Res. 00609-2025 Tribunal Agrario — Compulsory right of way due to landlocked propertyObligación forzosa de paso por enclave

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00609 - 2025

Fecha de la Resolución: 27 de Junio del 2025 a las 21:12

Expediente: 18-000005-0815-AG

Redactado por: Alexandra Alvarado Paniagua, Magda Díaz Bolaños, María Rosa Castro García

Clase de asunto: Proceso ordinario

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Agrario

Tema: Servidumbre agraria

Subtemas:

Reclamo por falta de desarrollo de actividad agraria no impide el deber de considerar la función social, agraria y ambiental de la propiedad y su vocación para fijar obligaciones de paso por enclave o salida insuficiente.
Inexistencia de limitación de copropietario para interponer acción de obligación forzosa de paso.

Tema: Servidumbre de paso

Subtemas:

Reclamo por falta de desarrollo de actividad agraria no impide el deber de considerar la función social, agraria y ambiental de la propiedad y su vocación para fijar obligaciones de paso por enclave o salida insuficiente.
Inexistencia de limitación de copropietario para interponer acción de obligación forzosa de paso.

Tema: Propiedad agraria

Subtemas:

Reclamo por falta de desarrollo de actividad agraria no impide el deber de considerar la función social, agraria y ambiental de la propiedad y su vocación para fijar obligaciones de paso por enclave o salida insuficiente.
Inexistencia de limitación de copropietario para interponer acción de obligación forzosa de paso.

Tema: Copropiedad agraria

Subtemas:

Inexistencia de limitación de copropietario para interponer acción de obligación forzosa de paso.

Tema: Legitimación en el proceso agrario

Subtemas:

Inexistencia de limitación de copropietario para interponer acción de obligación forzosa de paso.

Tema: Legitimación activa

Subtemas:

Inexistencia de limitación de copropietario para interponer acción de obligación forzosa de paso.

"XIII.-[...]Si bien se ha reclamado que la actora no desarrolla una actividad agraria, ciertamente, al emplear parámetros constitucionales para la fijar la imposición de obligaciones de paso por enclave o salida insuficiente se debe de considerar la función social, agraria y ambiental de la propiedad y su vocación."

Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas
Texto de la resolución
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EXPEDIENTE:

	

18-000005-0815-AG - 3




PROCESO:

	

ORDINARIO




ACTOR/A:

	

ALFA ALBA SOCIEDAD ANÓNIMA




DEMANDADO/A:

	

COLIBRIS DE LA MONTAÑA SOCIEDAD ANÓNIMA

 

   

VOTO N°  N° 2025000609

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las veintiuno horas doce minutos del veintisiete de junio de dos mil veinticinco.-

 

 PROCESO ORDINARIO interpuesto por ALFA ALBA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica tres - ciento uno - ciento cincuenta y dos mil veintiuno, representada por su apoderado generalísimo sin límite de suma Hermanus Cornelis Wijnberg, conocido como Henry Wynberg, mayor, divorciado, holandés,  vecino de Alajuela, cédula de residencia número  siete cuatro dos - uno uno cero tres cinco nueve - cuatro dos seis; contra COLIBRÍS DE LA MONTAÑA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica tres -  ciento uno  - quinientos treinta y un mil veintidós, representada por su apoderado generalísimo sin límite de suma Carlos Gerardo Saborío Víquez, mayor, casado, profesor,  vecino de Heredia, cédula de identidad dos - trescientos cuarenta y uno - doscientos siete. Actúan como abogados directores de la parte actora los licenciados Arnoldo Javier Morales Sánchez, cédula de identidad uno - setecientos ocho - cuatrocientos dos, carné veintiún mil cuatrocientos veinticinco;  y el licenciado Jorge Gerardo Cerdas Pérez, cédula de identidad uno - ochocientos - trescientos trece, carné seis mil quinientos sesenta; de la sociedad demandada el licenciado Ricardo Chacón Cuadra colegiado seis mil novecientos noventa. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela.

 Redacta la jueza Castro García; y,

CONSIDERANDO:

 I. DE LAS PRETENSIONES: La parte actora interpuso la presente demanda ordinaria, solicitando que se declare en sentencia: " Que al ser ambos fundos propiedad en parte de la sociedad ALFA ALBA, S.A. enclavados, debe declararse a favor de ellos una salida idónea y  suficiente a vía pública o servidumbre forzosa de paso a pie, caballo, vehículo y cualquier medio de transporte y en este caso específico a través del acceso único posible y que siempre han tenido las fincas por el rumbo este con ancho acorde con las necesidades de las propiedades dominantes y que tomando en cuenta su uso no sea menor a siete metros de ancho por todo su largo, Que en consecuencia dicho paso será por donde siempre hemos salido como le expliqué en el hecho séptimo de la demanda, atravesando la propiedad de COLIBRIS DE LA MONTAÑA, S.A., pudiendo una vez legalmente constituido el paso, cercarse a ambos lados de la servidumbre y efectuarle todos los arreglos necesarios de modernización y mantenimiento que requiera, Se ordene en sentencia al registro Público inscribir a favor de los  predios enclavados y en contra de las propiedades de la sociedad demandada la servidumbre forzosa de paso a pie, caballo, vehículo o cualquier medio de  transporte, expidiéndose la ejecutoria del correspondiente, Que siendo lógicas y amparadas a la Ley las pretensiones dichas, si existiere oposición alguna por la demandada, solicito se le condene al pago de ambas costas de esta acción. Mi representada cumple con los dos requisitos para declararse con lugar la presente demanda: sean que ambos fundos propiedad de ALFA ALBA, S.A. son enclavados y colindantes con la sociedad demandada, quién a su vez colinda con calle pública, y que las fincas carecen de salida a calle o camino público"(Ver expediente electrónico descargado en formato pdf, imágenes del 18).

 II.  EXCEPCIONES DEDUCIDAS:  Carlos Saborío Víquez, en calidad de representante de la sociedad demandada, contestó en tiempo y de forma negativa, e interpone las excepciones falta de derecho y de falta de interés.   (Ver expediente electrónico en formato PDF, imágenes 50 a 56).

 III.- RESOLUCIÓN APELADA: El juez Edgar Eduber Calvo Solano, del Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela, en sentencia 2023000263, de las ocho horas con siete minutos del veintiuno de noviembre del año dos mil veintitrés, resolvió: «POR TANTO:  Se rechazan las excepciones de falta de derecho y de falta de interés opuestas por Colibrís de la Montaña Sociedad Anónima. En consecuencia se declara con lugar la demanda de la siguiente manera, entendiéndose denegada en todo aquello que no se indiqué: 1) se ordena al señor Registrador del Registro Público de la Propiedad inscribir una servidumbre de paso en contra de la finca del Partido de Heredia con Matrícula de Folio Real número 171468-000, y que se describe en el plano H-267141- 1995 y a favor de las fincas con Matrículas de Folio Real números 26734 y 22340 de las cuales es copropietaria la sociedad Alfa Alba Sociedad Anónima; 2) La servidumbre tendrá un ancho de siete metros, con un rumbo de este a oeste hasta llegar a calle pública, y se ubicará de forma paralela al lindero sur de la finca número 171468-000, que va de los vértices uno al siete del Plano Catastrado  H-267141-1995, que se corresponde con la finca número 171468-000. La servidumbre tiene una longitud aproximada de ochenta y ocho metros lineales; 3) Mediante ejecución de sentencia se establecerá el precio que ha de pagar la parte actora por la servidumbre dicha; 4) Considerando que la parte demandada litigó de buena fe, y que además tenía razones para litigar se le exonera del pago de ambas costas de esta acción». (Ver expediente electrónico imágenes 419 a 431).

 IV.- Carlos Gerardo Saborío Víquez, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de Colibrís de la Montaña S.A interpuso recurso de apelación y nulidad concomitante. Expone en su gestión los siguientes temas de disconformidad: Falta de Localización de los Derechos Indivisos.  La sentencia reconoce en el hecho probado primero los derechos sobre una finca en favor de la parte actora, pero no existe prueba en el expediente que acredite la localización específica de esos derechos dentro del inmueble, ni actos de posesión efectivos sobre los mismos. En Costa Rica, refuta, la Ley de Localización de Derechos Indivisos exige que, para ejercer derechos reales sobre una porción de finca, estos derechos deben estar debidamente localizados y acreditados en el proceso, lo que no ocurrió en este caso.  Agravia,   no existe en los autos prueba que acredite dónde tiene ubicados esos derechos la sociedad actora, ni siquiera en la audiencia de reconocimiento judicial se logró ubicarlos, siendo una propiedad con cabida de casi setenta mil metros cuadrados. En igual sentido, arguye, tampoco existe prueba que evidencie actos de posesión desplegados por la parte actora en los derechos que le corresponden. No se visualizaron actos agrarios (ganado, siembras, construcciones) y se cuestiona cómo puede en sentencia concederse una servidumbre a favor de un terreno,  que tampoco verificó la localización acorde con la Ley de Localización de Derechos Indivisos. Acusa, resultaba necesario que la parte actora acreditara haber localizado dichos derechos de copropiedad a fin de lograr acreditar los actos de posesión, sin que medie prueba al respecto. Señala la sociedad demandada es titular del derecho de propiedad de la finca contra la cual se Impone la servidumbre de manera errónea e igualmente en la finca, la apelante también es dueña en copropiedad de los derechos 9, 10 y 11, en virtud de litigio existente por cobro de honorarios contra la sociedad actora. Proceso judicializado a la fecha de hoy. Salida suficiente a calle pública existente e indeterminación de linderos. Arguye, en la sentencia se cita: "ambas fincas de la actora conforman una unidad material, este acceso sirve a ambas fincas, pues dentro de la fincas de la actora hay un camino interno que conecta a ambas fincas, y las cruza a ambas hasta conectarse con esta trocha de acceso que se grafica en el croquis de la pericial rendida". Esboza que ese hecho probado del fallo recurrido lo que evidencia es que la parte actora sí tiene suficiente salida. El fenómeno jurídico no tiene que ver con la salida suficiente, sino con la obra que le corresponde realizar a la parte actora para lograr su cometido. Acto que ha querido evitar a toda costa tratando de imponer una servidumbre a su favor que no le corresponde, lo que se evidencia del dictamen pericial que en forma clara lo expone técnicamente. Combate, se afirma en la sentencia: "Materialmente hay un camino demarcado, no lastreado sino cubierto de monte, que parte de la colindancia oeste de la finca de la actora v que serpia et lindero este de la finca de la demandada hasta salir a calle pública por el lindero oeste de la finca de la demandada. Este trayecto tiene una longitud de unos 300 metros de longitud ... • (la negrilla y el subrayado no son del original). Lo que pone en evidencia la incertidumbre al citarse que sería el lindero este de la finca de la demandada, sin que lo tenga claro, mostrándose la mala apreciación de la prueba producida en autos contrario a las reglas correspondientes. Achaca, tal y como se expone bien podría ser otro el lindero y al no estar localizados los derechos de la sociedad actora en la finca cómo puede entonces otorgarse un derecho real de esta naturaleza a favor de un fundo que no se sabe cuál es en definitiva y sobre lo que no hay prueba sobre actos posesorios. Sobre la ruta utilizada. En autos no existe prueba alguna, acusa, de que la parte actora cuyos derechos no están localizados utilizara la salida en litis que según se concluye en la sentencia se ha usado y sobre la que se otorga el derecho sobre la propiedad de la sociedad demandada recurrente. Y se afirma que la actora, podrá hacer los arreglos que quiera, considerando no ocurriría, pues teniendo su propia salida como lo afirmó la prueba técnica contenida en el informe pericial, no ha querido hacer las obras correspondientes para el debido mantenimiento de su salida, mucho menos lo va a hacer en la del conflicto. Sobre el callejón de acceso citado en el fallo. Se afirma en la resolución existe un callejón de acceso (Calle derrumbes), lo que estima erróneo pues lo que se evidenciaba en el reconocimiento judicial era la falta de mantenimiento por la parle de la actora de lo que le corresponde invertir. Además ese camino es utilizado por otros vecinos, aspecto que se pudo constatar pero no se mencionó en la sentencia. Señala, aporta prueba para mejor proveer consistentes en fotografías tomadas el mismo día de la audiencia y reconocimiento judicial, de las que se deduce el uso que tiene ese camino. Mismo utilizado por la familia de la señora Silvia Lara, cuya propiedad limita con el Yurro, así como la Familia Alfaro y la Finca conocida como la Finca de Teletica. Sobre lo que declaró la testigo que propuso por su parte, constante en la grabación no citada. Sobre la falta de naturaleza pública de calle. Reclama, en el hecho no probado se menciona no fue sea acreditado que la trocha que da acceso a las fincas de la sociedad actora sea una calle pública bajo la administración de la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia. Aduce, este proceso no tiene como finalidad determinar si es camino público. Hace ver, el ingeniero municipal Ingeniero Trejos indica que estos caminos existen porque son declarados caminos de acceso a fincas y por lo tanto el mantenimiento lo hacen los dueños respectivos; sin que eso se analizara en la sentencia.  Enclave o suficiencia de salida. Agravia, quedó claro en la pericial no se encuentra la finca de la actora en condición de enclave que justifique el otorgamiento de una servidumbre. Considera si es competencia del perito indicarle a la persona juzgadora si los fundos se encuentran en esa condición de enclave o no. Sin que esté de acuerdo con lo citado en la sentencia en sentido contrario, debido a que el perito si fue nombrado para determinar ese aspecto. Se indica en la pieza recurrida, normalmente el perito debe tomar en cuenta por cuál inmueble la salida a calle pública es más corta o si es posible construir una servidumbre en un terreno con mucha inclinación, o muy húmedo, el valor de la servidumbre, etc. Sea los pros y los contras· que tiene cada uno de las posibles opciones de ubicación de la servidumbre. Sin embargo, en la pericial también debe establecerse si con relación al fundo para el cual se pide el otorgamiento de la servidumbre está enclavado o no. Y que en el presente caso el propio perito manifestó que no existe en el caso ese supuesto, de ahí que la servidumbre no es posible declararla. Además, se centra la atención en el fallo si la salida es suficiente o no. Sin considerarse si los derechos estaban localizados o no, existiendo un concepto jurídico no determinado por la Ley. Lo que si se regula en casos como el presente, es si el fundo está enclavado o no. En la pericia se dictaminó que no está enclavado y si existe salida suficiente. Lo que ocurre, apela, es que la parte actora no quiere invertir en brindar ese mantenimiento que le corresponde al camino con que cuenta, como si lo han hecho otros vecinos de ese lugar. Siendo más sencillo afectar una finca como la de la apelante, que a lo largo de todos estos años ha dado el mantenimiento que se requiere para que el camino esta habilitado. Refuta, lo que sucede en el caso es la negativa del parte de dar mantenimiento al camino con que cuenta y no si es fundo enclavado o si no cuenta con salida suficiente.  Violación de normas sustantivas e infracción a las reglas de la valoración de la prueba por preterición e inadecuada interpretación.  Invoca la indebida valoración de la prueba (anteriormente entendido como error de derecho que procede a definir). Acusa, lo ocurrido sucede por no asignarse el valor legal que cada probanza tiene, o bien, inobservare la forma en que debe valorar ese elemento, a tenor de la legislación vigente. Lo que sucede al preferirse algún elemento demostrativo, respecto de hechos aducidos en la demanda y contestación, y que forma parte de su causa de pedir o de oponerse. Que transgrede el deber de analizar todo el material probatorio en su conjunto. (PRETERICIÓN DE LA PRUEBA). Aduce, la discusión se ha centrado en que la parte actora pretende la declaratoria de una servidumbre de unos derechos que ella tiene en la finca de la actora no localizados y en donde la recurrente demandada también tiene derechos en esa misma finca. La mala valoración de la prueba radica en el hecho de que el informe pericial rendido sí determinó que la referida finca y sus derechos si tienen salida suficiente y que no está enclavada, razón de la improcedencia de la demanda. Careciendo la parte actora de derecho para que se conceda la servidumbre referida. Reclama, la prueba propuesta por su parte es contundente, el vicio que existe en el fallo es que no hubo análisis completo del acervo probatorio dejándole en indefensión a los demandados en violación a los principios constitucionales. Acusa, no se analizó la prueba testimonial ofrecida por su parte de la que se extraen elementos de prueba de suma importancia para demostrar a lo largo de la historia que ha ocurrido con la entrada a la finca, cuyos derechos invoca la parte actora. Esa falta de análisis de prueba provoca inevitablemente la nulidad del fallo en cuestión y por ello deberá declararse de esa manera. Invoca la nulidad de la sentencia de forma concomitante a la apelación para reorientar el curso normal del proceso y se resuelva conforme en derecho corresponda.  Prueba para mejor resolver. Se aportan fotografías que cita son del camino en litis del camino en cuestión. Que se evidenció en el Reconocimiento Judicial realizado, que reclama su resultado nunca se puso en conocimiento. Razona esas fotografías del callejón de acceso, cuyo mantenimiento le corresponde a la parte actora hacerlo y no ha querido para no erogar en la obra respectiva. Y fotos que muestran el estado del camino denominado Cuesta del Pato que se encuentra en perfectas condiciones y por donde los vecinos ingresan sin problema alguno. (Ver expediente electrónico imágenes 434 a 465).  

V- Prueba para mejor resolver. Con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Jurisdicción Agraria, se rechaza la prueba para mejor resolver ofrecida por la sociedad demandada consistente en fotografías de ruta que cita ha de tenerse como el acceso de salida a calle pública de las fincas de la sociedad actora, por resultar innecesarias dado que existe suficiencia probatoria del recorrido del camino en litis y del otro camino que se cita existe y consta en las fotografías. Se considera se realizó reconocimiento judicial en presencia de ambas partes y en tal se tomaron las fotografías correspondientes que se sometieron al contradictorio.  

 VI- Nulidad. La parte reclama medió una valoración deficiente de la prueba invocando preterición. Por lo que invoca la nulidad de la sentencia por omitirse el análisis de prueba testimonial y documental relevante, que le deja en indefensión. Otorgar valor erróneo a prueba aduce no se analizó la prueba testimonial ofrecida por el suscrito de la cual se extraen elementos de prueba de suma importancia para demostrar a lo largo de la historia que ha ocurrido con la entrada a la finca cuyos derechos invoca la parte actora. Esa falta de análisis de prueba provoca Inevitablemente la nulidad del fallo en cuestión y por ello deberá declararse de esa manera. Además, se señala en su reclamo como prueba para mejor resolver se aportaron fotografías y otros elementos probatorios que demuestran el estado y uso del camino, los cuales no fueron debidamente considerados en la sentencia recurrida. Se rechaza la nulidad invocada por preterición probatoria o errónea valoración integral del acervo probatorio ofrecido al expediente. De la lectura de la sentencia venida en alzada se denota que se vertió un análisis de los hechos de la demanda, la contestación, los alegatos de ambas partes. Todo lo que se contrastó con la prueba documental, reconocimiento judicial y pericial vertida sometida al contradictorio, en apego al artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria aplicable (Transitorio I Ley 9609). En el caso concreto solamente se recibió el testimonio de una testigo ofrecida por el actor: Rosa María Eduarte González conocida como Mayela Eduarte González. Sin embargo, no se indica en el recurso la apelante de que manera el testimonio de esa persona desvirtúa la condición de enclave de la propiedad de la actora encontrada en el reconocimiento judicial y motivado en la sentencia recurrida. Incumpliéndose en este reclamo el deber de fundamentar los agravios del recurso de apelación para dotar de competencia funcional al Tribunal. El recurso de apelación debe expresar en forma precisa los motivos de hecho o de derecho que apoyen la inconformidad, tal y como lo ordena el ordinal 592 del Código de Trabajo, aplicado por remisión expresa del artículo 60 de la Ley de Jurisdicción Agraria (precedentes de este Tribunal 06 del 14.01. 2011, 793 del 27.07.2011 y 205 del 20.04.2004). Se resalta en ellos que “el recurso de apelación exige de los quejosos una expresión de agravios. El recurso que carezca de tal fundamentación y razonamiento inhibe a esta Sede a revisar la sentencia, pues su competencia se limita a los temas que introducen a debate en la apelación, excluyendo los aspectos vinculados con el procedimiento, que son revisables de oficio. Hacer una revisión oficiosa de los temas de fondo, implicaría un quebranto al equilibrio procesal, porque tal y como se explicó el Tribunal se avoca al conocimiento del caso, en razón de los temas de disconformidad formulados por la parte” (voto 166 del 06.03.2009). Tampoco se indica cual prueba documental en detalle se dejó de considerar en la pieza recurrida. No encuentra este Tribunal causal de nulidad, ni la procedencia de los reclamos respecto a la valoración de la prueba. Se rechaza la nulidad.

 

VII- Hechos Probados. Se avalan los hechos probados de la sentencia apelada, por estas sustentados en elementos probatorios que constan en autos.

VIII- Hechos no probados. Se comparte el hecho no probado de la resolución recurrida por no haberse aportado prueba a los autos que reflejen otra realidad fáctica Al mismo se agrega por esta Instancia: tampoco se demostró que la ruta de acceso a la finca denominada en la pericia como trocha de acceso sean de naturaleza pública y con condiciones idóneas de tránsito.

IX- Sobre la condición de copropietaria de la sociedad Alfa Alba S.A. de las fincas que califica como enclavadas (legitimación activa) La inconformidad de la sociedad apelante en este tema respecto a la estimación de la demanda se centra en los reclamos de que a pesar de que la sociedad Alfa Alba S.A. (demandada)  sea también copropietaria en condición de dueña de derechos indivisos de las fincas de Heredia matrícula 22340-000; donde es titular de los derechos 01 y 02 y matrícula 26734 derecho 01, 03, 04 y 07. Además, la mercantil actora no tiene sus derechos materializados físicamente, ni localizados al amparo de la Ley de Derechos Indivisos como para reclamar en su condición de copropietaria la imposición de una servidumbre forzosa de paso a favor de los terrenos mencionados por enclave o salida insuficiente. Arguye en relación la ausencia de determinación o localización de derechos, hace que se torne incierto el trayecto del acceso donde se citan linderos de manera confusa y sin precisar la ubicación exacta de los derechos de la actora. Reclamando no existe prueba de actos posesorios sobre la salida en litigio,  ni se evidencia de que la actora haya hecho uso efectivo de la misma. Reclamando que otorgar un derecho real de servidumbre sobre la finca de la demandada sin contar con el conocimiento claro de los derechos de la actora es una grave deficiencia probatoria. Este Tribunal procede a rechazar esos reclamos recursivos que se vinculan con la legitimación activa de la acción real interpuesta. Vistos los reclamos recursivos, los autos y la sentencia apelada se rechazan las alegaciones. En primer orden cabe acotar el régimen de la copropiedad en los inmuebles corresponde a las regulaciones del artículo 270 a 274 y 864 del Código Civil. La primera norma citada estipula: “cuando una cosa pertenezca simultáneamente a dos o más personas, los dueños ejercen conjuntamente todos los derechos del propietario singular, en proporción a la parte que cada uno tenga en la propiedad común. El condueño no puede, sin embargo, disponer de una parte determinada de la cosa, sin que antes le haya sido adjudicada en la respectiva división ”.  Como se deduce del ordinal transcrito, la sociedad actora sí ostenta legitimación activa por su condición de copropietaria para interponer el proceso que se ventila y solicitar el reconocimiento del acceso por enclave o salida insuficiente de sus fincas. La copropiedad de las fincas en las condiciones registradas a su nombre no ha sido desvirtuada, ni es parte de los reproches recursivos. Ante esos embates señala este Tribunal, al igual que la sentencia apelada, la sociedad Alfa Alba S.A. es copropietaria de los derechos 01,03,04 y 07 de la finca de Alajuela matrícula 26734 y derechos 01 y 02 del inmueble bajo matrícula 22349. De interés, el hecho probado sexto señala que: “ La finca de la actora matrícula número 22340, tiene dos colindancias con la finca número 26734,(la otra finca de la actora) por su lindero oeste y lindero sur. En la materialidad estas fincas no se encuentran divididas por cercas, carriles o mojones de ningún tipo. Tampoco existe indicio alguno que permita, en el campo, ubicar tales colindancias”. Así se ha consignado en el hecho primero y segundo de la pieza recurrida.  Y en esa condición es titular del derecho de propiedad con los atributos de dominio del ordinal 264 en relación con el ordinal 295 del Código Civil. Igualmente, en caso de fincas en condición de enclave por ausencia de acceso a calle pública o salida insuficiente se cuenta con la acción real de obligación de paso o la denominada en la doctrina “servidumbre forzosa de paso” del artículo 395 del Código Civil.  Para la interposición de una demanda de esta naturaleza no resulta necesario, que de forma previa, deba localizar jurídica o materialmente los derechos en copropiedad que ostente al amparo de la Ley de Derechos Indivisos o localice materialmente las áreas dentro de la heredad; como se reclama en la apelación. Sea necesario demostrar la posesión material sobre las “áreas materiales que correspondan a sus derechos” o acreditar la necesidad de utilizar esa ruta concreta de acceso a calle pública acorde con su derecho localizado en específico. Por ello ha de rechazarse ese reclamo. Bajo el régimen de copropiedad se ejerce el derecho de propiedad en forma conjunta de porciones alícuotas. Al respecto la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha resuelto sobre este régimen y las facultades de las personas copropietarias: “El ordenamiento jurídico no condiciona el ejercicio del derecho de defensa de la propiedad a la actuación conjunta de todos los copropietarios. Por el contrario, los actos de uno de ellos, en tanto procuren el resguardo de sus derechos no localizados, son completamente válidos y eficaces. Ver resolución 826-2014 Sala Primera. Conforme el ordinal 270 del Código Civil, el aquí actor, como anterior condueño del inmueble objeto de esta litis, tiene suficiente legitimación ad causam activa, por sí solo, para pretender que se declare la nulidad de un proceso hipotecario, sus ulteriores inscripciones a favor de terceros adquirentes y la restitución a su favor y de una señora; lo anterior en virtud del principio de que a cualquier copropietario le asiste legitimación para ejercer las acciones de tutela y de reivindicación de un inmueble, en tanto éstas lo que aparejan es beneficio y no perjuicio a los demás condueños. Principio que, además, se encuentra contenido en los cardinales 837 y 864 del Código Civil. En esa lógica, no es posible determinar, dentro de todo el fundo, el derecho cuya titularidad correspondía al actor, toda vez que se trata de un derecho ideal e indiviso sobre la totalidad del bien en litigio. Ver fallo 44-1991 Sala Primera (voto 801-F-2021).” (Voto Nº 00801- 2021 22 de abril del 2021 a las 09:15). De tal forma, no encuentra este Tribunal limitación alguna de la sociedad actora para haber interpuesto la acción de obligación forzosa de paso al tenor del ordinal 395 del Código Civil considerando que sí ostenta legitimación activa como presupuesto de fondo de la acción real interpuesta que se acogió. Se rechazan los embates citados.  

 X- Sobre la alegada improcedencia de la servidumbre solicitada por existir salida suficiente, existencia de acceso por vía diversa y deficiente valoración de la prueba. Reclama al respecto, de las conclusiones del dictamen pericial y documental vertidos en autos y del reconocimiento judicial, se desprende lo siguiente: la existencia de salida suficiente, lo que se reconoció en sentencia cuando se razonó que las fincas de la actora conforman una unidad material y cuentan con un camino interno que conecta ambas hasta una trocha de acceso graficada en el croquis pericia. Además que del informe pericial es claro en que la finca de la actora tiene salida suficiente a la vía pública y no se encuentra enclavada, resultando improcedente la servidumbre peticionada. Y aduce, que el verdadero conflicto no es la falta de salida,  sino la negativa de la actora a realizar las obras de mantenimiento necesarias en su propio acceso optando por afectarse la propiedad de la parte demandada. En la sentencia se valoraron las conclusiones del informe pericial. Donde se analiza, que en el informe técnico se concluyeron los siguientes temas: a) existencia de salida suficiente a calle pública, al haberse determinado que los terrenos de la accionante tienen un camino interno que conecta las dos propiedades que conducen a una trocha de acceso a la vía pública representante en el croquis pericial. b) Falta de enclave al disponer de una salida suficiente a la calle pública, aunque el camino no se encuentre lastreado, se encuentre cubierto de monte y por ello requerir de mantenimiento. b) naturaleza y mantenimiento de la ruta. Se expone esa ruta no es calle pública bajo administración del ente municipal y la obligación de los propietarios del camino de brindar el mantenimiento según expuso el ingeniero municipal y responsabilidad de estos de encontrarse en la posesión actual. Y que ese camino es usado por otros vecinos, que acreditan su naturaleza privada y compartida. En la sentencia respecto a la ruta que reclama la demandada debe considerarse por dar acceso,  se tuvo por probado:  “ 7./ De conformidad con la pericia y de acuerdo a los planos h-5826-1964 y H-5827-1964, la finca matrícula número 26734, tiene una trocha de acceso que se ubica en su lindero sur, por el extremo este de la finca. Pero en el reconocimiento judicial practicado y dado que ambas fincas de la actora conforman una unidad material, este acceso sirve a ambas fincas. Pues dentro de la fincas de la actora hay un camino interno que conecta a ambas fincas, y las cruza a ambas hasta conectarse con esta trocha de acceso, que se grafica en el croquis de la pericial rendida. (Ver croquis dos de la pericial y reconocimiento judicial en audiencias orales de expediente digital); 8./ El camino por donde la parte actora solicita se constituya la servidumbre se ubica en la finca de la demanda matrícula número 171468-000. Materialmente hay un camino demarcado, no lastreado sino cubierto de monte, que parte de la colindancia oeste de la finca 26734 (finca de la actora y que sería el lindero este de la finca de la demandada) hasta salir a calle pública por el lindero oeste de la finca de la demandada. Este trayecto tiene una longitud de unos 300 metros de longitud. Aunque la pericia no indica lo longitud señala que tiene un área de 727 mil 30 metros cuadrados. (Ver reconocimiento judicial en audiencias orales y croquis uno y dos de pericia en Expediente digital); 9./ La trocha de acceso a las fincas de la sociedad actora, graficada en el croquis 2 de la pericia, y dibujada de azul, que supuestamente es conocida como “Calle Derrumbes”, no se encuentra codificado o inventariado como calle pública cantonal. (Ver Oficio número MSBI-071-2018, con fecha del 20 de setiembre de 2018, emitido por la Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia / Expediente digital)”.  Para esta Instancia los alegatos de la existencia de salida suficiente a calle pública por otro camino diverso al reclamado que discurre sobre otros fundos, debe ser denegado. Y separarse de las conclusiones del peritaje tal y como se fundamentó en la sentencia recurrida, sin que sea lo anterior otorgar a la prueba un valor erróneo. Denota esta Instancia respecto a ese otro camino alegado por la demandada que elimina la condición de enclave de las fincas de la actora que si bien el camino existe, según se describió en el reconocimiento judicial y se incluyó en la pericial como vía de salida, esa ruta no puede fungir como salida. Esto lo deduce esta Cámara de la revisión de esa prueba técnica que consta en autos y lo observado en el reconocimiento judicial que no fuera impugnado en su contenido. En el informe pericial se describió la metodología, documentación base, de importancia se describió: “La parte actora del proceso en su escrito de demanda, solicita prueba pericial para que se nombre un perito topógrafo, con el fin de que responda las siguientes consultas: “1) Determine la existencia de hecho de la servidumbre. Respuesta: De la inspección, reconocimiento y levantamiento hecho durante la diligencia pericial de campo, se pudo confirmar la existencia de un camino interno que atraviesa con rumbo oeste-noreste la finca Nº 4-171468-000 de la demandada. Dicho camino concuerda en su inicio con la ubicación que le da al mismo el plano Nº H-267141-1995, en el que se le denomina como servidumbre. Ahora bien, el suscrito no le consta ni puede afirmar que dicho camino sea una servidumbre, ya que para ello la misma debió ser constituida jurídicamente como un gravamen, y haber sido anotada en el asiento registral de la finca sirviente y de las fincas dominantes. Ahora bien, es posible que en el pasado cuando la actora era dueña de la finca por donde atraviesa dicho camino, lo haya utilizado para el acceso a la finca Nº 4-026734-000, lo que lo convertiría para ese momento como una “servidumbre de hecho”. Sin embargo al vender la actora la finca que fungiría como fundo sirviente (4-171468-000) sin haber constituido ni registrado legalmente la servidumbre, se le dio pie al nuevo dueño para no respetarla….. 5) Que determine el área total del terreno de lo que será la servidumbre. Respuesta: De acuerdo con el derrotero indicado en el Croquis Pericial Nº 1, el área total del terreno correspondiente al camino interno que atraviesa la finca Nº 4-171468-000, y que eventualmente podría convertirse en servidumbre, es de 727.30 m2. 6) Que determine la existencia y reconocimiento municipal de la calle como pública que indican los planos y la efectiva colindancia con la servidumbre. Respuesta: De acuerdo a los oficios de la Municipalidad de Santa Bárbara Nº MSBI-084-2018 y MSBI-092-2018, la calle denominada por dicho municipio como calle Las Moras, la cual permite el acceso a las dos fincas pertenecientes a la parte demandada, se encuentra registrada y catalogada como calle pública código C4-04-131. Dicha calle entre los vértices Nº 1 y 2 del plano Nº H-267141- 1995 que describe la finca Nº 4-171468-000 perteneciente a la demandada, efectivamente colinda con el camino interno que atraviesa dicha finca, y que tanto la parte actora como el plano lo denominan como servidumbre”. Del estas conclusiones se denota que en la materialidad la ruta en discusión existe, cuál es la distancia que recorre y la conexión de esta con calle Las Moras. Esa misma probanza cita: “8) Que determine que las dos propiedades de ALFA ALBA, S.A. son fundos enclavados. Respuesta: Del reconocimiento hecho en el campo se pudo constatar que tanto la finca Nº 4-026734 como la finca Nº 4-022340, de la cual la parte actora es copropietaria, no pueden ser consideradas como fundos enclavados, ya que las mismas si poseen salida a través de lo que la municipalidad denomina como caminos de trocha, y en sus respectivos planos se denominan como camino a Carrizal y vereda a Sacramento. Por lo tanto aunque dichos accesos solo permitan el tránsito a pie o con bestia por su mal mantenimiento, los mismos existen en la materialidad y se encuentran de hecho constituidos, logrando a través de ellos ingresar a las fincas de la actora, siendo por tanto estas accesibles y no fundos enclavados. 9) Que determine que la única salida de las dos propiedades de ALFA ALBA, S.A. son por las propiedades de COLIBRIS DE LA MONTAÑA SOCIEDAD ANÓNIMA. Respuesta: Como se indicó en la respuesta dada a la consulta anterior, las dos fincas en copropiedad de la sociedad actora ALFA ALBA S.A., no son fundos enclavados. Por tanto se determina que el camino interno existente en la finca Nº 4-171468-000 de la demandada, y que tanto la actora como el plano Nº H-267141-1995 denominan como servidumbre, no es la única salida a calle pública con que cuentan dichas propiedades”. Como se observa por esta Cámara,  sostiene la prueba pericial que la finca no se encuentra enclavada al existir esos caminos de hecho denominados trochas, su mal estado de transitabilidad y condiciones. Tal y como se razona en la pieza recurrida, esta Instancia tiene por probado que la ruta en litis es la que da salida a calle pública por la ruta que es legalmente viable otorgarle, pues aún y cuando existe otra trocha la misma no es de naturaleza municipal o estatal al transcurrir y arribar a fincas privadas. Así lo confirmó el mismo perito en su aclaración a su pericia cuando expuso: “- De acuerdo al peritaje rendido; por cuantos inmuebles de propiedad privada atraviesa “la trocha” que supuestamente da ingreso a los inmuebles de mis representadas; y cuáles son sus inscripciones registrales; Respuesta: De acuerdo a los estudios realizados en el Registro Inmobiliario y a la información suministrada por el mapa catastral de la zona en donde se localizan las fincas de la actora, se pudo determinar que existen varias fincas inscritas que geográficamente se encuentran antes de las dos fincas de la actora, las cuales son descritas por planos catastrados que indican que las trochas señaladas en realidad son caminos o calles públicas, y no servidumbres de paso. (Se adjuntan al presente escrito informes registrales e imágenes de planos catastrados de dichas fincas). Por lo tanto al ser dichas trochas señaladas como caminos o calles públicas, en los asientos registrales de estas fincas no se encuentra anotada la afectación por servidumbre de paso. En la siguiente tabla se indican cuáles son estas fincas, sus planos de catastro y a nombre de quien están: .

FINCA                             Nº PLANO                            Nº PROPIETARIO

4-125794-000          H-853471-1989                     Benedicto Ramírez Zamora

4-226334-000          H-1324496-2009                   Moisés Ramírez Zamora

4-051475-000          H-898544-1990                    Allan Oscar Benedicto    Ramírez Víquez

4-051473-000           H-899153-1990                   3-101-652754 S.A.

4-204078-000           H-1153016-2007                 Renolga S.A.

4-156343-000            H-390902-1997                  Explotación Reforestación e

Industrialización Expein S.A.

4-170380-000            H-576298-1999                  Fabio Luis Herrera Gutiérrez

4-226182-000            H-1459238-2010                Renolga S.A”.

(imagen 118 a 188  modo pdf expediente digital). Como se deduce por esta Sede, el perito concluye que ese camino que identifica entre fincas corresponde a caminos públicos porque así lo indican los planos de tales propiedades. Sin que eso sea lo certificado por la Municipalidad de Santa Bárbara como ente competente de administrar los caminos vecinales que en el oficio del 20 de setiembre de 2018, Oficio MSBI-071-2018 del Ingeniero Jorge Trejos Molina de la Municipalidad de Santa Bárbara indica : “Por medio de la presente reciba un cordial saludo y además se da respuesta a su consulta de un camino, que para su persona es considerado como público y que la Municipalidad debe iniciar su intervención. Le comento que posterior a su solicitud se realiza visita a sitio estando su persona presente, dicha visita se realiza el día 4 de setiembre de 2018, el objetivo de la visita se basa en levantar un punto de referencia para dictaminar si el camino al que usted hace mención se encuentra dentro de los registros municipales e inventarios para que en dado caso se pueda intervenir. El punto levantado se muestra en la imagen #1, que veremos a continuación…  (imagen). Al colocar el punto levantado dentro del registro e inventario vial municipal, podemos observar que el camino al que usted hace mención no tiene conectividad alguna o forme parte de algún camino cantonal registrado, el inicio de este “camino” que se muestra en la imagen de hecho se encuentra en un punto totalmente aislado, por lo que para efectos de esta resolución dicho sector lo podemos catalogar como un “trocha de acceso”  Posterior a la vista de sitio, su persona adjunta fotografías de planos catastros de las fincas, en ellos hay tramos donde se establecen como “Caminos de salidas a fincas” lo que hemos denominado como “trocha de acceso”, y así se puede apreciar en la siguiente imagen (imagen) .. Además del montaje con el inventario vial municipal, se hace consulta a la Secretaria de Planificación Sectorial de MOPT, donde se nos indica que en efecto el camino no se encuentra codificado e inventariado como calle publica cantonal. Por tanto, dicha “trocha de acceso” no puede ser intervenido por la Municipalidad de Santa Bárbara, hasta el momento funciona y es acceso privado a fincas y son los propietarios e interesados directos que deben realizar mantenimiento en este caso” (imagen 179 a 187 modo pdf expediente digital).  Como se observa por esta Instancia se constata que las rutas a las que se refiere el perito como caminos o rutas de acceso que según define son públicos, no son de esa naturaleza, son caminos privados entre las diversas fincas inscritas y no inscritas que la parte demandada nunca solicitó traer al proceso.  De tal forma que las fincas de la parte actora si se encuentran enclavadas en la realidad por existir una ruta no idónea por otras fincas privadas y ser el camino en litis el que ha de concederse bajo la figura de obligación forzosa de paso al amparo del artículo 395 del Código Civil. Que ha de soportar hasta tanto no cambien las condiciones actuales de enclave por salida insuficiente y sea solicitado por la aquí demandada según la inteligencia del numeral 399 Ibidem. Estima esta Sede resulta proporcional y razonable confirmarse la sentencia de instancia al ser el camino en litis concedido como obligación de paso, el único existente que hace que las fincas de la actora sean funcionales y aprovechables en la realidad. Mismo que no condena las propiedades de la accionante a su aislamiento por enclave, las hacen aprovechables y por lo que deberá resarcir a la demandada como se ha decidido en la resolución apelada sin que medie cuestionamiento al respecto. Lo anterior dadas las condiciones de ambas rutas: la que es objeto de este proceso y la identificada en la prueba pericial. Lo anterior tiene relación con el argumento de apelación que el conflicto real es no haberse asumido por la actora la erogación correspondiente al mantenimiento de caminos que tiene a su disposición,  no resulta de recibo debido a que esa ruta es según el perito y el reconocimiento judicial es de difícil acceso por su materialidad. En el croquis pericial N. 2 de la prueba pericial vertida se observan esas rutas que indica el perito les da salida a las fincas graficadas en color rojo y azul denominadas trochas de acceso  (imagen 142 modo pdf). En el croquis N1 se dibujó el que es objeto de este proceso. En adición a la pericia se contestó por el perito (imagen 201 a 202 modo pdf)  que en el informe se indicó que la trocha por la que tiene su salida la finca de la actora, solo es transitable a pie o con bestia por su mal estado. El largo del camino en litis por la propiedad de COLIBRIS DE LA MONTAÑA SOCIEDAD ANÓNIMA según el Croquis Pericial Nº 1, el camino es de 103.88 metros de distancia y según el reconocimiento judicial es transitable y en condiciones seguras identificadas como servidumbre de hecho no constituida legalmente. En pericial aportada en forma posterior se indicó respecto a esa trocha  (imagen 213 a 214 modo pdf expediente digital):  “- Que distancia tiene “la trocha” desde calle pública hasta los inmuebles de mi representada; Respuesta: Como se indicó en la respuesta dada a la primer consulta, las denominadas trochas se describen en todos los planos señalados en la tabla anterior como calles públicas. En el caso de la finca Nº 4-026734-000 de la actora, la misma tiene salida directa a una de dichas trochas (calles públicas según planos ya señalados) por el sector suroeste de la misma (Véase Croquis Pericial Nº 2 del informe pericial). Es decir que por este sector no existe distancia alguna que indicar. Ahora bien, la otra trocha que tiene un rumbo noreste y que en los planos de terceros también se considera como una calle pública, llega a un punto en el que presenta una bifurcación la cual podría considerarse como un camino privado que ingresa a la finca Nº 4-026734-000 cuya longitud es de aproximadamente 67.11 según los derroteros entre los vértices Nº 13, 14 y 15 del plano Nº H-853471-1989, que describe la finca Nº 4-125794-000 colindante al sureste con la finca Nº 4-026734-000 de la actora. Luego se tiene que dicha trocha que se considera como camino privado, continúa por el interior de la finca Nº 4-026734-000 aproximadamente unos 80 metros, con el fin de darle salida a la finca Nº 4-022340 de la actora. (Véase imágenes de los planos Nº H-5827-1964 y Nº H-5826-1964, que describen a las dos fincas de la actora)”. Cita esta Instancia, no obstante las distancias apuntadas en el croquis N. 1 pericial no se visualiza que las distancias consideradas en esta última respuesta hayan abarcado todo el trayecto que representa utilizar ese camino entre fincas privadas. Resulta evidente aplicando la sana crítica no es solo la distancia referida en esa pericial previamente citada. El camino rojo es muy superior en distancia al camino celeste que arriba a Calle las Moras que es el reclamado (imagen 142 modo pdf). En el considerando VII de la sentencia apelada respecto al análisis de la trocha que el demandado pide se considere para no tener por enclavado el terreno se indicó: “No cabe duda que la trocha, que da a la Calle Derrumbes, fue en tiempos pasados el único camino de acceso de la finca de la sociedad actora, y de muchas otras fincas del lugar, pues no existían caminos alternos para llegar y había que conformarse con lo que había. Pero la realidad es cambiante, las ciudades crecen y nuevos caminos se abren en el país, en este caso con la apertura de la calle pública a Carrizal que llega hasta la finca 171468-00 de la sociedad demandada, que es la calle a la que se pide salida, hace que la salida de ambas fincas de la actora tengan un acceso relativamente fácil a calle pública, si se constituyera donde lo solicita la parte podría tener unos ciento veinte metros de longitud en contra de los cinco kilómetros por la trocha indicada..” Esa descripción de la sentencia no fue objetada en la apelación que conoce esta Tribunal, haciéndose énfasis en que la actora ha de invertir en reparar y poner en condiciones esa ruta de trochas de cinco kilómetros; lo que no resulta aceptable como solución a aplicarse en la realidad de la accionante. Como se consignó por el ente municipal carece de competencia para gestionar esa ruta por no ser cantonal y ser trochas de accesos de fincas privadas. Por lo que pone en condiciones de transitabilidad no puede ser asumida solo por uno de los propietarios de las fincas que podrían aprovecharla, al no ser lógico ni razonable imponer esa carga a la actora.  Se rechaza el agravio respecto a la condición del camino, la viabilidad de la ruta o la posibilidad de tener esa trocha como la vía de conexión de las propiedades de la accionante con salida a calle pública. El resultado del reconocimiento judicial arroja las condiciones de intransitabilidad y fue celebrado con ambas partes en donde se corroboró esa situación de inidoneidad. En el recurso no se expone en forma detallada que fue lo observado en el reconocimiento que demuestra otras condiciones y las fotografías aportadas como prueba para mejor resolver de partes de la ruta no subsanan lo señalado por el a quo en el reconocimiento judicial. Resulta lógico pensar que en el recorrido de una ruta existan tramos de diversa condición.  Razón por la que se rechazaron las fotografías. Igualmente han de perecer los reclamos de las condiciones idóneas de la trocha entre fincas por las razones expuestas y la omisión de la actora de asumir los costos de mantener la misma en condiciones aceptables de ser utilizada como salida a calle pública de sus terrenos. Sobre este tema la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en sentencia Nº 00380 - 2000 19 de mayo del 2000 a las 16:45 sobre este tema resolvió:  “  En concordancia con lo expuesto, esta Sala considera que dicho rumbo, para solucionar el problema del enclavamiento del predio de los actores, es el adecuado.  Ello por cuanto, se repite, además de lo afirmado por el representante de Suministros e Inversiones del Pacífico S.A., según los reconocimientos judiciales practicados, el trayecto por la finca de esa sociedad presenta partes intransitables, incluso para vehículos de doble tracción, pendientes pronunciadas y constantes derrumbes provocados por las filtraciones de agua.  Por otro lado, es poco consistente en la orilla del precipicio.  Todo ello pone en peligro la vida de quienes transiten por ahí.  Por el contrario, el paso por la finca número 27.578 es menos irregular y más consistente.  Tocante a la presencia del Proyecto Ecoturístico en ese inmueble, no fue acreditado por los juzgadores de instancia; y a pesar de que el casacionista no ataca ese aspecto conforme a las formalidades de rigor, en el acta de reconocimiento judicial efectuado por el Tribunal se menciona …  Además, conforme se expuso, la peligrosidad del otro trayecto para quienes lo transiten, lo descarta como adecuado para darle salida al fundo de los actores. VII.- El derecho es realidad.  Por ende, la labor de los tribunales ha de estar siempre caracterizada por el empeño de penetrar profundamente en el sentido práctico del derecho.  Ello sin perder de vista sus fines fundamentales como son la justicia y la seguridad.  Los esquemas teóricos de férrea lógica no deben llevar a los excesos conceptualistas que se apartan de la realidad.  Dicha tendencia no es idónea para dar solución a los conflictos cotidianos que se presentan en la sociedad.  Si a ésta no se le escudriña, observando con detalle su comportamiento en general, y sus diversas reacciones, como organismo viviente que es, se corre el riesgo de convertir el derecho en una especie de corsé inflexible sin aptitud para resolver los problemas concretos de la vida diaria. Cada caso en particular debe ser interpretado con el sentido eminentemente práctico y humano del derecho.  Comprenderlo así,  significa recrearlo o remozarlo en cada fallo, impidiendo su fosilización al amparo del positivismo legalista o de una posición fríamente conceptual. VIII.- De acuerdo con lo apuntado en el considerando anterior, y en relación con la ruta fijada para darle solución al enclavamiento del fundo de los actores, debe recordarse que se está ante un problema de profundo contenido social y económico.  Por ende, de marcado interés público.  Ello por cuanto, de no contarse con salida, o salida bastante a la vía pública, se convertiría el fundo de comentario en un predio improductivo y sin utilidad, lo cual va en menoscabo de la conveniencia nacional.  Así lo entendieron los romanos.” Ha de aplicarse en la solución del objeto del proceso en particular motivos de proporcionalidad y razonabilidad para mantener el fundo en condiciones de poder ser objeto de un efectivo derecho de propiedad para cumplir su función agraria manteniendo la vocación agraria que ostenta y así tutelar las condiciones para que sea factible su aprovechamiento, aun cuando no contenga en la actualidad actividades productivas. Pues no es posible mantener un terreno en condición comprobada en la realidad de imposibilidad total o parcial de acceso. La legislación nacional aplicada a la solución de la apelación conlleva a imponer esa carga en el terreno de la parte demandada para otorgar salida idónea al terreno enclavado o con salida insuficiente mientras sea necesario. Esos criterios de proporcionalidad y razonabilidad conllevan a disminuir derechos de las personas involucradas, que en compensación recibirían un monto indemnizatorio como se ordenó en la sentencia recurrida. Resultando la medida proporcional y razonable y no ser una solución ilícita o dañina al punto de vaciar el contenido del derecho de propiedad de la parte accionada.  Conllevando a un proceso de ponderación de la razonabilidad y proporcionalidad. Al respecto en decisión 732-2001 de las 12 horas 24 minutos del 26 de enero de 2001 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia delimitó el principio de razonabilidad de la siguiente manera: “V.- DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD COMO PARÁMETRO CONSTITUCIONAL. La jurisprudencia constitucional ha sido clara y conteste en considerar que el principio de razonabilidad constituye un parámetro de constitucionalidad … Para realizar el juicio de razonabilidad la doctrina estadounidense invita a examinar, en primer término, la llamada "razonabilidad técnica" dentro de la que se examina la norma en concreto (ley, reglamento, etc.). Una vez establecido que la norma elegida es la adecuada para regular determinada materia, habrá que examinar si hay proporcionalidad entre el medio escogido y el fin buscado. Superado el criterio de "razonabilidad técnica" hay que analizar la "razonabilidad jurídica". Para lo cual esta doctrina propone examinar: a) razonabilidad ponderativa, que es un tipo de valoración jurídica a la que se concurre cuando ante la existencia de un determinado antecedente (ej. ingreso) se exige una determinada prestación (ej. tributo), debiendo en este supuesto establecerse si la misma es equivalente o proporcionada; b) la razonabilidad de igualdad, es el tipo de valoración jurídica que parte de que ante iguales antecedentes deben haber iguales consecuencias, sin excepciones arbitrarias; c) razonabilidad en el fin, en este punto se valora si el objetivo a alcanzar, no ofende los fines previstos por el legislador con su aprobación. Dentro de este mismo análisis, no basta con afirmar que un medio sea razonablemente adecuado a un fin; es necesario, además, verificar la índole y el tamaño de la limitación que por ese medio debe soportar un derecho personal. De esta manera, si al mismo fin se puede llegar buscando otro medio que produzca una limitación menos gravosa a los derechos personales, el medio escogido no es razonable...” (En igual sentido Votos Nos. 843-02 del 30 de enero de 2002; 5374-03 del 20 de junio de 2003; 340-04 del 16 de enero de 2004; 846-05 del 28 de enero de 2005; 1800-05 del 23 de febrero de 2005; 2236-05 del 2 de marzo de 2005; 1806-06 del 15 de febrero de 2006; 1807-06 del 15 de febrero de 2006 y 1557-07 del 7 de febrero de 2007 y 1571-08 del 15 de enero de 2008)”. En este asunto se arriba a la conclusión, se debe confirmar la imposición de la obligación forzosa de paso a favor de la finca de la accionante mediante el sendero que se encuentra visible en el terreno de la demandada por cuanto resulta necesario, sin que pueda la otra ruta que se alega le da salida sea funcional e idónea. Existen intereses protegidos por el derecho y en especial el Derecho Agrario dirigidos a asegurar una meridana seguridad a las personas en los accesos y una tutela de la vocación agraria de la propiedad en tanto existe el enclave o salida insuficiente. Si bien se ha reclamado que la actora no desarrolla una actividad agraria, ciertamente, al emplear parámetros constitucionales para la fijar la imposición de obligaciones de paso por enclave o salida insuficiente se debe de considerar la función social, agraria y ambiental de la propiedad y su vocación. Respecto a los criterios de proporcionalidad y razonabilidad. Por lo que en este caso se encuentra en la otra ruta no es solución de salida de enclave de las propiedades de la actora. Se rechazan los agravios.

IX- Por los motivos expuestos, con fundamento en los artículos 1 y 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria, numerales 395 del Código Civil, se rechaza la prueba para mejor resolver ofrecida por la sociedad Colibrís de la Montaña S.A, se rechaza la nulidad. En lo apelado, deberá confirmarse la sentencia recurrida.

POR TANTO

Se rechaza la prueba para mejor resolver por Colibrís de la Montaña S.A de fotografías. Se rechaza la nulidad. En lo apelado, se confirma la sentencia número 2023000263 de las ocho horas con siete minutos del veintiuno de noviembre del año dos mil veintitrés.

 

	


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AGVIB5RCBQ861
MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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MAGDA DÍAZ BOLAÑOS - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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JD9V2OJ4LFG61
ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 18-000005-0815-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:26:17.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Tribunal Agrario**

**Resolution No. 00609 - 2025**

**Date of Resolution:** June 27, 2025 at 21:12

**Expediente:** 18-000005-0815-AG

**Drafted by:** Alexandra Alvarado Paniagua, Magda Díaz Bolaños, María Rosa Castro García

**Type of matter:** Ordinary Proceeding

**Analyzed by:** CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

**Content of Interest:**

**Type of content:** Majority Vote

**Branch of Law:** Agrarian Law

**Topic:** Agrarian easement (servidumbre agraria)

**Subtopics:**

Claim for lack of development of agrarian activity does not impede the duty to consider the social, agrarian, and environmental function of property and its vocation for establishing obligations of passage due to enclave or insufficient exit.
Inexistence of limitation on a co-owner to bring an action for the forced obligation of passage.

**Topic:** Right-of-way easement (servidumbre de paso)

**Subtopics:**

Claim for lack of development of agrarian activity does not impede the duty to consider the social, agrarian, and environmental function of property and its vocation for establishing obligations of passage due to enclave or insufficient exit.
Inexistence of limitation on a co-owner to bring an action for the forced obligation of passage.

**Topic:** Agrarian property

**Subtopics:**

Claim for lack of development of agrarian activity does not impede the duty to consider the social, agrarian, and environmental function of property and its vocation for establishing obligations of passage due to enclave or insufficient exit.
Inexistence of limitation on a co-owner to bring an action for the forced obligation of passage.

**Topic:** Agrarian co-ownership

**Subtopics:**

Inexistence of limitation on a co-owner to bring an action for the forced obligation of passage.

**Topic:** Standing in the agrarian process

**Subtopics:**

Inexistence of limitation on a co-owner to bring an action for the forced obligation of passage.

**Topic:** Active standing

**Subtopics:**

Inexistence of limitation on a co-owner to bring an action for the forced obligation of passage.

"XIII.-[...]Although it has been claimed that the plaintiff does not develop an agrarian activity, certainly, when employing constitutional parameters for establishing the imposition of obligations of passage due to enclave or insufficient exit, one must consider the social, agrarian, and environmental function of property and its vocation."

**Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments**
**Text of the resolution**
EV Machote Generation: E:\GESTION-JUDICIAL\SERVER OF FILES\MODELOS\CIVIL\TGTRIB009.dpj

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**EXPEDIENTE:**

18-000005-0815-AG - 3

**PROCEEDING:**

ORDINARY

**PLAINTIFF:**

ALFA ALBA SOCIEDAD ANÓNIMA

**DEFENDANT:**

COLIBRIS DE LA MONTAÑA SOCIEDAD ANÓNIMA

**VOTE N° N° 2025000609**

**TRIBUNAL AGRARIO. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.-** At twenty-one hours and twelve minutes on the twenty-seventh of June of two thousand twenty-five.-

**ORDINARY PROCEEDING** brought by ALFA ALBA SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number three - one hundred one - one hundred fifty-two thousand twenty-one, represented by its unlimited general attorney-in-fact Hermanus Cornelis Wijnberg, known as Henry Wynberg, of legal age, divorced, Dutch, resident of Alajuela, residence card number seven four two - one one zero three five nine - four two six; against COLIBRÍS DE LA MONTAÑA SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number three - one hundred one - five hundred thirty-one thousand twenty-two, represented by its unlimited general attorney-in-fact Carlos Gerardo Saborío Víquez, of legal age, married, teacher, resident of Heredia, identity card number two - three hundred forty-one - two hundred seven. Acting as lead attorneys for the plaintiff are licensed attorneys Arnoldo Javier Morales Sánchez, identity card number one - seven hundred eight - four hundred two, license number twenty-one thousand four hundred twenty-five; and licensed attorney Jorge Gerardo Cerdas Pérez, identity card number one - eight hundred - three hundred thirteen, license number six thousand five hundred sixty; for the defendant company, licensed attorney Ricardo Chacón Cuadra, licensee six thousand nine hundred ninety. Processed before the Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela.

Judge Castro García drafts the opinion; and,

**CONSIDERING:**

**I. OF THE CLAIMS:** The plaintiff filed this ordinary complaint, requesting that it be declared in judgment: "That since both properties, owned in part by the company ALFA ALBA, S.A., are enclaved, an ideal and sufficient exit to a public road or forced right-of-way easement (servidumbre forzosa de paso) on foot, horseback, vehicle, and any means of transport must be declared in their favor, and in this specific case through the only possible access and that the properties have always had along the eastern course with a width in accordance with the needs of the dominant properties and which, considering their use, shall not be less than seven meters wide along its entire length. Consequently, said passage shall be where we have always exited as I explained in the seventh fact of the complaint, crossing the property of COLIBRIS DE LA MONTAÑA, S.A., being able, once the passage is legally constituted, to fence both sides of the easement (servidumbre) and carry out all necessary modernization and maintenance works required. It be ordered in judgment to the Public Registry to register in favor of the enclaved properties and against the properties of the defendant company the forced right-of-way easement on foot, horseback, vehicle, or any means of transport, issuing the corresponding execution order. That these claims being logical and legally sound, if there is any opposition by the defendant, I request that it be ordered to pay both sets of costs of this action. My represented party meets the two requirements for this complaint to be granted: namely, that both properties owned by ALFA ALBA, S.A. are enclaved and adjacent to the defendant company, which in turn borders a public road, and that the properties lack an exit to a public road or street" (See electronic expediente downloaded in pdf format, images from 18).

**II. DEFENSES RAISED:** Carlos Saborío Víquez, in his capacity as representative of the defendant company, responded in a timely manner and in the negative, raising the defenses of lack of right and lack of interest. (See electronic expediente in PDF format, images 50 to 56).

**III.- APPEALED RESOLUTION:** Judge Edgar Eduber Calvo Solano, of the Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Alajuela, in judgment 2023000263, at eight hours and seven minutes on the twenty-first of November of the year two thousand twenty-three, resolved: «THEREFORE: The defenses of lack of right and lack of interest raised by Colibrís de la Montaña Sociedad Anónima are dismissed. Consequently, the complaint is granted as follows, it being understood as denied in all that which is not indicated: 1) The Registrar of the Public Property Registry is ordered to register a right-of-way easement (servidumbre de paso) against the property of the Partido of Heredia with Folio Real Registration Number 171468-000, and which is described in plan H-267141-1995, and in favor of the properties with Folio Real Registration Numbers 26734 and 22340 in which the company Alfa Alba Sociedad Anónima is a co-owner; 2) The easement (servidumbre) shall have a width of seven meters, with a course from east to west until reaching a public road, and shall be located parallel to the southern boundary of property number 171468-000, running from vertices one to seven of Cadastral Plan H-267141-1995, which corresponds to property number 171468-000. The easement has an approximate length of eighty-eight linear meters; 3) By means of judgment enforcement, the price to be paid by the plaintiff for said easement shall be established; 4) Considering that the defendant party litigated in good faith, and also had reasons to litigate, it is exonerated from the payment of both sets of costs of this action». (See electronic expediente images 419 to 431).

**IV.-** Carlos Gerardo Saborío Víquez, in his condition as unlimited general attorney-in-fact of Colibrís de la Montaña S.A., filed a motion for appeal and concomitant nullity. He sets forth in his submission the following topics of disagreement: Lack of Location of the Undivided Rights. The judgment recognizes in the first proven fact the rights over a property in favor of the plaintiff, but there is no proof in the expediente that accredits the specific location of those rights within the real estate, nor effective possessory acts over them. In Costa Rica, he refutes, the Law for the Location of Undivided Rights requires that, to exercise real rights over a portion of a property, these rights must be duly located and accredited in the proceeding, which did not occur in this case. Aggrievingly, there is no proof in the case file that accredits where the plaintiff company has those rights located, not even in the judicial inspection (reconocimiento judicial) hearing was it possible to locate them, the property having an area of almost seventy thousand square meters. In the same vein, he argues, there is also no proof evidencing possessory acts deployed by the plaintiff on the rights corresponding to it. No agrarian acts were observed (cattle, crops, constructions) and it is questioned how a judgment can grant an easement (servidumbre) in favor of a land, which also did not verify the location in accordance with the Law for the Location of Undivided Rights. He asserts it was necessary for the plaintiff to accredit having located said co-ownership rights in order to demonstrate the possessory acts, without there being any proof thereof. He points out the defendant company is the holder of the property right of the property against which the easement (servidumbre) is erroneously imposed, and also in that property, the appellant is also a co-owner of rights 9, 10, and 11, by virtue of existing litigation for fee collection against the plaintiff company. A process judicially registered as of today's date. Sufficient exit to an existing public street and indeterminacy of boundaries. He argues, the judgment states: "both properties of the plaintiff form a material unit, this access serves both properties, since within the plaintiff's properties there is an internal road that connects both properties, and crosses both of them until connecting with this access track that is drawn in the sketch of the expert report rendered". He outlines that this proven fact of the appealed ruling evinces that the plaintiff does indeed have a sufficient exit. The legal phenomenon does not have to do with a sufficient exit, but with the work that the plaintiff must carry out to achieve its objective. An act that it has sought to avoid at all costs by trying to impose an easement (servidumbre) in its favor that does not correspond to it, which is evidenced by the expert opinion that clearly exposes it technically. He contests, the judgment affirms: "Materially there is a demarcated path, not ballasted but covered with brush, that starts from the western adjacency of the plaintiff's property and winds along the eastern boundary of the defendant's property until exiting to a public road through the western boundary of the defendant's property. This section has a length of about 300 meters in length ... • (the bold and underlining are not from the original). This highlights the uncertainty by citing what would be the eastern boundary of the defendant's property, without being clear, showing the poor assessment of the proof produced in the case file contrary to the corresponding rules. He blames, as is exposed, it could well be another boundary, and with the plaintiff company's rights not being located in the property, how then can a real right of this nature be granted in favor of a property that is not definitively known and about which there is no proof regarding possessory acts. Regarding the route used. There is no proof whatsoever in the case file, he asserts, that the plaintiff party, whose rights are not located, used the exit in dispute that, according to what is concluded in the judgment, has been used and over which the right is granted over the property of the appellant defendant company. And it is affirmed that the plaintiff may make the arrangements it wishes, considering that this would not occur, since having its own exit as affirmed by the technical proof contained in the expert report, it has not wanted to carry out the corresponding works for the proper maintenance of its exit, much less will it do so in the one at issue. Regarding the access alley cited in the ruling. It is affirmed in the resolution that there is an access alley (Calle Derrumbes), which he deems erroneous because what was evidenced in the judicial inspection (reconocimiento judicial) was the lack of maintenance by the plaintiff's part regarding what it is responsible for investing. Furthermore, that road is used by other neighbors, an aspect that could be verified but was not mentioned in the judgment. He points out, he provides proof for better provision consisting of photographs taken on the same day of the hearing and judicial inspection, from which the use that road has is deduced. The same used by the family of Mrs. Silvia Lara, whose property borders the Yurro, as well as the Alfaro Family and the Property known as the Finca de Teletica. Regarding what the witness he proposed testified, recorded in the uncited recording. On the lack of public nature of the street. He claims, in the unproven fact it is mentioned that it was not accredited that the track providing access to the plaintiff company's properties is a public street under the administration of the Municipality of Santa Bárbara de Heredia. He contends, this process does not have the purpose of determining if it is a public road. He notes, municipal engineer Trejos indicates that these roads exist because they are declared access roads to properties and therefore the respective owners perform the maintenance; without that being analyzed in the judgment. Enclave or sufficiency of exit. Aggrievingly, it was clear in the expert opinion that the plaintiff's property is not in an enclave condition that justifies the granting of an easement (servidumbre). He considers whether it is the expert's competence to indicate to the judge if the properties are in that enclave condition or not. Disagreeing with what was cited in the judgment to the contrary, because the expert was indeed appointed to determine that aspect. It is indicated in the appealed piece, normally the expert must consider through which real estate the exit to a public road is shortest or if it is possible to build an easement on very steep or very wet terrain, the value of the easement, etc. Namely, the pros and cons of each of the possible location options for the easement. However, the expert opinion must also establish whether, in relation to the property for which the granting of the easement is requested, it is enclaved or not. And in the present case, the expert himself stated that such a scenario does not exist, hence the easement cannot be declared. Furthermore, the ruling's attention is focused on whether the exit is sufficient or not. Without considering whether the rights were located or not, there being a legal concept not determined by law. What is regulated in cases such as the present one is whether the property is enclaved or not. The expert opinion concluded that it is not enclaved and that a sufficient exit does exist. What happens, he appeals, is that the plaintiff does not want to invest in providing the maintenance that corresponds to the road it has, as other neighbors of that place have done. It being easier to affect a property like the appellant's, which throughout all these years has performed the maintenance required for the road to be enabled. He refutes, what occurs in the case is the party's refusal to maintain the road it has and not whether the property is enclaved or lacks a sufficient exit. Violation of substantive norms and infringement of the rules for the assessment of proof due to preterition and inadequate interpretation. He invokes the undue assessment of proof (previously understood as an error of law that he proceeds to define). He asserts, what occurred happens by not assigning the legal value that each piece of evidence has, or else, failing to observe the way in which that element must be assessed, according to current legislation. Which happens when a demonstrative element is preferred regarding facts alleged in the complaint and response, and that forms part of its cause of action or opposition. This transgresses the duty to analyze all the evidentiary material as a whole. (PRETERITION OF PROOF). He contends, the discussion has focused on the plaintiff attempting to obtain a declaration of an easement (servidumbre) for some rights it has in the plaintiff's property, which are not located, and where the appellant defendant also has rights in that same property. The poor assessment of proof lies in the fact that the expert report rendered did determine that the referred property and its rights do have a sufficient exit and are not enclaved, the reason for the complaint's inadmissibility. The plaintiff lacking the right for the referred easement to be granted. He claims, the proof proposed by his side is conclusive, the defect that exists in the ruling is that there was no complete analysis of the body of evidence, leaving the defendants defenseless in violation of constitutional principles. He asserts, the testimonial proof offered by his side was not analyzed, from which evidentiary elements of utmost importance are extracted to demonstrate throughout history what has occurred with the entrance to the property, whose rights the plaintiff invokes. This lack of evidentiary analysis inevitably causes the nullity of the ruling in question, and it should therefore be declared in that manner. He invokes the nullity of the judgment concurrently with the appeal to reorient the normal course of the proceeding and resolve in accordance with the applicable law. Proof for better resolution. Photographs are provided that he cites are of the disputed road in question. Evidenced in the Judicial Inspection (Reconocimiento Judicial) carried out, the result of which, he claims, was never communicated. He reasons these photographs are of the access alley, the maintenance of which corresponds to the plaintiff to perform and it has refused, to avoid expending on the respective work. And photos showing the state of the road called Cuesta del Pato, which is in perfect condition and through which neighbors enter without any problem. (See electronic expediente images 434 to 465).

**V- Proof for better resolution.** Based on article 52 of the Ley de Jurisdicción Agraria, the proof for better resolution offered by the defendant company, consisting of photographs of a route that it cites should be considered the access exit to a public road for the plaintiff company's properties, is rejected, as it is unnecessary given that there is sufficient proof of the route of the disputed road and of the other road cited as existing and recorded in the photographs. It is considered that a judicial inspection (reconocimiento judicial) was carried out in the presence of both parties, and during it, the corresponding photographs were taken and subjected to adversarial debate.

**VI- Nullity.** The party claims there was a deficient assessment of the proof, invoking preterition. Therefore, it invokes the nullity of the judgment for omitting the analysis of relevant testimonial and documentary proof, leaving it defenseless. Attributing erroneous value to proof, it contends that the testimonial proof offered by the undersigned was not analyzed, from which evidentiary elements of utmost importance are extracted to demonstrate throughout history what has occurred with the entrance to the property whose rights the plaintiff invokes. This lack of evidentiary analysis inevitably causes the nullity of the ruling in question, and it should therefore be declared in that manner. Furthermore, it is pointed out in its claim that photographs and other evidentiary elements were provided as proof for better resolution, demonstrating the state and use of the road, which were not duly considered in the appealed judgment. The nullity invoked for evidentiary preterition or erroneous integral assessment of the body of evidence offered to the expediente is rejected. From reading the judgment brought on appeal, it is noted that an analysis was conducted of the facts of the complaint, the response, and the allegations of both parties. All of which was contrasted with the documentary proof, judicial inspection (reconocimiento judicial), and expert evidence rendered and subjected to adversarial debate, in accordance with the applicable article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria (Transitory I Ley 9609). In the specific case, only the testimony of one witness offered by the plaintiff was received: Rosa María Eduarte González, known as Mayela Eduarte González. However, the appellant does not indicate in its appeal in what way the testimony of that person distorts the enclave condition of the plaintiff's property found during the judicial inspection and reasoned in the appealed judgment. Thus, failing to fulfill in this claim the duty to ground the grievances of the appeal to provide this Tribunal with functional jurisdiction. An appeal must express in precise form the grounds of fact or law that support the disagreement, as ordered by section 592 of the Código de Trabajo, applied by express referral from article 60 of the Ley de Jurisdicción Agraria (precedents of this Tribunal 06 of 01/14/2011, 793 of 07/27/2011, and 205 of 04/20/2004). It is highlighted in them that "the appeal demands from the complainants a statement of grievances. An appeal lacking such foundation and reasoning inhibits this Court from reviewing the judgment, as its competence is limited to the topics introduced for debate in the appeal, excluding aspects related to the procedure, which are reviewable ex officio. Conducting an ex officio review of the substantive issues would imply a breach of procedural balance, because, as explained, the Tribunal addresses the case based on the topics of disagreement formulated by the party" (vote 166 of 03/06/2009). Nor is it indicated which documentary proof in detail was omitted from consideration in the appealed ruling. This Tribunal finds no grounds for nullity, nor the merit of the claims regarding the assessment of evidence. The nullity is rejected.

**VII- Proven Facts.** The proven facts of the appealed judgment are upheld, being supported by evidentiary elements existing in the case file.

**VIII- Unproven Facts.** The unproven fact of the appealed resolution is shared, as no proof was provided to the case file reflecting another factual reality. To which this Instance adds: it was also not demonstrated that the access route to the property designated in the expert opinion as an access track is of a public nature and with ideal transit conditions.

**IX- On the condition of co-owner of the company Alfa Alba S.A. regarding the properties it qualifies as enclaved (active standing).** The appellant company's disagreement on this topic regarding the acceptance of the claim centers on the claims that despite the company Alfa Alba S.A. (plaintiff) also being a co-owner, as the owner of undivided rights, of the Heredia properties registration number 22340-000, where it holds rights 01 and 02; and registration number 26734, rights 01, 03, 04, and 07. Furthermore, the plaintiff company does not have its rights physically materialized or located under the protection of the Law for Undivided Rights, such that it could claim in its condition as co-owner the imposition of a forced right-of-way easement (servidumbre forzosa de paso) in favor of the mentioned lands due to enclave or insufficient exit. It argues that the absence of determination or location of rights makes the route of the access uncertain, where boundaries are cited in a confusing manner without specifying the exact location of the plaintiff's rights. Claiming there is no proof of possessory acts over the exit in dispute, nor is it evidenced that the plaintiff has made effective use of it. Claiming that granting a real right of easement (servidumbre) over the defendant's property without clear knowledge of the plaintiff's rights is a serious evidentiary deficiency. This Tribunal proceeds to reject these appellate claims linked to the active standing for the real action brought. Having considered the appellate claims, the case file, and the appealed judgment, the allegations are rejected. Firstly, it is pertinent to note that the regime of co-ownership in real estate corresponds to the regulations of articles 270 to 274 and 864 of the Código Civil. The first cited norm stipulates: “when a thing belongs simultaneously to two or more persons, the owners jointly exercise all the rights of a singular owner, in proportion to the share each has in the common property. The co-owner cannot, however, dispose of a determined part of the thing, without it having been previously adjudicated to them in the respective division.” As deduced from the transcribed section, the plaintiff company does have active standing due to its condition as co-owner to bring the process being conducted and to request the recognition of access due to enclave or insufficient exit for its properties. The co-ownership of the properties under the conditions registered in its name has not been refuted, nor is it part of the appellate reproaches. In response to these challenges, this Tribunal states, like the appealed judgment, that the company Alfa Alba S.A. is the co-owner of rights 01, 03, 04, and 07 of the Alajuela property registration number 26734 and rights 01 and 02 of the real estate under registration number 22349. Of interest, proven fact six states: "The plaintiff's property, registration number 22340, has two adjacencies with property number 26734 (the plaintiff's other property) along its western boundary and southern boundary. Materially, these properties are not divided by fences, lanes, or any type of boundary markers. There is also no indication that allows, in the field, the location of such adjacencies." This was recorded in facts one and two of the appealed ruling. And in that condition, it is the holder of the property right with the attributes of ownership under section 264 in relation to section 295 of the Código Civil. Likewise, in the case of properties in an enclave condition due to lack of access to a public road or insufficient exit, the real action for obligation of passage, or what is termed in doctrine as “forced right-of-way easement” under article 395 of the Código Civil, is available. For the filing of a demand of this nature, it is not necessary to have previously legally or materially located the co-ownership rights it holds under the Law for Undivided Rights or materially located the areas within the property; as claimed in the appeal. Namely, it is not necessary to demonstrate material possession over the "material areas corresponding to its rights," or to accredit the need to use that specific access route to a public road according to its specifically located right. Therefore, this claim must be rejected. Under the co-ownership regime, the property right is exercised jointly over aliquot portions. In this regard, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has resolved on this regime and the powers of co-owners: "The legal system does not condition the exercise of the right to defend property on the joint action of all co-owners. On the contrary, the acts of one of them, insofar as they seek the protection of their unlocated rights, are completely valid and effective. See resolution 826-2014 First Chamber. Pursuant to section 270 of the Código Civil, the plaintiff herein, as former co-owner of the real estate subject of this dispute, has sufficient standing ad causam activa, on his own, to seek the nullity of a foreclosure proceeding, its subsequent registrations in favor of third-party acquirers, and the restitution in his favor and that of a lady; the foregoing by virtue of the principle that any co-owner has standing to exercise actions for protection and reivindication of real estate, insofar as they entail benefit and not harm to the other co-owners. A principle that, additionally, is contained in articles 837 and 864 of the Código Civil. In that logic, it is not possible to determine, within the entire property, the right whose ownership corresponded to the plaintiff, given that it is an ideal and undivided right over the entirety of the property in litigation. See ruling 44-1991 First Chamber (vote 801-F-2021).” (Vote Nº 00801- 2021, April 22, 2021, at 09:15). Thus, this Tribunal finds no limitation on the plaintiff company for having brought the action for the forced obligation of passage under the terms of section 395 of the Código Civil, considering that it does have active standing as a substantive prerequisite for the real action brought, which was accepted. The cited challenges are rejected.

**X- On the alleged inadmissibility of the requested easement (servidumbre) because a sufficient exit exists, the existence of access via a different route, and deficient assessment of the proof.** It claims in this regard, from the conclusions of the expert opinion and documentary evidence submitted to the case file, and from the judicial inspection (reconocimiento judicial), the following emerges: the existence of a sufficient exit, which was recognized in the judgment when it was reasoned that the plaintiff's properties form a material unit and have an internal road connecting both to an access track drawn in the expert sketch.

Furthermore, the expert report is clear that the plaintiff’s farm has sufficient access to the public road and is not landlocked, making the requested easement (servidumbre) inappropriate. And it argues that the true conflict is not the lack of access, but the plaintiff’s refusal to carry out the necessary maintenance works on its own access, opting instead to encumber the property of the defendant. The conclusions of the expert report were assessed in the judgment. Where it is analyzed, that the technical report concluded the following issues: a) existence of sufficient access to a public street, having determined that the plaintiff’s lands have an internal road connecting the two properties that leads to an access trail (trocha de acceso) to the public road represented in the expert sketch. b) Lack of landlocked status (enclave) by having sufficient access to the public street, even if the road is not ballasted, is covered with brush, and therefore requires maintenance. b) nature and maintenance of the route. It is stated that this route is not a public street under the administration of the municipal entity and that the obligation of the road’s owners to provide maintenance, according to the municipal engineer, and their responsibility for currently being in possession. And that this road is used by other neighbors, which proves its private and shared nature. In the judgment regarding the route claimed by the defendant which should be considered for providing access, it was proven: “7./ In accordance with the expert report and according to plans h-5826-1964 and H-5827-1964, the farm with registration number 26734 has an access trail (trocha de acceso) located on its southern boundary, at the eastern end of the farm. But in the judicial inspection (reconocimiento judicial) carried out and given that both of the plaintiff’s farms form a material unit, this access serves both farms. Because within the plaintiff’s farms there is an internal road that connects both farms, and crosses both until connecting with this access trail (trocha de acceso), which is depicted in the sketch of the rendered expert report. (See expert sketch two and judicial inspection (reconocimiento judicial) in oral hearings of the digital file); 8./ The road through which the plaintiff requests the easement (servidumbre) be constituted is located on the defendant’s farm with registration number 171468-000. Materially there is a demarcated road, not ballasted but covered with brush, which starts from the western boundary of farm 26734 (plaintiff’s farm and which would be the eastern boundary of the defendant’s farm) to exit to a public street through the western boundary of the defendant’s farm. This stretch has a length of approximately 300 meters. Although the expert report does not indicate its length, it notes that it has an area of 727.30 square meters. (See judicial inspection (reconocimiento judicial) in oral hearings and sketches one and two of the expert report in the Digital File); 9./ The access trail (trocha de acceso) to the plaintiff company’s farms, depicted in sketch 2 of the expert report, and drawn in blue, which is supposedly known as “Calle Derrumbes”, is not codified or inventoried as a cantonal public street. (See Official Communication MSBI-071-2018, dated September 20, 2018, issued by the Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia / Digital File)”. For this Instance, the allegations of the existence of sufficient access to a public road via another path different from the one claimed, which runs over other properties, must be denied. And depart from the conclusions of the expert report as reasoned in the appealed judgment, without this meaning granting erroneous value to the evidence. This Instance notes regarding that other path alleged by the defendant that eliminates the landlocked condition (enclave) of the plaintiff’s farms that, although the path exists, as described in the judicial inspection (reconocimiento judicial) and included in the expert report as an exit route, that route cannot serve as an exit. This Chamber deduces this from the review of that technical evidence contained in the record and what was observed in the judicial inspection (reconocimiento judicial) whose content was not challenged. In the expert report, the methodology and base documentation were described; importantly it was described: “The plaintiff of the process in its statement of claim requests expert evidence for the appointment of a surveyor expert, to answer the following inquiries: “1) Determine the de facto existence of the easement (servidumbre). Answer: From the inspection, reconnaissance, and survey (levantamiento) made during the field expert diligence, the existence of an internal road that crosses the defendant’s farm Nº 4-171468-000 with a west-northeast heading was confirmed. Said road coincides in its beginning with the location given to it by plan Nº H-267141-1995, in which it is designated as an easement (servidumbre). However, the undersigned cannot certify or affirm that said road is an easement (servidumbre), since for it to be so, it must have been legally constituted as an encumbrance, and been annotated in the registry entry of the servient farm and the dominant farms. However, it is possible that in the past when the plaintiff was the owner of the farm through which said road passes, they used it for access to farm Nº 4-026734-000, which would have made it for that moment a “de facto easement (servidumbre de hecho)”. However, by the plaintiff selling the farm that would serve as the servient property (4-171468-000) without having legally constituted or registered the easement (servidumbre), the new owner was given the opportunity not to respect it... 5) Determine the total area of the land that will constitute the easement (servidumbre). Answer: According to the survey (derrotero) indicated in Expert Sketch Nº 1, the total area of the land corresponding to the internal road that crosses farm Nº 4-171468-000, and which could eventually become an easement (servidumbre), is 727.30 m2. 6) Determine the existence and municipal recognition of the street as public as indicated by the plans and the effective boundary with the easement (servidumbre). Answer: According to the official communications from the Municipalidad de Santa Bárbara Nº MSBI-084-2018 and MSBI-092-2018, the street named by said municipality as Calle Las Moras, which allows access to the two farms belonging to the defendant party, is registered and cataloged as a public street code C4-04-131. Said street between vertices Nº 1 and 2 of plan Nº H-267141-1995 which describes farm Nº 4-171468-000 belonging to the defendant, effectively borders the internal road that crosses said farm, and which both the plaintiff and the plan call an easement (servidumbre).” From these conclusions, it is noted that materially the route under discussion exists, what distance it covers, and its connection to Calle Las Moras. That same evidence cites: “8) Determine that the two properties of ALFA ALBA, S.A. are landlocked properties (fundos enclavados). Answer: From the reconnaissance made in the field, it was possible to verify that both farm Nº 4-026734 and farm Nº 4-022340, of which the plaintiff is a co-owner, cannot be considered landlocked properties (fundos enclavados), since they do have access through what the municipality calls trail roads (caminos de trocha), and in their respective plans they are called road to Carrizal and path to Sacramento. Therefore, although said accesses only allow transit on foot or by beast due to their poor maintenance, they materially exist and are constituted in fact, making it possible to enter the plaintiff’s farms through them, thus making them accessible and not landlocked properties (fundos enclavados). 9) Determine that the only exit from the two properties of ALFA ALBA, S.A. is through the properties of COLIBRIS DE LA MONTAÑA SOCIEDAD ANÓNIMA. Answer: As indicated in the answer given to the previous inquiry, the two farms co-owned by the plaintiff company ALFA ALBA S.A., are not landlocked properties (fundos enclavados). Therefore, it is determined that the internal road existing on the defendant’s farm Nº 4-171468-000, which both the plaintiff and plan Nº H-267141-1995 call an easement (servidumbre), is not the only exit to a public road that said properties have.” As observed by this Chamber, the expert evidence maintains that the farm is not landlocked (enclavada) because these de facto paths called trails (trochas) exist, despite their poor state of passability and conditions. As reasoned in the appealed decision, this Instance has it as proven that the route in litigation is the one that provides an exit to a public road via the route that is legally viable to grant it, because even though another trail (trocha) exists, it is not of a municipal or state nature as it runs through and arrives at private farms. This was confirmed by the same expert in his clarification to his expert report when he stated: “- According to the rendered expert report; how many privately owned properties does “the trail (trocha)” supposedly giving access to my clients’ properties cross; and what are their registry entries; Answer: According to the studies carried out in the Real Estate Registry and the information provided by the cadastral map of the area where the plaintiff’s farms are located, it was possible to determine that there are several registered farms that geographically are located before the two farms of the plaintiff, which are described by cadastral plans indicating that the indicated trails (trochas) are actually public roads or streets, and not rights of way (servidumbres de paso). (Registry reports and images of cadastral plans for said farms are attached to this document). Therefore, as said trails (trochas) are indicated as roads or public streets, in the registry entries of these farms the encumbrance for a right of way (servidumbre de paso) is not annotated. The following table indicates which farms these are, their cadastral plans, and in whose name they are: .

| FINCA | Nº PLANO | Nº PROPIETARIO |
| --- | --- | --- |
| 4-125794-000 | H-853471-1989 | Benedicto Ramírez Zamora |
| 4-226334-000 | H-1324496-2009 | Moisés Ramírez Zamora |
| 4-051475-000 | H-898544-1990 | Allan Oscar Benedicto Ramírez Víquez |
| 4-051473-000 | H-899153-1990 | 3-101-652754 S.A. |
| 4-204078-000 | H-1153016-2007 | Renolga S.A. |
| 4-156343-000 | H-390902-1997 | Explotación Reforestación e Industrialización Expein S.A. |
| 4-170380-000 | H-576298-1999 | Fabio Luis Herrera Gutiérrez |
| 4-226182-000 | H-1459238-2010 | Renolga S.A. |

(image 118 to 188 pdf mode digital file). As this Court deduces, the expert concludes that this path identified between farms corresponds to public roads because the plans of such properties indicate so. Without this being what was certified by the Municipalidad de Santa Bárbara as the competent entity for managing local roads, which in official communication dated September 20, 2018, Official Communication MSBI-071-2018 from Engineer Jorge Trejos Molina of the Municipalidad de Santa Bárbara indicates: “Through this, receive a cordial greeting and also a response is given to your inquiry about a road, which you consider public and that the Municipality must begin its intervention. I inform you that following your request, a site visit was carried out with you present; said visit was conducted on September 4, 2018. The objective of the visit is based on establishing a reference point to determine if the road you mention is within the municipal records and inventories so that, if applicable, intervention can occur. The point surveyed is shown in image #1, which we will see below… (image). Upon placing the surveyed point within the municipal road registry and inventory, we can observe that the road you mention has no connectivity whatsoever nor does it form part of any registered cantonal road. The start of this “road” shown in the image is in fact at a totally isolated point, so for the purposes of this resolution, said sector can be cataloged as an “access trail (trocha de acceso)”. After the site visit, you attached photographs of cadastral plans of the farms, in them there are stretches where they are established as “Exit roads to farms”, which we have called “access trail (trocha de acceso)”, and this can be seen in the following image (image) … In addition to the overlay with the municipal road inventory, an inquiry was made to the Sectorial Planning Secretariat of MOPT, where we were informed that the road is indeed not codified and inventoried as a cantonal public street. Therefore, said “access trail (trocha de acceso)” cannot be intervened upon by the Municipalidad de Santa Bárbara; currently it functions and is private access to farms, and it is the owners and direct interested parties who must carry out maintenance in this case” (image 179 to 187 pdf mode digital file). As observed by this Instance, it is verified that the routes referred to by the expert as roads or access routes which he defines as public are not of that nature; they are private roads between various registered and unregistered farms that the defendant party never requested be brought into the process. In such a way that the plaintiff’s farms are indeed landlocked (enclavadas) in reality because an unsuitable route exists through other private farms, and the road in litigation is the one that must be granted under the figure of forced obligation of passage (obligación forzosa de paso) under the protection of Article 395 of the Civil Code. Which must be borne until the current conditions of being landlocked (enclave) due to insufficient access change and this is requested by the defendant herein according to the interpretation of numeral 399 Ibidem. This Court deems it proportional and reasonable to confirm the lower court judgment since the road in litigation, granted as an obligation of passage, is the only existing one that makes the plaintiff’s farms functional and usable in reality. Which does not condemn the plaintiff’s properties to isolation due to being landlocked (enclave), makes them usable, and for which they must compensate the defendant as has been decided in the appealed resolution without any challenge to this matter. The foregoing given the conditions of both routes: the one that is the object of this process and the one identified in the expert evidence. This relates to the appeal argument that the real conflict is the plaintiff not having assumed the corresponding expense for the maintenance of roads available to them; it is not acceptable because that route, according to the expert and the judicial inspection (reconocimiento judicial), is difficult to access due to its materiality. In Expert Sketch No. 2 of the provided expert evidence, those routes that the expert indicates provide exit to the farms are observed, depicted in red and blue, called access trails (trochas de acceso) (image 142 pdf mode). In Sketch No. 1, the one that is the object of this process was drawn. In addition to the expert report, the expert answered (image 201 to 202 pdf mode) that the report indicated that the trail (trocha) through which the plaintiff’s farm has its exit is only passable on foot or by beast due to its poor condition. The length of the road in litigation through the property of COLIBRIS DE LA MONTAÑA SOCIEDAD ANÓNIMA, according to Expert Sketch Nº 1, the road is 103.88 meters in distance, and according to the judicial inspection (reconocimiento judicial), it is passable and in safe conditions, identified as a de facto easement (servidumbre de hecho) not legally constituted. In expert evidence provided later, it was indicated regarding that trail (trocha) (image 213 to 214 pdf mode digital file): “- What distance does “the trail (trocha)” have from the public street to my client's properties; Answer: As indicated in the answer given to the first inquiry, the so-called trails (trochas) are described in all the plans noted in the previous table as public streets. In the case of the plaintiff's farm Nº 4-026734-000, it has a direct exit to one of said trails (trochas) (public streets according to plans already noted) through its southwestern sector (See Expert Sketch Nº 2 of the expert report). That is to say, through this sector there is no distance to indicate. Now, the other trail (trocha) having a northeast heading, and which in third-party plans is also considered a public street, reaches a point where it presents a fork which could be considered a private road that enters farm Nº 4-026734-000, whose length is approximately 67.11 according to the surveys (derroteros) between vertices Nº 13, 14, and 15 of plan Nº H-853471-1989, which describes farm Nº 4-125794-000 bordering to the southeast with the plaintiff's farm Nº 4-026734-000. Then it follows that said trail (trocha), which is considered a private road, continues through the interior of farm Nº 4-026734-000 approximately 80 meters, in order to give access to the plaintiff's farm Nº 4-022340. (See images of plans Nº H-5827-1964 and Nº H-5826-1964, which describe the two farms of the plaintiff).” This Instance cites that, despite the distances noted in Expert Sketch No. 1, it is not visualized that the distances considered in this last answer covered the entire journey that using that road between private farms represents. It is evident, applying sound criticism, that it is not only the distance referred to in that previously cited expert evidence. The red road is far greater in distance than the light blue road that arrives at Calle Las Moras, which is the one claimed (image 142 pdf mode). In recital VII of the appealed judgment regarding the analysis of the trail (trocha) that the defendant asks to be considered so as not to consider the land landlocked (enclavado), it was indicated: “There is no doubt that the trail (trocha), which leads to Calle Derrumbes, was in times past the only access road to the plaintiff company's farm, and to many other farms in the place, as there were no alternative roads to arrive and one had to make do with what there was. But reality changes, cities grow, and new roads are opened in the country; in this case, with the opening of the public road to Carrizal that reaches farm 171468-00 belonging to the defendant company, which is the road to which access is requested, it makes the exit from both of the plaintiff's farms have relatively easy access to a public road, if it were constituted where the party requests it, it could be approximately one hundred twenty meters long versus the five kilometers along the indicated trail (trocha)..” That description in the judgment was not objected to in the appeal known by this Tribunal, with emphasis being placed on the fact that the plaintiff must invest in repairing and putting into condition that five-kilometer trail route (trochas); which is not acceptable as a solution to be applied in the reality of the plaintiff. As was recorded by the municipal entity, it lacks the competence to manage that route because it is not cantonal and are access trails (trochas de acceso) of private farms. Therefore, putting it in a state of passability cannot be assumed by only one of the owners of the farms that could use it, as it is neither logical nor reasonable to impose that burden on the plaintiff. The grievance regarding the condition of the road, the viability of the route, or the possibility of having that trail (trocha) as the connection route for the plaintiff's properties with an exit to a public road is rejected. The result of the judicial inspection (reconocimiento judicial) reveals the impassable conditions and it was conducted with both parties where that situation of unsuitability was corroborated. The appeal does not present in a detailed manner what was observed in the inspection that demonstrates other conditions, and the photographs provided as evidence for a better resolution (prueba para mejor resolver) of parts of the route do not rectify what was noted by the trial judge in the judicial inspection (reconocimiento judicial). It is logical to think that in the course of a route there exist stretches of varying condition. This is why the photographs were rejected. Likewise, the claims of the suitable conditions of the trail between farms (trocha entre fincas) must perish for the reasons stated and the plaintiff's omission to assume the costs of maintaining it in acceptable conditions to be used as an exit to a public road from their lands. On this topic, the First Chamber of the Supreme Court of Justice in judgment Nº 00380 - 2000 of May 19, 2000 at 16:45 resolved on this matter: “In accordance with the foregoing, this Chamber considers that said direction, to solve the problem of the landlocked status (enclavamiento) of the plaintiffs' property, is the adequate one. This is because, it bears repeating, besides what was affirmed by the representative of Suministros e Inversiones del Pacífico S.A., according to the judicial inspections (reconocimientos judiciales) carried out, the trajectory through that company's farm presents impassable parts, even for double-traction vehicles, steep slopes, and constant landslides caused by water filtration. On the other hand, it is not very consistent on the edge of the cliff. All this endangers the lives of those who transit there. On the contrary, the passage through farm number 27,578 is less irregular and more consistent. Regarding the presence of the Eco-Tourism Project on that property, it was not accredited by the trial judges; and despite the cassation appellant not attacking that aspect in accordance with the strict formalities, in the record of the judicial inspection (reconocimiento judicial) conducted by the Tribunal, it is mentioned … Furthermore, as was stated, the dangerousness of the other trajectory for those who transit it rules it out as adequate to give exit to the plaintiffs' property. VII.- Law is reality. Therefore, the work of the courts must always be characterized by the effort to deeply penetrate the practical sense of the law. This without losing sight of its fundamental purposes, such as justice and security. Theoretical schemes of strict logic should not lead to conceptualist excesses that depart from reality. Such a tendency is not suitable for solving the daily conflicts that arise in society. If society is not scrutinized, observing its general behavior in detail, and its diverse reactions, as the living organism it is, there is a risk of converting law into a kind of inflexible corset without the ability to solve the concrete problems of daily life. Each particular case must be interpreted with the eminently practical and human sense of the law. Understanding it in this way means recreating or renovating it in each ruling, preventing its fossilization under the shelter of legalistic positivism or a coldly conceptual stance. VIII.- According to what was noted in the previous recital, and in relation to the route set to solve the landlocked status (enclavamiento) of the plaintiffs' property, it must be remembered that this is a problem of deep social and economic content. Therefore, of marked public interest. This is because, if there is no exit, or sufficient exit to the public road, the property under comment would become an unproductive and useless plot, which is to the detriment of national convenience. This is how the Romans understood it.” Proportionality and reasonableness reasons must be applied in the solution of the object of this process in particular, to maintain the property in conditions to be the object of an effective property right to fulfill its agrarian function, maintaining the agrarian vocation it holds, and thus protect the conditions so that its use is feasible, even if it currently does not contain productive activities. For it is not possible to maintain land in a condition proven in reality as a total or partial impossibility of access. The national legislation applied to the solution of the appeal leads to imposing that burden on the land of the defendant in order to grant a suitable exit to the landlocked (enclavado) land or land with insufficient access while necessary. These criteria of proportionality and reasonableness lead to diminishing the rights of the persons involved, who in compensation would receive an indemnity amount as ordered in the appealed judgment. The measure being proportional and reasonable and not being an illicit or harmful solution to the point of emptying the content of the defendant’s property right. Leading to a process of weighing reasonableness and proportionality. In this regard, in decision 732-2001 at 12 hours 24 minutes on January 26, 2001 of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, it defined the principle of reasonableness as follows: “V.- OF THE PRINCIPLE OF REASONABLENESS AS A CONSTITUTIONAL PARAMETER. The constitutional jurisprudence has been clear and unanimous in considering that the principle of reasonableness constitutes a parameter of constitutionality … To carry out the judgment of reasonableness, U.S. doctrine invites one to examine, in the first place, the so-called "technical reasonableness" within which the specific norm (law, regulation, etc.) is examined. Once it is established that the chosen norm is adequate to regulate a certain matter, it will be necessary to examine whether there is proportionality between the chosen means and the sought end. Having overcome the criterion of "technical reasonableness", one must analyze "legal reasonableness". For which this doctrine proposes examining: a) weighing reasonableness, which is a type of legal assessment resorted to when, given the existence of a certain antecedent (e.g., income), a certain provision is demanded (e.g., tax), in which case it must be established whether it is equivalent or proportionate; b) reasonableness of equality, which is the type of legal assessment that assumes that given equal antecedents there must be equal consequences, without arbitrary exceptions; c) reasonableness in the end, at this point one assesses whether the objective to be achieved does not offend the ends foreseen by the legislator with its approval. Within this same analysis, it is not enough to affirm that a means is reasonably adequate for an end; it is also necessary to verify the nature and size of the limitation that a personal right must bear by that means. In this way, if the same end can be achieved by seeking another means that produces a less burdensome limitation on personal rights, the chosen means is not reasonable...” (In the same sense Rulings Nos. 843-02 of January 30, 2002; 5374-03 of June 20, 2003; 340-04 of January 16, 2004; 846-05 of January 28, 2005; 1800-05 of February 23, 2005; 2236-05 of March 2, 2005; 1806-06 of February 15, 2006; 1807-06 of February 15, 2006 and 1557-07 of February 7, 2007 and 1571-08 of January 15, 2008)”. In this matter, the conclusion is reached that the imposition of the forced obligation of passage (obligación forzosa de paso) in favor of the plaintiff's farm must be confirmed via the path that is visible on the defendant's land, as it is necessary, without the other route that is alleged to provide access being functional and suitable. Interests protected by law exist, and especially Agrarian Law aimed at ensuring clear safety for persons in access and protection of the agrarian vocation of the property while the landlocked state (enclave) or insufficient exit exists. Although it has been claimed that the plaintiff does not carry out an agrarian activity, certainly, when employing constitutional parameters to set the imposition of passage obligations due to landlocked status (enclave) or insufficient exit, the social, agrarian, and environmental function of the property and its vocation must be considered. Regarding the criteria of proportionality and reasonableness. Therefore, in this case, the other route is found not to be an exit solution for the landlocked status (enclave) of the plaintiff's properties. The grievances are rejected.

IX- For the reasons stated, based on Articles 1 and 2 of the Ley de Jurisdicción Agraria, numerals 395 of the Civil Code, the evidence for a better resolution (prueba para mejor resolver) offered by the company Colibrís de la Montaña S.A is rejected, and the nullity is rejected. In what was appealed, the appealed judgment shall be confirmed.

POR TANTO

The evidence for a better resolution offered by Colibrís de la Montaña S.A, consisting of photographs, is rejected. The nullity is rejected. In what was appealed, judgment number 2023000263 of eight hours and seven minutes of November twenty-first of the year two thousand twenty-three is confirmed.

Prohibited its reproduction and/or distribution for profit.

Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:26:17.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República