Res. 06518-2025 Tribunal Contencioso Administrativo — Health order to landfill operator is valid despite contractual disputeOrden sanitaria a operador de relleno sanitario es válida pese a conflicto contractual

Grande
Normal
Pequeña
Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 06518 - 2025

Fecha de la Resolución: 02 de Julio del 2025 a las 09:42

Expediente: 19-007507-1027-CA

Redactado por: Francisco José Chaves Torres

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias del mismo expediente


Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Administrativo

Tema: Acto administrativo

Subtemas:

Potestad de la administración de emitir órdenes sanitarias en protección de la salud pública, aunque exista conflicto contractual entre particulares.

Tema: Orden sanitaria

Subtemas:

Potestad de la administración de emitir órdenes sanitarias en protección de la salud pública, aunque exista conflicto contractual entre particulares.

"VI [...] Criterio del Tribual.

Por otra parte, sobre la competencia de laDirectora del Área Rectora de Cartago, Dra. Andrea Morales Fiesler, para emitir la orden sanitaria cuestionada en este proceso, lleva razón la representación del Estado, la Sala Constitucional ha afirmado de manera reiterada que “...El artículo 50, constitucional, establece como fin fundamental y valor esencial del Estado costarricense procurar "el mayor bienestar a todos los habitantes del país". De tal manera que, el "ambiente sano y ecológicamente equilibrado" forma parte del contenido del mayor bienestar de todos los habitantes, causa, fin y también condición y límite del ejercicio de las potestades y competencias públicas...” (Voto N°4621-2016 del 5 de abril del 2016); por lo que corresponde a todos los entes públicos, constituirse en garantes y velar por el respeto a ese ambiente sano y ecológicamente equilibrado, del cual no escapa el Instituto demandado. Por otra parte, la Ley General de Salud N°5395, dispone en su artículo 4 que toda “persona natural o jurídica, queda sujeta a los mandatos de esta ley”; y en el ordinal 37 dice que “ninguna persona podrá actuar o ayudar en actos que signifiquen peligro, menoscabo o daño para la salud de terceros o de la población y deberá evitar toda omisión en tomar medidas o precauciones en favor de la salud de terceros.”; y el 39 aún más preciso establece que el “...propietario y el encargado de bienes muebles o inmuebles deberán evitar las molestias y daños que puedan derivarse, para la salud de terceros, de la mala calidad o mal estado de conservación o de higiene de tales bienes. (...) En ambos casos tales propietarios y encargados deberán tomar las medidas que la autoridad sanitaria ordene dentro del plazo que el efecto se fije, sin perjuicio de las providencias que la autoridad pueda tomar según la peligrosidad o gravedad del caso...”. [...]  Adicionalmente, la Ley para la Gestión Integral de Residuos N°8839, describe una serie de hechos que constituyen infracciones y la correspondiente sanción [...] 

En este orden, el artículo 62 de la misma Ley N°8839, establece un tipo de responsabilidad solidaria sobre los daños y perjuicios ocasionados al ambiente, en razón de las infracciones administrativas y penales antes reseñadas, que recae sobre los “titulares de las empresas o las actividades donde se causan los daños”, siendo esta otra razón más para considerar que la actora tiene también el deber de evitar que se produzca la afectación ambiental tantas veces indicada. Así el ordinal 66 de la LGAP, dispone que las ”...potestades de imperio y su ejercicio, y los deberes públicos y su cumplimiento, serán irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles...”; en el caso concreto tiene por consecuencia que la Directora del Área Rectora de Salud, estaba vinculada por ese poder-deber de decidir sobre la situación jurídica que técnicamente venía afectando el interés colectivo, en el ámbito de la salud [...]".

... Ver más
Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas
Texto de la resolución
EV Generación de Machote: F:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\Modelos\Contencioso\TCRESOL016.dpj

 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA 

Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A (Antiguo Edificio Motorola)

 __________________________________________________________________________

EXPEDIENTE:19-007507-1027-CA

PROCESO: Conocimiento

ACTOR/A: WPP Continental de Costa Rica S.A.

DEMANDADO/A: El Estado y Andrea Anelisse Morales Fiesler

 N° 2025006518

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN III, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las nueve horas con cuarenta y dos minutos del dos de julio del dos mil veinticinco.-

Proceso de Conocimiento de WPP Continental de Costa Rica Sociedad Anónima con cédula jurídica 3-101-155289, representada por Ileana María González Paniagua, portadora de la cédula 1-0490-0011, asesorada por el abogado Julio Fonseca Pion portador del carné profesional 13814; contra El Estado representado en esta ocasión por la Procuradora María del Rosario León Yannarella con cédula de identidad 1-0851-0444; y Andrea Anelisse Morales Fiesler, portadora de la cédula 1-0986-0993, quien ha contado con la asesoría profesional de la abogada Andrea Blanco Alfaro con carné profesional N°22410.-

Redacta el juez Chaves Torres; y,

CONSIDERANDO

I.- Antecedentes procesales. De previo se debe aclarar que esta sentencia se emite de conformidad con las formalidades mínimas establecidas en el Código Procesal Civil –Ley N°9342- aplicado de forma supletoria por disposición del 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo; y las referencias a la foliatura del expediente son del documento electrónico generado en un único archivo con formato PDF, obtenido del Escritorio Virtual (herramienta informática para la tramitación de los expedientes de forma electrónica en los despachos Judiciales del país) con las opciones "Orden Descendente" y "Ver descripción de Documento (PDF)" desmarcadas, y con "Ver detalles carátula del Expediente" seleccionado en "Final"; siendo que en caso de requerirlo al Despacho, las partes podrán tener acceso a una copia del expediente descargado de dicha manera, previa coordinación. Para el dictado de la presente resolución resultan de interés las siguientes actuaciones procesales: 

1.-La parte actora formula la demanda que ha dado origen al presente proceso, con las siguientes pretensiones –aclaradas y precisadas en la audiencia preliminar efectuada a partir de las 10:09 horas del 24 de setiembre del 2020-, con el objetivo que se dicte: “1.- Que la orden sanitaria CE-ARSC-OS-0138-2019, la resolución DM-RC-1069-2019 y todo otro acto administrativo conexo, son absolutamente nulos; 2.- Que El Estado y la codemandada Morales Fiesler, de manera solidaria, deben responder por los daños y perjuicios causados a mi representada, que consisten en lo siguiente y se estiman según se indica a continuación: a.- Daño material: Se reclama por este extremo, la utilidad que se dejaría de percibir por los desechos que no ingresarían al relleno sanitario en los 620,757.99 metros cúbicos de capacidad remanente del proyecto: equivalentes a 620,757.99 toneladas métricas de capacidad de recepción de desechos. Tomando como parámetro un precio promedio de mercado de trece mil quinientos colones por cada tonelada métrica, se estima este extremo en la suma de 8,380,232,865 colones. B.- Daño moral objetivo: Se reclama por este extremo, la afectación al buen nombre comercial de mi representada, toda vez que el propio Ministerio de Salud se ha encargado, ilegítimamente, de difundir entre las diversas municipalidades que depositan sus desechos en el relleno sanitario, que el proyecto será cerrado. Se estima prudencialmente este extremo en la suma de 50,000,000 de colones. C- Perjuicios: Se reclama por este extremo, la condena en intereses legales a cargo de los codemandados, que se calcularán a la tasa legal, sobre los montos concedidos tanto por daño material como por daño moral objetivo, desde la fecha de firmeza de la resolución que los otorgue y hasta la fecha de su efectivo pago. (Ver imágenes 16, 52 y 184 del expediente judicial).     

2.- Conferido el traslado de rigor, a las partes demandadas, tanto la representación del Estado como de la señora Andrea Fiesler, contestaron en forma negativa la demanda e interpusieron la excepción previa de litisconsorcio pasivo necesario, así como la defensa material de falta de derecho, solicitaron que se declare sin lugar la demanda en todos sus extremos, y sea condenada la parte actora al pago de las costas procesales y sus respectivos intereses hasta su efectivo pago. (Ver escritos de contestación de la demanda a imágenes 63 y 93, del expediente judicial).

3.- Con resolución N°984-2020, de las 13:30 horas del 5 de junio del 2020, se declara sin lugar “...la defensa previa de Litis Consorcio Pasivo Necesaria interpuesta por la representación estatal y la codemandada Morales Fiesler, al no considerarse indispensable la integración de la Municipalidad de Cartago como parte demandada en la presente litis. No obstante lo anterior, por lo indicado en la parte final del Considerando III de la presente resolución, póngase en conocimiento a la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, sobre la existencia del presente proceso judicial, para que dentro del tercer día hábil, una vez notificado, comunique al Tribunal si desea apersonarse como coadyuvante o tercero interesado. En este acto se le previene a la parte actora para que en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES proceda aportar al proceso de conformidad con los numerales 13, 15 y 49 inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo, un juego de copias de todo lo actuado para notificar al ente municipal, so pena de no atender futuras gestiones en caso de incumplimiento”. El ente Municipal fue debidamente notificado el 29 de julio del 2020, no obstante, se extraña apersonamiento del Ayuntamiento. (Ver imagen 114 y 166 del expediente judicial)

4.- La audiencia preliminar se inició a las 10:09 horas del 24 de setiembre del 2020, diligencia que fue grabada en el sistema; por parte de la persona juzgadora de trámite se fijaron las pretensiones y los hechos controvertidos. Se admite la prueba documental ofrecida por las partes, entre ello, el expediente administrativo completo, y el oficio DCA-3481 de la Contraloría General de la República ofrecido por la demandada Morales Fiesler. En cuanto a la prueba testimonial y declaración de parte, son inadmitidas en consecuencia la jueza de tramite declara el proceso de puro derecho, con ello otorga audiencia por escrito para emitir las conclusiones. (Ver minuta a imagen 186 del expediente y grabación de audio y video que consta en el sistema de escritorio virtual).

5.- En los procedimientos ante este Tribunal no se han observado nulidades que deban ser subsanadas o que generen indefensión y la sentencia se dicta de forma unánime.

II.- Argumentos de las partes. Una vez realizada la lectura integral y pormenorizada de los argumentos planteados por las partes, en resumen, indican: A) La representación de la parte actora reprocha la nulidad absoluta de la orden sanitaria No. CE-ARSC-OS-0138-2019, y la resolución DM-RC-1069-2019 que la confirmó, así como cualquier otro acto conexo del Ministerio de Salud. Se alega que la codemandada Morales Fiesler, en su calidad de Directora del Área Rectora de Salud de Cartago, actuó con al menos culpa grave en el ejercicio de su cargo; todo lo fundamenta en lo siguiente: “1.- NULIDAD ABSOLUTA DE LA ACTUACIÓN FORMAL DE LA ADMINISTRACIÓN.” En este apartado expone los siguientes vicios que afectan la actuación administrativa. “A.- Vicios en la motivación, el contenido y hasta la competencia para dictar la orden sanitaria”. Se argumenta que la orden sanitaria CE-ARSC-OS-0138-2019 presenta diversos vicios en su motivación, contenido y competencia. A pesar de que el acto administrativo se fundamenta en el informe técnico CR-ARSC-R-0096-2019, la orden sanitaria dictada se aparta de las recomendaciones del informe sin justificación. Esto contraviene lo establecido en el artículo 136.1.c) de la Ley General de la Administración Pública, que exige una motivación adecuada. Tal omisión fue señalada en la fase de impugnación administrativa, sin que se corrigiera por parte del Ministerio. Asimismo, la orden sanitaria emitida incluye una “aclaración” ajena al informe técnico, lo cual podría constituir un acto ilícito, incluso prevaricato, violando los artículos 132.1), 133 y 136 de la Ley General de la Administración Pública. Dicha aclaración resulta contradictoria con los diseños aprobados inicialmente por el CFIA y el Ministerio, generando inconsistencias graves en su contenido. Además, se señala que la codemandada Morales Fiesler carecía de competencia para dictar la orden sanitaria, ya que el informe técnico recomendaba que el caso fuera elevado a un nivel superior, dada la relevancia pública y nacional del proyecto Relleno Sanitario Los Pinos. Este aspecto también refleja una vulneración al marco normativo y refuerza la nulidad absoluta de la actuación impugnada. “B.- El contenido de la orden no sólo es ilícito, sino que es de imposible cumplimiento.” Se plantea que la orden sanitaria emitida no solo contiene disposiciones ilícitas, sino que además resulta materialmente imposible de cumplir, ya que sin el ingreso de desechos sólidos no puede cumplir con el plan de cierre aprobado por el CFIA y demás instituciones. Explica que el Relleno Sanitario Los Pinos opera en tres inmuebles con diferentes propietarios, quienes originalmente aprobaron los diseños y permisos necesarios ante SETENA y el Ministerio de Salud. Sin embargo, la problemática surge debido a que la Municipalidad de Cartago ha impedido la recepción de desechos en el terreno de su propiedad, lo que evidencia un conflicto entre dicha entidad y la parte demandante, más que un incumplimiento ambiental o sanitario atribuible a esta última. Ante este escenario, la codemandada Morales Fiesler habría actuado fuera de su competencia al resolver unilateralmente un conflicto que corresponde al Poder Judicial, tomando partido a favor de la Municipalidad de Cartago. Esto se refleja en su decisión de prohibir la recepción de desechos en el terreno municipal y, al mismo tiempo, imponer la realización de obras que dependen del ingreso de dichos desechos para su ejecución, lo cual constituye una contradicción insalvable. Además, se cuestiona por qué se obliga a realizar modificaciones no contempladas en el diseño original, sin que estas hayan sido propuestas, evaluadas ni aprobadas por las autoridades competentes. También se señala que el supuesto rediseño del proyecto debería ser costeado por la propietaria registral del inmueble y cumplir con los trámites previstos en el ordenamiento jurídico, lo que no ha ocurrido. Dado que la parte demandante no es propietaria del terreno, no tiene legitimación para tramitar permisos ni efectuar modificaciones. Por ende, se concluye que las disposiciones contenidas en la orden sanitaria, además de ser ilícitas e incompetentes, son materialmente imposibles de cumplir, lo que refuerza la solicitud de nulidad de la misma.“C.- La orden sanitaria irrespeta la reglamentación emitida por el mismo Ministerio". Se argumenta que la orden sanitaria emitida genera nulidad absoluta debido a su contradicción con la normativa vigente, en particular con el Reglamento Sobre Rellenos Sanitarios (Decreto Ejecutivo No. 38928-S). Resulta improcedente y abiertamente ilegal pretender el cierre técnico de un relleno sanitario sin que todas sus celdas se encuentren ocupadas hasta su capacidad máxima, ya que esto contraviene los principios de legalidad y de inderogabilidad singular de las normas. De acuerdo con el artículo 3 del reglamento citado, las definiciones de “celda”, “relleno sanitario” y “vida útil” son fundamentales para entender el funcionamiento de estos proyectos. Las celdas son el núcleo del relleno sanitario, diseñadas para recibir residuos compactados y material de cobertura. La vida útil, por su parte, se refiere al período estimado para completar todas las celdas conforme al diseño original aprobado. La disposición administrativa en cuestión implica el incumplimiento de este principio al modificar los parámetros establecidos y al ordenar un cierre técnico sin agotar la capacidad proyectada. El Reglamento Sobre Rellenos Sanitarios exige que un relleno se utilice al 100%, tal como lo evidencian otras disposiciones, como el artículo 12. Este artículo señala que los cálculos relacionados con la capacidad volumétrica y la vida útil son esenciales durante el diseño y aprobación del proyecto. Fue con base en estos cálculos que el Ministerio de Salud otorgó el permiso sanitario de funcionamiento, prorrogado hasta el año 2023. Por último, la orden cuestionada, al prohibir la recepción de desechos en terrenos municipales, se aparta de los diseños aprobados, sin proponer, evaluar ni aprobar un rediseño conforme a la normativa. Esto no solo contradice los objetivos ambientales y técnicos del proyecto, sino que también representa una actuación contraria al ordenamiento jurídico, reforzando así la nulidad alegada.“D.- Nulidad absoluta sobrevenida, por la desaparición del supuesto “motivo”. Señala la parte actora que la codemandada, Morales Fiesler, actuó con negligencia grave al intervenir en una disputa entre una empresa y la Municipalidad de Cartago. Se argumenta que Morales Fiesler, sin tener la competencia judicial para hacerlo, emitió una orden sanitaria que perjudicó a la empresa. Considera que dicha acción es una usurpación de funciones, ya que la resolución de conflictos legales es responsabilidad exclusiva del Poder Judicial. El punto central del argumento es que la orden sanitaria emitida por Morales Fiesler carece de validez debido a que la disputa original entre la empresa y la Municipalidad de Cartago ha sido resuelta mediante un acuerdo conciliatorio. Este acuerdo, según se sostiene, elimina el motivo que justificaba la orden sanitaria, lo que lleva a la conclusión de que esta debe ser declarada nula. En resumen, solicita la nulidad de la orden sanitaria emitida por Morales Fiesler, argumentando que su emisión fue indebida y que el conflicto que la originó ya no existe. La base legal para esta solicitud es el artículo 159 de la Ley General de la Administración Pública, que establece la nulidad sobrevenida cuando desaparece el motivo de un acto administrativo. “2.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR CONDUCTA ILÍCITA”. El Código Procesal Contencioso Administrativo, en su numeral 122.m.iii), faculta al Tribunal para pronunciarse en abstracto sobre daños y perjuicios, aun cuando no se constate su existencia o cuantía, siempre que pueda concluirse que derivan de la conducta administrativa o relación jurídico-administrativa objeto de la demanda. En el caso analizado, la orden de dejar de recibir desechos sólidos no solo implica la pérdida de ingresos por el volumen de vida útil del proyecto, sino que además ocasiona el cierre anticipado de la operación comercial del relleno sanitario. Se sostiene que la nulidad absoluta de la actuación del Ministerio de Salud, conforme a los artículos 190 y 191 de la Ley General de la Administración Pública, genera responsabilidad patrimonial del Estado por su conducta ilícita, y que la codemandada Morales Fiesler debe responder solidariamente en lo personal. Entre los daños y perjuicios reclamados se incluyen: (i) la facturación dejada de percibir por cada tonelada de desechos sólidos no ingresada, y (ii) la pérdida de oportunidades comerciales debido al cierre anticipado del relleno sanitario. En cuanto a la responsabilidad personal de la codemandada Morales Fiesler, se argumenta que su actuación estuvo marcada, como mínimo, por culpa grave. Contravino recomendaciones expresas de la instancia técnica del Área Rectora de Salud, incluyendo la de remitir el caso al Nivel Regional, careciendo de motivación adecuada. Además, actuó excediéndose en sus competencias, añadiendo contenidos ilícitos e incumpliendo los diseños aprobados inicialmente. Se concluye que la funcionaria no cumplió con el deber de cuidado, evidenciando falta de diligencia, pericia y prudencia. Dicho proceder es calificado como inexcusable, y por ello, se demanda que responda de manera solidaria con la Administración por los daños causados. B) Por su parte la representación de la Procuraduría General de la República, responde en los siguientes términos. “a. De la competencia del Área Rectora de Salud de Cartago”. Expone que de acuerdo con los artículos 50 de la Constitución Política y 2, 285, 287 y 288 de la Ley General de Salud, corresponde al Estado, a través del Ministerio de Salud, la determinación de las políticas nacionales necesarias para preservar la salud. En este contexto, el Ministerio de Salud actúa como el órgano rector encargado de vigilar el cumplimiento de acciones en pro de un ambiente sano, trabajando incluso en coordinación con las municipalidades, tal como establece la Ley N° 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos (artículo 7). Agrega que dicha normativa dispone que los planes sectoriales realizados en cada región deben ser registrados, monitoreados y supervisados por el Ministerio de Salud (artículo 13). Asimismo, los programas generadores de residuos deben someterse al conocimiento del Ministerio para su control y seguimiento (artículo 15). Los artículos 16, 46 y 53 también refuerzan la competencia del Ministerio en la fiscalización, inspección y adopción de medidas correctivas necesarias en casos de contaminación, incluyendo sanciones contra los responsables para prevenir daños ambientales. En relación con el relleno sanitario Los Pinos, se destaca la facultad legal del Ministerio de Salud en el trámite y operación de residuos sólidos. Tras una inspección que evidenció contaminación ambiental en el lugar, el Ministerio está obligado a adoptar las acciones legales necesarias para rectificar la situación, en estricto apego a sus competencias legales. Por ende, se considera innegable la legitimidad y responsabilidad del Ministerio en este ámbito. “b. Sobre la legalidad de la orden sanitaria n° CE-ARSC-OS-0138-2019”. Argumenta que en el presente caso, se establece que corresponde al Ministerio de Salud, a través del Área Rectora de Salud de Cartago, realizar inspecciones y determinar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del plan de manejo de residuos y, en caso de contaminación, implementar las acciones de mitigación correspondientes. Este deber surge a raíz de las diferencias contractuales entre la Municipalidad de Cartago y la empresa actora, las cuales han dejado sin mantenimiento el sector del relleno sanitario ubicado en terrenos municipales, provocando contaminación ambiental. Señala que tras las inspecciones realizadas en el relleno sanitario Los Pinos, se constató la existencia de contaminación ambiental debido a la falta de disposición sanitaria adecuada en el terreno de la Municipalidad. Ante ello, el Área Rectora de Salud de Cartago emitió una orden sanitaria para prevenir y resolver la problemática ambiental, en cumplimiento con sus competencias legales y en defensa del interés público. Las actuaciones realizadas se consideran ajustadas al marco normativo vigente y no presentan elementos de ilegalidad. Agrega que el contrato entre la Municipalidad de Cartago y la empresa actora establecía como obligación de esta última llevar a cabo las acciones de cierre técnico del relleno sanitario una vez alcanzada su vida útil. Aunque la vida útil estimada era de siete años, esta se redujo debido a las restricciones de acceso al terreno municipal. Además, la empresa actora argumenta que dichas obras generan costos adicionales no contemplados en el contrato original, lo que ha llevado a un conflicto entre las partes y a la presentación de esta demanda. Sin embargo, concluye la señora Procuradora, que las acciones tomadas por el Área Rectora de Salud de Cartago están fundamentadas en un estudio técnico previo que determinó la existencia de contaminación ambiental. Tanto la empresa actora como la Municipalidad tienen responsabilidad compartida en la ejecución de las medidas necesarias para mitigar la contaminación. Por tanto, no se observa nulidad ni ilegalidad en las actuaciones impugnadas, y se solicita el rechazo de la demanda en favor de la representación del Ministerio de Salud, dado el interés público en prevenir la contaminación y proteger la salud ambiental.“c. De la improcedencia de los daños y perjuicios.” Se argumenta que no es procedente la solicitud de reconocimiento de daños y perjuicios presentada por la parte actora. En primer lugar, reitera la falta de derecho de la actora en este aspecto. En segundo lugar, no corresponde que en este proceso se pretenda atribuir a la representación demandada la responsabilidad por las supuestas pérdidas de ingresos derivadas del contrato suscrito entre la actora y la Municipalidad de Cartago, ni por los gastos asociados a las obras de cierre técnico en el terreno municipal. Se subraya que dichas obligaciones contractuales son exclusivas entre las partes firmantes, sin que la representación demandada sea parte de ese contrato. No obstante, corresponde a esta última, en su calidad de autoridad competente, la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, con el propósito de prevenir y mitigar daños ambientales, como ocurre en este caso. Por ello, la actuación de la representación demandada se enmarca dentro de sus competencias legales. C) La representación de la demandada Andrea Morales Feisler, argumenta que el Relleno Sanitario Los Pinos, ubicado en Dulce Nombre de Cartago, lleva varios años en disputa y está ampliamente documentado en el expediente administrativo. Explica que este proyecto opera en dos propiedades colindantes: una perteneciente a la Municipalidad de Cartago y otra a la empresa actora. Ambas partes suscribieron en su momento un contrato para la operación y disposición final de los desechos, incluyendo la construcción de una planta de tratamiento en la propiedad municipal que daba servicio a ambos terrenos. Manifiesta que el conflicto surge debido a desacuerdos contractuales entre la Municipalidad de Cartago y la empresa actora, lo que llevó al órgano municipal a restringir a esta última la realización de obras de mantenimiento y disposición final de residuos en el terreno municipal. Simultáneamente, la empresa actora continuó realizando la disposición de residuos sólidos en su propia propiedad sin tratar los lixiviados, dado que la planta de tratamiento está ubicada en la propiedad municipal, lo que presuntamente implicó una falta de control ambiental y sanitario. Ante la falta de solución al conflicto contractual entre ambas partes, comenzaron a recibirse denuncias de los vecinos al Área Rectora de Salud de Cartago. En cumplimiento de sus obligaciones, el Ministerio de Salud incrementó el seguimiento al proyecto mediante inspecciones y visitas. Durante dichas intervenciones, los inspectores identificaron irregularidades en el manejo de los residuos sólidos, lo que motivó la emisión de informes y órdenes sanitarias en repetidas ocasiones, conforme consta en el expediente administrativo. “DE LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE SALUD Y ÁREA DE SALUD DE CARTAGO PARA EMITIR LA ORDEN SANITARIA CEARSC-OS- 0138-2019". Expone que el artículo 50 de la Constitución Política garantiza a todas las personas el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconociéndose como un pilar esencial para el ejercicio del derecho a la salud, contenido en el artículo 21. Además, el artículo 89 impone al Estado el deber de proteger y conservar las riquezas naturales. Este marco normativo ha sido reforzado por pronunciamientos jurisprudenciales, como la sentencia número 3705-93 del Tribunal Contencioso Administrativo, que destaca la calidad ambiental como un componente fundamental de la calidad de vida y enfatiza la obligación de preservar el ambiente para las generaciones presentes y futuras. En este sentido, tanto las personas como el Estado tienen responsabilidades concretas. Indica que las personas deben hacer un uso racional de los recursos naturales, mientras que el Estado debe garantizar su protección y conservación, facultándosele para imponer sanciones por incumplimientos a estos deberes. El artículo 50 también legitima a cualquier persona para denunciar infracciones al derecho ambiental y exigir la reparación del daño causado. Agrega que la Ley para la Gestión Integral de Residuos (N° 8839) asigna al Ministerio de Salud la rectoría en la gestión integral de residuos sólidos, incluyendo la dirección, monitoreo, evaluación y control. Esta ley otorga a los funcionarios del Ministerio la facultad de realizar fiscalizaciones y adoptar medidas correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con la gestión ambiental y sanitaria. Y explica que el Ministerio de Salud de Costa Rica, como ente rector en la gestión integral de residuos según la Ley N° 8839, formula políticas, elabora reglamentos, monitorea, coordina y promueve prácticas sostenibles. Sus funcionarios están facultados para realizar inspecciones sin previo aviso para fiscalizar el cumplimiento de programas de manejo de residuos, colaborando con el Ministerio de Ambiente si es necesario, tal como lo respalda también la Ley General de Salud para garantizar normativas sanitarias y proteger el ambiente. Puntualiza que en el caso de la orden sanitaria CE-ARSC-OS-0138-2019 emitida por el Área Rectora de Salud de Cartago, se actuó dentro de su competencia territorial, basándose en inspecciones técnicas (informe CE-ARSC-R-0096-2019) que evidenciaron incumplimientos sanitarios en el Relleno Sanitario Los Pinos, generando riesgos para la salud pública debido al manejo inadecuado de residuos. La orden buscó corregir estas irregularidades y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente para prevenir la contaminación, por lo que se argumenta que el Ministerio actuó dentro del marco legal siendo que se constató que en el sector ubicado en propiedad de la Municipalidad de Cartago no se cumplía con la disposición sanitaria adecuada de los residuos sólidos. Esta situación ha generado condiciones peligrosas, como el empozamiento de lixiviados, la exposición de residuos y un manejo sanitario inadecuado, que representan un riesgo significativo para la salud pública.Contesta que La emisión de la orden sanitaria por parte de la Directora del Área Rectora de Salud de Cartago se fundamenta en las recomendaciones de la Dirección Regional, buscando la corrección de irregularidades detectadas y la observancia del Reglamento sobre Rellenos Sanitarios y la Ley N° 8839. La finalidad primordial de esta actuación administrativa es la prevención de la contaminación ambiental en sus diversas formas, en estricto apego a la normativa vigente. Respecto a la reclamación por daños y perjuicios, se argumenta una interpretación errónea por parte de la actora. Los daños, como es conocido por este tribunal, corresponden a la pérdida sufrida, mientras que los perjuicios abarcan las ganancias o utilidades frustradas o dejadas de percibir, conocidas como lucro cesante. En este sentido, se considera improcedente el reconocimiento de los perjuicios alegados, ya que la supuesta pérdida de ingresos se vincula a contratos suscritos entre la actora y terceros (municipalidades), sobre los cuales la administración carece de injerencia. Se enfatiza que la actuación de la Directora del Área Rectora se enmarcó en el ejercicio legítimo de sus funciones de fiscalización en salvaguarda de la salud pública.

III.-Objeto del proceso. El objeto del presente proceso, lo es para que en sentencia se declare la nulidad de la orden sanitaria CE-ARSC-OS-0138-2019, así como la resolución DMRC-1069-2019 que resolvió la apelación y todo otro acto administrativo conexo, siendo que a partir de lo anterior, deben ser analizada la indemnización de daños y perjuicios pretendida por la empresa actora contra ambas partes demandadas, es decir en aplicación del régimen de responsabilidad por conducta ilícita. Conforme al principio de congruencia que rige el ejercicio de la función jurisdiccional, y que regula expresamente el numeral 119 inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo del siguiente modo "...La sentencia resolverá todas las pretensiones y los extremos permitidos por este Código...", así como los ordinales 28.1 y 61.2 del Código Procesal Civil, se atenderá solo a los pedimentos transcritos en el punto 1 del considerando anterior, confirmados por la persona juzgadora de trámite.

IV.- Hechos probados. De importancia para la correcta solución de este proceso, se tienen por acreditados los siguientes hechos relevantes: 1) Que el 23 de enero del 2002, la Municipalidad de Cartago y la empresa WPP Continental de Costa Rica Sociedad Anónima suscribieron el contrato denominado “Disposición y Tratamiento Final de Los Desechos Solidos del Cantón Central de Cartago”, como consecuencia de la Licitación por Registro N°001-2001. En dicho instrumento contractual se aclara lo siguiente: “...A) Vertedero de Navarro del Socorro: Es el vertedero de basura propiedad de la Municipalidad del Cantón Central de Cartago, localizado en Navarro del Socorro y el cual, al momento de la firma del presente contrato, se encuentra en pleno funcionamiento, brindando el servicio de disposición y tratamiento final de los desechos sólidos ordinarios de ese cantón, mediante el proceso técnico denominado “OPERACION MEJORADA”, la cual la empresa adjudicataria deberá continuar en forma transitoria hasta que entre en funcionamiento el relleno sanitario propiedad de esa última de conformidad con lo que se estipulará en la cláusula tercera de este contrato. B) Relleno Sanitario Mecanizado Regional los Pinos: Es el relleno sanitario propiedad de la empresa adjudicataria, que esta última construirá para desarrollar la actividad a la que se refiere el objeto del presente contrato, sobre un terreno que posee contiguo al Vertedero de Navarro del Socorro y cuyo inicio se estipulará en la cláusula cuarta. C) Cierre Técnico: Es el cierre técnico del vertedero de Navarro del Socorro, el cual se verificará de conformidad con lo que estipula en la cláusula tercera del presente contrato (...) TERCERO: ETAPAS: El presente contrato se verificará en 3 etapas distintas: a) Una etapa inicial de operación mejorada la cual se desarrolla en el actual vertedero mejorado conocido como Relleno de Navarro del Socorro; b) Cierre Técnico del Vertedero de Navarro del Socorro; c) Relleno Sanitario Mecanizado Regional de los Pinos. (...) CUARTO: INICIO DE LAS ETAPAS: El inicio para la prestación de los servicios contratados en este instrumento será: DE INMEDIATO. El inicio de la primera etapa será dentro de los primeros tres días hábiles siguientes a la fecha en que este documento sea refrendado por la Contraloría General de la República. La segunda etapa se llevará a cabo en operaciones programadas en forma paralela a la operación diaria del Relleno Sanitario Mecanizado Regional los Pinos. La tercera etapa de inicio al día natural siguiente en que WPP obtenga el permiso de funcionamiento y operación del relleno sanitario, siempre y cuando, dicho permiso se verifique dentro de un año, contado a partir de la firma de este contrato. en caso de que la empresa por causas justificadas, no haya obtenido dentro de ese último plazo, el permiso correspondiente para el Relleno Sanitario y Mecanizado Regional los Pinos, la Municipalidad podrá prorrogarlo por única vez por un período máximo de tres meses...”. (Ver folio 3 del tomo 1 correspondiente al expediente administrativo). 2) Que el 12 de junio de 2013, la Municipalidad de Cartago y la empresa actora, firman el contrato adicional N°000031, en el cual se indica: “...PRIMERA OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se compromete a prestar los servicios para el Tratamiento de disposición final de los desechos sólidos del Cantón Central de Cartago y su respectivo cierre técnico del área impactada, según lo contemplado en la cláusula tercera inciso B) del contrato original. Todo de conformidad con los términos del cartel, de las características y especificaciones técnicas descritas en el Pliego de Condiciones de la Licitación por Registro N°01-2001 y el contrato original precedente (...) SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato adicional es de hasta por (5) cinco años, a partir de la fecha de adjudicación de la presente contratación, por parte del Concejo Municipal y fecha de inicio de la misma (...) CUARTA: PRECIO: Se acuerda establecer el precio del servicio de disposición y tratamiento final de los desechos sólidos ordinarios que la Municipalidad pagará a la Empresa en 8.348,00 (ocho mil trescientos cuarenta y ocho colones exactos, por tonelada métrica tratada. según los reajustes de precios aprobados a la fecha de suscripción del presente contrato adicional (...) OCTAVA: PLANOS Y DISEÑOS: Forma parte integral del presente contrato adicional el diseño, planos y demás detalles técnicos que WPP se obligó a efectuar mediante la respectiva oferta y sus anexos. En el caso de que WPP solicité cambios en el diseño técnico y en los planos constructivos por motivos técnicos justificados, estos podrán producirse por autorización expresa del Ente Competente, la cual se tramitará mediante un addendum al presente contrato. Lo anterior de conformidad con lo contemplado en la cláusula novena del contrato original (...) NOVENA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: (...) c) En caso de emergencia, caso fortuito o fuerza mayor, WPP dispondrá como alternativa inmediata y de carácter estrictamente temporal otros rellenos operados por la empresa y que le permita enfrentar a la municipalidad la contingencia de un cierre temporal del lugar destinado para la recepción y tratamiento de los desechos sólidos, sea por aspectos relacionados con catástrofes naturales, mejoramiento, cierre temporal o cualquier otra eventualidad que se pueda presentar que inhabilite el sitio ofrecido. Ante tal eventualidad, WPP cumplirá con la autorización del Ministerio de Salud para el funcionamiento de los sitios indicados, así como también lo estipulado en la Legislación Nacional (...) e) WPP se compromete a respetar la normativa legal ambiental y que los rellenos sanitarios cuenten con todos los permisos autorizados por el Ministerio de Salud y los requisitos señalados por el reglamento sobre rellenos sanitarios, publicado en la Gaceta número 206 del viernes 23 de octubre de 1998 y demás leyes conexas (...) h) WPP, se compromete a respetar el reglamento sobre vertido y re-uso de aguas residuales de acuerdo con la normativa vigente. (...) l) WPP será la responsable ante el Ministerio de Salud y demás entes nacionales, durante el periodo que dure la operación del sitio y de las obras que se realicen dentro de los límites de su explotación...”. (Ver folio 1348 del tomo 8 correspondiente al expediente administrativo). 3) Que el 29 de enero de 2019, con el oficio CE-ARS-R-0096-2019, el Proceso de Regulación de la Salud rinde un informe detallado a la Directora del Área Rectora de Cartago, Dra. Andrea Morales Fiesler, con las siguientes conclusiones y recomendaciones: “...CONCLUSIONES: Se cumplió con las órdenes Sanitarias N°CE-ARSC-OS-0160-2018 y N°CE-ARSC-OS-0235-2018 al presentar los planes de mejora por el Ministerio de Salud. Se constató que se realizaron las mejoras indicadas en los planes remediales y se corrigieron las no conformidades descritas en los informes N°CE-URS-0430-2018 y N°CE-ARSC-R-0629-2018, cumpliendo con lo solicitado por el Ministerio de Salud. La problemática contractual y de índole legal que existe entre la empresa WPP y la Municipalidad de Cartago, ha ocasionado que en sectores del relleno sanitario no se esté brindando mantenimiento ni se estén realizando obras de cierre técnico, teniendo como resultado el empozamiento de lixiviados en el terreno y exposición de residuos, lo cual representa un riesgo para la salud pública. RECOMENDACIONES.  La empresa WPP debe continuar con las obras faltantes de cierre técnico y conformación de taludes en todo el proyecto de relleno sanitario, ajustándose a lo establecido en los últimos planos aprobados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). Elevar el caso al Nivel Regional para solicitar asesoría legal y técnica sobre el proceder de esta Área Rectora de Salud, en relación con la problemática sanitaria generada por falta de mantenimiento y obras de cierre en el terreno municipal que forma parte del relleno sanitario Los Pinos. Solicitar a la empresa WPP una actualización de la vida útil del Relleno Sanitario Los Pinos, en la que se señale si existen cambios en espacio volumétrico y su justificación. Notificar Orden Sanitaria a la empresa WPP en la que solicite: Presentar el plan de control de calidad del agua potable en el que se amplíe la información aportada en el reporte de laboratorio e indicar claramente el sitio de captación del agua, el ente operador, la frecuencia de muestreo, puntos de muestreo, acciones de desinfección y un croquis del sistema que abastece el relleno. Dar mantenimiento al cárcamo donde se observó humedad en la visita de inspección...”. (Ver folio 2130 del tomo 12 correspondiente al expediente administrativo). 4) Que el 3 de mayo del 2019, se notifica la orden sanitaria N°CE-ARSC-OS-0138-2019, mediante dicho documento se le explica a la empresa actora, que: “...Con base en el informe N°CE-ARSC-R-00096-2019 (se adjunta copia), en el cual se indica que en visita de inspección realizada el Relleno Sanitario los Pinos, se comprobó que en el sector propiedad de la Municipalidad de Cartago en la cual ya no se realiza la disposición sanitaria de residuos sólidos y que ha degenerado en una situación inadecuada y peligrosa disposición de desechos ordinarios y tóxicos, esto por cuanto no se está brindando mantenimiento, ni se están realizando las obras de cierre técnico correspondientes, teniendo como resultado el empozamiento de lixiviados en el terreno, exposición de residuos y condiciones sanitarias inadecuadas, lo cual representa un riesgo para la salud pública y debe ser corregido; en el plazo arriba indicado, por lo que se deberá proceder a: 1. Continuar con los procedimientos faltantes de las obras para cierre técnico del relleno sanitario, en el sector propiedad de la Municipalidad de Cartago en el que se encuentra el Relleno Sanitario los Pinos, ajustándose en todo a lo establecido en la normativa vigente del Reglamento sobre el Relleno Sanitarios y Ley N° 8839 para la Gestión Integral de Residuos, toda vez que la ley establece que los residuos se deben disponer de manera sanitaria y actualmente no se encuentran dispuestos de dicha manera. Se aclara que deberá realizar las obras de cierre técnico sin ingresar más residuos, dicha operación y cierre técnico, que deberá realizarse de forma tal que se prevenga la contaminación de los suelos, los subsuelos, el agua, el aire y los ecosistemas. 2. Presentar ante el Área Rectora de Salud Cartago Del Ministerio de Salud el plan que corresponda con el manual de mantenimiento posterior al cierre técnico con su respectivo cronograma de ejecución que incluye a fechas y plazos de cumplimiento, también debe incluir responsables de cada actividad. El cronograma será realizado por el Ministerio de salud y en caso de aprobación será de acatamiento obligatorio. Lo anterior con fundamento en artículo 21-50 s.c de la Constitución Política, artículos 1-2-3-4-7-262-263-293-337-338-340-349-355-356 y 363 s.c de la Ley General de Salud...”. (Ver folio 2268 del tomo 13 correspondiente al expediente administrativo). 5) Que el 14 de mayo del 2019, con la resolución MSR-DR-CE-0453-2019 la Dra. Andrea Morales Fiesler, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de Cartago, decide rechazar el recurso horizontal de revocatoria presentado en su momento por la representante de la empresa WPP Continental de Costa Rica S.A. contra la orden sanitaria N°CE-ARSC-OS-0138-2019, y eleva para ante el Ministro de Salud el recurso de apelación. (Ver folio 2294 del tomo 13 correspondiente al expediente administrativo). 6) Que el 6 de setiembre del 2019, mediante resolución DM-RC-1069-2019 el Ministro de Salud, decide declarar sin lugar el recurso de apelación incoado contra la N°CE-ARSC-OS-0138-2019, al considerar: “...11.-Que en respuesta a lo solicitado por el Lic. Alejandro Acevedo Meneses y por el MLA. Ronald Chinchilla González, jefe de la Unidad de Gestión Jurídica, de la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta Institución, al Dr. Oscar Bermúdez García, director de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Este y al Ing. Eugenio Androvetto Villalobos, director de la Dirección de Protección al Ambiente Humano, éstos informan lo siguiente: Mediante oficio MS-DRRSCE-0795-2019, informa el Dr. Oscar Bermúdez García, en resumen, lo siguiente: “...existe un conflicto interno entre la Municipalidad de Cartago y WPP Continental Costa Rica (WPP) por lo que actualmente se encuentra detenido el depósito de material en la propiedad de la municipalidad, por lo que únicamente se están recibiendo desechos para ser ubicados en la propiedad de la empresa privada. Al presentarse esta situación, la vida útil o duración estimada del servicio del relleno, cumpliendo con la función para el cual ha sido creado, no se puede estimar en función del tiempo,... los datos que a continuación se indican son referidos al informe presentado por WPP al Área Rectora de Salud de Cartago, el pasado 16 de mayo del presente año ... según el informe presentado, para junio 2018 existía un espacio remanente de aproximadamente 730462.5 Ton. con un promedio de ingreso diario de 400 toneladas por lo que tendría una vida útil de 6,4 años. Sin embargo, durante el año 2019 se tiene un promedio de alrededor de 275.13 Ton diarias ... Según el recalculo efectuado por WPP, por diferencia se podría dilucidar una vida útil de alrededor de 7 años y un mes a esta área... En algunos puntos se puede visualizar posibles desechos del pasado, ya que no se cuenta con las horas necesarias para realizar el cierre técnico requerido ... es de suma conveniencia que la empresa WPP atienda la orden sanitaria girada, para evitar cualquier daño ambiental y de riesgo a la salud humana en un futuro próximo...”. Por su parte mediante oficio MS-DPAH-UNSSAH-154- 2019 el Ing. Ricardo Morales Vargas jefe a.i y el Ing. Francisco Amen Funk, funcionarios de la Unidad de Normalización en Servicios de Salud en Ambiente Humano, informan, en resumen, lo siguiente: “... Mediante oficio del 17 de agosto del 2018 la empresa administradora del relleno sanitario los pinos WPP Continental... señala una vida útil de 6.4 años para un ingreso promedio diario de 400 t diarias. 2) Vida útil del relleno sanitario propiedad de la Municipalidad de Cartago: no tenemos datos sobre esa estimación. 3) Vida útil del relleno sanitario en propiedad de la empresa WPP Continental: no tenemos datos sobre esa estimación. 4) No tenemos conocimiento si el Área Rectora de Cartago haya emitido algún acto administrativo de la Municipalidad de Cartago... Consideramos desde el punto de vista operativo y del cierre técnico de todo el proyecto es conveniente que la Municipalidad de Cartago y la empresa WPP continental lleguen a un arreglo satisfactorio. De no ser así, la separación del proyecto original en dos proyectos independientes representa desde el punto de vista operativo una variación de diseño que representan costos adicionales para ambas dependencias, ya que en algunos casos comparten infraestructura y en otros están ubicados en diferentes propiedades. Asimismo, si deciden seguir disponiendo de residuos en ambas propiedades, también tendrán vidas útiles diferentes. Tanto la Municipalidad de Cartago como la empresa WPP Continental deben de cumplir con lo estipulado en el Reglamento sobre Rellenos Sanitarios vigente en sus respectivas propiedades...” (...) 13.- Que como prueba para mejor resolver, Mediante oficio N°MS-DRRSCE-0941-2019, del 4 de septiembre del 2019, la Licda. Gaudy Mabel Abarca Gutiérrez, abogada de la Dirección Regional de la Rectoría de la Salud Central Este, remite el Informe Técnico N°MS-DRRSCE-URS-IT-0434-2019, suscrito por los Ingenieros Jesús Zamora Hidalgo y Nelson Artavia Vega, funcionarios del Proceso de Regulación de la Unidad de Rectoría de la Salud Central Este, dirigido al Dr. Oscar Bermúdez García, Director de la citada Dirección de Rectoría de la Salud, mediante el cual concluyen y recomiendan lo que sigue:  “CONCLUSIONES 1. Considerando un ingreso promedio de 275.13 Ton/día, la vida útil del terreno activo por parte de la Empresa WPP estaría finalizando la recepción de material de relleno para finales del mes de enero del año 2020. 2. No existe una orden sanitaria ni oficio que indique a la Municipalidad de Cartago la realización de estudios de suelos en el Relleno Sanitario Los Pinos, ni se pone en entredicho la necesidad de dicho estudio por su parte. Sin embargo, sí está pendiente la resolución por parte del Nivel Central de este Ministerio para dar respuesta definitoria sobre el responsable del cierre técnico y mantenimiento del proyecto...”. (Ver folios 2624 al 2634 del tomo 14 del expediente administrativo)

V.-Hechos no probados. De tal naturaleza por no existir constancia en autos y ser de relevancia para la solución de esta controversia se tienen como hechos no probados los siguientes: 1) Que la Dra. Andrea Morales Fiesler dictara una resolución para resolver el conflicto entre la Municipalidad de Cartago y la empresa WPP Continental de Costa Rica S.A. (Los autos).-

VI.- Sobre el fondo. De acuerdo con las probanzas, se obtiene que entre la Municipalidad de Cartago y la empresa WPP Continental de Costa Rica S.A., suscribieron el contrato “Disposición y Tratamiento Final de los Desechos Sólidos del Cantón de Cartago”, desde el 23 de enero del 2002, posteriormente fue objeto de adendas, relacionadas con la recolección y tratamiento de residuos de desechos sólidos, así como la operación del relleno sanitario Los Pinos. Este relleno ha venido operando sobre varios inmuebles, entre ellos uno es propiedad de la Municipalidad de Cartago. Así en el año 2018 el contrato principal y adicional suscrito entre la empresa actora y la Municipalidad de Cartago llegó a su término por lo que el Ayuntamiento tomó posesión del inmueble y le insta a la empresa actora a realizar las obras correspondientes a la etapa de cierre determinadas en el contrato y dentro del inmueble indicado. Es en ese contexto que se dan una serie de discrepancias entre la Municipalidad y la empresa actora, que inciden directamente en la disposición y tratamiento de desechos sólidos dentro del relleno sanitario Los Pinos. Esto provocó una serie de eventos contaminantes del ambiente y que ponían en peligro la salud pública, los cuales fundamentaron la decisión administrativa emanada por el Ministerio de Salud. Es así como el 3 de mayo del 2019, se notifica a la empresa actora, la orden sanitaria aquí debatida, N°CE-ARSC-OS-0138-2019, en la cual se le indica, que: “...Con base en el informe N°CE-ARSC-R-00096-2019 (se adjunta copia), en el cual se indica que en visita de inspección realizada el Relleno Sanitario los Pinos, se comprobó que en el sector propiedad de la Municipalidad de Cartago en la cual ya no se realiza la disposición sanitaria de residuos sólidos y que ha degenerado en una situación inadecuada y peligrosa disposición de desechos ordinarios y tóxicos, esto por cuanto no se está brindando mantenimiento, ni se están realizando las obras de cierre técnico correspondientes, teniendo como resultado el empozamiento de lixiviados en el terreno, exposición de residuos y condiciones sanitarias inadecuadas, lo cual representa un riesgo para la salud pública y debe ser corregido; en el plazo arriba indicado, por lo que se deberá proceder a: 1. Continuar con los procedimientos faltantes de las obras para cierre técnico del relleno sanitario, en el sector propiedad de la Municipalidad de Cartago en el que se encuentra el Relleno Sanitario los Pinos, ajustándose en todo a lo establecido en la normativa vigente del Reglamento sobre el Relleno Sanitarios y Ley N° 8839 para la Gestión Integral de Residuos, toda vez que la ley establece que los residuos se deben disponer de manera sanitaria y actualmente no se encuentran dispuestos de dicha manera. Se aclara que deberá realizar las obras de cierre técnico sin ingresar más residuos, dicha operación y cierre técnico, que deberá realizarse de forma tal que se prevenga la contaminación de los suelos, los subsuelos, el agua, el aire y los ecosistemas. 2. Presentar ante el Área Rectora de Salud Cartago Del Ministerio de Salud el plan que corresponda con el manual de mantenimiento posterior al cierre técnico con su respectivo cronograma de ejecución que incluye a fechas y plazos de cumplimiento, también debe incluir responsables de cada actividad. El cronograma será realizado por el Ministerio de salud y en caso de aprobación será de acatamiento obligatorio. Lo anterior con fundamento en artículo 21-50 s.c de la Constitución Política, artículos 1-2-3-4-7-262-263-293-337-338-340-349-355-356 y 363 s.c de la Ley General de Salud...”. Ahora bien, analizados los autos, encuentra esta Cámara que la demanda incoada resulta improcedente y debe ser desestimada, al no poder acreditar la actora nulidad alguna sobre dicha conducta administrativa. Conforme fue planteada la demanda y las conclusiones realizadas de manera escrita, las argumentaciones de la parte actora se centran en lo siguiente: “A.- Vicios en la motivación, el contenido y hasta la competencia para dictar la orden sanitaria”. Expone la parte actora, que la orden sanitaria CE-ARSC-OS-0138-2019 adolece de vicios en su motivación, contenido y competencia. Específicamente, se alega que la orden se aparta injustificadamente de las recomendaciones del informe técnico CR-ARSC-R-0096-2019, incumpliendo el deber de motivación adecuado (artículo 136.1.c) de la Ley General de la Administración Pública). Además, contiene una "aclaración" ajena al informe, lo que podría constituir un acto ilícito, incluso prevaricato (artículos 132.1), 133 y 136 de la misma ley), y que resulta contradictoria con los diseños aprobados inicialmente. Finalmente, se cuestiona la competencia de la codemandada Morales Fiesler para emitir la orden, ya que el informe técnico sugería elevar el caso a un nivel superior dada la relevancia pública y nacional del proyecto, lo que se considera una vulneración del marco normativo y un motivo de nulidad absoluta. Criterio del Tribual. Al respecto es menester indicar que la conducta formal emanada de la Administración Pública denominada genéricamente “actos administrativos”, efectivamente deben cumplir una serie de requerimientos establecidos por el “ordenamiento” jurídico. Estos requisitos o elementos, a su vez deben cumplir con ciertas características, y deben acreditarse en cada acto administrativo concreto, a menos que el propio bloque de legalidad aplicable al caso específico así lo exonere. Por lo que, elementos como el motivo o el contenido necesariamente deben concurrir para la emisión de cualquier acto administrativo, caso distinto es el que se presenta con otros elementos denominados como los "accidentales". Los elementos formales de procedimiento y motivación, deberán satisfacerse en los supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento jurídico. Dado lo argumentado por la empresa accionante, resulta de importancia el análisis del deber de motivación, como uno de esos elementos accidentales que debe satisfacer una determinada conducta administrativa formal para ser válida, y estar conforme con el “ordenamiento” jurídico. En relación a este punto el inciso 1) del artículo 136 de la LGAP señala: "...1. Serán motivados con mención, sucinta al menos, de sus fundamentos: a) Los actos que impongan obligaciones o que limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos; b) Los que resuelvan recursos; c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos; d) Los de suspensión de actos que hayan sido objeto del recurso; e) Los reglamentos y actos discrecionales de alcance general; y f) Los que deban serlo en virtud de ley...”. En todos los supuestos de la norma parcialmente transcrita es innegable que las Administraciones Públicas deben ofrecer un análisis de los hechos y el derecho aplicable al caso concreto; sobre la forma en que debe motivarse un acto administrativo, el inciso 2) del mismo artículo establece: “2. La motivación podrá consistir en la referencia explícita o inequívoca a los motivos de la petición del administrado, o bien a propuestas, dictámenes o resoluciones previas que hayan determinado realmente la adopción del acto, a condición de que se acompañe su copia.” (lo resaltado no es parte del original). Del inciso citado se desprende que la motivación hace referencia al razonamiento que justifica la decisión de la administración, siendo insuficiente la sola cita de normas jurídicas, hechos sin relevancia, datos aritméticos o transcripciones genéricas de sentencias o resoluciones administrativas, sin que se manifieste un análisis dirigido a justificar una decisión en particular, y en el caso de utilizar de base dictámenes técnicos o consultivos se debe acompañar la copia respectiva. En esta dirección la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha precisado: “...existe una intrínseca relación entre motivación y motivo (elemento material objetivo), toda vez que la primera debe permitir el conocimiento del segundo, pero ello en la medida en que resulta esencial para la comprensión y revisión del contenido dispuesto en el acto, y que a la postre define su efecto. Ahora bien, de conformidad con el numeral 136 de la LGAP, la motivación puede ser “sucinta” e incluso “podrá consistir en la referencia explícita o inequívoca a los motivos de la petición del administrado, o bien a propuestas, dictámenes o resoluciones previas”. Claro está, también se dispone en la norma de comentario que en este último supuesto, estas deben ser comunicadas; ello con la finalidad de permitir el conocimiento y la apreciación de los sustentos, fácticos y jurídicos, sobre los que se basa la decisión adoptada. De lo expuesto se sigue que la falta de motivación viciaría el acto en la medida en que resulten incognoscibles las razones por las cuales se dispuso un determinado efecto jurídico (contenido del acto).” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 1266-2012, de las 10:05 hrs del 4 de octubre de 2012). En la especie, indubitablemente la orden sanitaria cuestionada, cuenta con la motivación requerida por el “ordenamiento” jurídico en el tanto, pone en conocimiento de sus destinatarios el cuadro fáctico y las razones jurídicas por las cuales se adopta la decisión administrativa, inclusive señala que se basa en el informe N°CE-ARSC-R-00096-2019, del cual adjunta una copia y que literalmente dice: “...La problemática contractual y de índole legal que existe entre la empresa WPP y la Municipalidad de Cartago, ha ocasionado que en sectores del relleno sanitario no se esté brindando mantenimiento no se están realizando obras de cierre técnico, teniendo como resultado el empozamiento de lixiviados en el terreno y exposición de residuos, lo cual representa un riesgo para la salud pública...”. Por ello la recomendación a la que alude la parte actora, y que consta en dicho informe, para que se eleve el caso al Nivel Regional y solicitar asesoría legal y técnica sobre el proceder, no es una recomendación exclusivamente de carácter técnico sino de oportunidad y conveniencia, y por ende es una decisión que debe tomar el detentador del poder público en ese momento, máxime que el bien jurídico por proteger era la salud pública, todo bajo los parámetros de la discrecionalidad administrativa. Véase que, en este caso, no se ha cuestionado los límites a la discrecionalidad, no obstante, encuentra este Tribunal que la decisión tomada por la Directora del Área de Salud, cuenta con un clara y evidente justificación, dadas las precarias condiciones de la sección clausurada del relleno sanitario, que son acreditadas de manera objetiva por la parte técnica del Ministerio. En este punto cabe resaltar, que el cierre técnico de la sección del relleno sanitario, ya había sido pactada por la Municipalidad y la empresa actora, no obstante, la Directora del Área Rectora al valorar lo expuesto en los informes técnico decidió que era contrario a la salud pública permitir que se continuara vertiendo más desechos. También se debe recordar que el actuar administrativo y el derecho que le regula es la primera ratio, es decir, ante la problemática social o ambiental como es el caso que nos ocupa, las potestades de la Administración deben salir a la “primera línea” para atender de inmediato la situación que aqueja al interés de la colectividad. Por otra parte, aclarar a la parte actora que no todo lo expuesto en un dictamen técnico es parte del criterio técnico del órgano consultor, existen algunas manifestaciones que no constituyen parte de la técnica, así las cosas, en el subjúdice queda claro que el contexto descrito en el informe técnico fue suficiente para que la funcionaria ministerial considerara justificado el actuar administrativo. En ese tanto le correspondía a la empresa actora como destinatario de los efectos del acto administrativo, exponer con precisión sus argumentos para contradecir el cuadro factico que fundamentó la adopción de la medida, contenida en la orden sanitaria. Bajo el principio de que quien alega debe también acreditar su dicho, y así poder destruir la presunción de legalidad del acto administrativo, tan necesaria para la eficiencia y eficacia administrativa, no obstante, la accionante omite cumplir con dicha carga procesal, porque tanto argumentativamente como en el ámbito de las pruebas, no hay un elemento que pueda ser objeto de análisis por este Tribunal, para arribar la consecuencia de nulidad pretendida. Por otra parte, sobre la competencia de la Directora del Área Rectora de Cartago, Dra. Andrea Morales Fiesler, para emitir la orden sanitaria cuestionada en este proceso, lleva razón la representación del Estado, la Sala Constitucional ha afirmado de manera reiterada que “...El artículo 50, constitucional, establece como fin fundamental y valor esencial del Estado costarricense procurar "el mayor bienestar a todos los habitantes del país". De tal manera que, el "ambiente sano y ecológicamente equilibrado" forma parte del contenido del mayor bienestar de todos los habitantes, causa, fin y también condición y límite del ejercicio de las potestades y competencias públicas...” (Voto N°4621-2016 del 5 de abril del 2016); por lo que corresponde a todos los entes públicos, constituirse en garantes y velar por el respeto a ese ambiente sano y ecológicamente equilibrado, del cual no escapa el Instituto demandado. Por otra parte, la Ley General de Salud N°5395, dispone en su artículo 4 que toda “persona natural o jurídica, queda sujeta a los mandatos de esta ley”; y en el ordinal 37 dice que “ninguna persona podrá actuar o ayudar en actos que signifiquen peligro, menoscabo o daño para la salud de terceros o de la población y deberá evitar toda omisión en tomar medidas o precauciones en favor de la salud de terceros.”; y el 39 aún más preciso establece que el “...propietario y el encargado de bienes muebles o inmuebles deberán evitar las molestias y daños que puedan derivarse, para la salud de terceros, de la mala calidad o mal estado de conservación o de higiene de tales bienes. (...) En ambos casos tales propietarios y encargados deberán tomar las medidas que la autoridad sanitaria ordene dentro del plazo que el efecto se fije, sin perjuicio de las providencias que la autoridad pueda tomar según la peligrosidad o gravedad del caso...”. En un sentido similar el numeral 282 ordena que los “propietarios de terrenos desocupados en áreas urbanas están obligados a mantenerlos cerrados y en buenas condiciones higiénicas. Quedarán obligados, asimismo, a realizar las prácticas u obras, dentro del plazo que la autoridad de salud les ordene, cuando tales terrenos constituyen un foco de contaminación ambiental”. Los artículos 262, 263, 293, 294 hacen referencia a la obligación de toda persona física y jurídica de proteger el ambiente, y la salud pública, para finalmente recordar que el 378 establece la sanción por el incumplimiento de las ordenes sanitarias giradas por las autoridades de salud dentro de sus competencias. Adicionalmente, la Ley para la Gestión Integral de Residuos N°8839, describe una serie de hechos que constituyen infracciones y la correspondiente sanción, entre ellas en el ordinal 53 se incluye “Gestionar, almacenar, valorizar, tratar, depositar y disponer residuos peligrosos o residuos de manejo especial declarados por el Ministerio de Salud, en lugares no autorizados o aprobados por las autoridades competentes o en condiciones contrarias a las establecidas en las disposiciones correspondientes”; como una infracción gravísima, y en el artículo 54 se sanciona “Disponer residuos ordinarios por vía de quema, enterramiento de residuos no orgánicos o abandono de residuos ordinarios en la vía pública, sistemas de alcantarillados, nacientes, cauces de agua y sus zonas de protección; así como en propiedad privada no autorizada para tales fines”; y el ordinal 60 describe la siguiente acción delictiva de tráfico ilícito de residuos, siendo que “...Se impondrá la pena de prisión de dos a quince años a la persona que sin autorización exporte, importe, transporte, almacene, comercialice o ponga en circulación residuos o sustancias peligrosas, bioinfecciosos o radioactivos.  La pena será de seis meses a tres años si estas conductas se realizan con otros tipos de residuos y sin autorización”. En este orden, el artículo 62 de la misma Ley N°8839, establece un tipo de responsabilidad solidaria sobre los daños y perjuicios ocasionados al ambiente, en razón de las infracciones administrativas y penales antes reseñadas, que recae sobre los “titulares de las empresas o las actividades donde se causan los daños”, siendo esta otra razón más para considerar que la actora tiene también el deber de evitar que se produzca la afectación ambiental tantas veces indicada. Así el ordinal 66 de la LGAP, dispone que las ”...potestades de imperio y su ejercicio, y los deberes públicos y su cumplimiento, serán irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles...”; en el caso concreto tiene por consecuencia que la Directora del Área Rectora de Salud, estaba vinculada por ese poder-deber de decidir sobre la situación jurídica que técnicamente venía afectando el interés colectivo, en el ámbito de la salud. “B.- El contenido de la orden no sólo es ilícito, sino que es de imposible cumplimiento”. En este apartado la empresa accionante sostiene, de nuevo, que la orden sanitaria emitida es ilícita sin agregar argumentos distintos a los atendidos en el espacio anterior, pero adiciona que es de imposible cumplimiento, porque las obras que se le ordenó no pueden hacerse sin la recepción de desechos. Explica que proceder con el cierre técnico sin colmar la vida útil del proyecto, es una modificación sustancial de la concepción original del Relleno Sanitario, así como de los diseños originales, permisos y tramites aprobados en SETENA y en el mismo Ministerio de Salud. Insiste en que era materialmente imposible respetar los planos aprobados por el CFIA, si, al mismo tiempo, se imponía una variación de diseño al prohibirse el ingreso de desechos a la porción más grande del proyecto. Por lo que considera que la codemandada, como mínimo, actuó con culpa grave, al no considerar nunca en que estaba alterando el diseño original, restringiendo la capacidad de recepción de desechos y alterando sustancialmente la operación del proyecto. Además, señala que la intervención de la codemandada Morales Fiesler, quien resolvió unilateralmente el conflicto sin competencia para ello, y la imposición de obras que dependen del ingreso de desechos, constituyen contradicciones y acciones fuera de su jurisdicción. También se cuestiona la obligación de realizar modificaciones no autorizadas ni aprobadas por las autoridades, además de señalar que la propietaria del inmueble debe costear cualquier rediseño, lo cual no ha ocurrido, y que la parte demandante carece de legitimación para tramitar permisos o modificar proyectos en un terreno que no le pertenece. En consecuencia, se concluye que la orden sanitaria es ilícita, incompetente y de imposible cumplimiento, por lo que se solicita su nulidad. Criterio de Tribunal. En esta instancia, la posición para resolver, se sustenta en un análisis exhaustivo del marco legal y las circunstancias específicas que rodean el caso. La parte actora fundamenta su argumento en la existencia de un proceso contractual con la Municipalidad de Cartago, así como en la aprobación del proyecto de cierre técnico por parte de la SETENA (Secretaria Técnica Nacional Ambiental) y del CFIA (Colegio Federados de Ingenieros y Arquitectos). Sin embargo, de la parte considerativa de la orden sanitaria emitida bajo el número CE-ARSC-OS-0138-2019, se desprende con claridad que esta acción se fundamenta en el informe técnico CE-ARS-R-0096-2019 elaborado por el Proceso de Regulación de la Salud. Este informe técnico evidencia de manera concluyente el riesgo inminente y grave para la salud pública derivado de un manejo inadecuado del relleno sanitario en cuestión. En particular, el documento advierte que en el sector propiedad de la Municipalidad de Cartago, donde ya no se realiza una disposición sanitaria adecuada de residuos sólidos, se ha generado una situación de deterioro y peligrosidad en la gestión de los desechos. Específicamente, se señala que no se están realizando labores de mantenimiento ni obras de cierre técnico, lo cual ha llevado al empozamiento de lixiviados, la exposición de residuos y la condición sanitaria sumamente deteriorada del sitio. Estas condiciones constituyen un riesgo directo para la salud de la población y, por tanto, justifican en sí mismas la adopción de medidas correctivas inmediatas, en línea con los principios de protección de la salud pública y la normativa ambiental vigente. De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que la base del actuar administrativo no puede estar sujeta a interpretaciones que limiten sus obligaciones en perjuicio de la salud pública. En cuanto a la argumentación de la parte actora, se aprecia una inconsistencia fundamental en sus conclusiones, dado que parte de una premisa errónea: sostiene que las cláusulas del contrato o las condiciones del proyecto, en virtud de las cuales se ha aprobado la gestión, podrían vincular de alguna manera al Ministerio de Salud, en particular a la Directora del Área Rectora de Salud, limitando sus competencias legales. Esta interpretación carece de fundamento en el ordenamiento jurídico, puesto que la normativa sanitaria y ambiental establece claramente las competencias y responsabilidades de dichas entidades, sin que exista una subordinación o imposición que limite su actuación para salvaguardar la salud pública. Por tanto, la modificación del proyecto, aún cuando hubiese sido aprobada previamente, no constituye un impedimento para que la autoridad competente cumpla con las órdenes emanadas en resguardo de la salud pública. La inobservancia o incumplimiento en la ejecución del proyecto o en las obligaciones de cierre técnico no puede servir como excusa para postergar medidas que eviten un daño irreparable a la comunidad. La imposibilidad técnica o administrativa en un determinado momento no exime la obligación de actuar en protección de la salud, siempre y cuando exista un riesgo demostrable y real, como el que se ha detectado en este caso. En conclusión, la orden sanitaria y las acciones dirigidas a corregir la situación pueden que obliguen a modificar las disposiciones contractuales o administrativas previas, pero de igual manera son obligatorias en virtud del deber legal y constitucional de proteger la salud y el ambiente, y no hay evidencia que técnicamente sea de imposible cumplimiento, ni que la finalidad de la orden sanitaria fuese la solución hetero compositiva del conflicto entre el Ayuntamiento de Cartago y la empresa actora. La evidencia presentada y las consideraciones jurídicas aplicables dejan en claro que la autoridad sanitaria actuó en el ejercicio de sus competencias, con pleno respeto del marco normativo, y en respuesta a una situación de grave riesgo para la comunidad.“C.- La orden sanitaria irrespeta la reglamentación emitida por el mismo Ministerio". Expone la empresa accionante, que la orden sanitaria cuestionada incumple la normativa vigente, específicamente el Reglamento Sobre Rellenos Sanitarios (Decreto Ejecutivo No. 38928-S), al ordenar el cierre técnico de un relleno sin que todas sus celdas hayan alcanzado su capacidad máxima, lo cual contraviene los principios de legalidad y la definición de “vida útil” y “celda” establecidas en dicho reglamento. La utilización de las celdas hasta su capacidad total es fundamental para garantizar la legalidad del funcionamiento del relleno, y la orden, al impedir la recepción de residuos sin un rediseño aprobado, desconoce estos parámetros técnicos y normativos, además de apartarse de los cálculos y permisos otorgados por el Ministerio de Salud. Esto no solo viola las disposiciones del reglamento, sino que también contraviene los objetivos ambientales y técnicos del proyecto, lo que impulsa la declaratoria de nulidad de la orden por su ilegalidad y contradicción con la normativa vigente. Criterio del Tribunal. En cuanto a la restricción de no recepción de residuos, la parte demandada tiene razón al señalar, conforme consta en el expediente administrativo a folios 3122 y siguientes, la existencia del oficio MS-DRRSCE-URS-0714-2019, suscrito por el Ing. Jesús Zamora Hidalgo, de la Unidad de Rectoría de la Salud del Proceso de Regulación del Ministerio de Salud. En dicho documento, se acredita que la decisión de limitar la entrada de residuos en el relleno sanitario simplemente representa una restricción en la capacidad inicialmente establecida, sin que ello derive en afectación a la estabilidad, integridad o mantenimiento de las obras. La autoridad sanitaria concluye que esta medida no contraviene la normativa técnica vigente ni afecta el diseño ni funcionamiento original del relleno, toda vez que se trata de una limitación en la operación normal, sin alterar la disposición final de los residuos ni comprometer la estabilidad del sistema. La misma comunicación aclara que, en ninguna forma, las actuaciones realizadas vulneran los principios de diseño del relleno, pues únicamente restringen la capacidad de ingreso, sin modificar las obras ni afectar la seguridad estructural, y además, si se hubieran ejecutado en cumplimiento estricto de la normativa, no sería necesaria una reingeniería del proyecto ni un nuevo diseño. La parte actora, en cambio, pretendía que se le permitiera continuar con el funcionamiento parcial del relleno, fundando su argumento en que los incumplimientos estaban restringidos a terrenos propiedad de la Municipalidad, sin reconocer que la restricción impuesta por la orden sanitaria responde a la protección de la salud pública y no a una condición técnica o contractual que impida el cierre total del operativo. Asimismo, respecto a la fundamentación de la nulidad, la parte actora invoca la presunta violación de los artículos 3 y 12 del Reglamento Sobre Rellenos Sanitarios, Decreto Ejecutivo No. 38928-S, en la que basa sus argumentos en los principios de legalidad y de inderogabilidad absoluta de las normas. Sin embargo, los artículos citados en su interpretación no establecen obligaciones imperativas que impidan la adopción de medidas sanitarias de cierre anticipado. En efecto, el artículo 3 define conceptos esenciales como “celda”, “relleno sanitario” y “vida útil”, en un sentido meramente conceptual y de carácter informativo, destinado a facilitar la comprensión normativa, sin crear obligaciones jurídicas que restrinjan la potestad de la autoridad sanitaria para tomar decisiones en la protección de la salud pública. Por su parte, el artículo 12 establece los requisitos para la presentación de planos y memoria de diseño, así como el manual de operación y mantenimiento, relacionados con la planificación y justificación técnica del proyecto. La interpretación que intenta la parte actora, en el sentido de que estas definiciones y requisitos limitan o condicionan la facultad de la autoridad sanitaria para ordenar el cierre del relleno antes de agotar su capacidad, carece de respaldo en el texto normativo, puesto que las definiciones no contienen mandato imperativo que impida actuar en situaciones de riesgo inminente para la salud pública. En definitiva, las normas citadas no establecen un mandato expreso que impida la adopción de medidas sanitarias en respuesta a emergencias o riesgos inminentes, como la orden sanitaria cuestionada, la cual está fundamentada en la protección de la salud pública ante la existencia de peligros incontrolados. Por ello, la interpretación adecuada de dichas disposiciones no puede contradecir la autoridad y la necesidad de adoptar medidas sanitarias que precautelen el bienestar de la población, en consonancia con el ordenamiento jurídico y la normativa vigente. Se argumenta que la orden sanitaria emitida genera nulidad absoluta debido a su contradicción con la normativa vigente, en particular con el Reglamento Sobre Rellenos Sanitarios (Decreto Ejecutivo No. 38928-S). Resulta improcedente y abiertamente ilegal pretender el cierre técnico de un relleno sanitario sin que todas sus celdas se encuentren ocupadas hasta su capacidad máxima, ya que esto contraviene los principios de legalidad y de inderogabilidad singular de las normas. De acuerdo con el artículo 3 del reglamento citado, las definiciones de “celda”, “relleno sanitario” y “vida útil” son fundamentales para entender el funcionamiento de estos proyectos. Las celdas son el núcleo del relleno sanitario, diseñadas para recibir residuos compactados y material de cobertura. La vida útil, por su parte, se refiere al período estimado para completar todas las celdas conforme al diseño original aprobado. La disposición administrativa en cuestión implica el incumplimiento de este principio al modificar los parámetros establecidos y al ordenar un cierre técnico sin agotar la capacidad proyectada. El Reglamento Sobre Rellenos Sanitarios exige que un relleno se utilice al 100%, tal como lo evidencian otras disposiciones, como el artículo 12. Este artículo señala que los cálculos relacionados con la capacidad volumétrica y la vida útil son esenciales durante el diseño y aprobación del proyecto. Fue con base en estos cálculos que el Ministerio de Salud otorgó el permiso sanitario de funcionamiento, prorrogado hasta el año 2023. Por último, la orden cuestionada, al prohibir la recepción de desechos en terrenos municipales, se aparta de los diseños aprobados, sin proponer, evaluar ni aprobar un rediseño conforme a la normativa. Esto no solo contradice los objetivos ambientales y técnicos del proyecto, sino que también representa una actuación contraria al ordenamiento jurídico, reforzando así la nulidad alegada. “D.- Nulidad absoluta sobrevenida, por la desaparición del supuesto “motivo”. En este apartado la empresa accionante centra su argumento de nulidad absoluta sobrevenida de la orden sanitaria, en que la codemandada Morales Fiesler, sin competencia judicial, intervino en una disputa entre una empresa y la Municipalidad de Cartago, perjudicando a la parte afectada. La parte actora sostiene que dicha orden carece de validez porque la disputa ya fue resuelta mediante un acuerdo conciliatorio, lo que elimina el motivo que justificaba su emisión. Basándose en el artículo 159 de la Ley General de la Administración Pública, argumenta que la orden debe ser declarada nula por esa causa sobrevenida, al desaparecer el motivo que la sustentaba. Criterio del Tribunal. En primer lugar, resulta pertinente señalar que la parte demandante incurre en un error en la correcta identificación del motivo del acto administrativo cuestionado. La orden sanitaria dictada por la Directora del Área de Salud tiene por finalidad primordial prevenir una afectación a la salud pública derivada del manejo inadecuado del relleno sanitario, en virtud de que la Unidad Técnica del Ministerio de Salud ha acreditado, en el contexto del procedimiento administrativo, que se presenta un riesgo sanitario que requiere una intervención inmediata. Es importante destacar que, de acuerdo con el marco normativo aplicable y el texto propio del acto, el fundamento de esta conducta administrativa formal no se circunscribe a la resolución de un conflicto de naturaleza contractual, sino que su motivación principal obedece a la protección del interés público en materia de salud. La finalidad de la orden sanitaria, en ese sentido, trasciende la mera relación jurídica entre la Municipalidad y la empresa actora, puesto que responde a la obligación del Estado de garantizar condiciones sanitarias apropiadas y prevenir riesgos a la población, independientemente de los aspectos litigiosos entre particulares. En este contexto, la existencia de una controversia sobre la relación jurídico-administrativa entre la Municipalidad y la empresa, por sí misma, no afecta la validez ni la finalidad del acto sanitario. La función de esta orden es, en esencia, proteger la salud pública de manera preventiva, congruente con los principios rectores del derecho administrativo sanitario, así como con las obligaciones constitucionales y legales asumidas por las autoridades sanitarias. Por consiguiente, la conclusión de que la controversia particular disuelta o la existencia de un conflicto entre las partes implique la nulidad de la orden sanitaria carece de sustento jurídico. La orden se dictó con una finalidad clara y legítima, que es la protección de los habitantes ante una situación de riesgo sanitario, y no para resolver disputas de carácter civil o contractual. Por ello, se debe rechazar este argumento sin mayores dilaciones. Finalmente, atendiendo a lo anteriormente expuesto, el Tribunal procederá a analizar en los siguientes considerandos la responsabilidad y la indemnización que, en su caso, se requiera.

VII.- Pretensión indemnizatoria. Como última pretensión la parte actora solicita que de conformidad con el Código Procesal Contencioso Administrativo, en su numeral 122.m.iii), que faculta al Tribunal para pronunciarse en abstracto sobre daños y perjuicios, aun cuando no se constate su existencia o cuantía, siempre que pueda concluirse que derivan de la conducta administrativa o relación jurídico-administrativa objeto de la demanda. En el caso sostiene que la orden de dejar de recibir desechos sólidos no solo implica la pérdida de ingresos por el volumen de vida útil del proyecto, sino que además ocasiona el cierre anticipado de la operación comercial del relleno sanitario. Se sostiene que la nulidad absoluta de la actuación del Ministerio de Salud, conforme a los artículos 190 y 191 de la Ley General de la Administración Pública, genera responsabilidad patrimonial del Estado por su conducta ilícita, y que la codemandada Morales Fiesler debe responder solidariamente en lo personal. Entre los daños y perjuicios reclamados se incluyen: (i) la facturación dejada de percibir por cada tonelada de desechos sólidos no ingresada, y (ii) la pérdida de oportunidades comerciales debido al cierre anticipado del relleno sanitario. En cuanto a la responsabilidad personal de la codemandada Morales Fiesler, se argumenta que su actuación estuvo marcada, como mínimo, por culpa grave. Contravino recomendaciones expresas de la instancia técnica del Área Rectora de Salud, incluyendo la de remitir el caso al Nivel Regional, careciendo de motivación adecuada. Además, actuó excediéndose en sus competencias, añadiendo contenidos ilícitos e incumpliendo los diseños aprobados inicialmente. Se concluye que la funcionaria no cumplió con el deber de cuidado, evidenciando falta de diligencia, pericia y prudencia. Dicho proceder es calificado como inexcusable, y por ello, se demanda que responda de manera solidaria con la Administración por los daños causados. Criterio del Tribunal. No obstante, al haberse demostrado en autos que la conducta administrativa no es contraria a la legalidad, no se cumple el criterio de imputación establecido por el ordenamiento jurídico administrativo para que se configure la responsabilidad por conducta ilícita. Por consecuencia, y siendo que los daños pedidos lo fueron de manera accesoria, al haberse rechazado la pretensión declarativa, la indemnizatoria debe correr la misma suerte, y con ello se rechaza la demanda en todos sus extremos. -  

VII.- Excepciones. Por lo expuesto en los anteriores considerandos, se acoge la excepción de falta de derecho interpuesta por ambas partes demandadas, el Estado y la señora Andrea Fiesler, y por ende declarar sin lugar en todos sus extremos la demanda interpuesta en su contra; toda vez que el ordenamiento jurídico no ampara lo argumentado y pedido por la parte actora sobre los extremos de nulidad de los actos cuestionados, es decir la orden sanitaria girada contra la actora.

VIII.- Sobre las costas. El artículo 193 del CPCA establece que las costas procesales y personales son impuestas al vencido por el solo hecho de serlo, pronunciamiento que debe hacerse incluso de oficio, al tenor de lo dispuesto en esa misma norma, en concordancia con el numeral 119.2 ibídem. Del mismo ordinal 193 y 194 del CPCA, se extrae que las excepciones a la regla anterior, son: a) cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia verosímilmente no haya conocido la contraria y, por causa de ello, se haya ajustado la oposición de la parte. b) Por la naturaleza de las cuestiones debatidas haya existido, a juicio del Tribunal, motivo bastante para litigar; y c) No habrá lugar a la condenatoria en costas, cuando la parte vencedora haya incurrido en plus petitio, y habrá plus petitio, cuando la diferencia entre lo reclamado y lo obtenido en definitiva sea de un quince por ciento (15%) o más, a no ser que las bases de la demanda sean expresamente consideradas provisionales o su determinación dependa del arbitrio judicial o dictamen de peritos. En la especie, no encuentra este Tribunal que estemos frente a alguna de las excepciones dichas que permita quebrar el postulado de imposición de costas al vencido, y en ese tanto, lo procedente es condenar a la parte actora al pago de costas y sus intereses, del presente proceso, a favor del Estado y la señora Andrea Fiesler, las mismas que se determinarán en la etapa de ejecución de sentencia. - 

POR TANTO:

Se acoge la excepción de falta de derecho interpuesta por ambas partes demandadas, el Estado y la señora Andrea Fiesler, y por ende se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda interpuesta en su contra. Se condena a la parte actora al pago de las costas y sus intereses, a favor de los demandados, las cuales se determinarán y liquidarán en fase de ejecución de sentencia, una vez firme esta sentencia. Francisco José Chaves Torres, Juez. Evelyn Solano Ulloa, Jueza. Aline Solano Ramírez, Jueza. -

   

 

   



 

 




- Código Verificador -
???????????????
V378KSUMGS061



 

Documento firmado por:

FRANCISCO CHAVES TORRES, JUEZ/A DECISOR/A
ALINNE SOLANO RAMIREZ, JUEZ/A DECISOR/A
EVELYN SOLANO ULLOA, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 19-007507-1027-CA

 

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:15:04.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

VI [...] Court's Opinion.

Furthermore, regarding the competence of the Director of the Cartago Governing Area (Área Rectora de Cartago), Dr. Andrea Morales Fiesler, to issue the sanitary order (orden sanitaria) challenged in this proceeding, the State's representation is correct; the Constitutional Chamber has repeatedly affirmed that "...Article 50 of the Constitution establishes as a fundamental purpose and essential value of the Costa Rican State to procure 'the greatest well-being for all inhabitants of the country'. Thus, a 'healthy and ecologically balanced environment' is part of the content of the greatest well-being of all inhabitants, which is the cause, purpose, and also condition and limit of the exercise of public powers and competences..." (Voto N°4621-2016 of April 5, 2016); therefore, it is the responsibility of all public entities to become guarantors and ensure respect for that healthy and ecologically balanced environment, from which the defendant Institute is not exempt. Furthermore, the General Health Law (Ley General de Salud) No. 5395, provides in its Article 4 that every "natural or legal person is subject to the mandates of this law"; and Article 37 states that "no person may act or assist in acts that signify danger, impairment, or damage to the health of third parties or the population and must avoid any omission in taking measures or precautions in favor of the health of third parties."; and Article 39, even more precisely, establishes that the "...owner and the person in charge of movable or immovable property must avoid the nuisances and damages that may arise, for the health of third parties, from the poor quality or poor state of conservation or hygiene of such property. (...) In both cases, such owners and persons in charge must take the measures ordered by the health authority (autoridad sanitaria) within the period set for that purpose, without prejudice to the measures that the authority may take according to the dangerousness or severity of the case...". [...] Additionally, the Law for Integrated Waste Management (Ley para la Gestión Integral de Residuos) No. 8839, describes a series of acts that constitute infractions and the corresponding sanction [...]

In this regard, Article 62 of the same Law No. 8839 establishes a type of joint and several liability (responsabilidad solidaria) for the damages and losses caused to the environment, by reason of the administrative and criminal infractions outlined above, which falls upon the "holders of the companies or activities where the damages are caused", this being another reason to consider that the plaintiff also has the duty to prevent the environmental impact (afectación ambiental) repeatedly indicated from occurring. Thus, Article 66 of the LGAP provides that "...powers of authority and their exercise, and public duties and their fulfillment, shall be inalienable, non-transferable, and imprescriptible..."; in the specific case, the consequence is that the Director of the Health Governing Area was bound by that power-duty to decide on the legal situation that was technically affecting the collective interest, in the area of health [...]".

... See more
Legislation and Doctrine Citations Related Rulings
Text of the resolution
EV Template Generation: F:\\Gestion-Judicial\\Servidor de Archivos\\Modelos\\Contencioso\\TCRESOL016.dpj

 

ADMINISTRATIVE LITIGATION AND CIVIL TREASURY COURT 

Second Judicial Circuit of San José, Annex A (Former Motorola Building)

 __________________________________________________________________________

CASE FILE: 19-007507-1027-CA

PROCEEDING: Knowledge

PLAINTIFF: WPP Continental de Costa Rica S.A.

DEFENDANTS: El Estado and Andrea Anelisse Morales Fiesler

 No. 2025006518

ADMINISTRATIVE LITIGATION AND CIVIL TREASURY COURT, SECTION III, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at nine hours and forty-two minutes on the second of July of two thousand twenty-five.-

Knowledge Proceeding of WPP Continental de Costa Rica Sociedad Anónima with legal identification number 3-101-155289, represented by Ileana María González Paniagua, holder of identification number 1-0490-0011, advised by attorney Julio Fonseca Pion, holder of professional license 13814; against El Estado represented on this occasion by the Procuradora María del Rosario León Yannarella with identity card 1-0851-0444; and Andrea Anelisse Morales Fiesler, holder of identification number 1-0986-0993, who has had the professional advice of attorney Andrea Blanco Alfaro with professional license No. 22410.-

Drafted by Judge Chaves Torres; and,

WHEREAS (CONSIDERANDO)

I.- Procedural background. It must first be clarified that this judgment is issued in accordance with the minimum formalities established in the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil) –Law No. 9342- applied supplementarily by provision of Article 220 of the Administrative Litigation Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo); and the references to the foliation of the case file are from the electronic document generated in a single PDF format file, obtained from the Virtual Desktop (Escritorio Virtual) (computer tool for processing case files electronically in the country's Judicial offices) with the options "Descending Order" and "View Document Description (PDF)" unchecked, and with "View case file cover details" selected in "End"; being that should the Office require it, the parties may have access to a copy of the case file downloaded in that manner, upon prior coordination. The following procedural actions are of interest for the issuance of this resolution: 

1.- The plaintiff files the claim that has given rise to this proceeding, with the following claims – clarified and specified in the preliminary hearing (audiencia preliminar) held starting at 10:09 hours on September 24, 2020 -, seeking a ruling that: "1.- That the sanitary order CE-ARSC-OS-0138-2019, the resolution DM-RC-1069-2019 and any other related administrative act, are absolutely null; 2.- That El Estado and the co-defendant Morales Fiesler, jointly and severally (de manera solidaria), must be liable for the damages and losses caused to my client, consisting of the following and estimated as indicated below: a.- Material damage (Daño material): Claim is made under this heading for the profit that would be lost from the waste that would not enter the landfill (relleno sanitario) in the 620,757.99 cubic meters of remaining capacity of the project: equivalent to 620,757.99 metric tons of waste reception capacity. Taking as a parameter an average market price of thirteen thousand five hundred colones per metric ton, this item is estimated in the amount of 8,380,232,865 colones. B.- Objective moral damage (Daño moral objetivo): Claim is made under this heading for the impact on the good commercial name of my client, given that the Ministry of Health itself has been illegitimately disseminating among the various municipalities that deposit their waste in the landfill, that the project will be closed. This item is prudentially estimated in the amount of 50,000,000 colones. C- Losses (Perjuicios): Claim is made under this heading for the assessment of legal interest to be paid by the co-defendants, which will be calculated at the legal rate, on the amounts awarded for both material damage and objective moral damage, from the date the judgment awarding them becomes final and until the date of its effective payment. (See images 16, 52 and 184 of the judicial file). 

2.- Once the mandatory transfer was given to the defendants, both the representation of the State and of Mrs. Andrea Fiesler, answered the claim in the negative and raised the preliminary defense (excepción previa) of necessary passive joinder of parties (litisconsorcio pasivo necesario), as well as the substantive defense of lack of right, requesting that the claim be declared without merit in all its aspects, and the plaintiff be ordered to pay procedural costs and their respective interest until their effective payment. (See claim response briefs at images 63 and 93 of the judicial file).

3.- By resolution No. 984-2020, at 13:30 hours on June 5, 2020, it is declared without merit "...the preliminary defense of Necessary Passive Joinder of Parties raised by the state representation and the co-defendant Morales Fiesler, as the inclusion of the Municipality of Cartago (Municipalidad de Cartago) as a defendant in this litigation is not considered indispensable. Notwithstanding the foregoing, as indicated in the final part of the Third Whereas Clause (Considerando III) of this resolution, the MUNICIPALITY OF CARTAGO is hereby notified of the existence of this judicial proceeding, so that within the third business day, once notified, it may inform the Court if it wishes to appear as a coadjuvant or interested third party. At this time, the plaintiff is warned to proceed within a period of THREE BUSINESS DAYS to provide to the proceeding, in accordance with Articles 13, 15 and 49 subsection 1) of the Administrative Litigation Procedure Code, a set of copies of all actions taken to notify the municipal entity, under penalty of not attending to future requests in case of non-compliance". The Municipal entity was duly notified on July 29, 2020, however, an appearance by the City Council is absent. (See image 114 and 166 of the judicial file)

4.- The preliminary hearing began at 10:09 hours on September 24, 2020, a proceeding that was recorded in the system; the procedural judge established the claims and the contested facts. The documentary evidence offered by the parties is admitted, among it, the complete administrative file, and official communication DCA-3481 from the Office of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) offered by the defendant Morales Fiesler. Regarding testimonial evidence and party statement, they are consequently declared inadmissible; the procedural judge declares the proceeding to be of pure law (de puro derecho), thereby granting a written hearing to present conclusions. (See minutes at image 186 of the file and audio and video recording contained in the virtual desktop system).

5.- In the proceedings before this Court, no nullities that must be remedied or that cause defenselessness have been observed, and the judgment is dictated unanimously.

II.- Arguments of the parties. Once a comprehensive and detailed reading of the arguments raised by the parties has been carried out, in summary, they indicate: A) The representation of the plaintiff reproaches the absolute nullity of sanitary order No. CE-ARSC-OS-0138-2019, and resolution DM-RC-1069-2019 that confirmed it, as well as any other related act of the Ministry of Health. It is alleged that co-defendant Morales Fiesler, in her capacity as Director of the Health Governing Area of Cartago, acted with at least gross negligence (culpa grave) in the exercise of her position; all of which is based on the following: "1.- ABSOLUTE NULLITY OF THE FORMAL ACTION OF THE ADMINISTRATION." In this section, it sets out the following defects affecting the administrative action. "A.- Defects in the motivation, content and even the competence to issue the sanitary order". It is argued that sanitary order CE-ARSC-OS-0138-2019 presents various defects in its motivation, content and competence. Although the administrative act is based on technical report CR-ARSC-R-0096-2019, the issued sanitary order departs from the report's recommendations without justification. This contravenes the provisions of Article 136.1.c) of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), which requires adequate motivation. Such omission was pointed out during the administrative challenge phase, without being corrected by the Ministry. Likewise, the issued sanitary order includes a "clarification" extraneous to the technical report, which could constitute an illicit act, even prevarication, violating Articles 132.1), 133 and 136 of the General Law of Public Administration. Said clarification is contradictory to the designs initially approved by the CFIA and the Ministry, generating serious inconsistencies in its content. Furthermore, it is noted that co-defendant Morales Fiesler lacked the competence to issue the sanitary order, since the technical report recommended that the case be elevated to a higher level, given the public and national relevance of the Los Pinos Landfill (Relleno Sanitario Los Pinos) project. This aspect also reflects a violation of the regulatory framework and reinforces the absolute nullity of the challenged action. "B.- The content of the order is not only illicit but is impossible to comply with." It is argued that the issued sanitary order not only contains illicit provisions but is also materially impossible to comply with, since without the entry of solid waste, it cannot comply with the closure plan approved by the CFIA and other institutions. It explains that the Los Pinos Landfill operates on three properties with different owners, who originally approved the necessary designs and permits before SETENA and the Ministry of Health. However, the problem arises because the Municipality of Cartago has prevented the reception of waste on the land of its property, which demonstrates a conflict between said entity and the plaintiff party, rather than an environmental or sanitary non-compliance attributable to the latter. Given this scenario, co-defendant Morales Fiesler would have acted outside her competence by unilaterally resolving a conflict that corresponds to the Judicial Branch (Poder Judicial), taking sides in favor of the Municipality of Cartago. This is reflected in her decision to prohibit the reception of waste on the municipal land and, at the same time, to impose the execution of works that depend on the entry of said waste for their execution, which constitutes an insurmountable contradiction. Moreover, it is questioned why modifications not contemplated in the original design are being ordered, without these having been proposed, evaluated, or approved by the competent authorities. It is also pointed out that the supposed redesign of the project should be financed by the registered owner of the property and comply with the procedures provided for in the legal system, which has not occurred. Given that the plaintiff party is not the owner of the land, it lacks standing to process permits or make modifications. Therefore, it is concluded that the provisions contained in the sanitary order, besides being illicit and incompetent, are materially impossible to comply with, which reinforces the request for its nullity."C.- The sanitary order disrespects the regulations issued by the Ministry itself". It is argued that the issued sanitary order generates absolute nullity due to its contradiction with current regulations, in particular with the Regulation on Landfills (Reglamento Sobre Rellenos Sanitarios) (Decreto Ejecutivo No. 38928-S). It is improper and openly illegal to intend the technical closure of a landfill without all its cells (celdas) being occupied to their maximum capacity, as this contravenes the principles of legality and the singular non-derogability of norms. According to Article 3 of the cited regulation, the definitions of "cell", "landfill" and "useful life" are fundamental to understanding the operation of these projects. The cells (celdas) are the core of the landfill, designed to receive compacted waste and cover material. The useful life, for its part, refers to the estimated period to fill all cells according to the approved original design. The administrative provision in question implies non-compliance with this principle by modifying the established parameters and ordering a technical closure without exhausting the projected capacity. The Regulation on Landfills requires that a landfill be used at 100%, as evidenced by other provisions, such as Article 12. This article states that calculations related to volumetric capacity and useful life are essential during the design and approval of the project. It was based on these calculations that the Ministry of Health granted the operating sanitary permit (permiso sanitario de funcionamiento), extended until the year 2023. Finally, the questioned order, by prohibiting the reception of waste on municipal lands, departs from the approved designs, without proposing, evaluating, or approving a redesign in accordance with the regulations. This not only contradicts the environmental and technical objectives of the project but also represents an action contrary to the legal system, thereby reinforcing the alleged nullity."D.- Absolute supervening nullity (Nulidad absoluta sobrevenida), due to the disappearance of the alleged 'motive'. The plaintiff indicates that co-defendant Morales Fiesler acted with serious negligence by intervening in a dispute between a company and the Municipality of Cartago. It is argued that Morales Fiesler, without having the judicial competence to do so, issued a sanitary order that harmed the company. It considers that said action is a usurpation of functions, since the resolution of legal conflicts is the exclusive responsibility of the Judicial Branch. The central point of the argument is that the sanitary order issued by Morales Fiesler lacks validity because the original dispute between the company and the Municipality of Cartago has been resolved through a conciliation agreement. This agreement, it is argued, eliminates the motive that justified the sanitary order, leading to the conclusion that it must be declared null. In summary, it requests the nullity of the sanitary order issued by Morales Fiesler, arguing that its issuance was improper and that the conflict that originated it no longer exists. The legal basis for this request is Article 159 of the General Law of Public Administration, which establishes the supervening nullity when the motive for an administrative act disappears. "2.- PATRIMONIAL LIABILITY FOR UNLAWFUL CONDUCT". The Administrative Litigation Procedure Code, in its Article 122.m.iii), empowers the Court to rule in the abstract on damages and losses, even when their existence or amount is not verified, provided it can be concluded that they derive from the administrative conduct or legal-administrative relationship that is the subject of the claim. In the analyzed case, the order to stop receiving solid waste not only implies the loss of income from the volume of the project's useful life but also causes the early closure of the commercial operation of the landfill. It is maintained that the absolute nullity of the action of the Ministry of Health, in accordance with Articles 190 and 191 of the General Law of Public Administration, generates the State's patrimonial liability for its unlawful conduct, and that co-defendant Morales Fiesler must respond jointly and severally (solidariamente) personally. Among the claimed damages and losses are included: (i) the lost billing for each ton of solid waste not received, and (ii) the loss of commercial opportunities due to the early closure of the landfill. Regarding the personal liability of co-defendant Morales Fiesler, it is argued that her action was marked, at a minimum, by gross negligence. She contravened express recommendations of the technical body of the Health Governing Area, including that of referring the case to the Regional Level, lacking adequate motivation. Moreover, she acted by exceeding her competences, adding illicit content, and failing to comply with the initially approved designs. It is concluded that the official did not fulfill the duty of care, evidencing a lack of diligence, expertise, and prudence. Such conduct is classified as inexcusable, and therefore, it is demanded that she respond jointly with the Administration for the damages caused. B) For its part, the representation of the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) responds in the following terms. "a. On the competence of the Health Governing Area of Cartago". It states that according to Articles 50 of the Political Constitution and 2, 285, 287 and 288 of the General Health Law, it is the responsibility of the State, through the Ministry of Health, to determine the national policies necessary to preserve health. In this context, the Ministry of Health acts as the governing body responsible for monitoring compliance with actions in favor of a healthy environment, even working in coordination with the municipalities, as established by Law No. 8839, Law for Integrated Waste Management (Article 7). It adds that said regulation provides that the sectoral plans carried out in each region must be registered, monitored, and supervised by the Ministry of Health (Article 13). Likewise, waste-generating programs must be submitted to the Ministry for its control and follow-up (Article 15). Articles 16, 46 and 53 also reinforce the Ministry's competence in auditing, inspection, and adoption of necessary corrective measures in cases of contamination, including sanctions against those responsible to prevent environmental damages. Regarding the Los Pinos Landfill, the legal authority of the Ministry of Health in the handling and operation of solid waste is highlighted. After an inspection that evidenced environmental contamination at the site, the Ministry is obliged to adopt the necessary legal actions to rectify the situation, in strict compliance with its legal competences. Therefore, the legitimacy and responsibility of the Ministry in this area are considered undeniable. "b. On the legality of sanitary order No. CE-ARSC-OS-0138-2019". It argues that in the present case, it is established that it is the responsibility of the Ministry of Health, through the Health Governing Area of Cartago, to carry out inspections and determine the necessary measures to guarantee compliance with the waste management plan and, in case of contamination, implement the corresponding mitigation actions. This duty arises from the contractual differences between the Municipality of Cartago and the plaintiff company, which have left the sector of the landfill located on municipal lands without maintenance, causing environmental contamination. It points out that following inspections carried out at the Los Pinos Landfill, the existence of environmental contamination was verified due to the lack of adequate sanitary disposal on the Municipality's land. Faced with this, the Health Governing Area of Cartago issued a sanitary order to prevent and resolve the environmental problem, in compliance with its legal competences and in defense of the public interest. The actions taken are considered adjusted to the current regulatory framework and do not present elements of illegality. It adds that the contract between the Municipality of Cartago and the plaintiff company established as an obligation of the latter to carry out the technical closure actions of the landfill once its useful life was reached. Although the estimated useful life was seven years, this was reduced due to restrictions on access to the municipal land. Furthermore, the plaintiff company argues that said works generate additional costs not contemplated in the original contract, which has led to a conflict between the parties and to the filing of this claim. However, the Madam Procuradora concludes, that the actions taken by the Health Governing Area of Cartago are based on a prior technical study that determined the existence of environmental contamination. Both the plaintiff company and the Municipality have shared responsibility in the execution of the necessary measures to mitigate the contamination. Therefore, no nullity or illegality is observed in the challenged actions, and the dismissal of the claim is requested in favor of the Ministry of Health, given the public interest in preventing contamination and protecting environmental health. "c. On the impropriety of the damages and losses." It is argued that the request for recognition of damages and losses presented by the plaintiff is not appropriate. First, it reiterates the plaintiff's lack of right in this respect. Second, it is not appropriate in this proceeding to attempt to attribute to the defendant representation the liability for the alleged income losses derived from the contract signed between the plaintiff and the Municipality of Cartago, nor for the expenses associated with the technical closure works on the municipal land. It is underscored that said contractual obligations are exclusive between the signatory parties, without the defendant representation being a party to that contract. However, it is the responsibility of the latter, in its capacity as the competent authority, to supervise compliance with the applicable legal provisions, for the purpose of preventing and mitigating environmental damages, as occurs in this case. Therefore, the action of the defendant representation is framed within its legal competences. C) The representation of the defendant Andrea Morales Feisler argues that the Los Pinos Landfill, located in Dulce Nombre de Cartago, has been under dispute for several years and is extensively documented in the administrative file. It explains that this project operates on two adjoining properties: one belonging to the Municipality of Cartago and the other to the plaintiff company. Both parties signed a contract at the time for the operation and final disposal of waste, including the construction of a treatment plant on the municipal property that served both lands. It states that the conflict arises due to contractual disagreements between the Municipality of Cartago and the plaintiff company, which led the municipal body to restrict the latter from carrying out maintenance works and final waste disposal on the municipal land. Simultaneously, the plaintiff company continued carrying out solid waste disposal on its own property without treating the leachates (lixiviados), given that the treatment plant is located on the municipal property, which presumably implied a lack of environmental and sanitary control. Given the lack of solution to the contractual conflict between both parties, complaints from neighbors began to be received at the Health Governing Area of Cartago. In compliance with its obligations, the Ministry of Health increased the follow-up on the project through inspections and visits. During these interventions, the inspectors identified irregularities in the management of solid waste, which motivated the issuance of reports and sanitary orders on repeated occasions, as recorded in the administrative file. "ON THE COMPETENCE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND THE HEALTH AREA OF CARTAGO TO ISSUE SANITARY ORDER CEARSC-OS- 0138-2019". It states that Article 50 of the Political Constitution guarantees all persons the right to a healthy and ecologically balanced environment, recognizing it as an essential pillar for the exercise of the right to health, contained in Article 21. Furthermore, Article 89 imposes on the State the duty to protect and conserve natural resources. This regulatory framework has been reinforced by jurisprudential pronouncements, such as judgment number 3705-93 of the Administrative Litigation Court, which highlights environmental quality as a fundamental component of quality of life and emphasizes the obligation to preserve the environment for present and future generations. In this sense, both people and the State have concrete responsibilities. It indicates that people must make rational use of natural resources, while the State must guarantee their protection and conservation, being empowered to impose sanctions for non-compliance with these duties. Article 50 also legitimizes any person to denounce infractions against environmental law and demand reparation for the damage caused. It adds that the Law for Integrated Waste Management (No. 8839) assigns the Ministry of Health the stewardship in the integrated management of solid waste, including direction, monitoring, evaluation, and control. This law grants the Ministry's officials the authority to audit and adopt necessary corrective measures to guarantee compliance with legal provisions related to environmental and sanitary management. And it explains that the Ministry of Health of Costa Rica, as the governing body in integrated waste management according to Law No. 8839, formulates policies, drafts regulations, monitors, coordinates, and promotes sustainable practices. Its officials are empowered to carry out inspections without prior notice to audit compliance with waste management programs, collaborating with the Ministry of Environment if necessary, as also supported by the General Health Law to guarantee sanitary regulations and protect the environment.

It points out that in the case of sanitary order CE-ARSC-OS-0138-2019 issued by the Cartago Health Governing Area (Área Rectora de Salud de Cartago), it acted within its territorial competence, based on technical inspections (report CE-ARSC-R-0096-2019) that demonstrated sanitary non-compliances at the Los Pinos Landfill (Relleno Sanitario Los Pinos), generating risks to public health due to inadequate waste management. The order sought to correct these irregularities and ensure compliance with current regulations to prevent contamination, therefore it is argued that the Ministry acted within the legal framework, given that it was verified that the sector located on property belonging to the Municipality of Cartago did not comply with the adequate sanitary disposal of solid waste. This situation has generated hazardous conditions, such as the ponding of leachate, waste exposure, and inadequate sanitary management, which represent a significant risk to public health.

It answers that the issuance of the sanitary order by the Director of the Cartago Health Governing Area is based on the recommendations of the Regional Directorate, seeking the correction of detected irregularities and observance of the Regulation on Landfills (Reglamento sobre Rellenos Sanitarios) and Law No. 8839. The primary purpose of this administrative action is the prevention of environmental contamination in its various forms, in strict adherence to current regulations. Regarding the claim for damages and lost profits (daños y perjuicios), an erroneous interpretation on the part of the plaintiff is argued. Damages (daños), as known by this court, correspond to the loss suffered, while lost profits (perjuicios) encompass the frustrated earnings or profits that were not received, known as lost profit (lucro cesante). In this sense, the acknowledgment of the alleged lost profits (perjuicios) is deemed inadmissible, since the supposed loss of income is linked to contracts signed between the plaintiff and third parties (municipalities), over which the administration has no influence. It is emphasized that the action of the Director of the Governing Area was framed within the legitimate exercise of her oversight functions in safeguarding public health.

III.- Object of the proceeding. The object of the present proceeding is for the judgment to declare the nullity of sanitary order CE-ARSC-OS-0138-2019, as well as resolution DMRC-1069-2019 that resolved the appeal and any other related administrative act, and based on the foregoing, the compensation for damages and lost profits (daños y perjuicios) sought by the plaintiff company against both defendant parties must be analyzed, that is, in application of the liability regime for unlawful conduct. In accordance with the principle of congruence that governs the exercise of the jurisdictional function, and which is expressly regulated by numeral 119 subsection 1) of the Code of Administrative Contentious Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo) as follows "...The judgment shall resolve all claims and the extremes permitted by this Code...", as well as ordinals 28.1 and 61.2 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil), only the petitions transcribed in point 1 of the preceding considerando, confirmed by the procedural judge, will be addressed.

IV.- Proven facts. Of importance for the correct resolution of this proceeding, the following relevant facts are deemed accredited: 1) That on January 23, 2002, the Municipality of Cartago and the company WPP Continental de Costa Rica Sociedad Anónima signed the contract called "Final Disposal and Treatment of Solid Waste of the Central Canton of Cartago" (“Disposición y Tratamiento Final de Los Desechos Solidos del Cantón Central de Cartago”), as a consequence of Tender by Registry (Licitación por Registro) No. 001-2001. In said contractual instrument, the following is clarified: "...A) Navarro del Socorro Dump (Vertedero de Navarro del Socorro): It is the garbage dump owned by the Municipality of the Central Canton of Cartago, located in Navarro del Socorro and which, at the time of signing this contract, is in full operation, providing the final disposal and treatment service for ordinary solid waste of that canton, through the technical process called "IMPROVED OPERATION" ("OPERACION MEJORADA"), which the awarded company must continue on a transitory basis until the sanitary landfill (relleno sanitario) owned by the latter begins operations in accordance with what will be stipulated in the third clause of this contract. B) Los Pinos Regional Mechanized Landfill (Relleno Sanitario Mecanizado Regional los Pinos): It is the landfill (relleno sanitario) owned by the awarded company, which the latter shall build to carry out the activity referred to in the object of this contract, on a piece of land it owns adjacent to the Navarro del Socorro Dump (Vertedero de Navarro del Socorro) and whose commencement will be stipulated in the fourth clause. C) Technical Closure (Cierre Técnico): It is the technical closure of the Navarro del Socorro dump, which will be verified in accordance with what is stipulated in the third clause of this contract (...) THIRD: STAGES: This contract will be verified in 3 distinct stages: a) An initial stage of improved operation which is developed at the current improved dump known as the Navarro del Socorro Landfill (Relleno de Navarro del Socorro); b) Technical Closure (Cierre Técnico) of the Navarro del Socorro Dump; c) Los Pinos Regional Mechanized Landfill (Relleno Sanitario Mecanizado Regional de los Pinos). (...) FOURTH: COMMENCEMENT OF STAGES: The commencement for the provision of the services contracted in this instrument will be: IMMEDIATELY. The commencement of the first stage will be within the first three business days following the date on which this document is countersigned by the Comptroller General of the Republic. The second stage will be carried out in operations programmed in parallel with the daily operation of the Los Pinos Regional Mechanized Landfill (Relleno Sanitario Mecanizado Regional los Pinos). The third stage begins on the calendar day following the day on which WPP obtains the operating permit for the landfill (relleno sanitario), provided that said permit is verified within one year, counted from the signing of this contract. In the event that the company, for justified reasons, has not obtained the corresponding permit for the Los Pinos Regional Mechanized Landfill (Relleno Sanitario y Mecanizado Regional los Pinos) within that last period, the Municipality may extend it one time only for a maximum period of three months...". (See folio 3 of volume 1 corresponding to the administrative file). 2) That on June 12, 2013, the Municipality of Cartago and the plaintiff company signed additional contract No. 000031, which states: "...FIRST: OBJECT OF THE CONTRACT: The Contractor undertakes to provide the services for the final disposal treatment of solid waste of the Central Canton of Cartago and its respective technical closure (cierre técnico) of the impacted area, as contemplated in clause three, subsection B) of the original contract. All in accordance with the terms of the tender documents, the characteristics and technical specifications described in the Statement of Conditions for Tender by Registry (Licitación por Registro) No. 01-2001 and the preceding original contract (...) SECOND: TERM OF THE CONTRACT: The term of this additional contract is up to (5) five years, from the date of award of this tender by the Municipal Council and its start date (...) FOURTH: PRICE: It is agreed to set the price for the final disposal and treatment service of ordinary solid waste that the Municipality will pay to the Company at 8,348.00 (eight thousand three hundred forty-eight colones exactly), per metric ton treated, according to the price adjustments approved at the date of signing this additional contract (...) EIGHTH: PLANS AND DESIGNS: The design, plans, and other technical details that WPP undertook to carry out by means of the respective offer and its annexes form an integral part of this additional contract. In the event that WPP requests changes in the technical design and construction plans for justified technical reasons, these may be made with the express authorization of the Competent Entity (Ente Competente), which will be processed through an addendum to this contract. The foregoing in accordance with what is contemplated in the ninth clause of the original contract (...) NINTH: OBLIGATIONS OF THE COMPANY: (...) c) In the event of an emergency, act of God (caso fortuito) or force majeure (fuerza mayor), WPP will have, as an immediate and strictly temporary alternative, other landfills (rellenos) operated by the company that allow the municipality to face the contingency of a temporary closure of the site designated for the reception and treatment of solid waste, whether due to aspects related to natural catastrophes, improvements, temporary closure, or any other eventuality that may arise that disables the offered site. Faced with such an eventuality, WPP will comply with the authorization from the Ministry of Health (Ministerio de Salud) for the operation of the indicated sites, as well as what is stipulated in National Legislation (...) e) WPP undertakes to respect environmental legal regulations and that the landfills (rellenos sanitarios) have all the permits authorized by the Ministry of Health (Ministerio de Salud) and the requirements indicated by the regulation on landfills (reglamento sobre rellenos sanitarios), published in Official Gazette number 206 of Friday, October 23, 1998, and other related laws (...) h) WPP undertakes to respect the regulation on the discharge and reuse of wastewater in accordance with current regulations. (...) l) WPP shall be responsible before the Ministry of Health (Ministerio de Salud) and other national entities, during the period of the site's operation and for the works carried out within the limits of its exploitation...". (See folio 1348 of volume 8 corresponding to the administrative file). 3) That on January 29, 2019, with official letter CE-ARS-R-0096-2019, the Health Regulation Process (Proceso de Regulación de la Salud) issues a detailed report to the Director of the Cartago Governing Area, Dr. Andrea Morales Fiesler, with the following conclusions and recommendations: "...CONCLUSIONS: Sanitary Orders No. CE-ARSC-OS-0160-2018 and No. CE-ARSC-OS-0235-2018 were complied with by submitting the improvement plans to the Ministry of Health (Ministerio de Salud). It was verified that the improvements indicated in the remedial plans were made and the non-conformities described in reports No. CE-URS-0430-2018 and No. CE-ARSC-R-0629-2018 were corrected, complying with what was requested by the Ministry of Health. The contractual and legal problem that exists between the company WPP and the Municipality of Cartago has caused that in sectors of the landfill (relleno sanitario), maintenance is not being provided, nor are technical closure (cierre técnico) works being carried out, resulting in the ponding of leachate on the land and waste exposure, which represents a risk to public health. RECOMMENDATIONS. The company WPP must continue with the outstanding technical closure (cierre técnico) works and slope shaping in the entire landfill (relleno sanitario) project, adjusting to what is established in the latest plans approved by the Federated College of Engineers and Architects (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, CFIA). Elevate the case to the Regional Level to request legal and technical advice on the proceeding of this Health Governing Area (Área Rectora de Salud), in relation to the sanitary problem generated by the lack of maintenance and closure works on the municipal land that forms part of the Los Pinos Landfill (Relleno Sanitario Los Pinos). Request from the company WPP an update of the useful life of the Los Pinos Landfill (Relleno Sanitario Los Pinos), indicating whether there are changes in volumetric space and their justification. Notify a Sanitary Order to the company WPP requesting: Present the drinking water quality control plan expanding the information provided in the laboratory report and clearly indicate the water collection site, the operating entity, sampling frequency, sampling points, disinfection actions, and a sketch of the system that supplies the landfill (relleno). Provide maintenance to the sump where humidity was observed during the inspection visit...". (See folio 2130 of volume 12 corresponding to the administrative file). 4) That on May 3, 2019, sanitary order No. CE-ARSC-OS-0138-2019 is notified, and through said document, the plaintiff company is explained that: "...Based on report No. CE-ARSC-R-00096-2019 (a copy is attached), which indicates that during an inspection visit conducted at the Los Pinos Landfill (Relleno Sanitario los Pinos), it was verified that in the sector owned by the Municipality of Cartago, where solid waste disposal is no longer performed and which has degenerated into an inadequate and dangerous situation of ordinary and toxic waste disposal, this because maintenance is not being provided, nor are the corresponding technical closure (cierre técnico) works being carried out, resulting in the ponding of leachate on the land, waste exposure, and inadequate sanitary conditions, which represents a risk to public health and must be corrected; within the period indicated above, the following must be carried out: 1. Continue with the pending procedures for the technical closure (cierre técnico) works of the landfill (relleno sanitario), in the sector owned by the Municipality of Cartago where the Los Pinos Landfill (Relleno Sanitario los Pinos) is located, fully conforming to the provisions established in the current regulations of the Regulation on Landfills (Reglamento sobre el Relleno Sanitarios) and Law No. 8839 for the Comprehensive Waste Management (Ley N° 8839 para la Gestión Integral de Residuos), since the law establishes that waste must be disposed of in a sanitary manner and it is currently not disposed of in that way. It is clarified that the technical closure (cierre técnico) works must be carried out without introducing more waste, such operation and technical closure (cierre técnico) must be carried out in a way that prevents contamination of soils, subsoils, water, air, and ecosystems. 2. Submit to the Cartago Health Governing Area (Área Rectora de Salud Cartago) of the Ministry of Health (Ministerio de Salud) the plan corresponding to the post-technical closure maintenance manual with its respective execution schedule, including dates and compliance deadlines, and must also include those responsible for each activity. The schedule will be reviewed by the Ministry of Health (Ministerio de salud) and, if approved, shall be of mandatory compliance. The foregoing based on article 21-50 s.c. of the Political Constitution (Constitución Política), articles 1-2-3-4-7-262-263-293-337-338-340-349-355-356 and 363 s.c. of the General Health Law (Ley General de Salud)...". (See folio 2268 of volume 13 corresponding to the administrative file). 5) That on May 14, 2019, with resolution MSR-DR-CE-0453-2019, Dr. Andrea Morales Fiesler, in her capacity as Director of the Cartago Health Governing Area (Área Rectora de Salud de Cartago), decides to reject the horizontal motion for revocation (recurso horizontal de revocatoria) filed at the time by the representative of the company WPP Continental de Costa Rica S.A. against sanitary order No. CE-ARSC-OS-0138-2019, and elevates the appeal (recurso de apelación) to the Minister of Health. (See folio 2294 of volume 13 corresponding to the administrative file). 6) That on September 6, 2019, through resolution DM-RC-1069-2019, the Minister of Health decides to declare without merit the appeal (recurso de apelación) filed against No. CE-ARSC-OS-0138-2019, considering: "...11.- That in response to the request made by Lic. Alejandro Acevedo Meneses and by MLA. Ronald Chinchilla González, head of the Legal Management Unit (Unidad de Gestión Jurídica), of the Legal Affairs Directorate (Dirección de Asuntos Jurídicos) of this Institution, to Dr. Oscar Bermúdez García, director of the Central East Health Regional Directorate (Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Este), and to Eng. Eugenio Androvetto Villalobos, director of the Directorate for Protection of the Human Environment (Dirección de Protección al Ambiente Humano), they report the following: Through official letter MS-DRRSCE-0795-2019, Dr. Oscar Bermúdez García reports, in summary, the following: "...there is an internal conflict between the Municipality of Cartago and WPP Continental Costa Rica (WPP), therefore the deposit of material on the municipality's property is currently halted, meaning waste is only being received to be placed on the private company's property. Given this situation, the useful life or estimated duration of the landfill's (relleno) service, fulfilling the function for which it was created, cannot be estimated based on time,... the data indicated below refer to the report submitted by WPP to the Cartago Health Governing Area (Área Rectora de Salud de Cartago), on May 16 of this year ... according to the report submitted, as of June 2018 there was a remaining space of approximately 730,462.5 tons with a daily average intake of 400 tons, so it would have a useful life of 6.4 years. However, during 2019 there is an average of around 275.13 tons daily ... According to the recalculation performed by WPP, a useful life of around 7 years and one month could be deduced for this area... In some points, possible past waste can be visualized, as there is not enough time to carry out the required technical closure (cierre técnico) ... it is highly advisable that the company WPP comply with the issued sanitary order, to avoid any environmental damage and risk to human health in the near future...”. Meanwhile, through official letter MS-DPAH-UNSSAH-154-2019, Eng. Ricardo Morales Vargas, acting head, and Eng. Francisco Amen Funk, officials of the Standardization Unit for Health Services in the Human Environment (Unidad de Normalización en Servicios de Salud en Ambiente Humano), report, in summary, the following: "... Through official letter of August 17, 2018, the company administering the Los Pinos landfill (relleno sanitario los pinos) WPP Continental... indicates a useful life of 6.4 years for an average daily intake of 400 tons per day. 2) Useful life of the sanitary landfill (relleno sanitario) owned by the Municipality of Cartago: we have no data on that estimate. 3) Useful life of the sanitary landfill (relleno sanitario) owned by the company WPP Continental: we have no data on that estimate. 4) We have no knowledge if the Cartago Governing Area (Área Rectora de Cartago) has issued any administrative act against the Municipality of Cartago... From an operational standpoint and regarding the technical closure (cierre técnico) of the entire project, we consider it advisable for the Municipality of Cartago and the company WPP continental to reach a satisfactory agreement. Failing that, the separation of the original project into two independent projects represents, from an operational standpoint, a design variation that entails additional costs for both entities, since in some cases they share infrastructure and in others they are located on different properties. Likewise, if they decide to continue disposing of waste on both properties, they will also have different useful lives. Both the Municipality of Cartago and the company WPP Continental must comply with the stipulations in the current Regulation on Landfills (Reglamento sobre Rellenos Sanitarios) on their respective properties..." (...) 13.- That as evidence for better resolution, through official letter No. MS-DRRSCE-0941-2019, dated September 4, 2019, Licda. Gaudy Mabel Abarca Gutiérrez, attorney of the Central East Health Regional Directorate (Dirección Regional de la Rectoría de la Salud Central Este), submits Technical Report No. MS-DRRSCE-URS-IT-0434-2019, signed by Engineers Jesús Zamora Hidalgo and Nelson Artavia Vega, officials of the Regulation Process (Proceso de Regulación) of the Central East Health Governing Unit (Unidad de Rectoría de la Salud Central Este), addressed to Dr. Oscar Bermúdez García, Director of the aforementioned Health Directorate (Dirección de Rectoría de la Salud), through which they conclude and recommend the following: “CONCLUSIONS 1. Considering an average intake of 275.13 tons/day, the useful life of the active land owned by the Company WPP would finish receiving fill material by the end of January 2020. 2. There is no sanitary order or official letter ordering the Municipality of Cartago to conduct soil studies at the Los Pinos Landfill (Relleno Sanitario Los Pinos), nor is the necessity of such a study on its part questioned. However, the resolution by the Central Level of this Ministry is still pending to provide a definitive answer on who is responsible for the technical closure (cierre técnico) and maintenance of the project...”. (See folios 2624 to 2634 of volume 14 of the administrative file)

V.- Unproven facts. Of this nature, as there is no record in the case file and they are relevant to the resolution of this dispute, the following are considered unproven facts: 1) That Dr. Andrea Morales Fiesler issued a resolution to resolve the conflict between the Municipality of Cartago and the company WPP Continental de Costa Rica S.A. (The case file).-

VI.- On the merits. According to the evidence, it is gathered that the Municipality of Cartago and the company WPP Continental de Costa Rica S.A. signed the contract "Final Disposal and Treatment of Solid Waste of the Canton of Cartago" (“Disposición y Tratamiento Final de los Desechos Sólidos del Cantón de Cartago”), on January 23, 2002, which was subsequently subject to addenda related to the collection and treatment of solid waste, as well as the operation of the Los Pinos Landfill (relleno sanitario Los Pinos). This landfill (relleno) has been operating on several properties, one of which is owned by the Municipality of Cartago. Thus, in 2018, the main and additional contract signed between the plaintiff company and the Municipality of Cartago reached its term, so the Town Council took possession of the property and urged the plaintiff company to carry out the works corresponding to the closure stage determined in the contract and within the indicated property. It is in this context that a series of discrepancies arise between the Municipality and the plaintiff company, which directly affect the disposal and treatment of solid waste within the Los Pinos Landfill (relleno sanitario Los Pinos). This caused a series of events contaminating the environment and endangering public health, which formed the basis for the administrative decision issued by the Ministry of Health (Ministerio de Salud). Thus, on May 3, 2019, the plaintiff company was notified of the sanitary order debated here, No. CE-ARSC-OS-0138-2019, in which it is indicated that: "...Based on report No. CE-ARSC-R-00096-2019 (a copy is attached), which indicates that during an inspection visit conducted at the Los Pinos Landfill (Relleno Sanitario los Pinos), it was verified that in the sector owned by the Municipality of Cartago, where solid waste disposal is no longer performed and which has degenerated into an inadequate and dangerous situation of ordinary and toxic waste disposal, this because maintenance is not being provided, nor are the corresponding technical closure (cierre técnico) works being carried out, resulting in the ponding of leachate on the land, waste exposure, and inadequate sanitary conditions, which represents a risk to public health and must be corrected; within the period indicated above, the following must be carried out: 1. Continue with the pending procedures for the technical closure (cierre técnico) works of the landfill (relleno sanitario), in the sector owned by the Municipality of Cartago where the Los Pinos Landfill (Relleno Sanitario los Pinos) is located, fully conforming to the provisions established in the current regulations of the Regulation on Landfills (Reglamento sobre el Relleno Sanitarios) and Law No. 8839 for the Comprehensive Waste Management (Ley N° 8839 para la Gestión Integral de Residuos), since the law establishes that waste must be disposed of in a sanitary manner and it is currently not disposed of in that way. It is clarified that the technical closure (cierre técnico) works must be carried out without introducing more waste, such operation and technical closure (cierre técnico) must be carried out in a way that prevents contamination of soils, subsoils, water, air, and ecosystems. 2. Submit to the Cartago Health Governing Area (Área Rectora de Salud Cartago) of the Ministry of Health (Ministerio de Salud) the plan corresponding to the post-technical closure maintenance manual with its respective execution schedule, including dates and compliance deadlines, and must also include those responsible for each activity. The schedule will be reviewed by the Ministry of Health (Ministerio de salud) and, if approved, shall be of mandatory compliance. The foregoing based on article 21-50 s.c. of the Political Constitution (Constitución Política), articles 1-2-3-4-7-262-263-293-337-338-340-349-355-356 and 363 s.c. of the General Health Law (Ley General de Salud)...". Now, having analyzed the case file, this Chamber finds that the filed lawsuit is inadmissible and must be dismissed, as the plaintiff cannot prove any nullity regarding said administrative conduct. As the lawsuit was filed and the conclusions made in writing, the plaintiff's arguments center on the following: “A.- Defects in the reasoning (motivación), the content, and even the competence to issue the sanitary order”. The plaintiff states that sanitary order CE-ARSC-OS-0138-2019 suffers from defects in its motivation, content, and competence. Specifically, it is alleged that the order unjustifiably departs from the recommendations of technical report CR-ARSC-R-0096-2019, breaching the duty of adequate reasoning (motivación) (article 136.1.c) of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública)). Furthermore, it contains a "clarification" extraneous to the report, which could constitute an unlawful act, even prevarication (articles 132.1), 133 and 136 of the same law), and that it is contradictory to the initially approved designs. Finally, the competence of co-defendant Morales Fiesler to issue the order is questioned, since the technical report suggested elevating the case to a higher level given the public and national relevance of the project, which is considered a violation of the regulatory framework and a ground for absolute nullity. Opinion of the Court. In this regard, it must be stated that the formal conduct emanating from the Public Administration, generically called "administrative acts", must indeed meet a series of requirements established by the legal "ordenamiento". These requirements or elements, in turn, must comply with certain characteristics and must be proven in each specific administrative act, unless the applicable legal block for the specific case exempts it. Therefore, elements such as the motive or the content must necessarily concur for the issuance of any administrative act, a different case is that presented with other elements called "accidental". The formal elements of procedure and reasoning (motivación) must be satisfied in the cases expressly established by the legal system. Given the arguments of the plaintiff company, the analysis of the duty to state reasons (deber de motivación) is of importance, as one of those accidental elements that a given formal administrative conduct must satisfy to be valid and compliant with the legal "ordenamiento". Regarding this point, subsection 1) of article 136 of the LGAP states: "...1. The following shall be reasoned with at least a succinct mention of their grounds: a) Acts that impose obligations or that limit, suppress, or deny subjective rights; b) Those that resolve appeals; c) Those that depart from the criteria followed in previous actions or from the opinion of consultative bodies; d) Those suspending acts that have been the subject of an appeal; e) Regulations and discretionary acts of general scope; and f) Those that must be so by virtue of law...". In all the cases of the partially transcribed rule, it is undeniable that Public Administrations must offer an analysis of the facts and the law applicable to the specific case; on the way in which an administrative act must be reasoned, subsection 2) of the same article establishes: "2. The reasoning may consist of an explicit or unequivocal reference to the grounds of the petition of the administered party, or to proposals, opinions (dictámenes), or prior resolutions that have truly determined the adoption of the act, on the condition that a copy thereof is attached." (the highlighting is not part of the original). From the cited subsection, it is clear that the reasoning (motivación) refers to the rationale justifying the administration's decision, whereas the mere citation of legal norms, irrelevant facts, arithmetic data, or generic transcriptions of judgments or administrative resolutions is insufficient, without providing an analysis aimed at justifying a particular decision, and in the case of using technical or consultative opinions (dictámenes) as a basis, the respective copy must be attached. In this direction, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice has specified: “...there is an intrinsic relationship between reasoning (motivación) and motive (motivo) (objective material element), since the former must permit knowledge of the latter, but this insofar as it is essential for the understanding and review of the content provided in the act, and that ultimately defines its effect. Now, in accordance with numeral 136 of the LGAP, the reasoning (motivación) may be “succinct” and even “may consist of an explicit or unequivocal reference to the grounds of the petition of the administered party, or to proposals, opinions (dictámenes) or prior resolutions”. Of course, it is also provided in the rule under comment that in this last case, these must be communicated; this for the purpose of allowing knowledge and appreciation of the factual and legal bases on which the adopted decision is based. From the foregoing, it follows that the lack of reasoning (motivación) would vitiate the act to the extent that the reasons for which a certain legal effect was ordered (content of the act) are unknowable.” (Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, vote 1266-2012, at 10:05 hrs. on October 4, 2012).

In this case, the questioned sanitary order indisputably possesses the motivation required by the legal “system” in that it makes its addressees aware of the factual background and the legal reasons for which the administrative decision is adopted, even noting that it is based on report No. CE-ARSC-R-00096-2019, a copy of which is attached and which literally states: “...The contractual and legal problems existing between the company WPP and the Municipality of Cartago have resulted in maintenance not being provided in sectors of the sanitary landfill and technical closure works not being carried out, resulting in the pooling of leachate on the land and the exposure of waste, which represents a risk to public health...”. Therefore, the recommendation alluded to by the plaintiff, and which appears in said report, to elevate the case to the Regional Level and request legal and technical advice on how to proceed, is not a recommendation of an exclusively technical nature but rather one of timeliness and advisability, and therefore it is a decision that must be made by the holder of public power at that moment, especially since the legal interest to be protected was public health, all within the parameters of administrative discretion. Note that, in this case, the limits to discretion have not been questioned; however, this Court finds that the decision taken by the Director of the Health Area has a clear and evident justification, given the precarious conditions of the closed section of the sanitary landfill, which are objectively accredited by the technical branch of the Ministry. At this point, it is worth highlighting that the technical closure of the section of the sanitary landfill had already been agreed upon by the Municipality and the plaintiff company; however, the Director of the Rector Area, when evaluating what was stated in the technical reports, decided that allowing more waste to continue being dumped was contrary to public health. It must also be remembered that administrative action and the law that governs it are the first ratio, that is, when faced with a social or environmental problem, as is the case before us, the Administration’s powers must come to the “front line” to immediately address the situation affecting the community’s interest. Furthermore, it must be clarified to the plaintiff that not everything stated in a technical opinion is part of the consulting body’s technical criteria; there are some statements that do not constitute part of the technical aspect. Thus, in this case, it is clear that the context described in the technical report was sufficient for the ministerial official to consider the administrative action justified. In that regard, it was the responsibility of the plaintiff company, as the addressee of the effects of the administrative act, to precisely set forth its arguments to contradict the factual background that underpinned the adoption of the measure contained in the sanitary order. Under the principle that whoever alleges must also substantiate their claim, and thus be able to destroy the presumption of legality of the administrative act, so necessary for administrative efficiency and effectiveness, the plaintiff fails to fulfill this procedural burden, because both argumentatively and in the realm of evidence, there is no element that can be the subject of analysis by this Court to arrive at the consequence of nullity sought. On the other hand, regarding the competence of the Director of the Rector Area of Cartago, Dr. Andrea Morales Fiesler, to issue the sanitary order questioned in this process, the representation of the State is correct. The Constitutional Chamber has repeatedly affirmed that “...Article 50 of the Constitution establishes as a fundamental purpose and essential value of the Costa Rican State to seek ‘the greatest well-being for all the inhabitants of the country’. Thus, the ‘healthy and ecologically balanced environment’ forms part of the content of the greatest well-being of all inhabitants, a cause, purpose, and also a condition and limit for the exercise of public powers and competencies...” (Voto N°4621-2016 of April 5, 2016); therefore, it is incumbent upon all public entities to become guarantors and ensure respect for that healthy and ecologically balanced environment, from which the defendant Institute does not escape. Furthermore, the General Health Law No. 5395 provides in its Article 4 that every “natural or legal person is subject to the mandates of this law”; and in Article 37 states that “no person may act or assist in acts that signify danger, impairment, or harm to the health of third parties or the population and shall avoid any omission in taking measures or precautions in favor of the health of third parties.”; and Article 39, even more precisely, establishes that the “...owner and the person in charge of movable or immovable property shall avoid the nuisances and damages that may arise, to the health of third parties, from the poor quality or poor state of conservation or hygiene of such property. (...) In both cases, such owners and persons in charge shall take the measures ordered by the health authority within the period set for that purpose, without prejudice to the measures the authority may take depending on the dangerousness or seriousness of the case...”. Similarly, Article 282 orders that “owners of vacant land in urban areas are obliged to keep it fenced and in good hygienic conditions. They shall also be obliged to carry out the practices or works, within the period ordered by the health authority, when such land constitutes a source of environmental contamination.” Articles 262, 263, 293, 294 refer to the obligation of every natural and legal person to protect the environment and public health, to finally recall that Article 378 establishes the penalty for non-compliance with sanitary orders issued by health authorities within their competencies. Additionally, the Integrated Waste Management Law No. 8839 describes a series of acts that constitute infractions and their corresponding penalty, including in Article 53: “Managing, storing, valorizing, treating, depositing, and disposing of hazardous waste or special management waste declared by the Ministry of Health, in unauthorized locations or locations not approved by the competent authorities or under conditions contrary to those established in the corresponding provisions”; as a very serious infraction. Article 54 penalizes “Disposing of ordinary waste by burning, landfilling of non-organic waste, or abandonment of ordinary waste on public roads, sewer systems, springs (nacientes), watercourses and their protection zones; as well as on private property not authorized for such purposes”. Article 60 describes the following criminal act of illicit waste trafficking, stating that “...A prison sentence of two to fifteen years shall be imposed on any person who, without authorization, exports, imports, transports, stores, markets, or circulates hazardous, bioinfectious, or radioactive waste or substances. The penalty shall be from six months to three years if these conducts are carried out with other types of waste and without authorization”. In this vein, Article 62 of the same Law No. 8839 establishes a type of joint and several liability for the damages caused to the environment due to the administrative and criminal infractions previously mentioned, which falls upon the “holders of the companies or activities where the damages are caused”. This constitutes yet another reason to consider that the plaintiff also has the duty to prevent the occurrence of the environmental impact repeatedly indicated. Likewise, Article 66 of the General Law of Public Administration provides that the “...powers of authority and their exercise, and public duties and their fulfillment, shall be non-waivable, non-transferable, and imprescriptible...”; in this specific case, the consequence is that the Director of the Health Rector Area was bound by that power-duty to decide on the legal situation that was technically affecting the collective interest in the area of health. “B.- The content of the order is not only unlawful, but also impossible to fulfill”. In this section, the plaintiff company again argues that the sanitary order issued is unlawful, without adding arguments different from those addressed in the previous section, but adds that it is impossible to fulfill because the works ordered cannot be carried out without the reception of waste. It explains that proceeding with the technical closure without filling the useful life of the project is a substantial modification of the original conception of the Sanitary Landfill, as well as of the original designs, permits, and procedures approved in SETENA and in the Ministry of Health itself. It insists that it was materially impossible to respect the plans approved by the CFIA if, at the same time, a design variation was imposed by prohibiting the entry of waste into the largest portion of the project. Therefore, it considers that the co-defendant, at a minimum, acted with gross negligence, by never considering that she was altering the original design, restricting the waste reception capacity, and substantially altering the project's operation. Furthermore, it points out that the intervention of the co-defendant Morales Fiesler, who unilaterally resolved the conflict without competence to do so, and the imposition of works that depend on the entry of waste, constitute contradictions and actions outside her jurisdiction. It also questions the obligation to make modifications not authorized or approved by the authorities, in addition to pointing out that the property owner must bear the cost of any redesign, which has not occurred, and that the plaintiff lacks standing to process permits or modify projects on land that does not belong to it. Consequently, it concludes that the sanitary order is unlawful, issued without competence, and impossible to fulfill, and therefore its nullity is requested. Criterion of the Court. At this instance, the position for resolving is based on an exhaustive analysis of the legal framework and the specific circumstances surrounding the case. The plaintiff bases its argument on the existence of a contractual process with the Municipality of Cartago, as well as on the approval of the technical closure project by SETENA and the CFIA. However, from the recitals section of the sanitary order issued under number CE-ARSC-OS-0138-2019, it clearly emerges that this action is based on the technical report CE-ARS-R-0096-2019 prepared by the Health Regulation Process. This technical report conclusively evidences the imminent and serious risk to public health resulting from an inadequate management of the sanitary landfill in question. In particular, the document warns that in the sector owned by the Municipality of Cartago, where an adequate sanitary disposal of solid waste is no longer carried out, a situation of deterioration and dangerousness in waste management has arisen. Specifically, it points out that maintenance work and technical closure works are not being carried out, which has led to the pooling of leachate, the exposure of waste, and the extremely deteriorated sanitary condition of the site. These conditions constitute a direct risk to the population’s health and, therefore, in themselves justify the adoption of immediate corrective measures, in line with the principles of public health protection and current environmental regulations. In accordance with the foregoing, it is evident that the basis of the administrative action cannot be subject to interpretations that limit its obligations to the detriment of public health. Regarding the plaintiff’s argument, a fundamental inconsistency is observed in its conclusions, given that it starts from an erroneous premise: it maintains that the clauses of the contract or the conditions of the project, by virtue of which management has been approved, could somehow bind the Ministry of Health, in particular the Director of the Health Rector Area, limiting her legal competencies. This interpretation lacks foundation in the legal system, since health and environmental regulations clearly establish the competencies and responsibilities of said entities, without any subordination or imposition that limits their action to safeguard public health. Therefore, the modification of the project, even if it had been previously approved, does not constitute an impediment for the competent authority to comply with the orders issued in protection of public health. Non-observance or non-compliance in the execution of the project or in the technical closure obligations cannot serve as an excuse to postpone measures that prevent irreparable damage to the community. The technical or administrative impossibility at a given moment does not exempt the obligation to act in protection of health, provided there is a demonstrable and real risk, such as the one detected in this case. In conclusion, the sanitary order and the actions aimed at correcting the situation may require modifying previous contractual or administrative provisions, but they are equally mandatory by virtue of the legal and constitutional duty to protect health and the environment, and there is no evidence that it is technically impossible to fulfill, nor that the purpose of the sanitary order was the hetero-compositive solution to the conflict between the Municipality of Cartago and the plaintiff company. The evidence presented and the applicable legal considerations make it clear that the health authority acted in the exercise of its competencies, in full respect of the regulatory framework, and in response to a situation of serious risk for the community. “C.- The sanitary order disregards the regulations issued by the same Ministry.” The plaintiff company argues that the questioned sanitary order breaches current regulations, specifically the Regulation on Sanitary Landfills (Decreto Ejecutivo No. 38928-S), by ordering the technical closure of a landfill without all its cells having reached their maximum capacity, which contravenes the principles of legality and the definition of “useful life” and “cell” (celda) established in said regulation. The use of the cells to their full capacity is fundamental to guarantee the legality of the landfill’s operation, and the order, by preventing the reception of waste without an approved redesign, disregards these technical and regulatory parameters, in addition to deviating from the calculations and permits granted by the Ministry of Health. This not only violates the provisions of the regulation but also contravenes the environmental and technical objectives of the project, which necessitates the declaration of nullity of the order due to its illegality and contradiction with current regulations. Criterion of the Court. Regarding the restriction on not receiving waste, the defendant party is correct in pointing out, as recorded in the administrative file at folios 3122 and following, the existence of official communication MS-DRRSCE-URS-0714-2019, signed by Engineer Jesús Zamora Hidalgo, from the Health Stewardship Unit of the Regulation Process of the Ministry of Health. In said document, it is certified that the decision to limit the entry of waste into the sanitary landfill simply represents a restriction on the initially established capacity, without this resulting in any impact on the stability, integrity, or maintenance of the works. The health authority concludes that this measure does not contravene the current technical regulations nor affect the original design or functioning of the landfill, since it is a limitation on normal operations, without altering the final disposal of the waste or compromising the system’s stability. The same communication clarifies that the actions carried out in no way violate the landfill’s design principles, as they only restrict the entry capacity, without modifying the works or affecting structural safety, and furthermore, if they had been executed in strict compliance with the regulations, a re-engineering of the project or a new design would not be necessary. The plaintiff, on the other hand, sought to be allowed to continue with the partial functioning of the landfill, basing its argument on the fact that the non-compliances were restricted to lands owned by the Municipality, without recognizing that the restriction imposed by the sanitary order responds to the protection of public health and not to a technical or contractual condition that prevents the total closure of the operation. Likewise, regarding the grounds for nullity, the plaintiff invokes the alleged violation of Articles 3 and 12 of the Regulation on Sanitary Landfills, Decreto Ejecutivo No. 38928-S, on which it bases its arguments on the principles of legality and the absolute non-derogability of regulations. However, the cited articles in their interpretation do not establish imperative obligations that prevent the adoption of sanitary measures for early closure. Indeed, Article 3 defines essential concepts such as “cell” (celda), “sanitary landfill” (relleno sanitario), and “useful life” (vida útil), in a purely conceptual and informative sense, intended to facilitate normative understanding, without creating legal obligations that restrict the health authority’s power to make decisions in the protection of public health. For its part, Article 12 establishes the requirements for the submission of plans and a design report, as well as the operation and maintenance manual, related to the planning and technical justification of the project. The interpretation attempted by the plaintiff, in the sense that these definitions and requirements limit or condition the health authority’s power to order the closure of the landfill before exhausting its capacity, lacks support in the regulatory text, since the definitions do not contain an imperative mandate that prevents acting in situations of imminent risk to public health. In short, the cited regulations do not establish an express mandate that prevents the adoption of sanitary measures in response to emergencies or imminent risks, such as the questioned sanitary order, which is grounded in the protection of public health given the existence of uncontrolled dangers. Therefore, the proper interpretation of these provisions cannot contradict the authority and the necessity of adopting sanitary measures that safeguard the population’s well-being, in accordance with the legal system and current regulations. It is argued that the issued sanitary order generates absolute nullity due to its contradiction with current regulations, in particular with the Regulation on Sanitary Landfills (Decreto Ejecutivo No. 38928-S). It is unfounded and openly illegal to attempt the technical closure of a sanitary landfill without all its cells being filled to their maximum capacity, as this contravenes the principles of legality and the singular non-derogability of regulations. According to Article 3 of the cited regulation, the definitions of “cell” (celda), “sanitary landfill” (relleno sanitario), and “useful life” (vida útil) are fundamental to understanding the functioning of these projects. The cells are the core of the sanitary landfill, designed to receive compacted waste and cover material. The useful life, for its part, refers to the estimated period to complete all cells according to the approved original design. The administrative measure in question entails non-compliance with this principle by modifying the established parameters and ordering a technical closure without exhausting the projected capacity. The Regulation on Sanitary Landfills requires that a landfill be used at 100%, as evidenced by other provisions, such as Article 12. This article points out that calculations related to volumetric capacity and useful life are essential during the design and approval of the project. It was based on these calculations that the Ministry of Health granted the operating sanitary permit, extended until the year 2023. Finally, the questioned order, by prohibiting the reception of waste on municipal lands, deviates from the approved designs, without proposing, evaluating, or approving a redesign in accordance with the regulation. This not only contradicts the environmental and technical objectives of the project but also represents an action contrary to the legal system, thus reinforcing the alleged nullity. “D.- Absolute nullity supervening, due to the disappearance of the alleged ‘motive’.” In this section, the plaintiff company centers its argument of absolute supervening nullity of the sanitary order on the basis that co-defendant Morales Fiesler, without judicial competence, intervened in a dispute between a company and the Municipality of Cartago, harming the affected party. The plaintiff maintains that said order lacks validity because the dispute has already been resolved through a conciliation agreement, which eliminates the motive that justified its issuance. Based on Article 159 of the General Law of Public Administration, it argues that the order must be declared null and void due to this supervening cause, as the motive that supported it has disappeared. Criterion of the Court. Firstly, it is pertinent to point out that the plaintiff is mistaken in correctly identifying the motive of the questioned administrative act. The sanitary order issued by the Director of the Health Area has as its primary purpose to prevent an impact on public health deriving from the inadequate management of the sanitary landfill, by virtue of the fact that the Technical Unit of the Ministry of Health has accredited, within the context of the administrative procedure, that a sanitary risk exists requiring immediate intervention. It is important to highlight that, in accordance with the applicable regulatory framework and the text of the act itself, the basis of this formal administrative conduct is not limited to the resolution of a conflict of a contractual nature; rather, its main motivation derives from the protection of the public interest in health matters. The purpose of the sanitary order, in that sense, transcends the mere legal relationship between the Municipality and the plaintiff company, since it responds to the State’s obligation to guarantee appropriate sanitary conditions and prevent risks to the population, regardless of the litigious aspects between private parties. In this context, the existence of a controversy over the legal-administrative relationship between the Municipality and the company does not, in itself, affect the validity or the purpose of the sanitary act. The function of this order is, essentially, to protect public health preventively, congruent with the guiding principles of administrative health law, as well as with the constitutional and legal obligations assumed by the health authorities. Consequently, the conclusion that the dissolved particular controversy or the existence of a conflict between the parties implies the nullity of the sanitary order lacks legal basis. The order was issued with a clear and legitimate purpose, which is the protection of the inhabitants against a situation of sanitary risk, and not to resolve disputes of a civil or contractual nature. Therefore, this argument must be rejected without further delay. Finally, in view of the foregoing, the Court will proceed to analyze in the following recitals the liability and compensation that, if applicable, is required.

VII.- Claim for Compensation. As its final claim, the plaintiff requests that, in accordance with the Contentious-Administrative Procedural Code, in its Article 122.m.iii), which empowers the Court to rule in the abstract on damages, even when their existence or amount is not proven, provided it can be concluded that they derive from the administrative conduct or legal-administrative relationship that is the subject of the claim. In this case, it maintains that the order to stop receiving solid waste not only implies the loss of income from the useful life volume of the project but also causes the early closure of the sanitary landfill’s commercial operation. It is argued that the absolute nullity of the Ministry of Health’s action, in accordance with Articles 190 and 191 of the General Law of Public Administration, generates patrimonial liability for the State for its unlawful conduct, and that co-defendant Morales Fiesler must respond jointly and personally. Among the damages claimed are: (i) the lost billing for each ton of solid waste not admitted, and (ii) the loss of commercial opportunities due to the early closure of the sanitary landfill. As for the personal liability of co-defendant Morales Fiesler, it is argued that her conduct was marked, at a minimum, by gross negligence. She contravened express recommendations from the technical body of the Health Rector Area, including the recommendation to refer the case to the Regional Level, lacking adequate motivation. Furthermore, she acted beyond her competencies, adding unlawful content and non-compliance with the initially approved designs. It is concluded that the official did not fulfill her duty of care, evidencing a lack of diligence, expertise, and prudence. This conduct is qualified as inexcusable, and therefore, it is demanded that she respond jointly with the Administration for the damages caused. Criterion of the Court. However, it having been demonstrated in the proceedings that the administrative conduct is not contrary to law, the criterion for imputation established by the administrative legal system for liability due to unlawful conduct to arise is not met. Consequently, and since the damages claimed were accessory, having rejected the declaratory claim, the claim for compensation must suffer the same fate, and with that, the lawsuit is rejected in all its aspects. -

VII.- Exceptions. Due to what has been stated in the previous recitals, the exception of lack of right asserted by both defendants, the State and Mrs. Andrea Fiesler, is upheld, and therefore the lawsuit filed against them is declared without merit in all its aspects; given that the legal system does not protect what was argued and requested by the plaintiff regarding the nullity of the questioned acts, that is, the sanitary order issued against the plaintiff.

VIII.- On Costs. Article 193 of the Contentious-Administrative Procedural Code establishes that procedural and personal costs shall be imposed on the losing party for the mere fact of being so, a ruling that must be made even ex officio, according to the provisions of that same rule, in accordance with article 119.2 of the same code. From articles 193 and 194 of the Contentious-Administrative Procedural Code, it is extracted that the exceptions to the previous rule are: a) when the judgment is rendered by virtue of evidence whose existence the opposing party plausibly could not have known and, for this reason, the party’s opposition had been justified. b) By the nature of the issues debated, there was, in the Court’s judgment, sufficient reason to litigate; and c) There shall be no award of costs when the winning party has incurred in plus petitio, and there will be plus petitio when the difference between what was claimed and what was definitively obtained is fifteen percent (15%) or more, unless the bases of the claim are expressly considered provisional or their determination depends on judicial discretion or expert opinion. In this case, this Court does not find that we are before any of the aforementioned exceptions that would allow breaching the postulate of imposing costs on the losing party, and in that sense, the appropriate course is to order the plaintiff to pay the costs and their interest from this process, in favor of the State and Mrs. Andrea Fiesler, the same to be determined in the judgment execution phase. -

POR TANTO:

The exception of lack of right asserted by both defendants, the State and Mrs. Andrea Fiesler, is upheld, and therefore the lawsuit filed against them is declared without merit in all its aspects. The plaintiff is ordered to pay the costs and their interest, in favor of the defendants, which shall be determined and liquidated in the judgment execution phase, once this judgment becomes final. Francisco José Chaves Torres, Judge. Evelyn Solano Ulloa, Judge. Aline Solano Ramírez, Judge. -

Prohibited its reproduction and/or distribution for profit.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 09:15:04.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República