Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)De lo anterior se puede afirmar que ambos procesos nacen de la potestad expropiatoria (se reitera) del artículo 45 de nuestra Carta Magna que dispone en lo que interesa: “ La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley”. [...] Es así que desde sus inicios el legislador reguló el procedimiento de expropiación circunscrito al pago justo del valor del inmueble, sin discutir la potestad expropiatoria de la Administración [...] lo que se regula como se vio anteriormente, es el monto de la indemnización o justiprecio; en consecuencia es claro que el acto ablatorio es dictado por la Administración Pública y no por el juez [...] Ahora bien, una vez expropiado don [Nombre 007] por medio del decreto emitido por la Administración conforme se desprende de los autos que desde la resolución de las 10:5 hrs del 20 de abril de 1978 el expropiado tenía conocimiento de que el ICE ya estaba autorizado para entrar en posesión de dichos terrenos y con la sentencia 464 del 15 de julio de 1986 se fija el justiprecio y se da la autorización para la protocolización de piezas, y a pesar de haber retirado el dinero de las cuentas del Juzgado y estar conforme con lo resuelto (por cuanto ya el expediente se encontraba archivado) el señor ([Nombre 007]) en una acto contrario a derecho se apersona ante el notario Germán Guillen Castro y otorga escritura número 165 de fecha 10 de noviembre de 1992 mediante la cual dona por partes iguales a sus hijos [Nombre 008], [Nombre 003], [Nombre 009] y [Nombre 002] todos ([Nombre 009], [Nombre 002], [Nombre 008], [Nombre 003]), las fincas inscritas en el Partido de Guanacaste número [Valor 013],[Valor 014] y [Valor 015], que ya no eran de su propiedad, se reitera, desde el acto ablatorio dictado por el Ejecutivo en el Decreto Ejecutivo número 8031-G del 20 de febrero de 1978, acto que tomó eficacia al momento de la orden que dio el juzgado de entrar en posesión de los terrenos, sea el 20 de abril de 1978.
[...] En este orden de ideas estima este Tribunal que tanto el señor [Nombre 010] como los demás codemandados Innotec Trading CR SRL., Lualhe de Tilarán S.A. Importacones Murisol S.A. [Nombre 015], [Nombre 016], Murarti S.A. son terceros de buena fe que adquirieron los inmuebles a la luz de la publicidad registral, y conforme se indicó líneas atrás, esta figura presupone que una persona, ya sea física o jurídica, adquiere un bien con la creencia de que éste es transmitido por el propietario legítimo y con la ignorancia de los posibles vicios de la adquisición, como sucedió en este caso, sea que el señor ([Nombre 010]) no tenía jamás la posibilidad material de suponer que dichos terrenos eran demaniales y por consiguiente, fuera del comercio de los hombres, si el mismo banco actuando también de buena fe en el negocio del arriendo comercial del dinero al momento de hacer la garantía hipotecaria no pudo advertir que existía alguna indicación registral sobre el estado de dichas fincas [...]
English (translation)From the above it can be affirmed that both processes stem from the expropriation power (it is reiterated) of Article 45 of our Magna Carta which provides, as relevant: “Property is inviolable; no one may be deprived of what is his except for legally proven public interest, upon prior compensation in accordance with the law.” [...] It is thus that from the outset the legislator regulated the expropriation procedure circumscribed to the fair payment of the value of the property, without discussing the Administration's expropriation power [...] what is regulated, as seen above, is the amount of compensation or fair price; consequently it is clear that the expropriatory act is issued by the Public Administration and not by the judge [...] Now, once Mr. [Name 007] was expropriated by means of the decree issued by the Administration, as shown in the record, from the resolution of 10:05 a.m. on April 20, 1978 the expropriated party knew that the ICE was already authorized to enter into possession of said lands, and with judgment 464 of July 15, 1986 the fair price was set and authorization was given for the protocolization of documents, and despite having withdrawn the money from the court's accounts and being in conformity with the resolution (since the file was already archived), Mr. ([Name 007]) in an act contrary to law appeared before Notary Germán Guillen Castro and granted deed number 165 dated November 10, 1992 whereby he donated in equal parts to his children [Name 008], [Name 003], [Name 009] and [Name 002] all ([Name 009], [Name 002], [Name 008], [Name 003]), the registered farms in the District of Guanacaste number [Value 013], [Value 014] and [Value 015], which were no longer his property, it is reiterated, since the expropriatory act issued by the Executive in Executive Decree number 8031-G of February 20, 1978, an act that became effective upon the court's order to enter into possession of the land, i.e., April 20, 1978.
[...] In this order of ideas, this Court considers that both Mr. [Name 010] and the other co-defendants Innotec Trading CR SRL., Lualhe de Tilarán S.A. Importaciones Murisol S.A. [Name 015], [Name 016], Murarti S.A. are good-faith third parties who acquired the properties in reliance on the public registry, and as stated above, this concept presupposes that a person, whether natural or legal, acquires an asset believing that it is transferred by the legitimate owner and unaware of possible defects in the acquisition, as happened in this case, i.e., Mr. ([Name 010]) never had the material possibility of supposing that said lands were public domain and therefore outside commerce, if the same bank, also acting in good faith in the commercial loan transaction when creating the mortgage guarantee, could not notice any registry indication about the status of said farms [...]
Partially granted
Grande Normal Pequeña Tribunal Contencioso Administrativo Resolución Nº 06570 - 2025 Fecha de la Resolución: 03 de Julio del 2025 a las 08:59 Expediente: 16-004187-1027-CA Redactado por: Eleuterio Rodolfo Marenco Ortiz Clase de asunto: Proceso de conocimiento Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias del mismo expediente Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Administrativo Tema: Bien demanial Subtemas: Características jurídicas de los bienes demaniales derivadas de su afectación al uso público. Tema: Dominio público Subtemas: Características jurídicas de los bienes demaniales derivadas de su afectación al uso público. Tema: Expropiación Subtemas: Determinación de la naturaleza demanial de un bien adquirido por expropiación. "V.- GENERALIDADES SOBRE LOS BIENES DEMANIALES Y PATRIMONIALES DEL ESTADO. [...] Así nuestro Código Civil de corte liberal, desde su aprobación en su artículo 261 dispuso: “Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público. Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona”. Tal regulación genérica de las cosas de naturaleza demanial o privada ha llevado a la doctrina y los tribunales a realizar alguna serie de conceptualizaciones sobre lo que debe entenderse por bienes de dominio público y bienes de dominio privado en relación con los perteneciente al Estado, precisando primeramente que la Administración Pública como cualquier sujeto de derecho puede tener titularidad sobre bienes de dominio público, como sobre bienes de domino privado [...] A partir de que un bien adquiere esa naturaleza pública, adopta también sus atributos o características, y por lo tanto, inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo cual se extrae del ordinal 262 del Código Civil al indicar que las cosas públicas se encuentran fuera del comercio de los hombres; al respecto la Sala Constitucional desde viejas datas en la sentencia número 2306-91 del 6 de noviembre de 1991 indicó: “El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son los llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres [...] Sobre este tema y en consonancia con lo indicado por nuestro máximo órgano constitucional esta Sección con otra integración expresó: “ III)- EN CUANTO AL EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS BIENES DEMANIALES: Los bienes demaniales, dominicales o de dominio público o cosas públicas son aquellos que se encuentran afectos por ley de un modo permanente a un servicio de utilidad pública o entregados al uso público de modo que todos pueden aprovecharse (artículo 261 del Código Civil). Este tipo de bienes inmuebles propiedad de la Administración Pública Central y descentralizada (Municipalidades) gozan de las características de ser inembargables, inalienables e imprescriptibles, razón por la cual no podrán ser objeto de posesión por parte de los particulares, sólo de permiso o concesión [...] De acuerdo con el concepto corriente indicado hasta aquí, se puede sintetizar que el dominio público es un conjunto de bienes que de acuerdo con el ordenamiento jurídico, pertenecen a una entidad estatal, hallándose destinados al uso público directo o indirecto de los habitantes. Esta noción supone cuatro elementos, que fueron desarrollados extensamente por Marienhoff y traídos a nuestra doctrina nacional por medio del autor Eduardo García de Enterría. Tales elementos son los siguientes: 1) Subjetivo: Quién es el titular del dominio público. 2) Objetivo: Cuáles son los bienes del dominio público. 3) Normativo: En virtud de qué normas están incorporados al dominio público. 4) Teleológico: A qué fin están destinados los bienes del dominio público [...] V. [...] 1) Naturaleza jurídica de los bienes inmuebles objeto del proceso. [...] B) Objetivo. De acuerdo con la doctrina, este elemento hace referencia a que el bien sometido al régimen de domino, se encuentre en poder de la autoridad pública, sea por un título traslativo de dominio como puede ser una escritura o un título de dominio público como es la expropiación, en este caso, el traslado del dominio se dio por medio de la expropiación, pero se debe entender esta adquisición del dominio no por el acto de inscripción (en el sub examine inscripción de la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso) sino por medio del acto administrativo que declara la utilidad del bien y ordena realizar las gestiones para indemnizar (Decreto de expropiación). [...] Para explicar este punto hay que partir de la premisa que el proceso de expropiación nace como una herramienta de carácter constitucional, conocida como potestad de expropiación, siendo diseñada por el legislador bajo un doble esquema. Un procedimiento administrativo donde se genera el acto expropiatorio y se le comunica al dueño el avalúo del terreno, permitiendo así, en caso de aceptarlo, entrar en posesión del bien una utilización inmediata del mismo para la utilidad pública; empero en caso de no ser aceptado el avalúo, surge en sede jurisdiccional un proceso sumario limitado a determinar el “justi precio” sin poder discutir las partes ningún otro aspecto relacionado con la expropiación; de lo anterior se puede afirmar que ambos procesos nacen de la potestad expropiatoria (se reitera) del artículo 45 de nuestra Carta Magna que dispone en lo que interesa: “ La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley” [...]". . ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Texto de la resolución Documento PJEDITOR ???????????????? EXPEDIENTE: 16-004187-1027-CA - 1 PROCESO: CONOCIMIENTO ACTOR/A: INSTITUTO COSTARRICENCE DE ELECTRICIDAD DEMANDADO/A: [Nombre 002] N° 2025006570 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos del tres de Julio del dos mil veinticinco.- Proceso de Conocimiento Puro Derecho, interpuesto por Instituto Costarricense de Electricidad, representado por el Lic. Luis Salazar Solís, mayor, abogado, carné de colegiado número 207, en su condición de Apoderado Especial Judicial contra la Junta Administrativa del Registro Nacional, representada por su Apoderado Especial Judicial, Lic. Alberto Herrera Porras, mayor, abogado, carné de colegiado número 20084, El Estado, representado por las letradas Licda. Marcela Ramírez Jara, mayor, abogada, carnet de colegiada número 11396, y; Licda. Ariana Arias Murillo, mayor, abogada, carné de colegiado número 21530; Banco Nacional de Costa Rica, representado por el Lic. Andrés Bogarín Bustamante, mayor, abogado, carnet de colegiado número 19132; Inotecc Trading Costa Rica SRL, representada por el Lic. Willam Villegas Barrantes, abogado, carnet de colegiado número 20713, [Nombre 010], Lualhe de Tilarán S.A. Importaciones Murisol S.A. [Nombre 015], [Nombre 016], Murarti S.A. todos representados por los letrados Lic. Carlos Espinoza Salas, mayor, abogado, carné número 5782, y, Antonio Murillo Solorzano, mayor abogado, carnet de colegiado número 10320; [Nombre 002], [Nombre 009], [Nombre 008] todos ([Nombre 002], [Nombre 009], [Nombre 008]), Sucesorio [Nombre 003], todos representados por el Lic. Rafael Alberto López Campos, mayor, abogado, carné número 4218. CONSIDERANDO I.- ASPECTOS PRELIMINARES. Que en fecha 22 de noviembre del 2016 el Instituto actor presentó proceso ordinario, peticionando que en sentencia se declare lo que a continuación se transcribe literalmente: “1. La nulidad de la escritura número 61, visible al [Valor 017] del protocolo del Notario Rafael Ortega Ayón, mediante el cual se reúnen las fincas número [Valor 002] al 004 y [Valor 003] al 004, todas de la Provincia de Guanacaste. 2) Nulidad del acto de constitución e inscripción dictado por el Registro Nacional de la finca [Valor 001] del Partido de Guanacaste. 3) Nulidad de todo lo actuado y resuelto en el proceso ejecutivo hipotecario tramitado ante el Juzgado Mixto de Grecia, expediente judicial número 403-94. 4) Nulidad de los actos de constitución e inscripción dictados por el Registro Nacional de las fincas del partido de Guanacaste con las siguientes matrículas de folio real: [Valor 004], [Valor 005], [Valor 006], [Valor 007], [Valor 008], [Valor 009], [Valor 010], [Valor 011] y [Valor 012]. 5) Como consecuencia de las nulidades antes indicadas se resuelva en sentencia que quedan nuevamente constituidas las fincas del partido Guanacaste con las siguientes matrículas: [Valor 013], [Valor 014] y [Valor 015] y que se ordene al Registro Nacional la inscripción de dichas fincas a nombre del Instituto Costarricense de Electricidad en cumplimiento de lo dispuesto por la sentencia judicial del Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda dictada a las 16:00 horas del 15 de julio de 1968 dentro del expediente judicial Número 1216-78. 6) Que se condene a los codemandados en forma solidaria al pago de los daños y perjuicios ocasionados al patrimonio del Instituto Costarricense de Electricidad como consecuencia de la desposesión de las fincas del Partido de Guanacaste de matrícula [Valor 013], [Valor 014] y [Valor 015], lo que devino en una pérdida de la inversión financiera que realizó mi representada para adquirir y ejercer el dominio sobre dichas fincas, así como los intereses sobre dicha sumas. Se estima prudencialmente en la suma de cincuenta millones de colones, monto que podrá fijarse definitivamente de acuerdo al dictamen del perito actuario matemático. 7) Que se condene a los codemandados en forma solidaria al pago de los daños ambientales por el ejercicio del domino de fincas destinadas a servir como zonas de protección al Embalse Arenal. Se estima prudencialmente en la suma de diez millones de colones monto que podrá variar definitivamente de acuerdo al dictamen del perito ambiental. ) Que se condene a los codemandados al pago de todas las costas de este proceso judicial ”. 2.- Que la Junta Administrativa del Registro Nacional se apersona a los autos por escrito del 21 de marzo de 2017, se opone a la demanda e interpone la defensa de caducidad de la acción, falta de legitimación pasiva y falta de derecho. 3.- Por escrito del 25 de abril de 2017 la representación estatal se opone a la demanda e interpone las defensas de falta de legitimación y falta de derecho. 4.- Por escrito presentado el 16 de enero de 2018 los señores [Nombre 002], [Nombre 009], [Nombre 008] todos ([Nombre 008], [Nombre 009], [Nombre 002]), se oponen a la demanda e interponen las excepciones de prescripción, falta de legitimación, falta de interés actual, falta de derecho. En el mismo escrito presentan reconvención en contra del ICE, solicitando que el reconvenido por imposibilidad de restitución o reivindicación inmediata de la finca material, al pago de daños y perjuicios que consisten en el pago del inmueble de la finca de Guanacaste número [Valor 015] y de la imposibilidad de haberla utilizado desde 1992 y hasta la fecha de su efectivo pago más los intereses legales del monto establecido hasta su efectivo pago, la indexación del tal monto y el pago de ambas costas. 5.- En escrito presentado el 16 de julio de 2019, la Albacea de la Sucesión [Nombre 003] contesta negativamente e interpone las excepciones prescripción, falta de legitimación, falta de interés actual, falta de derecho. En el mismo escrito presentó reconvención en contra del ICE y solicitó que por imposibilidad de restitución o reivindicación inmediata de la finca material, al pago de daños y perjuicios que consisten en el pago del inmueble de la finca de Guanacaste número [Valor 015] y de la imposibilidad de haberla utilizado desde 1992 y hasta la fecha de su efectivo pago más los intereses legales del monto establecido hasta su efectivo pago, la indexación del tal monto y el pago de ambas costas 6.- En escrito del 05 de abril de 2017 se apersonaron el señor [Nombre 010], [Nombre 015], Lualhe de Tilarán S.A. Importaciones Murisol S.A. [Nombre 016], Murimarti S.A. oponiédose a la demanda e interpusieron las excepciones de caducidad y prescripción, falta de legitimación, falta de derecho. 7.- Por escrito presentado el 24 de mayo de 2017 Innotec Trading CR Sociedad Responsabilidad Limitada se opone a la demanda e interpone las excepciones de prescripción, falta de legitimación, falta de derecho. En el mismo escrito interpone reconvención solicitando se condene al ICE al pago de los daños y perjuicios ocasionados por sus acciones y omisiones los cuales valora prudencialmente en la suma de ciento veinte millones de colones y la costas del proceso. 8.- Que el 16 de febrero del 2021, se efectuó la audiencia preliminar en la cual se fijaron las pretensiones como se estilaron en el escrito de demanda, con la aclaración de que los daños y perjuicios solicitados, así como las costas del proceso lo son respecto a los sujetos privados demandados quienes son los dueños registrales de los inmuebles objeto del proceso y no contra ninguno de los sujetos públicos demandados. 9.- El juicio oral se efectuó los días 11 y 13 de marzo de 2024. Se recibieron los testigos y peritos de los profesionales Luis Rodríguez Astúa y José Miguel Blanco Mazariego. Se desistió del testimonio del señor Rodolfo Herrera. Se declaró inevacuable el testimonio del señor Claudio Zeledón Rovira. En los procedimientos se han observado los términos y prescripciones de ley, y no se notan vicios u omisiones susceptibles de producir nulidad o indefensión a las partes. Se emite este fallo por Unanimidad y previa deliberación dentro del plazo de ley. Redacta el juez Marenco Ortiz con los votos afirmativos de la jueza Laura García Carballo y el juez Paulo André Alonso Soto. II.- HECHOS PROBADOS: De importancia para la resolución de este asunto se tienen por demostrados los siguientes hechos: 1) Que para la fecha 11 de mayo de 1977 el señor [Nombre 003] Rojas era el propietario registral de la fincas inscritas en el Partido de Guanacaste Folio Real Mecanizado Número [Valor 013], [Valor 014] y [Valor 015] (hecho no controvertido por las partes, imagen 92, diligencias expropiatorias CD1). 2) Que por decreto ejecutivo número 8031-G del 20 de febrero de 1978, el Poder Ejecutivo declaró de utilidad pública las fincas indicadas en el hecho probado anterior y determinó el monto a indemnizar. El decreto fue publicado en La Gaceta Número 46, Alcance Número 35 del 6 de marzo de 1978 y en él se dispuso: “DANIEL ODUBER QUIRÓS. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN, POLICÍA, JUSTICIA Y GRACIA. CONSIDERANDO. 1- El Instituto Costarricense de Electricidad necesita adquirir para que forme parte del Embalse del Proyecto Hidroeléctrico de Arenal, como sus propiedades Números 146 y 200, tres inmuebles pertenecientes al señor [Nombre 007]. 2- Las citadas propiedades fueron valoradas por el Tribunal Fiscal Administrativo según avalúo número 14469-E aprobado por resolución número 102 de las 11:15 horas del 24 de mayo de 1977, en la suma global de doscientos sesenta y cuatro mil novecientos treinta y ocho colones (261.938,00) cantidad que incluye además de los inmuebles el valor de una casa de habitación, un caedizo, galerón para terneros, tanque para captación de agua y cañería existente, conforme los describe el respectivo avalúo y se hace necesario recurrir a los trámites de expropiación forzosa en virtud de aparecer hipotecados los terrenos referidos, cuyo monto no cumbre lo adeudado. 3- La Ley Número 2292 de 20 de noviembre de 1958 declara de utilidad pública la adquisición de inmuebles y la constitución de servidumbres de cualquier naturaleza necesario para los programas de electrificación del referido Instituto, remitiendo en los caos de expropiación forzosa al procedimiento prescrito por la Ley Número 1371 del 10 de noviembre de 1951, de Expropiaciones para el Aeropuerto El Coco, hoy Juan Santamaría. 4- De acuerdo con estudios técnicos realizados por el expresado Instituto, está suficientemente demostrada la utilidad pública y la urgencia de la adquisición de los inmuebles citados por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política y la Leyes Número 2292 y 1371 mencionadas procede decretar la expropiación correspondiente. POR TANTO. DECRETAN: Artículo 1. Exprópiese al señor [Nombre 007] sus fincas del Partido de Guanacaste así: a) [...] que es terrenos de pastos y demás detalles que indica el Registro; b) [...], que es terreno de pasto y demás detalles que indica el Registro; y c) [...], que es terreno de pasto, los tres inmuebles situados en La Argentina de Santa Rosa de Tilarán, distrito cuarto del cantón octavo de Guanacaste. La expropiación se realiza de conformidad con los planos Números 119-3-188, lote 146 y 119-3-196, lote 200, levantados por el Instituto Costarricense de Electricidad en agosto y septiembre de 1976 por su orden. Artículo 2. Los demás datos necesarios serán suministrados oportunamente por el Instituto interesado al correspondiente Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Artículo 3. Este decreto rige a partir de su publicación. Dado en Casa Presidencial, San José a los veinte días del mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho” (imagen 100, expediente pruebas CD 2). 3) Dicho monto no fue aceptado por el expropiado y el ICE inició las diligencias judiciales de expropiación ante el Juzgado Primero del Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda bajo el expediente judicial número 1216-78 para fijar el justiprecio (imagen 1-104 diligencias expropiatorias CD 1). 4) Por medio de resolución de las diez horas cincuenta minutos del 20 de abril de 1978 el Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en lo conducente, dispuso: “Por depositado el precio fijado administrativamente se autoriza al Instituto expropiante entrar en posesión de los terrenos expropiados (…) En consecuencia el Instituto Costarricense de Electricidad se encuentra en posesión judicial de los expresados inmuebles desde el veinte de abril de mil novecientos setenta y ocho…” (imagen 88 expediente diligencias de expropiación CD 1). 5) Que por medio de la sentencia número 464 del 15 de julio de 1986 el Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en lo que interesa fijó el justiprecio y autorizó la protocolización de piezas para sus inscripción a nombre del instituto expropiante (imágenes 90-95, expediente diligencias expropiatorias CD1). 6) Que por escritura número 165 de fecha 10 de noviembre de 1992 ante el notario público Germán Guillén Castro, el señor [Nombre 007] dona por partes iguales a sus hijos [Nombre 008], [Nombre 003], [Nombre 009] y [Nombre 002] todos ([Nombre 009], [Nombre 008], [Nombre 003], [Nombre 002]), las fincas inscritas en el Partido de Guanacaste número [Valor 013], [Valor 014] y [Valor 015] (imágenes 60-69, expediente de pruebas CD 1). 7) Que por escritura número 61 del 20 de enero de 1993 otorgada ante el notario público Rafael Ortega Ayón, los señores [Nombre 002], [Nombre 003], [Nombre 009] y [Nombre 008] todos ([Nombre 002], [Nombre 008], [Nombre 003], [Nombre 009]), reúnen las fincas inscritas en el Partido de Guanacaste números [Valor 013] y [Valor 014], según plano catastrado número G-80239-1992 dando origen a la finca número [Valor 016]. En la misma escritura los señores ([Nombre 009], [Nombre 008], [Nombre 002]) se constituyen deudores del Banco Nacional de Costa Rica e hipotecan la nueva finca reunida inscrita en el Partido de Guanacaste número [Valor 016] (imágenes 55-61, expediente de pruebas CD 1). 8) Que de acuerdo con el plano catastrado número G-80239-1992 que reúne las fincas [Valor 013] y [Valor 014] daba como resultado un área de 228,984,23 metros cuadrados. Que en la escritura de reunión indicada en el hecho probado anterior el notario Ortega Ayón consignó una medida de reunión de la finca en 374,07200 metros cuadrados y por razón notarial del 16 de febrero de 1993, el notario acota que la medida correcta con vista en la matriz es de 509,072,00 metros cuadrados (imágenes 1413 – 1420 del expediente electrónico). 9) Que en fecha 10 de noviembre de 1993 el señor Claudio Zeledón Rovira en su calidad de Apoderado General Judicial del ICE presente ante la Fiscalía de Alajuela denuncia penal contra los señores [Nombre 007], [Nombre 003], [Nombre 002], [Nombre 008] (imagen 47-51, expediente de pruebas CD 1). 10) Que en fecha 1 de diciembre de 1993 el Juzgado de Instrucción de Alajuela procede a dictar el auto inicial de instrucción judicial para averiguar los hechos denunciados contra los imputados [Nombre 007], [Nombre 003], [Nombre 009], [Nombre 002] y [Nombre 008] (imagen 19, expediente de prueba CD 3). 11) En fecha 26 de enero de 1994 por escritura número 32 del protocolo número 40 del notario público Claudio Zeledón Rovira, se procede a la protocolización de piezas de las diligencias de expropiación autorizadas por el Juzgado Primero de lo Contencioso y Civil de Hacienda la cual no se pudo inscribir (imágenes 24-29, expediente de pruebas CD 3). 12) Que en fecha 24 de agosto de 1994 el Juez Penal Rodrigo Carmona Segnini del Juzgado de Instrucción de Alajuela indaga los hermanos ([Nombre 008], [Nombre 009], [Nombre 002]), dentro de dicha indagatoria en lo que interesa todos manifestaron entre otras que “han actuado de buena fe sobre la denuncia penal que el ICE interpuso contra ellos y su padre, e indicaron que la finca fue una donación de su padre, que un día llamó a todos los hermanos, se hicieron los estudios registrales y al no haber ningún tipo de anotación hicieron el traspaso” (imágenes 10-56, expediente prueba CD 4) 13) Que el 31 de agosto de 1994 el Banco Nacional de Costa Rica presenta en el juzgado Civil de Grecia Proceso Ejecutivo Hipotecario contra el señor [Nombre 002] cuya finca dada en garantía es la inscrita en el Partido de Guanacaste folio real número [Valor 001] (imagen 70-80, expediente de prueba CD 6), 14) Que en fecha 15 de febrero de 1995 el Juzgado de Instrucción de Grecia realiza el auto de procesamiento de elevación a juicio contra el señor [Nombre 007] y los hermanos ([Nombre 008], [Nombre 009], [Nombre 002]) por el delito de estelionato (imágenes, 57-80, sentencia penal expediente de prueba CD ). 15) Que el 9 de enero de 1995 se realizó el remate de la finca inscrita en el Partido de Guanacaste Número [Valor 016], siendo adjudicada al señor [Nombre 010] (imagen 1663 expediente electrónico). 16) Por escritura pública 128-5 de fecha 19 de octubre de 1995 el Notario Público Bernal Vega Maroto protocoliza piezas del remate del juicio hipotecario en el cual el señor [Nombre 010] se adjudica la finca inscrita en el Partido de Guanacaste número [Valor 001] propiedad del señor [Nombre 002]. La propiedad quedó debidamente inscrita en el Registro Nacional el 21 de noviembre de 1995, con una medida de cincuenta hectáreas nueve mil setenta y dos metros cuadrados (imágenes1659-1661, expediente electrónico). 17) Que el 18 de marzo de 1997 el fiscal de Grecia solicita al Juzgado Penal presenta el requerimiento de elevación ajuicio de la causa 670-93 contra el señor [Nombre 007] por el delito de estelionato (imagen 4-8, expediente de prueba CD 5). 18) Por sentencia de las 8:25 hrs. del 22 de diciembre de 1997, el Tribunal Superior Penal, Sección Tercera de Alajuela declaró autor responsable del delito de estelionato al señor [Nombre 011] en perjuicio del Instituto Nacional de Seguros y anula escritura número 165 del 10 de noviembre de 1992 otorgada ante el notario Germán Guillén Castro. En dicha sentencia el Tribunal Penal tuvo por probado los hechos acusados e indicó que a pesar de haber pasado más de 6 años de expropiado realiza la donación a sus hijos (imágenes 55-59, expediente de prueba CD 5). 19) Que el nueve de enero de 1995 en la puerta del Juzgado Mixto de Grecia se llevó a cabo la almoneda de la finca indicada en el hecho probado anterior resultando adjudicatario el señor [Nombre 010] (imagen 79 expediente de prueba CD 6). 20) Que la representación del ICE dentro del proceso ejecutivo hipotecario del Banco Nacional de Costa Rica contra los hermanos ([Nombre 009], [Nombre 008], [Nombre 002]) interpuso incidente de nulidad de remate, el cual fue resuelto por el Juzgado Mixto de Grecia mediante sentencia del 23 de junio de 1995, rechazando el mismo y autorizando al notario Bernal Vega Maroto para que protocolice piezas (imágenes 80-84, expediente de prueba CD 7). 21) Por escrito del 11 de agosto de 1998 el Instituto Costarricense de Electricidad presenta en el Juzgado Contencioso y Civil de Hacienda proceso ordinario contra los señores [Nombre 010], [Nombre 007], [Nombre 009], [Nombre 008], [Nombre 002] y [Nombre 003] todos ([Nombre 009], [Nombre 008], [Nombre 003], [Nombre 002]) para que en sentencia se declare: “1) La nulidad de la escritura 61 visible al [Valor 017] del protocolo del notario Rafael Ortega Ayón mediante la cual se reúnen las fincas [Valor 002] al 004 y [Valor 003] al 004 del Partido de Guanacaste, formando la finca [Valor 001] y se constituye gravamen hipotecario sobre esta última. 2) Nulidad de todo lo actuado y resuelto en el proceso ejecutivo hipotecario tramitado en el juzgado mixto de Grecia, expediente número 403-94. 3) Consecuentemente nulidad del remate celebrado en dicho proceso hipotecario por tratarse de una cosa ajena, destinada por ley a fin público por lo que se trata de una cosa pública y por tanto inembargable, imprescriptible y fuera del comercio de los hombres. 4) Que las fincas del Partido de Guanacaste [Valor 002] al 004 y [Valor 003] al 004 que actualmente conforman la finca de guanacaste 86614-000 son propiedad del Instituto Costarricense de Electricidad, o en su defecto que la finca [Valor 001] es propiedad del Instituto Costarricense de Electricidad. 5) Que se orden al Registro Público la inscripción de dichas fincas como propiedad del Instituto Costarricense de Electricidad. Respecto a finca del partido de guanacaste-001-002-003-004 se solicita se declare: 6) Que dicha finca es propiedad del Instituto Costarricense de Electricidad. 7) Que se ordene al Registro Público inscribir dicha finca como propiedad del Instituto Costarricense de Electricidad. 8)Que los demandados son responsable de los daños y perjuicios ocasionados … “ (imágenes 73-82 expediente de prueba CD 8). 22) Por resolución número 1328-2009 del 23 de junio de 2009 el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda declara caduco el proceso. La anterior sentencia fue confirmada por el Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Primera, mediante el voto número 226-2010-I del 23 de abril del 2010 (imágenes 50-69, expediente de prueba CD 14) 23) Por sentencia número 000312-F-2011 la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia conoce recurso de casación en contra la declaratoria de caducidad del proceso declarándolo sin lugar el recurso (imágenes 115-119, expediente prueba CD 15). TESTIMONIOS 1.- Oscar Campos Mejía. Representante Legal Hermanos ([Nombre 008], [Nombre 009], [Nombre 002]). Toda mi vida con don [Nombre 007] era mi tío. Sí conozco a sus hijos. La dedicaba a ganadería. Yo entiendo que don [Nombre 007] la traspasó a los hijos, ya que el ICE venía llenando. La tuvieron poco tiempo y después tuvieron que salir cuando se inundó. La verdad que no sé sobre si tenían idea del pago del ICE. Casi siempre está inundada a veces se ve cuando bajan las aguas. Porque el señor tenía propiedad de calle de por medio allí ponía su ganado. Representación de [Nombre 010] y los otros codemandados. No señor no he observado que el ICE hiciera algo. Representación del ICE. La propiedad es la misma, es algunas veces que se ve. Prácticamente fueron los hijos, echando el agua. 2.- Wilber Campos Quesada. Representante Legal Hermanos ([Nombre 008], [Nombre 009], [Nombre 002]). Yo soy nativo de esa zona. Si conocía a [Nombre 007] era vecino, y a los hijos también los conocí, fue trabajador de ellos. Don [Nombre 007] tenía una finca y compró un terrenito pequeñito de unas dos hectáreas se lo compró a un señor Joaquín Chaves. Recuerdo que ese terreno estaba enfrente de las otras propiedades ahora está inundado. Tenían ganado, lo dejaron de explotar porque el ICE llenó de agua y no lo pudieron utilizar más. Representante de Innotec Trading Costa Rica SRL. Sí había una cerca muy vieja que debe estar tapada en agua. Fue como cuando yo era una persona muy joven. Representación de [Nombre 010] y los otros codemandados. No eso está en agua. Era de don [Nombre 007] y ellos. Representación del ICE. Sí ellos tenía otra finca grandecita que estaba un poco hacia arriba que le habían dado como herencia, también era para ganado y bestias. No conozco si toda se inundó. Cantidades a vuelta redonda del lago es del ICE. A mí no me pagaron, pero si a mi familia y a unos amigos. Exactamente no sé si le pagaron o no. Tribunal. Mi entendimiento es que llenó de agua las tierras, fue tapando la tierra. Para luz eléctrica que se está produciendo en ese lago. Mi familia tenía una tierrita y el ICE la inundó. A algunos le dieron su platita, expropió, no entiendo bien pero si les daba un dinerito por eso. No era propietario, mi familia, a mí no me pagaron. 3.- Luis Mariano Zúñiga. ICE. Estuve una vez por allí, en la parte de la colindancia, se recorrió la zona y se nos alertó sobre la construcción de una casa en el sitio. Para ese informe tuve que hacer un análisis profundo desde la expropiación, la reunión de las fincas que hicieron los hermanos Masís, la hipoteca, la adjudicación de don [Nombre 022] y otros. La propiedad con una parte verde con el número 200 y con otra parte morada número 146, se mete en un momento la finca número 145 porque se intentó ubicar la propiedad en ese plano. Está ubicada en Tierras Morenas de Tilarán en la Riviera del embalse. Hay una parte con un tramado celeste tenue principalmente sobre la propiedad 146 que está inundado, lo demás pertenece a la zona de protección y la otra que estamos ubicando. La propiedad 200 se adquiere con el fin de que sea remanente de bosque, como zona de amortiguamiento de reserva de agua. Es un remanente de bosque que ayude con el recurso hídrico que está en el embalse. Alrededor se reservó ciertas áreas que está fuera de la zona de protección que trata de ser de amortiguamiento para el espejo del embalse arenal. Es un aliviador de la presión que existe por actividad humano. A través de los canales el Proyecto Arenal forma parte de un sistema en cascada para riego y consumo humano. La intervención humana siempre genera presión a los ecosistema. En una de las finca que fue segregada en la propiedad 200 se ubica la casa. En el mapa representa en su integridad las propiedades del ICE. En una de las finca al momento de titular se agregó un cero más a la medida y eso hace que haya una doble titulación. Hay algunas partes de las fincas que son parte de la zona de protección conforme al mapa que aparece en el informe, haciendo la diferencia que no es la misma la zona de protección que la zona de amortiguamiento. Las técnicas que utiliza actualmente el ICE para adquirir las propiedades no es la misma que en los años setenta pero el sistema a través de las coordenadas Lamber en su momento se georreferenciaron y por eso se pueden ubicar. Actualmente existe una cerca que se construyó para dar protección al ICE. Puede afectar debido a la cantidad de agua que tiene el embalse. Sí existe un traslape de los polígonos de las propiedades conforme a las coordenadas. Estas áreas fueron trasladadas a la información del sistema del Registro Nacional a propiedad del ICE, están publicitadas en el sistema Siri. De la casa al borde el embalse hay alrededor unos 170 metros y del embalse a la parte norte de la casa unos 300 metros. Del Estado. Con respecto al uso actual hay una parte que está en custodia del ICE y el único uso es de un bosque regenerado en la parte sur, en el norte hay una parte que tiene bosque, pastos, caminos y residencial no la hace el ICE. Representante de Innotec Trading Costa Rica SRL. El color amarillo no es una cerca sino una indicación geográfica. El ICE tiene una cerca para evitar que la gente, ganado no entren al embalse. El tema de la figura amarilla que se ve en el mapa no es una cerca sino un ejercicio para delimitar las zonas. La propiedad 146 toca ambas el color morado y el color verde. En el 2016 estuve, allí en el mapa caminé en la parte del carril de mantenimiento e ingresé por el camino que va hacia la casa. No está catalogada como camino público, sino mal recuerdo son servidumbres. No podría decir tipo porque no soy abogado. No recuerdo haber visto alumbrado público, no recuerdo haber visto servicio de agua. Los particulares poseían. La posesión de estas áreas siempre se ha mantenido a la espera de las decisiones judiciales. La ubicación ICE-200, la ubicación de las fincas segregadas se hace a través de planos catastrados, están a nombre de los hijos de don [Nombre 007] y a nombre de particulares. No solo en el 2016, yo tengo conocimiento desde el momento de la expropiación, específicamente cuando se da la construcción de la casa se dan los procesos de reinvindicación de esos terrenos que expropió del ICE. Es valoración no me corresponde. Representación de [Nombre 010] y los otros codemandados. Estas zonas específicamente fueron adquirida para reubicar a personas. No sabría decirle eso fue en los años 70. Eso está establecido desde un inicio a la Ley 4334 la cual declara como reserva de protección, son zonas de protección del embalse. En este caso habría que referirse a cuál zona de protección. La zona de amortiguamiento son los excedentes que el ICE adquiría que está fuera de la zona de protección. Las propiedades se adquirieron porque estaban dentro de lo que dispone la ley, pasan a ser parte conforme lo que se disponía legalmente. De esas propiedades una parte está inundada, de la 146 una parte la tiene el ICE la que colinda con el embalse, y hacia el norte la posesión la tienen los particulares. Hay caminos dentro de las propiedades, servicios públicos no recuerdo que existiera. 4.- MBA. Luis Rodríguez Astúa (Perito). ICE. Normalmente cuando son este tipo de juicios siempre me gusta conocer el campo. No me metí a los terrenos solo en la cerca. En la visita que hice vi principalmente terreno no vi ninguna construcción dentro de la finca conforme a lo que dijeron. Yo no cuantifiqué el valor del terreno, lo que cuantifiqué es el valor que el ICE pagó sobre esas propiedades y no ha podido utilizar. Yo utilice el IPC y tomé en cuenta lo que dijo el ingeniero Blanco Mazariego para traer a valor presente ese dinero. Aplique el índice de 2021 cuando hice el informe y da la cifra indicada en el informe pericial, o sea es la aplicación de los índices. A este momento habría que actualizar el informe, es lo que se hace en el contencioso, se hace el cálculo al momento del peritaje y si hay alguna indemnización se actualiza. 5.- Ing. José Blanco Mazariego (Perito). ICE. Sí visité la zona. Es una extensión territorial bastante grande, al noroeste del Embalse Arenal. Calculamos una tasa de árboles de madera y se calculó el costo de la madera del bosque desforestado y se procedió a calcular el costo de esa materia. Se observó viviendas unifamiliares alrededor el embalse. Se hizo levantamiento de coordenadas y sí estaban dentro de la zona de estudio. No, solo la desforestación. Evidentemente la zona donde está el daño está circunscrita dentro de la zona de protección. No, las viviendas o construcciones que se observaron fue de lejos, no se observó ningún desfogue de aguas residuales hacia el embalse. La zona es sumamente empinada y quebrada, lo cual no permitió verificar si hay alguna erosión. Yo recorrí parte de la zona de protección, son alrededor de 50 hectárea con una situación geográfica. En la página quince del informe la sumatoria de los árboles talados es de veintiocho millones ochocientos ocho mil ochenta cuatro colones con 26/100. Representación de [Nombre 010] y los otros codemandados. En la página 8 del informe se extrae que el objeto del informe es la cuantificación del daño ambiental en la zona de protección en el Embalse Arenal. Mediante planos y croquis suministrados por el ICE. En el peritaje se muestran planos y croquis donde se indica la zona de protección y esta georreferenciada. Si revisé y se observaron los troncos cortados y fotografías claras. No se determinó quién lo cortó ni cuándo. Se observó algún ganado pero la mayoría es zona boscosa. La zona en cuestión abarca más de 50 metros de la margen del lago, en este caso el Embalse Arenal. Si tiene limitada los 50 metros y no sé al 100% si la zona de amortiguamiento está delimitada, hay unas cercas pero no se pudo constatar científicamente. Tribunal. Circunscribir es una palabra técnica en nuestro gremio y significa que está dentro del derrotero, que es parte del mismo. En el mapa que está en el informe se observa una línea punteada que es una calle de tierra, de allí tomé una medida georeferenciada y de allí caminé hacia el bosque denso, hacia el este y después en vehículo observando las construcciones, luego estuve en la playa del embalse. La tala son 24 hectáreas se observa desde la calle, donde se observa área talada. En las otras fotografías se observan las otras dos áreas que son más pequeñas. III.- HECHOS NO PROBADOS. De importancia para el presente proceso se tienen como hechos no probados los siguientes: 1) No se logró acreditar el daño ambiental alegado (ausencia de prueba). 2) No se probó que los demandados fueran los que cortaron los árboles (ayuno de prueba). 3) Que el Registro Público actuara con negligencia al momento de inscribir los instrumentos públicos que aquí se piden anulen (los autos). 4) Que el Banco Nacional de Costa Rica al momento de constituir la hipoteca y ejecutar dicho título tuviera conocimiento bajo el Principio de Publicidad Registral que el inmueble hubiese sido expropiado (los autos). 5) Que el Estado hubiere realizado alguna conducta negligente u omisiva relacionada con sus competencias en el proceso de expropiación o posterior (los autos). 6) El dañó moral subjetivo infringido por el actuar del ICE y sufrido por la empresa reconventora Innotec Trading Costa Rica SRL (ausencia de la misma). IV.- ARGUMENTOS DE LAS PARTES: 1. Del Instituto Actor. En lo fundamental y sin perjuicio de la lectura integral de todos los argumentos expuestos, la parte actora manifiesta que su representado como parte de la adquisición de bienes inmuebles para la construcción del Embalse y la Planta Hidroeléctrica Arenal, realizó el avalúo 14469-E con fecha 11 de mayo de 1977 para adquirir las propiedades con matrícula folio real de la provincia de Guanacaste números [Valor 013], [Valor 014] y [Valor 015] todas pertenecientes al señor [Nombre 007] que al no aceptar el señor ([Nombre 011]) el monto del avalúo se inició el proceso de expropiación en el Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, el cual por medio de la sentencia número 464 de las 16:00 horas del 15 de julio de 1986. Que el señor ([Nombre 011]) donó por partes iguales a sus hijos todos ([Nombre 008]) las fincas que le fueron expropiadas, en la escritura número 165 del 10 de noviembre de 1992 otorgada ante el notario Germán Guillén Castro, dicha escritura fue anulada mediante sentencia de las 11:00 horas del 24 de diciembre de 1997 por el Tribunal Penal de Alajuela. Que en 1992 el topógrafo Luis Ángel Araya Alfaro realizó por encargo del señor ([Nombre 011]) un levantamiento topográfico para reunir las fincas matrículas [Valor 013] y [Valor 014] que habían sido expropiadas inscribiendo el plano número G-080239-1992, y otorgándose la escritura pública número 61 con fecha 20 de enero de 1993 ante el notario Rafael Ortega Ayón en la cual se consignó la medida de 50 hectáreas con 9072 metros cuadrados, cuando lo correcto corresponde a 37 hectáreas con 4072 metros cuadrados, y dando como resultado dicha reunión la finca número [Valor 016] de la provincia de Guanacaste. Que sobre esta última reunión el señor [Nombre 002] constituyó hipoteca a favor del Banco Nacional de Costa Rica la cual fue rematada y adjudicada por el señor [Nombre 010] en fecha 15 de octubre de 1995. De dicha finca se han generado las fincas nuevas 191796, 19222, 192230, 192231, 192232, 193651 todas de la provincia de Guanacaste y propiedad de los aquí codemandados. Que de acuerdo con la normativa vigente los bienes adquiridos por expropiación en este caso bajo el expediente número 78-1216-163-CA constituyen bienes demaniales y no pueden tener un destino privado considerando que el motivo de la expropiación fue para fines de interés público como son las potestades dada por el Decreto Ley 449 a su representada para desarrollar servicios de electricidad para beneficio de la población costarricense. Que al ser inscritas las propiedades a nombre de terceros privados se le genera a su representado una grave lesión e irreparable situación jurídica por lo que se debe anular la inscripción de la misma y devolver al demanio público. 2. Del Registro Nacional. La representación del Registro indicó de forma sucinta y sin perjuicio de la lectura integral del escrito que, su representado de acuerdo con la publicidad registral y a la teoría del caso del actor no se desprende que sus funcionarios hayan realizado actuaciones erróneas u omisas para considerar que exista un nexo de causalidad que le genere responsabilidad alguna. Que además a lo largo de 23 años ha existido una total desidia por parte del ICE en tutelar como corresponde en el ámbito registral el derecho de propiedad según expresa adquirió a consecuencia de la expropiación. Que se encuentra verificado que los movimientos que han existido sobre las fincas objeto del proceso han sido al amparo de una publicidad registral que hasta el momento se presumía íntegra y exacta. Que ha sido el ICE con su negligencia la que ha causado que sus bienes no sean tutelados registralmente como se debe, incumpliendo con lo indicado en el numeral 1 de la Ley de Inscripciones de Documentos en el Registro Público y sus reglamentos. Que su representada actuó cumpliendo el Principio de Legalidad, por lo que no existe ninguna conducta administrativa que se pueda acusar de actuar erróneamente. Por último, indica que conforme a la normativa establecida en los artículos 455 del Código Civil en relación con el 449 del mismo Código, artículos 1 y 32 de la Ley de Inscripción de Documentos, el plazo para la caducidad que se invoca está superado, debiendo acogerse dicha defensa previa. 3. Del Estado. Al personarse la representación del Estado indicó que, el ICE pretende recuperar para su patrimonio los inmuebles número seis mil quinientos cincuenta y nueve, diez mil setecientos treinta y seis, y trece mil ochocientos sesenta y dos, todas del partido de Guanacaste debidamente expropiados al señor [Nombre 007]. El ICE no logró la inscripción de dichos inmuebles una vez expropiados y cuando años después intentó su inscripción ya los inmuebles se habían trasformado en otras fincas mismas que fueron traspasadas a terceros. En la demanda el ICE no especifica ninguna actuación u omisión por parte de mi representado que pudiera generar algún tipo de responsabilidad únicamente se limita a indicar dichas propiedades están inscritas “en favor de sujetos de derecho privado, como consecuencia de un acto del Registro Nacional,” situación que la califica como “totalmente antijurídica”. La descripción que realiza el actor a todas luces son propias de un tercero, el cual, tenemos entendido que fue denunciado hasta en sede penal según se desprende de la causa No. 670-2-93 contra [Nombre 007] otros por el delito de Fraude de Simulación y otro, en perjuicio del ICE. No aprecia esta representación cuál acto, conducta positiva o negativa sea generadora de responsabilidad en el cuadro fáctico que se presenta en la demanda. La actuación del Registro Nacional se encuentra apegada al bloque de legalidad y a la información que constaba en los respectivos asientos registrales. En este orden, el Estado no se opone a que el ICE logre recuperar los terrenos dichos por así haberlo ordenado en su oportunidad un acto jurisdiccional firme y definitivo. No obstante, carece de derecho el ICE al pretender alguna indemnización por parte de mi representado para resarcir algún daño o perjuicio. No existe ningún nexo de causalidad que haga imputable a mi representado algún tipo de responsabilidad más cuando es el propio actor que indica que todos los actos inscritos fueron confeccionados y gestionados por terceros. El daño que dice el actor haber sufrido nunca puede ser imputado a mi representado dado que no existe una acción u omisión propia que genere el daño alegado. Solicita se acoja la excepción previa de caducidad y la de fondo de falta de derecho con respecto a su representado. 4. Del Banco Nacional de Costa Rica. Indica la representación legal del banco que el punto medular del proceso estriba en la reclamación que hace el ICE respecto de un conjunto de bienes inmuebles cuya expropiación se tramitó en sede judicial. Que su poderdante ha sido ajeno a la expropiación de los inmuebles y de los hechos posteriores que se le imputan a los codemandados respecto a la constitución de la finca [Valor 001] del Partido de Guanacaste. Que el único hecho que se le relaciona es con respecto a la hipoteca que en su momento se constituyó, pero que al día de hoy está cancelada. Que dicho negocio se hizo de buena fe al amparo de lo que en el Registro Nacional se indicaba en ese momento y conforme al Principio de Publicidad Registral. Que no hay ninguna relación de causalidad entre lo que se afirma que sucedió en los inmuebles, su titularidad y el daño que se le reclama. Que el Banco en ningún momento ha sido propietario de dichos inmuebles que se afirman se expropiaron, ni gestionó la inscripción registral de las otras propiedades. Que no existe ningún nexo causal del daño ambiental reclamado. Interpone la excepción de culpa de la víctima y hecho de un tercero. 5. Del señor [Nombre 010], Lualhe de Tilarán S.A., [Nombre 016], Murimarti S.A., [Nombre 015]. En su escrito presentado el 16 de febrero de 2021 el representante legal de los demandados indicó que el ICE nunca ha sido propietario ni ha tenido la titularidad ni el domino de las fincas de su propiedad y no puede reclamar derechos sobre algo que nunca le ha pertenecido Que el actor nunca expropió las fincas al señor [Nombre 007] al omitir inscribir dichas fincas en el Registro Público como el juez en su oportunidad lo ordenó incumpliendo no solo con el mandato judicial sino con el artículo 455 del Código Civil. Que la presente demanda está ampliamente prescrita y caduca con más de 30 años de haberse dictado la sentencia 464 de las 16:00 horas del 15 de julio de 1986 por el Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo. Que el ICE en una absoluta falta de diligencia omitió protocolizar piezas e inscribir a su nombre en el Registro Público de la Propiedad, ni siquiera anotó al margen de dichas fincas la interposición de la demanda y existencia de procedimientos expropiatorios, haciendo posible la producción de un daño a terceros de buena fe. Que se equivoca el ICE al indicar que esos terrenos son de dominio público, pues todos los proyectos hidroeléctricos son privados ya que no existe una voluntad de legislador en que se incorporaran dichos inmuebles al demanio público, por lo que no gozan de imprescriptibilidad, inembargabilidad e inalienabilidad. 6. Del Sucesorio ([Nombre 003]). Manifiesta el representante legal de la sucesión que no es cierto lo dicho por el ICE, ya que la donación fue real y al amparo de la publicidad registral. Que la sentencia que cita el instituto actor está prescrita. Que la finca que les pertenece se encuentra inundada y no ha sido expropiada. La finca [Valor 015] siempre estuvo en posesión formal de sus representados e inscrita a su nombre y del hermano fallecido, y que esta finca no forma parte de la reunión de las fincas que indica el actor. Que no puede hacerse efectiva en su contra una sentencia de la cual no formaron parte en el proceso expropiatorio citado. Que la escritura que dio pie al traspaso a su favor tiene más de 10 años de estar produciendo efectos jurídicos y por lo tanto, los cobija la prescripción. Que en cuanto a los daños cobrados, los mismos no se individualizan no se tasan, no se estiman y no se concretan por lo que no es posible declararlos en sentencia. Reconvención. En cuanto a la reconvención indicaron que adquirieron la finca [Valor 015] del partido de Guanacaste sin gravámenes y anotaciones hasta el día de hoy. Que dicha finca el ICE la inundó, tuvieron que salir de la misma en la década de los 80 y nunca se les pagó nada por ello. Que desde el inicio no han podido disfrutarla y explotar el inmueble a pesar de que se ha tratado de llegar a un arreglo administrativo con el ICE. Por tal razón, solicitan se condene al demandado al pago de los daños y perjuicios causados por la pérdida material de la finca [Valor 015] que fueron terreno para pastos, siendo el origen de dichos daños y perjuicios reclamados la creación del Embalse Arenal siendo imposible explotarla. 7. De los señores [Nombre 002], [Nombre 009] y [Nombre 008]. Manifiesta el representante legal de los demandados que no es cierto lo dicho por el ICE ya que la donación fue real y al amparo de la publicidad registral. Que la sentencia que cita el instituto actor está prescrita. Que la finca que les pertenece se encuentra inundada y no ha sido expropiada. La finca [Valor 015] siempre estuvo en posesión formal de sus representados e inscrita a su nombre y del hermano fallecido, y que esta finca no forma parte de la reunión de las fincas que indica el actor. Que no puede hacerse efectiva en su contra una sentencia de la cual no formaron parte en el proceso expropiatorio citado. Que la escritura que dio pie al traspaso a su favor tiene más de 10 años de estar produciendo efectos jurídicos y por lo tanto los cobija la prescripción. Que en cuanto a los daños cobrados los mismos no se individualizan no se tasan, no se estiman y no se concretan por lo que no es posible declararlos en sentencia. Reconvención. En cuanto a la reconvención indicaron que adquirieron la finca [Valor 015] del partido de Guanacaste sin gravámenes y anotaciones hasta el día de hoy. Que dicha finca el ICE la inundó, tuvieron que salir de la misma en la década de los 80 y nunca se les pago nada por ello. Que desde el inicio no han podido disfrutarla y explotar el inmueble a pesar de que se ha tratado de llegar a un arreglo administrativo con el ICE. Por tal razón solicitan se condene al demandado al pago de los daños y perjuicios causados por la pérdida material de la finca [Valor 015] que fueron terreno para pastos, siendo el origen de dichos daños y perjuicios reclamados la creación del Embalse Arenal siendo imposible explotarla. 8. De Innotec Trading CR SRL. Que se opone a la demanda por cuanto su representada adquirió el bien a la luz de la publicidad registral, que nunca ha sido su intención despojar al actor de bien alguno, ni causar ningún daño ambiental como se indica en la demanda. Cuando se adquirió el bien la sección de bienes inmuebles certificó que no existía ningún impedimento legal para ser objeto de traspaso. Que la persona que le vendió el bien inmueble, el señor [Nombre 010], lo obtuvo en un remate debidamente aprobado por una autoridad judicial, y este es quien le vende el lote segregado a su representada, existiendo siempre una buen fe en el negocio. Que todo lo que se actuó en el proceso expropiatorio sucedió mucho tiempo antes de que mi representada adquiriera el bien, por lo que no tiene nada que ver con ella, no existe ningún nexo causal entre los hechos planteados en la demanda y las pretensiones, sobre todo las atinentes al pago de daños y perjuicios ambientales. Que interpone las defensa de prescripción y caducidad. Reconvención. En el mismo escrito interpuso reconvención solicitando: “1. Que se declare con lugar en todos sus extremos la reconvención. 2. Se condene a la demandada (ICE) al pago de los daños y. perjuicios ocasionado con sus acciones a favor de mi representada Innotech Trading C.R. Sociedad Responsabilidad Limitada toda vez que le han causado un grave daño económico, moral, psicológico y patrimonial a mi representada, el cual se estima de forma prudencial en la suma de ciento veinte millones de colones, monto que se fijará de forma definitiva una vez rendida la pericia del actuario matemático. 3- Se condene al ICE al pago de ambas costas procesales”. V.- GENERALIDADES SOBRE LOS BIENES DEMANIALES Y PATRIMONIALES DEL ESTADO. Previo a resolver las excepciones de caducidad y prescripción interpuesta por los demandados así como los argumentos planteados por las partes sobre el fondo del asunto, y, las pretensiones estiladas en la demanda se hace necesario hacer algunas precisiones puntuales sobre la conceptualización de lo que en doctrina se ha indicado como bienes de dominio público en contra posición de los denominados bienes de dominio privado, determinando así la naturaleza jurídica de los bienes inmuebles objeto del proceso. 1) Generalidades. Así nuestro Código Civil de corte liberal, desde su aprobación en su artículo 261 dispuso: “Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público. Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona”. Tal regulación genérica de las cosas de naturaleza demanial o privada ha llevado a la doctrina y los tribunales a realizar alguna serie de conceptualizaciones sobre lo que debe entenderse por bienes de dominio público y bienes de dominio privado en relación con los perteneciente al Estado, precisando primeramente que la Administración Pública como cualquier sujeto de derecho puede tener titularidad sobre bienes de dominio público, como sobre bienes de domino privado. A los primeros se les denomina de diferentes formas, como por ejemplo, bienes demaniales, dominicales o de dominio público, y están afectados por ley al uso público, a la utilidad general. Esa afectación legal constituye una atribución de la Asamblea Legislativa, según lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 121 de la Constitución Política. A partir de que un bien adquiere esa naturaleza pública, adopta también sus atributos o características, y por lo tanto, inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo cual se extrae del ordinal 262 del Código Civil al indicar que las cosas públicas se encuentran fuera del comercio de los hombres; al respecto la Sala Constitucional desde viejas datas en la sentencia número 2306-91 del 6 de noviembre de 1991 indicó: “El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son los llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres. Es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Notas características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio”. Sobre este tema y en consonancia con lo indicado por nuestro máximo órgano constitucional esta Sección con otra integración expresó: “ III)- EN CUANTO AL EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS BIENES DEMANIALES: Los bienes demaniales, dominicales o de dominio público o cosas públicas son aquellos que se encuentran afectos por ley de un modo permanente a un servicio de utilidad pública o entregados al uso público de modo que todos pueden aprovecharse (artículo 261 del Código Civil). Este tipo de bienes inmuebles propiedad de la Administración Pública Central y descentralizada (Municipalidades) gozan de las características de ser inembargables, inalienables e imprescriptibles, razón por la cual no podrán ser objeto de posesión por parte de los particulares, sólo de permiso o concesión. En ese sentido se ha establecido que "Para que un bien o cosa sea considerado como dependencia del dominio público, y sea sometido al régimen pertinente, es menester que dicho bien o cosa estén afectados al «uso público», directo o indirecto, debiendo tratarse, en este «último» supuesto, de cosas afectadas directamente -como «bienes finales» o «bienes de uso»- a la utilidad o comodidad común, quedando excluidos de la dominialidad de los bienes el Estado que revistan carácter simplemente instrumental.". (Marienhoff, Miguel S., en su obra Tratado de Derecho Administrativo. Tomo V. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1992., pag. 25). Sobre este particular, se ha pronunciado la Sala Constitucional en el voto N° 2306-91 de las 14 horas 45 minutos del seis de noviembre de 1999, sosteniendo que: "El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público.- Son los llamados bienes dominicales, bienes dominiales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres.- Es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación.- En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Notas características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio.- Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad.". Así las cosas, los bienes demaniales, dominicales o de dominio público son tales cuando una ley así los ha declarado o bien cuando por su uso o destino están dedicados al servicio de la comunidad o colectividad, aplicándose en su determinación la presunción iuris tantum de naturaleza demanial. En ese sentido, no es necesario su inscripción registral, en el tanto en que la demanialidad sea manifiesta e indubitable, por el uso directo e indirecto que toda persona puede hacer de ellos y por su vocación y afectación a un uso común (Sala Constitucional, voto número 3145 de las 9.27 horas del 28 de junio de 1996, y 2408 de las 16:13 horas del 21 de febrero del 2007) y en el caso de ser discutida su naturaleza en la vía judicial, se deberá probar su condición por quien la alegue o desvirtúe, como lo dispuso la supracitada Sala en el voto 5628-2002, de las 14:37 horas del 12 de junio del 2002. En dicho voto, se estableció que " La especial categoría de los bienes demaniales, hace que sean excluidos del ordenamiento jurídico común de la propiedad ordinaria, como ha quedado dicho en los considerandos anteriores, lo que implica la existencia de un régimen jurídico propio, singular y privativo, regulado por el Derecho administrativo y dentro de ese contenido se desarrolla el principio del privilegio de la recuperación posesoria de oficio del bien afectado, en virtud del cual, la Administración puede recobrar la posesión perturbada de sus bienes sin necesidad de acudir al juez y sin perjuicio de que el mejor derecho se discuta en la vía jurisdiccional. A este principio pertenecen las figuras jurídicas que se encuentran en los artículos que se cuestionan en esta acción; es decir, la presunta afectación e incorporación del bien al servicio público, que implica también la presunción de la demanialidad del bien, y como consecuencia de ello, la posibilidad de la exclusión del deber de registrar esos bienes y todo ello, como parte del derecho-deber del Estado de la tutela o protección del dominio público. El ejercicio efectivo de la tutela debe tener como fin hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra el dominio público, pudiendo la Administración utilizar la fuerza -poder de policía sobre el dominio público- en su defensa. Pero este principio general, por lo extraordinario y privilegiado que es, y por tener que convivir con el enunciado fundamental de la inviolabilidad de la propiedad (artículo 45 constitucional), supone, cuando menos, o que el derecho de propiedad sobre el bien sea manifiesto o que el carácter público del bien sea indubitable, de tal modo que no es posible utilizar el privilegio cuando existan cuestiones patrimoniales razonables sobre el bien, sea que se estén debatiendo en la vía administrativa o en la jurisdiccional. Es decir, la presunción de la dominialidad del bien tiene íntima relación con los modos que tiene la Administración disponibles para adquirir bienes y derechos, que en términos muy generales, son los mismos medios que tiene el particular para hacerlo con relación a la propiedad común, salvo lo ya dicho sobre la necesidad de una ley ordinaria para crear la categoría de que se trate y de la necesaria voluntad para dictar la afectación al uso público. Todo esto conduce al examen particular del régimen de privilegio que está inmerso en los textos de las normas cuestionadas. Lo que se ha dicho hasta ahora, está dirigido a señalar que, a juicio de la Sala, el privilegio que protege la demanialidad, puede y debe ser utilizado por la Administración cuando no existe ninguna duda sobre el carácter público del bien involucrado" (Resolución número 081-2009 del 30 de noviembre de 2009). Criterio que es totalmente compartido por este órgano colegiado y aplicable al caso que nos ocupa. Ahora bien, hasta lo indicado en este momento, se ha determinado las características generales de los bienes dominicales, por el cuadro fáctico del presente caso, se debe precisar cómo los bienes del Estado pueden ser considerados públicos o patrimoniales. Es claro conforme a lo indicado que por disposición legal los bienes son afectos a dicho régimen, sin embargo, esta afirmación no es absoluta por cuanto, como se verá, no siempre sucede así, especialmente cuando bienes de naturaleza privada pasan a manos de la Administración Pública en virtud de una expropiación forzosa. Al respecto el autor García Trevijano Garnica, en su artículo Cambio de Afectación de Bienes Expropiados indicó: “De la expropiación forzosa pueden surgir tanto bienes de naturaleza demanial como de naturaleza privada. Ni todo bien de dominio público nace de la expropiación, ni toda expropiación da lugar a bienes de dominio público. Como ha señalado Otto MAYER, «no es cierto que todo inmueble expropiado se transforme de inmediato en dominio público, ya que la naturaleza jurídica de la propiedad adquirida no depende de la naturaleza del acto de adquisición y no es parte integrante de la noción de este acto; depende de circunstancias independientes de él». Para que existan bienes de dominio público es necesaria la concurrencia de dos requisitos: 1. Que la titularidad del bien corresponda a un Ente Público. 2. Que estén afectados a un uso público o a una función o servicio público, del propio Ente titular o de otro” (García Trevijano Garnica, Ernesto. Titularidad y Afectación Demanial. Revista de Administración Pública. Fundación Dialnet. España). De acuerdo con el concepto corriente indicado hasta aquí, se puede sintetizar que el dominio público es un conjunto de bienes que de acuerdo con el ordenamiento jurídico, pertenecen a una entidad estatal, hallándose destinados al uso público directo o indirecto de los habitantes. Esta noción supone cuatro elementos, que fueron desarrollados extensamente por Marienhoff y traídos a nuestra doctrina nacional por medio del autor Eduardo García de Enterría. Tales elementos son los siguientes: 1) Subjetivo: Quién es el titular del dominio público. 2) Objetivo: Cuáles son los bienes del dominio público. 3) Normativo: En virtud de qué normas están incorporados al dominio público. 4) Teleológico: A qué fin están destinados los bienes del dominio público. Sobre estos elementos y en relación con la afectación de los bienes a consecuencia de una expropiación forzosa el doctrinario García Enterría indicó: “En la afectación hay que distinguir dos casos: a) En primer lugar cuando se trata de bienes naturales, en que la afectación se produce ipso jure por la asignación de carácter público efectuada por la ley; el Código Civil al mismo tiempo asigna carácter público y ministerio legis afecta estos bienes naturales. b) En segundo lugar están los bienes artificiales, respecto de los cuales hay que hacer una sub-distinción entre los bienes artificiales existentes antes de la sanción del Código Civil (las calles, caminos, puentes, de entes estatales —o sea de la Nación, Provincias y Comunas— que ya estaban construidos a la época en que se dicta el Código Civil) en que ocurre lo mismo que con los bienes naturales, es decir, que la asignación de carácter público implica automáticamente la afectación. En cambio, los bienes creados o a crearse con posterioridad a esta asignación de carácter público requieren ya específicamente la afectación. La afectación entonces, en este último caso, puede ser por ley, por acto administrativo y por hecho administrativo. Los requisitos de una afectación válida son: 1º) Asentimiento de la autoridad administrativa competente. Hay en esto tres elementos: a) Debe ser una autoridad administrativa, y no se admite que un particular pueda afectar un bien al dominio público; la sola voluntad de un particular es insuficiente. b) Dicha autoridad debe ser competente. c) El asentimiento que presta puede ser expreso (en caso de ley o acto administrativo), o implícito, en el caso del hecho administrativo. (Por ejemplo, se construye una calle, se la termina, se quitan las barreras que obstruían el tránsito y se la deja librada al uso público.) Si bien puede la afectación ser implícita, debe ser inequívoca, y no debe haber lugar a dudas de que la voluntad de la administración es afectar el bien al uso directo o indirecto de la comunidad. 2º) El segundo requisito para que la afectación sea válida, es que el bien que se afecta debe estar ya en poder del Estado por un título traslativo de dominio. Puede ser un título jurídico de derecho público, por ejemplo, expropiación, o de derecho privado, por ejemplo compraventa, donación, cesión, etc. 3º) El tercer requisito es que el bien debe librarse al uso público en forma actual y efectiva, (o sea que debe ser puesto en uso, en función) a) actual. Se niega la posibilidad de una afectación futura o potencial; la mera adquisición de un inmueble y la declaración de que allí se va a realizar una obra que va a estar afectada al uso público, no implica afectación de ese inmueble al uso público; esa declaración es potencial, futura, y por lo tanto el bien no está incorporado al dominio público, ni se le aplica el régimen jurídico de la dominicalidad; es todavía un bien privado del Estado. Si la obra está en construcción, todavía no está tampoco afectada al uso público; pero esta regla tiene una excepción que surge de la misma jurisprudencia, y es que cuando se trata de un edificio que está ya casi terminado y a punto de habilitarse, cabe entender que ya está incorporado al dominio público, a pesar de que en realidad la afectación en cuanto libramiento al uso público todavía no ha sido efectuada; b) efectivo. Debe estar puesto en forma tal que los habitantes puedan ya mismo usar del bien; no se requiere sin embargo que este uso efectivo sea por ejemplo ininterrumpido, continuado: Si libramos una plaza al uso público y nadie va a la plaza, eso no quita que esté incorporada al dominio público; lo que se exige es pues que el bien esté disponible y se pueda usar, aunque en realidad no se lo use. “Efectivo” quiere así decir en primer lugar que se pueda usar del bien, aunque efectivamente no se lo utilice y en segundo lugar que se use de acuerdo con la naturaleza del bien y de acuerdo a las regulaciones respectivas: por ejemplo, si es un museo, que se pueda entrar en los horarios al efecto reglamentados; no se podrá entonces decir que el uso no es “efectivo” porque el museo esté cerrado de noche” (García Enterría, Eduardo. Fernández Rodríguez, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. Tomo II. Ed. Civitas). Se reitera concepto que es seguido por nuestra jurisprudencia patria y aplicable al presente caso como seguidamente se dirá. V.- DE LA DEFENSA DE CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN ALEGADA. De una lectura atenta de las excepciones de caducidad y prescripción alegada por la representación legal de las partes demandadas, en esencia van dirigidas al derecho que tiene el ICE para inscribir las propiedades expropiadas y objeto del proceso, derivado de la sentencia dictada por el Juzgado Primero de lo Contencioso y Civil de Hacienda, en el sentido de que a criterio de los codemandados, el plazo que el ente actor tenía para ejecutar e inscribir la sentencia en el Registro Público de sobra ha transcurrido, por lo que no puede pretender en este momento querer recuperar dicho bienes. Criterio del Tribunal. La excepción debe de ser rechazada por los siguientes motivos. Primero, hay que resaltar que ninguno solo de los demandados fundamentó (solo la invocaron) su excepción y mucho menos referenció normativa alguna, y si bien existe el “Principio Iura Novit Curia”, ello no exime a las partes del deber de realizar una adecuada fundamentación de sus alegatos. Ahora bien, entiende este Tribunal (y así lo resolverá) que la prescripción alegada se refiere a la ejecución de la sentencia número 464 del 15 de julio de 1978 dictada por el Juzgado de lo Contencioso en el proceso de expropiación seguido contra el señor [Nombre 007], para lo cual siendo que no existe una norma específica en el derecho administrativo, en doctrina del artículo 9 inciso 1) de la LGAP se debe acudir a los dispuesto en el artículo 868 del Código Civil que en lo que interesa indica: “Todo derecho y su correspondiente acción se prescriben a los diez años”; siendo esta norma la que regula el plazo prescriptivo general, para dar una certeza jurídica a las partes en cualquier proceso, excepto que por normal especial se regule otro plazo. Segundo, para poder resolver dichas excepciones considera este Tribunal que por la particularidad del tema sometido a discusión no es posible pronunciarse sobre dichas defensas sin hacer referencia al eje central de la discusión, como es la naturaleza demanial o privada de los bienes que se encuentran en litigio, siendo subyacente a todo el proceso determinar su utilidad pública o no. 1) Naturaleza jurídica de los bienes inmuebles objeto del proceso. Resaltado lo anterior, se debe entrar a determinar la naturaleza jurídica de los bienes que el ICE pretende reivindicar en presente proceso. Para los efectos se someterá a examen los hechos ocurridos y acreditados en el proceso para verificar si se cumplen con los elementos indicados ut supra, que son: Subjetivo: ¿Quién es el titular del dominio público? Objetivo: ¿Cuáles son los bienes del dominio público? Normativo: ¿En virtud de qué normas están incorporados al dominio público? Teleológico: ¿A qué fin están destinados los bienes del dominio público? Resaltado lo anterior se analiza: A) Subjetivo. Se tiene por acreditado que para el año 1978 el Poder Ejecutivo (Presidente y Ministro del Ramo) por Decreto Ejecutivo número 8031-G del 20 de febrero de 1978 la Administración con fundamento en los estudios técnicos declaró de utilidad pública las fincas objeto del proceso utilizando para ello las leyes número 1371 y 2292, con el fin de darle agilidad al procedimiento. Del Decreto referenciado se tiene que fue emitido expresamente por el órgano constitucional Poder Ejecutivo, el cual cuenta con la competencia suficiente para dictar el acto expropiatorio que nos ocupa, cumpliendo de esta manera con el requisito subjetivo. B) Objetivo. De acuerdo con la doctrina, este elemento hace referencia a que el bien sometido al régimen de domino, se encuentre en poder de la autoridad pública, sea por un título traslativo de dominio como puede ser una escritura o un título de dominio público como es la expropiación, en este caso, el traslado del dominio se dio por medio de la expropiación, pero se debe entender esta adquisición del dominio no por el acto de inscripción (en el sub examine inscripción de la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso) sino por medio del acto administrativo que declara la utilidad del bien y ordena realizar las gestiones para indemnizar (Decreto de expropiación). Para explicar este punto hay que partir de la premisa que el proceso de expropiación nace como una herramienta de carácter constitucional, conocida como potestad de expropiación, siendo diseñada por el legislador bajo un doble esquema. Un procedimiento administrativo donde se genera el acto expropiatorio y se le comunica al dueño el avalúo del terreno, permitiendo así, en caso de aceptarlo, entrar en posesión del bien una utilización inmediata del mismo para la utilidad pública; empero en caso de no ser aceptado el avalúo, surge en sede jurisdiccional un proceso sumario limitado a determinar el “justi precio” sin poder discutir las partes ningún otro aspecto relacionado con la expropiación; de lo anterior se puede afirmar que ambos procesos nacen de la potestad expropiatoria (se reitera) del artículo 45 de nuestra Carta Magna que dispone en lo que interesa: “ La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley”. Es así que desde sus inicios el legislador reguló el procedimiento de expropiación circunscrito al pago justo del valor del inmueble, sin discutir la potestad expropiatoria de la Administración derivada en ese momento del artículo 29 de la Constitución Política vigente, así en el artículo 5 de la ley número 36 (Ley de Expropiación Forzosa por Causa de Utilidad Pública de 1896) el Congreso Constitucional de la República de Costa Rica decretó: “Cuando para asuntos de carácter nacional fuere el caso de una expropiación, el Ministerio de Gobernación dirigirá nota al dueño del inmueble, indicándole la obra en proyecto y la posible ocupación del todo o parte de su propiedad, y le concederá un término no menor de tres ni mayor de veinte días para que manifieste su conformidad o se oponga a la medida, y ofrezca en este caso las pruebas en que funde la negativa”, siendo en su capítulo tercero de dicha ley que se intitula “De los juicios de indemnización por expropiación”, que se regula el procedimiento sumario e incluso vedando expresamente que lo allí discutido pueda ser debatido en un proceso plenario al indicarse en el artículo 24 “La sentencia, una vez que sea ejecutoria, resuelve definitivamente la cuestión y hace imposible todo debate posterior en juicio ordinario respecto de las cuestiones por ella resueltas y del monto que la misma mande indemnizar como precio del inmueble y de los daños y perjuicios causados con la expropiación”. Esta institución fue receptada íntegramente por el constituyente del 49 siendo la base de las leyes número 1371 y 2292 en las cuales se fundamenta el Decreto Ejecutivo Número 8031-G del 20 de febrero de 1978, que aquí nos ocupa; hasta la Ley Número 7495 vigente actualmente, la cual contiene un desarrollo más claro y circunscribe de forma diáfana el proceso expropiatorio en sede jurisdiccional a la discusión del monto a indemnizar, resaltando que la expropiación en si es una potestad del Estado ejercida en su función administrativa, así dispone: “artículo 1. Objeto. La presente ley regula la expropiación forzosa por causa de interés público legalmente comprobado. La expropiación se acuerda en ejercicio del poder de imperio de la Administración Pública y comprende cualquier forma de privación de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera sean sus titulares, mediante el pago previo de una indemnización que represente el precio justo de lo expropiado. Artículo 18- Declaratoria de interés público. Para la expropiación de un bien será indispensable un acto motivado, mediante el cual el bien requerido se declare de interés público. Tal acto, en caso de un ministerio, será firmado por el ministro del ramo y, en los demás casos, por el jerarca del ente expropiador, salvo disposición de ley en contrario. La declaratoria de interés público deberá notificarse al interesado, o su representante legal, y será publicada en el diario oficial La Gaceta. Esta declaratoria será motivo suficiente para las eventuales indemnizaciones por actividades comerciales o cualquier otra afectación de derechos que en razón de esa misma expropiación deba realizar la administración. Artículo 27.- Acuerdo de expropiación. La Administración dictará un acuerdo de expropiación en los siguientes casos: a) Si existiera disconformidad oportuna del expropiado con el avalúo administrativo. Artículo 28.- Inicio del proceso especial de expropiación y depósito del avalúo administrativo. Dictado el acuerdo de expropiación, en los términos del artículo anterior, la administración expropiante deberá iniciar el proceso especial de expropiación ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Una vez conformado el expediente judicial, la Administración depositará el monto del avalúo administrativo, como requisito indispensable y previo a la entrada en posesión del bien expropiado. Artículo 29.- Objeto de litigio. En el proceso especial de fijación del justiprecio, solo se discutirán asuntos relacionados con la revisión del avalúo administrativo del bien expropiado, según las condiciones en que se encontraba, para fijar el monto final de la indemnización”. Con lo dicho hasta aquí es claro para este Tribunal que el proceso de expropiación seguido en sede jurisdiccional es sumario, por lo que no se discute ningún derecho de las partes sobre el bien inmueble o cuestionar la potestad expropiatorio (si existe o no utilidad pública) sino únicamente el monto a cancelar por parte del Estado al expropiado (siendo este tema el único extremo donde se puede decir que existe una declaratoria de derecho), por consiguiente, en ella no se le reconoce derecho alguno a la Administración que deba ser ejecutado, (se reitera, la potestad de expropiación y el derecho de obtener el bien por manus propia para un fin público se da en sede administrativa), y en este caso específico inscrito en el registro público, la adquisición forzosa del bien se realizó en el acto administrativo expropiatorio, que para el subexamine se dio con el Decreto Ejecutivo Número 8031-G del 20 de febrero de 1978. En conclusión se puede afirmar que el proceso expropiatorio nace con la finalidad de que el Estado al cumplir con el fin de suplir las necesidades pública debe en algunas ocasiones adquirir bienes que se encuentra en dominio privado y para ello en su función pública decide tomarlos, por lo que esta carga o sacrificio especial del administrado debe ser compensado previamente, pero nótese que nunca hay opción (se reitera) por parte del perjudicado en discutir el fundamento o necesidad de la utilidad pública del bien a expropiar, lo que se regula como se vio anteriormente, es el monto de la indemnización o justiprecio; en consecuencia es claro que el acto ablatorio es dictado por la Administración Pública y no por el juez, con lo indicado se cumple el segundo elemento. C) Normativo. Este elemento conforme a la doctrina implica que el bien debe liberarse al uso público de forma actual y efectiva (según Marienoff debe ser puesto en uso o función actual). Esto es importante determinarlo, en razón de los argumentos del representante legal (vertido en juicio) de una de las partes, en cuanto a que los bienes adquiridos en su momento por el ICE no son dominicales, sino privados, amén de ello, por otro lado, los argumentos de otra parte en cuanto a que dichos inmuebles nunca han sido utilizados o ejercidos la posesión por parte del ente actor. De acuerdo con el cuadro fáctico planteado y las pruebas testimoniales, documentales y periciales se podría indicar que el ICE adquirió dichas tierras hacia el futuro, lo que no le otorgaría según doctrina demanialidad sino ser un bien patrimonial, sin embargo, esa aparente potencialidad que en tesis de principio no tendría la facultad de tenerse como incorporada al domino público, en este caso no sucede así; ya que estas tierras, por un lado, como quedó demostrado con los testimonios presentados por los hermanos ([Nombre 008], [Nombre 009], [Nombre 002]) e incluso así aceptado por ellos, parte de los terrenos que se adquirieron fueron inundados por el ICE para la creación de la laguna, otra parte forma lo que se conoce como ribera y el resto de la finca destinada a bosque con el fin de servir como reservorio de agua y amortiguar los impactos ambientales, de acuerdo con los peritajes que consta en autos. Con lo anterior es claro que se cumple de esta forma el tercer elemento, sea el uso público, es decir, entendiéndose en este caso utilidad pública inmediata. D) Teleológico. Es decir el destino del bien. En este caso véase que conforme al acuerdo expropiatorio (se reitera) los bienes fueron adquiridos para que formaran parte del embalse, así dispuso el mencionado Decreto: El Instituto Costarricense de Electricidad necesita adquirir para que forme parte del Embalse del Proyecto Hidroeléctrico de Arenal”, pero no solamente se debe entender embalse lo que conforma la laguna del Arenal (espejo de agua), sino también los terrenos adyacentes que son utilizados para la recarga de dicho embalse, así en la Ley Número 4334 del 5 de mayo de 1959, en su artículo primero se dispuso: “Declárase zona nacional de reserva de energía eléctrica, la laguna Arenal, la laguna Cote y el río Arenal (cauce y aguas), de acuerdo con el mapa elaborado por el Instituto Geográfico de Costa Rica (hojas 3247 III y 3247 IV). Dicha zona incluye las riberas, en la extensión necesaria para garantizar que los recursos de esta cuenca se transformen en energía eléctrica utilizable para el desarrollo del país”; es decir, el legislador consideró necesario dejar una zona de reserva para garantizar los recursos de la cuenca, véase que claramente indica que debe ser la extensión necesaria y su extensión será demarcada por el Instituto Geográfico de Costa Rica en conjunto con el ICE, que claramente será el que hará los estudios técnicos para determinar el área que necesita, por consiguiente al declararse la necesidad de adquirir las tres fincas del señor ([Nombre 011]) es evidente que todas ellas adquieren una utilidad pública de orden nacional y no como lo sugieren las partes en sus agravios. Este elemento teleológico se ve reforzado por lo dispuesto en el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, expropiaciones y servidumbres del ICE, del 4 de febrero de 1979, que dispone: “Declárense de utilidad pública, los bienes inmuebles, sea fincas completas, porciones, derechos o intereses patrimoniales legítimos, que por su ubicación sean necesarios, a juicio del Instituto Costarricense de Electricidad, para el cumplimiento de sus fines”; y si bien esta norma fue aprobada posterior a la declaratoria de utilidad pública de las fincas aquí en discusión (casi un año después del acuerdo), el artículo 29 y el transitorio de dicha norma indica: “Artículo 29.- Rige a partir de su publicación. Transitorio único.- Las expropiaciones y constituciones de servidumbres, iniciadas por el Instituto antes de la publicación de esta ley, seguirán su tramitación conforme a las normas vigentes y estas disposiciones únicamente serán aplicables en lo que no contradigan o se opongan a las normas establecidas”. En resumen se desprende del cuadro fáctico que la voluntad del legislador siempre ha sido cumplir a cabalidad con lo dispuesto por el constituyente en cuanto a potestad expropiatoria (de oficio) y el procedimiento de indemnización con el fin de resguardar los intereses privados por el sacrificio especial que se le somete al administrativo en una expropiación; pero se reitera, nunca se discute la declaratoria de interés público, reservándose dicha potestad en la discrecionalidad administrativa la cual fundamentará su decisión en criterios técnicos, siendo en este orden de ideas que en el sub examine no se desacreditó tal situación y ni siquiera las partes discutieron tal asunto. Con lo indicado hasta aquí es criterio de esta Cámara que las fincas inscritas en el Partido de Guanacaste número [Valor 013], [Valor 014] y [Valor 015], las cuales en su momento fueron expropiadas al señor [Nombre 007], eran de naturaleza privada y con vocación agrícola fueron afectadas por ley expresa (Decreto) e insertas al demanio público por voluntad expresa de la Administración con el fin de que una parte sirvieran para la creación del embalse Arenal, la cual se encuentra inundada, (así confirmado incluso por los testigos [Nombre 019] y [Nombre 020]) y el resto para la creación de zona de amortiguamiento, cumpliéndose con el cuarto elemento. En abono a lo indicado, y contrario a lo que manifestó en el juicio el representante legal de algunos codemandados en cuanto a que los bienes en discusión son patrimoniales y por consiguiente, prescriptibles y transferibles, hay que traer acotación lo indicado por los autores Santamaría Pastor y Parejo Alfonso sobre este tema: “La doctrina es conteste en señalar que El Estado es propietario de una serie de bienes, sobre los cuales ejerce directamente su derecho pleno como tal. Representa por lo tanto, un conjunto de bienes, cosas, etc., que El Estado posee en calidad de propietario. Ciertamente los bienes patrimoniales no gozan de las características de los bienes de dominio público, en tanto no están afectados a un uso o a un servicio público, sin embargo, su finalidad mediata los hace tener una especial categoría dentro del marco total del ordenamiento jurídico, distinta de los puros y simples bienes particulares. Con relación al concepto de bienes patrimoniales se ha dicho lo siguiente: "El concepto de bienes patrimoniales posee, por lo tanto, un carácter residual; lo constituyen los bienes pertenecientes a las Administraciones públicas que no son de dominio público. Pero junto a esa nota de carácter negativo existe otra de sentido positivo, cual es la de que los bienes patrimoniales se encuentran sometidos al régimen ordinario de la propiedad civil, salvedad hecha de la existencia de un régimen especial de protección de los mismos, régimen que es similar al de los bienes de dominio público ( Santamaria Pastor, Juan Alfonso, y Parejo Alfonso, Luciano, Derecho Administrativo, La Jurisprudencia del Tribunal Supremo)”; es decir, bien es aceptado en nuestros tribunales que existen bienes patrimoniales del Estado a los cuales se les aplica el derecho común, también es cierto como lo indica la doctrina existen bienes patrimoniales del Estado que tienen la existencia de un régimen protección especial como es el caso de las reservas forestales sean del Estado en administración privada o bienes privados sometidos a un régimen especial, así la ley forestal en lo que interesa en sus artículos 1 y 2 regula: “ARTÍCULO 1.- Objetivos La presente ley establece, como función esencial y prioritaria del Estado, velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables (…) ARTICULO 2.- Expropiación Se faculta al Poder Ejecutivo para que, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, en terrenos de dominio privado, establezca áreas silvestres protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo, en virtud de los recursos naturales existentes en el área que se desea proteger, los cuales quedan sometidos en forma obligatoria al régimen forestal. Estos terrenos podrán ser integrados voluntariamente a las áreas silvestres protegidas o bien comprados directamente cuando haya acuerdo de partes. En caso contrario, serán expropiados de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley de Expropiaciones, No. 7495, del 3 de mayo de 1995 y sus reformas. Cuando, previa justificación científica y técnica del interés público, se determine mediante ley que el terreno es imprescindible para conservar la diversidad biológica o los recursos hídricos, quedará constituida una limitación a la propiedad que impedirá cortar árboles y cambiar el uso del suelo” (subrayado no es del original), norma que a criterio de este Tribunal es aplicable al sub examine bajo el Principio Precautorio en materia de derecho ambiental que de acuerdo a nuestro máximo órgano constitucional consiste en resguardar los recursos hídricos tomando las decisiones pertinentes sobre ello, al respecto dicho órgano indicó : “XV.- PRINCIPIO PRECAUTORIO DEL DERECHO AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. Uno de los principios rectores del Derecho Ambiental lo constituye el precautorio o de evitación prudente. Este principio se encuentra recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, la cual literalmente indica “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. En el ordenamiento jurídico interno la Ley de Biodiversidad (No. 7788 del 30 de abril de 1998), en su artículo 11 recoge como parámetros hermenéuticos los siguientes principios: “1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterios precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”. En el Voto de esta Sala No. 1250-99 de las 11:24 horas del 19 de febrero de 1999 (reiterado en los Votos Nos. 9773-00 de las 9:44 horas del 3 de noviembre del 2000, 1711-01 de las 16:32 horas del 27 de febrero del 2001 y 6322-03 de las 14:14 horas del 3 de julio del 2003) este Tribunal estimó lo siguiente: “(...) La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente”. Posteriormente, en el Voto No. 3480-03 de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003, este Tribunal indicó que “Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente”. Para el caso de las aguas subterráneas contenidas en los mantos acuíferos y áreas de carga y descarga, el principio precautorio o de indubio pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las regla unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente o éstos sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esencia, una gestión ambiental segura de las aguas subterráneas pasa por proteger el recurso antes de su contaminación o degradación. Resolución Nº 01923 – 2004. del 25 de Febrero del 2004)”. Del anterior extracto se deriva que dicho principio rector se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. Así, pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, puesto que de haberse producido el daño, las consecuencias biológicas y socialmente nocivas pueden ser irreparables. Recapitulando, considera este órgano colegiado que no se logró por parte de los demandados desacreditar lo indicado por el ICE en cuanto a que dichos terrenos fueron adquiridos como zona de amortiguamiento y reservorio para la laguna Arenal, e incluso, sí se demostró que sirven no solo para mantener el embalse sino que existe una cadena de necesidades públicas como son la utilización de las aguas en zonas de riego y una planta de tratamiento para hacer que el consumo de agua sea humano, el testigo funcionario Luis Mariano Zúñiga (topógrafo) al respecto y sobre el estudio que realizó para determinar la situación registral de los inmuebles, indicó: “La propiedad 200 se adquiere con el fin de que sea remanente de bosque, como zona de amortiguamiento de reserva de agua. Es un remanente de bosque que ayude con el recurso hídrico que está en el embalse. Alrededor se reservó ciertas áreas que está fuera de la zona de protección que trata de ser de amortiguamiento para el espejo del embalse arenal. Es un aliviador de la presión que existe por actividad humano. A través de los canales el proyecto arenal forma parte de un sistema en cascada para riego y consumo humano”, lo que demuestra la utilidad pública a la que fue destinado los inmuebles objeto del proceso y que fueron expropiados en su momento procesal. Por último, en cuanto a la excepción de caducidad y prescripción que el Lic. [Nombre 010] presentó en su escrito de contestación de la demanda en representación de los codemandados [Nombre 010], Lualhe de Tilarán S.A. Importacones Murisol S.A. [Nombre 015], [Nombre 016], Murarti S.A. fundamentada en el artículo 61 de la Ley de Expropiaciones, dispone dicho numeral: “Prescripción y caducidad. Los derechos y las acciones que se deriven de la presente ley prescriben en diez años, contados a partir del día siguiente a aquel en el que el Estado tomó posesión del bien o lo afectó. El reclamo, por vía administrativa, caducará y se tendrá por no interpuesto si transcurren cinco años sin que el interesado active las diligencias”; dicha excepción tampoco es procedente en el caso que nos ocupa, por cuanto de una lectura atenta de citado numeral se extrae meridianamente que se refiere a los derechos del administrado (expropiado) a reclamarle a la Administración derivados de la expropiación, no siendo aplicable al caso concreto por estar en otro supuesto jurídico. Indicado lo anterior y conforme quedó sentado líneas atrás en el presente proceso nos encontramos frente a bienes demaniales que, se reitera, fueron afectados por voluntad expresa de la Administración al momento de la expropiación cuya utilidad pública es de servir de zona de amortiguamiento para el embalse Arenal; ello hace que la discusión sobre si existe prescripción o no del derecho que tiene el ICE sobre la titularidad de los bienes sea inocua, por cuanto una de las características esenciales de los bienes dominicales (como se indicó líneas atrás) es su imprescriptibilidad por estar fuera del comercio de los hombres, en consecuencia, se rechaza las excepciones de prescripción y caducidad interpuesta por los demandados. Dejado por sentado que en el sub examine estamos en presencia de bienes dominicales los cuales se torna innecesaria la discusión sobre su titularidad o posesión este Tribunal no puede dejar de pronunciarse sobre la situación jurídica de los terceros adquirentes que en algunos casos tienen más de dos décadas de estar en dichos terrenos, utilizándolos como aparentes propietarios y que fueron adquiridos a la luz de la publicidad registral, que el mismo ente actor ocasionó por su negligencia absoluta. En razón de ello se entra a su análisis para determinar lo que en derecho corresponda. VII.- SOBRE LA RECONVENCIÓN. Dentro de la demanda la representación de la empresa demandada INNOTEC TRADING CR SRL, al momento de apersonarse al proceso se opuso a las pretensiones del ICE y concomitantemente interpuso reconvención contra dicho ente. Indicó que su representada no tiene intención de apropiarse la finca que en su oportunidad adquirió del señor [Nombre 010], pues su compra fue de buena fe ya que en ese momento la información registral no indicaba ninguna limitación, y mucho menos conocía los hechos en los que se basa el ICE para sus pretensiones. Que ha sido la negligencia de dicho Instituto lo que ha causado la ilegalidad de lo que se discute en este proceso, por lo que el reconvenido debe responder por los daños causados a su representada. Criterio del Tribunal. Para resolver este punto y por la singularidad del proceso en que nos encontramos se hace necesario de previo, realizar algunas precisiones sobre el concepto de "Terceros Adquirentes de buena fe" para poder contrastarlo con la institución jurídica de la demanialidad. A) Generalidades sobre los terceros adquirentes. El análisis de esta figura jurídica sometida a pronunciamiento de este Tribunal por la peculiaridad del asunto se realizará en dos líneas; ello por cuanto a criterio de este órgano colegiado existe un grupo de personas que adquirieron terrenos a la luz de la publicidad registral por medio de un tercero, y coexiste otro grupo de personas que adquirieron los terrenos directamente del expropiado. De previo se hace necesario realizar algunas acotaciones generales sobre la figura del “Negocio Jurídico” y los principios que lo informan. De acuerdo con la doctrina esta figura de forma amplia comprende todos los actos de autonomía privada relevantes para el derecho, que supera al contrato como tal, dando cabida no solo a éstos sino también a los actos no patrimoniales, testamentos y otros, teniendo todos ellos la voluntad exteriorizada y un fin al que se tiende. En el presente caso tenemos dos de estos tipos de negocios bilaterales como los contratos de compraventa que se suscitaron y los unilaterales como el de la donación. Ambos tienen como elemento esencial la voluntad hacia lo interno y la expresión o manifestación de esta voluntad hacia lo externo. En palabras del doctrinario nacional Víctor Pérez se denomina voluntad como: “aquella facultad que nos determina a actuar con conocimiento del fin y de los motivos de la acción”; así el inciso primero del artículo 627 en relación con el 1008 ambos del Código Civil disponen: “ARTÍCULO 627.- Para la validez de la obligación es esencialmente indispensable: 1º.- Capacidad de parte de quien se obliga (…) ARTÍCULO 1008.- El consentimiento de las partes debe ser libre y claramente manifestado. La manifestación puede ser hecha de palabra, por escrito o por hechos de que necesariamente se deduzca”. Aunado a lo dicho, debe tenerse en cuenta el Principio de buena fe, y en el caso particular los Principios de Inmatriculación y Publicidad Registral que a continuación de forma general se resaltan. Sobre el principio de buena fe se ha de indicar que irradia a todo el ordenamiento jurídico e impone una serie de comportamientos a las personas públicas y privadas, tanto en los ámbitos procedimental (procedimientos administrativos llevados a cabo en el seno de la Administración pública), procesal (en los distintos procesos jurisdiccionales) y contractual (en lo que se refiere a la formación, ejecución y extinción de los contratos); inclusive, en el ejercicio del derecho a la autonomía de la voluntad. Precisamente, la principal característica del principio de buena fe, es el dar cobertura a la exigencia de una serie de comportamientos, que resultan aplicables a todas las ramas del ordenamiento jurídico y que, al propio tiempo, le son exigibles a cualquier persona, sea e´sta de derecho público o privado. En ese sentido, el autor Pérez González ha puesto de manifiesto que: “El principio general de la buena fe, que juega, como se ha sen alado, no solo en el ámbito del ejercicio de derechos y potestades, sino en el de la constitución de las relaciones y en el cumplimiento de los deberes, conlleva la necesidad de una conducta leal, honesta, aquella conducta que, según la estimación de la gente, puede esperarse de una persona, protege la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno e impone el deber de coherencia en el comportamiento” (González Pérez, Jesús. El Principio General de la Buena Fe en el Derecho Administrativo. Editorial Civitas, España). En cuanto al Principio relacionado con materia registral, postula que un bien de dominio público por su naturaleza y al presumirse la titularidad estatal no necesita la inscripción registral, ello deriva en virtud de que el régimen demanial es per se, su existencia y publicidad se da con autonomía del Registro, sin que sea dable al titular registral alegar desconocimiento como medio de desvirtuarlo y contrarrestar la afectación. Sobre este principio la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la resolución número 00896-2015 de las 09:30 hrs. del 4 de agosto de 2015 indicó: “Segundo, el traspaso formal no es indispensable según el principio de inmatriculación. Ha dicho esta Sala sobre el particular: “De conformidad con el principio de inmatriculación o innecesaria inscripción del dominio público, su existencia y publicidad se da con independencia de su registro, porque se presume su titularidad por parte del Estado. De que manera que, el régimen demanial es per se. La publicidad en este tipo de bienes es material, no necesariamente formal o registral. El bien de dominio público, por su naturaleza, no necesita de la inscripción registral….” (sentencia no. 001259-F-S1-2009 de las 10 horas 50 minutos del 10 de diciembre de 2009). En cuanto el Principio de Publicidad Registral postula la presunción de que toda persona conoce el contenido de lo inscrito en un Registro Público, lo cual se encuentra a cargo del Estado al respecto la Sala Constitucional en la resolución número 3441-2003 del 30 de abril de 2003 indicó: “Es función del Estado propiciar, mantener, suministrar seguridad a su población. Una de las manifestaciones de esta seguridad es la que brinda un sistema registral. Efectivamente, el establecimiento de un sistema registral en determinado ámbito de la vida social tiene como objeto proporcionar seguridad jurídica. La seguridad registral es el pilar fundamental de nuestro sistema registral”. De la anterior cita se extrae que la seguridad jurídica patrimonial es una actividad que el ordenamiento confía al Poder Ejecutivo a través del Registro Nacional y sus órganos. En ese sentido, la Ley de Creación del Registro Nacional lo crea como un órgano del Ministerio de Justicia. Dicho fin se logra dando notoriedad, publicidad a determinados hechos o negocios, controlando su legalidad. Seguridad registral que garantiza el tráfico jurídico patrimonial y transparencia en el mercado. Es el sistema registral el que garantiza la propiedad en sus diversas manifestaciones, favoreciendo su tráfico jurídico. Al legitimar y proteger los derechos del titular registral y dar certeza a los terceros adquirientes, se favorece la negociación patrimonial. Tal resguardo se logra por medio del Registro Público, así dispuesto por el artículo 1 de la Ley Número 3883 del 30 de mayo de 1967, (Ley de Inscripción de Documentos en el Registro Nacional) que en lo relacionado reza: “El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos. En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos”. En resumen el Registro Nacional tiene como objeto garantizar el principio de seguridad registral a través de los diferentes registros que internamente existen, siendo entonces que la seguridad jurídica implica publicidad la cual se obtiene por medio de la inscripción de los documentos que allí se presentan. Resaltado lo anterior como se indicó se entra al análisis de la situación jurídica de los terceros adquirentes aquí demandados ya que dentro de su discurso de apertura y conclusiones peticionaron se les indemnizaran. 1.- Sobre los adquirentes de los terrenos objeto del proceso por medio de la donación. Conforme a lo acreditado en los autos el señor [Nombre 007] luego de que le comunica que se le va expropiar tres fincas que se encuentran a su nombre y no estar de acuerdo con el avalúa administrativo la Administración presente ante el Juzgado Contencioso Administrativo la diligencia para que se fije el justiprecio, sin que allí se discuta cualquier otro tema; hay que resaltar que el proceso de expropiación nace como una herramienta de carácter constitucional, conocida como “Potestad de Expropiación”, siendo diseñada por el legislador bajo en doble esquema. Uno administrativo donde se genera el acto expropiatorio y se le comunica al dueño el avalúo del terreno, permitiendo así en caso de aceptarlo entrar en posesión del bien una utilización inmediata del mismo para la utilidad pública; empero en caso de no ser aceptado el avalúo, surge en sede jurisdiccional un proceso sumario limitado a determinar el “justi precio” sin poder discutir las partes ningún otro aspecto relacionado con la expropiación; de lo anterior se puede afirmar que ambos procesos nacen de la potestad expropiatoria (se reitera) del artículo 45 de nuestra Carta Magna que dispone en lo que interesa: “ La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley”. Es así que desde sus inicios el legislador reguló el procedimiento de expropiación circunscrito al pago justo del valor del inmueble, sin discutir la potestad expropiatoria de la Administración derivada en ese momento del artículo 29 de la Constitución Política vigente, así en el artículo 5 de la ley número 36 (Ley de Expropiación Forzosa por Causa de Utilidad Pública de 1896) el Congreso Constitucional de la República de Costa Rica decretó: “Cuando para asuntos de carácter nacional fuere el caso de una expropiación, el Ministerio de Gobernación dirigirá nota al dueño del inmueble, indicándole la obra en proyecto y la posible ocupación del todo o parte de su propiedad, y le concederá un término no menor de tres ni mayor de veinte días para que manifieste su conformidad o se oponga a la medida, y ofrezca en este caso las pruebas en que funde la negativa”, siendo en su capítulo tercero de dicha ley que se intitula “De los juicios de indemnización por expropiación”, que se regula el procedimiento sumario e incluso vedando expresamente que lo allí discutido pueda ser debatido en un proceso plenario al indicarse en el artículo 24 “La sentencia, una vez que sea ejecutoria, resuelve definitivamente la cuestión y hace imposible todo debate posterior en juicio ordinario respecto de las cuestiones por ella resueltas y del monto que la misma mande indemnizar como precio del inmueble y de los daños y perjuicios causados con la expropiación”. Esta institución fue receptada íntegramente por el constituyente del 49 siendo la base de las leyes número 1371 y 2292 en las cuales se fundamenta el Decreto Ejecutivo Número 8031-G del 20 de febrero de 1978, que aquí nos ocupa; hasta la Ley Número 7495 vigente actualmente, la cual contiene un desarrollo más claro y circunscribe de forma diáfana el proceso expropiatorio en sede jurisdiccional a la discusión del monto a indemnizar, resaltando que la expropiación en sí es una potestad del Estado ejercida en su función administrativa, así dispone: “artículo 1. Objeto. La presente ley regula la expropiación forzosa por causa de interés público legalmente comprobado. La expropiación se acuerda en ejercicio del poder de imperio de la Administración Pública y comprende cualquier forma de privación de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera sean sus titulares, mediante el pago previo de una indemnización que represente el precio justo de lo expropiado. Artículo 18- Declaratoria de interés público. Para la expropiación de un bien será indispensable un acto motivado, mediante el cual el bien requerido se declare de interés público. Tal acto, en caso de un ministerio, será firmado por el ministro del ramo y, en los demás casos, por el jerarca del ente expropiador, salvo disposición de ley en contrario. La declaratoria de interés público deberá notificarse al interesado, o su representante legal, y será publicada en el diario oficial La Gaceta. Esta declaratoria será motivo suficiente para las eventuales indemnizaciones por actividades comerciales o cualquier otra afectación de derechos que en razón de esa misma expropiación deba realizar la administración. Artículo 27.- Acuerdo de expropiación. La Administración dictará un acuerdo de expropiación en los siguientes casos: a) Si existiera disconformidad oportuna del expropiado con el avalúo administrativo. Artículo 28.- Inicio del proceso especial de expropiación y depósito del avalúo administrativo. Dictado el acuerdo de expropiación, en los términos del artículo anterior, la administración expropiante deberá iniciar el proceso especial de expropiación ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Una vez conformado el expediente judicial, la Administración depositará el monto del avalúo administrativo, como requisito indispensable y previo a la entrada en posesión del bien expropiado. Artículo 29.- Objeto de litigio. En el proceso especial de fijación del justiprecio, solo se discutirán asuntos relacionados con la revisión del avalúo administrativo del bien expropiado, según las condiciones en que se encontraba, para fijar el monto final de la indemnización”. Ahora bien, una vez expropiado don [Nombre 007] por medio del decreto emitido por la Administración conforme se desprende de los autos que desde la resolución de las 10:5 hrs del 20 de abril de 1978 el expropiado tenía conocimiento de que el ICE ya estaba autorizado para entrar en posesión de dichos terrenos y con la sentencia 464 del 15 de julio de 1986 se fija el justiprecio y se da la autorización para la protocolización de piezas, y a pesar de haber retirado el dinero de las cuentas del Juzgado y estar conforme con lo resuelto (por cuanto ya el expediente se encontraba archivado) el señor ([Nombre 007]) en una acto contrario a derecho se apersona ante el notario Germán Guillen Castro y otorga escritura número 165 de fecha 10 de noviembre de 1992 mediante la cual dona por partes iguales a sus hijos [Nombre 008], [Nombre 003], [Nombre 009] y [Nombre 002] todos ([Nombre 009], [Nombre 002], [Nombre 008], [Nombre 003]), las fincas inscritas en el Partido de Guanacaste número [Valor 013],[Valor 014] y [Valor 015], que ya no eran de su propiedad, se reitera, desde el acto ablatorio dictado por el Ejecutivo en el Decreto Ejecutivo número 8031-G del 20 de febrero de 1978, acto que tomó eficacia al momento de la orden que dio el juzgado de entrar en posesión de los terrenos, sea el 20 de abril de 1978. Los hermanos ([Nombre 009], [Nombre 008], [Nombre 002]) y la Sucesión demandada alega que ellos no fueron parte de la expropiación ni sabían absolutamente nada sobre el tema. Dichos argumentos son parcialmente compartidos por esta Cámara únicamente en lo que respecta a que ellos efectivamente no fueron parte de la expropiación, lógicamente, por cuanto no eran los propietarios y la donación ocurre seis años después, sin embargo, para efectos de la buena fe que aquí se alega, no es compartido por este Tribunal sus alegatos, porque no es cierto que no sabían de la situación jurídica de dichos bienes inmuebles, pues como se encuentra acreditado ellos fueron parte de la denuncia que realizó el ICE y el proceso penal, dentro del cual se les indagó sobre el tema, declarando en esa oportunidad que no sabían que dichos inmuebles estaban expropiados, es decir; a partir de ese momento eran conocedores de la situación jurídica entorno a las fincas a tal punto que su padre fue no solamente condenado por el delito de estelionato sino también se anuló la escritura de donación, llama poderosamente la atención a esta Cámara que de una revisión de lo ocurrido en el proceso penal al momento del debate el abogado defensor de don [Nombre 007] (y que también actuó como defensor de los hermanos ([Nombre 002], [Nombre 008], [Nombre 009]) en dicho proceso penal) solicitó la suspensión del debate por su defendido no se encontraba mentalmente capaz de afrontar el proceso, incluso los juzgadores de juicio ordenaron un examen forense para determinar tal situación, y cuya pericia contenida en el oficio número SPF-1522-97 del 22 de diciembre de 1997 en las conclusiones se indicó: “IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA: Personalidad pasivo-agresiva, Deterioro senil severo, Depresión ansiosa leve. CONCLUSIONES. Con base a lo anterior se puede concluir que el entrevistado presenta deterioro de sus funciones mentales superiores que le dificultan en la actualidad comprender con claridad lo concerniente a un proceso judicial y la participación en el mismo, no implica estado alguno de enajenación mental o psicosis” (imágenes 46-48, expediente de pruebas CD 5). Empero a pesar de ello se desprende del cuadro fáctico, aquí planteado, que aun y cuando en ese momento se encontraban dentro del proceso penal, donde se discutía la titularidad de las fincas que le fueron donadas, de forma consciente y a sabiendas que había posibilidades de que se anulara dicho negocio jurídico (como efectivamente sucedió) los aquí demandados no solo reunieron fincas, sino también constituyeron hipoteca, que posteriormente fue ejecutada, lo que no es acorde al Principio de Buena Fe, que impone una serie de comportamientos a las personas públicas y privadas, sea una conducta leal y honesta en los negocios jurídicos haciendo que el mismo Banco se viera involucrado de buena fe en el negocio comercial préstamo). En este orden de ideas hay que recordar que la “traditio” requiere que el transmitente tenga en su poder un título traslativo de dominio, justo título o causa justa y en todo negocio debe existir buena fe; en resumen un justo título; al respecto la doctrina el justo título lo ha definido como apto para transferir el dominio. En el sub examine estima este Tribunal que los codemandados ([Nombre 008]) y Sucesorio ([Nombre 003]) tanto en el negocio de la donación como en el negocio de la reunión y constitución de hipoteca no tenían justo título de propiedad sobre los bienes inmuebles que registralmente estaban inscritos a su nombre y por consiguiente, sea una justa causa para realizar dichos negociosos jurídicos (reunión e hipoteca). Incluso llama poderosamente la atención a esta Cámara que supuestamente si eran desconocedores de la situación entorno a dichas fincas expropiadas a su padre y que a pesar de ellos en el traspaso que se les realizó por medio de la donación, al momento en que se inundó parte de dicha finca no presentaron reclamos administrativos ante el ICE para solicitar se les indemnizara por el daño causado en si no es hasta en este proceso, más de veinte años después, vía reconvención pretende que se les indemnice, evidenciando con su actuar que no existe buena fe, es decir, se pretende sacar provecho de su propio dolo, derivado de la negligencia administrativa que ha ocurrido en este caso particular. En razón de lo anterior a criterio de este Tribunal en relación con los demandados ([Nombre 008]) y Sucesión ([Nombre 003]), los agravios tanto de la demanda como de la reconvención no son de recibo, en consecuencia debe declararse en ese extremo con lugar la demanda y rechazar la reconvención, como en efecto se hace. 2.- Sobre los adquirentes a través de un tercero. De acuerdo con la cronología de lo sucede en este grupo de terceros adquirentes se tiene que los hermanos ([Nombre 009], [Nombre 008], [Nombre 002]) después de recibir la donación de las fincas la reúnen y adquieren un crédito con el Banco Nacional hipotecando la finca resultante inscrita en el Partido de Guanacaste [Valor 016] conforme al plano catastrado número G-80239-1992, la reunión e hipoteca se confeccionó en la escritura número 61 ante el notario público Rafael Ortega Ayón. En este iter procesal tiempo después los deudores entraron en mora y el Banco acreedor tuvo que recurrir a la vía ejecutiva para recuperar el crédito, siendo que una vez llevada a cabo la almoneda la finca es rematada judicialmente y adjudicada al señor [Nombre 010]. Este una vez protocolizada las piezas por orden del juez competente, la inscribe libre de gravámenes a su nombre y posteriormente comienza a segregar lotes que les vende a los codemandados, todos estos negocios a la luz de lo que en ese momento indicaban los asientos registrales. Como puede verse de lo indicado ut supra, la situación jurídica de estos terceros adquirentes es diametralmente opuesta a los hermanos ([Nombre 009], [Nombre 008], [Nombre 002]) y Sucesorio ([Nombre 003]), realizando estos los negocios jurídicos de buena fe y a la luz de la publicidad registral, pues se les trasmite el domino de otro tercero como lo es el señor [Nombre 010], quien es ajeno al negocio original, sea la donación o la hipoteca realizada entre el señor [Nombre 007] y sus hijos, y posteriormente estos con el Banco Nacional de Costa Rica (se aclara el Banco acreedor también es un tercero de buena fe en la relación obligacional, no como adquirente, pues la finca nunca fue inscrita a su nombre). En este orden de ideas estima este Tribunal que tanto el señor [Nombre 010] como los demás codemandados Innotec Trading CR SRL., Lualhe de Tilarán S.A. Importacones Murisol S.A. [Nombre 015], [Nombre 016], Murarti S.A. son terceros de buena fe que adquirieron los inmuebles a la luz de la publicidad registral, y conforme se indicó líneas atrás, esta figura presupone que una persona, ya sea física o jurídica, adquiere un bien con la creencia de que éste es transmitido por el propietario legítimo y con la ignorancia de los posibles vicios de la adquisición, como sucedió en este caso, sea que el señor ([Nombre 010]) no tenía jamás la posibilidad material de suponer que dichos terrenos eran demaniales y por consiguiente, fuera del comercio de los hombres, si el mismo banco actuando también de buena fe en el negocio del arriendo comercial del dinero al momento de hacer la garantía hipotecaria no pudo advertir que existía alguna indicación registral sobre el estado de dichas fincas, así los artículos 455 primae lineae y 456 del Código Civil en cuanto a la buena fe a la luz a la luz de la publicidad registral dispone: “ Art. 455. Los títulos sujetos a inscripción que no estén inscritos no perjudican a tercero, sino desde la fecha de su presentación al Registro. Se concederá como tercero aquél que no ha sido parte en el acto o contrato a que se refiere la inscripción. Art. 456. La inscripción no convalida los actos o contratos inscritos que sean nulos o anulables conforme a la ley. Sin embargo, los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el Registro aparezca con derecho para ello, una vez inscritos, no se invalidarán en cuanto a tercero, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título no inscrito, o de causas implícitas, o de causas que aunque explícitas no constan en el Registro”. Así las cosas, en tesis de principio los adquirentes de buena fe no podrían verse perjudicados por los vicios que aquejen el derecho de quien transmitió (donación, reunión e hipoteca) si este (hermanos ([Nombre 008], [Nombre 009], [Nombre 002])) en su momento aparecía como propietario en el registro público, y tales vicios, como sucedió en este caso, no constaran en el registro de bienes inmuebles. Ahora bien, hasta aquí lo dicho nos arriba a la aparente conclusión de que los terceros adquirentes de buena fe no deberían verse afectados por los vicios ocultos; sin embargo a lo anterior, y sin perjuicio de lo indicado hay que recordar que estamos en un caso suis generis (ocasionado por la misma ineficiencia de la administración), donde el negocio jurídico desde sus orígenes tiene vicio de nulidad absoluta por la naturaleza de los bienes que se encuentran en juego; es decir, la imposibilidad de que un tercero adquirente de buena fe restituya un bien adquirido en relación con los bienes de naturaleza privada que son prescriptibles y transferibles (conforme a la normativa citada) lo que no sucede en este proceso, por encontrarnos ante bienes del demanio público, pensar o resolver lo contrario sería violentar la naturaleza jurídica de la dominicalidad, siendo que las fincas objeto del proceso desde mucho tiempo atrás que los terceros de buena fe adquirieran dichos inmuebles, había sido destinados a la utilidad pública. Resalto lo anterior es claro en este caso que los responsables del error registral no el Estado ni el Registro Público, quienes simplemente dentro de sus competencias inscribieron fincas, hipotecas y segregaciones bajo la fe pública notarial, tampoco a criterio de esta Cámara el Banco demandado, pues este último actuó a la luz de la publicidad registral, siendo los codemandados [Nombre 002], [Nombre 009], [Nombre 008] todos ([Nombre 008], [Nombre 009], [Nombre 002]), Sucesorio [Nombre 003], como ha quedado demostrado, los que no actuaron bajo el Principio de Buena Fe, sino que indujeron a error en su momento al Banco Nacional, y este una vez adquiridas las propiedades en un remate las vende, a un tercero que a su vez segrego y vendió a adquirentes de buena fe, siendo entonces dichos codemandandos los responsables últimos a quienes se les debería cobrar los daños y perjuicios ocasionados, en razón de los negocios jurídicos realizados, en un proceso correspondiente. Siguiendo esta línea de pensamiento, es considera esta Cámara que la Administración siempre actuará sometida al ordenamiento jurídico (doctrina del artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la LGAP) lo que como ya ha quedado plasmado no sucedió por las reiteradas conductas omisivas a través de décadas que en este momento afectan a terceros de buena, y siendo que se debe integrar normas del derecho público su interpretación y aplicación se debe hacer garantizando el equilibrio entre la eficiencia de la Administración y la dignidad, libertad y derechos fundamentales del administrado. Así, a criterio de este órgano colegiado en el sub examine como ya se indicó, es el mismo ICE quien ha provocado con su negligencia que los inmuebles fueran traspasados a terceros, (adquirentes que como ya quedó resuelto fueron de buena fe) y que por ser bienes dominicales deben de ser restituidos, pero con dicha restitución debe haber un derecho a indemnización. En ese sentido es claro que en este caso no se puede hablar de una expropiación pero sí del pago de daños y perjuicios, que conforme al artículo 190 de LGAP la Administración debe pagar por su actuar negligente reconociendo en ese sentido una situación jurídica tutelable. A pesar de lo indicado, en el caso que nos ocupa, se debe tener en cuenta que los señores [Nombre 023], Lualhe de Tilarán S.A., Importaciones Murisol S.A., [Nombre 015], [Nombre 016], Murarti S.A. no es posible otorgar los daños y perjuicios que se les ha irrogado en ocasión de la adquisición de los terrenos propiedad del ICE como adquirentes de buena fe, ello en razón de no existir dentro del proceso una acción en contra del ICE, y si bien es cierto, en la audiencia de juicio oral al presentar su teoría del caso así como en sus conclusiones se realizaron petitoria de tipo indemnizatorio, lo cierto del caso es que ello sería un argumento novedoso, pues al momento de apersonarse al proceso la única actuación de dichas partes fue el de contestar la demanda en su contra y oponerse a las pretensiones del actor, sin existir, se reitera, una pretensión indemnizatoria que se reclame de índole declarativa, la cual pueda ser analizada por este Órgano Colegiado, y que el ICE hubiera podido ejercer su defensa. Tal situación procesal hace imposible pronunciarse sobre lo que este Tribunal considera un derecho al resarcimiento, pero que no fue ejercido en su momento procesal oportuno dentro de este proceso, debiendo acudir las partes que se consideren perjudica por las actuaciones del ICE a la vía declarativa correspondiente para hacer valer sus derechos y en el cual exista un contradictorio sobre dichas pretensiones. B) Sobre los daños y perjuicios reclamados por la empresa INNOTEC TRADING CR SRL. Como se ha indicado líneas atrás la empresa reconventora para este caso específico adquiere la propiedad que en su momento se encontraba inscrita en el Registro Nacional, Sección Inmuebles, a nombre del señor [Nombre 007], el cual de acuerdo al recuento de los hechos también se encontraba en posesión de dicha propiedad a tal punto que la donó a sus hijos y el señor [Nombre 002] constituyó una hipoteca a favor del Banco Nacional de Costa Rica, éste último remató la propiedad y fue adquirida por el señor [Nombre 010] en el año 1994, y desde esa época hasta el año 2012 ejerció su pleno dominio y hasta el momento que la reconventora la adquirió por compra-venta la propiedad, todo ese tiempo tanto el señor [Nombre 010] como Innotec Trading CR SRL ha pensado y actuado como legítimos propietarios, y no es hasta la interposición de este juicio que se dan cuenta de la situación de dicho inmueble, ante las acciones reinvindicatorias del ICE. Del anterior cuadro fáctico como puede desprenderse estamos ante el típico tercero de buena fe, protegido y regulado en la ley. Conforme a lo desarrollado ut supra, considera esta Cámara que la Administración siempre actuará sometida al ordenamiento jurídico (doctrina del artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la LGAP) lo que como ya ha quedado plasmado no sucedió por las reiteradas conductas omisivas a través de décadas que en este momento afectan a terceros de buena, y siendo que se debe integrar normas del derecho público su interpretación y aplicación se debe hacer garantizando el equilibrio entre la eficiencia de la Administración y la dignidad, libertad y derechos fundamentales del administrado. Así, a criterio de este órgano colegiado en el sub examine como ya se indicó, es el mismo ICE quien ha provocado con su negligencia que los inmuebles fueran traspasados a terceros, (adquirentes que como ya quedó resuelto fueron de buena fe) y que por ser bienes dominicales deben de ser restituidos, pero con dicha restitución debe haber un derecho a indemnización. En ese sentido es claro que en este caso no se puede hablar de una expropiación pero sí del pago de daños y perjuicios, que conforme al artículo 190 de LGAP la Administración debe pagar por su actuar negligente reconociendo en ese sentido una situación jurídica tutelable. Estima este Tribunal por las razones ya indicadas que efectivamente lleva razón la representación de la empresa demandada y reconventora en su reclamo, pues como ya ha quedado sentado y el mismo ICE no pudo desvirtuar, que por su propia negligencia y su mal funcionamiento, es que no se inscribió en el momento procesal oportuno la finca a su nombre, y cuando posteriormente lo intentó, tampoco lo concretó, derivando todo ello en la situación que aquí se dilucida. No cabe duda alguna que, se reitera, que es el mismo ICE el que se puso en esta situación, provocando daños y perjuicios al adquirente de buena fe, los cuales deben de ser resarcidos. En este orden de ideas, la misma parte reconventora manifiesta que no es su interés dejarse la propiedad, ni oponerse en ese tanto a que el ICE haga valer sus derechos por culpa de él mismo, pero es precisamente por esa negligencia que debe ser condenado a pagarle los daños y perjuicios los cuales valora prudencialmente en veinte millones de colones, los cuales los se dividen si estimar cada uno de ellos, en económico, moral, psicológico y patrimonial. Reclamo que entra a conocer y analizar su procedencia o no este Tribunal en la forma en que fue planteado por la representación legal de la empresa reconventora. b.1. Del Daño Económico. La parte indica que se debe condenar al ICE por los daños y perjuicios causados con su actuar, referidos al daño patrimonial. Entiende esta Cámara, y así lo resuelve, que se hace referencia a la suma de dinero invertida en dicha propiedad para su adquisición más sus mejoras. La pretensión debe ser otorgada por las siguientes consideraciones. Conforme a lo indicado líneas atrás sobre los terceros de buena fe, se tiene por acreditado que la empresa reconventora adquiere la propiedad para el año 2015 producto de segregaciones de lotes que en su momento el anterior adquirente de buena fe, el señor [Nombre 010], por medio de un remate en 1994, pone a la venta. Dicha inversión inicial producto de la adquisición de la compra del lote propiedad registral de la empresa reconventora,inscrita al folio real mecanizado número 122229, con un área de 9414, 39 m2 , plano catastrado número G-386792-1997, y que de acuerdo con el peritaje judicial que consta en autos se encuentra dentro del área reclamada por el ICE (imagenes 1510-1514), y que ahora es desposeída, origina el daño patrimonial reclamado, y que en razón de las posible mejoras que se la ha hecho al bien inmueble como son la casa de habitación y otros, constituyen el perjuicio aducido. Reclamo que queda acreditada la existencia de dichas mejoras con el peritaje que consta en autos del cual se desprende que actualmente existe una casa de habitación, pero que del mismo no se logra desprender (no fue objeto de la pericia) el valor de dichas mejoras, por lo que, se reitera, no existe duda alguna que la reconventora sufriría un daño en su patrimonio con la desposesión de dicho bien, el cual debe de ser resarcido. En razón de lo indicado anteriormente, y por las consideraciones de hecho y derecho realizadas ut supra, el ICE se encuentra en la obligación de resarcir el daño económico causado a la empresa Innotec Trading CR SRL. Ahora bien, dicho daño debe ser otorgado en abstracto de conformidad con el ordinal 122.m.ii del CPCA, que dispone: "m) Condenar al pago de los daños y perjuicios, en los siguientes términos: (...) ii) Pronunciamiento en abstracto, cuando conste su existencia, pero no su cuantía"; debiendo ser en ejecución de sentencia donde sea fijado, tomando como parámetros el valor en que fue adquirido el lote, su uso del que fue objeto mienstras estuvo en el dominio de la reconventora, la inversión y mejoras que está realizó al bien inmueble (construcciones) y el valor real de mercado actual. b.2. Daño Moral y Psicológico. Reclama el asesor legal de la empresa el daño moral y psicológico de su representada, pero sin indicar a qué tipo de daño se refiere, si se trata del subjetivo u objetivo, por lo que entiende este Tribunal hace referencia al subjetivo al referirse psicológico, y así se resuelve. Como bien lo ha señalado la Sala Primera de Justicia, debe recordarse la distinción que existe entre el daño moral subjetivo y objetivo. Sobre este tema ha apuntado ese Tribunal que: “El daño moral (llamado en doctrina también incorporal, extra patrimonial, de afección, etc.) se verifica cuando se lesiona la esfera de interés extra patrimonial del individuo, empero como su vulneración puede generar consecuencias patrimoniales, cabe distinguir entre daño moral subjetivo "puro", o de afección, y daño moral objetivo u "objetivado". El daño moral subjetivo se produce cuando se ha lesionado un derecho extra patrimonial, sin repercutir en el patrimonio, suponiendo normalmente una perturbación injusta de las condiciones anímicas del individuo (disgusto, desánimo, desesperación, pérdida de satisfacción de vivir, etc., vg. el agravio contra el honor, la dignidad, la intimidad, el llamado daño a la vida en relación, aflicción por la muerte de un familiar o ser querido, etc.). El daño moral objetivo lesiona un derecho extra patrimonial con repercusión en el patrimonio, es decir, genera consecuencias económicamente valuables (vg. el caso del profesional que por el hecho atribuido pierde su clientela en todo o en parte). Esta distinción sirve para deslindar el daño sufrido por el individuo en su consideración social (buen nombre, honor, honestidad, etc.) del padecido en el campo individual (aflicción por la muerte de un pariente), así uno refiere a la parte social y el otro a la afectiva del patrimonio. Esta distinción nació, originalmente, para determinar el ámbito del daño moral resarcible, pues en un principio la doctrina se mostró reacia a resarcir el daño moral puro, por su difícil cuantificación. Para la indemnización debe distinguirse entre los distintos tipos de daño moral. En el caso del objetivo, se debe hacer la demostración correspondiente como acontece con el daño patrimonial; pero en el supuesto del daño moral subjetivo al no poder estructurarse y demostrarse su cuantía de modo preciso, su fijación queda al prudente arbitrio del juez, teniendo en consideración las circunstancias del caso, los principios generales del derecho y la equidad, no constituyendo la falta de prueba acerca de la magnitud del daño óbice para fijar su importe”. (Sentencia número 112-F-92 de las catorce horas quince minutos del quince de julio de mil novecientos noventa y dos). Con lo anterior estima este Órgano Colegiado que tal pretensión debe ser denegada por dos razones fundamentales, primero, quien reclama es una sociedad de responsabilidad limitada (persona jurídica), y de una lectura del escrito de reconvención se extrae, que al momento de ser reclamado no fue delimitado como un daño al socio, sino directamente a la empresa propietaria del bien inmueble, lo cual conforme a la jurisprudencia nacional debe ser tratado dentro de lo que se conoce en doctrina como daño moral objetivado, pero se reitera, no fue planteado y reclamado en esa forma, sino de los alegatos de la parte reclamante, entiende esta Cámara, y así lo resuelve, se infiere al daño moral subjetivo sufrido por el representante legal, lo cual, no es procedente, se reitera, por la forma en que es peticionado; segundo, aun y cuando este Tribunal estimara que dicho daño fuera procedente, la parte reclamante, incumple el presupuesto básico del reclamo de todo daño moral subjetivo, como lo es la carga de la prueba mínima, ya que ni tan siquiera hizo esfuerzo alguno para acreditar la existencia de tal manifestación del daño moral reclamado, sino que se limitó únicamente a su invocación y la fijación prudencial del mismo indicando nada más que "se condene al demandado al grave daño moral y psicológico sufrido por su representada", pero, se reitera, sin indicar de forma clara y diáfana, cuál es el nexo de causalidad, entre el daño reclamado y la conducta impugnada, limitándose a indicar que proviene de la negligencia del ICE, y todo ello, sin prueba alguna; no siendo posible para este Tribunal en esa medida, determinar su nexo causal. Por consiguiente dicha petitoria debe ser denegada. VIII.- SOBRE LAS EXCEPCIONES Y PRETENSIONES: En cuanto a las excepciones de prescripción y caducidad interpuesta por los codemandados, siendo que en este caso se ha determinado que estamos frente a bienes demaniales los cuales son imprescriptibles, dichas defensas deben de ser rechazadas. En relación con la excepción de falta de derecho interpuesta por el Estado y el Banco Nacional de Costa Rica por las razones indicadas ut supra debe ser acogida en consecuencia se impone declarar sin lugar en todos sus extremos en el proceso. En relación con las excepciones de falta de derecho interpuesta por los hermanos ([Nombre 009], [Nombre 008], [Nombre 002]) y Sucesión ([Nombre 003]) se rechaza la defensa declarando parcialmente con lugar la demanda. En relación con los codemandados; [Nombre 010], Lualhe de Tilarán S.A. Importacones Murisol S.A. [Nombre 024], [Nombre 016], Murarti S.A. se acoge parcialmente la excepción de falta de derecho, declarando parcialmente con lugar la demanda. Al momento de interponer la demanda la representación del ICE estiló las siguientes pretensiones las cuales fueron fijadas en la audiencia preliminar y se entra a su pronunciamiento de cada una de ellas en forma individual: a. Pretensiones de la Demanda. 1) La nulidad de la escritura número 61, visible al [Valor 017] del protocolo del Notario Rafael Ortega Ayón, mediante el cual se reúnen las fincas número [Valor 002] al 004 y [Valor 003] al 004, todas de la Provincia de Guanacaste. Conforme a lo indicado líneas atrás al haberse titulado bienes demaniales, dicho negocio jurídico es contrario a derecho debiendo anularse la escritura constitutiva como en efecto en este momento se hace. 2) Nulidad del acto de constitución e inscripción dictado por el Registro Nacional de la finca [Valor 001] del Partido de Guanacaste. Por las razones indicadas la pretensión debe ser concedida anulando la inscripción registral de la finca número [Valor 001] del Partido de Guanacaste resultante de la reunión hecha 3) Nulidad de todo lo actuado y resuelto en el proceso ejecutivo hipotecario tramitado ante el Juzgado Mixto de Grecia, expediente judicial número 403-94. La pretensión es acogida declarando la nulidad del acto administrativo de inscripción 4) Nulidad de los actos de constitución e inscripción dictados por el Registro Nacional de las fincas del partido de Guanacaste con las siguientes matrículas de folio real: [Valor 004], [Valor 005], [Valor 006], [Valor 007], [Valor 008], [Valor 009], [Valor 010], [Valor 011] y [Valor 012]. La pretensión debe declararse con lugar ordenándose la nulidad de las escrituras constitutivas de cada una de las fincas segregadas y ordenando la nulidad de los asientos registrales 5) Como consecuencia de las nulidades antes indicadas se resuelva en sentencia que quedan nuevamente constituidas las fincas del partido Guanacaste con las siguientes matrículas: [Valor 013], [Valor 014] y [Valor 015] y que se ordene al Registro Nacional la inscripción de dichas fincas a nombre del Instituto Costarricense de Electricidad en cumplimiento de lo dispuesto por la sentencia judicial del Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda dictada a las 16:00 horas del 15 de julio de 1968 dentro del expediente judicial Número 1216-78. La pretensión debe ser acogida en todos sus extremos. 6) Que se condene a los codemandados en forma solidaria al pago de los daños y perjuicios ocasionados al patrimonio del Instituto Costarricense de Electricidad como consecuencia de la desposesión de las fincas del Partido de Guanacaste de matrícula [Valor 013], [Valor 014] y [Valor 015], lo que devino en una pérdida de la inversión financiera que realizó mi representada para adquirir y ejercer el dominio sobre dichas fincas, así como los intereses sobre dicha sumas. Se estima prudencialmente en la suma de cincuenta millones de colones, monto que podrá fijarse definitivamente de acuerdo con el dictamen del perito actuario matemático. Dicha pretensión debe de ser rechazada en virtud de que si bien el ICE no ha podido ejercer la posesión en todos los terrenos que en su momento se expropiaron, ello se debió a la absoluta negligencia que ha quedado evidenciada en este proceso desde el momento en que se dictó el auto en el que se ordenaba entrar en posesión por parte del Juzgado y que el actor no lo hizo, hasta el día de hoy, por lo que es claro que en el subjudice existe una culpa de la víctima que creó por su omisión de inscribir los bienes inmuebles a su nombre, y no puede achacarse a los terceros adquirentes tal negligencia, ni mucho menos pretender indemnización por cualquier daño ocasionado por su propia culpa. 7) Que se condene a los codemandados en forma solidaria al pago de los daños ambientales por el ejercicio del domino de fincas destinadas a servir como zonas de protección al Embalse Arenal. La pretensión se deniega por cuanto como se indicó, no existe prueba alguna no solo del daño ambiental sino que aun estimando que la tala de árboles y las construcciones allí realizadas pueden producir un daño, el mismo no se le puede achacar directamente a los codemandados. b. Pretensiones de la Reconvención. Al apersonarse al proceso y contestar negativamente las pretensiones del ICE, la representación legal de la empresa Innotec Trading CR SRL, reconvino al ICE, estilando las siguientes pretensiones: 1) Daños Económico. Conforme a lo indicado y parámetros fijados en el considerando anterior el mismo se otorga en abstracto debiendo acudir a ejecución de sentencia, para determinar los mismos por medio de un peritaje, teniendo en cuenta los parámetros indicados por este Tribunal ut supra. 2) Daño Moral. Por las razones indicadas líneas atrás el mismo debe ser rechazado. IX.- DE LAS COSTAS: De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo, con las excepciones contenidas en los incisos a) y b) del mismo artículo. Por la multiplicidad de partes que existen en el proceso y la forma en que se resolvió el proceso la condena en costas debe de hacerse diferenciada. Con respecto a los hermanos ([Nombre 008], [Nombre 009], [Nombre 002]) y Sucesorio ([Nombre 003]) al resultar perdidosos en este proceso tanto en la demanda como en la reconvención se condena al pago de las costas personales y procesales a favor el ICE de ambos procesos. En relación con los codemandados Innotec Trading CR SRL., [Nombre 010], Lualhe de Tilarán S.A. Importaciones Murisol S.A. [Nombre 015], [Nombre 016], Murarti S.A. al haberse determinado que son terceros de buena fe a criterio de este Tribunal existieron suficientes motivos para litigar por lo que se les exoneran del pago de costas debiendo correr cada parte con las propias. Con respecto al Estado, Banco Nacional de Costa Rica y Junta Administradora del Registro Nacional al haberse declarado sin lugar la demanda se exonera de las costas y se condena al ICE al pago de ambas costas. Con respecto a la reconvención se condena a los reconvención al existir un vencimiento recíproco de conformidad con el artículo 73.2.3 del Código Procesal Civil no existe condena en costas sino que cada parte debe correr con sus propios gastos. POR TANTO Se rechaza la excepción de prescripción y caducidad planteada por los demandados. Se acoge la excepción de falta de derecho interpuesta por los codemandados Junta Administrativa del Registro Nacional, Banco Nacional de Costar Rica y el Estado. En consecuencia, del acogimiento de la falta de derecho se declara sin lugar la demanda interpuesta por el ICE contra el Estado, Banco Nacional de Costa Rica y la Junta Administrativa del Registro Nacional y se condena al Instituto Costarricense de Electricidad al pago de ambas costas. Se acoge parcialmente la excepción de falta de derecho interpuesta por los señores [Nombre 002], [Nombre 009], [Nombre 008] todos ([Nombre 002], [Nombre 008], [Nombre 009]), Sucesorio [Nombre 003], [Nombre 010], Lualhe de Tilarán S.A. Importacones Murisol S.A. [Nombre 015], [Nombre 016], Murarti S.A. t Innotec Trading CR SRL en consecuencia, se declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta por el Instituto Costarricense de Electricidad, entendiéndose por denegado en lo no expresamente concedido. En relación a la reconvención se acoge la excepción de falta de derecho interpuesta por el Instituto Costarricense de Electricidad en consecuencia se rechaza la reconvención interpuesta por los señores [Nombre 002], [Nombre 009], [Nombre 008] todos ([Nombre 009], [Nombre 008], [Nombre 002]), Sucesorio [Nombre 003] contra el Instituto Costarricense de Electricidad, en consecuencia se condenan a los reconventores al pago de las costas de dicha acción. En cuanto a la reconvención interpuesta por Inotec Trading Costa Rica SRL, se acoge parcialmente la excepción de derecho interpuesta por el ICE. Dentro del proceso principal presentado por el Instituto Costarricense de Electricidad se declara: 1) La nulidad de la escritura número 61, visible al [Valor 017] del protocolo del Notario Rafael Ortega Ayón, mediante el cual se reúnen las fincas número [Valor 002] al 004 y [Valor 003] al 004, todas de la Provincia de Guanacaste. 2) La nulidad del acto de constitución e inscripción dictado por el Registro Nacional de la finca [Valor 001] del Partido de Guanacaste. 3) La Nulidad de los actos de constitución e inscripción dictados por el Registro Nacional de las fincas del partido de Guanacaste con las siguientes matrículas de folio real: [Valor 004], [Valor 005], [Valor 006], [Valor 007], [Valor 008], [Valor 009], [Valor 010], [Valor 011] y [Valor 012]. 5) Como consecuencia de las nulidades antes indicadas se resuelva en sentencia se restituyen las fincas a su estado original inscritas en el partido de Guanacaste con las siguientes matrículas: [Valor 013], [Valor 014] y [Valor 015], y, se ordena al Registro Nacional la inscripción de dichas fincas a nombre del Instituto Costarricense de Electricidad en cumplimiento de lo dispuesto por la sentencia judicial del Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda dictada a las 16:00 horas del 15 de julio de 1968 dentro del expediente judicial Número 1216-78. 6) Costas del Proceso Principal. Con respecto a los hermanos ([Nombre 009], [Nombre 008], [Nombre 002]) y Sucesorio ([Nombre 003]) al resultar perdidosos en este proceso tanto en la demanda como en la reconvención se condena al pago de las costas personales y procesales a favor el ICE de ambos procesos. En relación con los codemandados Innotec Trading CR SRL., [Nombre 010], Lualhe de Tilarán S.A. Importaciones Murisol S.A. [Nombre 015], [Nombre 016], Murarti S.A. al haberse determinado que son terceros de buena fe a criterio de este Tribunal existieron suficientes motivos para litigar por lo que se les exoneran del pago de costas debiendo correr cada parte con las propias. Con respecto al Estado, Banco Nacional de Costa Rica y Junta Administradora del Registro Nacional al haberse declarado sin lugar la demanda se exonera de las costas y se condena al ICE al pago de ambas costas. 7) Dentro de la reconvención se declara parcialmente con lugar, entendiéndose por denegado en lo no expresamente concedido. Se condena al Instituto Costarricense de Electricidad al pago del daño económico (daño patrimonial y perjuicios), que comprende el valor de adquisición del inmueble adquirido por Inotecc Trading CR SRL, más las mejoras realizadas (construcciones) y traído al valor actual del inmueble, los cuales serán fijados en ejecución de sentencia a través de un peritaje. Sin especial condena en costas. Notifíquese. Rodolfo Marenco Ortiz Paulo André Alonso Soto Laura García Carballo CONSTANCIA De acuerdo con el artículo 28 del Código Procesal Civil se deja constancia de que el Juez André Alonso, participó en la deliberación y votación, pero no firma por encontrarse de vacaciones. NOTIFÍQUESE. ??????????????? Z9Y2QED60CG61 LAURA GARCIA CARBALLO - JUEZ/A DECISOR/A ??????????????? YX08I5GYOL061 ELEUTERIO RODOLFO MARENCO ORTIZ - JUEZ/A DECISOR/A EXP: 16-004187-1027-CA Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected] Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:26:51. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
EXPEDIENT: 16-004187-1027-CA - 1 PROCEEDING: DECLARATORY JUDGMENT PLAINTIFF: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD DEFENDANT: [Nombre 002] N° 2025006570 CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY COURT, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at eight fifty-nine hours on the third of July of two thousand twenty-five.- Pure Declaratory Judgment Proceeding, filed by Instituto Costarricense de Electricidad, represented by Lic. Luis Salazar Solís, of legal age, attorney, Bar Association membership number 207, in his capacity as Special Judicial Representative against the Administrative Board of the National Registry, represented by its Special Judicial Representative, Lic. Alberto Herrera Porras, of legal age, attorney, Bar Association membership number 20084, The State, represented by the attorneys Licda. Marcela Ramírez Jara, of legal age, attorney, Bar Association membership number 11396, and; Licda. Ariana Arias Murillo, of legal age, attorney, Bar Association membership number 21530; Banco Nacional de Costa Rica, represented by Lic. Andrés Bogarín Bustamante, of legal age, attorney, Bar Association membership number 19132; Inotecc Trading Costa Rica SRL, represented by Lic. Willam Villegas Barrantes, attorney, Bar Association membership number 20713, [Nombre 010], Lualhe de Tilarán S.A. Importaciones Murisol S.A. [Nombre 015], [Nombre 016], Murarti S.A. all represented by the attorneys Lic. Carlos Espinoza Salas, of legal age, attorney, membership number 5782, and, Antonio Murillo Solorzano, of legal age, attorney, Bar Association membership number 10320; [Nombre 002], [Nombre 009], [Nombre 008] all ([Nombre 002], [Nombre 009], [Nombre 008]), Succession of [Nombre 003], all represented by Lic. Rafael Alberto López Campos, of legal age, attorney, membership number 4218. CONSIDERING I.- PRELIMINARY ASPECTS. That on November 22, 2016, the plaintiff Institute filed an ordinary proceeding, petitioning that the judgment declare what is literally transcribed below: “1. The nullity of deed number 61, appearing at [Valor 017] of the protocol of Notary Rafael Ortega Ayón, by which the properties number [Valor 002] to 004 and [Valor 003] to 004, all of the Province of Guanacaste, are consolidated. 2) Nullity of the act of constitution and registration issued by the National Registry of property [Valor 001] of the Guanacaste Registry. 3) Nullity of all actions taken and resolved in the mortgage (hipotecario) enforcement proceeding processed before the Mixed Court of Grecia, judicial file number 403-94. 4) Nullity of the acts of constitution and registration issued by the National Registry of the properties of the Guanacaste registry with the following real folio registration numbers: [Valor 004], [Valor 005], [Valor 006], [Valor 007], [Valor 008], [Valor 009], [Valor 010], [Valor 011] and [Valor 012]. 5) As a consequence of the nullities indicated above, it be resolved in the judgment that the properties of the Guanacaste registry with the following registration numbers are once again constituted: [Valor 013], [Valor 014] and [Valor 015] and that the National Registry be ordered to register said properties in the name of the Instituto Costarricense de Electricidad in compliance with the provisions of the judicial ruling of the First Contentious-Administrative and Civil Treasury Court issued at 16:00 hours on July 15, 1968, within judicial file Number 1216-78. 6) That the co-defendants be jointly and severally ordered to pay the damages and losses caused to the patrimony of the Instituto Costarricense de Electricidad as a consequence of the dispossession of the properties of the Guanacaste Registry with registration numbers [Valor 013], [Valor 014] and [Valor 015], which resulted in a loss of the financial investment made by my represented party to acquire and exercise ownership (dominio) over said properties, as well as the interest on said sums. It is prudentially estimated in the sum of fifty million colones, an amount that may be definitively set according to the opinion of the expert mathematical actuary. 7) That the co-defendants be jointly and severally ordered to pay the environmental damages for the exercise of ownership (dominio) over properties destined to serve as protection zones for the Arenal Reservoir. It is prudentially estimated in the sum of ten million colones, an amount that may definitively vary according to the opinion of the environmental expert. ) That the co-defendants be ordered to pay all costs of this judicial process." 2.- That the Administrative Board of the National Registry appeared in the proceedings by filing dated March 21, 2017, opposed the complaint, and raised the defense of expiration (caducidad) of the action, lack of passive standing (falta de legitimación pasiva), and lack of right (falta de derecho). 3.- By filing dated April 25, 2017, the State representation opposed the complaint and raised the defenses of lack of standing and lack of right. 4.- By filing submitted on January 16, 2018, Mr. [Nombre 002], [Nombre 009], [Nombre 008] all ([Nombre 008], [Nombre 009], [Nombre 002]), opposed the complaint and raised the exceptions of statute of limitations (prescripción), lack of standing, lack of current interest (falta de interés actual), lack of right. In the same filing, they filed a counterclaim against ICE, requesting that the counterclaim-defendant, due to the impossibility of immediate restitution or recovery of the material property, be ordered to pay damages and losses consisting of the payment for the real property of Guanacaste property number [Valor 015] and for the impossibility of having used it since 1992 and until the date of its effective payment plus legal interest on the established amount until its effective payment, the indexation of said amount, and the payment of both costs. 5.- In a filing submitted on July 16, 2019, the Executor of the Succession [Nombre 003] answered negatively and raised the exceptions of statute of limitations, lack of standing, lack of current interest, lack of right. In the same filing, they filed a counterclaim against ICE and requested that, due to the impossibility of immediate restitution or recovery of the material property, it be ordered to pay damages and losses consisting of the payment for the real property of Guanacaste property number [Valor 015] and for the impossibility of having used it since 1992 and until the date of its effective payment plus legal interest on the established amount until its effective payment, the indexation of said amount, and the payment of both costs. 6.- In a filing dated April 5, 2017, Mr. [Nombre 010], [Nombre 015], Lualhe de Tilarán S.A. Importaciones Murisol S.A. [Nombre 016], Murimarti S.A. appeared, opposing the complaint and raised the exceptions of expiration (caducidad) and statute of limitations (prescripción), lack of standing, lack of right. 7.- By filing submitted on May 24, 2017, Innotec Trading CR Sociedad Responsabilidad Limitada opposed the complaint and raised the exceptions of statute of limitations, lack of standing, lack of right. In the same filing, it filed a counterclaim requesting that ICE be ordered to pay the damages and losses caused by its actions and omissions, which it prudentially values at the sum of one hundred twenty million colones, and the costs of the proceeding. 8.- That on February 16, 2021, the preliminary hearing was held in which the claims were set as they were styled in the complaint, with the clarification that the damages and losses requested, as well as the costs of the proceeding, are only with respect to the private defendants who are the registered owners of the properties subject to the proceeding and not against any of the public defendants. 9.- The oral hearing was held on March 11 and 13, 2024. The witnesses and experts, professionals Luis Rodríguez Astúa and José Miguel Blanco Mazariego, were received. The testimony of Mr. Rodolfo Herrera was withdrawn. The testimony of Mr. Claudio Zeledón Rovira was declared unproducible. The terms and prescriptions of the law have been observed in the proceedings, and no defects or omissions susceptible of producing nullity or defenselessness to the parties are noted. This ruling is issued by Unanimity and after deliberation within the legal term. Judge Marenco Ortiz writes, with the affirmative votes of Judge Laura García Carballo and Judge Paulo André Alonso Soto. II.- PROVEN FACTS: The following facts are deemed proven as relevant to the resolution of this matter: 1) That as of May 11, 1977, Mr. [Nombre 003] Rojas was the registered owner of the properties registered in the Guanacaste Registry, Mechanized Real Folio Number [Valor 013], [Valor 014] and [Valor 015] (fact not controverted by the parties, image 92, expropriation proceedings CD1). 2) That by executive decree number 8031-G of February 20, 1978, the Executive Branch declared the properties indicated in the preceding proven fact to be of public utility and determined the amount to be compensated. The decree was published in La Gaceta Number 46, Supplement Number 35 of March 6, 1978, and it stated: "DANIEL ODUBER QUIRÓS. PRESIDENT OF THE REPUBLIC AND THE MINISTER OF GOVERNMENT, POLICE, JUSTICE AND GRACE. CONSIDERING. 1- The Instituto Costarricense de Electricidad needs to acquire, to form part of the Arenal Hydroelectric Project Reservoir, as its Properties Numbers 146 and 200, three properties belonging to Mr. [Nombre 007]. 2- The cited properties were valued by the Administrative Tax Tribunal according to appraisal number 14469-E approved by resolution number 102 at 11:15 hours on May 24, 1977, at the global sum of two hundred sixty-four thousand nine hundred thirty-eight colones (261,938.00), an amount that includes, in addition to the properties, the value of a dwelling house, a shed, a calf barn, a water collection tank, and existing piping, as described in the respective appraisal, and it is necessary to resort to forced expropriation proceedings by virtue of the referenced lands appearing mortgaged, the amount of which does not cover what is owed. 3- Law Number 2292 of November 20, 1958, declares the acquisition of properties and the constitution of easements (servidumbres) of any nature necessary for the electrification programs of the referenced Institute to be of public utility, referring, in cases of forced expropriation, to the procedure prescribed by Law Number 1371 of November 10, 1951, on Expropriations for El Coco Airport, today Juan Santamaría. 4- According to technical studies carried out by the aforementioned Institute, the public utility and the urgency of acquiring the cited properties is sufficiently demonstrated, therefore, in accordance with the provisions of Article 45 of the Political Constitution and the mentioned Laws Number 2292 and 1371, it is appropriate to decree the corresponding expropriation. THEREFORE. THEY DECREE: Article 1. Expropriate from Mr. [Nombre 007] his properties of the Guanacaste Registry as follows: a) [...] which is pasture lands and other details indicated by the Registry; b) [...], which is pasture land and other details indicated by the Registry; and c) [...], which is pasture land, the three properties located in La Argentina de Santa Rosa de Tilarán, fourth district of the eighth canton of Guanacaste. The expropriation is carried out in accordance with Plan Numbers 119-3-188, lot 146 and 119-3-196, lot 200, drawn up by the Instituto Costarricense de Electricidad in August and September of 1976 respectively. Article 2. The other necessary data will be provided in due course by the interested Institute to the corresponding Contentious-Administrative and Civil Treasury Court. Article 3. This decree is effective from its publication. Done at the Presidential House, San José on the twentieth day of February of one thousand nine hundred ninety-eight" (image 100, evidence file CD 2). 3) Said amount was not accepted by the expropriated party, and ICE initiated the judicial expropriation proceedings before the First Contentious-Administrative and Civil Treasury Court under judicial file number 1216-78 to set the just price (justiprecio) (image 1-104 expropriation proceedings CD 1). 4) By means of a resolution at ten hours fifty minutes on April 20, 1978, the First Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, as relevant, ordered: "The administratively set price having been deposited, the expropriating Institute is authorized to take possession of the expropriated lands (…) Consequently, the Instituto Costarricense de Electricidad has been in judicial possession of the aforementioned properties since April twentieth, one thousand nine hundred seventy-eight…" (image 88 expropriation proceedings file CD 1). 5) That by means of judgment number 464 of July 15, 1986, the First Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, as relevant, set the just price and authorized the protocolization of documents for their registration in the name of the expropriating institute (images 90-95, expropriation proceedings file CD1). 6) That by deed number 165 dated November 10, 1992, before notary public Germán Guillén Castro, Mr. [Nombre 007] donated, in equal parts to his children [Nombre 008], [Nombre 003], [Nombre 009] and [Nombre 002] all ([Nombre 009], [Nombre 008], [Nombre 003], [Nombre 002]), the properties registered in the Guanacaste Registry number [Valor 013], [Valor 014] and [Valor 015] (images 60-69, evidence file CD 1). 7) That by deed number 61 of January 20, 1993, executed before notary public Rafael Ortega Ayón, Mr. [Nombre 002], [Nombre 003], [Nombre 009] and [Nombre 008] all ([Nombre 002], [Nombre 008], [Nombre 003], [Nombre 009]), consolidated the properties registered in the Guanacaste Registry numbers [Valor 013] and [Valor 014], according to cadastral plan number G-80239-1992, giving rise to property number [Valor 016]. In the same deed, Mr. ([Nombre 009], [Nombre 008], [Nombre 002]) constituted themselves as debtors of Banco Nacional de Costa Rica and mortgaged the new consolidated property registered in the Guanacaste Registry number [Valor 016] (images 55-61, evidence file CD 1). 8) That according to cadastral plan number G-80239-1992, which consolidates properties [Valor 013] and [Valor 014], the result was an area of 228,984.23 square meters. That in the consolidation deed indicated in the preceding proven fact, Notary Ortega Ayón recorded a consolidation measurement for the property of 374,07200 square meters, and by notarial annotation of February 16, 1993, the notary notes that the correct measurement, based on the matrix, is 509,072.00 square meters (images 1413 – 1420 of the electronic file). 9) That on November 10, 1993, Mr. Claudio Zeledón Rovira, in his capacity as General Judicial Representative of ICE, filed a criminal complaint before the Prosecutor's Office of Alajuela against Mr. [Nombre 007], [Nombre 003], [Nombre 002], [Nombre 008] (image 47-51, evidence file CD 1). 10) That on December 1, 1993, the Examining Court of Alajuela proceeded to issue the initial order of judicial investigation to ascertain the facts reported against the accused [Nombre 007], [Nombre 003], [Nombre 009], [Nombre 002] and [Nombre 008] (image 19, evidence file CD 3). 11) On January 26, 1994, by deed number 32 of protocol number 40 of notary public Claudio Zeledón Rovira, the protocolization of documents from the expropriation proceedings authorized by the First Contentious-Administrative and Civil Treasury Court was carried out, which could not be registered (images 24-29, evidence file CD 3). 12) That on August 24, 1994, Criminal Judge Rodrigo Carmona Segnini of the Examining Court of Alajuela investigated the brothers ([Nombre 008], [Nombre 009], [Nombre 002]). Within said investigation, as relevant, all stated, among other things, that "they have acted in good faith regarding the criminal complaint that ICE filed against them and their father, and indicated that the property was a donation from their father, that one day he called all the brothers, the registry studies were done, and finding no type of annotation, they made the transfer" (images 10-56, evidence file CD 4). 13) That on August 31, 1994, Banco Nacional de Costa Rica filed a Mortgage Enforcement Proceeding before the Civil Court of Grecia against Mr. [Nombre 002], whose property given as guarantee is the one registered in the Guanacaste Registry, real folio number [Valor 001] (image 70-80, evidence file CD 6). 14) That on February 15, 1995, the Examining Court of Grecia issued the order for indictment and committal for trial against Mr. [Nombre 007] and the brothers ([Nombre 008], [Nombre 009], [Nombre 002]) for the crime of estelionato (images, 57-80, criminal judgment evidence file CD). 15) That on January 9, 1995, the auction of the property registered in the Guanacaste Registry Number [Valor 016] was held, being awarded to Mr. [Nombre 010] (image 1663 electronic file). 16) By public deed 128-5 dated October 19, 1995, Notary Public Bernal Vega Maroto protocolized documents from the auction of the mortgage enforcement proceeding in which Mr. [Nombre 010] was awarded the property registered in the Guanacaste Registry number [Valor 001], owned by Mr. [Nombre 002]. The property was duly registered in the National Registry on November 21, 1995, with a measurement of fifty hectares, nine thousand seventy-two square meters (images 1659-1661, electronic file). 17) That on March 18, 1997, the prosecutor of Grecia requested the Criminal Court to submit the indictment for trial of case 670-93 against Mr. [Nombre 007] for the crime of estelionato (image 4-8, evidence file CD 5). 18) By judgment at 8:25 hrs. on December 22, 1997, the Superior Criminal Court, Third Section of Alajuela, declared Mr. [Nombre 011] as the culpable perpetrator of the crime of estelionato to the detriment of the Instituto Nacional de Seguros, and annuls deed number 165 of November 10, 1992, executed before notary Germán Guillén Castro. In said judgment, the Criminal Court deemed the accused facts proven and indicated that despite more than 6 years having passed since the expropriation, he carried out the donation to his children (images 55-59, evidence file CD 5). 19) That on January ninth, 1995, at the door of the Mixed Court of Grecia, the public auction of the property indicated in the preceding proven fact was held, resulting in Mr. [Nombre 010] as the successful bidder (image 79 evidence file CD 6). 20) That the representation of ICE, within the mortgage enforcement proceeding of Banco Nacional de Costa Rica against the brothers ([Nombre 009], [Nombre 008], [Nombre 002]), filed an incidental nullity claim against the auction, which was resolved by the Mixed Court of Grecia by judgment of June 23, 1995, rejecting it and authorizing Notary Bernal Vega Maroto to protocolize documents (images 80-84, evidence file CD 7). 21) By filing of August 11, 1998, the Instituto Costarricense de Electricidad filed an ordinary proceeding before the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court against Mr. [Nombre 010], [Nombre 007], [Nombre 009], [Nombre 008], [Nombre 002] and [Nombre 003] all ([Nombre 009], [Nombre 008], [Nombre 003], [Nombre 002]) so that the judgment declares: "1) The nullity of deed 61 appearing at [Valor 017] of the protocol of notary Rafael Ortega Ayón, by which properties [Valor 002] to 004 and [Valor 003] to 004 of the Guanacaste Registry are consolidated, forming property [Valor 001] and a mortgage lien (gravamen hipotecario) is constituted over the latter. 2) Nullity of all actions taken and resolved in the mortgage enforcement proceeding processed in the mixed court of Grecia, file number 403-94. 3) Consequently, nullity of the auction held in said mortgage proceeding because it concerns another's property, destined by law for a public purpose, therefore it is a public thing (cosa pública) and thus unseizable (inembargable), imprescriptible, and outside the commerce of men. 4) That the properties of the Guanacaste Registry [Valor 002] to 004 and [Valor 003] to 004 that currently make up the Guanacaste property 86614-000 are the property of the Instituto Costarricense de Electricidad, or failing that, that property [Valor 001] is the property of the Instituto Costarricense de Electricidad. 5) That the Public Registry be ordered to register said properties as property of the Instituto Costarricense de Electricidad. Regarding the property of the Guanacaste registry-001-002-003-004, it is requested to declare: 6) That said property is the property of the Instituto Costarricense de Electricidad. 7) That the Public Registry be ordered to register said property as property of the Instituto Costarricense de Electricidad. 8)That the defendants are responsible for the damages and losses caused … " (images 73-82 evidence file CD 8). 22) By resolution number 1328-2009 of June 23, 2009, the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court declared the proceeding expired (caduco). The preceding judgment was confirmed by the Contentious-Administrative Court, First Section, by vote number 226-2010-I of April 23, 2010 (images 50-69, evidence file CD 14). 23) By judgment number 000312-F-2011, the First Chamber of the Supreme Court of Justice heard a cassation appeal against the declaration of expiration (caducidad) of the proceeding, dismissing the appeal (images 115-119, evidence file CD 15). WITNESS TESTIMONIES 1.- Oscar Campos Mejía. Legal Representative of the Brothers ([Nombre 008], [Nombre 009], [Nombre 002]). All my life with don [Nombre 007], he was my uncle. Yes, I know his children. It was used for cattle ranching. I understand that don [Nombre 007] transferred it to his children, since ICE was flooding it. They had it for a short time and then they had to leave when it flooded. The truth is I don't know if they had any idea about the payment from ICE. It is almost always flooded; sometimes you can see it when the waters recede. Because the gentleman had property across the road, he kept his cattle there. Representation of [Nombre 010] and the other co-defendants. No sir, I have not observed that ICE did anything. Representation of ICE. The property is the same, it is seen occasionally. It was practically the children, as the water rose. 2.- Wilber Campos Quesada. Legal Representative of the Brothers ([Nombre 008], [Nombre 009], [Nombre 002]). I am a native of that area. Yes, I knew [Nombre 007], he was a neighbor, and I also knew the children, I was a worker for them. Don [Nombre 007] had a property and bought a small piece of land of about two hectares, he bought it from a Mr. Joaquín Chaves. I remember that that piece of land was in front of the other properties; now it is flooded. They had cattle; they stopped exploiting it because ICE filled it with water, and they could no longer use it. Representative of Innotec Trading Costa Rica SRL. Yes, there was a very old fence that must be covered in water. It was like when I was a very young person. Representation of [Nombre 010] and the other co-defendants. No, that is in water. It was don [Nombre 007]'s and theirs. Representation of ICE. Yes, they had another small farm a little ways up that they had received as an inheritance; it was also for cattle and beasts of burden. I do not know if all of it was flooded. The lands around the lake belong to the ICE. They did not pay me, but they did pay my family and some friends. I do not know exactly whether they paid them or not. The Court. My understanding is that it filled the lands with water, it was covering the land. For the electric power being produced in that lake. My family had a small piece of land and the ICE flooded it. Some were given their money, it expropriated, I do not understand well but it did give them a little money for it. I was not the owner, my family was; they did not pay me. 3.- Luis Mariano Zúñiga. ICE. I was there once, in the area of the boundary, the zone was traversed and we were alerted about the construction of a house on the site. For that report I had to do a deep analysis starting from the expropriation, the consolidation of the farms done by the Masís brothers, the mortgage, the adjudication to Mr. [Nombre 022], and others. The property with a green-colored part numbered 200 and another purple-colored part numbered 146, at one point farm number 145 gets involved because an attempt was made to locate the property on that plan. It is located in Tierras Morenas de Tilarán on the shoreline of the reservoir. There is a part with a faint light-blue crosshatch mainly over property 146 that is flooded, the rest belongs to the protection zone and the other part we are locating. Property 200 was acquired for the purpose of being a forest remnant, as a buffer zone for the water reserve. It is a forest remnant that helps with the water resources in the reservoir. Around it, certain areas were reserved that are outside the protection zone and are intended to act as a buffer for the surface of the Arenal reservoir. It is a reliever of the pressure caused by human activity. Through the channels, the Proyecto Arenal forms part of a cascade system for irrigation and human consumption. Human intervention always generates pressure on ecosystems. The house is located on one of the farms that was segregated from property 200. On the map, it represents in its entirety the properties of the ICE. On one of the farms, at the time of titling, an extra zero was added to the measurement, and that results in a double titling. There are some parts of the farms that are part of the protection zone according to the map appearing in the report, with the difference that the protection zone is not the same as the buffer zone. The techniques currently used by the ICE to acquire properties are not the same as in the seventies, but the system through Lambert coordinates were georeferenced at the time and that is why they can be located. Currently, there is a fence that was built to provide protection for the ICE. It can have an effect due to the amount of water in the reservoir. Yes, there is an overlap of the property polygons according to the coordinates. These areas were transferred to the information system of the Registro Nacional as property of the ICE; they are published in the Siri system. From the house to the edge of the reservoir there are about 170 meters, and from the reservoir to the northern part of the house about 300 meters. Of the State. Regarding the current use, there is a part that is under the custody of the ICE and its only use is a regenerated forest in the southern part; in the north, there is a part that has forest, pastures, roads, and residential use that is not done by the ICE. Representative of Innotec Trading Costa Rica SRL. The yellow color is not a fence but a geographical indication. The ICE has a fence to prevent people and cattle from entering the reservoir. The matter of the yellow figure seen on the map is not a fence but an exercise to delimit the zones. Property 146 touches both the purple color and the green color. In 2016 I was there; on the map I walked along the maintenance lane and entered via the road that goes toward the house. It is not classified as a public road, but if I recall correctly they are easements (servidumbres). I could not say what type because I am not a lawyer. I do not recall seeing public lighting, I do not recall seeing water service. Private individuals possessed them. The possession of these areas has always been maintained pending judicial decisions. The ICE-200 location, the location of the segregated farms, is done through cadastral maps; they are in the name of the children of Mr. [Nombre 007] and in the name of private individuals. Not only in 2016; I have had knowledge since the time of the expropriation, specifically when the construction of the house occurs, the processes of reivindication of those lands that the ICE expropriated are initiated. It is not my place to make an appraisal. Representation of [Nombre 010] and the other co-defendants. These zones were specifically acquired to relocate people. I could not tell you, that was in the 70s. That has been established from the beginning under Law 4334, which declares them as a protection reserve; they are protection zones for the reservoir. In this case, one would have to refer to which protection zone. The buffer zone consists of the surplus lands the ICE acquired that lie outside the protection zone. The properties were acquired because they were within what is provided by law; they become part of it in accordance with what was legally mandated. Of those properties, one part is flooded; of property 146, a part is held by the ICE, the part bordering the reservoir, and toward the north, possession is held by private individuals. There are roads within the properties; I do not recall that there were public services. 4.- MBA. Luis Rodríguez Astúa (Expert). ICE. Normally in this type of lawsuit, I always like to get to know the field. I did not enter the lands, only up to the fence. In the visit I made, I mainly saw land; I did not see any construction within the farm according to what was said. I did not quantify the value of the land; what I quantified is the value that the ICE paid for those properties and has been unable to use. I used the CPI and took into account what engineer Blanco Mazariego said to bring that money to present value. I applied the 2021 index when I prepared the report, and it yields the figure indicated in the expert report, that is, it is the application of the indexes. At this time, the report would have to be updated; that is what is done in contentious-administrative proceedings, the calculation is made at the time of the expert appraisal and, if there is any compensation, it is updated. 5.- Eng. José Blanco Mazariego (Expert). ICE. Yes, I visited the zone. It is a quite large territorial extension, to the northwest of the Embalse Arenal. We calculated a rate for timber trees and calculated the cost of the wood from the deforested forest, and proceeded to calculate the cost of that material. Single-family dwellings were observed around the reservoir. A coordinate survey was done, and they were indeed within the study zone. No, only the deforestation. Obviously, the zone where the damage is located is circumscribed within the protection zone. No, the dwellings or constructions that were observed were from a distance; no discharge of wastewater into the reservoir was observed. The zone is extremely steep and uneven, which did not allow verification of whether there is any erosion. I traversed part of the protection zone; it is around 50 hectares with a challenging geography. On page fifteen of the report, the total sum of the felled trees is twenty-eight million eight hundred eight thousand eighty-four colones with 26/100. Representation of [Nombre 010] and the other co-defendants. On page 8 of the report, it is stated that the object of the report is the quantification of the environmental damage in the protection zone of the Embalse Arenal. By means of maps and sketches supplied by the ICE. The expert appraisal shows maps and sketches indicating the protection zone, and it is georeferenced. Yes, I reviewed it, and the cut trunks were observed, along with clear photographs. It was not determined who cut them or when. Some cattle were observed, but the majority is a forested zone. The zone in question extends more than 50 meters from the lake shore, in this case the Embalse Arenal. Yes, the 50 meters are limited, and I do not know 100% if the buffer zone is delimited; there are some fences, but it could not be verified scientifically. The Court. To circumscribe is a technical word in our profession and means that it is within the survey boundary, that it is part of it. On the map in the report, a dotted line is observed which is a dirt road; from there I took a georeferenced measurement and from there I walked toward the dense forest, toward the east, and then by vehicle observing the constructions; later, I was on the shore of the reservoir. The logging covers 24 hectares and can be observed from the road, where the felled area can be seen. In the other photographs, the other two areas, which are smaller, can be observed. III.- UNPROVEN FACTS. The following are considered unproven facts of importance for this proceeding: 1) The alleged environmental damage could not be proven (lack of evidence). 2) It was not proven that the defendants were the ones who cut the trees (devoid of evidence). 3) That the Registro Público acted negligently when registering the public instruments whose annulment is requested here (the case records). 4) That the Banco Nacional de Costa Rica, at the time of constituting the mortgage and executing said instrument, had knowledge under the Principle of Public Registry Publicity that the property had been expropriated (the case records). 5) That the State carried out any negligent or omissive conduct related to its powers in the expropriation process or afterward (the case records). 6) The subjective moral damage caused by the actions of the ICE and suffered by the counterclaiming company Innotec Trading Costa Rica SRL (absence thereof). IV.- ARGUMENTS OF THE PARTIES: 1. From the Plaintiff Institute. In essence, and without prejudice to the integral reading of all the arguments presented, the plaintiff states that its represented party, as part of the acquisition of real estate for the construction of the Embalse and the Planta Hidroeléctrica Arenal, conducted appraisal 14469-E dated May 11, 1977, to acquire the properties with real folio registration numbers of the province of Guanacaste [Valor 013], [Valor 014], and [Valor 015], all belonging to Mr. [Nombre 007]. Upon Mr. ([Nombre 011]) not accepting the appraisal amount, the expropriation process was initiated in the Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, which, by means of judgment number 464 at 4:00 p.m. on July 15, 1986. That Mr. ([Nombre 011]) donated in equal parts to his children all ([Nombre 008]) the farms that had been expropriated from him, in public deed number 165 of November 10, 1992, executed before notary Germán Guillén Castro; said deed was annulled by judgment at 11:00 a.m. on December 24, 1997, by the Tribunal Penal de Alajuela. That in 1992, the surveyor Luis Ángel Araya Alfaro, commissioned by Mr. ([Nombre 011]), performed a topographic survey to consolidate farms with registration numbers [Valor 013] and [Valor 014], which had been expropriated, registering plan number G-080239-1992, and granting public deed number 61 dated January 20, 1993, before notary Rafael Ortega Ayón, in which a measurement of 50 hectares with 9072 square meters was recorded, when the correct amount corresponds to 37 hectares with 4072 square meters, and resulting from said consolidation is farm number [Valor 016] of the province of Guanacaste. That on this latter consolidated farm, Mr. [Nombre 002] constituted a mortgage in favor of the Banco Nacional de Costa Rica, which was auctioned and adjudicated to Mr. [Nombre 010] on October 15, 1995. From said farm, new farms 191796, 19222, 192230, 192231, 192232, 193651 have been generated, all of the province of Guanacaste and owned by the co-defendants herein. That in accordance with current regulations, the assets acquired by expropriation in this case under file number 78-1216-163-CA constitute public domain assets (bienes demaniales) and cannot have a private purpose, considering that the reason for the expropriation was for purposes of public interest, such as the powers granted by Decreto Ley 449 to its represented party to develop electricity services for the benefit of the Costa Rican population. That upon the properties being registered in the name of private third parties, a serious injury and irreparable legal situation is generated for its represented party, such that the registration thereof must be annulled and returned to the public domain. 2. From the Registro Nacional. The representation of the Registry stated succinctly, and without prejudice to the integral reading of the brief, that based on the public registry publicity and the plaintiff's theory of the case, it does not follow that its officials performed erroneous or omissive actions to consider that a causal link exists that generates any liability. That furthermore, over 23 years, there has been a total neglect on the part of the ICE in safeguarding as required in the registry sphere the property right it states it acquired as a consequence of the expropriation. That it has been verified that the movements that have existed on the farms subject to the proceeding have been under the protection of a public registry publicity that, until now, was presumed whole and exact. That it has been the ICE, through its negligence, that has caused its assets not to be protected registrally as they should be, failing to comply with what is indicated in numeral 1 of the Law of Inscriptions of Documents in the Registro Público and its regulations. That its represented party acted in compliance with the Principle of Legality, and therefore, no administrative conduct exists that could be accused of acting erroneously. Finally, it indicates that pursuant to the regulations established in articles 455 of the Civil Code in relation to 449 of the same Code, articles 1 and 32 of the Law of Inscription of Documents, the time limit for the expiration (caducidad) invoked has been exceeded, and said prior defense should be granted. 3. From the State. Upon appearing, the representation of the State indicated that the ICE seeks to recover for its patrimony properties number six thousand five hundred fifty-nine, ten thousand seven hundred thirty-six, and thirteen thousand eight hundred sixty-two, all of the partido of Guanacaste, duly expropriated from Mr. [Nombre 007]. The ICE did not achieve the registration of said properties once expropriated, and when, years later, it attempted their registration, the properties had already been transformed into other farms which were transferred to third parties. In the complaint, the ICE does not specify any action or omission on the part of my represented party that could generate any type of liability; it merely limits itself to indicating that said properties are registered "in favor of private legal subjects, as a consequence of an act of the Registro Nacional," a situation it qualifies as "totally unlawful." The description made by the plaintiff is clearly characteristic of a third party, who, we understand, was even reported to the criminal courts as inferred from case No. 670-2-93 against [Nombre 007] and others for the crime of Simulation Fraud and others, to the detriment of the ICE. This representation does not appreciate what act, positive or negative conduct, is the generator of liability in the factual framework presented in the complaint. The action of the Registro Nacional is attached to the block of legality and to the information contained in the respective registry entries. In this regard, the State does not object to the ICE recovering said lands, as a firm and definitive jurisdictional act so ordered in its time. However, the ICE lacks the right to seek any compensation from my represented party to redress any damage or harm. No causal link exists that makes my represented party imputable for any type of liability, especially when it is the plaintiff itself stating that all the registered acts were prepared and managed by third parties. The damage the plaintiff claims to have suffered can never be imputed to my represented party, given that no action or omission of its own exists that generates the alleged damage. It requests that the prior defense of expiration and the substantive defense of lack of right with respect to its represented party be granted. 4. From the Banco Nacional de Costa Rica. The legal representation of the bank indicates that the core point of the proceeding lies in the claim made by the ICE regarding a set of real estate whose expropriation was processed in judicial court. That its principal has been a stranger to the expropriation of the properties and the subsequent events imputed to the co-defendants regarding the constitution of farm [Valor 001] of the Partido of Guanacaste. That the only fact with which it is connected is regarding the mortgage that was constituted at the time, but that today is cancelled. That said transaction was carried out in good faith under the protection of what the Registro Nacional indicated at that time and in accordance with the Principle of Public Registry Publicity. That there is no causal relationship between what is asserted to have happened with the properties, their ownership, and the damage being claimed against it. That the Bank has never been the owner of said properties that are claimed to have been expropriated, nor did it manage the registry inscription of the other properties. That no causal link exists for the claimed environmental damage. It raises the defense of fault of the victim and act of a third party. 5. From Mr. [Nombre 010], Lualhe de Tilarán S.A., [Nombre 016], Murimarti S.A., [Nombre 015]. In its brief filed on February 16, 2021, the legal representative of the defendants indicated that the ICE has never been the owner nor held title or dominion over the farms they own, and cannot claim rights over something that has never belonged to it. That the plaintiff never expropriated the farms from Mr. [Nombre 007] due to its failure to register said farms in the Registro Público as the judge ordered at the time, failing to comply not only with the judicial mandate but also with article 455 of the Civil Code. That the present complaint is broadly time-barred (prescrita) and expired (caduca), with more than 30 years having passed since judgment 464 was issued at 4:00 p.m. on July 15, 1986, by the Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo. That the ICE, with an absolute lack of diligence, omitted to protocolize documents and register them in its name in the Registro Público de la Propiedad, and did not even note in the margin of said farms the filing of the complaint and the existence of expropriation proceedings, making possible the production of damage to third parties acting in good faith. That the ICE is mistaken in indicating that those lands are public domain, as all hydroelectric projects are private since there is no legislative will for said properties to be incorporated into the public domain, and therefore they do not enjoy imprescriptibility, unattachability, or inalienability. 6. From the Estate of ([Nombre 003]). The legal representative of the estate states that what was said by the ICE is not true, since the donation was real and under the protection of the public registry publicity. That the judgment cited by the plaintiff institute is time-barred. That the farm belonging to them is flooded and has not been expropriated. Farm [Valor 015] was always in the formal possession of its represented parties and registered in their name and that of their deceased brother, and this farm does not form part of the consolidation of farms indicated by the plaintiff. That a judgment of which they were not a party in the cited expropriation proceeding cannot be enforced against them. That the deed that gave rise to the transfer in their favor has been producing legal effects for more than 10 years, and therefore, the statute of limitations covers them. That regarding the claimed damages, they are not individualized, not appraised, not estimated, and not specified, such that it is not possible to declare them in judgment. Counterclaim. Regarding the counterclaim, they indicated that they acquired farm [Valor 015] of the partido of Guanacaste free of liens and annotations up to this day. That the ICE flooded said farm; they had to leave it in the 1980s and were never paid anything for it. That from the beginning they have been unable to enjoy and exploit the property despite attempts to reach an administrative settlement with the ICE. For this reason, they request that the defendant be ordered to pay the damages caused by the material loss of farm [Valor 015], which was pastureland, the origin of said claimed damages being the creation of the Embalse Arenal, making it impossible to exploit it. 7. From Mr. [Nombre 002], Mr. [Nombre 009], and Mr. [Nombre 008]. The legal representative of the defendants states that what was said by the ICE is not true, since the donation was real and under the protection of the public registry publicity. That the judgment cited by the plaintiff institute is time-barred. That the farm belonging to them is flooded and has not been expropriated. Farm [Valor 015] was always in the formal possession of its represented parties and registered in their name and that of their deceased brother, and this farm does not form part of the consolidation of farms indicated by the plaintiff. That a judgment of which they were not a party in the cited expropriation proceeding cannot be enforced against them. That the deed that gave rise to the transfer in their favor has been producing legal effects for more than 10 years, and therefore, the statute of limitations covers them. That regarding the claimed damages, they are not individualized, not appraised, not estimated, and not specified, such that it is not possible to declare them in judgment. Counterclaim. Regarding the counterclaim, they indicated that they acquired farm [Valor 015] of the partido of Guanacaste free of liens and annotations up to this day. That the ICE flooded said farm; they had to leave it in the 1980s and were never paid anything for it. That from the beginning they have been unable to enjoy and exploit the property despite attempts to reach an administrative settlement with the ICE. For this reason, they request that the defendant be ordered to pay the damages caused by the material loss of farm [Valor 015], which was pastureland, the origin of said claimed damages being the creation of the Embalse Arenal, making it impossible to exploit it. 8. From Innotec Trading CR SRL. That it opposes the complaint because its represented party acquired the property in light of the public registry publicity; that it has never been its intention to dispossess the plaintiff of any asset or cause any environmental damage as indicated in the complaint. When the property was acquired, the real estate section certified that no legal impediment existed for it to be the object of a transfer. That the person who sold it the real estate, Mr. [Nombre 010], obtained it in a public auction duly approved by a judicial authority, and it is he who sells the segregated lot to my represented party, with good faith always existing in the transaction. That everything that transpired in the expropriation proceeding happened long before my represented party acquired the property; therefore, it has nothing to do with it, and no causal link exists between the facts set forth in the complaint and the claims, especially those concerning the payment of environmental damages. That it raises the defenses of statute of limitations (prescripción) and expiration (caducidad). Counterclaim. In the same brief, it filed a counterclaim requesting: "1. That the counterclaim be granted in all its terms. 2. That the defendant (ICE) be ordered to pay the damages and harm caused by its actions in favor of my represented party Innotech Trading C.R. Sociedad Responsabilidad Limitada, since they have caused serious economic, moral, psychological, and patrimonial damage to my represented party, which is prudentially estimated in the amount of one hundred twenty million colones, an amount to be definitively determined once the expert report of the actuary mathematician is rendered. 3. That the ICE be ordered to pay both procedural costs." V.- GENERALITIES ON PUBLIC DOMAIN AND PRIVATE DOMAIN ASSETS OF THE STATE. Prior to resolving the defenses of expiration (caducidad) and statute of limitations (prescripción) raised by the defendants, as well as the arguments presented by the parties on the merits of the matter, and the claims set forth in the complaint, it is necessary to make some specific precisions regarding the conceptualization of what doctrine has indicated as public domain assets (bienes de dominio público) in contrast to so-called private domain assets (bienes de dominio privado), thus determining the legal nature of the real estate that is the object of the proceeding. 1) Generalities. Thus, our Civil Code, of liberal character, from its approval in its article 261 provided: "Public things are those that, by law, are permanently destined for any service of general utility, and those from which everyone can benefit by being given over to public use. All other things are private and the object of private property, even if they belong to the State or the Municipalities, who in such case, as civil persons, do not differ from any other person." Such generic regulation of things of a public domain or private nature has led doctrine and the courts to make a series of conceptualizations about what should be understood by public domain assets and private domain assets in relation to those belonging to the State, specifying first that the Public Administration, like any legal subject, can hold title over public domain assets, as well as over private domain assets. The former are called by different names, such as, for example, public domain assets (bienes demaniales, dominicales or de dominio público), and they are affected by law for public use, for general utility. That legal affectation constitutes an attribution of the Asamblea Legislativa, according to the provisions of subsection 4 of article 121 of the Constitución Política. From the moment an asset acquires that public nature, it also adopts its attributes or characteristics, and therefore, it is inalienable, imprescriptible, and unattachable, which is extracted from article 262 of the Civil Code when indicating that public things are outside the commerce of men; in this regard, the Sala Constitucional, since olden times in judgment number 2306-91 of November 6, 1991, indicated: "The public domain is comprised of assets that manifest, by express will of the legislator, a special destiny of serving the community, the public interest. They are the so-called public domain assets (bienes dominicales, bienes demaniales, bienes or cosas públicas or bienes públicos), which do not belong individually to private parties and which are destined for public use and subject to a special regime, outside the commerce of men. That is, affected by their own nature and vocation. Consequently, these assets belong to the State in the broadest sense of the concept, they are affected to the service they provide and which is invariably essential by virtue of express norm. Characteristic notes of these assets are that they are inalienable, imprescriptible, unattachable, they cannot be mortgaged nor be susceptible to encumbrances in the terms of Civil Law, and the administrative action replaces the interdicts to recover dominion." On this subject and in accordance with what was indicated by our highest constitutional body, this Section, with a different integration, expressed: " III)- REGARDING THE LEGAL REGIME OF PUBLIC DOMAIN ASSETS: Public domain assets (bienes demaniales, dominicales or de dominio público or cosas públicas) are those that are permanently affected by law for a public utility service or given over to public use so that everyone can benefit from them (article 261 of the Civil Code). This type of real estate property of the Central and Decentralized Public Administration (Municipalities) enjoys the characteristics of being unattachable, inalienable, and imprescriptible, for which reason they cannot be the object of possession by private parties, but only of permit or concession. In this sense, it has been established that \'In order for an asset or thing to be considered as a dependency of the public domain, and be subject to the pertinent regime, it is necessary that said asset or thing be affected to «public use», direct or indirect, having to deal, in this «latter» case, with things directly affected -as «final assets» or «use assets»- to the common utility or comfort, those State assets of a merely instrumental character being excluded from public dominion.\'. (Marienhoff, Miguel S., in his work Tratado de Derecho Administrativo. Tomo V. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1992., pag. 25). On this particular, the Sala Constitucional has pronounced in Voto N° 2306-91 at 2:45 p.m. on November 6, 1999, holding that: \"The public domain is comprised of assets that manifest, by express will of the legislator, a special destiny of serving the community, the public interest.- They are the so-called public domain assets (bienes dominicales, bienes dominiales, bienes or cosas públicas or bienes públicos), which do not belong individually to private parties and which are destined for public use and subject to a special regime, outside the commerce of men.- That is, affected by their own nature and vocation.- Consequently, these assets belong to the State in the broadest sense of the concept, they are affected to the service they provide and which is invariably essential by virtue of express norm. Characteristic features of these goods are that they are inalienable, imprescriptible, unseizable, cannot be mortgaged or be subject to encumbrance in the terms of Civil Law, and administrative action replaces possessory actions to recover ownership. As they are outside of commerce, these goods cannot be the object of possession, although a right to use can be acquired, though not a right to property." Thus, demanial, dominical, or public domain goods are such when a law has declared them so or when, by their use or purpose, they are dedicated to the service of the community or collectivity, with the iuris tantum presumption of a demanial nature applying in their determination. In this sense, registry inscription is not necessary, insofar as the public domain status is manifest and indubitable, by the direct and indirect use that any person may make of them and by their vocation and affectation to common use (Sala Constitucional, ruling number 3145 at 9:27 a.m. on June 28, 1996, and 2408 at 4:13 p.m. on February 21, 2007), and should their nature be disputed in judicial proceedings, the condition must be proven by whoever alleges or refutes it, as established by the aforementioned Chamber in ruling 5628-2002, at 2:37 p.m. on June 12, 2002. In that ruling, it was established that "The special category of demanial goods means they are excluded from the common legal framework of ordinary property, as stated in the previous recitals, which implies the existence of a distinct, singular, and exclusive legal regime, regulated by Administrative Law, and within that content the principle of the privilege of ex officio possessory recovery of the affected good is developed, by virtue of which the Administration may recover the disturbed possession of its goods without needing to go to a judge and without prejudice to the better right being discussed in the jurisdictional arena. The legal figures found in the articles challenged in this action belong to this principle; that is, the presumed affectation and incorporation of the good into the public service, which also implies the presumption of the good's demanial nature, and as a consequence thereof, the possibility of excluding the duty to register those goods, and all of this, as part of the State's right-duty to protect or safeguard the public domain. The effective exercise of such protection must aim to cease any undue encroachment by private individuals upon the public domain, the Administration being able to use force—police power over the public domain—in its defense. But this general principle, extraordinary and privileged as it is, and having to coexist with the fundamental statement of the inviolability of property (Article 45 of the Constitution), presupposes, at least, that either the property right over the good is manifest or that the public character of the good is indubitable, such that it is not possible to use the privilege when reasonable patrimonial questions exist about the good, whether being debated in administrative or judicial proceedings. That is, the presumption of the demanial nature of the good has an intimate relationship with the means available to the Administration to acquire goods and rights, which, in very general terms, are the same means a private individual has to do so in relation to common property, except for what has already been said about the need for an ordinary law to create the category in question and the necessary will to dictate the affectation to public use. All this leads to the particular examination of the privilege regime embedded in the texts of the challenged norms. What has been said so far is aimed at pointing out that, in the Chamber's judgment, the privilege that protects the demanial nature can and must be used by the Administration when there is no doubt whatsoever about the public character of the good involved" (Resolution number 081-2009 of November 30, 2009). This criterion is fully shared by this collegiate body and applicable to the case at hand. Now, up to this point, the general characteristics of dominical goods have been determined; due to the factual framework of the present case, it is necessary to specify how State goods can be considered public or patrimonial. It is clear, according to what has been stated, that by legal provision goods are subject to said regime; however, this assertion is not absolute because, as will be seen, this is not always the case, especially when goods of a private nature pass into the hands of the Public Administration by virtue of compulsory expropriation. In this regard, the author García Trevijano Garnica, in his article Cambio de Afectación de Bienes Expropiados, stated: "From compulsory expropriation, goods of both a demanial nature and a private nature can arise. Not all public domain goods are born from expropriation, nor does all expropriation give rise to public domain goods. As Otto MAYER has pointed out, 'it is not true that every expropriated property is immediately transformed into public domain, since the legal nature of the acquired property does not depend on the nature of the acquisition act and is not an integral part of the notion of that act; it depends on circumstances independent of it.' For public domain goods to exist, the concurrence of two requirements is necessary: 1. That the ownership of the good corresponds to a Public Entity. 2. That they are affected to a public use or to a public function or service, of the owning Entity itself or of another" (García Trevijano Garnica, Ernesto. Titularidad y Afectación Demanial. Revista de Administración Pública. Fundación Dialnet. Spain). According to the common concept stated so far, it can be synthesized that the public domain is a set of goods that, according to the legal system, belong to a state entity, being destined for the direct or indirect public use of the inhabitants. This notion presupposes four elements, which were extensively developed by Marienhoff and brought to our national doctrine through the author Eduardo García de Enterría. These elements are as follows: 1) Subjective: Who the holder of the public domain is. 2) Objective: Which goods constitute the public domain. 3) Normative: By virtue of which norms they are incorporated into the public domain. 4) Teleological: To what end the public domain goods are destined. Regarding these elements and in relation to the affectation of goods as a consequence of compulsory expropriation, the scholar García Enterría stated: "In affectation, two cases must be distinguished: a) First, when dealing with natural goods, in which the affectation occurs ipso jure by the assignment of public character effected by law; the Civil Code simultaneously assigns public character and ministerio legis affects these natural goods. b) Second, there are artificial goods, regarding which a sub-distinction must be made between artificial goods existing before the enactment of the Civil Code (the streets, roads, bridges of state entities—i.e., the Nation, Provinces, and Communes—that were already built at the time the Civil Code is enacted) in which the same occurs as with natural goods, that is, the assignment of public character automatically implies affectation. In contrast, goods created or to be created subsequent to this assignment of public character already require specific affectation. Affectation then, in this latter case, can be by law, by administrative act, and by administrative fact. The requirements for a valid affectation are: 1st) Assent of the competent administrative authority. There are three elements in this: a) It must be an administrative authority, and it is not admissible for a private individual to affect a good to the public domain; the will of a private individual alone is insufficient. b) Said authority must be competent. c) The assent given can be express (in the case of law or administrative act), or implicit, in the case of administrative fact. (For example, a street is built, finished, the barriers obstructing transit are removed, and it is left open to public use.) Although affectation may be implicit, it must be unequivocal, and there must be no room for doubt that the will of the administration is to affect the good to the direct or indirect use of the community. 2nd) The second requirement for affectation to be valid is that the good being affected must already be in the power of the State by a title conveying ownership. It may be a legal title of public law, for example, expropriation, or of private law, for example, purchase-sale, donation, cession, etc. 3rd) The third requirement is that the good must be released to public use in an actual and effective form (i.e., it must be put into use, into function) a) actual. The possibility of a future or potential affectation is denied; the mere acquisition of a property and the declaration that a work will be carried out there that will be affected to public use does not imply affectation of that property to public use; that declaration is potential, future, and therefore the good is not incorporated into the public domain, nor is the legal regime of dominicality applied to it; it is still a private good of the State. If the work is under construction, it is also not yet affected to public use; but this rule has an exception arising from the jurisprudence itself, which is that when dealing with a building that is already almost finished and about to be opened, it can be understood that it is already incorporated into the public domain, even though in reality the affectation in terms of release to public use has not yet been effected; b) effective. It must be put in such a form that the inhabitants can already use the good now; it is not required, however, that this effective use be, for example, uninterrupted, continuous: If a plaza is released to public use and nobody goes to the plaza, that does not prevent it from being incorporated into the public domain; what is required, then, is that the good is available and can be used, even if it is not actually used. 'Effective' thus means, firstly, that the good can be used, even if it is not effectively utilized, and secondly, that it is used in accordance with the nature of the good and in accordance with the respective regulations: for example, if it is a museum, that one can enter during the hours regulated for that purpose; one cannot then say that the use is not 'effective' because the museum is closed at night" (García Enterría, Eduardo. Fernández Rodríguez, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. Tomo II. Ed. Civitas). This concept, which is followed by our national jurisprudence and applicable to the present case as will be stated next, is reiterated. V.- ON THE DEFENSE OF LAPSE AND STATUTE OF LIMITATIONS ALLEGED. Upon a careful reading of the exceptions of lapse and statute of limitations alleged by the legal representation of the defendant parties, they are essentially directed at the right that ICE has to register the expropriated properties that are the object of the proceedings, derived from the judgment issued by the Juzgado Primero de lo Contencioso y Civil de Hacienda, in the sense that, in the opinion of the co-defendants, the period that the plaintiff entity had to execute and register the judgment in the Public Registry has amply elapsed, and therefore it cannot now seek to recover said goods. The Tribunal's Criterion. The exception must be rejected for the following reasons. First, it must be emphasized that none of the defendants provided grounds (they merely invoked it) for their exception, much less referenced any normative provision, and while the "Principio Iura Novit Curia" exists, this does not exempt the parties from the duty to properly ground their arguments. Now, this Tribunal understands (and will so rule) that the statute of limitations alleged refers to the execution of judgment number 464 of July 15, 1978, issued by the Juzgado de lo Contencioso in the expropriation proceeding filed against Mr. [Name 007], for which, given that no specific rule exists in administrative law, under the doctrine of Article 9, subsection 1) of the LGAP, recourse must be had to the provisions of Article 868 of the Civil Code, which, as relevant, states: "Every right and its corresponding action are prescribed at ten years"; this being the rule that regulates the general prescriptive period, to provide legal certainty to the parties in any proceeding, unless a different period is regulated by a special rule. Second, to resolve said exceptions, this Tribunal considers that, given the particularity of the subject under discussion, it is not possible to rule on these defenses without referring to the central axis of the discussion, which is the demanial or private nature of the goods in litigation, it being underlying to the entire proceeding to determine their public utility or not. 1) Legal nature of the immovable property object of the proceeding. Having highlighted the foregoing, the legal nature of the goods that ICE seeks to reclaim in the present proceeding must be determined. For these purposes, the events that have occurred and been proven in the proceeding will be examined to verify whether the elements indicated supra are met, which are: Subjective: Who is the holder of the public domain? Objective: What are the goods of the public domain? Normative: By virtue of what norms are they incorporated into the public domain? Teleological: To what end are the goods of the public domain destined? Having highlighted the foregoing, the following is analyzed: A) Subjective. It is deemed proven that in the year 1978, the Poder Ejecutivo (President and Minister of the relevant Branch) by Decreto Ejecutivo number 8031-G of February 20, 1978, the Administration, based on technical studies, declared the farms object of the proceeding to be of public utility, using for this purpose laws number 1371 and 2292, in order to give agility to the procedure. From the referenced Decree, it is established that it was expressly issued by the constitutional body, the Poder Ejecutivo, which possesses sufficient competence to issue the expropriatory act before us, thus complying with the subjective requirement. B) Objective. According to the doctrine, this element refers to the fact that the good subject to the domain regime is in the power of the public authority, whether by a title conveying ownership, such as a deed, or by a title of public domain, such as expropriation. In this case, the transfer of ownership occurred through expropriation, but this acquisition of ownership must be understood not by the act of inscription (in the sub examine, inscription of the judgment issued by the Juzgado Contencioso) but through the administrative act that declares the utility of the good and orders steps to be taken to indemnify (Expropriation Decree). To explain this point, one must start from the premise that the expropriation process is born as a tool of a constitutional nature, known as the power of expropriation, designed by the legislator under a dual scheme. An administrative procedure where the expropriatory act is generated and the land appraisal is communicated to the owner, thus allowing, in case of acceptance, to take possession of the good for its immediate use for the public utility; however, if the appraisal is not accepted, a summary proceeding arises in the jurisdictional venue limited to determining the "just price" without the parties being able to discuss any other aspect related to the expropriation. From the foregoing, it can be affirmed that both processes are born from the expropriatory power (it is reiterated) of Article 45 of our Magna Carta, which provides, as relevant: "Property is inviolable; no one may be deprived of what is theirs if it is not for legally proven public interest, upon prior indemnification in accordance with the law." Thus, from its beginnings, the legislator regulated the expropriation procedure circumscribed to the just payment of the value of the property, without discussing the expropriatory power of the Administration derived at that time from Article 29 of the Political Constitution then in force. Accordingly, in Article 5 of Law number 36 (Ley de Expropiación Forzosa por Causa de Utilidad Pública of 1896), the Congreso Constitucional de la República de Costa Rica decreed: "When for matters of a national character an expropriation is appropriate, the Ministerio de Gobernación shall address a note to the owner of the property, indicating the project in progress and the possible occupation of all or part of their property, and shall grant a term of not less than three nor more than twenty days for them to express their conformity or oppose the measure, and in the latter case offer the evidence on which the refusal is based." It is in Chapter Three of said law, titled "De los juicios de indemnización por expropiación", that the summary procedure is regulated and even expressly prohibits what is discussed therein from being debated in a plenary proceeding, as stated in Article 24: "The judgment, once it becomes final, definitively resolves the question and makes impossible any subsequent debate in ordinary trial regarding the questions resolved thereby and the amount it orders to be indemnified as the price of the property and the damages caused by the expropriation." This institution was fully received by the constituent of '49, being the basis of laws number 1371 and 2292 on which Decreto Ejecutivo Number 8031-G of February 20, 1978, which concerns us here, is founded; up to Law Number 7495 currently in force, which contains a clearer development and diaphanously circumscribes the expropriation process in the jurisdictional venue to the discussion of the amount to be indemnified, highlighting that expropriation itself is a power of the State exercised in its administrative function. Thus, it provides: "Article 1. Purpose. This law regulates compulsory expropriation for reasons of legally proven public interest. Expropriation is decreed in exercise of the sovereign power of the Public Administration and comprises any form of deprivation of private property or legitimate property rights or interests, whoever their holders may be, upon prior payment of indemnification representing the just price of that which is expropriated. Article 18- Declaration of public interest. For the expropriation of a good, a reasoned act shall be indispensable, whereby the required good is declared of public interest. Such act, in the case of a ministry, shall be signed by the minister of the relevant branch and, in other cases, by the head of the expropriating entity, unless a legal provision states otherwise. The declaration of public interest must be notified to the interested party, or their legal representative, and shall be published in the official gazette La Gaceta. This declaration shall be sufficient grounds for any eventual indemnifications for commercial activities or any other affecting of rights that the administration must carry out by reason of that same expropriation. Article 27.- Expropriation agreement. The Administration shall issue an expropriation agreement in the following cases: a) If there is timely disagreement by the expropriated party with the administrative appraisal. Article 28.- Commencement of the special expropriation proceeding and deposit of the administrative appraisal. Once the expropriation agreement has been issued, under the terms of the previous article, the expropriating administration must commence the special expropriation proceeding before the Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Once the judicial file is formed, the Administration shall deposit the amount of the administrative appraisal, as an indispensable and prior requirement for taking possession of the expropriated good. Article 29.- Object of litigation. In the special proceeding for fixing the just price, only matters related to the review of the administrative appraisal of the expropriated good shall be discussed, according to the conditions in which it was found, to set the final amount of the indemnification." Given what has been stated so far, it is clear to this Tribunal that the expropriation procedure followed in the jurisdictional venue is summary; therefore, no right of the parties over the immovable property is discussed, nor is the expropriatory power questioned (whether or not public utility exists), but solely the amount to be paid by the State to the expropriated party (this issue being the only extreme where it can be said that a declaration of right exists). Consequently, no right is recognized therein to the Administration that must be executed (it is reiterated, the power of expropriation and the right to obtain the good by its own hand for a public purpose arise in the administrative venue), and in this specific case, inscribed in the public registry, the compulsory acquisition of the good was effected in the expropriatory administrative act, which for the sub examine occurred with Decreto Ejecutivo Number 8031-G of February 20, 1978. In conclusion, it can be affirmed that the expropriation process is born with the purpose that the State, in fulfilling the end of meeting public needs, must on some occasions acquire goods that are in private ownership and for that purpose, in its public function, decides to take them, so that this burden or special sacrifice of the administered party must be compensated previously. But it should be noted that there is never an option (it is reiterated) for the affected party to discuss the basis or necessity of the public utility of the good to be expropriated; what is regulated, as seen previously, is the amount of the indemnification or just price. Consequently, it is clear that the expropriatory act is issued by the Public Administration and not by the judge. With what has been stated, the second element is fulfilled. C) Normative. This element, according to the doctrine, implies that the good must be released to public use in an actual and effective manner (according to Marienhoff, it must be put into current use or function). This is important to determine, due to the arguments of the legal representative (expressed in court) of one of the parties, to the effect that the goods acquired at the time by ICE are not demanial, but private, and furthermore, on the other hand, the arguments of another party that said immovable properties have never been used or possessed by the plaintiff entity. According to the factual framework presented and the testimonial, documentary, and expert evidence, it could be stated that ICE acquired those lands for the future, which would not grant it demanial status according to doctrine, but rather would be a patrimonial good. However, that apparent potentiality that, in principle, would not have the faculty to be considered as incorporated into the public domain, is not the case here. This is because these lands, on the one hand, as was demonstrated by the testimonies presented by the brothers ([Name 008], [Name 009], [Name 002]) and even accepted by them, part of the lands acquired were flooded by ICE for the creation of the lake, another part forms what is known as the riverbank (ribera), and the rest of the farm is destined for forest in order to serve as a water reserve and buffer environmental impacts, according to the expert opinions included in the record. With the foregoing, it is clear that the third element is thus fulfilled, i.e., public use, meaning in this case immediate public utility. D) Teleological. That is, the destination of the good. In this case, it should be noted that, according to the expropriation agreement (it is reiterated), the goods were acquired for them to form part of the reservoir. Thus, the mentioned Decree provided: "Instituto Costarricense de Electricidad needs to acquire [them] so that they form part of the Reservoir of the Arenal Hydroelectric Project." But reservoir should not be understood only as what forms the Arenal lake (water surface), but also the adjacent lands that are used for the recharge of said reservoir. Thus, in Law Number 4334 of May 5, 1959, its first article provided: "The Arenal lake (laguna Arenal), the Cote lake (laguna Cote) and the Arenal river (río Arenal) (course and waters) are declared a national electric power reserve zone, in accordance with the map prepared by the Instituto Geográfico de Costa Rica (sheets 3247 III and 3247 IV). Said zone includes the riverbanks (riberas), to the extent necessary to guarantee that the resources of this basin are transformed into usable electric power for the country's development." That is, the legislator considered it necessary to leave a reserve zone to guarantee the basin's resources. Note that it clearly indicates that it must be the necessary extent, and its extension shall be demarcated by the Instituto Geográfico de Costa Rica jointly with ICE, which will clearly be the one to conduct the technical studies to determine the area it needs. Consequently, when the need to acquire the three farms from Mr. ([Name 011]) is declared, it is evident that all of them acquire a public utility of a national order and not as suggested by the parties in their grievances. This teleological element is reinforced by the provision in the first article of the Ley de Adquisiciones, expropiaciones y servidumbres del ICE, of February 4, 1979, which provides: "Immovable property, whether whole farms, portions, legitimate property rights or interests, which by their location are necessary, in the opinion of the Instituto Costarricense de Electricidad, for the fulfillment of its purposes, is declared of public utility." And although this rule was approved after the declaration of public utility of the farms under discussion here (almost a year after the agreement), Article 29 and the sole transitory provision of said rule indicates: "Article 29.- It shall be in force from its publication. Sole Transitory.- The expropriations and establishment of easements (servidumbres), initiated by the Institute before the publication of this law, shall continue their processing in accordance with the norms in force, and these provisions shall only be applicable insofar as they do not contradict or oppose the established norms." In summary, it follows from the factual framework that the will of the legislator has always been to fully comply with what was established by the constituent regarding the expropriatory power (ex officio) and the indemnification procedure in order to safeguard private interests for the special sacrifice imposed on the administered party in an expropriation. But it is reiterated, the declaration of public interest is never discussed, that power being reserved to administrative discretion, which shall base its decision on technical criteria. In this line of thought, it is noted that in the sub examine, that situation was not discredited, and the parties did not even debate that matter. Given what has been stated so far, it is the criterion of this Chamber that the farms registered in the Partido de Guanacaste number [Value 013], [Value 014], and [Value 015], which were expropriated at the time from Mr. [Name 007], were of a private nature and with agricultural vocation, were affected by express law (Decree) and inserted into the public domain by the express will of the Administration, so that one part would serve for the creation of the Arenal reservoir, which is flooded (thus confirmed even by witnesses [Name 019] and [Name 020]), and the rest for the creation of a buffer zone, thereby fulfilling the fourth element. In support of what has been stated, and contrary to what the legal representative of some co-defendants stated in the trial, to the effect that the goods under discussion are patrimonial and therefore prescriptible and transferable, we must quote the following commentary by the authors Santamaría Pastor and Parejo Alfonso on this topic: "Doctrine unanimously points out that the State is the owner of a series of goods, over which it directly exercises its full right as such. It represents, therefore, a set of goods, things, etc., which the State possesses as owner. Certainly, patrimonial goods do not enjoy the characteristics of public domain goods, insofar as they are not affected to a public use or public service; however, their mediate finality gives them a special category within the total framework of the legal system, distinct from pure and simple particular goods. Regarding the concept of patrimonial goods, the following has been said: 'The concept of patrimonial goods possesses, therefore, a residual character; it is constituted by the goods belonging to Public Administrations that are not of public domain.'" But alongside that negative note, there exists another of a positive sense, which is that patrimonial assets are subject to the ordinary regime of civil property, except for the existence of a special protection regime for them, a regime that is similar to that of public domain assets (Santamaria Pastor, Juan Alfonso, and Parejo Alfonso, Luciano, Derecho Administrativo, La Jurisprudencia del Tribunal Supremo)”; that is, while it is well accepted in our courts that there are patrimonial assets of the State to which common law applies, it is also true, as the doctrine indicates, that there are patrimonial assets of the State that have a special protection regime, as is the case of forest reserves, whether State-owned under private administration or private assets subject to a special regime. Thus, the relevant parts of Articles 1 and 2 of the Forest Law (Ley Forestal) regulate: “ARTICLE 1.- Objectives This law establishes, as an essential and priority function of the State, to ensure the conservation, protection, and administration of natural forests and the production, utilization, industrialization, and promotion of the country's forest resources destined for that purpose, in accordance with the principle of adequate and sustainable use of renewable natural resources (…) ARTICLE 2.- Expropriation The Executive Branch is empowered, through the Ministry of Environment and Energy, to establish protected wild areas on privately owned lands, whatever their management category, by virtue of the natural resources existing in the area to be protected, which are obligatorily subject to the forest regime. These lands may be voluntarily integrated into the protected wild areas or purchased directly when there is an agreement between the parties. Otherwise, they shall be expropriated in accordance with the procedure established in the Expropriations Law, No. 7495, of May 3, 1995, and its amendments. When, based on prior scientific and technical justification of the public interest, it is determined by law that the land is essential to conserve biological diversity or water resources, a limitation on property shall be constituted that will prevent cutting trees and changing land use (cambio de uso del suelo)” (underlining not in original), a provision that, in the opinion of this Tribunal, is applicable to the sub examine under the Precautionary Principle in environmental law, which, according to our highest constitutional body, consists of safeguarding water resources by making the pertinent decisions on the matter. In this regard, said body indicated: “XV.- PRECAUTIONARY PRINCIPLE OF ENVIRONMENTAL LAW AND PROTECTION OF GROUNDWATER. One of the guiding principles of Environmental Law is the precautionary principle or principle of prudent avoidance. This principle is set forth in the United Nations Conference on Environment and Development or Rio Declaration, which literally states: ‘Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.’ In domestic law, the Biodiversity Law (No. 7788 of April 30, 1998), in its Article 11, adopts the following principles as hermeneutic parameters: ‘1.- Preventive criterion: It is recognized that it is of vital importance to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2.- Precautionary criterion or in dubio pro natura: Where there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures.’ In Ruling No. 1250-99 of this Chamber, issued at 11:24 hours on February 19, 1999 (reiterated in Rulings Nos. 9773-00 at 9:44 hours on November 3, 2000, 1711-01 at 16:32 hours on February 27, 2001, and 6322-03 at 14:14 hours on July 3, 2003), this Tribunal held the following: ‘(...) Prevention seeks to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or the health of people. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage—or any doubt thereof—a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. The foregoing is because, in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance, but will hardly compensate for the damages caused to the environment.’ Subsequently, in Ruling No. 3480-03, issued at 14:02 hours on May 2, 2003, this Tribunal indicated that ‘Properly understood, the precautionary principle refers to the adoption of measures not in the face of ignorance of risk-generating facts, but in the face of a lack of certainty that such facts will effectively produce harmful effects on the environment.’ In the case of groundwater contained in aquifers and recharge and discharge areas, the precautionary principle or in dubio pro natura supposes that when there are no studies or reports conducted according to the unequivocal and exactly applicable rules of science and technique that allow reaching a state of absolute certainty regarding the innocuousness of the activity to be developed on the environment, or these are contradictory among themselves, the entities and bodies of the central and decentralized administration must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification request, suspend those in progress until the state of doubt is cleared up, and, in parallel, adopt all measures tending to its protection and preservation in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment. In essence, safe environmental management of groundwater involves protecting the resource before its contamination or degradation. Resolution No. 01923 – 2004, of February 25, 2004.’” From the preceding excerpt, it follows that this guiding principle is based on the need to take and assume all measures to avoid or contain the possible impact on the environment or the health of people. Thus, it seeks to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. In this way, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage—or any doubt thereof—a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. The foregoing is because, in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the damage has occurred, the biologically and socially harmful consequences may be irreparable. In summary, this collegiate body considers that the defendants failed to discredit what was indicated by ICE, namely that said lands were acquired as a buffer zone and reservoir for Lake Arenal, and indeed, it was demonstrated that they serve not only to maintain the reservoir but also that there is a chain of public needs, such as the use of the waters in irrigation zones and a treatment plant to make the water fit for human consumption. The witness, the official Luis Mariano Zúñiga (surveyor), regarding this and the study he conducted to determine the registry status of the properties, indicated: “Property 200 is acquired for the purpose of being a forest remnant, as a water reserve buffer zone. It is a forest remnant that helps with the water resource that is in the reservoir. Around it, certain areas were reserved that are outside the protection zone, intended to act as a buffer for the surface of the Arenal reservoir. It is a reliever of the pressure that exists due to human activity. Through the channels, the Arenal project forms part of a cascading system for irrigation and human consumption,” which demonstrates the public utility to which the properties subject to the process were destined and which were expropriated at their procedural moment. Finally, regarding the exception of expiration (caducidad) and statute of limitations (prescripción) that Lic. [Name 010] filed in his statement of defense on behalf of the co-defendants [Name 010], Lualhe de Tilarán S.A., Importaciones Murisol S.A., [Name 015], [Name 016], Murarti S.A., based on Article 61 of the Expropriations Law, said numeral provides: “Statute of limitations and expiration. The rights and actions derived from this law shall be barred by the statute of limitations in ten years, counted from the day after the State took possession of the asset or affected it. The administrative claim shall expire and be deemed not filed if five years elapse without the interested party activating the proceedings”; said exception is also not applicable in the case at hand, because from a careful reading of the cited numeral, it is clearly extracted that it refers to the rights of the administered party (expropriated party) to claim against the Administration arising from the expropriation, not being applicable to the specific case as it falls under a different legal scenario. Having indicated the foregoing and as established earlier in this process, we are in the presence of public domain assets (bienes demaniales) which, it is reiterated, were affected by the express will of the Administration at the time of expropriation, whose public utility is to serve as a buffer zone for the Arenal reservoir; this renders the discussion about whether or not ICE's right over the ownership of the assets has prescribed moot, since one of the essential characteristics of public domain assets (bienes dominicales) (as indicated earlier) is their imprescriptibility because they are outside the commerce of men. Consequently, the exceptions of statute of limitations and expiration filed by the defendants are rejected. Having established that in the sub examine we are in the presence of public domain assets, making the discussion about their ownership or possession unnecessary, this Tribunal cannot refrain from ruling on the legal situation of third-party acquirers who, in some cases, have been on said lands for more than two decades, using them as apparent owners and who acquired them in light of registry publicity, which the plaintiff entity itself caused through its absolute negligence. For this reason, we proceed to its analysis to determine what corresponds in law. VII.- REGARDING THE COUNTERCLAIM. Within the lawsuit, the representation of the defendant company INNOTEC TRADING CR SRL, upon appearing in the process, opposed ICE's claims and concomitantly filed a counterclaim against said entity. It indicated that its represented party has no intention of appropriating the property it acquired in its time from Mr. [Name 010], since its purchase was in good faith, as at that time the registry information did not indicate any limitation, and much less did it know the facts on which ICE bases its claims. That it has been the negligence of said Institute that has caused the illegality of what is being discussed in this process, and therefore the counterclaim defendant must respond for the damages caused to its represented party. Opinion of the Tribunal. To resolve this point and due to the singularity of the process we are in, it is necessary beforehand to make some clarifications regarding the concept of "Third-Party Acquirers in Good Faith" in order to contrast it with the legal institution of public domain status (demanialidad). A) Generalities on third-party acquirers. The analysis of this legal figure submitted for this Tribunal's ruling, given the peculiarity of the matter, will be carried out along two lines; this is because, in the opinion of this collegiate body, there is a group of people who acquired lands in the light of registry publicity through a third party, and another group of people who acquired the lands directly from the expropriated party. It is first necessary to make some general observations regarding the figure of the “Legal Transaction (Negocio Jurídico)” and the principles that inform it. According to the doctrine, this figure broadly includes all acts of private autonomy relevant to law, which goes beyond the contract as such, encompassing not only these but also non-pecuniary acts, wills, and others, all of them having an externalized will and an end sought. In the present case, we have two of these types of bilateral transactions, such as the purchase-sale contracts that occurred, and unilateral ones, such as the donation. Both have as an essential element the will internally and the expression or manifestation of this will externally. In the words of the national scholar Víctor Pérez, will is defined as: “that faculty that determines us to act with knowledge of the end and the motives of the action”; thus, the first paragraph of Article 627 in relation to Article 1008, both of the Civil Code, provide: “ARTICLE 627.- For the validity of the obligation it is essentially indispensable: 1st.- Capacity on the part of the one who obligates himself (…) ARTICLE 1008.- The consent of the parties must be free and clearly manifested. The manifestation may be made by word, in writing, or by acts from which it is necessarily deduced.” In addition to the above, the Principle of Good Faith must be taken into account, and in this particular case, the Principles of Inmatriculation (Inmatriculación) and Registry Publicity (Publicidad Registral), which are generally highlighted below. Regarding the principle of good faith, it must be indicated that it irradiates the entire legal system and imposes a series of behaviors on public and private persons, both in procedural spheres (administrative procedures carried out within the Public Administration), judicial (in the various jurisdictional processes), and contractual (regarding the formation, execution, and extinction of contracts); even in the exercise of the right to autonomy of will. Precisely, the main characteristic of the principle of good faith is to give coverage to the requirement of a series of behaviors, which are applicable to all branches of the legal system and which, at the same time, are required of any person, whether public or private. In this sense, the author Pérez González has stated that: “The general principle of good faith, which operates, as has been pointed out, not only in the sphere of the exercise of rights and powers but also in the constitution of relationships and the fulfillment of duties, entails the need for loyal, honest conduct, that conduct which, according to the estimation of people, can be expected of a person, protects the trust that can reasonably have been placed in the behavior of another, and imposes the duty of coherence in behavior” (González Pérez, Jesús. El Principio General de la Buena Fe en el Derecho Administrativo. Editorial Civitas, Spain). Regarding the Principle related to registry matters, it postulates that a public domain asset, by its nature and as State ownership is presumed, does not need registry inscription. This derives from the fact that the public domain regime is per se; its existence and publicity occur autonomously from the Registry, without it being possible for the registered owner to allege ignorance as a means of distorting it and counteracting the affectation. On this principle, the First Chamber of the Supreme Court of Justice, in resolution number 00896-2015 at 09:30 hrs. on August 4, 2015, indicated: “Second, formal transfer is not indispensable according to the principle of inmatriculation. This Chamber has said on the matter: ‘In accordance with the principle of inmatriculation or unnecessary inscription of the public domain, its existence and publicity occur independently of its registration, because its ownership by the State is presumed. Thus, the public domain regime is per se. Publicity in this type of asset is material, not necessarily formal or registry-based. The public domain asset, by its nature, does not need registry inscription….’ (judgment no. 001259-F-S1-2009 at 10 hours 50 minutes on December 10, 2009).” As for the Principle of Registry Publicity, it postulates the presumption that every person knows the content of what is inscribed in a Public Registry, which is the responsibility of the State. In this regard, the Constitutional Chamber, in resolution number 3441-2003 of April 30, 2003, indicated: “It is a function of the State to promote, maintain, and provide security to its population. One of the manifestations of this security is that provided by a registry system. Indeed, the establishment of a registry system in a certain sphere of social life has the purpose of providing legal certainty. Registry security is the fundamental pillar of our registry system.” From the preceding citation, it is extracted that patrimonial legal certainty is an activity that the legal system entrusts to the Executive Branch through the National Registry and its bodies. In that sense, the Law for the Creation of the National Registry creates it as a body of the Ministry of Justice. Said purpose is achieved by giving notoriety, publicity to certain acts or transactions, controlling their legality. Registry security that guarantees patrimonial legal traffic and transparency in the market. It is the registry system that guarantees property in its various manifestations, favoring its legal traffic. By legitimizing and protecting the rights of the registered owner and giving certainty to third-party acquirers, patrimonial negotiation is favored. Such protection is achieved through the Public Registry, as provided by Article 1 of Law Number 3883 of May 30, 1967 (Law for the Registration of Documents in the National Registry), which, in the relevant part, states: “The purpose of the National Registry is to guarantee the security of the registered assets or rights with respect to third parties. The foregoing shall be achieved through the publicity of these assets or rights. Regarding the processing of documents, its objective is to register them.” In summary, the National Registry's purpose is to guarantee the principle of registry security through the different registries that exist internally, meaning that legal certainty implies publicity which is obtained through the inscription of the documents presented there. Having highlighted the above, as indicated, we proceed to the analysis of the legal situation of the third-party acquirers sued here, since in their opening statements and conclusions, they petitioned to be compensated. 1.- Regarding the acquirers of the lands subject to the process through donation. As accredited in the case file, Mr. [Name 007], after being notified that three properties in his name were going to be expropriated and disagreeing with the administrative appraisal, the Administration filed the diligence before the Contentious-Administrative Court for the determination of just compensation (justiprecio), without any other issue being discussed there; it must be highlighted that the expropriation process arises as a constitutional tool, known as the “Power of Expropriation,” designed by the legislator under a double scheme. An administrative one where the expropriatory act is generated and the owner is notified of the land appraisal, thus allowing, in case of acceptance, to take possession of the asset for immediate use for public utility; however, if the appraisal is not accepted, a summary process arises in the jurisdictional venue, limited to determining the “just price,” without the parties being able to discuss any other aspect related to the expropriation. From the foregoing, it can be affirmed that both processes arise from the expropriatory power (it is reiterated) of Article 45 of our Magna Carta, which provides, in the relevant part: “Property is inviolable; no one may be deprived of theirs except for legally proven public interest, upon prior compensation in accordance with the law.” Thus, from its beginnings, the legislator regulated the expropriation procedure circumscribed to the fair payment of the value of the property, without discussing the expropriatory power of the Administration derived at that time from Article 29 of the Political Constitution in force. Thus, in Article 5 of Law Number 36 (Law of Forced Expropriation for Cause of Public Utility of 1896), the Constitutional Congress of the Republic of Costa Rica decreed: “When for matters of national character it is the case of an expropriation, the Ministry of the Interior shall address a note to the owner of the property, indicating the project in progress and the possible occupation of all or part of their property, and shall grant a term of not less than three nor more than twenty days for them to express their conformity or oppose the measure, and in the latter case offer the evidence on which the refusal is based.” It is in the third chapter of said law, titled “On the Trials for Compensation for Expropriation,” that the summary procedure is regulated and even expressly prohibiting that what is discussed therein may be debated in a plenary process, as indicated in Article 24: “The judgment, once final, definitively resolves the question and makes impossible any subsequent debate in an ordinary trial regarding the questions resolved by it and the amount it orders to be paid as compensation for the price of the property and for the damages caused by the expropriation.” This institution was fully incorporated by the constituent of 1949, being the basis of Laws Number 1371 and 2292 on which Executive Decree Number 8031-G of February 20, 1978, which concerns us here, is based; up to the currently valid Law Number 7495, which contains a clearer development and clearly circumscribes the expropriation process in the jurisdictional venue to the discussion of the amount to be compensated, highlighting that expropriation itself is a power of the State exercised in its administrative function. Thus, it provides: “Article 1. Object. This law regulates forced expropriation for reasons of legally proven public interest. Expropriation is agreed upon in exercise of the imperium power of the Public Administration and comprises any form of deprivation of private property or legitimate patrimonial rights or interests, whoever their holders may be, through the prior payment of compensation representing the fair price of what is expropriated. Article 18- Declaration of public interest. For the expropriation of an asset, a reasoned act is essential, through which the required asset is declared of public interest. Such act, in the case of a ministry, shall be signed by the minister of the branch and, in other cases, by the head of the expropriating entity, unless otherwise provided by law. The declaration of public interest shall be notified to the interested party, or their legal representative, and shall be published in the official gazette La Gaceta. This declaration shall be sufficient grounds for any eventual compensation for commercial activities or any other impairment of rights that the Administration must carry out by reason of that same expropriation. Article 27.- Expropriation agreement. The Administration shall issue an expropriation agreement in the following cases: a) If there is timely disagreement of the expropriated party with the administrative appraisal. Article 28.- Initiation of the special expropriation process and deposit of the administrative appraisal. Once the expropriation agreement has been issued, under the terms of the preceding article, the expropriating administration must initiate the special expropriation process before the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court. Once the judicial file is formed, the Administration shall deposit the amount of the administrative appraisal, as an indispensable prerequisite prior to taking possession of the expropriated asset. Article 29.- Object of litigation. In the special process for fixing just compensation, only matters related to the review of the administrative appraisal of the expropriated asset, according to the conditions in which it was found, shall be discussed, in order to set the final amount of compensation.” Now, once Mr. [Name 007] was expropriated by the decree issued by the Administration, it is clear from the case file that, since the resolution at 10:05 hrs on April 20, 1978, the expropriated party was aware that ICE was already authorized to take possession of said lands, and with judgment 464 of July 15, 1986, the just compensation was fixed and authorization was given for the protocolization of documents. Despite having withdrawn the money from the Court's accounts and being in agreement with what was resolved (since the file was already archived), Mr. ([Name 007]), in an act contrary to law, appeared before the notary Germán Guillen Castro and granted deed number 165 dated November 10, 1992, through which he donated in equal parts to his children [Name 008], [Name 003], [Name 009], and [Name 002] all ([Name 009], [Name 002], [Name 008], [Name 003]), the properties registered in the Canton of Guanacaste (Partido de Guanacaste) numbers [Value 013], [Value 014], and [Value 015], which were no longer his property, it is reiterated, since the confiscatory act issued by the Executive in Executive Decree number 8031-G of February 20, 1978, an act that became effective at the time of the order given by the court to take possession of the lands, which was on April 20, 1978. The siblings ([Name 009], [Name 008], [Name 002]) and the sued Estate allege that they were not part of the expropriation nor did they know absolutely anything about the matter. These arguments are partially shared by this Chamber only insofar as they were effectively not part of the expropriation, logically, because they were not the owners, and the donation occurred six years later. However, for the purposes of the good faith alleged here, their arguments are not shared by this Tribunal, because it is not true that they did not know about the legal situation of said real property, since, as is accredited, they were part of the complaint filed by ICE and the criminal process, within which they were investigated on the subject, declaring at that time that they did not know that said properties were expropriated. That is, from that moment on, they were aware of the legal situation regarding the properties, to such an extent that their father was not only convicted for the crime of estelionato (fraudulent conveyance) but the donation deed was also annulled. It forcefully draws this Chamber's attention that, upon review of what occurred in the criminal process at the time of the hearing, the defense attorney for Mr. [Name 007] (who also acted as defense attorney for the siblings ([Name 002], [Name 008], [Name 009]) in said criminal process) requested the suspension of the hearing because his client was not mentally capable of facing the process. Even the trial judges ordered a forensic examination to determine such a situation, the expert report of which, contained in official letter number SPF-1522-97 of December 22, 1997, indicated in its conclusions: "DIAGNOSTIC IMPRESSION: Passive-aggressive personality, Severe senile deterioration, Mild anxious depression. CONCLUSIONS. Based on the above, it can be concluded that the interviewee presents deterioration of his higher mental functions that currently hinder him from clearly understanding matters concerning a judicial process and participating in it; it does not imply any state of mental alienation or psychosis" (images 46-48, evidence file CD 5). However, despite this, it is clear from the factual scenario presented here that, even though at that time they were within the criminal process, where the ownership of the properties donated to them was being discussed, consciously and knowing there was a possibility that said legal transaction would be annulled (as indeed happened), the defendants here not only consolidated properties but also constituted a mortgage, which was subsequently executed. This is not consistent with the Principle of Good Faith, which imposes a series of behaviors on public and private persons, that is, loyal and honest conduct in legal transactions, causing the Bank itself to become involved in good faith in the commercial loan transaction. In this line of thought, it must be remembered that the “traditio” requires that the transferor hold a title transferring ownership, a just title (justo título) or just cause, and in every transaction, there must be good faith; in summary, a just title. In this regard, the doctrine has defined a just title as one suitable for transferring ownership. In the sub examine, this Tribunal considers that the co-defendants ([Name 008]) and the Estate of ([Name 003]), both in the donation transaction and in the consolidation and constitution of the mortgage, did not have a just title of ownership over the real property that was registrally inscribed in their name and, consequently, did not have a just cause to carry out said legal transactions (consolidation and mortgage). It even powerfully draws the attention of this Chamber that, supposedly, if they were unaware of the situation surrounding said properties expropriated from their father and despite that, in the transfer made to them by means of the donation, at the time part of said property was flooded, they did not file administrative claims against ICE to request compensation for the damage caused, but rather, not until this proceeding, more than twenty years later, do they seek compensation via counterclaim, demonstrating by their conduct that there is no good faith, that is, they seek to take advantage of their own fraud, derived from the administrative negligence that has occurred in this particular case. By reason of the foregoing, in the opinion of this Court regarding the defendants ([Name 008]) and the Estate of ([Name 003]), the grievances both of the complaint and of the counterclaim are not receivable; consequently, the complaint must be granted in that regard and the counterclaim rejected, as is hereby done. 2.- Regarding the purchasers through a third party. According to the chronology of what happened with this group of third-party purchasers, it is found that the siblings ([Name 009], [Name 008], [Name 002]), after receiving the donation of the properties, consolidated them and obtained a loan with Banco Nacional, mortgaging the resulting property registered in the Partido de Guanacaste [Value 016] according to cadastral plan number G-80239-1992; the consolidation and mortgage were executed in deed number 61 before notary public Rafael Ortega Ayón. Later in this procedural sequence, the debtors fell into default and the creditor Bank had to resort to the collection proceeding to recover the loan, and once the auction was carried out, the property was judicially auctioned and awarded to Mr. [Name 010]. Once the relevant documents were formalized by order of the competent judge, he registered it free of liens in his name and subsequently began to segregate lots that he sold to the co-defendants, all these transactions in light of what the registry entries indicated at that time. As can be seen from the foregoing, the legal situation of these third-party purchasers is diametrically opposed to that of the siblings ([Name 009], [Name 008], [Name 002]) and the Estate of ([Name 003]), as they carried out the legal transactions in good faith and in light of the public registry publicity, since ownership was transferred to them from another third party, Mr. [Name 010], who is a stranger to the original transaction, that is, the donation or the mortgage executed between Mr. [Name 007] and his children, and subsequently between the latter and Banco Nacional de Costa Rica (it is clarified that the creditor Bank is also a third party in good faith in the obligation relationship, not as a purchaser, since the property was never registered in its name). In this vein, this Court considers that both Mr. [Name 010] and the other co-defendants, Innotec Trading CR SRL., Lualhe de Tilarán S.A., Importacones Murisol S.A., [Name 015], [Name 016], Murarti S.A., are third parties in good faith who acquired the real estate in light of the public registry publicity, and as indicated above, this figure presupposes that a person, whether natural or legal, acquires an asset with the belief that it is being transferred by the legitimate owner and in ignorance of the possible defects of the acquisition, as occurred in this case, that is, Mr. ([Name 010]) never had the material possibility of supposing that said lands were public domain (demaniales) and, consequently, outside of commerce, if the same bank, also acting in good faith in the commercial lending of money when creating the mortgage guarantee, could not have been aware that there was any registry indication regarding the status of said properties. Thus, Articles 455 primae lineae and 456 of the Civil Code, regarding good faith in light of public registry publicity, stipulate: "Art. 455. Titles subject to registration that are not registered shall not prejudice a third party, except from the date of their submission to the Registry. A third party shall be considered one who has not been a party to the act or contract to which the registration refers. Art. 456. Registration does not validate registered acts or contracts that are null or voidable according to the law. However, acts or contracts that are executed or granted by a person who appears in the Registry with the right to do so, once registered, shall not be invalidated with respect to a third party, even if the right of the grantor is later annulled or resolved by virtue of an unregistered title, or implicit causes, or causes that, although explicit, do not appear in the Registry." Thus, in principle, the purchasers in good faith could not be prejudiced by defects affecting the right of the transferor (donation, consolidation, and mortgage) if the latter (siblings ([Name 008], [Name 009], [Name 002])) appeared at the time as the owner in the public registry, and such defects, as occurred in this case, were not recorded in the real estate registry. Now, up to this point, what has been said leads us to the apparent conclusion that third-party purchasers in good faith should not be affected by hidden defects; however, in addition to the foregoing, and without prejudice to what has been indicated, it must be remembered that we are dealing with a sui generis case (caused by the administration's own inefficiency), where the legal transaction from its origins has a defect of absolute nullity due to the nature of the assets at stake; that is, the impossibility of a third-party purchaser in good faith restoring an acquired asset in relation to assets of a private nature that are prescribable and transferable (according to the cited regulations), which is not what happens in this proceeding, as we are dealing with public domain (demanio público) assets. To think or resolve otherwise would be to violate the legal nature of public ownership (dominicalidad), given that the properties subject to the proceeding, long before the third parties in good faith acquired said real estate, had been destined for public utility. I emphasize the foregoing; it is clear in this case that those responsible for the registry error are not the State nor the Public Registry, who simply, within their competencies, registered properties, mortgages, and segregations (segregaciones) under notarial public faith, nor in the opinion of this Chamber is the defendant Bank, as the latter acted in light of the public registry publicity. The co-defendants [Name 002], [Name 009], [Name 008] all ([Name 008], [Name 009], [Name 002]), and the Estate of [Name 003], as has been demonstrated, are the ones who did not act under the Principle of Good Faith, but rather induced Banco Nacional into error at the time, and the latter, once having acquired the properties at auction, sold them to a third party who in turn segregated and sold to purchasers in good faith. Said co-defendants are therefore the ultimate responsible parties against whom the damages caused, by reason of the legal transactions carried out, should be claimed in a corresponding proceeding. Following this line of thought, this Chamber considers that the Administration must always act subject to the legal system (doctrine of Article 11 of the Constitución Política and Article 11 of the LGAP), which, as already stated, did not occur due to the repeated acts of omission over decades that at this time affect third parties in good faith, and given that public law norms must be integrated, their interpretation and application must be done guaranteeing the balance between the efficiency of the Administration and the dignity, freedom, and fundamental rights of the administered party. Thus, in the opinion of this collegiate body in the sub examine, as already indicated, it is ICE itself that has caused, through its negligence, the real estate to be transferred to third parties (purchasers who, as already resolved, were in good faith) and that, because they are public domain (bienes dominicales) assets, must be restored, but with such restitution there must be a right to compensation. In that sense, it is clear that in this case one cannot speak of an expropriation, but rather of the payment of damages, which, in accordance with Article 190 of the LGAP, the Administration must pay for its negligent conduct, thus recognizing a legally protectable situation. Despite the above, in the case at hand, it must be considered that for Messrs. [Name 023], Lualhe de Tilarán S.A., Importaciones Murisol S.A., [Name 015], [Name 016], Murarti S.A., it is not possible to grant the damages caused to them by reason of the acquisition of the lands owned by ICE as purchasers in good faith. This is because there is no action within the proceeding against ICE, and even though it is true that, during the oral trial hearing when presenting their theory of the case as well as in their conclusions, requests of a compensatory nature were made, the truth of the matter is that this would be a novel argument, since upon joining the proceeding the only action of said parties was to answer the complaint against them and oppose the plaintiff's claims, without there existing, it is reiterated, a compensatory claim of a declaratory nature that could be analyzed by this Collegiate Body and against which ICE could have exercised its defense. Such procedural situation makes it impossible to rule on what this Court considers a right to compensation, but which was not exercised at the appropriate procedural moment within this proceeding. The parties who consider themselves injured by ICE's actions must resort to the corresponding declaratory proceeding to assert their rights and in which there exists an adversarial debate on said claims. B) Regarding the damages claimed by the company INNOTEC TRADING CR SRL. As indicated above, the counterclaimant company, in this specific case, acquires the property that at the time was registered in the National Registry, Real Estate Section, in the name of Mr. [Name 007], who, according to the recount of the facts, was also in possession of said property to the point that he donated it to his children, and Mr. [Name 002] constituted a mortgage in favor of Banco Nacional de Costa Rica. The latter auctioned the property, and it was acquired by Mr. [Name 010] in 1994, and from that time until 2012, he exercised full ownership, and until the moment the counterclaimant acquired the property by purchase-sale, all that time both Mr. [Name 010] and Innotec Trading CR SRL thought and acted as legitimate owners, and it was not until the filing of this lawsuit that they became aware of the situation of said real estate, faced with ICE's actions for recovery of possession (reinvindicatorias). From the foregoing factual picture, as can be deduced, we are dealing with the typical third party in good faith, protected and regulated by law. In accordance with what was developed above, this Chamber considers that the Administration must always act subject to the legal system (doctrine of Article 11 of the Constitución Política and Article 11 of the LGAP), which, as already stated, did not occur due to the repeated acts of omission over decades that at this time affect third parties in good faith, and given that public law norms must be integrated, their interpretation and application must be done guaranteeing the balance between the efficiency of the Administration and the dignity, freedom, and fundamental rights of the administered party. Thus, in the opinion of this collegiate body in the sub examine, as already indicated, it is ICE itself that has caused, through its negligence, the real estate to be transferred to third parties (purchasers who, as already resolved, were in good faith) and that, because they are public domain (bienes dominicales) assets, must be restored, but with such restitution there must be a right to compensation. In that sense, it is clear that in this case one cannot speak of an expropriation, but rather of the payment of damages, which, in accordance with Article 190 of the LGAP, the Administration must pay for its negligent conduct, thus recognizing a legally protectable situation. This Court considers, for the reasons already indicated, that the representation of the defendant and counterclaimant company is indeed correct in its claim, since, as has already been established and ICE itself could not refute, it was due to its own negligence and poor functioning that the property was not registered in its name at the appropriate procedural moment, and when it later attempted to do so, it did not complete it, all of which led to the situation being adjudicated here. There is no doubt whatsoever, it is reiterated, that it is ICE itself that placed itself in this situation, causing damages to the purchaser in good faith, which must be compensated. In this vein, the counterclaimant party itself states that it is not in its interest to keep the property, nor to oppose, to that extent, ICE asserting its rights due to its own fault, but it is precisely because of that negligence that it must be ordered to pay the damages, which it prudently values at twenty million colones, dividing them, without estimating each one, into economic, moral, psychological, and patrimonial. Claim which this Court proceeds to address and analyze its merits or not, in the form in which it was raised by the legal representation of the counterclaimant company. b.1. Regarding Economic Damage. The party indicates that ICE should be ordered to pay for the damages caused by its conduct, referring to patrimonial damage. This Chamber understands, and so resolves, that reference is made to the sum of money invested in said property for its acquisition plus its improvements. The claim must be granted for the following considerations. In accordance with what was indicated above regarding third parties in good faith, it is considered proven that the counterclaimant company acquired the property in 2015 as a result of segregations (segregaciones) of lots that the prior purchaser in good faith, Mr. [Name 010], put up for sale through an auction in 1994. Said initial investment resulting from the acquisition purchase of the lot, the registered property of the counterclaimant company, registered in mechanized real estate folio number 122229, with an area of 9414.39 m2, cadastral plan number G-386792-1997, and which, according to the judicial expert report contained in the record, is located within the area claimed by ICE (images 1510-1514), and from which it is now dispossessed, gives rise to the patrimonial damage claimed, and by reason of the possible improvements made to the real estate, such as the dwelling house and others, constitute the alleged injury. A claim for which the existence of said improvements is accredited with the expert report contained in the record, from which it can be deduced that there currently exists a dwelling house, but from which the value of said improvements cannot be deduced (it was not the subject of the expert examination), therefore, it is reiterated, there is no doubt that the counterclaimant would suffer damage to its patrimony with the dispossession of said asset, which must be compensated. By reason of the foregoing, and for the factual and legal considerations made above, ICE is under the obligation to compensate the economic damage caused to the company Innotec Trading CR SRL. Now, said damage must be granted in the abstract in accordance with subsection 122.m.ii of the CPCA, which stipulates: "m) Ordering the payment of damages, in the following terms: (...) ii) Ruling in the abstract, when their existence is established but not their amount"; the amount must be determined in the execution of judgment phase, taking as parameters the value at which the lot was acquired, the use made of it while it was under the ownership of the counterclaimant, the investment and improvements made by it to the real estate (constructions), and the current real market value. b.2. Moral and Psychological Damage. The company's legal advisor claims moral and psychological damage for his represented party, but without indicating what type of damage is referred to, whether subjective or objective, so this Court understands he refers to the subjective when mentioning psychological, and so resolves. As the Sala Primera de Justicia has well indicated, the distinction between subjective and objective non-material damage (daño moral) must be remembered. On this topic, that Court has pointed out that: "Non-material damage (also called incorporeal, extra-patrimonial, affective damage, etc. in doctrine) occurs when the sphere of extra-patrimonial interest of the individual is injured, however, as its violation can generate patrimonial consequences, it is appropriate to distinguish between 'pure' subjective non-material damage, or affective damage, and objective or 'objectified' non-material damage. Subjective non-material damage occurs when an extra-patrimonial right has been injured, without impacting the patrimony, normally involving an unjust disturbance of the mental conditions of the individual (disgust, discouragement, despair, loss of satisfaction in living, etc., e.g., the offense against honor, dignity, privacy, the so-called damage to the relationship life, affliction for the death of a family member or loved one, etc.). Objective non-material damage injures an extra-patrimonial right with repercussions on the patrimony, that is, it generates economically assessable consequences (e.g., the case of the professional who, due to the attributed act, loses his clientele in whole or in part). This distinction serves to delineate the damage suffered by the individual in his social consideration (good name, honor, honesty, etc.) from that suffered in the individual field (affliction for the death of a relative); thus one refers to the social part and the other to the affective part of the patrimony. This distinction was born, originally, to determine the scope of compensable non-material damage, because at first the doctrine was reluctant to compensate pure non-material damage, due to its difficult quantification. For compensation, one must distinguish between the different types of non-material damage. In the case of objective damage, the corresponding demonstration must be made as occurs with patrimonial damage; but in the case of subjective non-material damage, since its amount cannot be structured and demonstrated precisely, its determination is left to the prudent discretion of the judge, taking into consideration the circumstances of the case, the general principles of law, and equity, the lack of proof regarding the magnitude of the damage not being an obstacle to determining its amount." (Judgment number 112-F-92 of fourteen hours fifteen minutes of the fifteenth of July of nineteen ninety-two). With the foregoing, this Collegiate Body considers that such claim must be denied for two fundamental reasons. First, the claimant is a limited liability company (legal entity), and from a reading of the counterclaim brief it is inferred that, at the time it was claimed, it was not delimited as damage to the partner, but directly to the company that owns the real estate. According to national case law, this must be treated within what is known in doctrine as objectified non-material damage, but, it is reiterated, it was not raised and claimed in that form. Rather, from the claimant party's arguments, this Chamber understands, and so resolves, it is inferred as subjective non-material damage suffered by the legal representative, which is not admissible, it is reiterated, due to the manner in which it is requested. Second, even if this Court were to consider that said damage was admissible, the claimant party fails to meet the basic prerequisite for the claim of any subjective non-material damage, which is the minimum burden of proof, since it did not even make any effort to prove the existence of such manifestation of the non-material damage claimed, but limited itself solely to its invocation and the prudential determination thereof, stating only that "the defendant be ordered [to pay] for the serious moral and psychological damage suffered by his represented party," but, it is reiterated, without clearly and transparently indicating what the causal link is between the damage claimed and the challenged conduct, limiting itself to indicating that it comes from ICE's negligence, and all this, without any proof whatsoever; it not being possible for this Court to that extent to determine its causal link. Consequently, said request must be denied. VIII.- REGARDING THE DEFENSES (EXCEPCIONES) AND CLAIMS: As to the defenses of statute of limitations (prescripción) and expiration (caducidad) raised by the co-defendants, given that in this case it has been determined that we are dealing with public domain (bienes demaniales) assets which are imprescriptible, said defenses must be rejected. In relation to the defense of lack of right (falta de derecho) raised by the State and Banco Nacional de Costa Rica, for the reasons indicated above, it must be upheld; consequently, it is appropriate to declare the complaint without merit in all its aspects in the proceeding. In relation to the defenses of lack of right raised by the siblings ([Name 009], [Name 008], [Name 002]) and the Estate of ([Name 003]), the defense is rejected, declaring the complaint partially with merit. In relation to the co-defendants [Name 010], Lualhe de Tilarán S.A., Importacones Murisol S.A., [Name 024], [Name 016], Murarti S.A., the defense of lack of right is partially upheld, declaring the complaint partially with merit. When filing the complaint, ICE's representation styled the following claims, which were established in the preliminary hearing, and this Court proceeds to rule on each of them individually: a. Claims of the Complaint. 1) The nullity of deed number 61, recorded at [Value 017] of the protocol of Notary Rafael Ortega Ayón, by which properties number [Value 002] to 004 and [Value 003] to 004, all of the Province of Guanacaste, are consolidated. As indicated above, having titled public domain (bienes demaniales) assets, said legal transaction is contrary to law, and the constitutive deed must be annulled, as is hereby done. 2) Nullity of the act of creation and registration issued by the National Registry for property [Value 001] of the Partido de Guanacaste. For the reasons indicated, the claim must be granted, annulling the registry registration of property number [Value 001] of the Partido de Guanacaste resulting from the consolidation made. 3) Nullity of everything acted upon and resolved in the mortgage collection proceeding (proceso ejecutivo hipotecario) processed before the Juzgado Mixto de Grecia, judicial file number 403-94. The claim is upheld, declaring the nullity of the administrative act of registration. 4) Nullity of the acts of creation and registration issued by the National Registry for the properties of the Partido de Guanacaste with the following real estate folio numbers: [Value 004], [Value 005], [Value 006], [Value 007], [Value 008], [Value 009], [Value 010], [Value 011], and [Value 012]. The claim must be granted, ordering the nullity of the constitutive deeds of each of the segregated (segregadas) properties and ordering the nullity of the registry entries. 5) As a consequence of the nullities indicated above, it be resolved in judgment that the properties of the Partido Guanacaste with the following folio numbers: [Value 013], [Value 014], and [Value 015] are once again constituted, and that the National Registry be ordered to register said properties in the name of the Instituto Costarricense de Electricidad, in compliance with the provisions of the judicial judgment of the Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda issued at 4:00 p.m. on July 15, 1968, within judicial file Number 1216-78. The claim must be upheld in all its aspects. 6) That the co-defendants be jointly and severally ordered to pay the damages caused to the patrimony of the Instituto Costarricense de Electricidad as a consequence of the dispossession of the properties of the Partido de Guanacaste with folio numbers [Value 013], [Value 014], and [Value 015], which resulted in a loss of the financial investment made by my represented party to acquire and exercise ownership over said properties, as well as interest on said sums. It is prudentially estimated in the sum of fifty million colones, an amount that may be definitively determined in accordance with the opinion of the actuarial mathematical expert. Said claim must be rejected by virtue of the fact that, even if ICE has not been able to exercise possession over all the lands that were expropriated at the time, this was due to the absolute negligence that has been evidenced in this proceeding from the moment the order was issued granting possession by the Court and that the plaintiff failed to execute it, up to the present day. It is therefore clear that in the subjudice there is fault on the part of the victim, who created, through its omission to register the real estate in its name, [the situation], and such negligence cannot be attributed to the third-party purchasers, much less can compensation be sought for any damage caused by its own fault. 7) That the co-defendants be jointly and severally ordered to pay for the environmental damages for exercising ownership over properties destined to serve as protection zones for the Arenal Reservoir (Embalse Arenal). The claim is denied because, as indicated, there is no evidence whatsoever, not only of the environmental damage, but also because even considering that the felling of trees and constructions carried out there could cause damage, it cannot be directly attributed to the co-defendants. b. Claims of the Counterclaim. Upon joining the proceeding and answering ICE's claims negatively, the legal representation of the company Innotec Trading CR SRL counterclaimed against ICE, styling the following claims: 1) Economic Damages. In accordance with what was indicated and the parameters set in the preceding recital (considerando), it is granted in the abstract. The parties must proceed to execution of judgment to determine them by means of an expert report, taking into account the parameters indicated by this Court above. 2) Non-Material Damage (Daño Moral). For the reasons indicated above, it must be rejected. IX.- REGARDING COSTS: In accordance with numeral 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by the fact of being so, with the exceptions contained in subsections a) and b) of the same article. Due to the multiplicity of parties existing in the proceeding and the manner in which it was resolved, the award of costs must be made on a differentiated basis. With respect to the siblings ([Name 008], [Name 009], [Name 002]) and the Estate of ([Name 003]), having been the losing parties in this proceeding, both in the complaint and in the counterclaim, they are ordered to pay personal and procedural costs in favor of ICE for both proceedings. In relation to the co-defendants Innotec Trading CR SRL., [Name 010], Lualhe de Tilarán S.A., Importaciones Murisol S.A., [Name 015], [Name 016], Murarti S.A., having been determined that they are third parties in good faith, in the opinion of this Court there were sufficient grounds to litigate; therefore, they are exonerated from the payment of costs, and each party shall bear its own. With respect to the State, Banco Nacional de Costa Rica, and the Junta Administradora del Registro Nacional, the complaint having been declared without merit, they are exonerated from costs, and ICE is ordered to pay both sets of costs. With respect to the counterclaim, given the reciprocal defeat, in accordance with Article 73.2.3 of the Código Procesal Civil, there is no award of costs, but rather each party must bear its own expenses. POR TANTO The defense of statute of limitations (prescripción) and expiration (caducidad) raised by the defendants is rejected. The defense of lack of right (falta de derecho) raised by the co-defendants Junta Administrativa del Registro Nacional, Banco Nacional de Costa Rica, and the State is upheld. Consequently, by upholding the lack of right, the complaint filed by ICE against the State, Banco Nacional de Costa Rica, and the Junta Administrativa del Registro Nacional is declared without merit, and the Instituto Costarricense de Electricidad is ordered to pay both sets of costs. The defense of lack of right raised by Messrs. [Name 002], [Name 009], [Name 008] all ([Name 002], [Name 008], [Name 009]), the Estate of [Name 003], [Name 010], Lualhe de Tilarán S.A., Importacones Murisol S.A., [Name 015], [Name 016], Murarti S.A., and Innotec Trading CR SRL is partially upheld; consequently, the complaint filed by the Instituto Costarricense de Electricidad is declared partially with merit, everything not expressly granted being understood as denied. In relation to the counterclaim, the defense of lack of right raised by the Instituto Costarricense de Electricidad is upheld; consequently, the counterclaim filed by Messrs. [Name 002], [Name 009], [Name 008] all ([Name 009], [Name 008], [Name 002]), and the Estate of [Name 003], against the Instituto Costarricense de Electricidad is rejected; consequently, the counterclaimants are ordered to pay the costs of said action. Regarding the counterclaim filed by Inotec Trading Costa Rica SRL, the defense of law (excepción de derecho) filed by ICE is partially granted. Within the main proceeding filed by the Instituto Costarricense de Electricidad, it is declared: 1) The nullity of deed number 61, found at [Valor 017] of the protocol of Notary Rafael Ortega Ayón, by which properties number [Valor 002] through 004 and [Valor 003] through 004, all in the Province of Guanacaste, were merged. 2) The nullity of the act of constitution and registration issued by the National Registry for property [Valor 001] of the Guanacaste registry section (Partido de Guanacaste). 3) The nullity of the acts of constitution and registration issued by the National Registry for the properties of the Guanacaste registry section with the following real folio registration numbers: [Valor 004], [Valor 005], [Valor 006], [Valor 007], [Valor 008], [Valor 009], [Valor 010], [Valor 011], and [Valor 012]. 5) As a consequence of the nullities indicated above, it is resolved in judgment that the properties be restored to their original state, registered in the Guanacaste registry section with the following registration numbers: [Valor 013], [Valor 014], and [Valor 015]; and, the National Registry is ordered to register said properties in the name of the Instituto Costarricense de Electricidad in compliance with the provisions of the judicial judgment issued by the Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda at 4:00 p.m. on July 15, 1968, within judicial expediente Number 1216-78. 6) Costs (Costas) of the Main Proceeding. With respect to the siblings ([Nombre 009], [Nombre 008], [Nombre 002]) and the Estate ([Nombre 003]), having been unsuccessful in this proceeding both in the claim and in the counterclaim, they are ordered to pay personal and procedural costs (costas personales y procesales) in favor of ICE for both proceedings. Regarding the co-defendants Innotec Trading CR SRL., [Nombre 010], Lualhe de Tilarán S.A., Importaciones Murisol S.A., [Nombre 015], [Nombre 016], Murarti S.A., having been determined that they are third parties in good faith (terceros de buena fe), in this Court's opinion there were sufficient grounds to litigate, and therefore they are exempted from the payment of costs (costas), with each party bearing its own. Regarding the State, Banco Nacional de Costa Rica, and Junta Administradora del Registro Nacional, the claim having been dismissed, they are exempted from costs (costas) and ICE is ordered to pay both costs (costas). 7) Within the counterclaim, it is partially granted, understood as denied in what is not expressly granted. The Instituto Costarricense de Electricidad is ordered to pay the economic damage (daño patrimonial and perjuicios), which includes the acquisition value of the property acquired by Inotecc Trading CR SRL, plus the improvements made (constructions) and brought to the current value of the property, which will be determined in the execution of judgment (ejecución de sentencia) through an expert appraisal (peritaje). No special ruling on costs (costas). Notify. Rodolfo Marenco Ortiz Paulo André Alonso Soto Laura García Carballo CERTIFICATION (CONSTANCIA) In accordance with Article 28 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil), it is hereby certified that Judge André Alonso participated in the deliberation and voting but does not sign because he is on vacation. NOTIFY. ??????????????? Z9Y2QED60CG61 LAURA GARCIA CARBALLO - TRIAL JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A) \t ??????????????? YX08I5GYOL061 ELEUTERIO RODOLFO MARENCO ORTIZ - TRIAL JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A) EXP: 16-004187-1027-CA Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected] Classification produced by the CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Judicial Branch. Reproduction and/or distribution for a fee is prohibited. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:26:51. 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