Res. 07271-2025 Tribunal Contencioso Administrativo — Partially Expropriated Property with Road Access Is Not LandlockedAcceso de finca parcialmente expropiada no constituye enclavamiento

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 07271 - 2025

Fecha de la Resolución: 18 de Julio del 2025 a las 16:23

Expediente: 21-007325-1027-CA

Redactado por: Eduardo González Segura

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Texto de la resolución

*210073251027CA*

 

EXPEDIENTE:

	

21-007325-1027-CA - 4




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR/A:

	

RAMIRO ENRIQUE JARA HUERTAS




DEMANDADO/A:

	

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD

 

 N° 2025007271

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN SEGUNDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las dieciseis horas con veintitres minutos del dieciocho de julio del dos mil veinticinco.-

 

 Proceso de conocimiento interpuesto por RAMIRO JARA HUERTAS, cédula de identidad número 2-0410-0636; contra EL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI) Y EL ESTADO. Intervienen los abogados Walter Brenes Soto en su calidad de apoderado especial judicial del actor, Marlon Barrelier Pérez en su condición de apoderado especial judicial del CONAVI y Randall Salazar Solórzano en su carácter de Procurador. A continuación, procede este Tribunal Colegiado a dictar la sentencia de fondo, con el voto unánime de sus miembros, previa deliberación de rigor.

 

 Redacta el Juez GONZÁLEZ SEGURA.-

CONSIDERANDO

 I.- ANTECEDENTES PROCESALES. A continuación, se hace un recuento del íter procesal relevante:

 1.- El actor presentó demanda en esta sede solicitando que en sentencia se declare lo siguiente: “Pretensiones Principales: 1. Se ordene la construcción de un acceso a la vía pública del sector oeste de la finca matrícula 2-377520-000, con el fin de eliminar su condición de finca enclavada. 2. Se ordene a los demandados al levantamiento y trámite hasta su debida inscripción de un nuevo plano catastrado para la finca matrícula 2-377520-000, el cual debe incluir el acceso comprobado hacia la porción oeste de esta finca. 3. Se condene a los demandados al pago de ambas costas de este proceso judicial. Pretensiones Subsidiarias: 1. En caso de determinarse la imposibilidad de construir un acceso a la vía pública, se ordene a los demandados a iniciar los trámites de expropiación del sector oeste de la finca matrícula 2-377520-000, así como una indemnización integral. 2. Se ordene a los demandados el levantamiento y trámite hasta su debida inscripción de un nuevo plano catastrado para la finca matrícula 2-377520-000, el cual debe incluir los cambios producidos por la expropiación del sector oeste. 3. Se condene a los demandados al pago de ambas costas de este proceso judicial”. (Imágenes 10 y 11).

 2.- El CONAVI contestó la demanda y opuso la excepción de falta de derecho. (Imágenes 91 a 114).

 3.- El Estado contestó la demanda y opuso la excepción de falta de derecho. (Imágenes 163 a 167).

 4.- La audiencia preliminar se realizó el 19 de julio de 2022. Fue admitida prueba documental, testimonial pericial y pericial. (Grabación e imágenes 185 a 188).

 5.- Por resolución de las 10:03 horas del 9 de setiembre de 2022, el Juez Tramitador designó al Ingeniero Luis Jonathan González Portuguez como perito Topógrafo de este proceso. (Imagen 195 del expediente judicial).

 6.- El 31 de marzo de 2023 el perito presentó su informe pericial. (Imágenes 212 a 241. El perito presentó el informe en forma repetida hasta la imagen 334).

 7.- A solicitud de la parte actora el perito presentó aclaraciones a su informe pericial. (Imágenes 350 a 359.  El perito presentó las aclaraciones en forma repetida hasta la imagen 389).

 8.- Por resolución de las 8:17 horas del 17 de julio de 2024, este Tribunal señaló la realización del juicio oral y público para las 8:30 horas del 11 de junio de 2025. (Imágenes 416 a 419).

 9.- La audiencia complementaria se llevó a cabo el 11 de junio de 2025. Fueron recibidas las declaraciones del perito Luis Jonathan González Portuguez y de los testigos peritos Leonel Rojas Castro, Ileana Aguilar Aguilar y Pamela Arias Retana. De conformidad con los artículos 82 y 100.1 inciso e) del Código Procesal Contencioso Administrativo, el Tribunal ordenó la presentación de prueba documental extraordinaria surgida ante manifestaciones rendidas por la testigo perito Arias Retana, correspondiente al diseño preliminar de los accesos definitivos de los predios afectados por la ruta 35, diseño en el que conste la ubicación del acceso que tendrá la finca matrícula 2-377520-000 propiedad del actor. Se le otorgó al Estado y al CONAVI el plazo de 5 días hábiles para gestionar esa prueba ante el funcionario Mario Campos Vega, de la Unidad de Gestión de Carreteras del MOPT. Se comunicó a las partes que una vez presentada la prueba requerida se les daría audiencia para que se refirieran a la misma. Se les indicó que cumplido lo anterior se otorgaría plazo para rendir sus conclusiones, las cuales debían ser formuladas por escrito debido a la circunstancia de que la prueba ordenada era documental y ya no había más prueba testimonial o pericial pendiente por evacuar, de manera que no había necesidad de volver a convocar a una continuación de audiencia oral, disposición del Tribunal que no fue objetada por las partes. La audiencia de juicio fue suspendida en su fase oral y las fases restantes (audiencia de la prueba documental extraordinaria y audiencia de conclusiones) se cumplirían de manera escrita. (Grabación e imágenes 466 a 471).

 10.- La representación del CONAVI aportó la prueba extraordinaria del diseño preliminar del acceso definitivo a la finca del actor. Por resolución de las 10:05 horas del 20 de junio de 2025, se confirió audiencia a las partes por tres días hábiles para que se refirieran a la misma. (Imágenes 486 a 489).

 11.- La parte actora emitió sus manifestaciones sobre la prueba solicitada. La representación del CONAVI indicó que emitiría las suyas en la etapa de conclusiones. (Imágenes 494 y 498).

 12.- Por resolución de las 13:03 horas del 26 de junio de 2025, se otorgó plazo de 5 días hábiles a las partes para que rindieran sus conclusiones por escrito. (Imagen 499).

 13.- Las partes formularon sus conclusiones por escrito. (Imágenes 504 a 540).

 14.- Por resolución de las 8:03 horas del 4 de julio de 2025, se aclaró y adicionó la resolución de las 13:03 horas del 26 de junio de 2025, en el sentido de que el Tribunal calificó como complejo el presente asunto, motivo por el cual, de conformidad con el numeral 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la sentencia sería dictada en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día inmediato siguiente al vencimiento del plazo para rendir las conclusiones por escrito. (Imagen 541).

15.- La presente causa se ha sustanciado en esta sede en forma electrónica, por lo que se utilizará como referencia la foliatura del documento electrónico generado como un único archivo en formato PDF, obtenido del Escritorio Virtual de la siguiente forma: desmarcadas las casillas: "Orden Descendente" y "Ver descripción de Documento (PDF)" y seleccionada la opción: "Final", en la casilla: "Ver detalles carátula del Expediente".

 16.- No se advierten yerros u omisiones que causen nulidad procesal, ni las partes lo han manifestado así.

 II.- POSICIÓN DE LA DEMANDA. La parte actora aduce lo siguiente (transcripción): De conformidad con el artículo 9 de la Constitución Política se estipula que el Gobierno de la República es susceptible de ser declarado responsable por sus acciones u omisiones. Asimismo, en el numeral 41 de la Carta Magna consagra la reparación de injurias o daños a toda persona, propiedad o intereses morales; mientras que en el ordinal 45 se regula la protección a la propiedad privada, el cual está siendo violentado por los demandados, al no contar su propiedad con un acceso que le permita su uso y disfrute, situación que es el eje medular para discutirse en este proceso de conocimiento, mediante la prueba técnica. Los citados artículos constitucionales dan el marco normativo para una protección a su derecho de propiedad, especialmente por la imposibilidad de acceso que sufre el señor Jara Huertas de la porción oeste de su propiedad, esto es imputable a los demandados, ya que después de las respectivas expropiaciones, se dejó sin acceso a su bien inmueble al partirse en dos lo cual, a hoy, implica un impedimento total de acceso a su propiedad. SOBRE LA CONDUCTA OMISIVA DE LA ADMINISTRACIÓN: La inactividad es definida a partir de la constatación de una omisión por la Administración de toda actividad jurídica y material, legalmente debida y materialmente posible. La doctrina ha establecido una diferencia entre responsabilidad por inactividad formal y por inactividad material; la primera se produce por un incumplimiento de una norma que produce un daño efectivo y obliga a la Administración a dictar una resolución expresa y notificarla. La segunda (inactividad material), se produce en el ámbito de la inexistencia de un servicio o acción específica y concreta que tiene que desplegar la Administración a uno o varios administrados. En sentido genérico, se considera como la pasividad o no reacción por parte de la Administración ante acontecimientos que objetivamente exigen una actividad positiva. En el presente caso, la Administración Pública al ejercer su potestad expropiatoria, debió prever la afectación sobre la propiedad de mi representado. Es decir, al dejar incomunicado el sector oeste de la finca, la conducta esperada por desplegar era la de construir un acceso que garantizara el pleno goce del derecho de propiedad de señor Jara Huertas. No obstante, a la fecha, el sector oeste se encuentra enclavado y sin comunicación con el sector este; por este motivo, se evidencia la existencia de una omisión material por parte de la Administración Pública, razón por la cual se demanda. SOBRE LA CONDICIÓN DE ENCLAVAMIENTO DE LA FINCA Y EL DEBER DE CONSTRUIR UN ACCESO: En primer lugar, el artículo 395 del Código Civil establece: “El propietario de un predio enclavado entre otros ajenos, sin salida o sin salida bastante a la vía pública, tiene derecho de exigir paso por los predios vecinos para la explotación del suyo (...)”. La propiedad del señor Jara Huertas una vez sufridos las dos diligencias de expropiación quedó con un remanente enclavado, sin salida a calle pública, constituyéndose en un enclavamiento absoluto, de lo cual dará testimonio el testigo -perito Leonel Rojas Castro, en el juicio. El Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta en la sentencia número 00006-2014 de las quince horas del diecisiete de enero del dos mil catorce, sostuvo que para que haya un fundo enclavado se requiere: “... para que haya enclave, necesariamente se requiere una condición objetiva y verificable, cual es que el inmueble que se dice se encuentra en tal situación, no posea ninguna salida o bien teniéndola, no resulta suficiente para tener acceso a la vía pública”. Este extracto enmarca un punto considerable para el caso concreto, ya que la condición del terreno instituye en la imposibilidad de acceso a vía pública, siendo la condición jurídica que afecta a la propiedad del actor, y por lo cual se pide construcción del acceso. Esa sentencia proporciona 3 elementos para demostrar cuando hay fundo enclavado: “Como se advierte de las anteriores citas, para que opere los supuestos del artículo 395 del Código Civil, necesariamente se requiere que además del enclavamiento, haya una afectación a su propietario o poseedor y que sea la única vía efectiva y posible de salida de él. Por el contrario, si existen otros medios de acceso a la vía pública efectivos o si lo pedido obedece más a una apreciación subjetiva o un mero aspecto de comodidad del peticionante, no sería procedente su aplicación”. A nuestro juicio, se abordó el primer elemento, es decir la condición de enclavamiento en los párrafos anteriores, siendo indispensable la admisión de la prueba técnica. El segundo elemento se acredita al ser una afectación importante para el señor Jara Huertas, en la medida que imposibilita ejercer los atributos de la propiedad, generando desapoderamiento del bien (sector oeste) durante el tiempo que ha estado enclavado. La construcción del acceso solicitado en el presente proceso es ciertamente la única vía efectiva para acceder al sector oeste de su propiedad, sin este acceso se soslayan sus derechos constitucionales y legales, persistiendo con ello la obligación de hacerle salida al fundo que resultó enclavado, por la construcción del proyecto Naranjo-Florencia. Asimismo, en resolución número 00076-2009 del Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, Sección VII de las diez horas con treinta minutos del treinta y uno de julio del dos mil nueve, se indicó sobre la obligación de paso en un fundo enclavado: “En nuestro ordenamiento jurídico, la obligación de paso es una de las limitaciones o cargas a las que es posible someter el derecho de propiedad privada. Dichas restricciones -que necesariamente deben derivar de ley formal, por afectar el ejercicio de un derecho fundamental tutelado constitucionalmente (artículo 45), son factibles en la medida en que sean necesarias para satisfacer intereses particulares, siempre que no vacíen el contenido esencial, en este caso, de la propiedad privada”. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante Voto N°2012015135 de las catorce horas treinta minutos del treinta de octubre de dos mil doce, resolvió: “IV.- En el presente asunto, de los informes rendidos y de las pruebas aportadas en autos, se tiene por demostrado que con la construcción de la carretera San José- Caldera, la propiedad de la sociedad amparada quedó dividida en dos porciones y además, sin acceso a la vía pública, pues quedó enclavada. (…). Así, tenemos que a pesar de que la recurrente tiene más de cuatro años de gestionar una solución a la citada problemática, no solo no se han concretado las obras necesarias para garantizar ese acceso, sino que ni siquiera se ha definido quien debe asumir ese trabajo, mientras tanto la propiedad continúa sin acceso a calle pública. Bajo ese contexto, se considera que se ha violentado el derecho consagrado en el artículo 45 Constitucional. Efectivamente, la desidia de las autoridades ministeriales recurridas ha privado a la recurrente del acceso y explotación de su inmueble, lo que no hay duda implica una vulneración de su derecho de propiedad. (…)”. En esta litis se busca dotar de un acceso habilitado y permanente para el señor Jara, en aras de satisfacer su interés particular de paso al sector oeste, al carecer de un acceso. SOBRE EL DEBER DE EXPROPIACIÓN TOTAL DE FINCA INUTILIZABLE POR EXPROPIACIÓN PARCIAL: En el presente caso se ha expuesto reiteradamente la imposibilidad que tiene el actor de poder explotar y utilizar el sector oeste de la finca, como consecuencia de una expropiación parcial que sufrió para la construcción de la carretera Naranjo-Florencia. Principalmente se solicita la construcción de un acceso a la vía pública para que el actor pueda hacer uso de los atributos de dominio sobre su finca, específicamente el sector oeste. No obstante, si los demandados no logran demostrar la posibilidad de construir un acceso a esta finca enclavada, es evidente que este sector queda inadecuado para su uso o la explotación racional, debiéndose ordenar su expropiación. En ese sentido, la Ley de Expropiaciones, en su artículo 17 establece este deber de expropiación sobre la finca que haya quedado inutilizada producto de una expropiación parcial, a saber: “Artículo 17.- Expropiaciones parciales. Cuando se trate de la expropiación parcial de un inmueble y la parte sin expropiar sea inadecuada para el uso o la explotación racional, el expropiado podrá exigir la expropiación de la totalidad del inmueble. Se considerarán sobrantes inadecuados los terrenos urbanos que, a causa de la expropiación, queden con frente, fondo o superficie inferiores a lo autorizado por las disposiciones normativas existentes para edificar. Cuando se trate de inmuebles rurales, en cada caso las superficies inadecuadas se determinarán tomando en cuenta la explotación efectuada por el expropiado. Las partes podrán determinar, de común acuerdo, la superficie inadecuada para incluirla en la transferencia del dominio. En un juicio de expropiación, el juez fijará esa superficie.” Por este motivo, si la Administración Pública no puede construir un acceso a la vía pública del sector que quedo enclavado, de conformidad con el artículo 17 de la citada ley, debe ordenarse su expropiación, lo cual es parte de las pretensiones subsidiarias. MANIFESTACIONES SOBRE EL OFICIO N°DM-UE-PIVMU-2025-27 SUSCRITO POR EL ING. MARIO CAMPOS VEGA DEL MOPT (transcripción): Analizado el oficio, reiteramos nuestra posición en cuanto a la demanda deberá declararse con lugar, toda vez que, conforme a la imagen visible a folio número 2 del referido documento, se constata que la propiedad se encuentra enclavada, a la fecha, únicamente se está trabajando en un diseño preliminar, no existiendo garantía de que la obra de acceso sea efectivamente construida. En consecuencia, es evidente la presente acción judicial ha puesto en evidencia la situación denunciada, y sin una sentencia estimatoria, no se asegura la construcción del acceso requerido, debiendo declarar con lugar en todos extremos la demanda interpuesta contra los demandados. ESCRITO DE CONCLUSIONES: la parte actora alegó lo siguiente (transcripción): De conformidad con el artículo 9 de la Constitución Política se estipula que el Gobierno de la República es susceptible de ser declarado responsable por sus acciones u omisiones. Asimismo, en el numeral 41 de la Carta Magna consagra la reparación de injurias o daños a toda persona, propiedad o intereses morales; mientras que en el ordinal 45 se regula la protección a la propiedad privada, el cual está siendo violentado por los demandados, al no contar su propiedad con un acceso que le permita su uso y disfrute; la situación es gravísima. En el presente caso, la Administración Pública al ejercer su potestad expropiatoria, debió prever la afectación sobre la propiedad de mi representado. Es decir, al dejar incomunicado el sector oeste de la finca, la conducta esperada por desplegar era la de construir un acceso que garantizara el pleno goce del derecho de propiedad de señor Jara Huertas. No obstante, a la fecha, el sector oeste se encuentra enclavado y sin comunicación con el sector este; por este motivo, se evidencia la existencia de una omisión material por parte de la Administración. El artículo 395 del Código Civil establece: “El propietario de un predio enclavado entre otros ajenos, sin salida o sin salida bastante a la vía pública, tiene derecho de exigir paso por los predios vecinos para la explotación del suyo (…)”. La propiedad del señor Jara, después de dos diligencias de expropiación quedó con un remanente enclavado, sin salida a calle pública, constituyéndose en un enclavamiento absoluto, de lo cual dio testimonio, todos los testigos. El Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta en la sentencia 00006-2014 de las quince horas del diecisiete de enero del dos mil catorce, sostuvo para un fundo enclavado, requiere: [Cita]. Este extracto enmarca un punto considerable para el caso, la condición del terreno instituye la imposibilidad de un acceso a vía pública, siendo la condición jurídica que afecta la propiedad del actor, y por lo cual se pide construcción acceso. Esa sentencia proporciona dos elementos para demostrar cuando existe fundo enclavado: i) se abordó el primer elemento, la condición de enclavamiento, siendo indispensable la admisión de prueba técnica. El segundo elemento, al ser una afectación importante para el señor Jara, en la medida que se imposibilita el ejercer los atributos de la propiedad, generando desapoderamiento del bien (sector oeste) durante el tiempo que está enclavado. La construcción del acceso solicitado es la única vía efectiva para acceder al sector oeste de la propiedad, sin acceso se soslayan derechos constitucionales y legales, persistiendo la obligación de la salida al fundo enclavado, por la construcción del proyecto Naranjo-Florencia. Se reitera, lo pretendido es dotar de un acceso habilitado y permanente para el señor Ramiro Jara, en aras de satisfacerse su interés particular de paso al sector oeste, al carecer de un acceso. Principalmente, se ha solicitado la construcción de un acceso hacia la vía pública, para que pueda hacer uso de los atributos de dominio sobre su finca, específicamente sector oeste. En relación con las pruebas testimoniales y el Perito Judicial (Topógrafo): En el caso, se ha determinado la necesidad de acceder al sector oeste de la finca del señor Jara Huertas, considerándose la realidad catastral y topográfica de ese sector, debiendo obligarse al Estado a brindarse el acceso al sector de la finca, por cuanto, se encuentra enclavado; específicamente, respecto a la porción oeste de la finca matrícula 2-377520-000. Acerca de la prueba para mejor resolver solicitada por el Tribunal: En relación al oficio DM -UE-PIVMU -2025-27, suscrito por el Ing. Mario Campos Vega, reitero nuestra posición en cuanto a que la demanda debe declararse con lugar, toda vez que, conforme a la imagen visible a folio número 2 del oficio citado, se constata que la propiedad se encuentra enclavada y a la fecha, en respuesta a la demanda únicamente se está trabajando en el diseño preliminar, no existiendo garantía de que la obra de acceso sea efectivamente construida. En consecuencia, sin una sentencia estimatoria, no se asegura la construcción del acceso requerido, debiéndose declararse con lugar la demanda interpuesta. Pretensión: Por lo tanto, se solicita al Tribunal ordenar la construcción de un acceso a la vía pública para el sector oeste de la finca matrícula 2-377520-000, con el fin de eliminar su condición de finca enclavada y por conexidad, deberá ordenar a los demandados proceder con el levantamiento de un nuevo plano catastrado para la finca matrícula 2-377520-000 y con ese trámite, hasta su inscripción, el cual debe incluir el acceso comprobado hacia la porción oeste de esta finca.

III.- POSICIÓN DE LA CONTESTACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI). La representación de CONAVI aduce lo siguiente (transcripción): El Consejo Nacional de Vialidad rechaza la demanda ordinaria interpuesta por el señor Ramiro Jara Huertas, basado en las siguientes consideraciones: El artículo 17 de la Ley de Expropiaciones señala: “Artículo 17. Expropiaciones parciales. Cuando se trate de la expropiación parcial de un inmueble y la parte sin expropiar sea inadecuada para el uso o la explotación racional, el expropiado podrá exigir la expropiación de la totalidad del inmueble. Cuando se trate de inmuebles rurales, en cada caso las superficies inadecuadas se determinarán tomando en cuenta la explotación efectuada por el expropiado”. Siendo que lo anterior, no sucedió en el presente caso, es importante indicar que el Estado, con el objetivo realizar las obras de construcción de la carretera Naranjo- Florencia, efectuó dos procesos de expropiación de la propiedad del señor Ramiro Jara Huertas, procesos los cuales se realizaron en estricto apego a la normativa jurídica y con la debida anuencia del señor Jara Huertas y el Estado pudo concluir todos los procesos de expropiación parciales. Tal y como se indicó en la contestación de los hechos, se puede constatar con las imágenes adjuntas que al señor Jara Huertas no le asiste el derecho de plantear las pretensiones de la presente demanda, por cuanto, existe una entrada a la propiedad del actor, que va desde la ruta hasta el límite del derecho de vía, misma que cuenta con una losa de concreto que salva el paso de la cuneta que permite el ingreso a dicha propiedad. SOBRE LA CONDUCTA OMISIVA DE LA ADMINISTRACIÓN: Al respecto, es importante indicar que el actor indica en su escrito de demanda, una supuesta conducta omisiva de la Administración, la cual resulta infundada, ya que, tal y como se demostró con las fotografías aportadas y de igual manera se puede constatar en sitio, que la finca propiedad del señor Ramiro Jara Huertas sí tiene acceso; y por lo tanto no está enclavada. SOBRE LA CONDICIÓN DE ENCLAVAMIENTO DE LA FINCA Y EL DEBER DE CONSTRUIR UN ACCESO: Reiterando lo mencionado anteriormente, en el sector oeste de la propiedad del actor, no se encuentra enclavado, por cuanto sí existe una entrada a la misma, en la estación 13+900; hecho que es notorio y se pude visualizar en la prueba de fotografías aquí aportadas. Por lo tanto, se puede hacer ingreso a la finca actualmente. Además, el propietario cuenta con el permiso correspondiente de ingreso al proyecto para llegar a la propiedad. SOBRE EL DEBER DE EXPROPIACIÓN TOTAL DE FINCA INUTILIZABLE POR EXPROPIACIÓN PARCIAL: Respecto a lo anterior, se indica que no aplica en este caso la expropiación de la totalidad del inmueble, ya que como se ha mencionado, el sector oeste no está enclavado debido a que cuenta con entrada y acceso a la propiedad. EXCEPCIONES QUE SE INTERPONEN: Excepción de Falta de Derecho: Con base en los hechos de derecho expuesto, opongo a esta demanda la defensa de falta de derecho que solicito aceptar en sentencia, ya que no se observa actuación contraria a Derecho por parte de CONAVI, ni que se haya generado lesión ilegítima alguna a los derechos e intereses de la parte actora. Por consiguiente, se solicita declarar sin lugar la demanda, dado que de los argumentos expuestos ha quedado claramente demostrado que en el caso de análisis no existe fundamento jurídico que lo respalde, por ser contrario a derecho. El actor pretende la construcción de un acceso a la vía pública del sector oeste de la finca matrícula 2-37520-000, con el fin de eliminar su supuesta condición de finca enclavada; lo cual resulta improcedente, el actor carece de fundamento jurídico para solicitar la construcción de un acceso en una propiedad que ya tiene acceso, según lo siguiente: En primer lugar , bajo la excepción de falta de derecho se analiza la conformidad o no de la pretensión con el Ordenamiento Jurídico o bloque de legalidad, quien la invoca pretende desvirtuar la existencia del derecho procurado por su contraparte, por lo cual resulta válido apuntar, que el derecho es uno de los presupuestos materiales de la relación procesal; siendo que para el presente asunto, la parte actora no ha acreditado que le asiste derecho alguno para solicitar la construcción de un acceso a su propiedad cuando la misma ya cuenta con dicho acceso, tal y como se demostró en los argumentos anteriormente indicados. Como complemento a lo anterior, la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, en el informe técnico No. GCVP-PSC-15-22-005-adjunto-, para acreditar el acceso al sector oeste de la finca propiedad de la parte actora, indica lo siguiente: “El día martes 22 de febrero de 2022 se realizó una visita al sitio, específicamente en la estación 13+900, donde se pudo constatar que la porción oeste de la finca cuenta con acceso desde la carretera a San Carlos, tal y como se puede observar en las siguientes fotografías: [Fotografía 1. Vista del acceso a la propiedad]. [Fotografía 2. Vista del ingreso a la propiedad]. [Fotografía 3. Vista del acceso desde la carretera hacia la propiedad]”. Como se puede apreciar en la fotografía 1, se observa que la entrada cuenta con una losa sobre la cuneta que facilita el acceso a la propiedad desde la vía principal hasta el límite del derecho de vía. Asimismo, en las fotografías 2 y 3 se observa la entrada viendo desde la vía hacia la propiedad. En la figura 2, a continuación, se muestra la ubicación en planta de la entrada en la porción A. [Figura 1. Ubicación de la entrada]. Continúa manifestando la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, mediante oficio No. GCVP-PSC-15-22-005: “En la visita realizada por la ingeniería de proyecto y la topografía el día 22 de febrero de 2022 se pudo constatar que en la estación 13+900 del proyecto Carretera a San Carlos, Sección Sifón – La Abundancia, existe una entrada a la porción oeste de la propiedad del señor Ramiro Jara Huertas. • El sector oeste de la propiedad no se encuentra enclavado por cuanto se observó que cuenta con entrada desde la carretera hasta el límite del derecho de vía…”. Por otro lado, solicita el actor que se ordene a los demandados al levantamiento topográfico y trámite hasta su debida inscripción de un nuevo plano catastrado para la finca matrícula 2-377520-000, el cual debe incluir el acceso comprobado hacia la porción oeste de esta finca; respecto a ésta pretensión, el CONAVI se opone y a su vez interpone la excepción de falta de derecho, por cuanto es importante indicar que el Estado en los procesos de expropiación en estricto cumplimiento al ordenamiento jurídico, hace el reconocimiento de los honorarios para la generación de los planos de los remanentes de las propiedades, siempre y cuando se cumpla el Principio de Conciliación Registral y Catastral que es una obligación del propietario, en caso de no existir esta conciliación el Estado no puede reconocer costo que el propietario tiene la obligatoriedad de cumplir. En ese sentido, el artículo 2 inciso e) del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, señala: “e) Conciliación jurídica-catastral: es una actividad permanente para la comprobación de la conformidad de linderos e infraestructuras de un inmueble descrito en el mapa catastral en relación con los datos jurídicos contenidos en los asientos registrales y otros antecedentes catastrales”. Así las cosas, en el presente caso, la parte actora no cumple con el anterior numeral; razón por lo cual, no le asiste el derecho de solicitar la inscripción de un nuevo plano catastrado de la finca incluyendo un acceso a la parte oeste de dicha finca; por cuanto, es preciso reiterar que, en los procesos de expropiación, se cumplió con lo aquí solicitado. En mérito de lo expuesto, se solicita sea rechazada la demanda ordinaria contenciosa y se libere a CONAVI de toda condenatoria en cuanto a las costas procesales y personales; se acoja la presente excepción interpuesta y se declare inadmisible la demanda al no existir respaldo jurídico, ni lógico a lo pretendido, en atención a los argumentos de hecho y de derecho y citas jurisprudenciales oportunamente aportados. Por otro lado, esta representación se opone a las pretensiones subsidiarias interpuestas en la presente demanda, por cuanto la propiedad del señor Jara Huertas ya cuenta con acceso a la propiedad en el sector oeste; razón por lo cual, no es procedente realizar una nueva expropiación del sector oeste, que no se ajuste a las necesidades de la Administración para cumplir con los intereses públicos de construcción de la carretera nacional en la zona. Al respecto, es importante indicar que el señor Ramiro Jara Huertas, ya había gestionado en otro proceso judicial el objeto de la presente demanda contenciosa, para lo cual se hace un breve resumen de dicho proceso iniciado en fecha 13 de marzo de 2014, donde el actor presentó demanda contenciosa solicitando las expropiaciones a varias de sus fincas con ocasión de la construcción de la Carretera Ruta Nacional No.3, Ciudad Quesada-Interamericana, tramitado en el expediente judicial número 14-001847-1027-CA. En el escrito de demanda se señaló lo siguiente: “Actualmente, existe otro sector de la finca propiedad del suscrito actor que no fue expropiado, el cual se encuentra completamente incomunicado como consecuencia de las obras y expropiaciones que se realizaron, lo que provoca que esa porción de la propiedad no tenga ninguna utilidad económica ni productiva, perdiendo completamente el valor productivo que poseía. El citado sector corresponde a un área del Proyecto NO prevista en las expropiaciones, la cual se utilizó para resolver y solventar una serie de problemas de estabilidad en la base del muro de retención que se construyó en la porción oeste de mi propiedad (los llamados gaviones), lo cual deja un área en la margen derecha de la Quebrada Plata completamente inutilizable, incluso sin poder desarrollar ninguna actividad, menos pasar ganado desde la porción este a la oeste, así como la pérdida al acceso del recurso hídrico que fuera utilizado como abrevadero. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 190 y siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, solicito se declare en sentencia la existencia de una responsabilidad administrativa objetiva provocada por EL ESTADO y EL CONAVI, así como la procedencia de una indemnización económica por el daño moral, material, económico y los perjuicios causados”. Cabe destacar que dicha demanda tuvo por objeto acreditar la inconformidad del precio que se le iba a pagar por las tierras expropiadas entre otros aspectos como que supuestamente estaba quedando un predio enclavado; además, de la supuesta existencia de daño ambiental y una supuesta afectación de la producción de leche, con lo cual en la demanda contenciosa solicita expresamente se declare responsabilidad administrativa objetiva del Conavi y el Estado y se le indemnice por daño moral y económico, así como los perjuicios, y de manera subsidiara una reubicación de su propiedad. En atención a la anterior demanda, el Tribunal Contencioso y Civil de Hacienda, mediante resolución número 2788-2018 de las 15:50 horas del 23 de octubre de 2014, conoce la defensa previa de falta de competencia interpuesta por las partes demandadas y, por consiguiente, se declara la falta de competencia del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Resolución apelada por el demandante. Así, mediante resolución 146-2015 del Juzgado Contencioso se plantea conflicto de competencia de la Sala I para determinar la jurisdicción. Asimismo, mediante Resolución número 2164-2017 de las 14:40 horas del 25 de setiembre de 2017, el Tribunal Contencioso y Civil de Hacienda conoce las defensas previas de cosa juzgada y litis pendencia, las cuales son acogidas, declarando inadmisible el proceso, y se ordena el archivo de los autos y declara la condenatoria de las costas a cargo del accionante. Dicha resolución quedó en firme, luego de que el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, conociera y resolviera el recurso de casación interpuesto por la parte actora (el señor Jara Huertas), mediante la Resolución número 000131-A-TC-2018 de las 09:05 horas del 04 de octubre de 2018, la cual declara sin lugar el recurso interpuesto. Ahora bien, en un caso eventual de que este Honorable Tribunal Contencioso considere que sí es procedente el levantamiento e inscripción de un nuevo plano en el sector oeste de la finca matrícula 2-377520-000, así como ordenar a los demandados iniciar los procesos de expropiación solicitados por el actor en su pretensión subsidiaria; ésta representación, deja interpuesta la excepción de falta de competencia por parte del Tribunal Contencioso, para conocer y resolver el proceso de expropiación respectivo. ESCRITO DE CONCLUSIONES: la representación del CONAVI alegó lo siguiente (transcripción): De la demanda presentada por el actor se dictaminaron que solo los hechos quinto y sexto estaban en controversia, los cuales a su vez están directamente relacionado con las pretensiones alegadas, a los cuales nos referimos de seguido. Hechos alegados por el actor: Quinto: Posterior a los procesos de expropiación, el bien inmueble del señor Jara quedó dividido en dos porciones por la carretera Proyecto Naranjo - Florencia, donde el sector oeste está incomunicado y enclavado por las obras constructivas realizadas en el proyecto, haciendo imposible el ingreso a esa porción del terreno, al no prever el Consejo Nacional de Vialidad ni el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en la planificación, diseño y la construcción de un acceso que los comunique con dicha franja. Conclusión: como se vino desvirtuando desde el mismo inicio del proceso dicha circunstancia es del todo falsa, y ¿por qué?, debido a que dicha propiedad no estaba enclavado o incomunicado ya que, por una parte la construcción de la carretera le deja un frente completo hacia ese bien vial, con lo cual pierde cualquier aseveración de enclavado, y por otra parte la ingeniería de proyecto le aseguro dos cosas: permiso para trasladarse dentro del proyecto para atender su actividad en esa porción de la finca (2-377520-000), y además se le hizo un acceso a dicho fundo, el cual ya estaba en funcionamiento desde mucho antes de la interposición de la demanda. Eso lo podemos determinar de diferentes maneras en primer lugar la contestación de esta representación del 28 de marzo de 2022, así lo determina como se puede apreciar en la página 8 en donde se agrega una imagen del sistema Siri y además se agrega un plano de catastro en donde se aprecia perfectamente el frente de calle que tiene la propiedad 2-377520-000, aunado a esto el informe DM-2022-0750 del 1 de marzo de 2022, también lo refleja en sus páginas 11, 12, 13 y 14, también por imágenes Siri y el plano catastro ya aludido. En este mismo informe tenemos que constan fotografías de dicho frente a calle en las páginas 16 y 18. Pero aunado a esto tenemos el informe GCVP-PSC-15-22-005 (0353) del 3 de marzo de 2022, en el cual de forma extensa se hace un análisis de las circunstancias de la finca 2-377520-000, en donde en la imagen 1 a página 3, se hace una representación de las dos fincas propiedad del actor y la que se identifica como B es la que corresponde como objeto de este proceso, desde ahí se determina que dicha finca cuenta con un frente completo y otro más pequeño sobre la carretera en construcción, con lo cual se comienza a vislumbrar la ficción de este hecho particular alegado por el accionante. Esta imagen se aportó también en la contestación de demanda. [Figura 1. Mapa de ubicación de la finca folio real 2-377520-000 y sus porciones A y B. Adaptado de SIRI Sistema de Información Catastral]. Dentro de este mismo informe además se señala que en una visita del 22 de febrero de 2022, exactamente en el punto 19+900 de la ruta se logra identificar el acceso a la finca 2-377520-000, para lo cual lo señalan en esta imagen identificada como Figura 2: [Figura 2. Ubicación de la entrada]. La cual consta en la página 6 del informe de marras además se obtuvieron fotografías de dicho acceso las cuales constan en las páginas 4 y 5, que son éstas: [Fotografía 1. Vista del acceso a la propiedad]. [Fotografía 2. Vista del ingreso a la propiedad]. [Fotografía 3. Vista del acceso desde la carretera hacia la propiedad]. De estas fotografías se extrae, de la prueba documental, que la propiedad 2-377520-000, contaba con un acceso directo desde la obra vial, que se mantenía en condiciones de uso, que era accesible y que no contaba con restricciones imputables a la Administración. Conjuntamente se debe de destacar que dicho acceso se encontraba en la parte sur de la propiedad, como se indica en la figura 2 supra. Esto es de suma importancia ya que la testimonial y en especial la pericial dan una ubicación espacial en este punto exacto, veamos por qué. En primera instancia el testigo experto Leonel Rojas Castro aportado por el actor, en lo que interesa reseñó que la finca 2-377520-000, sí contaba con un frente de calle sobre la ruta en construcción, eso desde el año 2013, que para el acceso por la parte norte de dicho frente era un poco difícil mas no imposible, asociado a esto manifestó que el sector norte se encuentra una escombrera la cual en 2013, desde su perspectiva era inestable, pero al ser increpado por esta representación para la fecha actual, y a pesar de ser el Geólogo contratado por el proyecto, no logró verificar que existiesen estudios técnicos de ningún tipo que justificaran un juicio de valor por una visión del terreno del 2013, es más declaró que y dentro de su conocimiento como geólogo del proyecto, que no existían proyecciones sobre estudios en esa escombrera en particular por no representar interés actual. Pero lo más llamativo es que cuando se le consultó sobre la parte sur de la finca indicó que no conocía ese acceso ya que él no había visitado la finca desde el 2013, pero que era posible que dicho acceso reseñado en las fotografías 1, 2 y 3 supra, puede ser que estuviera en la propiedad 2-377520-000. Por su parte el Perito Judicial Topógrafo Luis Jonathan González Portuguez (solicitado, trasladado al sitio y pagado por el actor), nos intentó señalar que la propiedad 2-377520-000, se encontraba enclavada y que no era explotable, en este último aspecto es de extrañar ya que él no es especialista en actividades agro comerciales o zootécnicas, y se atrevió a reseñar dicho disparate; pero lo que sí quedo claro y evidente, después de dar una declaración y un interrogatorio totalmente complaciente con los interese del actor, fue que en el contrainterrogatorio tanto esta representación como la del Estado dejaron claro que, primero: él no tenía la certeza que el acceso reseñado en las fotografías 1, 2 y 3 no estuviera dentro la propiedad 2-377520-000, de hecho con el representante del Estado entró en contradicción de si estaba o no en el sector sur de la finca. Sin embargo, ante el interrogatorio del Tribunal por las inconsistencias observadas durante su alegato, este admitió de forma abierta que el acceso si estaba dentro de la propiedad. Esto es de suma importancia ya que dicho profesional inclusive acompañó al actor al lugar, y determinó en el plenario que la entrada sur, reseñada en el informe GCVP-PSC-15-22-005 (0353) del 3 de marzo de 2022, correspondía a un acceso a la finca 2-377520-000, dando con ello zanjado el asunto de si esa propiedad estaba enclavada o en su defecto era sujeto de expropiarse, situaciones que, evidentemente no aplican para con ese bien. Por su parte la testigo experta Ileana Aguilar Aguilar, ingeniera civil, quien fue la Gerente de Proyecto en esa ruta durante 2 años, a pesar de que no ubicó con precisión el sitio del acceso, sí fue enfática en que la propiedad 2-377520-000, sí poseía un acceso desde la vía pública, y que dicho acceso estaba habilitado y en uso. Asociado a esto describió el por qué dicha propiedad no puede considerarse enclavada y mucho menos ser expropiada, ya que la misma no presenta características que la ubiquen dentro de esta denominación. Ahora bien, es de relevancia indicar que la señora Aguilar en su declaración cuando se le preguntó en donde se encontraba el acceso lo señaló en la parte norte de la propiedad, siendo lo correcto la parte sur, sin embargo, cuando se le consultó a la Unidad Ejecutora, por disposición del Tribunal sobre las nuevas proyecciones de acceso a esa propiedad coinciden perfectamente con lo indicado por la señora Aguilar, así lo demuestra la imagen del oficio DM-UE-PIVMU-2025-276 del 18 de julio de 2025, el cual se reproduce de seguido: [Inserta imagen del oficio DM-UE-PIVMU-2025-27]. Con esto quedan claro dos circunstancias: la primera es que la señora Aguilar no llegó a declarar como una testigo complaciente de las partes demandadas, en otras palabras, no se le preparó para responder lo que era lo mejor para una de las partes, sino que su declaración revistió una objetividad incuestionable, y por otro lado su visión como ex gerente de proyecto la llevó a creer que el acceso provisional ya estaba conformado como uno permanente y por eso se equivocó en la ubicación. De esto es fácil distinguir, también, que la señora Aguilar nunca se contradijo en su declaración, fue conteste con sus respuestas, y siempre aseguró que la propiedad no estaba enclavada ya que contaba con un acceso y con un frente de calle bastante extenso. En cuanto a la testigo perito Pamela Arias Retana, ingeniera topógrafa, ella ha estado trabajando como consultora externa del MOPT en el proyecto Ruta 35, dentro del cual se encuentra el bien inmueble 2-377520-000, y al cual identificó de manera indefectible como propiedad de Ramiro Jara Huertas, a su vez también señalo que dicha propiedad posee un acceso desde la vía pública y lo identificó como el apreciado en las fotografías 1, 2 y 3 del informe consignado arriba. También determinó que dicho acceso se encuentra en el estacionamiento 13+900 del proyecto, dando así una ubicación exacta del sitio. Además, aclaro que dicho acceso es provisional hasta que el proyecto se comience a tener forma, y que el mismo se encuentra apenas en recepción de ofertas, situación que también había señalado el testigo experto Leonel Rojas Castro (en su carácter de contratista externo del MOPT), contexto que no debe demeritar el hecho que el actor siempre alegó que su propiedad estaba enclavada porque no existía acceso a la misma, escenario que no era real y así se demostró no solo en los diferentes informes agregados a este proceso, sino con la declaración de los testigos y del peritaje. En cuanto al informe solicitado por el Tribunal a la Unidad Ejecutora, que responde a la numeración DM-UE-PIVMU-2025-276 del 18 de julio de 2025, existe una declaración que es importante no solo por la declaración de la señora Arias Retana, sino de los distintos informes ya brindados y es la ubicación de los estacionamientos (puntos exactos dentro de un proyecto constructivo o de conservación de proyectos viales), y que como lo señala el redactor del informe en el punto 3 “Diseño Preliminar”: “Es importante destacar que, en el marco del “Tramo Central”, se ha llevado a cabo una actualización de los estacionamientos proyectados. En consecuencia, la numeración actual de los mismos podría no coincidir con exactitud con la anteriormente establecida.”(la negrita no es del original). Como se aprecia de la imagen anterior ya los estacionamientos ahí propuestos no corresponden con los anteriores brindados, lo cual no puede ni debe llevar a confusión, simplemente en un proyecto vial, en especial de esta magnitud, se pueden agregar o cercenar tramos de éste y por ello se cambia la numeración del estacionamiento, en este caso particular, ya se tiene una nueva fase del proyecto que es la punta sur (Sifón-San Miguel), lo cual ineludiblemente altera los estacionamientos anteriores. Sin embargo, para efectos de lo ya evacuado en las diferentes etapas procesales, el estacionamiento que siempre fue conteste en los distintos relatos es que siempre correspondió a 13+900, que en este nuevo informe correspondería a 12+100, y de hecho no fue un hecho relevante ni debatido por la parte actora, contrario sensu de esta representación. Sexto: El actor se dedica a la actividad ganadera. A la fecha, el acceso del ganado a la finca oeste es imposible por estar enclavado, por ello no puedo usar ni pasar semovientes a esta porción de terreno, máximo que se encuentra el recurso hídrico utilizado como abrevadero, afectando la unidad productiva que se tenía, ya que la dividió en dos porciones, imposibilitando el uso y disfrute de su derecho de propiedad. Conclusión: Este hecho está estrechamente relacionado con el anterior ya que su principal fundamento es el supuesto hecho de estar enclavado y carecer de un acceso para el ingreso de los semovientes, situación que quedo claramente establecida como falsa. Aquí es importante volver a recalcar los diferentes elementos visuales del informe GCVP-PSC-15-22-005 (0353) del 3 de marzo de 2022, presentado por esta representación y acogido como prueba documental en el actual proceso. En la denominada Figura 2 del informe de cita se determina, y fue un hecho aceptado por el actor, que la porción denominada como “A”, es la correspondiente a la finca 2-377520-000, objeto de este proceso, como se aprecia en la Figura 2, se indicó en el momento de emisión, que dicho bien inmueble contaba con una entrada en su extremo sur, el cual se debe recalcar que es el que consta en la parte inferior izquierda de la imagen señalad con una “X” amarilla y con la leyenda “Entrada a Propiedad”, esto es de relevancia ya que, y de conformidad con los testimonios de Pamela Arias Retana, Ileana Aguilar Aguilar y del perito judicial Luis Jonathan González Portuguez, esa entrada es correspondiente a la propiedad 2-377520-000. [Inserta Figura 2. Ubicación de la entrada]. Por su parte los mismos testigos al ser consultados identificaron que dicho acceso es el mismo que consta en las fotografías 1, 2 y 3 del informe GCVP-PSC-15-22-005 (0353) del 3 de marzo de 2022, en donde se puede observar un camino rústico óptimo para actividades ganaderas, e inclusive se pueden observar las cercas de alambre de púas que indican la delimitación del fundo, dichas fotografías son las siguientes: [Inserta: Fotografía 1. Vista del acceso a la propiedad. Fotografía 2. Visto del ingreso a la propiedad]. [Fotografía 3. Vista del acceso desde la carretera hacia la propiedad]. Como se valora en dichas imágenes el acceso es de uso rural, se observan las cercas para el mantenimiento de ganado dentro del terreno, y se puede apreciar además que los potreros ubicados dentro de la propiedad presentan señas de uso pecuario, ya que fuera de las cercas se observa el crecimiento tanto de pasto como de arbustos mucho más desarrollados que los ubicados dentro del fundo objeto del proceso, lo cual denota el uso constante de la finca en uso ganadero. Con los aspectos reseñados se puede demostrar que lo indicado por el actor con respecto a que “…el acceso del ganado a la finca oeste es imposible por estar enclavado, por ello no puedo usar ni pasar semovientes a esta porción de terreno…”, son totalmente infundados y quiméricos ya que se ha demostrado todo lo contrario, así como la infundada aseveración de “…imposibilitando el uso y disfrute de su derecho de propiedad.”, ya que como se ha venido describiendo ninguno de sus alegatos cuentan con un asidero material y legal aceptable, o siquiera medianamente probable. Es un hecho que la propiedad cuenta con un acceso, y por ende no se encuentra enclavada, por lo cual el acceso de personas y semovientes puede ser realizada y así disfrutar de su uso y derecho a la propiedad. Sumado a esto y con respecto a otro factor señalado en ese hecho que dice “…máximo que se encuentra el recurso hídrico utilizado como abrevadero, afectando la unidad productiva que se tenía…”, el recurso hídrico, entiéndase yurro que recorre la propiedad se encuentra sin ningún cambio y eso se denota en la ilustración 13 del informe DM-2022-0750 del 1 de marzo de 2022, ofrecido y aceptado como prueba, se puede observar la fuente de agua definida como una línea sinuosa de color rojo que atraviesa con normalidad la finca 2-377520-000, sin que exista afectación alguna a la unidad productiva objeto de este proceso, a saber la finca supra indicada. Esto es de importancia porque es indudable que al generarse los procesos expropiatorios se le reconocieron sumas importantes por la aparente afectación de la partición del fundo madre, con lo cual si lo que pretende es volver a solicitar indemnizaciones por daños ya calculados, dictaminados y pagados, solo cabría declarar cosa juzgada material, al existir sendas sentencias en dicho sentido. Ahora bien, ninguno de los testigos expertos o inclusive el perito judicial topógrafo, tienen la expertis (sic) para determinar de manera apropiada la afectación a la actividad ganadera desde un punto de vista profesional y evaluable, lo cual sería lo necesario para probar este aspecto. Sin embargo, cuando se lee detenidamente lo expresado por el accionante, dicha situación está claramente e inseparablemente alineada a los aspectos ya descritos: la supuesta falta de acceso y con ello el aparente enclavamiento de la finca 2-377520-000, situaciones que ya fueron aclaradas no solo por los informes rendidos por esta representación, sino también por los testigos aportados y atendidos en la etapa plenaria. [Inserta Ilustración 13. Montaje de ubicación de expropiaciones y remanentes de propiedades]. Es por ello que este hecho también debe ser desestimado ya que a la luz del numeral 40.1.1 del Código Procesal Civil, no ha logrado la parte solicitante demostrar su decir, muy al contrario, ha sido el accionado el que con las pruebas documentales adjuntadas y la declaración de los testigos que han deslegitimado todo lo expuesto en este y el anterior hecho. Cuestiones de fondo: Como se puede estimar de la argumentación de hecho y derecho, desplegada por esta representación, la parte accionante no logra conferir con ningún tipo de precisión los hechos controvertidos, que sustentan esta demanda a saber los hechos quinto y sexto, la intención primaria del accionante era la búsqueda de un declaratoria de enclavamiento de la finca 2-377520-000, dentro de dos supuestos superlativos: 1) la falta o inexistencia de acceso y 2) la imposibilidad de construcción de uno. Al respecto y dado que el actor también manifiesta el supuesto enclavamiento del bien inmueble, el Diccionario Usual del Poder Judicial determina lo siguiente: Fundo enclavado: Predio que por estar entre otros no cuenta con salida, o salida suficiente, a una vía pública. Sin embargo, desde el inicio del proceso esta representación ha sido conteste con que dichas situaciones no existían y para ello se aportaron los informes DM-2022-0750 del 1 de marzo de 2022 y GCVP-PSC-15-22-005 (0353) del 3 de marzo de 2022, en los cuales de manera categórica quedaba expuesta la inexistencia de los elementos fundamentales para la admisión de los hechos controvertidos declarados por el accionante. De forma puntual dichos informes destacan que dicho fundo (el 2-377520-000), no se encuentra enclavado ya que el mismo cuenta con un acceso, y de las fotografías se aprecia no solo dicho camino, sino que se evidencian la construcción de cercas delimitantes de la propiedad y la actividad ganadera que se desarrolla en dicho fundo. Los informes siempre fueron contundentes y gráficos de las circunstancias ya expuestas, fueron diáfanos en la ubicación exacta no solo de la propiedad sujeto del litigio sino del acceso generado, en su momento, por el Conavi, además de indicar que el señor Ramiro Jara Huertas (dueño registral de la finca), tenía acceso por medio del proyecto a su legítima propiedad, para que este pudiese desarrollar la actividad para la cual está destinada: la ganadería, esto es un hecho admitido por el mismo señor Jara Huertas en su demanda. Junto a esto se tiene la declaración tanto de los testigos expertos Pamela Arias Retana e Ileana Aguilar Aguilar, quienes en conjunción con el perito topógrafo Luis Jonathan González Portuguez, no dejaron lugar a dudas a la ubicación del acceso reseñado en el informe GCVP-PSC-15-22-005 (0353) del 3 de marzo de 2022, que además de la manifiesta ilustración de la mencionada vereda, nos dan una ubicación ubicable como 13+900, lo que nos asegura que dicha construcción no está desligada con la propiedad en marras. En este aspecto se debe indicar que el informe DM-UE-PIVMU-2025-276 del 18 de julio de 2025, nos establece que: “Es importante destacar que, en el marco del “Tramo Central”, se ha llevado a cabo una actualización de los estacionamientos proyectados. En consecuencia, la numeración actual de los mismos podría no coincidir con exactitud con la anteriormente establecida.”(la negrita no es del original). Es por ello que se ratifica lo ya indicado supra: “Como se aprecia de la imagen anterior ya los estacionamientos ahí propuestos no corresponden con los anteriores brindados, lo cual no puede ni debe llevar a confusión, simplemente en un proyecto vial, en especial de esta magnitud, se pueden agregar o cercenar tramos de éste y por ello se cambia la numeración del estacionamiento, en este caso particular, ya se tiene una nueva fase del proyecto que es la punta sur (Sifón-San Miguel), lo cual ineludiblemente altera los estacionamientos anteriores. Sin embargo, para efectos de lo ya evacuado en las diferentes etapas procesales, el estacionamiento que siempre fue conteste en los distintos relatos es que siempre correspondió a 13+900, que en este nuevo informe correspondería a 12+100, y de hecho no fue un hecho relevante ni debatido por la parte actora, contrario sensu de esta representación.” Aclarado este punto se debe abordar la circunstancia de la supuesta imposibilidad de continuar con la actividad ganadera, íntimamente ligada con el supuesto enclavamiento que, al no ser tal, queda descartada de manera fehaciente, aun más, de las fotografías aportadas en los informes supra como de las aportadas por el perito topógrafo se logra apreciar una evidente actividad ganadera, por ejemplo, esta imagen: [inserta imagen cuya descripción indica: Detalla esta imagen el desnivel de la calle con relación al terreno en capa vegetal]. Como se observa al fondo hacia la parte central de la imagen se localiza el acceso al terreno, pero además se notan los pastizales de uso ganadero que si no estuviesen en uso estarían en la condición en la cual se ve en la parte inferior de esa misma imagen, justo a la orilla inferior del muro de gaviones, que por la naturaleza de la orografía (sic) quebrada del terreno no es apta para el desarrollo de esta actividad, como muestra la imagen 15 del informe DM-2022-0750: [Inserta Ilustración 15. Plano de diseño de escombrera ubicada en la propiedad del Sr. Jara Huertas, lado oeste]. Este es un plano topográfico de cuál era la situación anterior al desarrollo del muro de gaviones e inclusive de la escombrera (figura en centro de la imagen, con múltiples curvas de nivel), con lo que se determina que este sector de la finca (mismo que se observa en la fotografía), ya poseía un declive muy acentuado, imposible para cualquier actividad económica. Sin embargo, en el resto del terreno, la actividad ganadera puede y debe estarse desarrollando, esto a pesar que no se identifiquen semovientes en alguna de las fotografías proporcionadas, esto como análisis de los mismos retratos y constar el pastoreo en las zonas visibles de la finca. Para demostrar el apacentamiento en las zonas antedichas se incorpora la fotografía denominada “Ilustración 16”, visible en el folio 18 del mismo informe: [Inserta Ilustración 16. Vista panorámica de ambas propiedades del Sr. Jara Huertas. A la izquierda de la fotografía se observa la propiedad oeste que reclama el acceso el propietario]. En esta imagen se puede denotar las zonas a la orilla del proyecto de la carretera Ruta 35, en donde, por ser derecho de vía, no se efectúan actividades de ganadería, por lo que el progreso de la herbolaria tiene una actividad distintiva con respecto al que sí este afecto al pastoreo. Es por ello que y, de acuerdo a lo indicado, es totalmente demostrable la actividad pecuniaria en el terreno objeto del proceso, y por lo tanto es falso que no puede ser utilizado y gozar de las actividades económicas en la finca 2-377520-000, esto en clara concordancia con la demostrada existencia del acceso a dicha propiedad. Ahora bien, en concordancia con el informe DM-2022-0750 del 1 de marzo de 2022, queda en evidencia que el proyecto constructivo de la Ruta 35, tramo Sifón-La Abundancia se encuentra en posesión del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, mediante la Unidad Asesora, Comité de Administración y Supervisión, PIT y PIV-APP, y actualmente su gestión está en manos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana Conectividad Resiliente, ente adscrito al MOPT, esta circunstancia ya había sido advertida mediante el informe GCVP-PSC-15-22-005 (0353) del 3 de marzo de 2022, emitido por la Gerencia de Construcción de este Consejo, en donde en la página 8, puntos 4 y 5 se reseña: “… 4. El estudio técnico para la realización del proyecto. Actualmente esta Gerencia no está a cargo de la construcción del proyecto, ya que el mismo se trasladó a la Unidad Ejecutora del MOPT mediante oficio DM-2020-2681 de fecha 09 de julio de 2020, por lo que no es competencia de esta Gerencia elaborar los estudios técnicos correspondientes para su realización. 5. Los trabajos que se están realizando. Por parte de esta Gerencia, no se está realizando obra alguna…” De esta afirmación y del informe en su conjunto, se extrae que el Consejo Nacional de Vialidad, mientras estuvo a cargo del proyecto Sifón-La Abundancia dotó a la finca 2-377520-000, que es lo que se estila, inclusive hoy día sigue rigiendo, de un acceso provisional para el desarrollo normal de actividades en ese terreno, que el señor Huertas Jara tenía libre acceso a dicho terreno por ser su propietario; y que el proyecto en este momento y desde el 2022 está en control operativo, de planificación y realización por parte del MOPT, esto mediante la unidad supra, y al ser este ente rector del sector, el Conavi no tiene la potestad de ejecución y ni de ordenar al Ministerio el cumplimiento de ningún tipo de obras en este proyecto, por lo que existe una falta de legitimación pasiva para con el Conavi en este proceso en caso de querer obligar a la Administración a ejecutar alguna acción.

IV.- POSICIÓN DE LA CONTESTACIÓN DEL ESTADO. La representación estatal aduce lo siguiente (transcripción): Esta representación solicita que la presente demanda sea rechazada en todos sus extremos. El actor argumenta que ha existido: a) una conducta omisiva de la administración. Indica que la Administración debió “prever la afectación sobre la propiedad” al dejar supuestamente” incomunicado en el sector oeste”. Agrega que la Administración debió “construir un acceso que garantizara el pleno goce del derecho de propiedad”. Insiste que “el sector oeste se encuentra enclavado”. B) Condición de enclavamiento de la finca y el deber de construir un acceso. Indica que producto de “las dos diligencias de expropiación quedó un remanente enclavado, sin salida a calle pública, constituyéndose en un enclavamiento absoluto”; y por último establece c) El deber de expropiación total de la finca inutilizable por la expropiación parcial. Argumenta que dado la “imposibilidad” de “poder explotar y utilizar el sector oeste de la finca, como consecuencia de la expropiación parcial”, de no construirse un acceso a la vía pública, se debe ordenar su expropiación por quedar un remanente “inadecuado para su uso o explotación racional”. Esta representación con vista en el informe supra citado resalta que la propiedad del actor no se encuentra enclavada. El actor pretende subsidiariamente que se declare como producto de las expropiaciones existe un remanente inadecuado y, por tanto, se le debe indemnizar. Esta pretensión se constituye en la revisión de los procesos judiciales de expropiación supra citados, lo cual, no es procedente. Por resolución No. 268-F-TC-2020 de las 13:35 horas del 15 de diciembre del 2020, el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda señaló: “III.- Tal y como lo ha establecido la Sala Constitucional (voto no. 201805294, de las 10 horas 20 minutos del 4 de abril de 2018): "(...) La expropiación es una institución del Derecho Administrativo constitucional directamente regulada en la Constitución, el ordinal 45, párrafo 1 indica que "La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley (…)”. Por supuesto, que la expropiación es un supuesto, con regulación constitucional y legal propias, de responsabilidad administrativa por conducta lícita, ya que, se ejerce una potestad legítima como lo es la expropiatoria. Eso significa, que las normas que se deben aplicar a la expropiación, exclusivamente, son las constitucionales que hacen referencia a ese instituto y la Ley de Expropiaciones, salvo, claro está, si existe una laguna normativa. La Constitución impone una indemnización previa, la que debe ser plena, íntegra y justa, sin dejar rubros al descubierto, de lo contrario, se producirá una confiscación que se encuentra, expresamente, prohibida por el texto constitucional (artículo 40)". La Ley de Expropiaciones (Ley no. 7495 en adelante), regula en su Capítulo III, Sección Única, el "Proceso Especial de Expropiación", cuyo objeto es la fijación del justiprecio, cuando el expropiado se manifiesta inconforme con el avalúo administrativo. De tal manera, de conformidad con el numeral 29 de ese cuerpo legal, "(...) solo se discutirán asuntos relacionados con la revisión del avalúo administrativo del bien expropiado, según las condiciones en que se encontraba, para fijar el monto final de la indemnización" (la negrita no es del original). El proceso especial de expropiación se tramita ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, una vez dictado el acuerdo de expropiación (artículo 28 de la Ley no. 7495 y 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). El legislador concibió este proceso especial, para cuando el expropiado o expropiados están de acuerdo con la validez y ejercicio de la potestad expropiatoria, pero existe disconformidad con el avalúo administrativo. De ahí, que este proceso especial tiene como único objeto el justiprecio, sea, el monto de la indemnización, su discusión. Este, como todo proceso especial, se halla sometido a tramites específicos que se caracterizan por la simplicidad de sus formas y su mayor celeridad, lo que le ofrece al expropiado o expropiados la garantía de poder contar con la indemnización plena e integral antes que la Administración expropiante entre en posesión del bien. Es esta la vía, sumaria y célere, que dispuso el legislador para conocer y resolver sobre el quantum de la indemnización, para su fijación definitiva. De ahí, que no resulta posible su discusión en otra vía. Distinto sucede cuando lo que cuestione el expropiado es la validez del decreto expropiatorio y ejercicio de la potestad expropiatoria, para lo cual la vía ordinaria es la correspondiente. La parte inconforme con la resolución final que dicte el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda puede formular recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, según dispone el canon 40 de la Ley no. 7495, lo cual, dicho sea de paso, no hizo la actora. Firme la sentencia, no es posible conocer en un proceso ordinario lo resuelto sobre la fijación del justiprecio del bien expropiado. Es claro, entonces, que en la especie se está frente a un acto que no es susceptible de impugnación en esta vía, en tanto la discusión sobre el justiprecio del bien expropiado ya se efectúo en el proceso especial de expropiación que oportunamente interpuso el Estado contra la sociedad actora, disputa que termino con sentencia firme.” (El resaltado es nuestro). En los procesos expropiatorios citados por el actor el Juzgado no declaró que la existencia de una porción de terreno como “inadecuado”. Es decir, la indemnización que se hizo en su oportunidad por el Juzgado fue integral y se estableció el justo precio. No es posible por esta vía y de forma indirecta venir a revisar dichos actos jurisdiccionales firmes y definitivos como pretende el actor con el presente proceso. ESCRITO DE CONCLUSIONES: la representación del Estado alegó lo siguiente  (transcripción): Una vez revisada la prueba documental aportada en autos, la prueba pericial, testimonial evacuada, los fundamentos de hecho y derecho esta representación llega a las siguientes conclusiones: Primero: Las pretensiones formuladas por el actor quedaron definidas de la siguiente manera: “Pretensiones Principales: 1. Se ordene la construcción de un acceso a la vía pública del sector oeste de la finca matrícula 2-377520-000, con el fin de eliminar su condición de finca enclavada. 2. Se ordene a los demandados al levantamiento y tramite hasta su debida inscripción de un nuevo plano catastrado para la finca matrícula 2-377520-000, el cual debe incluir el acceso comprobado hacia la porción oeste de esta finca. 3. Se condene a los demandados al pago de ambas costas de este proceso judicial. Pretensiones Subsidiarias: 1. En caso de determinarse la imposibilidad de construir un acceso a la vía pública, se ordene a los demandados a iniciar los trámites de expropiación del sector oeste de la finca matrícula 2-377520-000, así como una indemnización integral. 2. Se ordene a los demandados el levantamiento y tramite hasta su debida inscripción de un nuevo plano catastrado para la finca matrícula 2-377520-000, el cual debe incluir los cambios producidos por la expropiación del sector oeste. 3. Se condene a los demandados al pago de ambas costas de este proceso judicial.” A criterio de esta representación, las anteriores pretensiones son improcedente todos sus extremos. En juicio quedó demostrado: SEGUNDO: Hechos no controvertidos: i.- Que el actor es propietario de la finca inscrita al asiento registral 2-377520-000. ii.- Que la propiedad sufrió dos procesos judiciales de expropiación (06-1001-163-CA y 12-885-1028-CA). iii.- Que la finca quedó dividida en dos partes producto de las expropiaciones y en el medio se construye la carretera a San Carlos. TERCERO: Hecho controvertido objeto del proceso: El objeto del presente proceso se centra en determinar si la porción de terreno ubicada al oeste cuenta o no con acceso o si de lo contrario esta proporción quedó enclavada. Esta representación logró demostrar que la parte proporcional ubicada al oeste del inmueble del actor NO es un fundo enclavado y que el Estado-Conavi construyó un acceso frene a calle pública. Este hecho hace que las pretensiones sean improcedentes. La base de pruebas que acreditan el hecho son los siguientes: CUARTO: Pruebas relevantes: Oficio DM-2022-0750 emitido por la Unidad Ejecutora del Proyecto. Oficio GCVP-PSC-15-22-005 (0353) página 4 y 5 constan fotografías 1,2 y 3. Entrada a la finca estación 13+900 inspección realizada el 22 de febrero del 22. Folio 137 expediente judicial, se determina la existencia y condiciones aptas de acceso al terreno. Testigo perito Ileana Aguilar Aguilar asegura que existe una entrada a la finca. No precisó si es la misma de la imagen 137 pero sí recuerda que tiene acceso a la ruta 35. No logró ubicar en forma exacta de la entrada, pero esto no resta el hecho de su existencia dado que constan en imágenes citadas. Testigo perito Pamela Arias Retana Ingeniera Civil y Topógrafa especialista predial y en expropiación. Consultora del MOPT. Confirma la existencia de acceso a la propiedad folio 137 e indica que existe un proyecto para mejoraras de accesos en la carretera a San Carlos. La testigo dada su experiencia le informó al Tribunal que en la ZONA el Estado en el futuro va a sacar una licitación para realizar mejoras y entre esas los accesos. Esta afirmación que de hecho es incierta (no hay pruebas) no tiene la fuerza para establecer una obligación concreta para el Estado. Las obras que el Estado pueda realizar en el futuro no generan obligación alguna contra el actor u otra persona. Es claro que, producto de los procesos de expropiación -hechos no controvertidos- al actor se le indemnizó totalmente por los daños incluyendo el daño al remanente. La obligación del Estado es no dejar un fundo enclavado situación que cumplió con una entrada al inmueble frente a calle pública. Es claro que una vez construida la entrada el mantenimiento es responsabilidad del propietario dado que es propiedad privada y el Estado no puede dar mantenimiento a obras ubicadas en terrenos privados. Perito judicial. Luis Jonathan González Portuguez informe pericial 31 marzo del 23 (folio 212) y aclaraciones 25 setiembre 2023 (folio 350). Indicó posteriormente de mostrarle todas las imágenes y planos de la finca 2-3777520-000 (folios expediente judicial 137, 222, 235, 244, 245, 259) que el acceso que se ilustra en las fotografías 1,2,3 del GCVP-PSC-15-22-005 (0353) CONAVI está dentro del predio del actor base de esta demanda finca No. 2-3777520-000 parte oeste. No existe margen de interpretación el perito luego del contra interrogatorio y vistos los folios citados no le quedó otra que confirmar el hecho de la existencia del acceso al inmueble parte oeste frente a calle pública. Al confirmarse que la finca cuenta con un acceso adecuado a calle pública debe rechazarse la pretensión principal. También es importante destacar que las imágenes mostradas y las que presentó en su informe claramente se colige que el lado de oeste de la propiedad objeto de este proceso es totalmente escarpada, con un río o quebrada que atraviesa gran parte del terreno, que la condición misma de la propiedad es de muy difícil acceso donde vehículos nunca han circulado, la única forma de recorrerla es a pie dado su propia naturaleza de montaña. Los desniveles dentro del inmueble son muy elevados o pronunciados, lo cual, es propio de la zona y nunca fue provocado por el Estado. En este sentido, el acceso construido claramente se aprecia que tiene el ancho necesario hasta para la entrada de un vehículo, que se entubó un caño para dar una mayor profundidad de acceso y que lógicamente una persona fácilmente puede entrar caminando, como se apreciaron en las fotografías citadas. Testigo experto Leonel Rojas Castro propuesto por el actor. Declaró que fue a la zona en el año 2013, o sea, 12 años atrás. Este hecho sumado a que también expuso que cuando pasa “no le pone atención” al predio hace que el testigo no sea útil para definir o no el acceso, dado que manifestó que no se acuerda. No obstante, también confirmó que el inmueble objeto del proceso es empinado y de difícil acceso desde su origen. Esta declaración confirma la condición propia del terreno, el cual, a todas luces siempre ha sido montañoso con altos grados de desnivel. Esto -se insiste- debe dimensionar el tipo de acceso mínimo necesario. Por último, sobre la pretensión número 2 “Se ordene a los demandados al levantamiento y tramite hasta su debida inscripción de un nuevo plano catastrado para la finca matrícula 2-377520-000”. Esta representación quiere indicar que producto de las expropiaciones citadas (hechos no controvertidos) al actor se le indemnizó integralmente por los daños sufridos producto del traspaso de terrenos a favor del Estado. Estos procesos están concluidos y son cosa juzgada, por tal razón, reitero los argumentos dados en escrito de contestación. Al quedar demostrado que el fundo no está enclavado no existe obligación por parte del Estado para realizar obras y mucho menos generar un plano. No existe conducta antijurídica ni nexo de causalidad sobre un actuar del Estado que pueda generar dicha responsabilidad.

V.- HECHOS PROBADOS.- De importancia para resolver este asunto, se tienen como probados los siguientes hechos de interés:

 1) El señor Ramiro Jara Huertas cuenta con derecho de propiedad, inscrito el 2 de julio de 2002, sobre la finca de la provincia de Alajuela matrícula de folio real 377520-000, ubicada en el distrito de Volio del cantón de San Ramón. (Imágenes 14 a 16 del expediente judicial).

2) Por sentencia N°1114-08 de las 15:15 horas del 12 de setiembre de 2008, en proceso de Diligencias de Expropiación, el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda fijó en la suma de ciento treinta y tres millones setecientos cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y seis colones con ochenta y nueve céntimos, la indemnización que el Estado debía pagar al señor Ramiro Jara Huertas por la expropiación de una franja de terreno de 32.657,46 metros cuadrados sobre el inmueble de su propiedad folio real matrícula 377520-000, de la provincia de Alajuela, cantón de San Ramón, distrito Volio. El señor Jara Huertas apeló y por sentencia N°359-2010 de las 14:30 horas del 31 de agosto de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Segunda, modificó parcialmente lo otorgado así: “Se modifica la sentencia apelada en cuanto concede ochenta y nueve millones ochocientos ocho mil quince colones por indemnización del terreno expropiado, para en su lugar otorgar la suma de CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS COLONES CON CINCUENTA CÉNTIMOS, a razón de cinco mil ciento veinticinco colones el metro cuadrado, en cuanto al daño remanente en cuanto concede veintiséis millones novecientos cuarenta y nueve mil seiscientos ocho colones con ochenta y nueve céntimos para en su lugar aprobar el mismo en la suma de VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA COLONES CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS, y con relación a la pérdida en la producción de leche se modifica el monto de quince millones ochocientos setenta mil colones otorgado, para en su lugar fijarlo en QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL COLONES, siendo un total junto con las mejoras otorgadas en primera instancia (UN MILLÓN CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS COLONES) de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO COLONES CON NOVENTA CÉNTIMOS. En lo demás se confirma, con la aclaración de que la finca expropiada queda dividida en dos porciones de la siguiente manera: Porción Este con una medida de ciento noventa y seis mil seiscientos veintidós metros cuadrados y los siguientes linderos: Norte en parte Juan José Villalobos González, José Ángel Villalobos Argüello; Sur: lote a segregar; Este: Gustavo Villalobos Salazar, en parte Miguel Ángel Villalobos González y en parte calle pública; y Oeste: lote a segregar. Porción Oeste como una medida de sesenta y cuatro mil trescientos sesenta y cinco metros cuadrados con sesenta y cinco decímetros cuadrados y los siguientes linderos: Norte: lote a segregar; Sur en parte Quebrada sin nombre en medio de Miguel Ángel Villalobos González y en parte Ricardo Villalobos González; Este: lote a segregar; Oeste: en parte Juan José Villalobos González, Francisco Solórzano, Efraín Solórzano Quesada”. Juezas firmantes: Cristina Víquez Cerdas, Lilliana Quesada Corella y Sady Jiménez Quesada. (Imágenes 23 a 47 del expediente judicial).

 3) Por sentencia N°554-2016 de las 9:00 horas del 14 de abril de 2016, en proceso de Diligencias de Avalúo por Expropiación, el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda fijó en la suma de treinta y nueve millones setecientos sesenta y ocho mil novecientos cincuenta y cinco colones (39.768.955,20), la indemnización que el Estado debía pagar al señor Ramiro Jara Huertas por la expropiación de dos franjas de terreno sobre el inmueble de su propiedad folio real matrícula 377520-000, de la provincia de Alajuela, cantón de San Ramón, distrito Volio, destinadas para la construcción del proyecto denominado “Nueva carretera a San Carlos, Sección Sifón-Ciudad Quesada”. Las franjas fueron descritas así: “Las fajas de terreno a expropiar presentan las siguientes características comunes: su naturaleza es terreno de pastos, ubicado en el Distrito 10 Volio, Cantón 2 San Ramón, de la Provincia de Alajuela: el área correspondiente la plano catastrado N°A-1502400-2011 tiene una medida de 365,00 metros cuadrados y linda al Norte con Ramiro Jara Huertas; al Sur con Ramiro Jara Huertas; al Este el Estado; y al Oeste Ramiro Jara Huertas; el área correspondiente al plano catastrado N°A-1502394-2011 es de 13.281,00 metros cuadrados y linda al Norte con Ramiro Jara Huertas: al Sur con el Estado: al Este con Ramiro Jara Huertas y al Oeste con el Estado. Destínese la franja objeto del acto expropiatorio al fin público indicado. (…)” (Imágenes 49 a 64 del expediente judicial).

4) Ante lo resuelto en los procesos de Diligencias de Avalúo por Expropiación descritos en el hecho segundo y hecho tercero, los linderos de la finca matrícula 2-377520-000, propiedad del señor Jara Huertas, quedaron así: Norte: Porción este: Juan José Villalobos González y José Ángel Villalobos Agüero y Lote 1. Porción oeste: Proyecto Naranjo-Florencia y Lote 2. Sur: Porción este: Proyecto Naranjo-Florencia Lote 1. Porción oeste: Quebrada si nombre en medio de Miguel Ángel Villalobos González y Ricardo Villalobos González y Lote 2. Este: Porción este: Gustavo Villalobos Salazar en parte Miguel Ángel Villalobos González y parte Calle Pública. Porción oeste: Proyecto Naranjo-Florencia y Lote 2. Oeste: Porción este: Proyecto Naranjo-Florencia y Lote 1. Porción oeste: Juan José Villalobos González, Francisco González, Francisco Solórzano y Efraín Solórzano Quesada”. (Nota aclaratoria: en la publicidad registral aparecen también como colindantes del Lindero Oeste los nombres: Cristina Víquez Cerdas, Lilliana Quesada Corella y Sady Jiménez Quesada, siendo ello un evidente error material del Registrador que incluyó los datos de la sentencia de expropiación, por cuanto esos nombres corresponden a los nombres de las señoras Juezas que suscribieron la sentencia N°359-2010 de la Sección Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda). (Imágenes 14 a 16 del expediente judicial).

5) La finca folio real matrícula 2-377520-000, en su porción oeste, cuenta con un acceso a vía pública el cual está ubicado en el posicionamiento señalado por la estación 13+900 de la ruta 35, sección Sifón-La Abundancia, es decir, en el punto que, a lo largo del trayecto de esa carretera desde su origen, está marcado como 13+900 (13 kilómetros y 900 metros). (Imágenes 134 a 142, correspondiente al informe técnico N°GCVP-PSC-15-22-005 del 3 de marzo de 2022, emitido por la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes del CONAVI, así como declaración de la testigo perito Ing. Pamela Arias Retana).

6) Por oficio N°DM-UE-PIVMU-2025-276 del 18 de junio de 2025, el señor Mario Campos Vega, Gerente de la Unidad Ejecutora del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana del MOPT, indicó lo siguiente, a solicitud de este Tribunal: “1. Estado actual del proyecto: El Proceso de Contratación CR-L1151-P00004 “Contratación para el diseño y construcción del Tramo Central de la Ruta Nacional No. 35”, para el cual la finca en consulta se encuentra dentro del área de proyecto, se encuentra en proceso de revisión de oferta, previendo contar con Contratista para iniciar la gestión del diseño definitivo a finales del año 2025. 2. Plazo para la definición de diseños: De acuerdo con el cronograma contractual vigente, la fase de diseño definitivo tiene como fecha prevista el primer semestre del 2026. La provisión de los elementos específicos solicitados se encuentra condicionada a la definición de las siguientes variables técnicas que serán determinadas en esta etapa: • Rasante final de la vía principal y vías marginales. • Diseño geométrico definitivo de intersecciones y accesos. En consecuencia, la información específica podrá ser proporcionada una vez que el informe definitivo sea aprobado. 3. Diseño Preliminar: No obstante, el proyecto dispone de un diseño preliminar que ha constituido la base para el proceso de contratación, así como la formalización de los procesos de expropiación actualmente en trámite. Dicho diseño permite, a título informativo, visualizar la delimitación de la posible afectación sobre la propiedad. Es importante destacar que, en el marco del “Tramo Central”, se ha llevado a cabo una actualización de los estacionamientos proyectados. En consecuencia, la numeración actual de los mismos podría no coincidir con exactitud con la anteriormente establecida.  [Inserta imagen de un plano georreferenciado de la finca 2-377520-000, con indicación del acceso proyectado para la porción oeste ubicado en la estación 12+500]. 4. Consideraciones Generales del Proyecto: Los proyectos de infraestructura de esta envergadura implican una sucesión de fases de diseño, revisión y aprobación, las cuales están sujetas a los plazos contractuales establecidos para garantizar la viabilidad técnica, ambiental y económica de las obras. La conceptualización y definición de los accesos se integra intrínsecamente en estas fases y, por consiguiente, no puede ser abordada de manera aislada ni anticipada sin la culminación de la totalidad de los estudios técnicos y las aprobaciones pertinentes. Se reitera que, dada la complejidad inherente y las etapas secuenciales que demanda un proyecto de esta magnitud, la materialización de los accesos definitivos no es de ejecución inmediata ni pronta. Adicionalmente, la materialización y ejecución de los accesos definitivos constituyen una parte integral del proceso constructivo general del proyecto, lo cual conlleva una gestión progresiva y una coordinación necesaria con los propietarios de los predios afectados. Desde la perspectiva del proyecto, se reitera el compromiso de atender las condiciones de accesibilidad de las propiedades, en estricta observancia de los cronogramas definidos y los procedimientos establecidos por la normativa vigente”. (Imágenes 486 a 488 del expediente judicial).

 VI.- HECHOS NO PROBADOS.- De relevancia para la resolución de este asunto, se tiene como no acreditado lo siguiente:

Único) Que el actor se dedique a la actividad ganadera. (No hay prueba en autos).

 VII.- SOBRE EL FONDO. El actor es dueño de la finca de la provincia de Alajuela, folio real matrícula 2-377520-000, que le fue parcialmente expropiada en el año 2008, producto de lo cual judicialmente se dispuso que dicho inmueble quedara dividido en dos porciones: Porción este y Porción oeste, debido a que fue atravesada por la franja de terreno expropiada para conformar el trayecto de la nueva carretera a San Carlos (Sifón-La Abundancia). En este proceso el accionante aduce que la porción oeste de la finca indicada tiene naturaleza de fundo enclavado a causa de la actividad expropiatoria, y que dada esa condición el Estado debe construirle un acceso a la vía pública, así como el levantamiento y trámite de un nuevo plano catastrado en el que se incluya el acceso de la porción oeste de la finca 2-377520-000. Subsidiariamente, pretende que se ordene a los demandados a iniciar los trámites de expropiación del sector oeste de la finca matrícula 2-377520-000 y su indemnización integral, así como el levantamiento y trámite de un nuevo plano catastrado para la finca matrícula 2-377520-000, en el que se incluya la expropiación del sector oeste. El Tribunal, luego de valorar la prueba, estima que la demanda debe ser declarada sin lugar, por las razones que de seguido se exponen.

 VIII.- Como punto de partida, el Tribunal tiene claro que la porción oeste de la finca 2-377520-000, sí cuenta con un acceso a calle pública. Ese acceso se encuentra ubicado en el posicionamiento señalado por la Estación 13+900 de la carretera a San Carlos, es decir, en el punto que, a lo largo del trayecto de esa carretera desde su origen, está marcado como 13+900 (13 kilómetros y 900 metros). Así consta en el informe técnico N°GCVP-PSC-15-22-005 del 3 de marzo de 2022, emitido por la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes del CONAVI (imágenes 134 a 142), documento que es público y no se ha acreditado que sea falso, por lo que su contenido es auténtico, válido y plenamente eficaz de conformidad con los artículos 45.1 y 45.2 del Código Procesal Civil. Ese acceso se puede observar en las fotografías 1, 2 y 3 de ese informe técnico y, en términos de ubicación espacial, la figura número 2 del referido informe muestra que el acceso a calle pública de la porción oeste de la finca del actor, se encuentra en la parte sur de esa porción (marcado con una X). En cuanto a la testimonial pericial del Ingeniero Leonel Rojas Castro, el Tribunal estima que su declaración no es útil ni relevante para la determinación del hecho debatido, por cuanto el testigo fue muy claro en que su conocimiento de la situación de la finca 2-377520-000, data del año 2013, que fue el año en el que él visitó el inmueble, y no conoce de la existencia del acceso en la parte sur de la porción oeste. Su conocimiento se centró en hacer referencia a una escombrera que fue vertida en la finca del demandante, en el año 2013, asimismo, hizo referencia sobre la existencia de un muro de gaviones, sobre otra escombrera que linda con la finca del actor, sobre problemas de estabilidad en esa zona, sobre la topografía en pendiente del terreno y sobre la existencia de una quebrada. En términos generales, el testigo perito Rojas Castro no arrojó ningún elemento que sea atinente y relevante para esclarecer el objeto debatido, porque no precisó si en la actualidad existe o no un acceso a vía pública para la porción oeste del inmueble tantas veces mencionado. En cuanto al perito Luis Jonathan González Portuguez, el Tribunal opta por no conferirle valor a sus declaraciones en lo que corresponde a la existencia del acceso de la porción oeste a la vía pública, debido a que si bien en sus aclaraciones al informe pericial (imágenes 350 a 359), indicó: que la finca se encuentra enclavada, que no tiene entrada ni salida, que la finca no tiene más accesos que la calle de la expropiación (sic), que la finca no tiene acceso frente a la calle pública en sentido sur este por la topografía del predio y que no permite el acceso hacia el norte por la construcción de los gaviones, lo cierto es que durante el interrogatorio que se le hizo en la audiencia de juicio, el perito, al ser consultado sobre el acceso documentado en las fotografías 1, 2 y 3 del informe técnico N°GCVP-PSC-15-22-005, se contradijo en dos ocasiones, en una primera oportunidad manifestó que a él le “parecía” que ese acceso estaba fuera del polígono -representación gráfica del predio- del plano de la propiedad, luego, a preguntas del representante estatal indicó que le parecía que el acceso estaba dentro del polígono del plano de la propiedad, y finalmente, ante pregunta directa del Tribunal, que lo confrontó precisamente por la confusión y contradicción de sus respuestas sobre el particular, afirmó, sin ningún respaldo material, que consideraba que el acceso estaba fuera del polígono del plano. Para el Tribunal, las apreciaciones que emitió el señor perito en relación con el acceso visible en las fotografías 1, 2 y 3 del informe técnico N°GCVP-PSC-15-22-005, son carentes de seriedad, demostraron que el experto no tenía certeza alguna sobre lo consultado, y que no revisó ni estudió la situación del acceso que se muestra el informe N°GCVP-PSC-15-22-005 tantas veces citado; su declaración (como también en su informe) a lo que hizo referencia fue: al desnivel de la finca respecto de la carretera, a la existencia de un yurro (arroyo) y a las dificultades de acceso a la finca debido al muro de gaviones que está ubicado en un sector del lindero del inmueble con la carretera. Por tales motivos, esta Cámara le resta valor probatorio al informe pericial, a sus aclaraciones y a la declaración del perito en el debate. En cuanto a la testimonial pericial de la Ingeniera Ileana Aguilar Aguilar, el Tribunal estima que su declaración en principio no aportaba mayores elementos de convicción sobre la situación de la existencia de un acceso a la porción oesta de la finca objeto del proceso, sin embargo, la señora Aguilar Aguilar al ser preguntada sobre la ubicación del acceso, señaló un punto en la parte norte de la porción oeste del inmueble del accionante (imagen 125 que corresponde a la Ilustración 10 del oficio DM-2022-750), posición señalada por la testigo perito que es coincidente con la ubicación destacada por el Ingeniero Mario Campos Vega, Gerente de la Unidad Ejecutora del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana del MOPT, en el oficio DM-UE-PIVMU-2025-276 del 18 de junio de 2025, ordenado por este Tribunal como prueba para mejor resolver, tal y como se puede observar en el plano georreferenciado visible a imagen 487 del expediente judicial, en el que se muestra que el diseño preliminar del acceso definitivo que se hará para la porción oeste de la finca 2-377520-000 del actor, está proyectado para ser construido en el posicionamiento correspondiente a la estación 12+500, que es precisamente en la parte norte de la porción oeste del inmueble del demandante. Entonces, esta Cámara considera que en realidad lo indicado por la testigo perito Aguilar Aguilar sí es relevante para lo que aquí se discute, dado que confirma que el MOPT hará un acceso definitivo a vía pública para la porción oeste de la finca objeto de este proceso, lo que es de extrema relevancia porque significa que, además del acceso que ya existe en la parte sur de la porción oeste de la finca 2-377520-000, habrá otra entrada para el inmueble en cuestión, y justamente ese es el objeto de este proceso, como muy claramente lo indicó el abogado representante de la parte actora, en el sentido de que lo que perseguía con este proceso la parte accionante únicamente era que se le construya un acceso a su propiedad en la porción oeste. Por último, la testigo perito Pamela Arias Retana, Ingeniera Civil y Topógrafa, quien es consultora del MOPT como especialista predial para procesos expropiatorios, fue muy contundente en afirmar que el acceso que aparece en las fotografías 1, 2 y 3 del informe técnico N°GCVP-PSC-15-22-005 visibles a imágenes 137 y 138 del expediente judicial, en efecto corresponden al acceso en la finca propiedad del actor, dado que lo observó en una visita reciente al lugar e indicó que está ubicado en el punto marcado como estación 13+900. La testigo perito además explicó que existía un diseño preliminar para construir accesos definitivos en las fincas que fueron parcialmente expropiadas por el proyecto de la ruta 35 (sector Sifón-Abundancia), y que en este momento se estaba tramitando una contratación pública para contar con el diseño definitivo y construcción de esos accesos, dentro del cual estaba previsto el acceso para la finca del actor Ramiro Jara Huertas. Justamente, ante estas declaraciones de la Ing. Arias Retana rendidas en el debate, este Tribunal dispuso ordenar como prueba documental extraordinaria, al amparo del artículo 100.1 inciso e) del CPCA, que la parte demandada trajera al proceso la información relativa a la existencia de ese diseño preliminar en donde conste la ubicación del acceso definitivo para la porción oeste del inmueble del demandante, lo cual fue cumplido a través del abogado representante del CONAVI, quien aportó el oficio N°DM-UE-PIVMU-2025-276 del 18 de junio de 2025, emitido por el Ing. Mario Campos Vega, Gerente de la Unidad Ejecutora del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana (imágenes 486 a 488), del cual se desprende con claridad que efectivamente el MOPT está tramitando la contratación CR-L1151-P00004 “Contratación para el Diseño y Construcción del tramo central Ruta Nacional No.35”, cuya fase de diseño está prevista para el primer semestre de 2026, en la que será determinada la rasante final de la vía principal y vías marginales y el diseño geométrico definitivo de intersecciones y accesos, y que el proyecto cuenta con un diseño preliminar que contiene los estacionamientos proyectados, del cual se desprende que el eventual acceso que tendría la porción oeste de la finca del accionante estaría en la estación 12+500. La declaración de la testigo perito Arias Retana, que fue clara, precisa y concordante, sin contradicciones, ni elementos que hagan dudar de su veracidad, en conjunto con la documental del oficio N°DM-UE-PIVMU-2025-276 del 18 de junio de 2025, permiten concluir que si bien la contratación CR-L1151-P00004 está sujeta al cumplimiento de etapas y de plazos, y que su ejecución, por ende, es futura, lo cierto es que esa contratación evidencia la existencia cierta, no meramente hipotética, del desarrollo actual de una actividad formal administrativa de corte bilateral (contrato público) que tiene por finalidad materializar los accesos de las fincas lindantes con la ruta 35 Sifón-La Abundancia, incluida la porción oeste de la 2-377520-000, propiedad del demandante, por lo que se estima que es un elemento fáctico adicional para declarar la improcedencia de esta demanda, en tanto que significa que no sólo se tiene por acreditado que el inmueble del actor en su porción oeste sí cuenta actualmente con un acceso ubicado al sur en la estación 13+900, sino que además tendrá otro en la estación 12+500. Y esto es un aspecto importante, porque si bien el representante estatal afirma que las obras que el Estado pueda realizar en el futuro no generan obligación alguna contra el actor u otra persona, en realidad en este caso sí lo generan, por cuanto se trata de un procedimiento de contratación que se encuentra en etapa de revisión de oferta, según indicó el Gerente de la Unidad Ejecutora del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana en el oficio N°DM-UE-PIVMU-2025-276, y claramente señaló: “…la materialización y ejecución de los accesos definitivos constituyen una parte integral del proceso constructivo general del proyecto, lo cual conlleva una gestión progresiva y una coordinación necesaria con los propietarios de los predios afectados” -el resaltado es nuestro-, con lo cual es claro que la voluntad de la Administración ya fue expresada y esa voluntad, acorde con la contratación referida, consiste en materializar y ejecutar los accesos definitivos para las fincas que colindan con la ruta 35 carretera a San Carlos sector Sifón-La Abundancia, por lo que no es una mera eventualidad, si no una obligación que de hecho ya está en marcha.

 IX.- En conclusión, a partir de la prueba valorada, el Tribunal llega al convencimiento que la finca 2-377520-000 en su porción oeste no es un fundo enclavado, toda vez que de conformidad con el artículo 395 del Código Civil, un predio tiene esa característica cuando está ubicado entre otros ajenos y no tiene salida, o bien, sin salida bastante a la vía pública, y en este caso ha quedado demostrado que la porción oeste de la finca está frente a vía pública y sí cuenta con un acceso a la misma, el cual se encuentra ubicado en el punto marcado por la estación 13+900, en la parte sur del inmueble. Adicionalmente, ha quedado acreditado que la mencionada finca contará en el futuro con un acceso definitivo que, preliminarmente, se proyecta para ser construido en la ubicación correspondiente a la estación 12+500, siendo una obligación contraída por la Administración por ser parte del objeto de la contratación N°CR-L1151-P00004 “Contratación para el Diseño y Construcción del tramo central Ruta Nacional No.35”, que en este momento se encuentra en fase de revisión de oferta y en el futuro llegará a ejecutarse. En suma, la Administración no ha incurrido en ninguna conducta omisiva en relación con la construcción de un acceso para que el actor pueda ingresar a la porción oeste de la finca. No se entran a hacer valoraciones sobre si el acceso ubicado en la estación 13+900 tiene o no las condiciones para el paso de ganado, por cuanto el accionante no demostró que se dedicara a dicha actividad, con lo cual resulta impertinente dicha discusión, amén de que el representante del actor fue muy claro en que el objeto de este proceso es únicamente para que se le construya un acceso.

 X.- SOBRE LAS EXCEPCIONES. Por las razones expresadas en este fallo, procede acoger la excepción de falta de derecho.

 XI.- SOBRE LAS PRETENSIONES. Con fundamento en las consideraciones dadas en esta sentencia, se debe declarar sin lugar en todos sus extremos la demanda.

 XII.- SOBRE LAS COSTAS. Por expresa disposición del artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, procede condenar al actor al pago de ambas costas de la acción por el solo hecho de haber resultado vencido en este proceso, sin que medien razones que justifiquen su exoneración conforme los incisos a) y b) del numeral 193 citado. Las costas generarán intereses una vez que sea determinado y exigible su monto.

 

POR TANTO

 Se acoge la excepción de falta de derecho. En consecuencia, se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Son ambas costas de esta acción a cargo del actor, así como los eventuales intereses que pudieren generarse sobre las mismas una vez que sea determinado y exigible su monto.- EDUARDO GONZÁLEZ SEGURA, LOURDES VARGAS CASTILLO, MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ VARGAS. JUECES DE JUICIO.

 

 




- Código Verificador -
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Documento firmado por:

EDUARDO GONZÁLEZ SEGURA, JUEZ/A DECISOR/A
LOURDES VARGAS CASTILLO, JUEZ/A DECISOR/A
MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ VARGAS, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 21-007325-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:27:53.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**CONSIDERING**

**I.- PROCEDURAL BACKGROUND.** Below is a summary of the relevant procedural history:

1.- The plaintiff filed a lawsuit in this venue requesting that the judgment declare the following: “Main Claims: 1. That the construction of an access to the public road from the western sector of property registration number 2-377520-000 be ordered, in order to eliminate its condition as a landlocked property. 2. That the defendants be ordered to carry out the survey and process, up to its due registration, of a new cadastral map for property registration number 2-377520-000, which must include the verified access to the western portion of this property. 3. That the defendants be ordered to pay the costs of both parties in this judicial proceeding. Alternative Claims: 1. Should it be determined that constructing an access to the public road is impossible, that the defendants be ordered to initiate expropriation proceedings for the western sector of property registration number 2-377520-000, as well as full compensation. 2. That the defendants be ordered to carry out the survey and process, up to its due registration, of a new cadastral map for property registration number 2-377520-000, which must include the changes produced by the expropriation of the western sector. 3. That the defendants be ordered to pay the costs of both parties in this judicial proceeding.” (Images 10 and 11).

2.- CONAVI answered the complaint and raised the defense of lack of legal basis. (Images 91 to 114).

3.- The State answered the complaint and raised the defense of lack of legal basis. (Images 163 to 167).

4.- The preliminary hearing was held on July 19, 2022. Documentary, expert-witness, and expert evidence was admitted. (Recording and images 185 to 188).

5.- By resolution at 10:03 a.m. on September 9, 2022, the Trial Judge appointed Engineer Luis Jonathan González Portuguez as the surveyor expert (perito Topógrafo) for this proceeding. (Image 195 of the judicial file).

6.- On March 31, 2023, the expert submitted his expert report. (Images 212 to 241. The expert submitted the report repeatedly up to image 334).

7.- At the request of the plaintiff, the expert submitted clarifications to his expert report. (Images 350 to 359. The expert submitted the clarifications repeatedly up to image 389).

8.- By resolution at 8:17 a.m. on July 17, 2024, this Tribunal scheduled the oral and public trial for 8:30 a.m. on June 11, 2025. (Images 416 to 419).

9.- The supplementary hearing was held on June 11, 2025. The statements of the expert Luis Jonathan González Portuguez and the expert witnesses Leonel Rojas Castro, Ileana Aguilar Aguilar, and Pamela Arias Retana were received. In accordance with Articles 82 and 100.1 subsection e) of the Code of Contentious Administrative Procedure, the Tribunal ordered the submission of extraordinary documentary evidence arising from statements given by the expert witness Arias Retana, corresponding to the preliminary design of the definitive accesses for the properties affected by Route 35, a design showing the location of the access that property registration number 2-377520-000, owned by the plaintiff, will have. The State and CONAVI were granted a period of 5 business days to process this evidence with the official Mario Campos Vega, from the Road Management Unit of MOPT. The parties were informed that once the required evidence was submitted, they would be granted a hearing to address it. They were advised that once the foregoing was completed, a period would be granted to submit their closing arguments, which were to be formulated in writing due to the fact that the evidence ordered was documentary and there was no further testimonial or expert evidence pending presentation, so there was no need to reconvene a continuation of the oral hearing, a decision of the Tribunal that was not objected to by the parties. The trial hearing was suspended in its oral phase, and the remaining phases (hearing regarding the extraordinary documentary evidence and hearing of closing arguments) would be carried out in writing. (Recording and images 466 to 471).

10.- CONAVI's representation submitted the extraordinary evidence of the preliminary design for the definitive access to the plaintiff's property. By resolution at 10:05 a.m. on June 20, 2025, the parties were granted a three-business-day hearing to address it. (Images 486 to 489).

11.- The plaintiff submitted his statements regarding the requested evidence. CONAVI's representation indicated that it would submit its statements during the closing arguments stage. (Images 494 and 498).

12.- By resolution at 1:03 p.m. on June 26, 2025, the parties were granted a period of 5 business days to submit their written closing arguments. (Image 499).

13.- The parties formulated their written closing arguments. (Images 504 to 540).

14.- By resolution at 8:03 a.m. on July 4, 2025, the resolution of 1:03 p.m. on June 26, 2025, was clarified and supplemented, in the sense that the Tribunal classified the present matter as complex, for which reason, in accordance with provision 111 of the Code of Contentious Administrative Procedure, the judgment would be delivered within a period of 15 business days counted from the day immediately following the expiration of the deadline for submitting written closing arguments. (Image 541).

15.- This case has been processed in this venue electronically, so the foliation of the electronic document generated as a single PDF file, obtained from the Virtual Desktop in the following manner, will be used as a reference: the boxes: "Descending Order" and "View Document Description (PDF)" were unchecked, and the option: "Final" was selected in the box: "View file jacket details".

16.- No errors or omissions causing procedural nullity are noted, nor have the parties so stated.

**II.- POSITION OF THE COMPLAINT.** The plaintiff alleges the following (transcription): Pursuant to Article 9 of the Constitution, it is stipulated that the Government of the Republic is liable to be held responsible for its acts or omissions. Likewise, provision 41 of the Magna Carta enshrines the reparation for injuries or damages to any person, property, or moral interests; while section 45 regulates the protection of private property, which is being violated by the defendants, as his property lacks an access that allows its use and enjoyment, a situation that is the central axis to be discussed in this declaratory proceeding, through technical evidence. The cited constitutional articles provide the normative framework for the protection of his property right, especially due to the impossibility of access that Mr. Jara Huertas suffers to the western portion of his property, this is attributable to the defendants, since after the respective expropriations, his real property was left without access when it was split in two, which, to date, implies a total impediment to access his property. REGARDING THE ADMINISTRATION'S OMISSIVE CONDUCT: Inactivity is defined based on the verification of an omission by the Administration of any legal and material activity, legally due and materially possible. Doctrine has established a difference between liability for formal inactivity and material inactivity; the former occurs due to a breach of a norm that produces effective damage and obliges the Administration to issue an express resolution and notify it. The latter (material inactivity) occurs in the context of the absence of a specific and concrete service or action that the Administration must deploy to one or several administered parties. In a generic sense, it is considered as passivity or non-reaction on the part of the Administration to events that objectively demand positive activity. In the present case, the Public Administration, when exercising its expropriation power, should have foreseen the impact on my client's property. That is, by leaving the western sector of the property isolated, the expected conduct to be deployed was to build an access that would guarantee the full enjoyment of Mr. Jara Huertas's property right. However, to date, the western sector is landlocked and without communication with the eastern sector; for this reason, the existence of a material omission on the part of the Public Administration is evident, which is why the lawsuit was filed. REGARDING THE LANDLOCKED CONDITION OF THE PROPERTY AND THE DUTY TO BUILD AN ACCESS: First, Article 395 of the Civil Code establishes: “The owner of a landlocked property (predio enclavado) among others, without an exit or without a sufficient exit to the public road, has the right to demand passage through neighboring properties for the exploitation of his own (...).” Mr. Jara Huertas's property, after undergoing two expropriation proceedings, was left with a landlocked remainder, without an exit to a public road, constituting an absolute landlocked condition (enclavamiento absoluto), which will be testified to by the expert witness Leonel Rojas Castro at trial. The Contentious Administrative Court, Fourth Section, in judgment number 00006-2014 of three o'clock in the afternoon on January seventeenth, two thousand fourteen, held that for there to be a landlocked property (fundo enclavado), it is required: “... for there to be a landlocked property, an objective and verifiable condition is necessarily required, which is that the real property said to be in such a situation does not have any exit, or having one, it is not sufficient to provide access to the public road.” This excerpt frames a considerable point for the specific case, as the condition of the land establishes the impossibility of access to the public road, being the legal condition affecting the plaintiff's property, and for which the construction of the access is requested. That judgment provides 3 elements to demonstrate when there is a landlocked property: “As can be seen from the preceding citations, for the assumptions of Article 395 of the Civil Code to apply, it is necessarily required that in addition to the landlocked condition, there is an impact on its owner or possessor and that it is the only effective and possible way out for him. On the contrary, if there are other effective means of access to the public road or if what is requested is more due to a subjective appreciation or a mere matter of comfort for the petitioner, its application would not be appropriate.” In our view, the first element was addressed, that is, the landlocked condition in the preceding paragraphs, the admission of the technical evidence being indispensable. The second element is credited by being a significant impact for Mr. Jara Huertas, insofar as it makes it impossible to exercise the attributes of property, generating dispossession of the asset (western sector) during the time it has been landlocked. The construction of the access requested in the present proceeding is certainly the only effective way to access the western sector of his property; without this access, his constitutional and legal rights are circumvented, thereby persisting the obligation to provide an exit for the property that ended up landlocked, due to the construction of the Naranjo-Florencia project. Likewise, in resolution number 00076-2009 of the Contentious Administrative Court, Section VII, at ten hours and thirty minutes on July thirty-first, two thousand nine, it was indicated regarding the obligation of passage in a landlocked property: “In our legal system, the obligation of passage is one of the limitations or burdens to which the right of private property can be subjected. Said restrictions - which must necessarily derive from formal law, as they affect the exercise of a fundamental right protected constitutionally (Article 45) - are feasible to the extent that they are necessary to satisfy private interests, provided they do not empty the essential content, in this case, of private property.” The Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, through Vote N°2012015135 of fourteen hours thirty minutes on October thirty, two thousand twelve, resolved: “IV.- In the present matter, from the reports rendered and the evidence provided in the record, it has been demonstrated that with the construction of the San José- Caldera highway, the property of the protected company was divided into two portions and furthermore, without access to the public road, because it became landlocked. (…). Thus, we have that despite the fact that the appellant has spent more than four years negotiating a solution to the cited problem, not only have the necessary works to guarantee that access not been finalized, but it has not even been defined who should assume that work, meanwhile the property continues without access to public road. Under this context, it is considered that the right enshrined in Article 45 of the Constitution has been violated. Indeed, the neglect of the respondent ministerial authorities has deprived the appellant of the access and exploitation of her real property, which undoubtedly implies a violation of her property right. (…)”. This litigation seeks to provide an enabled and permanent access for Mr. Jara, in order to satisfy his private interest of passage to the western sector, as he lacks an access. REGARDING THE DUTY OF TOTAL EXPROPRIATION OF A PROPERTY RENDERED UNUSABLE BY PARTIAL EXPROPRIATION: In the present case, the impossibility for the plaintiff to be able to exploit and use the western sector of the property has been repeatedly stated, as a consequence of a partial expropriation that he suffered for the construction of the Naranjo-Florencia highway. Primarily, the construction of an access to the public road is requested so that the plaintiff can make use of the attributes of ownership over his property, specifically the western sector. However, if the defendants fail to demonstrate the possibility of building an access to this landlocked property, it is evident that this sector becomes inadequate for its use or rational exploitation, and its expropriation must be ordered. In this sense, the Expropriation Law, in its Article 17, establishes this duty of expropriation over the property that has been rendered unusable as a result of a partial expropriation, namely: “Article 17.- Partial Expropriations. In the case of the partial expropriation of a real property and the part not expropriated is inadequate for rational use or exploitation, the expropriated party may demand the expropriation of the entire real property. Urban land that, as a result of the expropriation, is left with frontage, depth, or area less than that authorized by the existing regulatory provisions for building shall be considered inadequate remnants. In the case of rural real properties, in each case the inadequate areas shall be determined taking into account the exploitation carried out by the expropriated party. The parties may determine, by mutual agreement, the inadequate area to include it in the transfer of ownership. In an expropriation proceeding, the judge shall determine that area.” For this reason, if the Public Administration cannot build an access to the public road for the sector that became landlocked, in accordance with Article 17 of the cited law, its expropriation must be ordered, which is part of the alternative claims. STATEMENTS ON OFFICIAL LETTER N°DM-UE-PIVMU-2025-27 SIGNED BY ENG. MARIO CAMPOS VEGA OF MOPT (transcription): Having analyzed the official letter, we reiterate our position that the complaint must be upheld, given that, in accordance with the image visible on folio number 2 of the referenced document, it is verified that the property is landlocked; to date, only a preliminary design is being worked on, with no guarantee that the access work will actually be built. Consequently, it is evident that the present judicial action has brought to light the reported situation, and without a favorable judgment, the construction of the required access is not ensured, and the complaint filed against the defendants must be upheld in all its terms. WRITTEN CLOSING ARGUMENTS: the plaintiff alleged the following (transcription): Pursuant to Article 9 of the Constitution, it is stipulated that the Government of the Republic is liable to be held responsible for its acts or omissions. Likewise, provision 41 of the Magna Carta enshrines the reparation for injuries or damages to any person, property, or moral interests; while section 45 regulates the protection of private property, which is being violated by the defendants, as his property lacks an access that allows its use and enjoyment; the situation is extremely serious. In the present case, the Public Administration, when exercising its expropriation power, should have foreseen the impact on my client's property. That is, by leaving the western sector of the property isolated, the expected conduct to be deployed was to build an access that would guarantee the full enjoyment of Mr. Jara Huertas's property right. However, to date, the western sector is landlocked and without communication with the eastern sector; for this reason, the existence of a material omission on the part of the Administration is evident. Article 395 of the Civil Code establishes: “The owner of a landlocked property among others, without an exit or without a sufficient exit to the public road, has the right to demand passage through neighboring properties for the exploitation of his own (...).” Mr. Jara's property, after two expropriation proceedings, was left with a landlocked remainder, without an exit to a public road, constituting an absolute landlocked condition, which all the witnesses testified to. The Contentious Administrative Court, Fourth Section, in judgment 00006-2014 of three o'clock in the afternoon on January seventeenth, two thousand fourteen, held for a landlocked property, requires: [Citation]. This excerpt frames a considerable point for the case, the condition of the land establishes the impossibility of an access to the public road, being the legal condition affecting the plaintiff's property, and for which the construction of the access is requested. That judgment provides two elements to demonstrate when a landlocked property exists: i) the first element was addressed, the landlocked condition, the admission of technical evidence being indispensable. The second element, being a significant impact for Mr. Jara, insofar as it makes it impossible to exercise the attributes of property, generating dispossession of the asset (western sector) during the time it has been landlocked. The construction of the access requested is the only effective way to access the western sector of the property; without access, constitutional and legal rights are circumvented, the obligation to provide an exit for the landlocked property persisting, due to the construction of the Naranjo-Florencia project. It is reiterated, what is sought is to provide an enabled and permanent access for Mr. Ramiro Jara, in order to satisfy his private interest of passage to the western sector, as he lacks an access. Primarily, the construction of an access to the public road has been requested, so that he can make use of the attributes of ownership over his property, specifically the western sector. Regarding the testimonial evidence and the Judicial Expert (Surveyor): In this case, the need to access the western sector of Mr. Jara Huertas's property has been determined, considering the cadastral and topographical reality of that sector, the State must be obligated to provide access to the sector of the property, as it is landlocked; specifically, with respect to the western portion of property registration number 2-377520-000. Regarding the evidence for better judgment requested by the Tribunal: In relation to official letter DM -UE-PIVMU -2025-27, signed by Eng. Mario Campos Vega, I reiterate my position that the complaint must be upheld, given that, in accordance with the image visible on folio number 2 of the cited official letter, it is verified that the property is landlocked and to date, in response to the complaint, only a preliminary design is being worked on, with no guarantee that the access work will actually be built. Consequently, without a favorable judgment, the construction of the required access is not ensured, and the complaint filed must be upheld. Claim: Therefore, the Tribunal is requested to order the construction of an access to the public road for the western sector of property registration number 2-377520-000, in order to eliminate its condition as a landlocked property and, connectedly, it must order the defendants to proceed with the survey of a new cadastral map for property registration number 2-377520-000 and with that process, up to its registration, which must include the verified access to the western portion of this property.

**III.- POSITION OF THE ANSWER OF THE NATIONAL ROAD COUNCIL (CONAVI).** CONAVI's representation alleges the following (transcription): The National Road Council rejects the ordinary lawsuit filed by Mr. Ramiro Jara Huertas, based on the following considerations: Article 17 of the Expropriation Law states: “Article 17. Partial Expropriations. In the case of the partial expropriation of a real property and the part not expropriated is inadequate for rational use or exploitation, the expropriated party may demand the expropriation of the entire real property. In the case of rural real properties, in each case the inadequate areas shall be determined taking into account the exploitation carried out by the expropriated party.” Given that the foregoing did not happen in the present case, it is important to indicate that the State, with the objective of carrying out the construction works for the Naranjo-Florencia highway, carried out two expropriation processes for the property of Mr. Ramiro Jara Huertas, processes which were carried out in strict adherence to legal regulations and with the due consent of Mr. Jara Huertas, and the State was able to conclude all the partial expropriation processes. As indicated in the response to the facts, it can be verified from the attached images that Mr. Jara Huertas does not have the right to raise the claims of this complaint, because there is an entrance to the plaintiff's property, running from the route to the limit of the right-of-way (derecho de vía), which has a concrete slab that overcomes the ditch, allowing ingress to said property. REGARDING THE ADMINISTRATION'S OMISSIVE CONDUCT: In this regard, it is important to indicate that the plaintiff indicates in his complaint statement an alleged omissive conduct by the Administration, which is unfounded, since, as was demonstrated with the photographs provided and can likewise be verified on site, the property owned by Mr. Ramiro Jara Huertas does have access; and therefore it is not landlocked. REGARDING THE LANDLOCKED CONDITION OF THE PROPERTY AND THE DUTY TO BUILD AN ACCESS: Reiterating the aforementioned, the western sector of the plaintiff's property is not landlocked, because there is an entrance to it, at station 13+900; a fact that is notorious and can be seen in the photographic evidence provided here. Therefore, ingress to the property can be made currently. Additionally, the owner has the corresponding permit to enter the project to reach the property. REGARDING THE DUTY OF TOTAL EXPROPRIATION OF A PROPERTY RENDERED UNUSABLE BY PARTIAL EXPROPRIATION: Regarding the foregoing, it is indicated that the expropriation of the entire real property does not apply in this case, because, as mentioned, the western sector is not landlocked due to the fact that it has an entrance and access to the property. DEFENSES INTERPOSED: Defense of Lack of Legal Basis: Based on the facts and law set forth, I raise against this complaint the defense of lack of legal basis, which I request be accepted in the judgment, since no action contrary to the Law is observed on the part of CONAVI, nor that any illegitimate harm has been caused to the rights and interests of the plaintiff. Consequently, the complaint is requested to be dismissed, given that from the arguments set forth, it has been clearly demonstrated that in the case under analysis, there is no legal basis to support it, because it is contrary to law. The plaintiff seeks the construction of an access to the public road from the western sector of property registration number 2-37520-000, in order to eliminate its supposed condition as a landlocked property; which is improper, as the plaintiff lacks a legal basis to request the construction of an access on a property that already has access, according to the following: In the first place, under the defense of lack of legal basis, the conformity or lack thereof of the claim with the Legal System or the block of legality is analyzed; whoever invokes it aims to invalidate the existence of the right sought by their counterpart, whereby it is valid to point out that the right is one of the material prerequisites of the procedural relationship; given that for the present matter, the plaintiff has not proven that he has any right to request the construction of an access to his property when the same already has said access, as demonstrated in the previously indicated arguments. As a complement to the foregoing, the Construction Management of Roads and Bridges, in technical report No. GCVP-PSC-15-22-005-attached-, to prove the access to the western sector of the property owned by the plaintiff, indicates the following: “On Tuesday, February 22, 2022, a site visit was conducted, specifically at station 13+900, where it was verified that the western portion of the property has access from the highway to San Carlos, as can be observed in the following photographs: [Photograph 1. View of the access to the property]. [Photograph 2. View of the entrance to the property]. [Photograph 3. View of the access from the highway towards the property]”. As can be seen in photograph 1, it is observed that the entrance has a slab over the ditch that facilitates access to the property from the main road up to the limit of the right-of-way. Likewise, in photographs 2 and 3, the entrance is observed looking from the road towards the property. In figure 2, below, the plan location of the entrance in portion A is shown. [Figure 1. Location of the entrance]. The Construction Management of Roads and Bridges continues to state, through official letter No. GCVP-PSC-15-22-005: “In the visit carried out by the project engineering and topography on February 22, 2022, it was verified that at station 13+900 of the Highway to San Carlos Project, Sifón – La Abundancia Section, there is an entrance to the western portion of the property of Mr. Ramiro Jara Huertas. • The western sector of the property is not landlocked because it was observed that it has an entrance from the highway up to the limit of the right-of-way…”. On the other hand, the plaintiff requests that the defendants be ordered to carry out the topographical survey and process up to its due registration of a new cadastral map for property registration number 2-377520-000, which must include the verified access to the western portion of this property; regarding this claim, CONAVI opposes it and likewise raises the defense of lack of legal basis, because it is important to indicate that the State, in strict compliance with the legal system during expropriation processes, recognizes the fees for the generation of maps for the remnants of properties, provided the Principle of Registry and Cadastral Conciliation is fulfilled, which is an obligation of the owner; if this conciliation does not exist, the State cannot recognize a cost that the owner is obligated to comply with.

In that regard, Article 2, subsection e) of the Regulation for the Organization of the Real Estate Registry states: “e) Legal-cadastral conciliation (conciliación jurídica-catastral): it is a permanent activity for the verification of the conformity of boundaries (linderos) and infrastructures of an immovable property described in the cadastral map in relation to the legal data contained in the registry entries and other cadastral records.” Thus, in the present case, the plaintiff does not comply with the preceding provision; for this reason, they do not have the right to request the registration of a new cadastral plan (plano catastrado) of the property including an access to the west side of said property; because it is necessary to reiterate that, in the expropriation proceedings, what is requested herein was fulfilled. By virtue of the foregoing, it is requested that the ordinary contentious-administrative lawsuit be dismissed and that CONAVI be released from any award regarding procedural and personal costs; that this defense filed be granted and the lawsuit be declared inadmissible as there is no legal or logical support for what is sought, in consideration of the arguments of fact and law and the timely submitted jurisprudential citations.

On the other hand, this representation opposes the subsidiary claims filed in this lawsuit, because Mr. Jara Huertas’s property already has access to the property on the west sector; for this reason, it is not appropriate to carry out a new expropriation of the west sector, which does not conform to the Administration’s needs to fulfill the public interests of constructing the national highway in the zone. In this regard, it is important to indicate that Mr. Ramiro Jara Huertas had already pursued the object of this contentious-administrative lawsuit in another judicial proceeding, for which a brief summary of said proceeding is provided, initiated on March 13, 2014, where the plaintiff filed a contentious-administrative lawsuit requesting the expropriations of several of his properties on the occasion of the construction of National Route No. 3 Highway, Ciudad Quesada-Interamericana, processed under judicial case file number 14-001847-1027-CA. In the lawsuit brief, the following was stated: “Currently, there is another sector of the property owned by the undersigned plaintiff that was not expropriated, which is completely cut off from communication as a consequence of the works and expropriations that were carried out, which causes that portion of the property to have no economic or productive utility, completely losing the productive value it possessed. The cited sector corresponds to an area of the Project NOT provided for in the expropriations, which was used to resolve and solve a series of stability problems at the base of the retaining wall that was built on the west portion of my property (the so-called gabions), which leaves an area on the right bank of the Quebrada Plata completely unusable, even unable to carry out any activity, let alone move cattle from the east portion to the west, as well as the loss of access to the water resource that was used as a drinking trough. Therefore, based on articles 190 and following and concordant of the General Law of Public Administration, I request that the existence of an objective administrative liability caused by THE STATE and CONAVI be declared in the judgment, as well as the suitability of economic compensation for the moral, material, economic damage and the losses caused.”

It should be noted that said lawsuit aimed to prove disagreement with the price that was going to be paid for the expropriated lands, among other aspects such as that a landlocked plot (predio enclavado) was supposedly remaining; in addition, the alleged existence of environmental damage and an alleged impact on milk production, whereby in the contentious-administrative lawsuit he expressly requests that the objective administrative liability of CONAVI and the State be declared and that he be compensated for moral and economic damage, as well as losses, and subsidiarily a relocation of his property. In response to the aforementioned lawsuit, the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, by means of resolution number 2788-2018 at 3:50 p.m. on October 23, 2014, hears the preliminary defense of lack of jurisdiction filed by the defendant parties, and, consequently, declares the lack of jurisdiction of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal. Resolution appealed by the plaintiff. Thus, by means of resolution 146-2015 of the Contentious-Administrative Court, a conflict of jurisdiction is raised before the First Chamber to determine the jurisdiction. Likewise, by means of Resolution number 2164-2017 at 2:40 p.m. on September 25, 2017, the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal hears the preliminary defenses of res judicata (cosa juzgada) and lis pendens (litis pendencia), which are granted, declaring the proceeding inadmissible, and ordering the closing of the case file and declaring the award of costs against the plaintiff. Said resolution became final, after the Cassation Chamber of the Contentious-Administrative Jurisdiction heard and resolved the cassation appeal filed by the plaintiff (Mr. Jara Huertas), by means of Resolution number 000131-A-TC-2018 at 9:05 a.m. on October 4, 2018, which declares the appeal filed without merit.

Now then, in the event that this Honorable Contentious-Administrative Tribunal considers that the updating and registration of a new plan in the west sector of property registration number 2-377520-000 is appropriate, as well as ordering the defendants to initiate the expropriation proceedings requested by the plaintiff in his subsidiary claim; this representation hereby files the defense of lack of jurisdiction on the part of the Contentious-Administrative Tribunal, to hear and resolve the respective expropriation proceeding.

CONCLUSIONS BRIEF: the representation of CONAVI alleged the following (transcription):

From the lawsuit filed by the plaintiff, it was determined that only the fifth and sixth facts were in controversy, which in turn are directly related to the alleged claims, to which we refer below.

Facts alleged by the plaintiff:
Fifth: After the expropriation proceedings, Mr. Jara's immovable property was divided into two portions by the Naranjo - Florencia Project highway, where the west sector is cut off and landlocked by the construction works carried out in the project, making entry to that portion of the land impossible, as the National Roads Council and the Ministry of Public Works and Transport did not provide for in the planning, design, and construction an access that communicates them with said strip.

Conclusion: as has been disproven since the very beginning of the proceeding, this circumstance is entirely false, and why? Because said property was not landlocked or cut off since, on the one hand, the construction of the highway leaves it a complete frontage onto that road asset, whereby any assertion of being landlocked is lost, and on the other hand, the project engineering ensured two things: permission to move within the project to attend to its activity on that portion of the property (2-377520-000), and furthermore, an access was made to said property, which was already in operation long before the filing of the lawsuit. That can be determined in different ways. Firstly, the response of this representation dated March 28, 2022, determines it as can be seen on page 8 where an image from the SIRI system is added and also a cadastral map is added where the street frontage of property 2-377520-000 is perfectly appreciated, in addition to this, report DM-2022-0750 of March 1, 2022, also reflects it on its pages 11, 12, 13, and 14, also through SIRI images and the already mentioned cadastral map. In this same report, we have photographs of said frontage to the street on pages 16 and 18. But in addition to this, we have report GCVP-PSC-15-22-005 (0353) of March 3, 2022, in which an extensive analysis is made of the circumstances of property 2-377520-000, where in image 1 on page 3, a representation is made of the two properties owned by the plaintiff and the one identified as B is the one corresponding to the object of this proceeding, from there it is determined that said property has a complete frontage and another smaller one onto the highway under construction, with which the fiction of this particular fact alleged by the plaintiff begins to be glimpsed. This image was also provided in the answer to the lawsuit.

[Figure 1. Location map of the property with real folio 2-377520-000 and its portions A and B. Adapted from SIRI Cadastral Information System].

Within this same report, it is also indicated that in a visit on February 22, 2022, exactly at point 19+900 of the route, the access to property 2-377520-000 is identified, for which they indicate it in this image identified as Figure 2:

[Figure 2. Location of the entrance].

Which appears on page 6 of the aforementioned report; further, photographs of said access were obtained which appear on pages 4 and 5, which are these:

[Photograph 1. View of the access to the property].
[Photograph 2. View of the entrance to the property].
[Photograph 3. View of the access from the highway towards the property].

From these photographs, it is extracted, from the documentary evidence, that property 2-377520-000 had direct access from the road work, which was maintained in usable condition, was accessible, and did not have restrictions attributable to the Administration. Jointly, it must be highlighted that said access was located on the south part of the property, as indicated in figure 2 supra. This is of utmost importance since the testimonial evidence and especially the expert evidence provide a spatial location at this exact point, let us see why.

In the first instance, the expert witness Leonel Rojas Castro provided by the plaintiff, in what is of interest, related that property 2-377520-000 did have a street frontage onto the route under construction, that since 2013, that access through the north part of said frontage was somewhat difficult but not impossible, associated with this he stated that in the north sector there is a spoil heap (escombrera) which in 2013, from his perspective, was unstable, but when challenged by this representation regarding the current date, and despite being the Geologist hired by the project, he was unable to verify that there were technical studies of any kind justifying a value judgment from a view of the land in 2013, moreover, he declared that, and within his knowledge as the project geologist, there were no projections on studies on that particular spoil heap because it did not represent current interest. But the most striking thing is that when he was asked about the south part of the property, he indicated that he was not aware of that access since he had not visited the property since 2013, but that it was possible that the access reviewed in photographs 1, 2, and 3 supra could be on property 2-377520-000.

For his part, the Judicial Surveying Expert Luis Jonathan González Portuguez (requested, transferred to the site, and paid for by the plaintiff), tried to indicate to us that property 2-377520-000 was landlocked and that it was not exploitable. This last aspect is surprising since he is not a specialist in agro-commercial or zootechnical activities, and he dared to review such nonsense; but what did become clear and evident, after giving a statement and interrogation totally pleasing to the plaintiff’s interests, was that in the cross-examination, both this representation and that of the State made it clear that, first: he was not certain that the access reviewed in photographs 1, 2, and 3 was not within property 2-377520-000, in fact, with the State's representative he entered into contradiction as to whether or not it was in the south sector of the property. However, before the Tribunal’s interrogation due to the inconsistencies observed during his statement, he openly admitted that the access was indeed within the property. This is of utmost importance since said professional even accompanied the plaintiff to the site, and determined in the plenary hearing that the south entrance, reviewed in report GCVP-PSC-15-22-005 (0353) of March 3, 2022, corresponded to an access to property 2-377520-000, thereby settling the matter of whether that property was landlocked or, failing that, was subject to expropriation, situations that evidently do not apply to that property.

For her part, the expert witness Ileana Aguilar Aguilar, a civil engineer, who was the Project Manager on that route for 2 years, although she did not precisely locate the access site, she was emphatic that property 2-377520-000 did have access from the public road, and that said access was enabled and in use. Associated with this, she described why said property cannot be considered landlocked and much less be expropriated, since it does not present characteristics that place it within this denomination. Now, it is relevant to indicate that Mrs. Aguilar, in her statement, when asked where the access was, pointed it out in the north part of the property, the correct part being the south, however, when the Executing Unit was consulted, by order of the Tribunal, about the new access projections to that property, they coincide perfectly with what Mrs. Aguilar indicated, as demonstrated by the image of official communication DM-UE-PIVMU-2025-276 of July 18, 2025, which is reproduced below:

[Inserts image of official communication DM-UE-PIVMU-2025-27].

With this, two circumstances are clear: the first is that Mrs. Aguilar did not testify as a witness pleasing to the defendant parties, in other words, she was not prepared to answer what was best for one of the parties, rather her statement was of unquestionable objectivity, and on the other hand, her vision as former project manager led her to believe that the provisional access was already established as a permanent one and that is why she was mistaken in the location. From this, it is also easy to distinguish that Mrs. Aguilar never contradicted herself in her statement, she was consistent with her answers, and always assured that the property was not landlocked since it had access and a quite extensive street frontage.

Regarding the expert witness Pamela Arias Retana, a surveying engineer, she has been working as an external consultant for the MOPT on the Ruta 35 project, within which the immovable property 2-377520-000 is located, and which she inexorably identified as the property of Ramiro Jara Huertas. Likewise, she also indicated that said property has access from the public road and identified it as the one seen in photographs 1, 2, and 3 of the report recorded above. She also determined that said access is at station 13+900 of the project, thus giving an exact location of the site. Furthermore, she clarified that said access is provisional until the project begins to take shape, and that it is barely in the offer reception stage, a situation that the expert witness Leonel Rojas Castro had also pointed out (in his capacity as external contractor for the MOPT), a context that should not detract from the fact that the plaintiff always alleged that his property was landlocked because there was no access to it, a scenario that was not real and was thus demonstrated not only in the different reports added to this proceeding, but also through the testimony of the witnesses and the expert report.

Regarding the report requested by the Tribunal from the Executing Unit, which responds to numbering DM-UE-PIVMU-2025-276 of July 18, 2025, there is a statement that is important not only because of the declaration of Mrs. Arias Retana, but also from the distinct reports already provided, and that is the location of the stations (exact points within a construction or conservation project of road projects), and as stated by the author of the report in point 3 “Preliminary Design”: “It is important to highlight that, within the framework of the ‘Central Section,’ an update of the projected stations has been carried out. Consequently, the current numbering of the same may not coincide exactly with the previously established one.” (bold is not from the original). As can be seen from the previous image, the stations proposed there no longer correspond to the previous ones provided, which cannot and should not lead to confusion, simply in a road project, especially of this magnitude, sections can be added or removed and therefore the station numbering changes. In this particular case, there is already a new phase of the project which is the southern point (Sifón-San Miguel), which unavoidably alters the previous stations. However, for the purposes of what has already been presented in the different procedural stages, the station that was always consistent in the different accounts is that it always corresponded to 13+900, which in this new report would correspond to 12+100, and in fact, it was not a relevant fact nor debated by the plaintiff, contrary sensu from this representation.

Sixth: The plaintiff is engaged in livestock activity. To date, access of cattle to the west property is impossible because it is landlocked, therefore I cannot use or move livestock to this portion of land, especially since the water resource used as a drinking trough is located there, affecting the productive unit that existed, as it divided it into two portions, making the use and enjoyment of his property right impossible.

Conclusion: This fact is closely related to the previous one since its main foundation is the alleged fact of being landlocked and lacking access for the entry of livestock, a situation that was clearly established as false. Here it is important to re-emphasize the different visual elements of report GCVP-PSC-15-22-005 (0353) of March 3, 2022, presented by this representation and admitted as documentary evidence in the current proceeding. In the so-called Figure 2 of the cited report, it is determined, and it was a fact accepted by the plaintiff, that the portion called “A” is the one corresponding to property 2-377520-000, the object of this proceeding, as seen in Figure 2, it was indicated at the time of issuance that said immovable property had an entrance at its south end, which it should be emphasized is the one appearing in the lower left part of the image marked with a yellow “X” and the legend “Entrance to Property”. This is relevant since, and in accordance with the testimonies of Pamela Arias Retana, Ileana Aguilar Aguilar, and the judicial expert Luis Jonathan González Portuguez, that entrance corresponds to property 2-377520-000.

[Inserts Figure 2. Location of the entrance].

For their part, the same witnesses, when consulted, identified that said access is the same one that appears in photographs 1, 2, and 3 of report GCVP-PSC-15-22-005 (0353) of March 3, 2022, where a rustic path optimal for livestock activities can be observed, and even the barbed wire fences indicating the boundary of the property can be seen, those photographs are the following:

[Inserts: Photograph 1. View of the access to the property. Photograph 2. View of the entrance to the property].
[Photograph 3. View of the access from the highway towards the property].

As assessed in these images, the access is for rural use, the fences for keeping livestock within the land are observed, and it can also be appreciated that the pastures (potreros) located within the property show signs of livestock use, since outside the fences the growth of both grass and bushes is observed to be much more developed than those located within the property object of the proceeding, which denotes the constant use of the property for livestock activity. With the aspects reviewed, it can be demonstrated that what the plaintiff indicated regarding that “…the access of livestock to the west property is impossible because it is landlocked, therefore I cannot use or move livestock to this portion of land…”, are totally unfounded and fanciful since the exact opposite has been demonstrated, as well as the baseless assertion of “…making the use and enjoyment of his property right impossible.”, since as has been described, none of his allegations have an acceptable material and legal basis, or even a moderately probable one. It is a fact that the property has access, and therefore it is not landlocked, whereby the access of people and livestock can be carried out and thus enjoy its use and right to the property.

Added to this and with respect to another factor indicated in that fact which says “…especially since the water resource used as a drinking trough is located there, affecting the productive unit that existed…”, the water resource, understood as the stream (yurro) that runs through the property, is found without any change and that is denoted in illustration 13 of report DM-2022-0750 of March 1, 2022, offered and admitted as evidence, the water source can be observed, defined as a sinuous red line that normally crosses property 2-377520-000, without there being any impact on the productive unit object of this proceeding, namely the property indicated above. This is important because it is undeniable that when the expropriation processes were generated, significant sums were recognized for the apparent impact of partitioning the parent property, whereby if what is intended is to again request compensation for damages already calculated, determined, and paid, the only option would be to declare material res judicata, as there are multiple judgments in that sense.

Now, none of the expert witnesses or even the judicial surveying expert have the expertise to properly determine the impact on livestock activity from a professional and evaluable point of view, which would be what is necessary to prove this aspect. However, when what is expressed by the plaintiff is read carefully, said situation is clearly and inseparably aligned with the aspects already described: the alleged lack of access and with it the apparent landlocked status of property 2-377520-000, situations that were already clarified not only by the reports provided by this representation, but also by the witnesses contributed and heard in the plenary stage.

[Inserts Illustration 13. Location layout of expropriations and property remnants].

It is for this reason that this fact must also be dismissed since, in light of provision 40.1.1 of the Civil Procedure Code, the requesting party has not managed to prove its claim, quite the contrary, it is the defendant that, with the attached documentary evidence and the statements of the witnesses, has delegitimized everything set forth in this and the previous fact.

Substantive issues: As can be estimated from the factual and legal argumentation deployed by this representation, the plaintiff fails to confer with any type of precision the controversial facts that support this lawsuit, namely the fifth and sixth facts. The primary intention of the plaintiff was the search for a declaration of landlocked status for property 2-377520-000, within two superlative assumptions: 1) the lack or non-existence of access and 2) the impossibility of constructing one. In this regard and given that the plaintiff also alleges the supposed landlocked status of the immovable property, the Usual Dictionary of the Judicial Branch determines the following: Landlocked property: A property that, because it is among others, does not have an exit, or sufficient exit, to a public road. However, from the beginning of the proceeding, this representation has been consistent that said situations did not exist and for this purpose, reports DM-2022-0750 of March 1, 2022, and GCVP-PSC-15-22-005 (0353) of March 3, 2022, were provided, in which categorically the non-existence of the fundamental elements for the admission of the controversial facts declared by the plaintiff was exposed. Specifically, said reports highlight that said property (2-377520-000) is not landlocked since it has an access, and from the photographs, not only said path is appreciated, but the construction of boundary fences of the property and the livestock activity carried out on said property are evidenced. The reports were always forceful and graphic regarding the circumstances already exposed, they were clear in the exact location not only of the property subject to the litigation but of the access generated, at the time, by CONAVI, in addition to indicating that Mr. Ramiro Jara Huertas (registered owner of the property) had access through the project to his legitimate property, so that he could carry out the activity for which it is destined: livestock farming, this is a fact admitted by Mr. Jara Huertas himself in his lawsuit.

Along with this, there is the statement of both expert witnesses Pamela Arias Retana and Ileana Aguilar Aguilar, who in conjunction with the surveying expert Luis Jonathan González Portuguez, left no doubt as to the location of the access reviewed in report GCVP-PSC-15-22-005 (0353) of March 3, 2022, which in addition to the manifest illustration of the mentioned path, give us a locatable location as 13+900, which assures us that said construction is not disconnected from the property in question. In this aspect, it must be indicated that report DM-UE-PIVMU-2025-276 of July 18, 2025, establishes that: “It is important to highlight that, within the framework of the ‘Central Section,’ an update of the projected stations has been carried out. Consequently, the current numbering of the same may not coincide exactly with the previously established one.” (bold is not from the original). It is for this reason that what was already indicated supra is ratified: “As can be seen from the previous image, the stations proposed there no longer correspond to the previous ones provided, which cannot and should not lead to confusion, simply in a road project, especially of this magnitude, sections can be added or removed and therefore the station numbering changes. In this particular case, there is already a new phase of the project which is the southern point (Sifón-San Miguel), which unavoidably alters the previous stations. However, for the purposes of what has already been presented in the different procedural stages, the station that was always consistent in the different accounts is that it always corresponded to 13+900, which in this new report would correspond to 12+100, and in fact, it was not a relevant fact nor debated by the plaintiff, contrary sensu from this representation.”

Having clarified this point, the circumstance of the alleged impossibility of continuing with the livestock activity must be addressed, intimately linked to the alleged landlocked status which, not being such, is reliably ruled out. Even more, from the photographs provided in the supra reports as well as those provided by the surveying expert, an evident livestock activity can be appreciated, for example, this image:

[inserts image whose description indicates: This image details the unevenness of the road in relation to the land in the topsoil layer].

As observed in the background towards the central part of the image, the access to the land is located, but also, the pastures (pastizales) for livestock use are noticed, which, if they were not in use, would be in the condition in which it is seen in the lower part of that same image, just at the lower edge of the gabion wall, which by the nature of the steep orography (sic) of the terrain is not suitable for the development of this activity, as shown in image 15 of report DM-2022-0750:

[Inserts Illustration 15. Design plan of the spoil heap located on Mr. Jara Huertas’s property, west side].

This is a topographic plan of what the situation was before the development of the gabion wall and even the spoil heap (figure in the center of the image, with multiple contour lines), with which it is determined that this sector of the property (the same one observed in the photograph) already had a very steep slope, impossible for any economic activity. However, in the rest of the land, the livestock activity can and must be being carried out, this despite not identifying livestock in some of the photographs provided, this as an analysis of the same pictures and confirming the grazing in the visible zones of the property. To demonstrate the grazing in the aforementioned zones, the photograph called “Illustration 16” is incorporated, visible on folio 18 of the same report:

[Inserts Illustration 16. Panoramic view of both properties of Mr. Jara Huertas. On the left of the photograph, the west property to which the owner claims access is observed].

In this image, it can be noted the zones at the edge of the Ruta 35 highway project, where, being a right-of-way, livestock activities are not carried out, so the progress of the herbage has a distinctive activity in relation to that which is indeed subjected to grazing. It is for this reason and, according to what is indicated, the pecuniary activity on the land object of the proceeding is fully demonstrable, and therefore, it is false that it cannot be used and enjoy the economic activities on property 2-377520-000, this in clear concordance with the demonstrated existence of access to said property.

Now, in accordance with report DM-2022-0750 of March 1, 2022, it is evident that the construction project for Route 35, Sifón-La Abundancia section, is in the possession of the Ministry of Public Works and Transport, through the Advisory Unit, Administration and Supervision Committee, PIT and PIV-APP, and its management is currently in the hands of the Road Infrastructure and Urban Mobility Resilient Connectivity Program, an entity attached to the MOPT, a circumstance that had already been noted in report GCVP-PSC-15-22-005 (0353) of March 3, 2022, issued by the Construction Management of this Council, where on page 8, points 4 and 5, it is stated: “… 4. The technical study for carrying out the project. This Management is not currently in charge of the construction of the project, since it was transferred to the Executing Unit of the MOPT by official letter DM-2020-2681 dated July 9, 2020, so it is not the competence of this Management to prepare the corresponding technical studies for its execution. 5. The works that are being carried out. No work is being carried out by this Management…” From this statement and from the report as a whole, it can be inferred that the National Road Council, while it was in charge of the Sifón-La Abundancia project, provided farm 2-377520-000, as is customary and still governs today, with a provisional access for the normal development of activities on that land; that Mr. Huertas Jara had free access to said land as its owner; and that the project at this moment and since 2022 is under the operational, planning, and execution control of the MOPT, through the aforementioned unit, and since this is the governing body of the sector, Conavi does not have the power to execute or order the Ministry to comply with any type of works in this project, therefore there is a lack of passive standing for Conavi in this process should one wish to compel the Administration to execute some action.

IV.- POSITION OF THE STATE'S RESPONSE. The state representation argues the following (transcript): This representation requests that the present claim be rejected in its entirety. The plaintiff argues that there has been: a) an act of omission by the administration. He indicates that the Administration should have “foreseen the impact on the property” by supposedly “leaving it cut off in the western sector.” He adds that the Administration should have “built an access to guarantee the full enjoyment of the right to property.” He insists that “the western sector is landlocked.” B) Landlocked condition of the farm and the duty to build an access. He indicates that as a result of “the two expropriation proceedings, a landlocked remainder was left, with no outlet to a public street, constituting an absolute landlocked condition”; and finally establishes c) The duty of total expropriation of the farm rendered unusable by partial expropriation. He argues that given the “impossibility” of “being able to exploit and use the western sector of the farm, as a consequence of the partial expropriation,” if an access to the public road is not built, its expropriation must be ordered because a remainder “inadequate for its rational use or exploitation” remains. This representation, in view of the aforementioned report, highlights that the plaintiff’s property is not landlocked. The plaintiff seeks, in the alternative, for it to be declared that as a result of the expropriations, an inadequate remainder exists and, therefore, he must be compensated. This claim constitutes a review of the judicial expropriation processes cited above, which is not admissible. By resolution No. 268-F-TC-2020 of 1:35 p.m. on December 15, 2020, the Court of Cassation for Contentious-Administrative and Civil Treasury Matters stated: “III.- As established by the Constitutional Chamber (vote no. 201805294, of 10:20 a.m. on April 4, 2018): \"(...) Expropriation is an institution of constitutional Administrative Law directly regulated in the Constitution, ordinal 45, paragraph 1 indicates that \"Property is inviolable; no one may be deprived of their property except for legally proven public interest, upon prior compensation according to the law (…)”. Of course, expropriation is a case, with its own constitutional and legal regulation, of administrative liability for lawful conduct, since a legitimate power, the power of expropriation, is exercised. This means that the rules that must be applied to expropriation, exclusively, are the constitutional ones that refer to that institute and the Expropriations Law, except, of course, if a regulatory gap exists. The Constitution imposes prior compensation, which must be full, complete, and just, leaving no items uncovered, otherwise, a confiscation will occur which is expressly prohibited by the constitutional text (article 40)\". The Expropriations Law (Law no. 7495 onwards), regulates in its Chapter III, Sole Section, the \"Special Expropriation Process\", whose object is the determination of the just price, when the expropriated party manifests disagreement with the administrative appraisal. Thus, in accordance with numeral 29 of that legal body, \"(...) only matters related to the review of the administrative appraisal of the expropriated property will be discussed, according to the conditions in which it was found, to set the final amount of the compensation\" (bold not in original). The special expropriation process is processed before the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, once the expropriation agreement is issued (article 28 of Law no. 7495 and 110 of the Organic Law of the Judicial Branch). The legislator conceived this special process for when the expropriated party or parties agree with the validity and exercise of the expropriation power, but there is disagreement with the administrative appraisal. Hence, this special process has as its sole object the just price, i.e., the amount of compensation, its discussion. This, like any special process, is subject to specific procedures characterized by the simplicity of their forms and their greater speed, which offers the expropriated party or parties the guarantee of being able to count on the full and complete compensation before the expropriating Administration takes possession of the property. This is the summary and expeditious route that the legislator provided for hearing and resolving on the quantum of compensation, for its definitive determination. Hence, its discussion in another route is not possible. It is different when what the expropriated party questions is the validity of the expropriation decree and exercise of the expropriation power, for which the ordinary route is the corresponding one. The party dissatisfied with the final resolution issued by the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court may file an appeal before the Contentious-Administrative Appeals Court, as provided by canon 40 of Law no. 7495, which, by the way, the plaintiff did not do. Once the judgment is final, it is not possible to hear in an ordinary process what was resolved on the determination of the just price of the expropriated property. It is clear, then, that in the instant case we are facing an act that is not susceptible to challenge through this route, as the discussion on the just price of the expropriated property was already conducted in the special expropriation process that the State timely filed against the plaintiff company, a dispute that ended with a final judgment.” (Highlighting is ours). In the expropriation processes cited by the plaintiff, the Court did not declare the existence of a portion of land as “inadequate.” That is, the compensation made in its time by the Court was comprehensive and the just price was established. It is not possible through this route and indirectly to come to review those firm and definitive jurisdictional acts as the plaintiff intends with this process. CONCLUSIONS BRIEF: the representation of the State alleged the following (transcript): Having reviewed the documentary evidence provided in the record, the expert and testimonial evidence submitted, and the factual and legal grounds, this representation reaches the following conclusions: First: The claims formulated by the plaintiff were defined as follows: “Main Claims: 1. That the construction of an access to the public road for the western sector of farm registration number 2-377520-000 be ordered, in order to eliminate its condition as a landlocked farm. 2. That the defendants be ordered to survey and process until its proper registration a new cadastral map for farm registration number 2-377520-000, which must include the verified access to the western portion of this farm. 3. That the defendants be ordered to pay the costs of these judicial proceedings. Alternative Claims: 1. Should the impossibility of building an access to the public road be determined, that the defendants be ordered to initiate the expropriation proceedings for the western sector of farm registration number 2-377520-000, as well as comprehensive compensation. 2. That the defendants be ordered to survey and process until its proper registration a new cadastral map for farm registration number 2-377520-000, which must include the changes produced by the expropriation of the western sector. 3. That the defendants be ordered to pay the costs of these judicial proceedings.” In the opinion of this representation, the above claims are inadmissible in all their aspects. It was demonstrated at trial: SECOND: Uncontested facts: i.- That the plaintiff is the owner of the farm registered in the registry entry 2-377520-000. ii.- That the property underwent two judicial expropriation processes (06-1001-163-CA and 12-885-1028-CA). iii.- That the farm was divided into two parts as a result of the expropriations and in the middle the highway to San Carlos is being built. THIRD: Contested fact that is the object of the process: The object of this process is centered on determining whether the portion of land located to the west has access or not, or if, on the contrary, this portion was landlocked. This representation managed to demonstrate that the proportional part located to the west of the plaintiff’s property IS NOT a landlocked property and that the State-Conavi built an access opening onto a public street. This fact makes the claims inadmissible. The evidentiary basis that accredits this fact is as follows: FOURTH: Relevant evidence: Official letter DM-2022-0750 issued by the Project Executing Unit. Official letter GCVP-PSC-15-22-005 (0353) page 4 and 5 contain photographs 1, 2, and 3. Entrance to the farm at station 13+900, inspection carried out on February 22, 2022. Folio 137 of the judicial file, the existence and suitable conditions of access to the land are determined. Expert witness Ileana Aguilar Aguilar assures that an entrance to the farm exists. She did not specify if it is the same one as in image 137 but she does remember that it has access to Route 35. She could not locate the exact location of the entrance, but this does not detract from the fact of its existence since they appear in the cited images. Expert witness Pamela Arias Retana, Civil Engineer and Topographer, property and expropriation specialist. Consultant for the MOPT. She confirms the existence of access to the property, folio 137, and indicates that there is a project for access improvements on the highway to San Carlos. The witness, given her experience, informed the Court that in the ZONE, the State in the future will issue a tender to make improvements, including among those the accesses. This statement, which is in fact uncertain (there is no proof), does not have the force to establish a specific obligation for the State. The works that the State may carry out in the future do not generate any obligation towards the plaintiff or any other person. It is clear that, as a result of the expropriation processes—uncontested facts—the plaintiff was fully compensated for the damages, including damage to the remainder. The obligation of the State is not to leave a landlocked property, a situation it complied with by providing an opening to the property onto a public street. It is clear that once the entrance is built, maintenance is the responsibility of the owner since it is private property and the State cannot maintain works located on private lands. Judicial expert. Luis Jonathan González Portuguez, expert report of March 31, 2023 (folio 212) and clarifications of September 25, 2023 (folio 350). He indicated, after being shown all the images and plans of farm 2-3777520-000 (folios of the judicial file 137, 222, 235, 244, 245, 259), that the access illustrated in photographs 1, 2, 3 of GCVP-PSC-15-22-005 (0353) CONAVI is inside the property of the plaintiff, basis of this claim, farm No. 2-3777520-000 western part. There is no margin for interpretation; the expert, after cross-examination and after reviewing the cited folios, had no choice but to confirm the fact of the existence of the access to the western part of the property facing a public street. By confirming that the farm has an adequate access to a public street, the main claim must be dismissed. It is also important to highlight that the images shown and those he presented in his report clearly indicate that the western side of the property, the object of this process, is completely steep, with a river or ravine that crosses a large part of the land, and that the very condition of the property makes it very difficult to access where vehicles have never circulated; the only way to traverse it is on foot given its mountainous nature. The slopes within the property are very high or pronounced, which is characteristic of the zone and was never caused by the State. In this sense, the built access is clearly seen to have the necessary width even for the entry of a vehicle; a culvert was installed to provide greater depth of access and, logically, a person can easily enter on foot, as seen in the cited photographs. Expert witness Leonel Rojas Castro proposed by the plaintiff. He declared that he went to the zone in the year 2013, that is, 12 years ago. This fact, added to the fact that he also stated that when he passes by he “does not pay attention” to the property, makes the witness not useful for defining the access or lack thereof, given that he stated he does not remember. However, he also confirmed that the property, the object of the process, is steep and difficult to access since its origin. This declaration confirms the inherent condition of the land, which, by all accounts, has always been mountainous with high degrees of slope. This—it is insisted—must give a sense of scale to the type of minimum access necessary. Finally, regarding claim number 2 “That the defendants be ordered to survey and process until its proper registration a new cadastral map for farm registration number 2-377520-000.” This representation wants to indicate that as a result of the cited expropriations (uncontested facts), the plaintiff was fully compensated for the damages suffered resulting from the transfer of land in favor of the State. These processes are concluded and are res judicata, for this reason, I reiterate the arguments given in the response brief. By having demonstrated that the property is not landlocked, there is no obligation on the part of the State to carry out works, much less to generate a map. There is no unlawful conduct or causal link regarding an action by the State that could generate such liability.

V.- PROVEN FACTS.- Of importance for resolving this matter, the following relevant facts are considered proven:

 1) Mr. Ramiro Jara Huertas holds a right of property, registered on July 2, 2002, over the farm of the province of Alajuela, real folio registration number 377520-000, located in the district of Volio of the canton of San Ramón. (Images 14 to 16 of the judicial file).

2) By judgment No. 1114-08 of 3:15 p.m. on September 12, 2008, in an Expropriation Proceedings process, the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court set at the sum of one hundred thirty-three million seven hundred fifty-seven thousand three hundred forty-six colones and eighty-nine cents, the compensation that the State had to pay to Mr. Ramiro Jara Huertas for the expropriation of a strip of land of 32,657.46 square meters from the property of his ownership, real folio registration number 377520-000, of the province of Alajuela, canton of San Ramón, district Volio. Mr. Jara Huertas appealed, and by judgment No. 359-2010 of 2:30 p.m. on August 31, 2010, the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, Second Section, partially modified what was granted as follows: “The appealed judgment is modified in that it grants eighty-nine million eight hundred eight thousand fifteen colones for compensation of the expropriated land, to instead grant the sum of ONE HUNDRED SIXTY-SEVEN MILLION THREE HUNDRED SIXTY-NINE THOUSAND FOUR HUNDRED EIGHTY-TWO COLONES AND FIFTY CENTS, at a rate of five thousand one hundred twenty-five colones per square meter; regarding the damage to the remainder, in that it grants twenty-six million nine hundred forty-nine thousand six hundred eight colones and eighty-nine cents, to instead approve it in the sum of TWENTY-SIX MILLION FOUR HUNDRED FIFTY-SEVEN THOUSAND FOUR HUNDRED FORTY COLONES AND FORTY-SEVEN CENTS; and in relation to the loss in milk production, the amount of fifteen million eight hundred seventy thousand colones granted is modified, to instead set it at FIFTEEN MILLION EIGHT HUNDRED FORTY THOUSAND COLONES, making a total, together with the improvements granted in the first instance (ONE MILLION ONE HUNDRED TWENTY-NINE THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY-THREE COLONES), of TWO HUNDRED TEN MILLION SEVEN HUNDRED NINETY-SIX THOUSAND SIX HUNDRED FORTY-FIVE COLONES AND NINETY CENTS. The rest is confirmed, with the clarification that the expropriated farm is divided into two portions as follows: Eastern Portion with a measurement of one hundred ninety-six thousand six hundred twenty-two square meters and the following boundaries: North partly Juan José Villalobos González, José Ángel Villalobos Argüello; South: lot to be segregated; East: Gustavo Villalobos Salazar, partly Miguel Ángel Villalobos González and partly public street; and West: lot to be segregated. Western Portion with a measurement of sixty-four thousand three hundred sixty-five square meters and sixty-five square decimeters and the following boundaries: North: lot to be segregated; South partly unnamed ravine, with Miguel Ángel Villalobos González in the middle, and partly Ricardo Villalobos González; East: lot to be segregated; West: partly Juan José Villalobos González, Francisco Solórzano, Efraín Solórzano Quesada”. Signing judges: Cristina Víquez Cerdas, Lilliana Quesada Corella, and Sady Jiménez Quesada. (Images 23 to 47 of the judicial file).

 3) By judgment No. 554-2016 of 9:00 a.m. on April 14, 2016, in an Appraisal for Expropriation Proceedings process, the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court set at the sum of thirty-nine million seven hundred sixty-eight thousand nine hundred fifty-five colones (39,768,955.20), the compensation that the State had to pay to Mr. Ramiro Jara Huertas for the expropriation of two strips of land from the property of his ownership, real folio registration number 377520-000, of the province of Alajuela, canton of San Ramón, district Volio, destined for the construction of the project called “New highway to San Carlos, Sifón-Ciudad Quesada Section.” The strips were described as follows: “The strips of land to be expropriated present the following common characteristics: their nature is pasture land, located in District 10 Volio, Canton 2 San Ramón, of the Province of Alajuela: the area corresponding to cadastral map No. A-1502400-2011 has a measurement of 365.00 square meters and borders to the North on Ramiro Jara Huertas; to the South on Ramiro Jara Huertas; to the East on the State; and to the West on Ramiro Jara Huertas; the area corresponding to cadastral map No. A-1502394-2011 is 13,281.00 square meters and borders to the North on Ramiro Jara Huertas: to the South on the State: to the East on Ramiro Jara Huertas and to the West on the State. The strip that is the object of the expropriation act is destined for the indicated public purpose. (…)” (Images 49 to 64 of the judicial file).

 4) Given what was resolved in the Appraisal for Expropriation Proceedings processes described in the second fact and the third fact, the boundaries of farm registration number 2-377520-000, owned by Mr. Jara Huertas, were as follows: North: Eastern portion: Juan José Villalobos González and José Ángel Villalobos Agüero and Lot 1. Western portion: Naranjo-Florencia Project and Lot 2. South: Eastern portion: Naranjo-Florencia Project Lot 1. Western portion: unnamed ravine, with Miguel Ángel Villalobos González and Ricardo Villalobos González in the middle, and Lot 2. East: Eastern portion: Gustavo Villalobos Salazar partly Miguel Ángel Villalobos González and partly Public Street. Western portion: Naranjo-Florencia Project and Lot 2. West: Eastern portion: Naranjo-Florencia Project and Lot 1. Western portion: Juan José Villalobos González, Francisco González, Francisco Solórzano, and Efraín Solórzano Quesada”. (Clarification note: in the registry publicity, the names: Cristina Víquez Cerdas, Lilliana Quesada Corella, and Sady Jiménez Quesada also appear as adjoining landowners for the Western Boundary, this being an evident material error by the Registrar who included the data from the expropriation judgment, since those names correspond to the names of the lady Judges who signed judgment No. 359-2010 of the Second Section of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court). (Images 14 to 16 of the judicial file).

 5) Farm real folio registration number 2-377520-000, in its western portion, has an access to a public road which is located at the positioning indicated by station 13+900 of Route 35, Sifón-La Abundancia section, that is, at the point that, along the route of that highway from its origin, is marked as 13+900 (13 kilometers and 900 meters). (Images 134 to 142, corresponding to technical report No. GCVP-PSC-15-22-005 of March 3, 2022, issued by the Road and Bridge Construction Management of CONAVI, as well as the declaration of the expert witness Eng. Pamela Arias Retana).

 6) By official letter No. DM-UE-PIVMU-2025-276 of June 18, 2025, Mr. Mario Campos Vega, Manager of the Executing Unit of the MOPT's Road Infrastructure and Urban Mobility Program, indicated the following, at the request of this Court: “1. Current status of the project: Contracting Process CR-L1151-P00004 “Contract for the design and construction of the Central Section of National Route No. 35”, for which the farm under consultation is within the project area, is in the bid review process, anticipating that a Contractor will be available to begin the final design management by the end of 2025. 2. Term for the definition of designs: According to the current contractual schedule, the final design phase is scheduled for the first half of 2026. The provision of the specific elements requested is conditioned on the definition of the following technical variables that will be determined at this stage: • Final grade line of the main road and service roads. • Final geometric design of intersections and accesses. Consequently, the specific information may be provided once the final report is approved. 3. Preliminary Design: However, the project has a preliminary design that has formed the basis for the contracting process, as well as the formalization of the expropriation processes currently in progress. This design allows, for informational purposes, to visualize the delimitation of the possible affectation on the property. It is important to highlight that, within the framework of the “Central Section”, an update of the projected stationings has been carried out. Consequently, the current numbering thereof might not exactly coincide with that previously established. [Inserts image of a georeferenced map of farm 2-377520-000, with an indication of the projected access for the western portion located at station 12+500]. 4. General Project Considerations: Infrastructure projects of this magnitude involve a succession of design, review, and approval phases, which are subject to the contractual deadlines established to guarantee the technical, environmental, and economic viability of the works. The conceptualization and definition of the accesses are intrinsically integrated into these phases and, therefore, cannot be addressed in an isolated or anticipated manner without the completion of all the technical studies and the pertinent approvals. It is reiterated that, given the inherent complexity and the sequential stages required by a project of this magnitude, the materialization of the definitive accesses is not of immediate or prompt execution. Additionally, the materialization and execution of the definitive accesses constitute an integral part of the general construction process of the project, which entails progressive management and necessary coordination with the owners of the affected properties. From the perspective of the project, the commitment to address the accessibility conditions of the properties is reiterated, in strict observance of the defined schedules and the procedures established by current regulations”. (Images 486 to 488 of the judicial file).

 VI.- UNPROVEN FACTS.- Of relevance for the resolution of this matter, the following is considered unaccredited:

 Only) That the plaintiff is engaged in livestock activity. (There is no evidence in the record).

 VII.- ON THE MERITS. The plaintiff is the owner of the farm of the province of Alajuela, real folio registration number 2-377520-000, which was partially expropriated from him in the year 2008, as a result of which it was judicially ordered that said property be divided into two portions: Eastern portion and Western portion, because it was crossed by the strip of land expropriated to form the route of the new highway to San Carlos (Sifón-La Abundancia). In this process, the plaintiff alleges that the western portion of the indicated farm has the nature of a landlocked property (fundo enclavado) due to the expropriation activity, and that given this condition, the State must build him an access to the public road, as well as the survey and processing of a new cadastral map in which the access of the western portion of farm 2-377520-000 is included. In the alternative, he seeks to have the defendants ordered to initiate the expropriation proceedings for the western sector of farm registration number 2-377520-000 and its comprehensive compensation, as well as the survey and processing of a new cadastral map for farm registration number 2-377520-000, in which the expropriation of the western sector is included. The Court, after evaluating the evidence, considers that the claim must be declared without merit, for the reasons set forth below.

 VIII.- As a starting point, the Court is clear that the western portion of farm 2-377520-000 does have an access to a public street. That access is located at the positioning indicated by Station 13+900 of the highway to San Carlos, that is, at the point that, along the route of that highway from its origin, is marked as 13+900 (13 kilometers and 900 meters). This is recorded in technical report No. GCVP-PSC-15-22-005 of March 3, 2022, issued by the Road and Bridge Construction Management of CONAVI (images 134 to 142), a document that is public and has not been proven to be false, so its content is authentic, valid, and fully effective in accordance with articles 45.1 and 45.2 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil). This access can be observed in photographs 1, 2, and 3 of that technical report and, in terms of spatial location, figure number 2 of the referenced report shows that the access to a public street for the western portion of the plaintiff's farm is located in the southern part of that portion (marked with an X). Regarding the expert testimony of Engineer Leonel Rojas Castro, the Court considers that his declaration is neither useful nor relevant for the determination of the debated fact, since the witness was very clear that his knowledge of the situation of farm 2-377520-000 dates from the year 2013, which was the year he visited the property, and he is not aware of the existence of the access in the southern part of the western portion. His knowledge focused on referring to a spoil tip that was dumped on the plaintiff's farm in 2013; likewise, he referred to the existence of a gabion wall, about another spoil tip bordering the plaintiff's farm, about stability problems in that area, about the sloping topography of the land, and about the existence of a ravine. In general terms, the expert witness Rojas Castro did not provide any element that is pertinent and relevant to clarify the disputed object, because he did not specify whether or not there currently exists an access to a public road for the western portion of the property so many times mentioned.

Regarding the expert Luis Jonathan González Portuguez, the Court chooses not to accord value to his statements concerning the existence of access from the western portion to the public road, because although in his clarifications to the expert report (images 350 to 359), he indicated: that the property is landlocked (finca enclavada), that it has no entrance or exit, that the property has no other accesses than the expropriation street (sic), that the property has no access facing the public road in the southeast direction due to the topography of the parcel and that it does not permit access to the north due to the construction of the gabions, the truth is that during the interrogation conducted at the trial hearing, the expert, when asked about the access documented in photographs 1, 2, and 3 of technical report N°GCVP-PSC-15-22-005, contradicted himself on two occasions. On the first occasion, he stated that it "seemed" to him that this access was outside the polygon—the graphic representation of the parcel—on the property survey, then, in response to questions from the state representative, he indicated that it seemed to him that the access was inside the polygon of the property survey, and finally, before a direct question from the Court, which confronted him precisely because of the confusion and contradiction in his answers on the matter, he affirmed, without any material support, that he considered the access to be outside the polygon of the survey. For the Court, the assessments issued by the expert in relation to the access visible in photographs 1, 2, and 3 of technical report N°GCVP-PSC-15-22-005 lack seriousness, demonstrated that the expert had no certainty whatsoever regarding the matter consulted, and that he neither reviewed nor studied the situation of the access shown in report N°GCVP-PSC-15-22-005, cited so many times; his statement (as also in his report) referred to: the unevenness of the property relative to the highway, the existence of a yurro (arroyo) (stream), and the difficulties of accessing the property due to the gabion wall located in a sector of the property's boundary with the highway. For these reasons, this Chamber detracts probative value from the expert report, its clarifications, and the expert's statement at trial. Regarding the expert testimony of Engineer Ileana Aguilar Aguilar, the Court finds that her statement initially did not provide significant elements of conviction regarding the situation of an access to the western portion of the property at issue in the proceeding; however, Mrs. Aguilar Aguilar, when asked about the location of the access, pointed to a point in the northern part of the western portion of the claimant's property (image 125, which corresponds to Illustration 10 of official communication DM-2022-750), a position indicated by the expert witness that coincides with the location highlighted by Engineer Mario Campos Vega, Manager of the Executing Unit of the Road Infrastructure and Urban Mobility Program (Unidad Ejecutora del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana) of MOPT, in official communication DM-UE-PIVMU-2025-276 of June 18, 2025, ordered by this Court as evidence to reach a better decision, as can be observed in the georeferenced map visible at image 487 of the judicial file, which shows that the preliminary design of the definitive access to be made for the western portion of property 2-377520-000 of the plaintiff is projected to be built at the positioning corresponding to station 12+500, which is precisely in the northern part of the western portion of the plaintiff's property. Therefore, this Chamber considers that what was indicated by expert witness Aguilar Aguilar is indeed relevant to the matter discussed here, given that it confirms that MOPT will build a definitive access to the public road for the western portion of the property at issue in this proceeding, which is of extreme relevance because it means that, in addition to the access that already exists in the southern part of the western portion of property 2-377520-000, there will be another entrance for the property in question, and that is precisely the object of this proceeding, as the attorney representing the plaintiff very clearly indicated, in the sense that what the plaintiff sought with this proceeding was solely for an access to be built to their property on the western portion. Finally, expert witness Pamela Arias Retana, Civil Engineer and Surveyor, who is a consultant for MOPT as a property specialist for expropriation processes, was very emphatic in affirming that the access appearing in photographs 1, 2, and 3 of technical report N°GCVP-PSC-15-22-005, visible at images 137 and 138 of the judicial file, indeed correspond to the access on the property belonging to the plaintiff, given that she observed it on a recent visit to the site and indicated that it is located at the point marked as station 13+900. The expert witness further explained that there was a preliminary design for building definitive accesses on the properties that were partially expropriated for the Ruta 35 project (Sifón-Abundancia sector), and that at this time a public procurement process was underway to arrive at the final design and construction of those accesses, within which the access for the property of plaintiff Ramiro Jara Huertas was contemplated. Specifically, in light of these statements by Engineer Arias Retana rendered at trial, this Court ordered as extraordinary documentary evidence, under the protection of Article 100.1 subsection e) of the CPCA, that the defendant bring to the proceeding the information regarding the existence of that preliminary design showing the location of the definitive access for the western portion of the plaintiff's property, which was fulfilled through the attorney representing CONAVI, who provided official communication N°DM-UE-PIVMU-2025-276 of June 18, 2025, issued by Engineer Mario Campos Vega, Manager of the Executing Unit of the Road Infrastructure and Urban Mobility Program (images 486 to 488), from which it is clearly evident that MOPT is indeed processing procurement CR-L1151-P00004 "Procurement for the Design and Construction of the central section of National Route No. 35," whose design phase is scheduled for the first half of 2026, in which the final grade line of the main road and service roads and the final geometric design of intersections and accesses will be determined, and that the project has a preliminary design containing the projected stationing points, from which it follows that the eventual access that the western portion of the plaintiff's property would have would be at station 12+500. The statement of expert witness Arias Retana, which was clear, precise, and concordant, without contradictions, nor elements casting doubt on its veracity, together with the documentary evidence from official communication N°DM-UE-PIVMU-2025-276 of June 18, 2025, allow the conclusion that although procurement CR-L1151-P00004 is subject to the fulfillment of stages and timeframes, and that its execution is, therefore, future, the truth is that this procurement demonstrates the certain, not merely hypothetical, existence of the current development of a formal administrative activity of a bilateral nature (public contract) whose purpose is to materialize the accesses for the properties bordering Ruta 35 Sifón-La Abundancia, including the western portion of 2-377520-000, owned by the plaintiff. Therefore, it is deemed to be an additional factual element for declaring this lawsuit inadmissible, insofar as it means that it is not only proven that the plaintiff's property in its western portion does currently have an access located to the south at station 13+900, but also that it will have another at station 12+500. And this is an important aspect, because although the state representative asserts that the works the State may carry out in the future do not generate any obligation against the plaintiff or any other person, in reality, in this case, they do, given that it concerns a procurement procedure that is in the offer review stage, as indicated by the Manager of the Executing Unit of the Road Infrastructure and Urban Mobility Program in official communication N°DM-UE-PIVMU-2025-276, who clearly stated: "...the materialization and execution of the definitive accesses constitute an integral part of the general construction process of the project, which entails progressive management and necessary coordination with the owners of the affected parcels"—emphasis ours—, making it clear that the will of the Administration has already been expressed, and that will, in accordance with the referenced procurement, consists of materializing and executing the definitive accesses for the properties adjoining Ruta 35, the highway to San Carlos, Sifón-La Abundancia sector. It is therefore not a mere eventuality, but an obligation that is, in fact, already underway.

IX.- In conclusion, based on the evidence assessed, the Court reaches the conviction that property 2-377520-000 in its western portion is not a landlocked property (fundo enclavado), given that in accordance with Article 395 of the Civil Code, a parcel has that characteristic when it is located among other foreign parcels and has no exit, or has insufficient exit to the public road, and in this case it has been shown that the western portion of the property faces a public road and does have an access to it, which is located at the point marked by station 13+900, in the southern part of the property. Additionally, it has been proven that the aforementioned property will in the future have a definitive access that is preliminarily projected to be built at the location corresponding to station 12+500, this being an obligation incurred by the Administration as it is part of the scope of procurement N°CR-L1151-P00004 "Procurement for the Design and Construction of the central section of National Route No. 35," which is currently in the offer review phase and in the future will reach execution. In sum, the Administration has not incurred any omission regarding the construction of an access so that the plaintiff may enter the western portion of the property. No assessment is made as to whether the access located at station 13+900 has the conditions for the passage of livestock, since the plaintiff did not demonstrate that they engaged in such activity, making that discussion irrelevant, besides which the plaintiff's representative was very clear that the object of this proceeding is solely for an access to be built.

X.- ON THE DEFENSES. For the reasons expressed in this judgment, the defense of lack of right is upheld.

XI.- ON THE CLAIMS FOR RELIEF. Based on the considerations given in this judgment, the lawsuit must be dismissed in all its aspects.

XII.- ON COSTS. By express provision of Article 193 of the Code of Administrative Litigation Procedure, the plaintiff must be ordered to pay both costs of the action solely because they have been defeated in this proceeding, with no reasons justifying their exoneration pursuant to subsections a) and b) of the cited Article 193. Costs will accrue interest once their amount is determined and enforceable.

POR TANTO

The defense of lack of right is upheld. Consequently, the lawsuit is dismissed in all its aspects. Both costs of this action are borne by the plaintiff, as well as any eventual interest that may accrue on them once their amount is determined and enforceable.— EDUARDO GONZÁLEZ SEGURA, LOURDES VARGAS CASTILLO, MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ VARGAS. TRIAL JUDGES.


- Código Verificador -
*EZGUPVEQABI61*


Documento firmado por:

EDUARDO GONZÁLEZ SEGURA, JUEZ/A DECISOR/A
LOURDES VARGAS CASTILLO, JUEZ/A DECISOR/A
MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ VARGAS, JUEZ/A DECISOR/A

EXP: 21-007325-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:27:53.

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