Res. 00264-2025 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste — Strict civil liability for environmental damage despite criminal acquittalResponsabilidad civil objetiva por daño ambiental tras absolución penal

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste

Resolución Nº 00264 - 2025

Fecha de la Resolución: 24 de Junio del 2025 a las 13:00

Expediente: 14-001479-0412-PE

Redactado por: Victor Francisco Cruz Lopez

Clase de asunto: Recurso de apelación

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Acción civil resarcitoria
Subtemas:
Indemnización por daños causados al ambiente se basa en criterios propios de responsabilidad civil objetiva.
Temas (descriptores): Responsabilidad civil objetiva
Subtemas:
Indemnización por daños causados al ambiente se basa en criterios propios de responsabilidad civil objetiva.
Temas (descriptores): Daño ambiental
Subtemas:
Indemnización por daños causados al ambiente se basa en criterios propios de responsabilidad civil objetiva.

Temas estratégicos: Ambiental

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Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

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EXPEDIENTE:

	

14-001479-0412-PE




CONTRA:

	

[Nombre 001]




OFENDIDO/A:

	

LA FE PUBLICA




DELITO:

	

Invasión a un área de conservación o protección, Usurpación de Aguas, Usurpación de Bienes de Dominio Público

 

VOTO 2025 - 264

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL DE GUANACASTE. Santa Cruz, al ser las  trece horas del veinticuatro de junio del  dos mil veinticinco.

 Recurso de apelación interpuesto en la presente causa número 14-001479-412-PE, seguida contra [Nombre 001], [...], por el delito de USURPACIÓN DE AGUAS, USURPACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO E INVASIÓN DE UN AREA DE PROTECCIÓN, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES Y DEL RECURSO HÍDRICO. Intervienen en la decisión del recurso los jueces Victor Francisco Cruz López, Franklin Lara Fallas y la jueza  Cynthia Dumani Stradtmann.  Se apersono en esta sede, el licenciado Rafael Ángel Guillén Monge, como defensor particular del imputado  en su representación y beneficio, así como su doble condición de  representante legal de la empresa [...] Sociedad Anónima y la licenciada Zaray Chavarría Prado en carácter de Procuradora Penal. 

RESULTANDO

  I. Mediante sentencia número 47-2025 de las 07:00 horas del 24 de febrero de 2025, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, sede Nicoya, resolvió: "POR TANTO:  De conformidad con lo expuesto, artículos 39, 41, 45, 46 y 50 de la Constitución Política; 8.1 y 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1, 11, 30, 45, 103, 106, 226, 227 del Código Penal; 1 acápite IV), 2, 3, 7, 8 de la Ley de Aguas; 33 de la Ley Forestal; 1, 2, 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente; 95 principios jurídicos medioambientales para un desarrollo ecológicamente sustentable; 13, 16, 37, 40, 111 a 119, 142, 180 al 184, 265 a 270, 326, 336, 341, 345, 350 a 353, 357 a 361, 363 a 366 del Código Procesal Penal; 1045, 1046 y 1048 del Código Civil; 122 al 125 del Código Penal de 1941, Reglas Vigentes Sobre Responsabilidad Civil; 1 y 3, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; se resuelve: I.- En aplicación del Principio Universal In Dubio Pro Reo, SE ABSUELVE de toda pena y responsabilidad a [Nombre 001], por los delitos de USURPACIÓN DE AGUAS, USURPACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO E INVASIÓN DE UN ÁREA DE PROTECCIÓN, en perjuicio de los recursos naturales y del recurso hídrico, que le atribuyó el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. Se resuelve sin especial condenatoria en costas personales y procesales en cuanto a la acción penal. II.- Sobre la Acción Civil Resarcitoria promovida por la Procuraduría General de la República contra el demandado civil [Nombre 001], por haberlo solicitado así la actora civil y en apego al principio dispositivo que rige la materia civil, se declara SIN LUGAR, y se resuelve sin especial condena en costas por haber existido razón plausible para litigar. III.- Sobre la Acción Civil Resarcitoria promovida por la Procuraduría General de la República contra la demandada civil [...] SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica [Valor 001], representada judicial y extrajudicialmente por el señor [Nombre 001], portador de la cédula de identidad número [Valor 002], propietaria de la finca matrícula número [Valor 003] situada en la provincia de [...]: SE DECLARA CON LUGAR, y se le condena a pagar a favor del Estado, por concepto de DAÑO AMBIENTAL la suma de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO COLONES CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (₡13,812,345.91), por concepto de DAÑO AL RECURSO HÍDRICO la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA COLONES CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (₡1.372.050,46 ) y un costo diario de CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO COLONES CON DOS CÉNTIMOS (₡45.735,02), para un TOTAL DE QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y UN COLONES CON CUARENTA CÉNTIMOS (₡15.230.131,40), más intereses legales y moratorios a partir del momento de la firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago. IV.- Sobre las costas y gastos del proceso: Se condena a la demandada civil, [...] SOCIEDAD ANÓNIMA, al pago de las costas personales que se fijan sobre el monto de TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL VEINTISÉIS COLONES CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (₡3.046.026,28), según Arancel de honorarios por servicios profesionales de abogacía y notariado N° 41457 -JP. Tales sumas deberá cancelarlas la demandada civil [...] SOCIEDAD ANÓNIMA, por simple orden del Tribunal y a la firmeza de este fallo, caso contrario deberá acudir la parte interesada al proceso de Ejecución de Sentencia según lo dispone el ordinal 488 del Código Procesal Penal. Son los gastos del proceso a cargo del Estado. V.- Sobre la restitución de las cosas a su estado natural: Una vez firme la sentencia y de conformidad con los artículos 140 y 361 inciso d) del Código Procesal Penal, 103 del Código Penal, y 33, 34 y 58 incisos a) y b) de la Ley Forestal, se ordena la restitución de la cosas a su estado natural en la zona de protección afectada y en el cauce de la quebrada Sin Nombre, conocida como “[...]” ubicada en las coordenadas geográficas latitud 227744 y longitud 371471, específicamente en la finca matrícula número [Valor 003], situada en la provincia de [...], y que tiene como propietario registral a “[...] S.A”, cédula jurídica [Valor 001]. En este orden, se ordena el derribo de las estructuras y construcciones invasoras ubicadas dentro del área de protección y de los causes de dominio público, corriendo los gastos por concepto de derribo y retiro de materiales del lugar afectado, a cargo de la propietaria registral de la finca en cuyo terreno se encuentran las obras que deben ser removidas, sea “[...] S.A”. De previo a proceder según se indica, una vez firme la sentencia, se ordena al Ministerio de Ambiente y Energía, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área  de Conservación Tempisque, Oficina Subregional Nicoya, y a la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, realizar en el plazo máximo de un mes calendario después de la firmeza de esta sentencia, una inspección al lugar afectado y determinar técnicamente la manera de proceder para que las acciones de restitución de las cosas a su estado natural en la zona de protección y en el cauce de la quebrada Sin Nombre, se haga de la manera adecuada para mitigar los efectos adversos que las acciones descritas puedan provocar, de manera que se evite generar daños ambientales mayores a los ya producidos. Emitido este Informe, “[...] S.A”, deberá acatar las recomendaciones que se hagan y proceder en un plazo de un mes calendario después de su notificación, a ejecutar las acciones ordenadas de restitución de las cosas a su estado natural. Se previene a [Nombre 001], en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de “[...] S.A”, que es representada judicial y extrajudicialmente por éste, del carácter obligatorio de lo que se resuelve, pudiéndosele seguir causa por el Delito de Desobediencia a la autoridad en caso de incumplimiento o de obstaculización de las labores de restauración del sitio afectado, o bien, de las inspecciones que los funcionarios de MINAE-SINAC-Dirección de Aguas deban hacer al sitio afectado para ejecutar y dar seguimiento a lo ordenado. Así mismo, se le ordena al Ministerio de Ambiente y Energía, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación Tempisque, Oficina Subregional Nicoya y a la Dirección de Aguas, rendir un Informe final al Juzgado de Ejecución de la Pena, a fin de constatar el cumplimento de lo ordenado en la presente sentencia según las recomendaciones técnicas hechas. Comuníquese lo resuelto al Ministerio de Ambiente y Energía, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación Tempisque, Oficina Subregional Nicoya y a la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía. Por lectura notifíquese. Para la lectura de la sentencia integral se fijan dieciséis horas con veinte minutos del 03 de marzo del 2025. Es todo. Laura Cubillo Madrigal Jueza del Tribunal de Juicio de Nicoya " (SIC).

 II. Contra el anterior pronunciamiento, el licenciado Rafael Ángel Guillén Monge, como defensor particular del imputado  en su representación y beneficio, así como su doble condición de  representante legal de la empresa [...] Sociedad Anónima, interpuso recurso de apelación.

 III. Verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.

 IV. En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

   

Redacta el juez Cruz López; y,

 

CONSIDERANDO

 

 I.- Contra la sentencia número 047-2025, dictada por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, sede de Nicoya, de las 07:00 horas del 14 de febrero de 2025, se interpuso un recurso de apelación, por parte del licenciado Rafael Ángel Guillén Monge, en favor de los intereses de [Nombre 001], en su carácter personal y como representante legal de la empresa [...] Sociedad Anónima. La lectura integral de la sentencia se efectuó en fecha 03 de marzo de 2025, y el recurso se presentó el 24 de marzo de ese mismo año, por lo que se concluye que la gestión fue presentada en tiempo. Con relación al recurso planteado por parte del defensor a favor de [Nombre 001], se logra concluir que el imputado fue absuelto de toda pena y responsabilidad, y a su vez, según se desprende del considerando VII de la sentencia, la acción civil resarcitoria interpuesta en contra de su persona, fue declarada sin lugar, acogiéndose la solicitud planteada por la parte actora civil en sus conclusiones, por lo que en lo que al recurso planteado a favor de los intereses de [Nombre 001], el mismo debe ser declarado inadmisible. Por su parte, en cuanto a la legitimación de la sociedad demandada civil ya indicada, considera este Colegio de alzada que se cumplen los requisitos de forma y fondo para la presentación de apelaciones en contra de sentencias penales, por lo que es admisible para su sustanciación.

 II.- Del recurso admitido. En su primer alegato, al que denominó "quebranto de los principios de legalidad en relación al debido proceso y afectación al derecho de defensa, al tenerse como responsable de un accionar que ya existía cuando se compró la finca, o sea, se dio en otro momento histórico" (folio 192 vuelto). Para el letrado se produjo una violación a las reglas de la sana crítica, esto debido a que no existían elementos probatorios suficientes que justificara la condenatoria civil de su representado, y el concluir que la marca de unos dientes de aparente pala mecánica sin que existieran marcas de maquinaria recientes ni antiguas es una conclusión que viola el deber de una adecuada fundamentación, tornándose insuficiente y contradictoria. Considera el letrado que el haber adquirido la propiedad no podía generar una responsabilidad objetiva donde aparecen los daños ambientales. Como segundo punto, relacionado con el anterior, considera que la determinación de los ¢13.000.000,00 en daños no se hizo por medio de un perito matemático y que era incorrecto determinar ese monto por medio de los testimonios de los funcionarios del SINAC, señalando que “el monto definido como condena pecuniaria es producto de fórmulas inventadas en dicha oficina estatal para dar un aproximado del supuesto daño y sus consecuencias posteriores, estas últimas sin comprobarse y mantenerse para el debate en la especulación de las teorías proteccionistas del medio ambiente, válidas para una conferencia de temas ambientales, pero no para la certeza jurídica que requiere una sentencia penal” (cfr. folio 193), esto a pesar de que el ingeniero de aguas Leonardo Solano Romero definió un monto de ¢1.372.050,46 por el mayor daño encontrado en el cauce de la [...]. En el recurso se plantea un acápite denominado “otro tema que quiero recalcar” (cfr. fol 196), en el que refiere que la demandada civil argumentó en debate que los daños venían de tiempo atrás, cuando otra persona fue la dueña del inmueble, indicando que hay un documento que señala que la fecha de inscripción de la compra de la propiedad fue el 07 de mayo de 2014 y que la denuncia lo es del 13 de agosto de ese mismo año, y repite el argumento ya indicado, de que los funcionarios indicaron que los daños debieron ser de esos días porque los dientes de la pala ya refería que aparentaban ser de un back hoe, sin que se encontraran huella de la maquinaria que sacó el material, a pesar de ser un terreno suave, porque es a la orilla del río, con lo que considera que se da una falta de fundamentación en los aspectos fácticos, descriptivos e intelectivos. De los dos motivos interpuestos concluye que se dio una condena civil con violación a sus derechos procesales. De forma resumida puede considerarse que el letrado finca su reclamo en dos extremos, que se complementan mutuamente, el primero de ellos, relacionado con el hecho de que no existían suficientes elementos de prueba para considerar los daños ambientales en la propiedad -los cuales no discute que se dieron- se hicieron antes de que esta fuera adquirida, y en segundo lugar, que no existió prueba idónea para la cuantificación del daño ambiental.

 III.- Resolución de los motivos. Considera esta cámara que formalmente se planteó un solo motivo de apelación relacionado con la suficiencia probatoria para arrivar a las conclusiones por parte del tribunal, por lo que al estar relacionadas entre sí, se van a resolver de forma conjunta.  Los motivos deden ser declarados sin lugar. Para un abordaje más claro de lo planteado en el recurso, deben tomarse en cuenta varios aspectos previos, el primero de ellos que la sentencia impugnada absolvió de toda pena y responsabilidad al imputado, por los delitos que se le venían achacando, aspecto que no fue apelado, por lo que en cuanto a dicho extremo la decisión no puede ser revertida. De lo anterior también se deriva que el reclamo traído ante esta Cámara de Apelación, tiene que ver con la responsabilidad civil que se achacó en sentencia a la representada del imputado, y demandada civil, la empresa [...] Sociedad Anónima. Otro aspecto, que ya fue abordado en el considerando relativo a la admisibilidad del recurso, guarda relación con el hecho de que en este proceso se presentó una gestión de acción civil resarcitoria, en contra de dos personas distintas. Por un lado, en contra de [Nombre 001], en su carácter personal, quien también figuraba como parte imputada, ahora absuelta,  pero que como se indicó en el considerando segundo de este voto, en lo civil también se le eximió de responsabilidad, aspecto que tampoco ha sido cuestionado, por lo que en este aspecto se debe estar a lo ya resuelto. De todo lo indicado debe volver a recalcarse que la condena civil se efectuó en contra de la compañía propietaria del bien donde se efectuaron las obras dañosas al medio ambiente, específicamente en la quebrada sin nombre, pero conocida como [...], en la finca del Partido de Guanacaste, matrícula de Folio Real [Valor 003], donde se realizaron unas construcciones y estructuras invasivas, ubicadas dentro del área de protección y de los causes de dominio público, aspecto que por lo demás, es aceptado por la parte recurrente, solo que sostiene que esas obras se hicieron antes de adquirir el fundo, habida cuenta que habían pasado aproximadamente dos meses y medio entre la fecha de la compra y el hallazgo de los daños, por lo que considera que se debió desestimar la demanda civil en este extremo. Un aspecto que no se impugnó es que además, en sentencia se ordenó la restitución de las cosas a su estado original, lo cual en todo caso deberá ser valorado en conjunto con los fundamentos que se dan en el recurso.

La sentencia dedicó un extenso considerando denominado “Fundamentación sobre la responsabilidad civil objetiva de ‘[...], S.A.’, por los daños ocasionados a los recursos naturales y al recurso hídrico: Se declara con lugar la acción civil resarcitoria” (cfr. fol. 171 a 184), a la responsabilidad de la representada del letrado que impugna. Para llegar a la anterior conclusión, el tribunal hizo un análisis de prueba testimonial y documental que fue aportada al proceso, y valorada de acuerdo con los principios derivados del juicio oral y público, y con base en ello, en primer lugar se concluye que la aquí demandada civil es la propietaria registral del inmueble donde se encontraron las obras cuestionadas. También se tiene otro hecho no controvertido, y es que el imputado, ahora absuelto, detenta la representación legal de la sociedad, dueña del inmueble donde se efectuaron las obras que dañaron el ambiente. Por su parte, del análisis de las hojas cartográficas y del informe rendido por el Ministerio de Ambiente y Emergía, donde consta la inspección que se efectuó en el sitio, que en dicha propiedad discurre una quebara que no tiene nombre, pero que es conocida como [...], lo cual también se comprueba con documentos que fueron aportados por la misma defensa técnica. También se tuvo por acreditado que no existían permisos otorgados por la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, ni del Registro Nacional de Concesiones, ni del Sistema de Áreas de Conservación, ni a nombre de la empresa demandada civil o del imputado absuelto que era su representante. Por su parte, de los informes técnicos rendidos para el proceso, inspecciones y demás prueba documental, se concluye que en dicha propiedad se realizaron una serie de obras dañosas para el medio ambiente, específicamente, un canal para el desvío del agua en la quebrada conocida como [...], un muro de cemento dentro del cauce y del área de protección de la quebrada, todo lo cual fue fotografiado e incluso se insertaron en la sentencia, las imágenes respectivas. De todo lo anteriormente indicado se puede resumir que en el caso en concreto, se dan una serie de aspectos que no son controvertidos, aceptados por la misma defensa técnica y material y es que existe la propiedad que le pertenece a la demandada civil, que el imputado es el representante, que por dicha propiedad discurre una quebrada, conocida como [...], y que en dicha propiedad se hicieron una serie de obras en el área protegida de la quebada, que determinaron un daño ambiental para dicha zona de protección.

La discrepancia de la defensa se da por cuanto indica que esas obras son anteriores a la adquisición de la propiedad por su representada, pero de un análisis de la sentencia se tiene que se recibió la declaración del ingeniero Leonardo Solano Monge, quien realizó una inspección en dicho lugar, en asocio de la ingeniera Zaida Hernández Salas, declaraciones de las que el tribunal sentenciador logra concluir que cuando se realizan esas inspecciones, que quedan plasmadas en sendos informes, actas de inspección y otros documentos, que en el lugar se encontraron visibles las huellas de los dientes de maquinaria que trabajó en el lugar y de la declaración que hizo en específico la señora Zaida Hernández Salas, que ese día se determinaron obras en el lugar, pero que el muro se encontró en una inspección posterior por parte de otro compañero de ellos.

El tribunal menciona amplios informes e inspecciones que se realizaron en el sitio donde se determinó la existencia de las obras con las que se materializó el daño ambiental y además, que dichas obras habían sido realizadas recientemente y no como lo pretende hacer ver el recurrente, porque si bien la inscripción del documento de compra de la propiedad se hizo con aproximadamente dos meses y medio de antelación al descubrimiento de las obras, estas eran recientes. Debe agregarse que estas visitas al terreno, y las inspecciones efectuadas, se debieron a que se dieron quejas y denuncias de vecinos sobre la existencia de las obras que se estaban realizando en la quebrada y sus alrededores, lo cual también permite tener que dichas obras eran de fecha reciente. En el planteamiento del defensor se logra concluir que a su criterio esas obras pudieron haber sido realizadas por el propietario que anteriormente era dueño del fundo, sin embargo, eso lo plantea como una mera hipótesis sin fundamento probatorio, por cuanto de la prueba recibida en el debate se logra determinar que esas obras se efectuaron de forma reciente e incluso, cuando se fundamenta la absolutoria a favor del representante de la compañía propietaria, se hace ver que no se puede descartar del todo que dichas obras pudieron haber sido realizadas por el imputado, pero no con el grado de certeza requerida para una condena penal, pero que dichas obras si realizaron, que determinaron un daño ambiental y que se dieron recientemente, sin que se contara con permisos para ello. Es con base en lo anteriormente mencionado, que es desarrollado en la sentencia, que no es de recibo el reclamo planteado por el recurrente de que en el caso concreto esas obras fueron realizadas con antelación a la compra de la propiedad, aspecto que es analizado de forma amplia y fundada, con base en la prueba testimonial y documental recibida en el contradictorio, y analizada en la sentencia.

El otro aspecto cuestionado, que también tiene que ver con el análisis probatorio efectuado en sentencia, se refiere al monto del daño ambiental establecido, y aquí debe hacerse mención a que si bien no fue un aspecto cuestionado, de previo a la la fundamentación del monto impugnado, en el fallo se desarrolla el “Principio de responsabilidad civil objetiva o de riesgo y solidaria en materia ambiental”, que ha sido desarrollado por la jurisprudencia nacional, específicamente por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, esto en los votos 1669-2000 de las 14:51 horas del 18 de febrero de 2000, y en el voto 9966-2010 de las 15:38 horas del 09 de junio de 2010, del cual se deriva la obligación de reparar el daño cuando existan daños ambientales, aun y cuando no exista culpa (cfr. fol. 180 vuelto y 181 frente, así como en folios siguientes). Ahora bien, si bien el recurrente no está cuestionando la responsabilidad objetiva que se deriva de una situación como la planteada en el presente proceso, si se opone el monto establecido en sentencia para dicha fijación. Una primera observación que se debe de realizar es que el letrado lo que reclama es la falta de un criterio de un actuario matemático que pudiera haber hecho la valoración respectiva, argumento que no es de recibo en nuestro sistema procesal porque en primer lugar, como se indicará de seguido, la prueba utilizada para la fijación de dicho monto constituye prueba lícita que no ha sido cuestionada como tal por la defensa de la empresa condenada, pero en segundo lugar, nuestro Código Procesal desarrolla como uno de sus pilares en esta materia el principio de libertad probatoria, que consiste en que todo puede ser probado por cualquier medio lícito. Como se ha indicado, la defensa no impugna el contenido de la prueba, sino que a su criterio se debió contar con otros elementos diferentes, lo cual no demerita de ninguna manera la que efectivamente fue utilizada y admitida para el contradictorio. La sentencia hace referencia al informe técnico ACT-OSRN-453-2020, de fecha 12 de agosto de 2020, en el que la ingeniera Zaida Teresita Hernández Salas, en su condición de funcionaria del Área de Conservación Tempisque, Subregión Nicoya, del SINAC-MINAE, (cfr. fol. 183 frente y vuelto del legano principal) concluye cuál es el monto a indemnizar, que es precisamente el acogido en sentencia, documento que fue aceptado como prueba para el contradictorio, y que además no fue impugnado en su momento por la defensa, pero que establece criterios que se analizaron en la sentencia documento, sustentando el monto de responsabilidad civil a pagar. Sobre este aspecto en concreto se fundamentó en la sentencia:“Los montos a los que se condena a pagar a la demandada civil, obedecen a la valoración económica que del daño ambiental, se expone en el Informe Técnico ACT-OSRN-453-2020 de fecha 12 de agosto del 2020, emitido por la Ing. Zaida Teresita Hernández Salas, en su condición de funcionaria del Área de Conservación Tempisque, Subregión Nicoya del SINAC-MINAE (folios 28 a 41 del Legajo de Acción Civil Resarcitoria). Sobre la manera en la que se hacen esos cálculos expuestos en el informe, la perito en juicio explicó la manera en la que varios profesionales conforman un equipo o panel de personas especialistas en diferentes áreas, en este caso tres ingenieros forestales y un ingeniero agrónomo, quienes aplican una metodología para la estimación del daño ambiental provocado, tomando en consideración la protección del recurso agua, la protecció del recurso suelo, la protección de la vida silvestre, la conservación de la biodiversidad, esparcimiento y regulación de gases.” (cfr. fol. 183 vuelto).

De acuerdo con lo indicado en sentencia, y analizado por esta Cámara de Apelación, en sentencia no solo se logra concluir la existencia de un hecho generador, específicamente, un daño ambiental, sino que también existe una causa de responsabilidad civil objetiva que determina la reparación de ese daño, lo cual se hace de forma fundada y amplia, por lo que procede desestimar los reclamos efectuados por el defensor en contra de la sentencia impugnada. En la sentencia, la persona juzgadora divide el considerando respectivo a este tema en varios aspectos, siendo el primero de ellos la existencia de la sociedad demandada civil, y de su representación legal, en segundo lugar, que la [...], se encuentra en dicha propiedad, como tercer y cuarto aspecto, que con respecto a la propiedad no existe ningún tipo de permiso, ni a nombre del imputado absuelto, su representante legal, ni de la sociedad dueña del inmueble, para la realización de obras, ya sea por la Dirección de Aguas del MINAE o del SINAC-MINAE, y finalmente, que se concluye, de la prueba recibida, que en la propiedad se efectuaron varias obras dañosas al área de protección de cauce indicado, y con respecto a la primera se indica: “Así las cosas, analizados de manera conjunta los elementos probatorios incorporados a debate, permiten tener por acreditado que en la finca matrícula número [Valor 003], propiedad de ‘[...]’, en el punto ubicado en la coordenada latitud 227744 y longitud 371471, se construyó un canal para el desvío del agua de aproximadamente 15 metros de largo, por 2 metros de alto y 1 ½ metro de ancho, y de un muro de cemento dentro del cauce y los 15 metros del área de protección de la quebrada ‘[...]’, propiamente en las coordenadas latitud 227744 y longitud 371471.” (cfr. fol. 174 vuelto), y luego, se hace mención a la segunda de estas obras, concluyendo que: “Tomando como fundamento estas tres inspecciones realizadas por profesionales en ingeniería, tanto de la Dirección de Aguas como del SINAC-MINAE, y los que se encargaron de elaborar los informes ofrecidos por la defensa, se puede concluir con total certeza que en la finca ya referida y propiedad de ‘[...] S.A’, se hizo una excavación en agosto del 2014 para crear un una fosa de aproximadamente 4 metros de profundidad, por 6 metros de ancho y 7 metros de largo, y de un muro de cemento, a 5 metros de distancia del desvío en la margen derecha de la quebrada ‘[...]’, con la finalidad de construir un abrevadero para el ganado de dicha sociedad.” (cfr. fol. 178 frente). Todas estas consideraciones efectuadas en sentencia no solo hacen concluir una labor de fundamentación importante de la persona juzgadora al sustentar sus conclusiones, contrario a lo indicado por el recurrente, sino que llevan al deber que tiene esta Cámara de Apelación con respecto a la responsabilidad civil acordada en el caso concreto, que es lo que impugna el recurrente. Al respecto debe aplicarse lo ya resuelto por la Sala Constitucional que ha señalado que a pesar de una sentencia condenatoria, es posible emitir una sentencia condenatoria en lo civil, indicándose: “… partiendo del hecho de que acción penal y acción civil son diferentes e independientes entre sí y que marchan juntas solo para efectos de economía procesal; el hecho de que se absuelva en cuanto a la acción penal no implica que se haya de absolver tambien en cuanto a la civil. (…). Así las cosas, la aplicación de tales artículos por parte del juzgador obedece al cumplimiento del principio de legalidad, el cual es garantía fundamental integrante del Debido Proceso. Por ello, no es posible admitir que el Tribunal haya incumplido con el Debido Proceso, pues su actuaciòn se encuentra plenamente amparada en normas procesales” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 03603 de las 14:42 horas del 27 de julio de 1993). En igual sentido puede verse la resoluciones de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, voto 00043 de las 12:15 horas del 16 de enero de 2009, con lo que se concluye que este no es un criterio aislado, pero que a su vez, encuentra amparo en el artículo 40 del Código Procesal Penal que señala el carácer accesorio de la acción civil resarcitoria, y agrega que: “El Tribunal Penal deberá pronunciarse sobre el fondo de la acción civil resarcitoria válidamente ejercida, aún y cuando se haya dictado sentencia absolutoria o de sobreseimiento definitivo en la fase de juicio.” Sobre la responsabilidad civil objetiva, también existen normas citadas en la sentencia que así lo avalan, pero igualmente se encuentra citada en la resolución cuestionada sendas resoluciones judiciales que lo sustentan, que igualmente no representan criterios aislados, sino que reiterados en el tiempo, como por ejemplo el voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 2000 de las 14:51 horas del 18 de febrero de 2002, donde señaló: “estima la Sala que no se ha producido violación a los derechos de defensa y debido proceso protegidos por la Constitución Política, por cuanto como anteriormente se señaló en el considerando II, refiriéndonos al tipo de responsabilidad que se trata en el caso en cuestión, ‘… dicha responsabilidad surgiría aún cuando no medie culpa del transgresor si la actividad por éste desempeñada se estima riesgosa y, no obstante, asume ese riesgo, con una consecuencia dañosa para el ambiente…’, lo que significa que habiéndose determinado que existe responsabilidad por parte de la empresa demandada como sucede en el caso de marras, proceso en el cual como ya se indicó, esta empresa sí estuvo representada por el recurrente y tuvo oportunidad de defensa, la responsabilidad conexa que es la que establece el artículo 101 ya citado, -que le corresponde a los titulares de la empresa demandada-, es una responsabilidad objetiva, que no requiere demostrar culpa o negligencia del titular de la empresa para ser exigida, únicamente la derivada propiamente de la actuación de la empresa, por lo que, teniendo en consideración además que el recurrente fue el representante legal de la empresa y a la vez es el titular de la misma, no puede alegar desconocimiento del proceso ni de la aplicación de la ley como responsable de ésta, de la cual no pudo lograr que resultara absuelta. Importa destacar además, que en este asunto, en todas las etapas del procedimiento el amparado estuvo presente, con el patrocinio legal de su abogado, pudiendo incluso recurrir las resoluciones dictadas. Es decir, hizo valer en todo momento su derecho de defensa en un procedimiento en el que se respetaron todos los principios informantes del debido proceso, de tal suerte que no es aceptable para la Sala, el argumento de que por habérsele condenado solidariamente, se le colocó en un estado de indefensión. Por lo anterior, la Sala estima que el recurso debe ser declarado sin lugar.” Esta tesis sostenida por la sala también se encuentra contenida en otros votos, constituyendo jurisprudencia reiterada.

De todo lo anterior se concluye que la sentencia impugnada se encuentra debidamente fundamentada, que se han dado criterios jurídicos que comparte esta Sala de Casación para arribar a la conclusión de que efectivamente era posible el dictar una sentencia condenatoria en lo civil, esto a pesar de una absolutoria en lo penal, y que además, la responsabilidad civil de la empresa propietaria del fundo donde se produjeron los daños, resulta ser responsable de los mismos, y de la restitución de las cosas a su estado anterior, situación que es abordada correctamente en la sentencia impugnada. Por lo anteriormente expuesto no pueden llevar razón los reclamos de la defensa.  

POR TANTO

 Se declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Rafael Ángel Guillén Monge, en favor de los intereses de [Nombre 001]. Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Rafael Ángel Guillén Monge, en favor de los intereses de la empresa [...] Sociedad Anónima. Notifíquese. Es todo.

 

 

Víctor Francisco Cruz López

 

 

Cynthia Dumani Stradtmann    Franklin José Lara Fallas

(Firmado digitalmente)

Jueza y Jueces

 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste.                                                                                                         

BRODRIGUEZA

	

14-001479-0412-PE

	

1

 

Circuito Judicial de Santa Cruz, Edificio Tribunales, Tercer Piso Teléfonos: 2681-4047. Fax: 2680-1072. Correo electrónico: [email protected]

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:23:04.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**RESOLUTION No. 00264 - 2025**

**Date of Resolution:** June 24, 2025, at 13:00

**Case File:** 14-001479-0412-PE

**Drafted by:** Victor Francisco Cruz Lopez

**Type of matter:** Appeal

**Analyzed by:** JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER

**Type of content:** Majority vote
**Topics (descriptors):** Civil action for damages
**Subtopics:**
Compensation for damages caused to the environment is based on criteria specific to strict civil liability.
**Topics (descriptors):** Strict civil liability
**Subtopics:**
Compensation for damages caused to the environment is based on criteria specific to strict civil liability.
**Topics (descriptors):** Environmental damage
**Subtopics:**
Compensation for damages caused to the environment is based on criteria specific to strict civil liability.

**Strategic Topics:** Environmental

**Resolutions in the same sense**

**Resolution with protected data, in accordance with current regulations**

**Text of the resolution**

CASE FILE:

14-001479-0412-PE

AGAINST:

[Nombre 001]

VICTIM:

LA FE PUBLICA

CRIME:

Invasion of a conservation or protection area, Usurpation of Waters, Usurpation of Public Domain Assets

**VOTE 2025 - 264**

**SENTENCE APPEALS COURT OF GUANACASTE.** Santa Cruz, at thirteen hours on June twenty-fourth, two thousand twenty-five.

Appeal filed in this case number 14-001479-412-PE, brought against [Nombre 001], [...], for the crime of USURPATION OF WATERS, USURPATION OF PUBLIC DOMAIN ASSETS, AND INVASION OF A PROTECTION AREA, to the detriment of NATURAL RESOURCES AND WATER RESOURCES. Judges Victor Francisco Cruz López, Franklin Lara Fallas, and Judge Cynthia Dumani Stradtmann participate in the decision of the appeal. Attorney Rafael Ángel Guillén Monge appeared at this venue as the private defense counsel for the accused, representing and benefiting him, as well as in his dual capacity as the legal representative of the company [...] Sociedad Anónima, and Attorney Zaray Chavarría Prado appeared as the Criminal Prosecutor.

**WHEREAS**

I. By judgment number 47-2025 at 07:00 hours on February 24, 2025, the Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, Nicoya venue, resolved: "THEREFORE: Pursuant to the foregoing, articles 39, 41, 45, 46, and 50 of the Political Constitution; 8.1 and 8.2 of the American Convention on Human Rights; 1, 11, 30, 45, 103, 106, 226, 227 of the Criminal Code; 1 section IV), 2, 3, 7, 8 of the Ley de Aguas; 33 of the Ley Forestal; 1, 2, 98, and 101 of the Ley Orgánica del Ambiente; 95 environmental legal principles for ecologically sustainable development; 13, 16, 37, 40, 111 to 119, 142, 180 to 184, 265 to 270, 326, 336, 341, 345, 350 to 353, 357 to 361, 363 to 366 of the Code of Criminal Procedure; 1045, 1046, and 1048 of the Civil Code; 122 to 125 of the 1941 Criminal Code, Rules in Force on Civil Liability; 1 and 3, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; it is resolved: I.- In application of the Universal Principle In Dubio Pro Reo, [Nombre 001] IS ACQUITTED of all penalty and responsibility for the crimes of USURPATION OF WATERS, USURPATION OF PUBLIC DOMAIN ASSETS, AND INVASION OF A PROTECTION AREA, to the detriment of natural resources and water resources, which were attributed to him by the Public Prosecutor's Office and the Procuraduría General de la República. It is resolved without special condemnation for personal and procedural costs regarding the criminal action. II.- Regarding the Civil Action for Damages brought by the Procuraduría General de la República against the civil defendant [Nombre 001], as requested by the civil plaintiff and in adherence to the dispositive principle governing civil matters, it is declared WITHOUT MERIT, and it is resolved without special condemnation for costs as there was plausible reason to litigate. III.- Regarding the Civil Action for Damages brought by the Procuraduría General de la República against the civil defendant [...] SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number [Valor 001], judicially and extrajudicially represented by Mr. [Nombre 001], bearer of identity card number [Valor 002], owner of the property registration number [Valor 003] located in the province of [...]: IT IS DECLARED WITH MERIT, and it is condemned to pay to the State, for the concept of ENVIRONMENTAL DAMAGE the sum of THIRTEEN MILLION EIGHT HUNDRED TWELVE THOUSAND THREE HUNDRED FORTY-FIVE COLONES AND NINETY-ONE CENTS (₡13,812,345.91), for the concept of DAMAGE TO WATER RESOURCES the sum of ONE MILLION THREE HUNDRED SEVENTY-TWO THOUSAND FIFTY COLONES AND FORTY-SIX CENTS (₡1.372.050,46), and a daily cost of FORTY-FIVE THOUSAND SEVEN HUNDRED THIRTY-FIVE COLONES AND TWO CENTS (₡45,735.02), for a TOTAL OF FIFTEEN MILLION TWO HUNDRED THIRTY THOUSAND ONE HUNDRED THIRTY-ONE COLONES AND FORTY CENTS (₡15.230.131,40), plus legal and default interest from the time the judgment becomes final and until its effective payment. IV.- Regarding the costs and expenses of the process: The civil defendant, [...] SOCIEDAD ANÓNIMA, is condemned to pay personal costs set at the amount of THREE MILLION FORTY-SIX THOUSAND TWENTY-SIX COLONES AND TWENTY-EIGHT CENTS (₡3.046.026,28), according to the Fee Schedule for Professional Legal and Notary Services No. 41457 -JP. Such sums must be paid by the civil defendant [...] SOCIEDAD ANÓNIMA, by simple order of the Court and upon the finality of this ruling; otherwise, the interested party must resort to the Sentence Execution process as provided by article 488 of the Code of Criminal Procedure. The costs of the process shall be borne by the State. V.- Regarding the restitution of things to their natural state: Once the judgment is final and in accordance with articles 140 and 361 subsection d) of the Code of Criminal Procedure, 103 of the Criminal Code, and 33, 34, and 58 subsections a) and b) of the Ley Forestal, the restitution of things to their natural state is ordered in the affected protection zone and in the bed of the Quebrada Sin Nombre, known as "[...]" located at geographical coordinates latitude 227744 and longitude 371471, specifically on property registration number [Valor 003], located in the province of [...], and whose registered owner is "[...] S.A", legal ID [Valor 001]. In this regard, the demolition of the invading structures and constructions located within the protection area and on the public domain beds is ordered, with the costs for demolition and removal of materials from the affected site to be borne by the registered owner of the property on whose land the works to be removed are located, namely "[...] S.A". Prior to proceeding as indicated, once the judgment is final, the Ministry of Environment and Energy, National System of Conservation Areas, Área de Conservación Tempisque, Oficina Subregional Nicoya, and the Dirección de Aguas of the Ministry of Environment and Energy are ordered to conduct, within a maximum period of one calendar month after the finality of this judgment, an inspection of the affected site and to technically determine the manner of proceeding so that the actions for restitution of things to their natural state in the protection zone and in the bed of the Quebrada Sin Nombre are carried out appropriately to mitigate the adverse effects that the described actions may cause, in a manner that prevents the generation of greater environmental damage than what has already been produced. Once this Report is issued, "[...] S.A" must comply with the recommendations made and proceed within a period of one calendar month after its notification to execute the ordered actions for restitution of things to their natural state. [Nombre 001], in his capacity as president with powers of a general proxy without limit of sum of "[...] S.A", which he represents judicially and extrajudicially, is warned of the obligatory nature of what is resolved, and may be prosecuted for the Crime of Disobedience to Authority in case of non-compliance or obstruction of the restoration work at the affected site, or of the inspections that officials of MINAE-SINAC-Dirección de Aguas must carry out at the affected site to execute and follow up on what has been ordered. Likewise, the Ministry of Environment and Energy, National System of Conservation Areas, Área de Conservación Tempisque, Oficina Subregional Nicoya, and the Dirección de Aguas are ordered to submit a final Report to the Sentence Execution Court in order to verify compliance with what was ordered in this judgment according to the technical recommendations made. Notify the Ministry of Environment and Energy, National System of Conservation Areas, Área de Conservación Tempisque, Oficina Subregional Nicoya, and the Dirección de Aguas of the Ministry of Environment and Energy of what has been resolved. Notify upon reading. For the reading of the full judgment, sixteen hours and twenty minutes on March 3, 2025, are set. That is all. Laura Cubillo Madrigal Judge of the Trial Court of Nicoya." (SIC).

II. Against the foregoing ruling, Attorney Rafael Ángel Guillén Monge, as private defense counsel for the accused, representing and benefiting him, as well as in his dual capacity as legal representative of the company [...] Sociedad Anónima, filed an appeal.

III. Once the respective deliberation was conducted in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, the Court considered the issues raised in the appeal.

IV. The relevant legal requirements have been observed in the proceedings.

Drafted by Judge Cruz López; and,

**WHEREAS**

I.- An appeal was filed against judgment number 047-2025, issued by the Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, Nicoya venue, at 07:00 hours on February 14, 2025, by Attorney Rafael Ángel Guillén Monge, in favor of the interests of [Nombre 001], in his personal capacity and as legal representative of the company [...] Sociedad Anónima. The full reading of the judgment took place on March 3, 2025, and the appeal was filed on March 24 of that same year, thus concluding that the action was filed on time. Regarding the appeal filed by the defense counsel on behalf of [Nombre 001], it is concluded that the accused was acquitted of all penalty and responsibility, and in turn, as is evident from Considerando VII of the judgment, the civil action for damages filed against his person was declared without merit, accepting the request made by the civil plaintiff in its conclusions; therefore, regarding the appeal filed on behalf of the interests of [Nombre 001], it must be declared inadmissible. Meanwhile, regarding the standing of the aforementioned civilly sued company, this Court of Appeal considers that the formal and substantive requirements for filing appeals against criminal judgments are met, so it is admissible for its substantiation.

II.- Regarding the admitted appeal. In his first argument, which he called "violation of the principles of legality in relation to due process and impairment of the right to defense, by being held responsible for actions that already existed when the property was bought, that is, occurred at another historical moment" (page 192 verso). For the attorney, a violation of the rules of sound criticism occurred because there were insufficient evidentiary elements to justify the civil condemnation of his client, and concluding that the marks of apparent excavator teeth, without the existence of recent or old machinery tracks, is a conclusion that violates the duty of adequate reasoning, becoming insufficient and contradictory. The attorney considers that having acquired the property could not generate strict liability where environmental damage appeared. As a second point, related to the previous one, he considers that the determination of the ¢13,000,000.00 in damages was not made by a mathematical expert and that it was incorrect to determine that amount through the testimonies of the SINAC officials, noting that "the amount defined as a pecuniary condemnation is the product of formulas invented in that state office to give an approximation of the alleged damage and its subsequent consequences, the latter unproven and kept for debate in the speculation of environmental protection theories, valid for a conference on environmental topics, but not for the legal certainty that a criminal judgment requires" (cf. page 193), this despite the fact that water engineer Leonardo Solano Romero defined an amount of ₡1,372,050.46 for the greatest damage found in the bed of the [...]. The appeal raises a section called "another topic I want to emphasize" (cf. page 196), in which he states that the civil defendant argued during the debate that the damages dated back from before, when another person was the owner of the property, indicating that there is a document stating that the date of registration of the property purchase was May 7, 2014, and that the complaint is from August 13 of that same year, and he repeats the argument already indicated, that the officials noted that the damages must have been from those days because the bucket teeth already mentioned appeared to be from a backhoe, without tracks from the machinery that removed the material being found, despite it being soft ground because it is at the edge of the river, which leads him to consider that there is a lack of reasoning in the factual, descriptive, and intellectual aspects. From the two grounds filed, he concludes that a civil condemnation was handed down in violation of his procedural rights. In summary, it can be considered that the attorney bases his claim on two aspects that complement each other: the first, related to the fact that there were insufficient evidentiary elements to conclude that the environmental damages to the property—which he does not dispute occurred—happened before it was acquired; and secondly, that there was no suitable evidence for quantifying the environmental damage.

III.- Resolution of the grounds. This Chamber considers that formally, a single ground of appeal was raised, related to the sufficiency of evidence to arrive at the conclusions by the court; therefore, since they are interrelated, they will be resolved jointly. The grounds must be declared without merit. For a clearer approach to what was raised in the appeal, several prior aspects must be considered, the first of which is that the impugned judgment acquitted the accused of all penalty and responsibility for the crimes that were attributed to him, an aspect that was not appealed, so in that regard, the decision cannot be reversed. From the above, it also follows that the claim brought before this Court of Appeal concerns the civil liability that the judgment assigned to the accused's represented party, and civil defendant, the company [...] Sociedad Anónima. Another aspect, which was already addressed in the considerando regarding the admissibility of the appeal, relates to the fact that in this process, a civil action for damages was filed against two different persons. On one hand, against [Nombre 001], in his personal capacity, who also appeared as an accused party, now acquitted, but who, as indicated in the second considerando of this vote, was also exempted from civil liability, an aspect that has not been questioned either, so in this regard, what has already been resolved must stand. From all that has been stated, it must be emphasized again that the civil condemnation was ordered against the company owning the property where the acts harmful to the environment were carried out, specifically in the quebrada (stream) without a name, but known as [...], on the property in the Partido de Guanacaste, Folio Real registration number [Valor 003], where some invasive constructions and structures were built, located within the protection area and on public domain beds, an aspect that is, moreover, accepted by the appellant, only maintaining that those works were done before acquiring the property, given that approximately two and a half months had passed between the purchase date and the discovery of the damages, therefore considering that the civil lawsuit should have been dismissed in this regard. An aspect that was not challenged is that, additionally, the judgment ordered the restitution of things to their original state, which in any case must be assessed in conjunction with the grounds given in the appeal.

The judgment dedicated an extensive considerando entitled "Reasoning on the strict civil liability of ‘[...], S.A.’ for the damages caused to natural resources and water resources: The civil action for damages is granted with merit" (cf. pages 171 to 184), to the liability of the challenging attorney's represented party. To arrive at the foregoing conclusion, the court analyzed the testimonial and documentary evidence that was submitted to the process and assessed it according to the principles derived from the oral and public trial; based on this, it is first concluded that the civil defendant herein is the registered owner of the property where the questioned works were found. There is also another undisputed fact, which is that the accused, now acquitted, holds the legal representation of the company that owns the property where the works that damaged the environment were carried out. Furthermore, from the analysis of the cartographic sheets and the report issued by the Ministry of Environment and Energy, which records the inspection carried out at the site, it is established that a stream (quebrada) that has no name, but which is known as [...], runs through that property, which is also verified by documents submitted by the technical defense itself. It was also deemed accredited that no permits were granted by the Dirección de Aguas of the Ministry of Environment and Energy, nor by the National Registry of Concessions, nor by the System of Conservation Areas, either in the name of the civil defendant company or the acquitted accused who was its representative. Meanwhile, from the technical reports issued for the process, inspections, and other documentary evidence, it is concluded that on that property, a series of works harmful to the environment were carried out, specifically, a channel for the diversion of water in the quebrada known as [...], and a cement wall within the bed and the protection area of the quebrada, all of which was photographed and the respective images were even inserted into the judgment. From all the foregoing, it can be summarized that in this specific case, there are a series of aspects that are not disputed, accepted by the same technical and material defense, which is that the property belonging to the civil defendant exists, that the accused is the representative, that a quebrada, known as [...], runs through that property, and that on that property, a series of works were carried out in the protected area of the quebrada, which caused environmental damage to that protection zone.

The defense's discrepancy arises because it indicates that these works predate the acquisition of the property by its represented party, but from an analysis of the judgment, it is established that the testimony of engineer Leonardo Solano Monge was received; he conducted an inspection at that location in association with engineer Zaida Hernández Salas, testimonies from which the sentencing court manages to conclude that when those inspections were conducted, which are reflected in respective reports, inspection records, and other documents, visible marks of the bucket teeth of the machinery that worked at the site were found, and from the specific testimony of Ms. Zaida Hernández Salas, that works at the site were determined that day, but that the wall was found in a later inspection by another colleague of theirs.

The court mentions extensive reports and inspections that were carried out at the site, where the existence of the works through which the environmental damage materialized was determined, and furthermore, that these works had been carried out recently, and not as the appellant intends to suggest, because although the registration of the property purchase document occurred approximately two and a half months before the discovery of the works, these were recent. It must be added that these site visits and the inspections carried out were due to complaints and reports from neighbors about the existence of works being performed in the quebrada and its surroundings, which also allows for the understanding that these works were recent. In the defense counsel's argument, it can be concluded that, in his opinion, these works could have been carried out by the owner who previously owned the property; however, he raises that as a mere hypothesis without evidentiary support, as the evidence received in the debate determines that these works were carried out recently, and even when the acquittal in favor of the representative of the owning company is justified, it is noted that it cannot be completely ruled out that these works could have been carried out by the accused, but not with the degree of certainty required for a criminal conviction, although those works were indeed carried out, they caused environmental damage, and they occurred recently, without the required permits. Based on the foregoing, as developed in the judgment, the claim made by the appellant that, in this specific case, those works were carried out before the purchase of the property is not acceptable, an aspect that is analyzed extensively and with solid reasoning, based on the testimonial and documentary evidence received in the adversarial process and analyzed in the judgment.

The other questioned aspect, which also relates to the evidentiary analysis carried out in the judgment, refers to the established amount of environmental damage, and here it must be mentioned that although it was not a questioned aspect, prior to the reasoning on the contested amount, the ruling develops the "Principle of strict civil liability or risk-based and joint liability in environmental matters," which has been developed by national case law, specifically by the Tercera Sala of the Supreme Court of Justice, in votes 1669-2000 at 14:51 hours on February 18, 2000, and vote 9966-2010 at 15:38 hours on June 9, 2010, from which the obligation to repair the damage is derived when environmental damage exists, even in the absence of fault (cf. page 180 verso and 181 recto, as well as subsequent pages). Now, although the appellant is not questioning the strict liability derived from a situation such as that raised in this process, he does oppose the amount established in the judgment for that determination. A first observation that must be made is that the attorney is claiming the lack of a criterion from a mathematical actuary who could have made the respective assessment, an argument that is not acceptable in our procedural system because, firstly, as will be indicated below, the evidence used to determine that amount constitutes lawful evidence that has not been questioned as such by the defense of the condemned company; and secondly, our Code of Criminal Procedure develops, as one of its pillars in this matter, the principle of freedom of evidence, which consists of the fact that anything can be proven by any lawful means. As has been indicated, the defense does not challenge the content of the evidence, but rather that, in its view, other different elements should have been available, which in no way detracts from the evidence that was actually used and admitted for the adversarial process. The judgment refers to the technical report ACT-OSRN-453-2020, dated August 12, 2020, in which engineer Zaida Teresita Hernández Salas, in her capacity as an official of the Área de Conservación Tempisque, Subregión Nicoya, of SINAC-MINAE (cf. page 183 recto and verso of the main file), concludes the amount to be indemnified, which is precisely the one accepted in the judgment, a document that was accepted as evidence for the adversarial process and which, furthermore, was not challenged at the time by the defense, but which establishes criteria that were analyzed in the judgment, supporting the amount of civil liability to be paid. On this specific aspect, the judgment reasoned: "The amounts for which the civil defendant is condemned to pay arise from the economic assessment of the environmental damage set forth in Technical Report ACT-OSRN-453-2020 dated August 12, 2020, issued by Eng. Zaida Teresita Hernández Salas, in her capacity as an official of the Área de Conservación Tempisque, Subregión Nicoya of SINAC-MINAE (pages 28 to 41 of the Civil Action for Damages File). Regarding the manner in which those calculations set out in the report are made, the expert witness in the trial explained the way in which several professionals form a team or panel of specialists in different areas, in this case three forestry engineers and one agricultural engineer, who apply a methodology for estimating the environmental damage caused, considering the protection of the water resource, the protection of the soil resource, the protection of wildlife, the conservation of biodiversity, recreation, and gas regulation." (cf. page 183 verso).

In accordance with what is indicated in the judgment, and as analyzed by this Court of Appeal, the judgment not only concludes the existence of a triggering event, specifically, environmental damage, but also a cause of strict civil liability that mandates the repair of that damage, which is done in a well-founded and extensive manner, so the claims made by the defense counsel against the contested judgment must be dismissed. In the judgment, the judge divides the considerando relating to this topic into several aspects, the first being the existence of the civil defendant company and its legal representation; secondly, that the [...] is located on that property; as a third and fourth aspect, that with respect to the property, there is no type of permit, either in the name of the acquitted accused, its legal representative, or the company owning the property, for carrying out works, whether from the Dirección de Aguas of MINAE or from SINAC-MINAE; and finally, that it is concluded, from the evidence received, that on the property several works were carried out harmful to the protection area of the indicated bed, and regarding the first, it is indicated: "Thus, analyzed jointly, the evidentiary elements incorporated into the debate allow it to be established that on the property with registration number [Valor 003], owned by '[...]', at the point located at coordinate latitude 227744 and longitude 371471, a channel for water diversion approximately 15 meters long, 2 meters high, and 1 ½ meters wide was built, as well as a cement wall within the bed and the 15 meters of the protection area of the quebrada '[...]', specifically at coordinates latitude 227744 and longitude 371471." (cf. page 174 verso), and then, the second of these works is mentioned, concluding that: "Taking as a basis these three inspections carried out by engineering professionals, both from the Dirección de Aguas and from SINAC-MINAE, and those responsible for preparing the reports offered by the defense, it can be concluded with complete certainty that on the already referenced property, owned by '[...] S.A', an excavation was made in August 2014 to create a pit approximately 4 meters deep, 6 meters wide, and 7 meters long, and a cement wall, 5 meters away from the diversion on the right bank of the quebrada '[...]', for the purpose of building a watering hole for the livestock of said company." (cf. page 178 recto). All these considerations made in the judgment not only indicate a significant effort of reasoning by the judge in supporting her conclusions, contrary to what the appellant indicates, but also lead to the duty that this Court of Appeal has regarding the civil liability agreed upon in this specific case, which is what the appellant challenges. In this regard, what has already been resolved by the Constitutional Chamber must be applied, which has indicated that despite an acquitting judgment, it is possible to issue a condemning judgment in civil matters, stating: “… based on the fact that the criminal action and the civil action are different and independent from each other, and proceed together only for procedural economy purposes; the fact that one is acquitted in the criminal action does not imply that one must also be acquitted in the civil action. (…). Thus, the application of such articles by the judge is due to compliance with the principle of legality, which is a fundamental guarantee integral to Due Process."

Therefore, it is not possible to admit that the Court failed to comply with Due Process, since its actions are fully protected by procedural norms" (Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, vote 03603 of 2:42 p.m. on July 27, 1993). In the same sense, see the resolutions of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice, vote 00043 of 12:15 p.m. on January 16, 2009, with which it is concluded that this is not an isolated criterion, but one that, in turn, finds support in Article 40 of the Code of Criminal Procedure, which indicates the ancillary nature of the civil action for damages (acción civil resarcitoria), and adds that: "The Criminal Court must rule on the merits of the validly exercised civil action for damages, even when an acquittal or a definitive dismissal has been issued in the trial phase." Regarding strict civil liability (responsabilidad civil objetiva), there are also norms cited in the judgment that support it, but likewise, the challenged resolution cites numerous judicial resolutions that sustain it, which equally do not represent isolated criteria, but rather ones reiterated over time, such as, for example, the vote of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice 2000 of 2:51 p.m. on February 18, 2002, where it stated: "the Chamber considers that there has been no violation of the rights of defense and due process protected by the Political Constitution, since, as previously indicated in considering II, referring to the type of liability at issue in the case in question, '... said liability would arise even without fault on the part of the transgressor if the activity carried out by them is considered risky and, nevertheless, they assume that risk, with a harmful consequence for the environment...', which means that having determined that there is liability on the part of the defendant company as occurs in the case at hand, a process in which, as already indicated, this company was represented by the appellant and had the opportunity to defend itself, the related liability which is that established by Article 101 already cited, -which corresponds to the owners of the defendant company-, is a strict liability, which does not require proof of fault or negligence on the part of the company owner to be demanded, only that derived properly from the company's actions, therefore, taking into consideration also that the appellant was the legal representative of the company and at the same time is its owner, they cannot allege ignorance of the process nor of the application of the law as the person responsible for it, from which they could not achieve its acquittal. It is also important to highlight that in this matter, at all stages of the proceeding, the petitioner was present, with the legal sponsorship of their lawyer, and could even appeal the resolutions issued. That is, they asserted their right of defense at all times in a proceeding in which all the guiding principles of due process were respected, such that the argument that having been condemned jointly placed them in a state of defenselessness is not acceptable to the Chamber. For the foregoing reasons, the Chamber considers that the remedy must be dismissed." This thesis upheld by the chamber is also contained in other votes, constituting reiterated jurisprudence.

From all the foregoing, it is concluded that the challenged judgment is duly grounded, that legal criteria shared by this Chamber of Cassation have been given to arrive at the conclusion that it was indeed possible to issue a condemnatory judgment in civil matters, this despite an acquittal in criminal matters, and that furthermore, the civil liability of the company owning the property where the damages occurred, turns out to be responsible for them, and for the restitution of things to their previous state, a situation that is correctly addressed in the challenged judgment. For the reasons stated above, the claims of the defense cannot be sustained.

POR TANTO

 The appeal filed by attorney Rafael Ángel Guillén Monge, on behalf of the interests of [Name 001], is declared inadmissible. The appeal filed by attorney Rafael Ángel Guillén Monge, on behalf of the interests of the company [...] Sociedad Anónima, is dismissed. Let it be notified. That is all.

 

 

Víctor Francisco Cruz López

 

 

Cynthia Dumani Stradtmann    Franklin José Lara Fallas

(Digitally signed)

Judge and Judges

 Appellate Court of Criminal Sentence of Guanacaste.

BRODRIGUEZA

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14-001479-0412-PE

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1

 

Judicial Circuit of Santa Cruz, Courts Building, Third Floor Telephones: 2681-4047. Fax: 2680-1072. Email: [email protected]

This is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 12:23:04.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República