Res. 00733-2000 Sala Tercera de la Corte — Criminal liability for water contamination with agrochemicals in a springResponsabilidad penal por contaminación de agua con agroquímicos en naciente

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Sala Tercera de la Corte

Resolución Nº 00733 - 2000

Fecha de la Resolución: 30 de Junio del 2000 a las 09:50

Expediente: 97-201890-0358-PE

Redactado por: Daniel González Alvarez

Clase de asunto: Recurso de casación

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias Relacionadas


Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Procesal Penal

Tema: Prueba pericial en materia penal

Subtemas:

Ausencia no determina que las conclusiones sean infundadas.

Tema: Corrupción de sustancias alimenticias o medicinales

Subtemas:

Ausencia de prueba pericial no es determinante.

"En nuestro sistema rige el principio de libertad probatoria (numeral 182 del Código Procesal Penal), según el cual pueden probarse los hechos y circunstancias de interés para el caso por cualquier medio legítimo de prueba. No existe un sistema de prueba tasada que nos diga, entonces, que tal aspecto debe ser probado sólo por determinado medio de prueba, pues lo importante es que la prueba allegada sea valorada de conformidad con las reglas de la experiencia común, la lógica y la psicología. El peritaje indudablemente representa un auxilio especial para el juez, en temas en los cuales no tiene conocimiento, para poder valorar un elemento probatorio, y deducir ciertos aspectos relevantes para la decisión, en la medida en que sea necesario poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica -numeral 213 del Código Procesal Penal-. De ninguna manera tal recurso es imperativo para las partes o para el juez, pues será la utilidad, pertinencia y relevancia de tal "elemento de prueba", la que determinen la comprobada necesidad procesal de ordenar una pericia, siempre que ello sea posible. En todo caso, el criterio pericial no vincula en modo alguno al juzgador, pues sus conclusiones se agregan a las demás que existan y que deben pasar por la ponderación valorativa según las reglas de la sana crítica. Así, no es suficiente que se reclame la ausencia de un determinado criterio técnico para estimar infundadas o inadecuadas las conclusiones del Tribunal. En este caso concreto, se presentan características muy particulares que, contrario a lo afirmado por el recurrente, evidencian que la prueba técnica que echa de menos no era la única vía posible para sustentar un fallo condenatorio y, en consecuencia, para estimar que por su falta, la sentencia resulta inmotivada. Efectivamente, al acusado B.C. se le acusó de haber sembrado en la margen de la naciente de agua que hay en su finca y que abastece a la población de San Rafael de Tarrazú, plantas de café, en cuyas raíces aplicó un nematicida muy tóxico conocido como Contex o Biofox y además roció herbicidas, desechando los residuos en el agua, ya que allí mismo lavaba las bombas que utilizaba para aplicar el producto. Por la naturaleza misma de los siembros de café y por la mínima distancia que existía entre ellos y las márgenes de la naciente, tales productos se filtraron al agua y la contaminaron, provocando que el agua cambiara su sabor y olor, además de que con el incremento de las lluvias a los pocos días, el líquido sufriera una alta contaminación que degeneró en males estomacales en muchos de los pobladores de la zona, quienes incluso debieron abstenerse de consumir el agua y recibir algunos de ellos atención médica. Además, conforme a la sentencia, el hecho ocurre en un poblado pequeño, compuesto por unas trece familias, aproximadamente treinta personas. Es una zona de agricultores cafetaleros y la mayoría de ellos viven allí desde que nacieron. Conocen todos la finca del acusado y la naciente que allí se encuentra. Están absolutamente familiarizados con todo lo que tiene que ver con el cultivo y mantenimiento del café -son cafetaleros o peones de tales fincas o sus familiares-. Cuando los hechos se dan la mayoría de ellos se entera inmediatamente y a los pocos días ya evidenciaron malestares asociados a la contaminación del agua, que no pasaron a más porque entre ellos se alertaron para que se evitara el consumo del agua y solicitaron la pronta intervención de las autoridades. Según el fallo al menos cuatro de los habitantes de la zona observaron directamente al acusado cuando aplicaba el nematicida y pudieron incluso identificar en ese momento y sin ninguna duda que se trataba de Contex o Biofox, pues lo conocen indistintamente con ambos nombres, aunque no son en realidad el mismo producto, pero ambos son igualmente tóxicos."

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Citas de Legislación y Doctrina
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Penal

Tema: Corrupción de sustancias alimenticias o medicinales

Subtemas:

Aplicación de agroquímico tóxico a plantas de café.
Delito de peligro.

Tema: Delito de peligro

Subtemas:

Contaminación de aguas por uso de plaguicidas.

"[...] es clara la conclusión sobre la toxicidad de los agroquímicos utilizados en el café, así como también está claro que el acusado aplicó un plaguicida o nematicida en las raíces de las plantas que sembró justo a la margen de la naciente y está claro que conocía sus efectos nocivos y aceptó sus efectos contaminantes en el agua, por lo que la responsabilidad penal determinada resulta del todo adecuada y correcta. La potencialidad del riesgo que de por sí implica para el agua el solo hecho de la siembra del café al margen de la naciente -en violación además a la zona protegida por la ley forestal, infracción respecto de la cual se decretó prescrita la acción penal- unida a la comprobada aplicación del producto por parte del acusado, son base suficiente para acreditar su responsabilidad penal al tenor del ilícito establecido en el numeral 261 del Código Penal. Si bien en este caso, a juicio de la Sala, si es posible establecer una relación de causalidad entre la aplicación del producto y los malestares que generó en la población, por todas las razones ya dadas, no es necesario siquiera acreditar esa circunstancia, pues está demostrado que el acusado, a sabiendas de la toxicidad de la sustancia y de la inminente contaminación del agua por la aplicación del agroquímico en la raíz de las plantas, lo hizo y con ello contaminó el líquido vital en forma peligrosa para la salud de los pobladores de la zona -mediante el uso de un nematicida altamente tóxico en la naciente de agua que abastecía a la población- siendo estos elementos suficientes para acreditar su responsabilidad. Estamos frente a un delito de peligro, como bien lo señalan los juzgadores, que es un peligro concreto, pues la frase contenida en el tipo "de modo peligroso para la salud" requiere efectivamente que la acción sea idónea para generar el peligro en la salud, independientemente de que se materialice alguna consecuencia dañina. La estructura del tipo penal considera suficiente el peligro creado para el bien jurídico salud pública, a efecto de sancionar la conducta, pues en esta materia en la que está involucrada la salud de las personas e incluso, en forma complementaria, la integridad del medio ambiente -especialmente cuando la acción se materializa en fuentes naturales como el agua- la técnica legislativa responde a una tendencia de política criminal que prefiere anticiparse sancionando conductas que implican un riesgo, independientemente de que materialicen un resultado dañoso. El peligro y riesgo para la salud resultado de la conducta del acusado está suficientemente demostrado -según se ha expuesto- y por ello no son de recibo los alegatos del recurrente, careciendo de interés sus reclamos en cuanto se dirigen a cuestionar la inexistencia de exámenes médicos que esclarezcan la verdadera causa de los malestares que aquejaron los vecinos de la zona."

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Citas de Legislación y Doctrina
Texto de la resolución

Exp: 97-201890-0358-PE

Res: 2000-00733




SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas con cincuenta minutos del treinta de junio del dos mil.




Recurso de casación, interpuesto en la presente causa seguida contra ATILIO BADILLA CALDERON, mayor, casado, agricultor, cédula de identidad número 1-251-786, vecino de San Marcos de Tarrazú,  por el delito de CORRUPCION DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS O MEDICINALES, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA. Intervienen en la decisión del recurso, los Magistrados  Daniel González Alvarez, Presidente, Mario Alberto Houed Vega, Rodrigo Castro Monge, Carlos Luis Redondo Gutiérrez y Joaquín Vargas Gené, estos dos últimos como magistrados suplentes. También intervienen como defensor del imputado y demandado civil el defensor particular licenciado Fernando Sancho Villalta, el fiscal nacional ecológico licenciado José Pablo González Montero. Como representante del Estado en su calidad de actor civil el licenciado Oscar Jiménez Rojas. En calidad de apoderado especial judicial del actor civil Lindor Garro Quirós, figura el licenciado Gerardo Machado Ramírez. El licenciado Johnatan Ortega de Trinidad como Fiscal de Juicio.           




Resultando:




1-Que mediante sentencia N°572-99, dictada a las quince horas treinta minutos del diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve, el Tribunal de Juicio de Cartago, resolvió:  “POR TANTO: De acuerdo con lo que se expresó en los considerandos del fallo y los artículos 35, 36, 39, 41 y 50 de la Constitución Política de Costa Rica; 1, 4, 11, 18, 19, 20, 21, 30, 31, 45, 50, 51, 63, 71, 73, 74 y 261 del Código Penal; 1, 8, 16, 31, 32, 33, 45, 62, 63, 81, 265 y 324 y siguientes del Código Procesal Penal, 33 y 58 de la Ley Forestal; 90 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, se  declara a ATILIO BADILLA CALDERON como AUTOR RESPONSABLE del delito de CORRUPCION DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS O MEDICINALES en perjuicio de  LA SALUD PUBLICA y por tal se le impone la pena de CIINCO AÑOS DE PRISION, que deberá descontar en la formas que designe la dirección General de Adaptación Social.- Se decreta en forma inmediata, como medida cautelar, el IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAIS DEL IMPUTADO ATILIO BADILLA CALDERON, para lo cual se ordena enviar las respectivas comunicaciones a la Dirección General de Migración y Extranjería.- Se ordena el DESARRAIGO DEFINITIVO Y PERMANENTE de la propiedad del imputado en tanto siga vigente el abastecimiento de agua de la naciente para la comunidad y con los límites del área de protección que regula La Ley Forestal.- Se REVOCA el BENEFICIO DE EJECUCION CONDICIONAL DE LA PENA que se había concedido al encartado ATILIO BADILLA CALDERON por sentencia del entonces JUZGADO PENAL DE CARTAGO de las dieciséis horas veinte minutos del veintiocho de abril de mil novecientos noventa y cinco, por lo que el encartado deberá descontar en prisión los seis meses de prisión que allí se impusieron, además de la pena aquí impuesta.- Una vez firme este fallo deberá inscribirse en el Registro Judicial y enviarse los respectivos testimonios al Juzgado de Ejecución Penal de Cartago y al Instituto Nacional de Criminología. Se declara CON  LUGAR la ACCION CIVIL RESARCITORIA establecida por EL ESTADO en contra de ATIILIO BADILLA CALDERON, condenando a éste al pago de los DAÑOS y PERJUICIOS ocasionados con su actuar, los cuales se liquidarán en la vía civil de ejecución respectiva, dineros que deberán ser a favor de la Caja Unica del Estado pero destinados para proyectos Ambientales de Zona Cafetaleras que dirija el Ministerio del Ambiente y Energía.- Se declara CON LUGAR la ACCION CIVIL RESARCITORIA  establecida por LINDOR GARRO QUIRIOS contra ATILIO BADILLA CALDERON, a quién se condena a pagar a favor del primero los DAÑOS MATERIALES  y PERJUICI0S  ocacionados a él, los cuales se liquidarán en la vía civil de ejecución respectiva, además del DAÑO MORAL en la suma de QUINIENTOS MIL COLONES.- Las costas de ambas Acciones Civiles son a cargo del demandado civil Badilla Calderón, las cuales se liquidarán de igual forma en la vía civil de ejecución respectiva.- En aplicación del Instituto de la PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL se ABSUELVE DE TODA PENA al acusado ATILIO BADILLA CALDERON  por los delitos de INFRACCION A LA LEY  FORESTAL e INFRACCION A LA LEY DE CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE que en perjuicio de los RECURSOS NATURALES  y LA VIDA SILVESTRE, se le venían atribuyendo.- Las costas del proceso penal son a cargo del imputado Badilla Calderón. Las costas de la Acción Civil Resarcitoria, tanto la invocada por el estado como la presentada  por el señor Lindor Garro Quirós, serán a cargo del demandado civil.- Notifíquese por lectura. Fs). ALBERTO JIMENEZ MATA. LIDIA FALLAS MONGE.  RONALD CORTES COTO”.

2-Que contra el anterior pronunciamiento el licenciado Fernando Sancho Villalta, defensor del imputado Atilio Badilla Calderón, interpuso recurso de casación.  El recurrente en su alegato por la forma acusa violación a las reglas de la sana crítica, específicamente a la ley de la derivación y violación al principio in dubio pro reo. En su único motivo por el fondo acusa la errónea aplicación del numeral 261 del Código Penal.

3-Que verificada la deliberación respectiva la Sala entró a conocer del recurso.

4-Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes .   

                Informa el Magistrado  González Alvarez  y,




Considerando:



Impugnación por vicios de forma

            Io.- Violación a las reglas de la sana crítica, específicamente a la ley de la derivación: El recurrente, licenciado Fernando Sancho Villalta, defensor del imputado Atilio Badilla Calderón, reclama que en el fallo impugnado, los juzgadores tienen por establecido que su defendido colocó en las plantas de café el nematicida llamado Contex o Biofox, que es de alto poder tóxico, sin que se haya allegado al expediente prueba técnica que efectivamente demuestre que esa fue la sustancia utilizada, por lo que no puede deducirse que se trate de un nematicida y menos aún que sea Contex o Biofox. Reclama que no puede tenerse por acreditada la utilización de esa sustancia y su carácter tóxico únicamente con las declaraciones de testigos, pues esta prueba resulta “no idónea” para asentar en ella dicha conclusión, que sólo puede establecerse a partir de criterios técnicos, como el vertido por un perito en agroquímicos. A su juicio, el Tribunal violentó las reglas de la sana crítica y utilizó su “libre convicción”. De igual forma, reclama que también concurre el vicio alegado al afirmar el Tribunal que efectivamente se dio un daño en la salud de la población, sin que se hayan documentado tales conclusiones con los dictámenes médicos respectivos. Es consciente –y no lo discute- de que la prueba testimonial permite evidenciar diversos padecimientos sufridos por los pobladores de la zona, como vómitos y diarreas, pero a su juicio no es posible establecer que tales males surgieron a raíz de la ingestión de agua envenenada o contaminada, pues según lo revelan los estudios visibles a folios 65, 66, 81 y 82, así como el peritaje de folios 86 a 92, el agua del sitio en que supuestamente ocurrieron los hechos no es apta para el consumo humano, por encontrarse contaminada de coliformes fecales en cantidad suficiente para afectar la salud. A tales efectos señala: “La defensa puede aceptar que estemos en presencia de un delito de peligro en que no es necesario que el daño en la salud se haga efectivo, pero cree que era necesario e indispensable determinar científicamente que esa enfermedad o sintomatologías  se dieron y que realmente fueron producidas por tomar agua contaminada por esos agroquímicos y esto si era muy fácil hacerlo llegar al expediente. Si no existieran los avances tecnológicos y científicos, podría aceptarse que los Señores Jueces deban adquirir certeza por medio de prueba testimonial, pero habiendo visitado médicos, hospitales y existiendo laboratorios, no puede aceptarse jamás que el Tribunal prescinda de la prueba correspondiente. Definitivamente (sic) al hacerlo de esta forma, está trabajando en base a suposiciones y criterios subjetivos(…)En otras palabras, la prueba técnica era necesaria, porque de lo contrario, los Juzgadores tendrían que entrar en suposiciones y deducciones sobre cuestiones, en la que existen medios científicos suficientes para comprobarlo y desde esta perspectiva se corre el riesgo de invadir campos del quehacer humano que no conocen(…)”. Concluye señalando que no puede pensarse, como se está en presencia de un delito de peligro para el cual resulta irrelevante que el resultado nocivo se produzca, que carece de importancia la causa de la enfermedad que aquejó a los testigos, porque lo importante es que ésta se produjo y hay que determinar la causa, para poder atribuirla al acusado. El reclamo no es atendible. En nuestro sistema rige el principio de libertad probatoria (numeral 182 del Código Procesal Penal), según el cual pueden probarse los hechos y circunstancias de interés para el caso por cualquier medio legítimo de prueba. No existe un sistema de prueba tasada que nos diga, entonces, que tal aspecto debe ser probado sólo por determinado medio de prueba, pues lo importante es que la prueba allegada sea valorada de conformidad con las reglas de la experiencia común, la lógica y la psicología. El peritaje indudablemente representa un auxilio especial para el juez, en temas en los cuales no tiene conocimiento, para poder valorar un elemento probatorio, y deducir ciertos aspectos relevantes para la decisión, en la medida en que sea necesario poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica –numeral 213 del Código Procesal Penal-. De ninguna manera tal recurso es imperativo para las partes o para el juez, pues será la utilidad, pertinencia y relevancia de tal “elemento de prueba”, la que determinen la comprobada necesidad procesal de ordenar una pericia, siempre que ello sea posible. En todo caso, el criterio pericial no vincula en modo alguno al juzgador, pues sus conclusiones se agregan a las demás que existan y que deben pasar por la ponderación valorativa según las reglas de la sana crítica. Así, no es suficiente que se reclame la ausencia de un determinado criterio técnico para estimar infundadas o inadecuadas las conclusiones del Tribunal. En este caso concreto, se presentan características muy particulares que, contrario a lo afirmado por el recurrente, evidencian  que la prueba técnica que echa de menos no era la única vía posible para sustentar un fallo condenatorio y, en consecuencia, para estimar que por su falta, la sentencia resulta inmotivada. Efectivamente, al acusado Badilla Calderón se le acusó de haber sembrado en la margen de la naciente de agua que hay en su finca y que abastece a la población de San Rafael de Tarrazú, plantas de café, en cuyas raíces aplicó un nematicida muy tóxico conocido como Contex o Biofox y además roció herbicidas, desechando los residuos en el agua, ya que allí mismo lavaba las bombas que utilizaba para aplicar el producto. Por la naturaleza misma de los siembros de café y por la mínima distancia que existía entre ellos y las márgenes de la naciente, tales productos se filtraron al agua y la contaminaron, provocando que el agua cambiara su sabor y olor, además de que con el incremento de las lluvias a los pocos días, el líquido sufriera una alta contaminación que degeneró en males estomacales en muchos de los pobladores de la zona, quienes incluso debieron abstenerse de consumir el agua y recibir algunos de ellos atención médica. Además, conforme a la sentencia, el hecho ocurre en un poblado pequeño, compuesto por unas trece familias, aproximadamente treinta personas. Es una zona de agricultores cafetaleros y la mayoría de ellos viven allí desde que nacieron. Conocen todos la finca del acusado y la naciente que allí se encuentra. Están absolutamente familiarizados con todo lo que tiene que ver con el cultivo y mantenimiento del café –son cafetaleros o peones de tales fincas o sus familiares-. Cuando los hechos se dan la mayoría de ellos se entera inmediatamente y a los pocos días ya evidenciaron malestares asociados a la contaminación del agua, que no pasaron a más porque entre ellos se alertaron para que se evitara el consumo del agua y solicitaron la pronta intervención de las autoridades. Según el fallo al menos cuatro de los habitantes de la zona observaron directamente al acusado cuando aplicaba el nematicida y  pudieron incluso identificar en ese momento y sin ninguna duda que se trataba de Contex o Biofox, pues lo conocen indistintamente con ambos nombres, aunque no son en realidad el mismo producto, pero ambos son igualmente tóxicos.  Veamos un repaso de lo que esos testigos declararon en cuanto a estos puntos de interés, según se deduce del fallo:  Asdrúbal Navarro Ortiz señaló “(…) El día ocho pusimos la queja, la demanda consiste en que a la orilla de la naciente, había residuos de Cónter. Nos fuimos a hacer la inspección y constatamos el nematicida y vimos al señor Atilio y sus hijos echando ese venero. Además echaba herbecida (sic) en la naciente. Yo ví a Atilio echándolo con los hijos. Yo soy agricultor, conozco lo malo que es ese veneno, se deben usar lentes y mascarilla para echarlo (…)Ese veneno viene en bolsas de veinticinco y quince kilos. Es granulado. Limpiaba la quebrada con herbecida, (sic) eran los hijos, no estaba él. La primera vez vinieron a un juicio, yo no estuve, pero él no atendió el llamado que le hizo el juez. Yo los vi haciendo una mezcla con el producto, el temor es que cuando cae a la naciente, se hace como una espuma en el agua. La naciente está dentro de la finca de Atilio. Don Atilio sabía que tomábamos agua de la naciente. Los peones de Atilio toman agua de ahí. Cuando nos dimos cuenta el agua estaba contaminada, tuvimos que tomar agua de otra naciente de un señor y de lluvia. Nunca se había enfermado tanta gente, como en el momento en que regaron ese herbicida. Los médicos dijeron que el cuadro era diarreico, que podía ser tóxico o por bacteria (…)” (folios 175 vlto. A 176);  Roy Fernández Pérez declaró “(…)Yo ese día como a las cinco y media de la mañana pasé para el trabajo, estaba el señor y los peones echando el producto en el café, no dijimos nada, luego como a las nueve y media de la mañana mi esposa llegó y me dijo que ahí estaba la gente echando veneno, entonces los compañeros fuimos a ver y el veneno lo habían echado. Eso fue en el año noventa y siete, le dije a Asdrubal (sic) Navarro y otros más (…)Marita, mi esposa, llegó asustada porque no tenía que tomarse el agua, tuve que comprar el agua, yo soy jornalero, después del veneno tuvimos la chiquita enferma, pagamos doctores, no daban con lo que era, el veneno fue echado a quince metros, yo tuve que pedir dinero, la llevamos al hospital de niños (sic) y me dijeron que puede ser que estuviera intoxicada. Con esa agua no se podía lavar ni tomar, el olor era mucho, y esos productos para echarlo se necesita guantes, máscara. Yo conozco el área de la naciente desde hace como diez años (…) si uno ve que han echado veneno lo reporta no me importa de quien sea la finca, el olor no se quita, queda oliendo unos veinte días. Mi esposa a los dos días empezó con diarreas y vómito, todo era por el mismo veneno que echaron, fueron varias las personas que se enfermaron, hay una pareja de mayores y están muy enfermos(…)” (folio 179 vlto.a 180 vlto); Lindor Garro Quirós dijo: “Yo  tengo conocimiento desde  hace bastante tiempo, en primer paso se apeó todo, la naciente tenía vegetación y luego hecho (sic) nematicida, se hizo un juicio y se condenó con una suspensión. A los dos años volvió a echar el nematicida en una agua que usábamos la comunidad. Fue el siete de julio, viniendo de traer a mi papá de una cita lo ví, vi a don Atilio y dos o tres hijos el siete de julio, después de dos años del primer juicio, el (sic) vaciaba las miquitas que tenían para regar, bien efectivo a cincuenta centímetros de la quebradita. El lote está sembrado de café, en la raíz del café lo echaban, por orilla del río, eso es una manzana, echaron por las matas, el olor salía, cincuenta o cien matas, tenían unos cuarenta centímetros de alto, me vine a conseguir un juez de aguas, pidieron uno de Cartago, iban personas de la Municipalidad y otros policías, a los cinco días después, yo mismo iba con ellos, ese día no se tomaron muestras de agua, se tomaron las muestras de agua como ocho meses después. Con don Alfredo Monge yo hable (sic), anduvimos viendo donde estaba el herbecida (sic) y estaban las bolsas, olía fatal. Ese olor mientras no llueva se soporta, cuando llovió al abrir el tubo era como si saliera del tubo, no se pudo volver a usar el líquido, comenzábamos a jalar agua de otra quebrada y después compramos agua, como a los cinco días comencé a vomitar y ganas de ir al servicio, así fueron varias personas, antes de eso nadie se (sic) enfermaban tantas personas a la vez, los chiquitos fueron los que comenzaron con ese problema (…)En las orillas  habían bolsas de cartón que traen un papel plateado, se encontraban tiradas en el cerco donde se termina la bolsa ahí la dejaban botada, los granos de ese producto duran, sino llueve, quince días ó un mes ahí estaba el cónter cuando llegaron a ver la gente de San José (…)” (folios 180 vlto a 182); William Garro Camacho señaló: “(…)El señor se apeó (sic) y no respetó el agua y nos echaba veneno al agua, sembró café. Yo lo conozco hace varios años, como veinte años. El Chapeó (sic) el (Sic) estaba con los peones y con los hijos, el veneno era Cónter, estaban echando el veneno en la raíz del café y se iba a donde llega el agua, eso fue en julio de mil novecientos noventa y siete, estuvieron fumigando y herbeciendo (sic), en la naciente juntaban el agua de la misma naciente, llenaban la bomba (…) El no ha vuelto a chapear. Las bolsas del Biofox quedaron allí, eran quince kilos, eso tiene un olor que desde largo llega, yo bajé después y olía se lleva casi un año oliendo o más (…)”; Wálter Garro Camacho señaló: “Yo lo que se (sic) es que él echó biofox en la naciente, estaba con dos muchachos de él y dos peones y el señor Atilio estaba regando Biofox en el cafecito pequeño que tiene. Eso fue en julio del noventa y siete (…) Yo ese día iba a trabajar a una finca vecina yo fui a la naciente y vi  biofox que estaban echando el granulado como es cerca de la naciente y se da un olor que dura de seis meses a un año. Muchos de la comunidad compramos el agua o tomamos agua llovida (…) a mi nadie me dijo lo que pasaba yo lo vi cuando iba a trabajar y a la hora de almuerzo lo hablábamos de que estaba el señor con los peones regando el biofox. Yo me dedico a   la agricultura de café y puedo decir que si es una finca cafetalera la de don Atilio (…)” (folios 182 fte. y vlto.). De igual forma, Auxiliadora Vega Navarro y Marita Garro Camacho, observaron al acusado cuando aplicaba el nematicida a las plantas el día de los hechos y lo comunicaron a sus esposos (folios 176 a 177 fte.). Finalmente, personas ajenas a la comunidad que acudieron a inspeccionar el sitio, observaron las bolsas del producto vacías tiradas a la orilla de la naciente, al pie de las plantas de café, pudiendo algunos identificarlo. Así sucede con el ingeniero forestal Edgar Sandí Chaves, quien acudió al sitio en virtud de la denuncia de los vecinos y observó claramente las bolsas de Biofox en la propiedad del acusado y en el sitio preciso en que los hechos se dieron y expresamente señaló: “(…)Vi varias bolsas de Biofox que es un nematicida altamente tóxico, es parecido al Cónter, es un nematicida que emite gases que en terrenos altamente calientes y de mucha precipitación puede con la evaporización  (sic) y las gotas de lluvia, intoxicar de una sola vez a las personas. A la orilla de la fuente de agua existe café, el café es altamente erosivo, por ello todo lo que se le aplique va a dar a la quebrada y al tanque de captación del cual sale el agua que toman los pobladores. El Cónter se aplica dos veces por año en invierno, para que aguante. En dos atomizadas puede provocar que por evapotranspiración algún trabajador se vea afectado y hasta la muerte. El gas es muy denso. A un metro del tanque de agua se encontraron las bolsas del nematicida lo que evidencia que se estaba aplicando y se lavaron los tanques allí (…)Yo observé sembrado a la orilla café nuevo, no se (sic) la fecha, pero preciso que la cobertura vegetal fue eliminada, puede ser reciente, el café tenía treinta centímetros (…)El cambio de cultivo influye en el caudal de la quebrada, el café es nefasto para la quebrada y cada día se requiere más agua por el aumento de la población (….) la denuncia consistía en contaminación del manto acuífero. Cuanto (sic) estábamos allí dijeron que la Finca era de don Atilio, que habían visto un tipo como de espuma en el río (…)Sé que la propiedad de Atilio era en la que estaban los residuos de bolsas, porque había un policía que era peón de Atilio, y me dijo que esa era la finca (…)”(folios 174 a 175 vlto.).  Erick Carvajal Rivera, funcionario de la Municipalidad del lugar, acudió al sitio a inspeccionarlo y si bien no identificó el producto, señaló “(…)lo que pude ver era que estaba un poco cerca del cauce, habían echado un poco de fertilizante que era granulado. Yo soy juez de aguas y ese día observé matas pequeñitas de café y elemento granulado (…)Si el agua olía a herbecida (sic), pero no la probé (…)fue muy reciente la inspección, si se (sic) que fue poquitos días, ningún técnico ese día tomó muestras. El olor que se percibía era como cuando al cafetal lo han fumigado o le han puesto agroquímicos (…)” (folio 178 vlto.). Finalmente Jorge Prado Mendoza, funcionario del Ministerio de Salud que acudió a hacer la inspección señaló al respecto “(…)los vecinos estaban muy preocupados porque se estaba contaminando el agua hablaron conmigo una vez, me dijeron que Atilio Badilla era señor el dueño (sic) de la finca el que estaba envenenando el área. Habían sacos y unas bolsas blancas, con el nombre de algún producto(…)” (folio 178). De la extensa reseña que se ha hecho del contenido de las principales declaraciones testimoniales, es posible deducir que -pese a no existir una pericia- el producto utilizado por el acusado es el nematicida Biofox, pues no sólo se trata de testigos “calificados” en razón de su oficio, en el caso de los campesinos, sino además en el caso de Sandí Chaves estamos en presencia de un testigo técnico, ya que su condición de ingeniero forestal le da especial calificación para poder establecer que el producto aplicado a las plantas de café ubicadas al margen de la naciente era el nematicida Biofox, pues incluso dio sus características particulares así como narró las consecuencias que trae su aplicación (sobre el testigo técnico o calificado, véase sentencia 00122-2000 de las 9:15 hrs. del 4 de febrero del año en curso, de esta Sala). El recurrente no cuestiona el dicho de los testigos ni su credibilidad, así como tampoco la valoración que hace el tribunal. Su reclamo es que no constituyen prueba idónea para establecer el producto que utilizó su defendido para fumigar las plantas de café y de paso, contaminar las aguas de la naciente que está en su propiedad. Por todo lo dicho, la prueba testimonial no sólo es conteste en identificar al producto, sino que además es suficiente apoyo para las conclusiones del Tribunal, que las valora en forma correcta. A lo dicho debe unirse la circunstancia de que de la misma prueba es fácil deducir la relación de causalidad entre los malestares sufridos por los pobladores de la zona y la aplicación del producto por parte del imputado, de modo que la conducta que se le atribuye se encuentra sólidamente comprobada, sin que en todo caso sea necesario que efectivamente tal daño se haya producido, pues para estimar típica la conducta contemplada en el numeral 261 del Código Penal, es suficiente que exista un peligro potencial de que tal daño se produzca. Así las cosas, este motivo debe ser declarado sin lugar.

            IIo.-  Violación al principio in dubio pro reo: A juicio del impugnante, de la misma prueba que sustenta las conclusiones del fallo es posible deducir la existencia de duda respecto de la relación de causalidad existente entre la aplicación del producto dicho y los síntomas y malestares presentados por los vecinos. El testigo Marco Sequeira Barquero señaló que se trata de una fuente abierta y desprotegida, expuesta a todo tipo de contaminación, se encuentra al margen del camino público y libre de cercas, de modo que cualquiera pudo ser la causa de los síntomas presentados. El testigo Asdrúbal Navarro dijo que los médicos les habían referido que sus malestares podían deberse a una intoxicación o a una bacteria, lo mismo narró Lindor Garro. Señala además que los estudios bacteriológicos de folios 65, 66, 81 y 82 y el peritaje de folios 86 a 92 establecen que el agua de la zona no posee los requerimientos básicos para considerarla apta para el consumo humano, por lo que bien puede pensarse que esas mismas características generaron los males que los vecinos aquejaron. Enfatiza en que las conclusiones del estudio de folio 66 señalan que no existen presencia de plaguicidas organofosforados, lo que evidencia que el agua no estaba contaminada. Además, los testigos Manuel Valverde y Fernando Valverde señalaron que el Biofox es un veneno tan fuerte que si se ingiere agua contaminada se produce la muerte y como los vecinos no fallecieron, eso refuerza la tesis de que los males tenían origen bacterial. Hay otras fincas aledañas a la naciente y también son cafetaleras, de modo que cualquiera de ellas puede ser también la causa de la contaminación del  agua.  Señala “Tomando en cuenta este hecho, cualquiera pudo causar contaminación al agua, ya que al caer la lluvia, no solo la finca de mi defendido “se lavó”, como dice la sentencia, sino que ese mismo efecto lo sufrieron las otras, lo que pudo ocasionar también el olor desagradable que se percibía en el agua, más si se toma en consideración que por esa fecha, es que los cafetaleros usan esos agroquímicos. En consecuencia, si la contaminación existió y fue por agroquímicos, nada excluye que fuera porque otra finca que tiene mayor erosión o mayor filtración lo haya hecho (…)”  Finaliza al señalar que las causas de esos malestares no están determinadas y por esa razón existe duda en cuanto a la responsabilidad en ellos de su defendido, para lo cual reitera su planteamiento en cuanto a que la calidad nociva del producto supuestamente aplicado no ha sido establecido con  prueba técnica. El reclamo no es procedente. El fallo impugnado arriba a la conclusión de que los hechos que sustentan la responsabilidad del acusado son ciertos. De modo que los juzgadores no han expresado dudas en este sentido, por lo que corresponde, para atender al reclamo, que esta Sala controle la corrección y suficiencia de los fundamentos dados en la sentencia, para permitirles sustentar la condenatoria. Según resulta de lo expuesto en el considerando precedente, está claramente identificado el producto nocivo que el acusado aplicó a las plantas de café que había sembrado al margen de la naciente que existe en su propiedad y de la que se abastece la población de la zona.  Existen testigos que lo vieron aplicando el producto, pudieron observarse bolsas vacías del mismo al pie de las plantas –y, en consecuencia, a la margen de la naciente- y los vecinos son contestes en señalar la proximidad ‑dos o tres días- de ese hecho y la aparición de síntomas como vómito y diarreas en todos los pobladores, señalando incluso que “nunca antes se había enfermado tanta gente”. La inspección judicial realizada el 7 de agosto de 1997 en la finca del acusado –un mes después de los hechos- permitió corroborar que el café está sembrado “hasta la propia orilla de la quebrada” y que “a las plantas de café se les puso un producto granulado como nematicida en sus raíces. En el ambiente se percibe olor a herbicida o productos para mantener el café que, como se dijo, está sembrado hasta la propia orilla de la quebrada” (folio 38).  Esta plataforma fáctica es suficiente para apoyar la conclusión de que el acusado es responsable de contaminar el agua de la zona y en nada desvirtúan esas conclusiones las pruebas señaladas por el recurrente como sustento de su reclamo. Los estudios de folios 65 y 66 realizados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se refieren a muestras de agua efectivamente recolectadas del sistema de aguas de San Rafael de San Lorenzo de Tarrazú –sitio de los hechos- pero tomadas el 25 de mayo de 1998 –sea casi un año después- de modo que su resultado en nada contribuye a esclarecer los hechos objeto de ese proceso, que se remontan al siete de julio de 1997. Igual sucede con el estudio cuya copia es visible a folios 81 y 82, pues las muestras fueron tomadas exactamente un año después de los hechos –siete de julio de 1998-. De especial relevancia resulta este último estudio, específico por plaguicidas, en el que, al final se señala que la conclusión de no detectable de un plaguicida “no elimina el riesgo de que se pueda dar contaminación intermitente, dependiendo de la cantidad utilizada por hectárea de la frecuencia de aplicación y del arrastre superficial y subterráneo de los agroquímicos”. Esa conclusión se aclara aún más en el informe visible a folios 86 a 92, rendido a petición del fiscal por Marco Sequeira Calderón, experto en laboratorio del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, en el que señala “Debo indicar además que en el informe de plaguicidas la observación “N.D=No detectable por encima del límite de detección del método”. Significa que no podemos asegurar que no exista contaminación de las aguas con los plaguicidas organofosforados en concentraciones menores a los que el método permite detectar” (folio 88); finalmente a folio 90 el mismo experto aclara que el resultado de la Encuesta Inventario de Acueductos Nacionales, practicada el 21 de mayo de 1998 para el acueducto de la zona, permite concluir que “a) Las dos mediciones efectuadas para la determinación de contaminación por plaguicidas en el agua de este acueducto, no superan el límite de detección del método de análisis. b) La encuesta de inventario, establece un riesgo de contaminación por plaguicidas utilizados en la siembra del café, en el área de influencia de la captación (…) e) La contaminación de aguas con plaguicidas no corresponde a un efecto natural, sino al uso de los mismos por el nombre, con el objetivo de proteger los cultivos de las plagas.  Debido a su alta toxicidad las cantidades máximas de plaguicidas que se permiten en el agua son muy bajas. f) Bajo las condiciones actuales de operación del acueducto existe un riesgo latente de contaminación por plaguicidas, aunque los análisis efectuados no indiquen su presencia en el agua, por encima del límite de detección del método. Por debajo de esos niveles Cuadro anexo, el método de análisis no los puede detectar, aunque estén presentes (…)” Además de lo dicho, el señor Sequeira Calderón declaró en el debate y en lo que interesa señaló “(…)El riesgo potencial de tener café a la orilla de un río es para la salud de los consumidores. Por varios factores es que tal vez no se detectó el químico. El primero el tiempo transcurrido entre la aplicación del químico y el análisis. Otro es que trabajamos a flujo continuo, el concentrado pasa y ya no se puede detectar más. En el flujo superficial no queda residuo. Esas sustancias que se usan en el café son tóxicos, el mismo personal que las aplica debe utilizar medidas de seguridad. Este tipo de sustancias están catalogadas por la Organización Mundial de la Salud como perjudiciales. Si se expone al máximo de concentración, se expone el sujeto a intoxicaciones agudas. Otras es que si son concentraciones bajas pero por largo tiempo, pueden ocurrir trastornos digestivos por acumulación en los tejidos grasos (…)las sustancias no son letales, pero sí peligrosas a corto o largo plazo(…)Una vez que el producto se deposita en el suelo, la lluvia lava el producto sino (sic) se hace el muestreo en ese momento, no es posible determinarlo (…)” (folios 173 a 174). Así tenemos que los análisis hechos al agua no pueden ser en modo alguno definitivos para excluir o hacer endebles las conclusiones del fallo, pues las muestras se tomaron casi un año después de los hechos; según el criterio técnico de Sequeira Calderón, si la muestra no es tomada en forma inmediata no se puede detectar la presencia del agroquímico; aclaró que puede presentarse contaminación intermitente, según la frecuencia de aplicación de los productos; explicó que los efectos pueden ser a corto y mediano plazo, en especial, si el producto se aplica directo al agua o en las raíces de la planta, pues la erosión y la filtración que la lluvia produce, hacen que llegue directo a la fuente de agua. Efectivamente este testigo constató que se trata de una fuente de captación totalmente desprotegida y así lo narran los informes y lo dijo en debate. Pero esa afirmación en forma alguna tiene la virtud de generar una duda como lo pretende el recurrente, pues es clara la conclusión sobre la toxicidad de los agroquímicos utilizados en el café, así como también está claro que el acusado aplicó un plaguicida o nematicida en las raíces de las plantas que sembró justo a la margen de la naciente y está claro que conocía sus efectos nocivos y aceptó sus efectos contaminantes en el agua, por lo que la responsabilidad penal determinada resulta del todo adecuada y correcta. La potencialidad del riesgo que de por sí implica para el agua el solo hecho de la siembra del café al margen de la naciente –en violación además a la zona protegida por la ley forestal, infracción respecto de la cual se decretó prescrita la acción penal- unida a la comprobada aplicación del producto por parte del acusado, son base suficiente para acreditar su responsabilidad penal al tenor del ilícito establecido en el numeral 261 del Código Penal. Si bien en este caso, a juicio de la Sala, si es posible establecer una relación de causalidad entre la aplicación del producto y los malestares que generó en la población, por todas las razones ya dadas, no es necesario siquiera acreditar esa circunstancia, pues está demostrado que el acusado, a sabiendas de la toxicidad de la sustancia y de la inminente contaminación del agua por la aplicación del agroquímico en la raíz de las plantas, lo hizo y con ello contaminó el líquido vital en forma peligrosa  para la salud de los pobladores de la zona –mediante el uso de un nematicida altamente tóxico en la naciente de agua que abastecía a la población- siendo estos elementos suficientes para acreditar su responsabilidad. Estamos frente a un delito de peligro, como bien lo señalan los juzgadores, que es un peligro concreto, pues la frase contenida en el tipo “de modo peligroso para la salud” requiere efectivamente que la acción sea idónea para generar el peligro en la salud, independientemente de que se materialice alguna consecuencia dañina. La estructura del tipo penal considera suficiente el peligro creado para el bien jurídico salud pública, a efecto de sancionar la conducta, pues en esta materia en la que está involucrada la salud de las personas e incluso, en forma complementaria, la integridad del medio ambiente –especialmente cuando la acción se materializa en fuentes naturales como el agua- la técnica legislativa responde a una tendencia de política criminal que prefiere anticiparse sancionando conductas que implican un riesgo, independientemente de que materialicen un resultado dañoso.  El peligro y riesgo para la salud resultado de la conducta del acusado está suficientemente demostrado –según se ha expuesto- y por ello no son de recibo los alegatos del recurrente, careciendo de interés sus reclamos en cuanto se dirigen a cuestionar la inexistencia de exámenes médicos que esclarezcan la verdadera causa de los malestares que aquejaron los vecinos de la zona. En cuanto a sus alegatos sobre la posibilidad de que la contaminación proviniera de otras fincas, se trata de meras especulaciones que no desvirtúan para nada su responsabilidad, desde que está comprobado que aplicó una sustancia tóxica al margen de la naciente de agua, contaminándola, por lo que ese hecho es suficiente sustento de la responsabilidad. La inspección se realizó en su finca; allí se encontraron las bolsas vacías del producto y allí se encontraban las plantas de café, justo al margen del río y con el producto granulado aplicado a sus raíces. Además, los testigos fueron claros en señalar que la naciente en cuestión se ubica en la propiedad del acusado, si bien al margen de la quebrada existen otras fincas cafetaleras en las que incluso algunos testigos manifestaron estar seguros de que no utilizan ese tipo de producto cerca de la quebrada (véanse declaraciones de Asdrúbal Navarro Ortiz, folios 175 vlto. a 176;  Marita Garro Camacho folio 176; Jorge Prado Mendoza, folio 177; Alfredo Monge Rojas, folio 178;  Delfín Valverde Jiménez, folio 179; Roy Fernández Pérez, folio 179 vlto.; Lindor Garro Quirós, folio 180 vlto y ss.). Por lo expuesto, se impone rechazar el motivo.

Impugnación por vicios de fondo

  IIIo.- Unico motivo: Errónea aplicación del numeral 261 del Código Penal: A juicio del impugnante, para aplicar el tipo penal del artículo 261 del Código Penal, es necesario que existan dos elementos que deben darse en forma simultánea: a) que exista realmente envenenamiento, contaminación o adulteración y b) que tales acciones se hayan ejecutado de modo peligroso. A su juicio, en el caso de su defendido se consideró que su acción fue la de envenenar y reclama que al respecto, ni en la investigación ni en el debate se demostraron esas circunstancias, por el contrario, los análisis de laboratorio demostraron que el agua no estaba contaminada. Insiste en señalar que los juzgadores concluyeron que el acusado utilizó el nematicida Counter o Biofox únicamente con base en prueba testimonial, la que resulta inidónea y que por ello violaron las reglas de la sana crítica. Reclama que el Tribunal resta valor probatorio a los análisis de laboratorio cuando realmente esa es la única prueba valedera. Al respecto señala “ (…)Nadie discute la facultad del Tribunal para valorar la prueba, pero lo que no se puede hacer, es tener por demostrado con las declaraciones de testigos, la esencia misma de un agroquímico y el peligro resultante para concluir por ese medio que es veneno y que puso en peligro la salud o la vida de las personas. Actuar de esta forma hará innecesario recabar otros medios de prueba, porque la testimonial servirá para probar todo. La conducta de mi defendido es atípica, porque no se demostró por medio de las pruebas idóneas, que el agua estuviera envenenada por su acción y porque también no se demostró con prueba idónea, que puso en peligro la vida o la salud de los habitantes de esa comunidad(…)”. El reclamo es improcedente. Aunque el recurrente insiste en puntualizar que no está cuestionando la prueba, sino evidenciando que la errónea valoración de ella incidió en la aplicación de la ley, lo cierto es que en su reclamo se cuestiona toda la base fáctica del fallo, desconoce los hechos probados y, en esas condiciones, es imposible controlar la adecuada aplicación a tales hechos de la ley de fondo, que es la esencia misma de la casación por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva y por ello este motivo resulta inadmisible. En lo que se refiere a los cuestionamientos que hace a la prueba testimonial y su valoración, así como a los análisis de laboratorio, valen las consideraciones hechas en los apartes precedentes de esta resolución.

Por Tanto:




            Se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto.






Daniel González A.






Mario A. Houed V.                                                                                               Rodrigo Castro M.

 

 

Carlos L. Redondo G.                                                                                             Joquín Vargas G.

 

(1409-3/8-99).gml

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 23-02-2026 15:13:43.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours fifty minutes on June thirtieth, two thousand.

Appeal in cassation filed in the present case against ATILIO BADILLA CALDERON, adult, married, farmer, identity card number 1-251-786, resident of San Marcos de Tarrazú, for the crime of CORRUPTION OF FOODSTUFFS OR MEDICINAL SUBSTANCES, to the detriment of PUBLIC HEALTH. Participating in the decision on the appeal are Judges Daniel González Alvarez, Presiding, Mario Alberto Houed Vega, Rodrigo Castro Monge, Carlos Luis Redondo Gutiérrez, and Joaquín Vargas Gené, the latter two as substitute judges. Also participating as defender of the accused and civil defendant is private attorney Fernando Sancho Villalta, the national ecological prosecutor José Pablo González Montero. Representing the State in its capacity as civil plaintiff is attorney Oscar Jiménez Rojas. Acting as special judicial representative of the civil plaintiff Lindor Garro Quirós is attorney Gerardo Machado Ramírez. Attorney Johnatan Ortega de Trinidad as Trial Prosecutor.

Resultando:

1- That by judgment No. 572-99, issued at fifteen hours thirty minutes on October nineteenth, nineteen ninety-nine, the Trial Court of Cartago ruled: "POR TANTO: In accordance with what was stated in the considerandos of the judgment and Articles 35, 36, 39, 41, and 50 of the Constitución Política de Costa Rica; 1, 4, 11, 18, 19, 20, 21, 30, 31, 45, 50, 51, 63, 71, 73, 74, and 261 of the Código Penal; 1, 8, 16, 31, 32, 33, 45, 62, 63, 81, 265, and 324 et seq. of the Código Procesal Penal, 33 and 58 of the Ley Forestal; 90 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, ATILIO BADILLA CALDERON is declared the RESPONSIBLE PERPETRATOR of the crime of CORRUPTION OF FOODSTUFFS OR MEDICINAL SUBSTANCES to the detriment of PUBLIC HEALTH and is hereby sentenced to FIVE YEARS OF IMPRISONMENT, to be served in the manner designated by the Dirección General de Adaptación Social.- As a precautionary measure, the EXIT BAN FROM THE COUNTRY OF THE ACCUSED ATILIO BADILLA CALDERON is immediately decreed, for which the respective communications are ordered sent to the Dirección General de Migración y Extranjería.- The DEFINITIVE AND PERMANENT UPROOTING (DESARRAIGO) of the accused's property is ordered as long as the water supply from the spring (naciente) for the community remains in effect and within the limits of the protection area regulated by the Ley Forestal.- The CONDITIONAL SUSPENSION OF SENTENCE granted to the defendant ATILIO BADILLA CALDERON by judgment of the then JUZGADO PENAL DE CARTAGO at sixteen hours twenty minutes on April twenty-eighth, nineteen ninety-five, is REVOKED, for which the defendant must serve in prison the six months of imprisonment imposed therein, in addition to the sentence imposed here.- Once this judgment becomes final, it must be registered in the Registro Judicial and the respective certified copies sent to the Juzgado de Ejecución Penal de Cartago and the Instituto Nacional de Criminología. The CIVIL ACTION FOR DAMAGES filed by THE STATE against ATILIO BADILLA CALDERON is GRANTED, condemning him to pay the DAMAGES and LOSSES caused by his actions, which shall be liquidated in the respective civil execution proceeding, funds that must go to the Caja Unica del Estado but are designated for Environmental Projects in Coffee-growing Zones directed by the Ministerio del Ambiente y Energía.- The CIVIL ACTION FOR DAMAGES filed by LINDOR GARRO QUIROS against ATILIO BADILLA CALDERON is GRANTED, who is condemned to pay in favor of the former the MATERIAL DAMAGES and LOSSES caused to him, which shall be liquidated in the respective civil execution proceeding, in addition to MORAL DAMAGES in the sum of FIVE HUNDRED THOUSAND COLONES.- The costs of both Civil Actions are borne by the civil defendant Badilla Calderón, which shall be liquidated likewise in the respective civil execution proceeding.- In application of the STATUTE OF LIMITATIONS (PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL), the accused ATILIO BADILLA CALDERON is ABSOLVED OF ALL PUNISHMENT for the crimes of VIOLATION OF THE LEY FORESTAL and VIOLATION OF THE LEY DE CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE, which were attributed to him to the detriment of NATURAL RESOURCES and WILDLIFE.- The costs of the criminal proceedings are borne by the accused Badilla Calderón. The costs of the Civil Action for Damages, both that invoked by the State and that filed by Mr. Lindor Garro Quirós, shall be borne by the civil defendant.- Notify by reading. Signed). ALBERTO JIMENEZ MATA. LIDIA FALLAS MONGE. RONALD CORTES COTO."

2- That against the preceding ruling, attorney Fernando Sancho Villalta, defender of the accused Atilio Badilla Calderón, filed an appeal in cassation. The appellant, in his pleading on procedural grounds, alleges violation of the rules of sound criticism (sana crítica), specifically the rule of derivation, and violation of the in dubio pro reo principle. In his sole ground on the merits, he alleges the erroneous application of Article 261 of the Código Penal.

3- That having verified the respective deliberation, the Chamber proceeded to hear the appeal.

4- That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.

Judge González Alvarez reports, and,

Considerando:

Challenge for procedural defects

I.- Violation of the rules of sound criticism (sana crítica), specifically the rule of derivation: The appellant, attorney Fernando Sancho Villalta, defender of the accused Atilio Badilla Calderón, claims that in the contested judgment, the judges take as established that his client placed a nematicide called Contex or Biofox, which is highly toxic, on the coffee plants, without any technical evidence having been added to the file that effectively demonstrates that that was the substance used, so it cannot be deduced that it was a nematicide, much less that it was Contex or Biofox. He claims that the use of that substance and its toxic nature cannot be deemed accredited solely through witness statements, since this evidence is "unsuitable" for basing that conclusion upon, which can only be established from technical criteria, such as that provided by an expert in agrochemicals. In his opinion, the Court violated the rules of sound criticism (sana crítica) and used its "free conviction." Likewise, he claims that the alleged defect also occurs when the Court affirms that harm to the population's health actually occurred, without such conclusions having been documented with the respective medical reports. He is aware—and does not dispute—that testimonial evidence allows various ailments suffered by the inhabitants of the area to be shown, such as vomiting and diarrhea, but in his opinion it is not possible to establish that such illnesses arose from the ingestion of poisoned or contaminated water, since according to the studies visible at folios 65, 66, 81, and 82, as well as the expert report at folios 86 to 92, the water at the site where the events supposedly occurred is not suitable for human consumption, being contaminated with fecal coliforms in sufficient quantity to affect health. To that effect, he states: "The defense can accept that we are in the presence of a crime of danger in which it is not necessary for the harm to health to materialize, but it believes it was necessary and indispensable to scientifically determine that that illness or symptoms occurred and that they were truly produced by drinking water contaminated by those agrochemicals, and this was very easy to bring to the file. If technological and scientific advances did not exist, it could be accepted that the Judges must acquire certainty through testimonial evidence, but having visited doctors, hospitals and there being laboratories, it can never be accepted that the Court dispense with the corresponding evidence. Definitely, by doing it this way, it is working based on assumptions and subjective criteria (...) In other words, the technical evidence was necessary, because otherwise, the Judges would have to enter into assumptions and deductions on matters, for which there are sufficient scientific means to verify it, and from this perspective, there is a risk of invading fields of human endeavor that they do not know (...)." He concludes by stating that one cannot think, since we are in the presence of a crime of danger for which it is irrelevant whether the harmful result occurs, that the cause of the illness that afflicted the witnesses lacks importance, because what is important is that it occurred and the cause must be determined, in order to attribute it to the accused. The claim is not admissible. In our system, the principle of freedom of evidence (Article 182 of the Código Procesal Penal) governs, according to which the facts and circumstances of interest to the case may be proven by any legitimate means of evidence. There is no system of fixed evidentiary value that tells us, therefore, that such an aspect must be proven only by a specific means of evidence, because what is important is that the evidence presented be assessed in accordance with the rules of common experience, logic, and psychology. The expert report (peritaje) undoubtedly represents a special aid for the judge, in matters in which he has no knowledge, to be able to assess an evidentiary element, and deduce certain aspects relevant to the decision, to the extent that it is necessary to possess specialized knowledge in some science, art, or technique—Article 213 of the Código Procesal Penal-. In no way is such a resource imperative for the parties or for the judge, since it is the utility, pertinence, and relevance of such an "element of evidence" that determine the proven procedural need to order an expert examination, provided it is possible. In any case, the expert opinion does not bind the judge in any way, since its conclusions are added to the others that exist and that must undergo a weighing assessment according to the rules of sound criticism (sana crítica). Thus, it is not sufficient to complain of the absence of a specific technical criterion to consider the conclusions of the Court unfounded or inadequate. In this specific case, very particular characteristics are present that, contrary to what is affirmed by the appellant, demonstrate that the technical evidence he misses was not the only possible way to support a conviction and, consequently, to consider that due to its absence, the judgment is unmotivated. Indeed, the accused Badilla Calderón was accused of having planted coffee plants on the margin of the water spring (naciente) on his property that supplies the population of San Rafael de Tarrazú, to the roots of which he applied a highly toxic nematicide known as Contex or Biofox and also sprayed herbicides, discarding the residues in the water, since he washed the spray pumps he used to apply the product right there. Given the very nature of the coffee plantings and the minimal distance between them and the margins of the spring (naciente), such products filtered into the water and contaminated it, causing the water to change its taste and smell, in addition to the fact that with the increase in rains a few days later, the liquid suffered high contamination that degenerated into stomach ailments in many of the inhabitants of the area, who even had to abstain from consuming the water and some of them receive medical attention. Moreover, according to the judgment, the event occurs in a small village, composed of about thirteen families, approximately thirty people. It is an area of coffee-grower farmers and most of them have lived there since they were born. They all know the accused's property and the spring (naciente) located there. They are absolutely familiar with everything related to the cultivation and maintenance of coffee—they are coffee growers or laborers on such farms or their relatives. When the events occurred, most of them found out immediately and a few days later already showed ailments associated with water contamination, which did not get worse because they warned each other to avoid water consumption and requested the prompt intervention of the authorities. According to the judgment, at least four of the area's inhabitants directly observed the accused when he applied the nematicide and were even able to identify at that moment and without any doubt that it was Contex or Biofox, as they know it interchangeably by both names, although they are not actually the same product, but both are equally toxic. Let us review what those witnesses stated regarding these points of interest, as deduced from the judgment: Asdrúbal Navarro Ortiz stated "(...) On the eighth we filed the complaint, the complaint consists of the fact that at the edge of the spring (naciente), there were residues of Cónter. We went to do the inspection and verified the nematicide and we saw Mr. Atilio and his children spreading that poison. He also applied herbecida (herbicide) in the spring (naciente). I saw Atilio spreading it with the children. I am a farmer, I know how bad that poison is, one must use glasses and a mask to apply it (...) That poison comes in twenty-five and fifteen-kilo bags. It is granular. He cleaned the ravine with herbecida (herbicide), it was the children, he was not there. The first time they came to a trial, I was not there, but he did not heed the summons made by the judge. I saw them making a mixture with the product, the fear is that when it falls into the spring (naciente), it makes a kind of foam in the water. The spring (naciente) is within Atilio's property. Don Atilio knew we drank water from the spring (naciente). Atilio's laborers drink water from there. When we found out the water was contaminated, we had to drink water from another spring of a man and from rain. So many people had never gotten sick, as at the time they applied that herbicide. The doctors said the condition was diarrheal, that it could be toxic or bacterial (...)" (folios 175 verso to 176); Roy Fernández Pérez stated "(...) That day at about five-thirty in the morning I passed by going to work, the man and the laborers were applying the product on the coffee, we didn't say anything, then at about nine-thirty in the morning my wife arrived and told me that the people were there applying poison, so my co-workers and I went to see and the poison had been applied. That was in ninety-seven, I told Asdrubal Navarro and others (...) Marita, my wife, arrived scared because she had no water to drink, I had to buy water, I am a day laborer, after the poison we had our little girl sick, we paid for doctors, they couldn't figure out what it was, the poison was applied at fifteen meters, I had to ask for money, we took her to the children's hospital and they told me it might be that she was intoxicated. That water couldn't be used for washing or drinking, the smell was strong, and to apply those products you need gloves, a mask. I have known the area of the spring (naciente) for about ten years (...) if one sees that poison has been applied one reports it, no matter whose farm it is, the smell doesn't go away, it keeps smelling for about twenty days. My wife, two days later, started with diarrhea and vomiting, it was all from the same poison they applied, several people got sick, there is an elderly couple and they are very sick (...)" (folio 179 verso to 180 verso); Lindor Garro Quirós said: "I have known about this for quite some time, first he cleared everything, the spring (naciente) had vegetation and then he applied nematicide, there was a trial and he was convicted with a suspended sentence. Two years later he again applied the nematicide to a water source the community used. It was the seventh of July, coming back from taking my dad to an appointment I saw it, I saw don Atilio and two or three children on the seventh of July, two years after the first trial, he was emptying the containers they had for spraying, quite effectively fifty centimeters from the little stream. The lot is planted with coffee, they applied it on the coffee root, along the riverbank, that's about a manzana, they applied it on the plants, the smell was coming out, fifty or a hundred plants, they were about forty centimeters high, I came to get a water judge, they requested one from Cartago, people from the Municipality and other police were going, five days later, I went with them myself, that day water samples were not taken, the water samples were taken about eight months later. I spoke with don Alfredo Monge, we went around seeing where the herbecida (herbicide) was and the bags were there, it smelled awful. That smell is bearable as long as it doesn't rain, when it rained, upon opening the pipe it was as if it was coming out of the pipe, the liquid could not be used again, we began to haul water from another stream and then bought water, about five days later I began to vomit and have urges to go to the bathroom, several people were the same way, before that nobody got so many people sick at once, the little children were the ones who started with that problem (...) At the edges there were cardboard bags that have a silvery paper, they were found thrown in the fence, where the bag ends there they left it thrown, the granules of that product last, if it doesn't rain, fifteen days or a month the cónter was there when the people from San José came to see (...)" (folios 180 verso to 182); William Garro Camacho stated: "(...) The man cleared (apeó) and did not respect the water and was applying poison to the water, he planted coffee. I have known him for several years, about twenty years. He chapé (cleared) the... He was with the laborers and with the children, the poison was Cónter, they were applying the poison on the coffee root and it went to where the water reaches, that was in July nineteen ninety-seven, they were fumigating and herbeciendo (applying herbicide), at the spring (naciente) they collected water from the same spring (naciente), they filled the spray pump (...) He has not chapeado (cleared) again. The Biofox bags were left there, they were fifteen kilos, that has a smell that reaches from afar, I went down later and it smelled, it keeps smelling for almost a year or more (...)"; Wálter Garro Camacho stated: "What I know is that he applied Biofox at the spring (naciente), he was with two boys of his and two laborers and Mr. Atilio was applying Biofox on the little coffee plants he has. That was in July ninety-seven (...) That day I was going to work on a neighboring farm, I went to the spring (naciente) and saw Biofox that they were applying, the granular one, as it is close to the spring (naciente) it gives off a smell that lasts from six months to a year. Many of us in the community bought water or drank rainwater (...) no one told me what was happening, I saw it when I was going to work and at lunchtime we talked about how the man was there with the laborers applying the Biofox. I work in coffee farming and I can say that don Atilio's farm is indeed a coffee farm (...)" (folios 182 front and verso). Likewise, Auxiliadora Vega Navarro and Marita Garro Camacho observed the accused when he was applying the nematicide to the plants on the day of the events and communicated it to their husbands (folios 176 to 177 front). Finally, people from outside the community who came to inspect the site observed the empty product bags thrown on the edge of the spring (naciente), at the foot of the coffee plants, some being able to identify it. So it was with forestry engineer Edgar Sandí Chaves, who came to the site because of the neighbors' complaint and clearly observed the Biofox bags on the accused's property and at the exact site where the events took place and expressly stated: "(...) I saw several bags of Biofox which is a highly toxic nematicide, it is similar to Cónter, it is a nematicide that emits gases that in highly hot terrain with a lot of precipitation can, with evaporation and raindrops, intoxicate people in one go. At the edge of the water source there is coffee, coffee is highly erosive, therefore everything applied to it will end up in the stream and in the collection tank from which the water that the inhabitants drink comes. Cónter is applied twice a year in winter, so it lasts. From two spray applications, it can cause a worker to be affected through evapotranspiration, even death. The gas is very dense. At one meter from the water tank, the nematicide bags were found which shows it was being applied and the tanks were washed there (...) I observed newly planted coffee on the edge, I don't know the date, but I note that the forest cover (cobertura vegetal) was eliminated, it may be recent, the coffee was thirty centimeters high (...) The crop change influences the stream's flow, coffee is disastrous for the stream and more water is needed every day due to the population increase (...) the complaint consisted of contamination of the aquifer. When we were there they said that the Farm was don Atilio's, that they had seen a kind of foam in the river (...) I know that the property where the bag residues were was Atilio's, because there was a police officer who was Atilio's laborer, and he told me that was the farm (...)" (folios 174 to 175 verso). Erick Carvajal Rivera, an official of the local Municipality, went to the site to inspect it and although he did not identify the product, he stated "(...) what I could see was that it was a little close to the channel, they had applied some fertilizer that was granular. I am a water judge and that day I observed small coffee plants and granular element (...) Yes the water smelled of herbecida (herbicide), but I did not taste it (...) the inspection was very recent, I know it was just a few days later, no technician took samples that day. The smell that was perceived was like when a coffee field has been fumigated or had agrochemicals put on it (...)" (folio 178 verso).

Finally, Jorge Prado Mendoza, an official of the Ministry of Health who attended to conduct the inspection, stated in this regard “(…)the neighbors were very worried because the water was being contaminated, they spoke with me once, they told me that Atilio Badilla was the owner (sic) of the farm and the one who was poisoning the area. There were sacks and some white bags, with the name of some product(…)” (folio 178). From the extensive summary that has been made of the content of the main witness statements, it is possible to deduce that—despite the absence of an expert report—the product used by the accused is the nematicide Biofox, since not only are we dealing with “qualified” witnesses by reason of their occupation, in the case of the farmers, but also, in the case of Sandí Chaves, we are in the presence of a technical witness, since his status as a forest engineer (ingeniero forestal) gives him special qualification to be able to establish that the product applied to the coffee plants located at the edge of the spring (naciente) was the nematicide Biofox, as he even gave its particular characteristics and described the consequences of its application (regarding the technical or qualified witness, see judgment 00122-2000 of 9:15 a.m. on February 4 of the current year, from this Chamber). The appellant does not challenge the statements of the witnesses or their credibility, nor the assessment made by the court. His claim is that they do not constitute suitable evidence to establish the product his client used to fumigate the coffee plants and, in turn, contaminate the waters of the spring (naciente) located on his property. For all that has been said, the witness evidence is not only consistent in identifying the product, but it is also sufficient support for the conclusions of the Court, which assessed them correctly. To the foregoing must be added the circumstance that from that same evidence it is easy to deduce the causal relationship between the discomforts suffered by the residents of the area and the application of the product by the accused, so that the conduct attributed to him is solidly proven, without it being necessary in any case that such harm actually occurred, since to deem the conduct contemplated in numeral 261 of the Penal Code as typical, it is sufficient that there exists a potential danger that such harm may occur. This being the case, this ground must be rejected.

            II.-  Violation of the in dubio pro reo principle: In the appellant's view, from the same evidence that supports the conclusions of the judgment it is possible to deduce the existence of doubt regarding the causal relationship between the application of the said product and the symptoms and discomforts presented by the neighbors. The witness Marco Sequeira Barquero indicated that it is an open and unprotected spring (fuente), exposed to all types of contamination, located at the edge of the public road and unfenced, so that anyone could have been the cause of the symptoms presented. The witness Asdrúbal Navarro said that the doctors had told them that their discomforts could be due to poisoning or a bacteria; the same was recounted by Lindor Garro. He further points out that the bacteriological studies at folios 65, 66, 81, and 82 and the expert report (peritaje) at folios 86 to 92 establish that the water in the area does not meet the basic requirements to be considered fit for human consumption, so it is quite possible that those same characteristics generated the ills that the neighbors suffered. He emphasizes that the conclusions of the study at folio 66 indicate that there is no presence of organophosphate pesticides, which shows that the water was not contaminated. Furthermore, the witnesses Manuel Valverde and Fernando Valverde indicated that Biofox is a poison so strong that if contaminated water is ingested it causes death, and since the neighbors did not die, this reinforces the thesis that the ills had a bacterial origin. There are other farms adjacent to the spring (naciente) that are also coffee farms, so any one of them could also be the cause of the water contamination. He states, “Taking this fact into account, anyone could have caused contamination of the water, since when the rain falls, not only my client’s farm ‘was washed,’ as the judgment says, but the others suffered that same effect, which could also have caused the unpleasant odor that was perceived in the water, especially considering that around that time, coffee farmers use those agrochemicals. Consequently, if contamination existed and was due to agrochemicals, nothing excludes the possibility that it was caused by another farm with greater erosion or greater filtration (…)” He ends by pointing out that the causes of those discomforts are not determined and for that reason there is doubt as to his client’s responsibility for them, for which he reiterates his argument that the harmful quality of the product allegedly applied has not been established by technical evidence. The claim is not admissible. The challenged judgment reaches the conclusion that the facts supporting the accused’s responsibility are certain. Thus, the judges have not expressed doubts in this regard, so it is appropriate, to address the claim, for this Chamber to review the correctness and sufficiency of the reasoning provided in the judgment, to allow them to support the conviction. As is clear from what was set forth in the preceding considerando, the harmful product that the accused applied to the coffee plants he had planted at the edge of the spring (naciente) existing on his property and from which the population of the area draws its water is clearly identified. There are witnesses who saw him applying the product, empty bags of it could be observed at the foot of the plants—and, consequently, at the edge of the spring (naciente)—and the neighbors are consistent in pointing out the proximity—two or three days—of that event and the appearance of symptoms such as vomiting and diarrhea in all the residents, even indicating that “never before had so many people become ill.” The judicial inspection carried out on August 7, 1997, on the accused’s farm—one month after the events—allowed confirmation that the coffee is planted “right up to the very edge of the ravine (quebrada)” and that “a granulated product such as nematicide was applied to the roots of the coffee plants. In the environment, an odor of herbicide or products for maintaining the coffee is perceived, which, as stated, is planted right up to the very edge of the ravine (quebrada)” (folio 38). This factual platform is sufficient to support the conclusion that the accused is responsible for contaminating the water in the area, and the evidence cited by the appellant in support of his claim in no way undermines these conclusions. The studies at folios 65 and 66 carried out by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados refer to water samples actually collected from the water system of San Rafael de San Lorenzo de Tarrazú—the site of the events—but taken on May 25, 1998—that is, almost a year later—so their results in no way contribute to clarifying the events that are the subject of this proceeding, which date back to July 7, 1997. The same applies to the study whose copy is visible at folios 81 and 82, since the samples were taken exactly one year after the events—July 7, 1998. This last study is of special relevance, specifically for pesticides, in which, at the end, it is noted that the conclusion of non-detectable for a pesticide “does not eliminate the risk that intermittent contamination could occur, depending on the amount used per hectare, the frequency of application, and the surface and subsurface runoff of agrochemicals.” That conclusion is further clarified in the report visible at folios 86 to 92, prepared at the prosecutor’s request by Marco Sequeira Calderón, a laboratory expert from the Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, in which he states, “I must also indicate that in the pesticides report the observation ‘N.D.=Non-detectable above the detection limit of the method’ means that we cannot assure that there is no contamination of the waters with organophosphate pesticides in concentrations lower than those that the method can detect” (folio 88); finally at folio 90 the same expert clarifies that the result of the National Aqueduct Inventory Survey (Encuesta Inventario de Acueductos Nacionales), conducted on May 21, 1998, for the aqueduct of the area, allows the conclusion that “a) The two measurements taken to determine pesticide contamination in the water of this aqueduct do not exceed the detection limit of the analysis method. b) The inventory survey establishes a risk of contamination from pesticides used in coffee cultivation, in the area of influence of the water intake (captación) (…) e) Contamination of water with pesticides is not a natural effect, but rather results from their use by man, with the purpose of protecting crops from pests. Due to their high toxicity, the maximum amounts of pesticides allowed in water are very low. f) Under the current operating conditions of the aqueduct, there is a latent risk of pesticide contamination, even though the analyses carried out do not indicate their presence in the water above the detection limit of the method. Below these levels, according to the annexed table, the analysis method cannot detect them, even if they are present (…)” In addition to the foregoing, Mr. Sequeira Calderón testified in the trial and, as relevant, stated: “(…)The potential risk of having coffee on the bank of a river is to the health of consumers. There are several factors why the chemical may not have been detected. The first is the time elapsed between the application of the chemical and the analysis. Another is that we work with continuous flow; the concentrate passes and can no longer be detected. In surface flow, no residue remains. Those substances used in coffee are toxic; the very personnel who apply them must use safety measures. These types of substances are classified by the World Health Organization as harmful. If the subject is exposed to the maximum concentration, they are exposed to acute poisonings. Another possibility is that if concentrations are low but over a long period, digestive disorders can occur due to accumulation in fatty tissues (…)the substances are not lethal, but they are dangerous in the short or long term (…)Once the product is deposited in the soil, the rain washes the product; if (sic) sampling is not done at that moment, it is not possible to determine it (…)” (folios 173 to 174). Thus we have that the analyses carried out on the water can in no way be definitive to exclude or weaken the conclusions of the judgment, since the samples were taken almost a year after the events; according to the technical opinion of Sequeira Calderón, if the sample is not taken immediately, the presence of the agrochemical cannot be detected; he clarified that intermittent contamination may occur, depending on the frequency of application of the products; he explained that the effects can be short- and medium-term, especially if the product is applied directly to the water or to the roots of the plant, because the erosion and filtration caused by the rain make it reach the water source (fuente de agua) directly. Indeed, this witness confirmed that it is a totally unprotected water intake (fuente de captación), as described in the reports and as he stated in the trial. But that statement in no way has the virtue of generating doubt as the appellant intends, since the conclusion about the toxicity of the agrochemicals used in coffee is clear, just as it is clear that the accused applied a pesticide or nematicide to the roots of the plants he sowed right at the edge of the spring (naciente), and it is clear that he knew its harmful effects and accepted its contaminating effects on the water, so the criminal responsibility determined is entirely adequate and correct. The potentiality of the risk that the mere fact of planting coffee at the edge of the spring (naciente) implies for the water—also in violation of the zone protected by the Forestry Law (Ley Forestal), an infraction for which the criminal action was declared time-barred—together with the proven application of the product by the accused, are sufficient grounds to establish his criminal responsibility under the offense established in numeral 261 of the Penal Code. Although in this case, in the Chamber’s view, it is possible to establish a causal relationship between the application of the product and the discomforts it caused in the population, for all the reasons already given, it is not even necessary to prove that circumstance, since it is demonstrated that the accused, knowing the toxicity of the substance and the imminent contamination of the water from applying the agrochemical to the roots of the plants, did so and thereby contaminated the vital liquid in a manner dangerous (de modo peligroso) to the health of the residents of the area—through the use of a highly toxic nematicide in the water spring (naciente) that supplied the population—these elements being sufficient to establish his responsibility. We are facing a crime of danger (delito de peligro), as the judges correctly point out, which is a concrete danger, since the phrase contained in the statute “de modo peligroso para la salud” (in a manner dangerous to health) indeed requires that the action be suitable to generate danger to health, regardless of whether any harmful consequence materializes. The structure of the criminal statute considers the danger created to the legal interest of public health to be sufficient for the purpose of punishing the conduct, since in this matter in which the health of persons is involved, and even, in a complementary manner, the integrity of the environment—especially when the action materializes in natural sources such as water—the legislative technique responds to a criminal policy trend that prefers to act preemptively by punishing conduct that implies a risk, regardless of whether a harmful result materializes. The danger and risk to health resulting from the accused’s conduct is sufficiently demonstrated—as has been set forth—and therefore the appellant’s allegations are not accepted, his claims being without merit insofar as they are directed at questioning the lack of medical examinations that clarify the true cause of the discomforts suffered by the residents of the area. As for his allegations about the possibility that the contamination came from other farms, these are mere speculations that in no way detract from his responsibility, since it is proven that he applied a toxic substance at the edge of the water spring (naciente), contaminating it, so that fact is sufficient support for his responsibility. The inspection was carried out on his farm; there the empty product bags were found, and there the coffee plants were located, right at the edge of the river and with the granulated product applied to their roots. Furthermore, the witnesses were clear in indicating that the spring (naciente) in question is located on the accused’s property, even though at the edge of the ravine (quebrada) there are other coffee farms on which some witnesses even stated they were certain that those farms do not use that type of product near the ravine (quebrada) (see statements of Asdrúbal Navarro Ortiz, folios 175 vlto. to 176; Marita Garro Camacho folio 176; Jorge Prado Mendoza, folio 177; Alfredo Monge Rojas, folio 178; Delfín Valverde Jiménez, folio 179; Roy Fernández Pérez, folio 179 vlto.; Lindor Garro Quirós, folio 180 vlto. and following). For the foregoing, the ground must be rejected.

Appeal for substantive defects

  III.- Sole ground: Erroneous application of numeral 261 of the Penal Code: In the appellant’s view, to apply the criminal statute of Article 261 of the Penal Code, two elements must exist simultaneously: a) that there truly be poisoning (envenenamiento), contamination (contaminación), or adulteration (adulteración), and b) that such actions have been carried out in a manner dangerous (de modo peligroso). In his view, in his client’s case it was considered that his action was that of poisoning (envenenar), and he claims that in this regard, neither the investigation nor the trial demonstrated those circumstances; on the contrary, the laboratory analyses showed that the water was not contaminated. He insists on pointing out that the judges concluded that the accused used the nematicide Counter or Biofox solely based on witness evidence, which is unsuitable, and that they therefore violated the rules of sound criticism (sana crítica). He claims that the Court deprives the laboratory analyses of evidentiary value when that is truly the only valid evidence. In this regard, he states: “(…)No one disputes the Court’s authority to assess evidence, but what cannot be done is to treat as proven, through witness statements, the very essence of an agrochemical and the resulting danger, in order to conclude through that means that it is poison and that it endangered the health or life of persons. Acting in this way will make it unnecessary to gather other means of evidence, because witness evidence will serve to prove everything. My client’s conduct is atypical, because it was not demonstrated through suitable evidence that the water was poisoned by his action, and because it was also not demonstrated with suitable evidence that he endangered the life or health of the inhabitants of that community(…).” The claim is inadmissible. Although the appellant insists on specifying that he is not questioning the evidence, but rather demonstrating that the erroneous assessment of it influenced the application of the law, the truth is that his claim challenges the entire factual basis of the judgment, disregards the proven facts, and, under these conditions, it is impossible to review the proper application of substantive law to such facts, which is the very essence of an appeal in cassation (casación) for non-observance or erroneous application of substantive law, and for this reason this ground is inadmissible. With regard to the challenges he makes to the witness evidence and its assessment, as well as to the laboratory analyses, the considerations made in the preceding sections of this resolution apply.

Por Tanto:

            The appeal in cassation (recurso de casación) filed is declared without merit.

Daniel González A.

Mario A. Houed V. Rodrigo Castro M.

Carlos L. Redondo G. Joquín Vargas G.

(1409-3/8-99).gml

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