Res. 03787-2025 Tribunal Contencioso Administrativo Sección V — Lapse of Administrative Procedure and Revocation of Parcel Allocation in Forested Area within Protected ZoneCaducidad y revocatoria de adjudicación en parcela con cobertura forestal y zona protectora

Grande
Normal
Pequeña
Tribunal Contencioso Administrativo Sección V

Resolución Nº 03787 - 2025

Fecha de la Resolución: 22 de Abril del 2025 a las 17:21

Expediente: 14-000064-1143-AG

Redactado por: Juan Luis Giusti Soto, Marianella Alvarez Molina, Sergio Mena García

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias del mismo expediente


Texto de la resolución

 



 

EXPEDIENTE:

	

14-000064-1143-AG - 0




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR/A:

	

JOSE TORRES CERDAS




DEMANDADO/A:

	

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

 

 N° 2025003787

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN QUINTA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las diecisiete horas con ventiuno minutos del ventidos de Abril del dos mil venticinco.-

 

 Proceso de conocimiento establecido por JOSÉ TORRES CERDAS, mayor, agricultor, portador de la cédula de residencia 270-118001-52586, y, MARÍA ESTER ALVARADO ALVARADO, mayor, de oficios del hogar, cédula de identidad número 5-0106-0678, ambos cónyuges y vecinos de Bijagua, Upala, Alajuela, Asentamiento Altamira II, representados por Rodrigo Johanning Quesada (ver poder especial judicial a imagen 504 del expediente judicial digital), CONTRA el INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (INDER), representado por Diana Elena Alfaro Montenegro (poder especial judicial que corre a imagen 632 del expediente judicial digital). Además, participan como Terceros Interesados el Estado representado por la Procuradora Mariamalia Murillo Kopper (Apersonada a los autos a imagen 432), y, el Sistema de Áreas de Conservación (SINAC), representado por Gidgett Ramírez Hernández (Poder que corre a imágenes 427 y 496).

RESULTANDO:

1.- En fecha dieciocho de diciembre de dos mil catorce, ante el Juzgado Mixto de Upala, se formuló la demanda que ha dado origen al presente proceso, según los hechos que exponen, el derecho en el que se fundamentan, cuyas pretensiones fueron esbozadas en el libelo de la demanda, aclaradas en audiencia preliminar, así como leídas y confirmadas en la audiencia de juicio, para que en sentencia se disponga, así: "Con base en los hechos antes expuestos, la prueba ofrecida y las normas legales citadas, solicito que en sentencia se declare lo siguiente: 1- Con lugar en todos sus extremos, la presente demanda. 2- La caducidad del proceso ordinario de revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira, II etapa (a-144), del expediente administrativo N° 495-09, tramitado por el INDER, Región Huetar. 3- En consecuencia se declare la nulidad absoluta del acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural INDER, de las 13:00 horas del 16 de agosto de 2013. artículo N° 35, sesión ordinaria 023-2013, celebrada el 24 de junio de 2013. y de todo acto administrativo anterior a éste. 4- Que se declare la nulidad absoluta del voto N° 1211-f-2013 del Tribunal Agrario, segundo circuito judicial de San José, de las diecisiete horas y treinta y nueve minutos del veinte de diciembre de dos mil trece, que rechazó el recurso jerárquico impropio, por extemporáneo, siendo que este se presentó dentro de los cinco días hábiles. así mismo, la nulidad de todo acto administrativo posterior a éste. 5- Se declare que los suscritos actores, hemos mantenido la posesión real y efectiva de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira, II etapa (a-144) plano catastrado N° a-328417-1996, diez años antes de la adjudicación y hasta el día de hoy. Que nunca realizamos y/o fuimos actores de las causales del artículo 68, punto 4 inc. b) de la Ley de Tierras y Colonización y sus reformas, de abandono injustificado de la parcela, de faltas reiteradas a las normas legales para la conservación de los recursos naturales, ni tampoco realizamos venta de parte de la parcela N° 28. 6- Que al haber sido adjudicada la parcela N° 28 del asentamiento Altamira II etapa (a-144) por parte del Instituto de Desarrollo Agrario IDA, hoy INDER, por acuerdo de Junta Directiva N° 15, artículo XV, sesión n° 002-00, celebrada el 5 de enero de 2000. Y siendo que los suscritos hemos mantenido la posesión real y efectiva por más de 15 años, sin interrupción, se ordene al Instituto de Desarrollo Rural, traspasar a los suscritos actores, en escritura pública, libre de limitaciones el inmueble en cuestión, sea el descrito en el plano catastrado N° a-328417-1996. 7- Se condene al Instituto de Desarrollo Rural INDER al pago de daños y perjuicios en la siguiente forma: por concepto de daño moral subjetivo en la suma de diez millones de colones, y daño material por la suma de quince millones de colones. por concepto de perjuicios en la suma de cinco millones de colones, mismo que se refieren a intereses correspondientes a la fecha del 5 de enero de 2000 al 17 de setiembre de 2021, basado en la tasa de interés legal del Banco Nacional. 8- Así mismo, se condene a la parte demandada, al pago de ambas costas" (Imágenes 306 y 587 del expediente judicial digital).

2.- El Juzgado Mixto de Upala dio traslado inicial a la demanda contra el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en resolución de las 09:15 horas del ocho de enero de dos mil quince (Imagen 311 del expediente judicial digital).

3.- El dieciocho de febrero de dos mil quince, la representación del entonces IDA, contestó la demanda, oponiendo las defensas de: Falta de Legitimación Ad Causam Activa y Pasiva, Falta de Derecho y la Genérica Sine Actione Agit (Imagen 332 del expediente judicial digital).

4.- El Juzgado Mixto de Upala en resolución de las 07:05 horas del veintiuno de setiembre de dos mil quince, se declaró incompetente por la materia para conocer de este asunto, lo que fue aprobado por el Tribunal Agrario del Segundo Circuito de San José, en el Voto N° 1191-C-15 de las 05:03 horas del trece de noviembre de dos mil quince, quien ordenó pasar el asunto al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (Imágenes 359 y 371 del expediente judicial digital).

5.- En resolución de las 11:23 horas del dos de diciembre de dos mil quince, el Juzgado Contencioso y Civil de Hacienda, dispuso remitir el proceso a quien correspondía, sea el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (Imagen 382 del expediente judicial digital).

6.- El Tribunal Contencioso y Civil de Hacienda, en resolución de las 11:38 horas del veintiuno de enero de dos mil dieciséis, se arrogó el conocimiento de esta litis (Imagen 385 del expediente judicial digital).

7.- Ante pedido de Medida Cautelar por parte de los demandantes en la sede Agraria, la representación del INDER se refirió a la misma oponiéndose. Mediante resolución N° 412-2016 de la persona juzgadora de Trámite del Tribunal Contencioso Administrativo, de las 13:20 horas del veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, rechazó la Medida Cautelar que pretendía se le ordenara al INDER y al MINAE abstenerse de perturbar la posesión de los actores hasta tanto se resolviera por el fondo el asunto (Imágenes 389 y 399  del expediente judicial digital).

8.- En la audiencia preliminar celebrada el veintisiete de julio de dos mil dieciséis, se admitió la solicitud de las partes de pasar el asunto a la fase de conciliación. Ya en esa etapa, mediante resolución de la persona juzgadora encargada, en resolución de las 11:33 horas del veinte de enero de dos mil diecisiete, convocó a las partes a audiencia de conciliación a celebrarse el día veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, la que posteriormente se dejó sin efecto. Además, en resolución de las 07:29 horas del dieciocho de abril de dos mil diecisiete, la persona juzgadora de Conciliación, devolvió el expediente a la fase de trámite ante la presentación de la Acción de Inconstitucionalidad N° 17-000373-0007-CO (Imágenes 415, 430 y 448 del expediente judicial digital).

9.-  En resolución de la persona juzgadora de Trámite de las 14:53 horas del veintisiete de setiembre de dos mil dieciséis, se dispuso tener como terceros interesados al Estado y al SINAC a quienes se ordenó notificarles para que manifestaron lo que consideraran oportuno. Ante lo cual, en documento recibido en el despacho el diez de octubre de dos mil dieciséis, la Procuraduría General de la República manifestó interés, por el MINAE, de participar en este proceso. Además, la representación del SINAC, solicitó tenerla como tercero interesado en esta litis (Imágenes 418, 424 y 426 del expediente judicial digital).

10.- La persona Juzgadora de Trámite del Tribunal, en resolución de las 08:25 horas del primero de diciembre de dos mil diecisiete, dispuso suspender el proceso debido a la tramitación de la Acción de Inconstitucionalidad N° 17-000373-0007-CO. Y, en resolución de las 08:21 horas del quince de setiembre de dos mil veintiuno, se puso en conocimiento de las partes la resolución final acaecida en la Acción de Inconstitucionalidad (Imágenes 332 y 577 del expediente judicial digital).

11.- La Audiencia Preliminar establecida en el ordinal 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que se encuentra grabada en el sistema digital de este Despacho, fue celebrada a partir de las 09:05 horas del diecisiete de setiembre de dos mil veintiuno, con la asistencia de ambas partes y los terceros interesados. En esa oportunidad se analizaron aspectos de saneamiento, se aclararon las pretensiones en cuanto a los daños perseguidos, se resolvió acerca de las defensa previas, se dispusieron los hechos controvertidos y se procedió a la admisión tanto de la prueba documental como la testimonial (Imagen 586 del expediente judicial digital). 

 12.- En fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós, el asunto fue turnado a la Sección Quinta del Tribunal Contencioso Administrativo (Imagen 595 del expediente judicial digital).

13.- Mediante resolución del treinta de marzo de dos mil veintidós, se señaló las 8:30 horas del veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro para celebrar la audiencia de juicio, la cual debió dejarse sin efecto mediante resolución de las 14:13 horas del veintiocho de febrero de dos mil veintidós, ante pedido expreso de la representación del INDER por incapacidad médica de su apoderado (Imágenes 596, 625 y 626 del expediente judicial digital).

 14.- Nuevamente, el tribunal señaló para realizar la audiencia de juicio para el veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco, de lo cual se recordó a las parte en resolución de las 15:09 horas del cuatro de febrero de dos mil veinticinco, comunicándoles que el juicio oral se realizaría en modalidad mixta, pudiendo acudir ya sea presencial o virtualmente (Imágenes 635 y 643 del expediente judicial digital).

 15.- El día veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco, se realizó el juicio oral y público en este asunto en modalidad Virtual Mixta, a la cual todas las partes y los terceros interesados se conectaron vía Microsoft Teams, y, las tres personas juzgadoras estuvieron de manera presencial en la Sala uno del anexo A) del Segundo Circuito judicial de San José. Inicialmente, la representación de los actores indicó que sus testigos estaban en su oficina particular. Por su parte, la representación del INDER, presentó Prueba para Mejor Proveer consistente en un informe actualizado del estado de la propiedad, visible a imagen 660 del expediente judicial; además prescindió de sus testigos debido a la muerte de uno y la imposibilidad de traer al otro. Luego de dar audiencia a las partes acerca de lo manifestado respecto de los testigos y de la prueba ofrecida, el Tribunal procedió a resolver: - Respecto de los testigos de la parte actora, se explicó que se había indicado en la resolución de recordatorio a esta audiencia, que los testigos debían estar de forma presencial en el despacho, ello conforme a lo dispuesto en el Protocolo para la realización de audiencias en modalidad virtual de esta jurisdicción, emitido el veintinueve de julio de dos mil veinte, así como la necesidad del despacho de mantener aislados a los testigos de toda posible contaminación, por lo que se dispuso tener por inevacuable las deposiciones de los señores Bernardo Guzmán Muñoz y Marvin Jiménez Soto, dado que el abogado de la parte actora no cumplió con lo ordenado por el Tribunal en cuanto a traer a los testigos al despacho, evitando con ello una ventaja indebida, la necesidad de transparencia de poder tener aislado a los testigos para la pureza de sus declaraciones y tomando en cuenta que, la parte interesada no hizo ninguna gestión justificada al respecto. De lo resuelto, no se presentó ningún recurso o manifestación. Por otra parte, en lo tocante a los testigos del INDER, se aceptó la solicitud de prescindir de los mismos. Y, en cuanto a la prueba ofrecida, la misma fue admitida por el Colegio, al considerarla complementaria y actualización de la que ya fuera aportada a los autos. Debido a que no hubo declarantes que recibir, se pasó a la etapa de conclusiones, las que fueron rendidas de manera oral, por cada una de las partes y terceros (Ver minuta insertada al expediente electrónico, así como la grabación en audio y video).             

 16.- En el proceso ante este Tribunal no se han observado nulidades que deban ser subsanadas o que generen indefensión y la sentencia se dicta dentro del plazo establecido en el artículo 111 inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo y el artículo 82.1 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, previa deliberación de rigor y por unanimidad.

 Redacta el juez Giusti Soto con el voto afirmativo de la juzgadora Álvarez Molina y del juzgador Mena García;

CONSIDERANDO.

 I.- Hechos probados. De relevancia para efectos del presente proceso se tienen los siguientes: 1) Según plano inscrito en el Catastro Nacional bajo el número A-3284417-96, se describe el plano de la Parcela N° 28 de la Finca Altamira, propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario, cuya medida lo es de 33 hectáreas 6.109 metros con 75 Decímetros cuadrados (Folio 1 del expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). 2) La Junta Directiva del IDA, en el artículo XV de la sesión N° 002-00 del cinco de enero de dos mil veinte, adjudicó al señor José Torres Cerdas y la señora María Alvarado Alvarado, la parcela número 28 del asentamiento Altamira situado en Bijagua de Upala en la provincia de Alajuela (Folio 2 del expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). 3) El Jefe de la SubRegional del MINAE, Alexander León Campos, le comunicó el "Criterio Técnico" fechado 10 de setiembre de 2008, dirigido a la Jefatura Subregional de Upala del IDA, en el cual concluye, respecto de la parcela 28 del Asentamiento Altamira de Upala, que: "...la misma es un terreno forestal por cobertura (área de bosque) que debe ser traspasada al MINAE por parte del IDA...". Además indicó: "...el terreno se encuentra ubicado parcialmente dentro de la Zona Protectora Miravalles, por lo que es de interés nuestro que el IDA traspase cuanto antes estos terrenos..." (Folio 3 del expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). 4) En oficio OSU-518-2008 de 13 de octubre de 2008, el Encargado del Asentamiento y el Jefe Sub Regional de Upala, ambos del IDA, le comunicaron a los señores José Torres y María Ester Alvarado, que por inspección realizada a la parcela 28 que les fue adjudicada, se comprobó que no habían cumplido con las obligaciones que establece la Ley 2825, por lo que, a fin de normalizar su situación irregular y con fundamento en el artículo 68 de dicha ley le amonestaban por abandono injustificado de la parcela. En ese mismo acto, se les concedió ocho días naturales para que comparecieran a defender sus derechos. Al pie de dicho documento, aparece recibiendo la notificación la señora Alvarado Alvarado (Folio 8 del expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). 5) Mediante oficio N° OSU-624-2008 de 16 de diciembre de 2008, el Encargado del Asentamiento y la Coordinadora SubRegional, ambos del IDA, solicitaron a la Asesoría Legal Huertar Norte, el inicio de procedimiento administrativo en contra de los señores José Torres y Ester Alvarado, adjudicatarios de la parcela N° 28 del asentamiento Altamira, por la causal de abandono injustificado al tenor de lo dispuesto en el numeral 68 de la Ley del ITCO. Indicando que la propiedad está dentro de los límites de la zona protectora Miravalles. Además, manifestaron que existe una inspección al lugar, un informe del Minae y una amonestación (Folio 9 del expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). 6) En resolución del Departamento Legal de la Región Huetar Norte del IDA, de las 14:40 horas del 3 de junio de 2009, se dio inicio a procedimiento administrativo para la revocatoria de la adjudicación de la parcela N° 28 del asentamiento Altamira II, contra los señores José Torres Cerdas y María Ester Alvarado Alvarado, por la causal de abandono injustificado de la parcela según artículo 68 inciso 4, párrafo b) de la Ley 2825. Se indicó la prueba que constaba en autos , se hicieron las advertencias del caso y se citó para audiencia oral y privado el 31 de julio de 2009. Dicho acto le fue notificado a la señora Alvarado el 23 de junio de 2009 (Folio 22 del expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). 7) En expediente de revocatoria tramitado bajo el N° 495-09, de la Regional Huetar Norte del IDA, en fecha 31 de julio de 2009, en la audiencia oral citada, se recibieron tres testigos de la parte acusada. Así, el señor Álvaro Pichardo Espinoza, quien dijo ser vecino del señor Torres , pues él también es parcelero. Indicó que cuando él llegó al asentamiento ya el señor Torres tenía la parcela 28, que él lo vio cultivándola y que actualmente en la finca lo que hay es maíz y banano. Especifica que don José sembró unos 150 árboles que tienen unos 10 meses. Que en esa parcela existe una casa humilde, que la propiedad únicamente está cercada al frente. Confirmó que el señor Torres vive fuera del asentamiento, por lo que unos días va a la parcela y que lo ha visto cultivando y cuidando desde hace como ocho años y que se siembre por áreas. Dijo que nunca ha visto a otra persona trabajando en la finca. Que tampoco ha observado  personeros de MINAET. Calificó la propiedad como de tacotal. También se recibió la declaración del señor Bernardo Guzmán Muñoz, quien indica que es amigo del don José. Que él vive en una parcela en el mismo asentamiento. Manifestó que a veces pasa por esa parcela y ve trabajando a Torres. Que actualmente tiene sembrado maíz, caña, cuadrado y muchos árboles. Expresó que él le ha hecho jornales y que otros señores de nombre Fidel y Carlos trabajan en la parcela. Además, indicó que los del MINAET les han indicado que les van a quitar esas tierras, no les dicen que no puedan cultivar, pero si les prohíben cortar árboles. Finalmente se recibió el testimonio del propio José Torres Cerdas, quien indicó que hace como 20 años el IDA le dio la parcela, en la cual indicó vivía esporádicamente cuando tiene trabajo en ella, de lo contrario indica que vive en la casa de la suegra en el Barrio Los Ángeles carretera a Cañas. Que produce frijol, maíz , yuca, plátano, banano, caña, hortalizas y que tuvo como 15 cabezas de ganado que le robaron, que alquila además el pasto, cinco caballos que se le murieron. Manifestó que había construido un galerón como tipo soda para turismo. Que no ha podido cercar la parcela, pues no tiene dinero al no contar con un documento no ha podido tener créditos. Que tiene un proyecto de lechería y turismo, el cual no ha podido arrancar por falta de financiamiento. Indicó que ha estado pidiendo la escritura en Upala pero no ha recibido ayuda para ello. Que contrata peones cuando debe chapear. Que la propiedad no tiene bosque y que si tiene una hectárea de protección alrededor de una naciente y una quebrada. Que la parcela mide unas 13 hectáreas y que tiene cultivadas 10 hectáreas. Al finalizar su testimonio el abogado que lo acompañaba a esa diligencia, expresó que con lo dicho por el señor Torres y los otros dos testigos, se demuestra que la parcela no está en abandono y que, respecto del informe del MINAET, presentaría en los próximos días un informe técnico que lo desvirtúa, por lo que solicitó se archivara el expediente (Folios del 24 al 32 del expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). 8) El encargado de la zona protectora Miravalles del Ministerio de Ambiente y Energía, rubrico el llamado "Informe de campo, Inspección Patrullaje" fechado 11 de julio de 2009, ante denuncia teléfono realizada por personero del asentamiento Altamira de Upala sobre la corta de vegetación. Expresó que el día 8 de julio de 2009, durante la inspección divisaron que se había cortado con machete en días recientes todo el área que tenía tres o más años de recuperación de árboles. Que la chapia además en algunos sectores llegó hasta casi el límite de la zona protectora Miravalles, se cortó también vegetación de algunos sectores de protección de quebradas  y se pudo observar el arrastre de una troza de madera por espacio de unos 15 metros. Que conversaron con Marvin Jiménez quien dijo era el encargado de los trabajos en la parcela por lo que le trabajaba al señor Torres. En sus conclusiones indicó que los trabajos en ese lugar tienen como único interés el de eliminar la vegetación para aprovechar el área, pero indicó que se debe estar muy atento, pues de descuidarse podrían ingresar al área protegida. Y, recomendó que el terreno debe ser traspasado al MINAET por parte del IDA. Además, acompañó 8 fotografías tomadas el día de la inspección (Folio 36 del expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). 9) El encargado del asentamiento Francisco Alfaro Leiva, en oficio sin número fechado 28 de enero de 2010, le comunicó a la asesora legal del IDA, que realizó inspección de campo de la parcela N° 28 observando que el señor Torres construyó un galerón de aproximadamente 120 Metros de madera y zinc, y que ha realizado tala de árboles con macheteen áreas que tenía tres años o más de recuperación, tiene aproximadamente 2 hectáreas de charral que afectan la quebrada y los carriles de la zona protectora Miravalles. Observó aproximadamente 2 hectáreas de siembra de frijol de 22 días efectuadas por el señor Raúl Jiménez Salazar y Torres Cerdas. Tiene siembra de pasto mejorado Bombaza y el natural Ratan. También divisó sembrados de cuadrado, banano y plátano en estado de abandono y otro recién sembrado. Observó yuca en abandono, aproximadamente una hectarea de arboles maderables y frutales recién sembrados por los señores Torres y Jiménez, según indicaron algunos vecinos (Folio 34 del expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). 10) El Jefe de la Sub Región Bagaces Miravalles del MINAE, en oficio n° ACAT-SBM-OB-108-09 de 23 de setiembre de 2009, le informó la Coordinadora de la Subregional de Upala del IDA, que contra el señor Torres Cerdas, adjudicatario del asentamiento Altamira, en los años 1999, 2000 y 2001, fue pasado 4 veces a la Fiscalía por delitos de tala ilegal de madera, tala en terrenos de aptitud forestal, todos en terrenos del IDA (Folio 40 del expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). 11) El Jefe de la Sub Región Bagaces Miravalles del Sistema de Áreas de Conservación, emitió el informe pericial N° SBM-OB-112-09 de 29 de setiembre de 2009, denominado "Avalúo por daño ambiental" ello para la causa penal tramitada bajo el expediente N° 07-000852-0559-PE, seguida contra el señor José Torres Cerdas en perjuicio de los Recursos Naturales. Indica que el informe lo realiza para evaluar el impacto provocado al ambiente al desarrollarse una tala ilegal en área de 2 hectáreas de bosque con al menos tres años de sucesión, impactando el ecosistema boscoso y afectación en la zona de protección de una quebrada, teniendo afectación en el recurso hídrico. Determinando como valoración económica del daño total en ¢1.103. 376.44 (Folio 43 del del expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). 12) Mediante escritura pública número Ciento Ochenta y Dos, del Notario Mauricio Bolaños Delgado, en fecha nueve de febrero de dos mil diez, comparecieron los señores José Torres Cerdas, María Ester Alvarado Alvarado, y José María Jiménez Valverde, este último en su condición de Presidente de la empresa Sweters House de Costa Rica S.A. Manifestando los dos primeros que al ser propietarios del inmueble sin inscribir con una medida de ciento treinta y seis mil seiscientos nueve metros cuadrados, de dicho inmueble segregan y venden un lote por un valor de dos millones de colones al tercer compareciente comprador (Folio 73 del expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). 13) El encargado del asentamiento y el Jefe Subregional de Upala del IDA, en oficio N° OSU-175-2010 de 6 de mayo de 2010, dirigido a los señores José Torres Cerdas y María Alvarado Alvarado, adjudicatarios de la parcela N° 28 del asentamiento Altamira II etapa, le indican que basado en oficios del MINAET realizadas inspecciones en la parcela, se ha determinado que se han incumplido las obligaciones establecidas en la Ley de Tierras y Colonización, artículo 68, inciso f), párrafo 4 y que existe a la fecha expediente de denuncia ante la Fiscalía por tala ilegal de árboles. Que además, existe documento en poder de esa sub regional sobre la venta ilegal de una parte de la parcela 28 que realizaran a la empresa Sweters House de Costa Rica S.A., lo que contraviene el artículo 67 de la misma ley. Por lo que anula la amonestación que contempla el oficio N° OSU-518-2008 de 13 de octubre de 2008 y en su lugar se endereza el procedimiento administrativo de revocatoria contra la parcela N° 28, imponiéndole amonestación y otorgándole 8 días naturales para ejercer su defensa, y que, de lo contrario se dará inicio a un proceso de revocatoria de la adjudicación. Al final del documento aparece constancia del notificador del IDA, Francisco Alfaro Leiva, que indicó que los señores Torres y Alvarado recibieron la notificación, pero que no quisieron firmarla (Folio 57 del expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). 14) En oficio N° OSU-279-2010 de 14 de julio de 2010, el encargado del Asentamiento y la Coordinadora Subregional del IDA, atendieron "apelación" presentada por los señores Torres y Alvarado el 24 de junio de 2010 (Folio 59 del expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). 15) En oficio N° OSU-289-2010 de 20 de julio de 2010, el encargado del Asentamiento Altamira II y el Coordinador Sub Regional Huetar Norte del IDA, le solicitaron a la asesora legal de esa Sub Regional, iniciar revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 de Altamira II, etapa 144, debido a la violación de los artículos 67 y 68 de la Ley del ITCO, ante la venta realizada por los adjudicados de parte de la parcela a una empresa privada. Además indican que la parcela para esa fecha está en estado de abandono por los señores Torres Cerdas y Alvarado Alvarado. Advirtiendo que según los planos de este asentamiento el mismo está ubicado en parte de la zona protectora Miravalles (Folio 71 del expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). 16) En resoluciones de las 09:40 y 13:28 horas del 22 de agosto de 2011, el Departamento legal de la Regional Huertar Norte del IDA, inició procedimiento ordinario administrativo de revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del asentamiento Altamira II, contra el señor José Torres Cerdas y María Ester Alvarado Alvarado, sustentado en los artículos 67 y 68 párrafo 4, incisos b) y f) de la Ley N° 2825. Se indicó la existencia de los documentos que constan en el expediente administrativo. Citando a las partes para comparecencia el día 22 de setiembre de 2011, realizando las prevenciones del caso, incluso la advertencia de que contra dicho acto se podría presentar recuso de revocatoria. Al pie de dichos documentos aparecen las firmas de recibida la notificación respectiva de los señores Torres y Alvarado el día 26 de agosto de 2011 (Folios 84 y 86 del expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). 17) A las 9 horas del 22 de setiembre de dos mil once, como parte del procedimiento, en audiencia oral y privada, se recibió el testimonio de la señora María Ester Alvarado Alvarado, quien manifestó que vive en Upala desde hace como treinta años y que hace 20 años el IDA les otorgó una parcela la cual sembraron con arroz, frijoles, yuca y plátano. Que actualmente tiene pasto, yuca, cuadrado. Indica que al inicio ella le ayudaba a su esposo, pero que luego dejó de hacerlo y que hace como un año fue a la finca y no ha vuelto a ir. Dice no conocer al señor José María Jiménez Valverde. Manifestó que no ha firmado ninguna venta de la parcela. Que ha visto la zona de bosque y que está cuidada. Que el Minae le ha puesto denuncias a su esposo por tala de árboles y cree que el proceso está paralizado. Y, se refirió a un negocio de un carro. De seguido,  declaró el señor Torres Cerdas, quien indicó que es esposo de doña Ester. Que ahora en la parcela hay pasto, yuca en pequeñas cantidades, cuadrado, cacao y naranjas que se las comieron las hormigas, tenía ganado que se lo robaron. Indica que él vive de lo que siembra, pues no tiene otro ingreso. Dijo conocer al señor José María Jiménez Valverde, que es un comerciante de carros y representante de una empresa, quien le dijo que le daba un carro y comenzaban un negocio de turismo en un lote que él tiene desde hace 35 años pero solo tiene posesión, pero los del IDA y el Minae se unieron y no los dejaron construir las cabinas, dice que ese lote es de calle de por medio con la parcela y que mide aproximadamente hectárea y media. Que no ha podido hacer tramite de información posesoria por falta de dinero. Expresa recibir torturas del IDA, el Minae y la policía, que esta última llegó a pegarle una noche. Que lo condenaron a 6 años de cárcel y que cumplió como hace dos años y por eso los señores que querían hacer el negocio de turismo no siguieron por el peligro. Que le llegó el rumor que los del IDA le querían quitar la parcela para dársela a un señor Wilberth del Minae. Que ha solicitado desde hace 20 años al IDA que le den escritura pero no lo hacen. También aceptó conocer a Luis Fernández Moreno, Marvin Jiménez Soto y Carlos Vargas y Raúl Jiménez Soto, que él les ha dado la parcela 28 para trabajar en sociedad, que les alquila un pedazo para que ellos siembren en su propiedad, lo que ha hecho como en tres ocasiones. Manifestó que él no le ha sacado plano a ese lote de dos hectáreas que negoció con la gente de Cartago, todo por falta de dinero. Seguidamente, rindió testimonio el señor Alvaro Pichardo Espinoza, expresó que vive en Bijagua, conoce la parcela 28 la que está sembrada de pasto como en tres hectáreas y media, además tiene cuadrado y banano, así como árboles maderables. Que escuchó que hace unos años el señor José tuvo problemas con el Minae por una tala de árboles. Indica que se ha dado cuenta que los vecinos le tiene mala fe a don José y que el lote que él limpio para la venta está fuera de la parcela del señor Torres, pues el conoce el lindero y no es parte de la parcela 28. Finalmente, también declaró el señor Bernardo Guzmán Muñoz. Indicó que conoce a José Torres desde hace 20 años, que él también es parcelero y que la 28 la trabaja Torres. Dijo desconocer sobre la venta de un lote para turismo, y que de haberlo hecho se lo habría contado José Torres. Expresó que José Torres le ha dado "jornales", pero ahora no (Folio 88 del expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). 18) El 2 de setiembre de 2011, el señor Torres Cerdas y la señora Alvarado Alvarado, dieron poder especial al abogado Jorge Roberto Segnini Villalobos, para que los representara en el procedimiento administrativo (Folio 95 del expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). 19) En audiencia oral y privado del procedimiento administrativo de revocatoria de adjudicación, en fecha 24 de enero de 2012, con la presencia del señor Torres Cerdas y su abogado, se recibió la declaración del señor Minor Ulises Soto Villalobos, quien indica tener la parcela 12 del asentamiento Altamira y que se ubica frente a la 28. Dijo que observa en la parcela 28 el ganado del señor Raúl Jiménez. Del señor Torres dice que ayer lo vio en la parcela y que tiempo atrás si la estuvo trabajando. Indica que no le consta que esa parcela esté siendo trabajada por otra persona, ni que la vendieran. Se recibió además al señor Julio Alberto Quirós Valverde, quien indica ser funcionario del SINAC, con treinta años de servicio. Que conoce al señor Torres y la parcela 28, que la ha recorrido y que ha existido tala ilegal de árboles, lo cual ha sido denunciado ante los tribunales. Que no le consta que el Minae haya tratado mal a don José. Que en el 2009 aparecieron unos señores que dijeron ser de bienes raíces e indicaron que habían comprado una parte de la R2 y de la 28. Que la R2 es una parte reservada del IDA que tiene para traspasarle al Minae y que le consta que en el 2003 el ministerio le pidió al IDA el traspaso de la parcela 28 por ser Patrimonio Natural del Estado de la zona de Miravalles. Por otra parte, se recibió la declaración del señor José Pablo Sandoval García, indica que habita en el asentamiento en la parcela 23 de don Juan Leitón, como desde hace 13 años, y que la parcela 28 se ubica a seiscientos metros. Que desde la calle observa en la parcela 28 pasto, que sí ha visto a José Torres trabajando la parcela. Expresó que José Torres le dijo que sí había vendido la parcela, pero no le dijo a quién (Folio 115 del expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). 20) El 24 de enero de 2012, el órgano director del procedimiento realizó inspección de la parcela 28 a solicitud de parte, encontrándose dos vacas y dos terceros que el señor Torres dijo que eran de Raúl Jiménez a quien le alquila. Observaron una "Rancha" de madera, sin paredes, piso de tierra, sin menaje, y sin estar habitado. Alrededor de la rancha apreciaron plantas ornamentales (palmeras), arboles de guayaba silvestre, unas matas de plátano sin mantenimiento, una parte limpia de la parcela como de dos manzanas sin cultivos, en lo cual el señor Torres dice que lo va a sembrar de frijoles y maíz. En otra parte de la finca se observan unas 11 matas de cuadrado de aproximadamente dos años de sembradas. Tres cuartos de manzana están sembradas de pasto bombazo, manifestando el señor Torres que esa siembra la realizó con Raúl Torres su amigo. Observaron matas de banano en mal estado, al costado norte se encuentra chapeada a la par de la servidumbre. Se indica que el señor Torres mostró el lote que él negoció por un "carrito", indicando que el señor José María se quitó del trato pues esa área está dentro del Área del Minae (Folio 122l expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). 21) Mediante resolución del 26 de setiembre de dos mil doce, el órgano instructor, consideró la necesidad de traer al procedimiento como testigo al señor Wilberth Quesada Valverde, a quien se le recibió testimonio el día 9 de octubre de 2012, quien indica que trabaja para el Minae desde hace 20 años, que conoce la parcela del señor Torres que es la N° 28 del asentamiento Altamira en la que ha realizada varias inspecciones. Que él personalmente presentó denuncia contra el señor Torres por eliminación de sotobosque, y otra por invasión a área de conservación, pero que desconoce que pasó con esas denuncias. Dijo que desde antes del decreto parte de la parcela está en área protegida y luego de realizar el carril correspondiente quedo dividida y una parte quedó fuera del área. Que varias veces él vio al señor Torres talando árboles y le habló al respecto. Que en el 2005 el señor Torres le dio un poder al señor Walter Loría Rodríguez, dueño del aserradero de Bijagua, para que sacara un permiso de aprovechamiento de árboles el cual le fue rechazado. Que en varias visitas a la parcela 28 y que últimamente al que ha visto ahí es al señor Marvin Salazar  conocido como Gavilán y que éste le dijo que había negociado el terreno con el señor Torres, sin indicar que clase de negocio, pero que el interés era hacer un proyecto de turismo (Folio 127 del expediente administrativo administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). 22) En resolución del 26 de setiembre de dos mil doce, ante el pedido del abogado del señor Torres, se dispuso traer al testigo Marvin Jiménez Salazar conocido como Gavilán. Quien rindió su declaración el día 7 de febrero de 2013, indicando que no colinda con la parcela 28, ni tiene negocios con el señor Torres Cerdas y que si estuvo en la parcela en una vista de los del Minae. Que le dio consejos al señor Torres como sembrar árboles alrededor de la naciente, dejar los árboles del río para conservarlo. Que don José Torres le comentó que había una persecución en su contra por el IDA, que a otros vecinos les dan semillas e insumos y a Torres no. Indicó desconocer que el señor Torres diera en arrendamiento la parcela. Manifestó que su hermano Raúl, quien también es parcelero y que tenía ganado a medias con don José (Folios 130 y 151 del expediente administrativo administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). 23) En oficio N° DRHN-AL-086-2013 de 27 de mayo de 2013, la asesora legal de la Región Huetar Norte del INDER, le presentó al Secretario de la Junta Directiva de esa institución, un cuadro resumen del caso y una proyecto de resolución (Folio 157 del expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). 24) La Junta Directiva del INDER, en sesión ordinario 023-2013 del 24 de julio de 2013, en su artículo 35, tomó la decisión de revocar la adjudicación de la parcela N|°28 del asentamiento Altamira por la causal de venta sin autorización del IDA,  abandono injustificado y  por la falta reiterada para la conservación de los recursos naturales. Resolución que le fue notificado al señor Torres y la señora Alvarado el 13 de setiembre de 2013 (Folios 179 y 189 del expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). 25) El día 10 de noviembre de 2013, ante el INDER, los señores Torres y Alvarado, presentaron recurso de apelación jerárquico impropio contra la resolución final del INDER de las 13 horas del 16 de agosto de 2013. El Inder, el 12 de noviembre de 2013, remitió la apelación ante el Tribunal Agrario del Segundo Circuito de San José (Folios 193 y 202 del expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). 26) El Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, en voto N° 1211-F-2013 de las 16:39 horas del veinte de diciembre de 2013, rechazó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto. El apoderado legal de los señores Torres y Alvarado, ante el Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, presentó recurso de revocatoria contra le Voto N° 1211-F-2013, lo que fue rechazada mediante el Voto N° 745-F-14 de las 16:21 horas del 29 de agosto de 2014 (Folios 236, 243 y 250 del expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). 27) Según documento N° INDER-GG-DRT-RDHN-OTUP-414-2021, fechado 16 de setiembre de 2021, el jefe de la oficina desarrollo territorial de Upala del INDER, manifestó que según inspección realizada a la parcela N° 28 del asentamiento Altamira, se encontró que la parcela se encuentra cubierta casi en su totalidad de bosque secundario, en pendiente y gran cantidad de riachuelos. Que a la mitad de la parcela, en la parte plana se encuentra un portillo y en un espacio menor a una hectárea, hay una construcción de rancho cerrado con zinc, recientemente reparado o reconstruido con madera aserrada de la parcela. se aprecian unas dos vacas y un caballo pastando, no se observa ningún tipo de cultivo, ni personas en ese momento, pese a que la rancha está habitada. Que consultados vecinos, quienes no se identifican por temor a represalias, quienes indicaron que hace más de 10 años no se ve al señor Torres en la parcela. Un vecino afirmó que la propiedad se la vendió el señor Torres a Marvin Jiménez Soto quien visita la parcela ocasionalmente, pero que quien la ha estado limpiando y regando herbecida es el señor Raúl Jiménez Soto quien realizó mejoras al rancho y que ahí tiene a un cuidador que llega después de las 4 pm. Se indica además que el señor Raúl Jiménez es beneficiario del asentamiento en su parcela N° 5, con el cual se intentó localizar a un celular, pero que no lo atendió, y no fue habido en su casa. En oficio N° INDER-GG-DRT-RDHN-OTUP-OFI-0149-2025, fechado 17 de marzo de 2025, el Técnico encargado de asentamientos y un funcionario de OTUP, del INDER, en visita realizada a la parcela 28 del asentamiento Altamira, determinaron que el predio tiene unas 3 hectáreas de pasto natural donde pastorean cinco semovientes, que según algunos vecinos los animales son propiedad de Raúl Jiménez, y que los señores Torres y Alvarado no realizan ningún tipo de explotación en el lugar. Que encontraron un mateado de banano y caña de azúcar, se ubica un rancho de unos 64 Mts en mal estado y el resto del área presenta en su mayoría bosque primario, con árboles maderables como Corteza, Pilón, Yema de Huevo, Guayabo de montaña, Kisarra y otras especies. Observaron además que se encuentra cercado con púas solo en el lindero norte a tres hilos. Y, hay un área de humedal de unos 300 a 500 metros cuadrados con flora característica y que en el área boscosa permite el tránsito de especies de fauna mayores al identificarse huellas de puma o jaguar (Imágenes 582 y  662 del expediente judicial digital).

 II. Hechos no probados. De relevancia para efectos del presente proceso se tienen los siguientes: 1) Que el señor José Torres Cerdas y,o la señora María Ester Alvarado Alvarado, realizaran gestiones formales ante el IDA o luego el INDER, previas al inicio del expediente administrativo en su contra, o durante el mismo, tendientes a obtener la escritura correspondiente de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala. (No se ha comprobado esa circunstancia). 2) Que el lote que aparecen vendiendo los señores Torres y Alvarado a la empresa Sweters House de Costa Rica S.A. en el año 2010, sea distinto a la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala (No se ha comprobado esa circunstancia). 3) Que los señores Torres Cerdas y,o la señora Alvarado Alvarado, hubiesen poseído otro terreno en la misma zona de Bijagua, anterior a la adjudicación a ellos de la parcela N° 28 en el Asentamiento Altamira II de Upala de Alajuela en el año dos mil  (No se ha comprobado esa circunstancia). 4) Que efectivamente se hubiese dado un "negocio" con un "Carrito" entre el señor Torres Cerdas y cualquier otra persona, para poder desarrollar en la parcela algún desarrollo turístico  (No se ha comprobado esa circunstancia).  5) Que contra el señor Torres Cerdas se hubiese dado persecución por parte de personeros del IDA, ahora INDER, o del Minae (No se ha comprobado esa circunstancia). 6) Que el señor Torres o la señora Alvarado, hubiesen realizado gestiones ante órganos o entes financieros, privados o públicos, para obtener financiación para un proyecto turístico a desarrollar en la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala (No se ha comprobado esa circunstancia).

 III.- Objeto del proceso. Analizadas las alegaciones y peticiones de las partes involucradas en este conflicto, se determina como un proceso mixto, en el cual se solicita la declaración de Caducidad, y varias nulidades dentro del procedimiento administrativo seguido en contra de los actores. Además, se pide ordenar al INDER traspasar la propiedad de la parcela en disputa a nombre de los demandantes. Y, la condena en daños y perjuicios.

 IV.- Alegatos. La parte Actora aduce que son poseedores desde hace más de 20 años de la Parcela N° 28 del Asentamiento Campesino Altamira, II etapa, sito en Bijagua, Upala, Alajuela. Mide 13 hectáreas 6.109.75 metros. Manifiestan que la parcela les fue adjudicada por el IDA por acuerdo de su Junta Directiva N° 15, artículo XV, sesión N° 002-00 del 5 de enero de 2000. Que en el inmueble han desarrollado agricultura de frijoles, maíz y plátano, así como ganadería de doble propósito, para lo cual han sembrado pasto de la especie Breachiara, Brizantha y Mombaza. Que el 15 de enero de 2008, en oficio OSU-624-2008 la oficina del IDA de la región Huetar Norte, inició procedimiento de revocatoria de adjudicación de la parcela que ocupan. Indican que ya les habían realizado una amonestación del 21 de octubre de 2008. Y el 23 de junio de 2009 les notificaron la resolución de traslado de cargos del procedimiento, siendo que, entre la amonestación y el traslado de cargos el expediente administrativo estuvo inactivo por 8 meses. Que el 31 de julio de 2009 se recibió la prueba. Y no hubo resolución final sino hasta el 14 de octubre de 2013. Y, aducen, que estando en trámite ese procedimiento, el 28 de agosto de 2011 les vuelven a notificar del traslado de cargos para revocar la misma parcela, retomando las mismas causales de abandono injustificado y la falta reiterada a las normas legales de conservación de los recursos naturales, que de nuevo se recibe prueba el 22 de setiembre de 2011, no obstante se vuelve a señalar para recibir prueba el 24 de enero de 2013 para prueba ofrecida por el IDA que no lo había realizado en el anterior ocasión.  Que el 16 de agosto de 2013, en acuerdo de la Junta Directiva, artículo 35, sesión ordinaria 023-213 del 24 de junio de 2013, se dictó la resolución final de las 13 horas del 16 de agosto de 2013 en el expediente administrativo N° 495-09, la cual se notificó el 14 de octubre de 2013 vía fax, sea más de ocho meses después de iniciar el procedimiento, por lo que consideran opera la caducidad. En fecha 22 de octubre de 2013, presentaron recurso de apelación en jerarquía impropia contra la resolución final, del cual el Tribunal Agrario del segundo circuito judicial de San José, en Voto N° 1211-F-2013 del 20 de diciembre de 2013 rechazó por extemporáneo, lo que consideran fue resuelto contrario a derecho, pues el computo del plazo de los cinco días que tenían para presentar el recurso fue mal realizado, pues la resolución final se notificó el 14 de octubre de 2013 vía fax, por lo que se tenía por notificado el día siguiente, y el miércoles 16 de octubre iniciaba el plazo, por lo que si presentaron la apelación en plazo, y con el rechazo los dejaron en indefensión. Que en la resolución final del IDA se cometieron yerros: a) el procedimiento inicio con violación al artículo 68 punto 4 inciso b) de la ley de Tierras y Colonización. b) Entre los hechos tenidos por probados se acredito la posesión efectiva que ellos han tenido de la parcela con su actividad agrícola y ganadera, mencionando inclusive varias inspecciones del MINAET, quien indicó que la parcela tenía un 90% de terreno de bosque, lo que consideran una apreciación muy parcializada por los intereses sobre el terreno. Además se tuvo por probado una supuesta venta parcial de la parcela, lo que no es cierto, pues la venta fue de otro lote.              

 V.- Por su parte, la Demandada INDER rechaza que los actores sean poseedores, pues en inspección realizada por la oficina de Upala en febrero de 2010 determinaron que la siembra de frijoles de aproximadamente 2 hectáreas la había realizado Marvin Jiménez Salazar. Luego, en una vista de la jefa de la oficina subregional se comprobó una venta ilegal ya que encontraron a un topógrafo y dos personas que indicaron que habían comprado dos hectáreas de la parcela N° 28 al señor José Torres. Que en sus declaraciones en sede administrativa, el señor Torres indicó que iba esporádicamente a la parcela, aunado a que en inspecciones se determinó que los cultivos eran de terceras personas y que para el 11 de setiembre de 2014 no se observaron cultivos, ni pastos, únicamente ganado que le pertenecía a un vecino. Que el 16 de diciembre de dos mil ocho se inició el procedimiento de revocatoria de la parcela 28 lo que llevó a una amonestación y traslado de cargos, que el expediente estuvo inactivo, tiempo que no cuenta, pues el procedimiento se enderezó anulándose todas las resoluciones anteriores para dar inicio a otro procedimiento sumándose dos causas más la venta ilegal y el abandono de recurso naturales, sin que se haya dado violación al debido proceso. Rechazan que haya operado caducidad, ya que la investigación inicio en el 2008, pero el expediente se mantuvo activo con audiencias, inspecciones e investigaciones que han tenido que ver con la gravedad del caso, como la tala de árboles en zona protectora que llevó al señor Torres a la vía penal. Incluso indican que el procedimiento administrativo se atrasó pues los actores pedían prueba, se les citaba, pero luego pedían el traslado de la fecha. Aluden que la posesión no ha sido efectiva, pues la parcela la han laborado y producido otras personas. Incluso al hacer el primer informe se determina el total abandono de la parcela. Que solo se construyó una galera de un supuesto proyecto turístico que no se realizó. Que según el Minae el terreno se encuentra dentro de los límites de la zona protectora Miravalles, decretado así desde 1991 según el decreto 20172-MINAE, en el cual la parcele se le calificó como bosque en 90% de bosque nativo con especies propias de la zona. Indica que el terreno se debe traspasar al MINAE para consolidar el Patrimonio Natural del Estado, siendo que desde setiembre de 2014 los terrenos están siendo resguardados por esa institución.

 VI.- Sobre el fondo. A) Aclaración inicial. Si bien, la parte demandada y, en mayor grado las instituciones interesadas, sin pretensiones propias, hicieron mención enfática al tema de que la propiedad que aquí se discute, sea la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira II, ubicada en Bijagua de Upala provincia de Alajuela, en torno al tema del Patrimonio Natural del Estado (PNE), ya que insistieron que desde antes de ser adjudicada a los aquí actores, dicho fundo estaba comprendido dentro de la Área Protectora Miravalles (Decreto Ejecutivo N° 20172-MINAE) y que por ello, en aplicación de la Ley Forestal debía ser trasladada a la institución encargada de conservar los recursos naturales, lo cierto es que, como se indicó, ninguno de los terceros que han tomado parte en esta litis dispusieron a favor de sus representadas pretensión alguna, ni el objeto de la demanda determinó solicitud al respecto, por lo que, en lo tocante a este aspecto, si bien aludido argumentativamente, no será tomado en cuenta para resolver el asunto que nos ocupa, por su desvinculación con el norte que debe seguirse en una demanda de conocimiento en esta jurisdicción contenciosa administrativa. B) Acerca de las pretensiones esbozadas en la demanda. En este considerando de fondo, se procederá a analizar y resolver cada una de las pretensiones que la parte actora fijó tanto en su demanda, como en la audiencia preliminar. Así: B-1: Peticiones Primera y Segunda. En ese sentido, la parte actora dispuso: "1- Con lugar en todos sus extremos, la presente demanda. 2- La Caducidad del proceso Ordinario de Revocatoria de Adjudicación de la Parcela N° 28 del Asentamiento Altamira, II Etapa (A-144), del expediente Administrativo N° 495-09, Tramitado por el INDER, Región Huetar". Se debe indicar que la primera es la típica pretensión general de dar con lugar a la demanda, lo cual, podrá verse como resultado, luego de estudiar y resolver el resto de las peticiones que conforman el objeto de este proceso. Por otra parte, se pide la aplicación del instituto de la Caducidad Administrativa dispuesta en el numeral 340 de la Ley General de la República, el cual establece: "Artículo 340. 1) Cuando el procedimiento se paralice por más de seis meses en virtud de causa, imputable exclusivamente al interesado que lo haya promovido o a la Administración que lo haya iniciado, de oficio o por denuncia, se producirá la caducidad y se ordenará su archivo, a menos que se trate del caso previsto en el párrafo final del artículo 339 de este Código. 2) No procederá la caducidad del procedimiento iniciado a gestión de parte, cuando el interesado haya dejado de gestionar por haberse operado el silencio positivo o negativo, o cuando el expediente se encuentre listo para dictar el acto final. 3) La caducidad del procedimiento administrativo no extingue el derecho de las partes; pero los procedimientos se tienen por no seguidos,  para los efectos de interrumpir la prescripción". La parte demandante, no de forma clara, alude que en el procedimiento seguido en su contra tramitado bajo número 495-09 por la oficina de Upala del otrora IDA, ahora INDER, siendo que es en sus hechos Cuarto y Quinto de la demanda, en donde argumenta que el procedimiento iniciado en su contra para declarar la revocatoria de la adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira, se inició el veintitrés de junio de dos mil nueve, cuando se les dio traslado de la investigación administrativa, recibiéndose prueba, y, sin que hubiera resolución final, arguye, que en agosto de dos mil once, se notifica un segundo traslado de cargos, se vuelve a recibir prueba y no es sino hasta agosto de dos mil trece que la Junta Directiva resuelve revocar la adjudicación acaecida desde el año dos mil, razones por las cuales pide que se aplique la Caducidad. Estas argumentaciones, no pueden ser de recibo por parte de este Tribunal, ya que además de escuetas, carentes de un hilo integral para poder comprender lo sucedido, y aunado a la falta de determinación concreta de cuándo sucedió específicamente la paralización del tiempo procesal achacado a la administración, obliga a este Colegio a entender que el tiempo transcurrido desde el inicio del procedimiento y hasta su resolución final, pasando por un "nuevo" traslado de cargos, es lo que se impugna. En ese sentido, vale la pena indicar que, la Junta Directiva del IDA, en el artículo XV de la sesión N° 002-00 del cinco de enero de dos mil veinte, adjudicó al señor José Torres Cerdas y la señora María Alvarado Alvarado (ambos aquí actores), la parcela número 28 del Asentamiento Altamira situado en Bijagua de Upala en la provincia de Alajuela (ver hecho probado numerado dos de esta sentencia). Posterior a lo cual, ya en el año de dos mil ocho, específicamente en el mes de octubre, el Encargado del Asentamiento y el Jefe Sub Regional de Upala, ambos del IDA, le comunicaron a los señores José Torres y María Ester Alvarado, que por inspección realizada a la parcela 28 que les fue adjudicada, se comprobó que no habían cumplido con las obligaciones que establece la Ley 2825, por lo que, les amonestaron con fundamento en el artículo 68 de esa Ley, por abandono injustificado de la parcela adjudicada a ellos, otorgándole ocho días para que ejercieran su derecho de defensa (Folio 8 del expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). Posteriormente, esos mismos funcionarios, solicitaron  a la Asesoría Legal de la Regional Huetar Norte del IDA, que se iniciara procedimiento contra los señores Torres y Alvarado, precisamente por la violación del artículo 68 de la Ley 2825 sustentado en lo indicado por el MINAE, una inspección realizada por el IDA y la amonestación notificada (Hecho 5 de esta sentencia), y por ello, es que en resolución del Departamento Legal de la Región Huetar Norte del IDA, de las 14:40 horas del veintitrés de junio de dos mil nueve, se dio inicio al procedimiento administrativo tendiente a la revocatoria de la adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira II, contra los señores José Torres Cerdas y María Ester Alvarado Alvarado, por la causal de abandono injustificado de la parcela según artículo 68 inciso 4, párrafo b) de la Ley 2825 (hecho probado 6 de esta sentencia). Siendo que, para el treinta y uno de julio siguiente, en la audiencia oral y privada se recibió la declaración de testigos, en especial de la parte actora, quien contó con el patrocinio legal correspondiente (Folios del 24 al 32 del expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). Luego, se recibió un informe derivado de una inspección realizada el once de julio de dos mil nueve, emitido por el encargado de la Zona Protectora Miravalles del Ministerio de Ambiente y Energía, en el cual se daba una alarma de posibles incursiones en la zona protectora y tala de árboles en la parcela en cuestión (Hecho probado octavo), lo que confirmó un funcionario del mismo IDA en oficio fechado veintiocho de enero de dos mil diez, además de describir el estado a ese momento de la parcela (Folio 34 del expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala); así como el informe de las ocasiones en que el señor Torres había sido pasado a la Fiscalía por delitos de tala de árboles, incluso se tuvo constancia en el expediente administrativo de revocatoria, de la existencia de un "Avalúo por daño ambiental" relacionado con el terreno adjudicado a los aquí actores (hechos probados décimo y décimo primero). No obstante el devenir normal del procedimiento hasta ese momento, se presentó un hecho que varió totalmente el panorama de la investigación, ya que consta en los autos administrativos, escritura pública número Ciento Ochenta y Dos, del Notario Mauricio Bolaños Delgado, en fecha nueve de febrero de dos mil diez, en la cual comparecieron los señores José Torres Cerdas, María Ester Alvarado Alvarado, y José María Jiménez Valverde, éste último en su condición de Presidente de una empresa, momento en el cual los primeros venden al segundo un lote ubicado en la misma localidad del Asentamiento Altamira, del cual los vendedores dijeron ser poseedores sin título (Folio 73 del expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). Y es que, como se puede denotar con claridad, ese hecho varió las condiciones originales del inicio del procedimiento, ya que, como se ha indicado, en ese solo se imputaba la causal de abandono de la parcela adjudicada, según lo dispuesto por el numeral 68 de la Ley del ITCO, siendo que ahora, estaba de por medio, no solo la venta mencionada, sino además el mal uso de los recursos naturales, aspectos que, por los informes mencionados arriba, hicieron que se tuviera que intimar acerca de esos nuevos hechos, por lo que el IDA en ese momento, tomó la decisión de dejar sin efecto la amonestación aplicada anteriormente y que había dado pie al inicio del otrora procedimiento; y en su lugar, mediante oficio del encargado del asentamiento y el Jefe Subregional de Upala del IDA, N° OSU-175-2010 de seis de mayo de dos mil diez, dirigido a los señores José Torres Cerdas y María Alvarado Alvarado, les comunicó que se suprimía la anterior amonestación, que en ese mismo acto emitían otra ahora por la causal del artículo 87 de la misma ley Ley 2825, y reiterando la del artículo 68, inciso f), párrafo 4, ver folio 57 del expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala. Con lo cual, para el veintidós de agosto de dos mil once, el Departamento Legal de la Regional Huertar Norte del IDA, inició procedimiento ordinario administrativo de revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira II, contra el señor José Torres Cerdas y María Ester Alvarado Alvarado, sustentado en los artículos 67 y 68 párrafo 4, incisos b) y f) de la Ley N° 2825 (Folios 84 y 86 del expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). Sea que, para este Tribunal, la situación sobrevenida con la supuesta venta de una parte del terreno adjudicado, o sea, disponiendo de un bien que por ley no era posible hacerlo, por las limitaciones de ley de estos bienes inmuebles que le han sido adjudicados a beneficiarios campesinos por el anterior IDA, precisamente para un destino agrícola y ganadero, sin que, por un espacio de tiempo (15 años) pudieran disponer del bien. Aunado a informes que daban mérito respecto del mal uso de recursos naturales con la corta de árboles y avances en terrenos de protección, aspectos que, ameritaron la necesaria extensión de la imputación de los cargos, ya sea que se entienda como una continuación del procedimiento iniciado en el año dos mil nueve (tesis de la parte actora), o de uno nuevo, lo cierto es que en el iter procedimental administrativo, nada impide que, ante el surgimiento de nuevos hechos (Ver artículos 221 y 306 de la LGAP), se impida la continuación, pero con el necesario enderezamiento; o el inicio de un nuevo procedimiento, siendo a criterio de estas personas juzgadoras, por lo actuado, que lo que se dio en la especie fue esa última situación, ya que, al dejarse sin efecto la anterior amonestación, e imponer otra, basado ahora en los nuevos hechos, dio pie al surgimiento de otro traslado de cargos que se diera el veintidós de agosto de dos mil once (ver hecho probado 16), momento procesal en el cual se intimaron todos los hechos, incluido el nuevo, se mencionó la prueba existente en su totalidad, se dio oportunidad de defensa y de acceso al expediente. Incluso, en este nuevo procedimiento, contrario a lo alegado por la parte actora, se realizó audiencia el veintidós de setiembre de dos mil once, se volvió a recibir la prueba ofrecida por los investigados, siendo que esta ocasión la señora Alvarado sí declaró, así como el señor Torres y otros testimonios ofrecidos por la defensa de los investigados, contando con la presencia de su abogado en todo momento (Hecho probado 17). Posterior a ello, tanto la administración, como la propia defensa de los señores Torres y Alvarado, solicitaron más prueba (ver hechos probados 18 y19), aunado a una inspección realizada por el órgano director del procedimiento de enero de dos mil doce (Folio 122 expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). Por ello, el nueve de octubre de dos mil doce y el día 7 de febrero de 2013, respectivamente, fueron recibidas las declaraciones del testigo traído de oficio, el señor  Wilberth Quesada Valverde, y el testimonio del declarante ofrecido por la parte investigada, el señor Marvin Jiménez Salazar (Hechos probados 21 y 22). Finalmente, la recomendación emitida por el órgano director lo fue del veintisiete de mayo de dos mil trece y la resolución final del procedimiento emitida por la Junta Directiva, lo fue el veinticuatro de julio de dos mil trece. Así las cosas, del análisis resumido de lo acontecido en el procedimiento administrativo (pero que se puede ver en su totalidad en los hechos tenidos por probados en esta sentencia), no encuentra este Tribunal espacio igual o superior a seis meses durante el cual estuviera paralizado el procedimiento que se le pueda achacar a la Administración, ya que, como se ha podido determinar, el IDA, hoy INDER, fue bastante diligente en su actuaciones, por lo que, ante la falta de precisión del momento exacto en que considera la parte actora se dio la violación para aplicar el artículo 340 de la LGAP, y siendo que, como se indicó, fue necesario iniciar nuevamente el procedimiento, ante el advenimiento de un hecho posterior y controversial de la propia parte investigada, que ameritaba la ampliación de la imputación, así se hizo con el respeto a la garantía constitucional del debido proceso derivado del artículo 39 y 41 de la Carta Magna y de la jurisprudencia reiterada iniciada con la sentencia número 15-90 de la jurisdicción constitucional. En la especie no se denota omisión o atraso que puede imputársele a la administración, ni mucho menos la posibilidad de aplicar el instituto de la caducidad administrativa, pues no se ha podido determinar fehacientemente que haya existido un lapso de tiempo igual o superior a seis meses que durante el mismo estuviera detenido el procedimiento. Tampoco es de recibo el argumento de la parte actora, la cual quiere contar un tiempo único desde el año dos mil nueve (inicio del primer procedimiento) y hasta el año dos mil trece, cuando se resolvió por acto final de la Administración la situación surgida de abandono, mal uso de recursos naturales y disposición ilegal del bien adjudicado, pues esa tesis cae al haberse tenido que dejar sin efecto lo iniciado en el año dos mil nueve, por el acto acaecido en el año dos mil diez, que es imputable a los mismos adjudicados, quienes no probaron ni en sede administrativa, ni en al jurisdiccional, que la venta realizada de parte de una propiedad sin inscribir que indicaron poseían, no fuera parte del terreno dado a ellos por parte del IDA. Hay que hacer notar que no se trata de sumar todos el tiempo transcurrido durante el trámite de un procedimiento, sino que, de forma racional, debe analizarse las razones del tiempo ocupado para llevar a cabo las investigaciones (siguiendo la jurisprudencia establecida por este jurisdicción de no existir la nulidad por la nulidad misma). En este asunto, no se ha podido corroborar que haya habido negligencia, inobservancia, atraso alguno de parte de la Administración, pues, como se ha podido notar, el último de los testigos recibidos, lo fue a instancia de la representación de los investigados, y ello surgido ante las manifestaciones de testigos anteriores, con lo cual se pone en evidencia que la Administración fue respetuosa del derecho de defensa en este caso, denotándose que luego de recibido a ese testigo, se dio el acto de recomendación del órgano director y la resolución final, todo en tiempos muy razonables, ligados a la complejidad del asunto. Además, y de mucha importancia, se debe indicar que el abogado de la parte aquí actora, apostó en la pretensión segunda que ahora se analiza, por alegar la Caducidad, que como se ha indicado, no aplica en este caso, sin que adujera Prescripción de la posibilidad de la Administración de reiniciar, enderezar o iniciar de nuevo el procedimiento, por lo que no puede existir pronunciamiento al respecto. B-3: Petición Tercera. Partiendo de lo dicho en el apartado anterior, la parte actora pretende además que: "3- En consecuencia se declare la Nulidad Absoluta del acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural INDER, de las 13:00 horas del 16 de agosto de 2013. Artículo N° 35, Sesión Ordinaria 023-2013, celebrada el 24 de Junio de 2013. Y de todo acto administrativo anterior a éste". Este acto, es la resolución final emitida por Junta Directiva del INDER, en sesión ordinaria 023-2013 del veinticuatro de julio de dos mil trece, en su artículo 35, cuando tomó la decisión de revocar la adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira por la causal de venta sin autorización del IDA,  abandono injustificado y  por la falta reiterada para la conservación de los recursos naturales (Folio 179 del expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). Contra dicho acto, la parte actora en su demanda específicamente en el hecho "Octavo", realiza una serie de cuestionamientos, citando algunas partes de esa resolución en especial de hechos probados, de los cuales la representación de los actores determina que más bien se comprobó su posesión de la tierra y el desarrollo en la misma de actividad agrícola y ganadera, que se mencionaron en informes de MINAE que no fue parte en el asunto, y que se tuvo probada la venta de parte de la parcela, sin embargo indicaron que: "Mis representados tenían 10 años antes de serles adjudicada la parcela posesión de la misma, solo que la poseían y poseen abarcaba más terreno del que se indicaba como parcela 28. Por ello el IDA ha querido hacer ver que el lote en mención pertenece a dicha parcela, cuando en realidad no es así". En torno a dicha manifestación es que se centran los argumentos contrarios a lo indicado en la resolución final. No obstante, y como elemento indispensable, debe partirse acá de que la parte actora no probó, ni en sede administrativa, ni en la jurisdiccional, fehacientemente su dicho, sea que, la cabida del terreno que les fue adjudicada era mayor a la que se les dio por parte del IDA en el año dos mil. Tampoco se ha probado que de esa "porción de más", tuvieran algún modo de determinar su posesión (plano catastrado, o inicio de información posesoria), o que esa parte de terreno ni siquiera perteneciera al IDA, hoy INDER, pues, ni la describen, y por lo que se ha argumentado en este proceso, todos esos terrenos son parte de uno solo, todos propiedad del IDA, y que por ello procedió a adjudicar como le permite la Ley del ITCO (ver artículos 49 y siguientes de la ley 2528). Y es que, de las mismas declaraciones de sus testigos en el procedimiento administrativo, de lo que este Colegio realizó un análisis que queda plasmado en los hechos probados de esta sentencia, se puede concluir que si bien se indica que el señor Torres cultivaba la tierra a él adjudicada, no quedó claro la frecuencia de ello y por el contrario en las diferentes inspecciones realizadas tanto por personeros del IDA, como del MINAE y del propio órgano director del procedimiento (ver hechos probados 3, 4, 8, 9, 11 y 20), nunca se habla de una franja de terreno extra poseída anterior a la adjudicación del año dos mil, solo se refirieron a la parcela 28, incluso, en cuanto al mantenimiento y producción en la parcela N° 28, fue muy contradictorio, pues el mismo señor Torres Cerdas, aceptó en su declaración administrativa, que le alquilaba a algunas personas para que tuvieran ganado en la propiedad (ver hecho probado 17), mientras el señor Marvin Jiménez indicó que el pasto lo habían sembrado a medias entre el señor Torres y su hermano Raúl, sin dar mayores especificaciones al respecto. Además, no hubo un común denominador del estado de la finca, el tipo de lo sembrado, pero, por parte de la Administración sí se llegó a determinar que los cultivos eran escasos, y que se encontraban abandonados (ver hechos probados 3, 4, 8, 9, 11 y 20). Por otra parte, alegó el señor Torres que su intención era realizar un desarrollo turístico, pero que se le imposibilitó por la no obtención de título por parte del IDA (de lo cual tampoco probó que hubiese realizado gestiones al respecto), ni que por ello no obtuvo préstamos (tampoco lo prueba), sino que, ahí se liga su manifestación con la aparición de un supuesto interesado de parte de unos "empresarios de Cartago", según su propio dicho, con el que supuestamente realizó un negocio con un "carrito", actividad comercial de la cual no fue claro, ni presentó prueba de su existencia, siendo que, lo que sí aparece y no fue desvirtuado, es que el señor Torres y su esposa la señora Alvarado, en el año dos mil diez, ante notario público vendieron a la empresa Sweters House de Costa Rica S.A, una parte de un terreno sin inscribir, sin plano, y sin mayores especificaciones, de lo cual negaron en sus declaraciones administrativas, pero en su demanda arguyen que esos bienes vendidos no eran de la parcela adjudicada a ellos, pero tampoco prueban, como se indicó la posesión de otro inmueble. Todas esas contradicciones fueron tomadas en cuenta en la resolución final del procedimiento, incluida la falta de prueba de otros aspectos que llevaron a concluir a la administración, no solo el probado abandono del terreno dado a ellos, su mal uso de los recursos naturales al talar árboles, sino, además, la venta parcial de un lote de la misma, aspectos suficientes para la aplicación de los artículos 67 y 68 párrafo 4, incisos b) y f)  de la ley N° 2825 que en su letra indican: "Artículo 67.- El beneficiario no podrá traspasar el dominio de su predio ni gravarlo, arrendarlo o subdividirlo sin autorización del Instituto, excepto que hayan transcurrido quince años desde la adquisición de la parcela y de que todas las obligaciones con dicho organismo estuvieren canceladas. Tampoco podrá, sin esa autorización y durante el mismo término, gravar las cosechas, semillas, animales, enseres, útiles o equipos necesarios para la explotación de la parcela, a menos que todas sus obligaciones con el Instituto estuvieren canceladas. Para autorizar el gravamen del inmueble se requieren cuatro votos conformes de la Junta Directiva. Será absolutamente nulo cualquier contrato que se celebre sin que se cumplan las disposiciones anteriores. Transcurridos los quince años y adquirido el derecho de propiedad, cualquier enajenación de parcela que, a juicio del Instituto, pueda producir la concentración o subdivisión excesiva de la propiedad, dará derecho a éste para adquirir la o las parcelas que se ofrezcan en venta por el precio que fijen los peritos nombrados por las partes, o por un tercero, en caso de discordia. Este tercer perito será nombrado por los otros dos expertos. El Registro Público tomará nota de las limitaciones a que se refiere este artículo". Aspecto que quedó demostrado en la resolución final que nos ocupa, con la venta que realizaran en el año dos mil diez los aquí actores (Hecho probado 24), sea que no se había cumplido aún el término de quince años determinado por la norma y en sede administrativa, no demostraron los investigados que no se tratara de la parcela N° 28 la que había sido sometida a venta parcial. Por otra parte, en el artículo 68 se establece: "Artículo 68.-En el contrato que se realice con el parcelero y en el título que se le entregue, se harán constar las estipulaciones siguientes: 4) Que el Instituto deberá, de conformidad con el procedimiento estipulado en el Capítulo de Tribunales de Tierras, revocar o extinguir la adjudicación por los siguientes motivos:...b) Por el abandono injustificado de la parcela o de la familia. En este último caso, el Instituto le adjudicará la parcela a la esposa, a la o las personas que hayan convivido permanentemente con el parcelero y que demuestren mayor capacidad, siempre que reunan las condiciones estipuladas en el artículo 62;...f) Por falta reiterada a las normas legales para la conservación de los recursos naturales. Con excepción del caso b) y antes de la revocatoria o extinción del derecho, debe proceder una amonestación que no haya sido atendida por el adjudicatario". Y es que, de la simple lectura de la resolución final del mes de agosto de dos mil trece de la Junta Directiva del INDER, se tuvo por probado el abandono y la utilización indebida de los recursos naturales, sin que, de ellos se demostrara lo contrario por los investigados. Así las cosas, los alegatos muy focalizados en la demanda que nos ocupa, esgrimidos contra el acto final del INDER, no llevan a la nulidad pedida, en especial por la falta de prueba en sede administrativa y en la jurisdiccional sobre lo imputado y finalmente tenido por probado. B-4: Petición Cuarta. En "4- Que se declara la Nulidad Absoluta del Voto N° 1211-F-2013 del Tribunal Agrario, Segundo Circuito Judicial de San José, a las diecisiete horas y treinta y nueve minutos del veinte de diciembre de dos mil trece, que rechazó el Recurso Jerárquico Impropio, por extemporáneo, siendo que este se presentó dentro de los cinco días hábiles. Así mismo, la nulidad de todo acto administrativo posterior a éste". Se debe recordar que la participación del Tribunal Agrario en ese asunto, lo fue como jerarca impropio bifásico, sea que, en este asunto la jurisdicción agraria, no actúa juridisccionalmente, sino como parte del aparato administrativo. Así las cosas, el reclamo que se realiza en la demanda que se analiza, lo es que ese  contralor no jerárquico de legalidad incurrió en un error a la hora de tomar en cuenta las fechas en que fue notificada la resolución final y la presentación de la apelación administrativa. No obstante, este Colegio comparte en todos sus extremos la declaratoria de extemporaneidad de la gestión administrativa, pues como se indica en el Voto N° 1211-F-2013 del Tribunal Agrario, la fecha que debió tomarse como punto de partida para el cómputo de los tiempos para los recursos ulteriores, sea el martes 15 de octubre de dos mil trece, día posterior a la notificación realizada al fax dispuesto por la parte investigada, por lo que a partir de ello, el quinto día hábil lo era el lunes veintiuno de octubre de dos mil trece y no, como fue presentado el recurso de apelación el día veintidós siguiente. Además, se debe indicar que los investigados administrativamente plantearon recurso de revocatoria contra aquella decisión, lo cual fue rechazado por las mismas razones que ahora se reafirman (Folios 236, 243 y 250 del expediente administrativo certificado del Procedimiento Ordinario seguido por el INDER para la revocatoria de adjudicación de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala). B-5: Petición Quinta. En "5- Se declare que los suscritos actores, hemos mantenido la posesión real y efectiva de la Parcela N° 28 del Asentamiento Altamira, II Etapa (A-144) Plano Catastrado N° A-328417-1996, diez años antes de la adjudicación y hasta el día de hoy. Que nunca realizamos y/o fuimos actores de las causales del artículo 68, punto 4 inc. b) de la Ley de Tierras y Colonización y sus Reformas, de abandono injustificado de la Parcela , de faltas reiteradas a las normas legales para la conservación de los recursos naturales, ni tampoco realizamos venta de parte de la Parcela N° 28". Esta pretensión debe ser rechazada, por los argumentos dados en los acápites anteriores, reiterando que no se trató en la investigación administrativa de un caso de no posesión, sino de abandono, causales distintas y que nunca se acusó a los aquí actores de no haber poseído. Además, las faltas a los recursos naturales, se probó en autos que, contra el señor Torres se habían seguido varias causas penales paralelas al tiempo en que se tramitaba la administrativa (hecho probado 10), y si bien no se sabe las resultas de éstas, lo cierto es que incluso el mismo señor Torres en su declaración en sede administrativa, admitió haber estado preso por ello (tala de árboles) acaecida en la parcela adjudicada (ver declaración del día veintidós de setiembre de dos mil once visible a folio88 del expediente administrativo certificado.).  B-6: Petición Sexta. Se aduce que: "6- Que al haber sido adjudicada la Parcela N° 28 del Asentamiento Altamira, II Etapa (A-144)  por parte del Instituto de Desarrollo Agrario IDA, hoy INDER por acuerdo de Junta Directiva N° 15, Artículo XV, Sesión N° 002-00, celebrada el 5 de Enero de 2000. Y siendo que los suscritos hemos mantenido la posesión real y efectiva por más d e15 años, sin interrupción, se ordene al Instituto de Desarrollo Rural, traspasar a los suscritos actores, en Escritura Pública, libre de limitaciones el inmueble en cuestión, sea el descrito en el Plano Catastrado N° A-328417-1996". No obstante, no se ha probado el dicho de los actores de que gestionaron la adquisición de la escritura de la parcela por parte del IDA, ahora INDER; y que, bajo las circunstancias de la investigación realizada desde el año dos mil nueve, en donde precisamente se daba a los efectos de determinar el abandono del terreno, el haber vendido parte de parcela y el mal uso de los recursos naturales, no era posible y ahora tampoco, el que se puede pedir y obtener un título de propiedad, máxime que, en los informes del estado actual de la parcela emitidos por funcionarios del INDER de los años dos mil veintiuno y su actualización del año dos mil veinticinco (ver hechos probados 27 y 28), los mismos vecinos indicaron que el señor Torres y la señora Alvarado no volvieron a poseer la tierra y que en su lugar se encontraba el señor Raúl Jiménez que mantenía ganado en el predio. B-7: Petición Sétima. Ahora bien, la parte actora pretender que: "7- Se condene al Instituto de Desarrollo Rural INDER al pago de Daños y Perjuicios en la siguiente forma: por concepto de daño moral subjetivo en la suma de DIEZ MILLONES DE COLONES, y daño material por la suma de QUINCE MILLONES DE COLONES. Por concepto de perjuicios en la suma de CINCO MILLONES DE COLONES, mismo que se refieren a intereses correspondientes a la fecha del 5 de enero de 2000 al 17 de setiembre de 2021, basado en la tasa de interés legal del Banco Nacional". En la teoría de la Responsabilidad Objetiva, dispuesta en la Ley General de la Administración Pública (artículos 190 y siguientes) aplicable a este caso, para que surja una indemnización como las pedidas (daño moral subjetivo,  daño material) siempre debe darse alguno de los criterios de imputación que lleven al Nexo Causal, requisito indispensable para que la víctima pueda ser indemnizada. Pero, como se ha podido determinar en los considerandos precedentes de esta sentencia, ninguno de los supuestos daños derivados de las "nulidades" o daños aducidas que pudieran surgir del procedimiento seguido en contra de los aquí actores han sido aceptados, lo que acarrea la desconexión con cualquier posible pago por daño. Además, la misma suerte corren los intereses pues si no surge lo principal (daños) no pueden aparecer los accesorios (intereses). Así las cosas, tampoco es de recibo este pedido. B-8: Petición Octava. Sobre las costas, éstas serán analizadas en considerando posterior.

 VII.-  Análisis de las defensas opuestas. La representación del INDER formuló las defensas de: 1) Falta de Legitimación Ad Causam Activa y Pasiva, la cual debe rechazarse, toda vez que como quedó evidenciado en la especie, los actores fueron los adjudicatarios de la parcela N° 28 del Asentamiento Altamira de Upala desde el año dos mil, siendo precisamente sobre lo cual versó el eje central de esta demanda, por lo que tenían legitimación suficiente, y, por otra parte, el ente que les adjudicó y posteriormente inició el procedimiento para obtener la revocatoria de la misma, lo fue el IDA, que luego cambió su denominación a Instituto de Desarrollo Rural (INDER), por lo que éste estaría legitimado pasivamente en el proceso. 2) La Genérica Sine Actione Agit. Siendo que ésta no es propiamente una de las defensas establecidas para la jurisdicción contenciosa administrativa en la ley procesal aplicable, no puede ser de recibo. Y, 3) Falta de Derecho. La cual con todo lo dispuesto en el considerando de fondo de esta sentencia debe admitirse, y en consecuencia debe declarase sin lugar la demanda en todos sus extremos.

 VIII.- Costas. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, estima este Tribunal, no aplica ninguna de las eximentes por todo lo analizado en los considerandos precedentes, por lo que cabe condenar a la parte actora al pago de ambas costas de este proceso.

POR TANTO.

 Se rechazan las defensas de Falta de Legitimación ad causam Activa y Pasiva, así como la genérica de sine actione agit. Se acoge la Falta de Derecho aducida por la parte demandada. Se declara SIN LUGAR la demanda incoada por el señor José Torres Cerdas y la señora María Ester Alvarado Alvarado contra el Instituto de Desarrollo Rural (INDER). Son ambas costas de esta acción a cargo de los actores. Notifíquese tanto a las partes como a los terceros interesados.

 

 

 

 Juan Luis Giusti Soto 

 

 

              Marianella Álvarez Molina                            Sergio Mena García

 

 




- Código Verificador -

G2M407OJX47861



 

Documento firmado por:

JUAN LUIS GIUSTI SOTO, JUEZ/A DECISOR/A
MARIANELLA DEL CARMEN ALVAREZ MOLINA, JUEZ/A DECISOR/A
SERGIO MENA GARCIA, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 14-000064-1143-AG

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 07:06:54.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENTE:

14-000064-1143-AG - 0

PROCESO:

CONOCIMIENTO

ACTOR/A:

JOSE TORRES CERDAS

DEMANDADO/A:

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

No. 2025003787

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN QUINTA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at seventeen hours and twenty-one minutes on the twenty-second of April of two thousand twenty-five.-

Proceso de conocimiento filed by JOSÉ TORRES CERDAS, of legal age, farmer, holder of residence card 270-118001-52586, and MARÍA ESTER ALVARADO ALVARADO, of legal age, homemaker, identity card number 5-0106-0678, both spouses and residents of Bijagua, Upala, Alajuela, Asentamiento Altamira II, represented by Rodrigo Johanning Quesada (see special judicial power of attorney at image 504 of the digital judicial file), AGAINST the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (INDER), represented by Diana Elena Alfaro Montenegro (special judicial power of attorney appearing at image 632 of the digital judicial file). Additionally, the State appears as an Interested Third Party, represented by Procuradora Mariamalia Murillo Kopper (appearing in the record at image 432), and the Sistema de Áreas de Conservación (SINAC), represented by Gidgett Ramírez Hernández (power of attorney appearing at images 427 and 496).

RESULTANDO:

1.- On December eighteenth, two thousand fourteen, before the Juzgado Mixto de Upala, the complaint that gave rise to this proceeding was filed, according to the facts they set forth and the law on which they base their claims, whose petitions were outlined in the complaint, clarified at the preliminary hearing, and read and confirmed at trial, so that the judgment provides as follows: "Based on the aforementioned facts, the evidence offered, and the legal provisions cited, I request that the judgment declare the following: 1- The present complaint is granted in all its aspects. 2- The expiration (caducidad) of the ordinary proceeding for revocation of the adjudication of Parcela N° 28 of Asentamiento Altamira, II etapa (a-144), from administrative file No. 495-09, processed by INDER, Región Huetar. 3- Consequently, the absolute nullity of the agreement of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Rural INDER, at 13:00 hours on August 16, 2013, Artículo No. 35, ordinary session 023-2013, held on June 24, 2013, and of any administrative act prior to it. 4- That the absolute nullity of Voto No. 1211-f-2013 of the Tribunal Agrario, segundo circuito judicial de San José, at seventeen hours and thirty-nine minutes on December twentieth, two thousand thirteen, be declared, which rejected the improper hierarchical appeal as untimely, when it was filed within five business days; likewise, the nullity of any administrative act subsequent to it. 5- That it be declared that we, the plaintiffs, have maintained real and effective possession of Parcela N° 28 of Asentamiento Altamira, II etapa (a-144), cadastral map No. a-328417-1996, ten years before the adjudication and up to the present day. That we never performed and/or were actors of the grounds of Article 68, point 4, subsection b) of the Ley de Tierras y Colonización and its amendments, of unjustified abandonment of the parcel, of repeated violations of the legal norms for the conservation of natural resources, nor did we sell part of Parcela N° 28. 6- That since Parcela N° 28 of asentamiento Altamira II etapa (a-144) was adjudicated by the Instituto de Desarrollo Agrario IDA, now INDER, by Board of Directors agreement No. 15, Article XV, session No. 002-00, held on January 5, 2000, and given that we, the undersigned, have maintained real and effective possession for more than 15 years without interruption, the Instituto de Desarrollo Rural be ordered to transfer to us, the plaintiffs, by public deed, free of limitations, the property in question, that is, the one described in cadastral map No. a-328417-1996. 7- That the Instituto de Desarrollo Rural INDER be ordered to pay damages (daños y perjuicios) as follows: for subjective moral damages (daño moral subjetivo) in the amount of ten million colones, and material damages (daño material) in the amount of fifteen million colones. For consequential damages (perjuicios) in the amount of five million colones, which refer to interest corresponding to the period from January 5, 2000, to September 17, 2021, based on the legal interest rate of the Banco Nacional. 8- Likewise, the defendant be ordered to pay all costs (costas)" (Images 306 and 587 of the digital judicial file).

2.- The Juzgado Mixto de Upala served initial notice of the complaint against the Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) in a resolution at 09:15 hours on January eight, two thousand fifteen (Image 311 of the digital judicial file).

3.- On February eighteenth, two thousand fifteen, the representative of what was then IDA answered the complaint, asserting the defenses of: Lack of Active and Passive Standing (Falta de Legitimación Ad Causam Activa y Pasiva), Lack of Right (Falta de Derecho), and the generic Sine Actione Agit (Image 332 of the digital judicial file).

4.- The Juzgado Mixto de Upala, in a resolution at 07:05 hours on September twenty-first, two thousand fifteen, declared itself incompetent by subject matter to hear this matter, which was approved by the Tribunal Agrario of the Segundo Circuito de San José, in Voto No. 1191-C-15 at 05:03 hours on November thirteenth, two thousand fifteen, which ordered the matter to be transferred to the Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (Images 359 and 371 of the digital judicial file).

5.- In a resolution at 11:23 hours on December second, two thousand fifteen, the Juzgado Contencioso y Civil de Hacienda ordered the proceeding to be sent to the corresponding court, which was the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (Image 382 of the digital judicial file).

6.- The Tribunal Contencioso y Civil de Hacienda, in a resolution at 11:38 hours on January twenty-first, two thousand sixteen, assumed jurisdiction over this dispute (Image 385 of the digital judicial file).

7.- Upon a request for a Precautionary Measure (Medida Cautelar) by the plaintiffs in the Agrarian venue, INDER's representative opposed it. By resolution No. 412-2016 of the Procedural Judge (persona juzgadora de Trámite) of the Tribunal Contencioso Administrativo, at 13:20 hours on February twenty-third, two thousand sixteen, the Precautionary Measure that sought to order INDER and MINAE to refrain from disturbing the plaintiffs' possession until the matter was resolved on the merits was rejected (Images 389 and 399 of the digital judicial file).

8.- At the preliminary hearing held on July twenty-seventh, two thousand sixteen, the parties' request to move the matter to the conciliation phase was granted. Already in that stage, through a resolution of the judge in charge, at 11:33 hours on January twentieth, two thousand seventeen, the parties were summoned to a conciliation hearing to be held on March twenty-first, two thousand seventeen, which was subsequently set aside. Additionally, in a resolution at 07:29 hours on April eighteenth, two thousand seventeen, the Conciliation Judge (persona juzgadora de Conciliación) returned the file to the procedural phase due to the filing of Acción de Inconstitucionalidad No. 17-000373-0007-CO (Images 415, 430, and 448 of the digital judicial file).

9.- In a resolution of the Procedural Judge at 14:53 hours on September twenty-seventh, two thousand sixteen, the State and SINAC were ordered to be considered as interested third parties and were ordered to be notified so they could state whatever they deemed appropriate. In response, in a document received at the court on October tenth, two thousand sixteen, the Procuraduría General de la República indicated interest, on behalf of MINAE, in participating in this proceeding. Furthermore, SINAC's representative requested to be considered an interested third party in this dispute (Images 418, 424, and 426 of the digital judicial file).

10.- The Procedural Judge of the Tribunal, in a resolution at 08:25 hours on December first, two thousand seventeen, ordered the proceeding to be suspended due to the processing of Acción de Inconstitucionalidad No. 17-000373-0007-CO. And, in a resolution at 08:21 hours on September fifteenth, two thousand twenty-one, the parties were informed of the final resolution that occurred in the Acción de Inconstitucionalidad (Images 332 and 577 of the digital judicial file).

11.- The Preliminary Hearing established in Article 90 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which is recorded in the digital system of this Court, was held starting at 09:05 hours on September seventeenth, two thousand twenty-one, with the attendance of both parties and the interested third parties. At that time, procedural cleansing aspects were analyzed, the claims (pretensiones) were clarified regarding the damages pursued, the preliminary defenses were resolved, the disputed facts were established, and the admission of both documentary and testimonial evidence was carried out (Image 586 of the digital judicial file).

12.- On March twenty-ninth, two thousand twenty-two, the matter was assigned to the Sección Quinta of the Tribunal Contencioso Administrativo (Image 595 of the digital judicial file).

13.- By resolution of March thirtieth, two thousand twenty-two, the trial hearing was set for 8:30 hours on February twenty-ninth, two thousand twenty-four, which had to be set aside by resolution at 14:13 hours on February twenty-eighth, two thousand twenty-two, upon an express request from INDER's representative due to the medical incapacity of its attorney-in-fact (Images 596, 625, and 626 of the digital judicial file).

14.- Again, the court set the trial hearing for March twenty-fourth, two thousand twenty-five, which the parties were reminded of in a resolution at 15:09 hours on February fourth, two thousand twenty-five, informing them that the oral trial would be held in a mixed modality, being able to attend either in person or virtually (Images 635 and 643 of the digital judicial file).

15.- On March twenty-fourth, two thousand twenty-five, the public oral trial in this matter was held in a Mixed Virtual modality, to which all parties and interested third parties connected via Microsoft Teams, and the three judges were present in person in Sala uno of anexo A) of the Segundo Circuito judicial de San José. Initially, the plaintiffs' representative indicated that their witnesses were in his private office. For its part, INDER's representative submitted Evidence for Better Provision (Prueba para Mejor Proveer) consisting of an updated report on the status of the property, visible at image 660 of the digital judicial file; it also dispensed with its witnesses due to the death of one and the impossibility of bringing the other. After hearing the parties regarding what was stated about the witnesses and the evidence offered, the Court proceeded to resolve: - Regarding the plaintiff's witnesses, it was explained that the reminder resolution for this hearing had indicated that witnesses had to be physically present in the court, in accordance with the provisions of the Protocol for holding hearings in virtual modality of this jurisdiction, issued on July twenty-ninth, two thousand twenty, as well as the court's need to keep witnesses isolated from all possible contamination, therefore, the testimonies of Messrs. Bernardo Guzmán Muñoz and Marvin Jiménez Soto were deemed not to be given (inevacuable), given that the plaintiff's attorney did not comply with what was ordered by the Court regarding bringing the witnesses to the court, thereby preventing an undue advantage, the need for transparency of being able to keep the witnesses isolated for the purity of their statements, and taking into account that the interested party did not make any justified request in this regard. No appeal or statement was presented against this decision. On the other hand, regarding INDER's witnesses, the request to dispense with them was accepted. And, as for the evidence offered, it was admitted by the Panel, considering it complementary and an update of what had already been provided to the record. Because there were no witnesses to receive, the proceeding moved to the closing arguments stage, which were rendered orally by each of the parties and third parties (See the minute inserted into the electronic file, as well as the audio and video recording).

16.- In the proceeding before this Court, no nullities have been observed that must be corrected or that cause defenselessness, and the judgment is issued within the period established in Article 111, subsection 1) of the Código Procesal Contencioso Administrativo and Article 82.1 of the Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, following rigorous deliberation and unanimously.

Judge Giusti Soto drafts the opinion with the affirmative vote of Judge Álvarez Molina and Judge Mena García;

CONSIDERANDO.

I.- Proven facts. The following are of relevance for the purposes of this proceeding: 1) According to a map registered in the Catastro Nacional under number A-3284417-96, the map of Parcela No. 28 of Finca Altamira, property of the Instituto de Desarrollo Agrario, is described, whose measurement is 33 hectares, 6,109 meters, and 75 square decimeters (Folio 1 of the certified administrative file of the Ordinary Proceeding followed by INDER for the revocation of the adjudication of Parcela No. 28 of Asentamiento Altamira de Upala). 2) The Board of Directors of IDA, in Article XV of session No. 002-00 of January five, two thousand twenty, adjudicated to Mr. José Torres Cerdas and Mrs. María Alvarado Alvarado, parcel number 28 of asentamiento Altamira located in Bijagua de Upala in the province of Alajuela (Folio 2 of the certified administrative file of the Ordinary Proceeding followed by INDER for the revocation of the adjudication of Parcela No. 28 of Asentamiento Altamira de Upala). 3) The Head of the SubRegional of MINAE, Alexander León Campos, communicated the "Technical Criterion (Criterio Técnico)" dated September 10, 2008, addressed to the Subregional Headquarters of Upala of IDA, in which he concludes, regarding parcel 28 of Asentamiento Altamira de Upala, that: "...the same is a forest land by cover (forest cover, cobertura boscosa) (forest area) that must be transferred to MINAE by IDA...". He also indicated: "...the land is located partially within the Zona Protectora Miravalles, therefore, it is of our interest that IDA transfer these lands as soon as possible..." (Folio 3 of the certified administrative file of the Ordinary Proceeding followed by INDER for the revocation of the adjudication of Parcela No. 28 of Asentamiento Altamira de Upala). 4) In official communication OSU-518-2008 of October 13, 2008, the Person in Charge of the Asentamiento and the Sub Regional Head of Upala, both of IDA, informed Mr. José Torres and Mrs. María Ester Alvarado that, through an inspection carried out on parcel 28 that was adjudicated to them, it was verified that they had not complied with the obligations established by Law 2825, therefore, in order to normalize their irregular situation and based on Article 68 of said law, they were admonished for unjustified abandonment of the parcel. In that same act, they were granted eight calendar days to appear to defend their rights. At the foot of said document, Mrs. Alvarado Alvarado appears receiving the notification (Folio 8 of the certified administrative file of the Ordinary Proceeding followed by INDER for the revocation of the adjudication of Parcela No. 28 of Asentamiento Altamira de Upala). 5) Through official communication No. OSU-624-2008 of December 16, 2008, the Person in Charge of the Asentamiento and the SubRegional Coordinator, both of IDA, requested from the Asesoría Legal Huertar Norte the initiation of administrative proceedings against Mr. José Torres and Mrs. Ester Alvarado, adjudicatees of parcel No. 28 of asentamiento Altamira, on grounds of unjustified abandonment pursuant to the provisions of Article 68 of the Law of ITCO. They indicated that the property is within the limits of the Zona Protectora Miravalles. Furthermore, they stated that there is an on-site inspection, a report from Minae, and an admonishment (Folio 9 of the certified administrative file of the Ordinary Proceeding followed by INDER for the revocation of the adjudication of Parcela No. 28 of Asentamiento Altamira de Upala). 6) In a resolution of the Legal Department of the Región Huetar Norte of IDA, at 14:40 hours on June 3, 2009, administrative proceedings were initiated for the revocation of the adjudication of Parcela No. 28 of asentamiento Altamira II, against Mr. José Torres Cerdas and Mrs. María Ester Alvarado Alvarado, on grounds of unjustified abandonment of the parcel according to Article 68, subsection 4, paragraph b) of Law 2825. The evidence contained in the record was indicated, the corresponding warnings were made, and a private oral hearing was scheduled for July 31, 2009. This act was notified to Mrs. Alvarado on June 23, 2009 (Folio 22 of the certified administrative file of the Ordinary Proceeding followed by INDER for the revocation of the adjudication of Parcela No. 28 of Asentamiento Altamira de Upala). 7) In the revocation file processed under No. 495-09, of the Región Huetar Norte of IDA, on July 31, 2009, at the scheduled oral hearing, three witnesses for the accused party were heard. Thus, Mr. Álvaro Pichardo Espinoza, who stated he was a neighbor of Mr. Torres, as he is also a parcel holder. He indicated that when he arrived at the asentamiento, Mr. Torres already had parcel 28, that he saw him cultivating it, and that currently on the farm there is corn and banana. He specified that don José planted about 150 trees that are about 10 months old. That on that parcel there is a humble house, that the property is only fenced at the front. He confirmed that Mr. Torres lives outside the asentamiento, so some days he goes to the parcel, and that he has seen him cultivating and caring for it for about eight years, and that he plants by areas. He said he has never seen another person working on the farm. Nor has he observed MINAET personnel. He described the property as scrubland (tacotal). The testimony of Mr. Bernardo Guzmán Muñoz was also received, who indicated that he is a friend of don José. That he lives on a parcel in the same asentamiento. He stated that sometimes he passes by that parcel and sees Torres working. That currently he has corn, sugar cane, cuadrado planted, and many trees. He said that he has done day labor for him and that other men named Fidel and Carlos work on the parcel. Additionally, he indicated that those from MINAET have told them that they are going to take those lands from them; they do not tell them they cannot cultivate, but they do prohibit them from cutting trees. Finally, the testimony of Mr. José Torres Cerdas himself was received, who indicated that about 20 years ago IDA gave him the parcel, on which he said he lived sporadically when he has work there, otherwise he said he lives at his mother-in-law's house in Barrio Los Ángeles on the road to Cañas. That he produces beans, corn, yucca, plantain, banana, sugar cane, vegetables, and that he had about 15 head of cattle that were stolen from him, that he also rents out the pasture, five horses that died on him. He stated that he had built a large open shed (galerón), like a soda-type for tourism. That he has not been able to fence the parcel because he has no money, since without a document he has not been able to get loans. That he has a dairy and tourism project, which he has not been able to start due to lack of financing. He indicated that he has been requesting the deed in Upala but has not received help for it. That he hires laborers when he must clear brush (chapear). That the property does not have forest and that it does have one hectare of protection around a spring (naciente) and a stream. That the parcel measures about 13 hectares and that he has 10 hectares cultivated. At the end of his testimony, the lawyer accompanying him at that proceeding stated that with what was said by Mr. Torres and the other two witnesses, it is demonstrated that the parcel is not abandoned and that, regarding MINAET's report, he would present in the coming days a technical report disproving it, therefore he requested that the file be archived (Folios 24 to 32 of the certified administrative file of the Ordinary Proceeding followed by INDER for the revocation of the adjudication of Parcela No. 28 of Asentamiento Altamira de Upala). 8) The person in charge of the Zona Protectora Miravalles of the Ministerio de Ambiente y Energía signed the so-called "Field Report, Patrol Inspection (Informe de campo, Inspección Patrullaje)" dated July 11, 2009, following a telephone complaint made by personnel from asentamiento Altamira de Upala about the cutting of vegetation. He stated that on July 8, 2009, during the inspection they saw that the entire area that had three or more years of tree regrowth had been recently cut with a machete. That the clearing (chapia) also reached almost the limit of the Zona Protectora Miravalles in some sectors, vegetation in some stream protection sectors was also cut, and the dragging of a log for about 15 meters could be observed. That they spoke with Marvin Jiménez who said he was in charge of the work on the parcel, working for Mr. Torres. In his conclusions, he indicated that the work in that area has the sole interest of eliminating vegetation to take advantage of the area, but he indicated that one must be very vigilant, because if neglected they could enter the protected area. And he recommended that the land must be transferred to MINAET by IDA. Additionally, he attached 8 photographs taken on the day of the inspection (Folio 36 of the certified administrative file of the Ordinary Proceeding followed by INDER for the revocation of the adjudication of Parcela No. 28 of Asentamiento Altamira de Upala). 9) The person in charge of the asentamiento, Francisco Alfaro Leiva, in an unnumbered official communication dated January 28, 2010, informed the legal advisor of IDA that he conducted a field inspection of Parcela No. 28, observing that Mr. Torres built a large open shed (galerón) of approximately 120 meters, made of wood and zinc, and that he has carried out tree felling with a machete in areas that had three or more years of regrowth; it has approximately 2 hectares of fallow thicket (charral) that affect the stream and the tracks of the Zona Protectora Miravalles. He observed approximately 2 hectares of 22-day-old bean planting carried out by Mr. Raúl Jiménez Salazar and Torres Cerdas. It has improved Bombaza grass and natural Ratan grass planted. He also spotted plantings of cuadrado, banana, and plantain in a state of abandonment and others recently planted. He observed yucca in abandonment, approximately one hectare of newly planted timber and fruit trees planted by Messrs. Torres and Jiménez, as some neighbors indicated (Folio 34 of the certified administrative file of the Ordinary Proceeding followed by INDER for the revocation of the adjudication of Parcela No. 28 of Asentamiento Altamira de Upala). 10) The Head of the Sub Región Bagaces Miravalles of MINAE, in official communication No. ACAT-SBM-OB-108-09 of September 23, 2009, informed the Coordinator of the Subregional of Upala of IDA that Mr. Torres Cerdas, adjudicatee of asentamiento Altamira, was referred to the Fiscalía 4 times in the years 1999, 2000, and 2001 for crimes of illegal logging and logging on lands of forestry aptitude, all on IDA lands (Folio 40 of the certified administrative file of the Ordinary Proceeding followed by INDER for the revocation of the adjudication of Parcela No. 28 of Asentamiento Altamira de Upala). 11) The Head of the Sub Región Bagaces Miravalles of the Sistema de Áreas de Conservación issued expert report No. SBM-OB-112-09 of September 29, 2009, called "Assessment for Environmental Damage (Avalúo por daño ambiental)," for the criminal case processed under file No. 07-000852-0559-PE, against Mr. José Torres Cerdas to the detriment of Natural Resources. It indicates that the report is made to evaluate the impact caused to the environment by an illegal logging carried out in an area of 2 hectares of forest with at least three years of succession, impacting the forest ecosystem and affecting the protection zone of a stream, having an impact on water resources. It determines the economic valuation of the total damage at ¢1,103,376.44 (Folio 43 of the certified administrative file of the Ordinary Proceeding followed by INDER for the revocation of the adjudication of Parcela No. 28 of Asentamiento Altamira de Upala). 12) By public deed number One Hundred Eighty-Two, of Notary Mauricio Bolaños Delgado, on February nine, two thousand ten, Mr. José Torres Cerdas, Mrs. María Ester Alvarado Alvarado, and Mr. José María Jiménez Valverde appeared, the latter in his capacity as President of the company Sweters House de Costa Rica S.A. The first two stating that as owners of the unregistered real estate with a measurement of one hundred thirty-six thousand six hundred nine square meters, they segregate and sell a lot from said real estate for a value of two million colones to the third appearing purchaser (Folio 73 of the certified administrative file of the Ordinary Proceeding followed by INDER for the revocation of the adjudication of Parcela No. 28 of Asentamiento Altamira de Upala). 13) The person in charge of the asentamiento and the Subregional Head of Upala of IDA, in official communication No. OSU-175-2010 of May 6, 2010, addressed to Mr. José Torres Cerdas and Mrs. María Alvarado Alvarado, adjudicatees of Parcela No. 28 of asentamiento Altamira II etapa, indicated that based on MINAET official communications and inspections carried out on the parcel, it has been determined that the obligations established in the Ley de Tierras y Colonización, Article 68, subsection f), paragraph 4, have been breached and that there is currently a complaint file before the Fiscalía for illegal tree felling. That in addition, there is a document in the possession of that subregional office regarding the illegal sale of a part of parcel 28 that they made to the company Sweters House de Costa Rica S.A., which violates Article 67 of the same law. Therefore, it annuls the admonishment contained in official communication No. OSU-518-2008 of October 13, 2008, and in its place, the administrative revocation proceeding against Parcela No. 28 is directed, imposing an admonishment on them and granting 8 calendar days to exercise their defense, and that, otherwise, a revocation of adjudication proceeding will be initiated. At the end of the document, there is a record by IDA's notifier, Francisco Alfaro Leiva, who indicated that Messrs. Torres and Alvarado received the notification but refused to sign it (Folio 57 of the certified administrative file of the Ordinary Proceeding followed by INDER for the revocation of the adjudication of Parcela No. 28 of Asentamiento Altamira de Upala). 14) In official communication No. OSU-279-2010 of July 14, 2010, the person in charge of the Asentamiento and the Subregional Coordinator of IDA responded to an "appeal" filed by Messrs. Torres and Alvarado on June 24, 2010 (Folio 59 of the certified administrative file of the Ordinary Proceeding followed by INDER for the revocation of the adjudication of Parcela No. 28 of Asentamiento Altamira de Upala). 15) In official communication No. OSU-289-2010 of July 20, 2010, the person in charge of Asentamiento Altamira II and the Sub Regional Coordinator Huetar Norte of IDA requested the legal advisor of that Sub Regional office to initiate revocation of adjudication of Parcela No. 28 of Altamira II, etapa 144, due to the violation of Articles 67 and 68 of the Law of ITCO, upon the sale made by the adjudicatees of part of the parcel to a private company. They also indicated that the parcel is, as of that date, in a state of abandonment by Messrs. Torres Cerdas and Alvarado Alvarado. Advising that according to the maps of this asentamiento, it is located partly in the Zona Protectora Miravalles (Folio 71 of the certified administrative file of the Ordinary Proceeding followed by INDER for the revocation of the adjudication of Parcela No. 28 of Asentamiento Altamira de Upala). 16) In resolutions at 09:40 and 13:28 hours on August 22, 2011, the Legal Department of the Región Huetar Norte of IDA initiated ordinary administrative proceedings for revocation of adjudication of Parcela No. 28 of asentamiento Altamira II, against Mr. José Torres Cerdas and Mrs. María Ester Alvarado Alvarado, based on Articles 67 and 68, paragraph 4, subsections b) and f) of Law No. 2825. The existence of the documents contained in the administrative file was indicated.

Summoning the parties to appear on September 22, 2011, making the applicable warnings, including the notice that a motion for reconsideration (recuso de revocatoria) could be filed against said act. At the foot of said documents appear the signatures of Messrs. Torres and Alvarado, acknowledging receipt of the respective notification on August 26, 2011 (Folios 84 and 86 of the certified administrative file of the Ordinary Proceeding conducted by INDER for the revocation of the award of parcel No. 28 of the Altamira de Upala Settlement). 17) At 9:00 a.m. on September 22, two thousand eleven, as part of the proceeding, in an oral and private hearing, the testimony of Mrs. María Ester Alvarado Alvarado was received, who stated that she has lived in Upala for about thirty years and that 20 years ago the IDA granted them a parcel which they planted with rice, beans, cassava (yuca), and plantain (plátano). That currently it has pasture (pasto), cassava, and squared timber (cuadrado). She indicates that at the beginning she helped her husband, but later stopped doing so and that about a year ago she went to the farm and has not returned. She says she does not know Mr. José María Jiménez Valverde. She stated that she has not signed any sale of the parcel. That she has seen the forest area and that it is cared for. That the Minae has filed complaints against her husband for tree felling (tala de árboles) and she believes the process is paralyzed. And, she referred to a car deal. Next, Mr. Torres Cerdas testified, who indicated that he is the husband of Mrs. Ester. That now on the parcel there is pasture, cassava in small quantities, squared timber, cacao, and oranges that were eaten by ants; he had cattle (ganado) that were stolen. He indicates that he lives on what he plants, as he has no other income. He said he knows Mr. José María Jiménez Valverde, who is a car dealer and representative of a company, who told him he would give him a car and they would start a tourism business on a lot (lote) he has had for 35 years but only has possession (posesión), but the people from IDA and Minae joined together and did not let them build the cabins (cabinas); he says that lot is across the street from the parcel and measures approximately one and a half hectares. That he has not been able to process the possessory information (información posesoria) due to lack of money. He expresses suffering tortures from the IDA, Minae, and the police, that the latter came to beat him one night. That he was sentenced to 6 years in prison and that he completed the sentence about two years ago, and because of that the gentlemen who wanted to do the tourism business did not continue due to the danger. That he heard a rumor that the people from IDA wanted to take the parcel away from him to give it to a Mr. Wilberth from Minae. That he has requested for 20 years that the IDA give him the deed (escritura) but they do not do so. He also admitted knowing Luis Fernández Moreno, Marvin Jiménez Soto, and Carlos Vargas, and Raúl Jiménez Soto, that he has given them parcel 28 to work in partnership, that he rents them a piece so they can plant on his property, which he has done on about three occasions. He stated that he has not had a survey plan (plano) made for that two-hectare lot he negotiated with the people from Cartago, all due to lack of money. Next, Mr. Alvaro Pichardo Espinoza gave testimony, stating that he lives in Bijagua, knows parcel 28 which is planted with pasture on about three and a half hectares, in addition has squared timber and banana, as well as timber trees. That he heard that a few years ago Mr. José had problems with Minae for tree felling. He indicates he has become aware that the neighbors bear ill will toward Don José and that the lot he cleared for sale is outside Mr. Torres' parcel, as he knows the boundary line (lindero) and it is not part of parcel 28. Finally, Mr. Bernardo Guzmán Muñoz also testified. He indicated that he has known José Torres for 20 years, that he is also a plot holder (parcelero) and that Torres works parcel 28. He said he was unaware about the sale of a lot for tourism, and that had he done so, José Torres would have told him. He stated that José Torres has given him "day labor (jornales)", but not now (Folio 88 of the certified administrative file of the Ordinary Proceeding conducted by INDER for the revocation of the award of parcel No. 28 of the Altamira de Upala Settlement). 18) On September 2, 2011, Mr. Torres Cerdas and Mrs. Alvarado Alvarado granted a special power of attorney to lawyer Jorge Roberto Segnini Villalobos to represent them in the administrative proceeding (Folio 95 of the certified administrative file of the Ordinary Proceeding conducted by INDER for the revocation of the award of parcel No. 28 of the Altamira de Upala Settlement). 19) In the oral and private hearing of the administrative proceeding for the revocation of the award, on January 24, 2012, in the presence of Mr. Torres Cerdas and his attorney, the statement of Mr. Minor Ulises Soto Villalobos was received, who indicates he holds parcel 12 of the Altamira settlement and that it is located opposite parcel 28. He said he observes Mr. Raúl Jiménez's cattle on parcel 28. Regarding Mr. Torres, he says he saw him yesterday on the parcel and that some time ago he was working it. He indicates that he cannot attest that this parcel is being worked by another person, nor that they sold it. Also received was Mr. Julio Alberto Quirós Valverde, who indicates he is an official of SINAC, with thirty years of service. That he knows Mr. Torres and parcel 28, that he has walked it and that there has been illegal tree felling, which has been reported to the courts. That he cannot attest that Minae has mistreated Don José. That in 2009 some men appeared who said they were from real estate and indicated that they had bought a part of R2 and of parcel 28. That R2 is a reserved part the IDA has to transfer to Minae and that he can attest that in 2003 the ministry requested the IDA to transfer parcel 28 as it is State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) of the Miravalles area. On the other hand, the statement of Mr. José Pablo Sandoval García was received; he indicates he lives in the settlement on parcel 23 of Don Juan Leitón, for about 13 years, and that parcel 28 is located six hundred meters away. That from the street he observes pasture on parcel 28, that he has indeed seen José Torres working the parcel. He stated that José Torres told him he had sold the parcel, but did not tell him to whom (Folio 115 of the certified administrative file of the Ordinary Proceeding conducted by INDER for the revocation of the award of parcel No. 28 of the Altamira de Upala Settlement). 20) On January 24, 2012, the directing body of the proceeding conducted an inspection of parcel 28 at the request of the party, finding two cows and two third parties who Mr. Torres said were from Raúl Jiménez, to whom he rents. They observed a wooden "Rancha", without walls, dirt floor, without household goods (menaje), and uninhabited. Around the rancha they observed ornamental plants (palms), wild guava trees, some plantain plants without maintenance, a cleared part of the parcel of about two manzanas without crops, in which Mr. Torres says he is going to plant beans and corn. In another part of the farm, some 11 squared timber plants approximately two years old are observed. Three-quarters of a manzana are planted with bombazo grass, Mr. Torres stating that he carried out that planting with Raúl Torres, his friend. They observed banana plants in poor condition; on the north side it was found cleared (chapeada) next to the easement (servidumbre). It is indicated that Mr. Torres showed the lot he negotiated for a "little car (carrito)", indicating that Mr. José María withdrew from the deal since that area is within the Minae Area (Folio 122 of the certified administrative file of the Ordinary Proceeding conducted by INDER for the revocation of the award of parcel No. 28 of the Altamira de Upala Settlement). 21) By resolution of September 26, two thousand twelve, the investigating body considered the need to bring Mr. Wilberth Quesada Valverde into the proceeding as a witness, whose testimony was received on October 9, 2012. He indicates that he has worked for the Minae for 20 years, that he knows Mr. Torres' parcel, which is No. 28 of the Altamira settlement, on which he has conducted several inspections. That he personally filed a complaint against Mr. Torres for elimination of undergrowth (sotobosque), and another for invasion of a conservation area, but that he is unaware of what happened with those complaints. He said that since before the decree, part of the parcel is in a protected area and after conducting the corresponding land survey (carril), it was divided and one part remained outside the area. That several times he saw Mr. Torres felling trees and he spoke to him about it. That in 2005 Mr. Torres granted a power of attorney to Mr. Walter Loría Rodríguez, owner of the Bijagua sawmill, to obtain a tree harvesting permit (permiso de aprovechamiento de árboles) which was denied. That on several visits to parcel 28, the person he has lately seen there is Mr. Marvin Salazar, known as Gavilán, and that he told him he had negotiated the land with Mr. Torres, without indicating what kind of deal, but that the aim was to undertake a tourism project (Folio 127 of the certified administrative administrative file of the Ordinary Proceeding conducted by INDER for the revocation of the award of parcel No. 28 of the Altamira de Upala Settlement). 22) In a resolution of September 26, two thousand twelve, at the request of Mr. Torres' attorney, it was ordered to bring in the witness Marvin Jiménez Salazar, known as Gavilán. He gave his statement on February 7, 2013, indicating that he does not border parcel 28, nor does he have dealings with Mr. Torres Cerdas, and that if he was on the parcel, it was during an inspection by the people from Minae. That he gave Mr. Torres advice, such as planting trees around the spring (naciente), leaving the trees along the river to conserve it. That Don José Torres told him there was persecution against him by the IDA, that they give seeds and inputs to other neighbors and not to Torres. He indicated he was unaware that Mr. Torres was leasing the parcel. He stated that his brother Raúl, who is also a plot holder, had cattle on a share basis (a medias) with Don José (Folios 130 and 151 of the certified administrative administrative file of the Ordinary Proceeding conducted by INDER for the revocation of the award of parcel No. 28 of the Altamira de Upala Settlement). 23) In official letter N° DRHN-AL-086-2013 of May 27, 2013, the legal advisor of the Huetar Norte Region of INDER presented to the Secretary of the Board of Directors of that institution a summary table of the case and a draft resolution (Folio 157 of the certified administrative file of the Ordinary Proceeding conducted by INDER for the revocation of the award of parcel No. 28 of the Altamira de Upala Settlement). 24) The Board of Directors of INDER, in ordinary session 023-2013 of July 24, 2013, in its article 35, made the decision to revoke the award of parcel No. 28 of the Altamira settlement on the grounds of sale without authorization from the IDA, unjustified abandonment, and repeated failure to conserve natural resources. This resolution was notified to Mr. Torres and Mrs. Alvarado on September 13, 2013 (Folios 179 and 189 of the certified administrative file of the Ordinary Proceeding conducted by INDER for the revocation of the award of parcel No. 28 of the Altamira de Upala Settlement). 25) On November 10, 2013, before INDER, Mr. Torres and Mrs. Alvarado filed an improper hierarchical appeal against the final resolution of INDER of 1:00 p.m. on August 16, 2013. INDER, on November 12, 2013, referred the appeal to the Agrarian Court of the Second Circuit of San José (Folios 193 and 202 of the certified administrative file of the Ordinary Proceeding conducted by INDER for the revocation of the award of parcel No. 28 of the Altamira de Upala Settlement). 26) The Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of San José, in Ruling No. 1211-F-2013 of 4:39 p.m. on December 20, 2013, rejected the appeal filed as untimely. The legal representative of Mr. Torres and Mrs. Alvarado, before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of San José, filed a motion for reconsideration against Ruling No. 1211-F-2013, which was rejected through Ruling No. 745-F-14 of 4:21 p.m. on August 29, 2014 (Folios 236, 243, and 250 of the certified administrative file of the Ordinary Proceeding conducted by INDER for the revocation of the award of parcel No. 28 of the Altamira de Upala Settlement). 27) According to document No. INDER-GG-DRT-RDHN-OTUP-414-2021, dated September 16, 2021, the head of the territorial development office of Upala of INDER, stated that according to an inspection carried out on parcel No. 28 of the Altamira settlement, it was found that the parcel is covered almost entirely by secondary forest (bosque secundario), on a slope, and with a large number of small streams. That in the middle of the parcel, on the flat part, there is a gate (portillo) and in a space of less than one hectare, there is a construction of a closed rustic dwelling (rancho) with zinc roofing, recently repaired or reconstructed with sawn wood from the parcel. About two cows and a horse are observed grazing; no type of crop, nor people are observed at that moment, despite the fact that the rustic dwelling is inhabited. That consulted neighbors, who did not identify themselves for fear of retaliation, indicated that Mr. Torres has not been seen on the parcel for more than 10 years. A neighbor affirmed that the property was sold by Mr. Torres to Marvin Jiménez Soto, who visits the parcel occasionally, but that the person who has been clearing it and spraying herbicide is Mr. Raúl Jiménez Soto, who made improvements to the rustic dwelling and who has a caretaker there who arrives after 4 p.m. It is also indicated that Mr. Raúl Jiménez is a beneficiary of the settlement on his parcel No. 5, whom they tried to contact via cell phone, but he did not answer, and he was not found at his home. In official letter No. INDER-GG-DRT-RDHN-OTUP-OFI-0149-2025, dated March 17, 2025, the Technician in charge of settlements and an OTUP official from INDER, on a visit made to parcel 28 of the Altamira settlement, determined that the property has about 3 hectares of natural pasture where five cattle are grazing, which according to some neighbors are the animals belonging to Raúl Jiménez, and that Mr. Torres and Mrs. Alvarado do not carry out any type of operation (explotación) on the site. That they found a thicket (mateado) of banana and sugar cane, a rustic dwelling of about 64 square meters in poor condition is located there, and the rest of the area presents mostly primary forest (bosque primario), with timber trees such as Corteza, Pilón, Yema de Huevo, Guayabo de montaña, Kisarra, and other species. They also observed that it is fenced with barbed wire only on the north boundary line with three strands. And, there is a wetland area of about 300 to 500 square meters with characteristic flora and that the forested area allows the transit of larger fauna species, as footprints of puma or jaguar were identified (Images 582 and 662 of the digital judicial file).

II. Facts not proven. Relevant to the purposes of this process are the following: 1) That Mr. José Torres Cerdas and/or Mrs. María Ester Alvarado Alvarado made formal requests before the IDA or later INDER, prior to the commencement of the administrative file against them, or during it, aimed at obtaining the corresponding deed for parcel No. 28 of the Altamira de Upala Settlement. (This circumstance has not been proven). 2) That the lot that Mr. Torres and Mrs. Alvarado were selling to the company Sweet Home of Costa Rica S.A. in the year 2010 is different from parcel No. 28 of the Altamira de Upala Settlement (This circumstance has not been proven). 3) That Mr. Torres Cerdas and/or Mrs. Alvarado Alvarado had possessed another piece of land in the same zone of Bijagua, prior to the award to them of parcel No. 28 in the Altamira II de Upala de Alajuela Settlement in the year two thousand (This circumstance has not been proven). 4) That there effectively was a "deal" with a "Little Car (Carrito)" between Mr. Torres Cerdas and any other person, to be able to develop some tourism development on the parcel (This circumstance has not been proven). 5) That persecution took place against Mr. Torres Cerdas by representatives of the IDA, now INDER, or by Minae (This circumstance has not been proven). 6) That Mr. Torres or Mrs. Alvarado had made requests before financial bodies or entities, private or public, to obtain financing for a tourism project to be developed on parcel No. 28 of the Altamira de Upala Settlement (This circumstance has not been proven).

III.- Object of the process. Upon analyzing the arguments and petitions of the parties involved in this conflict, it is determined as a mixed process, in which the declaration of Expiry (Caducidad) is requested, as well as several nullities within the administrative proceeding followed against the plaintiffs. Furthermore, it is requested to order INDER to transfer ownership of the disputed parcel to the name of the plaintiffs. And, a ruling for damages (daños y perjuicios).

IV.- Arguments. The Plaintiff party alleges that they have been possessors for over 20 years of Parcel No. 28 of the Altamira Peasant Settlement (Asentamiento Campesino), II stage, located in Bijagua, Upala, Alajuela. It measures 13 hectares, 6,109.75 meters. They state that the parcel was awarded to them by the IDA by agreement of its Board of Directors No. 15, article XV, session No. 002-00 of January 5, 2000. That on the property they have developed agriculture of beans, corn, and plantain, as well as dual-purpose cattle raising, for which they have planted pasture of the Breachiara, Brizantha, and Mombaza species. That on January 15, 2008, in official letter OSU-624-2008, the IDA office of the Huetar Norte region initiated a proceeding for the revocation of the award of the parcel they occupy. They indicate that they had already been given a warning on October 21, 2008. And on June 23, 2009, they were notified of the resolution transferring the charges (traslado de cargos) of the proceeding, given that between the warning and the transfer of charges, the administrative file was inactive for 8 months. That on July 31, 2009, the evidence was received. And there was no final resolution until October 14, 2013. And, they argue, that while that proceeding was in process, on August 28, 2011, they were again notified of the transfer of charges to revoke the same parcel, resuming the same grounds of unjustified abandonment and repeated failure to comply with the legal norms for the conservation of natural resources, that evidence is again received on September 22, 2011; nonetheless, it is again scheduled to receive evidence on January 24, 2013, for evidence offered by the IDA that had not been provided on the previous occasion. That on August 16, 2013, by agreement of the Board of Directors, article 35, ordinary session 023-213 of June 24, 2013, the final resolution of 1:00 p.m. on August 16, 2013, was issued in administrative file No. 495-09, which was notified on October 14, 2013, via fax, that is, more than eight months after initiating the proceeding, so they consider that expiry operates. On October 22, 2013, they filed an appeal by improper hierarchy against the final resolution, which the Agrarian Court of the second judicial circuit of San José, in Ruling No. 1211-F-2013 of December 20, 2013, rejected as untimely, which they consider was resolved contrary to law, since the calculation of the five-day period they had to file the appeal was performed incorrectly, since the final resolution was notified on October 14, 2013, via fax, so it was considered notified the following day, and the period began on Wednesday, October 16, therefore, they did file the appeal within the period, and the rejection left them defenseless. That in the final resolution of the IDA, errors were made: a) the proceeding began in violation of article 68, point 4, subparagraph b) of the Land and Colonization Law (ley de Tierras y Colonización). b) Among the facts taken as proven, the effective possession they have had of the parcel with their agricultural and livestock activity was accredited, even mentioning several inspections by MINAET, which indicated that the parcel had 90% forest land, which they consider a very biased assessment due to interests in the land. In addition, a supposed partial sale of the parcel was taken as proven, which is not true, since the sale was of another lot.

V.- For its part, the Defendant INDER denies that the plaintiffs are possessors, since in an inspection carried out by the Upala office in February 2010, they determined that the planting of beans on approximately 2 hectares had been done by Marvin Jiménez Salazar. Later, during a site inspection by the head of the subregional office, an illegal sale was verified since they found a surveyor and two persons who indicated they had bought two hectares of parcel No. 28 from Mr. José Torres. That in their statements in the administrative venue, Mr. Torres indicated that he went to the parcel occasionally, coupled with the fact that in inspections it was determined that the crops belonged to third parties and that by September 11, 2014, no crops or pastures were observed, only cattle that belonged to a neighbor. That on December 16, two thousand eight, the proceeding for revocation of parcel 28 was initiated, which led to a warning and transfer of charges, that the file was inactive, a time that does not count, since the proceeding was rectified by annulling all previous resolutions to commence another proceeding, adding two more grounds: illegal sale and abandonment of natural resources, without any violation of due process having occurred. They deny that expiry has operated, since the investigation began in 2008, but the file remained active with hearings, inspections, and investigations that have had to do with the seriousness of the case, such as the felling of trees in a protective zone that led Mr. Torres to criminal proceedings. They even indicate that the administrative proceeding was delayed because the plaintiffs requested evidence, were summoned, but then requested the postponement of the date. They allude that possession has not been effective, since the parcel has been worked and produced by other persons. Even when the first report was made, the total abandonment of the parcel was determined. That only a shed (galera) for a supposed tourism project that never materialized was built. That according to Minae, the land is located within the boundaries of the Miravalles protective zone (zona protectora Miravalles), decreed as such since 1991 according to decree 20172-MINAE, in which the parcel was classified as 90% native forest with species typical of the zone. It indicates that the land must be transferred to MINAE to consolidate the State Natural Heritage, as since September 2014 the lands have been safeguarded by that institution.

VI.- On the merits. A) Initial clarification. Although the defendant party, and to a greater degree the interested institutions without their own claims, made emphatic mention of the issue that the property discussed here, being parcel No. 28 of the Altamira II Settlement, located in Bijagua de Upala, Alajuela province, relates to the topic of State Natural Heritage (PNE), since they insisted that since before being awarded to the plaintiffs here, said property was included within the Miravalles Protected Area (Decreto Ejecutivo No. 20172-MINAE) and that therefore, in application of the Forestry Law (Ley Forestal) it should have been transferred to the institution in charge of conserving natural resources, the truth is that, as indicated, none of the third parties that have participated in this litigation arranged any claim on behalf of their represented entities, nor did the object of the lawsuit determine a request in this regard, thus, with respect to this aspect, although argued, it will not be taken into account to resolve the issue before us, due to its disconnection from the course that must be followed in a claim for declaratory judgment in this contentious-administrative jurisdiction. B) Regarding the claims outlined in the lawsuit. In this considering of the merits, we will proceed to analyze and resolve each of the claims that the plaintiff party set forth both in their lawsuit and in the preliminary hearing. Thus: B-1: First and Second Petitions. In that sense, the plaintiff party set forth: "1- The present lawsuit is granted in all its aspects. 2- The Expiry (Caducidad) of the Ordinary Revocation of Award Proceeding for Parcel No. 28 of the Altamira Settlement, II Stage (A-144), of Administrative File No. 495-09, Processed by INDER, Huetar Region". It must be indicated that the first is the typical general claim to grant the lawsuit, which can be seen as a result, after studying and resolving the rest of the petitions that constitute the object of this process. On the other hand, the application of the institute of Administrative Expiry (Caducidad Administrativa) established in numeral 340 of the General Law of the Republic (Ley General de la República) is requested, which establishes: "Article 340. 1) When the proceeding is paralyzed for more than six months due to a cause exclusively attributable to the interested party who promoted it or to the Administration that initiated it, either ex officio or by complaint, expiry shall occur and its archiving shall be ordered, unless it concerns the case provided for in the final paragraph of Article 339 of this Code. 2) Expiry of the proceeding initiated at the request of a party shall not proceed when the interested party has ceased to manage due to the occurrence of positive or negative silence (silencio positivo o negativo), or when the file is ready to issue the final act. 3) The expiry of the administrative proceeding does not extinguish the right of the parties; but the proceedings are considered not to have been followed, for the purposes of interrupting the statute of limitations (prescripción)." The plaintiff party, not clearly, alludes that in the proceeding followed against them processed under number 495-09 by the Upala office of the former IDA, now INDER, it is in their facts Fourth and Fifth of the lawsuit where they argue that the proceeding initiated against them to declare the revocation of the award of parcel No. 28 of the Altamira Settlement began on June 23, two thousand nine, when they were given notification of the administrative investigation, evidence was received, and, without there having been a final resolution, they argue, that in August of two thousand eleven, a second transfer of charges was notified, evidence was again received, and it was not until August of two thousand thirteen that the Board of Directors resolved to revoke the award that had occurred in the year two thousand, reasons for which they request that Expiry be applied. These arguments cannot be accepted by this Court, since besides being brief, lacking an integrated thread to be able to understand what happened, and coupled with the lack of specific determination of when the paralysis of procedural time attributed to the administration specifically occurred, obliges this Panel to understand that the time elapsed from the beginning of the proceeding until its final resolution, including a "new" transfer of charges, is what is being challenged. In this sense, it is worthwhile to indicate that the Board of Directors of the IDA, in article XV of session No. 002-00 of January five, two thousand twenty, awarded to Mr. José Torres Cerdas and Mrs. María Alvarado Alvarado (both plaintiffs here) parcel number 28 of the Altamira Settlement located in Bijagua de Upala in the province of Alajuela (see proven fact numbered two of this judgment). Subsequent to which, already in the year two thousand eight, specifically in October, the Settlement Manager (Encargado del Asentamiento) and the Sub Regional Chief of Upala, both of the IDA, communicated to Mr. José Torres and Mrs. María Ester Alvarado that, through an inspection carried out on parcel 28 that was awarded to them, it was verified that they had not complied with the obligations established by Law 2825, therefore, they were warned with basis on article 68 of said Law, for unjustified abandonment of the parcel awarded to them, granting them eight days to exercise their right of defense (Folio 8 of the certified administrative file of the Ordinary Proceeding conducted by INDER for the revocation of the award of parcel No. 28 of the Altamira de Upala Settlement). Subsequently, those same officials requested the Legal Advisory Office of the Huetar Norte Regional Office of the IDA to initiate a proceeding against Mr. Torres and Mrs. Alvarado, precisely for the violation of article 68 of Law 2825, based on what was indicated by MINAE, an inspection carried out by the IDA, and the warning notified (Fact 5 of this judgment), and for this reason, it is in a resolution of the Legal Department of the Huetar Norte Region of the IDA, of 2:40 p.m. on June 23, two thousand nine, that the administrative proceeding aimed at the revocation of the award of parcel No. 28 of the Altamira II Settlement was initiated against Mr. José Torres Cerdas and Mrs. María Ester Alvarado Alvarado, on the ground of unjustified abandonment of the parcel according to article 68, subparagraph 4, paragraph b) of Law 2825 (proven fact 6 of this judgment). Given that, on the following July thirty-first, in the oral and private hearing, the testimony of witnesses was received, especially that of the plaintiff party, who had the corresponding legal counsel (Folios 24 to 32 of the certified administrative file of the Ordinary Proceeding conducted by INDER for the revocation of the award of parcel No. 28 of the Altamira de Upala Settlement).

Later, a report was received derived from an inspection carried out on July eleventh, two thousand nine, issued by the person in charge of the Miravalles Protective Zone (Zona Protectora Miravalles) of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía), in which an alarm was raised regarding possible incursions into the protective zone and tree felling on the parcel in question (Proven Fact Eight), which was confirmed by an official of the IDA itself in an official letter dated January twenty-eighth, two thousand ten, in addition to describing the state of the parcel at that time (Folio 34 of the certified administrative file of the Ordinary Procedure (Procedimiento Ordinario) followed by INDER for the revocation of adjudication of Parcel No. 28 of the Altamira de Upala Settlement (Asentamiento Altamira de Upala)); as well as the report of the occasions on which Mr. Torres had been referred to the Prosecutor's Office for tree-felling offenses, even evidence was had in the administrative revocation file of the existence of an "Environmental Damage Appraisal" (Avalúo por daño ambiental) related to the land adjudicated to the plaintiffs herein (proven facts Ten and Eleven). Notwithstanding the normal course of the procedure up to that point, an event occurred that completely changed the landscape of the investigation, since it is recorded in the administrative records, public deed number One Hundred Eighty-Two, of Notary Mauricio Bolaños Delgado, dated February ninth, two thousand ten, in which appeared Messrs. José Torres Cerdas, María Ester Alvarado Alvarado, and José María Jiménez Valverde, the latter in his capacity as President of a company, at which time the former sold to the latter a lot located in the same locality of the Altamira Settlement (Asentamiento Altamira), of which the sellers claimed to be possessors without title (Folio 73 of the certified administrative file of the Ordinary Procedure (Procedimiento Ordinario) followed by INDER for the revocation of adjudication of Parcel No. 28 of the Altamira de Upala Settlement (Asentamiento Altamira de Upala)). And it is that, as can be clearly denoted, that event changed the original conditions of the beginning of the procedure, since, as has been indicated, in it only the cause of abandonment of the adjudicated parcel was charged, according to the provisions of numeral 68 of the ITCO Law (Ley del ITCO), given that now, there was at stake, not only the aforementioned sale, but also the misuse of natural resources, aspects which, due to the reports mentioned above, made it necessary to subpoena regarding those new facts, for which the IDA at that time, made the decision to render void the admonishment previously applied and which had given rise to the commencement of the former procedure; and in its place, through official letter from the person in charge of the settlement and the Subregional Head of Upala of the IDA, No. OSU-175-2010 of May sixth, two thousand ten, addressed to Messrs. José Torres Cerdas and María Alvarado Alvarado, communicated to them that the previous admonishment was suppressed, that in that same act they were issuing another one now for the cause of article 87 of the same law Ley 2825, and reiterating that of article 68, subsection f), paragraph 4, see folio 57 of the certified administrative file of the Ordinary Procedure (Procedimiento Ordinario) followed by INDER for the revocation of adjudication of Parcel No. 28 of the Altamira de Upala Settlement (Asentamiento Altamira de Upala). With which, by August twenty-second, two thousand eleven, the Legal Department of the Huetar Norte Regional Office of the IDA, initiated an ordinary administrative revocation procedure for the adjudication of Parcel No. 28 of the Altamira II Settlement (Asentamiento Altamira II), against Mr. José Torres Cerdas and María Ester Alvarado Alvarado, based on articles 67 and 68 paragraph 4, subsections b) and f) of Law No. 2825 (Folios 84 and 86 of the certified administrative file of the Ordinary Procedure (Procedimiento Ordinario) followed by INDER for the revocation of adjudication of Parcel No. 28 of the Altamira de Upala Settlement (Asentamiento Altamira de Upala)). That is to say, for this Tribunal, the situation supervened by the alleged sale of a part of the adjudicated land, that is, disposing of an asset that by law was not possible to do so, due to the legal limitations of these real estate properties that were adjudicated to peasant beneficiaries by the former IDA, precisely for an agricultural and livestock purpose, without, for a period of time (15 years), being able to dispose of the asset. Coupled with reports that gave merit regarding the misuse of natural resources with the cutting of trees and encroachments on protection lands, aspects that, warranted the necessary extension of the imputation of charges, whether it is understood as a continuation of the procedure initiated in the year two thousand nine (thesis of the plaintiff), or a new one, the fact is that in the administrative procedural iter, nothing prevents, that, upon the emergence of new facts (See articles 221 and 306 of the LGAP), continuation is impeded, but with the necessary rectification; or the initiation of a new procedure, being, in the opinion of these adjudicators, based on what was carried out, that what occurred in the case was that latter situation, since, by rendering void the previous admonishment, and imposing another, based now on the new facts, gave rise to the emergence of another transfer of charges that occurred on August twenty-second, two thousand eleven (see proven fact 16), a procedural moment in which all the facts were subpoenaed, including the new one, the existing evidence in its entirety was mentioned, an opportunity for defense and access to the file was given. Even, in this new procedure, contrary to what was alleged by the plaintiff, a hearing was held on September twenty-second, two thousand eleven, the evidence offered by the investigated parties was again received, given that on this occasion Mrs. Alvarado did declare, as well as Mr. Torres and other witnesses offered by the defense of the investigated parties, with the presence of their attorney at all times (Proven Fact 17). Subsequent to that, both the administration, and the defense itself of Mr. Torres and Mrs. Alvarado, requested more evidence (see proven facts 18 and 19), coupled with an inspection carried out by the directing body of the procedure in January of two thousand twelve (Folio 122 certified administrative file of the Ordinary Procedure (Procedimiento Ordinario) followed by INDER for the revocation of adjudication of Parcel No. 28 of the Altamira de Upala Settlement (Asentamiento Altamira de Upala)). Therefore, on October ninth, two thousand twelve, and February 7, 2013, respectively, the statements of the witness called ex officio, Mr. Wilberth Quesada Valverde, and the testimony of the declarant offered by the investigated party, Mr. Marvin Jiménez Salazar, were received (Proven Facts 21 and 22). Finally, the recommendation issued by the directing body was on May twenty-seventh, two thousand thirteen, and the final resolution of the procedure issued by the Board of Directors (Junta Directiva), was on July twenty-fourth, two thousand thirteen. Thus, from the summarized analysis of what occurred in the administrative procedure (but which can be seen in its entirety in the facts taken as proven in this judgment), this Tribunal does not find any space equal to or greater than six months during which the procedure was paralyzed that can be attributed to the Administration, since, as has been determined, the IDA, today INDER, was quite diligent in its actions, therefore, given the lack of precision of the exact moment in which the plaintiff considers the violation occurred to apply article 340 of the LGAP, and given that, as indicated, it was necessary to recommence the procedure, upon the advent of a subsequent and controversial event by the investigated party themselves, which warranted the extension of the imputation, it was done with respect to the constitutional guarantee of due process derived from articles 39 and 41 of the Magna Carta and from the reiterated jurisprudence initiated with judgment number 15-90 of the constitutional jurisdiction. In the case at hand, no omission or delay that can be attributed to the administration is denoted, much less the possibility of applying the institute of administrative lapsing (caducidad administrativa), since it has not been reliably determined that there existed a time lapse equal to or greater than six months during which the procedure was halted. Neither is the argument of the plaintiff receivable, which seeks to count a single time from the year two thousand nine (start of the first procedure) until the year two thousand thirteen, when the situation arising from abandonment, misuse of natural resources, and illegal disposal of the adjudicated asset was resolved by a final act of the Administration, because that thesis falls apart since what was initiated in the year two thousand nine had to be rendered void, due to the act occurring in the year two thousand ten, which is attributable to the adjudicatees themselves, who did not prove either in the administrative venue, or in the jurisdictional one, that the sale made of part of an unregistered property they indicated they possessed, was not part of the land given to them by the IDA. It must be noted that it is not about adding up all the time elapsed during the processing of a procedure, but rather that, in a rational manner, the reasons for the time taken to carry out the investigations must be analyzed (following the jurisprudence established by this jurisdiction that nullity for the sake of nullity does not exist). In this matter, it has not been possible to corroborate that there was any negligence, non-observance, or any delay on the part of the Administration, since, as has been noted, the last of the witnesses received was at the instance of the representation of the investigated parties, and this arose from the statements of previous witnesses, evidencing that the Administration was respectful of the right of defense in this case, denoting that after receiving that witness, the recommendation act of the directing body and the final resolution occurred, all in very reasonable times, linked to the complexity of the matter. Furthermore, and of great importance, it must be indicated that the attorney for the plaintiff herein, bet in the second claim now under analysis, on alleging Lapsing (Caducidad), which, as has been indicated, does not apply in this case, without adducing Prescription of the Administration's possibility of restarting, rectifying, or commencing anew the procedure, so there can be no pronouncement in that regard. B-3: Third Petition. Based on what was said in the previous section, the plaintiff further claims that: "3- Consequently, the Absolute Nullity be declared of the agreement of the Board of Directors (Junta Directiva) of the Institute of Rural Development (INDER), at 1:00 p.m. on August 16, 2013. Article No. 35, Ordinary Session 023-2013, held on June 24, 2013. And of every administrative act prior to it." This act is the final resolution issued by the Board of Directors (Junta Directiva) of INDER, in ordinary session 023-2013 of July twenty-fourth, two thousand thirteen, in its article 35, when it made the decision to revoke the adjudication of Parcel No. 28 of the Altamira Settlement (Asentamiento Altamira) due to the cause of sale without authorization from the IDA, unjustified abandonment, and the repeated failure to conserve natural resources (Folio 179 of the certified administrative file of the Ordinary Procedure (Procedimiento Ordinario) followed by INDER for the revocation of adjudication of Parcel No. 28 of the Altamira de Upala Settlement (Asentamiento Altamira de Upala)). Against said act, the plaintiff in its lawsuit, specifically in Fact "Eighth", makes a series of challenges, citing some parts of that resolution especially proven facts, from which the plaintiffs' representation determines that rather their possession of the land and the development therein of agricultural and livestock activity was proven, that MINAE reports were mentioned though it was not a party to the matter, and that the sale of part of the parcel was found proven, however they indicated that: "My clients had possession of the same 10 years before the parcel was adjudicated to them, only that the possession they had and have encompassed more land than what was indicated as parcel 28. Therefore the IDA has tried to make it look like the lot in mention belongs to said parcel, when in reality it is not so." It is around said statement that the arguments contrary to what was indicated in the final resolution are centered. However, and as an indispensable element, it must be started here from the fact that the plaintiff did not prove, either in the administrative venue, or in the jurisdictional one, reliably their claim, that is, that the capacity of the land adjudicated to them was greater than what was given to them by the IDA in the year two thousand. Neither has it been proven that of that "extra portion", they had some way of determining their possession (survey plan (plano catastrado), or initiation of possessory information), or that that part of the land did not even belong to the IDA, today INDER, since, they do not describe it, and from what has been argued in this process, all those lands are part of a single whole, all property of the IDA, and that therefore it proceeded to adjudicate as the ITCO Law allows it (see articles 49 and following of law 2528). And it is that, from the very statements of their witnesses in the administrative procedure, from which this Collegiate Body carried out an analysis that is reflected in the proven facts of this judgment, it can be concluded that although it is indicated that Mr. Torres cultivated the land adjudicated to him, the frequency of it was not clear and on the contrary, in the different inspections carried out by representatives of the IDA, as well as of MINAE and of the directing body of the procedure (see proven facts 3, 4, 8, 9, 11 and 20), there is never mention of an extra strip of land possessed prior to the adjudication of the year two thousand, they only referred to parcel 28, even, regarding the maintenance and production on Parcel No. 28, it was very contradictory, since Mr. Torres Cerdas himself, accepted in his administrative statement, that he rented it to some people so they could have cattle on the property (see proven fact 17), while Mr. Marvin Jiménez indicated that the pasture had been planted on halves between Mr. Torres and his brother Raúl, without giving greater specifications in that regard. Furthermore, there was no common denominator regarding the state of the farm, the type of what was planted, but, the Administration did determine that the crops were scarce, and that they were abandoned (see proven facts 3, 4, 8, 9, 11 and 20). On the other hand, Mr. Torres alleged that his intention was to carry out a tourism development, but that he was rendered unable to do so by the non-obtainment of title from the IDA (of which he also did not prove that he had carried out efforts in that regard), nor that for that reason he did not obtain loans (he does not prove that either), rather, his statement is linked there with the appearance of a supposed interested party on behalf of some "businessmen from Cartago", according to his own claim, with whom he supposedly conducted a business with a "little cart", a commercial activity about which he was not clear, nor did he present proof of its existence, given that, what does appear and was not disproven, is that Mr. Torres and his wife Mrs. Alvarado, in the year two thousand ten, before a notary public sold to the company Sweters House de Costa Rica S.A, a part of an unregistered land, without a plan, and without greater specifications, which they denied in their administrative statements, but in their lawsuit they argue that those sold assets were not from the parcel adjudicated to them, but they also do not prove, as indicated, the possession of another real estate. All those contradictions were taken into account in the final resolution of the procedure, including the lack of proof of other aspects that led the administration to conclude, not only the proven abandonment of the land given to them, their misuse of natural resources by felling trees, but also, the partial sale of a lot of the same, sufficient aspects for the application of articles 67 and 68 paragraph 4, subsections b) and f) of Law No. 2825 which in their letter state: "Article 67.- The beneficiary may not transfer the ownership of his plot nor encumber it, lease it or subdivide it without authorization from the Institute, except that fifteen years have elapsed since the acquisition of the parcel and that all obligations with said organization are canceled. Neither may he, without that authorization and during the same term, encumber the crops, seeds, animals, belongings, tools or equipment necessary for the exploitation of the parcel, unless all his obligations with the Institute are canceled. To authorize the encumbrance of the real estate, four conforming votes of the Board of Directors are required. Any contract concluded without complying with the preceding provisions shall be absolutely null. After the fifteen years have elapsed and the property right has been acquired, any transfer of the parcel that, in the judgment of the Institute, might produce the concentration or excessive subdivision of property, shall give it the right to acquire the parcel or parcels offered for sale at the price set by experts appointed by the parties, or by a third party, in case of disagreement. This third expert shall be appointed by the other two experts. The Public Registry shall take note of the limitations referred to in this article." An aspect that was demonstrated in the final resolution at hand, with the sale that the plaintiffs herein made in the year two thousand ten (Proven Fact 24), that is, the term of fifteen years determined by the norm had not yet been fulfilled and in the administrative venue, the investigated parties did not demonstrate that it was not Parcel No. 28 that had been subjected to a partial sale. On the other hand, article 68 establishes: "Article 68.- In the contract made with the parcel holder and in the title delivered to him, the following stipulations shall be recorded: 4) That the Institute must, in accordance with the procedure stipulated in the Chapter on Land Tribunals, revoke or extinguish the adjudication for the following reasons:...b) For the unjustified abandonment of the parcel or of the family. In this latter case, the Institute shall adjudicate the parcel to the wife, to the person or persons who have permanently lived with the parcel holder and who demonstrate greater capacity, provided they meet the conditions stipulated in article 62;...f) For repeated failure to comply with the legal norms for the conservation of natural resources. With the exception of case b) and before the revocation or extinction of the right, there must be an admonishment that has not been heeded by the adjudicatee." And it is that, from the simple reading of the final resolution of the month of August of two thousand thirteen of the Board of Directors (Junta Directiva) of INDER, the abandonment and the improper use of natural resources were considered proven, without, the contrary being demonstrated by the investigated parties regarding them. Thus, the arguments very focused in the lawsuit at hand, raised against the final act of INDER, do not lead to the requested nullity, especially due to the lack of proof in the administrative and judicial venues regarding what was charged and finally considered proven. B-4: Fourth Petition. In "4- That the Absolute Nullity be declared of Ruling No. 1211-F-2013 of the Agrarian Tribunal (Tribunal Agrario), Second Judicial Circuit of San José (Segundo Circuito Judicial de San José), at five thirty-nine p.m. on December twentieth, two thousand thirteen, which rejected the Improper Hierarchical Appeal (Recurso Jerárquico Impropio), as untimely, given that it was filed within the five business days. Likewise, the nullity of every administrative act subsequent to it." It must be recalled that the participation of the Agrarian Tribunal (Tribunal Agrario) in that matter, was as an improper two-phase hierarchical superior, that is, in this matter the agrarian jurisdiction does not act jurisdictionally, but as part of the administrative apparatus. Thus, the claim made in the lawsuit under analysis, is that this non-hierarchical controller of legality incurred an error when taking into account the dates on which the final resolution was notified and the filing of the administrative appeal. However, this Collegiate Body shares in all its extremes the declaration of untimeliness of the administrative proceeding, since as indicated in Ruling No. 1211-F-2013 of the Agrarian Tribunal (Tribunal Agrario), the date that should have been taken as a starting point for the computation of the times for the further remedies, is Tuesday, October 15, two thousand thirteen, the day after the notification made to the fax number provided by the investigated party, so from that point, the fifth business day was Monday, October twenty-first, two thousand thirteen and not, as the appeal was filed on the twenty-second following. Furthermore, it must be indicated that the administratively investigated parties filed a revocation appeal (recurso de revocatoria) against that decision, which was rejected for the same reasons now reaffirmed (Folios 236, 243 and 250 of the certified administrative file of the Ordinary Procedure (Procedimiento Ordinario) followed by INDER for the revocation of adjudication of Parcel No. 28 of the Altamira de Upala Settlement (Asentamiento Altamira de Upala)). B-5: Fifth Petition. In "5- That it be declared that the undersigned plaintiffs, have maintained the real and effective possession of Parcel No. 28 of the Altamira Settlement (Asentamiento Altamira), II Stage (A-144) Survey Plan No. A-328417-1996, ten years before the adjudication and up to the present day. That we never carried out and/or were actors of the causes of article 68, point 4 subsec. b) of the Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización) and its Reforms, of unjustified abandonment of the Parcel, of repeated failures to comply with the legal norms for the conservation of natural resources, nor did we carry out a sale of a part of Parcel No. 28." This claim must be rejected, for the arguments given in the preceding sections, reiterating that the administrative investigation did not concern a case of non-possession, but of abandonment, distinct causes and the plaintiffs herein were never accused of not having possessed. Furthermore, the failures regarding natural resources, it was proven in the records that, against Mr. Torres several criminal cases had been pursued parallel to the time in which the administrative one was being processed (proven fact 10), and while the outcomes of these are not known, the fact is that even Mr. Torres himself in his statement in the administrative venue, admitted to having been imprisoned for that (tree felling) occurring on the adjudicated parcel (see statement of September twenty-second, two thousand eleven visible on folio 88 of the certified administrative file.). B-6: Sixth Petition. It is adduced that: "6- That having been adjudicated Parcel No. 28 of the Altamira Settlement (Asentamiento Altamira), II Stage (A-144) by the Institute of Agrarian Development IDA, today INDER by agreement of the Board of Directors (Junta Directiva) No. 15, Article XV, Session No. 002-00, held on January 5, 2000. And given that the undersigned have maintained real and effective possession for more than 15 years, without interruption, the Institute of Rural Development be ordered, to transfer to the undersigned plaintiffs, through Public Deed, free of limitations the real estate in question, that is, the one described in Survey Plan No. A-328417-1996." However, the plaintiffs' claim that they managed the acquisition of the deed of the parcel from the IDA, now INDER, has not been proven; and that, under the circumstances of the investigation carried out since the year two thousand nine, where it was precisely for the purposes of determining the abandonment of the land, the having sold part of the parcel and the misuse of natural resources, it was not possible then nor now, to be able to request and obtain a property title, especially since, in the reports on the current state of the parcel issued by INDER officials from the years two thousand twenty-one and their update in the year two thousand twenty-five (see proven facts 27 and 28), the neighbors themselves indicated that Mr. Torres and Mrs. Alvarado did not return to possess the land and that in their place was Mr. Raúl Jiménez who kept cattle on the property. B-7: Seventh Petition. Now, the plaintiff seeks that: "7- The Institute of Rural Development INDER be ordered to pay Damages and Losses (Daños y Perjuicios) in the following form: for subjective moral damage (daño moral subjetivo) in the sum of TEN MILLION COLONES, and material damage (daño material) for the sum of FIFTEEN MILLION COLONES. For loss of profits (perjuicios) in the sum of FIVE MILLION COLONES, same that refer to interest corresponding from January 5, 2000 to September 17, 2021, based on the legal interest rate of the National Bank." In the theory of Objective Liability, provided in the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) (articles 190 and following) applicable to this case, for compensation like those requested (subjective moral damage (daño moral subjetivo), material damage (daño material)) to arise, one of the criteria of imputation that lead to the Causal Link (Nexo Causal) must always be present, an indispensable requirement so that the victim can be compensated. But, as it has been determined in the preceding recitals of this judgment, none of the supposed damages derived from the "nullities" or adduced damages that could arise from the procedure followed against the plaintiffs herein have been accepted, which entails a disconnection with any possible payment for damage. Moreover, the interests suffer the same fate since if the principal (damages) does not arise, the accessories (interests) cannot appear. Thus, this request is also not receivable. B-8: Eighth Petition. Regarding costs, these will be analyzed in a later recital.

VII.- Analysis of the defenses raised. The INDER representation formulated the defenses of: 1) Lack of Standing to Sue (Falta de Legitimación Ad Causam Activa y Pasiva), which must be rejected, given that as was evidenced in the case, the plaintiffs were the adjudicatees of Parcel No. 28 of the Altamira de Upala Settlement (Asentamiento Altamira de Upala) since the year two thousand, being precisely what the central axis of this lawsuit was about, therefore they had sufficient standing, and, on the other hand, the entity that adjudicated to them and subsequently initiated the procedure to obtain its revocation, was the IDA, which later changed its denomination to the Institute of Rural Development (INDER), therefore it would have passive legitimacy in the process. 2) The Generic Sine Actione Agit. Given that this is not properly one of the defenses established for the contentious-administrative jurisdiction in the applicable procedural law, it cannot be receivable. And, 3) Lack of Right. Which based on everything set forth in the substantive recital of this judgment must be admitted, and consequently the lawsuit must be declared without merit in all its extremes.

VIII.- Costs. Pursuant to numeral 193 of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party for the fact of being so. The exemption from this condemnation is only viable when there exists, in the judgment of the Tribunal, sufficient grounds for litigating or, when the judgment is issued by virtue of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In the case, this Tribunal deems, none of the exemptions apply based on everything analyzed in the preceding recitals, therefore it is proper to order the plaintiffs to pay both costs of this process.

THEREFORE.

The defenses of Lack of Active and Passive Standing to Sue (Falta de Legitimación ad causam Activa y Pasiva), as well as the generic sine actione agit are rejected. The Lack of Right adduced by the defendant is admitted. The lawsuit filed by Mr. José Torres Cerdas and Mrs. María Ester Alvarado Alvarado against the Institute of Rural Development (INDER) is declared WITHOUT MERIT. Both costs of this action are the responsibility of the plaintiffs. Notify both the parties and the interested third parties.

 

 

 

Juan Luis Giusti Soto

 

              Marianella Álvarez Molina                            Sergio Mena García

 





- Verification Code -

G2M407OJX47861



 

Document signed by:

JUAN LUIS GIUSTI SOTO, DECISION-MAKING JUDGE
MARIANELLA DEL CARMEN ALVAREZ MOLINA, DECISION-MAKING JUDGE
SERGIO MENA GARCIA, DECISION-MAKING JUDGE

 

EXP: 14-000064-1143-AG

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, across from Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

 

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-26-2026 07:06:54.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República