Res. 00554-2025 Tribunal Agrario — Ecological possession in possessory information within a protected zonePosesión ecológica en información posesoria dentro de zona protectora

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00554 - 2025

Fecha de la Resolución: 19 de Junio del 2025 a las 09:50

Expediente: 16-000144-0699-AG

Redactado por: SUGEILY CELENIA HERNANDEZ AZOFEIFA

Clase de asunto: Actividad judicial no contenciosa

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Procesal Agrario

Tema: Información posesoria agraria

Subtemas:

Consideraciones sobre la posesión ecológica.

"VII- Sobre el agravio respecto a la ausencia de la posesión ecológica de la finca afectada por la zona protectora en la que se encuentra inmersa, se rechaza. Cabe mencionarse por esta Instancia respecto a las áreas silvestres protegidas, que independientemente de su categoría de manejo, deben ser entendidas como zonas con un régimen de administración y normativa particular y específica, supeditadas a planes de manejo que aseguran su protección, conservación y uso racional de los recursos naturales. Recae en el MINAE su administración, manejo y tutela, salvo Ley especial que indique otra situación. El artículo 58 de la Ley de Biodiversidad las define como zonas geográficas delimitadas, que se forman de terrenos, humedales y porciones de mar, declaradas como tales por representar una significancia especial, un interés de tutela y conservación del ambiente y sus ecosistemas, así como históricos y culturales. Esta norma hace una remisión expresa a la Ley Orgánica del Ambiente sobre la regulación de los requisitos y mecanismos para el establecimiento o reducción de estas áreas. La administración por Ley recae en forma exclusiva sobre el Ministerio de Ambiente y Energía, salvo los Monumentos Naturales. Por su parte, la Ley Forestal prevé que cuando se declare un área silvestre protegida de propiedad estatal, ésta debe pasar en forma inmediata a formar parte del Patrimonio Natural del Estado, regulado por el artículo 13 de la citada norma, que expresamente señala que su administración corresponde al MINAE. Ese conjunto normativo debe interpretarse con lo prescrito en el artículo 58 in fine de la Ley de Biodiversidad, que reconoce los derechos adquiridos por poblaciones indígenas, campesinas, personas físicas o jurídicas, sobre los terrenos que sean declarados áreas silvestres protegidas y sus categorías de manejo. Ello se complementa con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias cuando indica: "Cuando el inmueble al que se refiera la información posesoria esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre."[...]".

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Citas de Legislación y Doctrina
Texto de la resolución
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EXPEDIENTE:

	

16-000144-0699-AG - 6




PROCESO:

	

ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA




PROMUEVE:

	

FRANCISCO GOMEZ MASIS

 

   

VOTO N°  N° 2025000554

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las nueve horas cincuenta minutos del diecinueve de junio de dos mil veinticinco.-

 

PROCESO NO CONTENCIOSO DE INFORMACIÓN POSESORIA promovido por FRANCISCO GÓMEZ MASÍS, mayor, casado una vez, agricultor, cédula de identidad número tres - ciento noventa y uno - doscientos diecisiete, vecino de Cartago. Intervienen en el proceso la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Yamileth Monestel Vargas, mayor, soltera, vecina de San Ramón de Alajuela, cédula de identidad número dos - quinientos cuarenta y cinco - seiscientos uno, en su condición de procuradora adjunta; y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica cuatro - cero cero cero - cero cuatro dos uno cuatro tres - once, representado por Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, mayor, casada, abogada, vecina de Alajuela, cédula de identidad número uno - quinientos noventa y ocho - ciento uno, en calidad de  apoderada generalísima sin límite de suma. Actúa como abogado director del promovente el licenciado José Francisco Masís Mata, carné once mil trescientos sesenta y ocho. Tramitado ante el Juzgado Agrario de Cartago.-

 Redacta la jueza Hernández Azofeifa; y,

 

                                                  RESULTANDO:

 I.- DETALLE DE ACTUACIONES: I.- El promovente FRANCISCO GÓMEZ MASÍS interpuso las presentes diligencias de información posesoria para que por medio de esta vía se proceda a inscribir en el Registro Público de la Propiedad el terreno que se describe así: " Terreno parte de agricultura, parte de repastos y parte de bosque con dos viviendas y dos galerones, sito en Palo Verde, San Isidro de El Guarco, Distrito Segundo del Cantón Octavo de la Provincia de Cartago. Linda al Noreste: Calle pública con un frente a ella de ciento once punto cincuenta y seis metros lineales; al Noroeste: Gerardo Alfonso y Ana Cecilia, ambos García Rivera, al Sureste: Leigo S.A. y calle pública con un frente a ella de ciento quince punto treinta y cinco metros lineales y al Suroeste: Quebrada Conventillos y Luis Enrique Gómez Segura. Mide: Noventa y nueve mil quinientos metros cuadrados, con plano inscrito en el Catastro Nacional bajo el número tres-tres cuatro cuatro nueve ocho-dos mil veintidós (3-34498-2022)," (Ver expediente descargado en modo pdf, imágenes 2 a 8). II.-  La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos que corren en expediente descargado en modo pdf imágenes 95 a 97; a su vez el Instituto de Desarrollo Rural lo hizo en imagen 87. III.- El juez José Francisco Chacón Acuña, del Juzgado Agrario de Cartago, mediante sentencia número 2024000006 de las dieciséis horas veintitrés minutos del doce de enero de dos mil veinticuatro, resolvió: "POR TANTO: Se APRUEBAN las presentes diligencias de Información Posesoria. Proceda el Registro Inmobiliario a inscribir por primera vez y a nombre de FRANCISCO GÓMEZ MASIS, cédula tres-ciento noventa y uno-doscientos diecisiete, la finca sin inscribir que se describe así: Terreno parte de agricultura, parte de repastos y parte de bosque con dos viviendas y dos galerones, sito en Palo Verde, San Isidro de El Guarco, Distrito Segundo del Cantón Octavo de la Provincia de Cartago. Linda al Noreste: Calle pública con un frente a ella de ciento once punto cincuenta y seis metros lineales; al Noroeste: Gerardo Alfonso y Ana Cecilia, ambos García Rivera, al Sureste: Leigo S.A. y calle pública con un frente a ella de ciento quince punto treinta y cinco metros lineales y al Suroeste: Quebrada Conventillos y Luis Enrique Gómez Segura. Mide: Noventa y nueve mil quinientos metros cuadrados, con plano inscrito en el Catastro Nacional bajo el número tres-tres cuatro cuatro nueve ocho-dos mil veintidós (3-34498-2022). El inmueble a titular queda afectado bajo las reservas legales aplicables a la especie según los términos del ordinal 19 de la Ley de Informaciones Posesorias y sus reformas en cuanto: a) El frente a caminos públicos y/o caminos vecinales, en cuanto al ancho de veinte metros para los primeros y catorce metros para los segundos, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 4 de la Ley General de Caminos Públicos número 5060 del 22 de agosto de 1972 y sus reformas; y b) Lo establecido por los ordinales 33 y 34 de la Ley Forestal vigente en cuanto a las áreas de protección tanto de la quebrada Conventillos como de las dos quebradas sin nombre. Lo anterior a fin de que sea respetado tanto por la titulante como por terceras personas (principio de publicidad registral) ," (Ver expediente descargado en modo pdf, imágenes 203 a 208).- IV.- La Procuradora Adjunta; la licenciada Yamileth Monestel Vargas, formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, (Ver expediente descargado en modo pdf, imágenes 210 a 215).- V.- En la substanciación del proceso .. se han observado las prescripciones legales, y ... notan la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad.-

   CONSIDERANDO:

I- PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Jurisdicción Agraria, se admite la prueba para mejor resolver aportada por la Procuraduría General de la República de ESTUDIO FOTOINTERPRETATIVO: IDENTIFICACIÓN COBERTURA FORESTAL EN PLANO 3-34498-2022. SAN ISIDRO, EL GUARCO, CARTAGO. AÑOS 1974 y 1992 de imagen 216 a 221 por resultar útil y pertinente a la resolución de la apelación interpuesta.       

II- Se comparten los hechos tenidos por demostrados al ser acordes con las probanzas aportadas al proceso. De tal naturaleza, se adiciona en esta instancia: 8) Que el titulante, sumando la posesión de su transmitentes Roy Gerardo y Alejo ambos de apellidos González Soto, han estado en posesión desde el año 1973 en resguardo del recurso forestal del inmueble a titular en forma pública, pacífica, continua y con el carácter de dueños por más de diez años antes de la Zona Protectora del Río Navarro y el Río Sombrero, protegiendo el recurso forestal. (Declaración de Luis Bonilla Mora, Walter Hidalgo Saénz y Asdrúal Pereza Brenes  expediente digital modo pdf audio de audiencia). 

 

III.- Apelación.  La Procuraduría General de la República apela la sentencia aprobatoria n°2024000006 de las 16:23 horas del 12 de enero de 2024, exponiendo como agravios, que se citan a continuación:  Falta de prueba de la posesión derivada anterior a la afectación al dominio público. Califica la sentencia de contradictoria, al reconocer que la posesión necesaria para usucapir un predio ubicado en su totalidad dentro de la Zona Protectora Río Sombrero-Río Navarro debe ejercerse al menos desde 1974. Reprocha, que la resolución recurrida tuvo por acreditada la causa de adquisición del titulante contradictoria con las testimoniales. La cadena de posesión tampoco quedó demostrada. Con base en jurisprudencia del Tribunal Agrario, indica debe de haber congruencia entre las testimoniales y los documentos aportados al expediente, lo cual en el caso no se dio  (imagen 210 a 212 expediente digital modo pdf). Incongruencia por resolverse omitiendo alegato de falta de justo título. El titulante carece de justo título porque no acredita como adquiere la mitad del bien que presuntamente le hizo su hermano Emilio Gómez Masis, no obstante en contrariedad con el artículo 1 de la ley de informaciones posesorias fue aprobada en sentencia.(imagen 213, expediente digital formato PDF) Aprobación sin demostración del ejercicio de la posesión ecológica. Adjunta prueba para mejor resolver: informe n° DIG-GGM-INF-040-2023 elaborado por el Instituto Geográfico Nacional. Dicho documento acredita que para el año 1992, el predio a titular, graficado en el plano 3-34498-2022, tenía aproximadamente un 93.12% de su área cubierta de bosque. Conforme lo consigna el estudio de uso de suelo del 26 de agosto del 2020, esa área boscosa fue reducida un 71,7%. en el inmueble. Que el ejercicio de posesión ecológica no fue acreditado, que al momento del reconocimiento judicial se observó: un galerón, una cabaña de madera y lata, “algunos montículos de monte quemado”, plantaciones de cebolla, ayote, vainica y que el resto de la finca es de “potrero que está dividido en apartos”;  todas actividades contrarias a los fines de conservación de las áreas silvestres protegidas. Lo que no se analizó y estima debió rechazarse el proceso.  Incorpora diversos votos de este Tribunal. (imagen 213 a 214).

 

IV- Estas diligencias se formulan con la finalidad de inscribir en el Registro Público de la Propiedad un inmueble en sito en Palo Verde,  distrito segundo San Isidro del Guardo, cantón ocho El Guarco, de la provincia de Cartago, con plano N tres - tres cuatro cuatro nueve ocho - dos mil veintidós. Cuya naturaleza Terreno parte de agricultura, parte de repastos y parte de bosque con dos viviendas y dos galerones, Cabida de Noventa y nueve mil quinientos metros cuadrados. Colinda al Noreste: Calle pública con un frente a ella de ciento once punto cincuenta y seis metros lineales; al Noroeste: Gerardo Alfonso y Ana Cecilia, ambos García Rivera, al Sureste: Leigo S.A. y calle pública con un frente a ella de ciento quince punto treinta y cinco metros lineales y al Suroeste: Quebrada Conventillos y Luis Enrique Gómez Segura. Las personas colindantes citadas se apersonaron al proceso mediante memorial rubricado por los mismos y autenticado por el  abogado José Francisco Masis Mata  (imagenes 18 a 20 modo pdf), el edicto de Ley se publicó en Boletín Judicial N. 181 del 21 de setiembre del 2021 (imagen 198 modo pdf). El promovente  no ha inscrito bienes al amparo de Ley de Informaciones Posesorias. Por otra parte respecto a la ubicación del terreno, la finca a titular, acorde con lo mencionado en el escrito inicial, así como el plano y visado del MINAE aportado (expediente  digital escrito inicial en imagen 1 a 4, plano en imagen 7, certificación SINAC imágenes 9-10 , estudio de suelos en imagen 51 a 58, todas en modo pdf y  reconocimiento judicial grabación de audio) es parte del área silvestre protegida ZONA PROTECTORA RÍO NAVARRO RÍO SOMBREO  creada en el año 1984. Así lo certifica el Sistema Nacional de Áreas de Conservación -Área de Conservación Amistad Pacífico Sub Unidad Territorial Cerro de la Muerte  (imagen 9 misma ubicación y modo anterior). El fundo se encuentra fuera de terrenos o propiedades administradas por el Instituto de Desarrollo Rural según certificación del ente  (imagen 88 igual ubicación precedente). Respecto al agravio del recurso sobre el cumplimiento de requisitos legales y visto el reclamo contra la pieza apelada en torno al sistema de valoración probatoria en materia agraria, ha de citarse que acorde con las reglas del ordinal  54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, se establece en el proceso agrario el sistema de la libre  valoración probatoria. Sistema que exige al tribunal estudiar y seleccionar las fuentes de prueba obtenidas, a fin de establecer su eficacia para resolver el conflicto sometido a su conocimiento, a través de la percepción, la representación o reconstrucción y el razonamiento deductivo o inductivo. El tribunal deberá exponer los principios de equidad o de derecho sobre los cuales funda su decisión. Al respecto, la Sala Constitucional ha resuelto: "... la apreciación de la  prueba en conciencia no implica resolver en forma arbitraria, por cuanto todo juez -como funcionario público que es- se encuentra sujeto al principio de legalidad, el cual constituye un imperativo de adecuación de la acción pública, no sólo de las normas específicas sobre un  objeto determinado, sino a todo el bloque de legalidad; por lo que no puede fallar con desprecio de los principios y derechos constitucionales, ya que está limitado por las reglas de la sana crítica y principios de razonabilidad, que debidamente aplicados conducen a la armonía de la  apreciación jurisdiccional con la Constitución Política, tal y como lo entendió esta Sala en sentencia 3484-94, de las doce horas del ocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro, en que determinó que las facultades de los jueces de apreciar la prueba en conciencia no resultan contrarias a la obligación del juez de fundamentar sus fallos, principio constitucional que integra el debido proceso... () no resulta inconstitucional el poder otorgado al juez agrario para apreciar en conciencia la prueba y valorarla sin sujeción estricta a las normas del derecho común según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 54 impugnado, siempre y cuando dicte un fallo fundamentado, es decir analice el resultado de la prueba recogida en el proceso y exprese los principios de equidad o de derecho en que basa su criterio, respetando de tal modo los contenidos mínimos del derecho de defensa" (voto 3657 del 7 de mayo de 2003. Ver  en igual sentido votos N° 398 del 6 de junio del 2001 de la Sala Primera. En igual sentido veáse  votos No. 206 del 26 de marzo de 1999, N°46 del 26 de abril de 1995; Nª66 del 6 de febrero de  2009 y 364 de 28 de mayo del 2009 del Tribunal Agrario) (la negrita no corresponde a su original). De cuya cita se extrae la posibilidad de acudir a libertad probatoria en aras de acreditar los hechos de una demanda, un proceso no contencioso como el presente y los hechos que se  describan en los escritos o el objeto del proceso; en cuenta el tema contractual. De igual forma, se impone a la persona juzgadora la obligación de emitir una valoración integral de la prueba que conste en el expediente. En el caso en estudio corresponde revocarse el fallo por haberse alejado la incongruencia y falta de fundamentación del sistema de valoración probatoria citado supra al tener por no demostrado el traspaso de compra privada de la mitad de la propiedad al  titulante de parte de su hermano Emilio Gómez Masis lo que lo hace carente de justo título y no puede hacer valer  la posesión presuntamente trasmitida.  Un criterio como el anterior equivale a resolver un tema contractual en apego a las reglas de prueba tasada propias del derecho común y ajeno al régimen de fondo y procesal del Derecho Agrario.

 

V.Sobre la demostración de los contratos agrarios. De previo a analizar la acreditación del contrato de venta por el que se adquiere la posesión y mejoras por el titulante Francisco Gómez Masis  del cincuenta por ciento de la finca  y la posibilidad de aprovechar la posesión de los anteriores transmitentes, cabe reseñar que en el Derecho Agrario la demostración de la materia contractual no se encuentra sujeta a la limitación de prueba tasada que rige para la demostración de convenciones del derecho civil en el artículo 752. Que de su literalidad exige como prueba de toda convención o acto jurídico con valor superior a los 250 colones, que conste en un  documento público o privado. Precisamente el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria derogada pero aplicable a este proceso (Transitorio I de Ley 9609) faculta a las personas juzgadoras de la sede especializada agraria proceder a realizar un análisis integral de los elementos probatorios en búsqueda de la verdad real, alejada de los superados formalismos del sistema de prueba legal tasada. Y esa regla impregna la aplicación de la Ley de Informaciones Posesorias respecto a la demostración de la posesión según se reseña lo transcrito en el considerando anterior emitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre la naturaleza y objeto del sistema de libre valoración probatoria del Derecho Agrario declarado constitucional. De tal forma, las convenciones y contratos dentro de esta materia se logran demostrar con la prueba de toda naturaleza que resulte útil y pertinente. De ahí que la lectura del artículo 1 de la Ley de Informaciones Posesorias, han de ajustarse a las reglas de valoración probatoria en esta sede especializada cuando exige para el aprovechamiento de la posesión de las personas transmitentes de la posesión un documento público de adquisición. Como ha se aplicado en la sede agraria, esos documentos que se han dado validez para la prueba de adquirirse la posesión y mejorar se han aceptado los de naturaleza privada o casos donde si bien no consten en prueba física si acredita de la valoración integral de las probanzas y esencialmente de la prueba testimonial. Pues el principio guía sería la búsqueda de la verdad real. Señala la sentencia recurrida que a pesar de haberse cumplido los requerimientos por el titulante, no aportó el título físico con el que adquirió el promovente el cincuenta por ciento de la propiedad, para poder aprovechar la posesión de los poseedores anteriores al mismo de 1974. Con esa conclusión no se encuentra conforme este Tribunal. Respecto a los contratos agrarios y su demostración ha resuelto la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en sentencia Nº 00153 – 1992 del 13 de Noviembre de 1992 a las 10:40: “ X.- Frente a la tesis de la sentencia recurrida consistente en la falta de prueba sobre la empresa agraria -derivada de una sociedad de hecho- en los términos planteados por el actor, el recurso insiste en una cierta realidad del esfuerzo, así como de las

inversiones del agricultor, para sostener la realidad de la empresa agraria, y la obligación de indemnizar, pero todas estas alegaciones a nada conducen pues éste no es un tema de argumentación; debe cumplir con el principio de la carga de la prueba (artículo 719 del Código Civil, derogado pero sustituido por el 317 del Código Procesal Civil) el cual corre a cargo de quien afirma. Esto es así porque en materia contractual agraria no ocurre lo mismo que en el Derecho Civil; en agrario si bien el contrato debería consignarse por escrito con todas las cláusulas que reflejen las características dadas por las partes a su acuerdo -y en caso de afectar a terceros, inscribirse en el Registro Público de la Propiedad-, por ser un contrato

realidad su existencia y particularidades pueden derivarse de lo ocurrido en los hechos, siendo, en todos los casos, a cargo de quien lo alegue su prueba. ..” Así las cosas, estima esta Cámara que en este caso, el traspaso del cincuenta por ciento de la finca a nombre del titulante es posible derivarlo y tenerlo por demostrado no solamente de un documento físico como es criterio de la sentencia

recurrida, que aplica el artículo 1 de la Ley de Informaciones Posesorias acorde con un criterio probatorio no propio del Derecho Agrario. Debido a que corresponde aplicar una valoración integral de los elementos probatorios, en cuenta la prueba testimonial de la posesión que exige el ordinal 6 de la Ley de Informaciones Posesorias. Las enajenaciones de inmuebles en entornos rurales donde resulta difícil acudir a las formalidades legales tradicionales o bien producirse extravíos de documentos físicos, pueden ser probadas mediante diversos elementos probatorios y su valoración integral sustentada, en cuenta los contratos que se hubieren suscrito en escritura pública o venta privada, siempre que no verse sobre donaciones; debido a la exigencia formal expresa del artículo 1397 del Código Civil que califica de nula aquella que no se hubiere hecho en escritura pública. En los demás supuestos de transmisión de dominio, rige el sistema de nudo consenso del artículo 480 y 1049 del Código Civil.

 

VI- El inmueble que se pretende titular mediante este proceso se localiza en Palmital de San Isidro de El Guarco, distrito segundo del cantón octavo de la provincia de Cartago, tiene una medida de noventa y nueve mil quinientos  metros cuadrados y se ubica dentro de la Zona Protectora Río Navarro y Río Sombrero, creada mediante Decreto Ejecutivo DE 15436- MAG del 5 de junio de 1984. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para poder titular ese inmueble es preciso acreditar la posesión decenal antes de la vigencia de dicho Decreto y haber protegido el recurso forestal. Para demostrar lo anterior, el promovente ofreció la declaración de tres testigos, tal y como lo exige el numeral 6 de la citada Ley, quienes declararon el 11 de agosto del 2023.  Los alegatos se dirigen a combatir la valoración probatoria vertida en la sentencia que aprobó el proceso interpuesto, respecto a la demostración de la posesión derivada por el titulante y demostración de la posesión ecológica sobre la finca. Cabe citarse que acorde con el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria en la sentencia han de valorarse las pruebas bajo el sistema de libre valoración que rige el proceso agrario, exponiendo las razones de hecho y derecho que fundamentan la decisión. Analizada la resolución recurrida estima esta Cámara no contiene una valoración equivocada ni contradictoria. Observa este Tribunal sobre la demostración de la antigüedad de la posesión sobre el terreno, se contó con la declaración testimonial que este Tribunal procederá a revisar.  En la prueba testimonial recabada en fecha 11 de Agosto del 2023 en el lugar a titularse,  se consignó lo indicado por los testigos ofrecidos. Respecto a las prueba testimonial, el testigo Luis Gustavo Bonilla Mora (minuto 13:12 archivo de en audio),  tener 67 años de conocer la finca desde hacia 62 - 63 años. Relató que el primer dueño que él conoció se llamaba Alejo González, que se dedicó a tener cultivos y ganado.  Afirmo "Francisco es un luchador, ha sembrado, tiene ganado. Bueno parte con tacotal, pero le da un mantenimiento muy bueno" Mencionó, Francisco  adquiere  en el 94. Que el ha visto cultivos de cebolla y papa, la leche que saca del ganado que ha tenido hace queso.  Indica que en la finca no hay una quebrada al fondo, por el puro lindero. Cita los nombres de los colindantes.  Anota los usos de la finca ha sido la misma siempre. Que los vecinos solo conocen a don Francisco como dueño, que nunca la ha abandonado. Que la mantiene chapeada y limpia todo el tiempo, que la maneja muy bien atendida, que la siembra. El promovente ha ejercido posesión quieta, publica,  pacífica y continua, en condición de dueño. Con esta declaración se acredita una posesión de personas desde el año 1973 en condición de dueños, dado el año en que se rinde el testimonio, que el estado del fundo se mantenía en iguales condiciones que las actuales. Además respecto a la cadena posesoria lo fueron Alejo y Gerardo González, que le transmite al promovente. El testigo Walter Rolando Hidalgo Sáenz (minutos 22:00 audio), señala ser vecino del lugar, conoce el fundo desde 1973, cuando era de Alejo que se lo vendió a Francisco. El señala que antes de Alejo que se lo vendió a Francisco fue del papá de nombre Alejo Soto. Que la finca se dedicaba a la agricultura. Que Francisco la adquiere en el año 1994 por compraventa.  Don Francisco la dedica a la agricultura, tiene bosque, potrero, tacotal,  un ranchito y una galera. El terreno mide 9 hectareas, y que tiene cercas de alambre. Que don Francisco va a la propiedad todos los días, que la propiedad nunca ha estado abandonada, que la dedica a la agricultura y repastos.  Su posesión ha sido en forma quieta, pública, pacífica interrumpida. En el testimonio rendido se declara sobre una posesión desde el año 1973 en condición de dueños, considerando se evacúa la prueba en el año 2023, con una actividad igual a lo largo de los años hasta la actualidad, refiriendo cultivos y repastos.  Sobre la cadena posesoria refiere a tanto a don Alejo hijo como padre. Por lo que resulta coincidente con el testimonio de Luis Gustavo Bonilla. El testigo Asdrual Eduardo Peraza Brenes  (minutos 30:03 audio resguardado) al preguntársele por el juzgador indicara hacía cuanto tiempo conocía la finca citó en forma expresa "desde 1973, poseían la posesión dos hermanos Alejo y Gerardo, desde de mil novecientos setenta y tres, ellos tenían posesión, ellos le vendieron al señor Francisco Masis en mil novecientos noventa y cuatro". En forma posterior,  indica que los anteriores poseedores tenían ganado y caña y que en la actualidad don Francisco tiene agricultura papa, vainica, ayote y ganado en lo de interés, que la finca esta dividida en siete hectáreas de potrero, dos hectáreas de tacotal y una hectárea de agricultura, que la propiedad mide 9 hectáreas con quinientos metros cuadrados, porque se redujo en quinientos metros por las cercas. Describe los colindantes. Que don Francisco es el dueño de la propiedad y que el viene todos los  días a la propiedad y los hijos a veces. Los actos posesorios lo a ejercido de manera pública.  Para esta Instancia en el testimonio rendido se declara sobre una posesión desde el año 1973 en condición de dueños  por la cadena posesoria de Alejo padre a los hijos los señores Alejo y Gerardo, y posteriormente al titulante. Actividad de agricultura y agropecuaria en el pasado y actualmente sumado al mantenimiento de la finca en las condiciones encontradas. Señalando que en la zona de quebrada no se ha intervenido de manera alguna. De la relación de las tres declaraciones se concluye una congruencia de la prueba testimonial en cuanto a la demostración de la cadena posesoria citada, desde 1973 por cada testigo. Por otra parte no se acreditó ningún cambio de uso de suelo desde el año 1973 a la actualidad. En criterio de esta Cámara la acreditación de la cadena posesoria y la antigüedad necesaria, dada la afectación con la creación de la zona protectora en cuestión de 1984 se ha cumplido. De forma tal, la posesión debe ser demostrada al menos desde 1974 y lo relatado por los declarantes acreditan la posesión decenal anterior a la creación de la Zona Protectora Río Sombrero -Río Navarro mediante tres testigos. Los argumentos de las faltas de precisión de la cantidad de años que relatan los testigos no resultan de recibo, pues desde el sistema de libre valoración probatoria y la integración de las probanzas, la fundamental es la acreditación del ejercicio de la posesión desde vieja data, sin que se encuentren contradicciones entre los testigos. Que declaran sobre hechos ocurridos desde hace más de cincuenta años, donde no es posible exigir una mención de fechas exactas por cada uno, sino la demostración en el espacio temporal aproximado del ejercicio de la posesión.  No encuentra este Tribunal de las pruebas testimoniales se encuentren períodos en donde no logra deducirse que la finca ha estado sometida a posesión de particulares desde al menos 1973. De la escucha de los testimonios se denotan clara, creíbles y emitidos de forma segura.  Mismas que deben se contrastadas con la escritura de adquisición de la posesión y mejoras, donde Roy Gerardo y Alejo ambos de apellidos Gónzalez Soto  le vende la posesión a Francisco y Emilio Gómez Masis  en fecha 20 de diciembre de 1994 (imagen 5 expediente digital modo pdf) y posteriormente en escrito inicial con carácter de declaración jurada el indica que su hermano le vendió su parte, para el quedarse con la totalidad de la finca. Sobre el ejercicio de la posesión acreditada se mencionó en el escrito inicial y aclaración que Francisco Gomez Masis  solicita la titulación de la finca, que el 20 de diciembre del 1994 le transmiten Roy Gerardo y Alejo ambos de apellidos Gónzalez la posesión que ejerció desde 1994, destinado a actos de cuido de cultivar la finca con plantaciones de maíz, frijoles, vainica y papa, mantenerla cercada.  Ubicado en la Zona Protectora Río Navarro Río Sombrero   (imagen 1 a 6 modo pdf escritorio digital). Se presenta el proceso en noviembre del 2016 ante estrados judiciales.  Elementos que acreditan el título traslativo de la posesión que adquiere la titulante y con la prueba testimonial se prueba la posesión ejercida (artículo 6 de la Ley de Información Posesoria). Se rechaza el agravio de la falta de demostración de la posesión derivada.

VII- Sobre el agravio respecto a la ausencia de la posesión ecológica de la finca afectada por la zona protectora en la que se encuentra inmersa, se rechaza. Cabe mencionarse por esta Instancia respecto a las áreas silvestres protegidas, que independientemente de su categoría de manejo, deben ser entendidas como zonas con un régimen de administración y normativa particular y específica, supeditadas a planes de manejo que aseguran su protección, conservación y uso racional de los recursos naturales. Recae en el MINAE su administración, manejo y tutela, salvo Ley especial que indique otra situación. El artículo 58 de la Ley de Biodiversidad las define como zonas geográficas delimitadas, que se forman de terrenos, humedales y porciones de mar, declaradas como tales por representar una significancia especial, un interés de tutela y conservación del ambiente y sus ecosistemas, así como históricos y culturales. Esta norma hace una remisión expresa a la Ley Orgánica del Ambiente sobre la regulación de los requisitos y mecanismos para el establecimiento o reducción de estas áreas. La administración por Ley recae en forma exclusiva sobre el Ministerio de Ambiente y Energía, salvo los Monumentos Naturales. Por su parte, la Ley Forestal prevé que cuando se declare un área silvestre protegida de propiedad estatal, ésta debe pasar en forma inmediata a formar parte del Patrimonio Natural del Estado, regulado por el artículo 13 de la citada norma, que expresamente señala que su administración corresponde al MINAE. Ese conjunto normativo debe interpretarse con lo prescrito en el artículo 58 in fine de la Ley de Biodiversidad, que reconoce los derechos adquiridos por poblaciones indígenas, campesinas, personas físicas o jurídicas, sobre los terrenos que sean declarados áreas silvestres protegidas y sus categorías de manejo. Ello se complementa con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias cuando indica: "Cuando el inmueble al que se refiera la información posesoria esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre." En el caso concreto en estudio se reclama en el recurso que no se demostró una posesión ecológica,  pues existen un galerón, una cabaña de madera y lata, plantaciones de cebolla, ayote, vainica y el resto de la finca para apartos, que el hecho 5 tuvo por probado que "el terreno a titular es de naturaleza parte de agricultura, parte de repastos y parte de bosque con dos viviendas y dos galerones", que todas las actividades contrarias a la conservación de los terrenos que están comprendidos dentro de áreas silvestres protegidas. Cabe analizarse en esta instancia la prueba pertinente a este aspecto. En el reconocimiento judicial del 11 de agosto del 2023, se describió que existe hay una pequeña cabaña, y un galerón, área de cultivos, potrero, con las cercas nuevas en poste muerto, que el terreno es quebrado, que casi ni tiene zonas planas, el área de la quebrada protegida.  Se indicó que entre  la finca y el camino por la altura de la finca hay aproximadamente 4 metros.  Hay un área de difícil acceso, por ser muy empinado y de difícil transito. Hay árboles propios de la zona y cultivo de árboles de aguacate y dividida en apartos. Se mencionó que al fondo se ubica la Quebrada Conventillos, que se manifestó encontrarse en estado natural, con vegetación y sin intervención humana.  De este reconocimiento judicial se logra constatar que la finca tiene un área en un sector destinado a la permanencia de una cabaña y galerón para herramientas. Además áreas de cultivo, apartos  y en su mayoría conservación de vegetación montañosa propia del ecosistema autóctono. Aunado a la protección de las márgenes de la quebrada y que no existen vestigios de tala o actividades extractivas de madera u otro elemento. Esto debe ser contrastado con el Estudio de Suelos que corresponde a un informe técnico científico respecto al uso de los recursos naturales, en específico el recurso suelo. Al respecto (imagen 51 a 58 modo pdf) describe que la finca mide 10 hectáreas. En las observaciones se indica un uso dividido en 3 distintos de la tierra, sector a, cultivos anuales como papa, dos edificaciones habitables de madera, cemento y zinc así como dos galerones de      zinc y madera para el cuido de animales,  sector b, pasturas naturales apartos ganaderos, arboles dispersos, bebederos y saleros,  sector c, Cobertura boscosa con alturas promedio de 25 metros, que es área de protección a quebrada. Terreno con gran belleza escénica con múltiples usos agrícolas, con caminos de lastres con desagües de corte agua, cercas vivas con alambre de púas.  Terreno afectado por la ley forestal 7575 por cumplir con los retiros respectivos. Certificando el uso conforme de suelos en un 100%. En la sección de recomendaciones, en lo de interés describe una serie de aspectos técnicos propio de la ciencia de los suelos que son recomendables para el suelo en específico encontrado en el terreno,  se recomienda rotular la finca con anuncios de la prohibición de extracción de plantas y animales. Rotación de los cultivos con especies distintas como el maíz. Someter el área de cobertura boscosa a pagos de servicios ambientales ante la Fonafifo.  Para esta instancia, este documento técnico evidencia que la propiedad se ha destinado al mantenimiento de la vegetación natural de la zona dada la altitud y la topografía del terreno, hay tiempo de una explotación racional mediante los cultivos de papa, ayote, vainica, cebolla. Además del mantenimiento de la cabaña y el galerón, el mantenimiento de la cercas y la división en apartos.  El estudio consigna que sea respetado la Ley Forestal dada la vegetación presente y se recomienda los servicios ambientales ante Fonafifo.  Que exista la cabaña, apartos y diversos cultivos no es razón valida para afirmar que son actividades contrarias a fines de conservación. Cabe señalar que  no existe ningún vestigio de eliminación de bosques o vegetación de montaña. Los elementos probatorios citados han de contrastarse con las declaraciones de los testigos ya citados supra que refirieron a la ausencia de cambio de uso de suelo o intervención humana. Contrario a lo alegado por el Ente Procurador, se considera que las personas que han ostentado la posesión de la finca objeto del proceso, más bien se ha destinado a la conservación de vegetación montañosa, conservación de los suelos y del recurso hídrico con las que colinda. Se aporta por el representante estatal prueba de “ ESTUDIO FOTOINTERPRETATIVO: COBERTURA FORESTAL EN PLANO 3-34498-2022. SAN ISIDRO, EL GUARCO, CARTAGO. AÑOS 1974 y 1992” (imagen 216 a 221 modo pdf expediente digital) en el cual   se solicitó al informante por parte de la Procuraduría General de la República: “ mucho le agradeceré indicarnos, con vista en la información que al efecto lleva ese Instituto (mapas de cobertura forestal, fotografías aéreas, imágenes satelitales, etc.) si el terreno graficado en el plano N° 3-34498-2022, tuvo cubertura forestal (bosque) únicamente de los años 1974 y 1992 ”. En el documento se consignó: “ Año 1974 Figura 2. En el año 1974 el inmueble 3-2307921-2021 disponía de cobertura forestal (bosque) cubriendo aproximadamente el 59.19% de su área. Específicamente dos sectores al norte y sector suroeste del inmueble disponían de bosque, el porcentaje restante estuvo cubierto por pastos… Año 1992 Figura 3. El inmueble 3-2307921-2021 para el año 1992 incrementó su cobertura forestal (bosque) con respecto a lo identificado para el año 1974. Aproximadamente el 71.01% del área del inmueble contaba con bosque, el porcentaje restante correspondía a pastos.” (las negritas no corresponden a su original). Cabe reseñar que los testigos indicaron no observar intervención humana ni mencionaron acciones extractivas de madera a la actualidad. De forma tal, se concluye que si se ha ejercido una posesión en resguardo de los recursos naturales, en reconocimiento judicial y estudio de uso de suelos se pudo determinar su cobertura forestal y la protección del área de protección de la quebrada con la que colinda al rumbo noreste. De la integración de las pruebas citadas y según lo consignado en el reconocimiento judicial existen zonas de vegetación boscosa actuales. Para esta instancia, el que se indique que "la naturaleza del terreno es parte de agricultura, parte de respastos y parte de bosque con dos viviendas y dos galerones, ambas edificaciones en madera y zinc" , no conlleva a entender que media lesión a los recursos naturales, dado lo consignado en ese mismo informe técnico y todas las probanzas ya citadas y analizadas, que constituyen la evidencia técnica la propiedad se ha destinado al mantenimiento de la vegetación natural propia de la zona y la topografía del terreno a lo largo de las décadas en que ha estado en posesión la finca por particulares. Todas estas probanzas acreditan el cumplimiento de las exigencias legales a fin de acreditar la posesión idónea en condición de dueño del terreno objeto de este proceso. No encontrando obstáculo alguno que impida a este Tribunal considerar que procede aprobar el proceso planteado.   La categoría de manejo de Zona Protectora se incorporó como tal en el inciso b) del artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente. Dicha normativa omitió definir el concepto de cada una de las categorías clasificadas que reguló dicho numeral y la actual Ley Forestal número 7575 tampoco cuenta con una definición legal. Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Energía las ha definido como: "terrenos, en su mayoría, de aptitud forestal, apropiados para la producción de madera, en los cuales se ejecutan acciones de manejo con criterios de sostenibilidad.” (Cuadro sobre categoría de Manejo, definidas por MINAE-SINAC, 2000). Como antecedente normativo, la Ley Forestal número 4465 del 25 de noviembre de 1969 derogada, definió a la zona protectora en el artículo 83 como: “…aquellas áreas de bosques o terrenos forestales que, establecidas por disposiciones de la ley o por decreto del Poder Ejecutivo, sean destinadas a proteger los suelos, mantener y regular el régimen hidrológico, o actúen como agentes reguladores del clima o medio ambiente.”. Posteriormente, la Ley Forestal 7174 la definió en los mismos términos indicados, mientras que, como fue señalado, la Ley Forestal vigente número 7575 del 13 de febrero de 1996, no hace referencia ni a esta categoría de manejo, ni a ninguna otra. Por su parte, la Procuraduría General de la República, indicó sobre el objetivo o propósito asignado a esta categoría de manejo: "Ahora bien, la Ley Forestal número 4465, antes y después de su reforma integral, asignaban a las zonas protectoras un claro propósito ambiental, pues la mismas se constituían con el objetivo de proteger recursos naturales vitales como el suelo y el agua mediante la conservación y protección de los recursos forestales. La legislación ambiental actualmente vigente asigna este mismo objetivo a las zonas protectoras, como categoría de manejo de las áreas silvestres protegidas, aunque no defina el término.”(Dictamen C-323-2004). En igual sentido, por dictamen C-16-2002 se definió: “El término de “Zona Protectora” ha sido usado en nuestro ordenamiento jurídico como una categoría de manejo de áreas silvestres protegidas cuyo fin primordial ha estado asociado con la protección del recurso suelo y del régimen hidrológico (nacientes, zonas de protección, cuencas hidrográficas, etc.)”. Estima esta sede, del estudio de las declaraciones testimoniales, las referencias normativas y técnicas de los estudios de suelo y el reconocimiento judicial, además de la prueba denominada: ESTUDIO FOTOINTERPRETATIVO: COBERTURA FORESTAL EN PLANO 3-34498-2022. SAN ISIDRO, EL GUARCO, CARTAGO. AÑOS 1974 y 1992 al demostrarse que en el terreno existe bosque, con especies forestales propias de la zona y que se encuentra la parcela en un proceso de existencia de zonas protegidas que constituyen una regeneración forestal, las exigencias ambientales para titular han sido acatadas, sin que sea acogida la argumentación de la apelación en proceder al rechazo del proceso. Con la conducta y posesión desplegada del titulante y los anteriores poseedores se muestra el desarrollo del dominio apegado a la conservación de los recursos naturales, en cuenta el recurso suelo. En el Derecho Ambiental priva el principio de desarrollo sostenible y el criterio técnico científico y así debe ser interpretado por los operadores del derecho, siendo el dictamen del estudio de suelos y lo acreditado en el estudio foto interpretativo criterios científicos respecto a la protección del recurso suelo y la vegetación existente. No consta en autos prevención alguna de ninguna autoridad fiscalizadora ambiental competente, que le haya indicado al titulante sobre algún acto o conducta activa u omisiva respecto a incumplimientos de la legislación ambiental a lo largo de las décadas de posesión por la persona promovente o los anteriores poseedores. Se demostró, según lo observó el certificador de uso de suelos y la persona juzgadora existe un uso conforme de suelo y presencia de vegetación de boscosa. Sin que conste en autos prueba alguna de que el promovente o los anteriores poseedores hubieran sido prevenidos, sancionados o culpados de haber transgredido la normativa nacional tutelar del ambiente, de donde se pudiera inferir han transgredido su obligación de ejercer una posesión en respeto de los recursos naturales al ejercer posesión de un inmueble con limitaciones de orden ambiental, dada la naturaleza de esa finca. Tampoco se acredita un cambio de uso de suelo en la finca a titular en perjuicio del ambiente, desde antes de la creación de la categoría de manejo de Zona Protectora en cuestión hasta la actualidad, o al menos no consta ninguna prueba al respecto. Por lo que sus reclamos no son atendibles. Nótese, que cada categoría de manejo tiene sus propios fines técnico-científicos, sin que pueda entenderse que la existencia de alguna de ella excluye en forma absoluta actividades humanas de producción o recreo. Lo que se define en los respectivos planes de ordenamiento territorial de cada una. En este caso el agravio en estudio esta ayuno de fundamentación probatoria debida, en cuanto al motivo por el cual estima la apelante las actividades existentes o que existieran en el pasado, lesionan los fines de esa zona. No debe olvidarse que según el artículo 82 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre y sobre su uso y aprovechamiento en voto N. 144-96 de las 16:51 horas del 9 de enero de 1996. resolvió la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: " En el caso de establecerse reservas forestales, zonas protectoras y refugios nacionales de vida silvestre, se da la opción de que el propietario conserve su tierra, ya que, siguiendo el plan de manejo puede continuar aprovechándola en términos económicos, es decir, las limitaciones impuestas no son de tal magnitud que le impidan explotar su propiedad, por lo que no hacen nugatorio su derecho." En este caso, la parte promovente ha demostrado un uso del fundo en respeto del uso del suelo, los testigos no acreditaron actividades de extracción de madera o que lesionen recurso suelo o hídrico alguno.  Se rechaza el agravio.

 VIII- Por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 1, 2 y 52 de la Ley de Jurisdicción Agraria, ordinales 6, 7 y 1 de la Ley de Informaciones Posesorias, se admite la prueba para mejor resolver ESTUDIO FOTOINTERPRETATIVO: COBERTURA FORESTAL EN PLANO 3-34498-2022.. SAN ISIDRO, EL GUARCO, CARTAGO. AÑOS 1974 y 1992. En lo apelado se confirma la sentencia recurrida.

POR TANTO

 Se admite la prueba para mejor resolver ESTUDIO FOTOINTERPRETATIVO: COBERTURA FORESTAL EN PLANO 3-34498-2022. SAN ISIDRO, EL GUARCO, CARTAGO. AÑOS 1974 y 1992.  En lo apelado, se confirma la sentencia N° 2024000006 de las dieciséis horas veintitrés minutos del doce de enero de dos mil veinticuatro.

 

 

 

	


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SUGEILY CELENIA HERNANDEZ AZOFEIFA - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 16-000144-0699-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 07:59:03.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**FILE:**

16-000144-0699-AG - 6

**PROCESS:**

NON-CONTENTIOUS JUDICIAL ACTIVITY

**PROMOTED BY:**

FRANCISCO GOMEZ MASIS

**VOTE No. N° 2025000554**

**AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.-** At nine hours fifty minutes on the nineteenth of June of two thousand twenty-five.-

**NON-CONTENTIOUS POSSESSORY INFORMATION PROCEEDING** promoted by FRANCISCO GÓMEZ MASÍS, of legal age, married once, farmer, identity card number three - one hundred ninety-one - two hundred seventeen, resident of Cartago. Appearing in the process are the OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC (PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA), represented by Yamileth Monestel Vargas, of legal age, single, resident of San Ramón de Alajuela, identity card number two - five hundred forty-five - six hundred one, in her capacity as assistant attorney general; and the INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT (INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL), legal ID number four - zero zero zero - zero four two one four three - eleven, represented by Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, of legal age, married, attorney, resident of Alajuela, identity card number one - five hundred ninety-eight - one hundred one, in her capacity as unrestricted general proxy. Attorney José Francisco Masís Mata, license number eleven thousand three hundred sixty-eight, acts as directing counsel for the promoter. Processed before the Agrarian Court of Cartago.-

Drafted by Judge Hernández Azofeifa; and,

**WHEREAS:**

**I.- DETAIL OF PROCEEDINGS:** I.- The promoter FRANCISCO GÓMEZ MASÍS filed these possessory information proceedings so that, through this means, the property described as follows may be registered with the Public Property Registry: "Terrain partly agriculture, partly pasture and partly forest with two dwellings and two large sheds, located in Palo Verde, San Isidro de El Guarco, Second District of the Eighth Canton of the Province of Cartago. It borders to the Northeast: Public road with a frontage thereto of one hundred eleven point fifty-six linear meters; to the Northwest: Gerardo Alfonso and Ana Cecilia, both surnamed García Rivera, to the Southeast: Leigo S.A. and public road with a frontage thereto of one hundred fifteen point thirty-five linear meters and to the Southwest: Quebrada Conventillos and Luis Enrique Gómez Segura. It measures: Ninety-nine thousand five hundred square meters, with a map registered in the National Cadastre under number three-three four four nine eight-two thousand twenty-two (3-34498-2022)," (See downloaded file in pdf format, images 2 to 8). II.- The Office of the Attorney General of the Republic appeared in the process under the terms set forth in the downloaded file in pdf format, images 95 to 97; in turn, the Institute of Rural Development did so at image 87. III.- Judge José Francisco Chacón Acuña, of the Agrarian Court of Cartago, through judgment number 2024000006 at sixteen hours twenty-three minutes on the twelfth of January of two thousand twenty-four, resolved: "THEREFORE: These possessory information proceedings are APPROVED. The Property Registry shall proceed to register for the first time and in the name of FRANCISCO GÓMEZ MASIS, identity card three-one hundred ninety-one-two hundred seventeen, the unregistered property described as follows: Terrain partly agriculture, partly pasture and partly forest with two dwellings and two large sheds, located in Palo Verde, San Isidro de El Guarco, Second District of the Eighth Canton of the Province of Cartago. It borders to the Northeast: Public road with a frontage thereto of one hundred eleven point fifty-six linear meters; to the Northwest: Gerardo Alfonso and Ana Cecilia, both surnamed García Rivera, to the Southeast: Leigo S.A. and public road with a frontage thereto of one hundred fifteen point thirty-five linear meters and to the Southwest: Quebrada Conventillos and Luis Enrique Gómez Segura. It measures: Ninety-nine thousand five hundred square meters, with a map registered in the National Cadastre under number three-three four four nine eight-two thousand twenty-two (3-34498-2022). The property to be titled is affected by the applicable legal reservations according to the terms of Article 19 of the Ley de Informaciones Posesorias and its amendments regarding: a) The frontage to public roads and/or neighborhood roads, regarding a width of twenty meters for the former and fourteen meters for the latter, in accordance with the provisions of Article 4 of the Ley General de Caminos Públicos number 5060 of August 22, 1972 and its amendments; and b) The provisions of Articles 33 and 34 of the current Ley Forestal regarding the protection areas of both the Quebrada Conventillos and the two unnamed streams. The foregoing so that it is respected both by the titleholder and by third parties (principle of registry publicity)," (See downloaded file in pdf format, images 203 to 208).- IV.- The Assistant Attorney General; Attorney Yamileth Monestel Vargas, filed an appeal with express indication of the reasons for which she refutes the thesis of the lower Court, (See downloaded file in pdf format, images 210 to 215).- V.- In the substantiation of the process .. the legal prescriptions have been observed, and ... the existence of errors or omissions in the ruling capable of causing its nullity is not noted.-

**CONSIDERING:**

**I- EVIDENCE FOR BETTER ADJUDICATION.** Based on Article 52 of the Ley de Jurisdicción Agraria, the evidence for better adjudication provided by the Office of the Attorney General of the Republic consisting of the PHOTOINTERPRETATION STUDY: IDENTIFICATION OF FOREST COVER (COBERTURA FORESTAL) IN MAP 3-34498-2022. SAN ISIDRO, EL GUARCO, CARTAGO. YEARS 1974 and 1992 from image 216 to 221 is admitted, as it is useful and pertinent to the resolution of the filed appeal.

**II-** The facts taken as proven are shared, being consistent with the evidence provided to the process. Of such nature, the following is added in this instance: 8) That the titleholder, summing the possession of his transferors Roy Gerardo and Alejo, both surnamed González Soto, has been in possession since 1973 guarding the forest resource of the property to be titled in a public, peaceful, continuous manner and in the capacity of owners for more than ten years prior to the Zona Protectora del Río Navarro y el Río Sombrero, protecting the forest resource. (Statement of Luis Bonilla Mora, Walter Hidalgo Saénz and Asdrúal Pereza Brenes digital file pdf format audio of hearing).

**III.- Appeal.** The Office of the Attorney General of the Republic appeals the approval judgment n°2024000006 at 16:23 hours on January 12, 2024, setting forth the following grievances, cited below: Lack of proof of derivative possession prior to the public domain encumbrance. It qualifies the judgment as contradictory, by recognizing that the possession necessary to acquire by adverse possession (usucapir) a property located entirely within the Zona Protectora Río Sombrero-Río Navarro must have been exercised at least since 1974. It reproaches that the appealed resolution deemed the titleholder's cause of acquisition as accredited in contradiction with the testimonial evidence. The chain of possession was also not demonstrated. Based on jurisprudence of the Agrarian Tribunal, it indicates there must be congruence between the testimonial evidence and the documents provided to the file, which in this case did not occur (image 210 to 212 digital file pdf format). Incongruence for resolving by omitting the allegation of lack of just title. The titleholder lacks just title because he does not prove how he acquired half of the property that his brother Emilio Gómez Masis presumably transferred to him, yet in contradiction with Article 1 of the ley de informaciones posesorias it was approved in the judgment. (image 213, digital file PDF format) Approval without demonstration of the exercise of ecological possession. It attaches evidence for better adjudication: report n° DIG-GGM-INF-040-2023 prepared by the National Geographic Institute (IGN). Said document proves that for the year 1992, the property to be titled, plotted on map 3-34498-2022, had approximately 93.12% of its area covered in forest. As recorded in the land-use study (estudio de uso de suelo) of August 26, 2020, that forested area was reduced by 71.7% on the property. That the exercise of ecological possession was not proven, that at the time of the judicial inspection the following was observed: a large shed, a wooden and tin cabin, "some mounds of burned scrubland", plantations of onion, pumpkin, green beans and that the rest of the farm is "pastureland that is divided into paddocks"; all activities contrary to the conservation purposes of protected wild areas. Which was not analyzed and it is estimated the process should have been rejected. It incorporates various votes from this Tribunal. (image 213 to 214).

**IV-** These proceedings are formulated with the purpose of registering in the Public Property Registry a property located in Palo Verde, second district San Isidro del Guardo, canton eight El Guarco, of the province of Cartago, with map N three - three four four nine eight - two thousand twenty-two. Whose nature is Terrain partly agriculture, partly pasture and partly forest with two dwellings and two large sheds, Area of Ninety-nine thousand five hundred square meters. It borders to the Northeast: Public road with a frontage thereto of one hundred eleven point fifty-six linear meters; to the Northwest: Gerardo Alfonso and Ana Cecilia, both surnamed García Rivera, to the Southeast: Leigo S.A. and public road with a frontage thereto of one hundred fifteen point thirty-five linear meters and to the Southwest: Quebrada Conventillos and Luis Enrique Gómez Segura. The bordering persons cited appeared in the process by means of a brief signed by them and authenticated by attorney José Francisco Masis Mata (images 18 to 20 pdf format), the legal edict was published in Judicial Bulletin N. 181 of September 21, 2021 (image 198 pdf format). The promoter has not registered properties under the protection of the Ley de Informaciones Posesorias. On the other hand, regarding the location of the land, the property to be titled, in accordance with what was mentioned in the initial brief, as well as the map and MINAE approval (visado) provided (digital file initial brief in image 1 to 4, map in image 7, SINAC certification images 9-10, soil study in image 51 to 58, all in pdf format and judicial inspection audio recording) is part of the protected wild area ZONA PROTECTORA RÍO NAVARRO RÍO SOMBREO created in 1984. This is certified by the National System of Conservation Areas - Amistad Pacífico Conservation Area Cerro de la Muerte Territorial Sub Unit (image 9 same location and previous format). The property is located outside of lands or properties administered by the Institute of Rural Development according to the entity's certification (image 88 same previous location). Regarding the appeal grievance on the fulfillment of legal requirements and having seen the claim against the appealed ruling regarding the evidentiary assessment system in agrarian matters, it must be cited that in accordance with the rules of Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria, the system of free evidentiary assessment is established in the agrarian process. A system that requires the tribunal to study and select the sources of evidence obtained, in order to establish their efficacy to resolve the conflict submitted to its knowledge, through perception, representation or reconstruction, and deductive or inductive reasoning. The tribunal must set forth the principles of equity or law upon which it bases its decision. In this regard, the Constitutional Chamber has resolved: "... the assessment of evidence in conscience does not imply resolving in an arbitrary manner, since every judge -as a public official- is subject to the principle of legality, which constitutes an imperative of adaptation of public action, not only to the specific norms on a determined object, but to the entire block of legality; therefore, they cannot rule with disregard for constitutional principles and rights, since they are limited by the rules of sound criticism and principles of reasonableness, which, properly applied, lead to the harmony of jurisdictional assessment with the Political Constitution, as understood by this Chamber in judgment 3484-94, at twelve hours on July eight, nineteen ninety-four, in which it determined that the powers of judges to assess evidence in conscience are not contrary to the judge's obligation to substantiate their rulings, a constitutional principle that integrates due process... () the power granted to the agrarian judge to assess evidence in conscience and value it without strict subjection to the norms of common law, as provided in the second paragraph of challenged Article 54, is not unconstitutional, as long as they issue a substantiated ruling, that is, analyze the result of the evidence gathered in the process and express the principles of equity or law on which they base their criterion, thereby respecting the minimum contents of the right of defense" (vote 3657 of May 7, 2003. See in the same sense votes N° 398 of June 6, 2001 of the First Chamber. In the same sense see votes No. 206 of March 26, 1999, N°46 of April 26, 1995; Nª66 of February 6, 2009 and 364 of May 28, 2009 of the Agrarian Tribunal) (the bold does not correspond to its original). From which citation the possibility of resorting to evidentiary freedom is extracted in order to prove the facts of a claim, a non-contentious process such as the present one, and the facts described in the briefs or the object of the process; taking into account the contractual matter. Likewise, the obligation is imposed on the judging person to issue an integral assessment of the evidence appearing in the file. In the case under study, the judgment must be revoked for having deviated from congruence and lacking substantiation of the evidentiary assessment system cited supra by considering the private purchase transfer of half the property to the titleholder from his brother Emilio Gómez Masis as not proven, which makes him lack just title and cannot assert the possession presumably transmitted. A criterion like the foregoing is equivalent to resolving a contractual matter in adherence to the rules of fixed evidence typical of common law and alien to the substantive and procedural regime of Agrarian Law.

**V. On the demonstration of agrarian contracts.** Before analyzing the accreditation of the sale contract through which possession and improvements are acquired by the titleholder Francisco Gómez Masis of fifty percent of the property and the possibility of taking advantage of the possession of the previous transferors, it should be noted that in Agrarian Law the demonstration of contractual matters is not subject to the limitation of fixed evidence that governs for the demonstration of civil law agreements in Article 752. Which by its literal wording requires as proof of any agreement or legal act with a value exceeding 250 colones, that it be recorded in a public or private document. Precisely Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria repealed but applicable to this process (First Transitory Provision of Law 9609) empowers the judging persons of the specialized agrarian venue to proceed to carry out an integral analysis of the evidentiary elements in search of the real truth, removed from the surpassed formalisms of the fixed legal evidence system. And that rule permeates the application of the Ley de Informaciones Posesorias regarding the demonstration of possession as noted in the preceding considering paragraph issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice on the nature and object of the system of free evidentiary assessment of Agrarian Law declared constitutional. Thus, the agreements and contracts within this matter can be demonstrated with evidence of any nature that is useful and pertinent. Hence, the reading of Article 1 of the Ley de Informaciones Posesorias must be adjusted to the rules of evidentiary assessment in this specialized venue when it requires a public acquisition document for the use of the possession of the persons transmitting possession. As has been applied in the agrarian venue, those documents that have been given validity to prove the acquisition of possession and improvements have been accepted, including those of a private nature or cases where, although they do not appear in physical evidence, it is proven from the integral assessment of the evidence and essentially from the testimonial evidence. For the guiding principle would be the search for the real truth. The appealed judgment indicates that despite the titleholder having fulfilled the requirements, he did not provide the physical title with which the promoter acquired fifty percent of the property, in order to be able to take advantage of the possession of the previous possessors from 1974. This Tribunal does not concur with that conclusion. Regarding agrarian contracts and their demonstration, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has resolved in judgment Nº 00153 – 1992 of November 13, 1992 at 10:40: " X.- Faced with the thesis of the appealed judgment consisting of the lack of proof of the agrarian enterprise -derived from a de facto partnership- in the terms raised by the plaintiff, the appeal insists on a certain reality of the effort, as well as of the farmer's investments, to sustain the reality of the agrarian enterprise, and the obligation to compensate, but all these allegations lead nowhere because this is not a matter of argumentation; it must comply with the principle of the burden of proof (article 719 of the Civil Code, repealed but substituted by 317 of the Code of Civil Procedure) which runs to the account of the one who affirms. This is so because in agrarian contractual matters the same does not occur as in Civil Law; in agrarian law, although the contract should be set down in writing with all the clauses reflecting the characteristics given by the parties to their agreement -and in case of affecting third parties, registered in the Public Property Registry-, being a reality- contract (contrato realidad), its existence and particularities can be derived from what occurred in the facts, being, in all cases, the proof thereof at the charge of the one who alleges it. ..” Thus, this Chamber considers that in this case, the transfer of fifty percent of the property in the name of the titleholder can be derived and taken as proven not only from a physical document, as is the criterion of the appealed judgment, which applies Article 1 of the Ley de Informaciones Posesorias in accordance with an evidentiary criterion not typical of Agrarian Law. Because it is necessary to apply an integral assessment of the evidentiary elements, taking into account the testimonial evidence of possession required by Article 6 of the Ley de Informaciones Posesorias. Transfers of real estate in rural environments where it is difficult to resort to traditional legal formalities or where physical documents may be lost, can be proven through various evidentiary elements and their substantiated integral assessment, regarding the contracts that may have been signed in public deed or private sale, provided they do not concern donations; due to the express formal requirement of Article 1397 of the Civil Code, which qualifies that which has not been done in public deed as null. In the other assumptions of transfer of ownership, the system of bare consent (nudo consenso) of Articles 480 and 1049 of the Civil Code governs.

**VI-** The property intended to be titled through this process is located in Palmital de San Isidro de El Guarco, second district of the eighth canton of the province of Cartago, has a measurement of ninety-nine thousand five hundred square meters and is located within the Zona Protectora Río Navarro y Río Sombrero, created by Decreto Ejecutivo DE 15436- MAG of June 5, 1984. In accordance with the provisions of Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, in order to title that property it is necessary to prove ten-year possession prior to the effective date of said Decree and to have protected the forest resource. To demonstrate the foregoing, the promoter offered the statement of three witnesses, as required by Article 6 of the cited Law, who testified on August 11, 2023. The allegations are aimed at combating the evidentiary assessment rendered in the judgment that approved the process filed, regarding the demonstration of the derivative possession by the titleholder and demonstration of the ecological possession over the property. It should be cited that in accordance with Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria, in the judgment the evidence must be assessed under the system of free assessment that governs the agrarian process, setting forth the factual and legal reasons that underpin the decision. Having analyzed the appealed resolution, this Chamber considers it does not contain an erroneous or contradictory assessment. This Tribunal observes, regarding the demonstration of the age of possession over the land, that there was testimonial evidence which this Tribunal will proceed to review. In the testimonial evidence obtained on August 11, 2023 at the place to be titled, what was indicated by the offered witnesses was recorded. Regarding the testimonial evidence, witness Luis Gustavo Bonilla Mora (minute 13:12 audio file), stated he had known the property for 62 - 63 of his 67 years. He recounted that the first owner he knew was named Alejo González, who engaged in farming and cattle raising. He affirmed "Francisco is a hard worker, he has planted crops, has cattle. Well partly with scrubland (tacotal), but he gives it very good maintenance." He mentioned, Francisco acquires it in '94. That he has seen crops of onion and potato, the milk he gets from the cattle he has had he makes cheese. He indicates that on the property there is a stream at the back, right on the boundary line. He cites the names of the bordering owners. He notes the uses of the property have always been the same. That the neighbors only know don Francisco as owner, that he has never abandoned it. That he keeps it mowed and clean all the time, that he manages it very well attended, that he sows it. The promoter has exercised quiet, public, peaceful and continuous possession, in the capacity of owner. With this statement, possession by persons since 1973 in the capacity of owners is proven, given the year in which the testimony is rendered, and that the state of the property was maintained in the same conditions as the current ones. Furthermore, regarding the possessory chain, it was Alejo and Gerardo González, who transmits it to the promoter. Witness Walter Rolando Hidalgo Sáenz (minutes 22:00 audio), states he is a resident of the place, has known the property since 1973, when it belonged to Alejo who sold it to Francisco. He states that before Alejo who sold it to Francisco it belonged to the father named Alejo Soto. That the property was dedicated to agriculture. That Francisco acquires it in the year 1994 by purchase-sale. Don Francisco dedicates it to agriculture, has forest, pastureland, scrubland (tacotal), a small hut (ranchito) and a shed. The land measures 9 hectares, and has wire fences. That don Francisco goes to the property every day, that the property has never been abandoned, that he dedicates it to agriculture and pastures. His possession has been in a quiet, public, peaceful, uninterrupted manner. In the testimony rendered, it is declared about a possession since 1973 in the capacity of owners, considering the evidence is absolved in the year 2023, with an activity equal throughout the years up to the present, referring to crops and pastures. Regarding the possessory chain, he refers to both don Alejo son and father. Thus, it is coincident with the testimony of Luis Gustavo Bonilla. Witness Asdrual Eduardo Peraza Brenes (minutes 30:03 stored audio) when asked by the judge how long he had known the property, he cited expressly "since 1973, two brothers Alejo and Gerardo held possession, since nineteen seventy-three, they had possession, they sold to Mr. Francisco Masis in nineteen ninety-four". Subsequently, he indicates that the previous possessors had cattle and sugar cane and that currently don Francisco has agriculture, potato, green beans, pumpkin and cattle, concerning what is of interest, that the property is divided into seven hectares of pastureland, two hectares of scrubland (tacotal) and one hectare of agriculture, that the property measures 9 hectares and five hundred square meters, because it was reduced by five hundred meters due to the fences. He describes the bordering owners. That don Francisco is the owner of the property and that he comes every day to the property, and the children sometimes. The possessory acts have been exercised by him in a public manner. For this Instance, in the testimony rendered, it is declared about a possession since 1973 in the capacity of owners through the possessory chain from Alejo father to the children Messrs. Alejo and Gerardo, and subsequently to the titleholder. Activity of agriculture and livestock in the past and currently added to the maintenance of the property in the conditions found. Pointing out that the area of the stream has not been intervened in any way. From the relation of the three statements, a congruence of the testimonial evidence is concluded regarding the demonstration of the cited possessory chain, from 1973 by each witness. On the other hand, no land-use change (cambio de uso del suelo) was proven from the year 1973 to the present. In this Chamber's criterion, the accreditation of the possessory chain and the necessary age, given the encumbrance with the creation of the protective zone in question in 1984, has been fulfilled. As such, the possession must be demonstrated at least since 1974, and what was related by the declarants proves the ten-year possession prior to the creation of the Zona Protectora Río Sombrero - Río Navarro through three witnesses. The arguments regarding the lack of precision in the number of years related by the witnesses are not acceptable, since under the system of free evidentiary assessment and the integration of the evidence, the fundamental aspect is the accreditation of the exercise of possession from old data, without contradictions being found among the witnesses. That they testify about events that occurred more than fifty years ago, where it is not possible to demand a mention of exact dates from each one, but rather the demonstration in the approximate temporal space of the exercise of possession. This Tribunal does not find, from the testimonial evidence, periods where it cannot be deduced that the property has been subject to the possession of private individuals since at least 1973.

From listening to the testimonies, they are clear, credible, and delivered with confidence. These must be contrasted with the deed of acquisition of the possession and improvements, in which Roy Gerardo and Alejo, both with the surnames González Soto, sell the possession to Francisco and Emilio Gómez Masis on 20 December 1994 (image 5 of the digital case file in PDF format), and subsequently, in the initial filing made under oath, he indicates that his brother sold him his share, so that he could retain the entirety of the property. Regarding the exercise of the accredited possession, it was mentioned in the initial filing and clarification that Francisco Gómez Masis requests the titling of the property; that on 20 December 1994, Roy Gerardo and Alejo, both with the surnames González, transferred to him the possession he has exercised since 1994, dedicated to acts of care, cultivating the property with plantings of corn, beans, green beans, and potatoes, and keeping it fenced. Located in the Zona Protectora Río Navarro Río Sombrero (images 1 to 6 in PDF format, digital desktop). The proceeding was filed in November 2016 before the judicial courts. These elements certify the translative title of possession that the title holder acquires, and the testimonial evidence proves the possession exercised (Article 6 of the Ley de Información Posesoria). The grievance regarding the failure to demonstrate derived possession is rejected.

VII- Regarding the grievance concerning the absence of ecological possession of the property affected by the protected zone in which it is immersed, it is rejected. This instance must note with respect to protected wild areas that, regardless of their management category, they must be understood as zones with a particular and specific administration and regulatory regime, subject to management plans that ensure their protection, conservation, and rational use of natural resources. Their administration, management, and guardianship fall to the MINAE, unless a special law indicates another situation. Article 58 of the Ley de Biodiversidad defines them as delimited geographic zones, consisting of lands, wetlands, and portions of sea, declared as such because they represent special significance, an interest in the guardianship and conservation of the environment and its ecosystems, as well as historical and cultural ones. This norm makes an express reference to the Ley Orgánica del Ambiente regarding the regulation of requirements and mechanisms for the establishment or reduction of these areas. Administration by law falls exclusively to the Ministry of Environment and Energy, except for Natural Monuments. For its part, the Ley Forestal provides that when a state-owned protected wild area is declared, it must immediately become part of the Natural Heritage of the State, regulated by Article 13 of the cited norm, which expressly indicates that its administration corresponds to the MINAE. This set of norms must be interpreted together with the provisions of Article 58 in fine of the Ley de Biodiversidad, which recognizes the acquired rights of indigenous populations, peasant communities, and natural or legal persons over lands that are declared protected wild areas and their management categories. This is complemented by Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, which states: "When the real property to which the possessory information refers is comprised within a protected wild area, whatever its management category, the title holder must demonstrate being the holder of legal rights over ten-year possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree creating that protected wild area." In the specific case under study, the appeal claims that ecological possession was not demonstrated, because there is a shed (galerón), a wooden and sheet-metal cabin, plantings of onion, squash, green beans, and the rest of the property for paddocks (apartos); that finding of fact 5 held it as proven that “the land to be titled is partly agricultural in nature, partly pasture, and partly forest with two dwellings and two sheds (galerones),” that all activities are contrary to the conservation of lands comprised within protected wild areas. The evidence pertinent to this aspect must be analyzed in this instance. In the judicial inspection (reconocimiento judicial) of 11 August 2023, it was described that there is a small cabin and a shed (galerón), a cultivation area, pastureland, with new fences on dead posts, that the land is steep, with almost no flat areas, the area of the protected ravine. It was indicated that between the property and the road, due to the height of the property, there is approximately 4 meters. There is an area of difficult access, being very steep and difficult to traverse. There are trees typical of the area and cultivation of avocado trees, and it is divided into paddocks (apartos). It was mentioned that at the back there is the Quebrada Conventillos, which was stated to be in its natural state, with vegetation and without human intervention. From this judicial inspection (reconocimiento judicial), it is possible to verify that the property has an area in one sector designated for a cabin and a tool shed (galerón). Additionally, areas of cultivation, paddocks (apartos), and mostly conservation of mountainous vegetation typical of the native ecosystem. Coupled with the protection of the margins of the ravine and that there are no traces of logging or extractive activities of wood or any other element. This must be contrasted with the Soil Study (Estudio de Suelos), which corresponds to a technical-scientific report regarding the use of natural resources, specifically the soil resource. In this regard (image 51 to 58 PDF format), it describes that the property measures 10 hectares. The observations indicate a use divided into 3 distinct parts of the land: sector a, annual crops such as potato, two habitable buildings of wood, cement, and zinc, as well as two sheds (galerones) of zinc and wood for animal care; sector b, natural pastures, livestock paddocks (apartos ganaderos), scattered trees, drinking troughs, and salt blocks; sector c, forest cover (cobertura boscosa) with average heights of 25 meters, which is the ravine protection area. Land of great scenic beauty with multiple agricultural uses, with gravel roads with drainage channels, live fences with barbed wire. Land affected by the Ley Forestal 7575 for complying with the respective setbacks. Certifying 100% conforming land use. In the recommendations section, in the part of interest, it describes a series of technical aspects specific to soil science that are advisable for the specific soil found on the land; it is recommended to mark the property with signs prohibiting the extraction of plants and animals; rotation of crops with different species such as corn; submit the area of forest cover (cobertura boscosa) to payments for environmental services (Pago de Servicios Ambientales) before FONAFIFO. For this instance, this technical document demonstrates that the property has been dedicated to the maintenance of the natural vegetation of the area given the altitude and topography of the land; there has been a history of rational exploitation through crops of potato, squash, green beans, onion; in addition to the maintenance of the cabin and the shed (galerón), the maintenance of the fences, and the division into paddocks (apartos). The study records that the Ley Forestal must be respected given the vegetation present and recommends environmental services (servicios ambientales) before FONAFIFO. The existence of the cabin, paddocks (apartos), and diverse crops is not a valid reason to assert that they are activities contrary to conservation purposes. It should be noted that there is no trace whatsoever of elimination of forests or mountain vegetation. The cited evidentiary elements must be contrasted with the statements of the witnesses already cited above, who referred to the absence of land-use change (cambio de uso del suelo) or human intervention. Contrary to what was alleged by the Procuracy, it is considered that the persons who have held possession of the property subject to the proceeding have instead dedicated it to the conservation of mountainous vegetation, conservation of the soils, and the water resource with which it borders. The state representative provides as evidence the “PHOTOINTERPRETIVE STUDY: FOREST COVER IN PLAN 3-34498-2022. SAN ISIDRO, EL GUARCO, CARTAGO. YEARS 1974 and 1992” (ESTUDIO FOTOINTERPRETATIVO: COBERTURA FORESTAL EN PLANO 3-34498-2022. SAN ISIDRO, EL GUARCO, CARTAGO. AÑOS 1974 y 1992) (image 216 to 221 PDF format digital case file), in which the Procuraduría General de la República requested of the informant: “I would be very grateful if you would indicate to us, in view of the information that this Institute maintains for that purpose (forest cover maps, aerial photographs, satellite images, etc.), whether the land plotted in Plan No. 3-34498-2022 had forest cover (bosque) only for the years 1974 and 1992.” The document recorded: “Year 1974 Figure 2. In the year 1974, property 3-2307921-2021 had forest cover (bosque) covering approximately 59.19% of its area. Specifically, two sectors to the north and a southwest sector of the property had forest, the remaining percentage was covered by pastures… Year 1992 Figure 3. Property 3-2307921-2021 for the year 1992 increased its forest cover (bosque) compared to what was identified for the year 1974. Approximately 71.01% of the property area had forest, the remaining percentage corresponded to pastures.” (the boldface does not correspond to the original). It should be noted that the witnesses indicated they observed no human intervention nor mentioned extractive actions of wood up to the present. In such a way, it is concluded that possession has indeed been exercised in safeguarding natural resources; in the judicial inspection (reconocimiento judicial) and soil use study, its forest cover (cobertura forestal) and the protection of the protection area of the ravine with which it borders to the northeast could be determined. From the integration of the cited evidence and according to what was recorded in the judicial inspection (reconocimiento judicial), there are areas of current forest vegetation. For this instance, the fact that it indicates “the nature of the land is partly agriculture, partly pasture, and partly forest with two dwellings and two sheds (galerones), both buildings of wood and zinc,” does not lead to an understanding that there is harm to natural resources, given what was recorded in that same technical report and all the evidence already cited and analyzed, which constitute the technical evidence that the property has been dedicated to the maintenance of the natural vegetation typical of the area and the topography of the land throughout the decades that the property has been in possession by private individuals. All of this evidence certifies compliance with the legal requirements in order to prove suitable possession as owner of the land subject to this proceeding. No obstacle is found that prevents this Tribunal from considering that it is appropriate to approve the proceeding filed. The management category of Protected Zone (Zona Protectora) was incorporated as such in subsection b) of Article 32 of the Ley Orgánica del Ambiente. Said regulation omitted defining the concept of each of the classified categories regulated by that article, and the current Ley Forestal number 7575 also does not have a legal definition. For its part, the Ministry of Environment and Energy has defined them as: “lands, mostly of forest aptitude, suitable for the production of wood, on which management actions are executed with sustainability criteria.” (Table on Management Category, defined by MINAE-SINAC, 2000). As a normative antecedent, the repealed Ley Forestal number 4465 of 25 November 1969 defined the protected zone (zona protectora) in Article 83 as: “…those areas of forests or forest lands that, established by provisions of the law or by decree of the Executive Branch, are destined to protect soils, maintain and regulate the hydrological regime, or act as regulating agents of the climate or environment.” Subsequently, Ley Forestal 7174 defined it in the same terms, while, as noted, the current Ley Forestal number 7575 of 13 February 1996 makes no reference to this management category or any other. For its part, the Procuraduría General de la República indicated regarding the objective or purpose assigned to this management category: “Now, Ley Forestal number 4465, before and after its comprehensive reform, assigned to protected zones (zonas protectoras) a clear environmental purpose, as they were constituted with the objective of protecting vital natural resources such as soil and water through the conservation and protection of forest resources. The currently applicable environmental legislation assigns this same objective to protected zones (zonas protectoras), as a management category of protected wild areas, even though it does not define the term.” (Dictamen C-323-2004). In the same sense, Dictamen C-16-2002 defined: “The term ‘Protected Zone’ (Zona Protectora) has been used in our legal system as a management category of protected wild areas whose primary purpose has been associated with the protection of soil resources and the hydrological regime (springs (nacientes), protection zones, hydrographic basins, etc.).” This court considers, from the study of the testimonial statements, the regulatory and technical references of the soil studies, and the judicial inspection (reconocimiento judicial), in addition to the evidence called: PHOTOINTERPRETIVE STUDY: FOREST COVER IN PLAN 3-34498-2022. SAN ISIDRO, EL GUARCO, CARTAGO. YEARS 1974 and 1992, by demonstrating that there is forest on the land, with forest species typical of the area, and that the parcel is in a process of existence of protected zones that constitute a forest regeneration, the environmental requirements for titling have been met, and the appellant’s arguments for rejecting the proceeding cannot be accepted. The conduct and possession displayed by the title holder and the previous possessors show the development of ownership adherent to the conservation of natural resources, particularly the soil resource. In Environmental Law, the principle of sustainable development and technical-scientific criteria prevail, and this is how it must be interpreted by legal operators; the findings of the soil study and what is shown in the photointerpretive study are scientific criteria regarding the protection of the soil resource and the existing vegetation. There is no record in the case file of any warning from any competent environmental oversight authority indicating to the title holder any act or conduct, whether active or omissive, regarding non-compliance with environmental legislation throughout the decades of possession by the petitioner or the previous possessors. It was demonstrated, as observed by the soil use certifier and the judge, that there is conforming land use and the presence of forest vegetation. There is no evidence whatsoever in the case file that the petitioner or the previous possessors had been warned, sanctioned, or blamed for having violated the national environmental protection regulations, from which it could be inferred that they have breached their obligation to exercise possession respecting natural resources when exercising possession of a property with environmental limitations, given the nature of that property. Nor is there proof of a land-use change (cambio de uso del suelo) on the property to be titled to the detriment of the environment, from before the creation of the Protected Zone (Zona Protectora) management category in question up to the present, or at least there is no evidence to that effect. Therefore, their claims are not admissible. Note that each management category has its own technical-scientific purposes, and it cannot be understood that the existence of any of them absolutely excludes human productive or recreational activities. That is defined in the respective territorial management plans for each one. In this case, the grievance under study is devoid of due evidentiary foundation as to the reason why the appellant considers the existing activities, or those that existed in the past, harm the purposes of that zone. It should not be forgotten that according to Article 82 of the Ley de Conservación de Vida Silvestre and regarding its use and exploitation, in Voto N. 144-96 of 4:51 p.m. on 9 January 1996, the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolved: “In the event of establishing forest reserves, protected zones (zonas protectoras) and national wildlife refuges, there is the option for the owner to conserve their land, since, following the management plan, they can continue to use it in economic terms, that is, the imposed limitations are not of such magnitude that they prevent them from exploiting their property, and thus they do not render their right nugatory.” In this case, the petitioner has demonstrated a use of the land respecting soil use; the witnesses did not attest to wood extraction activities or activities harming any soil or water resource. The grievance is rejected.

VIII- For the reasons stated, based on Articles 1, 2, and 52 of the Ley de Jurisdicción Agraria, and Articles 6, 7, and 1 of the Ley de Informaciones Posesorias, the evidence presented for a better resolution, PHOTOINTERPRETIVE STUDY: FOREST COVER IN PLAN 3-34498-2022. SAN ISIDRO, EL GUARCO, CARTAGO. YEARS 1974 and 1992, is admitted. The appealed decision is upheld.

POR TANTO

The evidence presented for a better resolution, PHOTOINTERPRETIVE STUDY: FOREST COVER IN PLAN 3-34498-2022. SAN ISIDRO, EL GUARCO, CARTAGO. YEARS 1974 and 1992, is admitted. The appealed decision is upheld, confirming Judgment No. 2024000006 of four twenty-three in the afternoon on twelve January two thousand twenty-four.





	
P8GNKJ7MXGG61
SUGEILY CELENIA HERNANDEZ AZOFEIFA - JUEZ/A DECISOR/A

	






JDNBZ13K7OU61
ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA - JUEZ/A DECISOR/A

	



ROVIFSYQQHK61
MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - JUEZ/A DECISOR/A

 
EXP: 16-000144-0699-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 
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