Ombudsman (Defensoría de los Habitantes), the Federated College of Engineers and Architects (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos) take action, and they filed amparo actions before the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia), to cease the loud noises, nuisances, pollution of various kinds, odors, and the negative consequences, as well as to demand the corresponding responsibilities, generated to their detriment and caused by the manner in which these constructions were carried out. XX. The Municipality of Escazú stated on different occasions before the Constitutional Chamber, and before the Ministry of Health and the Office of the Ombudsman, that it was fulfilling its obligations by carrying out inspections from time to time, and warning those in charge of the constructions about the existence of dust. (See Evidence 294). XXI. As a consequence of the petitions submitted by the Tsafrir family, the Ministry of Health responded and concluded that the Municipality of Escazú was the competent body to analyze and supervise the situations that were developing in the surroundings of the Tsafrir family's dwelling house. In the same sense, it considered that by ordering sonic measurements it could be determined whether it was valid to act for the protection of the rights and interests of the Tsafrir family. (See Evidence 292 and 295). XXII. Mr. Tsafrir met with the Comptroller General of the Republic (Rocío Aguilar M.), the Ombudspersons (Lizbeth Quesada and Ofelia Taitelbaum), the Director of the Federated College of Engineers and Architects (Oimán Vargas), the Municipality of Escazú (former Mayor Marco Antonio Segura Seco and Garrett Cotter, Head of the Urban Planning Department), Ministry of Health Escazú, Central South Health Area of the Ministry of Health, and Magistrates of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice; specifically, Magistrate Ana Virginia Calzada, in her capacity as President of the Constitutional Chamber, was at the dwelling house of the plaintiffs herein for a formal inspection to verify the indicated damages (File 09-009460-0007-CO), and the Engineers in charge of the works at Grupo Roble and Grupo Meridiano and the Euroloft Condominium were also at her house on various occasions. Likewise, several meetings took place with officials of these entities and bodies, all requested by Mr. Tsafrir and Mrs. Shutaleva. XXIII. On January 18, 2007, the Federated College of Engineers and Architects of Costa Rica, specifically its Disciplinary Regime Department, Inspection and Control Area, issued Report DRD-INSP-45-2007, as an expansion to the first inspection carried out at the home of Mrs. Olga Shutaleva and its surroundings, indicating that "water accumulations occurred at the back of the applicant's home (...) a situation that caused the wall of the home to be exposed to water pressures, which could have caused it to bulge slightly and generated slight cracking in said wall." It is further indicated that the bulging of the wall is perceptible to the naked eye. Furthermore, Report DRD-INSP-45-2007 adds that "4 relatively close structures are observed near the applicant's home. There are 4 buildings in the surroundings that exceed 2 stories in height. The first of these buildings is located in front of the applicant's house, and consists of a 4-story building intended for apartments. Completely finished and inhabited. The second building is located to the side of the first building described. It consists of 6 stories in height and a basement. It is currently in the construction process. At the back of the applicant's home, there are likewise two buildings. The first building is a 9-story structure, currently under construction, and it is located exactly at the back of the home. There is a setback between the applicant's home and this structure of more than 30 meters, although due to the conditions of the terrain it was not possible to make a more exact measurement. Adjacent to this building under construction are the buildings belonging to Plaza Roble, about 6 stories in height. Completely finished. It is worth noting that there is a public street, both in front of and at the back of the applicant's home. The public street in front of the home has a width, from property line to property line, of 12.7 meters. At the back, it was not possible to verify the width of the public street, as there are no references to take measurements." Likewise, it pointed out that "it was observed that even though it is presumed to be a public street, the security of Plaza Roble restricts entry and exit from said street." Finally, the report concludes that "damages occurred in the rear wall of the home ... ", referring to the applicant's house. (See Evidence #334). XXIV. On March 31, 2007, Mrs. María Elena Mora Abarca, a neighbor and Director of the Quintanar Urbanization, submitted a letter to the Municipality of Escazú informing said institution of the nuisances and problems caused by the construction of the Meridiano Building and Plaza Roble, which, according to her indication, were "reported more than a year ago to this municipality, the Office of the Ombudsman, the Federated College of Engineers and Architects, and the Ministry of Health." The indicated problems included: "excess dust, entry and exit of trucks, work at times outside the hours established by the Regulatory Plan (Plan Regulador), danger of flooding to streets and neighboring houses with the onset of winter, construction of 2 towers that do not comply with green zone requirements, untreated black water that causes bad odors in the ravine (...) they affect the physical and mental health of each of the inhabitants of the urbanization without, to date, having received a satisfactory response from the municipality." (See Evidence 274). XXV. On March 7, 2007, Mr. Shon Tsafrir and Mrs. Olga Shutaleva filed an Amparo Action (Recurso de Amparo) against the person in charge of the Health Area (Guillermo Treminio Rivas) and the Municipal Mayor of Escazú (Marco Antonio Segura Seco), alleging a violation of articles 27, 41, and 50 of the Political Constitution, due to the lack of an effective response and breach of duties for the lack of serious attention to the complaints filed in relation to the problems they experienced at their home every day from Monday to Sunday from 5:30 AM until approximately 10 PM, which seriously affected their health, as a consequence of the construction of the towers that were built on the rear boundary of their house, among many other violations that occurred to this family and the neighbors in this location of the Quintanar Urbanization. The cited Amparo Action, processed under file No. 07-3239-0007-CO at fifteen hours and two minutes of October tenth, two thousand eight, was declared with merit, by means of judgment 14995-2007, and clarified and expanded by means of judgment 3815-2008, at twenty hours of March seventh, 2008. Additionally, Mr. Tsafrir filed three more amparo actions against the Ministry of Health and the Municipality of Escazú: the first of these was processed under file No. 09-9460-0007-CO, and was declared without merit, by means of judgment 269-2010, at eleven hours and forty-three minutes of January eighth, two thousand ten, and, expanded and clarified, by means of judgment 10359-2010, at thirteen hours and six minutes of June eleventh, two thousand eleven; the second, processed under file 10-13727-0007-CO, was declared without merit by means of judgment 5406-2011, at ten hours and forty-one minutes of April twenty-ninth, two thousand eleven, and, expanded and clarified, by means of judgment 8920-2011, at fifteen hours and forty-five minutes of July fifth, two thousand eleven. Finally, the last of the amparo actions filed by Mr. Tsafrir and Mrs. Shutaleva was processed under file No. 09-6673-0007-CO, and was declared with merit, by means of judgment 1745-2011, at nine hours and fifty-nine minutes of February eleventh, two thousand eleven, and expanded and clarified by judgment No. 4223-2011, at eighteen hours and seven minutes, of March twenty-ninth, two thousand eleven; judgment No. 1745-2011, stated that "the appeal is declared with merit for violation of constitutional articles 21, 41 and 50, only insofar as the Municipality of Escazú did not foresee and order the technical requirements under which El Barro street could be improved, with the aim of avoiding the encroachments caused by the lack of an adequate surface water drainage channel, as well as the inertia of this Municipality in resolving the complaints filed by the appellant, as well as in restoring the residential zones of the Urbanization and its omission in delimiting and safeguarding relevant water resources such as the easement (servidumbre) of the pipe that comes from Puente Mulas, having authorized several constructions without their foresight in case of emergency. Consequently, Marco Antonio Segura Seco, in his capacity as Mayor of the Municipality of Escazú, or whoever holds the position, is ordered to, immediately upon notification of this judgment, proceed to issue orders within the scope of his powers and competencies, in order to guarantee that within a period of three months from the notification of this judgment, El Barro street complies with the necessary technical requirements so that the surface and subsurface waters that flow over it may run properly. Likewise, they must immediately coordinate with ICAA, the Water Department of MINAET, and SENARA, the updating or completion of a hydrographic study of the area, as well as proceed within the same three-month period indicated above, to delimit and clearly demarcate the easement (servidumbre) of passage of the Puente Mulas mother pipeline and take precautions regarding future applications for construction permits. The Mayor of the Municipality of Escazú is warned that, in accordance with article 71 of the Law of this jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo action and does not comply with it or enforce it, provided the crime is not more severely punished. The Municipality of Escazú is ordered to pay the damages caused by the facts serving as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative proceeding. As for the other points, the appeal is declared without merit. Communicate and notify this resolution to Marco Antonio Segura Seco, in his capacity as Mayor of the Municipality of Escazú, as well as to the representatives of MINAET, ICAA and SENARA." The Municipality of Escazú, despite having requested eight months for the compliance with said judgment, has not yet proceeded to carry out any work, as is evident from the Notarial Certificate (Acta Notarial) issued by Notary Ariana Azofeifa Vaglio. (See Evidence #355). XXVI. On June 6, 2007, the Office of the Ombudsman issued official communication # 04061-2007-DHR in response to a request submitted by Mr. Shon Tsafrir, in which it makes recommendations to the Municipality of Escazú regarding the case. (See Evidence #322 and 323). XXVII. On November 16, 2007, the Environmental Administrative Tribunal in its Resolution #1227-07-TAA requested that SETENA, the Municipality of Escazú, and the Escazú Governing Health Area (Área Rectora de Salud de Escazú), indicate the procedures carried out by each one in this regard, as well as the existing permits and feasibility studies in each of these institutions in relation to the constructions indicated in the complaint of Mr. Tsafrir and Mrs. Shutaleva. (See Evidence #328 and File W226-07-01-TAA of the Environmental Administrative Tribunal). XXVIII. The urban development and construction situation occurring in the Municipality of Escazú was analyzed and criticized by the Comptroller General of the Republic; likewise, it was the subject of journalistic reports by Channel 7. The Comptroller General of the Republic, through its Report DFOE-SM-1-2009, determined that "the regulatory plan (plan regulador) of the canton of Escazú lacks four of the five urban development regulations required by current regulations, namely: for subdivision (fraccionamiento) and urbanizations, for an official map, for urban renewal, and for constructions. In this regard, the cited Urban Planning Law establishes that said plan must contain five basic regulations: zoning, for land uses; subdivision (fraccionamiento) and urbanization, on the division and urban development of land; official map, on the provision and conservation of spaces for public roads and communal areas; urban renewal, relating to the improvement or rehabilitation of areas in the process of or in a state of deterioration; and constructions, regarding building works." Likewise, it was concluded that the Regulatory Plan of the Canton of Escazú "also does not consider the environmental variables required by current regulations, despite the fact that in 2006 and in compliance with the General Regulation for Environmental Impact Assessment, the Municipality of Escazú submitted to SETENA the Technical Report on Environmental Fragility Mapping (IFA) and the Environmental Scoping Analysis (AAA) of the regulatory plan of Escazú, as well as a document (annexed to file EAE 07-2006-SETENA) related to the introduction of the environmental variable into that plan." Additionally, Channel 7 published, in its newscast, a report on the situation occurring in Escazú and the dwelling house of the Tsafrir family. (See Evidence #338). XXIX. The Municipal Engineer, Garrett Cotter Alfara, in statements to Telenoticias, Channel 7, indicated that there were violations of the legal system during the development of the constructions by the developers. (See Evidence #360). XXX. Grupo Roble Internacional, S.A. installed and operated a parking lot that the Municipality of Escazú allowed to be located within the Quintanar Urbanization on a lot of approximately 2400 m2 located only 20 linear meters -in the open air- from the Tsafrirs' house. They then converted this parking lot into a large warehouse for construction materials and heavy machinery, and they also made it a site or base for construction and extremely noisy heavy work for approximately 4 years, causing serious negative physical and psychological health consequences for the neighbors of this neighborhood, especially for the Tsafrir family who lived a few meters from it. (See Evidence #221 and 275). XXXI. The Municipality of Escazú, according to the aforementioned DFOE-SM-1-2009 Report of the Comptroller General of the Republic, had only three inspectors to supervise constructions in the entire canton. (See Evidence #338). XXXII. The Comptroller General of the Republic, through its Report DFOE-SM-1-2009, concluded that the Municipality of Escazú does not exercise effective oversight over the constructions being developed in that canton, despite the fact that it is one of the cantons with the most real estate development in recent years, which undoubtedly demands that this municipal corporation establish effective controls over the construction permits it grants, in order to timely detect irregularities and abuses that arise in relation to construction activity and take the appropriate corrective measures for each particular case according to law. Furthermore, the current regulatory plan of the canton of Escazú lacks four of the five regulations required by current regulations and does not include the environmental variables stipulated in the regulations governing construction matters in the canton. Such weaknesses not only threaten the municipal coffers, but also undermine the orderly urban development of the canton, which may also cause irreparable problems for the environment and therefore affect the quality of life of the inhabitants, for which reason it is necessary for the Administration to define and approve the pertinent actions, with the unrestricted support of the Municipal Council, to strengthen the management of the construction tax and guarantee compliance with the legal and technical regulations governing that activity, in such a way as to promote orderly and sustainable urban development of the canton" (emphasis is ours). (See Evidence #338). XXXIII. The cited constructions continued until their completion. The Tsafrir family was never notified of the existence or creation of a Mitigation Plan (Plan de Mitigación), as ordered on different occasions by both the Constitutional Chamber through resolution number 2007014995 at 15 hours 02 minutes of October 17, 2007 (File 07-003239-0007-CO) and the Ministry of Health, nor of effective actions by the Municipality of Escazú that would tend to effectively protect their interests and rights against the constructions that were being developed. (See Evidence #294 and File 07-003239-0007-CO of the Constitutional Chamber). XXXIV. The emotional and psychological consequences persist to this day, and the Tsafrir family is not in a position to be able to enjoy the same quality of emotional life again that they enjoyed before the constructions, having to continue with medications, treatments, and therapies to try to improve the injuries caused to their health and their family. (See Medical Evidence #2 to 176). XXXV. Currently, the Tsafrir family continues to live in the same dwelling house, which is in a state of infrastructural deterioration, and the family continues to suffer from chronic states of depression, anxiety, and tension. (See Medical Evidence #2 to 1176)." Setting aside the procedural fact of whether the facts expressed in this manner were specified and/or detailed (almost in their entirety none were, even in terms of circumstances of mode, time, and place) in what was specifically expressed in the claims determined in the preliminary hearing, the plaintiffs identified actions and/or omissions incurred by both the Municipality of Escazú and the Ministry of Health – all within the framework of construction processes up to their completion – the truth is, and we reiterate, that only from their manner of expression was imputed as the basis for the origin of the damages claimed, facts that could be directly attributable to both Public Administrations, only facts that we can, making an enormous effort in this regard, place in the year 2007. Then, and clearly, in order to determine that some administrative conduct, whether active or omissive, adopted by any of these Public Administrations, had the virtue of producing continued effects, in addition to it being necessary for the plaintiffs to specify and detail facts, they would have had to place this Judicial Authority in a position to have proven either the existence of a specific omissive conduct or an active one, to then proceed to analyze whether such conduct (active or omissive) continued to produce effects and until what moment. The complaint of a fact with absolute clarity says nothing in this regard, for obvious reasons, when what is relevant, in a first analysis, is whether such complaint was addressed or not, and then whether it was addressed successfully, if it is demonstrated that the complaint was indeed truthful in what could describe the production of a harmful effect produced by the one complained against, in this case directly produced by the construction process which, as an activity of third parties, was developed by private legal subjects, that is, by one or all of the companies that developed their construction projects autonomously, an activity regarding which, in each case, the plaintiffs, also in accordance with the Procedural Law, should have specified and detailed facts in their statement of claim, with a minimum of rigor and clarity. Continuing, ONCE THE STATEMENT OF CLAIM WAS FILED ON DECEMBER 22, 2011, it was processed by means of the resolution issued by the Procedural Judge (Juez o Jueza de Trámite) (image 100 of the judicial file) at 12:32 hrs. of March 15, 2012. The response to the lawsuit, a consequence of observing the respective summons granted in the terms of said interlocutory resolution, occurred, and it was answered by all the defendant parties, and in particular, by the representation of the State regarding the action directed against the Ministry of Health, and by the representation of the Municipality of Escazú in the relevant part, and so, by interlocutory resolution issued at 11:13 hrs. on December 19, 2012, a hearing for a reply to the answer to the claim was granted, in each case, to the representation of the three plaintiff parties (image 100 in relation to 499, both of the judicial file). Subsequently, the representation of the plaintiffs complied with the respective summons to reply to the statements of defense, and it was thus that in images ranging from 510 to 523, the representation of the plaintiffs replied by writing submitted to the court on January 23, 2013. On this occasion, the representation of the plaintiffs herein further indicated that they were managing an expansion of "new" facts and their claims, all related in each case exclusively to the health of Mr. Shon Shai Tsafrir. These "new" facts were described as follows in the expansion to the statement of claim: "I. On May 3, 2012, Mr. Shon Shai Tsafrir suffered strong chest pains, for which he was sent as an emergency to Hospital México. Mr. Tsafrir was treated in the Emergency Room of Hospital México. II. As a consequence of said emergency, he was sent to Hospital CIMA San José, for medical tests to be performed on May 4, 2012. III. As a consequence of the medical tests, Mr. Tsafrir was ordered to be admitted to Hospital CIMA San José on May 8, 2012, by Dr. Yamilah Bouzid Jiménez. Likewise, he was attended by Dr. José Luis Salas Jerez. IV. Mr. Tsafrir was diagnosed with panic and anxiety crisis, and, subsequently, a medical certificate was issued by Dr. José Luis Salas Jerez, which indicated that Mr. Tsafrir "is under treatment for major depressive disorder and severe panic disorder, precipitated by accumulated stress ... ". The depressive and panic disorders are a product of the situations experienced over several years in relation to the constructions made around his dwelling house, a product of the actions and omissions of the State, the Municipality of Escazú, Grupo Roble Internacional, S.A., Parque Central, S.A., Construcciones KMC, S.A. and Grupo Meridiano de Centroamérica, S.A.. V. Dr. José Luis Salas Jerez has medicated Mr. Tsafrir with the drug Paxil for a long-term treatment and Dr. Yamilah Bouzid Jiménez prescribed the drug Concor 5 mg." (The highlighting is not from the original). Additionally, as we noted above, an expansion of the claims was requested. We must pause at this point to indicate that in relation to any active or omissive administrative conduct that could, for the exclusively patrimonial effects in which the claims were outlined, describe any conduct attributable either to the Ministry of Health or to the Municipality of Escazú, it was not requested that any such conduct be introduced into the process as an expansion to the claim. In another vein, regarding the exception of prescription (excepción de prescripción) insofar as it was relevant, alleged by any of the sued public administrations, the representation of the plaintiffs expressed themselves as follows: "The defense of prescription is improper and must be declared so. Firstly, the assertions on which the State representation is based are incorrect for the reasons that will be developed below. There are not two stages, as the State representation attempts to point out. As is clearly evident from a detailed reading of the statement of claim, the construction of the buildings begins with the permit phase in 2006 and culminates in 2011; they are a series of continuous elements over time developed to finalize the construction of the buildings. Indeed, there is abundant documentation from the years 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, and 2011, which demonstrates this effect. The construction did not end in 2007, and there is abundant evidence in the file that demonstrates this. Likewise, the lawsuit is not limited to the construction, but also to the noise pollution emanating from the fans placed by one of the defendants, which operated for most of the day and night. Equally, the State representation, in its basis for filing the exception of prescription (excepción de prescripción), ignores that the nuisances and damages do not come solely from the defendant Grupo Roble Internacional, S.A., but also from the other defendant parties. Additionally, the damages to health persist to this day, meaning the prescription period cannot have elapsed. Thus, it is evident that the four-year period must begin to be counted from the year 2011—which could even be questioned due to the health damages existing to this day—which is when the constructions finished. It is even valid to affirm that, to this day, significant actions are still being maintained by the defendants that continue to affect the health and well-being of my clients. As is detailed in article 198 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), the right to claim compensation prescribes in four years from the fact that motivates the liability. The set of facts that motivate the liability are consolidated and defined in the year 2011, from which moment the counting of the period can begin. In any case, as the State representation well recognizes, the prescription period has been constantly interrupted through the actions filed by my clients. Erroneously, the State representation states that this process was filed in April of 2012, when, clearly, it can be verified that the statement of claim was filed on December 22, 2011. Thus, it is clear that the prescription period has not elapsed." (The highlighting and underlining are not from the original). Subsequently, and in the terms of the interlocutory order issued on September 3, 2013, during the celebration, at that point, of the preliminary hearing, the complaint was considered expanded exclusively in what was requested by the representation of the plaintiff parties herein, and it was thus, insofar as said preliminary hearing continued being celebrated in the relevant part on June 3, 2015, as recorded in the minutes drawn up for the purpose of recording what occurred in said judicial proceeding, it stated the following, in what is relevant: "09:00 The judge indicates that this proceeding consists of 40 facts which correspond to the statement of claim plus the expansions made during the process, and from a review of the answers to the claim, it is considered that all the facts are disputed. 09:01. (...) 09:05 After hearing the parties, it is agreed that indeed all 40 facts are disputed." (The highlighting and underlining are not from the original). We must pause again to indicate that, comprising 35 facts in the statement of claim, to which must be added the 5 facts that the representation of the plaintiffs requested be incorporated into their action (claim) by writing submitted to the court on January 25, 2013 (to which we have already referred), the facts forming the basis for the imputation of liability in this exclusively patrimonial action were indeed, and still are, as of the date of issuance of this judgment, 40, no more, and no less, without any of them, in the relevant part, as will be seen, being related in a detailed manner (in terms of mode, time, and place) and/or specified in what could describe an active or omissive conduct attributable to either the co-defendant State or the Municipality of Escazú, which is the basis for imputing the patrimonial liability claimed against them; that is, stated in other terms, without, as of this date, any fact of the kind occurring after the year 2007 having formed part or been the object of debate in the present case, because the representation of the plaintiffs had sought it, and consequently, the respective pronouncement by the judicial authority, with a hearing that ensures respect for the right of defense of the defendant parties, having mediated. Although this section of this judgment is undoubtedly extensive, it is necessary to turn to what was decided by the First Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia), identified with No. 002867-F-S1-2024 at 09:54 hrs. of December 19, 2024, as follows.-

2.- In its judgment No. 002867-F-S1-2024 issued at 09:54 hrs.

On December 19, 2024, the First Chamber of the Supreme Court of Justice reasoned as follows, which ultimately led to the comprehensive cassation of the judgment challenged through the extraordinary cassation appeal. The High Court of Cassation indicated, in the pertinent part, that the judgment was cassated on substantive grounds based on the cassation appeal filed exclusively by the adult plaintiffs, on the basis that: "VI.- When resolving the alleged statute of limitations (prescripción), the Court indicated, broadly speaking, that from reading the facts of the complaint (demanda) it could be inferred that the administrative conduct from which the harmful effects being claimed would have arisen occurred until 2007, so that, since the complaint was not notified until 2012, the right claimed by Mr. Shon Shai Tsafrir and Ms. Olga Shutaleva was time-barred, because the four-year period provided for in Article 198 of the LGAP, applicable in this case, would have elapsed. (...). VII.- Having reviewed the case file, it is observed that both the State representation and the Municipality of Escazú raised the statute of limitations defense (excepción de prescripción) when answering the complaint. In general terms, they alleged that, from the facts narrated in the complaint, it was understood that the conduct deemed harmful occurred between 2006 and 2007, so that, since the complaint was not notified until 2012, the period provided for in Article 198 of the LGAP would have elapsed. In contrast, the plaintiffs, when referring to said defense, indicated that the construction of the buildings began with the permit phase in 2006 and concluded in 2011, so it was a series of continuous acts throughout that period, as evidenced by the evidence provided. In the opinion of the plaintiffs, the statute of limitations period began to run from 2011, when the constructions ended, although, in any case, they maintain that this is questionable because the damages persist. They also say that said period has been constantly interrupted by the actions filed. Well then, it is important to highlight here that, FOR THE PURPOSE OF ANALYZING THE ALLEGED STATUTE OF LIMITATIONS, IT IS NOT ENOUGH TO REVIEW ONLY WHAT WAS ARGUED IN THE COMPLAINT, as the Court did, since it is essential to also assess the defense thesis followed by the plaintiff against the defenses raised by the defendant, because, precisely for this reason, the plaintiff is granted the opportunity to comment on the matter and even offer counter-evidence, IN ACCORDANCE WITH CANON 70 OF THE CPCA." (The underlined and capitalized emphasis is not from the original). We must pause to point out that the Chamber accused Article 70 of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) of having been disregarded, which reads as follows in the pertinent part: "1) Except for the case of the preceding article, once the complaint or counterclaim has been answered, the processing judge (jueza o juez tramitador) shall transfer the matter to the plaintiff, for a period of three business days, so that they may comment on it and offer counter-evidence." (The emphasis and underlining are not from the original). From the rule, it is easily extracted that the hearing for the reply (réplica) to the answer to the complaint is about the content and scope precisely in light of that procedural act, that is, the complaint, as well as, if it concerns the facts, it is so that once the answering parties have accepted or rejected the facts totally or partially, as well as offered evidence in this regard, the plaintiff(s) have the opportunity to comment on such acceptance or rejection, and offer counter-evidence regarding it. THE CITED RULE SAYS NOTHING ABOUT THE FACT THAT, IN ATTENTION TO THE REPLY TO THE ANSWER TO THE COMPLAINT, an unrestricted opportunity arises for the plaintiff to EXPAND THEIR COMPLAINT WITH NOVEL FACTS, whether, according to the date of their occurrence, they pre-existed at the time of filing the complaint document with the judicial court, or are subsequent (new facts), that is, facts supervening on the date of filing the complaint with the judicial court. Not even an isolated reading and/or application by the legal operator—that is, a non-systematic reading and/or application of the legal system in disregard of the provisions of Articles 11 of the Political Constitution, the Civil Code, and the General Law of Public Administration, and, if you will, these in relation to Article 10 of the Civil Code—allows making such a rational logical inference in interpreting the rule. As will be seen, the matter regarding the possibility of expanding the complaint, if it is understood that the cause of action (causa de pedir) is the foundation of the action, is regulated in other procedural rules different from this Article 70, all likewise from the same Contentious-Administrative Procedural Code, which must be observed and applied in a systematic or holistic manner in accordance with the already related Article 10 of the Civil Code, and its counterpart in the General Law of Public Administration, in relation to Articles 21 and 22 of the Civil Code and the procedural concept of abuse of process (abuso del derecho), to which must be added the provisions of Article 8 of the Organic Law of the Judicial Branch. What can be affirmed at this point from the outset is that ARTICLE 70 OF THE CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE PROCEDURAL CODE, BECAUSE ITS TEXT DOES NOT SAY SO, NOR CAN IT BE INFERRED FROM ITS CONTENT AND/OR SCOPE, NOT EVEN FROM A FINALISTIC PERSPECTIVE, REPRESENTS A PROCEDURAL OPPORTUNITY GRANTED BY THE WILL OF THE LEGISLATURE TO EXPAND THE COMPLAINT WITH REGARD TO THE FACTUAL FRAMEWORK THAT IS THE BASIS OF WHAT IS SOUGHT TO BE GRANTED IN THE JUDGMENT, which is the basis for imputation, as in this case, of the claimed patrimonial liability. The First Chamber of the Supreme Court of Justice continued arguing in its Vote of interest that, precisely in application of the related Article 70 of the Contentious-Administrative Procedural Code, it is that in attending to the reply brief to the answer to the complaint, this Court would have overlooked that the complaint—as we understand it—was expanded regarding the facts, as follows: "From the examination of what is sought in this cause, it is observed that, in general terms, the plaintiffs claim from the defendant public entities liability for the lack of control and supervision during the construction projects developed by the co-defendant private companies (despite the constant complaints made), which generated a series of effects on their health and property. At this point, it is necessary to clarify that, by virtue of seeking compensation from public entities, the statute of limitations period provided for in the special administrative regulations applies, that is, the one regulated in Article 198 of the LGAP, which provides: 'The right to claim compensation from the Administration shall prescribe in four years, counted from the event giving rise to the liability (…)'. / Moreover, this Chamber appreciates, in this case, there is no controversy regarding the fact that in 2007 there were a series of complaints by the plaintiffs before the defendant public administrations by virtue of the nuisances derived from the constructions carried out around their dwelling house. The issue that sparks the debate lies in determining whether, after that year, there were more acts in that same sense or the filing of actions THAT HAD THE VIRTUE OF INTERRUPTING THE STATUTE OF LIMITATIONS PERIOD. From the complete study of the case file and the evidence contained in the record, this Chamber observes that, as alleged by the plaintiff during the process and reiterated in this grievance, the construction process and the nuisances and complaints derived therefrom were not limited to 2007, but continued, at least, until 2010. Note, with respect to the Ministry of Health, in evidence No. 304 provided with the complaint, visible at folio 628 of the physical file, it is recorded that, on January 8, 2009, Mr. Shon Shai Tsafrir and Ms. Olga Shutaleva filed a complaint before the Ministry of Health, claiming the following: 'We hear loud noises from drills, heavy machinery and all kinds of construction noise, coming from Grupo Roble, even at night.' Likewise, on August 17, 2010, it is recorded that the Ministry of Health received a complaint from Mr. Shon Shai Tsafrir, in which he claimed a noise pollution problem generated by industrial fans installed by Grupo Roble behind his dwelling house (evidence No. 307). Similarly, in relation to the Municipality of Escazú, it is also recorded that, between December 2008 and August 2010, the plaintiffs requested the intervention of the Municipal Police of Escazú on multiple occasions, who drew up ocular reports describing the presence of loud noises, construction work during unauthorized hours, or burning near the plaintiffs' dwelling house (see evidence No. 221- No. 248 provided with the complaint). With such evidence, it is clear that the facts on which the plaintiffs base the liability attributed to the local government and the State were not exhausted in 2007, as provided in the appealed judgment, but continued years later. Thus, it is inappropriate to count the statute of limitations period from 2007, since the event giving rise to the attributed liability was perpetrated over a period that lasted through subsequent years. Thus, SINCE THERE IS EVIDENCE THAT THE FACTS FORMING THE BASIS OF THE LIABILITY CLAIMED still persisted in 2010, it is clear that the present matter is not time-barred, as the complaint was notified in 2012, that is, when the 4 years stipulated in Article 198 under comment had not elapsed. However, it is clarified that WHAT IS ANALYZED HERE REFERS TO THE OMISSIVE CONDUCT CLAIMED AGAINST THE PUBLIC ENTITIES. That is, the statute of limitations period for claiming the lack of control by said entities has not elapsed." (The emphasis, underlining, and partially capitalized text are not from the original). In the first-instance judgment comprehensively cassated by the First Chamber of the Supreme Court of Justice in the terms of its Vote identified as No. 002867-F-S1-2024 at 09:54 hrs. on December 19, 2024, we conducted an extensive analysis based on an old jurisprudential precedent issued by a Section of this Court different from the present one, regarding the reasons why, when resolving on the merits, the complaint as brought by the three plaintiffs and/or their representation was unsuccessful, based on the observance of the PRINCIPLE OF CONGRUENCE that every judicial judgment must observe. This was the judgment issued by the Tenth Section of this Contentious-Administrative Court, in its judgment No. 17-2008 at 13:40 hrs. on September 30, 2008, which, invoking among other rulings recurrently issued by the First Chamber of the Supreme Court of Justice itself, cited the one identified as Vote No. 000421-F-S1-2013 issued at 14:50 hrs. on April 9, 2013, which reads as follows in the pertinent part: "Indeed, on the issue of incongruence, the Chamber has highlighted the importance of the factual framework set forth by the plaintiff when suing, given that '...the prayer for relief together with the facts relating to the cause constitute the limits within which the judgment must be issued... Every complaint must contain a statement of facts. It is not a mere account or simple narration. The facts, like the material claims, must be expressed in a precise and clear manner, so that they are capable of supporting the declaration of the right or legal situation in the judgment. The facts in a complaint constitute the factual foundation of the argued claim ... the parties have absolute power regarding the determination of what is sought in trial and its factual support, which constitutes the radius of action within which the judge must move when resolving on the appropriateness or inappropriateness of the petitionary items submitted for their consideration. The judge must resolve based solely on the ALLEGED AND PROVEN facts that are pertinent to their decision' (judgment No. 589 of 14 hours 20 minutes of October 1, 1999). In this vein, it is clear that the link between the facts OF THE COMPLAINT and the prayer for relief or material claim demarcates the LIMITS OF WHAT IS DEBATED, specifies the aspects on which the defendant will exercise their right of defense, RESTRICTS THE JUDGE'S KNOWLEDGE (except for the exceptions expressly established in law, e.g., NEW FACTS), and delimits the contours of their final decision. The principle of congruence, embodied in Articles 99, 153 and 155 of the Civil Procedural Code, is oriented to this end, whose serious results, derived from its non-observance, lead to the nullity of the ruling, under the shelter of the provisions of Article 594, subsection 3, of the same body of laws. IV.- In numerous pronouncements of this Chamber, insistence has been placed on the purpose of requiring the judge to resolve according to what was debated, not being able to overflow the limits imposed in the complaint, for which purpose they must refer not only to what was requested but also to its FACTUAL FOUNDATIONS OR CAUSE OF ACTION. Thus, for example, in judgment No. 14 of 11 hours 35 minutes of March 25, 1994, it stated on the matter: 'The principle of congruence, the violation of which the appellant recriminates, bears capital importance within a trial. Through said procedural institute, the legislator seeks to ensure or guarantee order, certainty, balance, in short, the RIGHT OF DEFENSE OF EACH OF THE PARTIES, in the judicial contest. For the sake of that fundamental objective, and dealing with differences arising in the sphere of private interest, to establish and preserve throughout the process the aforementioned balance, the law prescribes that IT IS FOR THE PARTIES TO EXCLUSIVELY, DETERMINE THE FACTS CONCERNING THE CAUSE, around which they structure their prayer for relief (...) The manifest interest reflected therein that the facts relating to the cause be clearly defined, tends to properly alert the counterparty on the points according to which they must exercise their defense; at the same time, to promote the essential order within which the judicial debate must take place, since otherwise anarchy would be enthroned therein (...). As inferred from the foregoing, judicial knowledge must be confined to an absolute power recognized to the parties for the determination of the factual framework. That is, in their ruling, the judge may not overstep the boundaries defined by what was requested, alleged, and proven by them (...). As can be seen, in light of our positive procedural law, consonant with the doctrinal principles previously commented upon, the parties are vested with an absolute power emanating from the statement of facts, which marks the radius of action within which the Judge must move when resolving on the appropriateness or inappropriateness of the petitionary items submitted for their consideration. A RULING THAT DISDAINS THAT POWER WILL IRREMISSIBLY INCUR IN THE VICE OF INCONGRUENCE referred to in Article 99 of the Civil Procedural Code'. (The emphasis, underlining, and partially capitalized text are not from the original). Then, we already warned that regarding the content and scope of Article 70 of the Contentious-Administrative Procedural Code, the rule contained therein does not imply, not even by way of interpretation, a procedural opportunity provided by the Legislature to the plaintiff to expand the facts of the complaint, to which must be added that, regarding the content and scope of this reply brief to the answer to the complaint, NO HEARING IS GRANTED TO THE ANSWERING PARTIES. The possibility of expanding the complaint is provided for in different rules, all from the Contentious-Administrative Procedural Code, namely, those contained in Articles 46, 68, 55, and 95, all from the same adjective regulatory body, without prejudice, but taking into account at the same time, the provisions of its Article 85, subsection 1) paragraph b), which requires as a prerequisite for formal admissibility of the complaint, that it reveals: "b) The facts and the background, as applicable, related to the object of the process, listed one by one, enumerated and specified." (The emphasis and underlining are not from the original), which in turn, for an adequate understanding, must be correlated with the provisions of Article 90 of the same Contentious-Administrative Procedural Code, which makes the admissibility of evidence dependent on the prior determination of the facts that, according to the complaint document (of course), are those regarding which, according to the position assumed by the parties (plaintiffs), are or may be considered disputed, thus in what is of interest: "1) In the preliminary hearing (audiencia preliminar), orally, it shall be resolved: (...). e) The determination of the disputed facts that are relevant for the resolution of the case and that must be subject to evidence". (The emphasis and underlining are not from the original). Two things must be extracted from Articles 58 and 90, in their transcribed subsections and/or paragraphs: first, that the facts regarding which evidence is to be admitted in the preliminary hearing are those contained in the complaint; and second, that this will be to the extent that there is a dispute between the parties regarding them. Then, as a necessary logical consequence, only the facts contained in the complaint (or its expansion) are or could be the object of such analysis, while on the other hand, evidence is to be admitted regarding those facts which, contained in the complaint, are in dispute between the parties. Hence the relevance, in the pertinent part, of the provisions of Articles 46, 68, and 95, all of the Contentious-Administrative Procedural Code, under the terms of which, the following is provided: "Article 46: 1) If prior to the preliminary hearing, an act is issued or knowledge is gained of any administrative conduct that meets the assumptions referred to in Article 45 of this Code, the plaintiff may expand the claim (pretensión) to the new act, action, or omission. / 2) Once the claim has been expanded, the processing judge shall resolve on its admissibility and, if appropriate, in the same resolution shall suspend the proceedings; shall order, as applicable, that the administrative file be completed and shall transfer the matter to the answering party, so that, within a period of ten business days, they may proceed to its due answer. / 3) In the event of expanding the claim, the parties may introduce new facts until before the preliminary hearing". (The emphasis and underlining are not from the original). From the transcribed rule, it follows that—with absolute independence from the provisions of Article 70 of the same regulatory body which is irrelevant for these purposes, we add—if prior to the preliminary hearing the existence of an administrative conduct supervenes that would be the basis for challenge or for what is sought—we add for obvious reasons—the complaint certainly can be expanded in relation to such supervening conduct, whether active or omissive, as such, that is, from a logical rational point of view, supervening or one regarding which the plaintiff had no prior knowledge of its existence. Then, having ruled out that the plaintiffs had, in the present cause, first, requested an expansion of their complaint through this procedural avenue, starting from what was analyzed and argued by the First Chamber of the Supreme Court of Justice when citing the one identified as Vote No. 000421-F-S1-2013 issued at 14:50 hrs. on April 9, 2013 in what it introduced based on the application—erroneous, we add—of Article 70 of the Contentious-Administrative Procedural Code, the question is whether facts such as the following, which do not refer to any administrative conduct, whether active or omissive—it was appropriate to weigh them to rule as it did, namely, which we now proceed to enumerate: 1) "Note, with respect to the Ministry of Health, in evidence No. 304 provided with the complaint, visible at folio 628 of the physical file, it is recorded that, on January 8, 2009, Mr. Shon Shai Tsafrir and Ms. Olga Shutaleva filed a complaint before the Ministry of Health, claiming the following: 'We hear loud noises from drills, heavy machinery and all kinds of construction noise, coming from Grupo Roble, even at night'"; 2) "Likewise, on August 17, 2010, it is recorded that the Ministry of Health received a complaint from Mr. Shon Shai Tsafrir, in which he claimed a noise pollution problem generated by industrial fans installed by Grupo Roble behind his dwelling house (evidence No. 307)"; and 3) "Similarly, in relation to the Municipality of Escazú, it is also recorded that, between December 2008 and August 2010, the plaintiffs requested the intervention of the Municipal Police of Escazú on multiple occasions, who drew up ocular reports describing the presence of loud noises, construction work during unauthorized hours, or burning near the plaintiffs' dwelling house (see evidence No. 221- No. 248 provided with the complaint)". We must first highlight that, in their entirety, these facts describe conduct deployed by some of the plaintiffs here, not however, conduct deployed, whether active or omissive, by any of the defendant Public Administrations; none of these conducts deployed by the plaintiffs refer to the occurrence of a harmful administrative conduct or one that produced any damage to the plaintiffs here consequently; and finally, all three of these conducts that are not administrative, deployed by any of the Public Administrations sued here, are not supervening, but rather, pre-existing by their date to the date of filing the complaint with the court (filing of the complaint), which occurred by document filed on December 22, 2011, without the plaintiffs having made mention in their complaint and/or requested its expansion in this regard, whence it must be affirmed that if it is a matter of observing the provisions of the already related Article 46 of the Contentious-Administrative Procedural Code, in any case, none of those facts in which only an active conduct would have been described, but deployed by the plaintiffs (some of them) neither proves a damage, nor proves a "claim" for patrimonial liability filed in the administrative venue aimed at the compensation of the damages and/or losses claimed in the present process, much less a conduct that should be the object of the process or the basis for imputation of the claimed patrimonial liability, to which must be added that, once the complaint was filed on December 22, 2011, neither did the plaintiffs request an expansion of the complaint in this regard, nor did they allege ignorance of the occurrence of such facts, but rather the opposite prior to suing, so that in accordance with the provisions of the repeatedly mentioned Article 46 of the Contentious-Administrative Procedural Code, even admitting that the plaintiffs had requested an expansion of the complaint—which this Court does not accept—expanding the complaint under these procedural circumstances was not legally appropriate. We must reinforce, only for greater abundance of reasons, that it is one thing to affirm that an individual filed a complaint by reason of the nuisances or damages they were suffering from the development of a civil construction process, and quite another to infer that this complaint constitutes a claim for damages and/or losses, much less to infer that such a complaint, by itself alone (half proof of the existence of such a complaint or not), has as evidence the virtue of demonstrating the existence of the damage, which in any case, in none of these scenarios was specified or detailed, nor was it correlated by virtue of its effects, with any administrative conduct among those actually described in the complaint, all occurring up to 2007, neither by the plaintiffs nor by the First Chamber of the Supreme Court of Justice. Consequently, even admitting the existence of these complaints—which we do not—and that as facts describing active or omissive administrative conduct—which we also do not—they were contained in the complaint and/or its expansion—which did not occur—they could in no way have the virtue of serving as an act interrupting the 4-year statute of limitations period provided for in Article 198 of the General Law of Public Administration. In another vein, Article 58 of the Contentious-Administrative Procedural Code was also not observed in what it states as follows: "1) Without prejudice to the provisions of the first paragraph of Article 46 of this Code, the complaint and the counterclaim may be expanded in writing, BEFORE THEY HAVE BEEN ANSWERED. / 2) If, after the complaint or counterclaim has been answered, any new fact supervenes with influence on the claim invoked by the parties in the process, they may prove it before the case is ready for the issuance of judgment. / 3) IN ALL CASES, THE PARTIES SHALL BE HEARD FOR THREE BUSINESS DAYS. / 4) The Court shall rule on the new facts alleged in the judgment". (The emphasis, underlining, and partially capitalized text are not from the original). We insist, that if what occurred in the terms resolved by the First Chamber of the Supreme Court of Justice in its Vote No. 000421-F-S1-2013 issued at 14:50 hrs. on April 9, 2013, referred to facts, as it appears to be, and not to administrative conduct that should be the object of the process, that is, in the specific case, the basis for imputation of the claimed patrimonial liability, the expansion of the complaint regarding these facts, whether new or more appropriately understood, supervening, is only appropriate before the complaint is answered, or in its case subsequently, exclusively if, upon the prior existence of a request or at the requirement of the interested party, the fact is supervening and if a prior hearing is given to the counterparty, which from the outset for these purposes excludes the interpretation made of the provisions of Article 70 of the Contentious-Administrative Procedural Code by the First Chamber of the Supreme Court of Justice in its Vote No. 000421-F-S1-2013 issued at 14:50 hrs. on April 9, 2013, because neither was a request made by the plaintiffs in this sense during the entire course of the processing given to the present cause, and also, because the facts referred to in the vote of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, whether there is evidence of them or not, or their existence, in no case bear identity with facts supervening at the time of filing the complaint, but rather, with absolute clarity, pre-existing that procedural moment without the plaintiff party or parties having alleged ignorance of them at the time of suing, leaving aside that, to introduce them as the High Court of Cassation did, no prior hearing was given to the answering parties, if it is a matter of the application and observance of this specific procedural rule. Article 55 is inapplicable from the outset because it refers as a premise to the circumstance that the administrative file must be completed, while finally, notwithstanding Article 95 of the Procedural Code which states as follows: "1) If the processing judge or the Court, ex officio or at the request of a party, deems that the claims or the alleged grounds may be subject to expansion, adaptation, adjustment, or clarification, they shall grant the interested parties the floor to formulate the respective arguments and conclusions. / 2) In such case, if in the judgment of the Court or the processing judge, as applicable, it is absolutely necessary, the hearing may be suspended for a period that may not exceed five business days" (the emphasis is not from the original) for the same reasons stated, this article is inapplicable, while on the other hand, the same First Chamber of the Supreme Court of Justice, as of this date, regarding the application of this rule has indicated the following in its recent ruling issued under No. 000019-F-S1-2025 at 09:54 hrs. on January 16, 2025: "IV. Regarding the power of the Court to expand, adapt, adjust, or clarify the claims or grounds of the complaint, contained in Article 95 of the CPCA. This Chamber has pointed out (see vote number 1791-F-S1-2022, of 11 hours 14 minutes of July 28, 2022, visible at 1791-F-S1-2022); said power is not unrestricted. In the case of the parties intervening in the process, THEY CANNOT IGNORE THE RULES OF PROCEDURAL PRECLUSION AND CAUSES FOR EXPANSION OF THE CLAIM CONTEMPLATED IN CANONS 46, 55, AND 68 OF THE CPCA. These, in their order, establish the possibility for the parties to expand the claim when: 1) prior to the preliminary hearing an act is issued or knowledge is gained of any administrative conduct that meets the prerequisites referred to in Article 45 ibidem; 2) when completing the administrative file, the new documents substantially vary its content; and 3) until before the complaint, and in its case the counterclaim, has been answered."

Notwithstanding the foregoing, the aforementioned cardinal 95, unlike the three described rules, regulates a discretionary power in favor of the adjudicating judge processing the case and the Trial Court, which in its first paragraph provides: "If the processing judge or the Court, ex officio or at the request of a party, considers that the claims or the grounds alleged may be subject to expansion (ampliación), adaptation (adaptación), adjustment (ajuste), or clarification (aclaración), they shall give the interested parties the floor to formulate their respective allegations and conclusions." This Chamber has understood that this rule allows, according to the particularities of the case, the adjudicating judge to resort to the expansion, adaptation, adjustment, or clarification of the claim should it be required, provided that this does not imply arbitrariness. Therefore, this deciding Body indicated that in order for this power to be exercised, it is required that an exceptional and particular circumstance has supervened in the proceedings that justifies departing from the rules of procedural preclusion established in Articles 46, 55, and 68 referred to supra, for the parties to have requested it." (The highlighting, underlining, and partial capitalization are not in the original).

Consequently, with the foregoing, and in application and observance of the very case law of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, as well as, and in direct application of the provisions of Articles 46 and 68, both of the Contentious-Administrative Procedural Code, facts such as the following: 1) "... on January 8, 2009, Mr. Shon Shai Tsafrir and Ms. Olga Shutaleva filed a complaint before the Ministry of Health, claiming the following: 'We hear loud noises from drills, heavy machinery, and all kinds of construction noise, coming from Grupo Roble, even during nighttime hours'"; 2) "... on August 17, 2010, it is recorded that the Ministry of Health received a complaint from Mr. Shon Shai Tsafrir, in which he claimed a problem of sonic pollution generated by industrial fans installed by Grupo Roble behind his dwelling house (evidence No. 307); and finally, 3) "... between December 2008 and August 2010, the plaintiffs requested the intervention of the Municipal Police of Escazú on multiple occasions, who drew up ocular reports describing the presence of loud noises, construction work during non-permitted hours, or burnings in the vicinity of the plaintiffs' dwelling house (see evidence No. 221- No. 248 provided with the complaint), WILL NOT BE WEIGHED BY THIS COURT NOR WILL THE EVIDENCE OF THEIR EXISTENCE BE ANALYZED, BECAUSE THEY DID NOT FORM, NOR DO THEY FORM, PART OF THE DEBATE AS OF THIS DATE, whether as pure and simple facts on the factual plane, or understood as administrative conduct forming the basis for imputation of the pecuniary liability claimed in this lawsuit, to which is added that regarding these, no request for an expansion of the complaint has been made in this regard, nor consequently, a preliminary hearing granted to the defendant parties that would have allowed them to exercise their right of defense in that respect.-

II.- Regarding the evidence offered for better resolution. By a brief filed with the judicial court on August 8, 2017, by the representation of the company called Construcciones KMC S.A., it provided as evidence for better provision a series of photographs observed in images 1292 to 1310 of the judicial file. It explained that these are images taken from the building that said company erected on the site, called "Euroloft," and that their purpose is to demonstrate, in summary, that from said building, in terms of what could be visually accessed from its upper floors to the property inhabited by the plaintiffs, their right to privacy is not violated. Regarding this type of evidence, qualified in terms of the timing at which it becomes known within the processing of a judicial proceeding, it is necessary to recall regarding evidence for better resolution that what is provided in Article 50 of the Contentious-Administrative Procedural Code indeed becomes mandatorily applicable when dealing with documentary evidence brought to the proceeding untimely, which explains why the pronouncement to be made will be issued in the judgment. In accordance with consistent case law in this regard, regarding the discretionary admission of evidence for better resolution, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has held the view that its rejection does not cause the defenselessness of the parties, and of course, its admission only in reinforced and/or qualified cases according to the circumstances. Among other judgments, the text of ruling number 547-F-2002 of 4:00 p.m. on July 12, 2002, and ruling number 290-F-S1-2009 of 10:30 a.m. on March 20, 2009, is transcribed in what is relevant. Having said all the foregoing, this Court deems the admission of the evidentiary material brought by the representation of the company called Construcciones KMC S.A. unnecessary, and therefore IT IS REJECTED IN ITS ENTIRETY given the manner in which judgment will be rendered.

We deem it necessary to specify that, in what pertains to this judgment and to that extent, this Panel of Judges, as is evident, departs or does not coincide regarding the issue of the statute of limitations (prescripción) with what was analyzed and ordered by the First Chamber of the Supreme Court of Justice - as will be seen below - within the framework of aspects of analysis and application of substantive rules, that is to say, in the analysis of substantive aspects, is based on the principle of judicial independence in application, on our part, of the legal system in a systematic manner (for example, the provisions of numerals 10 of the General Law of Public Administration and, if you will, of the Civil Code, in conjunction with Constitutional Law, Article 11). What is outlined in this Considerando II, as well as what will be developed in XII, is an exclusive reflection of the manner in which we understand, by conviction as Judges, this matter must be adjudicated on the merits in the relevant aspects, in application, we insist, of the substantive legal system and only partially and in the relevant aspects, the procedural one. It must be borne in mind that the judgment we issued at the time, identified as No. 41-2022-IV of 10:55 a.m. on April 22, 2022, was integrally quashed (casada), that is, annulled by the First Chamber of the Supreme Court of Justice under the terms of the Vote identified as No. 1717-F-S1-2021 of 11:30 a.m. on December 12, 2021, which implies the duty incumbent upon this Court to rule again in an analysis of the merits and application of the substantive rule or rules in observance of the duty of obedience, as is proper, but objectively and reasonably as we consider appropriate, derived from what may or may not coincide with a jurisprudential precedent of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, as this latter situation occurs in the present matter, respectfully but duly reasoned and grounded, as we hope to have achieved, with a significant analytical effort in this regard. We deem, merely in reinforcement of the foregoing, that in the same judgment issued by the First Chamber of the Supreme Court of Justice in the present matter, identified as No. 001867-F-S1-2024 of 09:54 a.m. on December 19, 2024, something is anticipated in this regard when the lower court judgment is integrally quashed (annulled in its entirety) upon resolving procedural aspects challenged in the respective cassation appeal in the relevant parts, in stating: "The effect of quashing or annulling a judgment and ordering its remand for the issuance of a new one is to completely eliminate the first, such that, although the second could, eventually, maintain arguments set forth in the first, it does not mean that the judges are constrained to do so. Nor is it necessary to reopen the discussion of topics that were already timely rebutted during the corresponding procedural stages, if there are no circumstances that could imply an affront to the principle of immediacy (principio de inmediación)." (The highlighting and underlining are not in the original).-

III.- Regarding the reproaches made by the plaintiff parties. The plaintiff parties expressed themselves, in argumentative support of their action, on a first level regarding the facts of the complaint, i.e., on the factual plane, referring to the regulatory plan (plan regulador) of the Municipality of Escazú (whose provisions are in no case subject to challenge) to point out that upon its adoption, the Office of the Ombudsperson (Defensoría de los Habitantes) would have held the view that technical studies were not available for its preparation that would allow interested parties (neighbors) to be informed of the possible impacts that would occur upon changing the land use (uso de suelo). They also questioned that in said instrument it was defined that 500 meters west of "Multiplaza," tall buildings could be constructed, without having specific measures that should be applied to safeguard the safety and integrity of the neighbors. It was added that the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) granted, under the terms of official letter SG-DEAE-047-2011 and resolution 2308-SETENA dated August 12, 2008, partial environmental viability (viabilidad ambiental) to said regulatory plan, as well as to the proposed zoning of the Canton of Escazú.

They continued by stating that the dwelling house of the Tsafrir family is identified as the one located on the property registered under real estate folio number 1-303263-000, described in cadastral map No. SJ-0014420-1975, situated in Guachipelín de Escazú, 250 meters north of the "Plaza Mundo" shopping center, Quintanar Residential Development (Urbanización Quintanar), and that it was acquired starting in 2002. Likewise, that said property borders to the east with "El Barro" street, which is public, partially built, which passes by the rear part of the property of interest, and which also divides their house from the buildings owned by "Grupo Roble Internacional S.A." with 10 stories; "Parque Central S.A." and "Grupo Meridiano S.A." with 10 stories; and to the west with a public street, and that across from it, also to the west, are located 2 other tall apartment buildings, one of 4 stories and the other of 6 stories, called "Condominio Eurolofts." That according to the regulatory plan, the plaintiffs' property is located in the medium-density residential zone area, in the transition zone from commercial to residential. That despite the Quintanar Residential Development being in the residential use zone, the defendant municipality has allowed diverse uses, to which they added that, in its time, the body identified as the "regulatory plan working commission" established that: "the will of the neighbors must be respected, to maintain the residential characteristics thereof, born more than 30 years ago, since said conditions also do not generate a condition of land overuse or of the basic services existing in the zone, thus facilitating the rational development thereof." This last point under the terms of what was identified as official letter No. CTPR-EXT-85-08 dated April 8, 2008, the same which would have been issued after the construction of buildings exceeding 10.5 meters in height commenced in the zone. That in 2005, the defendant municipality granted construction permits to the defendant companies (all of them, it must be understood), thereby allowing the construction around the plaintiffs' house of 3 infrastructures that were described as large, spacious, and of considerable magnitude, which altered the architectural and urban planning situation of the Residential Development in which their dwelling is located; that they were erected simultaneously; permanently, seven days a week and from early morning hours until late night hours, for a period extending over 40 months. (None of these construction permits or licenses is subject to challenge in this case).

It was indicated that "Grupo Meridiano de Centroamérica S.A." constructed an office building on the property identified with registration number 207250-000, which held construction permit No. 147-05, for which purpose said company was informed (by the Municipality, we understand) that it was required to carry out work from Monday to Friday between 06:00 hrs. and 14:00 hrs., and Saturdays between 07:00 hrs. and 14:00 hrs., being unable to work on Sundays and holidays, and furthermore, that: "It is the responsibility of the professional in charge of the work to guarantee that the drilling method to be used for the excavation process of parking and foundations will guarantee the stability of the slopes to be formed, and the stability of neighboring properties and constructions." That under the terms of field report identified as No. 038-07 dated February 20, 2007, the Inspections Section of the Urban Development Department of the Municipality of Escazú indicated that upon the construction carried out by "Grupo Meridiano de Centroamérica S.A.," a large quantity of dust was generated. That the company called "Parque Central S.A." is part of the economic interest group "Grupo Roble Internacional S.A." - both co-defendants in the present case - and that they developed a project to expand the existing offices in front of the "Multiplaza Escazú Shopping Center," on the property with registration number 519045-000, for which they held construction permit No. 257-06, granted by the defendant Municipality, and that on the occasion thereof, before the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice - we must understand, due to some action filed before said authority processed under file number 07-3239-0007-CO - the Municipality of Escazú would have reported that: "situations of machinery traffic through non-permitted zones, obstruction of public thoroughfares, and accumulation of dust occurred," as well as that "municipal inspectors admonished the developers to take corrective measures for the excess dust in the environment ...". That: "The Urban Development Department, through Mr. David Umaña Corrales, in Official Letter No. DU-055-2007-EXTERNO, addressed to the Construction Inspector, Cristian Boraschi González, requested him to notify Grupo Roble to eliminate any type of restriction on entry and exit to the street between the Quintanar Residential Development and its project, with a copy to the Department of Public Works so that the demolition of illegal structures on the public thoroughfare be executed. 11: Inspect the constructions in progress around the dwelling of Ms. Olga Shutaleva and warn them to control dust, debris, and water resulting from the works." That "Construcciones KMC S.A." developed a vertical residential condominium called "Euro Lofts," located in the same residential development where the plaintiffs' dwelling is situated, this on the property with registration number 573192-000, for which it held the construction permit granted by the defendant Municipality on May 9, 2006, a project that, according to the regulatory plan, was erected in a medium-density residential zone, in which only a height not exceeding 10.5 meters is permitted, and that furthermore, by resolution No. 167-2006-SETENA of 07:55 hrs. on January 25, 2006, said work would have been approved with 7 levels. That the Federated Association of Engineers and Architects of Costa Rica (Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica) issued Inspection Report FPC-0499-06 INSP, in which warnings are made of the problem of water accumulation resulting from the constructions, which is cited textually in Inspection Report DRD-INSP-45-2007 of the same Association, indicating to them that: "The construction company must take preventive (provisional) measures to prevent water accumulations from occurring, as a result of the earthworks (movimientos de tierra) carried out, that could affect adjoining dwellings, this while the definitive works are being carried out." Said report showed photographs of the water running towards the rear wall (tapia) – at the back of the dwelling of Mr. Tsafrir and Ms. Shutaleva, as well as other neighbors." (It is not specified in relation to which company this report or reports would have been issued).

That the construction period of the works - this Court understands, all of them - coincided with the pregnancy period of the co-plaintiff, Olga Tsafrir Shutaleva, who gave birth in 2007 to the minor co-plaintiff herein, Lian Tsafrir Shutaleva. That: "The simultaneous constructions generated deafening noise, an environment of permanent nuisance, caused by the workers who began their labors at early morning hours 05:30 am, finished them late at night even at 10:00 pm, 11:00 pm, and sometimes until 02:00 am, during all seven days of the week, including holidays. Likewise, as a consequence of the construction, multiple trucks with materials passed in front of and behind their dwelling house, unloading them and moving them throughout the day. Similarly, earthworks (movimientos de tierras) were carried out constantly around them, generating large quantities of dust, cement dust, garbage, and other debris that fell directly inside their dwelling house. The Municipal Police of Escazú was called to intervene on different occasions and reflected in their reports the situations described above (...). It is worth mentioning that the police calls were made mostly in the final stage, since before, the Tsafrir family did not know that they could call and that reports could be drawn up that could help resolve these violations and nuisances." It is alleged that the works erected by the defendant companies (all of them as far as it is possible for this Court to understand) generated harmful effects on the infrastructure of their property. They highlight the rear wall, in relation to which: "The rear wall bent dangerously inwards towards the dwelling (...) the pool piping was affected and damaged, making its use impossible, and the wall that divides their house from that of their neighbors in the Los Olivos Condominium fractured as a consequence of construction and soil compaction works; said separation resulted in rainwater accumulating between the walls, generating serious humidity problems. Additionally, the earthworks (movimientos de tierra) and excavations that occurred in the rear part of the Tsafrir family's dwelling house had the consequence that the height of their wall decreased by approximately between one and two meters, allowing any person to enter the dwelling from the rear without much effort, or to easily observe them. The constant nuisances and the permanent state of construction around their dwelling house generated the permanent emotional decomposition of the Tsafrir family. Mr. Shon Shai Tsafrir developed a depressive condition that altered his personality and caused him to lose approximately twenty-four kilos over a period of a year and a half (Mr. Tsafrir weighed seventy-four kilos prior to the problems generated by the constructions). (...) Mr. Tsafrir was under an enormous amount of stress and developed a high degree of irritability, anger, panic attacks, and anxiety that still persist today. Likewise, Mr. Tsafrir suffers, as a consequence of said depression, great sadness and anguish, a loss of interest in pleasurable activities, insomnia, it interfered with his productivity at work, altered his capacity for a full life, problems with concentration and memory. Similarly, he maintains a decrease in energy, which added to the foregoing has caused him to lose or lack his hobbies, friends, his work capacity, a pleasant life, and especially the weight he had prior to the constructions. Ms. Olga Shutaleva developed a similar depressive condition, compounded by her state of pregnancy during the constructions, causing her emotional disorders. Additionally, when her daughter Lian was born, she was immediately enveloped in an environment of high tensions and noises that has caused her psychological disorders at her early age."

That: "For more than a year and a half, the family tried to sell or rent their house, to end the vicious cycle of suffering and anguish they were experiencing, as a consequence of the constructions around them. Despite various visits and interest aroused by four to five real estate agents, and other persons, the short distance between the house, its yard, and the tall office buildings, some still under construction, scared them away; the family contracted the services of brokers John Kartman, Jeannie Robles, Álvaro Domínguez Leyva, and Barry Ashworth." That: "XIX. The Tsafrir family, insistently and constantly, requested the Municipality of Escazú, the Office of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República), the Ministry of Health, the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), the Office of the Ombudsperson (Defensoría de los Habitantes), the Federated Association of Engineers and Architects, and filed amparo actions before the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, to cease the loud noises, nuisances, contaminations of diverse nature, odors, and the negative consequences, as well as to demand the corresponding responsibilities, generated to their detriment and caused by the manner in which these constructions occurred. XX. The Municipality of Escazú stated on different occasions before the Constitutional Chamber, and before the Ministry of Health and the Office of the Ombudsperson, that it complied with its obligations by conducting inspections from time to time, and warning those in charge of the constructions about the existence of dust. (...) XXI. As a consequence of the petitions presented by the Tsafrir family, the Ministry of Health responded and concluded that the Municipality of Escazú was the competent entity to analyze and supervise the situations that were developing in the surroundings of the Tsafrir family's dwelling house. In the same vein, it considered that by ordering sonic measurements, it could be determined whether it was valid to bring action for the protection of the rights and interests of the Tsafrir family. (...)." That: "XXIII. On January 18, 2007, the Federated Association of Engineers and Architects of Costa Rica, specifically its Department of Disciplinary Regime, Inspection and Control Area, issued Report DRD-INSP-45-2007, as an extension of the first inspection carried out at the dwelling of Ms. Olga Shutaleva and her surroundings, indicating that: 'water accumulations occurred in the rear part of the requesting lady's dwelling (...) a situation that caused the rear wall (tapia) of the dwelling to be exposed to water pressures, which could have caused it to bulge slightly and generate slight cracking in said wall.' (It is not specified in relation to which company this report or reports would have been issued). It is further indicated that the bulging of the wall is perceptible to the naked eye. That Additionally, Report DRD-INSP-45-2007 (from the same Professional Association, we understand) indicates that: '4 structures are observed relatively close to the dwelling of the requesting lady. There are 4 buildings located in the surroundings that exceed 2 stories in height. The first of these buildings is located in front of the requesting lady's house, and consists of a 4-story building intended for apartments. Completely finished and inhabited. The second of the buildings is located next to the first described building. It consists of 6 stories in height and a basement. It is currently under construction. In the rear part of the applicant's dwelling, two buildings are likewise located. The first building is a 9-story structure, currently under construction, and is located exactly at the rear of the dwelling. There is a setback between the requesting lady's dwelling and this structure of more than 30 meters, although due to the terrain conditions it was not possible to take a more exact measurement. Adjacent to this building under construction are located the buildings belonging to Plaza Roble, of about 6 stories in height. Completely finished. It should be noted that there is a public street, both in front of, and in the rear part of, the requesting lady's dwelling. The public street in front of the dwelling has a width, from property line to property line, of 12.7 meters. In the rear part it was not possible to verify the width of the public street, since there are no references to take measurements.' Likewise, it noted that: 'it was observed that although it is presumed to be a public street, the security of Plaza Roble restricts entry and exit from said street.' (This fact does not imply imputation to any of the defendant companies in particular). Finally, it was stated that according to the mentioned report it is concluded that: 'damages occurred to the rear wall (tapia) of the dwelling...', referring to the applicant's house."

That: "On January 31, 2007, Ms. María Elena Mora Abarca, neighbor and Director of the Quintanar Residential Development, submitted a letter to the Municipality of Escazú communicating to said institution the nuisances and problems caused by the construction of the Meridiano Building and Plaza Roble, which she indicated were 'reported more than a year ago to that municipality, the Office of the Ombudsperson, the Federated Association of Engineers, and the Ministry of Health.' (The facts do not specify these complaints, who filed them, or when). The problems indicated by this manager included: 'excess dust, entry and exit of dump trucks, work during hours outside the schedule established by the Regulatory Plan, danger of flooding upon the arrival of winter to streets and adjoining houses, construction of 2 towers that do not comply with green zone requirements, untreated sewage causing bad odors in the ravine (...) affect the physical and mental health of each of the inhabitants of the residential development without us having received a satisfactory response to date from the municipality.' (Again, here, there is no particular imputation to any of the defendant parties). That: "On March 7, 2007, Mr. Shon Tsafrir and Ms. Olga Shutaleva filed an Amparo Appeal against the head of the Health Area (Guillermo Treminio Rivas) and the Municipal Mayor of Escazú (Marco Antonio Segura Seco), alleging violation of Articles 27, 41, and 50 of the Political Constitution, due to the lack of effective response and breach of duties for the lack of serious attention to the complaints filed in relation to the problems they experienced at their house every day from Monday to Sunday from 5:30 AM until approximately 10 PM, which seriously affected their health, as a consequence of the construction of the towers that were built on the rear boundary of their house, among many other violations that occurred to this family and the neighbors in this location of the Quintanar Residential Development. The cited Amparo Appeal, processed under file No. 07-3239-0007-CO at fifteen hours and two minutes of October tenth, two thousand eight, was granted, through judgment 14995-2007, and clarified and added to through judgment 3815-2008, at twenty hours of March seventh, two thousand eight. Additionally, the gentleman filed three more amparo appeals, against the Ministry of Health and the Municipality of Escazú: the first of these was processed under file No. 09-9460-0007-CO, and was denied, through judgment 269-2010, at eleven hours and forty-three minutes of January eighth, two thousand ten, and, added to and clarified, through judgment 10359-2010, at thirteen hours and six minutes of June eleventh, two thousand eleven; the second, processed under file 10-13727-0007-CO, was denied through judgment 5406-2011, at ten hours and forty-one minutes of April twenty-ninth, two thousand eleven, and, added to and clarified, through judgment 8920-2011, at fifteen hours and forty-five minutes of July fifth, two thousand eleven. Finally, the last of the amparo appeals filed by Mr. Tsafrir and Ms. Shutaleva was processed under file No. 09-6673-0007-CO, and was granted, through judgment 1745-2011, at nine hours and fifty-nine minutes of February eleventh, two thousand eleven, and added to and clarified by judgment No. 4223-2011, at eighteen hours and seven minutes, of March twenty-ninth, two thousand eleven; judgment No. 1745-2011, noted that: 'the appeal is granted for violation of Articles 21, 41, and 50 of the Constitution, solely insofar as the Municipality of Escazú did not foresee and order the technical requirements under which El Barro street could be improved, with the purpose of preventing the pooling of water that the lack of an adequate surface water drainage channel produced, as well as the inertia of this Municipality in resolving the complaints filed by the appellant, as well as in reestablishing the residential zones of the Residential Development and its omission in delimiting and safeguarding relevant water resources such as the easement (servidumbre) of the pipe coming from Puente Mulas, having authorized various constructions without its provision in case of emergency."

Consequently, Marco Antonio Segura Seco, in his capacity as Mayor of Escazú, or whoever holds the office, is ordered to immediately, upon notification of this judgment, issue such orders as are within the scope of his powers and competencies, to ensure that within three months from the notification of this judgment, El Barro street complies with the necessary technical requirements for the proper drainage of surface and subsurface waters flowing over it. Likewise, he shall immediately coordinate with the CAA, the Water Department of MINAET, and SENARA, the updating or undertaking of a hydrographic study of the area, and also proceed, within the same three-month period indicated above, to clearly delimit and demarcate the easement (servidumbre) for the Puente Mulas main pipeline and to take precautions regarding future construction permit applications. The Mayor of the Municipality of Escazú is warned that, in accordance with Article 71 of the Law of this Jurisdiction, a penalty of three months to two years of imprisonment, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and fails to comply with it or to enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The Municipality of Escazú is ordered to pay the damages caused by the facts underlying this declaration, which shall be liquidated in the sentence execution phase of the contentious-administrative proceeding. Regarding the remaining claims, the appeal is dismissed. Let this resolution be communicated and notified to Marco Antonio Segura Seco, in his capacity as Mayor of the Municipality of Escazú, as well as to the representatives of MINAET, ICAA, and SENARA." Despite having requested eight months to comply with said judgment, the Municipality of Escazú has yet to undertake any work, as evidenced by the Notarial Certificate issued by Notary Public Ariana Azofeifa Vaglio. (…)". (Regarding these rulings of the Constitutional Chamber cited in the facts of the complaint, the plaintiffs do not explain how they would be instrumentalized for their interests; a doubt arises concerning those that were granted, if the intention is—because it is not stated—their execution regarding the award of damages, in which case, the Constitutional Chamber itself provides that this must be done in the sentence execution phase). Reference was made, without much detail, to actions undertaken by the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) and the Environmental Administrative Tribunal, and to opinions issued by the Comptroller General of the Republic on the regulatory plan for the Canton of Escazú. It was added that a Municipal official stated to a television outlet that, on the occasion of the works undertaken (all of them, it must be understood), there had been violations of the legal system by the developers. Then, that Grupo Roble Internacional S.A. installed and operated a parking lot within the Development where the plaintiffs' house is located, just 20 linear meters away and in the open air, on a plot of approximately 2,400 square meters, an area they later converted into a large warehouse for construction materials and heavy machinery where work that generated a lot of noise was also carried out, causing serious consequences for the physical and psychological health of the neighbors and the plaintiffs. (This fact, attributed to one of the defendant companies in this way, was temporally located, as will be seen, in the year 2007 without the plaintiffs having said so, and without observing facts in the complaint that specify any date of occurrence subsequent to that year). That the Municipality only had 3 inspectors to supervise constructions, as determined by the Comptroller General of the Republic, which entity would also have concluded in 2009 that the Municipality did not exercise effective oversight in construction matters, despite the development occurring in that regard in those years, which demanded improving that task to detect irregularities and abuses arising in the construction activity and to take corrective measures, reiterating that the regulatory plan did not contemplate the environmental variable, which could generate irreparable problems for the environment and affect the lives of the inhabitants. That: "The Tsafrir family was never notified of the existence or creation of a Mitigation Plan, as ordered at various times by both the Constitutional Chamber, through Resolution No. 2007014995 of 15:02 hours on October 17, 2007 (Case File 07-003239-0007-CO), and the Ministry of Health, nor of effective actions by the Municipality of Escazú aimed at effectively protecting their interests and rights in light of the constructions being developed." It was stated that: "The emotional and psychological consequences persist to this day, and the Tsafrir family is not able to enjoy the same quality of emotional life they enjoyed before the constructions, having to continue with medications, treatments, and therapies to try to improve the injuries caused to their health and their family. (…). Currently, the Tsafrir family continues to live in the same dwelling house, which is in a state of infrastructural deterioration, and the family continues to suffer from chronic states of depression, anxiety, and tension." Thus, the facts would have been identified generally and without greater precision in terms of manner, time, and place, if we are referring to factual circumstances. This being so, in the complaint, once the facts were related, where one would expect the foundation of the action to be developed, i.e., the arguments and theory of the case, a separate section from the one corresponding to the facts is observed next, identified as "on the merits", "introduction", in which it is asserted, still in a general manner, that for 4 years the plaintiffs found themselves mired in the described situation, suffering harmful effects, in the face of which the State (specifically the Ministry of Health) and the Municipality of Escazú showed inefficiency and omitted to address their requests by adopting real and concrete measures, which generated the damages claimed. (Up to this point, there is clarity regarding the basis of imputation against the State and the Municipality of Escazú). Then, and within these aspects contained in the "introduction" thus identified, a section identified as "background" was added, which, as such, making some effort based on the meaning of the term, would have to refer to circumstances prior to the occurrence of the facts that would indeed influence the outcome of the proceeding, among which personal circumstances of the plaintiffs here are discussed. Also by way of introduction, what follows: aspects related to the "general" consequences derived from the constructions (all of them) built around their dwelling house, where health problems are discussed; the twisting and curving of walls; loss of height of the rear wall of their dwelling house; separation of walls; destruction of swimming pool pipes; overheating of the dwelling house; change in wind conditions; what they called the "trash can effect"; danger of landslides; echo effect; closing of windows and curtains; noise and nuisances generated by the constructions; the construction of a vehicle parking lot; the operation of industrial fans; the conversion of a residential lot into a parking area and industrial depot; (all without greater precision in terms of manner, time, and place, as well as specification of which company such imputation is made against); and some argumentative structures about the constructions, namely: in relation to the company Construcciones KMC S.A., to indicate that it built on the site the condominium identified as "Euro Loft," which they consider goes against the design and structure of the Development in which it is located, which had been characterized for years as situated in a residential area, with single-family homes or 2-story condominium buildings, and it was built right in front of the plaintiffs' property. That this construction (of 7 stories) was carried out with a municipal permit, granted two days before the publication of the amendment to the regulatory plan that came to restrict the height of possible buildings to 4 stories on May 11, 2006. That from this building, its occupants can see directly into the garden and pool of the plaintiffs' house, and it also encompasses the exterior view from that dwelling house of the plaintiffs. They affirm that this building was constructed outside of working hours, during nights, on holidays and Saturdays, every day of the week. (However, no fact expressed in the complaint specifies this circumstance in relation to the defendant company, while we insist that the construction license that would have been granted is not the subject of this proceeding). In relation to Grupo Roble Internacional S.A., it was stated in this part of the complaint that, acting through Parque Central S.A., it built an expansion of existing offices, just ten meters from the plaintiffs' dwelling house. That the environmental viability (viabilidad ambiental) granted to the project by SETENA included two buildings with three levels of shared basements for vehicle parking and that, above ground level, they would have 4 levels of offices (one) and (the other) with 6 levels, also of offices, for a construction area of 44,310 square meters. The plaintiffs affirm that said construction also involved changes to the public street "El Barro" (this circumstance is not referred to in the facts of the complaint) located at the rear of their house, which was raised by approximately 2 meters, leaving their property below the level, and large earthworks (movimientos de tierra), causing structural damage to it, altering its entire construction in the rear area, causing water accumulation and curvature in the external wall and pressure on that wall, the latter of which was verified by the Ministry of Health according to the inspection report filed on June 11, 2007. That the building blocks the sun from their dwelling house and disturbs their privacy, in rooms and garden. That in terms of Official Letter No. 0723/07/07/DE, dated April 23, 2007, from the Executive Director of the Federated College of Engineers and Architects, the nuisances suffered by the plaintiffs were detailed, leading to the appreciation of damages constituted by a loss of property value and damages to the physical and mental health of the plaintiffs. In relation to Grupo Meridiano de Centroamérica S.A., it is indicated that between 2006 and 2009, it built next to the building erected by Grupo Roble Internacional S.A. acting through Parque Central S.A., generating the same effects noted above for the other defendants. It related to this work the damages caused to the swimming pool in its internal structure and pipes, on the occasion of the construction of a large parking lot at the rear of "Torre Meridiano," no more than 6 meters from the rear wall of the plaintiffs' house, which generated large vibrations. (Regarding specific acts carried out by this and other companies, nothing is specified in the complaint). In relation to the State, it was expressed that, with the Ministry of Health having a preventive duty to protect the right to health, according to Articles 1, 2, 293, 308, 335, 337, 294, and 295 of the General Health Law, it ignored its duties and did not provide any special measure to protect the plaintiffs, despite even having visited their dwelling house and despite the plaintiffs constantly appearing before said public authority through the Escazú Health Area, seeking protection and guardianship, receiving instead as a response that the matter should be handled by the Municipality, while on the other hand, sound tests were requested, despite the obvious noise generated by the construction of the three large projects. That the sonic measurements were taken mainly at coffee time (9:00 a.m.) when there was no noise. So much so that the plaintiffs were forced to hire a private sonic measurement, with clear results indicating that the minimum permitted levels were violated, this after three tests on different days in January and February 2010, even though they were carried out when the constructions were already in their final stage and there was less noise. That in this, the Municipality and the Ministry blamed each other for whose competence the matter was. Specifically, the Ministry sent communications to the Municipality requiring it to implement a mitigation plan, which, incidentally, was never prepared, nor was supervision exercised by the Ministry. Citation was made of Constitutional Chamber Ruling No. 1745-2011, whereby an amparo appeal was granted on the grounds that the Municipality did not foresee or order the technical requirements under which El Barrio Street could be improved to avoid "pooling," lacking an adequate surface water drainage channel, failing to resolve the complaints it was receiving from the appellant, as well as establish limitations in residential areas of the development and having omitted to delimit and safeguard the water resource. That in the same ruling and regarding this street, the Constitutional Chamber concluded: "...the fact is that, with full knowledge of the municipal authorities, asphalt works were carried out on said street that did not contemplate other technical guidelines, which have caused surface water runoff to the detriment of the neighbors of Quintanar Development, and despite having been reported for years, the respondent has not taken any precaution or executed any action leading to its solution, which has violated Articles 21, 41, and 50 of the Political Constitution; therefore, the amparo must be granted in this regard." It is accused that the Municipality omitted to carry out adequate supervisory tasks despite being the entity that granted the construction permits in the first place, and should have observed the provisions of the respective regulatory plan. In relation to the Municipality of Escazú: That it, arguing that there were matters within the Ministry's competence and not its own, limited itself to sporadically carrying out some inspection and communicating to the construction companies that they had to control the noise, without any follow-up on that instruction and without any practical effect. That: "The Municipality of Escazú and the Ministry of Health spent months sending documents to each other, without effectively attacking the problem and without providing this family with a real solution to the violations they were experiencing for months of nothing but paperwork, excuses, and evasions of responsibility." That: "Regarding the Municipality of Escazú, Report DFOE-SM-1-2009, from the Comptroller General of the Republic, clearly and precisely summarizes the omissions and irregularities that allowed the damages that have been detailed to occur," this in general terms, namely: insufficient and/or deficient surveillance and oversight of constructions in accordance with Arts. 87 and 83 of the Construction Law; weaknesses in the processing of preventive and closure notifications, and lack of application of the provisions of Article 6 of the regulatory plan; approval of construction permits without meeting all requirements; execution of works outside of technical and legal requirements; lack of an automated registry of construction permits; lack of control over denied construction permit applications; outdated requirements for processing construction permits; and weaknesses in the regulatory plan. It added that, in general terms, human rights of children and of the woman in a state of pregnancy were violated since the facts occurred while she was in that state, as well as the rights of Mr. Shon Tsafrir, just as the fundamental right to good administration and administrative good faith were violated due to the malfunctioning of the sued public administrations. The plaintiffs affirm that had the co-defendant Municipality complied with its legal and supervisory obligations, the damages claimed would not have occurred. Finally, and continuing with this section in the complaint called introduction, which seems more appropriately consistent with the legal foundation; in which reference was made to aspects related to human rights and the rights of women, children, and Mr. Shon Tsafrir; aspects regarding the fundamental right to good administration and administrative good faith; and finally, a section on "... damages and the patrimonial liability of the administration for material inactivity," and it concludes with a section identified as "final conclusions." Subsequently, by a brief filed with the court on January 25, 2013, they filed an amendment to the complaint to include the following facts, which the Processing Judge at the time granted: "I. On May 3, 2012, Mr. Shon Shai Tsafrir suffered severe chest pains, for which he was sent on an emergency basis to the Mexico Hospital. Mr. Tsafrir was treated in the Emergency Room of the Mexico Hospital. / II. As a consequence of said emergency, he was sent to the CIMA San José Hospital for medical tests on May 4, 2012. / III. As a consequence of the medical tests, Mr. Tsafrir was ordered to be admitted to the CIMA San José Hospital on May 8, 2012, by Dr. Yamilah Bouzid Jiménez. He was also attended by Dr. José Luis Salas Jerez. / IV. Mr. Tsafrir was diagnosed with panic and anxiety crisis, and subsequently, a medical certificate was issued by Dr. José Luis Salas Jerez, which indicated that Mr. Tsafrir 'is undergoing treatment for a major depressive disorder and a severe panic disorder, precipitated by accumulated stress ... '. The depressive and panic disorders are a product of the situations experienced over several years in relation to the constructions made around his dwelling house, as a result of the actions and omissions of the State, the Municipality of Escazú, Grupo Roble Internacional, S.A., Parque Central, S.A., Construcciones KMC, S.A., and Grupo Meridiano de Centroamérica, S.A. / V. Dr. José Luis Salas Jerez has medicated Mr. Tsafrir with the drug Paxil for long-term treatment, and Dr. Yamilah Bouzid Jiménez prescribed the medication Concor 5 mg.".

IV.- Regarding the defense arguments made by the State. For its part, the State's representation opposed the complaint, indicating, in relevant part, that the plaintiffs appear in this proceeding to file a claim for strict liability of the administration and to collect damages allegedly caused by its inactivity for not responding, in their view, efficiently to the complaints and claims filed for alleged noise pollution and environmental pollution caused during the construction of a series of buildings near their property, and subsequently for the alleged noise pollution generated by their operation. That in order to determine whether the State is liable or not, in the specific case of the Ministry of Health, it must be considered that according to the factual picture presented by the plaintiffs, they filed a series of actions in 2007 aimed at having the Ministry of Health and the Municipality of Escazú intervene in the alleged noise and environmental pollution produced by the construction and subsequent start-up of a series of buildings owned by the co-defendants. That within the so-called tort liability regime, two types are distinguished: subjective and objective, providing that the State and its entities shall be liable for all damages caused by its legitimate or illegitimate, normal or abnormal functioning, except for force majeure, fault of the victim, or act of a third party. That this regulation is based on the fact that the party causing the harm must compensate it, unless it demonstrates an exonerating cause, and consequently, the Public Administration must be liable for lawful and normal conduct when it issues a formal administrative act substantially in accordance with the legal system or omits to issue it, or through a material action or permitted and normal fact. On the other hand, that liability is unlawful, abnormal, and formal when the administrative act is illegal, and not formal when we are dealing with an unpermitted or abnormal material action. The Ministry of Health's actions have always been in accordance with the law, and this situation has even been endorsed by the Constitutional Chamber, and if to date it has not been possible to determine the existence or not of noise pollution, it is due not to the Ministry's omission, but to the fact that the plaintiff himself has prevented it from being carried out. The plaintiff does not individualize the damage; he merely limits himself to establishing an amount without indicating which sums correspond to each of the facts he points to as causing it. Nor does he demonstrate a causal link between the alleged damage and the actions or omissions of the Ministry of Health that he claims caused it. There is no causal link between the damage sought to be collected in this proceeding and the actions undertaken by the Ministry of Health. In defense of the State's interests, the exceptions of statute of limitations (prescripción) were raised, for which it was alleged that the complaint is understood to be divided into two, namely: the claim of liability for the nuisances generated by the erection of buildings, and on the other hand, liability for the nuisances generated by the operation of a parking lot in the "Plaza Roble" building. Regarding this, it is argued that the constructions began in 2006 and were completed in 2007 (no specific dates are given). Thus, it is asserted that the statute of limitations (prescripción) would have run in observance of Article 198 of the General Law of Public Administration, as a 4-year period was exceeded, computed from the fact motivating the liability claimed. It is said that according to the evidence in the administrative file, the nuisances allegedly caused by the construction activity cover a period from January 12, 2007, to March 7, 2008, while on the other hand, the nuisances allegedly generated by the operation of the buildings—we understand, no longer their construction—date from the beginning of 2009. Thus, the State representation concludes that since the complaint was filed with the court on April 9, 2012, those four years were exceeded if said period is computed from the occurrence of the facts. The statute of limitations (caducidad) of the action was also alleged, applying Article 39(c) of the Contentious-Administrative Procedure Code, according to which the period to bring an action is one year, which, in the case of material actions, must be computed from the cessation of their effects, for which it mentioned what it identified as the last action filed by the plaintiffs before the Ministry of Health, which would have occurred on August 7, 2010, while the present proceeding was filed on April 9, 2012. It was also alleged that the institution of res judicata (cosa juzgada) applies, for which it was explained that the plaintiffs at the time filed a total of four amparo appeals before the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice. Reference was made to rulings of the Constitutional Chamber to indicate that if they had been granted in favor of the plaintiffs here, the avenue for claiming the damages caused is the sentence execution phase, and not this ordinary proceeding. It specified, regarding one of these actions through the amparo appeal filed by the plaintiffs here, that one of them was against the Ministry of Health—and we add, against the Municipality of Escazú, as will be seen below—petitioning that it be ordered to fulfill its obligation to take the necessary measures to avoid the pollution they alleged they were suffering, an action on which the high Constitutional Court would have issued Ruling No. 2007-014995, granting the appeal. It also cited the Ruling issued by the Constitutional Chamber No. 2010-00269 of 11:43 a.m. on January 8, 2010—filed against the Ministry of Health and the Municipality of Escazú, this Court adds—under which the appeal was dismissed. It continued, citing the Ruling identified as No. 2010-1745 of 09:59 a.m. on February 11, 2011, under whose terms the appeal was granted but exclusively against the Municipality of Escazú; and finally, it referred to Ruling No. 5406-2011 of 10:41 a.m. on April 29, 2011, which dismissed the appeal. Thus, it was asserted that: "From the foregoing, it is noted that on various occasions the Constitutional Tribunal has heard the facts presented in this proceeding and has ruled on them. The foregoing implies that res judicata (cosa juzgada) exists on these issues, and in the cases of the amparos (…) that were granted or partially granted, specifically, if it is intended to execute the damages in the abstract to which the State and the Municipality of Escazú were ordered, it must be done through the avenue of execution of constitutional judgment contemplated in the CPCA and not through a trial proceeding." Lack of passive standing was alleged, for which it was indicated that the competencies for control and oversight in construction matters are the Municipality's, according to the Construction Law. Finally, the exception of lack of right was raised.

V.- Regarding the defense arguments made by the representation of the Municipality of Escazú. For its part, the representation of the co-defendant Municipality opposed the complaint, indicating, in relevant part, that the area where the buildings of the defendant companies Grupo Meridiano de Centroamerica S.A., Grupo Roble Internacional S.A., Constructora KMC S.A., and Parque Central were built, according to the Regulatory Plan, are located in the Multiplaza Punctual Commercial Zone and the Linear Commercial Zone. That the Regulatory Plan was duly approved in accordance with the provisions established in the Urban Planning Law, so stating that said plan was manipulated for convenience is an imprudent statement, a situation that is nothing more than a mere assertion by the plaintiffs without any legal basis, since the subsequent modifications the Regulatory Plan underwent complied with the provisions of the Urban Planning Law. The arguments set forth by the plaintiff are far from the reality of a canton that is progressing in a planned manner and adapting to the economic and social changes of the reality experienced by all the communities of the canton. One cannot seek to demand that an "ideal" situation remains so over time without there being progress in the development of the canton; note that an affectation is alleged from several works that were duly permitted and duly adjusted to law, which complied with local regulations, such as the Regulatory Plan of the Canton of Escazú, and national regulations such as environmental, health, and technical standards, and proof of this is the duly approved construction permits for each of the constructions carried out in the area, making it clear that it was submitted to public consultation as provided by the Urban Planning Law. In its defense, it raised, by way of exceptions, in relevant part, the statute of limitations (prescripción), regarding which it affirmed had run because all the facts outlined in the complaint date from between 2006 and the end of 2007, such that, in accordance with Article 198 of the General Law of Public Administration, which refers to a four-year period, the action would be time-barred, and although it is true that there are amparo appeals, it is only in those years that these facts for which compensation is claimed can be located. It also alleged, as an exception, lack of standing, for which it was said that the lawsuit was filed without having previously exhausted the administrative procedure in which liability must be determined or an ordinary proceeding exhausted.

It was mentioned that the procedure for enforcing judgments handed down by the Constitutional Chamber is enforcement under article 179 of the Code of Administrative Procedure, to which was added that the plaintiffs do not identify whether the conduct upon which their claim is based is omissive, active, or, as the case may be, whether it is based on the nullity of some act, limiting themselves to requesting a judgment for the payment of damages and/or losses, without the existence of a prior judgment that would allow them to pursue those claims. Finally, it was alleged that there is a lack of right.

VI.- Regarding the defense arguments raised by the representative of the company called Grupo Meridiano de Centroamérica Sociedad Anónima. They indicated that regarding public-law subjects, their liability regime is regulated by the rules and principles of the General Law of Public Administration. In that sense, it is a predominantly objective regime, and that this aspect is unrelated to their represented party and in the event that the plaintiff can demonstrate any harmful conduct by the administration toward their rights, this cannot in any way affect or attribute liability to the corporation they represent. Regarding private-law subjects; deriving from the facts allegedly attributable to them, the liability regime is clearly subjective and based on article 1045 of the Civil Code, for which it is necessary not only the existence of intent or gross negligence but also clear proof of the damage and the causal link between the action complained of and the damage suffered. That if the plaintiff believes they have some type of claim against my represented party, they must conclusively prove the existence of intent or gross negligence in the case and the necessary causal link to the alleged damage, an aspect that is not apparent from the documentation provided so far and which undoubtedly demonstrates the lack of right of this lawsuit, at least, against Grupo Meridiano de Centroamerica S.A.

VII.- Regarding the defense arguments raised by the representative of the companies called Construcciones KMC Sociedad Anónima, Grupo Roble Internacional de Costa Rica Sociedad Anónima, and Parque Central Sociedad Anónima. The position assumed by these defendant parties will be detailed below, it being necessary to clarify that it is done in a single section of this ruling, because the argumentative structures outlined by them when answering the lawsuit are the same. That the plaintiff, with clear ignorance and confusion regarding the meaning of administrative liability, seeks to claim it against private-law subjects, who are likewise administered individuals, and that the conduct identified as causing damage constitutes, rather, the legitimate exercise of a right, namely the power to alter a real estate property, a power that Costa Rican law itself grants to all property owners. The companies have complied with all procedures established in our legal system for obtaining all corresponding permits; in that sense, both the environmental feasibility and the construction permits, as well as the other provisions established by the various competent entities and bodies, have been duly complied with. That the appropriate measures were taken to minimize the inconveniences this process could cause, such as the placement of protective barriers to prevent the spread of dust, no public road was ever closed, and when the Municipality of the Canton of Escazú, as well as other supervisory entities, issued any warning, it was immediately complied with. The lawsuit is reckless and lacks legal basis. The plaintiff sets out in their lawsuit a series of disjointed facts without a correct connection that would allow them to support its claim; this reflects an obvious confusion of concepts regarding the claim of objective liability of the Administration, which constitutes the subject matter of this action. In another vein, the company called "Construcciones KMC S.A." raised the procedural defenses of lack of passive legal standing, statute of limitations, expiration, and lack of right, while the representative of the companies called "Grupo Roble Internacional de Costa Rica S.A." and "Parque Central S.A." raised those of lack of active and passive standing, lack of right, statute of limitations, and expiration. Regarding the invocation of the statute of limitations, these defendant parties alleged the statute of limitations in application of article 198 of the General Law of Public Administration. All of them alleged that the constructions began in 2006 and ended in April 2008. Furthermore, regarding expiration, it was argued that it had occurred as provided in article 39, subsection c) of the Code of Administrative Procedure. Regarding passive standing, it was stated confusingly by these defendant companies —which we state with respect— that the company cannot be sued because there is no legal relationship with the defendant administrations arising, for example, from an administrative contract, and consequently, an action is only viable against the latter.

VIII.- Regarding the arguments raised by the Patronato Nacional de la Infancia. In general terms, and particularly based on its participation in the trial hearing, it fully adhered to the arguments raised by the plaintiffs' representative.

IX.- Proven facts. Relevant for the resolution of this proceeding, the following are established: 1) That at least by August 2004, Mrs. Olga Shutaleva and Mr. Shon Shai Tsafrir were united in a common-law relationship. (Uncontroverted fact in relation to the trial testimony of Mr. Noam Amir and Mrs. María Elena Mora Abarca); 2) That as of August 5, 2004, Mrs. Olga Shutaleva became the registered owner (by purchase), that is, the titleholder of the property registered in the National Registry, mechanized real folio system, Registry of San José, folio number 303263, located in the District of San Rafael, Canton of Escazú, Quintanar Development, described in cadastral map N° SJ-014420-75 dated August 1, 1975. (Folios 897, in relation to 895 of the plaintiffs' evidentiary file, and the trial testimony of Mr. Noam Amir and Mrs. María Elena Mora Abarca); 3) That the property owned by Mrs. Olga Shutaleva was used as a dwelling by her, Mr. Tsafrir, and, after her birth, by their daughter Lian Tsafrir Shutaleva, who was born on April 11, 2007. (The trial testimony of Mr. Noam Amir and Mrs. María Elena Mora Abarca, in relation to the judicial inspection conducted on August 8, 2017); 4) That at the date of occurrence of the facts referred to in the lawsuit and its filing with the courts, Miss Lian Tsafrir Shutaleva was a minor. (Uncontroverted fact); 5) That on its eastern boundary, the plaintiffs' dwelling borders a road called "Calle El Barro". (The judicial inspection conducted on August 8, 2017, in relation to folio 895 of the plaintiffs' evidentiary file); 6) That the road called "El Barro" constitutes the western boundary of the properties upon which all the defendant companies, except Construcciones KMC S.A., erected the buildings or carried out the construction processes described below. (The judicial inspection conducted on August 8, 2017, in relation to folio 895 of the plaintiffs' evidentiary file); 7) That without specifying the exact date on which the following occurred in each case, the Municipality of Escazú granted to the co-defendant company called Parque Central S.A., which forms part of an economic interest group with the company called Grupo Roble Internacional S.A., a license or construction permit in 2006, identified as N° 257-06, for an expansion of existing offices on the surface of the property identified as registered in the National Registry under real folio number 518045-000, a project to be erected on land bordering on its western boundary the public road called "Calle El Barro", and consequently, with this road in between, the property of the plaintiffs here. (Uncontroverted fact due to the manner in which these co-defendant parties contested the lawsuit in relation to facts VI, VIII, and XI, in relation to the judicial inspection conducted on August 8, 2017); 8) That without specifying the exact date on which the following occurred in each case, the Municipality of Escazú granted to the co-defendant company called Grupo Meridiano de Centroamérica S.A. a construction license or permit in 2005, identified as N° 147-05, for the construction of a high-rise office building on the surface of the property identified as registered in the National Registry under real folio number 207250-000, a project to be erected on land bordering on its western boundary the public road called "Calle El Barro", with authorization to carry out construction activities according to the following schedule: from 06:00 to 17:00 Monday through Friday, and from 07:00 to 14:00 on Saturdays, not being able to perform work on Sundays and holidays. (Uncontroverted fact due to the manner in which this co-defendant party contested the lawsuit, in relation to facts VI, VIII, and XI, and the judicial inspection conducted on August 8, 2017); 9) That having begun the construction process described in the previous proven fact, on December 6, 2005, a preventive notification identified as N° 0542 was issued to the company called Grupo Meridiano de Centroamérica S.A., by the Department of Urban Development of the Municipality of Escazú, by which it was informed that it was obstructing a public road, and that the construction project on its western sector was generating dust clouds due to the accumulation of materials. (Folio 229 of the administrative file of the Municipality of Escazú); 10) That on December 13, 2005, a new preventive notification identified as N° 0543 was issued to the company called Grupo Meridiano de Centroamérica S.A. by the Department of Urban Development of the Municipality of Escazú, by which it was informed that an anomaly was present concerning the preventive notification referred to in the previous proven fact, to which the following was added: "It is warned that if a dump truck is found traveling without a tarp or dumping debris nearby the project, the closure of the works will be ordered until all dumped material is removed," granting the company until noon that same day to correct this detected situation. (Folio 230 of the administrative file of the Municipality of Escazú); 11) That by March 1, 2006, the Environmental Comptroller Office of the Municipality of Escazú would have verified at the site where the project owned by "Grupo Roble S.A." is being built, that a significant amount of dust was constantly being raised, directly affecting neighbors, and therefore as a corrective measure this company was to apply constant watering on areas of accumulated earth, as well as on exposed areas, emphasizing that due to the winds, they also generate dust. (Folio 203 of the administrative file of the Municipality of Escazú); 12) That on June 13, 2006, Mr. Tsafrir reported to the Municipality of Escazú the presence of accumulated water at the rear of his house, which was affecting the wall's structure, and that its persistence could cause health problems. (Folio 147 of the file of the Municipality of Escazú); 13) That by June 2006, the Disciplinary Regime Department of the Federated College of Engineers and Architects would have determined, on the occasion of an inspection carried out at the project being erected under the responsibility of "Grupo Meridiano de Centroamérica S.A.", that while a problem associated with the raising of dust clouds had existed at some point, it had been corrected, but that the necessary measures should continue to be adopted to prevent the problem from continuing, and furthermore, it was warned of a possible impact from rainwater on neighboring dwellings due to the difference in elevation between the project and the development, the company being required to adopt the necessary measures to avoid affecting the neighbors. (Folios 150 to 158 of the file of the Municipality of Escazú); 14) That by September 1, 2006, an official of the Department of Urban Development of the Municipality of Escazú, noted on the occasion of an inspection conducted at the boundary of the plaintiffs' property with "Calle El Barro", that runoff was impacting the property due to the conditions of the public road, which lacks infrastructure, and subsequently determined they were not competent to address the matter, considering that it corresponded to another Municipal department. (Folio 145 of the administrative file of the Municipality of Escazú); 13) That on December 13, 2006, the Department of Urban Development of the Municipality of Escazú issued a preventive notification to the company called "Parque Central S.A.", because during the construction process under its charge, heavy machinery was traveling on an unapproved route, specifically, through "Quintanar", and therefore it was required to immediately cease such vehicular traffic. (Folio 260 of the file of the Municipality of Escazú); 14) That on January 8, 2007, Mr. Tsafrir filed a complaint before the Ministry of Health against "Grupo Roble" for noise and vibrations. (Folio 626 of the plaintiffs' evidentiary file); 15) That according to official letter N DU-009-08 dated January 11, 2007 (sic), from the Department of Urban Development of the Municipality of Escazú, it was stated, as pertinent, that: "b) By means of Field Report N° 0262-2006 from the Department of Urban Development, the concern presented in a note dated July 12, 2006, is clarified, regarding the stagnant water located behind Mr. Shon Zafrir's (sic) house, which borders a section of road without infrastructure in the Quintanar Development, which allows the continuous flow of pluvial runoff that drains onto the property, causing damage to the wall in question. Due to the above, the neighbors of the Quintanar Development dug a trench along the road to channel the waters coming from the adjacent constructions, which resulted in waterlogging with consequent foul odors and proliferation of mosquitoes, as well as damage to the mentioned wall. / c) In relation to the note addressed to the Mayor (...) dated January 31, 2007, from Mrs. María Elena Mora Abarca, indicating that the problems caused by the construction of Edificio Meridiano and Plaza El Roble continue, it is reported that the owner of the second project, Parque Central S.A., was issued preventive notification N° 0846 dated February 12, 2007 (sic), noting the following anomalies found: a) Obstruction and/or destruction of public road, (roads with dust and mounds of earth) b) Dust at the Project; for these situations, 4 hours were granted to correct the situation. Regarding the Edificio Meridiano, preventive notification N° 0850 was delivered, on the same date, concerning excess dust in the environment. To follow up on the complaint of an excessive amount of dust, alleged road opening and its condition, field report N° 038-07 was issued, dated February 20, 2007, (...) a large amount of dust generated by earthworks (movimientos de tierra) at the Grupo Meridiano de Centroamérica project was again detected, but not from the building located in the Quintanar Development, owned by Construcciones KMC S.A." (Folios 164 and 165 of the file of the Municipality of Escazú); 16) That on January 12, 2007, Mr. Shon Tsafrir requested the Ministry of Health to appear at his dwelling for the purpose of conducting an inspection, on the occasion of a problem related to dust and acoustic pollution originating from contiguous constructions occurring since eleven months prior. (Folio 01 of the administrative file of the Ministry of Health); 17) That in relation to Mr. Tsafrir's request, on January 15, 2007, the Ministry of Health requested the Municipality of Escazú to ask those identified as "the builders" to submit to the municipal entity a mitigation plan to resolve the dust problem "and others," a copy of which was to be sent to the Health Area of that Ministry. (Folio 06 of the administrative file of the Ministry of Health); 18) That on January 23, 2007, Mr. Shon Tsafrir requested the Ministry of Health to appear at his dwelling for the purpose of conducting an inspection in relation to what he claimed was a problem of dust and acoustic pollution originating from constructions contiguous to his dwelling that had been occurring since eleven months prior. (Folios 09 to 11 of the administrative file of the Ministry of Health); 19) That by January 31, 2007, someone identified as María Elena Mora Abarca reported to the Municipality of Escazú problems associated with the constructions of "Edificio Meridiano" and "Plaza Roble" regarding the presence of excess dust, entry and exit of dump trucks, work outside established hours, and water accumulation, all reported facts she claims had been reported since a year earlier. (Folios 347 and 348 of the administrative file of the Municipality of Escazú); 20) That by note dated February 11, 2007, a representative of the company identified as "Vander Laat y Jiménez", "Proyecto Plaza Roble III Etapa", informed the Department of Human Development, as pertinent, that the company was taking actions to avoid future problems with neighbors; that its commitment was to respect the schedule defined for carrying out the work, to the extent that they replaced the general foreman to guarantee such compliance; likewise, that they were making additional efforts regarding dust and noise control to avoid impacts on neighbors. (Folio 424 of the administrative file of the Municipality of Escazú); 21) That by February 12, 2007, the construction project of the company called Parque Central S.A. presented anomalies, from the perspective of its construction process, consisting of actions of obstruction of public roads (roads with dust and mounds of earth, and generally excess dust), an occasion on which the person identified as project manager was delivered a note with the corresponding municipal warning. (Folios 12 front and back of the administrative file corresponding to the Ministry of Health, as well as folio 577 of the plaintiffs' evidentiary file); 22) That the same request for it to ask the construction companies for a mitigation plan was made again by the Ministry of Health to the Municipality of Escazú on February 15, 2007. (Folio 08 of the administrative file of the Ministry of Health); 23) That according to official letter identified as N° ARSE-D-37-07 dated February 15, 2007, the Ministry of Health would have required the Municipality of Escazú to comply with the previously ordered requirement for the defendant companies to submit a mitigation plan. (Folios 593 and 594 of the plaintiffs' evidentiary file); 24) That by February 20, 2007, the Department of Urban Development of the Municipality of Escazú had determined through a field report identified as N° 038-07, that: "In a visit made to the site, it has been possible to detect that indeed, the project known as Grupo Meridiano de Centroamérica and the earthworks (movimientos de tierra) currently being carried out next to that same building generated a large amount of dust, but not the building located in the Quintanar Development, which is owned by Construcciones KMC S.A., as at the time of the visit, what was reported was not detected." (Folio 581 of the plaintiffs' evidentiary file); 25) That in response to the request made by the Ministry of Health to the Municipality of Escazú for it to require "the builders" to submit a mitigation plan, the Municipal Mayor's Office sent an official letter to the mentioned Ministry on February 23, 2007, by which, in summary, it communicated that in its opinion the issue related to a mitigation plan was the responsibility of that Ministry, while on the occasion of some preventive notifications issued to Parque Central S.A. and Grupo Meridiano de Centroamérica S.A., both on February 12, 2007, the Municipality would have fulfilled its duties in the area of control and prevention regarding urban development activity. (Folios 13 and 14 of the administrative file corresponding to the Ministry of Health); 26) That by February 26, 2007, the local authority of the Ministry of Health where the construction projects of interest are located was of the opinion that the public health issue associated with them was a Municipal matter and that therefore its control and oversight was the responsibility of the local government, while the same authority, but at the regional level, considered only that the matter should be followed up on. (Folios 17 and 18 of the administrative file corresponding to the Ministry of Health); 27) That by March 8, 2007, the authorities of the Ministry of Health would have considered themselves competent to address only the reported problems linked to noise pollution. (Folio 19 of the administrative file corresponding to the Ministry of Health); 28) That by March 20, 2007, the Department of Public Works of the Municipality of Escazú informed the Mayor that, regarding the property where a 10-story building was being erected by the company identified as "Grupo Meridiano de Centroamérica S.A.", the construction is topographically at a higher elevation than the road located east of said property and the "Quintanar Development", and that therefore, runoff water was flowing toward the lower level —i.e., toward the Quintanar Development, with "Calle el Barro" in between— it being verified that for these purposes a trench had been excavated that allowed channeling the waters, preventing accumulation or "pooling", and therefore the case was closed, and furthermore, regarding an aspect linked to dust generation, the official limited themselves to noting that representatives of the company would have informed them that the measures ordered by the Federated College of Engineers and Architects had been adopted. (Folios 140 to 143 of the administrative file of the Municipality of Escazú); 29) That on March 21, 2007, the authorities of the Ministry of Health appeared without prior coordination with the plaintiff here, Mr. Shon Tsafrir, at his dwelling, where, because neither he nor his wife were found, no sonic measurement was taken, and therefore they decided to leave and wait for the interested party to contact them again. (Folios 39 and 40 of the administrative file corresponding to the Ministry of Health); 30) That on March 27, 2007, someone identified as an official of Hospital Cima de San José, in Gynecology and Obstetrics, stated in relation to care provided to Mrs. Olga Shutaleva, that: "The patient has had, throughout her pregnancy, severe respiratory and nervous disorders that I consider are due largely to the environmental pollution to which she has been exposed throughout her pregnancy due to the construction works around her house. / Furthermore, delivery is predicted at any moment and the neonate cannot, under any circumstance, be in the pollution conditions that the patient describes." (Folio 108 of the plaintiffs' evidentiary file); 31) That on May 29, 2007, Mr. Shon Shai Tsafrir reported to the authorities of the Ministry of Health that a discharge of fecal matter had occurred during the nighttime hours of the previous day onto the public road running along the rear boundary of his property. (Folio 47 of the administrative file corresponding to the Ministry of Health); 34) That regarding the request described in the previous proven fact, on June 1, 2007, the authorities of the Ministry of Health would have consulted the company that handled such waste at the construction or constructions near the complainant's dwelling about what was reported; said company would have denied such action, so the health authority limited itself to recommending that Mr. Tsafrir cooperate so that, given the possibility of imposing the corresponding fine on those who deposit waste on a public road in the manner reported, he should proceed to report the matter by calling 911, so that the traffic police can confirm the reported fact and/or, he was advised to file a complaint before the Contravention Court of Escazú for whatever purposes may apply. (Folio 48 of the administrative file corresponding to the Ministry of Health); 35) That on June 7, 2007, Mr. Tsafrir complained to the Ministry of Health for not having even conducted an inspection at the site where he reported the discharge of fecal matter. (Folio 52 of the administrative file corresponding to the Ministry of Health); 36) That by June 8, 2007, the authorities of the Ministry of Health would have understood that Mr. Tsafrir had lost interest in having a sonic measurement taken. (Folio 86 of the administrative file corresponding to the Ministry of Health); 37) That by June 8, 2007, the authorities of the Ministry of Health would have completely dismissed the complaint made by Mr. Tsafrir regarding the alleged discharge of black water, on the grounds that he did not provide evidence of his claim. (Folios 87 and 88 of the administrative file corresponding to the Ministry of Health); 38) That the authorities of the Ministry of Health conducted an inspection at the site of interest on June 11, 2007, according to which the non-existence of elements providing proof of the complaint regarding the discharge of black water was determined; as for the rest, referring to impacts associated with earthworks (movimientos de tierra) and the presence of garbage, it was insisted that both matters corresponded to issues under the jurisdiction of the Municipality and not the Ministry, all of which was made known to Mr. Tsafrir. (Folios 89 to 91 of the administrative file corresponding to the Ministry of Health); 39) That Mr. Tsafrir complained in writing on June 18, 2007, to the authorities of the Ministry of Health about the untimely manner in which the inspection referred to in the previous proven fact was conducted. (Folio 92 of the administrative file corresponding to the Ministry of Health); 40) That by June 18, 2007, the authorities of the Ministry of Health were still waiting for Mr. Tsafrir to coordinate, on his own, the necessary actions to address his complaint, identified, without further detail, as associated with the problems generated by the constructions. (Folio 94 of the administrative file corresponding to the Ministry of Health); 41) That according to official letter N° JDU INT 66-07 dated August 29, 2007, issued by the Head of the Department of Urban Development of the Municipality of Escazú, the following, as pertinent, was stated to the Municipal Mayor: "... In relation to the indicated official letter, in which a complaint has been received because the constructions near the applicant's property continue to disregard the established schedule, working after 7 p.m., for which an inspection by this Department is requested to verify what was reported through the Defensoría de los Habitantes, I inform you of the following: In a nighttime inspection conducted yesterday by the Inspector (...), it was verified that the construction in the third stage of Oficentro Plaza Roble disregards the established schedule, as it was found that they were pouring concrete outside of hours, for which the foreman in charge of the schedule was informed and work was stopped immediately."

(Folio 376 of the plaintiffs' evidentiary file); 42) That on September 7, 2007, the Municipality of Escazú authorized a person identifying himself as the representative of “Grupo Roble” to use a land area within the Quintanar Development as a temporary parking lot, only for the time necessary to enable some ramps at a different site, not being able to carry out any construction work on the site that would involve consolidating that parking area, the company also being required to submit to the Municipality information on the temporary conditions under which said parking lot would operate. (Folio 753 of the judicial file); 43) That under the terms of Ruling No. 14995-2007 of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, issued at 3:02 p.m. on October 17, 2007, an amparo action filed by Mrs. Olga Shutaleva and Mr. Shon Shai Zafrir in writing with the intervention of 19 more people who claimed to be neighbors of the same place and to have been affected in the same way, against the Health Governing Area of Escazú of the South Central Region of the Ministry of Health and the Municipality of Escazú, and by a document received at the Secretariat of the Chamber at 1:00 p.m. on March 8, 2007, was declared admissible, the object of the action having been deemed by the Constitutional Chamber to be as follows: “The petitioners allege that they have requested intervention from both the Municipality of Escazú and the Health Governing Area of Escazú regarding the noise and environmental pollution problems caused by the projects under construction near their home; however, those authorities have done nothing to date and do not agree among themselves to determine who is competent to provide a solution to the problem. They indicate that a large amount of cement dust, dirt, and materials are generated that end up in their yards, disposal of wastewater and general garbage from those constructions, as well as the noise from the work during the day and night that produces serious noise pollution that prevents them from properly getting their night's rest. They consider their rights violated and therefore request the granting of the amparo,” this on the occasion of the Constitutional Chamber having deemed their right to the enjoyment of a healthy environment and to health, enshrined in Articles 21 and 50 of the Political Constitution, violated, on the grounds that the plaintiffs here having reported to both Public Administrations that they were enduring noise, dust, excess cement dust, among other things, and it being the obligation of these Administrations to ensure and protect such rights against the risk or needs created by prohibiting and preventing any harmful activity in this sphere, in the specific case, although it is true that there was mediation by both respondent authorities, each within the scope of their powers, there was negligence and omission by both in following up on the preventive measures and actions that were ordered, and this caused the activities reported by the petitioners to continue to be carried out irregularly and, therefore, their right to health and to enjoy a healthy and ecologically balanced environment was undermined. For this, it was assessed that the attention given to the steps taken in relation to the construction of nearby buildings, the presence of dust affecting their health, the existence of construction debris, and the carrying out of construction activities late at night and on weekends since 2006, while the Ministry of Health limited itself to considering that the matter was resolved with a simple official letter sent to the Municipality of Escazú to issue the directives it deemed necessary without issuing any sanitary order in this regard despite that being its competence as the governing body in public health matters, the Municipality of Escazú limited itself to affirming that this was the competence of the aforementioned Ministry, without either of these authorities deploying any forceful action to verify the reported facts or, where appropriate, to adopt the appropriate measures to provide solutions, should that be necessary, the action of the Health Governing Area not being sufficiently forceful to solve the problem, nor that of the Municipality, despite the petitioners' insistence, without there even being evidence that inspections had been ordered, at different times and days, to determine whether the complaint had merit or not, the inspection carried out by the Health Governing Area, it was decided, only taking place after learning of the filing of the amparo action until the month of June 2007, a date by which the construction works were very advanced and, therefore, the severity of the impact could not be detected. And although the Chamber did not have certainty of the existence of a health or pollution problem at the site, it did consider that what the Ministry of Health of Escazú had done was not diligent, to conclude, in relation to the Municipality of Escazú, by indicating that its action was also not diligent in addressing what the petitioners had reported, considering the time elapsed since they became aware of their complaints and those of other neighbors, because on numerous occasions it was verified by them that the construction projects were producing pollution from dust, noise, and garbage, and work at odd hours, and despite this, it limited itself to adopting as the only measures the issuance of several preventive notifications to the development companies so that they would mitigate the effects of the construction process regarding dust, garbage, among others, despite the fact that said problems reportedly continued and the neighbors continued to endure the excessive nuisances reported, thus evidencing that the Municipality, like the Ministry, arbitrarily tolerated the obstruction that the petitioners and their neighbors have suffered in enjoying a healthy and ecologically balanced environment, given that it did not adopt definitive measures nor did it exercise constant and effective control so that all the inconveniences of the construction processes taking place in the surroundings of the petitioners' home would have been mitigated. As proven facts forming the basis of this ruling by the Constitutional Chamber, the following were considered: “a) that municipal inspectors have visited the constructions referred to by the petitioners on several occasions during their construction phase, always warning the developers, when necessary, to take corrective measures to mitigate the impact of dust, heavy vehicle traffic, and other common problems involved in a construction process of this nature (...); b) (...); c) that the Torres Meridiano project of Grupo Meridiano de Centroamérica Sociedad Anónima received preventive notifications from the Municipality of Escazú for excess dust in the environment and garbage (...); d) that the office expansion project owned by Grupo Roble located in front of Multiplaza received preventive notifications from the Municipality of Escazú for obstruction of a public road, accumulation of dust in the project, and for machinery traveling in a non-permitted zone (...); e) that an official from Human Environment Protection of the Health Governing Area of Escazú issued official letter ARE-UPAH-59-07 of January fifteenth, two thousand seven, to the Department of Urban Development of the Municipality of Escazú requesting that the developers of the construction projects referred to by the petitioners be ordered to create mitigation plans for the reported nuisances; however, that Department did not respond, so help had to be requested from the Municipal Mayor of Escazú, which was done through official letter ARSE-D-37-07 of February fifteenth, two thousand seven (...); f) that through official letter DA-112-2007 of February twenty-first, two thousand seven, the Municipal Mayor of Escazú informed the Director of the Health Governing Area of Escazú of the Ministry of Health that, in response to that Ministry's request, the corresponding preventive notifications were processed (...); g) that a noise measurement could not be taken at the petitioners' home to verify the noise produced by the constructions (...); h) that the petitioners' home is located very close to several projects that are under construction (...); i) that in an ocular inspection conducted by Ministry of Health officials on June eleventh, two thousand seven, between twelve fifty p.m. and one thirty p.m. in the surroundings of the petitioners' home, the existence of blackwater discharge residues in public drains could not be verified, nor was the existence of solid particles suspended in the air confirmed, nor noise from the surrounding constructions (...),” and as relevant, its operative part (por tanto) ordered: “The State and the Municipality of Escazú are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the contentious-administrative proceedings.” (Folios 122 through 149 of the administrative file corresponding to the Ministry of Health); 44) That the Ministry of Health authorities conducted a second inspection at the site of interest on Thursday, November 1, 2007, on which occasion, at 9:00 a.m. and jointly with officials from the Municipality of Escazú, no problems due to “suspended particles” were found, no annoying noise was perceived, it was determined that the constructions had a saran mesh covering around their perimeter as a precaution, and that as of that date there were no earthworks (movimientos de tierra). Likewise, it was indicated regarding the surrounding works that: “some are finished and in use and others are in gray work, the one under construction is located 300 m from the complainant's residence,” in addition, that no nuisance from traffic circulation was observed, as well as that: “… it is concluded that the material used for construction consists of pours with prefabricated concrete off-site, which further reduces the impact on the sector from the assembly stage due to dust effects. Therefore, there is no justification to issue an administrative act at this time.” (Folio 100 of the administrative file corresponding to the Ministry of Health); 45) That on Friday, November 2, 2007, Mr. Tsafrir communicated in writing to the health authorities his disagreement with the content of the record drawn up on the occasion of the matter described in the preceding proven fact. (Folio 102 of the administrative file corresponding to the Ministry of Health); 46) That on Monday, November 12, 2007, the Ministry of Health authorities informed Mr. Tsafrir that they would be at his disposal to conduct a new inspection in coordination with him, at the time and date he so desired. (Folios 107 and 108 of the administrative file corresponding to the Ministry of Health); 47) That as of February 8, 2008, Mr. Tsafrir was treated by the Psychologist identified as Esteban Villalobos Barquero, who recorded, having administered four different diagnostic tests to his patient, that he presented with an anxious depressive condition, in relation to which he indicated, as relevant, that: “The configuration of the validity scales suggests that Shon Shai Tsafrir completed the inventory in an honest manner, without exaggerating, minimizing, or trying to hide symptoms. For this reason, the protocol is considered valid for making inferences about Mr. Shon. Patients with this pattern of responses show excessive somatic concern. There is evident tension and stress as well as depression. These individuals may feel limited by multiple symptoms and complaints. They may present sadness, lack of energy, inability to concentrate, feeling anguished, miserable, and unhappy. Individuals with similar scores describe themselves as being constantly under pressure, feeling overwhelmed by problems, and even anticipate more bad things for the future. They complain of worrying most of the time, have difficulty letting things go, and present a feeling that they are about to lose control of their lives or simply collapse. Possibly due to their anxiety, they may have concentration problems, and decision-making can be bothersome. They often sleep poorly and report frequent nightmares. Patients with this profile often present panic attacks and other anxiety disorders. From the results of the structured interviews, it follows that Mr. Shon meets the criteria for a diagnosis of a depressive disorder as well as a chronic anxiety disorder. On the other hand, there is no evidence that Shon has a personality disorder.” (Folios 120 through 122 of the plaintiffs' evidentiary file); 48) That as of February 15, 2008, the psychiatrist identified as Bernardo Castro Dobles certified that Mr. Tsafrir presented a: “(illegible) disorder, panic disorder (illegible) that began two years ago and worsened a month ago, all after several constructions began around his home. To reduce this (illegible), it is recommended that he change his domicile.” (Folio 134 of the plaintiffs' evidentiary file); 49) That as of April 12, 2008, the person identified as a medical specialist in internal medicine at CIMA Hospital stated in writing the following: “A historical summary is provided of the patient Shon Tsafrir, who was hospitalized in the month of February, for presenting evidence of severe pain in the cervical and dorsal region, in addition to presenting evidence of pyrosis, with epigastric pain and nausea; this with more or less 10 days of evolution. It should be noted that the patient has presented these intermittent symptoms for two years, but in the last year his symptoms have increased, with evidence of functional, intellectual, emotional, mental, and physical deterioration, with significant weight loss, presents adrenaline discharges with profuse diaphoresis, elevated body temperature (simulating fever) and with anxious/depressive type alterations, with episodes of anxiety attacks and with alterations of his emotional character, derived from a situation with his home and constructions around his home. / During his hospitalization, endoscopic studies, radiological, clinical, and laboratory studies are performed on the patient. / Each of the studies performed is described below: 1. Endoscopic studies: show an acute gastric syndrome type disorder, but without the presence of gastroesophageal reflux or peptic ulcer. / 2. Radiological studies of the cervical and dorsal spine: no osteoarthrosic or listhesis-type lesions are demonstrated, without evidence of scoliosis or lordosis; presents evidence of position correction due to significant muscle spasm. / 3. General laboratory studies: no anemia or metabolic deficit or evidence of malnutrition, or protein loss, or any other hormonal/metabolic diagnosis is demonstrated. They are complemented by thyroid function studies and serial electrolyte studies, without managing to demonstrate any pathology. / What is very striking in the patient is the progressive weight loss from 12 months ago to the present; during his hospitalization, no fever spikes or body temperature are detected, but he does maintain his tendency toward generalized anxiety disorder, generated by his problem with the constructions around his house. / He is evaluated by Dr. Bernardo Castro (psychiatrist) who issues a diagnosis of generalized anxiety disorder and indicates medication, aimed at reducing this syndrome and improving the patient's sleep disorder (insomnia). / Currently, the patient remains under the same symptoms, they partially improve with medication, but his environment is the same and generates a great deal of emotional tension with increasingly greater depression/anxiety reaction and maintaining weight loss, insomnia, and a quite significant family dysfunction is being generated that is observed at the next medical visit where the patient's wife is evaluated and described below: Accessory Note: On April 21, 2008, the patient Olga Shutaleva is evaluated, a previously healthy patient, who for approximately 12 months has been presenting bilateral occipito/temporal headache, with evidence of irritable bowel syndrome, as she presents frank postprandial abdominal distension and with persistent dorso/lumbar pain, which is partially relieved with paracetamol-type analgesics; the patient has no evidence of neurological deficit or demonstrable alterations upon physical examination, except pain upon palpation of the posterior neck, temporal, and dorso/lumbar region, more of a muscle contracture and tension headache type without demonstrating any other associated pathology. Muscle relaxants are prescribed, and digestive enzymes are prescribed; it is important to note that the patient has the same perception of the situation of her home and her husband's position regarding the problem of the constructions next to their house. Although the patient works outside the home, unlike her husband, who works from home and is aware of what happens around him, demonstrating more tension and anxiety than the patient.” (Folios 158 and 159 of the plaintiffs' evidentiary file); 50) That under the terms of Ruling No. 1745-2010 of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, issued at 9:59 a.m. on February 11, 2011, through which Mrs. María Elena Mora Abarca brought an action in favor of third parties who are not listed as plaintiffs in the present case, against the Municipality of Escazú, as well as, or in relation to No. 4223-2011, issued at 6:07 p.m. on March 29, 2011, in which the plaintiffs here, Shon Shai Tsafrir and Olga Shutaleva, were included as protected parties when the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice considered what corresponded to a clarification and addition to the previous Ruling, an amparo action filed first on May 4, 2009, by the person identified as Mrs. María Elena Mora Abarca—we reiterate, in favor of third parties who are not listed as plaintiffs in the present case—against the Municipality of Escazú was declared admissible, for failing to foresee and order the technical requirements under which “El Barro” street could be improved to avoid the pooling caused by the lack of an adequate surface water drainage channel, for its inertia in resolving the complaints filed by the petitioner and reestablishing the residential zones of the Development. For this, the Constitutional Chamber considered, taking into account a report dated November 18, 2009, from the National Groundwater, Irrigation, and Drainage Service (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA) according to which it was determined, regarding rainwater at the site of interest based on an inspection conducted on November 17, 2009, that the surface runoff waters of that sector have a northeast-southwest direction and are intercepted by an artificial guard channel (unlined earth ditch) oriented almost perpendicularly to that direction, a channel that is located for a large part and along the length of “El Barro” street, which borders the Quintanar Development to the northeast, with a variable depth, averaging about 0.3 meters, insufficient to prevent the presence of rainwater at this site and surface runoff water. And given that local interests and services are indeterminate legal concepts, the creation of adequate drainage means, even for rainwater, within a community for the purpose of not causing property damage, health problems, and/or environmental problems, falls within its competencies, being part of the services that the Municipality is obligated to provide, even in observance of the General Health Law. Therefore, in the specific case, having concluded that El Barro Street, regardless of its nature, was intervened upon through asphalting works without any record of a requirement from the Municipality to provide the technical specifications to carry it out, and: “without foreseeing coordinated actions with the other neighboring developers, without which the work would remain unfinished and thereby produced the current problem, which is that it lacks gutters, a sewer system, and that effectively, when asphalted, it affects its height (see photo on folio 133 of the file) and the runoff of the waters, since these will no longer be absorbed by the earth that previously existed, as the asphalt will make them flow without control,” so the presence of water at the site is due to the rainwater that falls directly, it was unacceptable that the Municipality ignored the complaints that had been made to it for several years on the matter, focusing only on responding in writing without verifying and executing the corresponding works, in order to resolve the problems existing with the drainage of these waters. Therefore, regardless of the work that some developer may have carried out on this street, it was the Municipality that had to guarantee the minimum requirements it must meet, with the existing water problem, as indicated by SENARA, implying a risk of contamination, flooding, and a potential pest crisis, which endangers the right to a healthy and balanced environment, as well as the right to health of the inhabitants. Therefore, in addition, it being irrelevant to determine whether El Barro Street is a public or private road, its exact location, and boundaries, the fact is that with full knowledge of the municipality, asphalting works were carried out on said street without contemplating other technical directives, thereby causing the flow of surface water to the detriment of the neighbors of the Quintanar Development, and that despite this problem having been reported, the Municipality had not taken any precaution or executed any action to provide a solution. On the occasion of the issuance of this ruling by the Constitutional Chamber, the facts that served as its basis were the following, as relevant: “(...). 2- On May 29, 2007, the protected parties reiterated before the respondent Municipality their complaint regarding problems with El Barro street. (...). 3- On June 12, 2007, through official letter JDU EXT-07-07, the Municipality of Escazú granted permission to Grupo El Roble to place a crane at the gate located between the Quintanar Development and the private street north of Oficentro Plaza Roble, the possibility of installing a sign indicating private property and closing it at night, as well as the transit of heavy machinery (6 heavy vehicles per week) along the route that begins at Plaza Mundo and connects with the Guachipelín National Route. (...). 8- On March 31, 2009, the petitioner, representing the Quintanar development, accused before the respondent Municipality that El Barro street had been asphalted, raising it two meters and touching her wall, without any drainage whatsoever, which posed a flood risk, as well as problems with the machinery passing by causing cracks in the plaster and stones falling on the wall. (...). 9- Through official letter PDT-376-09-EXTERNO of April 20, 2009, the Engineering and Works Department of the Municipality of Escazú replied to the petitioner that El Barro street is an existing, already consolidated road that maintains the topographical level of the lots adjacent to said road, that an inspector would be sent to the site, that the construction permit stemmed from making improvements to the half-road of the condominium, and that it was the goodwill of the interested party to asphalt the entire road, except for the sidewalks of the lots adjacent to the west (...). 10- Once El Barro street was inspected by the respondent Municipality, it was determined that it is a public road of cantonal administration, which borders the Quintanar Development to the east and several properties to the west that also have frontage on another street called Matapalo. (...). 11- The improvements to the road surfaces (asphalt) of El Barro street were carried out at the northern end of the road, approximately 270 meters in length, as part of the half-road improvements that condominium project developers must construct, in this case, the Condominium project of Grupo El Roble; the Meridiano Project, on its frontage to El Barro Street, has not carried out road improvements to date. (...). 12- The construction of sidewalks on the west side of El Barro street is currently pending. (...). 13- The respondent Municipality and third parties are not carrying out any type of work that limits access to the properties that have frontage on El Barro street. (...). 15- The rainwater from the Torre Meridiano and Condominio Grupo El Roble projects, both with frontage on Matapalo Street, channels its rainwater into the storm sewer system that said public road has. (...). 16- On May 20, 2009, the respondent Municipality notified Grupo El Roble that it had to remove the warehouse and parking lot that it had temporarily built on the lands of the Quintanar development. (...). 25- On November 17, 2009, SENARA conducted an inspection in the sector subject to the amparo and concluded that the relief of the area is somewhat irregular with slopes between 5% and 8% and is within the watershed area of the right bank of an unnamed stream, which flows in a southeast-northwest direction and discharges into the Yeguas stream; it also determined that the surface runoff waters of that sector have a northeast-southwest direction and are intercepted by an artificial guard channel (unlined earth ditch) oriented almost perpendicularly to the aforementioned direction. (...). 26- The artificial guard channel that intercepts the surface runoff waters in the area subject to amparo is located for a large part and along El Barro street, which borders the Quintanar Development to the northeast; it has a variable depth, averaging about 0.3 meters; however, it is insufficient to prevent the presence of water on the vacant lot with frontage on a paved public street, oriented almost parallel to El Barro street. (...). 27- The presence of water at the site in question is due to rainwater falling directly onto the vacant lot, coupled with surface runoff water (and partly subsurface water manifested by topographical gradient) that flows down the natural watershed towards the unnamed stream and is not efficiently intercepted by the guard channel, accumulating in the low reliefs of the lot, forming a kind of small lagoon or large puddle or swamp, with a clay floor that retards water infiltration, mainly in the rainy season. (...),” and in its operative part, por tanto, it was ordered, as relevant, that: “The Municipality of Escazú is ordered to pay the damages and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the contentious-administrative proceedings.” (Costa Rican Legal Information System through the judiciary's website); 51) That on June 6, 2012, the Psychiatrist José Luis Salas certified that Mr. Tsafir—who had reportedly presented a heart problem days earlier—was undergoing “treatment for a major depressive disorder and severe panic disorder, precipitated by accumulated stress. Measures to reduce stress and medication are recommended.” (Image 556 of the judicial file); 52) That as a result of the conduct displayed by the State and the Municipality of Escazú, Miss Lian Tsafrir Shutaleva was caused subjective moral damage (daño moral subjetivo) due to the circumstances in which her environment found itself and those in which her parents found themselves for the same reason, due to conduct only attributable to the State and the Municipality of Escazú.-

X.- Unproven Facts. Relevant for the resolution of this proceeding, the following are deemed not proven: 1) Any fact that, serving as a basis for imputing the obligation to pay damages and/or losses claimed in each case, occurred in 2008 or at a later time. (The absence of convincing evidence in this regard); 2) The existence of objective moral damage (daño moral de corte objetivo). (The absence of convincing evidence in this regard).-

XI.- On the object of the process. We consider it important, with the purpose of ensuring that the analysis to be performed is as clear and orderly as possible, to mention the object of the process, understood as what is sought to be granted in the judgment, in association with the argumentation that, as presented by the plaintiff, constitutes their theory of the case, especially regarding the facts contained in the complaint.

In summary and at a first level, the plaintiffs allege the patrimonial liability of the State and the Municipality of Escazú, on the occasion of the occurrence of a countless number of harmful impacts which they link by causal nexus to the adoption of conduct that would have to be classified (making an effort in this regard where the complaint offers little clarity) as conduct occurring within the framework of an abnormal provision of services associated with control and oversight duties in health and construction matters, this in relation to the inadequate attention given to various proceedings undertaken at the time by the plaintiff parties before both administrative authorities, alleging, it is true, that such harmful impacts were all produced as a result of the construction processes carried out by the companies joined as co-defendants here. Such impacts—we insist, according to the facts alleged in the complaint—would be assessable in an integral manner according to the evidence, and must be circumscribed, as will be seen below, to those located from the moment the construction works of the companies began until the year 2007 exclusively, this in observance of the principle of congruence that every judicial ruling must observe. (See the facts of the complaint). In relation to the companies, it is possible to state from the outset that, according to the complaint, the facts outlined therein, related to what is sought to be granted in the judgment (the object of the proceeding), do not individualize for each of them the basis for imputing the charge of patrimonial liability, in these cases, under a legal regime different from that which applies to the defendant Public Administrations, which was also not developed in the complaint. This is because, as the plaintiffs themselves describe, each company deployed an autonomous construction action or actions based on the construction permits granted by the defendant Municipality (which are not the subject of challenge in this case, from which it is possible to affirm from the outset that all the construction works, if they were undertaken based on the permit granted in each case, were done in compliance with the legal system, meaning, that they were buildings erected or executed lawfully). The basis for imputation regarding these companies is, however, the same according to the somewhat confusing claims of the complaint, without specifying facts in terms of manner, time, and place for each case, describing the conduct deployed by each of them which, if proven, would make what is sought to be granted in the judgment “for all equally” appropriate. As will be seen in the case of the complaint directed against the State and the Municipality of Escazú, the defendant companies erected buildings on their own account and risk, autonomously, without being linked in any way, except with respect to Parque Central S.A. and Grupo Roble Internacional de Costa Rica S.A., which acted as an economic interest group. In another order of ideas, and due to the manner in which the claims are outlined in the complaint, its amendment, and as they were determined according to what was resolved in due course during the preliminary hearing by the Case Management Judge, it is now necessary to make some clarifications about what is sought to be granted in the judgment, because what is petitioned lacks some rigor in procedural legal technique, is unnecessarily repetitive, and in some cases, confusing and also imprecise, in association with the terms in which the grounds for the claim are expressed, that is, the basis for imputing patrimonial liability for each specific case in relation to each subject against whom action is brought, that is, the list of facts alleged in writing in the complaint (which as a whole are located in time as having occurred until the year 2007) and its amendment, which constitute the foundation of what is requested to be declared in the judgment, in terms of manner, time, and place. In a first order of ideas, the claims identified with numbers 1, 2, 4, 5, 6, 7, and 8 do not correspond to, or share identity with, substantive claims as such, but instead refer to the existence of factual circumstances or factual situations in relation to which the plaintiffs link by causal nexus the harmful results for which they claim compensation. As such, these claims constitute more appropriately the necessary factual bases for obtaining what is sought to be granted in the judgment. Consequently, in relation to these latter claims, it will be in the section of the judgment corresponding to facts proven and/or not proven that this Court must be expected to indicate what is appropriate, should it prove necessary, and not in the operative part of the judgment. On the other hand, the claim identified with number 3 appropriately refers to the intended condemnation for the payment of damages and/or losses (daños y/o perjuicios) in that which the complaint has been directed against all the defendant parties, which is unnecessarily reiterated or reproduced in the claims ranging from 9 to 14 and 17, with the sole exception that in these, reference is also made to the payment of interest, while number 17 refers to non-material damage (daño moral), which it was clarified comprises both objective and subjective non-material damage, although regarding objective non-material damage, nothing is said in the complaint, in factual or legal terms at the argumentative level. Given that the defendant subjects are several, it is observed that the plaintiffs did not identify the monetary proportion in which each of the defendant parties is sought to be condemned for one or another of the damages they seek to have compensated, nor did they state what any such claimed objective non-material damage consisted of, taking into account what has been said about its entity and nature in doctrine and jurisprudence both at the date of filing the complaint and at the date of issuing this judgment. Making an effort to express what follows in the most concise manner possible, the plaintiffs seek that the defendant parties (all equally) be condemned to pay damages and/or losses, with interest being computed in relation to each of them as an accessory claim. Then, and in the terms of claim 15, it is requested that the corresponding liquidations be deferred to the judgment execution stage, only in the event that determining said amount is not possible with the issuance of this ruling. Claim 16 refers to the pronouncement, which is in any case of a sua sponte nature, regarding costs. Next, regarding the identification of the damages and their origin, this Court estimates with the utmost respect that during the preliminary hearing, very little was done to clarify what is requested in an orderly and individualized manner, if it is taken into account that action is being brought—we insist—against several parties, including the Public Administrations and/or private companies, all autonomous legal entities, and based on a different basis for imputation—in principle—, since each co-defendant company or companies developed a construction work that the plaintiffs themselves do not even claim was done jointly, but rather simultaneously. Up to this point, we must warn, however, that no formal defect is observed in the complaint that prevents issuing a substantive ruling regarding the defendant Public Administrations, concerning whom there is indeed sufficient information for them to have been able to mount a defense without being left defenseless, given that within the framework of the proven facts, liability is imputed to them—as we said, whether the plaintiffs expressed it so or not—on the basis of the unlawful actions they adopted in matters of control and oversight of construction processes, which would speak of an abnormal functioning in doctrine. Something else occurs regarding the co-defendant private companies, concerning whom the basis for imputing what is reproached was not individualized. Having said this, the plaintiffs requested that all the defendant parties be condemned to pay compensation for ECONOMIC DAMAGE (DAÑO ECONÓMICO) consisting of the loss of previous income, damage to property, to the family's health; and damage to childhood, in the sum of $2,000,000.00; NON-MATERIAL DAMAGE (of a subjective and objective nature) in the amount of $1,000,000.00, and for LOSSES (PERJUICIOS), compensation for the loss of property value and the loss of future income in the amount of $1,680,000.00, that is, $280,000.00 for each defendant party.-

XII.- Regarding the Statute of Limitations (prescripción) Alleged as a Defense. In relation to this issue, it must always be kept in mind that although the right of action derives from Constitutional Law, its exercise is not unlimited, given that it must be deployed in accordance with what the law dictates. This being so, this right is subject not only to the determined forms but also to time limits, in accordance with the infra-constitutional legal system, so that even though it is a fundamental right, its improper and/or untimely exercise could be legally frustrated. The lapse of the right of action refers to one of those situations that oscillate around the temporal aspect, that is, the moment at which that right is exercised. This legal institution refers to the preclusion period within which it is possible to timely exercise the right of action, such that if it has not been exercised after that period has elapsed, the right expires. This is a valuable instrument that safeguards legal certainty and the stability of relations, generally between private individuals and specifically between individuals and the State. Therefore, the right of access to the Administration of Justice is not absolute, as it can be legally conditioned upon the timely filing of the lawsuit and the initiation of actions within the time limits indicated by the legislator, since indeterminacy and uncertainty clash with the purposes of law as a tool for achieving legal certainty and the stability of social relations. One of the objectives of the lapse period for the right of action, then, is to rationalize the exercise of the right itself, and although it limits or conditions access to justice, such dimensioning of the scope of the right constitutes, legitimately and in accordance with the constitutional legal system, a necessary restriction for the stability of law, which imposes on the interested party the timely use of the actions to which they are entitled and of which they are the holder, under penalty that the situations acquire the necessary firmness in order for legal certainty and this leads to the solidification of their legal situation. For the same reason, the institution operates if the interested party has fallen into negligence by not defending their right at the appropriate time and with the promptness required by law. To this extent, the lapse of the right of action does not grant subjective rights, but on the contrary aims at protecting a general interest. The lapse prevents the exercise of the action, and therefore, when it has been configured, the proceeding cannot be validly initiated. This is a figure of public order, which explains its non-waivable nature, and the possibility of it being declared sua sponte by the judge when its occurrence is verified. The Contentious-Administrative Procedural Code regulates the temporality aspect of the exercise of the right of action, depending on whether the claims refer to aspects linked to patrimonial matters or matters regulated by private law (civil de hacienda), or if, on the contrary, they seek the declaration of validity or invalidity of a specific manifestation of administrative function, a concept that includes dysfunction (contentious-administrative), or even acts of ordinary jurisdiction carried out by a public entity. Given this clarification, different temporality channels are established. Since the right of action is what allows judicial proceedings to be formulated for the protection or declaration of a specific effect that the claim requires as the object of the proceeding, the same Code discriminates whether that right of action is subject to a regime of lapse of the action—fixed term—, or whether, on the contrary, given the patrimonial nature of the claims deduced, it refers to situations that are regulated by the statute of limitations (prescripción) institution, for which reason we will refer below to this other institution which should not be confused with the first. While the lapse is provided for in Articles 39 and 40, establishing from them the one-year period to request the nullity of the act, which, particularly when the object of the proceeding entails the challenge of some formal administrative conduct, Article 41 regulates that which is applicable in proceedings traditionally identified as civil de hacienda, that is, those in which the subject of discussion is reduced to determining whether a charge of patrimonial liability exists or not, a case in which the maximum period to file the proceeding will be that established by the legal system for the respective substantive right. It is therefore useful to discriminate between both figures. In annulment proceedings (regardless of the nature of the act) or those in which the control of the validity of the administrative function is sought, the claims are subject to a regime of lapse of the right of challenge, which is consubstantial with the legal regime for challenging acts, especially administrative ones. On the other hand, in the so-called civil de hacienda proceedings—which particularly include, we insist, claims concerning administrative liability—, the right asserted is not subject to lapse, but to a statute of limitations regime. The distinction of this temporality factor for the exercise of the substantive right emerges from a simple reading of Articles 39 of the regulatory body—for annulment cases—, and 41 ibidem—for civil de hacienda cases—. It is manifest that this jurisdiction has long indicated that in the case of a civil de hacienda proceeding (or liability proceeding), the lapse of the action does not apply, but instead, the statute of limitations of the substantive right applies only upon the party's request. It should be recalled that if we are facing a right whose exercise is subject to the statute of limitations, the complaint may be filed as long as the right does not prescribe, understanding that for the statute of limitations to take effect, it must be alleged. If the right prescribes, this implies denying the claims due to the untimely exercise thereof. Even in cases where the action in this type of patrimonial relationship is exercised after the legal statute of limitations period has elapsed, if the defendant does not allege the expiration of the right on that ground, the judge could not declare the statute of limitations. When we are facing an annulment claim, Article 39 of the Code indicates that the maximum period to formulate the judicial proceeding seeking such a declaration is one year, computed from the various scenarios that its first paragraph describes. In that case, we are facing formal conduct of the Administrations, whether in the exercise of public powers or in the extraordinary use of faculties proper to common law, unless an express rule provides otherwise. Now, regarding requests for nullity, a distinction must be made between relative nullity and absolute nullity. If the claimed defect is deemed to exist, in the case of relative nullity, the conduct is suppressed for the future, so that it ceases to produce effects. In absolute nullity, in light of Article 71 of the Ley General de la Administración Pública and Article 131 of the Contentious-Administrative Procedural Code, the declaration of invalidity will have retroactive effect, which entails the legal unenforceability of the material effects that the act has produced from the beginning of its effectiveness and validity until its suppression in judicial or administrative proceedings. After that year, the challenge of public conduct is only possible for acts suffering from absolute nullity—not relative nullity—, but which are of continuous effects, since if they are of instantaneous effect, the fatal period is one year. Such treatment is regulated by Article 40 of the Code. In those cases, if the annulment action is brought within the year following the start of the effectiveness of the absolutely null act of continuous effect, the declaration of nullity will have retroactive effect; however, if the action is formulated after that year, the nullity will be ordered only for the future inapplicability of the act, which implies the consolidation—legally tolerated—of the effects that said conduct produced before that suppression. Finally, the application of the Ley General de la Administración Pública being foreign, for these purposes, to judicial conflicts between subjects of private law, it is clear that, insofar as the complaint was directed against the defendant companies based on—whether the plaintiffs expressed it so or not—the existence of extracontractual patrimonial liability, the application and observance of the provisions of Article 868 of the Civil Code prevail, regarding the ten-year statute of limitations it establishes. Because if the defenses of lapse and/or statute of limitations were to be appropriate, it would not be necessary to enter into further considerations; at a first level, the applicable matter will be determined below, in the following terms:-

1.- Regarding the lapse alleged by the State's representative, and by the representatives of the companies called "Construcciones KMC S.A.", "Grupo Roble Internacional de Costa Rica S.A.", and "Parque Central S.A." All of these defendant parties asserted that in this specific case, the lapse of the action should have occurred, in application of the provisions of Article 39, paragraph c) of the Contentious-Administrative Procedural Code, which reads as follows: "1) The maximum period to file the proceeding shall be one year, which shall be counted: c) In cases of material actions, from the day after the cessation of their effects." This defense IS REJECTED. It must be indicated that, considering the object of this proceeding, understood as the claims outlined in the complaint, in relation to the factual and legal basis of the action, this proceeding shares identity with those known in doctrine as civil de hacienda proceedings, to the extent that the claims of the complaint correspond, in the main, to the condemnation for the payment of damages and/or losses, for which purpose, regarding a period to bring an action, the institution of the statute of limitations is applicable, according to the provisions of Article 41 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which, in the relevant part, reads as follows: "The maximum period to file the proceeding shall be the same period that the legal system provides as the statute of limitations period for the respective substantive right being discussed in the following cases: 1) In civil de Hacienda matters. (…)." Furthermore, note that from the complaint, one can infer that the claim is based on the imputation of administrative conduct that would share identity with the control and oversight duties that, in each area, correspond to the defendant Municipality in the urban-construction sphere and to the State, through the Ministry of Health, in that which every construction process requires its authorization or endorsement—we add—the observance of the measures necessary for the protection of health, not only of those who directly participate in the construction work, but also of third parties who may be affected by the natural effects of these processes in the health or sanitary sphere, we insist, depending on their environment. The scenario referred to in Article 39, paragraph c) of the Contentious-Administrative Procedural Code is different, given that in that case, the complaint would have to comprise claims that lead exclusively to the determination of whether the material conduct deployed conforms or not to the legal system. As a corollary to the foregoing, the institution of lapse of the action not being applicable to the present case, but rather and instead, that of the statute of limitations, the rejection of this defense is required, and it is so ruled as a matter of fact.-

2.- Regarding the statute of limitations (prescripción) alleged by the representatives of the State and the Municipality of Escazú. Regarding the State representative, concerning this defense, they asserted that the complaint can be understood as divided into two at the argumentative levels, understood, we believe, at the factual level, namely, in the charge of liability for the nuisances generated by the erection of buildings, and on the other hand, liability for the nuisances generated by the operation of a parking lot in the "Plaza Roble" building. Faced with this, in summary, it is argued that in both cases, given the date of the facts described by the plaintiffs in their complaint, the statute of limitations would have occurred in observance of Article 198 of the Ley General de la Administración Pública, because a period of 4 years, computed from the event that gives rise to the liability claimed, has been exceeded, and in this case, the last harmful events were identified by the plaintiff parties as occurring in that year, 2007. Thus, the State representative concludes that, the claim having been presented to the judicial offices on April 9, 2012, those four years were exceeded if said period is computed from the occurrence of the events. For its part, the representative of the Municipality of Escazú alleged, in what is relevant, that the statute of limitations would have occurred because all the facts outlined in the complaint date from between 2006 and the end of 2007, so that, according to the provisions of the same article of the Ley General de la Administración Pública, the action would be time-barred. They added that, while it is true that amparo remedies exist, it is in those years that these facts, in relation to which compensation is claimed, can be located. For their part, the plaintiffs' representative, when replying to the response to the complaint in this regard, argued that this defense is not appropriate because the construction of the buildings concluded in 2011 and not in 2007, adding that their claims are not limited to the construction of the buildings, because sonic contamination from fans placed by some of the defendant parties is included. In their view, the statute of limitations period must be computed from 2011, which is when the constructions were completed. Nevertheless, from a thorough reading of the complaint and the facts outlined therein, nothing is said about the completion date of the buildings, nor the operation of the aforementioned fans or the date of occurrence of such an event. We deem it necessary to warn that although, indeed, given the nature and scope of the municipal construction permit, this is an act that, enabling the exercise of a right by way of authorization, projects continuous effects, none of these construction permits has been the subject of challenge. Furthermore, the putting into operation of fans is not associated with the facts in the complaint and/or its amendment, nor with the construction of any building, which would have required, at least with a minimum of rigor, an indication by the plaintiffs in their complaint and timely specification of which fact, in terms of manner, time, and place, refers to this circumstance, when the event would have occurred, and to which defendant party its authorship and its effects are attributed. Then, and although the foregoing is so and despite the fact that it would have been relevant for the plaintiff party to demonstrate the completion date of the works, nothing in this regard was indicated at the factual level, neither in the complaint nor in its amendment, just as nothing was demonstrated through evidence in this regard. That is, the plaintiff party did not demonstrate, although it is to be expected that at some point each construction process must have been concluded, when this occurred, without losing sight of the fact that, this being an assertion made by the plaintiffs, the burden of proof in this regard corresponded to them from a procedural standpoint. Having said this, it is clear that in this specific case, this being a proceeding known in doctrine as civil de hacienda, the provisions of Article 41, paragraph 1), related above, of the Contentious-Administrative Procedural Code, apply for the purposes of the statute of limitations institution, in relation to Article 198 of the Ley General de la Administración Pública, the latter of which reads as follows: "The right to claim compensation from the Administration shall prescribe in four years, counted from the event that gives rise to the liability. (…). In the cases provided for in the two preceding paragraphs, when it concerns the right to claim damages and losses caused to minors, the statute of limitations period shall begin to run from the time the affected person has reached the age of majority." (The highlighting is not from the original). At a first level of analysis, we deem it opportune to refer to the procedural concept identified as the procedural claim and particularly to the grounds for the claim (causa de pedir), as a limit imposed on the judge, as this Chamber considers the following relevant for the resolution of this defense of statute of limitations. The Tenth Section of this Contentious-Administrative Court, in its decision No. 17-2008 of 1:40 p.m. on September 30, 2008, outlined the following analysis in what is of interest, which we respectfully deem appropriate: “VI.- The concepts of procedural claim and grounds for the claim (causa petendi) have been characterized by doctrine in the following manner: “The procedural claim constitutes an act issued by the plaintiff, in exercise of their right of action, through which they request a jurisdictional body to develop an activity against a specific person in relation to a good of life (See S1C 42 14:45 August 23, 1985). // Logically, the petition will be for a legal consequence derived from a rule, and the grounds for the claim will consist of the affirmation of the occurrence of the facts to which the rule links the requested consequence. // In the proposed definition, various elements of the claim have already been pointed out: its subjects, the demand (petitum) and the grounds for the claim (causa petendi); and likewise, mention has been made of facts, legal consequence, and rule. In the next section, we will see in more detail what the elements of the claim are and its specification in the administrative proceeding, as well as the scope of the factual and legal allegations in their identification and substantiation (...) b) Objective elements// a) Demand// Through the formulation of the claim, the plaintiff requests from the court a specific action which, as we will see when classifying claims, can have diverse content: the declaration of a right or an interest, the creation, modification, or extinction of the legal relationship, the ordering of the performance of a specific obligation. This element of the claim is called the demand (petitum). (…). Although we will later examine the different types of claims according to their demand, it is convenient to establish now that the defining element of the administrative petition is normally an act or general provision, eventually contracts, or simple material actions. Consequently, said request forms an essential part of the administrative claim. // b) Grounds for the claim (Causa petendi) // The claim is not sufficiently individualized by the concrete formulation of the petition. It is necessary to provide the judicial body with a cause or title for requesting that indicates to the judge or Court what the conflict is (or the portion of the conflict) on which it must rule. This new element, the grounds for the claim (causa petendi), as GUASP points out, does not constitute the basis of the petition, does not serve as the foundation of the claim, but rather functions as a wall that encloses, within the limits it defines, the object of the proceeding (...)” (Gimeno Sendra, Vicente and others, Derecho procesal administrativo costarricense, Editorial Juricentro, San José, 1994, pp. 259-262; ...).- VII .- (...). … in the contentious-administrative proceeding (...), the dispositive principle is fully applicable. This procedural principle has been very well characterized by this Court in the following manner: "IX. In Costa Rica the process follows the dispositive principle. The claims, the oppositions, the offering of evidence, the conclusions are the exclusive domain of the parties. The inquisitorial principle is the opposite, typical of authoritarian and dictatorial systems, where the judge decides on the scope of the claim, the possibilities of the oppositions (even defending one of the parties, under the argument of defending the weaker party), and ordering evidence not offered by the parties for the determination of a certain “real truth” imposed by the public interest. (…).” The decision we cite in part illustrates and foreshadows what will be said.

We add that the right of action—having constitutional rank as a derivation of the provisions of Article 41 of the Magna Carta—materializes through the complaint (escrito de demanda). In its exercise, only the free will of the person exercising it should intervene, and imposing a will other than that of the holder of this right is not permitted, except for qualified and/or reinforced exceptions expressly provided by the Legislator, as occurs under the assumption of jactancia. If it concerns Public Law and within it Administrative Law, crucial for the success of an action is predetermining what type of public activity the administered party who believes they have suffered some impact on their subjective rights or legitimate interests is facing, since the type of claim (pretensión) to be formulated will depend on this in good legal technique. Along these lines, if the presentation of the complaint to judicial Courts (estrados judiciales) constitutes the chronological axis of what the process will be, the text corresponding to what is requested (the claims, pretensiones) must constitute the logical axis on which all procedural activity will pivot in its entirety, including the judgment, hence its enormous importance. Here the concept of congruence (congruencia) that must mediate in the judicial ruling becomes enormously important. The foregoing refers, as national jurisprudence on the matter has established, to the necessary relationship that must be reflected within the judicial ruling between what is requested by the parties and the cause of action (causa de pedir), that is, the facts outlined in the complaint and what is resolved in the judgment on the merits. The First Chamber of the Supreme Court of Justice has repeatedly indicated that incongruence arises in the judicial ruling if the Judge overlooks the following: “...- the adjudicator sees his powers limited to the factual framework (cuadro fáctico) provided by the parties, as well as to the petitions (pedimentos) formulated in a timely manner, over which he observes a restriction regarding his deliberation and analysis, that is, his functional area is circumscribed to these factors. From the foregoing it is deduced that the facts and the claims constitute the inexorable framework within which the case must be resolved, while also imposing the limits for his jurisdictional exercise. Put another way, in his ruling it is not viable to go beyond the boundaries defined by the facts, what is requested, and alleged by the parties. (...). V.- In accordance with the foregoing, it is the parties who are responsible for relating and demonstrating the facts upon which they base their claims or defenses (excepciones). This is because the formulation of the factual framework is the basis of those, and these in turn find their support in the alleged facts. The importance of this aspect within the framework of procedural congruence has already been the subject of development by this collegiate body.” (Highlighting and underlining are not in the original). This, related to what has been expressed at this point of the present ruling, imposes a duty on the litigant, while simultaneously imposing a limit on the exercise of the Administration of Justice from the finalist perspective, which is projected when the various conflicts are resolved by the competent Authority, these having to be decided in the most transparent, objective, balanced, and impartial manner possible, within the framework of the right of action and defense. And it could not be otherwise, since the exercise of due defense is practiced or exercised also based on the facts made known to the defendant regarding the existence of an action filed against them, that is, the facts on which it is based and the legal basis with which the plaintiff expects to be proven right. Therefore, facts that have not been formulated, although relevant, cannot be weighed by the Adjudicator when issuing a ruling, except through the avenues provided by the procedural legal system itself, insofar as they guarantee that prior to this, they have been introduced to the debate, brought to the attention of the parties, and that the respective hearing has taken place for them to pronounce on the matter and, if applicable, provide counter-evidence (contraprueba). The pertinent provisions are stipulated in the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), Articles 46, 55, 68, 90.2, and 95. Citing the same ruling of the High Court of Cassation, it has been repeatedly held as follows: “… the law prescribes that it is the parties who are exclusively responsible for establishing the facts concerning the cause, around which they structure the petition. (...) The clear interest reflected therein that the facts relating to the cause be clearly defined, tends to duly warn the counterparty about the aspects according to which they must exercise their defense; at the same time, to foster the indispensable order within which the judicial debate must take place, since otherwise anarchy would be enthroned in it. (...). As can be inferred from the foregoing, judicial knowledge must be circumscribed to an absolute power recognized to the parties regarding the determination of the factual framework. That is, in his ruling, the judge may not go beyond the boundaries defined by what is requested, alleged, and proven by them. (…) The facts, (...), precisely configure one of those issues dependent on the initiative of the parties, framed within the action filed. (...). As can be seen, in light of our positive procedural law, consonant with the doctrinal principles previously discussed, the parties hold an absolute power emanating from the exposition of the facts, which marks the radius of action within which the Judge must operate when resolving the appropriateness or inappropriateness of the petitionary (petitorios) extremes submitted for consideration. The ruling that disregards this power will irremissibly incur the defect of incongruence ....” (Judgment number 14-F-94 of 11 hours 35 minutes on March 25, 1994). (Highlighting and underlining are not in the original). Finally, for a fact to have been subject to analysis, debate, admission of evidence, its consequent assessment, and then to support a judicial resolution, by the simplest logic it must have been introduced into the process. The foregoing says nothing about whether or not there is proof of its existence, when what is central is that it was part of the cause of action (causa de pedir) legitimately introduced at least by the plaintiff, and subsequently debated in the process, noting that it is an indispensable formal requirement in the complaint. In this regard, it is not superfluous to cite the provisions of Article 58 of the Contentious Administrative Procedure Code, which reads pertinently as follows: "1) ... the plaintiff must file their complaint in which they shall necessarily state: (...) b) The facts and the background, if applicable, related to the object of the process, set forth one by one, enumerated, and specified". (Highlighting and underlining are not in the original). In another line of thought, it is clear that if the Court introduces facts into the process, over and above those that the involved parties have introduced on their own according to procedural law, and does so with, or in the issuance of the judgment despite them not having been part of the debate, this would constitute a gross defect of incongruence that would generate in the party it harms, an evident and manifest state of defenselessness (indefensión). Other judgments of the First Chamber of the Supreme Court of Justice in this regard are No. 35 of 14 hours 40 minutes on March 29, 1996, No. 82-F-2005 of 14 hours 15 minutes on February 22, 2005, and No. 421-2013 of 14 hours 50 minutes on April 9, 2013 from this Chamber. Of course, the referred congruence also does not preclude certain variations susceptible to being reflected in those facts that the Judicial Authority qualifies as proven in the judgment, but always provided that regarding these, whether expressed or not, the parties have had the opportunity to express themselves, bring evidence or counter-evidence (contraprueba) to the process, and of course, no defenselessness has been generated thereby. Having said this, upon reviewing the facts included in the complaint, the conclusion is reached that those describing administrative conduct from which the claimed harmful effects would have been generated, would have all occurred up to the year 2007. The plaintiffs do not recount facts subsequent to that date, not even anything related to the start of operation of "fans" (ventiladores), nor did they demonstrate the moment from which each of the construction processes concluded, that is, whether any civil work ended, as stated when replying to the answer (contestación a la demanda) regarding the alleged statute of limitations (prescripción), in the year 2011. Let us see, in the first complaint, they refer to questions they make regarding the regulatory plan (plan regulador) (year 2004) and the granting of construction permits (licencias constructivas) issued by the defendant Municipality in favor of the sued companies (years 2005 and 2006), it being the case that in both instances we have already indicated that these are conducts that do not form part of the procedural object, that is, they were not challenged at any level and based on which, the specific case must be analyzed regarding its conformity with the legal system, and no analysis whatsoever should be carried out in that regard. Nor is the thesis put forward by the plaintiffs one sustained on the basis of imputation of liability for lawful conduct. Then, they refer to the harmful effects occurring from the execution of construction works (obras constructivas) by the sued companies between 2005 and 2007. This is extracted from a reading of the facts identified from the first to the thirty-fifth of the complaint, to which must be added exclusively the facts by which the complaint was expanded by the procedural Judge (Juez o Jueza de trámite). Consequently, insofar as the complaint was directed against the State and the Municipality of Escazú, only on behalf of Mr. Shon Shai Tsafrir and Mrs. Olga Shutaleva, it is clear—whether or not there was an error on the part of their representation—that they propose that the appropriateness or not of their action be analyzed, only based on the facts for which evidence should have been admitted (not others) and which, if proven, would have occurred entirely up to the year 2007. Any fact not included in the complaint and/or its expansion, was not and could not be the subject of debate and consequently, regarding these, the admission of evidence was not procedurally appropriate (procedente). Moreover, if there were diverse facts subsequent in date to the year 2007, which being relevant to the plaintiffs and needing to be proven to ensure the success of their action, if they were not included or proposed as part of the cause of action, as indeed was the case, they should not be subject to any analysis whatsoever by this Court, since it is clear that on the factual plane, those who sue—we insist—situate the totality of the facts (cause of action) upon which they erect their claims, as those occurring up to the year 2007, and these, that is, the cause of action insofar as they were the subject of the debate, constitute a limit imposed on the Adjudicator at the time of ruling. Then, counting the four-year limitation period (plazo de prescripción) from the year 2007, the complaint should have at least been notified to these defendant parties by the month of December of the year 2011. Notwithstanding the foregoing, the dispute (litis) was joined in relation to the State and the Municipality of Escazú, when the resolution admitting the complaint was notified to them, namely, the one issued by the Procedural Judge at 12:32 hrs. on March 15, 2012 (image 100 of the judicial file). We say this because, for the case of the statute of limitations (prescripción), the calculation of the term is interrupted with the notification to the sued parties of the existence of the filing of the complaint against them, not with its presentation to the Courts, presentation or filing which does carry relevance for the case of the institute of expiration (caducidad). In this way, it is also held as a proven fact that while said resolution was notified to the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República), legal representative of the State, on April 10, 2012, to the Municipality of Escazú the same resolution was not notified until April 24, 2012. The calculation of four years pursuant to numeral 198 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) would suppose that the complaint, once filed, was notified to these defendant parties within the year 2011. Consequently, by at least four and/or six months, as applicable, the limitation period with which the plaintiffs had to sue in this respect was exceeded, thereby configuring the prerequisite that makes the defense (excepción) of statute of limitations (prescripción) operative. Thus, insofar as the complaint was directed against the State and the Municipality of Escazú by Mr. Shon Shai Tsafrir and Mrs. Olga Shutaleva, it is declared that the statute of limitations on the right has operated and consequently, the complaint is declared without merit (sin lugar) in all its extremes due to being procedurally inappropriate (improcedente). In this sense, we consider contrary the criterion of the First Chamber of the Supreme Court of Justice in this specific case, that what was alleged by the representation of these plaintiffs at the time of replying to the answer to the complaint is sterile, because we insist that, as is clearly evident from a detailed reading of the complaint and its expansion in what is relevant, that is, regarding the facts that were outlined—not those that were not—there are no facts imputed to the sued Public Administrations that have occurred after the year 2007, meaning that the result in judgment on the issue of the statute of limitations (prescripción) will be the same. Another aspect to which we believe we must refer under a new consideration of this defense (excepción), is constituted by the existence of amparo remedies (recursos de amparo) that were declared with merit (con lugar) with the respective condemnation of the defendant Municipality and/or the Ministry of Health or one or some of its officials, whether these actions were filed before the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice by Mr. Tsafrir, Mrs. Shutaleva and/or, as applicable, by a third party on their behalf. On this matter, we must say that, as some of the representations of the defendant parties rightly pointed out, the execution of what was ordered by the High Court of constitutional control has a specific procedural avenue pursuant to the provisions of Article 179 and following of the Contentious Administrative Procedure Code, which reads as follows, placing its cognizance in a jurisdictional body different from this one: "The Contentious-Administrative Court (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo) is responsible for the execution of the judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against Public Law subjects, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications." (Highlighting and underlining are not in the original). Then, and although on some occasions it has been admitted to convert the avenue into an ordinary one, that is, to demand the execution of such a ruling through the processing of an ordinary proceeding, the correct thing is to affirm that this is not what emerges in this matter according to the case theory (teoría del caso) raised by the plaintiffs, essentially because at no level does the thesis formulated by the plaintiffs here suppose such a thing, which does not even allow attempting to analyze its appropriateness or not. Said the same thing in other terms, it is not evident from the complaint that those who bring action are petitioning based on the execution of the abstract condemnation to pay damages and/or losses ordered by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice pursuant to these rulings, a condemnation regarding which, in any case, there would be a lack of current interest (falta de interés actual) because it is a pre-existing condemnation on which this Court cannot issue any pronouncement, nor would it bring any utility to understand that its reiteration (of the condemnation) is sought in this judicial venue for the facts, with absolute independence from the date of their occurrence, which only the Constitutional Chamber held as proven for the purposes of issuing its ruling in each case. On the other hand, it must be kept in mind that the execution of a ruling of that kind has a specific channel and is the competence of a judicial authority different from this one pursuant to Article 179 of the Contentious Administrative Procedure Code mentioned above. For further abundance of reasons, it is one thing to affirm based on what facts an amparo remedy is declared with merit by the Constitutional Chamber, and quite another, to affirm that those facts form part of the cause of action (causa de pedir) within the framework of a judicial process, which without being for the execution of what was resolved by the High Court of constitutional control, is by its nature, a plenary one like the one before us, from which it must be specified, and we insist on this, that insofar as the facts described in the complaint, whether detailed or specified or not, were describing administrative conduct whose authorship may correspond to the Ministry of Health and/or the Municipality of Escazú, all of them date to those occurring up to the year 2007, and not to later years. Now then, this defense (excepción) must be resolved differently, insofar as the complaint against the State and the Municipality of Escazú was filed by the representation of Miss Lian Tsafrir Shutaleva, in relation to whom the defense (excepción) of statute of limitations (prescripción) is rejected. For these purposes, it will suffice to indicate that for the case of minors, according to the provisions of Article 198 of the General Law of Public Administration transcribed above, the four-year limitation period (plazo de prescripción) must be calculated from the moment they reach the age of majority. Such provision related to minors had its legislative origin in Law No. 9057 on the "reform of various laws on the statute of limitations for damages caused to minors," and notwithstanding its date of promulgation, it must be applied to the specific case in observance of Article 129 of the Political Constitution, according to which laws are obligatory and take effect from the day they designate; lacking this requirement, ten days after their publication in the Official Gazette (Diario Oficial). The aforementioned Law 9057 was published in the Official Gazette "La Gaceta" No. 199 on October 16, 2012, and from its text it is evident that it did not contemplate any transitory law (norma de derecho transitorio) referring to the application of the norm from a date different from its publication. Consequently, and despite the facts upon which the complaint is based, the numeral is of obligatory application. This being the case, in the specific instance it has been held as demonstrated—with absolute independence from what was lightly determined by the Procedural Judge during the preliminary hearing (audiencia preliminar) regarding the controverted facts and not, which does not bind the Trial Court (Tribunal de Juicio)—that on the date of occurrence of the facts referred to in the complaint, which extend up to the year 2007 and its presentation to the Courts, Miss Lian Tsafrir Shutaleva was a minor. On this matter, it must be added to the fact that none of the parties denied this circumstance when answering the complaint, while against the Procedural Judge's decision to grant procedural status as an intervening party (coadyuvante) to the National Child Welfare Agency (Patronato Nacional de la Infancia) precisely because of the involvement of a minor, no opposition was raised. Consequently, in relation to Miss Lian Tsafrir Shutaleva, by the time of the filing of the complaint and even the notification of the resolution admitting it, no deadline has been exceeded because none has been computed against her, thus the rejection of the defense (excepción) that concerns us in this respect is imperative.-

3.- Regarding the statute of limitations (prescripción) alleged by the representations of the companies named "Construcciones KMC S.A.", "Grupo Roble Internacional de Costa Rica S.A." and "Parque Central S.A.", their representatives are correct in what they have affirmed that the regulations governing the matter of patrimonial liability are the common civil ones (Article 1045 of the Civil Code), this as a consequence that liability under the assumptions proposed based on the facts of the complaint and its legal grounding place us within the framework of extracontractual civil liability (responsabilidad civil extracontractual), without any special legal relationship having existed between plaintiffs and defendants, and that regarding prescription, it is regulated in Article 868 of the Civil Code, which read as follows, prior to the reform operated under the terms of Article 2 of Law No. 9057 of July 23, 2012, denominated, "Reform of various laws on the Statute of Limitations for Damages caused to Minors": "Every right and its corresponding action prescribe by ten years. This rule admits the exceptions prescribed in the following articles and the others expressly established by law, when in certain cases it requires more or less time for prescription." (Highlighting is not in the original). It is irrelevant that later, the numeral was reformed following the publication of the same Law 9057 that also reformed Article 198 of the General Law of Public Administration, because even (aún y) excluding the particular provision introduced in the same sense for minors, the statute of limitations would not have operated, neither in relation to Miss Lian Tsafrir Shutaleva, nor in relation to her parents, all plaintiffs here. Pursuant to Law No. 9057, as of October 16, 2012, its paragraph once reformed would have been applicable, the following being its text since then, in what is pertinent: "Every right and its corresponding action prescribe at ten years. The period to claim damages from minors shall begin to run from the time the affected person has reached the age of majority." Thus, for the case of all the plaintiffs here, even assuming that the facts for which patrimonial liability is claimed had occurred from the year 2005 and if said ten-year prescriptive period is calculated from that year, for the filing of the complaint the plaintiffs here had until the year 2015 to do so, the complaint having been filed, its existence notified to these parties in all cases, and the answer filed in the year 2012 (images 408, 473, 828 of the judicial file). Therefore, without needing to make any intellectual effort beyond this, it is clear that said period was not exceeded, and consequently, insofar as the complaint was directed by all those who sue against Grupo Roble Internacional de Costa Rica S.A., Parque Central S.A., and Construcciones KMC S.A., the defense (excepción) of statute of limitations (prescripción) is rejected. Having determined the foregoing in relation to the defense of statute of limitations (excepción de prescripción), we will proceed to resolve on the merits first, the complaint insofar as it was exclusively filed by the representation of Miss Lian Tsafrir Shutaleva against the State and the Municipality of Escazú, while insofar as the complaint was filed by her parents, Shon Shia Tsafrir and Olga Shutaleva, and the latter represented by them, against the co-defendant companies.-

XIII.- Regarding the defense (excepción) of res judicata (cosa juzgada) raised by the representation of the State. It will suffice to indicate in relation to this defense, that without prejudice to the fact that, according to procedural law, while for the case of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil), previously under its Article 162, and after the comprehensive reform operated with the promulgation of Law No. 9342 of February 3, 2016, under its Article 64, res judicata (cosa juzgada) only operates in relation to rulings issued in ordinary proceedings, to which is added that while for the case of rulings of the Constitutional Chamber on cognizance of amparo remedies, Article 13 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la jurisdicción constitucional) operates, according to which they have "erga omnes" effects, as jurisprudence and precedents, which refers to diverse institutes, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has considered (consult for example Judgment No. 1000-F-S1-2010), that the binding nature of the precedents emanating from the constitutional jurisdiction must be understood solely regarding the interpretation of the scope of fundamental rights and constitutional norms, not regarding aspects of legality. Then, for the appropriateness (procedencia) of the defense (excepción), the following elements must necessarily be identical according to the Civil procedural law which is the one that applies to the specific case: subjective (identity of subjects, i.e., the parties); objective (identity of the thing or object of the process understood as the claims, pretensiones); and cause (the cause or reason for requesting, facts and grounds). Then, the statute of limitations (prescripción) of the complaint having been declared insofar as it was directed by Mr. Shon Shia Tsafrir and Mrs. Olga Shutaleva against the State, it only needs to be indicated that none of the Rulings (Votos) of the Constitutional Chamber issued on cognizance of amparo remedies identifies Miss Shian Tsafrir Shutaleva as appellant, which will suffice to affirm that in relation to her, who is the only one concerning whom the present matter could be heard on the Merits, insofar as her representatives sued the State, there being no identity in the subjective element, the defense (excepción) is rejected in this respect, while insofar as the complaint was filed against the State by her parents, the defense of statute of limitations having been upheld, regarding this, a pronouncement on the merits will be omitted as unnecessary, and it is so declared.-

XIV.- On the regime of extracontractual civil liability (responsabilidad civil extracontractual) of the Public Administration. Whenever we find ourselves litigating with the parties, before the determination of eventual patrimonial liability of the Public Administration, if the legal relationship that links the administered party with it does not emerge on the occasion of the existence of a contractual instrument or a legal bond of special subjection (sujeción especial), the discussion revolves around what is known as extracontractual civil liability. Therefore, it is necessary by way of introduction for the purposes of this instrument, to refer to the elements that in doctrine and jurisprudence make a reproach of liability of this kind admissible. Within the regime of so-called extracontractual civil liability, two types are distinguished: subjective, established in Article 1045 of the Civil Code, and objective, governed by numeral 9 in relation to 41, both of the Political Constitution, and Article 1048 of the Civil Code in what is pertinent, in relation to numeral 190 and following of the General Law of Public Administration. Regarding the subjective liability regime, Article 199 of the General Law of Public Administration establishes the liability of public servants (servidores públicos) to third parties in the event of proven willful misconduct (dolo) or gross negligence (culpa grave) in the performance of their duties or on the occasion of their fulfillment. As such, subjective liability is based exclusively on a study in the realm of the agent's state of mind regarding the existence of at least "negligence" (culpa), if not "willful misconduct" (dolo), unlike what occurs with the objective liability regime under which liability is determined independently of the existence of such subjective elements. Under subjective liability, one is liable because one is guilty, either because the production of the damage was sought or desired, or because one acted imprudently or negligently. In observance of the foregoing, the liability of the public servant to third parties is within the scope of the subjective liability regime, consequently with which, the determination of the existence of negligence or willful misconduct in the state of mind of the servant or agent of the Administration will be required for all purposes, without prejudice to the rest of the elements that must concur, such as the existence of the damage and the causal link (nexo causal) between it and the conduct displayed, for the reproach of imputation of liability to operate. On the other hand, the objective liability regime of the Public Administration, unlike what occurs with subjective liability, is generated without it being necessary to demonstrate the willful misconduct or negligence of the agent causing the damage, it being sufficient to prove, however, the existence of the "risk" (riesgo) to generate it, which is why the notions of unlawfulness (antijuridicidad) and culpability (culpabilidad) do not operate; therefore, the principle of inversion of the burden of proof (inversión de la carga de la prueba) is applied to the benefit of the injured party. For these purposes, the alleged Public Administration causing the claimed damages and losses must compensate them if its conduct effectively and efficiently generated them, unless it demonstrates some exonerating cause (causal exonerativa), without prejudice to the fact that, as an unavoidable condition it is reiterated, the harmful effect must constitute or have its cause in the deployment of administrative activity or omission.

Thus, the concurrence of four elements is required, namely: a) An injury, which consists of unlawful patrimonial damages, because the person suffering them has no duty to bear them; b) Administrative conduct in relation to which the causation of the alleged harm is linked; b) A causal link, consisting of the existence of a direct cause-and-effect relationship between the act (administrative conduct) being attributed and the harm caused; and c) The absence of the grounds for justification to which we referred previously, given that their existence can legally disconnect the harm caused from the conduct of the Public Administration, such that the harmful effect cannot be attributed to it, breaking the causal link upon the occurrence of an exonerating circumstance such as force majeure, the fault of the victim, and the act of a third party. The regime of patrimonial liability of the State and its institutions provided for in articles 9 and 41 of the Political Constitution, and 190 et seq. of the General Law of Public Administration, is therefore essentially objective in nature, so that for it to arise, it suffices that there is an indemnifiable harm, an administrative conduct, and a causal link between the two. It must be noted that it is under this type of objective criterion that it becomes possible to attribute liability to the Public Administration, unlike what occurs with its servants, for whom a subjective attribution criterion must also be used. On the other hand, having determined the criteria under which it is appropriate to establish the liability of the Public Administration and/or its agents or public servants, we are interested in pointing out that there is, at the same time, a difference regarding the attribution criteria that operate for the establishment or determination of said liability in the event that we are dealing with lawful or unlawful, normal or abnormal activity of the Administration. Quoting Dr. Ernesto Jinesta Lobo, from his Work Tratado de Derecho Administrativo II, Responsabilidad Administrativa, p. 39, it is held that: "In the system of liability without fault or for special sacrifice, liability for lawful conduct or normal functioning, the determining criterion for the existence of liability of public administrations is the breach of the principle of equality in the bearing of public burdens and the consequent special harm (small proportion of those affected) and abnormal harm (intense exceptionality of the injury) or the risk theory for the hypothesis of accidental damages caused by a public administration in the fulfillment of the function assigned by the legal system. In the case of the system of liability for lack of service – unlawful conduct or abnormal functioning – the attribution criterion is constituted, precisely, by that undefined legal concept of ‘lack of service’ and the unnamed or atypical constitutional right of the administered to be provided with efficient and effective public services." In liability for unlawful or abnormal conduct, understood as that which opposes, infringes, or violates the legal system understood globally as written and unwritten norms, the burden of proof corresponds to the victim, who bears the duty to demonstrate, through the forms and evidentiary means permitted by the legal system, the lack of service, its abnormal functioning, or the unlawfulness in the administrative action. In liability for lawful conduct, it has been established that even when dealing with conduct deployed in compliance with the legal system, such conduct is susceptible to attributing liability to the Administration under criteria such as those mentioned supra. In cases of objective liability, the Administration's defense would lie in demonstrating that one of the grounds that break the causal link indicated in numeral 190, paragraph 1 of the General Law of Public Administration has intervened, whether, as indicated supra, force majeure, the act of a third party, or the act of the victim themselves. Our First Chamber of the Supreme Court of Justice, in resolution Nº 000584-F-2005, of 10:40 a.m. on August 11, 2005, indicated, and always in relation to objective liability, the following: "...there shall be liability of the Administration whenever its normal or abnormal functioning causes a harm that the victim has no duty to bear, whether patrimonial or extra-patrimonial, regardless of their subjective legal situation and the ownership or position of power they hold, fulfilling, of course, the essential prerequisite of the causal link. (...) Both the essential prerequisites and the burden of proof acquire, for example, a new nuance, which frees the affected party not only from substantive but also procedural restraints, and places the Administration in the obligated discharge regarding the charges and facts imputed to it. In any case, the objective nature of the extracontractual civil liability of the Administration was clearly defined in the judgment of this Chamber N° 132 of 3:00 p.m. on August 14, 1991, for an event subsequent to the entry into force of the General Law of Public Administration, in which it stated: "VI. Our General Law of Public Administration Nº 6227 (...), as indicated in the judgment of this Chamber Nº 81 of 1984, when resolving the controversy over its validity, in the Seventh Title of the First Book, gathered the most modern principles founded on the most authoritative doctrine and jurisprudence, regarding the extracontractual liability of the Administration, to thus establish the direct liability of the State without the need to first prove that the harm was caused by the fault of the official or the Administration, requiring for the appropriateness of the indemnity that the harm suffered be effective, evaluable, and individualizable in relation to a person or group – article 196 –. (...) Furthermore, it establishes, in an exhaustive manner, as exonerating causes of such liability, force majeure, the fault of the victim, and the act of a third party, with the Administration being responsible for proving their existence, (...)". (The highlighting is not from the original).

XV.- On the lawsuit of Miss Sian Tsafrir Shutaleva against the Municipality of Escazú and the State. On a residual basis, given that the lawsuit filed by the parents of this claimant against the mentioned Municipality and the State has been declared without merit, having been so considered procedurally appropriate by this Panel of Judges in application of the substantive legal system, the statute of limitations for the right of action having operated in that respect, we shall issue a ruling on the merits regarding the lawsuit filed by the representation of Miss Sian Tsafrir Shutaleva against these two sued Public Administrations. That said, the claim seeks a joint and several award against both administrative organizations, equally, for the payment of what was identified as economic harm, which would include the loss of "prior" income, property damages, damage to the family's health (pathologies and/or costs associated with health services); and damages to childhood (understood as those suffered exclusively by Miss Lian Tsafrir Shutaleva). Regarding the economic harm consisting of the loss of income and/or property damages, it will suffice to indicate that there is a lack of standing on the part of the minor Lian Tsafrir Shutaleva, and to that extent, the lawsuit is declared without merit, because firstly, she is not the owner of the property in which she resides jointly with her parents, and secondly, because in her case, there is no basis for attribution against these defendants to claim the loss of income that was stated in the lawsuit to have been suffered exclusively, precisely, by her parents. Regarding the damage to health (also economic according to the plaintiffs), it will suffice to indicate that given the lack of evidence in this regard, which in the Tribunal’s opinion should have been of a medical-scientific nature, in the area of psychology and/or psychiatry or another specialty, it was not proven that the minor Lian Tsafrir Shutaleva suffered from any pathology from a psychiatric and/or physiological or other medical standpoint, or that she had to be medicated due to the events that have been held as proven under the terms of this judgment; as a consequence, it was not accredited through suitable evidence that this minor suffered what was identified as "damages to childhood," consisting of emotional "disorders" and treatment through child therapy, which excludes the possibility of granting the claim related to the alleged medical and medicinal costs that would have served to alleviate these alleged ailments. The damages must be rejected, for which we will limit ourselves to indicating that, mirroring the harms from the loss of property value and loss of "subsequent" income, the minor also lacks standing to claim these ancillary relief items, and therefore, to that extent, the lawsuit is also declared without merit. It remains then to analyze whether or not an award for subjective moral harm is appropriate. On this point, in the present case, it has been proven that Miss Lian Tsafrir Shutaleva is the daughter of the claimants here, Olga Shutaleva and Mr. Shon Shai Tsafrir, who were joined in a common-law union, having been born on April 11, 2007, (folio 906 of the plaintiffs' evidentiary file) and that she lived with her parents from that moment in the property owned by her mother, registered in the National Registry, mechanized real folio system, Party of San José, registration N° 303263, located in the San Rafael District, Escazú Canton, Quintanar Development, described in cadastral plan N° SJ-014420-75 of August 1, 1975. (Folios 897, in relation to 906 and 895, all from the plaintiffs' evidentiary file, in relation to the in-court statements of Mr. Noam Amir and Mrs. María Elena Mora Abarca). Consequently, during the entirety of the events that will be described as occurring over time, this concerns, in this respect, a minor who was under the care and protection of her parents within the framework of their coexistence in her family home, and as such, being a vulnerable person due to her age, she is deserving of the special protection of the State, without needing to elaborate on the citation of national and international regulations in this regard. It was also proven that the house where the minor lives with her parents borders on its eastern boundary with what was identified as "El Barro" street, the same street that corresponds to the western boundary of the properties upon which all of the sued companies, except Construcciones KMC S.A., erected buildings or executed the construction processes to be described. (During the judicial inspection carried out on August 08, 2017, the location of this dwelling could be observed in relation to the buildings of these sued companies, in relation to folio 895 of the plaintiffs' evidentiary file on which the cadastral plan of this property is shown). It was accredited that on the properties of these companies, the Municipality of Escazú granted construction permits that are not the subject of challenge in the present case (this not being a controverted fact given how the lawsuit was answered in each case), namely, to the co-defendant company named Parque Central S.A., which is part of an economic interest group with the company named Grupo Roble Internacional S.A., (this also did not turn out to be a controverted fact given how the lawsuit was answered), a permit identified as N° 257-06, that is, granted in the year 2006, for an expansion of existing offices on the surface of the property identified as registered in the National Registry under real folio registration number 518045-000, a work that would be erected on lands that border on their western boundary with the public street called "Calle El Barro" and consequently, with this street in between, the property of the claimants here. (Uncontroverted fact given how these co-defendant parties contested the lawsuit in relation to facts VI, VIII, and XI, in relation to the judicial inspection carried out on August 08, 2017). For its part, the same Municipal entity granted another construction permit, this time earlier in the year 2005, identified as N° 147-05, to the company named Grupo Meridiano de Centroamérica S.A. for the construction of a high-rise office building on the surface of the property identified as registered in the National Registry under real folio registration number 207250-000, a work that would be erected on lands that border on their western boundary with the public street called "Calle El Barro". (Uncontroverted fact given how this co-defendant party contested the lawsuit, in relation to facts VI, VIII, and XI, and the judicial inspection carried out on August 08, 2017). These construction licenses took effect, and the respective construction processes commenced (without it being possible to specify the date on which this occurred in each case). This being so, on December 06, 2005, a first preventive notice was issued, identified as N° 0542, to the company named Grupo Meridiano de Centroamérica S.A., by the Urban Development Department of the Municipality of Escazú, due, according to what the document itself stated, to the obstruction of a public road and because clouds of dust were occurring from the accumulation of materials. (Folio 229 of the administrative file of the Municipality of Escazú). A few days later, another administrative action of this type was directed to the same company on December 13, 2005, identified as N° 0543, issued by the same municipal department, this time, as detailed in the document, because an "anomaly" was found regarding the previous preventive notice, constituted by the fact that a dump truck was observed transiting without a tarp or dumping debris in the vicinity of the project, for which the extraction or removal of all the material that had been dumped in the respective area was ordered. (Folio 230 of the administrative file of the Municipality of Escazú). The following year, on January 26, 2006, the company was authorized to install and operate a concrete plant in the construction project of Grupo Meridiano de Centroamérica S.A. (Folio 232 of the file of the Municipality of Escazú). A month and a few days later, namely, on March 01, 2006, the Environmental Comptroller's Office of the Municipality of Escazú verified at the site where the work owned by "Grupo Roble S.A." is being built, that considerable dust was constantly being raised, directly affecting neighbors, and therefore, as a corrective measure, this company had to apply constant watering on the areas of accumulated earth, as well as on those exposed, emphasizing that due to the winds, this problem associated with dust raising was being generated as well. (Folio 203 of the administrative file of the Municipality of Escazú). Constant watering, it seems to us, should have been a measure at least required by the Municipality, but also, one that should have been observed efficiently to mitigate the mentioned dust effect and at all the constructions being executed. By June 13, 2006, the father of Miss Tsafrir Shutaleva denounced before the Municipality of Escazú the presence of accumulated water at the back of his house, which, as he stated, was in his opinion affecting the structure of the house's perimeter wall and putting his health, and consequently – we add – that of his daughter and wife, at risk. (Folio 147 of the file of the Municipality of Escazú). Aside from the foregoing, three months after this complaint was filed, in June 2006, the Disciplinary Regime Department of the Federated College of Engineers and Architects described the results of an inspection carried out at the work being erected under the responsibility of "Grupo Meridiano de Centroamérica S.A.", which had already presented problems for obstructing a public road and generating debris, to indicate that although there had been a problem with the raising of dust clouds at this project, it had been corrected, but that the necessary measures still had to be taken to prevent the problem from continuing or reappearing; additionally, it was warned of a possible impact from rainwater on neighboring dwellings due to the unevenness between the project and the development, the company having to adopt the necessary measures to avoid affecting the neighbors. In its report, it orders a copy be sent to the Municipality of Escazú. (Folios 150 to 158 of the file of the Municipality of Escazú). This reinforces two things, having reached this point: first, that at least regarding this project, there had been a problem for obstructing a transit road; that it had generated some problem for dumping or throwing debris, and second, that at some point there had been a problem associated with the raising of dust "clouds," without specifying the source specifically, given that a concrete plant would also be operating at that date, and therefore, the problem denounced by the father of this minor plaintiff indeed existed, associated with water accumulation and eventual or potential risks of the arising of problems that could affect health due to it. This problem caused by the water indeed occurred and persisted for several months without being corrected despite the warning by the Disciplinary Regime Department of the Federated College of Engineers and Architects in the month of June 2006, since by September 01, 2006, an official of the Urban Development Department of the Municipality of Escazú recorded, on the occasion of an inspection conducted along the boundary of the plaintiffs' property with "Calle El Barro", that runoff was passing through the property due to the conditions of the public street lacking infrastructure. Afterwards, this municipal official, despite the foregoing, determined in his opinion that he was not competent to address this particular matter, it corresponding in his view to another Municipal department. (Folio 145 of the administrative file of the Municipality of Escazú). A different event was later documented by the Municipal Urban Development Department on December 13, 2006, a date on which a preventive notice was issued to the company named "Parque Central S.A.", because heavy machinery traffic was occurring via an unapproved route, namely, through the "Quintanar" Development, ordering that said vehicular traffic via that route must immediately cease. (Folio 260 of the file of the Municipality of Escazú). Again, now denouncing the generation of noise and vibrations by "Grupo Roble", Mr. Tsafrir filed a complaint on January 08, 2007, this time before the Ministry of Health. (Folio 626 of the plaintiffs' evidentiary file). By this point, the father of the minor Tsafrir Shutaleva had summoned both Public Administrations, the state and the municipal, to intervene in protection of him and the members of his family. The problem denounced before the Municipality of Escazú regarding water since June 2006, we insist, existed and persisted for even longer, and proof of this is that by January of the following year, seven months later, it persisted, without the sued Municipality having adopted any efficient measure in this regard. Thus, under the terms of official letter N DU-009-08 dated January 11, 2007, issued by the Urban Development Department of the Municipality of Escazú, it was indicated, in what is relevant, that: "b) Through Field Report N° 0262-2006 of the Urban Development Department, the concern presented in a note dated July 12, 2006, is clarified, regarding the stagnant water found behind the house of Mr. Shon Zafrir (sic) that borders a stretch of street without infrastructure in the Quintanar Development, which allows the continuous flow of pluvial runoff that discharges towards the property, causing damage to the perimeter wall in question. Due to the foregoing, the neighbors of the Quintanar Development dug a trench along the street to channel the waters from the surrounding constructions, which degenerated into waterlogging with the consequent bad odors and proliferation of mosquitoes, as well as damage to the mentioned wall. / c) In relation to the note addressed to the Mayor (...) dated January 31, 2007, by Mrs. María Elena Mora Abarca, indicating that the problems caused by the construction of the Meridiano Building and Plaza El Roble continue, it is reported that the owner of the second project, Parque Central S.A., was given preventive notice N° 0846 dated February 12, 2007 (sic), noting the following anomalies found: a) Obstruction and/or destruction of a public road, (streets with dust and mounds of earth) b) Dust in the Project; for said situations, 4 hours were granted to correct said situation. Regarding the Meridiano building, preventive notice N° 0850 was delivered on the same date, regarding excess dust in the environment. To follow up on the complaint of excessive amounts of dust, alleged street opening, and street condition, field report N° 038-07 was carried out, dated February 20, 2007, (...) a large amount of dust generated by earthworks (movimientos de tierra) in the Grupo Meridiano de Centroamérica project was again detected...". (Folios 164 and 165 of the file of the Municipality of Escazú). For this Tribunal, it is clear from the foregoing that, without any serious and/or effective measure having been adopted to this effect by the sued municipality in response to the situation of the family of Miss Liean Tsafrir Shutaleva and her surroundings, problems persisted due to the obstruction of roads, excess dust, and a problem associated with the accumulation of water at the rear of the dwelling of interest, which we have no difficulty in qualifying as serious, insofar as it was stated at this time that it was already causing damage to the rear perimeter wall of the dwelling of the plaintiffs here and problems that put their health at potential risk, such as bad odors and the proliferation of mosquitoes. At this point, this Tribunal must state that in their entirety, these problems had already exceeded the margin of tolerance regarding the exercise of the right to build in the transformation of a real estate property, in full view and with the tolerance of the sued Municipality, which limited itself to carrying out warnings that were or proved useless to effectively mitigate the harmful effects that were occurring in the surroundings of Miss Tsafrir Shutaleva, whose father insisted, this time on January 12, 2007, through a new request now directed to the Ministry of Health (the previous one dated January 08, 2007, regarding noise and vibrations, had not yet been addressed), requesting that an official present themselves at his family home for the purpose of conducting an inspection, on the occasion of a problem related to contamination produced by dust (which indeed still existed at that date) and again, for acoustics, that is, noise, coming from constructions of interest – we understand – without further specification. (Folio 01 of the administrative file of the Ministry of Health). The reaction of the Ministry of Health to the efforts of Lian Tsafrir Shutaleva's father and the serious problems he denounced was limited, on January 15, 2007, to a request to the Municipality of Escazú to request that those identified as "the builders" submit to the municipal entity a mitigation plan that would resolve the problem of dust "and other matters", a copy of which was to be sent to the Health Area of that Ministry. (Folio 06 of the administrative file of the Ministry of Health). At this point, what was thus done did not have the virtue of preventing in any way, or at least in an effective and immediate manner, the continued occurrence of the mentioned effects in the surroundings of the dwelling of the plaintiffs here. In the opinion of this Tribunal, the actions taken by the Ministry of Health at this moment are clearly negligent and in total disregard and non-observance of the duty to protect health, by attempting to transfer with such lightness the complaints presented to it, so that they could be addressed by the Municipality with a formal request like that. The truth, on the other hand, is that this administrative conduct towards the minor co-claimant here and her parents implied the failure to carry out an immediate verification inspection, as well as the failure to adopt any decision aimed at avoiding the harmful effects that, by that date, were evidently being produced in what is relevant, which we also consider reflects an arbitrary manner of behaving administratively. The attention to these complaints clearly falls within the scope of competence of the Ministry of Health, and it is not superfluous to note that it concurs with the process of approving construction plans in each case, and as we will see later, it implies the necessary attention, in terms of control and supervision in health matters, of complaints such as those conveyed to it by the father of the minor Tsafrir Shutaleva. The natural reaction of Mr. Tsafrir was not long in coming, given the absence of any measure directly aimed at mitigating risks to his family's health, and on January 23, 2007, he again requested the Ministry of Health to present itself at his family home to verify the problems he had already denounced since January 08 of the same year. (Folios 09 to 11 of the administrative file of the Ministry of Health). As circumstantial evidence that these problems persisted without being addressed by the Ministry of Health and/or the sued Municipality, on January 31, 2007, the person identified as María Elena Mora Abarca (who was also a witness in the present case and from whose statements the Tribunal verified that she has assumed a sort of leadership role in the community of the Quintanar Development), assuming an active attitude of defense of the neighbors of this Development, filed complaints before the Municipality of Escazú regarding the existence of problems generated by the "Edificio Meridiano" and "Plaza Roble" constructions, the presence of excess dust, the entry and exit of dump trucks, work during hours outside the established schedule, and water accumulation, all denounced facts which she affirmed had already been reported through other prior complaints, since a year before. (Folios 347 and 348 of the administrative file of the Municipality of Escazú). It is also an indication that the plaintiffs here have not been untruthful in what is relevant, the fact that by a note dated February 11, 2007, a representative of the company that he identified as "Vander Laat y Jiménez", at least for the "Plaza Roble III Etapa Project", informed the municipal Human Development Department, in what is relevant, that the company was undertaking actions to prevent future problems with the neighbors; and that its commitment was to respect the defined schedule for carrying out the work, to the extent that they replaced the general works foreman to guarantee said compliance and were making additional efforts regarding dust and noise control to avoid affecting the neighbors. (Folio 424 of the administrative file of the Municipality of Escazú). From the foregoing, it is extracted that, for the person who turned out to be in charge of all or part of the construction of Parque Central S.A. and Grupo Roble Internacional de Costa Rica S.A., problems with the neighbors did exist, as well as that some of them were identified as the deployment of construction activities outside the permitted schedule, which led to the replacement of the general foreman of the works to be able to guarantee compliance with what is required, as well as that they indeed had to take additional measures to avoid affecting the neighbors and thus be able to control the dust and noise. Despite the foregoing, only one day later, on February 12, 2007, the construction project of the company named Parque Central S.A. presented anomalies due to the obstruction of public roads, excess dust, and the existence of earth mounds, and again the municipal action was limited to the delivery of a notice of prevention. (Folios 12 front and back of the administrative file corresponding to the Ministry of Health, as well as folio 577 of the plaintiffs' evidentiary file).

Meanwhile, disregarding its health-related powers, the Ministry again requested the co-defendant Municipality here, now on February 15, 2007, that the construction companies should be required to submit a mitigation plan, something it could have demanded directly from these companies if it considered such a measure necessary to counter possible harm to the right to health. (Page 08 of the administrative file of the Ministry of Health. (Pages 593 and 594 of the plaintiffs' evidentiary submission). Continuing, on February 20, 2007, municipal officials determined that the project known as Grupo Meridiano was generating a large amount of dust (page 581 of the plaintiffs' evidentiary submission). This being the situation, in this Chamber's opinion, by the following February 23, some sort of conflict would apparently have arisen between the Ministry of Health and the defendant Municipality over who was responsible for requesting a mitigation plan, given that the Mayor's Office addressed said Ministry, informing it that, in its opinion, the issue related to a mitigation plan fell under the latter's purview and not the Municipality's (pages 13 and 14 of the administrative file corresponding to the Ministry of Health), while the Ministry, in response to that communication, informed the Municipality of the contrary on February 26, 2007. (Pages 17 and 18 of the administrative file corresponding to the Ministry of Health). Meanwhile, it became clear that a supposed mitigation plan applicable to the companies had not been requested by any of these Administrative organizations, as a logical consequence. The truth is that, whether within the scope of local interests (article 4 of the Municipal Code) or within the scope of the Ministry's powers (article 2, subsection c, of the Organic Law of the Ministry of Health, among others in this matter), both administrative organizations had the authority and legal duty to take such measures and any other necessary measure permitted by the legal system, directly against the company or person erecting a building and executing construction activities, to guarantee adequate and efficient control of problems like those that had been occurring. Despite this, they acted with disdain, carelessness, and disinterest, as well as evident lack of coordination. In fact, by the following March 8, 2007, the authorities of the Ministry of Health would have considered themselves competent only to address the reported problems linked to noise pollution (contaminación sónica). On page 19 of the administrative file corresponding to the Ministry of Health, there is official communication No. ARSE-D-62-07 addressed by a sanitation technician to the Directorate of the South Central Region of the Ministry of Health, in which he reaches this conclusion by interpreting the scope of several rules contained in the Construction Law (Ley de Construcciones), disregarding not only the Ministry's Organic Law but also the Regulation for the Plan Approval Process for Construction (Reglamento para el Trámite de Visado de Planos para la Construcción), Decreto Ejecutivo N° 33799, articles 5, 14, and particularly article 15, which reads as follows: "Oversight of projects by the Ministry of Health. With the information provided by the CFIA, according to the previous article, the corresponding Rector Area (Área Rectora) of the Ministry of Health may carry out inspections at any time, during construction or after its completion, to verify compliance with what was declared under oath by the responsible professional." In health matters, of course, any type of construction, whether or not its plans have been approved by the Ministry of Health, can and must be subject to control and oversight (fiscalización) by this Ministry if it involves harm or risk of harm to people's health, without any rule existing that limits its scope of authority to matters exclusively related to noise or sound pollution (contaminación sónica o por ruido). Now, on March 20, 2007, the Department of Public Works of the Municipality of Escazú informed the Mayor that, regarding the property where a 10-story building was being erected by the company identified as "Grupo Meridiano de Centroamérica S.A.," that construction was topographically at a greater height than the street located east of said property and the "Urbanización Quintanar," and that, consequently, water runoff (escorrentía) was occurring toward the lower level—namely, toward Urbanización Quintanar, with "Calle el Barro" in between—confirming that, for these purposes, a trench (zanja) had been excavated that allowed for the channeling of waters, preventing accumulation or "ponding" (empozamiento). Additionally, regarding an aspect linked to dust generation, the official merely stated that company representatives would have informed him that they had adopted the measures ordered by the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. (Pages 140 to 143 of the administrative file of the Municipality of Escazú). This thus reinforces the existing problem related to water accumulation and that it would have been mitigated by this third week of March 2007 by means of a trench, while on the other hand, it also shows the lack of any control and oversight measure (verification in the field) regarding dust production, given that the summer season had already begun. This is because the official, as an act of faith, merely acted based on formal information provided to him by the companies, without indicating having carried out any on-site verification work to confirm that the problem associated with dust raised by wind, accumulation, or movement of earth or other materials no longer existed. For its part, under the illegitimate understanding that the Ministry of Health was only to deal with issues related to possible noise pollution (contaminación sónica), on March 21, 2007, one or more officials from said Ministry appeared at the complainant's dwelling house without prior coordination with him, without performing any noise measurement (medición sónica) under the argument that the dwelling's occupants were not present. This could have been avoided with a minimal effort that was logically necessary to coordinate with them the time and date on which such a measurement action was to be carried out, if it indeed had to be performed from inside this mentioned dwelling. (Pages 39 and 40 of the administrative file corresponding to the Ministry of Health). Meanwhile, by March 27, 2007, someone who identified themselves as an official of the Hospital Cima de San José, in Gynecology and Obstetrics, stated, concerning care given to Mrs. Olga Shutaleva, that: "The patient has had severe respiratory and nervous disorders throughout her pregnancy, which I consider are largely due to the environmental contamination to which she has been exposed throughout her entire pregnancy due to the construction works around her house. / Furthermore, delivery is expected at any moment, and the neonate cannot under any circumstances be in the conditions of contamination the patient reports." (Page 108 of the plaintiffs' evidentiary submission). Completely independently of the facts, that being the perception of the treating physician versus the account given by the mother of Lian Tsafrir about what was happening in the vicinity of the dwelling she inhabited while the child was still in her womb, the truth is it speaks initially of circumstances deemed adverse to the pregnancy process, which, of course, we consider also projected negatively onto the minor and her interests, even prior to her birth, a point at which she already had legal protection in accordance with the governing legal framework. (Among other applicable rules, article 12 of the Childhood and Adolescence Code states the following: "The minor person has the right to life from the very moment of conception. The State must guarantee and protect this right, with economic and social policies that ensure dignified conditions for gestation, birth, and integral development.") It is clear that the right to life does not exclude the right to a healthy environment (medio ambiente sano), but rather encompasses it. That being the state of affairs, a new complaint was made by the father of this minor person on May 29, 2007, before the authorities of the Ministry of Health, when he informed them that a discharge of fecal matter had occurred during the nighttime hours of the previous day on the public street "El Barro," located at the rear of his dwelling, this being already into the winter season. Because nothing else can be stated, this situation should have been deemed serious by these health authorities (page 47 of the administrative file corresponding to the Ministry of Health), who did not adopt conduct in protection of the right to health that was either timely or efficient. Indeed, it was proven that in response to this complaint, on June 1, 2007, the authorities of the Ministry of Health merely sent a query about it to the company that handled such waste at the construction sites or construction near the complainant's dwelling house, which denied having carried out the reported action. The action thus taken was not efficiently directed at verifying the reported fact regardless of who might be responsible for it on one hand, while on the other, as an act of faith and based on what was reported by this company, the Ministry of Health merely sent a recommendation to the complainant (Mr. Tsafrir) so that he would be ready to provide his collaboration so that, should the possibility of the event occurring again arise, a fine could be imposed on those depositing waste on the public thoroughfare in the manner reported. For this, he could report it by calling 911 so that the traffic police would proceed to confirm the reported fact and/or, he was recommended to file a complaint before the Contraventional Court of Escazú (Juzgado Contravencional de Escazú) as appropriate. (Page 48 of the administrative file corresponding to the Ministry of Health). Setting aside whether or not the reported event existed, the truth is that, in the face of the complaint, the conduct adopted by the Ministry of Health Authorities reflects disdain for a situation that, had it existed, undoubtedly represented a serious problem that could potentially affect the right to health and a healthy environment (medio ambiente sano), given that an attempt was not even made to verify such a fact, as we consider was the Ministry's legal duty in accordance with its powers. Moreover, the frustration in someone who faces an event like the one reported, whether real or not, is natural and expected in the measure of any person, compounded by the lack of interest in the processing of a complaint that he considered necessary to file before the Public Authority governing public health matters. Now then, setting aside that this section of this ruling exclusively analyzes the lawsuit brought on behalf of the minor Lian, this event, like those previously indicated, is relevant because it contributed to affecting her environment (entorno) and, in that measure, her herself, as much as, and due to the same circumstances experienced by her parents, her caregivers. The previous situation alone could not have been more frustrating in the face of what was done or omitted by the Ministry of Health, we reiterate—in total disregard for a serious problem that this could have represented for the environment of this family and the minor involved. This explains why, on June 7, 2007, Mr. Tsafrir complained to the Ministry of Health for not even having carried out an inspection, with absolute reason (page 52 of the administrative file corresponding to the Ministry of Health). To this was added that, inexplicably and absolutely unfoundedly, on June 8, 2007, the authorities of the Ministry of Health would have understood that Mr. Tsafrir had lost interest in having a noise measurement (medición sónica) carried out and/or in investigating the matter related to the alleged discharge of raw sewage (aguas negras) (pages 86 and 87 of the administrative file corresponding to the Ministry of Health), a conclusion that could not even have been reached as a presumption from a rational logical standpoint. As we shall see below, there being no way to avoid assuming that the wife of the complainant would have felt equally frustrated and unprotected, this would have contributed to damaging the environment or surroundings (entorno) in which her daughter interacted with her and her father during 2007, given the emotional state of her parents, for which there existed medical—that is, scientific—evidence, related above regarding Mrs. Shutaleva during her pregnancy period. This Court understands that any expectation on the part of this minor's parents that the State would protect them as well as their daughter was illegitimately frustrated by the arbitrary conduct displayed by the Ministry in question, with the emergence of feelings such as those to be described below, and consequently, an impact on the environment in which the minor had to develop, with parents naturally affected in the indicated manner, continuously and systemically over a long period spanning months. To these effects, we will continue to indicate that despite the complaint made to the Ministry by the father of this minor person regarding the discharge of fecal matter dating from May 29, 2007, and the Ministry authorities having already shown neglect in addressing it, it was not until belatedly, almost two weeks later, on June 11, 2007, that some sort of inspection would have been carried out. At that point, it was determined that there were no elements proving the complaint about the discharge of raw sewage (aguas negras), and they continued to insist illegitimately that issues such as dust from earthworks (movimientos de tierra) and the presence of garbage were municipal matters, which was thus conveyed to Mr. Tsafrir. (Pages 89 to 91 of the administrative file corresponding to the Ministry of Health). The relevant point at this stage, in our opinion, is not whether the discharge of raw sewage was proven or not, but rather, and in its place, the abnormal service given to the complainant in terms of control and oversight (fiscalización) activities regarding health protection provided by the sued Ministry. It was, consequently, thereafter—and with reason in what follows—that Mr. Tsafrir complained in writing on June 18, 2007, to the authorities of the Ministry of Health about the untimely manner in which the inspection referred to in the previous proven fact was carried out. (Page 92 of the administrative file corresponding to the Ministry of Health). To worsen the situation, also in an illegitimate manner, on June 18, 2007, the authorities of the Ministry of Health continued to wait for Mr. Tsafrir to coordinate, on his own, the necessary actions to address his complaint, identified without further detail as associated with the problems generated by the constructions. This finds no legal support whatsoever, as the exercise of the Ministry's control and oversight (fiscalización) powers over these construction activities in the realm of health is not conditioned upon the prior coordination of the interested parties. Nothing in our legal system permits such an assertion. (Page 94 of the administrative file corresponding to the Ministry of Health). This, in our opinion, means the Ministerial Authority would have frontally decided not to address the complaints filed in an objective, timely, and/or efficient manner. Adding to the situation of those responsible for the safety of Miss Tsafrir Shutaleva, regarding what was done by the co-defendant Municipality here, in the terms of subsequent official communication No. JDU INT 66-07, dated August 29, 2007, issued by the Head of the Urban Development Department of the Municipality of Escazú, the following was indicated to the Municipal Mayor: "... Regarding the indicated communication, in which a complaint has been received because the constructions near the applicant's property continue to disregard the established schedule, working after 7 p.m., for which an inspection by this Department is requested to verify what has been reported through the Defensoría de los Habitantes, I inform you of the following: In a nighttime inspection carried out yesterday by the Inspector (...), it was confirmed that the construction in the third stage of the Oficentro Plaza Roble disregards the established schedule, as they were found to be performing a concrete pour (chorrera) outside of hours, for which the works foreman in charge of the schedule was informed, and the work was stopped immediately." (Page 376 of the plaintiffs' evidentiary submission). This continues to reinforce that the complaints made did not correspond to the imaginary of Miss Tsafrir's father. Withal, the following month, on September 7, 2007, the Municipality of Escazú authorized "Grupo Roble" to use an area of land within Urbanización Quintanar as a temporary parking lot, only for the time necessary for the enabling of some ramps at a different site, without being able to carry out any construction work at the site that would entail consolidating that parking area. The company also had to submit information to the Municipality on the temporary conditions under which said parking would operate. (Page 753 of the judicial file). This could not mean anything other than the transit of vehicles and machinery associated with the project within Urbanización Quintanar, where this minor person lived with her parents, with the logical and expected effects on the environment of a residential setting not designed for it. We pause to note that, since March 8, 2007, both parents of the minor Lian Tsafrir Shutaleva filed an amparo action (recurso de amparo) before the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia), an action joined by a total of 19 additional persons as coadjuvants, all of whom identified themselves as neighbors of the area of interest. The amparo action (recurso de amparo) was resolved in the terms of ruling No. 14995-2007, issued at 3:02 p.m. on October 17, 2007, which declared it with merit against the Rector Area of Health of Escazú (Área Rectora de Salud de Escazú) of the South Central Region of the Ministry of Health and the Municipality of Escazú, for reasons that, in light of the foregoing facts, were obvious even to this Court. (Pages 122 to 149 of the administrative file corresponding to the Ministry of Health). In its ruling, the Constitutional Chamber started from the petitioners' argument that, having requested intervention from both the Municipality of Escazú and the Rector Area of Health of Escazú (Área Rectora de Salud de Escazú), these authorities had done nothing about it, nor could they agree on whose responsibility it was. The Constitutional Chamber was of the opinion that the rights to the enjoyment of a healthy environment (ambiente sano) and to health, enshrined in articles 21 and 50 of the Political Constitution, were violated by acts all occurring during or prior to the year 2007, based on the fact that the plaintiffs here had reported to both Public Administrations that they were enduring noise, dust, and excessive cement dust. It being the obligation of these Administrations to ensure and protect such rights, in this specific case, although it was true that some mediation occurred by both within the scope of their powers, there was negligence and omission in following up on the warnings and actions that were ordered. This caused the activities reported by the petitioners to continue being carried out irregularly. For this purpose, it was assessed, according to the ruling of interest (Voto de interés), that the attention given to the various proceedings conducted regarding the effects of the nearby constructions (dust, garbage, activities at late hours of the night and on weekends since 2006) was limited, by the Ministry, to considering that the matter was resolved with a simple communication to the Municipality of Escazú, without issuing any sanitary order in the exercise of its powers as the governing body in public health matters. Meanwhile, the Municipality of Escazú limited itself to affirming that this was the Ministry's responsibility. Neither of the respondent Administrations, affirmed the Constitutional Chamber, deployed any forceful action to verify the reported facts, or, where appropriate, adopted measures to provide solutions, had they determined it necessary. In this sense, it was added that the action of the Rector Area (Área Rectora) was not sufficiently energetic to solve the problem, nor was that of the Municipality, despite the insistence of the petitioners, without there being even a record that inspections had been ordered at different hours and days to determine whether the complaint in each case had merit or not. The inspection carried out by the Rector Area of Health (Área Rectora de Salud) was only done upon learning of the filing of the amparo action (recurso de amparo), until June 2007, a date by which the construction works were very advanced and, therefore, the severity of the harm suffered could not be detected. Thus, it was said that the conduct displayed by the Ministry and the Municipality was not diligent in either case, taking into account the time elapsed since they became aware of the complaints, because on numerous occasions it was verified that the construction projects were producing contamination from dust, noise, and garbage, and after-hours work. Despite this, said respondent public authorities merely adopted, as their only measures, the issuance of several preventive notifications (in the case of the Municipality), while the problems continued to occur and the neighbors continued to endure the excessive nuisances reported. And (in the case of both the Municipality and the Ministry), the obstruction suffered by the petitioners and their neighbors in enjoying a healthy and ecologically balanced environment (ambiente sano y ecológicamente equilibrado) was arbitrarily tolerated, because no definitive measures were adopted, nor was constant and effective control exercised to mitigate the inconveniences of the construction processes carried out in the surroundings of the petitioners' dwelling. Despite the minor Lian Tsafrir Shutaleva not being listed as a protected party (amparada), it is clear to this Court, in accordance with the provisions of article 13 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), according to which the jurisprudence and precedents of that jurisdiction are erga omnes binding, that what was stated by the Constitutional Chamber must be taken into account in resolving her procedural situation vis-à-vis these defendant parties, as circumstantial evidence (prueba indiciaria). Well then, on November 1, 2007, the Ministry of Health carried out an inspection from which no relevant finding emerged for that date, by which time the foregoing matter had already been ruled upon by the Constitutional Chamber (page 100 of the administrative file corresponding to the Ministry of Health). Information regarding or in response to which, on Friday, November 2, 2007, Mr. Tsafrir communicated his disagreement in writing (page 102 of the administrative file corresponding to the Ministry of Health). To begin concluding, on Monday, November 12, 2007, the authorities of the Ministry of Health informed Mr. Tsafrir—now, finally—that they would be at his disposal to carry out a new inspection in coordination with him, at the time and date he so wished, as should have been done from the very beginning (pages 107 and 108 of the administrative file corresponding to the Ministry of Health), when the relationship, in terms of the trust placed in the Public Authority between this gentleman and the Ministry's authorities, was damaged. Having arrived at this point, the correct thing to say is that, within the framework of control and oversight (fiscalización) powers corresponding to both the Municipality and the Ministry in the context of the development of construction processes, which are not mutually exclusive (the concepts of local interests and health protection are indeterminate legal concepts), from 2005 and 2006, and during practically the entirety of 2007, both defendant parties deployed activity in response to numerous and insistent complaints that referred to the environment (entorno) of the minor Lian Tsafrir Shutaleva, filed by her father and directed at her protection in that measure. The conduct deployed or adopted by the Ministry of Health and by the Municipality of Escazú clearly constituted a recurrent and systematic abnormal conduct in the provision of services associated with control and oversight (fiscalización)—in this case, of construction works—in disregard of the legal duty that both administrative organizations had to adopt the necessary and timely measures to seek the preservation of a healthy environment (ambiente sano), as it concerns Miss Tsafrir Shutaleva. It should be noted that, in the present case, it was also proven that on February 8, 2008, Mr. Tsafrir was treated by the Psychologist identified as Esteban Villalobos Barquero, who, having administered four different diagnostic tests to his patient, noted that he presented an anxious depressive condition, regarding which he reported, as relevant, that: "The configuration of the validity scales suggests that Shon Shai Tsafrir completed the inventory honestly, without exaggerating, minimizing, or trying to hide symptoms. Therefore, the protocol is considered valid for making inferences about Mr. Shon. Patients with this response pattern show excessive somatic concern. There is evident tension and stress as well as depression. These individuals may feel limited by multiple symptoms and complaints. They may present sadness, lack of energy, inability to concentrate, feeling anguished, miserable, and unhappy. Individuals with similar scores describe themselves as being constantly under pressure, feeling overwhelmed by problems, and even anticipating more bad things for the future. They complain of worrying most of the time, have difficulty letting go of things, and present a feeling of being about to lose control of their life or simply collapse. Possibly due to their anxiety, they may have concentration problems, and decision-making can be bothersome. They often sleep poorly and report frequent nightmares. Patients with this profile often present panic attacks and other anxiety disorders. From the results of the structured interviews, it is evident that Mr. Shon meets the criteria for the diagnosis of a depressive disorder as well as a chronic anxiety disorder. On the other hand, there is no evidence that Shon presents a personality disorder." (Pages 120 to 122 of the plaintiffs' evidentiary submission). Furthermore, on February 15, 2008, the psychiatrist identified as Bernardo Castro Dobles certified that Mr. Tsafrir presented an: " (illegible) disorder, panic disorder (illegible) that began two years ago and worsened a month ago, all after several constructions began around his dwelling house. It is recommended, to diminish this (illegible), that he change his domicile." (Page 134 of the plaintiffs' evidentiary submission). Finally, on April 12, 2008, someone who identified themselves as a medical specialist in internal medicine at Hospital CIMA stated in writing the following: "A summary history is provided for patient Shon Tsafrir, who was hospitalized in February for presenting signs of severe pain in the cervical and dorsal region, in addition to presenting signs of pyrosis, with epigastric pain and nausea; this of approximately 10 days' evolution. It is worth noting that the patient has presented these symptoms intermittently for two years, but in the last year, his symptoms have [sic] increased, with signs of functional, intellectual, emotional, mental, and physical deterioration, with significant weight loss. He presents adrenaline discharges with profuse diaphoresis, elevated body temperature (simulating fever), and with anxious/depressive-type alterations, with episodes of anxiety attacks and alterations in his emotional character, derived from a situation with his home and constructions around his home. / (...). What draws significant attention in the patient is the progressive weight loss over the last 12 months up to the present moment; during his hospitalization, no peaks of fever or body temperature are detected, but he does maintain his tendency toward his generalized anxiety disorder, generated by his problem with the constructions around his house. / He is evaluated by Dr. Bernardo Castro (psychiatrist), who issues a diagnosis of generalized anxiety disorder and prescribes medication aimed at reducing this syndrome and improving the patient's sleep disorder (insomnia)."

Currently, the patient continues to present the same symptoms, which partially improve with medication, but his environment remains the same and generates a great deal of emotional tension with an ever-increasing depression/anxiety reaction, maintaining weight loss and insomnia, and a rather significant family dysfunction is developing, which is observed at the next medical visit where the patient's wife is evaluated and which is described below: Ancillary note: On April 21, 2008, patient Olga Shutaleva, a known healthy patient, was evaluated. For approximately 12 months, she has been presenting bilateral occipito-temporal headaches, with data of irritable bowel syndrome, as she presents frank postprandial abdominal distension and persistent dorsal/lumbar pain, which is partially relieved with paracetamol-type analgesics; the patient shows no data of neurological deficit or demonstrable alterations upon physical examination, except pain upon palpation of the posterior neck, temporal, and dorsal/lumbar regions, more consistent with muscle contracture and tension headache without demonstrating any other associated pathology. Muscle relaxants were prescribed, and digestive enzymes were indicated; it is important to note that the patient has the same perception of her home situation and of her husband's position regarding the problem of the constructions next to their house. Although the patient works outside the home, unlike her husband, who works from home and is aware of what is happening around him, he shows more tension and anxiety than the patient." (Folios 158 and 159 of the plaintiffs' evidentiary dossier). That on June 6, 2012, the Psychiatrist Dr. José Luis Salas certified that Mr. Tsafir—who reportedly had presented a cardiac problem days earlier—was in "treatment for a major depressive disorder and a severe panic disorder, precipitated by accumulated stress. Measures to reduce stress and medication are recommended." (Image 556 of the judicial expediente). Neither the Municipal representation nor that of the State in the present cause have challenged, through evidence of the same scientific nature, the professional conclusions referred to by this evidence regarding the health situation of Mr. Tsafrir, which was the most severe, nor that of Mrs. Shutaleva. The relevance of this evidence lies in determining how, the state of health of her parents (her caregivers) being part of her environment for the years 2006 to 2007, the minor plaintiff here could have been affected. This Court then concludes regarding Miss Lian Tsafrir Shutaleva that, prior to her birth during her gestation and after it, she developed in a harmful environment and surroundings on a sanitary and emotional level due to the effects suffered by her progenitors, exacerbated in the case of her father, with whom she presumably spent more time because he worked in the family dwelling. This Panel of Judges considers that, due to the conduct carried out by the defendant parties, given that this plaintiff was biologically gestated at times when her mother faced the described circumstances, as well as after her birth, to which is added the intensity of the psychological and physical effects presented by her father, Mr. Tsafrir, in both cases causally linked to those actions or omissions that we have deemed the basis of imputation and that we have determined as the abnormal provision of services associated with control and oversight tasks to protect the safety and health of these persons, and of course, the minor plaintiff, render the action appropriate, there being a basis of imputation for the reproach of liability formulated on behalf of Miss Lian Tsafrir Shutaleva, who suffered the consequences of an environment deteriorated due to the actions of these defendant parties. The statements made at trial by Mr. Noam Amir, in relation to those of Dr. José Luis Salas Jerez, are relevant in this sense, from which it is indirectly extracted, at least, that this minor was affected by her environment and the circumstances in which her mother, but especially her father, Mr. Tsafrir, with whom she shared the most time in their home, found themselves, always considering that she suffered the consequences of the effects that, as we have indicated, are imputable to the defendant parties. These effects, based on the simplest human experience, undoubtedly project onto emotional conditions, including and particularly those of the minor, some data about whose behavior were supplied by the mentioned witnesses, which is why we consider that she experienced suffering, qualified and reinforced by her age, making her the most vulnerable of the plaintiffs at an early age, in the face of external factors as negative as those they were experiencing. Thus, we consider that this minor plaintiff suffered unjustly, without her father's particular condition being imputable to her or constituting the act of a third party, her ailments also being a cause or effect of the unlawful conduct adopted by the defendant Public Administrations, and which explain the subsequent behavior shown by this minor within a framework of emotional deterioration in her family nucleus. In this sense, we consider important the trial testimony, given under oath, by the individual identified as José Luis Salas Jerez, Physician, specialist in Psychiatry, whose statements are fully credible to this Court, appearing confident and with high knowledge in the matter. This Professional indicated that he knows Mr. Tsafrir through professional practice, as well as his wife and their daughter, for whom he indicated having provided some care in the past without further detail. Importantly, he indicated that these external factors affected Mr. Tsafrir to the extent of developing chronic stress—beyond normal—and furthermore, expressed regarding his family environment that it was affected, as was his relationship with his spouse and, additionally, the child's behavior. He considers that this latter was a secondary effect, given children's sensitivity to these problems, especially during periods when Mr. Tsafrir presented significant irritability. Moreover, he indicated that regarding this child, Mr. Tsafrir's situation affected his paternal role, with low tolerance for frustration, generating irritability, anger, and frustration, which at times could have made their relationship difficult, and that when he treated Mr. Tsafrir's daughter, she was tense, anxious, with changes in her mood, which he linked to her parents' ability to transmit calmness to her, verbal and non-verbal language being very important for children, so clearly, there must have been an effect at that level. In response to questions posed by this Court, he indicated    that Mr. Tsafrir's role in his family nucleus is that of a leader, a protector. For this Court, it is thus verified that the circumstances of the environment in which the minor plaintiff developed, fostered by the abnormal provision of services in health and environmental control and/or oversight by the Ministry of Health and the Municipality of Escazú collectively, ended up emotionally affecting the plaintiff here, Lian Tsafrir Shutaleva, which constitutes subjective moral damage (daño moral de corte subjetivo) she was not legally mandated to bear, making a condemnation against both defendant Public Administrations for their compensation via condemnation appropriate. We are also of the view that the imputation of liability shall be assigned to each of these defendant parties equally, as in our view, they contributed through their actions or omissions in equal proportion to the harmful result of interest. This being so, we consider it appropriate to compensate this plaintiff for the subjective moral damage (daño moral de corte subjetivo) caused to her, and in that understanding, following the same line of reproach, the Municipality of Escazú and the State are condemned to pay to Lian Tsafrir Shutaleva the sum of ten million colones, which each of these defendant parties shall pay in that same amount, for a total of twenty million colones, sums on which they shall recognize interest at the legal rate, to be calculated from the finality of this judgment until its effective payment. As this is a value obligation, indexation on this item is not granted. The remaining extreme claims are integrally rejected as understood. Regarding other harmful effects, if the intention of this plaintiff's representation was her compensation, the claim is rejected regarding the damages identified as those caused to Mrs. Shutaleva's dwelling by the relevant construction processes, such as heating; change in wind current conditions; garbage dumping effect; danger of detachments; shadow effect; echo effect, all because there is no element of conviction whatsoever in this regard, nothing having been demonstrated on the matter, through evidence that we consider should have been of a technical nature. On the other hand, what was identified as the closing of windows, curtains, and doors corresponds, as we understand it, to one more annoyance, which each of the plaintiffs faced, which in this case does not explain how and to what extent it could have affected the minor morally, even admitting it occurred, added to the fact that the plaintiff parties do not explain whether subjective moral damage (daño moral subjetivo) or other damage was generated from those specific facts. The claim related to the use of industrial fans for the underground parking lots is also rejected, because those demanding made no reference to this situation in the facts of the complaint, so it did not form part of what was debated, and consequently, it was not possible to locate this effect as having occurred in 2007 at least, the date up to which the facts included in the complaint and its amendment extend. We must clarify that none of the defendant Public Administrations is jointly and severally liable for the actions of the other, it being sufficient to indicate that there is no norm in the legal system that so provides, and because in the matter of their legal powers and duties, each, when dealing with administrative organizations not linked in that regard, must answer for the actions determined to have been of its authorship.

XVI.- Regarding the complaint directed against the defendant companies. The plaintiff parties have sued the companies named Grupo Meridiano de Centroamérica Sociedad Anónima; Construcciones KMC Sociedad Anónima; Grupo Roble Internacional de Costa Rica Sociedad Anónima; and Parque Central Sociedad Anónima, so that they be condemned equally to pay a global sum, as compensation for the following damages: ECONOMIC DAMAGE, constituted by the loss of "prior" income, property damage (rear wall, entertainment area, and pool), damage to the family's health (pathologies and/or costs associated with health services); and damages to childhood (we understand, those suffered exclusively by Miss Lian Tsafrir Shutaleva), all of which were estimated at the global sum of $2,000,000.00; OBJECTIVE AND SUBJECTIVE MORAL DAMAGE (daño moral objetivo y subjetivo), this for the sum of $1,000,000.00, in relation to which, mention would have been made of suffering caused by the nuisances generated by the construction processes, such as those associated with the production of deafening noise (even at odd hours and holidays), trash and other waste, excessive dust, including cement dust, general pollution, the passage of trucks, transport, and placement or transfer of construction materials; and LOSSES (perjuicios), constituted by the loss of property value and the loss of future income, these were estimated at $1,680,000.00. The plaintiff parties did not individualize what they are seeking in relation to any of these defendant parties, neither in the claims nor in the facts. Meanwhile, in an effort to clarify something in this regard, this Chamber addressed the representation of the plaintiff party during the complementary hearing, prior to beginning the closing arguments on August 4, 2017, who affirmed that the condemnation against all of these defendant parties was being sought as joint and several liability, and that the amounts of the condemnation should be distributed among all of them, which is not referred to in the text of the complaint. That said, it is the view of this Court that, regarding what the plaintiffs demanded against the companies named Grupo Meridiano de Centroamérica Sociedad Anónima; Construcciones KMC Sociedad Anónima; Grupo Roble Internacional de Costa Rica Sociedad Anónima; and Parque Central Sociedad Anónima, the complaint must be declared without merit in all its extremes, for the reasons we proceed to explain. We begin by indicating that, in our opinion, the plaintiff parties do not individualize in their complaint the basis of imputation of extracontractual civil liability that they claim against each of these companies, which we consider an indispensable formal procedural condition that, being absent in this case, prevents entering into further substantive considerations. The basis of imputation on the factual level, which must underpin the appropriateness of what is sought, is not clear, to the point of being unknown, and reconstructing it is not a role that corresponds to the Judicial Authority, under penalty of placing these defendant parties in a state of defenselessness and incurring inconsistency regarding the facts. It must be remembered that from the procedural viewpoint, the concept of procedural claim (pretensión procesal) and cause of action (causa de pedir) constitute limits imposed on the judicial authority when resolving a specific case, according to the reiterated jurisprudence emanating from the First Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia), to which we already referred in Resultando I.2 of this judgment. We further consider in doctrine that, whether starting from the theory of individualization or substantiation, the subjects, the object, and the cause of action are the three constitutive elements of the claim, that is, the foundation upon which what is aspired to in the judgment is built. We certainly believe that the complaint can be resolved by resorting to the entirety of the legal system, even regarding what was not referenced by the plaintiffs, but the facts and what is sought do not offer that flexibility, except through the normal course permitted by the procedural legal system (articles 46, 55, 68, 90.2, and 95, all of the Contentious-Administrative Procedural Code, Código Procesal Contencioso Administrativo). In this regard, we deem it opportune to reference the procedural concept identified as the claim (pretensión), and particularly, the cause of action (causa de pedir), as a limit imposed on the adjudicator, as this Chamber considers what follows pertinent for the issuance of this judgment. The Tenth Section of this Contentious-Administrative Court, in its judgment No. 17-2008 of 1:40 p.m. on September 30, 2008, outlined the following analysis, which we respectfully consider appropriate: "VI.- The concepts of procedural claim (pretensión procesal) and cause of action (causa petendi) have been characterized by doctrine as follows: 'The procedural claim constitutes an act issued by the plaintiff, in exercise of their right of action, through which they request a jurisdictional body to carry out an activity against a specific person in relation to a life interest (See S1C 42 14:45 August 23, 1985). // Logically, the petition will be for a legal consequence derived from a norm, and the cause of action will consist of the affirmation of the occurrence of the facts to which the norm links the requested consequence. // In the proposed definition, various elements of the claim have already been indicated: its subjects, the petitum, and the causa petendi; and likewise, mention has been made of facts, legal consequence, and norm. In the next epigraph, we will see in more detail what the elements of the claim are and their realization in the administrative process, as well as the scope of factual and legal allegations in their identification and foundation (...) b) Objective elements // a) Petitum // Through the statement of the claim, the plaintiff requests a specific action from the court which, as we will see when classifying claims, can have diverse content: the declaration of a right or interest, the creation, modification, or extinction of the legal relationship, condemnation to perform a specific provision. This element of the claim is called the petitum. (...). Although we will later examine the different types of claims based on their petitum, it is appropriate to state from now on that the defining element of the administrative petition is normally an act or general disposition, eventually contracts, or simple material actions. Consequently, said request forms an essential part of the administrative claim. // b) Causa petendi // The claim is not sufficiently individualized with the concrete formulation of the petition. It is necessary to provide the judicial body with a cause or title for the request (causa o título de pedir) that indicates to the judge or Court what the conflict (or the portion of the conflict) is on which it must rule. This new element, the causa petendi, as GUASP points out, does not constitute the foundation of the petition, it does not serve as the basis for the claim, but rather functions more as a wall that encloses, within the limits it defines, the object of the process. (...)'" (Gimeno Sendra, Vicente and others, Derecho procesal administrativo costarricense, Editorial Juricentro, San José, 1994, pp. 259-262; ...).- VII .- (...). ... in the contentious-administrative process (...), the principle of party disposition is fully applicable. This procedural principle has been very well characterized by this Court, as follows: "IX. In Costa Rica, the process follows the principle of party disposition. The claims, the oppositions, the offering of evidence, the conclusions are the exclusive province of the parties. The inquisitorial principle is the opposite, typical of authoritarian and dictatorial systems, where the judge disposes over the scope of the claim, the possibilities of oppositions (even defending one of the parties, under the argument of defending the weakest), and disposing of evidence not offered by the parties to determine a certain 'real truth' imposed by the public interest. (...)". (The highlighting is not from the original). The judgment from which we partially cite illustrates and foreshadows what will be said. We add that the right of action—with constitutional rank as a derivation of the provisions of Article 41 of the Magna Carta—materializes through the complaint. In its exercise, only the free will of the person exercising it must mediate, it not being permitted to impose a will other than that of the holder of this right of action, save for qualified and/or reinforced exceptions expressly provided by the Legislature. When dealing with Public Law, and within it, Administrative Law, crucial for the success of an action is predetermining what type of public activity the administrated person who believes they have suffered some effect on their subjective rights or legitimate interests is facing, as the type of claim to be formulated will depend on this in sound legal technique. Along these lines, if the filing of the complaint before the courts represents the chronological axis of what the process will be, the text encompassing what is requested (the claims) must constitute the logical axis upon which all procedural activity will pivot, including the judgment, hence its enormous importance. Here, the concept of consistency (congruencia) that must mediate in the judicial ruling is of enormous importance. The foregoing refers, as national jurisprudence in the matter has so established, to the necessary relationship that must be reflected within the judicial ruling between what is requested by the parties and the cause of action (causa de pedir), that is, THE FACTS outlined in the complaint or introduced into the process in compliance with current procedural norms, and what is resolved in the ruling on the merits. THE FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE (SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA) has repeatedly indicated that inconsistency in the judicial ruling occurs if the Judge disregards the following: "...- the adjudicator sees their faculties limited to the factual framework provided by the parties, as well as to the claims formulated in a timely manner, upon which they observe a restriction regarding their deliberation and analysis, meaning their functional area is circumscribed to these factors. From the foregoing, it follows that the facts and the claims constitute the inexorable framework within which they must resolve the case, while also imposing the limits for their jurisdictional exercise. Put another way, in their ruling, it is not viable to exceed the boundaries defined by the facts, what is requested, and what is alleged by the parties. (...). V.- In accordance with the foregoing, it is up to the parties to relate and demonstrate the facts upon which they base their claims or defenses. The foregoing, given that the formulation of the factual framework is the basis for those claims, and these, in turn, find their support in the alleged facts. The importance of this aspect within the framework of procedural consistency has already been the subject of development by this collegiate body." (The highlighting and underlining are not from the original). This, related to what has been expressed at this point of the judgment, imposes a duty on the litigant, while also a limit on the Administration of Justice from a finalist perspective, which is projected when the various conflicts are resolved by the competent Authority, these needing to be decided in the most transparent, objective, balanced, and impartial manner possible, within the framework of the right of action and defense. And it could not be otherwise, for the exercise of due defense is also practiced or exercised based on the facts about which the defendant party is informed of the existence of an action filed against them, that is, the facts upon which it is sustained and the legal basis upon which the plaintiff expects to be proven right. Then, THE FACTS THAT HAVE NOT BEEN FORMULATED, EVEN IF RELEVANT, cannot be weighed by the Adjudicator at the time of ruling, except through the avenues provided by the procedural legal system itself, insofar as they guarantee that, prior to this, they have been introduced to the debate in a timely and adequate manner, as well as brought to the parties' attention, so that the respective hearing has taken place for them to pronounce on the matter and, if applicable, provide counter-evidence. The pertinent provisions are stipulated in the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), articles 46, 55, 68, 90.2, and 95. Citing THE SAME RULING OF THE HIGH CASSATION COURT, it has been repeatedly held as follows: "… the law prescribes that it is up to the parties, exclusively, to establish the facts concerning the cause, around which they structure their petition. (…) The clear interest reflected therein, that the facts related to the cause be clearly defined, tends to duly apprise the counterparty of the points according to which they must exercise their defense; at the same time, to foster the indispensable order within which the judicial debate must unfold, for otherwise anarchy would be enthroned therein. (...). As inferred from the foregoing, judicial knowledge must be confined to an absolute power recognized for the parties regarding the determination of the factual framework. That is, in their ruling, the judge cannot exceed the boundaries defined by what is requested, alleged, and proven by those parties. (…) The facts, (...), constitute, precisely, one of those matters dependent on the parties' initiative, framed within the instituted action. (...). As can be seen, in light of our positive procedural law, consonant with the doctrinal principles previously discussed, the parties are assisted by an absolute power stemming from the exposition of the facts, which marks the radius of action within which the Judge must move when resolving on the appropriateness or inappropriateness of the petitionary extremes submitted for their consideration. The ruling that would disdain that power will inexorably incur the vice of inconsistency ...." (Judgment number 14-F-94 of 11:35 a.m. on March 25, 1994). (The highlighting and underlining are not from the original). Finally, for a fact to have been subject to analysis, debate, admission of evidence, its consequent assessment, and then to ground a judicial resolution, by the simplest logic, it must have been introduced into the process. The foregoing says nothing about whether or not there is proof of its existence, when the crucial point is that it was part of the cause of action (causa de pedir) legitimately introduced by the plaintiff at least, subsequently debated in the process, bearing in mind that it is an indispensable formal requirement in the complaint. In this sense, it is not superfluous to cite the provisions of Article 58 of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), which reads, in its relevant part: "1) ... the plaintiff must file their complaint indicating, necessarily: (...) b) The facts and the background, where applicable, related to the object of the process, set out one by one, enumerated, and specified." (The highlighting and underlining are not from the original). The action of specifying necessarily implies, in our view, "detailing" factual data in the complaint, clearly differentiating them from others, that is, expressing the individuality of the fact clearly with a minimum of formal, precise rigor. The defense of the defendant party depends on this. When parties are sued within the framework of a civil process of property, the basis of imputation must be specified factually for each, if they are not linked. In another line of thought, it is clear that if the Court were to introduce facts into the process, in addition to those the involved parties have introduced on their own in accordance with procedural law, and do so with or in the issuance of the judgment, despite not having been part of the debate, this would constitute a gross vice of inconsistency that would generate an evident and manifest state of defenselessness in the person it harms. Other judgments of the First Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia) in this regard, are No. 35 of 14 hours 40 minutes on March 29, 1996, No. 82-F-2005 of 14 hours 15 minutes on February 22, 2005, and No. 421-2013 of 14 hours 50 minutes on April 9, 2013, from this Chamber. Of course, the referred consistency also does not preclude certain variations capable of being reflected in those facts that the Judicial Authority declares as proven in the judgment, provided that regarding these facts, whether expressed or not, the parties have had the opportunity to express themselves, bring evidence or counter-evidence to the process, and, of course, that this has not generated defenselessness. The facts must have been introduced to the debate in this sense. That said, the basis of imputation for civil liability, particularly in a process like the present one, which bears this nature in what is demanded against subjects linked in a procedural legal relationship, whose conduct is governed in this respect by Civil Law, is crucial for the success of a complaint, and this basis is fully identical to the facts—not just any facts, but those set forth in the complaint—which, being so within the framework of the procedural rules governing the contentious-administrative process as well as the civil process, form the logical axis from which what is controversial is determined on that level, leading or having to lead to the admissibility of the Evidence. Other facts cannot form part of what is debated. To illustrate the foregoing, almost for didactic purposes, the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) provides in its Article 58, subsection 1), paragraph b), that: "Once the administrative remedy is exhausted when so chosen or within the deadlines provided for in articles 34, 35, and 39 of this Code, the plaintiff must file their complaint indicating, necessarily: (...) b). The facts and background, where applicable, related to the object of the process, set out one by one, enumerated, and specified. (...)". (The highlighting and underlining are not from the original). This article must be correlated with Article 90 of the same adjective normative body, which refers to the duties incumbent upon the Processing Judge at the corresponding stage of the process, which, in its relevant part, reads: 1) In the preliminary oral hearing,    the following shall be resolved: (...) e) The determination of the facts that are controversial and significant for the resolution of the case and that must be subject to evidence. (...). (The highlighting is not from the original).

Pursuant to this provision, it is necessary to warn that despite the fact that in Article 58, subsection 1), subparagraph b) regarding "the background facts (los antecedentes)", by legal mandate evidence must be admitted in relation to the disputed facts contained in the statement of claim, if they are of significance for necessarily being subject to proof, in order to resolve the dispute. We add that in our view, the fact upon which evidence must be admitted shares an identity with a factual assumption that should have been specified and which, having been totally or partially rejected by the opposing party, and because its verification is necessary for being significant, leads to the necessary admission of evidence. We pause to indicate that consequently, what was decided by the Judge in the procedural phase does not bind the Trial Court. Subsequently, and the following is stated with respect, in the statement of claim the plaintiffs here do not describe facts that individualize the conducts that, having been deployed by each of these defendant companies in an autonomous manner, would serve as the basis for imputing the liability claimed, this being related to the object of the proceeding, that is, to what is sought to be granted in the judgment.

At the beginning of the complementary hearing, at the request of this Chamber due to how confusing the claim is in this regard, the person acting as representative of the plaintiffs attempted to clarify to this Court that the liability claimed is solidary (solidaria), as well as that, in that respect, the monetary amounts claimed globally should be distributed among all the defendant parties, which was not requested according to the pleas of the claim determined in the preliminary hearing. In this sense, although Article 326 of the Civil Code (Código Civil) provides that: "In the event that the act or omission motivating the indemnification is attributable to two or more individuals, all shall be solidarily obligated to indemnify," this does not prevent, on the procedural level, the need to individualize the facts from which such act, or as applicable omission, and its effects would have to be proven, in what could be imputed for its authorship, to each defendant party. If the plaintiff does not proceed as appropriate, it is clear to this Court that, as in the present case, the defendant parties would be placed in a state of defenselessness by having to answer the claim, and later offer evidence exclusively in function of those facts, only for the Judicial Authority to later reconstruct the factual matrix formulated in the claim in an attempt to cause its admissibility.

We consider that in order to be able to issue a ruling in the specific case on what is requested, this Court would have to carry out that individualization on its own, that is, construct the basis for imputation that was not found referenced in the statement of claim, which is not appropriate, as it is the duty of the claimant to be clear and precise in this regard, with a minimum of formal rigor in procedural legal technique. Let us see, as we warned earlier on the factual level, the claim assumes that all the defendant companies be condemned to pay "economic damage (daño económico)", moral damages (daño moral) (objective and subjective) as well as loss of profits (perjuicios) on the same basis of imputation expressed in general terms, without specification. What is thus claimed is not individualized, that is, the same result is sought against all the defendant companies as a single condemnation. Subsequently, the expected defense that each of these sued parties would have to make effective regarding the facts imputed to them, facts which are also not specified. Therefore, taking into account that the object of the proceeding supposes a claim for condemnation against all of the defendant parties, under public and private law equally, it is noted that on the factual level, in facts one through thirty-five, the plaintiffs propose the following: fact I, aspects regarding the master plan (plan regulador) of the Canton of Escazú that are not the object of this proceeding (nothing in the master plan comprises formal administrative activity that has been challenged in this case); fact II, the action of a third Public Administration, not linked in this procedural legal relationship; fact III, the identification of the property which the plaintiffs claim belongs to them, and its proximity to two of the properties owned by some of the defendant companies; fact IV, the location of this family's property with respect to the respective master plan; fact V, that despite the fact that the land use of the area where the Tsafrir family's property is located is residential, the defendant Municipality has tolerated other uses (the building permits not being subject to challenge); fact VI, refers to the construction permits granted by the defendant Municipality to the defendant companies, thereby allowing constructions that would have caused alterations (acts that are not the object of the proceeding); fact VII, a time aspect in which all the constructions would have been carried out (it is not specified which one); fact VIII, regarding the construction permit granted to one of the defendant companies; fact IX, regarding conduct deployed by an entity of the Municipality of Escazú; fact X, regarding conduct deployed by an entity of the Municipality of Escazú; fact XI, regarding the construction permit of one of the defendant companies and what the Municipality would have informed the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice on the occasion of processing an action via an amparo appeal before such judicial authority; fact XII, regarding conduct deployed by an entity of the Municipality of Escazú; fact XIII, regarding the building erected by one of the defendant companies; fact XIV, regarding conduct deployed by the College of Engineers and Architects of Costa Rica (Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica); fact XV, regarding the pregnancy period that Mrs. Shutaleva would have been going through while the construction processes were being carried out; fact XVI, regarding the effects generated by all the defendant companies (without any specification); fact XVII, regarding the consequences that all the constructions generated on the Tsafrir family's dwelling and other nuisances, as well as effects on the health of the plaintiff parties, generated by the construction processes (without any specification); fact XVIII, regarding attempts or frustrated actions, deployed with the objective of selling the plaintiffs' dwelling house; fact XIX, regarding the insistent manner in which the Tsafrir family approached various public entities (most were not sued in this case) in protection of their interests; fact XX, regarding statements that the defendant Municipality would have made before the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice; fact XXI, regarding what the Ministry of Health (Ministerio de Salud) would have concluded about the competence to hear the complaints of Mr. Tsafrir; fact XXII, regarding meetings that Mr. Tsafrir would have held with various Public Administrations; fact XXIII, regarding conduct deployed by the Federated College of Engineers and Architects (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos) in relation to the, or some, of the buildings erected around the plaintiffs' dwelling house; fact XXIV, regarding a complaint by a third person filed before the Municipality of Escazú; fact XXV, regarding the filing of various amparo appeals and how they were resolved by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice against the Ministry of Health and/or against the Municipality of Escazú and how they were resolved; fact XXVI, regarding the issuance of a communication by the Office of the Ombudsman (Defensoría de los Habitantes); fact XXVII, regarding conduct of the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo); fact XXVIII, regarding an analysis carried out by the Office of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) on the urban development situation in the Canton of Escazú and the performance of said Municipality in that regard; fact XXIX, regarding statements given by a municipal official to a media outlet; fact XXX, regarding the installation by one of the defendant companies of a parking lot within the Quintanar Residential Development and the use subsequently given to the respective area; fact XXXI, regarding a report by the Office of the Comptroller General of the Republic on the number of inspectors the Municipality of Escazú had; fact XXXII, regarding a report by the Office of the Comptroller General of the Republic on the performance of the Municipality of Escazú in the effective supervision of constructions in the respective canton; fact XXXIII, regarding the conclusion of the constructions and the absence of notification to the plaintiffs of the existence of a mitigation plan that the defendant companies would have submitted as ordered by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice; fact XXXIV, regarding the emotional and psychological conditions of the plaintiffs (here the basis of imputation is neither specified nor individualized), and fact XXXV, regarding the use as a dwelling house that the plaintiffs continue to give to the property of interest. Five more facts were introduced into the proceeding via the amendment to the claim, which we omit detailing as unnecessary, given that they refer exclusively to the health status of one of the plaintiffs here. In total, the claim comprised 40 facts, over which, during the preliminary hearing, it was determined which ones were disputed or not, and evidence was admitted, integrally understood.

Once this Court has reviewed the section of the statement of claim corresponding to the facts (cause of action [causa de pedir]) associated with that basis of imputation upon which condemnation to the payment of damages and losses is sought equally for all these companies, it is found that they are not specified, much less individualized, that is, this section of the statement of claim does not provide data on the factual level, differentiating these facts between one or another, that is, the plaintiffs failed to express, with a minimum of formal rigor in observance of the provisions of Article 58, subsection 1) subparagraph b), the facts and, as applicable, the background facts (antecedentes) related to the object of the proceeding, set forth one by one in chronological order, numbered and specified; we add, in a clear and individualized manner with a minimum of formal rigor, which should have been precise, this being the cause of action on the factual basis upon which condemnation to the payment of damages and/or loss of profits is requested, from corporations (sociedades anónimas) regarding what each one of them deployed as an autonomous construction activity, so as to allow these defendant parties to exercise an adequate defense of their interests and allow the Court to issue a ruling on the merits that allows for an adequate analysis of attribution of liability, under penalty of incurring in procedural imbalance, as it would have to reconstruct the basis of imputation in each case, which is prohibited from a procedural point of view. These defendant parties should have been placed in a position to know which fact is and which are not imputed to each one for its authorship by the plaintiff parties, not being obligated from a procedural point of view to state whether they accept or reject facts that might be alien to them.

We consider that to rule on the merits, completely regardless of whether other unexpressed facts existed and could have been proven to render the claim admissible, this Court would have to introduce them on its own once the oral and public trial phase has concluded, without having been incorporated by the plaintiff parties as is their procedural duty. Acting in that manner, this Court considers, would compromise its duty to preserve procedural balance between the parties during the judicial proceeding, and consciously, its impartiality. As a result of all the foregoing, the plaintiffs did not outline facts in their statement of claim that could serve, on a procedural level, as the cause or basis for imputing the liability they claim against each one of these co-defendant companies for the autonomous deployment, one vis-à-vis the other, of conduct associated with each construction process, which, incidentally, in an analysis on the legal level given within the framework of tort liability (responsabilidad civil extracontractual) proper to the civil law regime, Articles 1045, 1048 and following of the Civil Code, the claim is completely devoid of argumentative structures including the facts, that would allow for individualizing what conduct is specifically imputable to each defendant company and, in that regard, it lacks legal foundation. Consequently, the plaintiff parties not having accredited, for formal reasons, the cause of imputation in each case on the factual and legal levels (cause of action), whatever their intention may have been in suing Grupo Meridiano de Centroamérica Sociedad Anónima; Construcciones KMC Sociedad Anónima; Grupo Roble Internacional de Costa Rica Sociedad Anónima; and Parque Central Sociedad Anónima, the claim is dismissed in its entirety, as it is not the resort of the Judicial Authority to remedy such procedural circumstance.-

XVII.- On the procedural defenses (excepciones). For the reasons outlined in the body of this judgment, the procedural defense of expiration (caducidad) filed by the representation of the State and the companies named Construcciones KMC Sociedad Anónima, Grupo Roble Internacional de Costa Rica Sociedad Anónima, and Parque Central Sociedad Anónima is rejected. The procedural defense of statute of limitations (prescripción) is upheld regarding that part of the claim directed against the State and the Municipality of Escazú exclusively by Mr. Shon Shai Tsafrir and Mrs. Olga Shutaleva, and concerning the other procedural defenses formulated by these defendant parties in this respect, a ruling is omitted as unnecessary. Regarding that part of the claim directed by the representation of Miss Lian Tsafrir Shutaleva against the State and the Municipality of Escazú, the procedural defense of lack of standing (falta de legitimación) filed by both defendant parties is rejected, it being sufficient to indicate in this regard that, this person having been a minor victim of harmful effects, as appropriate, caused by the administrative conduct deployed by these Public Administrations as this Panel of Judges concluded, and the existence of subjective moral damage and its causal link with such administrative conduct having also been proven, Miss Lian Tsafrir Shutaleva has active standing (legitimación activa) to sue them; in relation to which, on the other hand, the procedural defense of lack of right (falta de derecho) is partially upheld in everything not expressly granted, right having been proven to access only part of what was requested. Regarding the suit by Mr. Shon Shai Tsafrir, Mrs. Olga Shutaleva, and Miss Lian Tsafrir Shutaleva against the companies named Construcciones KMC Sociedad Anónima, Grupo Meridiano de Centroamérica Sociedad Anónima, Grupo Roble Internacional de Costa Rica Sociedad Anónima, and Parque Central Sociedad Anónima, ruling on the merits, the procedural defense of lack of right is upheld, these plaintiffs not having been able to prove the cause of imputation on the merits in any of the cases, for which the parties are referred to the analysis conducted in this regard by this Chamber in the terms of the body of this judgment. Regarding other procedural defenses that may have been filed by these defendant parties, given the manner in which the ruling is made, a pronouncement is omitted as unnecessary.-

XVIII.- Costs (costas). In accordance with numeral 193 of the Code of Contentious Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo), procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by virtue of being so. Regarding the claim filed by Mr. Shon Shai Tsafrir and Mrs. Olga Shutaleva against the State and the Municipality of Escazú, the losing parties were these plaintiff parties, notwithstanding which, in application of the provisions of Article 193, subsection b), this Chamber estimating that, due to the nature of the issues debated, there was sufficient reason to litigate, this judgment is issued in that respect without a special award of costs. Regarding the claim filed by Mr. Shon Shai Tsafrir, Mrs. Olga Shutaleva, and the representation of Miss Lian Tsafrir Shutaleva against the companies named Parque Central S.A., Grupo Roble Internacional de Costa Rica S.A., and Grupo Meridiano de Centroamérica S.A., the losing parties were all of the plaintiffs here, despite which, in application of the provisions of Article 193, subsection b), this Chamber estimating that, due to the nature of the issues debated, there was sufficient reason to litigate, this judgment is issued in that respect without a special award of costs. Regarding the claim filed by the representation of Miss Lian Tsafrir Shutaleva against the State and the Municipality of Escazú, both defendant parties are condemned to pay both costs. The determination of the amount corresponding to costs shall be defined by the competent judge in the sentence execution phase at the request of this plaintiff party and/or her representation.-

THEREFORE (POR TANTO)

The evidence for a better decision (prueba para mejor proveer) provided by the representation of the company named Construcciones KMC S.A. is rejected. The procedural defense of expiration filed by the representation of the State and the companies named Construcciones KMC Sociedad Anónima, Grupo Roble Internacional de Costa Rica Sociedad Anónima, and Parque Central Sociedad Anónima is rejected. The procedural defense of statute of limitations is upheld regarding that part of the claim directed against the State and the Municipality of Escazú exclusively by Mr. Shon Shai Tsafrir and Mrs. Olga Shutaleva and consequently, as inadmissible, the claim is dismissed in its entirety in that respect. Regarding the other procedural defenses formulated by these defendant parties, a pronouncement is omitted as unnecessary. The procedural defense of statute of limitations is rejected regarding that part of the claim directed by the representation of Miss Lian Tsafrir Shutaleva against the State and the Municipality of Escazú. The procedural defense of statute of limitations is rejected regarding that part of the claim directed by the representation of Miss Lian Tsafrir Shutaleva, Mr. Shon Shai Tsafrir, and Mrs. Olga Shutaleva against the companies named Grupo Meridiano de Centroamérica S.A.; Grupo Roble Internacional de Costa Rica S.A., and Parque Central S.A. The procedural defense of res judicata (cosa juzgada) filed by the representation of the State is rejected. Regarding the claim filed by the representation of Miss Lian Tsafrir Shutaleva against the State and the Municipality of Escazú, it is declared ex officio that there is a lack of active standing in the cause regarding economic damage that includes property damage and loss of income, and loss of profits; the procedural defense of lack of standing regarding subjective moral damage is rejected, and the procedural defense of lack of right is partially upheld, it being understood as denied in everything expressly granted. The Municipality of Escazú and the State are condemned to pay to Miss Lian Tsafrir Shutaleva, as compensation for the subjective moral damage caused to her, the sum of ten million colones that each of these sued parties must pay, for a total of twenty million colones, sums on which they must recognize interest at the legal rate, to be computed from the finality of this ruling and until its effective payment. Regarding the claim directed by the representation of Miss Lian Tsafrir Shutaleva, Mr. Shon Shai Tsafrir, and Mrs. Olga Shutaleva against the companies named Construcciones KMC S.A.; Grupo Meridiano de Centroamérica S.A.; Grupo Roble Internacional de Costa Rica S.A., and Parque Central S.A., the procedural defense of lack of right is upheld and consequently the claim is dismissed in its entirety. The State and the Municipality of Escazú are condemned to pay both costs to Miss Lian Tsafrir Shutaleva; otherwise, this judgment is issued without a special award of costs. The determination of the amount corresponding to costs where any party has been condemned to their payment is reserved for the sentence execution phase. Notify.- Presiding Judge Felipe Córdoba Ramírez. Judge Judith Reyes Castillo.- Judge Alexandra Zúñiga Mora.-

 

	

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FELIPE ALBERTO CORDOBA RAMIREZ - DECISION-MAKING JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A)

	

 

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ALEXANDRA DE LOS ÁNGELES ZÚÑIGA MORA - DECISION-MAKING JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A)

	

	

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JUDITH REYES CASTILLO - DECISION-MAKING JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A)

 

EXP: 11-007406-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Phones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

 

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