Res. 01214-2025 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José — Restitution to prior state in usurpation offense requires civil actionRestitución de cosas a estado anterior en delito de usurpación requiere acción civil

Grande
Normal
Pequeña
Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José

Resolución Nº 01214 - 2025

Fecha de la Resolución: 23 de Julio del 2025 a las 13:40

Expediente: 17-000038-0611-PE

Redactado por: Kathya Jiménez Fernández

Clase de asunto: Recurso de apelación

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Restitución de las cosas objeto del hecho punible
Subtemas:
Requisitos de procedencia e imposibilidad ordenarla de oficio.

Sentencia con Voto Salvado

Sentencias en igual sentido

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

Resolución: 2025-1214

Expediente: 17-000038-0611-PE (14)

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta minutos del veintitrés de julio de dos mil veinticinco

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], [...] y contra [Nombre 002], [...] por el delito de USURPACIÓN, en perjuicio de [Nombre 003].

Intervienen en la decisión de los recursos, las juezas Kathya Jiménez Fernández, Rosaura Chinchilla Calderón e Ivette Carranza Cambronero. Se apersonaron en esta sede el licenciado Enrique Campos Moraga en calidad de codefensor del encartado [Nombre 001] y el licenciado Randall Aguirre Mena en representación de la Procuraduría General de la República y,

RESULTANDO:

I.- Que mediante sentencia número 332-2025 de las 08:00 horas del dos de abril de 2025 el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Limón, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política; 1 a 6, 9, 140, 142, 182, 184, 265, 341 a 366, del Código Procesal Penal; artículo 1, del Código Penal, SE RESUELVE: PRIMERO: absolver de toda pena y responsabilidad a [Nombre 001] y [Nombre 002], por un delito de Usurpación, que se les venía atribuyendo como cometido en perjuicio de [Nombre 003]. Se resuelve sin especial condenatoria en costas, siendo los gastos del proceso penal a cargo del Estado. Se ordena levantar toda medida cautelar que pese sobre los imputados. SEGUNDO: Se ordena la restitución de las cosas a su estado anterior, en consecuencia se ordena el desalojo del aquí imputado [Nombre 001], y el derribo de las obras, para lo cual se autoriza la ejecución por medio de las autoridades policiales que correspondan, de los actos necesarios para la destrucción de las edificaciones, por encontrarse en la Zona Restringida de la Zona Marítimo Terrestre sin contar con concesión. Por lectura notifíquese. JEFFERSON ADEMAR CASTRO LEÓN - JUEZ DECISOR ´ (sic, cfr. sentencia escrita. Se mantiene del original el uso incorrecto, por generalizado, de las mayúsculas para destacar datos o ideas).

II.- Que, contra el anterior pronunciamiento, interpuso recurso de apelación el licenciado Enrique Campos Moraga en calidad de co-defensor del encartado [Nombre 001].

III.- Que, verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.

IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta la jueza Jiménez Fernández; y,

CONSIDERANDO:

I.- Cuestiones procesales. (A) Admisibilidad. El licenciado Campos Moraga, defensor del encartado, interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada en autos, decisión que es impugnable por esta vía (taxatividad objetiva) y por la defensa (taxatividad subjetiva). Este recurso se planteó mediante escrito motivado aportado ante el órgano de instancia y dentro del plazo legal, pues se entregó el 28 de abril de 2025 y el plazo de los 15 días para recurrir, al tratarse de trámite ordinario, vencía hasta el 30 de abril de 2025 dado que la sentencia se dictó de manera integral el 09 de abril de 2025. Por lo anterior, debe admitirse el recurso sin que sean necesarias ulteriores formalidades pues, de lo contrario, se incumpliría el mandato establecido en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Mauricio Herrera Ulloa contra Costa Rica, sentencia de 02 de julio de 2014. Sobre solicitud de inadmisibilidad formulada por la Procuraduría General de la República. Le asiste la razón al procurador penal al indicar que el agravio limita la admisibilidad del recurso. Sin embargo, y aún cuando no hay un apartado en la impugnación que señale cuál es el agravio, lo cierto es que de la lectura del libelo se extrae, de la redacción de la primera queja, que el daño que se dice causado al imputado es debido al desalojo ordenado en la sentencia y esto es lo que, prácticamente, sustenta el recurso. De ahí que, coincidiendo con un sistema que prevé formalidades mínimas para no denegar el acceso a la justicia, en criterio de esta cámara ese límite a la impugnación sí es visible y, en razón de ello, se ha admitido para estudio, debiéndose rechazar la tesis del representante estatal de que el documento no sea conocido. (B) En la sentencia impugnada se dispuso la absolutoria de ambas personas acusadas, [Nombre 001] y [Nombre 002]. Ese extremo no ha sido recurrido por el Ministerio Público ni por la Procuraduría General de la República por lo que, al estar firme, es ajeno al escrutinio de esta cámara (artículos 439 y 446 del Código Procesal Penal).

II.- Por orden lógico, se conocen las quejas en el orden aquí dispuesto. En el segundo reclamo del defensor se alega la desaplicación de la ley No. 10489 y falta de fundamentación en quebranto del numeral 142 citado (el cual transcribe). Aduce el recurrente que el a quo desaplicó la reforma a la Ley de protección de los ocupantes de zonas clasificadas como especiales al estimarse en el fallo que  la figura de "ocupantes" y "poblador" es una condición propia de quienes se encuentran en el sitio con anterioridad a la entrada en vigor de la ley No. 6043 (del 16 de marzo de 1977), entonces, como el imputado nació al año siguiente (04 de enero de 1978) y no hay elementos que indiquen que sus padres vivieron allí o que le fue heredada la propiedad, no puede dársele el trato especial que prevé la ley. Así se corrobora que él no llegó a vivir antes de 1977 y, por ende, la ley no le cobija como ocupante o poblador y lo dicho por el juzgador es antojadizo y vacío. Ninguna ley, incluyendo la de la Zona Marítima y la No. 10489, indican o limitan la protección de ocupantes en zonas protegidas antes de la entrada en vigencia de la ley No. 6043. El quebranto a esa norma lo es, sigue diciendo quien recurre, por cuanto la misma se encuentra vigente y es para el caso específico en este proceso, pero el a quo malinterpreta la regulación y la única excepción que establece la norma, cuál es que únicamente se podrán, en su período de vigencia, dictar derribos de obras en aquellos casos donde exista un daño ambiental, lo cual esquiva la sentencia para dictar una medida como la del 140 del Código Procesal Penal, como lo es ordenar el desalojo. Por lo anterior, solicita acoger el agravio y revocar o anular la sentencia. Criterio de la Procuraduría General de la República. El abogado Aguirre Mena estima que la defensa pretende acreditar la desaplicación de la ley 10489, que es prórroga de lo dispuesto en la ley 9577, pero aquella no se ajusta al caso, ya que se refiere a las personas que tienen la condición de ocupantes de la zona marítimo terrestre, un concepto que no se desarrolla en ninguna de las leyes citadas sino en el numeral 44 de la ley 6043 que indica: "Artículo 44.- Las concesiones se otorgarán atendiendo al principio de que el primero en tiempo es primero en derecho. Sin embargo, el reglamento de esta ley podrá establecer un orden de prioridades atendiendo a la naturaleza de la explotación y a la mayor conveniencia pública de ésta; pero en igualdad de condiciones se ha de preferir al ocupante del terreno que lo haya poseído quieta, pública y pacíficamente en forma continua´. Agrega que, cuando se habla de ocupantes no se refiere a un "mero poseedor" como lo interpreta la defensa, sino que es quien, a la entrada en vigencia de la ley 6043, tuviera las condiciones ahí señaladas y transcribe un extracto de lo indicado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el voto número 317-2008, en el cual se indica: "La figura del ocupante, señalada en el artículo 44 de comentario, por consiguiente, no hace alusión a los propietarios, pues éstos no necesitan de una concesión para usufructuar sus terrenos; tampoco a los arrendatarios de inmuebles ubicados en la zona marítimo terrestre, cuyo contrato fue otorgado de conformidad con la normativa anterior, puesto que, como se acaba de analizar, existen disposiciones específicas que los regulan, en el entendido de que se trata de prórrogas de los convenios; menos aún, se refiere a personas introducidas en dicha zona de manera ilícita, por estar expresamente prohibido por el artículo 12, según se apuntó. La interpretación válida es la de considerar ³ocupante´ a todas aquellas personas que, asentadas en la zona restringida, no contaban con una concesión al momento de promulgarse la Ley 6043. Se trata, en consecuencia, de un régimen especial o de excepción, el cual no es el único en esa normativa. ´ En la

sentencia emitida, de manera clara y amplia, agrega el abogado estatal, se explican los motivos y la prueba por los que el imputado no ostenta la condición de ocupante conforme lo establece la ley, de ahí que la sentencia se encuentre debidamente fundamentada. El reclamo es improcedente. Revisada la sentencia escrita se corrobora que cumple con las condiciones requeridas por los artículos 142 y 363 del Código Procesal Penal en el tanto se sustenta en la plataforma fáctica y probatoria admitida legítimamente y evacuada en el contradictorio, describe las partes intervinientes, un sumario de prueba (documental y testimonial), el análisis jurídico de lo resuelto y sus consecuencias. Tal decisión se funda en los siguientes hechos (acusados por el ente fiscal): "En la provincia de [...], se ubica un terreno de Zona Marítimo Terrestre que fue otorgado bajo concesión en la cual le otorgó el uso al señor [Nombre 003]. 2.- Sin precisar fecha exacta pero antes del 15 de junio del 2017, los imputados [Nombre 001] y [Nombre 002] sin contar con derecho de posesión alguno o autorización detentaron el espacio físico que corresponde a un bien de dominio público y construyeron una vivienda dentro del terreno anteriormente descrito, dicha construcción invadió la Zona Marítimo Terrestre, ya que desde ese momento hasta la fecha ha ocupado irregularmente ese espacio, usurpando dicho bien demanial" (sic. cfr. sentencia, se rectifica el uso inadecuado de mayúsculas y se agregan los destacados). No obstante, como acreditado se obtuvo que: "1.- En la provincia de [...], se ubica un terreno en zona marítimo terrestre. 2.- Al día de hoy el imputado [Nombre 001] vive en una vivienda que invade dicha Zona Marítimo Terrestre." Para arribar a esa conclusión, el tribunal descartó la existencia de una concesión a favor del ofendido [Nombre 003] o de las personas acusadas y agregó que, en todo caso, [Nombre 003] desconoce quién construyó las viviendas en la zona, ni quién las habita. Por su parte, [Nombre 003] afirmó que adquirió la finca en el año 1977 y que la Municipalidad le otorgó una concesión por 99 años, pero después se dio cuenta de la invasión, por lo que denunció. Sin embargo, esa condición de concesionario el tribunal de instancia la desechó por las siguientes razones: "(...) aunque este tribunal considera que el ofendido es un testigo honesto, como se indicó recién, resulta que no es posible acreditar, al menos no con certeza, que efectivamente al aquí ofendido se le haya otorgado la concesión que señala (y que se establece en la acusación), por varias razones, primero, el propio ofendido declaró lo siguiente: yo me di cuenta de que estaban invadiendo mi finca, cuando la Municipalidad, yo fui a ver cómo estaba la concesión, y me dijeron que ya eso no me pertenecía, dije cómo, fui a ver y es que hay una cuestión oscura entre la municipalidad y otra gente que había comprado, como había tenido problemas con eso, más lo de mi hijo, yo opté por retirarme del asunto", sea, aunque el ofendido indica que le dieron concesión por 99 años, luego advierte que la municipalidad le indicó que eso ya no era de él, y hasta sugiere que debido a algo oscuro entre la municipalidad y los compradores. Se aclara que lo aquí analizado, no le hace a esta autoridad dudar de la honestidad del ofendido, para él las cosas sucedieron de esa forma, no se concluye que esté mintiendo, de hecho, admite que la municipalidad le dijo que eso ya no es de él. Segundo, si bien dentro del expediente consta la solicitud que hizo el ofendido ante la municipalidad, para que se le otorgara concesión, la cual corre de página 298 a 309, resulta que es únicamente eso, es solo la solicitud, no consta en esa copia, resolución u acto administrativo alguno de parte de la municipalidad en cuanto a esa gestión. Tercero, resulta que consta en autos un oficio emitido por la municipalidad, en respuesta a la fiscalía, quien le solicitó informara si las personas investigadas en este proceso tenían alguna concesión en la zona, la municipalidad contestó que no" (cfr. f. 11 de la sentencia digital, se agregan destacados). Sobre esta respuesta se hace referencia al oficio número UZMT-027-2018, que indica: "no se ha otorgado concesión alguna para la construcción por parte de la Unidad de Zona Marítimo terrestre a las personas supra indicadas; además los terrenos situados en la zona marítimo terrestre no pueden ser objeto de informaciones posesorias y los particulares no podrán apropiarse de ellos, ni legalizarlos a su nombre, por éste u otro medio. Este régimen de propiedad destaca la división en dos zonas, la pública y la zona restringida; la zona publica, que es la faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, y la zona restringida, constituida por la franja de los ciento cincuenta metros restantes. En la actualidad el solicitante de una concesión NO es CONCESIONARIO, por ningún motivo, en virtud que la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, no tiene plan costero que regule la actividad en la zona." Otro de los argumentos utilizados para absolver, es el testimonio del ingeniero topógrafo Max Arguedas Rodríguez. Este señor se refirió a aspectos técnicos y a la inspección realizada mediante la que se corroboró la existencia de las construcciones (todo consta en informe C.I. 0054-DRL-18), en particular una con las siguientes características: ""de dos plantas, de fibrolit, con un frente aproximado de 12 metros y 10 metros de fondo, y una estructura contigua a la misma, que corresponde a un galerón elaborado de tubos metálicos y techado con láminas de zinc, galerón de aproximadamente 8 metros de frente por 6 metros de fondo, utilizado como establo de caballos" (cfr. f. 13 de sentencia digital) y aseguró que para ese momento era ocupada por [Nombre 001], [Nombre 002] y su hija de nueve años de edad. Así se corrobora que ellos eran los habitantes en ese momento, detentaban un espacio físico, perteneciente al Estado, pues era parte de la zona marítimo terrestre, y lo hacían sin contar con permiso, derecho de posesión o autorización alguna. Hasta aquí se extrae, con absoluta claridad, varios aspectos de suma relevancia para considerar correcta la decisión apelada: primero, que ni [Nombre 003] ni las personas acusadas ([Nombre 001] ni [Nombre 002]) eran concesionarios del terreno aludido y que tal fundo constituye un bien demanial perteneciente al Estado y ubicado en zona restringida de la zona marítima terrestre, por lo que los particulares no pueden disponer de él. En segundo lugar, que los imputados invadieron un área que, en principio (por ocupación, arrendamiento o posesión) pertenecía al señor [Nombre 003], es decir, se introdujeron en el sitio sin permiso, autorización o aval de quien podía permitirles el ingreso. En tercer lugar, y releyendo la resolución No. 00439-2016 emitida el 30 de setiembre de 2016 por el Tribunal Contencioso Administrativo, sección III, a partir de la Ley 6043 (de 02 de marzo de 1977, publicada en el Alcance 35 del Diario La Gaceta Mo. 52 de 16 de marzo de 1977 y vigente a partir de esta última data) y de su reglamento (dictado por Decreto 7841-P, de 16 de diciembre de 1977, publicado en el Alcance 16, del Diario Oficial La Gaceta 20, de 27 de enero de 1978, y vigente a partir de esta última fecha; en adelante RLZMT), los títulos de ³propietario´, ³arrendante´ y ³concesionario´ aunque pueden, legítimamente, vincular a una persona física o jurídica con la Zona Restringida de la Zona Marítimo Terrestre, no tienen, en todos los casos, derecho a realizar construcciones ni, de hacerlo, a que se les paguen las mejoras.

Los ³ocupantes´ son todas aquellas personas que, asentadas en la zona restringida, no contaban con una concesión al momento de promulgarse la Ley 6043, por lo que no tienen derecho al pago de las mejoras ni ostentan derecho alguno sobre el fundo (artículo 20 de la Ley 6043), aunque sí un derecho de prelación o prioridad ante distintas solicitudes de concesión (dicho instituto encuentra regulación en los artículos 44 y 76 y en el transitorio VII de la Ley 6043). Continúa diciendo la resolución: de acuerdo con el artículo 70 de la Ley son ³pobladores ´ los costarricenses por nacimiento, con más de 10 años de residencia en la Zona Marítimo Terrestre respectiva, previos a la entrada en vigencia de la Ley 6043. Esto podrá acreditarse con informes de la Guardia de Asistencia Rural local o una certificación del Registro Electoral sobre su domicilio, a lo que debe agregarse, por parte de esta cámara penal, que es susceptible de acreditación mediante testigos o cualquier otra probanza legal e idónea de acuerdo con el principio de libertad probatoria que rige el proceso penal, y que, además no tengan otras propiedades a su nombre. Quienes detenten tal condición sí tienen derecho al pago de mejoras en determinados supuestos, esto de conformidad con los artículos 48 y 70 de la Ley 6043 y en los ordinales 6 y 75 de su Reglamento. Ahora bien, de conformidad con el artículo 12 de ley en comentario ³es prohibido, sin la debida autorización legal, explotar la flora y fauna existentes, deslindar con cercas, carriles o en cualquier otra forma, levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles, extraer productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación´ y, específicamente, el 20 indica: ³Salvo las excepciones establecidas por la ley, la zona pública no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso. Nadie podrá alegar derecho alguno sobre sobre ella." Ninguna de esas condiciones ostentaba el ofendido [Nombre 003] ni los encartados, quienes más bien invadieron la zona protegida cuyo titular (informal) era el primero (que no ejercía derechos como concesionario y en ese tanto tampoco facultades para hacer cesiones o traspasos, construir edificaciones o dar cualquier uso al terreno estatal). Tampoco resultaría aplicable la opinión de la Procuraduría General de la República No. OJ-088-2008, según la cual cabría reconocer la condición de "poblador" a quienes hubiesen nacido con anterioridad a 1949 y que al entrar a regir la Ley 6043 (27 de enero de 1978) esas personas debían tener una ocupación superior a la decenal y contar para entonces con la mayoría de edad para ejercerla, condición que no reúnen los imputados desde que [Nombre 001] nació en 1978 y [Nombre 002] en 1986. Aunque sobre el punto, el Tribunal Contencioso en la resolución citada (No. 00439-2016) critica tal interpretación "(...) en el tanto la exigencia de la mayoría de edad como punto de partida de uno de los requerimientos revisados por la Intendencia Municipal de Cóbano, no solo carece de base normativa, sino que implica un grosero desconocimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes como titulares de derechos", lo cierto es que aún admitiendo la posición de la Procuraduría, resulta inaplicable a este caso por lo indicado antes, es decir, que al margen de la edad que ostentaran, los encartados nacieron mucho después de la vigencia de la ley. Así lo asumió el tribunal de instancia al señalar que el imputado no habitaba en el lugar antes del año 1977 y tampoco existen elementos para afirmar que, al menos, sus padres sí lo hicieran y que esto genere un trato especial. Por lo anterior, descartado cualquier derecho de uso, posesión u ocupación de las personas acusadas en la zona, así como que existiera una autorización legal emitida por las autoridades competentes para que se mantuvieran en el sitio y edificaran una casa, los alegatos deben ser rechazados.

III.- En la primera queja, se aduce una violación al principio de audiencia (artículos 39, 41 de la Constitución Política y artículo 8.2.b y c, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), que se produce cuando se toma, de forma oficiosa, una medida excepcional de restitución de las cosas a su estado original dispuesta en el numeral 140 del Código Procesal Penal, sin gestión de parte. Reprocha se haya actuado de esa forma porque la norma citada indica que es a solicitud de la víctima su aplicación, y al no haberse gestionado por parte del Ministerio Público, este renunció a ello. Considera que así se produce un gravamen irreparable y un quebranto expreso al principio de correlación y derecho de defensa pues el a quo toma una decisión unilateral y el artículo 140 del Código Procesal Penal dispone que será a gestión del ofendido y además se ordenó sin conceder audiencia a las partes. Como vicio in procedendo y continuando con el tema anterior, en apartado siguiente, alega la defensa que ese análisis oficioso y unilateral, sin audiencia previa a esa representación, se hace a partir de la opinión jurídica PGR-0J-165-2022 desconociendo que son "meros criterios" no vinculantes y, en ese tanto, no pueden tenerse como interpretaciones jurídicas absolutas porque eso corresponde a los jueces (sic) de la República. Criterio de la Procuraduría General de la República. Explica que ambas personas imputadas fueron absueltas por el delito acusado ya que no se demostró que construyeron las edificaciones en zona marítimo terrestre ostentando un título para ello. No obstante, la sentencia fundamenta por qué devolver las cosas al estado anterior, como una facultad concedida por los artículos 103 del Código Penal y 140 del Código Procesal Penal. Cita el voto número 2017-135 emitido por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, sede San Ramón, el cual indica que las medidas de restitución (como las de derribo por ejemplo) pueden ser ordenadas de oficio por el tribunal, amparado en principios como tutela judicial efectiva, para restablecimiento de las cosas a su situación, como en este caso en que el imputado no cuenta con permiso para haberse asentado en la zona restringida de la zona marítima terrestre perteneciente al Estado y por ello tampoco aplica una prescripción positiva. Por mayoría, el reclamo es procedente. En relación con la orden de derribo emitida, de oficio, por el órgano sentenciador a fin de reestablecer las cosas a su estado original se desarrollan, en el fallo, los siguientes argumentos: a) que el terreno en que habita el imputado pertenece al Estado, pues es parte del área restringida de la zona marítimo terrestre, es decir usurpa un bien demanial pues, además, no cuenta con permisos para ello; b) «(...) la Municipalidad de Limón no solo no ha otorgado una concesión al imputado en dicha zona, sino que, además, advierte que el solicitante de una concesión no es concesionario por ningún motivo, dado que la Municipalidad de Limón, no tiene plan costero que regule la actividad en la zona. Es de interés relacionar lo recién indicado con lo mencionado en el informe de la Procuraduría PGR-OJ-165-2022, concretamente que: "en lo que respecta al aprovechamiento privativo de ese bien de dominio público, la ley prevé que las Municipalidades pueden otorgar concesiones, de conformidad con las reglas allí establecidas y con base en el plan regulador costero emitido para el sector correspondiente. Excepcionalmente, como señala el dictamen C-100-1995, los Municipios pueden otorgar permisos de uso sobre la zona marítimo terrestre, sin haberse adoptado un plan regulador costero, para el desarrollo de actividades o construcciones fácilmente movibles y que no vayan a obstaculizar la implementación de un plan regulador costero que establezca un uso distinto o incompatible con lo ya construido. Ello con fundamento en el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública. Fuera de esos supuestos, según los artículos 12 y 13 de la ley, la ocupación y levantamiento de edificaciones en la zona marítimo terrestre son prohibidas e ilegales, y las Municipalidades y las autoridades judiciales que correspondan deben ordenar el desalojo de los infractores y la demolición de las construcciones". Sobre las razones legales que obligan a ordenar este derribo y la restauración de la zona a su estado natural, además del artículo 140 del Código Procesal Penal, el cual establece que: "En cualquier estado de la causa y a solicitud del ofendido, el tribunal puede ordenar, como medida provisional, el restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo» (cfr. sentencia, Considerando IV): y, c) al tratarse de una zona restringida, en la que no existe concesión, se debe eliminar la intervención humana. En criterio de esta cámara tal decisión es incorrecta por lo que de seguido se expone y ha indicado en resoluciones precedentes (por ejemplo la No. 01773-2022, con voto de mayoría suscrito por las juezas K. Jiménez y R. Chinchilla y criterio disidente de de la jueza P. Vargas). La restitución o devolución de las cosas al estado original no constituye una medida provisional penal (como sí sucede con el restablecimiento de las cosas al estado anterior estipulado en el numeral 140 del Código Procesal Penal) sino que forman parte de las pretensiones que deben ser ejercidas, solicitadas y evidenciadas por el interesado y que se ordenan en la sentencia final (no durante la fase de investigación). En estos términos se indicó en el voto número 2016-633 (A. Solís, R. Chinchilla y E. Salinas) en el que se dijo que el sustento jurídico de este extremo se encuentra en el artículo 103 del Código Penal, el cual, en lo que interesa, indica: "Todo hecho punible tiene como consecuencia la reparación civil, que será determinada en sentencia condenatoria; ésta ordenará: 1) La restitución de las cosas o en su defecto el pago del respectivo valor (...)". Esta disposición ha de contextualizarse según su ubicación en el Código Penal, en el Título VII denominado "Consecuencias Civiles del Hecho Punible", lo que implica que tiene relación directa con el reclamo civil pretendido por la víctima de un hecho punible y está sujeta a la determinación de "reparación civil" en sentencia (sobre el comiso, existe gran discusión en doctrina acerca de si es o no una consecuencia civil del hecho, no obstante, al no ser este el tema impugnado, esta cámara no va a entrar a discutir este punto). En relación con lo anterior, el numeral 122 de las Reglas Vigentes sobre Responsabilidad Civil, aclara que este tipo de reparación comprende "1° La restitución de la cosa ", lo que confirma que, efectivamente, cuando se alude a este extremo, debe considerarse una consecuencia civil del hecho. Por su parte, el artículo 103 citado ordena que, en sentencia condenatoria (se entiende en lo civil pues hay independencia entre esa responsabilidad y la penal: artículo 40, in fine, del Código Procesal Penal), el tribunal deba pronunciarse en cuanto a la restitución de las cosas (y el numeral 491 del Código Procesal Penal reafirma el carácter indemnizatorio civil al decir que si hay controversia se remite a las personas interesadas a la vía civil). Con base en lo anterior se concluye, entonces, que la restitución de las cosas a su estado anterior es parte de lo que puede disponerse cuando existe condenatoria civil (esto debe diferenciarse de la simple restitución de la cosa, que se ordena en sentencia cuando el objeto del delito deba ser devuelto a su legítimo dueño o poseedor, y que, generalmente, se encuentra en depósito provisional) pero, además, que debe existir petición de una de las partes así como el ejercicio de una acción civil. En ese sentido, el artículo 368 del Código Procesal Penal dispone que, para pronunciarse sobre una consecuencia civil se requiere, obligatoriamente, que se haya ejercido la acción civil resarcitoria conforme con los artículos 37 a 41 de este mismo cuerpo legal. Asimismo, el numeral 111 del Código de rito señala: "Para ejercer la acción resarcitoria, su titular deberá constituirse en actor civil (...)" y es esta demanda la que, además de reunir los requisitos señalados en el artículo 112 del Código Procesal Penal, debe contener las pretensiones de reparación o de restitución de las cosas a su estado anterior, las cuales, debieron concretarse conforme con el artículo 308 del Código Procesal Penal, de modo que la contraparte tenga oportunidad de defensa. Por ende, resulta imposible considerar que el reclamo dirigido a restituir las cosas a su estado anterior pueda hacerse de oficio, pues los extremos civiles deben declararse a partir de lo solicitado en la demanda respectiva y, en este caso, ni siquiera existió una gestión (informal) de la parte. Así las cosas, se declara con lugar el reclamo y corresponde revocar parcialmente la decisión en cuanto ordena el derribo de la edificación de dos plantas, construida en fibrolit, con un frente aproximado a 12 metros y 10 de fondo y la estructura contigua (especie de galerón utilizado como establo para caballos) ubicadas en [...] para en su lugar, en esta sede penal, rechazar esa posibilidad, sin que quepa ordenar el reenvío pues a nada conduciría, a falta de acción civil en esos términos Empero, al haberse acreditado que, en efecto, tales construcciones son ilegales, pues se levantaron al margen de la ley, sin contar con los permisos respectivos ni pagar los cánones establecidos e, incluso en un terreno que, en apariencia, pertenecía a un tercero [Nombre 003] (quien también lo reclama como suyo, a título de poseedor, ocupante o concesionario), se remite a las partes a discutir lo correspondiente en la vía civil que corresponda. Es decir, esta decisión no afecta la posibilidad de las partes de resolver lo que en definitiva proceda. La jueza Carranza Cambronero salva su voto.

IV. Voto salvado de la jueza Carranza Cambronero. En cuanto al último motivo incoado, debo apartarme del criterio de mis compañeras en virtud de que he venido manteniendo la posición contraria (Cfr. entre muchos otros resolución del Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal de Cartago, número 2020-00627, de las 11:24 horas, de 23 de octubre de 2020), En ese sentido, entiendo que la restitución de la que se trata en la especie, no guarda vinculación con aquella derivada de un reclamo indemnizatorio de naturaleza estrictamente civil, sino que, corresponde a la figura del restablecimiento de las cosas al estado anterior a la comisión del delito, cuyo tratamiento en la reforma procesal se vinculó con los derechos de la víctima.  Así, el artículo 140 del Código Procesal Penal, dispone: ³En cualquier estado de la causa y a solicitud del ofendido, el tribunal puede ordenar como medida provisional, el restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo.´ Es cierto que se trata del dictado de una medida provisional, sin embargo, es cierto que ninguna razón de ser tendría la norma, si el punto no fuese susceptible de ser objeto de pronunciamiento de fondo, sobre todo considerando que resulta evidente que lo que se pretende es que la acción delictiva que se investiga no continúe desplegando efectos en el plano material, en perjuicio de la persona ofendida. Piénsese, por ejemplo, en los delitos de usurpación en el que medie despojo del domicilio, en el que el desalojo del autor del hecho necesariamente deberá tratarse en el fallo de fondo que finalmente se dicte, cuando sea esto lo la víctima pretende con su denuncia, sin que sea necesario que se hubiese entablado una acción civil. Desde luego, será distinto si lo que pretende en esos casos sea el resarcimiento o la indemnización civil por el hecho delictivo, que supone un procedimiento civil en el que necesariamente deben cumplirse los requisitos procesales previstos en el Código Procesal Civil. En realidad, la figura en cuestión constituye una consecuencia procesal derivada de la intervención misma de la Administración de Justicia, a tono con el artículo 41 de la Constitución Política, de modo que, no se dé lugar a una denegación de justicia y se cumpla, más bien, con una tutela judicial efectiva del administrado. En ese sentido, la Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas, dispone: ³...El acceso a la justicia comprende la tutela judicial efectiva, entendida ésta como la posibilidad de reclamar ante los órganos jurisdiccionales la apertura de un proceso sin obstáculos procesales, obteniendo una sentencia de fondo motivada y fundada en un tiempo razonable, garantizando la ejecutoriedad del fallo.´ De modo que, exigir una acción civil resarcitoria en estos casos, desde mi perspectiva, evidentemente constituye un exigencia innecesaria en contra de la protección a la víctima. Frente a lo que debo agregar ahora que comparto en todos sus extremos la posición minoritaria del voto citado en esta resolución.

POR TANTO:

Por unanimidad se declara sin lugar el primer reclamo incoado por la defensa. Por mayoría, se declara con lugar el primer reclamo del recurso de apelación interpuesto por la defensa y se revoca parcialmente la decisión, en cuanto ordena el derribo de la edificación de dos plantas, construida en fibrolit, con un frente aproximado a 12 metros y 10 de fondo y la estructura contigua (especie de galerón utilizado como establo para caballos) ubicadas en [...] para, en su lugar, denegar esa posibilidad en sede penal. Se remite a las partes a discutir lo correspondiente en la vía civil. En cuanto a este motivo, la jueza Carranza Cambronero salva su voto.  NOTIFÍQUESE.

Kathya Jiménez Fernández

Rosaura Chinchilla Calderón             Ivette Carranza Cambronero

Juezas de apelación de sentencia penal

Expediente: 17-000038-0611-Pe

Contra    : [Nombre 002]

Ofendido : [Nombre 003]

Delito    : Usurpación de bienes de dominio público

 Expediente: 17-000038-0611-PE(14) - pág.:  1

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:25:37.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Ruling: 2025-1214**

**Case file: 17-000038-0611-PE (14)**

**CRIMINAL SENTENCE APPEALS COURT. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at thirteen hours and forty minutes on the twenty-third of July, two thousand twenty-five.**

**APPEAL** filed in the present case against [Name 001], [...] and against [Name 002], [...] for the crime of **USURPATION**, to the detriment of [Name 003].

Judges Kathya Jiménez Fernández, Rosaura Chinchilla Calderón, and Ivette Carranza Cambronero participate in the decision of the appeals. Appearing before this court are Attorney Enrique Campos Moraga, as co-defense counsel for the accused [Name 001], and Attorney Randall Aguirre Mena, representing the Procuraduría General de la República, and,

**WHEREAS:**

**I.-** That by judgment number 332-2025, at 08:00 hours on April 2, 2025, the Criminal Trial Court of the First Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Limón, resolved: "THEREFORE: In accordance with the foregoing, Articles 39 and 41 of the Political Constitution; 1 to 6, 9, 140, 142, 182, 184, 265, 341 to 366, of the Code of Criminal Procedure; Article 1 of the Penal Code, IT IS RESOLVED: FIRST: to acquit [Name 001] and [Name 002] of all penalty and responsibility for a crime of Usurpation, which was attributed to them as committed to the detriment of [Name 003]. It is resolved without special condemnation in costs, with the expenses of the criminal proceedings to be borne by the State. It is ordered to lift any precautionary measure weighing upon the accused. SECOND: The restitution of things to their prior state is ordered; consequently, the eviction of the accused [Name 001] herein is ordered, and the demolition of the works, for which enforcement is authorized through the corresponding police authorities, of the necessary acts for the destruction of the buildings, as they are located in the Restricted Zone of the Maritime Terrestrial Zone without a concession. By reading, let it be notified. JEFFERSON ADEMAR CASTRO LEÓN - DECIDING JUDGE" (sic, cf. written judgment. The incorrect, yet widespread, use of capital letters to highlight data or ideas is preserved from the original).

**II.-** That against the preceding pronouncement, Attorney Enrique Campos Moraga, as co-defense counsel for the accused [Name 001], filed an appeal.

**III.-** That, having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 465 of the Code of Criminal Procedure, the court considered the issues raised in the appeal.

**IV.-** That the pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings.

Judge Jiménez Fernández writes; and,

**WHEREAS:**

**I.- Procedural issues.** (A) Admissibility. Attorney Campos Moraga, defense counsel for the accused, filed an appeal against the judgment rendered in the case records, a decision that is challengeable through this avenue (objective taxativity) and by the defense (subjective taxativity). This appeal was filed through a reasoned brief submitted before the court of first instance and within the legal period, as it was delivered on April 28, 2025, and the 15-day period to appeal, this being an ordinary proceeding, expired on April 30, 2025, given that the judgment was rendered in its entirety on April 9, 2025. Therefore, the appeal must be admitted without the need for further formalities since, otherwise, the mandate established in Article 8.2.h of the American Convention on Human Rights and the ruling of the Inter-American Court of Human Rights in the case of Mauricio Herrera Ulloa v. Costa Rica, judgment of July 2, 2014, would be breached. Regarding the request for inadmissibility made by the Procuraduría General de la República. The criminal prosecutor is correct in indicating that the grievance limits the admissibility of the appeal. However, even though there is no section in the challenge specifying the grievance, the truth is that from reading the brief, it can be extracted from the drafting of the first complaint that the damage allegedly caused to the accused is due to the eviction ordered in the judgment, and this is what practically sustains the appeal. Hence, coinciding with a system that provides for minimal formalities so as not to deny access to justice, in this Chamber's opinion, this limit to the challenge is indeed visible, and for this reason, it has been admitted for study, and the thesis of the State representative that the document should not be considered must be rejected. (B) The appealed judgment ordered the acquittal of both accused persons, [Name 001] and [Name 002]. That point has not been appealed by the Public Prosecutor's Office or by the Procuraduría General de la República, and therefore, being final, it is outside the scrutiny of this Chamber (Articles 439 and 446 of the Code of Criminal Procedure).

**II.-** For logical order, the complaints are addressed in the order set forth herein. In the defender's second claim, the non-application of Law No. 10489 and lack of reasoning in violation of the cited section 142 (which he transcribes) are alleged. The appellant argues that the a quo failed to apply the reform to the Law for the protection of occupants of zones classified as special by considering in the ruling that the status of "occupants" and "settler" is a condition specific to those who were at the site prior to the entry into force of Law No. 6043 (of March 16, 1977). Therefore, since the accused was born the following year (January 4, 1978) and there are no elements indicating that his parents lived there or that the property was inherited by him, he cannot be given the special treatment provided for by the law. Thus, it is corroborated that he did not come to live there before 1977, and therefore, the law does not cover him as an occupant or settler, and what the judge stated is capricious and empty. No law, including the Maritime Terrestrial Zone Law and Law No. 10489, indicates or limits the protection of occupants in protected zones before the entry into force of Law No. 6043. The violation of that norm, continues the appellant, is because it is currently in force and for the specific case in this proceeding, but the a quo misinterprets the regulation and the only exception established by the norm, which is that only in cases where there is environmental damage can demolitions of works be ordered during its validity period, something the judgment avoids in order to dictate a measure such as that of section 140 of the Code of Criminal Procedure, like ordering eviction. For the foregoing, he requests that the grievance be upheld and the judgment be revoked or annulled. Opinion of the Procuraduría General de la República. Attorney Aguirre Mena considers that the defense seeks to prove the non-application of Law 10489, which is an extension of the provisions of Law 9577, but the former does not apply to the case, as it refers to persons who have the condition of occupants of the maritime terrestrial zone, a concept not developed in any of the cited laws but in section 44 of Law 6043, which states: "Article 44.- Concessions shall be granted in accordance with the principle of first in time, first in right. However, the regulations to this law may establish an order of priorities considering the nature of the exploitation and its greater public convenience; but under equal conditions, preference shall be given to the occupant of the land who has possessed it quietly, publicly, and peacefully on a continuous basis." He adds that when referring to occupants, it does not refer to a "mere possessor" as the defense interprets it, but rather to one who, upon the entry into force of Law 6043, met the conditions indicated therein, and he transcribes an excerpt from what was stated by the First Chamber of the Supreme Court of Justice in vote number 317-2008, which states: "The figure of the occupant, indicated in Article 44 under discussion, therefore, does not allude to owners, since they do not need a concession to usufruct their lands; nor to tenants of properties located in the maritime terrestrial zone, whose contract was granted in accordance with prior regulations, since, as just analyzed, there are specific provisions regulating them, on the understanding that these are extensions of the agreements; nor, even less, does it refer to persons introduced into said zone illegally, as this is expressly prohibited by Article 12, as noted. The valid interpretation is to consider 'occupant' as all those persons who, settled in the restricted zone, did not have a concession at the time Law 6043 was promulgated. It is, consequently, a special or exception regime, which is not the only one in that regulation." In the

issued judgment, the State attorney adds, the reasons and evidence why the accused does not hold the condition of occupant as established by law are explained clearly and extensively, and therefore the judgment is duly reasoned. The claim is unfounded. A review of the written judgment confirms that it meets the conditions required by Articles 142 and 363 of the Code of Criminal Procedure, as it is based on the factual and evidentiary platform legitimately admitted and examined in the adversarial proceeding, describes the intervening parties, a summary of evidence (documentary and testimonial), the legal analysis of the decision, and its consequences. This decision is based on the following facts (as charged by the prosecuting entity): "In the province of [...], there is a Maritime Terrestrial Zone land that was granted under a concession in which use was granted to Mr. [Name 003]. 2.- Without specifying an exact date but before June 15, 2017, the accused [Name 001] and [Name 002], without having any possessory right or authorization, held the physical space corresponding to a public domain asset and built a dwelling within the previously described land. Said construction invaded the Maritime Terrestrial Zone, since from that moment to date they have irregularly occupied that space, usurping said demanial asset" (sic, cf. judgment, the inappropriate use of capital letters is rectified and highlights added). However, as proven, it was established that: "1.- In the province of [...], there is a land in the maritime terrestrial zone. 2.- As of today, the accused [Name 001] lives in a dwelling that invades said Maritime Terrestrial Zone." To reach that conclusion, the court dismissed the existence of a concession in favor of the aggrieved party [Name 003] or the accused persons and added that, in any case, [Name 003] does not know who built the dwellings in the zone, nor who inhabits them. For his part, [Name 003] stated that he acquired the property in 1977 and that the Municipality granted him a concession for 99 years, but later he became aware of the invasion, so he filed a complaint. However, the court of first instance dismissed this condition of concessionaire for the following reasons: "(...) although this court considers the aggrieved party to be an honest witness, as just indicated, it turns out that it is not possible to prove, at least not with certainty, that the aggrieved party herein was actually granted the concession he indicates (and which is established in the accusation), for several reasons. First, the aggrieved party himself declared the following: I found out they were invading my property when the Municipality, I went to see how the concession was, and they told me that it no longer belonged to me, I said how, I went to see and there is a dark matter between the municipality and other people who had bought it, as I had had problems with that, along with my son's situation, I chose to withdraw from the matter. That is, although the aggrieved party indicates that he was given a concession for 99 years, he later warns that the municipality told him that it was no longer his, and even suggests it was due to something murky between the municipality and the buyers. It is clarified that what is analyzed here does not cause this authority to doubt the honesty of the aggrieved party; for him, things happened that way; it is not concluded that he is lying; in fact, he admits that the municipality told him it is no longer his. Second, although the case file contains the application made by the aggrieved party to the municipality for a concession to be granted to him, which runs from page 298 to 309, it turns out that is only that, just the application; no resolution or administrative act from the municipality regarding that procedure is recorded in that copy. Third, it turns out that the case records contain an official communication issued by the municipality in response to the prosecutor's office, which requested information on whether the persons investigated in this proceeding had any concession in the zone; the municipality replied that they did not" (cf. f. 11 of the digital judgment, highlights added). Regarding this response, reference is made to official communication number UZMT-027-2018, which states: "no concession has been granted for construction by the Maritime Terrestrial Zone Unit to the above-indicated persons; furthermore, lands located in the maritime terrestrial zone cannot be the subject of possessory information proceedings, and private individuals may not appropriate them, nor legalize them in their name, through this or any other means. This property regime highlights the division into two zones, the public zone and the restricted zone; the public zone, which is the fifty-meter-wide strip from the ordinary high-water mark, and the restricted zone, constituted by the remaining one hundred fifty meters. Currently, the applicant for a concession IS NOT a CONCESSIONAIRE, for any reason, given that the MUNICIPALITY OF LIMÓN does not have a coastal plan that regulates activity in the zone." Another argument used for acquittal is the testimony of topographical engineer Max Arguedas Rodríguez. This gentleman referred to technical aspects and the inspection carried out through which the existence of the constructions was corroborated (everything is recorded in report C.I. 0054-DRL-18), in particular one with the following characteristics: "of two floors, of fibrolit, with an approximate frontage of 12 meters and 10 meters deep, and a structure adjacent to it, which corresponds to a shed made of metal tubes and roofed with zinc sheets, a shed of approximately 8 meters frontage by 6 meters deep, used as a horse stable" (cf. f. 13 of the digital judgment) and he confirmed that at that time it was occupied by [Name 001], [Name 002], and their nine-year-old daughter. Thus, it is corroborated that they were the inhabitants at that time, held a physical space belonging to the State, as it was part of the maritime terrestrial zone, and they did so without having a permit, possessory right, or any authorization. Up to this point, several aspects of utmost relevance for considering the appealed decision correct are extracted with absolute clarity: first, that neither [Name 003] nor the accused persons ([Name 001] nor [Name 002]) were concessionaires of the referred land and that such property constitutes a demanial asset belonging to the State and located in the restricted zone of the maritime terrestrial zone, so private individuals cannot dispose of it. Second, that the accused invaded an area that, in principle (by occupation, lease, or possession), belonged to Mr. [Name 003]; that is, they entered the site without permission, authorization, or endorsement from someone who could allow them entry. Third, and rereading Resolution No. 00439-2016 issued on September 30, 2016, by the Administrative Litigation Court, Section III, based on Law 6043 (of March 2, 1977, published in Supplement 35 of La Gaceta Official Newspaper No. 52 of March 16, 1977, and in force from the latter date) and its regulations (issued by Decree 7841-P, of December 16, 1977, published in Supplement 16, of La Gaceta Official Newspaper 20, of January 27, 1978, and in force from the latter date; hereinafter RLZMT), the titles of 'owner', 'lessor', and 'concessionaire', although they can legitimately link a natural or legal person to the Restricted Zone of the Maritime Terrestrial Zone, do not, in all cases, have the right to carry out constructions or, if they do, to be paid for improvements.

The 'occupants' are all those persons who, settled in the restricted zone, did not have a concession at the time Law 6043 was promulgated, and therefore, they have no right to payment for improvements nor hold any right over the land (Article 20 of Law 6043), although they do have a right of pre-emption or priority over different concession applications (this institution is regulated in Articles 44 and 76 and in Transitory Provision VII of Law 6043). The resolution continues: according to Article 70 of the Law, 'settlers' are Costa Ricans by birth, with more than 10 years of residence in the respective Maritime Terrestrial Zone prior to the entry into force of Law 6043. This may be proven with reports from the local Rural Assistance Guard or a certification from the Electoral Registry regarding their domicile, to which this criminal chamber must add that it can be proven through witnesses or any other legal and suitable evidence in accordance with the principle of freedom of evidence governing the criminal process, and that, in addition, they have no other properties in their name. Those who hold such condition do have the right to payment for improvements in certain cases, this in accordance with Articles 48 and 70 of Law 6043 and in sections 6 and 75 of its Regulations. Now, in accordance with Article 12 of the law under discussion 'it is prohibited, without the due legal authorization, to exploit the existing flora and fauna, to mark boundaries with fences, tracks, or in any other way, to erect buildings or facilities, to cut trees, to extract products, or to carry out any other type of development, activity, or occupation' and, specifically, Article 20 states: 'Except for the exceptions established by law, the public zone cannot be the subject of occupation under any title or in any case. No one may claim any right over it.' The aggrieved party [Name 003] did not hold any of those conditions, nor did the defendants, who rather invaded the protected zone whose (informal) holder was the former (who did not exercise rights as a concessionaire and, to that extent, also lacked the powers to make assignments or transfers, build structures, or give any use to the state land). Nor would the opinion of the Procuraduría General de la República No. OJ-088-2008 be applicable, according to which it would be appropriate to recognize the condition of 'settler' to those born before 1949 and who, at the time Law 6043 came into force (January 27, 1978), had to have an occupation exceeding ten years and be of legal age at that time to exercise it, a condition the accused do not meet since [Name 001] was born in 1978 and [Name 002] in 1986. Although on this point, the Administrative Litigation Court, in the cited resolution (No. 00439-2016), criticizes such interpretation "(...) insofar as the requirement of legal age as a starting point for one of the requirements reviewed by the Municipal Intendancy of Cóbano not only lacks a regulatory basis but also implies a gross ignorance of the rights of children and adolescents as rights holders," the truth is that even accepting the position of the Procuraduría, it is inapplicable to this case for the reasons indicated above; that is, regardless of the age they held, the defendants were born long after the law was in force. The court of first instance assumed this by pointing out that the accused did not inhabit the place before 1977, and there are also no elements to affirm that at least his parents did so and that this generates special treatment. Therefore, having discarded any right of use, possession, or occupation of the accused persons in the zone, as well as the existence of legal authorization issued by the competent authorities for them to remain on the site and build a house, the allegations must be rejected.

**III.-** In the first complaint, a violation of the principle of a hearing is alleged (Articles 39, 41 of the Political Constitution and Article 8.2.b and c of the American Convention on Human Rights), which occurs when an exceptional measure of restitution of things to their original state, provided for in section 140 of the Code of Criminal Procedure, is taken ex officio without a request from a party. He criticizes having acted in this way because the cited norm indicates that its application is at the request of the victim, and since it was not requested by the Public Prosecutor's Office, it waived it. He considers that this creates an irreparable harm and an express violation of the principle of correlation and right of defense because the a quo makes a unilateral decision and Article 140 of the Code of Criminal Procedure provides that it shall be at the request of the aggrieved party, and furthermore, it was ordered without granting a hearing to the parties. As an in procedendo defect and continuing with the above topic, in the following section, the defense alleges that this ex officio and unilateral analysis, without prior hearing for this representation, is made based on the legal opinion PGR-OJ-165-2022, ignoring that these are "mere criteria" that are non-binding and, to that extent, cannot be taken as absolute legal interpretations because that corresponds to the judges (sic) of the Republic. Opinion of the Procuraduría General de la República. It explains that both accused persons were acquitted of the charged crime since it was not proven that they built the structures in the maritime terrestrial zone while holding a title to do so. However, the judgment provides reasoning for returning things to their prior state as a power granted by Articles 103 of the Penal Code and 140 of the Code of Criminal Procedure. It cites vote number 2017-135 issued by the Criminal Sentence Appeals Court, San Ramón venue, which states that restitution measures (such as demolition, for example) can be ordered ex officio by the court, supported by principles such as effective judicial protection, to restore things to their situation, as in this case where the accused does not have a permit to have settled in the restricted zone of the maritime terrestrial zone belonging to the State, and therefore, positive prescription does not apply. By majority, the claim is admissible. Regarding the demolition order issued, ex officio, by the sentencing body to restore things to their original state, the following arguments are developed in the ruling: a) that the land where the accused lives belongs to the State, as it is part of the restricted area of the maritime terrestrial zone; that is, he usurps a demanial asset, as, moreover, he does not have permits for it; b) «(...) the Municipality of Limón not only has not granted a concession to the accused in said zone but also warns that the applicant for a concession is not a concessionaire for any reason, given that the Municipality of Limón does not have a coastal plan that regulates activity in the zone. It is of interest to relate what was just indicated with what was mentioned in the Procuraduría report PGR-OJ-165-2022, specifically that: 'regarding the exclusive use of that public domain asset, the law provides that the Municipalities may grant concessions, in accordance with the rules established therein and based on the coastal regulatory plan issued for the corresponding sector. Exceptionally, as stated in opinion C-100-1995, the Municipalities may grant use permits over the maritime terrestrial zone, without having adopted a coastal regulatory plan, for the development of easily movable activities or constructions that will not obstruct the implementation of a coastal regulatory plan that establishes a different or incompatible use with what has already been built. This is based on Article 154 of the General Law of Public Administration. Outside of those cases, according to Articles 12 and 13 of the law, the occupation and erection of buildings in the maritime terrestrial zone are prohibited and illegal, and the Municipalities and the corresponding judicial authorities must order the eviction of the offenders and the demolition of the constructions.' Regarding the legal reasons that compel ordering this demolition and the restoration of the zone to its natural state, in addition to Article 140 of the Code of Criminal Procedure, which establishes that: 'At any stage of the case and at the request of the aggrieved party, the court may order, as a provisional measure, the restoration of things to the state they had before the event, provided there are sufficient elements to decide it' (cf. judgment, Considering IV): and, c) as it is a restricted zone in which there is no concession, human intervention must be eliminated. In this Chamber's opinion, such a decision is incorrect for the reasons set forth below, as has been indicated in previous rulings (for example, No. 01773-2022, with a majority vote signed by Judges K. Jiménez and R. Chinchilla and dissenting opinion of Judge P. Vargas). The restitution or return of things to their original state does not constitute a provisional criminal measure (as does happen with the restoration of things to their prior state stipulated in section 140 of the Code of Criminal Procedure), but rather forms part of the claims that must be exercised, requested, and evidenced by the interested party and which are ordered in the final judgment (not during the investigation phase). In these terms, it was stated in vote number 2016-633 (A. Solís, R. Chinchilla, and E. Salinas), in which it was said that the legal basis for this aspect is found in Article 103 of the Penal Code, which, in relevant part, states: 'Every punishable act has as a consequence civil reparation, which shall be determined in a conviction judgment; it shall order: 1) The restitution of the things or, failing that, the payment of the respective value (...).' This provision must be contextualized according to its location in the Penal Code, in Title VII entitled 'Civil Consequences of the Punishable Act,' which implies that it has a direct relationship with the civil claim sought by the victim of a punishable act and is subject to the determination of 'civil reparation' in a judgment (regarding forfeiture, there is great debate in doctrine about whether or not it is a civil consequence of the act; however, since this is not the challenged issue, this Chamber will not delve into that point). In relation to the above, section 122 of the Current Rules on Civil Liability clarifies that this type of reparation includes '1° The restitution of the thing,' which confirms that, indeed, when this aspect is alluded to, it must be considered a civil consequence of the act. For its part, the cited Article 103 orders that, in a conviction judgment (understood in the civil sense, as there is independence between that liability and criminal liability: Article 40, in fine, of the Code of Criminal Procedure), the court must rule on the restitution of things (and section 491 of the Code of Criminal Procedure reaffirms the civil compensatory nature by stating that if there is a dispute, the interested parties are referred to the civil jurisdiction). Based on the foregoing, it is concluded, then, that the restitution of things to their prior state is part of what can be ordered when there is a civil conviction judgment (this must be differentiated from the simple restitution of the thing, which is ordered in a judgment when the object of the crime must be returned to its legitimate owner or possessor, and which is generally in provisional deposit), but, in addition, there must be a request from one of the parties as well as the exercise of a civil action. In that sense, Article 368 of the Code of Criminal Procedure provides that, to rule on a civil consequence, it is mandatory that the civil action for damages has been exercised in accordance with Articles 37 to 41 of this same legal body. Likewise, section 111 of the Procedural Code states: 'To exercise the action for damages, its holder must be constituted as a civil party (...),' and it is this claim that, in addition to meeting the requirements indicated in Article 112 of the Code of Criminal Procedure, must contain the claims for reparation or restitution of things to their prior state, which should have been specified in accordance with Article 308 of the Code of Criminal Procedure, so that the counterparty has an opportunity for defense.

Therefore, it is impossible to consider that the claim aimed at restoring things to their prior state can be made on the court's own motion, because civil matters must be decided based on what is requested in the respective complaint and, in this case, there was not even an (informal) request by the party. Accordingly, the claim is granted, and the decision must be partially overturned insofar as it orders the demolition of the two-story building, constructed of fibrolit, with an approximate frontage of 12 meters and a depth of 10 meters, and the adjacent structure (a kind of shed used as a stable for horses) located at [...] in order to, instead, in this criminal venue, reject that possibility, without it being appropriate to order remand because it would lead nowhere, absent a civil action in those terms. However, since it has been proven that, indeed, such constructions are illegal, because they were erected outside the law, without the respective permits or payment of the established fees and, even, on land that apparently belonged to a third party [Name 003] (who also claims it as his own, as a possessor, occupant, or concession holder), the parties are referred to discuss the corresponding matter in the appropriate civil venue. That is, this decision does not affect the possibility of the parties to resolve what ultimately proceeds. Judge Carranza Cambronero dissents.

IV. Dissenting vote of Judge Carranza Cambronero. With respect to the last ground raised, I must depart from the opinion of my colleagues because I have been maintaining the contrary position (Cf., among many others, the decision of the Appellate Court of the Criminal Sentence of Cartago, number 2020-00627, at 11:24 a.m., of October 23, 2020). In this sense, I understand that the restitution at issue in this case is not linked to that derived from a compensation claim of a strictly civil nature, but rather corresponds to the figure of restoring things to the state prior to the commission of the crime, the treatment of which in the procedural reform was linked to the rights of the victim. Thus, Article 140 of the Código Procesal Penal provides: "At any stage of the proceedings and at the request of the injured party, the court may order, as an interim measure, the restoration of things to the state they had before the act, provided there are sufficient elements to decide it." It is true that this concerns the issuance of an interim measure; however, it is equally true that the provision would have no reason for being if the matter could not be the subject of a substantive ruling, especially considering that what is clearly sought is that the criminal act under investigation cease to continue producing effects on the material plane, to the detriment of the injured party. Consider, for example, crimes of usurpation involving the dispossession of a domicile, in which the eviction of the perpetrator must necessarily be addressed in the substantive judgment ultimately issued, when this is what the victim seeks through their complaint, without requiring that a civil action have been filed. Of course, it will be different if what is sought in such cases is reparation or civil compensation for the criminal act, which presupposes a civil proceeding in which the procedural requirements set forth in the Código Procesal Civil must necessarily be met. In reality, the figure in question constitutes a procedural consequence derived from the very intervention of the Administration of Justice, in accordance with Article 41 of the Constitución Política, so that a denial of justice does not occur and, instead, effective judicial protection of the administered party is achieved. In this sense, the Ibero-American Charter of the Rights of Victims provides: "... Access to justice comprises effective judicial protection, understood as the possibility of requesting from the jurisdictional organs the opening of a proceeding without procedural obstacles, obtaining a reasoned and grounded substantive judgment within a reasonable time, guaranteeing the enforceability of the ruling." So, in my view, requiring a civil action for damages in these cases clearly constitutes an unnecessary requirement contrary to the protection of the victim. To which I must now add that I fully share the minority position of the vote cited in this decision.

POR TANTO:

Unanimously, the first claim raised by the defense is denied. By majority, the first claim of the appeal brief filed by the defense is granted, and the decision is partially overturned insofar as it orders the demolition of the two-story building, constructed of fibrolit, with an approximate frontage of 12 meters and a depth of 10 meters, and the adjacent structure (a kind of shed used as a stable for horses) located at [...] in order to, instead, deny that possibility in this criminal venue. The parties are referred to discuss the corresponding matter in the civil venue. Regarding this ground, Judge Carranza Cambronero dissents. NOTIFÍQUESE.

Kathya Jiménez Fernández

Rosaura Chinchilla Calderón             Ivette Carranza Cambronero

Appellate judges of the criminal sentence

Expediente: 17-000038-0611-Pe

Contra    : [Name 002]

Ofendido : [Name 003]

Delito    : Usurpación de bienes de dominio público

 Expediente: 17-000038-0611-PE(14) - pág.:  1

This is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:25:37.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República