Res. 00469-2025 Tribunal Agrario — Adverse possession titling inside a National Wildlife RefugeTitulación por usucapión dentro de Refugio Nacional de Vida Silvestre

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00469 - 2025

Fecha de la Resolución: 29 de Mayo del 2025 a las 08:43

Expediente: 19-000325-0507-AG

Redactado por: Antonio Darcia Carranza

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Concepto y requisitos.
Deber de demostrar posesión decenal anterior a la declaratoria de área silvestre protegida.
Sentencias en igual sentido Sentencias del mismo expediente


Texto de la resolución

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EXPEDIENTE:

	

19-000325-0507-AG - 8




PROCESO:

	

ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA




PROMUEVE:

	

COMERCIAL SUPER UNION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

 

   

VOTO N°  N° 2025000469

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las ocho horas cuarenta y tres minutos del veintinueve de mayo de dos mil veinticinco.-

   INFORMACIÓN POSESORIA promovida por COMERCIAL SUPER UNIÓN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cédula jurídica tres - ciento dos - cincuenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, representada por su apoderada generalísima sin límite de suma Alicia Rodríguez Rodríguez, mayor, casada, empresaria, cédula de identidad dos - trescientos cinco - novecientos setenta y nueve, vecina de Grecia de Alajuela. Intervienen como partes el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, con su representación en la persona de la licenciada Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, mayor, divorciada dos veces, abogada, cédula de identidad uno- cero quinientos noventa y ocho- cero ciento uno y la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en la persona de la licenciada Yamileth Monestel Vargas, mayor, soltera, vecina de San Ramón de Alajuela, cédula de identidad dos - quinientos cuarenta y cinco - seiscientos uno. Actúa como apoderado especial judicial de la Sociedad promovente el licenciado Ronald Córdoba Artavia, colegiado cuatro mil ciento treinta y nueve. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica.

 Redacta el juez Darcia Carranza; y,

CONSIDERANDO:

I.- DETALLE DE ACTUACIONES: 1.- El promovente solicita se aprueben estas diligencias de información posesoria sobre el inmueble que se describe así:  «..Terreno de repastos, sito en Pueblo Nuevo, Distrito Sexto, Colorado, Cantón Segundo, Pococí, Provincia de Limón. Lindante al NORTE: Comercial Súper la Unión Sociedad Responsabilidad Limitada; al SUR y al ESTE: Orlando y Rigoberto ambos Díaz Corrales y al OESTE: Servidumbre agrícola con un frente de sesenta y tres metros con dieciséis centímetros lineales y en parte con Orlando y Rigoberto ambos Díaz Corrales. MIDE: CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES METROS CUADRADOS, según plano catastrado número L-208527-2018 de fecha 06 de noviembre de 2018.- (ver escrito inicial expediente descargado imágenes 01 a 09, respuesta prevenciones imagen 41, plano imagen 12) 2.- Por resolución de las catorce horas y ocho minutos del veinticuatro de abril de dos mil veinte, se tuvo como partes a la Procuraduría General de la República y al Instituto de Desarrollo Rural, quienes fueron debidamente notificados y se apersonaron al proceso. (ver expediente descargado resolución 49, apersonamientos INDER imágenes 59, procuraduría 65 y 66, 70 a 79).- 3.- El Edicto de ley fue publicado en el Boletín Judicial N° 108 del 08 de junio de 2020. Así se puede consultar a imágenes 242 y 243. 4. La jueza Sharon Blanco Acosta, del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en sentencia número 2023000612 de las ocho horas cuatro minutos del siete de diciembre de dos mil veintitrés, resolvió: POR TANTO: «De conformidad con lo expuesto, SE RECHAZAN las presentes diligencias de información posesoria promovidas por COMERCIAL SUPER UNIÓN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Una vez firme la presente resolución, archívese el expediente.» (ver expediente descargado imágenes 341 a 349). 5.- El licenciado Ronald Córdoba Artavia, apoderado judicial de la promovente interpuso, recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se apoya, para refutar la tesis del juzgado de instancia. (ver expediente descargado imágenes 353 a 358).

II.- Se comparten los hechos tenidos por probados al ser fiel reflejo de lo acaecido en autos.

III.- No se prohija el hecho tenido por improbado al constatarse que dentro del área silvestre protegida se permite el desarrollo de actividades agrícolas y de ganadería (ver decreto de creación).

IV.- La parte promovente apelante se muestra inconforme con lo resuelto y apela el fallo con fundamento en lo siguiente:  "... 1. Al observar la lista de hechos probados que contiene la sentencia refutada por este acto, vemos que la jueza a-quo, no tuvo por  demostrado que la cadena de posesión asumida por la titulante se remite a mucho tiempo antes del año 1975, ello se extrae de la información que brindaron los 3 testigos que declararon sobre ese tema; así ellos declararon que conocen la finca desde el año 1971, así lo dijo German Vargas Guillen, desde 1972, según lo dijo el deponente Enrique Chaves Nuñez y desde 1973 según lo expresó el testigo Eloy Brenes Rizatti. Ello lo expresa la a quo en el CONSIDERANDO IV. Pero al ser este un hecho de trascental importancia, debió enlistarlo en el elenco de hechos demostrados. Esta omisión causa un agravio a los intereses de Comercial Super Unión Ltda, que represento, para que sea analizado por el Super en Grado. 2. Se nota también que la sentencia de instancia, no incluye dentro del elenco de hechos NO PROBADOS CONSIDERANDO III, que la finca a titular no haya sido poseída desde antes del año 1975, lo que si sería grave, sabiendo que está inmersa del Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, en relación con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de la materia. Y se involucra con la posesión ecológica que según la jueza no ha ejercido la titulante. Lo que causa un agravió a los intereses de mi poderdante, el cual acuso para que lo analice el Tribunal Agrario.  3. Lo que sí está claro según lo dicho en los puntos puntos 1 y 2  anteriores, en estas diligencias se cumplió a cabalidad con la cadena posesoria que exige el numeral 7 ibidem. Porque la jueza en forma inexplicable lo asume y tiene por probado en el CONSIDERADO IV, que a mi criterio, es lo que interesa para aprobar estas diligencias. Y no improbarlas por no haberse demostrado la posesión ecológica, en primer lugar porque en realidad si fue demostrado que mi representada, en respuesta de este tema tiene la finca bien cuidada y acorde con las normas que regulan esa materia, véase el video que se obtuvo al momento de realizar el reconocimiento judicial. Y además porque es un tema intrascendente, según lo pasamos a ver.  4. La sentencia impugnada va en preterición del principio constitucional que regula el artículo 34 de la Constitución Política, que a la letra dice: “ A ninguna ley se le dará efectivo retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas.”  Ello en relación con el artículo 7 de la ley de informaciones posesorias, que también es infringido en esta sentencia, concordado con el artículo 9° del DECRETO NO 16358-MAG, que crea el Regio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, que así mismo es infringido en la sentencia, aquí apelada. Igualmente la sentencia de mérito, deja de aplicar las disposiciones de la Ley Forestal No. 4465 del 25 de noviembre de 1969 y sus reformas. Aspecto que expreso como un agravio a los  intereses de la titulante, para que sea visto por el Tribunal Agrario y su función específica, a la hora de estudiar el presente recurso. Por lo siguiente. 5. Como dije, en el CONSIDERANDO IV de la sentencia cuestionada, la jueza de instancia es clara cuando dice que la persona promovente, ha ejercido actos posesorios agrarios reales y efectivos, desde el año 1971 sobre el inmueble a titular, consistentes principalmente en actividades de siembra de agricultura y ganadería, entre otros. Ello lo tuvo por demostrado con la declaración de los 3 testigos ofrecidos. 6. Como reitero la a quo rechaza las diligencias, porque la finca no está acorde con las disposiciones del citado DECRETO EJECUTIVO NO. 16358-MAG, en lo que es el tema de la posesión ecológica, ya que en él se ejerce actividad ganadera. Argumento que no está acorde a derecho, ni a la letra de ese mismo decreto, como se dirá. 7. De una revisión exhaustiva del Decreto Ejecutivo No 16358 MAG que sirve de base para rechazar la información, vemos que por ningún lado esté le prohíbe a las personas que ya tenían las fincas, desde 10 años de su creación que NO pueden continuar con actividades de agricultura y ganadería. Todo lo contrario, porque el artículo 9° del DECRETO NO 16358-MAG, dice textualmente: ARTICULO 9. Que el Régimen de Refugios Nacionales de Fauna Silvestre NO obliga al Estado a expropiar a los propietarios legales de tierras incluidas en ellos sino por el contrario estimula a las personas que han conservado áreas inalteradas con la exoneración del impuesto territorial además de beneficiarlos con asistencia técnica en el campo forestal, agrícola y ganadero.” El resaltado lo pongo yo. Este artículo lo inobservó la jueza de instancia, lo que expreso como un fuerte agravio a los intereses de la titulante que represento, para que lo analice el Superior en grado, porque esta disposición contradice en un todo, el argumento en que se funda la jueza para rechazar las diligencias. Es decir, que todo lo contrario al fundamento expresado por la jueza de instancia, más bien el DECRETO busca fomentar y apoyar la actividad ganadera y agrícola. 8. Al haber demostrado Comercial Super Unión Ltda, como en efecto lo hizo, según así lo acredita la juzgadora en el CONSIDERANDO IV y en el desarrollo del CONSIDERANDO V SOBRE EL CASO CONCRETO - cuando hace un análisis de lo dicho por cada uno de los testigos- que esta entidad, ejerció la posesión decenal con más de 10 años antes a la fecha de entrada en vigencia de la respectiva ley o decreto en que se creó esa área silvestre protegida Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, sumando la posesión de los anteriores propietarios. A la luz del artículo 7 de la ley de la materia, igualmente se demostró, que antes de esa fecha ya la finca estaba hecha de agriculturas y pastos, con ello consolidó una situación jurídica y adquirió u obtuvo un derecho patrimonial, también consolidado, en los términos del principio constitucional de irretroactividad de la ley que consagra el artículo 34 de la Constitución Política, arriba citado. Ello implica que no sea posible aplicar el mencionado Decreto Ejecutivo que invoca la a quo, porque le está dando efecto retroactivo a ley en perjuicio de un administrado, lo que está prohibido expresamente por esta norma, nada menos que de rango constitucional. Esto lo expongo como un agravio o denuesto más a los intereses de mi representada, que dejo rendido para que sea visto por honorable Tribunal Agrario. 9. De un análisis detallado de la Ley Forestal No. 4465 del 25 de noviembre de 1969, que dicho sea de paso, estuvo vigente hasta el día 16 de abril de 1996, en que entra en vigencia la actual y vigente No. 7575, y que regía antes de crearse el Decreto Ejecutivo de mérito, a los dueños de fincas se les permitía aprovechar árboles en sus fincas, siempre que obtuvieran el permiso, incluso se permitían concesiones para explotar madera en terrenos propiedad de El Estado, baste ver entre otros, los artículos 2, 7, 43, 47, 49, 54, 60, 61,71, 92 y siguientes de dicho cuerpo legal. Esto quiere decir, que la finca del caso, se hizo de pastos y agriculturas varias, antes de 1985, según así está acreditado en autos, es decir al amparo de esta Ley Forestal, y antes de que entrara en vigencia el referido decreto No 16358-MAG de fecha 4/6/1985. Y este decreto no le prohibió a los dueños de fincas hechas antes de esa fecha, continuar con esas actividades agrarias, más bien los estimula a continuar con ellas, según así lo dispone exprofeso el artículo 9° del mismo. No veo porque la a quo, rechaza las diligencias, en quebranto absoluto de todo este régimen jurídico que inobservó y dejó de aplicar faltando al deber de fundamentación que toda sentencia que dicte un juez de la República debe cumplir. Esta situación la argumento como un agravio más, que viola los derechos de la titulante, con fines de que el Tribunal Agrario lo analice en detalle. 10. De otro lado, vemos que la sentencia impugnada, nunca tomó en cuenta ni valoró la buena fe de la titulante y su actitud plena de respetar la naturaleza y los recursos naturales: flora, fauna y la belleza escénica que son los objetivos del DECRETO EJECUTIVO NO 16358-MAG, lo que se constata y está plenamente demostrado en el expediente, con solo observar el video que se tomó al efecto al momento del reconocimiento judicial. 11. Es decir que en el fundo, está presente el hábitat necesario, para el buen desarrollo de la flora y la fauna y la belleza escénica, hay vida animal abundante, bien respetada. En ningún lado del reconocimiento judicial, así lo demuestra el video, se observa que hayan animales muertos o afectados por el mal uso de la finca, lo que reitero, significa que mi representada es una empresa respetuosa de los recursos naturales. Sin embargo eso, no lo ve la jueza en la sentencia, lo omite adrede y es un aspecto que debió valorar mucho, con ello no hubiese tenido la menor duda de aprobar las diligencias. Esta omisión, se erige como falta de fundamentación de la sentencia, lo que argullo como un denuesto más para que lo analice el honorable Tribunal Agrario. 12. Sin pretender hablar más de lo debido, llamo la atención del Tribunal Agrario, para que se observen que la sentencia apelada, pasa por alto y deja de observar los más elementales principios sobre los que se erige el moderno derecho agrario, enseñados por los más ilustres estudiosos de esta disciplina, desde el maestro Antonio Carrozza hasta el Dr. Ricardo Zeledón Zeledón, entre muchos otros. Que dice entre otras cosas, que el derecho agrario: “ Es aquella rama del Derecho, que persigue ajustar las relaciones jurídicas de carácter agrario a los dictados de la justicia social, con el objeto de facilitar y crear las condiciones necesarias para llevar a cabo una auténtica Reforma Agraria Integral, o sea, para lograr un aumento de la producción agrícola y para hacer posible una más justa y equitativa distribución de la propiedad agraria.” 13. Y en sí misma la teoría de la agrariedad que nunca debemos perder de vista todos los que estamos involucrados en esta disciplina, para lo cual sito un texto recogido de una de las obras más destacadas conocida como IMPACTO DE LA TEORIA DE LA AGRARIEDAD Y DE LAS ENSEÑANZAS CARROZZIANAS EN EL DISEÑO DE LA TEORIA DEL CASO. Autor. Cortés Téllez, Gloria, publicado en Revista Iberoamericana de Derecho Agrario: No. 11 del mes de marzo de 2020, que dice: “Partiendo de un trabajo colectivo, pero iluminado de manera particular, Carrozza sistematiza la Teoría de la Agrariedad, creando escuela junto con destacados juristas que hacen posible la Ciencia del Derecho Agrario, cuyos principales integrantes: Carrera,  Zeledón, Massart, Brebbia, Vivanco, Alvarenga, Galloni, Figallo, Duque Corredor, Guerra Daneri, Pietro Romano, María Adriana, Nancy, Benussi, entre otros destacados juristas, no siendo posible mencionarlos a todos, pero cuya importancia innegable permitió el grado de desarrollo de nuestro actual Derecho Agrario contemporáneo, que surge a partir del reconocimiento de que el Derecho en general y el Agrario en particular, evolucionan con los cambios establecidos por el desarrollo económico social, teniendo como principal exponente a Ricardo Zeledón Zeledón y Pietro Romano Orlando; sin embargo, como una de las bases fundamentales de esta evolución, es digna de destacar la teoría de la Agrariedad, ampliamente conocida entre los especialistas en Derecho Agrario, enunciada por Carrozza de la siguiente manera: “Es la actividad que se desarrolla incidiendo en el ciclo biológico vegetal o animal, ligado directa o indirectamente al disfrute de las fuerzas genéticas y de los recursos naturales y que se resuelve económicamente en la obtención de frutos vegetales o animales, destinados al consumo directo, tal y como se producen en la naturaleza o bien sometidos a una o múltiples transformaciones” (Carrozza) (Zeledón)[1]. 14. Es decir este fallo apelado, no le da la oportunidad al productor agrario, de cumplir con la función social y económica del fundo agrario, que es lo que la sociedad necesita para desarrollarse, enerva las fuentes de trabajo y el progreso social y condena a este generador de progreso a la ruina total, junto con la cadena social que genera si se le permite. PETITORIA. Por todo lo expuesto, pido que se admita el recurso de apelación que por esta acto formulo, con el ruego al honorable Tribunal Agrario, para que lo revoque y en su lugar declare con lugar en todos sus extremos las diligencias de información posesoria interpuestas y ordene al Registro de la Propiedad Inmueble, inscribir el fundo objeto de las mismas a nombre del titulante. NOTIFICACIONES. En segunda instancia, atiendo notificaciones en el medio principal correo electrónico [email protected] y alternativamente el correo [email protected]...."

 V.-  En este caso particular estima este Tribunal lleva razón la parte promovente en su apelación toda vez la jueza ad quo no hace referencia al tiempo de posesión que se tiene sobre el inmueble, partiendo desde que lo tuvo en posesión el primer poseedor el cual trasmite la posesión que ha ejercido sobre el bien al comprador por lo que se trata de una posesión derivada ejercida desde hace muchos años antes de la creación del área silvestre protegida en fecha 26 de junio de 1985 Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado. Por otra parte, el Decreto Ejecutivo N° 16358.MAG,  indica claramente en su artículo 9º, lo siguiente. " Que el Régimen de Refugios Nacionales de Fauna Silvestre no obliga al Estado a expropiar a los propietarios legales de tierras incluidas en ellos sino por el contrario estimula a las personas que han conservado áreas inalteradas con la exoneración del impuesto territorial además de beneficiarlos con asistencia técnica en el campo forestal, agrícola y ganadero...". Lo anterior parte del criterio de que existen propiedades privadas dentro del área decretada bajo la categoría de manejo de  Refugio de Vida Silvestre, el cual es de categoría mixta al tener terrenos bajo el dominio privado y áreas de dominio publico conformando dicha área silvestre protegida, ello conforme lo establece el artículo 82 inciso b de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317 de 21 de octubre de 1992.  Igualmente partiendo de lo indicado en dicho articulo 9 supracitado se denota el desarrollo a lo interno del refugio de actividades ganadera, agrícola y forestal, por lo que considera esta cámara no se tiene claro por parte de la procuraduría que en dichas áreas se dan diferentes tipos de actividades conforme se venían desarrollando y más bien se ofrece asistencia técnica para ello a los propietarios privados de terrenos en dicho refugio conforme lo dispone el numeral citado del decreto de creación del área silvestre protegida. En un caso similar, ha dicho este Tribunal: “IV.- Lleva razón la recurrente. Del análisis de la prueba testimonial y el reconocimiento judicial practicado se deriva que se ha probado en forma suficiente que el fundo acusa una larga posesión, la cual se ha valorado por parte de este Tribunal con base en el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria que establece el principio de libre valoración, así como el principio general de unidad de la prueba. Se trata así de una unidad productiva zootécnica, en la que predominan los repastos. En el presente caso, el inmueble descrito en el plano catastrado No. L- 1629369-2012 se ubica dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, creada según Decreto Ejecutivo No. 16358-MAG del 26 de julio de 1985, de manera que conforme al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para titular debe de demostrarse el ejercicio de una posesión decenal anterior al Decreto, es decir, desde 1975. Lo anterior porque la declaratoria de dominio público sobre un área geográfica determinada, lo es sin perjuicio de los derechos de propiedad consolidados, ya que el instituto de la usucapión se perfecciona a los diez años de posesión según el ordinal 1 de la Ley de Informaciones Posesorias, y particularmente en materia agraria en que el trabajo humano a través del ejercicio de actividades agrarias que tienen como fin prevalente (pero no exclusivo), la producción de alimentos, se valoriza con ese reconocimiento que conllevan los artículos 1 y 7 de la Ley de Informaciones Posesorias. (…) VII. Así las cosas, se puede inferir que es aproximadamente en el año 1970 que el primer poseedor adquiere y más o menos en el año 1989 le traspasa al señor [Nombre4] quien en el 2008 le vende la posesión al promovente. A mayor abundamiento, en el reconocimiento judicial a folio 73 se hizo constar que hay cercas internas que conforme a las recomendaciones del estudio de suelos a folio 2, ni se observó la corta de árboles ni tala. Tales datos confirman que la finca ha sido ganadera, y que a la fecha de la declaratoria del Refugio de Vida Silvestre, esa era su naturaleza, y que más bien el promovente ha ajustado sus prácticas agrícolas a las recomendaciones de uso de suelo, a los fines de ejercer una actividad sostenible.” TRIBUNAL AGRARIO, Voto No. 721-F-16 de las 12:20 horas del 5 de agosto del 2016. De acuerdo a lo expuesto, lo procedente es confirmar la sentencia.".

VI.- Resulta de total relevancia tener presente la vigencia del  ordinal 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, debe el promovente demostrar una posesión decenal antes de la declaratoria del área silvestre protegida según lo indicó la Sala Constitucional en el voto No. 4587-97 (publicado en el Boletín Judicial No. 188 de fecha 1 de octubre de 1997). Es importante mencionar que la ley como lo indica el recurrente, tiene un plazo de diez años de posesión para usucapir el cual se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son:  el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. Es importante señalar lo dicho por la Sala Constitucional al respecto en dicho voto:  “…El artículo 7 párrafo primero de la Ley de Informaciones Posesorias impugnado, cuyo texto es anterior a la última reforma por Ley Forestal No.7575 de 13 de febrero de 1996, regula el caso de la titulación de bienes inmuebles comprendidos dentro de un área declarada parque nacional, reserva biológica, reserva forestal o zona protectora. Señala ese artículo que el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o el decreto que creó el área silvestre. La disposición cuestionada regula el caso de titulación de un bien inmueble que ha sido afectado al dominio público con la declaratoria de área silvestre protegida, cualquiera que sea su especificidad. Corresponde ahora determinar si de acuerdo con la hipótesis que contempla la norma impugnada, a la luz de los criterios doctrinarios y jurisprudenciales que informan los institutos de la usucapión y de la posesión necesaria para usucapir, expuestos anteriormente, la norma cuestionada regula un tipo especial de posesión necesaria para adquirir la propiedad sobre los bienes inmuebles, que impone requisitos específicos que pueden infringir el derecho de propiedad o el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, regulados en la Constitución. En primer término, debe señalarse que el artículo cuestionado no modifica -aumenta o disminuye- el plazo de diez años de posesión necesario para usucapir, fijado en el artículo 860 del Código Civil para la generalidad de los casos en que se pretende adquirir la propiedad de los bienes inmuebles por prescripción positiva. La ampliación del plazo que alega el accionante como infractor del derecho a la propiedad no se produce, porque dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. Es decir, la declaratoria de área silvestre protegida evita que cuente la posesión posterior a la afectación, e impide concretar los requisitos de la usucapión si a ese momento no se ha adquirido el derecho, o sea, no han transcurrido los diez años de posesión apta para usucapir con las condiciones que establece la ley. Lo anterior es únicamente el resultado natural de aplicar los conceptos sobre el objeto de la posesión y su condición de ejercicio en calidad de titular, necesarios para la posesión ad usucapionem. Recuérdese que los bienes afectados al dominio público, tengan las especificaciones que tengan, no son susceptibles de adquisición por usucapión, si antes de producirse la afectación no se dieron las condiciones necesarias para la adquisición del derecho. En ese sentido, la disposición cuestionada, a pesar de que en apariencia regula un caso específico de usucapión, no crea un régimen con requisitos diferentes a los establecidos en el Código Civil para la generalidad de los casos. En ese sentido, tampoco se produce el alegado efecto retroactivo de la norma, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son:  el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. Es decir, la norma no viene a establecer ningún principio diferente -o requisito más riguroso- en relación con la aplicación de las reglas generales de la usucapión. Simplemente especifica la forma en que deben aplicarse esas reglas, lo que coincide con un resultado lógico dada la condición de bien demanial del objeto a titular. De ahí que no se considere que la reforma al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, cuyo texto se impugna, haya introducido un régimen diferente en relación con los requisitos de la usucapión, que haya podido agravar la situación de personas que se encontraban ejerciendo posesión ad usucapionem en terrenos que fueron declarados de interés público...".   Además de los requisitos mencionados, en los casos en los cuales el terreno esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, debe cumplirse con un requisito más calificado en cuanto al ejercicio y tiempo de la posesión. “…De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, de aplicación al caso por encontrarse el inmueble a titular dentro de la Zona Protectora …, para poder inscribir dicho bien en el Registro Público, es preciso el gestionante demuestre haber estado en posesión del inmueble por lo menos diez años antes de la vigencia del Decreto que creó la citada Reserva, así como haber protegido el recurso forestal”(voto Nº170-03 de las 16:24 horas del 31 de marzo del 2003. Ver también al respecto el voto Nº755-03 citado). Lo anterior se exige en protección del patrimonio forestal del Estado y la biodiversidad, sin afectarse por ello los derechos que efectivamente los sujetos privados hubiesen consolidado por el transcurso del tiempo (ver al respecto el voto Nº497 de las 15:20 horas del 30 de julio del 2003 del Tribunal). En ese sentido, la Sala Constitucional en Voto N° 4587 de las 15:45 horas del 5 de agosto de 1997, en el cual analizó la constitucionalidad del artículo 7 citado, dispuso para poder titular los terrenos ubicados en las zonas protegidas que ahí se señalan, debía el interesado demostrar la posesión diez años antes de la vigencia del Decreto respectivo. Básicamente dijo la Sala en esa oportunidad: "… dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. Es decir, la declaratoria de área silvestre protegida evita que cuente la posesión posterior a la afectación, e impide concretar los requisitos de la usucapión si a ese momento no se ha adquirido el derecho, o sea, no han transcurrido los diez años de posesión apta para usucapir con las condiciones que establece la ley… resulta importante sintetizar los elementos básicos que a nivel de doctrina y jurisprudencia se manejan con estos temas, y que obligan al juez – en relación con la norma impugnada- a determinar en cada caso el tipo específico de acto posesorio que se ha ejercido en el fundo – que entra a formar parte del área silvestre protegida- que se pretende titular. Lo anterior con el objeto de que el juez tenga un criterio más amplio – que no se limite a la fecha de entrada en vigencia de la ley o el decreto ejecutivo que defina los límites de un área silvestre determinada- para establecer con mayor precisión el momento en que dichos bienes se convirtieron en inalienables e imprescriptibles, a los efectos de determinar si sobre ellos se ejerció la posesión ad usucapionem durante diez años anteriores a que adquirieron esa condición. Esta perspectiva de mayor amplitud favorece la protección del patrimonio ambiental de la Nación, determina que cuando se pretenda titular – mediante el procedimiento de informaciones posesorias- un terreno ubicado dentro de un área silvestre protegida, la discusión no se reduzca al simple cálculo del tiempo que tiene de haber ingresado a un inmueble en relación con la fecha en que se haya producido la declaratoria de área silvestre protegida, ya que  -por un lado deberá contemplarse a los efectos de acreditar la posesión ad usucapionem durante el plazo establecido en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, los elementos que cada tipo específico de posesión contempla, y –por otro lado- la posible existencia de normas que de antaño declaraban inalienables esos terrenos, aún antes de su afectación específica al dominio público… ".  En el caso, valorada la prueba a conciencia y sin sujeción estricta a las normas de derecho común (artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria), el Tribunal llega a la ineludible conclusión de que esta diligencia debe ser acogida al haberse demostrado una posesión más que decenal previa a la declaratoria del Área Silvestre Protegida en el año de 1985, por cuanto se ha ejercido posesión sobre el terreno según lo indica la misma juzgadora en el fallo en el Considerando IV, al realizar la cita de lo dicho por los testigos .  "...  En ese tanto, el testigo German Vargas Guillén que declaró: "Conozco desde al año 1972 -1973 por ahí... El primer dueño... fue...Miguel Badilla...tuvo esa finca hasta por ahí de los años ochenta y cinco... eran de setenta hectáreas. Esa finca se la vendió en el año noventa al señor Mario Corrales y don Mario Corrales  le vendió esa finca a los hermanos Díaz, Rigoberto y Orlando Díaz y en el dos mil nueve... la compró Alicia Rodríguez Rodríguez... una segregación.. aproximadamente doce hectáreas... En el 72-73 esa finca era de Miguel Badilla, él la acarriló y la hizo... era una finca de naturaleza de caña brava que fue muy sencilla que la hiciera... Ya en esos años de  los setenta y cinco ya estaba de pastos de potreros...Mario Corrales la tuvo del  ochenta y cinco al noventa y se la vendió a Orlando Díaz y le daban mantenimiento de portero..." Por su parte el testigo Enrique Chaves Nuñez indicó que: "Conozco la propiedad como de 1971 cuando llegué... Antes era de un señor Miguel Badilla y después este Miguel se la vendió a otro que se llama Mario Corrales y Mario Corrales se la vendió... a Rigo y a Orlando Díaz y Orlando se la vendió a Comercial Super La Unión...Mario la tuvo creo que cinco años...Comercial hace trece años que lo compraron a Rigoberto y Orlando Díaz... No tiene área boscosa... Todo el tiempo ha sido de ganado...antes sembraban yuca, malanga, y Comercial Super... alquiló para siembra de arroz... Mario Corrales fue dueño de la finca... Mario la tuvo creo que cinco años... Comercial, la tiene como hace trece años le compraron a Rigoberto y Orlando Díaz... En el año mil novecientos setenta y cinco ya esa finca estaba hecha, no le digo que como eran cañaverales era fácil hacer fincas porque todo mundo cortaba la caña y ya quedaba porque no era montaña pura... eran cañaverales y todo mundo hacía fincas facilitico.". Entre tanto el testigo Eloy Brenes Rizzatti mencionó: "Conozco el terreno desde el año 1971- 1972... Cuando conocí el terreno eran tacotales de caña brava y tacotalitos así suaves porque ahí no había cantidad de montaña, eran puros cañaverales. No había áreas de bosque, había pasado un barrido del río en aquellos años y solo monte pequeño y caña brava...tacotalitos. Ahora está en puro potrero... en aquellos años sembrado de malanga en aquellos años, ahora es puro potrero. Fue terreno mecanizado en cultivos de arroz hace... como cuatro años atrás... El primer dueño que tuvo esa finca fue Miguel Badilla, él la acarriló...como en el setenta y cinco ya la habían hecho. Después Miguel Badilla fue el que le vendió a un señor que se llamó Mario Corrales, después Mario Corrales trató con los hermanos Díaz, después los hermanos Díaz le vendieron a esta señora  de la Sociedad que se mienta aquí y esos son los únicos...”. En este caso concreto, lo  indicado  se demostró, pues de los testigos que se evacuaron en autos, todos dan testimonio de una  posesión del bien desde vieja data (1971 1972), y ello se desprende de los testimonios citados de German Vargas Guillén, Enrique Chaves Núñez y Eloy Brenes Rizatti incorporadas al proceso en fecha  08 de abril de 2022. De dichas deposiciones see desprende que la titulante ha ejercido posesión sobre el terreno desde la fecha de adquisición en el año 2009 y que ha existido una cadena de transmisión desde el año 1975 por parte de los anteriores poseedores, por lo que a criterio de esta cámara contrario a lo estimado por la jueza ad quo  resulta suficiente para aprobar las diligencias.  Analizada la prueba constante en autos, se tiene que las declaraciones de los testigos son dadas en detalle en cuanto conocen la finca desde los años mil novecientos setenta y uno, mil novecientos setenta y dos y mil novecientos setenta y tres y acreditan que desde antes del año mil novecientos setenta y cinco le pertenecía a don Miguel Badilla. Fueron claros en dictaminar que la naturaleza de la finca como una totalidad y que se encontraba en posesión de don Miguel Badilla mencionan que siempre ha sido terreno de cañaveral, que la finca "ya estaba hecha", que ya estaba de pasto y potrero (ver declaraciones de German Vargas Guillén, Enrique Chaves Núñez y Eloy Brenes Rizatti incorporadas al proceso en fecha 08 de abril de 2022),  de ahí lleve razón en cuanto a que demostró la posesión ejercida durante tantos años incluso previos a la declaratoria del Refugiuo De Vida Silvestre Barra del Colorado. Tal y como se expresó en el considerando precedente, la declaratoria de Refugio de Vida Silvestre lo es sin perjuicio de los derechos ad usucapionem ya consolidados, y debe necesariamente contextualizarse, a inicios de los años 1971, la agricultura y la ganadería fue la actividad económica que se practicó en la zona donde se sitúa la materialidad objeto de titulación. Además, como se ha analizado ampliamente, cuando se da la declaratoria de Refugio, en 1984, ya la finca era agrícola y ganadera. En el mismo sentido, de acuerdo a los estudios de suelos la naturaleza del fundo es de repastos siendo esta la actividad que se ha practicado desde los años 71 en adelante, en que el terreno está en manos privadas.  Ahora bien, el hecho de que se conceda el reconocimiento de la usucapión como presupuesto sustantivo de la titulación, no implica que esa formalización del derecho quede exenta de las limitaciones derivadas de la función ambiental de la propiedad, contemplada en el artículo 8 de la Ley de Biodiversidad. En este sentido, el artículo 22 de esa misma ley estatuye que el Ministerio de Ambiente y Energía es el encargado de “dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica” y que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) “será un sistema de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que integrará las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas”. En razón de lo anterior, existe un Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado, por lo que deberá acatarse acatarse dicho plan. En virtud de lo anteriormente expuesto se revoca la sentencia dictada y en su lugar se se aprueban las diligencias de información posesoria tramitadas por  COMERCIAL UNIÓN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. En consecuencia proceda el Registro Público de la Propiedad sobre Bienes Inmuebles a inscribir a nombre de COMERCIAL UNIÓN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, , Cédula Jurídica  tres-ciento dos-cincuenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, representada por su apoderada generalísima ALICIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, quien es mayor, casa una vez, empresaria vecina de Grecia de Alajuela, con cédula de identidad número dos-trescientos cinco - cero novecientos setenta y nueve, el terreno que se describe de la siguiente manera:  Terreno de repastos, sito en Pueblo Nuevo, Distrito Sexto, Colorado, Cantón Segundo, Pococí, Provincia de Limón. Lindante al NORTE: Comercial Súper la Unión Sociedad Responsabilidad Limitada; al SUR y al ESTE: Orlando y Rigoberto ambos Díaz Corrales y al OESTE: Servidumbre agrícola con un frente de sesenta y tres metros con dieciséis centímetros lineales y en parte con Orlando y Rigoberto ambos Díaz Corrales. MIDE: CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES METROS CUADRADOS, según plano catastrado número L-208527-2018 de fecha 06 de noviembre de 2018.  Declararon como testigos los señores German Vargas Guillén, Enrique Chaves Núñez y Eloy Brenes Rizatti. Se estiman estas diligencias en la suma de Veinticuatro millones de colones y el bien objeto de esta diligencias en la misma suma.  Deberá ajustarse las actividades productivas  dentro del marco normativo del plan de manejo del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado.

POR TANTO:

     En lo apelado se revoca la sentencia dictada.  Een su lugar se se aprueban las diligencias de información posesoria tramitadas por  COMERCIAL UNIÓN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. En consecuencia proceda el Registro Público de la Propiedad sobre Bienes Inmuebles a inscribir a nombre de COMERCIAL UNIÓN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, , Cédula Jurídica  tres-ciento dos-cincuenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, representada por su apoderada generalísima ALICIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, quien es mayor, casa una vez, empresaria vecina de Grecia de Alajuela, con cédula de identidad número dos-trescientos cinco - cero novecientos setenta y nueve, el terreno que se describe de la siguiente manera:  Terreno de repastos, sito en Pueblo Nuevo, Distrito Sexto, Colorado, Cantón Segundo, Pococí, Provincia de Limón. Lindante al NORTE: Comercial Súper la Unión Sociedad Responsabilidad Limitada; al SUR y al ESTE: Orlando y Rigoberto ambos Díaz Corrales y al OESTE: Servidumbre agrícola con un frente de sesenta y tres metros con dieciséis centímetros lineales y en parte con Orlando y Rigoberto ambos Díaz Corrales. MIDE: CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES METROS CUADRADOS, según plano catastrado número L-208527-2018 de fecha 06 de noviembre de 2018.  Declararon como testigos los señores German Vargas Guillén, Enrique Chaves Núñez y Eloy Brenes Rizatti. Se estiman estas diligencias en la suma de Veinticuatro millones de colones y el bien objeto de esta diligencias en la misma suma. Deberá ajustarse las actividades productivas  dentro del marco normativo del plan de manejo del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado.

 

 

 

 

 

	


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ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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ENRIQUE ULATE CHACÓN - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 19-000325-0507-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:22:12.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**FILE No.:**

19-000325-0507-AG - 8

**PROCEEDING:**

NON-CONTENTIOUS JUDICIAL ACTIVITY

**PROMOTED BY:**

COMERCIAL SUPER UNION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

**VOTE No. 2025000469**

**AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.-** At eight hours and forty-three minutes on the twenty-ninth of May, two thousand and twenty-five.-

**POSSESSORY INFORMATION** promoted by COMERCIAL SUPER UNIÓN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, legal identification number three - one hundred two - fifty-five thousand four hundred forty-four, represented by its general attorney-in-fact without limit of sum Alicia Rodríguez Rodríguez, of legal age, married, businesswoman, identity card number two - three hundred five - nine hundred seventy-nine, resident of Grecia de Alajuela. Appearing as parties are the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, represented by licensed attorney Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, of legal age, twice divorced, identity card number one- zero five hundred ninety-eight- zero one hundred one, and the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, represented by licensed attorney Yamileth Monestel Vargas, of legal age, single, resident of San Ramón de Alajuela, identity card number two - five hundred forty-five - six hundred one. Acting as special judicial attorney-in-fact for the promoting Company is licensed attorney Ronald Córdoba Artavia, bar number four thousand one hundred thirty-nine. Processed before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone.

Judge Darcia Carranza writes; and,

**WHEREAS:**

**I.- DETAIL OF PROCEEDINGS:** 1.- The petitioner requests that these possessory information proceedings be approved concerning the property described as follows: "..Grazing land, located in Pueblo Nuevo, Sixth District, Colorado, Second Canton, Pococí, Province of Limón. Bounded on the NORTH: Comercial Súper la Unión Sociedad Responsabilidad Limitada; on the SOUTH and on the EAST: Orlando and Rigoberto both Díaz Corrales and on the WEST: Agricultural easement (servidumbre) with a frontage of sixty-three meters and sixteen linear centimeters and partly with Orlando and Rigoberto both Díaz Corrales. IT MEASURES: ONE HUNDRED SEVENTEEN THOUSAND THREE HUNDRED FIFTY-THREE SQUARE METERS, according to cadastral plan number L-208527-2018 dated November 6, 2018.- (see initial brief downloaded file images 01 to 09, response to requirements image 41, plan image 12) 2.- By resolution at fourteen hours and eight minutes on April twenty-fourth, two thousand and twenty, the Procuraduría General de la República and the Instituto de Desarrollo Rural were deemed as parties, were duly notified, and appeared in the proceedings. (see downloaded file resolution 49, appearances INDER images 59, procuraduría 65 and 66, 70 to 79).- 3.- The Legal Notice was published in Judicial Bulletin No. 108 of June 8, 2020. This can be consulted at images 242 and 243. 4. Judge Sharon Blanco Acosta, of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, in judgment number 2023000612 at eight hours and four minutes on December seventh, two thousand and twenty-three, resolved: POR TANTO: "In accordance with the foregoing, THESE possessory information proceedings promoted by COMERCIAL SUPER UNIÓN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ARE DISMISSED. Once this resolution becomes final, let the file be archived." (see downloaded file images 341 to 349). 5.- Licensed attorney Ronald Córdoba Artavia, legal representative of the petitioner, filed an appeal with an express indication of the reasons on which it is based, to refute the thesis of the court of first instance. (see downloaded file images 353 to 358).

**II.-** The facts deemed proven are shared as they are a faithful reflection of what occurred in the record.

**III.-** The fact deemed unproven is not adopted, as it is verified that within the protected wilderness area (área silvestre protegida), the development of agricultural and livestock activities is permitted (see the creation decree).

**IV.-** The appellant petitioner expresses disagreement with the ruling and appeals the judgment based on the following: "... 1. Upon observing the list of proven facts contained in the judgment refuted by this action, we see that the a-quo judge did not deem it demonstrated that the chain of possession undertaken by the titleholder dates back to a time long before the year 1975; this is extracted from the information provided by the 3 witnesses who testified on that matter; thus they declared that they have known the farm since the year 1971, as stated by German Vargas Guillen, since 1972, as stated by the deponent Enrique Chaves Nuñez, and since 1973 as expressed by the witness Eloy Brenes Rizatti. The a quo expresses this in CONSIDERANDO IV. But since this is a fact of transcendental importance, it should have been listed in the set of demonstrated facts. This omission causes harm to the interests of Comercial Super Unión Ltda, which I represent, so that it may be analyzed by the Superior Court. 2. It is also noted that the instance judgment does not include within the set of UNPROVEN FACTS CONSIDERANDO III, that the farm to be titled was not possessed before the year 1975, which would be serious, knowing that it is within the Barra del Colorado National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado), in relation to the provisions of Article 7 of the Law on the matter. And it is involved with the ecological possession that according to the judge the titleholder has not exercised. This causes harm to the interests of my principal, which I denounce for the Agrarian Tribunal to analyze. 3. What is clear, according to what was said in points 1 and 2 above, is that in these proceedings the possessory chain required by numeral 7 ibidem was fully satisfied. Because the judge inexplicably assumes and deems it proven in CONSIDERADO IV, which, in my opinion, is what matters for approving these proceedings. And not to disapprove them for not having demonstrated ecological possession, firstly because it was indeed demonstrated that my represented party, in response to this issue, keeps the farm well cared for and in accordance with the rules governing that matter; see the video obtained at the time of the judicial inspection (reconocimiento judicial). And furthermore, because it is a non-transcendental issue, as we will see. 4. The contested judgment disregards the constitutional principle regulated by Article 34 of the Political Constitution, which literally states: "No law shall be given retroactive effect to the detriment of any person, or their acquired proprietary rights or consolidated juridical situations." This in relation to Article 7 of the law on possessory information (Ley de Informaciones Posesorias), which is also infringed in this judgment, concordant with Article 9° of DECREE NO 16358-MAG, which creates the Barra del Colorado National Wildlife Refuge, which is likewise infringed in the judgment appealed here. Equally, the judgment on the merits fails to apply the provisions of the Forest Law (Ley Forestal) No. 4465 of November 25, 1969 and its reforms. An aspect I express as a grievance to the interests of the titleholder, to be seen by the Agrarian Tribunal and its specific function, when studying this appeal. For the following reason. 5. As I said, in CONSIDERANDO IV of the questioned judgment, the instance judge is clear when stating that the promoting person has exercised real and effective agrarian possessory acts, since the year 1971 over the property to be titled, consisting mainly of agricultural and livestock farming activities, among others. This was deemed demonstrated by the testimony of the 3 witnesses offered. 6. As I reiterate, the a quo dismisses the proceedings because the farm is not in accordance with the provisions of the cited EXECUTIVE DECREE NO. 16358-MAG, on the topic of ecological possession, since livestock activity is carried out there. An argument that is not in accordance with the law, nor with the letter of that same decree, as will be stated. 7. From an exhaustive review of Executive Decree No 16358 MAG, which serves as the basis for dismissing the information, we see that nowhere does it prohibit persons who already had farms, from 10 years prior to its creation, from continuing with agricultural and livestock activities. Quite the contrary, because Article 9° of DECREE NO 16358-MAG, textually says: ARTICULO 9. That the National Wildlife Refuge Regime (Régimen de Refugios Nacionales de Fauna Silvestre) does NOT obligate the State to expropriate the legal owners of lands included therein, but on the contrary stimulates the persons who have conserved unaltered areas with the exemption of the territorial tax, besides benefiting them with technical assistance in the forestry, agricultural, and livestock field." The emphasis is mine. The instance judge disregarded this article, which I express as a strong grievance to the interests of the titleholder I represent, so that the Superior Court may analyze it, because this provision entirely contradicts the argument on which the judge bases the dismissal of the proceedings. That is, quite the contrary to the basis expressed by the instance judge, the DECREE rather seeks to promote and support livestock and agricultural activity. 8. Having demonstrated Comercial Super Unión Ltda, as it effectively did, as accredited by the judge in CONSIDERANDO IV and in the development of CONSIDERANDO V ON THE SPECIFIC CASE - when making an analysis of what was said by each of the witnesses - that this entity exercised the decennial possession with more than 10 years prior to the effective date of the respective law or decree that created that protected wilderness area Barra del Colorado National Wildlife Refuge, adding the possession of the previous owners. In light of Article 7 of the law on the matter, it was equally demonstrated that before that date the farm was already used for agriculture and pasture, thus consolidating a juridical situation and acquiring or obtaining a proprietary right, also consolidated, in terms of the constitutional principle of non-retroactivity of the law enshrined in Article 34 of the Political Constitution, cited above. This implies that it is not possible to apply the aforementioned Executive Decree invoked by the a quo, because it is giving retroactive effect to the law to the detriment of an administrated party, which is expressly prohibited by this norm, of no less than constitutional rank. I present this as one more grievance or affront to the interests of my represented party, which I submit to be seen by the honorable Agrarian Tribunal. 9. From a detailed analysis of the Forest Law No. 4465 of November 25, 1969, which, incidentally, was in force until April 16, 1996, when the current and valid No. 7575 came into effect, and which governed before the creation of the Executive Decree in question, farm owners were allowed to harvest trees on their farms, as long as they obtained a permit; even concessions were allowed to exploit timber on lands owned by the State. It suffices to see, among others, Articles 2, 7, 43, 47, 49, 54, 60, 61, 71, 92 and following of said legal body. This means that the farm in this case was made into pastures and various agricultures, before 1985, as is accredited in the record, that is under the protection of this Forest Law, and before the referred decree No 16358-MAG of date 4/6/1985 came into effect. And this decree did not prohibit the owners of farms created before that date from continuing with those agrarian activities; rather, it stimulates them to continue with them, as expressly provided by Article 9° thereof. I do not see why the a quo dismisses the proceedings, in absolute breach of all this legal regime which she disregarded and failed to apply, failing in the duty of substantiation that every judgment issued by a judge of the Republic must fulfill. I argue this situation as another grievance that violates the rights of the titleholder, for the purpose of the Agrarian Tribunal analyzing it in detail. 10. On the other hand, we see that the contested judgment never took into account nor valued the good faith of the titleholder and her attitude full of respect for nature and natural resources: flora, fauna, and scenic beauty, which are the objectives of EXECUTIVE DECREE NO 16358-MAG. This is verified and fully demonstrated in the file, by simply observing the video that was taken for that purpose at the time of the judicial inspection. 11. That is, the necessary habitat for the proper development of flora and fauna and scenic beauty is present on the property; there is abundant animal life, well respected. Nowhere in the judicial inspection, as the video demonstrates, is it observed that there are dead or affected animals due to misuse of the farm, which I reiterate, means that my represented party is a company respectful of natural resources. However, the judge does not see this in the judgment; she deliberately omits it, and this is an aspect she should have greatly valued; with this, she would not have had the slightest doubt in approving the proceedings. This omission constitutes a lack of substantiation of the judgment, which I argue as one more affront for the honorable Agrarian Tribunal to analyze. 12. Without wishing to speak more than is proper, I call the attention of the Agrarian Tribunal to observe that the appealed judgment overlooks and fails to observe the most elementary principles upon which modern agrarian law is built, taught by the most illustrious scholars of this discipline, from the master Antonio Carrozza to Dr. Ricardo Zeledón Zeledón, among many others. Which states, among other things, that agrarian law: "Is that branch of Law that pursues the adjustment of juridical relations of an agrarian nature to the dictates of social justice, with the object of facilitating and creating the necessary conditions to carry out an authentic Comprehensive Agrarian Reform, that is, to achieve an increase in agricultural production and to make possible a more just and equitable distribution of agrarian property." 13. And within itself, the theory of agrarianity (teoría de la agrariedad) that all of us involved in this discipline must never lose sight of, for which I quote a text collected from one of the most prominent works known as IMPACTO DE LA TEORIA DE LA AGRARIEDAD Y DE LAS ENSEÑANZAS CARROZZIANAS EN EL DISEÑO DE LA TEORIA DEL CASO. Author. Cortés Téllez, Gloria, published in Revista Iberoamericana de Derecho Agrario: No. 11 of March 2020, which says: "Starting from a collective work, but illuminated in a particular way, Carrozza systematizes the Theory of Agrarianity, creating a school together with prominent jurists who make the Science of Agrarian Law possible, whose main members: Carrera, Zeledón, Massart, Brebbia, Vivanco, Alvarenga, Galloni, Figallo, Duque Corredor, Guerra Daneri, Pietro Romano, María Adriana, Nancy, Benussi, among other prominent jurists, it not being possible to mention them all, but whose undeniable importance allowed the degree of development of our current contemporary Agrarian Law, which arises from the recognition that Law in general and Agrarian Law in particular, evolve with the changes established by social economic development, having as main exponents Ricardo Zeledón Zeledón and Pietro Romano Orlando; however, as one of the fundamental bases of this evolution, the theory of Agrarianity, widely known among specialists in Agrarian Law, is worthy of note, enunciated by Carrozza as follows: "It is the activity carried out affecting the plant or animal biological cycle, linked directly or indirectly to the enjoyment of genetic forces and natural resources, and that is resolved economically in the obtaining of plant or animal fruits, destined for direct consumption, just as they are produced in nature or subjected to one or multiple transformations" (Carrozza) (Zeledón)[1]. 14. That is, this appealed judgment does not give the agrarian producer the opportunity to fulfill the social and economic function of the agrarian property, which is what society needs to develop; it enervates sources of work and social progress and condemns this generator of progress to total ruin, along with the social chain it generates if allowed. PRAYER FOR RELIEF. For all the foregoing, I request that the appeal formulated by this act be admitted, with the plea to the honorable Agrarian Tribunal to revoke it and instead declare the possessory information proceedings fully admissible and order the Property Registry to register the property that is the object thereof in the name of the titleholder. NOTIFICATIONS. In the second instance, I will receive notifications at the primary means email [email protected] and alternatively the email [email protected]...."

**V.-** In this particular case, this Tribunal finds that the appellant petitioner is correct in its appeal, since the ad quo judge does not refer to the time of possession held over the property, starting from the first possessor who transmits the possession he exercised over the asset to the buyer, meaning it is a derived possession exercised since many years before the creation of the protected wilderness area on June 26, 1985, the Barra del Colorado Wildlife Refuge. On the other hand, Executive Decree N° 16358.MAG clearly indicates in its Article 9º, the following: " That the National Wildlife Refuge Regime does not obligate the State to expropriate the legal owners of lands included therein, but on the contrary stimulates the persons who have conserved unaltered areas with the exemption of the territorial tax, besides benefiting them with technical assistance in the forestry, agricultural, and livestock field...". The foregoing is based on the criterion that there are private properties within the area decreed under the management category of Wildlife Refuge, which is of a mixed category having lands under private domain and public domain areas that make up said protected wilderness area, in accordance with the provisions of Article 82 subsection b of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre) No. 7317 of October 21, 1992. Likewise, based on what is indicated in said Article 9 cited above, the development of livestock, agricultural, and forestry activities within the refuge is denoted, so this chamber considers that the Procuraduría is not clear that different types of activities occur in said areas as they were being developed, and rather, technical assistance is offered for this purpose to the private landowners in said refuge, as provided by the cited numeral of the decree creating the protected wilderness area. In a similar case, this Tribunal has stated: "IV.- The appellant is correct. From the analysis of the testimonial evidence and the judicial inspection carried out, it follows that it has been sufficiently proven that the property shows a long possession, which has been assessed by this Tribunal based on Article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria) which establishes the principle of free assessment, as well as the general principle of unity of evidence. It is thus a zootechnical productive unit, in which pasturelands (repastos) predominate. In this case, the property described in cadastral plan No. L-1629369-2012 is located within the Barra del Colorado National Wildlife Refuge, created by Executive Decree No. 16358-MAG of July 26, 1985, so that according to Article 7 of the Law on Possessory Information (Ley de Informaciones Posesorias), in order to title, the exercise of a decennial possession prior to the Decree must be demonstrated, that is, since 1975. The foregoing because the declaration of public domain over a specific geographic area is without prejudice to consolidated property rights, since the institute of usucapion is perfected after ten years of possession according to ordinal 1 of the Law on Possessory Information, and particularly in agrarian matters where human work through the exercise of agrarian activities whose prevalent purpose (but not exclusive) is food production, is valued with that recognition entailed by Articles 1 and 7 of the Law on Possessory Information. (…) VII. Thus, it can be inferred that it was approximately in the year 1970 that the first possessor acquired, and more or less in the year 1989 transferred it to Mr. [Name4] who in 2008 sold the possession to the petitioner. Moreover, in the judicial inspection on folio 73, it was noted that there are internal fences that, according to the recommendations of the soil study on folio 2, neither tree cutting nor logging was observed. Such data confirm that the farm has been used for livestock, and that on the date of the declaration of the Wildlife Refuge, that was its nature, and rather, the petitioner has adjusted his agricultural practices to the land use recommendations, for the purpose of exercising a sustainable activity." AGRARIAN TRIBUNAL, Vote No. 721-F-16 at 12:20 hours on August 5, 2016. According to the foregoing, the appropriate course of action is to confirm the judgment.".

**VI.-** It is entirely relevant to keep in mind the validity of ordinal 7 of the Law on Possessory Information; the petitioner must demonstrate a decennial possession before the declaration of the protected wilderness area, as indicated by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in vote No. 4587-97 (published in Judicial Bulletin No. 188 dated October 1, 1997). It is important to mention that the law, as the appellant indicates, has a term of ten years of possession for usucapion, which is established in the Civil Code, and the questioned provision simply highlights certain elements inherent to usucapion that are also defined in the general regulation, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for usucapion. It is important to note what was said by the Constitutional Chamber in this regard in said vote: "...Article 7, first paragraph, of the Law on Possessory Information challenged, whose text predates the last reform by Forest Law No. 7575 of February 13, 1996, regulates the case of titling real property comprised within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve (reserva forestal) or protective zone (zona protectora). That article indicates that the titleholder must demonstrate having exercised decennial possession at least ten years prior to the date the law or decree that created the wilderness area took effect. The questioned provision regulates the case of titling a real property that has been affected to the public domain with the declaration of a protected wilderness area, whatever its specificity. It is now for us to determine if, according to the hypothesis contemplated by the challenged norm, in light of the doctrinal and jurisprudential criteria that inform the institutes of usucapion and the possession necessary for usucapion, set forth above, the challenged norm regulates a special type of possession necessary to acquire ownership over real property, which imposes specific requirements that may infringe the right to property or the principle of non-retroactivity of the law to the detriment of acquired rights or consolidated juridical situations, regulated in the Constitution. First, it should be noted that the challenged article does not modify - increase or decrease - the term of ten years of possession necessary for usucapion, established in Article 860 of the Civil Code for the generality of cases where it is intended to acquire ownership of real property by positive prescription. The extension of the term that the plaintiff alleges as an infraction of the right to property does not occur, because given the nature of the asset sought to be titled (public thing), the term of possession suitable for usucapion must elapse before the asset is affected to the public domain. That is, the declaration of a protected wilderness area prevents possession after the affectation from counting, and prevents the requirements of usucapion from being materialized if the right had not been acquired at that moment, that is, the ten years of possession suitable for usucapion with the conditions established by law have not elapsed. The foregoing is solely the natural result of applying the concepts regarding the object of possession and its condition of being exercised in the capacity of titleholder, necessary for possession ad usucapionem. Remember that assets affected to the public domain, whatever their specifications, are not susceptible to acquisition by usucapion, if the necessary conditions for the acquisition of the right did not occur before the affectation was produced. In that sense, the questioned provision, despite apparently regulating a specific case of usucapion, does not create a regime with requirements different from those established in the Civil Code for the generality of cases. In this sense, the alleged retroactive effect of the norm is also not produced, because the term of ten years of possession for usucapion is established in the Civil Code, and the questioned provision simply highlights certain elements inherent to usucapion that are also defined in the general regulation, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for usucapion. That is, the norm does not come to establish any different principle - or more rigorous requirement - in relation to the application of the general rules of usucapion. It simply specifies the way in which those rules must be applied, which coincides with a logical result given the condition of the object to be titled as a public domain asset. Hence, it is not considered that the reform to Article 7 of the Law on Possessory Information, whose text is challenged, introduced a different regime regarding the requirements of usucapion, which could have aggravated the situation of persons who were exercising possession ad usucapionem on lands that were declared of public interest...". In addition to the mentioned requirements, in cases where the land is comprised within a protected wilderness area, a more qualified requirement regarding the exercise and time of possession must be met. "...In accordance with the provisions of Article 7 of the Law on Possessory Information, applicable to this case because the property to be titled is located within the Protective Zone …, in order to register said asset in the Public Registry, it is necessary for the manager to demonstrate having been in possession of the property at least ten years before the Decree creating said Reserve took effect, as well as having protected the forest resource" (vote No. 170-03 at 16:24 hours on March 31, 2003. See also in this regard the cited vote No. 755-03). The foregoing is required in protection of the State's forest heritage and biodiversity, without thereby affecting the rights that private subjects had effectively consolidated by the passage of time (see in this regard vote No. 497 at 15:20 hours on July 30, 2003 of the Tribunal). In that sense, the Constitutional Chamber in Vote No. 4587 at 15:45 hours on August 5, 1997, in which it analyzed the constitutionality of the cited Article 7, provided that in order to title lands located in the protected zones indicated therein, the interested party had to demonstrate possession ten years before the respective Decree took effect. Basically, the Chamber stated on that occasion: "... given the nature of the asset sought to be titled (public thing), the term of possession suitable for usucapion must elapse before the asset is affected to the public domain. That is, the declaration of a protected wilderness area prevents possession after the affectation from counting, and prevents the requirements of usucapion from being materialized if the right had not been acquired at that moment, that is, the ten years of possession suitable for usucapion with the conditions established by law have not elapsed... it is important to synthesize the basic elements that at a doctrinal and jurisprudential level are handled on these topics, and that oblige the judge – in relation to the challenged norm – to determine in each case the specific type of possessory act that has been exercised on the property – that becomes part of the protected wilderness area – that is sought to be titled.

The foregoing so that the judge may have a broader criterion – one not limited to the date of entry into force of the law or executive decree defining the boundaries of a given wildland area – to establish with greater precision the moment at which those properties became inalienable and imprescriptible, for the purpose of determining whether possession ad usucapionem was exercised over them for ten years prior to their acquiring that status. This broader perspective favors the protection of the Nation’s environmental heritage, and provides that, when one seeks to title – through the possessory information proceeding – a parcel of land located within a protected wildland area, the discussion is not reduced to a simple calculation of the time elapsed since entry onto a property in relation to the date on which the protected wildland area declaration occurred, since – on the one hand, the elements contemplated by each specific type of possession must be considered in order to prove possession ad usucapionem during the period established in Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, and – on the other hand – the possible existence of norms that long ago declared those lands inalienable, even before their specific designation as public domain…" In this case, having weighed the evidence conscientiously and without strict adherence to the rules of common law (Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria), the Tribunal reaches the unavoidable conclusion that this proceeding must be granted, as a possession of more than ten years prior to the declaration of the Protected Wildland Area in 1985 has been demonstrated, given that possession over the land has been exercised as the trial judge herself indicates in the judgment in Considerando IV, when citing the testimony of the witnesses. "... In this regard, the witness German Vargas Guillén testified: "I have known it since around the year 1972 -1973... The first owner... was...Miguel Badilla...he had that farm until around the year eighty-five... it was seventy hectares. He sold that farm in the year ninety to Mr. Mario Corrales and Mr. Mario Corrales sold that farm to the Díaz brothers, Rigoberto and Orlando Díaz and in two thousand nine... Alicia Rodríguez Rodríguez bought it... a segregation.. approximately twelve hectares... In 72-73 that farm belonged to Miguel Badilla, he access-tracked it and made it... it was a farm of wild cane nature that was very simple to make... By those years of seventy-five it was already pasture, paddocks...Mario Corrales had it from eighty-five to ninety and sold it to Orlando Díaz and they kept it up as pasture..." For his part, the witness Enrique Chaves Nuñez indicated: "I have known the property since around 1971 when I arrived... Before it belonged to a Mr. Miguel Badilla and later this Miguel sold it to another named Mario Corrales and Mario Corrales sold it... to Rigo and to Orlando Díaz and Orlando sold it to Comercial Super La Unión...Mario had it I believe five years...Comercial bought it from Rigoberto and Orlando Díaz thirteen years ago... It has no forested area... It has always been cattle...before they planted yucca, malanga, and Comercial Super... rented it out for rice planting... Mario Corrales was the owner of the farm... Mario had it I believe five years... Comercial has had it for about thirteen years since they bought it from Rigoberto and Orlando Díaz... In the year nineteen seventy-five that farm was already made, like I told you since they were canebrakes it was easy to make farms because everyone cut the cane and it was ready because it wasn't dense mountain... it was canebrakes and everyone made farms very easily." Meanwhile, the witness Eloy Brenes Rizzatti stated: "I have known the land since the year 1971- 1972... When I knew the land it was thickets of wild cane and gentle little thickets because there wasn't a lot of mountain there, it was pure canebrakes. There were no areas of forest, there had been a river sweep in those years and only small brush and wild cane...little thickets. Now it is pure paddock... in those years planted in malanga in those years, now it is pure paddock. It was mechanized land under rice cultivation... about four years ago... The first owner that farm had was Miguel Badilla, he access-tracked it...around seventy-five it had already been made. Later Miguel Badilla was the one who sold it to a gentleman named Mario Corrales, later Mario Corrales dealt with the Díaz brothers, later the Díaz brothers sold it to this lady from the Company mentioned here and those are the only ones..." In this specific case, what was indicated was proven, since from the witnesses examined in the record, all attest to a possession of the property dating from long ago (1971 1972), and this is evident from the cited testimonies of German Vargas Guillén, Enrique Chaves Núñez and Eloy Brenes Rizatti incorporated into the proceeding on the date of 08 April 2022. From these depositions it is clear that the title applicant has exercised possession over the land since the date of acquisition in 2009 and that there has been a chain of transmission since 1975 by previous possessors, and therefore, in this chamber's view, contrary to what the a quo judge considered, this is sufficient to approve the proceeding. Having analyzed the evidence in the record, the witnesses' statements are given in detail as to how they have known the farm since the years nineteen seventy-one, nineteen seventy-two and nineteen seventy-three and they prove that before the year nineteen seventy-five it belonged to Mr. Miguel Badilla. They were clear in declaring the nature of the farm as a whole and that it was in the possession of Mr. Miguel Badilla; they mention that it has always been canebrake land, that the farm "was already made," that it was already pastured and paddocked (see statements of German Vargas Guillén, Enrique Chaves Núñez and Eloy Brenes Rizatti incorporated into the proceeding on 08 April 2022), and therefore they are correct in that they demonstrated the possession exercised for so many years, even prior to the declaration of the Refugio De Vida Silvestre Barra del Colorado. As stated in the preceding considerando, the declaration of the Refugio de Vida Silvestre is without prejudice to rights ad usucapionem already consolidated, and must necessarily be contextualized: at the beginning of the 1970s, agriculture and cattle raising were the economic activities practiced in the zone where the physical plot subject to titling is located. Furthermore, as has been analyzed extensively, when the Refugio declaration was made, in 1984, the farm was already agricultural and livestock. In the same vein, according to the soil studies, the nature of the rural property is grazing land, this being the activity that has been practiced since '71 onwards, when the land has been in private hands. Now, the fact that the recognition of usucapion is granted as a substantive prerequisite for titling does not imply that this formalization of the right is exempt from the limitations derived from the environmental function of property, contemplated in Article 8 of the Ley de Biodiversidad. In this regard, Article 22 of that same law provides that the Ministerio de Ambiente y Energía is responsible for "issuing policies, planning and executing processes aimed at achieving sustainability in the management of Costa Rica's natural resources" and that the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) "shall be a deconcentrated and participatory management and institutional coordination system that integrates competencies in forestry, wildlife, and protected areas matters." By reason of the foregoing, there exists a General Management Plan for the Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado, and therefore said plan must be complied with. By virtue of the foregoing, the judgment issued is reversed and the possessory information proceeding processed by COMERCIAL UNIÓN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA is hereby approved. Consequently, the Registro Público de la Propiedad sobre Bienes Inmuebles shall proceed to register in the name of COMERCIAL UNIÓN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Cédula Jurídica three hundred two-fifty five thousand four hundred forty-four, represented by its generalísima attorney-in-fact ALICIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, who is of legal age, married once, businesswoman, resident of Grecia de Alajuela, with identity card number two-three hundred five - zero nine hundred seventy-nine, the land described as follows: Grazing land, located in Pueblo Nuevo, Distrito Sexto, Colorado, Cantón Segundo, Pococí, Province of Limón. Bordered on the NORTH: Comercial Súper la Unión Sociedad Responsabilidad Limitada; on the SOUTH and on the EAST: Orlando and Rigoberto both Díaz Corrales and on the WEST: Agricultural easement (servidumbre agrícola) with a frontage of sixty-three linear meters and sixteen centimeters and in part with Orlando and Rigoberto both Díaz Corrales. MEASURING: ONE HUNDRED SEVENTEEN THOUSAND THREE HUNDRED FIFTY-THREE SQUARE METERS, according to cadastral map number L-208527-2018 dated 06 November 2018. The gentlemen German Vargas Guillén, Enrique Chaves Núñez and Eloy Brenes Rizatti testified as witnesses. These proceedings are valued at the sum of Twenty-four million colones and the property subject to this proceeding at the same sum. Productive activities must be adjusted within the regulatory framework of the management plan of the Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado.

POR TANTO:

On appeal, the judgment issued is reversed. In its place, the possessory information proceeding processed by COMERCIAL UNIÓN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA is hereby approved. Consequently, the Registro Público de la Propiedad sobre Bienes Inmuebles shall proceed to register in the name of COMERCIAL UNIÓN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Cédula Jurídica three hundred two-fifty five thousand four hundred forty-four, represented by its generalísima attorney-in-fact ALICIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, who is of legal age, married once, businesswoman, resident of Grecia de Alajuela, with identity card number two-three hundred five - zero nine hundred seventy-nine, the land described as follows: Grazing land, located in Pueblo Nuevo, Distrito Sexto, Colorado, Cantón Segundo, Pococí, Province of Limón. Bordered on the NORTH: Comercial Súper la Unión Sociedad Responsabilidad Limitada; on the SOUTH and on the EAST: Orlando and Rigoberto both Díaz Corrales and on the WEST: Agricultural easement (servidumbre agrícola) with a frontage of sixty-three linear meters and sixteen centimeters and in part with Orlando and Rigoberto both Díaz Corrales. MEASURING: ONE HUNDRED SEVENTEEN THOUSAND THREE HUNDRED FIFTY-THREE SQUARE METERS, according to cadastral map number L-208527-2018 dated 06 November 2018. The gentlemen German Vargas Guillén, Enrique Chaves Núñez and Eloy Brenes Rizatti testified as witnesses. These proceedings are valued at the sum of Twenty-four million colones and the property subject to this proceeding at the same sum. Productive activities must be adjusted within the regulatory framework of the management plan of the Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado.

 

 

 

 

 

	


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ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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ENRIQUE ULATE CHACÓN - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 19-000325-0507-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:22:12.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República