Res. 05320-2025 Tribunal Contencioso Administrativo — Denial of Injunctive Relief for Lack of Fumus Boni Iuris and Periculum in Mora in Hacienda Miraflores ConstructionRechazo de medida cautelar por falta de fumus boni iuris y periculum in mora en construcción en Hacienda Miraflores

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 05320 - 2025

Fecha de la Resolución: 02 de Junio del 2025 a las 10:57

Expediente: 24-007446-1027-CA

Redactado por: Daniel Salas Blanco

Clase de asunto: Medida cautelar

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias del mismo expediente


Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

24-007446-1027-CA - 6




PROCESO:

	

MEDIDA CAUTELAR




ACTOR/A:

	

ROBERTO YGLESIAS MORA




DEMANDADO/A:

	

COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ (CNFL)

 

 N° 2025005320

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las diez horas con cincuenta y siete minutos del dos de Junio del dos mil veinticinco.-

 

       Solicitud de medida cautelar, establecida por ROBERTO IGLESIAS MORA, actuando en defensa de  los intereses difusos de la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y FAMILIARES DE HACIENDA  MIRAFLORES; contra la COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ y JOSÉ LUIS  MADRIGAL VILLALOBOS.

RESULTANDO

I) En fecha a 11 de octubre de 2024, el señor ROBERTO IGLESIAS MORA, actuando en defensa de  los intereses difusos de la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y FAMILIARES DE HACIENDA  MIRAFLORES, presenta solicitud de Medida Cautelar Ante Causam, peticionando lo siguiente: " 1.-Se le prevenga a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A., se abstenga de colocar medidores y de hacer la conexión de servicio eléctrico a la finca y a las casas del cautelado José Luis Madrigal Villalobos, en la parcela 23 del residencial Hacienda Miraflores en Dulce Nombre de Jesús del cantón de Vásquez de Coronado, a que se ha hecho referencia ut supra, finca matrícula registral 661928-000 de San José, mientras se tramita el proceso principal. 2.- Se le prevenga a José Luis Madrigal Villalobos, abstenerse de a realizar cualquier nueva nueva obra en esos terrenos. 3.- Se disponga anotar las anteriores limitaciones en la inscripción registral de la finca matrícula 661928-000 de San José, y se enviará mandamiento al Registro Inmobiliario." (imagen 02 y siguientes del legajo cautelar).

II) Mediante auto de las 18:03 horas del 11 de octubre de 2025, se rechaza la solicitud de medida cautelar provisionalísima, prima facie, solicitada y se confiere audiencia de ley a a la COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ y JOSÉ  LUIS MADRIGAL VILLALOBOS.

III) En escrito de fecha 07 y 08 de noviembre de 2025, JOSÉ  LUIS MADRIGAL VILLALOBOS y la COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, respectivamente,  responden la audiencia otorgada y solicitan se declare sin lugar la medida cautelar peticionada. (imagen 87 a 124 del legajo cautelar).

IV) En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley, y no se notan vicios u omisiones que puedan causar indefensión a las partes o nulidades futuras.

 

CONSIDERANDO

I) GENERALIDADES PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR. Tal y como ha sido desarrollado por la Sala Constitucional, la justicia cautelar responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia. (Resolución 7190-1994, de las 15:24 horas del 6 de diciembre). En este mismo sentido, el artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. La doctrina ha indicado que la justicia cautelar no tiene como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de constituir una relación jurídica, ni ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni dirimir un litigio, sino prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal (Gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). Teniendo claro lo anterior, el juzgador con observancia de lo dispuesto en el artículo 21 de la norma procesal indicada, debe determinar la procedencia de una solicitud de medida cautelar, verificando al efecto que la pretensión del proceso de conocimiento no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad, lo que constituye una valoración preliminar del fondo para determinar si existe en el caso en cuestión lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado apariencia de buen derecho o fumus boni iuris. La norma de análisis también establece la procedencia de la medida cautelar cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, situación que ha sido definida en la doctrina como el periculum en mora o peligro en la demora, es decir, que en virtud de la demora patológica del proceso judicial, concurra un peligro actual, real y objetivo de que se genere a la parte promovente un daño grave (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008).  Bajo la misma línea de pensamiento, el artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece la obligación del juzgador de realizar, a la luz del principio de proporcionalidad, una ponderación de los intereses en juego, es decir, entre la circunstancia del particular, por un lado y el interés público y los intereses de terceros que puedan verse afectados con la adopción de la medida cautelar, por el otro. Adicionalmente y del mismo numeral 22 citado, se exige que la medida cautelar resulte  instrumental y provisional. Partiendo del anterior marco normativo de análisis y los elementos requeridos para la estimación de una medida cautelar, se procede a realizar el estudio del caso concreto.

   II)  REQUISITOS ESENCIALES PARA ADMITIR LA MEDIDA CAUTELAR.  Al respecto se ha dicho que el cumplimiento de la tutela cautelar, como derecho fundamental derivado del numeral 41 constitucional que es el derecho a obtener justicia pronta y cumplida,  el órgano jurisdiccional debe valorar para su efectiva materialización, además del cumplimiento de los presupuestos conocidos en doctrina como Apariencia de Buen Derecho (Fumus Boni Iuris), Peligro en la demora (Periculum in Mora), así como la ponderación de intereses en juego, los cuales se detallarán adelante,  la verificación sobre la presencia o existencia de las que se han dado en llamar, características estructurales de la medida cautelar. Refiere lo anterior a la instrumentalidad, la provisionalidad, la urgencia y la summaria cognitio o sumariedad del procedimiento. Tanto los presupuestos indicados como las características señaladas, han de estar presentes para el otorgamiento de la medida que se ha solicitado con la finalidad de proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. En lo que respecta a los presupuestos necesarios para el otorgamiento de la medida cautelar, encontramos los siguientes: a)  Apariencia de Buen Derecho: para la procedencia de la medida cautelar debe mediar "seriedad en la demanda", es decir, una probabilidad de éxito tal, que la demanda no resulte a simple vista palmariamente carente de seriedad, o en su caso que sea temeraria. Para la doctrina, no es otra cosa que la probable estimación posterior del derecho material del actor en la sentencia, mediante el análisis propio de un proceso sumarísimo que en forma alguna puede o debe, determinar pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado, sino y en su lugar, únicamente una aproximación al mismo con los elementos presentes al momento del dictado del fallo que acoge o deniega la medida; b) Peligro en la Mora: consiste en el temor objetivamente fundado y razonable de que la situación jurídica sustancial aducida resulte seriamente dañada o perjudicada en forma grave e irreparable, durante el transcurso del tiempo necesario para dictar sentencia en el proceso principal. Este presupuesto requiere la presencia de dos elementos: el daño o perjuicio grave y la demora en el proceso de conocimiento, sin dejar de lado claro está, que dentro de este presupuesto se encuentra lo que la doctrina ha denominado como la "Bilateralidad del Periculum in Mora" o como comúnmente se le conoce, la ponderación de los intereses en juego. El presupuesto alude a la característica que habrán de encontrarse en los daños que se reprochen, son susceptibles de producirse, -actual o potencialmente-, de no adoptarse la medida que se requiere. Daños que deberán ser establecidos como graves, además de tenerse como derivados de la situación aducida. Las lesiones acusadas al menos deben ser comprobadas a través del principio racional de prueba por lo que no basta con aducir el daño en los términos dichos, sino que habrá de acreditarse las circunstancias para ser considerado un daño y que el mismo sea grave. Sobre la demora en el proceso de conocimiento: Este presupuesto refiere a la situación que se genera con ocasión de los procesos jurisdiccionales que requieren para su desarrollo y posterior fenecimiento, la realización de una serie de actos a través de los cuales se garantiza no sólo el debido proceso, sino la emisión de un fallo que si no se pude llevar a cabo con prontitud al menos que sea justo. El ponerle fin a un proceso de conocimiento demanda tiempo y es precisamente donde la tutela cautelar adquiere especial relevancia, por cuanto mientras llega esa decisión del caso se esta evitando graves daños, que en el caso de darse haría nugatorio el derecho que se reclama. Sobre la bilateralidad del periculum in mora: Bajo esta denominación se alude a la ponderación de los intereses en juego, vinculado ello con el interés público que sea susceptible de encontrarse en necesidad de ser protegido, frente al interés de terceros y por supuesto al interés de quien acude por medio de una medida cautelar, debiendo valorarse comparativamente los mismos, imponiéndose la denegatoria de la medida cuando el perjuicio sufrido o susceptible de ser producido a la colectividad o terceros, sea superior al que podría experimentar el solicitante de la medida.-            

   III) CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LA MEDIDA CAUTELAR: Tal y como fuera señalado, además de los presupuestos ya indicados, es necesario que la medida que vaya adoptarse, estructuralmente cuente con las siguientes características: la instrumentalidad lo que significa que guardan una marcada relación de accesoriedad con la sentencia final, pues en definitiva, sirven de instrumento para mantener la vigencia del objeto del proceso en los términos planteados, la provisionalidad, que no es otra cosa que lo acordado respecto de la cautelar, se mantendrá en vigencia y condicionado a lo que se resuelva en el proceso de fondo. Cabe resaltar que también puede ser cesada o modificada en cualquier momento, ante la variabilidad de las condiciones que originariamente le dieron cabida, o bien, adoptar la que de previo hubiere sido rechazada, tal y como lo establece el numeral 29 del Código Procesal Contencioso Administrativo, por lo que su su eficacia se agota al momento de dictarse la sentencia de mérito, o lo que es lo mismo  tiene efectos supeditados a la disposición adoptada en el proceso principal; la urgencia para evitar el peligro en la mora, así como la sumaria cognitio, esto es, que este tipo de medidas son adoptadas en virtud de una cognición sumarísima efectuada por el órgano jurisdiccional sin entrar a prejuzgar sobre el mérito del asunto, que de forma alguna podría sustituir las etapas del proceso de conocimiento.-

  IV) ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA: En cuanto a la apariencia de buen derecho, indica que queda acreditado mediante uso de suelo, que la parcela del demandado Madrigal Villalobos, solo puede contener una vivienda unifamiliar, y además, debe respetar 15 metros de retiro respecto a los linderos del terreno. Indica que la zona en cuestión, esta catalogada como terreno de baja densidad de población, por sus condiciones ambientales y de vulnerabilidad ecológica. Señala que Hacienda Miraflores se encuentra bordeadas por dos quebradas de agua limpia y que se deben mantener en esas condiciones, ya que es un zona de captación de agua para el Valle Central. En cuando al peligro en la demora,  expone que en la parcela 23 se construyeron cuatro casas, cada una para una familia distinta con vehículos, lo que representa un grave daño que atenta contra la fragilidad ambiental de la zona ante la mayor huella ambiental y contaminación en general. Manifiesta que hay amenaza a la vida silvestre y afectación al paisajismo, que es un derecho de rango constitucional, por el Código General del Ambiente. Considera que al continuarse con los daños habrá una disminución en el valor de las fincas, que el consumo de agua aumentará, en detrimento del resto de la comunidad. Alega el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado que tiene los habitantes de Hacienda Miraflores, el cual se ve afectado por las construcciones ilegales realizadas por el aquí codemandado

V) ARGUMENTO DE LAS PARTES DEMANDADAS:  COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ: Expone que en relación a los hechos de este proceso su actuar ha sido conforme al ordenamiento jurídico y que en atención al trámite  de servicio nuevo eléctrico monofásico N°113539048, se detectó que la Boleta de Sellado de Planos Eléctricos aportada por el señor Madrigal Villalobos, contenía información que no corresponde a la finca del proyecto en construcción; por lo que, no se conectó el servicio eléctrico. En relación a los presupuestos para el otorgamiento de la medida cautelar indica que el actor incumple con la carga procesal al no probar el "grave  peligro sobre el goce y disfrute del servicio eléctrico por parte del señor Madrigal  Villalobos, en el entendido, que el mismo no se ha brindado en la actualidad." Manifiesta además, que el accionante no ha demostrado la apariencia de buen derecho ni el daño grave, y consecuentemente es imposible hacer una ponderación real de los intereses en juego, y agrega que, "sin embargo, cabe indicar que el interés público derivado de la ejecución de la concesión otorgada a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A., por mandato de ley, sea el servicio de  distribución de energía eléctrica la cual, contribuye con el mejoramiento de la calidad de vida y  evolución económica del país." JOSÉ LUIS MADRIGAL VILLALOBOS: Indica que la apariencia de buen derecho no existe en la presente solicitud de medida cautelar, y señala que la mayoría de vecinos han construido en la Hacienda Miraflores sin permiso alguno, extralimitándose en el número de personas por familia, que hay "grandes mansiones de lujo", donde viven muchas personas y todas con vehículo, y que la vida silvestre ya se encuentra afectada por estas construcciones, que en la hacienda hay contaminación sónica, lumínica y visual, señala que inclusive la parcela del actor es parte de esta situación, y argumenta que contrario a lo señalado por el accionante, en la Hacienda Miraflores solo las cabañas construidas por su persona son amigables con el ambiente. Continúa señalando que hay un interés del actor y algunos vecinos que siguen a este, en obstaculizar el derecho a vivir en su propiedad. Expone que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz tiene sus normas y reglamentos para la asignación de un nuevo servicio, y que no puede el aquí actor tomarse las atribuciones de un ente público para exigir a quien sí y a quien no se le otorga el servicio. Argumenta además que el tratar de inferir en su derecho a realizar obras en su propiedad, atenta contra el derecho a la propiedad privada, garantizado en el artículo 45 de la Constitución Política, y cierra indicando que no puede anotarse su propiedad sin un justo título y mucho menos limitarle el pleno goce de esta.

VI) SOBRE LA  PRUEBA  TESTIMONIAL  OFRECIDA  POR  LAS   PARTES: Tanto la parte actora, como el demandado Madrigal Villalobos, ofrecen en condición de prueba la declaración de varios testigos. No obstante, en ambos casos, los testigos son ofrecidos para referirse a las actuaciones realizadas, no así para acreditar o desacreditar la afectación o daños reclamados por la parte actora derivados de la conducta impugnada, al menos, no se indica de forma expresa en ese sentido. Véase que en el caso de los testigos ofrecidos por la parte actora, se limita a indicar que declararán sobre los hechos que les conste de la presente gestión. La prueba testimonial, podría haber tenido alguna utilidad en cuanto al presupuesto de peligro en la demora, cuando resulte pertinente, por ejemplo el ofrecimiento de un funcionario de SINAC o SETENA, que con base en su conocimiento de los hechos y la materia, acrediten o desvirtúen el daño alegado, sin embargo, como se dijo, ninguna de las partes la ofrece expresamente para tal fin, razón por la cual, se rechaza la prueba testimonial ofrecida, siendo entonces innecesario convocar la audiencia oral facultativa que dispone el numeral 24, 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo.

VII) CRITERIO DE ESTE JUZGADOR: En cuanto a la apariencia de buen derecho: debe decirse que del análisis de la solicitud cautelar, se observa, de forma preliminar, que la teoría del caso expuesta no está razonablemente motivada y planteada, de manera que, sin entrar en un juicio de valor sobre el fondo (lo cual en todo caso no es propio del proceso cautelar), se estima que la acción ejercida no reúne los criterios mínimos que permitan apreciar la existencia de un buen derecho de parte de la actora, por las razones que de seguido se detalla: En relación a la pretensión correspondiente, a que "se le prevenga a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A., se abstenga de colocar medidores y de hacer la conexión de servicio eléctrico a la finca y a las casas del cautelado José Luis Madrigal Villalobos, en la parcela 23 del residencial Hacienda Miraflores en Dulce Nombre de Jesús del cantón de Vásquez de Coronado, a que se ha hecho referencia ut supra, finca matricula registral 661928-000 de San José, mientras se tramita el proceso principal", considera el suscrito que se trata a todas luces de una pretensión temeraria, y carente de la seriedad necesaria, para ser otorgada en esta vía. Decirle a la Administración Pública que no realice sus conductas, que son obligadas desde su función administrativa, existiendo norma expresa que así lo dispone (art 66 LGAP), es carente de seriedad y temerario. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz, se encuentra obligada por imperio de ley a conocer y tramitar las gestiones que los administrados pongan en su conocimiento, lo anterior per se, no implica la aprobación de las mismas, sino la verificación del cumplimiento o incumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa correspondiente  a fin de emitir un acto administrativo con la aprobación o denegación de lo solicitado. Diferente sería el panorama, en el caso de que la Administración aquí demandada hubiese aprobado la colocación de un medidor solicitado, donde la parte actora cuestione la legalidad de esa actuación adoptada en vía administrativa por falta de verificación y o comprobación de los requisitos de ley, sin embargo, no es el caso en cuestión, ya que según lo indicado y demostrado en autos por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, de conformidad a la Boleta de Sellado de  Planos Eléctricos OC-1147481, los datos que aportó el señor  Madrigal Villalobos en su solicitud no  correspondía a la finca del proyecto en construcción; por lo que, fue anulado el trámite N°113539048, de servicio nuevo eléctrico monofásico el 09 de setiembre de 2024 (imagen 182 del expediente digital electrónico), sin que conste en autos que a la fecha se haya aprobado la conexión de servicio eléctrico en la finca 661928-000 del partido de San José. En referencia a la pretensión de que se le prevenga a José Luis Madrigal Villalobos abstenerse a realizar nuevas obras en el terreno relacionado con el objeto de este proceso, considera el suscrito juez que de igual forma no se cumple con la apariencia de buen derecho, ya que lo que se pide no puede ser acatado, revisado y o ejecutado por la administración demandada, nótese que el gestionante encausa su demanda contra la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, no teniendo esta potestad de regulación y fiscalización en materia constructiva, siendo por el contrario, una empresa pública del Instituto Costarricense de Electricidad, encargada de la distribución y comercialización de energía eléctrica. En ese sentido, se tiene que existe un yerro por parte de quien demanda, al no dirigir sus pretensión cautelares contra la administración correspondiente. En cuanto a que la parte actora podría alegar que la pretensión cautelar va dirigida directamente a que el señor Madrigal Villalobos se abstenga de realizar obras constructivas, ordenado directamente por esta autoridad judicial, sin la participación de la administración competente en la materia dentro del proceso, resulta también carente de apariencia de buen derecho, al ser evidentemente temeraria la pretensión de la parte, toda vez, que dentro de su elenco petitorio, no ataca o pide la revisión y/o suspensión de actos relacionados con las construcciones realizadas en la finca 661928-000, del partido de San José, lleva razón el demandado Madrigal Villalobos, en cuanto a que señala que la adopción de la medida cautelar en la forma en que aquí se pretende, atentaría contra su derecho a la propiedad. Téngase presente que no está señalando este juzgador que en esta vía sea imposible intentar la suspensión de obras en propiedad privada donde se cuestione su legalidad, solo se está indicando que de la forma en que fue planteada la gestión cautelar por parte del señor Iglesias Mora, actuando en defensa de  los intereses difusos de la Asociación de Propietarios y Hacienda Miraflores resulta carente de seriedad y  a todas luces temeraria. Por último, sobre la solicitud de anotación de las anteriores limitaciones en la inscripción registral de la finca matrícula 661928-000, del partido de San José, corre la misma suerte que las pretensiones anteriores, toda vez que ya se indicó que ambas pretensiones cautelares resultan carentes de apariencia de buen derecho, así las cosas no teniéndose por superado este presupuesto, lo procedente es rechazar en un todo la medida cautelar. En cuanto al peligro en la demora: Consiste en el temor o peligro, objetivamente constatable, de que la tardanza en desarrollar el proceso principal, apareje la pérdida, desmejoramiento o la frustración de la situación jurídica sustancial aducida, lo cual iría unido a la inutilidad de la sentencia de mérito en tales supuestos. Sobre el particular, el artículo 21 del CPCA indica que: "La medida cautelar será procedente cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso, produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales de la situación aducida(...)”. Por ello, siempre que exista peligro de daño o perjuicio, actual o potencial, de las situaciones jurídicas sustanciales de los justiciables, la tutela cautelar debe fungir como mecanismo de protección y de garantía, con el fin de conservar íntegramente tales situaciones jurídicas; lo anterior, aunado a que no en todos los casos el justiciable pretende la mera reparación indemnizatoria, sino primaria y fundamentalmente, la integridad de su pretensión y de la situación jurídica que la sustenta. Sin embargo, no se puede pasar por alto que la situación particular de la persona es, la que necesariamente se deberá demostrar, con la prueba útil, pertinente y contundente, para acreditar no solo la urgencia sino y además de ello el daño, daño que no solo deberá estar presente, sino que deberá alcanzar magnitudes de gravedad, producto de la determinación administrativa cuestionada. En el caso en cuestión  debe indicarse que la parte promovente alega como daño que con las construcciones realizadas en la parcela 23 de Hacienda Miraflores, las cuales son ilegales, se está atentando contra la fragilidad ambiental de la zona, ya que se construyeron cuatro casas, cada una para una familia distinta con vehículos, lo que causa una mayor huella ambiental y contaminación en general. Manifiesta que hay amenaza a la vida silvestre y afectación al paisajismo, que es un derecho de rango constitucional, por el Código General del Ambiente. Indica la parte que al continuarse con los daños habrá una disminución en el valor de las fincas de los vecinos de la hacienda, que el consumo de agua aumentará, en detrimento del resto de la comunidad, y que se pone en riesgo los mantos acuíferos de la zona, en general alega una violación a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Considera el suscrito que en el presente caso el daño alegado no es probado por quien gestiona cautelarmente, haciendo una revisión de la prueba aportada a los autos, se tiene que la parte presenta como prueba una serie de denuncias presentadas en sede penal, en la Municipalidad de Coronado y ante la Compañía Nacional de la Fuerza Luz, estas por si solas no prueban el grave daño, solamente demuestran las gestiones judiciales y administrativas que han realizado el grupo de vecinos, ante lo que consideran construcciones ilegales que atentan contra el medio ambiente y sus derechos, aportan también el uso de suelo y el plano de la parcela 23 de la Hacienda Miraflores, junto con fotos áreas de dicho inmueble, en criterio del suscrito dicha documentación tampoco es pertinente para probar el daño alegado, en efecto, de la prueba aportada se puede determinar la magnitud del proyecto constructivo, pero no el impacto que este ha creado sobre el ambiente, se extraña en autos un criterio técnico que logre probar el impacto que las construcciones que se alegan ilegales, están causando sobre el medio ambiente, se aporta también fotografías de vida silvestre y de supuestas quemas realizadas en la parcela 23, en cuanto a las fotografías de vida silvestre, se adjunta fotografías de una danta y un puma, sin embargo, no hay forma de corroborar que sean fotografías realizadas en la Hacienda Miraflores, y aunque se logre demostrar lo anterior, considera el suscrito que no son idóneas para probar el grave daño actual o potencial, de las construcciones sobre la vida silvestre, misma situación se presenta con la fotografía de la supuesta quema en la parcela 23, se repite que se extraña en autos prueba técnica que demuestre el impacto sobre la vida silvestre, al igual que sobre los mantos acuíferos, misma situación que ocurre con la pérdida de valor de las propiedades de los vecinos de la Hacienda Miraflores y al impacto paisajístico, en cuanto a estos temas la ausencia probatoria es aún mayor, ya que no se aporta ningún tipo de prueba al efecto, y se queda todo en lo dicho por parte, sobre esto se debe señalar, que es deber del promovente aportar todos los elementos probatorios que respalden su tesis al amparo de lo regulado por el numeral 41.1.1 del Código Procesal Civil utilizado supletoriamente por el canon 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo, así que si el actor no aporta prueba que respalde el grave daño actual o potencial que le produce las construcciones que alegan ilegales sobre el medio ambiente, los mantos acuíferos, la vida silvestre y el valor de las propiedades de los vecinos y el paisaje en general, no puede este Juzgador suplir la función de la parte y presumir un posible daño sin un sustento probatorio suficiente. Así las cosas, el presupuesto indicado, entiéndase el peligro en la demora, no se configura por lo que lo procedente es el rechazo de la medida cautelar. Por último, en cuanto a la ponderación de los intereses en juego y la afectación al interés público o de terceros interesados:  Considera este Juzgador, que al no existir apariencia de buen derecho y al no verse demostrada  la existencia de un daño grave, no puede más que concluirse que el interés particular debe de ceder ante el interés público que representa la necesidad de que las actuaciones de las entidades públicas y que los particulares se adecuen a los parámetros de seguridad jurídica y de legalidad que dispone el ordenamiento, así las cosas, como ya se dijo en líneas anteriores la falta de apariencia de buen derecho y la falta comprobada de un daño grave actual o potencial, por parte del actor hace que la balanza en este caso se incline irremediablemente, hacia la protección del interés público.

 VIII) COSTAS: Al tratarse de una justicia cautelar, la condena en costas no está prevista en razón de que los gestionantes no pueden considerarse "vencidos", puesto que no se ha emitido un pronunciamiento sobre el asunto de fondo, se resuelve sin especial condenatoria en costas. (ver entre otras la RESOLUCIÓN 009-TA-11, 010-TA-11. SENTENCIA Nº 90 -2011 bis TRIBUNAL DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. Anexo A del Segundo Circuito Judicial de San José, Calle Blancos, a las trece horas treinta minutos del dieciséis de marzo de dos mil once).-

IX) DECISIÓN DEL CASO: Por ende, al no concurrir en su totalidad los presupuestos legales necesarios (No se cumple con los presupuestos de apariencia de buen derecho, peligro en la demora y ponderación de interés en juego), se debe de declarar sin lugar la medida cautelar solicitada en los términos que fue planteada. En consecuencia lógica de esta disposición se rechaza la medida cautelar gestionada. Por las características propias de este tipo de gestiones, se falla sin condenatoria en costas. En su oportunidad archívese el expediente.-

 

POR TANTO

   Se  rechaza  la   medida  cautelar solicitada por por ROBERTO IGLESIAS MORA, actuando en defensa de  los intereses difusos de la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y FAMILIARES DE HACIENDA  MIRAFLORES; contra la COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ y JOSÉ LUIS  MADRIGAL VILLALOBOS. Se falla este asunto sin especial condenatoria en costas. NOTIFÍQUESE.- Daniel Salas Blanco. Juez Tramitador.-

 


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K0HOC6IOG2A61
DANIEL FRANCISCO SALAS BLANCO - JUEZ/A TRAMITADOR/A

 

EXP: 24-007446-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:23:16.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**FILE NUMBER:**

24-007446-1027-CA - 6

**PROCEEDING:**

PRECAUTIONARY MEASURE

**PLAINTIFF:**

ROBERTO YGLESIAS MORA

**DEFENDANT:**

COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ (CNFL)

N° 2025005320

CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY COURT, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at ten hours fifty-seven minutes on the second of June, two thousand twenty-five.-

Request for a precautionary measure, filed by ROBERTO IGLESIAS MORA, acting in defense of the diffuse interests of the ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y FAMILIARES DE HACIENDA MIRAFLORES; against COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ and JOSÉ LUIS MADRIGAL VILLALOBOS.

**WHEREAS**

I) On October 11, 2024, Mr. ROBERTO IGLESIAS MORA, acting in defense of the diffuse interests of the ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y FAMILIARES DE HACIENDA MIRAFLORES, filed a request for a Precautionary Measure Ante Causam, petitioning the following: " 1.- That the Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. be warned to refrain from installing meters and connecting electrical service to the property and houses of the cautioned party José Luis Madrigal Villalobos, on parcel 23 of the Hacienda Miraflores residential development in Dulce Nombre de Jesús, canton of Vásquez de Coronado, referenced ut supra, property registered under folio 661928-000 of San José, while the principal proceeding is processed. 2.- That José Luis Madrigal Villalobos be warned to refrain from carrying out any new works on those lands. 3.- That the foregoing limitations be ordered annotated in the registration entry of property folio 661928-000 of San José, and an order be sent to the Real Property Registry." (image 02 and following of the precautionary file).

II) By order issued at 18:03 hours on October 11, 2025, the request for a provisionalísima precautionary measure, prima facie, is rejected and a legal hearing is granted to COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ and JOSÉ LUIS MADRIGAL VILLALOBOS.

III) In briefs dated November 7 and 8, 2025, JOSÉ LUIS MADRIGAL VILLALOBOS and COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, respectively, respond to the hearing granted and request that the petitioned precautionary measure be declared without merit. (images 87 to 124 of the precautionary file).

IV) The prescriptions of law have been observed in the proceedings, and no defects or omissions that could cause defenselessness to the parties or future nullities are noted.

**WHEREAS**

I) GENERALITIES FOR THE GRANTING OF A PRECAUTIONARY MEASURE. As has been developed by the Constitutional Chamber, precautionary justice responds to the need to guarantee the constitutional principle of prompt and complete justice, by preserving the real conditions indispensable for the issuance and execution of the judgment. (Resolution 7190-1994, of 15:24 hours on December 6). In this same sense, Article 19 of the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes that the purpose of imposing a precautionary measure is to provisionally protect and guarantee the object of the proceeding and the effectiveness of the judgment. Doctrine has indicated that precautionary justice does not aim to declare a fact or a liability, nor to constitute a legal relationship, nor to execute a mandate and satisfy a right that is held without being disputed, nor to settle a litigation, but rather to prevent the damages that the litigation may cause or that may derive from an abnormal situation (Gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). Having clarified the foregoing, the judge, observing the provisions of Article 21 of the indicated procedural rule, must determine the appropriateness of a request for a precautionary measure, verifying to that effect that the claim of the cognizance proceeding is not reckless or, manifestly, lacking in seriousness, which constitutes a preliminary assessment of the merits to determine if, in the case at hand, what doctrine and jurisprudence have called appearance of good right or fumus boni iuris exists. The rule under analysis also establishes the appropriateness of the precautionary measure when the execution or permanence of the conduct subjected to proceeding produces serious damages or injuries, current or potential, a situation that has been defined in doctrine as periculum in mora or danger in delay, that is, that by virtue of the pathological delay of the judicial process, a current, real, and objective danger exists that serious damage will be caused to the moving party (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008). Along the same line of thought, Article 22 of the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes the obligation of the judge to carry out, in light of the principle of proportionality, a weighing of the interests at stake, that is, between the circumstance of the individual, on one hand, and the public interest and the interests of third parties that may be affected by the adoption of the precautionary measure, on the other. Additionally, and from the same cited numeral 22, it is required that the precautionary measure be instrumental and provisional. Based on the foregoing normative framework of analysis and the elements required for the granting of a precautionary measure, we proceed to carry out the study of the specific case.

II) ESSENTIAL REQUIREMENTS TO ADMIT THE PRECAUTIONARY MEASURE. In this regard, it has been said that for the fulfillment of precautionary protection, as a fundamental right derived from constitutional numeral 41, which is the right to obtain prompt and complete justice, the jurisdictional body must assess for its effective materialization, in addition to the fulfillment of the prerequisites known in doctrine as Appearance of Good Right (Fumus Boni Iuris), Danger in Delay (Periculum in Mora), as well as the weighing of the interests at stake, which will be detailed below, the verification of the presence or existence of what have been called, structural characteristics of the precautionary measure. The foregoing refers to instrumentality, provisionality, urgency, and the summaria cognitio or summary nature of the proceeding. Both the indicated prerequisites and the mentioned characteristics must be present for the granting of the measure that has been requested for the purpose of provisionally protecting and guaranteeing the object of the proceeding and the effectiveness of the judgment. With respect to the prerequisites necessary for granting the precautionary measure, we find the following: a) Appearance of Good Right: for the appropriateness of the precautionary measure, there must be "seriousness in the claim," that is, a probability of success such that the claim does not appear, at first glance, manifestly lacking in seriousness, or in its case, that it is reckless. For doctrine, it is nothing other than the probable subsequent estimation of the plaintiff's material right in the judgment, through the analysis characteristic of a summary proceeding that in no way can or should determine a pronouncement on the merits of the matter raised, but rather and instead, only an approximation to it with the elements present at the time of issuing the ruling that grants or denies the measure; b) Danger in Delay: consists of the objectively founded and reasonable fear that the substantial legal situation adduced may be seriously damaged or injured in a grave and irreparable manner, during the course of the time necessary to issue judgment in the principal proceeding. This prerequisite requires the presence of two elements: the grave damage or injury and the delay in the cognizance proceeding, without neglecting, of course, that within this prerequisite is found what doctrine has termed the "Bilaterality of Periculum in Mora" or as it is commonly known, the weighing of the interests at stake. The prerequisite alludes to the characteristic that the damages reproached must be susceptible to occurring—currently or potentially—if the required measure is not adopted. Damages that must be established as serious, in addition to being considered as derived from the adduced situation. The injuries alleged must at least be proven through the rational principle of evidence, so it is not enough to adduce the damage in the stated terms, but rather the circumstances must be accredited for it to be considered a damage and for the same to be serious. Regarding the delay in the cognizance proceeding: This prerequisite refers to the situation generated on the occasion of jurisdictional proceedings that require, for their development and subsequent conclusion, the performance of a series of acts through which not only due process is guaranteed, but also the issuance of a ruling that, if it cannot be carried out promptly, is at least just. Putting an end to a cognizance proceeding demands time, and it is precisely where precautionary protection acquires special relevance, in that while that decision in the case is pending, serious damages are being avoided, which, should they occur, would render the right claimed nugatory. Regarding the bilaterality of periculum in mora: Under this denomination, reference is made to the weighing of the interests at stake, linked to the public interest that may be susceptible to needing protection, against the interest of third parties and, of course, the interest of whoever resorts by means of a precautionary measure, the same having to be assessed comparatively, with the denial of the measure being imposed when the injury suffered or susceptible to being caused to the community or third parties is greater than that which the applicant for the measure could experience.-

III) STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF THE PRECAUTIONARY MEASURE: As had been indicated, in addition to the prerequisites already mentioned, it is necessary that the measure to be adopted structurally possess the following characteristics: instrumentality, which means they maintain a marked relationship of accessoriness with the final judgment, since ultimately, they serve as an instrument to maintain the validity of the object of the proceeding in the terms set forth; provisionality, which is nothing other than that what is agreed regarding the precautionary measure will remain in effect and conditioned upon what is resolved in the proceeding on the merits. It should be highlighted that it can also be ceased or modified at any time, given the variability of the conditions that originally gave rise to it, or even, adopt the one that was previously rejected, as established by numeral 29 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, for which its efficacy is exhausted at the moment the judgment on the merits is issued, or what is the same, it has effects subject to the disposition adopted in the principal proceeding; urgency to avoid the danger in delay, as well as the summaria cognitio, that is, that this type of measure is adopted by virtue of a summary cognition carried out by the jurisdictional body without entering to prejudge the merits of the matter, which in no way could substitute the stages of the cognizance proceeding.-

IV) ARGUMENTS OF THE PLAINTIFF PARTY: Regarding the appearance of good right, it indicates that it is accredited by the land use, which states that the parcel of the defendant Madrigal Villalobos can only contain a single-family dwelling, and additionally, must respect a 15-meter setback from the property boundaries. It indicates that the zone in question is cataloged as low population density land, due to its environmental conditions and ecological vulnerability. It points out that Hacienda Miraflores is bordered by two clean water streams and that these must be maintained in those conditions, since it is a water catchment area for the Valle Central. Regarding the danger in delay, it states that on parcel 23 four houses were built, each for a different family with vehicles, which represents a serious damage that threatens the environmental fragility of the zone in the face of a larger environmental footprint and general pollution. It declares that there is a threat to wildlife and an impact on landscaping, which is a right of constitutional rank, pursuant to the Código General del Ambiente. It considers that if the damages continue, there will be a decrease in the value of the properties, that water consumption will increase, to the detriment of the rest of the community. It alleges the right to a healthy and ecologically balanced environment held by the inhabitants of Hacienda Miraflores, which is affected by the illegal constructions carried out by the co-defendant herein.

V) ARGUMENT OF THE DEFENDANT PARTIES: COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ: It states that in relation to the facts of this proceeding, its actions have been in accordance with the legal system and that, in view of the procedure for new single-phase electric service N°113539048, it was detected that the Boleta de Sellado de Planos Eléctricos provided by Mr. Madrigal Villalobos contained information that does not correspond to the property of the project under construction; therefore, the electric service was not connected. Regarding the prerequisites for granting the precautionary measure, it indicates that the plaintiff fails to meet the procedural burden by not proving the "serious danger to the enjoyment and use of electric service by Mr. Madrigal Villalobos, in the understanding that the same has not been provided at present." It also states that the plaintiff has not demonstrated the appearance of good right nor the serious damage, and consequently, it is impossible to make a real weighing of the interests at stake, and adds that, "however, it is worth noting that the public interest derived from the execution of the concession granted to the Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A., by mandate of law, namely the electric energy distribution service which contributes to the improvement of the quality of life and economic evolution of the country." JOSÉ LUIS MADRIGAL VILLALOBOS: Indicates that the appearance of good right does not exist in the present request for a precautionary measure, and points out that the majority of neighbors have built in Hacienda Miraflores without any permit, exceeding the number of persons per family, that there are "large luxury mansions," where many people live and all with vehicles, and that wildlife is already affected by these constructions, that in the hacienda there is sonic, light, and visual pollution, points out that the plaintiff's own parcel is part of this situation, and argues that contrary to what was indicated by the plaintiff, in Hacienda Miraflores only the cabins built by him are environmentally friendly. He goes on to point out that there is an interest of the plaintiff and some neighbors who follow him, in obstructing the right to live on his property. He states that the Compañía Nacional de Fuerza y Luz has its own standards and regulations for assigning a new service, and that the plaintiff herein cannot assume the attributions of a public entity to demand to whom service is granted and to whom it is not. He also argues that trying to interfere with his right to carry out works on his property violates the right to private property, guaranteed in Article 45 of the Constitución Política, and ends by indicating that his property cannot be annotated without a just title, much less can his full enjoyment of it be limited.

VI) REGARDING THE TESTIMONIAL EVIDENCE OFFERED BY THE PARTIES: Both the plaintiff party and the defendant Madrigal Villalobos offer the testimony of various witnesses as evidence. Nevertheless, in both cases, the witnesses are offered to refer to the actions carried out, and not to accredit or discredit the impact or damages claimed by the plaintiff party deriving from the impugned conduct, at least, it is not expressly indicated in that sense. Note that in the case of the witnesses offered by the plaintiff party, it is limited to indicating that they will testify about the facts within their knowledge regarding this proceeding. The testimonial evidence could have been of some use regarding the prerequisite of danger in delay, when pertinent, for example, the offering of an official from SINAC or SETENA, who, based on their knowledge of the facts and the subject matter, accredits or detracts from the alleged damage; however, as stated, neither party expressly offers it for such purpose, for which reason, the testimonial evidence offered is rejected, making it thus unnecessary to convene the optional oral hearing provided for in numeral 24, 2) of the Código Procesal Contencioso Administrativo.

VII) CRITERION OF THIS JUDGE: Regarding the appearance of good right: it must be said that from the analysis of the precautionary request, it is preliminarily observed that the theory of the case presented is not reasonably motivated and formulated, such that, without entering into a value judgment on the merits (which in any case is not characteristic of the precautionary process), it is deemed that the action exercised does not meet the minimum criteria that would allow the appreciation of the existence of a good right on the part of the plaintiff, for the reasons detailed below: In relation to the corresponding claim, that "the Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. be warned to refrain from installing meters and connecting electrical service to the property and houses of the cautioned party José Luis Madrigal Villalobos, on parcel 23 of the Hacienda Miraflores residential development in Dulce Nombre de Jesús of the canton of Vásquez de Coronado, as referenced ut supra, property registered under folio 661928-000 of San José, while the principal proceeding is processed," the undersigned considers it to be, by all appearances, a reckless claim, and lacking the necessary seriousness to be granted in this avenue. To tell the Public Administration not to carry out its conducts, which are obligatory due to its administrative function, there being an express rule that so provides (Art 66 LGAP), is lacking in seriousness and reckless. The Compañía Nacional de Fuerza y Luz is obligated by rule of law to acknowledge and process the procedures that private parties bring to its attention; the foregoing per se does not imply their approval, but rather the verification of compliance or non-compliance with the requirements established in the corresponding regulations in order to issue an administrative act approving or denying what was requested. The scenario would be different in the case that the defendant Administration herein had approved the installation of a requested meter, where the plaintiff party questions the legality of that action adopted through administrative channels due to a lack of verification and/or verification of the legal requirements; however, that is not the case at hand, since according to what was indicated and demonstrated in the case file by the Compañía Nacional de Fuerza y Luz, in accordance with the Boleta de Sellado de Planos Eléctricos OC-1147481, the data that Mr. Madrigal Villalobos provided in his application did not correspond to the property of the project under construction; therefore, procedure N°113539048, for new single-phase electric service, was annulled on September 9, 2024 (image 182 of the electronic digital case file), without it being recorded in the case file that, to date, the electrical service connection on property 661928-000 of the San José registration district has been approved. In reference to the claim that José Luis Madrigal Villalobos be warned to refrain from carrying out new works on the land related to the object of this proceeding, the undersigned judge considers that similarly, the appearance of good right is not met, since what is requested cannot be complied with, reviewed, and/or executed by the defendant Administration; note that the petitioner channels his lawsuit against the Compañía Nacional de Fuerza y Luz, which does not have the power of regulation and oversight in construction matters, being on the contrary, a public company of the Instituto Costarricense de Electricidad, responsible for the distribution and commercialization of electrical energy. In that sense, it is held that there is an error on the part of the plaintiff, in not directing his precautionary claims against the corresponding administration. As for the possibility that the plaintiff party could allege that the precautionary claim is directed directly at Mr. Madrigal Villalobos refraining from carrying out construction works, ordered directly by this judicial authority, without the participation of the competent administration in the matter within the proceeding, it also lacks appearance of good right, as the party's claim is evidently reckless, given that, within its petitionary list, it does not attack or request the review and/or suspension of acts related to the constructions carried out on property 661928-000, of the San José registration district; the defendant Madrigal Villalobos is correct in pointing out that the adoption of the precautionary measure in the manner intended herein would violate his right to property. Let it be kept in mind that this judge is not indicating that it is impossible in this avenue to attempt the suspension of works on private property where their legality is questioned; it is only being indicated that the manner in which the precautionary proceeding was formulated by Mr. Iglesias Mora, acting in defense of the diffuse interests of the Asociación de Propietarios y Hacienda Miraflores, is lacking in seriousness and by all appearances reckless. Finally, regarding the request for annotation of the foregoing limitations in the registration entry of property folio 661928-000, of the San José registration district, it suffers the same fate as the previous claims, given that it was already indicated that both precautionary claims are lacking in appearance of good right; therefore, since this prerequisite has not been overcome, the appropriate course is to reject the precautionary measure in its entirety. Regarding the danger in delay: It consists of the objectively verifiable fear or danger that the delay in developing the principal proceeding may entail the loss, deterioration, or frustration of the substantial legal situation adduced, which would be linked to the uselessness of the judgment on the merits in such cases. Regarding this point, Article 21 of the CPCA indicates that: "The precautionary measure shall be appropriate when the execution or permanence of the conduct subjected to proceeding produces serious damages or injuries, current or potential, of the situation adduced(...)”. Therefore, whenever there is a danger of damage or injury, current or potential, to the substantial legal situations of the parties, precautionary protection must serve as a protection and guarantee mechanism, in order to fully preserve such legal situations; the foregoing, coupled with the fact that not in all cases does the party seek mere compensatory reparation, but rather primarily and fundamentally, the integrity of their claim and the legal situation that sustains it. However, it cannot be overlooked that the particular situation of the person is what must necessarily be demonstrated, with useful, pertinent, and compelling evidence, to accredit not only the urgency but also, and in addition, the damage, damage that must not only be present but must also reach magnitudes of seriousness, as a product of the questioned administrative determination. In the case at hand, it must be indicated that the moving party alleges as damage that the constructions carried out on parcel 23 of Hacienda Miraflores, which are illegal, are threatening the environmental fragility of the zone, since four houses were built, each for a different family with vehicles, which causes a larger environmental footprint and general pollution. It declares that there is a threat to wildlife and an impact on landscaping, which is a right of constitutional rank, under the Código General del Ambiente. The party indicates that if the damages continue, there will be a decrease in the value of the properties of the hacienda's neighbors, that water consumption will increase, to the detriment of the rest of the community, and that the aquifers of the zone are placed at risk; in general, it alleges a violation of a healthy and ecologically balanced environment. The undersigned considers that in the present case, the damage alleged is not proven by the party requesting the precautionary measure; making a review of the evidence provided to the case file, it is noted that the party presents as evidence a series of complaints filed in criminal court, before the Municipalidad de Coronado, and before the Compañía Nacional de la Fuerza Luz; these, by themselves, do not prove the serious damage; they only demonstrate the judicial and administrative actions that the group of neighbors has undertaken in response to what they consider illegal constructions that threaten the environment and their rights. They also provide the land use permit and the layout plan for parcel 23 of Hacienda Miraflores, together with aerial photos of said property. In the undersigned's opinion, said documentation is also not pertinent to prove the alleged damage; indeed, from the evidence provided, the magnitude of the construction project can be determined, but not the impact it has created on the environment. A technical criterion is missing from the case file that could prove the impact that the constructions alleged to be illegal are causing on the environment. Photographs of wildlife and of supposed intentional burning carried out on parcel 23 are also provided; regarding the wildlife photographs, photos of a tapir and a puma are attached; however, there is no way to corroborate that they are photographs taken in Hacienda Miraflores, and even if the foregoing could be demonstrated, the undersigned considers that they are not suitable to prove the serious current or potential damage of the constructions on wildlife. The same situation arises with the photograph of the supposed intentional burning on parcel 23; it is repeated that technical evidence is missing from the case file that demonstrates the impact on wildlife, as well as on the aquifers—the same situation that occurs with the loss of value of the properties of the neighbors of Hacienda Miraflores and the landscape impact. Regarding these matters, the evidentiary absence is even greater, since no type of evidence is provided to this effect, and everything remains as stated by the party. On this, it must be pointed out that it is the duty of the moving party to provide all the evidentiary elements that support their thesis, under the protection of what is regulated by numeral 41.1.1 of the Código Procesal Civil, used supplementarily by canon 220 of the Código Procesal Contencioso Administrativo. Thus, if the plaintiff does not provide evidence supporting the serious current or potential damage caused by the constructions he alleges are illegal to the environment, the aquifers, wildlife, and the value of the neighbors' properties and the landscape in general, this Judge cannot substitute the function of the party and presume a possible damage without sufficient evidentiary support. Therefore, the indicated prerequisite, meaning the danger in delay, is not configured, so the appropriate course is the rejection of the precautionary measure. Lastly, regarding the weighing of the interests at stake and the impact on the public interest or that of interested third parties: This Judge considers that, since there is no appearance of good right and the existence of serious damage has not been demonstrated, one can only conclude that the particular interest must yield to the public interest represented by the need for the actions of public entities and private individuals to conform to the parameters of legal certainty and legality provided by the legal system. Thus, as already stated in previous lines, the lack of appearance of good right and the proven lack of serious current or potential damage on the part of the plaintiff mean that the balance in this case leans irremediably towards the protection of the public interest.

VIII) COSTS: As this involves precautionary justice, the awarding of costs is not provided for because the petitioners cannot be considered "defeated," given that no pronouncement has been issued on the merits of the matter; it is resolved without special award of costs. (see, among others, RESOLUCIÓN 009-TA-11, 010-TA-11. SENTENCIA Nº 90 -2011 bis TRIBUNAL DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. Anexo A of the Second Judicial Circuit of San José, Calle Blancos, at thirteen hours thirty minutes on the sixteenth of March, two thousand eleven).-

IX) DECISION OF THE CASE: Therefore, since the necessary legal prerequisites are not fully present (The prerequisites of appearance of good right, danger in delay, and weighing of the interest at stake are not met), the precautionary measure requested in the terms in which it was formulated must be declared without merit. As a logical consequence of this disposition, the precautionary measure requested is rejected.

Given the inherent characteristics of this type of proceeding, judgment is rendered without an award of costs. In due course, archive the case file.-

POR TANTO

The precautionary measure requested by ROBERTO IGLESIAS MORA, acting in defense of the collective interests of the ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y FAMILIARES DE HACIENDA MIRAFLORES, against COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ and JOSÉ LUIS MADRIGAL VILLALOBOS, is rejected. This matter is decided without a special award of costs. NOTIFÍQUESE.- Daniel Salas Blanco. Juez Tramitador.-

K0HOC6IOG2A61
DANIEL FRANCISCO SALAS BLANCO - JUEZ/A TRAMITADOR/A

EXP: 24-007446-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, across from Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:23:16.

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