Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)…Así, la contradicción del fallo es evidente, ya que reconoce, a.) la invasión a la zona protegida de la quebrada desde el año 2005, dado que los permisos de construcción no consideraron que se debía proteger en forma especial el “caño de agua” y se indujo con ello a error a los acusados; b.) la afirmación en el año 2012 (f. 58 del legajo) de que el “caño” es un cuerpo de agua que el Tribunal cataloga como “intermitente” … y c.) que a la fecha hay invasión del área protegida que protege el agua. Y como conclusión, rechaza derribar la construcción sobre dicha zona, sosteniendo que ha variado en tamaño con los años…Lo anterior, además de restar coherencia al fallo, evidencia que se desaplica el artículo 50 de la Constitución Política, que contempla la obligación del Estado de velar por los recursos naturales y determina como un derecho fundamental el disfrute de un ambiente sano y el acceso al agua…No explica la sentencia las razones por las que reconoce igual valor probatorio a la pericia forense del año 2023 y a la inspección realizada por el SINAC un año antes…sin decantarse por alguna, aún cuando ambas exponen con férrea claridad, que la afectación al área de la quebrada se mantiene vigente…así las cosas, por vulnerar el principio lógico de derivación y presentar fundamentación contradictoria, se anula el fallo únicamente en lo concerniente al rechazo del derribo de la obra. Se ordena el reenvío para que, con una nueva integración, se resuelva lo que en derecho corresponda. Queda el resto del fallo incólume.
English (translation)…Thus, the contradiction of the ruling is evident, since it acknowledges: a.) the invasion of the protected area of the stream since 2005, given that the construction permits did not consider that the 'water channel' should be specially protected and thus the defendants were induced into error; b.) the confirmation in 2012 (file p. 58) that the 'channel' is a body of water which the Court classifies as 'intermittent' ... and c.) that to date there is invasion of the protected area that safeguards the water. And as a conclusion, it refuses to demolish the construction on said area, claiming it has varied in size over the years…The foregoing, besides detracting coherence from the ruling, shows that Article 50 of the Political Constitution is not applied, which provides the State's obligation to watch over natural resources and establishes as a fundamental right the enjoyment of a healthy environment and access to water…The judgment does not explain why it recognizes equal evidentiary value to the 2023 forensic expert report and the inspection carried out by SINAC a year earlier…without choosing one, even though both clearly show that the encroachment onto the stream area remains in effect…therefore, for violating the logical principle of derivation and presenting contradictory reasoning, the ruling is overturned solely regarding the refusal to demolish the construction. The case is remanded for a new panel to decide as a matter of law. The rest of the ruling remains intact.
Partially granted
Grande Normal Pequeña Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón Resolución Nº 00697 - 2025 Fecha de la Resolución: 01 de Agosto del 2025 a las 15:40 Expediente: 22-000920-0332-PE Redactado por: Hannia Soto Arroyo Clase de asunto: Recurso de apelación penal Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Texto de la resolución Resolución: 2025-0697 Expediente: 22-000920-0332-PE TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA ESPECIALIZADO EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. Primer Circuito Judicial de San José (En funciones como Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón), a las quince horas con cuarenta minutos, del día primero de agosto del año dos mil veinticinco. RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], c.c. [...], [...] y [Nombre 003], [...]; por el delito de INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso, las juezas Hannia Soto Arroyo, María Milagro Granados Garcia y el juez Raúl Madrigal Lizano. Se apersonó en esta sede, la licenciada Fabiola Morales Castro, representante del Ministerio Público; y, RESULTANDO: I.- Que mediante sentencia número 172-TJSR-2024, de las nueve horas y cinco minutos del siete de noviembre del dos mil veinticuatro, el Tribunal de Juicio del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, y artículos 39 y 41 de la Constitución Política, artículo 08 de la Convención de Derechos Humanos, 1, 24, 30, 31 del Código Penal; artículos 33 y 58 de la ley Forestal número 7575, 1, 2, 3, 9, 140, 267, 360, 361, 365, 366 del Código Procesal Penal, se resuelve: 1) SE ABSUELVE de toda pena y responsabilidad a los encartados [Nombre 001] Y [Nombre 003], por el delito de Invasión a un Área de Protección que en perjuicio de Los Recursos Naturales, que se le venía atribuyendo. 2) Se tiene por desistida la acción civil presentada por la Procuraduría General de la República. Se exime a la Procuraduría del pago de costas, cada parte corre con sus gastos del proceso. 3) Se rechaza el derribo de la estructura dentro del área en discusión. Notifíquese mediante lectura. Juez. Pablo Vargas Rojas" (sic). II.- Que, contra el anterior pronunciamiento, la licenciada Fabiola Morales Castro, representante del Ministerio Público, interpuso el recurso de apelación de sentencia penal, mismo que es resuelto por la presente integración del Tribunal de Apelación de Sentencia Especializado en Delincuencia Organizada, según el acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial, número XXVI, en la sesión número 53-2023, del 23 de junio de 2023. III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en la impugnación. IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes. Redacta la jueza de Apelación de Sentencia Penal Soto Arroyo, y; CONSIDERANDO: I.- La licenciada Fabiola Morales Castro, representante del Ministerio Público, interpone recurso de apelación contra la sentencia N° 172-TJSR-2025, de las 09:05 horas, del 7 de noviembre de 2024, del Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, sede San Ramón. De conformidad con los artículos 437, 438, 439, 458, 459, 460 y 462 del Código Procesal Penal, el recurso de apelación reúne los requisitos de ley para su conocimiento por el fondo, por lo que se procede a resolverlo por el Tribunal Penal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada, según el acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial, número XXVI, en la sesión número 53-2023, del 23 de junio de 2023. II.- El primer motivo acusa errónea aplicación de la ley sustantiva, específicamente los artículos 140, 142, 363 inciso b, 459 Código Procesal Penal y 33, 34 y 58 inciso a) de la Ley Forestal así como al principio de progresividad, aplicable en materia de Derechos Humanos. Indica la señora fiscal que el fallo desconoce la normativa ambiental que regula la restitución de las cosas a su estado anterior en bienes demaniales y áreas de protección de las cuencas hidrográficas. Señala la recurrente que “…El artículo 33 de la Ley Forestal crea las áreas de protección de los cuerpos de agua y entre ellas aquella que nos ocupa, sea una franja de 10 de diez metros medidas en forma horizontal en las riberas de los ríos. Por su parte, el artículo 1, 2 y 3 de la Ley de Aguas declara el agua y sus cauces bienes de dominio público” y que si bien el Ministerio Público solicitó la absolutoria, gestionó que se ordenara la restitución de las cosas a su estado anterior, pues aunque la acción no fue delictiva, por medio del dicho de los testigos [Nombre 004] y [Nombre 005], así como la pericia de la Sección de Ingeniería Forense N° DCF: 2023-000610-ING, se pudo establecer que 47 metros cuadrados del taller mecánico, invaden el área de protección del cauce del río, pese a lo cual el Tribunal no accedió a esta petición. Recalca que sólo los proyectos declarados como de Conveniencia Nacional (art. 34 de la Ley Forestal), con todos los alcances que esta figura tiene, pueden encontrarse dentro del área de los ríos, destacando la protección a las fuentes de agua y los recursos naturales. Cita el voto N° 2306-91 de la Sala Constitucional y señala que la falta de la orden de derribo por parte del Tribunal de Juicio, torna nugatoria la protección al ecosistema. Se refiere a la fundamentación del fallo (f. 152) y recalca que pese a su procedencia, no se aplica el numeral 140 del Código Procesal Penal. Considera que la sustanciación del fallo es errada, pues la ribera de los ríos es estática y no varía la misma salvo en situaciones extremas de eventos naturales, como huracanes. Se atiene a la resolución N° 450-2003, del Tribunal de Casación Penal, así como el voto N° 13367-2001 de la Sala Constitucional. Refiere al principio de progresividad, que implica la obligación de los Tribunales de Justicia de resolver en pos de la protección del ambiente y al voto N° 979-2002 del Tribunal de Casación Penal de San José. Considera que el fallo no hace un estudio interdisciplinario que contemple todos los alcances del caso y expone como agravio, la afectación a la colectividad y al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El segundo motivo acusa inconformidad con la valoración de la prueba, dada la “…errónea valoración de la totalidad de los medios de prueba legalmente incorporados en el proceso, específicamente al analizar la procedencia o no de ordenar la restitución de las cosas a su estado original…”. Señala la señora fiscal que en la sentencia se explica que, según los testigos [Nombre 005] y [Nombre 004], técnicos del SINAC, los recursos naturales no son estáticos, sino que cambian constantemente y que de la topografía y el plano levantados en el sitio, “…se apreciaba que la quebrada en la zona en estudio hacia una curva en la que la resistencia al agua lo es el propio borde, sin ningún tipo de contención sólida, mas allá de la misma tierra que forma el paredón. Que además se sabía que de la declaración de ambos funcionarios del SINAC en el 2022 midieron con cinta métrica y que las mediciones son exactas, y que para el 2023 el área invadida ya no eran dos metros a uno de adelante hacia atrás del taller, sino eran de 3.7 metros a 2.5 metros en la misma dirección, dejando ver entonces que en un año existieron inconsistencias y con mayor medida del 2005 a la actualidad, y que por esta razón no estábamos ante un punto fijo…”. Cita lo declarado por la señora [Nombre 004] y el señor [Nombre 005], así como el dictamen pericial de Ingeniería Forense número DCF 2023-00610-ING en sus conclusiones y estima que la fundamentación del fallo es insuficiente, pues se limita a afirmar que entre el momento de la notitia criminis y la pericia forense transcurre un año, que en ambos casos se partió del borde más alto de la quebrada y que de las declaraciones de los testigos se puede determinar que los recursos naturales sufren cambios constantes, además de que la medición hecha por el SINAC en el año 2022 mostró una invasión de 2 metros (medida que se tomó con cinta métrica) y luego, un año después, la pericia reveló que es de 3,7 metros, y que si en un año de tiempo se da esa inconsistencia, mucho más se daría desde el año 2005, que fue la fecha de la construcción. En su criterio, la interpretación de la prueba es errónea, pues lo que el testigo [Nombre 005] dijo en debate es que los cuerpos de agua no van perfectos, sino que tienen curvas, que el borde de la quebrada puede variar según las “crecidas” del agua y que la quebrada dictaminada en el año 2012 era apenas un caño, según el plano, pero pudo haber tenido una “crecida” en algún momento, lo que el Tribunal tomó como la variabilidad del recurso hídrico. No se valoró que la pericia de Ingeniería Forense revela que existió una invasión del área protegida, dadas las mediciones que se hicieron con equipo técnico y especializado, siendo que hay divergencias con las medidas de la denuncia, justo por la sencillez de la forma en que se tomaron por parte del SINAC. Considera que la valoración errónea de la prueba ha causado que se legitime la permanencia de estructuras ilegales en el cauce del río. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación. Posición de la defensa: El licenciado Mario González Zeledón, en representación de los acusados, en escrito de folio 159, solicita se declare sin lugar la impugnación, dado que, según la primera tesis de la defensa, la naturaleza presenta cambios y no se demostró cuándo se construyó el “galerón”, ya que pudo haber sido antes de la promulgación de la Ley Forestal y para la época de la denuncia, no existía la quebrada [...]. Indica como segunda tesis, que dicha quebrada actualmente es intermitente y que en el año 2006 el Reglamento para el control nacional de fraccionamientos y urbanizaciones del Invu, establecía que para acequias y causes intermitentes, debían dejarse 5 metros en lugar de 10, lo que aplica a este caso. Establece que no se pueden devolver las cosas al estado anterior, si no se demostró cómo eran antes de la denuncia. Por presentar conexidad y por lo que se dirá, se resuelven de manera conjunta ambos alegatos y se declaran con lugar. Una vez analizado el fallo, esta Cámara de Apelación considera que efectivamente, se echa de menos una fundamentación coherente al rechazar la pretensión del Ministerio Público de lograr el derribo de la edificación en cuestión. Al respecto de ello, el fallo indica: “… El Tribunal estima que la fecha en la que se cataloga el cuerpo de agua es importante, y esto ocurre en el 2012. Pese a que los recursos naturales requieren una protección especial y son de carácter demanial, lo cierto del caso, es que su identificación en casos de incertidumbre no puede contrariar condiciones ya adquiridas bajo la apariencia de buen derecho, y en apego a la misma ley forestal. En este asunto la invasión se constituye por la ubicación en la zona protegida de zonas pertenecientes al alero de la construcción como lo hicieron ver los funcionarios del SINAC y en una proporción de dos metros a un metro en forma descendente sobre la pared del taller aludido, según consta a folio 6 en el informe rendido; medición que luego resultó ser mayor, tal y como consta en la pericia de folios 42 a 44, el cual se realiza con un diferencia de un año, pues, el informe del SINAC y la visita de planimetría datan del 16 de agosto del 2022 el primero y la valoración forense se hizo con base a una inspección realizada el 07 de agosto del 2023. En ambos casos se toma como punto de referencia para la medición, un parámetro que no es estático y que ha variado en el tiempo, cual es el borde más alto de la quebrada. El Tribunal aprecia que según las declaraciones de [Nombre 005] y [Nombre 004], los recursos naturales no son estáticos, inertes, sino que sufren cambios constantes, y aprecia este juzgador, que de la topografía y del plano levantado del sitio, se aprecia que la quebrada en la zona en estudio hace una curva en la que la resistencia al agua lo es el propio borde, sin ningún tipo de contención sólida, más allá de la misma tierra que forma el paredón. Se sabe por la declaración de los funcionarios del SINAC que en el 2022 midieron con cinta métrica, y en ese sentido que las mediciones son exactas. Y para el 2023 el área invadida ya no era de 2 metros a uno, de adelante hacia atrás en el taller, sino de 3.7 metros a 2.5 metros en la misma dirección, con un aumento en la medición de más de metro y medio en cada lado, según lo que extrae de la nueva medición hecha por planimetría. Esa variación, deja ver como en un año si existieron inconsistencias, y en consecuencia, con mayor medida del 2005, fecha de la construcción, a la actualidad, cuando se considera que las condiciones del sitio pudieron haber variado en relación al punto de referencia del cual se está haciendo la medida, y que evidentemente no es un punto fijo e inmutable. Siendo así, el Tribunal aprecia que el área de protección tiende a garantizar esas condiciones del entorno, el retiro busca prever los movimientos propios de la naturaleza y no obstaculizar el habitat a su alrededor; pero, si la misma naturaleza aprovecha ese espacio, esto no quiere decir que el mismo se deba ir corriendo en perjuicio de los administrados, al punto de provocar la demolición de todo lo que se encuentra a su paso. Salvo situaciones de riesgo para la estructura o la vida de las personas que no es el caso bajo estudio. No existe forma de acreditar que en el 2005 el retiro no se respetó, por el contrario, se sabe que con el paso del tiempo dicho espacio de terreno se ha reducido, como demuestra la prueba en este caso. Lo cierto del caso, es que dentro de este proceso, solo se puede tener por acreditado variaciones en el punto de referencia que no son fiables para juzgar un irrespeto de la zona de protección en la actualidad, y que incluso en el lapso tan corto de un año, se evidenció una variación importante, lo que hace ver que es incierto e ilegítimo ordenar una demolición bajo ese parámetro, juzgado sobre un terreno que del 2005 a la actualidad ha variado. De ser así, en dos o tres años, si la erosión continua, el SINAC debería presentar otra denuncia y habría que derribar el resto del taller que quede en pie, si el punto de medición que es el borde se sigue corriendo…” (f.15 y 16 del fallo, cita textual. El resaltado no es del texto). El punto controvertido es, si es factible con base en la prueba, determinar que pese a las autorizaciones y permisos tanto del INVU como de la Municipalidad de San Ramón para construir el taller propiedad de los imputados en el año 2005 -lo que generó la absolutoria en su favor-, se debe ordenar el derribo de la obra, dado que las mediciones actuales señalan que la propiedad invade la zona de protección del cauce de la quebrada [...]. El fallo reconoce que efectivamente existe una afectación a dicha área actualmente, pero basa el rechazo de la solicitud de derribo en dos aspectos: que por el año de la construcción -2005- no se puede determinar que se violentara dicho límite legal en ese entonces y que, dadas las variantes entre las medidas que hicieron los personeros del SINAC y las que constan en la pericia de Ingeniería Forense número DCF 2023-00610-ING, sumado a lo declarado por los testigos [Nombre 005] y [Nombre 007], no es factible determinar un punto único inicial de afectación de la zona de protección, que pudo extenderse con las “crecidas” de la quebrada. En primer término, lleva razón la recurrente al indicar que de la prueba testimonial no se puede concluir que los recursos naturales sean variables. En su declaración, el señor [Nombre 005], funcionario del SINAC, indicó en referencia a la zona invadida que “…La infraestructura, como los cuerpos de agua no van perfectos, tienen curvas, una parte de la estructura estaba dentro de los diez metros, y solo una parte de la estructura estaba dentro del área de protección…” (f. 9 del fallo, cita textual), lo que no implica que haya una variante en el recurso natural como tal, sino que el cauce de la quebraba no es recta o lineal, pues presenta curvas en el terreno en que se dio la investigación, por lo que esa primera interpretación, no tiene sustento alguno. Aunado a ello y como ya se indicó, el fallo reconoce la invasión de la zona protegida que se denunció y no explica pese a ello, la razón por la que considera que no es posible determinar si el permiso de construcción otorgado en el año 2005 respetó o no el área de retiro de la quebrada. Según la sentencia “…Luego de analizada la prueba, este Tribunal debe absolver a ambos imputados, sea a [Nombre 001] y [Nombre 003], por el delito que se les atribuye, en razón de que actuaron sin dolo, inducidos a error por la administración. Revisado el expediente del permiso de construcción para la edificación del taller en la propiedad de los imputados, visible de folios 118 a 138, a folio 126 se evidencia que en ese trámite se obtuvo el visto bueno del INVU, con sello de fecha 04 de agosto del 2005, y ahí se consigna "Este plano no requiere alineamiento ya que no se encuentra afectado por la ley Forestal 7575, art. 33". Siendo el INVU tal y como lo explotó la defensa en sus conclusiones, conforme a la ley Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, articulo 5, el que tiene como atribuciones preparar los planes reguladores de las municipalidades y colaborar en el desarrollo urbano. Además, considerando las declaraciones de los mismos funcionarios del SINAC, [Nombre 005] y [Nombre 004], quienes confirmaron es el INVU el encargado de fijar los lineamientos en temas de permisos de construcción. Permite concluir, que el órgano competente para colaborar con la Municipalidad con el estudio sobre la viabilidad de la construcción, en el sitio en particular, hizo ver que no había problema alguno, y descartó la afectación en relación con la ley forestal, negando de esta forma que en el sitio existiera en consecuencia la quebrada dictaminada en el 2012 por el SINAC según consta a folios 58 a 61. En dicho plano de construcción se indica que la propiedad colinda con un caño de agua intermitente, y así contó con el visto bueno de la municipalidad, del Catastro Nacional, del departamento de ingeniería de la municipalidad, del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Y no se puede decir que en este asunto, los imputados construyeran sin supervisión alguna, pues, de folios 124 a 125 se evidencia que el personal de la municipalidad sí hizo inspecciones en el sitio y hasta logró identificar una construcción mayor a la inicialmente autorizada, así como una movilización hacia el lindero marcado respecto de la vía principal, lo cual, se reguló mediante una multa que debieron pagar los administrados. De tal forma, que ante la Municipalidad lo que había en el sitio coincidía con lo externado en el plano y pese a que no exista en la ley forestal o en la ley de aguas, la denominación de caño de agua, y esto era un indicio importante de que en el sitio existía un cuerpo de agua, lo cierto del caso, es que ante las autoridades competentes el mismo no era digno de protección, y se le dio el aval correspondiente a la construcción…”, (f. 12 a 13, cita textual del fallo, el resaltado es propio). Véase que se afirma que los imputados fueron inducidos a error por la Administración Pública, que se les permitió construir una edificación de manera aledaña a un cuerpo de agua sin control alguno y que fue la misma Administración la que consideró en aquel momento, que no debía haber restricciones. Lo anterior, si bien llevó a la absolutoria de los encartados en razón de la ausencia de dolo, no excluye que el bien demanial, el recurso hídrico protegido en el artículo 33 de la Ley Forestal, se haya visto afectado y lo esté aún. Este numeral indica: “Areas de protección Se declaran áreas de protección las siguientes: a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal. b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado. c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados. d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley.” Así, la contradicción del fallo es evidente, ya que reconoce, a.) la invasión a la zona protegida de la quebrada desde el año 2005, dado que los permisos de construcción no consideraron que se debía proteger en forma especial el “caño de agua” y se indujo con ello a error a los acusados; b.) la afirmación en el año 2012 (f. 58 del legajo) de que el “caño” es un cuerpo de agua que el Tribunal cataloga como “intermitente” pues “valoró las fotografías y videos aportados por las defensa visibles en la USB color verde, y en ellos se evidencia que el lugar se mantiene seco en épocas del año, lo que coincide con el catálogo de intermitente, y es que el sitio recoge aguas negras de la calle, lo que hace ver que en su momento se le identificara simplemente como un caño, con el termino popular de ese cuerpo de agua pluvial y residual. Fue hasta el 2012 que los técnicos preparados en el tema hacen el catálogo y a partir de ahí se despeja la duda y se puede hablar con certeza de las condiciones en el sitio…” (f. 14) y c.) que a la fecha hay invasión del área protegida que protege el agua. Y como conclusión, rechaza derribar la construcción sobre dicha zona, sosteniendo que ha variado en tamaño con los años y que hay distintas medidas de la misma tanto en la inspección del SINAC como en la pericia de Ingeniería Forense, no pudiendo definirse la parte del taller mecánico que es invasiva. Lo anterior, además de restar coherencia al fallo, evidencia que se desaplica el artículo 50 de la Constitución Política, que contempla la obligación del Estado de velar por los recursos naturales y determina como un derecho fundamental el disfrute de un ambiente sano y el acceso al agua: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones”. No explica la sentencia las razones por las que reconoce igual valor probatorio a la pericia forense del año 2023 y a la inspección realizada por el SINAC un año antes, que aparenta ser otro de los elementos en los que sostiene la denegatoria del derribo, cuando teniendo a la vista ambos dictámenes y habiéndose explicado cómo se elaboraron -uno de ellos con una cinta métrica y el otro con instrumentos más sofisticados- y partiendo los dos del mismo punto de la construcción, evidencian la afectación a la zona de protección, sin decantarse por alguna, aún cuando ambas exponen con férrea claridad, que la afectación al área de la quebrada se mantiene vigente (lo que también reconoce el fallo, como ya se viera). Indica así la sentencia que “…Pese a que los recursos naturales requieren una protección especial y son de carácter demanial, lo cierto del caso, es que su identificación en casos de incertidumbre no puede contrariar condiciones ya adquiridas bajo la apariencia de buen derecho, y en apego a la misma ley forestal. En este asunto la invasión se constituye por la ubicación en la zona protegida de zonas pertenecientes al alero de la construcción como lo hicieron ver los funcionarios del SINAC y en una proporción de dos metros a un metro en forma descendente sobre la pared del taller aludido, según consta a folio 6 en el informe rendido; medición que luego resultó ser mayor, tal y como consta en la pericia de folios 42 a 44, el cual se realiza con un diferencia de un año, pues, el informe del SINAC y la visita de planimetría datan del 16 de agosto del 2022 el primero y la valoración forense se hizo con base a una inspección realizada el 07 de agosto del 2023…” (f. 15 del fallo, cita textual). No se trata, como lo afirma la sentencia, de sacrificar los derechos del administrado que actuó sin dolo, si no de determinar de manera fundada, el destino de la obra que lo afecta, en pos del bien común y los intereses del colectivo, lo que se echa de menos en la resolución. Así las cosas, por vulnerar el principio lógico de derivación y presentar fundamentación contradictoria, se anula el fallo únicamente en lo concerniente al rechazo del derribo de la obra. Se ordena el reenvío para que, con una nueva integración, se resuelva lo que en derecho corresponda. Queda el resto del fallo incólume. III.- Con lo dispuesto en la presente resolución no se está prejuzgando sobre el resultado a que deberá llegarse finalmente en esta causa. Deberá el Tribunal asignado valorar la prueba en su forma originaria, para llegar a las conclusiones que se estimen pertinentes, y establecer lo que se atenga a derecho. POR TANTO Se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público. Se anula el fallo únicamente en lo concerniente al rechazo del derribo de la obra. Se ordena el reenvío para que, con una nueva integración, se resuelva lo que en derecho corresponda. Queda el resto del fallo incólume. Notifíquese. Hannia Soto Arroyo Raúl Madrigal Lizano María Milagro Granados García Juezas y Juez del Tribunal de Apelación de Sentencia Expediente: 22-000920-0332-PE Imputado: [Nombre 001] y otro. Delito: Infracción a la Ley Forestal. Ofendido: Los Recursos Naturales. kmurillog Expediente N° 22-000920-0332-PE - Voto N°2025-0697 - Pág.: 1 I Circuito Judicial de San José, San José, Edificio Tribunales, Tercer Piso, Teléfonos: 2211-5349, 2211-5350 ó 2211-5351. Correo electrónico: [email protected] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:32:40. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
RESULTANDO: I.- That by means of judgment number 172-TJSR-2024, issued at nine hours and five minutes on the seventh of November of two thousand twenty-four, the Trial Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón, resolved: "POR TANTO: In accordance with the foregoing, and articles 39 and 41 of the Political Constitution, article 8 of the Convention on Human Rights, 1, 24, 30, 31 of the Penal Code; articles 33 and 58 of the Forest Law (Ley Forestal) number 7575, 1, 2, 3, 9, 140, 267, 360, 361, 365, 366 of the Criminal Procedure Code (Código Procesal Penal), it is resolved: 1) [Nombre 001] AND [Nombre 003] ARE ACQUITTED of all penalty and liability for the crime of Invasion of a Protected Area (Invasión a un Área de Protección) against Natural Resources (Los Recursos Naturales) that had been attributed to them. 2) The civil action filed by the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) is deemed withdrawn. The Attorney General's Office is exempted from the payment of costs, each party bearing its own procedural expenses. 3) The demolition of the structure within the area in dispute is denied. Notify by reading. Judge. Pablo Vargas Rojas" (sic). II.- That, against the preceding pronouncement, licensed attorney Fabiola Morales Castro, representative of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), filed the criminal judgment appeal, which is resolved by this panel of the Specialized Criminal Sentencing Appeals Court for Organized Crime (Tribunal de Apelación de Sentencia Especializado en Delincuencia Organizada), pursuant to the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial) agreement number XXVI, in session number 53-2023, of June 23, 2023. III.- That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of article 465 of the Criminal Procedure Code (Código Procesal Penal), the Court considered the issues raised in the challenge. IV.- That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings. Drafted by Criminal Sentencing Appeals Judge Soto Arroyo, and; CONSIDERANDO: I.- Licensed attorney Fabiola Morales Castro, representative of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), files an appeal against judgment No. 172-TJSR-2025, issued at 09:05 hours on November 7, 2024, by the Criminal Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón venue. In accordance with articles 437, 438, 439, 458, 459, 460 and 462 of the Criminal Procedure Code (Código Procesal Penal), the appeal meets the legal requirements to be heard on the merits, and is therefore resolved by the Specialized Criminal Sentencing Appeals Court for Organized Crime (Tribunal Penal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada), pursuant to the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial) agreement number XXVI, in session number 53-2023, of June 23, 2023. II.- The first ground alleges erroneous application of substantive law, specifically articles 140, 142, 363 subsection b, 459 of the Criminal Procedure Code (Código Procesal Penal) and 33, 34 and 58 subsection a) of the Forest Law (Ley Forestal), as well as the principle of progressivity, applicable in Human Rights matters. The prosecutor indicates that the judgment disregards the environmental regulations governing the restitution of things to their previous state concerning state-owned (demanial) property and protection areas (áreas de protección) of watersheds. The appellant points out that “…Article 33 of the Forest Law (Ley Forestal) creates the protection areas (áreas de protección) of bodies of water, including the one in question here, namely a strip of ten meters measured horizontally on the banks of rivers. For its part, articles 1, 2 and 3 of the Water Law (Ley de Aguas) declare water and its channels to be public domain property” and that although the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) requested acquittal, it also petitioned that the restitution of things to their previous state be ordered, because although the action was not criminal, through the testimony of witnesses [Nombre 004] and [Nombre 005], as well as the Forensic Engineering Section expert report No. DCF: 2023-000610-ING, it was established that 47 square meters of the mechanical workshop invade the protection area (área de protección) of the river channel, despite which the Court did not grant this request. She emphasizes that only projects declared of National Convenience (Conveniencia Nacional) (art. 34 of the Forest Law (Ley Forestal)), with all the scope that this figure entails, may be located within the river area, highlighting the protection of water sources and natural resources. She cites Constitutional Chamber (Sala Constitucional) ruling No. 2306-91 and points out that the Trial Court's failure to issue the demolition order renders the protection of the ecosystem nugatory. She refers to the judgment's reasoning (f. 152) and emphasizes that despite its applicability, numeral 140 of the Criminal Procedure Code (Código Procesal Penal) is not applied. She believes the judgment's reasoning is erroneous, as riverbanks are static and do not vary except in extreme situations of natural events, such as hurricanes. She relies on resolution No. 450-2003 of the Criminal Cassation Court (Tribunal de Casación Penal), as well as ruling No. 13367-2001 of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional). She refers to the principle of progressivity, which implies the obligation of Courts of Justice to resolve in favor of environmental protection, and to ruling No. 979-2002 of the Criminal Cassation Court of San José (Tribunal de Casación Penal de San José). She considers that the judgment fails to carry out an interdisciplinary study covering all the scope of the case and sets forth as a grievance the impact on the community and the right to a healthy and ecologically balanced environment. The second ground alleges disagreement with the weighing of the evidence, due to the “…erroneous weighing of all the evidence legally incorporated into the process, specifically when analyzing the appropriateness or not of ordering the restitution of things to their original state…”. The prosecutor indicates that the judgment explains that, according to witnesses [Nombre 005] and [Nombre 004], technicians from SINAC, natural resources are not static but constantly change, and that from the topography and the map drawn up at the site, “…it could be seen that the stream in the area under study made a curve in which the resistance to the water is the bank itself, without any type of solid containment, beyond the same earth that forms the wall. That it was also known from the testimony of both SINAC officials that in 2022 they measured with a tape measure and that the measurements are exact, and that by 2023 the invaded area was no longer two meters by one meter from the front to the back of the workshop, but rather 3.7 meters by 2.5 meters in the same direction, thus revealing that in one year there were inconsistencies and, to a greater extent, from 2005 to the present, and that for this reason we were not dealing with a fixed point…”. She quotes the testimony of Ms. [Nombre 004] and Mr. [Nombre 005], as well as the Forensic Engineering expert opinion number DCF 2023-00610-ING in its conclusions, and considers that the judgment's reasoning is insufficient, as it merely states that between the time of the notitia criminis and the forensic expert examination one year elapsed, that in both cases the highest bank of the stream was used as a starting point, and that from the witnesses' testimony it can be determined that natural resources undergo constant changes, in addition to the fact that the measurement made by SINAC in 2022 showed an encroachment of 2 meters (a measurement taken with a tape measure) and later, a year later, the expert examination revealed it to be 3.7 meters, and that if such an inconsistency occurs in one year, much more would occur since 2005, which was the date of construction. In her view, the interpretation of the evidence is erroneous, because what witness [Nombre 005] stated at trial was that water bodies are not perfectly straight, but have curves, that the bank of the stream can vary according to the “floods (crecidas)” of the water, and that the stream classified as such in 2012 was barely a rivulet, according to the map, but could have had a “flood (crecida)” at some point, which the Court took to mean the variability of the water resource. It was not weighed that the Forensic Engineering expert examination reveals that an encroachment upon the protected area existed, given the measurements made with technical and specialized equipment, there being discrepancies with the measurements in the complaint, precisely because of the simple manner in which they were taken by SINAC. She considers that the erroneous weighing of the evidence has resulted in legitimizing the permanence of illegal structures on the river channel. She requests that the appeal be granted. Defense's Position: Licensed attorney Mario González Zeledón, representing the accused, in the filing on folio 159, requests that the challenge be denied, given that, according to the defense's first thesis, nature presents changes and it was not proven when the “galerón” was built, since it could have been before the enactment of the Forest Law (Ley Forestal) and at the time of the complaint, the [...] stream did not exist. He indicates as a second thesis that said stream is currently intermittent and that in 2006 the Regulation for the National Control of Subdivisions and Urban Developments of INVU (Reglamento para el control nacional de fraccionamientos y urbanizaciones del Invu) established that for intermittent ditches and channels, 5 meters had to be left instead of 10, which applies to this case. He states that things cannot be returned to their previous state if it was not proven what they were like before the complaint. Due to their connection and for the reasons that will be stated, both arguments are resolved jointly and are granted. Having analyzed the judgment, this Chamber of Appeals considers that, indeed, a coherent reasoning is lacking in rejecting the Public Prosecutor's Office's (Ministerio Público) claim to achieve the demolition of the building in question. In this regard, the judgment indicates: “… The Court considers that the date on which the body of water was catalogued is important, and this occurred in 2012. Despite the fact that natural resources require special protection and are of state-owned (demanial) nature, the truth of the case is that their identification in situations of uncertainty cannot contravene conditions already acquired under the appearance of good law, and in compliance with the forest law itself. In this matter, the encroachment is constituted by the location in the protected area of areas belonging to the overhang of the construction, as pointed out by the SINAC officials, in a proportion of two meters by one meter descending along the wall of the aforementioned workshop, as recorded on folio 6 in the report rendered; a measurement that later turned out to be greater, as recorded in the expert examination on folios 42 to 44, which is carried out with a one-year difference, since the SINAC report and the planimetric inspection date from August 16, 2022, the former, and the forensic assessment was based on an inspection conducted on August 7, 2023. In both cases, the reference point for the measurement was a parameter that is not static and which has varied over time, namely the highest bank of the stream. The Court notes that according to the testimony of [Nombre 005] and [Nombre 004], natural resources are not static, inert, but undergo constant changes, and this judge notes that from the topography and the map drawn up at the site, it can be seen that the stream in the area under study makes a curve in which the resistance to the water is the bank itself, without any type of solid containment, beyond the same earth that forms the wall. It is known from the testimony of the SINAC officials that in 2022 they measured with a tape measure, and in that sense the measurements are exact. And by 2023 the invaded area was no longer 2 meters by one meter from the front to the back of the workshop, but 3.7 meters by 2.5 meters in the same direction, with an increase in measurement of more than a meter and a half on each side, according to what is extracted from the new measurement made by planimetry. This variation reveals how inconsistencies existed within a year, and consequently, to a greater extent from 2005, the date of construction, to the present, when it is considered that the site conditions may have varied in relation to the reference point from which the measurement is being taken, and that this is clearly not a fixed and immutable point. This being so, the Court notes that the protection area (área de protección) tends to guarantee these conditions of the surroundings, the setback (retiro) seeks to provide for nature's own movements and not to obstruct the habitat around it; but, if nature itself takes advantage of that space, this does not mean that it should be shifted to the detriment of the administered parties, to the point of causing the demolition of everything in its path. Except in situations of risk to the structure or the lives of persons, which is not the case under study. There is no way to prove that in 2005 the setback (retiro) was not respected; on the contrary, it is known that over time this ground space has been reduced, as the evidence in this case demonstrates. The truth of the case is that in this process, only variations in the reference point can be deemed proven, which are not reliable for judging a lack of respect for the protection area (zona de protección) at present, and that even in the very short span of one year, a significant variation was evidenced, which makes it clear that it is uncertain and illegitimate to order a demolition under that parameter, judged on a terrain that has varied from 2005 to the present. If so, in two or three years, if erosion continues, SINAC would have to file another complaint and the rest of the workshop still standing would have to be demolished, if the measurement point, which is the bank, continues to shift…” (f. 15 and 16 of the judgment, verbatim quote. Emphasis not in original text). The controversial point is whether it is feasible, based on the evidence, to determine that despite the authorizations and permits from both INVU and the Municipality of San Ramón to build the workshop owned by the accused in 2005 —which resulted in their acquittal—, the demolition of the work must be ordered, given that current measurements indicate that the property encroaches on the protection area (zona de protección) of the [...] stream channel. The judgment acknowledges that this area is indeed currently affected, but bases the rejection of the demolition request on two aspects: that for the year of construction —2005— it cannot be determined that this legal boundary was violated at that time, and that, given the variations between the measurements made by the SINAC officers and those recorded in the Forensic Engineering expert opinion number DCF 2023-00610-ING, together with the testimony of witnesses [Nombre 005] and [Nombre 007], it is not feasible to determine a single initial point of encroachment upon the protection area (zona de protección), which may have extended with the “floods (crecidas)” of the stream. Firstly, the appellant is correct in pointing out that from the testimonial evidence it cannot be concluded that natural resources are variable. In his testimony, Mr. [Nombre 005], an official of SINAC, stated regarding the invaded area that “…The infrastructure, like bodies of water, is not perfectly straight, they have curves, part of the structure was within the ten meters, and only a part of the structure was within the protection area (área de protección)…” (f. 9 of the judgment, verbatim quote), which does not imply a variation in the natural resource itself, but rather that the stream channel is not straight or linear, as it presents curves in the terrain where the investigation took place, so that first interpretation has no support whatsoever. In addition to this, and as already indicated, the judgment acknowledges the encroachment upon the protected area that was reported, yet does not explain the reason why it considers it impossible to determine whether the construction permit granted in 2005 respected or not the stream setback (retiro) area. According to the judgment: “…After analyzing the evidence, this Court must acquit both accused, namely [Nombre 001] and [Nombre 003], of the crime attributed to them, because they acted without intent (dolo), induced into error by the administration. Upon review of the file for the construction permit for the workshop on the accused's property, visible on folios 118 to 138, on folio 126 it is evident that the approval (visto bueno) of INVU was obtained in that process, stamped with the date August 4, 2005, and there it is stated 'This plan does not require alignment (alineamiento) since it is not affected by Forest Law 7575, art. 33'. INVU being, as the defense explained in its closing arguments, according to the Organic Law of the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo), article 5, the entity responsible for preparing the regulatory plans of the municipalities and collaborating in urban development. Furthermore, considering the testimony of the SINAC officials themselves, [Nombre 005] and [Nombre 004], who confirmed that INVU is the body in charge of setting the guidelines regarding construction permits. This allows the conclusion that the competent body to assist the Municipality with the study on the viability of the construction at the specific site indicated there was no problem, and ruled out the effects related to the forest law, thus denying that, consequently, the stream classified in 2012 by SINAC existed at the site, as recorded on folios 58 to 61. In said construction plan, it is indicated that the property borders an intermittent water rivulet, and it thus obtained the approval (visto bueno) of the municipality, the National Cadastre (Catastro Nacional), the engineering department of the municipality, and the College of Engineers and Architects (Colegio de Ingenieros y Arquitectos). And it cannot be said that in this matter, the accused built without any supervision, since, from folios 124 to 125, it is evident that municipal personnel did conduct inspections at the site and even identified a construction larger than initially authorized, as well as a relocation toward the marked boundary with respect to the main road, which was regulated by a fine that the administered parties had to pay. Thus, before the Municipality, what existed at the site coincided with what was stated on the plan, and despite the fact that the term 'water rivulet' does not exist in the forest law or the water law, and this was an important indication that a body of water existed at the site, the truth of the case is that before the competent authorities it was not considered worthy of protection, and the corresponding approval was given for the construction…”, (f. 12 to 13, verbatim quote from the judgment, emphasis added). It is observable that it is affirmed that the accused were induced into error by the Public Administration (Administración Pública), that they were allowed to build a structure adjacent to a body of water without any control whatsoever, and that the Administration itself considered at that time that there should be no restrictions. The foregoing, while it led to the acquittal of the accused due to the absence of intent (dolo), does not exclude the fact that the state-owned (demanial) property, the water resource protected in article 33 of the Forest Law (Ley Forestal), was and continues to be affected. This numeral states: “Protection areas (Áreas de protección). The following are declared protection areas (áreas de protección): a) The areas bordering permanent springs (nacientes), defined by a radius of one hundred meters measured horizontally. b) A strip of fifteen meters in rural areas and ten meters in urban areas, measured horizontally on both sides, on the banks of rivers, streams, or arroyos, if the land is flat, and fifty horizontal meters, if the land is broken. c) A zone of fifty meters measured horizontally on the banks of natural lakes and reservoirs, and on artificial lakes or reservoirs built by the State and its institutions. Private artificial lakes and reservoirs are excepted. d) The recharge areas and aquifers of springs, whose limits shall be determined by the competent bodies established in the regulations to this law.” Thus, the contradiction in the judgment is evident, as it acknowledges, a.) the encroachment upon the protected area of the stream since 2005, given that the construction permits did not consider that the “water rivulet” should be specially protected, and the accused were thereby induced into error; b.) the assertion in 2012 (f. 58 of the file) that the “rivulet” is a body of water that the Court classifies as “intermittent,” because it “weighed the photographs and videos provided by the defense, visible on the green USB drive, and they show that the place remains dry at times of the year, which coincides with the classification of intermittent, as the site collects sewage (aguas negras) from the street, which explains why it was once identified simply as a rivulet, using the popular term for that stormwater and residual water body. It was not until 2012 that technicians trained in the subject made the classification, and from that point the doubt is cleared up and one can speak with certainty about the conditions at the site…” (f. 14), and c.) that to date there is encroachment upon the protected area that protects the water. And as a conclusion, it refuses to demolish the construction on said area, maintaining that it has varied in size over the years and that there are different measurements, both in the SINAC inspection and in the Forensic Engineering expert examination, the part of the mechanical workshop that is invasive being indeterminable. The foregoing, besides detracting from the coherence of the judgment, shows that article 50 of the Political Constitution is not applied, which establishes the State's obligation to protect natural resources and determines the enjoyment of a healthy environment and access to water as a fundamental right: “The State shall seek the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to report acts that infringe upon this right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve this right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions. Every person has the basic and inalienable human right of access to potable water, as an essential good for life. Water is a national asset, indispensable for protecting such a human right. Its use, protection, sustainability, conservation, and exploitation shall be governed by the provisions of the law to be created for these purposes, with priority given to the supply of potable water for consumption by persons and populations.” The judgment does not explain the reasons why it grants equal probative value to the forensic expert examination of 2023 and the inspection conducted by SINAC one year before, which appears to be another element on which it bases the denial of the demolition, when, having both opinions at hand, and having explained how they were prepared —one with a tape measure and the other with more sophisticated instruments—, and both starting from the same point of the construction, they demonstrate the impact on the protection area (zona de protección), without deciding on one, even though both show with ironclad clarity that the impact on the stream area remains in effect (which the judgment also acknowledges, as already seen). The judgment thus states that: “…Despite the fact that natural resources require special protection and are of state-owned (demanial) nature, the truth of the case is that their identification in situations of uncertainty cannot contravene conditions already acquired under the appearance of good law, and in compliance with the forest law itself. In this matter, the encroachment is constituted by the location in the protected area of areas belonging to the overhang of the construction, as pointed out by the SINAC officials, in a proportion of two meters by one meter descending along the wall of the aforementioned workshop, as recorded on folio 6 in the report rendered; a measurement that later turned out to be greater, as recorded in the expert examination on folios 42 to 44, which is carried out with a one-year difference, since the SINAC report and the planimetric inspection date from August 16, 2022, the former, and the forensic assessment was based on an inspection conducted on August 7, 2023…” (f. 15 of the judgment, verbatim quote). It is not, as the judgment states, a matter of sacrificing the rights of the administered party who acted without intent (dolo), but of determining, in a substantiated manner, the fate of the work that affects him, in pursuit of the common good and collective interests, which is lacking in the resolution. As things stand, because it violates the logical principle of derivation and presents contradictory reasoning, the judgment is annulled solely with regard to the denial of the demolition of the work. A remand is ordered so that, with a new panel, the matter shall be resolved as legally appropriate. The remainder of the judgment remains intact. III.- The provisions of this resolution do not prejudge the final outcome to be reached in this case. The assigned Court must weigh the evidence in its original form to reach the conclusions deemed pertinent, and establish what is proper under the law. POR TANTO The appeal filed by the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) is granted. The judgment is annulled solely with regard to the denial of the demolition of the work. A remand is ordered so that, with a new panel, the matter shall be resolved as legally appropriate. The remainder of the judgment remains intact. Let this be notified. Hannia Soto Arroyo Raúl Madrigal Lizano María Milagro Granados García Female and Male Judges of the Sentencing Appeals Court Case File: 22-000920-0332-PE Accused: [Nombre 001] and another. Crime: Violation of the Forest Law. Victim: Natural Resources. kmurillog Case File No. 22-000920-0332-PE - Ruling No. 2025-0697 - Pg.: 1 I Judicial Circuit of San José, San José, Courts Building, Third Floor, Telephones: 2211-5349, 2211-5350 or 2211-5351. Email: [email protected] This is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-29-2026 08:32:40. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República