Res. 00366-2025 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste — Interest and costs not awardable beyond plea agreement in environmental summary proceedingImprocedencia de intereses y costas pactadas en procedimiento abreviado ambiental

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste

Resolución Nº 00366 - 2025

Fecha de la Resolución: 29 de Agosto del 2025 a las 15:15

Expediente: 20-001705-0412-PE

Redactado por: Cynthia Dumani Stradtmann

Clase de asunto: Recurso de apelación penal

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Procedimiento abreviado
Subtemas:
Imposibilidad de variar el monto acordado por las partes sobre aspectos civiles.
Temas (descriptores): Acción civil resarcitoria
Subtemas:
Imposibilidad de variar el monto acordado por las partes en un procedimiento abreviado.
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Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución



EXPEDIENTE:

	

20-001705-0412-PE




CONTRA:

	

[Nombre 001]




OFENDIDO/A:

	

LOS RECURSOS NATURALES




DELITO:

	

APROVECHAMIENTO ILEGAL DE PRODUCTOS FORESTALES Y USURPACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

 

VOTO 366-2025

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Santa Cruz, a las quince horas y quince minutos del veintinueve de agosto de dos mil veinticinco.

 Recurso de apelación interpuesto en la presente causa número 20-001705-0412-PE, seguida contra [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], nacido el 18 de setiembre de 1971, hijo de [Nombre 002], por el delito de APROVECHAMIENTO ILEGAL DE PRODUCTOS FORESTALES Y USURPACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso las juezas Cynthia Dumani Stradtmann, Brisa Campbell Argüello y el juez Franklin Lara Fallas. Se apersonó en esta sede la licenciada Jeanette Castrillo Vargas, procuradora penal y el licenciado Sebastián Peña Arrieta, defensor público del imputado.

RESULTANDO

 I. Mediante sentencia número 135-2025 de las 08:30 horas del 5 de junio de 2025, el Tribunal de Penal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, sede Santa Cruz, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política; artículos 1, 20, 30, 31, 45, 71, y 58, 227 Código Penal, artículos 58 inciso a y b. de la Ley Foresta, artículos 1, 182, 184, 258, 265, del Código Procesal Penal, Se declara a [Nombre 001], una pena por el delito Invasión a un área de protección con una pena de dos meses de prisión, por el delito de Aprovechamiento Ilegal de Productos Forestales una pena de dos meses de prisión y un delito de Usurpación de Bienes de Dominio Público una pena de cuatro meses de prisión; en aplicación de las reglas del concurso material una pena total de ocho meses de prisión. Pena que deberá descontar en el lugar y forma que determinen los respectivos reglamentos penitenciarios, previo descuento de la prisión preventiva que hubiere cumplido. Por reunir los requisitos de los numerales 59 a 63 y 71 del Código Penal, y resultar procedente la solicitud, se le otorga a [Nombre 001] el beneficio de ejecución condicional de la pena por el periodo de tres años, se le advierte al encartado que no debe cometer nuevo delito doloso con pena mayor a seis meses, de ser así se le revocará la gracia que hoy se le está otorgando. Se declara con lugar la presente Acción Civil Resarcitoria, y se acogen las partidas acordadas por la parte, y en consecuencia se condena [Nombre 001], al pago de la suma de ochocientos catorce mil trescientos noventa y cuatro colones con noventa y cuatro céntimos, en favor del Estado, por concepto de Daño Ambiental. Firme esta resolución, expídanse los testimonios de ley ante el Registro Judicial de Delincuentes y el Juzgado de Ejecución de la pena. Se ordena la libertad del Imputado. Las costas del proceso penal son a cargo del Estado. NOTIFÍQUESE. - Lic. José Esteban García Acosta JUEZ DE JUICIO. -" (SIC).  

 II. Contra el anterior pronunciamiento, la licenciada Jeanette Castrillo Vargas, procuradora penal, interpuso recurso de apelación.

 III. Verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en los recursos.

 IV. En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta la jueza Cynthia Dumani Stradtmann; y,

I.- Admisibilidad. El tribunal de Juicio de Santa Cruz dictó la sentencia número 135-2025 de las 08:30 horas del 05 de junio de 2025, en la cual se acogió la aplicación del procedimiento abreviado y se declaró a [Nombre 001] autor responsable de los delitos de Invasión a un Área de Protección, Aprovechamiento Ilegal de Productos Forestales y un Usurpación de Bienes de Dominio Público en concurso material, por los cuales se le impuso las penas de dos meses de prisión para el primer ilícito, dos meses para el segundo y cuatro meses para el tercero para un total de ocho meses de prisión, otorgándosele el beneficio de la ejecución condicional de la pena. Asimismo, se declaró con lugar la acción civil resarcitoria interpuesta por la Procuraduría General de la República, condenándosele al encartado a la suma de ochocientos catorce mil trescientos noventa y cuatro mil colones con noventa y cuatro céntimos por concepto de daño ambiental (folio 203 a 207). Esta sentencia fue notificada a las partes el 05 y 09 de junio de 2025 (folios 208 a 210). El 09 de junio de 2025 la Procuraduría General de la República solicitó adición y aclaración de la sentencia referida (folio 211 y 212), la cual fue resuelta por el Tribunal de Juicio por resolución de las 13:00 horas del 17 de junio de 2025, rechazando la gestión (folios 217), decisión que fue notificada a las partes el 17 de junio de 2025 (folios 218 a 221). En ese sentido, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en el voto número 390-2017 de las 09:34 horas del 03 de mayo de 2017, ha señalado: “[…] se unifican criterios y se mantiene la posición asumida por esta Sala, en cuanto a la interpretación del artículo 147 del Código Procesal Penal, específicamente en relación con el cómputo del plazo para recurrir, el cual no puede iniciar sino, hasta que sea resuelto el procedimiento de adición y aclaración incoado.” De manera, que el plazo para recurrir venció el 08 de julio de 2025. En este orden de ideas, se ha verificado que el recurso de apelación de la Procuraduría General de la República fue presentado el 01 de julio de 2025 (folios 222 a 224), por lo que estando dentro del plazo y por cumplir con los requerimientos objetivos y subjetivos para impugnar se admite para su estudio de fondo. –

II.- En su único motivo de impugnación la licenciada Jeannette Castrillo Vargas alegó inobservancia en la aplicación de los artículos 373 y siguientes, referentes al procedimiento abreviado. Expresa que la sentencia que se impugna declaró con lugar la acción civil resarcitoria interpuesta por la representación del Estado y condena al encartado al pago de 814.394 colones con 94 céntimos por concepto de daño ambiental, sin embargo, omite indicar que también se condena al pago de los intereses que devengue esa suma hasta su efectivo pago y las costas derivadas de este proceso. Señala que solicitó aclaración y adición, gestión que fue rechazada por el Tribunal de Juicio indicando que la Procuraduría realizó una actualización de sus pretensiones sin indicar que el monto solicitado debía generar intereses, ni que el imputado debí asumir las costas del proceso. Considera la recurrente que existe un error de interpretación de las normas que rigen el procedimiento abreviado por parte del tribunal sentenciador, ya que la representación del Estado siempre mantuvo la pretensión expuesta en el escrito de la acción civil resarcitoria, y esta constituye no solo la pretensión principal, sino también los intereses y costas. Solicita se acoja el motivo, y se ordene el pago de intereses y costas. Posición de la defensa.  Señala que el acuerdo entre la representación “de los actores civiles” y el demandado fue la aceptación del pago de la suma de 814.394 colones con 94 céntimos, pero que en este acuerdo no se indicó que el monto generaba intereses ni que el imputado debería asumir las costas del proceso. Por lo que no se violenta lo establecido en el artículo 373 del Código Procesal Penal y señala que de conformidad con el voto 5406-1999 de la Sala Constitucional debe respetarse el convenio sobre el procedimiento especial abreviado. Se rechaza la queja. En el presente asunto, se pactó la aplicación del procedimiento abreviado y se declaró al encartado autor responsable de los ilícitos acusados imponiendo un total de 8 meses de prisión, situación que no ha sido recurrida. Ahora bien, también se indicó en el fallo que se acogieron los extremos de la acción civil resarcitoria en la forma en que fueron pactadas las pretensiones civiles en la audiencia y se condenó al justiciable al pago de la suma de 814.394 colones con 94 céntimos, indicándose que “se acoge las partidas acordadas por las partes” (folio 207). Al solicitar la aclaración y adición sobre este punto, el órgano sentenciador señaló: “Se rechaza la gestión planteada ya que al revisar la audiencia en la cual ocurre el planteamiento del Proceso Especial Abreviado, al minuto 14:45, al consultar la Jueza del Tribunal a las partes sobre su anuencia a dicho proceso; la representante de la Procuraduría General de la República, expresa su anuncia en el proceso especial, indicando que debe el imputado aceptar el monto pretendido en la Acción Civil Resarcitoria. Nuevamente al minuto 29:50, la representante de la Procuraduría General de la República actualiza sus pretensiones, en un único monto, sin indicar que debe el imputado asumir las costas del proceso y que el monto pretendido debe generar intereses. Así las cosas, no existió solicitud alguna de condena en costas al imputado, o que la suma pactada por el monto de ochocientos catorce mil trescientos noventa y cuatro colones, generara intereses” (folio 217). Ahora bien, es importante destacar que conforme lo señala el voto 5409-1999 de las 12:36 horas del 9 de julio de 1999 de la Sala Constitucional, el respeto sobre la pena pactada para aplicar un procedimiento abreviado, forma parte del debido proceso y de la buena fe; de manera, que debe entenderse que también es parte del debido proceso y la buena fe todos los demás aspectos convenidos en un acuerdo de aplicación del procedimiento abreviado. En este orden de ideas, de la revisión de la audiencia iniciada a las 08:40 horas del 23 de mayo de 2025, estando presentes las partes, el endilgado, su defensor, la representación del Ministerio Público, y en este caso la licenciada Jeannette Castrillo Vargas (quien es la aquí apelante), en representación del Estado, siendo la audiencia en la cual se pactó la aplicación del procedimiento abreviado se logra escuchar que la licenciada Castrillo Vargas estuvo de acuerdo en pactar las pretensiones del Estado en la suma concreta de 814.394 colones con 94 céntimos, indicándose que con ello quedaban satisfechos; sin que se agregara en ese momento ni posteriormente ninguna otra pretensión (ver secuencias 00:21:40 a 00:22:01). Por consiguiente, el reclamo que ahora hace la recurrente resulta improcedente, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la República.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Jeannette Castrillo Vargas, representante de la Procuraduría General de la República.

 

 

 

Cynthia Dumani Stradtmann

 

 

 

Brisa Campbell Argüello       Franklin Lara Fallas

Juezas y Juez de Apelación de Sentencia Penal

(La resolución fue firmada digitalmente)

 

FRUIZCO

	

20-001705-0412-PE

	

1

 

Circuito Judicial de Santa Cruz, Edificio Tribunales, Tercer Piso Teléfonos: 2681-4047. Fax: 2680-1072. Correo electrónico: [email protected]

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:26:41.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Penal Sentence Appeals Tribunal of Guanacaste

Resolution No. 00366 - 2025

Resolution Date: August 29, 2025 at 15:15

Expediente: 20-001705-0412-PE

Drafted by: Cynthia Dumani Stradtmann

Type of matter: Criminal appeal

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

Content type: Majority vote
Topics (descriptors): Abbreviated procedure (Procedimiento abreviado)
Subtopics:
Inability to vary the amount agreed upon by the parties regarding civil aspects.
Topics (descriptors): Civil action for damages (Acción civil resarcitoria)
Subtopics:
Inability to vary the amount agreed upon by the parties in an abbreviated procedure.
Consistent rulings

Judgment with protected data, in accordance with current regulations

Text of the resolution



EXPEDIENTE:

20-001705-0412-PE

AGAINST:

[Nombre 001]

VICTIM:

LOS RECURSOS NATURALES

CRIME:

ILLEGAL EXPLOITATION OF FOREST PRODUCTS (APROVECHAMIENTO ILEGAL DE PRODUCTOS FORESTALES) AND USURPATION OF PUBLIC DOMAIN PROPERTY (USURPACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO)

VOTO 366-2025

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Santa Cruz, at fifteen hours and fifteen minutes on the twenty-ninth of August, two thousand twenty-five.

Appeal filed in the present case number 20-001705-0412-PE, against [Nombre 001], identity card [Valor 001], born September 18, 1971, son of [Nombre 002], for the crime of ILLEGAL EXPLOITATION OF FOREST PRODUCTS AND USURPATION OF PUBLIC DOMAIN PROPERTY, to the detriment of LOS RECURSOS NATURALES. Judges Cynthia Dumani Stradtmann, Brisa Campbell Argüello, and judge Franklin Lara Fallas participate in the decision of the appeal. Attorney Jeanette Castrillo Vargas, criminal prosecutor, and attorney Sebastián Peña Arrieta, public defender of the accused, appeared at this venue.

RESULTANDO

I. By judgment number 135-2025 at 08:30 hours on June 5, 2025, the Tribunal de Penal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, Santa Cruz venue, resolved: "POR TANTO: In accordance with the provisions of articles 39 and 41 of the Constitución Política; articles 1, 20, 30, 31, 45, 71, and 58, 227 Código Penal, articles 58 subsections a and b of the Ley Forestal, articles 1, 182, 184, 258, 265, of the Código Procesal Penal, [Nombre 001] is sentenced for the crime of Invasion of a protected area (Invasión a un área de protección) to a penalty of two months of imprisonment, for the crime of Illegal Exploitation of Forest Products to a penalty of two months of imprisonment, and for a crime of Usurpation of Public Domain Property to a penalty of four months of imprisonment; applying the rules of material concurrence (concurso material), a total penalty of eight months of imprisonment. A penalty that he must serve in the place and manner determined by the respective penitentiary regulations, after deducting any pre-trial detention served. As the requirements of numerals 59 to 63 and 71 of the Código Penal are met, and the request being appropriate, [Nombre 001] is granted the benefit of conditional execution of the sentence (ejecución condicional de la pena) for a period of three years; the accused is warned that he must not commit a new intentional crime punishable by more than six months, otherwise the grace being granted today will be revoked. The present Acción Civil Resarcitoria is granted, and the items agreed upon by the party are accepted, and consequently [Nombre 001] is ordered to pay the sum of eight hundred fourteen thousand three hundred ninety-four colones and ninety-four céntimos, in favor of the State, for Environmental Damage (Daño Ambiental). Once this resolution is final, let the legal certifications be issued before the Registro Judicial de Delincuentes and the Juzgado de Ejecución de la pena. The release of the Accused is ordered. The costs of the criminal process are borne by the State. NOTIFÍQUESE. - Lic. José Esteban García Acosta TRIAL JUDGE. -" (SIC).

II. Against the preceding ruling, attorney Jeanette Castrillo Vargas, criminal prosecutor, filed an appeal.

III. Having conducted the respective deliberation in accordance with the provisions of the Código Procesal Penal, the Tribunal considered the questions raised in the appeals.

IV. The relevant legal prescriptions have been observed in the proceedings.

Judge Cynthia Dumani Stradtmann drafts; and,

I.- Admissibility. The Tribunal de Juicio of Santa Cruz issued judgment number 135-2025 at 08:30 hours on June 5, 2025, in which the application of the abbreviated procedure (procedimiento abreviado) was accepted and [Nombre 001] was declared the responsible perpetrator of the crimes of Invasion of a Protected Area, Illegal Exploitation of Forest Products, and Usurpation of Public Domain Property in material concurrence, for which penalties of two months of imprisonment were imposed for the first offense, two months for the second, and four months for the third, for a total of eight months of imprisonment, granting him the benefit of conditional execution of the sentence. Likewise, the civil action for damages filed by the Procuraduría General de la República was granted, ordering the accused to pay the sum of eight hundred fourteen thousand three hundred ninety-four thousand colones and ninety-four céntimos for environmental damage (folios 203 to 207). This judgment was notified to the parties on June 5 and 9, 2025 (folios 208 to 210). On June 9, 2025, the Procuraduría General de la República requested an addition and clarification (adición y aclaración) of the referred judgment (folio 211 and 212), which was resolved by the Tribunal de Juicio by resolution at 13:00 hours on June 17, 2025, rejecting the action (folios 217), a decision that was notified to the parties on June 17, 2025 (folios 218 to 221). In this sense, the Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, in Voto 390-2017 at 09:34 hours on May 3, 2017, has indicated: “[…] criteria are unified and the position held by this Chamber is maintained, regarding the interpretation of article 147 of the Código Procesal Penal, specifically in relation to the computation of the deadline to appeal, which cannot begin until the filed addition and clarification procedure is resolved.” Therefore, the deadline to appeal expired on July 8, 2025. In this vein, it has been verified that the appeal by the Procuraduría General de la República was filed on July 1, 2025 (folios 222 to 224), so being within the deadline and meeting the objective and subjective requirements for challenging, it is admitted for a substantive study. –

II.- In her sole ground for challenge, attorney Jeannette Castrillo Vargas alleged non-observance in the application of articles 373 and following, concerning the abbreviated procedure. She states that the appealed judgment granted the civil action for damages filed by the representation of the State and orders the accused to pay 814,394 colones and 94 céntimos for environmental damage, however, it omits to indicate that the payment of interest accruing on that sum until its effective payment and the costs derived from this process are also ordered. She points out that she requested clarification and addition, an action that was rejected by the Tribunal de Juicio, indicating that the Procuraduría updated its claims without indicating that the requested amount should generate interest, nor that the accused should bear the costs of the process. The appellant considers that there is an error in the interpretation of the rules governing the abbreviated procedure by the sentencing court, since the representation of the State always maintained the claim set forth in the civil action for damages filing, and this constitutes not only the principal claim, but also the interest and costs. She requests that the ground be upheld, and the payment of interest and costs be ordered. Defense's position. It points out that the agreement between the representation "of the civil actors (actores civiles)" and the defendant was the acceptance of the payment of the sum of 814,394 colones and 94 céntimos, but that in this agreement it was not indicated that the amount would generate interest nor that the accused should assume the costs of the process. Therefore, what is established in article 373 of the Código Procesal Penal is not violated, and it points out that, in accordance with Voto 5406-1999 of the Sala Constitucional, the agreement on the special abbreviated procedure must be respected. The complaint is rejected. In the present matter, the application of the abbreviated procedure was agreed upon and the accused was declared the responsible perpetrator of the accused offenses, imposing a total of 8 months of imprisonment, a situation that has not been appealed. Now then, it was also indicated in the ruling that the terms of the civil action for damages were accepted in the form in which the civil claims were agreed upon in the hearing, and the defendant was ordered to pay the sum of 814,394 colones and 94 céntimos, indicating that “the items agreed upon by the parties are accepted” (folio 207). When requesting the clarification and addition on this point, the sentencing body stated: “The filed action is rejected since, upon reviewing the hearing in which the proposed Special Abbreviated Procedure (Proceso Especial Abreviado) occurs, at minute 14:45, when the Judge of the Tribunal consults the parties about their consent to said process, the representative of the Procuraduría General de la República expresses her consent to the special process, indicating that the accused must accept the amount claimed in the Acción Civil Resarcitoria. Again at minute 29:50, the representative of the Procuraduría General de la República updates her claims, in a single amount, without indicating that the accused must assume the costs of the process and that the claimed amount must generate interest. Thus, there was no request whatsoever for a cost order against the accused, or that the sum agreed upon for the amount of eight hundred fourteen thousand three hundred ninety-four colones would generate interest” (folio 217). Now then, it is important to note that, as indicated by Voto 5409-1999 at 12:36 hours on July 9, 1999, of the Sala Constitucional, respect for the penalty agreed upon to apply an abbreviated procedure is part of due process and good faith; consequently, it must be understood that all other aspects agreed upon in an agreement to apply the abbreviated procedure are also part of due process and good faith. In this vein, from the review of the hearing started at 08:40 hours on May 23, 2025, with the parties present—the accused, his defender, the representative of the Ministerio Público, and in this case attorney Jeannette Castrillo Vargas (who is the appellant here), representing the State—this being the hearing in which the application of the abbreviated procedure was agreed upon, it can be heard that attorney Castrillo Vargas agreed to agree upon the State's claims in the specific sum of 814,394 colones and 94 céntimos, indicating that they were satisfied with that; without any other claim being added at that time or subsequently (see sequences 00:21:40 to 00:22:01). Consequently, the claim now made by the appellant is inadmissible, and therefore the appeal filed by the Procuraduría General de la República is declared without merit.

POR TANTO

The appeal filed by attorney Jeannette Castrillo Vargas, representative of the Procuraduría General de la República, is declared without merit.

Cynthia Dumani Stradtmann

Brisa Campbell Argüello       Franklin Lara Fallas

Judge and Judges of the Penal Sentence Appeals Court

(The resolution was digitally signed)

FRUIZCO

20-001705-0412-PE

1

Circuito Judicial de Santa Cruz, Edificio Tribunales, Third Floor Telephones: 2681-4047. Fax: 2680-1072. Email: [email protected]

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 12:26:41.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República