Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)VII. Sobre el fondo [...] En relación a este argumento, la parte actora no aporta elemento probatorio alguno en donde se acredite, fehacientemente, que la Municipalidad de Sarchí haya emitido un acto administrativo a su favor, concediéndole sobre la propiedad inscrita en el partido de Alajuela bajo el sistema de folio real matrícula 224094-000, con plano catastrado A-0721701-1987 perteneciente a la citada corporación local, un derecho o una expectativa de derecho, máxime cuando la pretensión formulada es que se finalice la donación [...] si bien es cierto se hace referencia a la constitución de la Ciudadela y las intenciones de la corporación local sobre la disposición de la misma, ésta no se materializó ni concretó en un acto administrativo en favor de la parte actora -o al menos no lo prueba-, constituyendo así una simple tolerancia del el gobierno local en cuanto al uso de la finca inscrita en el partido de Alajuela bajo el sistema de folio real matrícula 224094-000, que no genera derecho alguno en favor de la parte actora, menos aún en una donación como se informa. En este sentido, se tiene por acreditado que la propiedad objeto del presente proceso se encuentra inscrita registralmente a nombre de la Municipalidad de Sarchí (hecho probado 10), de forma que cualquier uso que pueda darse a ésta por la parte actora, implica un acto de mera tolerancia, al cual se le puede poner fin en cualquier momento, dado que no genera un derecho de posesión, tal y como lo dispone el inciso 1) del artículo 279 del Código Civil: “Independientemente del derecho de propiedad, se adquiere el de posesión: 1º.- Por consentimiento del propietario. Los actos facultativos o de simple tolerancia no dan el derecho de posesión...". [...] Así las cosas, el argumento formulado debe ser rechazado por cuanto la parte actora no cuenta con título habilitante alguno que le conceda un derecho respecto de la finca inscrita en el partido de Alajuela bajo el sistema de folio real matrícula 224094-000. [...] IX. Sobre las defensas formuladas. [...] lo procedente es acoger las defensas de falta de legitimación ad causam activa y pasiva opuestas por las representaciones del SINAC y del Estado, por lo que se hace innecesario ingresar al análisis de las defensas de falta de derecho interpuestas por ambas representaciones.
English (translation)VII. On the merits [...] Regarding this argument, the plaintiff does not provide any evidentiary element that reliably proves that the Municipality of Sarchí issued an administrative act in her favor, granting her a right or an expectation of a right over the property registered under the real folio system, folio number 224094-000, province of Alajuela, with cadastral map A-0721701-1987 belonging to the said local corporation, much less when the claim filed is that the donation be finalized [...] even though reference is made to the establishment of the Ciudadela and the intentions of the local corporation regarding its disposition, this did not materialize or crystallize into an administrative act in favor of the plaintiff –or at least she does not prove it–, thus constituting simple tolerance by the local government regarding the use of the estate registered under the real folio system, folio 224094-000, which generates no right in favor of the plaintiff, much less a donation as alleged. In this sense, it is proved that the property at issue is registered in the name of the Municipality of Sarchí (proven fact 10), so any use that may be made of it by the plaintiff is an act of mere tolerance, which may be terminated at any moment, given that it does not generate a possessory right, as provided by subsection 1) of Article 279 of the Civil Code: 'Independently of ownership right, possessory right is acquired: 1. By consent of the owner. Facultative acts or acts of simple tolerance do not give possessory right...' [...] Thus, the argument raised must be rejected because the plaintiff lacks any enabling title that grants her a right over the estate registered under the real folio system, folio 224094-000. [...] IX. On the defenses raised. [...] it is appropriate to uphold the defenses of lack of active and passive standing raised by the representatives of SINAC and the State, making it unnecessary to analyze the defense of lack of right raised by both representatives.
Dismissed
Grande Normal Pequeña Tribunal Contencioso Administrativo Resolución Nº 07309 - 2025 Fecha de la Resolución: 21 de Julio del 2025 a las 15:38 Expediente: 20-005185-1027-CA Redactado por: Marco Antonio Hernández Vargas Clase de asunto: Proceso de conocimiento Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias del mismo expediente Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Administrativo Tema: Bienes públicos Subtemas: Inexistencia de derecho subjetivo a donación con respecto a ocupación por simple tolerancia de inmueble municipal. Tema: Proceso contencioso administrativo Subtemas: Inexistencia de derecho subjetivo a donación con respecto a ocupación por simple tolerancia de inmueble municipal. "VII. Sobre el fondo [...] En relación a este argumento, la parte actora no aporta elemento probatorio alguno en donde se acredite, fehacientemente, que la Municipalidad de Sarchí haya emitido un acto administrativo a su favor, concediéndole sobre la propiedad inscrita en el partido de Alajuela bajo el sistema de folio real matrícula 224094-000, con plano catastrado A-0721701-1987 perteneciente a la citada corporación local, un derecho o una expectativa de derecho, máxime cuando la pretensión formulada es que se finalice la donación [...] si bien es cierto se hace referencia a la constitución de la Ciudadela y las intenciones de la corporación local sobre la disposición de la misma, ésta no se materializó ni concretó en un acto administrativo en favor de la parte actora -o al menos no lo prueba-, constituyendo así una simple tolerancia del el gobierno local en cuanto al uso de la finca inscrita en el partido de Alajuela bajo el sistema de folio real matrícula 224094-000, que no genera derecho alguno en favor de la parte actora, menos aún en una donación como se informa. En este sentido, se tiene por acreditado que la propiedad objeto del presente proceso se encuentra inscrita registralmente a nombre de la Municipalidad de Sarchí (hecho probado 10), de forma que cualquier uso que pueda darse a ésta por la parte actora, implica un acto de mera tolerancia, al cual se le puede poner fin en cualquier momento, dado que no genera un derecho de posesión, tal y como lo dispone el inciso 1) del artículo 279 del Código Civil: “Independientemente del derecho de propiedad, se adquiere el de posesión: 1º.- Por consentimiento del propietario. Los actos facultativos o de simple tolerancia no dan el derecho de posesión...". [...] Así las cosas, el argumento formulado debe ser rechazado por cuanto la parte actora no cuenta con título habilitante alguno que le conceda un derecho respecto de la finca inscrita en el partido de Alajuela bajo el sistema de folio real matrícula 224094-000. [...]". ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Texto de la resolución EV Generación de Machote: F:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\Modelos\Contencioso\TCRESOL016.dpj ???????????????? Expediente: 20-005185-1027-CA Asunto: Proceso de conocimiento Actor: Gloria Morales Arce Demandado: Municipalidad de Sarchí, Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Estado N° 2025007309 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN SEGUNDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las quince horas con treinta y ocho minutos del veintiuno de julio del dos mil veinticinco.- Proceso contencioso administrativo interpuesto por la señora Gloria Morales Arce, cédula 2-0430-0390, contra la Municipalidad de Sarchí, Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Estado. Intervienen el licenciado Jorge Chaves López, en representación de la parte actora y los licenciados Lineth Arce Valverde, Christian Barrero Godínez y Gloria Solano Martínez, en representación de las partes demandadas, respectivamente. A continuación, procede este Tribunal Colegiado a dictar la sentencia de primera instancia, con el voto unánime de sus miembros, previa deliberación de rigor. Redacta el juez Hernández Vargas. Considerando. I.- Antecedentes procesales. A efectos de resolver el presente proceso contencioso administrativo, en las siguientes líneas se expondrán los antecedentes de relevancia: 1.- La presente causa se ha sustanciado en esta sede en forma electrónica, por lo que se utilizará como referencia la foliatura del documento electrónico generado como un único archivo en formato PDF, obtenido del Escritorio Virtual con las opciones "Orden Descendente" y "Ver descripción de Documento (PDF)" desmarcadas y con la opción "Ver detalles carátula del Expediente" seleccionado en "Final", el cual incluye un total de 1893 imágenes del expediente judicial y 280 imágenes del expediente de medida cautelar. Se cuenta además con un expediente administrativo digital (184 imágenes). La anterior precisión se realiza a efectos de dejar constancia de la totalidad de imágenes que conforman los distintos expedientes y la referencia a cada uno de estos bajo la denominación indicada. 2.- Mediante la Ley 9658, denominada “Cambio de nomenclatura del Cantón XII de la provincia de Alajuela para que se denomine Sarchí”, del 05 de julio de 2019, se dispuso en su artículo único que: “Se denomina el cantón XII, de la provincia de Alajuela, con el nombre de Sarchí”. Lo anterior es de relevancia en el presente asunto porque en algunos actos se indica Municipalidad de Valverde Vega y en otros Municipalidad de Sarchí, lo cual se realiza de esta forma para respetar el nombre que tenía el cantón al momento de presentarsen los hechos que se referencian en cada oportunidad y así no afectar lo consignado en los actos señalados. 3.- Se tiene por interpuesto el proceso de conocimiento, en el cual se establecen las pretensiones que fueron determinadas en la demanda presentada el 02 de diciembre de 2020, la corrección presentada el 10 de diciembre de 2020 y la audiencia preliminar celebrada el 11 de enero de 2022, de la siguiente forma: “En consonancia con los elementos de hecho y derecho señalados, por existir una clara transgresión al derecho a la propiedad y a un medio ambiente sano y equilibrado, violación que se constata en el presente, pero que, además, con la inminente posibilidad de que empeore con el trascurso del tiempo, conceptos contenidos en ordinales 45, 50, 51 de la Constitución Política, artículos 29, 32, 33, 34, 35, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional N° 7135; así como la violación al debido proceso, resguardado en los numerales 27 y 30 de nuestra carta magna, numeral 58 siguientes y concordantes del Código Contencioso Administrativo. Con base en los fundamentos de hecho y de derecho debidamente determinados solicito: / 1- Declarar con lugar la presente demanda. / 2- Que se ordene a la municipalidad recurrida finalizar con la entrega registral mediante donación a favor de mi persona, y se inscriba y otorgue el plano correspondiente. / 3- Que se ordene a las entidades accionadas el cese inmediato de cualquier orden administrativa tendiente al desalojo de mi persona quien es vecina del Caserío Rio (sic) Sarchí. / 4- Que se ordene establecer de modo definitivo, si mi vivienda se encuentran (sic) dentro de la franja de protección de los nacientes acuíferos. / 5- Que se ordene a las accionadas, excluir de cualquier gestión administrativa de desalojo mi casa de habitación. / 6- Que se condene a la Municipalidad de Sarchí, al SINAC y al Estado, al pago de daños, perjuicios y costas; por su actuar en perjuicio de mi persona. / Los cuales se concretan y fundamentan a continuación: / - Su causa: el despojo del terreno dado por la municipalidad, el cual no está en zona de protección así como el despojo de la edificación (casa) y toda inversión realizada en el sitio de buena fe. / Daño material: se estiman prudencialmente los mismos en la suma de treinta y cinco millones de colones, que es el valor del terreno y construcciones. / Daño moral: la suma de cinco millones de colones, que representa la angustia y sufrimiento que han generado los accionados, con la amenaza de despojar a nuestra familia de la inversión de toda una vida, dejándonos sin vivienda y sin un lugar digno donde habitar. / Perjuicios: se establece en la suma de la suma de un millón de colones, que representan las perdidas (sic) o montos dejados de persibir (sic), por no poder disponer de nuestros bienes, sea alquilando o vendiendo los mismos, todo ello por el actuar ilícito de las demandadas. / Costas: se establecen las mismas en la suma de un millón de colones, correspondientes a costas personales y procesales acorde con la tabla de aranceles y honorarios vigentes para abogacía. / Total liquidado prudencialmente: cuarenta y dos millones de colones. Lo cual puede subir de acuerdo a las pericias solicitades (sic). (Lo consignado respecto al detalle de la pretensión 6 se consignó en mayúsculas en su original) (En la Audiencia Preliminar de las trece horas cincuenta minutos del once de enero de dos mil veintidós, la parte actora desistió de las pretensiones 7 y 8 del escrito de demanda) (imágenes 02, 110 y 1835). 4.- En escrito presentado el 11 de marzo de 2021, la representación del Estado contestó negativamente la demanda. Formuló las excepciones de fondo de falta de derecho, falta de legitimación ad causam pasiva y falta de legitimación activa. Peticionó, se rechace en todos sus extremos la demanda y se condene a la parte actora al pago de ambas costas del proceso y a los intereses que se generen hasta su efectivo pago. (imagen 232 del expediente judicial). 5.- En escrito presentado el 17 de marzo de 2021, la representación del SINAC contestó negativamente la demanda. Formuló las excepciones de fondo de falta de derecho, falta de legitimación ad causam pasiva y falta de legitimación activa. Peticionó, se declare sin lugar la demanda en todos sus extremos y se condene a la parte actora al pago de ambas costas y sus intereses. (imagen 244 del expediente judicial). 6.- Mediante resolución 758-2021-T de las ocho horas con treinta minutos del cuatro de junio del dos mil veintiuno, el Juez Tramitador rechazó la solicitud de medida cautelar solicitada por la señora Gloria Morales Arce. (imagen 275 del expediente de medida cautelar) 7.- En escrito presentado el 24 de junio de 2021, la representación de la Municipalidad de Sarchí contestó negativamente la demanda. Formuló las excepciones de fondo de falta de derecho y falta de legitimación activa. Peticionó, rechazar en todos sus extremos la demanda y condenar a la parte actora al pago de ambas costas e intereses que se generen hasta su efectivo pago. (imagen 256 del expediente judicial). 8.- Se realizó la Audiencia Preliminar a las trece horas cincuenta minutos del once de enero de dos mil veintidós, en donde las partes manifestaron que no tenían aspectos de saneamiento, se realizaron ajustes a las pretensiones. La parte actora desistió de las pretensiones 7 y 8 del escrito de demanda. El Juez tramitador declara sin lugar la defensa de falta de agotamiento de la vía administrativa interpuesta por la Municipalidad de Sarchí. Se determinaron los hechos controvertidos, se procedió a la admisión de la prueba documental y se declaró el asunto de puro derecho. (imagen 1835 del expediente judicial y grabación en soporte digital) 9.- En escritos presentados el 14 de enero de 2024, la representación de la parte actora y las representaciones de las partes demandadas, emitieron las conclusiones en torno a la presente causa. (imágenes 1840, 1854, 1858 y 186 del expediente judicial) 10.- En los procedimientos se han observado las prescripciones y términos de ley y no se observan nulidades que subsanar o que generen indefensión. II.- Argumentos de la parte actora. En cuanto a la formulación de la demanda, se transcribe lo indicado por la parte actora: HECHOS. PRIMERO: En sesión ordinaria número 20 celebrada por el Concejo Municipal de Valverde Vega de las veintidós horas con diez minutos del día 7 de noviembre de 1986, folio número 2171 y 2172, artículo décimo tercero: los señores regidores, Rodríguez Rodríguez, Alfaro Camacho, Quesada Esquivel y Chaverri Murillo, presentan moción la que fue aprobada por unanimidad y a la letra dice: "mocionamos con el propósito de solicitar al Ifam (sic), la asesoría técnica necesaria con el fin de realizar el levantamiento topográfico y la escrituración respectiva de los lotes que forman parte de la propiedad situada a orillas del Río Sarchí, donada por el señor Luis Castro Monge a la municipalidad (sic) de Valverde Vega, con el fin de construir viviendas de tipo popular. Acuerdo (sic) firme". (ver prueba uno). SEGUNDO: El 23 de enero de 1988 se inscribió a nombre de la Municipalidad de Valverde Vega, la propiedad con una cabida de 8145 metros con 87 decímetros cuadrados; partido de Alajuela finca inscrita en folio real 224094-000, plano catastrado A-0721701-1987, donada por el señor Luis Castro Monge para ser destinada a la construcción de viviendas de interés social. (ver prueba 2). TERCERO: Que la finca inscrita en folio real 224094-000, cuenta con plano catastrado número A-0721701-1987; del cual nacieron en su momento, como planos hijos del mismo los siguientes planos catastrados: A-99944-92, A-88069-92, A-92495-93, A-88071-92, A-89972-92, A-89600-92, A-93584-93, A-92496-93, A-92499-93, A-93582-93, A-87791-92, A-89780-92, A-87662-92, A-87661-92, A-594734, A-89782-92, A-87795-92, A-87289-92, A-93583-93, A-89781-92, A-87792-92, A-92497-93, A-87794-92, A-88068-92, A-87793-92, mismos que fueron tramitados y entregados a cada uno de los beneficiarios por parte de la propia Municipalidad de Sarchí, con el fin de inscribir los terrenos a nombre de los aquí recurrentes. (ver prueba 3). CUARTO: En sesión ordinaria número 74 celebrada por el Concejo Municipal de Valverde Vega, en la ciudad de Sarchí norte de las dieciocho horas del día 18 de marzo de 1988, folio número 2419 y 2420, estableció en su artículo cuarto: "en vista que en Sarchí sur Valverde Vega, se instaló una ciudadela denominada "Ciudadela Río Sarchí" y la misma cuenta con aproximadamente 18 casas de habitación de interés social, las cuales no cuentan con el servicio de instalación eléctrica, por lo tanto, el Concejo Municipal de Valverde Vega por unanimidad, acuerda: solicitar muy respetuosamente al instituto costarricense de electricidad (sic) ice (sic) el servicio eléctrico indicado, así como la posibilidad de instalar un teléfono público en el lugar citado. acuerdo (sic) firme. artículo (sic) quinto: el Consejo (sic) Municipal de Valverde Vega por unanimidad, acuerda: solicitar muy respetuosamente al departamento de planeamiento del ministerio de educación pública (sic), la apertura de un centro educativo en alto de centro Sarchí sur, con el propósito de favorecer a los vecinos de ese lugar y a los pobladores de la ciudadela Rio (sic) Sarchí, quienes deben asistir a la escuela de san juan (sic) de Grecia o Sarchí sur, lo cual representa a los niños un grado de peligrosidad debido a las distancias. acuerdo firme.'' (ver prueba 4). QUINTO: En sesión ordinaria número 85 celebrada por el Concejo Municipal de Valverde Vega, en la ciudad de Sarchí norte de las dieciocho horas del día 24 de junio de 1988, folio número 2470, artículo octavo, estableció: “en vista de que la municipalidad necesita lotificar la finca propiedad suya en el alto de castro (sic) de Valverde Vega, destinan el proyecto de vivienda el concejo municipal (sic) por unanimidad acuerda; solicitar respetuosamente al departamento de ingeniería del lfam (sic) la segregación de los lotes en dicha finca propiedad de la municipalidad, con el objetivo de continuar con el objetivo de continuar (sic) con el proyecto de vivienda popular. acuerdo firme.” (ver prueba 5). SEXTO: Que en sesión ordinaria número 92 celebrada por el Concejo Municipal de Valverde Vega, en la ciudad de Sarchí norte de las dieciocho horas del día 19 de agosto de 1988, folio número 2494, artículo tercero: el Concejo Municipal de Valverde Vega por unanimidad acuerda dirigirse al Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS, para solicitarles respetuosamente, realizar un estudio socio-económico a 18 familias que construyen o construyeron sus casas de habitación en un proyecto de vivienda auspiciado por esta municipalidad en el Alto de Castro de Sarchí sur, para determinar sus condiciones de pago con el fin de crear un fondo rotario para poder ayudar a más personas. Acuerdo firme. (ver prueba 6). SÉTIMO: Que en sesión ordinaria número 144 celebrada por el concejo municipal de Valverde Vega, de las dieciocho horas del día 1 de diciembre de 1989, folio número 2793; fueron recibidas por el Concejo Municipal, vecinos del Caserío denominado Villa Sarchí quienes solicitan cooperación para obtener 212 metros de alcantarillas y solucionar así un problema que se les presenta con el agua. El señor presidente les indica que se está en la mayor disposición de brindarles la colaboración por lo que se le solicitará un presupuesto al señor ejecutivo municipal. (ver prueba 7). OCTAVO: Que en sesión ordinaria número 65 celebrada por el Concejo Municipal de Valverde Vega en la ciudad de Sarchí norte de las dieciocho horas del día 16 de setiembre de 1991, folio número 3214, se indica que los vecinos del Río Sarchí, se hicieron presentes ante el Concejo Municipal para que les aclaren la veracidad de que la municipalidad les va a quitar los lotes que la municipalidad anterior les había concedido, se les comunicó por parte por parte (sic) del señor presidente municipal que en cuanto a que se les va a desalojar de dichos terrenos es mentira. (ver prueba 8). NOVENO: Que el 29 de agosto del 2018 el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) emitió la prevención administrativa número OG-1026-2018, notificando a Óscar Quesada Esquivel, representante legal de la Municipalidad de Valverde Vega, indicando prohibiciones específicas para la propiedad de la Municipalidad de Valverde Vega localizada en el caserío Río Sarchí: la prohibición de invadir el área de protección de la naciente y el Río Sarchí, para lo cual se le advierte de la necesidad de realizar gestiones necesarias ante las autoridades que correspondan, para eliminar la invasión de que es objeto el terreno de su propiedad, y que podría estar afectando el recurso hídrico que ahí existe, pues la invasión en el área de protección de los 100 metros de radio alrededor de las nacientes permanentes y 15 metros o 50 metros a ambos lados de ríos, quebradas o arroyos, es prohibida por la ley forestal. También se indicó en el artículo tercero de dicha prevención administrativa que "se constató la presencia de una especie de precario, que se instaló en ese terreno de la municipalidad de Valverde Vega". Sin embargo, como se acredita mediante los planos catastrados supra indicados, los recibos eléctricos a nombre de las personas que viven en dicha propiedad, la misma NO es ningún precario. (ver prueba 9). DECIMO (sic): (La parte actora peticionó eliminarlo) DÉCIMO PRIMERO: El caserío Río Sarchí ubicado en la finca inscrita en folio real 224094-000, está habitado en su gran mayoría por familias conformadas por personas menores de edad y personas adultas mayores con padecimientos médicos comprobados consolidadas en el sitio desde hace más de 30 años; lo cual se acredita mediante oficio MVV-VA-OF-047-2019 del 23 de abril de 2019; así como en comunicado de dicho informe realizado por parte de la Municipalidad de Valverde Vega, al Instituto Mixto de Ayuda Social; donde se indicó que a esa fecha el Caserío Río Sarchí contaba con un aproximado de 40 familias. (ver pruebas 10 y 11). DÉCIMO SEGUNDO: Actualmente los habitantes de la localidad Río Sarchí cuentan con medidores de electricidad propios e independientes en cada una de las casas; tal y como se acredita a modo de ejemplo a continuación: (…) DÉCIMO TERCERO: En el oficio MVV-VA-OF-012-2019 de fecha 11 de febrero del 2019, la Vicealcaldesa Norma Zeledón Pérez, mediante la solicitud al Instituto Mixto de Ayuda Social, hace referencia a la urgencia de realizar el censo a los habitantes de Río Sarchí por motivos de la prevención administrativa emitida por el MINAE y del supuesto desalojo, de esto último nosotros no hemos sido notificados formalmente y dicha situación nos preocupa, ya que la Municipalidad no se hace responsable de las personas que hemos habitado el Caserío Río Sarchí desde hace más de 30 años. DÉCIMO CUARTO: Que mediante acuerdo del Concejo Municipal de Sarchí, acta número 102, folio 236, del 14 de noviembre del 2019; se indicó que: “se suspenden hasta el 20 de julio del 2021 el desalojo de las personas, la demolición de obras, la suspensión de actividades comerciales, agropecuarias y cualquier otra parte del patrimonio natural del estado, al ser declaradas áreas de protección de aptitud forestal el radio de 100 mts de protección de la naciente permanente y 15 metros a partir de la ribera del Río Sarchí, en favor de las personas ocupantes del asentamiento humano ubicado en el inmueble número 2-224094-000 propiedad de la municipalidad, conocido como urbanización Río Sarchí” lo cual plasma claramente que ya existe fecha para desalojar y demoler nuestras viviendas, sin que se nos haya informado de modo alguno esta situación. (ver prueba 12). DÉCIMO QUINTO: Que mediante informe de la Dirección de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Valverde Vega emitido por el Director de dicho Departamento el arquitecto Sergio Bolaños Alfaro dijo que; tras el análisis a las 35 casas ubicadas en el sitio, “... existen algunas viviendas fuera de la afectación por retiros de cuenca, de diámetro de 100 metros con respecto a naciente, y de restricción constructiva de acuerdo a ruta nacional establecido por MOPT (sumado al mismo el retiro de ante jardín mínimo establecido para la zona); que las unidades constructivas identificadas con la numeración 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17 están fuera de las afectaciones señaladas. sin (sic) embargo, queda en cuestión la viabilidad de generar fraccionamientos tras tomar en consideración la viabilidad de generar para las mismas un frente de propiedad válido." (ver prueba 15) II. ANÁLISIS DEL CUADRO FACTICO (sic). El 29 de agosto del 2018 el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) emitió la prevención administrativa número OG-1026-2018, notificando a Óscar Quesada Esquivel, representante legal de la Municipalidad de Valverde Vega, indicando prohibiciones específicas para la propiedad de la municipalidad de Valverde Vega localizada en el Caserío Río Sarchí: "la prodición (sic) de invadir el área de protección de la naciente y el Río Sarchí, para lo cual se le advierte de la necesidad de realizar gestiones necesarias ante las autoridades que correspondan, para eliminar la invasión de que es objeto el terreno de su propiedad, y que podría estar afectando el recurso hídrico que ahí existe, pues la invasión en el área de protección de los 100 metros de radio alrededor de las nacientes permanentes y 15 metros o 50 metros a ambos lados del río, quebradas o arroyos, es prohibida por la Ley Forestal, también se indicó en el artículo tercero de dicha prevención administrativa que "se constató la presencia de una especie de precario, que se instaló en ese terreno de la municipalidad de Valverde Vega". Sin embargo, como se acredita mediante los planos catastrados supra indicados, los recibos eléctricos a nombre de las personas que viven en dicha propiedad; fotografías del sitio y las viviendas dignas que existen en el lugar; el mismo no constituye un precario ni siquiera en el sentido jurídico de la ocupación en precario, pues si existe vinculación legal entre el bien y los ocupantes del mismo, toda vez que los vecinos del cacerío (sic) Río Sarchí han habitado dicha propiedad por más de 30 años con todos los requerimientos urbanísticos, municipales, y de servicios públicos obtenidos de modo licito (sic) para sus viviendas. (ver prueba 9). Por otra parte, los hechos mencionados en esta demanda reflejan que la posesión de los habitantes del caserío Río Sarchí desde su inicio ha sido legítima, y como los (sic) cita el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Así mismo el artículo 45 del mismo cuerpo normativo indica que la propiedad es inviolable y a nadie puede privarse de la suya, sino por el interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la Ley, pero a pesar de lo dicho, desde el año 2018 existe una prevención por parte del SINAC indicando a la Municipalidad de Sarchí, la orden de no invadir el área de protección de la naciente permanente y el Río Sarchí, advirtiendo la necesidad de realizar las gestiones necesarias para proteger la zona y sus habitantes, lo cual se ha interpretado por parte del gobierno local, como una orden de desalojo en contra de nuestra comunidad; con lo cual se violenta directa y flagrantemente nuestros derechos de propiedad, salud, derecho a un ambiente sano y a una vivienda digna, e incluso a nuestra seguridad jurídica, pues la Municipalidad de Sarchí nos hizo invertir el esfuerzo de nuestra vida entera en nuestras casas, gestionando conjuntamente con nosotros para regularizar e inscribir los terrenos a nuestro nombre; y ahora, resulta que pretende, por un desacuerdo entre entidades estatales, desalojarnos de nuestras casas, sin dar solución alguna a los gravísimos daños y perjuicios ocasionados. Otro aspecto que los entes demandados no contemplan, específicamente el Municipio, es que, no todas la casas están ubicadas en la zona considerada como protegida, es decir, no se hace un análisis según la técnica y la ciencia, para determinar de forma certera que viviendas están dentro de dicha zona, todo lo contrario, se pretende hacer un barrido general sin considerar las circunstancias individuales de cada habitante, constituyendo dicha actuación en acto arbitrario, sin considerar que la Ley General de la Administración Pública, señala que, “En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia”. (artículo 16) Que con las pruebas que se aportan es clara la violación a derechos constitucionales y legales, que presente el municipio y el SINAC, por más de 30 años hemos habitado de forma pacífica los terrenos que hoy sin ningún reparo, quieren desalojar, al respecto, la Ley General de la Administración Pública, en su ordinal 190 dispone: “1. La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. / 2 ...”. III. FUNDAMENTOS DE DERECHO. Fundamento la presente demanda en los artículos 277, 278, 279.1, 279.2, 280, 282, 284, 285, 286 y concordantes del Código Civil, artículos 11, 39, 41, 45, 49 y 50 de la Constitución Política de Costa Rica, artículos 11, 16, 190 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, y artículos, 12, 16, 17, 40, 14, 42, 43, y 58 del Código Procesal Contencioso Administrativo. III. Argumentos de las partes demandadas. En cuanto a la contestación realizada, se transcribe lo indicado por las demandadas: A) Estado. Las pretensiones materiales deducidas de la demanda consisten en lo siguiente: (…) Falta de derecho, falta de legitimación ad causam pasiva del Estado y falta de legitimación activa: la actora no demuestra cual es la afectación a sus intereses legítimos por parte del Estado. Lo primero que hay que decir respeto a esta demanda, es que no es un hecho controvertido que en la finca 224094 inscrita a nombre de la Municipalidad codemandada, cuyo plano castrado asociado es el A-0721701-1987, tiene limitaciones que derivan del artículo 33 de la Ley Forestal (Ley N° 7575 del 13 de febrero de 1996). Dicho numeral declara como área de protección “las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal” (inciso a), así como una franja de quince metros en zona rural medidas horizontalmente a ambos lados de las riberas de los ríos (inciso b). Sobre el régimen de protección de las nacientes permanentes y las consecuencias que se desprenden de esa calificación legal, la Sala Primera ha dicho: [Transcribe sentencia 000199-F-S1/2010 del 04 de febrero de 2010] Como se sabe, las áreas de protección constituyen limitaciones legítimas de carácter general al derecho de propiedad, pues satisfacen un interés público imperativo, a través de criterios razonables, útiles y oportunos; por ello las mismas no requieren indemnización previa (artículo 45 Constitucional, párrafo segundo). De igual forma, el Tribunal Constitucional ha reiterado que “el derecho de propiedad no es absoluto ni irrestricto”. Es posible imponerle limitaciones constitucionalmente válidas, por motivos de interés social, mediante ley aprobada por votación calificada, las que “definen el contenido del derecho de propiedad en sí y su ejercicio, por lo que, en principio, no son indemnizables, salvo cuando hagan nugatorio el derecho”. (Sala Constitucional, sentencias 4878/2002, 9077/2002, 5725/2004, 4926/2005, 2380/2006, 16972/2008, 3180/2014, etc.). Esas limitaciones, en sí mismas y por definición “no son indemnizables, por no implicar expropiación, es decir, cuando la propiedad no sufre desmembraciones que hagan desaparecer el derecho” (Sala Constitucional, sentencias 2666/2005 y 4926/2005). “El contenido de esta propiedad-función, consiste en que el propietario tiene el poder de emplear el bien objeto del dominio en la satisfacción de sus propias necesidades, pero correspondiéndole el deber de ponerla también al servicio de las necesidades sociales cuando tal comportamiento sea imprescindible” (Sala Constitucional, sentencias 5725/2004, 2666/2005, 4926/2005 y 3180/2014). Aclarado lo anterior, y en lo que respecta al terreno objeto de este proceso, está comprobada la existencia de la naciente permanente de dominio público, así como su ubicación. Concretamente, la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, en el oficio de DA-UHTPCOSR-0067-2017, del 24 de marzo de 2017, indica lo siguiente: [Transcribe] Constatado ese punto, el paso siguiente es determinar cuál es la situación de la actora respecto a la tutela legal que establece la Ley Forestal. Pues bien, sobre este aspecto resulta esencial hacer referencia al oficio de la Municipalidad de Sarchí MVV-OA-OF-360-2019, del 14 de junio del 2019. Dicho escrito consiste en la solicitud formal de prórroga del plazo previsto en la prevención administrativa OG-1026-2018 de las 14:02 horas del 29 de agosto de 2018, dictada por el Área de Conservación Central, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Oficina de Grecia. La importancia que reviste ese documento, es que allí se hace un detallado análisis de la situación de la finca, el cual permite concluir con meridiana claridad que, la vivienda donde se presume que habita la señora Morales Arce (identificada como la número 3), no está afectada por las limitaciones de carácter ambiental. Veamos: [Muestra foto de casa] La localización de esta vivienda respecto al estudio individual realizado por la Dirección de Desarrollo Urbano de la Municipalidad, es la siguiente: [Muestra croquis] Pues bien, de acuerdo a la información recabada por la Municipalidad de Sarchí, las unidades constructivas identificadas con la numeración 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 y 17 están fuera de toda afectación por retiros de cuenca, y del radio de protección de cien metros de la naciente: Tras el análisis de la ubicación de las restricciones de ley, se identifica que con la información procesada actualmente existen algunas viviendas fuera de la afectación por retiros de cuenca, de diámetro de 100 metros con respecto a naciente, y de restricción constructiva de acuerdo a ruta nacional establecido por MOPT (sumado al mismo el retiro de antejardín mínimo establecido para la zona); que aparentemente las unidades constructivas identificadas con la numeración 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17 están fuera de las afectaciones señaladas. Consecuencia de lo expuesto, y de cara a la prueba existente, las pretensiones materiales de esta demanda relacionadas con la supuesta amenaza de desalojo, de la cual deriva el motivo del reclamo millonario de indemnización, resultan abiertamente improcedentes. Ni la vivienda donde habita la actora está afectada por las limitaciones de la Ley Forestal, ni la actora logró demostrar la existencia de amenazas provenientes de las administraciones demandadas, en su contra: la señora Morales Arce no asumió la carga de la prueba que le corresponde (41.1.1 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria). Lo que sí está acreditado es que, frente a la prevención administrativa que se sustenta en el ordenamiento jurídico ambiental, la Municipalidad de Sarchí -en forma claramente coordinada y participativa- definió una ruta a seguir a fin de acatar las disposiciones de ese acto, y a su vez, subsanar la condición de las infraestructuras afectadas con las limitaciones legales. Es por lo anterior, que no se vislumbra buena fe en de esta (sic) demanda. Reitero que la prueba que consta en el expediente administrativo del SINAC da cuenta de que la situación particular de la actora no corresponde a lo narrado en los hechos. Y, de igual forma, descarta la existencia de las amenazas de desalojo que acusa la actora. Lo anterior tiene como consecuencia, que las pretensiones materiales de esta demanda no tienen sustento fáctico ni jurídico. De otra parte, es evidente y manifiesto que no es posible desprender que mi representado haya emitido alguna conducta que pueda tenerse como objeto del proceso. Bajo ese entendido, no existe motivo alguno para vincularle con los efectos jurídicos y materiales de las pretensiones deducidas por la señora Morales Arce, en contra de supuestos (sic) acciones que, en realidad, nunca se produjeron. Tampoco puede considerarse que estamos ante una legitimación pasiva del Estado, en los términos que establece el numeral 12.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, ya que aquí no se cuestiona ningún acto del SINAC como motivo de los daños reclamados. En todo caso, esa sería una legitimación de orden procesal, que en modo alguno permite desprender que el Estado, como sujeto procesal diverso al SINAC, ha emitido una conducta que afecte los intereses legítimos de la actora. Finalmente, en el caso de que la parte pretenda que el Tribunal extienda su pronunciamiento de fondo, respecto a otros vecinos de la comunidad que no son parte de este proceso, dejo planteada la excepción de falta de legitimación activa. B) SINAC. CASO CONCRETO. Como se demuestra en el expediente administrativo que se aporta, mi representado el Sistema Nacional de Áreas de Conservación procedió a atender una denuncia por daños ambientales en el sitio que resultó ser un inmueble de propiedad municipal a nivel registral e identificado con el Folio Real No. 224094 con plano catastrado No. A-0721701-1987. En la inspección se determinó que este inmueble se encuentra afectado por las limitaciones de la Ley Forestal No. 7575 de 13 de febrero de 1996, específicamente el artículo 33 y 34 que dispone lo relativo a las áreas de protección del recurso hídrico y que para el caso específico se refiere a dos de los supuestos contenidos en la norma, por cuanto se verifica la presencia de un río y de una naciente. El Informe OG-916-2018, emitido por el Ing. Maikol Rodríguez Gómez, funcionario del SINAC, de fecha 7 de agosto del 2018, en atención a queja por invasión en áreas de protección. En dicho informe se concluye: “Se realizó la corta de vegetación y quemas dentro del área de protección de la naciente y el río Sarchí por parte de los precaristas que viven en terrenos que son propiedad de la municipalidad de Valverde Vega; No se pudo individualizar los responsables de los hechos; La (sic) poda del árbol de Poró no constituye ningún delito; La (sic) corta de vegetación menor en las áreas de protección, están prohibidas por la Ley de Conservación de Vida Silvestre, Se (sic) recomienda hacer un prevención administrativa a la municipalidad de Valverde Vega, para que con su deber invigilando, regule y evite que se realice corta de vegetación menor y quemas dentro del área de protección de la naciente y el río Sarchí.” Adicionalmente consta el Informe OG-816-2019 emitido por el Ing. Maikol Rodríguez Gómez, funcionario del SINAC, de fecha 4 de julio del 2019, en atención a queja por invasión en áreas de protección. En dicho informe se concluye: “Existe una nueva construcción de una loza elevada con un área de 19.5 m ² que se encuentra a 8 metros de la naciente y una remodelación de una casa que se encuentra a 10 metros de la naciente; Se eliminaron dos árboles que se encuentran dentro del área de protección de la naciente La Fuente y dentro del área de protección del Río Sarchí;La (sic) corta de vegetación menor se sigue desarrollando dentro del área de protección de la naciente La Fuente; Existe (sic) un incumplimiento de la Prevención Administrativa Oficio OG-1026-2018; Se (sic) recomienda realizar un informe de Hechos ante la Fiscalía de Grecia, por invasión, eliminación de árboles y corta de vegetación menor en el área de protección”. Como se evidencia con los informes citados y el expediente administrativo que se aporta, la atención de la denuncia ambiental por funcionarios de mi representado se encuentra dentro de los límites y competencias de ley asignados al Sistema Nacional de Áreas de Conservación de conformidad con los artículos 22 de la Ley de Biodiversidad No. 7788 de 30 de abril de 1998 y 33,34, 58 de la Ley Forestal No. 7575 y el artículo 90 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317. FUNDAMENTO JURIDICO (sic). Conforme con la legislación ambiental de Costa Rica las áreas de protección del recurso hídrico han sido establecidas por ley desde las anteriores leyes forestales siendo que aparece en el año 1969 con la Ley Forestal No. 4465 de 25 de noviembre de 1969 reguladas en el artículo 68 y se mantiene en las siguientes leyes forestales No. 4573, No. 7174 y en las mismas condiciones en la actualmente vigente (sic) Ley Forestal No. 7575 de 1996. En particular se dispone en el artículo 33 de la Ley No. 7575 un área rígida de protección cuya medición y distanciamiento se establece en forma diferenciada para cada cuerpo de agua de la siguiente forma: [Transcribe artículo 33] Estas regulaciones se complementan legislativamente con los artículos 34 y 58 de la Ley No. 7575 que disponen las prohibiciones de eliminación de árboles y el delito de invasión de dichas áreas, adicionalmente con el artículo 90 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre No. 7317 que prohíbe la eliminación de especies de flora menor en las áreas de protección del recurso hídrico. Constitucionalmente estas limitaciones se han considerado legitimas, nacen de la ley y son de carácter general impuestas al derecho de propiedad por estar tutelando un interés público y un derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado por lo tanto no requiere de indemnización, de conformidad con los artículos 45 y 50 Constitucionales. (sentencias 4878/2002, 9077/2002, 5725/2004, 4926/2005, 2380/2006, 16972/2008, 3180/2014 entre otras) En el caso en particular resulta relevante que el inmueble es propiedad de la Municipalidad y conforme con la legislación ese tipo de bienes están afectados por la normativa ambiental en forma directa. La condición de propietario registral se mantiene, ya que lo que impone la ley forestal son limitaciones de uso para el propietario. En cuanto a la propiedad inscrita en el Partido de Alajuela al Folio Real No. 24094-000 adicionalmente se realizaron las labores de identificación y clasificación por el Departamento de Aguas de MINAE que consta en el DAUHTPCOSR-0067-2017 mediante la cual se dictamina la existencia de una naciente permanente. Para este tipo de cuerpo de agua las áreas de protección están establecidas en el artículo 33 inciso a) antes citado. Al respecto se debe indicar que el Municipio codemandado ha realizado un estudio y análisis relacionado con la situación de las viviendas presente (sic) en la finca de su propiedad y ha dictaminado que varias de estas (sic) no se encuentran dentro de los radios o franjas de protección del artículo 33 de la Ley Forestal. Entre esas propiedades se encuentra la vivienda que habita la actora (véase MV-OA-OF-360-2019 de la Municipalidad de Sarchí) por lo que no se ha demostrado afectación o amenaza real por las actuaciones de mi representado. De la prueba aportada en el expediente administrativo se demuestra que no existe una amenaza real de desalojo que se derive de las actuaciones de mi representado con relación a la atención de la denuncia ambiental y la emisión de la prevención administrativa que respeta los límites y competencias legales asignados por el ordenamiento jurídico. Por el contrario, el Municipio propietario del inmueble y codemandado, ha procedido a realizar los estudios y el análisis de la situación en busca de corregir los daños ambientales encontrados y objeto de la prevención administrativa girada. Dentro de ese proceso muy por el contrario a lo señalado por la actora, se ha dictaminado la no afectación de la vivienda que habita en los términos que dispone la Ley Forestal. No es posible derivar de la orden administrativa girada por la Oficina de Grecia un contenido como el que señala la actora, ni una intención de despojo en su contra. Ninguna de las disposiciones vulnera en sus derechos y ni siquiera está dirigida a ella, sino al Municipio que deberá realizar los análisis y estudios para atender la problemática ambiental del sitio. En este proceso de conocimiento no se ha impugnado acto alguno del SINAC relacionado con los hechos y pretensiones planteadas por la actora en la demanda, por lo que no se cumple con el necesario vínculo que debe existir entre los hechos, las pretensiones y la actuación administrativa. No existe motivo alguno para vincular al Sistema Nacional de Áreas de Conservación con los efectos jurídicos y materiales de las pretensiones deducidas por la actora, más aún cuando las acciones acusadas nunca se dieron y los hechos se basan en presunciones y expectativas de la parte, que en su mayoría no son atribuibles a mi representado. C) Municipalidad de Sarchí. Sobre las consideraciones fácticas y jurídicas que sustentan la oposición. Enfáticamente, se rechazan las pretensiones de la parte actora, ya que mi representada no ha ejercido acciones tendientes al desalojo de los ocupantes del asentamiento humano conocido como Río Sarchí, que se ubica en el bien inmueble municipal 2-224094-000, lo cual incluye la unidad habitacional de la señora Morales Arce. Por el contrario, de buena fe, de manera transparente y coordinada con dichos ocupantes, mi representada ha realizado las gestiones necesarias para buscar una solución integral a partir de la notificación de la Prevención Administrativa del SINAC, las cuales están orientadas a restablecer y regularizar las zonas o áreas de protección que se deben respetar conforme lo dispuesto en la Ley Forestal, tomando en consideración el asentamiento humano existente en el bien inmueble municipal, esto en concordancia con las posibilidades materiales -reales- de la Municipalidad, el respeto al principio constitucional de garantizar a toda persona un ambiente sano y ecológicamente equilibrado consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política, los derechos y garantías constitucionales tutelados en nuestra Carta Magna, como procurar el mayor bienestar y protección a los habitantes, el máximo respeto a la vida y dignidad humana, el derecho a la vivienda digna, la tutela constitucional que se establece en el numeral 51 de este mismo cuerpo normativo, donde se brinda especial protección estatal a la familia, las poblaciones vulnerables como la madre, el niño y las personas adultas mayores, el interés superior del menor que deriva en la protección de las personas menores de edad, los derechos que se reconocen a las personas adultas mayores y las personas con discapacidad, sobre todo el reconocimiento de los derechos fundamentales de las familias que habitan en el sitio así como la aplicación del principio de coordinación interadministrativa propio del Derecho Administrativo. Es decir, mi representada no ha gestionado de manera formal, y siguiendo el debido proceso, el desalojo para las personas que habitan en el bien inmueble municipal. Indicado lo anterior, se exponen las consideraciones fácticas de interés al caso, que demuestran la improcedencia fáctica y jurídica de la demanda incoada por la parte actora, a saber: -El día 14 de septiembre del 2018, se notificó la Prevención Administrativa OG-1026- 2018, emitida el 29 de agosto del 2019 por el Lic. Juan José Rodríguez Jiménez, Jefe Oficina de Grecia del Área de Conservación Central, Reserva de Biosfera Cordillera Volcánica Central, en la que se prohíbe realizar obras nuevas, cortas o quemas de vegetación menor, dentro del área de protección de naciente y río Sarchí, se prohíbe invadir el área de protección de naciente y el río Sarchí, y se insta a realizar las gestiones necesarias ante las autoridades que correspondan, para eliminar la invasión. - El día 15 de noviembre del 2018, mediante la coordinación del Ministerio de la Presidencia de la República, se acordó conformar una Comisión lnterinstitucional para abordar la problemática en forma integral, todo ello con el fin de que el Ayuntamiento con la colaboración institucional y sus funcionarios técnicos pudieran realizar las gestiones correspondientes, así como presentar el Plan de Acciones. Nótese que, en este nivel de coordinación, la recomendación de los ministerios fue presentar un plan de acciones y no gestionar un desalojo del asentamiento humano. [Enlista una serie de acciones realizadas durante los años 2019 y 2020] Lo anterior, demuestra que mi representada no ha ejercido actos de desalojo contra la parte actora ni contra ningún otro de los ocupantes del bien inmueble municipal, sino que ha ejercido sus competencias en busca de una solución integral respetando el debido proceso y haciendo participes a los ocupantes y a las instituciones estatales encargadas de resolver el asunto de fondo, así como la problemática que representa, ponderando el interés social y la garantía de respeto a los derechos humanos. En relación a las consideraciones jurídicas, a continuación, se citan los preceptos de derecho que fundamentan nuestra oposición, así como las actuaciones de mi representada en éste caso en sede administrativa, a saber: [Cita normas] Una vez expuesto lo anterior, otras razones por las cuales me opongo a la demanda son las siguientes: El bien inmueble 2-224094-000 dónde se encuentra el asentamiento humano conocido como Urbanización Río Sarchí, en el cual habita la parte actora, consiste en un bien demanial propiedad de la Municipalidad de Sarchí, por lo que está cubierto por todas las limitaciones propias de esa naturaleza jurídica. Por lo que, las argumentaciones y fundamentación jurídica de la parte actora es improcedente, ya que en el caso particular no corresponde a una propiedad privada, sino a un bien inmueble municipal. La inalienabilidad de los bienes demaniales imposibilita su traspaso, parcial o total, voluntario o forzoso, y la posesión en los términos del derecho privado. Múltiples resoluciones de la Sala Constitucional reafirman que los bienes de dominio público no pueden ser objeto de posesión privada y que la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio (o la posesión). (Votos 480-90, 2306-91, 2557-91, 98-92, 1055-92, 1207-93, 5399-93, 5976-93, 220-94, 914-94, 1763-94, 2767-94, 6785-94, 3793-94, 4619-94, 6079-94, 31445-96, 3227-96, 422-96, 4815- 96, 5026-94, 623-98, 7294-98, 00790-2001) El bien inmueble 2-224094-000 tiene las siguientes limitaciones: - Radio de 100 metros de protección de naciente permanente no captada para consumo humano. La cual cuenta con dictamen vinculante del ente competente para determinar su existencia, es decir, la Dirección de Aguas del MINAE. - Alineamiento fluvial de 15 metros sobre el cauce del Río Sarchí, según plano catastrado A-721701-87, el cual fue otorgado por el INVU, conforme a los alcances de su competencia. - Previsión vial de 24 metros para la Ruta Nacional N.º 118, señalando que la futura línea de propiedad sería una línea paralela al centro de la vía distante 12 metros, y la línea de construcción sería una línea paralela al centro de la vía distante 15 metros. El cual fue otorgado por el MOPT conforme sus competencias sobre la ruta nacional con la que colinda el bien inmueble. En la siguiente figura se puede apreciar un mapa que combina todas las afectaciones y alineamientos que presenta esta propiedad municipal. [Muestra figura] En relación con el acceso, según el oficio MVV-TOP-OF-023-2019 del topógrafo municipal, este consiste en "un callejón" de 4.50 metros de ancho promedio y 130 metros de longitud, que se encuentra parcialmente asfaltado y sin un sistema de drenaje pluvial funcional. No obstante, gran parte de este acceso se ubica dentro de la zona de afectación de la naciente. En el plan de acciones contenido en el oficio MVV-OA-OF-360-2019 mi representada incluyó (página 54) que buscará soluciones técnicas y legales para las familias que están fuera de las áreas de protección de naciente y de zona de protección de río, dentro de las cuales se presume se encuentra la parte actora, pero que debe de tenerse certeza una vez que la demás acciones se ejecuten, ya que esto indica que se puede incluir la segregación, desafectación o donación, mediante la debida autorización legislativa, previa aprobación del Concejo Municipal. Sobre lo último, considérese que debe definirse por dónde podría realizarse el acceso y que las segregaciones cumplan con las normas urbanas y catastrales. Por otra parte, nos oponemos a la demanda, porque mi representada lejos de realizar un desalojo, lo que ha buscado es ejecutar el plan de acciones mencionado anteriormente, aunque este haya sido rechazado por el SINAC, y ha buscado la aplicación de la moratoria de la Ley de Protección a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales, Ley N.º 9577 del 27/06/2018. Nótese que el Artículo VII, Acuerdo Nº.1 de la Sesión Ordinaria 185 celebrada por el Concejo Municipal el 19 de noviembre de 2019, indicó que se aplicó la moratoria debido a que se entiende como ocupantes las personas que habitan en las zonas clasificadas como especiales, entre ellas la zona denominada Patrimonio Natural de Estado, que en el caso concreto se refiere a las áreas de radio de protección de naciente y de las riveras (sic) de río. Con lo cual, al solicitar la aplicación de dicha ley, se está dando una solución provisional para las familias que actualmente están ubicadas en dicho asentamiento, mientras la Administración Municipal puede continuar con los procesos para lograr una solución definitiva. En este mismo orden de ideas, como la Ley 9577 estará vigente hasta el 20 de julio de 2021, mi representada ha gestionado con las instancias correspondientes la emisión de una nueva norma, misma que en éste momento está en la corriente legislativa, la cual corresponde al proyecto de ley que se tramita bajo el expediente N.º 22.309, el cual fue dispensado de trámite y se votó en primer debate el 21 de junio del 2021, fue conocido por la Comisión de Redacción y se dispone como fecha de aprobación en segundo debate el jueves 24 de junio de 2021. Por lo que, una vez publicada la nueva ley para proteger a las personas ocupantes de las zonas clasificadas como especiales, mi representada realizará lo pertinente para acogerse al contenido de dicha normativa, es decir, que por el plazo de cuarenta y ocho meses se suspenderá el desalojo o demolición de obras en el bien inmueble municipal 2-224094-000, con el objeto de seguir protegiendo a los ocupantes de dicho bien y buscar las soluciones integrales propuestas en el plan de trabajo que consta en el oficio MVV-OA-OF-360-2019. Con fundamento en lo anterior, lo procedente es oponerme a las pretensiones incoadas (las descritas en las páginas que van de la 10 al 12 del escrito del 10 de diciembre de 2020) contra mi representada, ya que todas son improcedentes, debido a: 1. La inexistencia de un proceso de desalojo de parte de la Municipalidad o el SINAC; 2. No existen planos que hayan generado finca sobre el bien inmueble municipal debido a la naturaleza jurídica que ostenta; 3. No se han ejercido actos que perturben la posesión o la propiedad, y dichas figuras son improcedentes para los bienes demaniales; 4. La actora no puede solicitar actuaciones administrativas contra otras personas sin ostentar representación; 5. La segregación de bienes demaniales y la respectiva donación tiene un trámite especial que trasciende un proceso de conocimiento, ya que no se cuentan con los criterios técnicos sobre el acceso y la debida aprobación del Concejo Municipal y la Asamblea Legislativa; 6. El proceso de soluciones de vivienda de bien social también tiene un proceso especial que trasciende las competencias de un proceso de conocimiento. En relación con el reclamo indemnizatorio, este resulta evidentemente improcedente, inoportuno e infundado, por carecer de sustento fáctico, jurídico y probatorio, como se expone a continuación: - En principio, la unidad habitacional de la actora no se encuentra en los radios de protección de la naciente, del río o del alineamiento de ruta nacional, pero si se encuentra dentro del bien inmueble municipal, por lo que deben aplicarse los alcances de la naturaleza jurídica de dicho bien. - No existe un despojo o desalojo de parte de mi representada contra la parte actora, lo cual se demuestra con el expediente administrativo anexo y con la omisa prueba de la parte actora, en contraposición con la carga de la prueba que le corresponde. Incluso se puede indicar que la Municipalidad realiza el servicio de recolección de residuos sólidos en el sitio sin que los ocupantes cancelen monto alguno por el mismo, de igual forma sucede con todo lo relacionado al cobro de bienes inmuebles, permisos de construcción y demás servicios urbanos. - No existe daño material, moral o perjuicios, ya que mi representada no ha realizado actos de desalojo contra la parte actora. IV. Hechos probados. Para determinar los hechos probados de la presente causa, se realizó la revisión del expediente judicial, el expediente administrativo digital aportado por el SINAC, la prueba aportada en la demanda y audios de las comparecencias del proceso; de forma que, de interés para la resolución del presente asunto, con base en los elementos de prueba admitidos y valorados, se tienen por acreditados los siguientes hechos: 1) En el artículo décimo tercero de la sesión ordinaria número 20 celebrada a las veintidós horas con diez minutos del día 7 de noviembre de 1986, el Concejo Municipal de Valverde Vega acordó: “Los señores regidores, Rodríguez Rodríguez, Alfaro Camacho, Quesada Esquivel y Chaverri Murillo, presentan moción la (sic) que fue aprobada por unanimidad y a la letra dice: Mocionamos con el propósito de solicitar al IFAM, la asesoría técnica necesaria con el fin de realizar el levantamiento topográfico y la escrituración respectiva de los lotes que forman parte de la propiedad situada a orillas del río Sarchí, donada a la Municipalidad por el señor Luis Castro Monge, con el fin de construir viviendas de tipo popular. Acuerdo firme". (imagen 20 expediente judicial). 2) En escritura número ciento cincuenta y cuatro de las ocho horas del trece de octubre de mil novecientos ochenta y siete, otorgada por el Notario Público Francisco Rodríguez Rodríguez, se apersonaron el señor Luis Castro Monge, cédula 1-0216-0600, actuando en presentación de Las Colinas Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-00676903, y Ramón Antonio Rodríguez Rodríguez, cédula 2-0275-0071, actuando en representación de la Municipalidad de Valverde Vega, y dicen: “Que el primero en el carácter en que comparece de la finca de su representada inscrita en el Partido de Alajuela, Matrícula de Folio Real Número DOSCIENTOS NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO – CERO CERO CERO, segrega y dona a la MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA, el lote que se describe así: Terreno de Café, sito en Alto Castro, Distrito Segundo, Cantón Doce de Alajuela, Linda, Norte, Calle Pública, Sur, Río Sarchí, Este, Calle Pública, Oeste; Resto reservado por el donante, mide: OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO METROS, OCHENTA Y SIETE DECIMETROS (sic) CUADRADOS. La anterior segregación se hace según plano catastrado número A-setecientos veintiun (sic) mil setecientos uno – ochenta y siete, el cual cuenta con el visto bueno de la Municipalidad de Valverde Vega. El resto que se reserva el donante se describe así: (…) Ramón Antonio Rodríguez Rodríguez, en el carácter en el que comparece acepta la donación, la cual estima en la suma de cien colones. No se cobran honorarios.” (imagen 316 del expediente judicial) 3) En los artículos cuarto y quinto de la sesión ordinaria número 74 celebrada a las dieciocho horas del día 18 de marzo de 1988, el Concejo Municipal de Valverde Vega, acordó: "ARTICULO (sic) CUARTO: / En vista que en Sarchí Sur Valverde Vega, se instaló una Ciudadela denominada "Ciudadela Río Sarchí" y la misma cuenta con aproximadamente 18 casas de habitación de Interés Social, las cuales no cuentan con el servicio de instalación eléctrica. Por lo tanto, el Concejo Municipal de Valverde Vega por unanimidad, acuerda: Solicitar muy respetuosamente al Instituto Costarricense de Electricidad ICE el Servicio Eléctrico indicado, así como la posibilidad de instalar un teléfono público en el lugar citado. / Acuerdo firme. / ARTICULO (sic) QUINTO: El Concejo Municipal de Valverde Vega por unanimidad, acuerda: Solicitar muy respetuosamente al Departamento de Planeamiento del Ministerio de Educación Pública, la apertura de un Centro Educativo en Alto Castro Sarchí Sur, con el propósito de favorecer así a los vecinos de ese lugar y a los pobladores de la Ciudadela Río Sarchí, quienes deben asistir a la Escuela de San Juan de Grecia o Sarchí Sur, lo cual representa a los niños un grado de peligrosidad debido a las distancias. / Acuerdo firme.'' (imagen 276 del expediente judicial). 4) En el artículo octavo de la sesión ordinaria número 85 celebrada a las dieciocho horas del 24 de junio de 1988, el Concejo Municipal de Valverde Vega acordó: “En vista de que la Municipalidad necesita lotificar la finca propiedad suya en el Alto de Castro de Valverde Vega, destinada al proyecto de vivienda el concejo (sic) Municipal (sic) por unanimidad acuerda: Solicitar respetuosamente al Departamento de Ingeniería del I.F.A.M. la segregación de los lotes en dicha finca propiedad de la Municipalidad, con el objetivo de continuar con el objetivo de vivienda popular. / Acuerdo firme.” (imagen 277 del expediente judicial). 5) En el artículo tercero de la sesión ordinaria número 92 celebrada a las dieciocho horas del día 19 de agosto de 1988, el Concejo Municipal de Valverde Vega acordó: “El Concejo Municipal de Valverde Vega por unanimidad acuerda dirigirse al Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS, para solicitarles respetuosamente, realizar un estudio socio-económico a 18 familias que construyen o construyeron (su casa de habitación) sus casas de habitación (sic) en un proyecto de vivienda auspiciado por esta municipalidad en el Alto de Castro de Sarchí Sur, para determinar sus condiciones de pagó (sic) con el fin de crear un fondo rotario para poder ayudar a más personas. Acuerdo firme”. (imagen 278 del expediente judicial). 6) Mediante prevención administrativa OG-1026-2018 de las catorce horas dos minutos del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, la Oficina de Grecia del Área de Conservación Central del SINAC, le comunica a la Alcaldía Municipal que: “Se dispone de conformidad con el artículo 99, inciso a) de la Ley Orgánica del Ambiente, 307 del Código Penal, artículo 11 de la Ley de Biodiversidad No 7778, imponer al señor Oscar Quesada Esquivel, cédula 203420081n representante legal de Municipalidad de Valverde Vega, cédula jurídica 3-014-042078; las siguientes prohibiciones: / La prohibición de realizar nuevas cortas o quemas de vegetación menor, dentro del área de protección de la naciente y río Sarchí, en terrenos de la municipalidad de Valverde Vega, inscrita en el Registro Nacional de la Propiedad en el Folio Real Matrícula 224094-000 que cuenta con el plano catastrado A-0721701-1987 la cual se localiza en el caserío Río Sarchí, del distrito Sarchí Sur, cantón de Valverde Vega, de la provincia de Alajuela, coordenadas CRTM 05, norte 1115101 y este 463815, hoja cartográfica Naranjo, escala 1:50.000, pues la corta de vegetación menor en el área de protección de los 100 metros de radio alrededor de las nacientes permanentes y 15 metros o 50 metros a ambos lados de ríos, quebradas o arroyos, es prohibida por la Ley de Conservación de la Vida Silvestre artículo 90. / La prohibición de invadir el área de protección de la naciente y el Río Sarchí, para lo cual se le advierte de la necesidad de realizar las gestiones necesarias ante las autoridades que correspondan, para eliminar la invasión de que es objeto el terreno de su propiedad, y que podría estar afectando el recurso hídrico que ahí existe, pues la invasión en el área de protección de los 100 metros de radio alrededor de las nacientes permanentes y 15 metros o 50 metros a ambos lados de ríos, quebradas o arroyos, es prohibida por la Ley Forestal”. (imagen 06 del expediente administrativo) 7) Mediante la resolución municipal MVV-DDU-RM-007-2019 de las ocho horas del veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, la Dirección de Desarrollo Urbano dispone: “Con fundamento en lo expuesto la Dirección de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Sarchí, ordena a los vecinos del Asentamiento Humano del Río Sarchí", lo siguiente: / 1. No realizar obras constructivas ya sea: remodelación, ampliación u obra nueva, en los sectores que se encuentran dentro del radio de 100 metros de protección de la naciente permanente y 15 metros a partir de la ribera del Río Sarchí, por estar dentro de las prohibiciones que contempla la ley, en especial la legislación ambiental. / 2. A los otros sectores del Asentamiento Humano que no se encuentran dentro de las áreas de protección, que están sujetos a lo establecido en la prevención administrativa OG-1026-2018 así como la normativa aplicable especialmente lo que rige en materia de construcciones. / 3. No realizar cortas o quemas de vegetación menor dentro del área de protección de la naciente y Río Sarchí, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 99, inciso a) de la Ley Orgánica del Ambiente, 11 de la Ley de Biodiversidad, 33 y 58 de la Ley Forestal, 90 de la conservación de Vida Silvestre, 307 y 314 del Código Penal. / Finalmente, se hace la advertencia de que en caso de no acatar la presente resolución, se procederá por parte de esta Municipalidad conforme lo dispone el ordenamiento jurídico, ya sea, girando las ordenes (sic) de demolición, demoliendo obras sin permiso y aplicando lo establecido en artículo 314 del Código Penal, que faculta a este Ayuntamiento para presentar ante la jurisdicción correspondiente la denuncia por el delito de desobediencia a la autoridad pública”. (imagen 1145) 8) En el oficio MVV-OA-OF-360-2019, del 14 de junio del 2019, la Alcaldía Municipal muestra un croquis con la numeración y descripción de todas las unidades habitacionales, debiendo resaltarse la descripción que indica: “N° 3 Habitada / Estado: Bueno / Tipología: Zócalo / Dimensión aproximada: / Frente: 9.75m / Fondo: 15m / Aparentemente habitada por: Oscar (sic) Arcenio Rodríguez Acosta 2-420-109 Gloria Virginia Morales Arce 2-430-390”, a la cual se adiciona una fotografía de la misma. Posterior a la descripción de 35 unidades habitacionales, señala: “Tras el análisis de la ubicación de las restricciones de ley, se identifica que con la información procesada actualmente existen algunas viviendas fuera de la afectación por retiros de cuenca, de diámetro de 100 metros con respecto a naciente, y de restricción constructiva de acuerdo a ruta nacional establecido por MOPT (sumado al mismo el retiro de antejardín mínimo establecido para la zona); que aparentemente las unidades constructivas identificadas con la numeración 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17 están fuera de las afectaciones señaladas. / De interés a la presente solicitud, el Topógrafo Alexander López Miranda, de Bienes Inmuebles, mediante Oficio MW-TOP-OF-023-2019, realiza un análisis técnico de las afectaciones que presenta la propiedad -municipal, entre las que señala que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo definió un retiro de 15.00 metros del borde del Río Sarchí como la zona de protección de forestal, dicho retiro se marcó en el terreno el día 14/05/2018, para materializar dicho límite, señal que dejaron, una línea (sic) con pintura roja visible sobre el acceso de las viviendas, para determinar las viviendas que se encuentran construidas dentro de la zona de protección forestal. / Del mismo modo, señalo (sic) que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo entregó un alineamiento por zona de protección de la naciente de 100 metros esto porque no existe captación, y durante la visita en campo se realizó una demarcación del radio de protección, sobre la vía de acceso en presencia de miembros del comité de vecinos de la zona, que coordina con la Municipalidad”. (imagen 755). En idéntico sentido, en el oficio MVV-DDU-OF-174-2019 del 20 de mayo de 2019, la Dirección de Desarrollo Urbano señaló: “(…) que las unidades constructivas identificadas con la numeración 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17 están fuera de las afectaciones señaladas. Sin embargo queda en cuestión la viabilidad de generar fraccionamientos tras tomar en consideración la viabilidad de generar para las mismas un frente de propiedad válido”. (imagen 844) 9) El Concejo Municipal de Sarchí, en el Artículo VII, Acuerdo Nº1 de la Sesión Ordinaria N.°185 celebrada el 19 de noviembre de 2019, aprueba la aplicación de la moratoria contenida en la Ley de Protección de los ocupantes de zonas clasificadas como especiales (Ley 9577 del 27/06/2018, publicada en La Gaceta N.º 132 del 20/07/2018), en los siguientes términos: “( ... ) Con fundamento en los elementos fácticos y jurídicos anteriormente citados, se acuerda para el Cantón de Sarchí aplicar lo dispuesto en la Ley de Protección a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales, N.º 9577 del 27/06/2018, especialmente lo contemplado en los numerales 1, 4, 6 y 7, que suspenden hasta el 20 de julio de 2021 el desalojo de las personas, la demolición de obras, la suspensión de actividades comerciales, agropecuarias y cualquier otra actividad lícita y proyectos existentes en las zonas clasificadas como especiales, por formar parte del patrimonio natural del Estado, al ser declaradas áreas de protección de aptitud forestal el radio de 100 metros de protección de la naciente permanente y 15 metros a partir de la ribera del Río Sarchí, en favor de las personas ocupantes del asentamiento humano ubicado en el inmueble Nº 2-224094-000 propiedad de la Municipalidad, conocido como "Urbanización Río Sarchí” (. .. )"(imagen 1381 expediente judicial) 10) La finca inscrita en el partido de Alajuela bajo el sistema de folio real matrícula 224094-000, con plano catastrado A-0721701-1987, se encuentra inscrita a nombre de la Municipalidad de Valverde Vega. (hecho no controvertido, imagen 130 expediente judicial) 11) En la finca inscrita a folio real matrícula 2-224094-000 existe una naciente permanente en las coordenadas N1115120 E463800 y colinda con el Río Sarchí. (imágenes 324, 370, 372, 377, 389 y 455 del expediente judicial) 12) Dentro del área de protección de la naciente y del río Sarchí existen construcciones y daños en árboles y vegetación. (imágenes 370, 372, 385, 386, 432 del expediente judicial) V. Hechos no probados. De relevancia para la presenta causa, con base en los elementos de prueba admitidos y valorados, se tiene por no probado: 1) Que la finca inscrita en el partido de Alajuela bajo el sistema de folio real matrícula 224094-000, con plano catastrado A-0721701-1987, haya sido donada por el señor Luis Castro Monge para ser destinada a la construcción de viviendas de interés social. (No hay prueba en autos) 2) Que la Municipalidad de Sarchí haya segregado, tramitado y entregado planos sobre la finca inscrita al folio real matrícula 2-224094-000 a algún beneficiario o administrado. (No hay prueba en autos) 3) Que la señora Gloria Morales Arce posea u ostente algún derecho real sobre la finca inscrita al folio real matrícula 2-224094-000. (No hay prueba en autos) 4) Que el SINAC o la Municipalidad de Sarchí hayan iniciado algún procedimiento de desalojo o demolición en relación a la casa de habitación en donde habita la parte actora, la cual se ubicada dentro de la finca inscrita al folio real matrícula 2-224094-000. (No hay prueba en autos) VI. Objeto del proceso. El objeto del proceso es que se ordene a la Municipalidad de Sarchí que realice las acciones tendientes a finalizar la entrega registral mediante la donación hecha a su favor y se otorgue e inscriba el plano catastrado sobre el espacio de terreno que considera la señora Gloria Morales Arce, que es de su propiedad. Al respecto, señala que la propiedad objeto del presente proceso se inscribió a nombre de la Municipalidad de Sarchí desde el año 1988 pero siempre fue claro por parte de las autoridades municipales que dicha propiedad fue donada para construcción de viviendas de interés social y que se realizaron muchas gestiones administrativas, incluyendo el trámite de emisión de planos para segregación, para materializar dicha donación, no obstante no han podido regularizar e inscribir los terrenos a su nombre. En este sentido, la corporación local ha señalado que el terreno es un bien de domino público con las limitaciones que ello conlleva. La parte actora señala que se encuentran amenazados de desalojo por diversas acciones realizadas por el SINAC y la Municipalidad de Sarchí, ya que estas instituciones indican que parte del terreno, donde hay muchas viviendas, se encuentra afectado por una naciente permanente y por el Río Sarchí, pero que, además, hay un grupo de esas viviendas que se encuentran fuera de la zona de protección, por lo que solicita que se ordene a las entidades demandadas, el cese de cualquier gestión de desalojo en su contra y que se establezca de modo definitivo, si su vivienda se encuentra dentro de la franja de protección. Las demandadas han sido claras en señalar que no existen gestiones de desalojo en trámite, que la vivienda de la señora Morales Arce se encuentra fuera del área de protección y, señala la corporación local, que esa entidad se encuentra realizando gestiones para buscar soluciones técnicas y legales para las familias que están fuera de las áreas de protección. Por último, solicita que condene a la Municipalidad de Sarchí, al SINAC y al Estado, al pago de daños, perjuicios y costas; por su actuar en su perjuicio. VII. Sobre el fondo. A efectos de atender la demanda interpuesta, se determina que el eje central del presente asunto, recae en la pretensión número 2 formulada por la parte actora, en la cual requiere que se ordene a la Municipalidad de Sarchí, finalizar con la entrega registral mediante la donación a su favor y se inscriba y otorgue el plano correspondiente. Las restantes pretensiones y argumentos formulados dependen completamente de ésta, de allí que en primera instancia se realizará el análisis del argumento formulado sobre este extremo petitorio. Como primer argumento señala que existe una vinculación legal entre el bien y los ocupantes del mismo (incluyéndose a la parte actora), toda vez que ha habitado dicha propiedad por más de 30 años con todos los requerimientos urbanísticos, municipales y de servicios públicos obtenidos de modo lícito para su vivienda, señalando que la posesión ha sido legítima, y que el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y que el artículo 45 indica que la propiedad es inviolable y a nadie puede privarse de la suya, sino por el interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la Ley. Criterio del Tribunal: En relación a este argumento, la parte actora no aporta elemento probatorio alguno en donde se acredite, fehacientemente, que la Municipalidad de Sarchí haya emitido un acto administrativo a su favor, concediéndole sobre la propiedad inscrita en el partido de Alajuela bajo el sistema de folio real matrícula 224094-000, con plano catastrado A-0721701-1987 perteneciente a la citada corporación local, un derecho o una expectativa de derecho, máxime cuando la pretensión formulada es que se finalice la donación. En relación a la prueba aportada para formular dicha petición, constan una serie de acuerdos municipales que reconocen la existencia de una Ciudadela en una propiedad ubicada a orillas del río Sarchí y sobre la cual se presume se trata de la misma propiedad -dado que ninguno de los acuerdos indica expresamente el número de finca-, no obstante, en virtud de su contenido se determina que lo manifestado son precisiones genéricas sobre la constitución de la Ciudadela, pero que no implican o demuestran que se haya emitido un acto administrativo reconociéndole un derecho de propiedad a la parte actora en la finca dicha. Además, se ofrece el artículo décimo tercero de la sesión ordinaria número 20 celebrada a las veintidós horas con diez minutos del día 7 de noviembre de 1986 (hecho probado 1) que hace referencia a que la finca fue donada para construir viviendas de interés social, no obstante, al realizarse la donación a la Municipalidad de Sarchí no se indicó que la misma era para construir viviendas de interés social, tal y como se desprende de la escritura número ciento cincuenta y cuatro de las ocho horas del trece de octubre de mil novecientos ochenta y siete, otorgada por el Notario Público Francisco Rodríguez Rodríguez (hecho probado 2) y además se observa que el acuerdo citado se emitió en forma anterior a la citada donación. Por otro lado, respecto del contenido de los artículos cuarto y quinto de la sesión ordinaria número 74 celebrada a las dieciocho horas del día 18 de marzo de 1988 (hecho probado 3), artículo octavo de la sesión ordinaria número 85 celebrada a las dieciocho horas del 24 de junio de 1988 (hecho probado 4) y artículo tercero de la sesión ordinaria número 92 celebrada a las dieciocho horas del día 19 de agosto de 1988 (hecho probado 5), se observa que, si bien es cierto se hace referencia a la constitución de la Ciudadela y las intenciones de la corporación local sobre la disposición de la misma, ésta no se materializó ni concretó en un acto administrativo en favor de la parte actora -o al menos no lo prueba-, constituyendo así una simple tolerancia del el gobierno local en cuanto al uso de la finca inscrita en el partido de Alajuela bajo el sistema de folio real matrícula 224094-000, que no genera derecho alguno en favor de la parte actora, menos aún en una donación como se informa. En este sentido, se tiene por acreditado que la propiedad objeto del presente proceso se encuentra inscrita registralmente a nombre de la Municipalidad de Sarchí (hecho probado 10), de forma que cualquier uso que pueda darse a ésta por la parte actora, implica un acto de mera tolerancia, al cual se le puede poner fin en cualquier momento, dado que no genera un derecho de posesión, tal y como lo dispone el inciso 1) del artículo 279 del Código Civil: “Independientemente del derecho de propiedad, se adquiere el de posesión: 1º.- Por consentimiento del propietario. Los actos facultativos o de simple tolerancia no dan el derecho de posesión...". Atendiendo a lo anterior, no lleva razón la parte actora en afirmar que ha realizado una posesión legítima, por cuanto, el numeral 277 del Código Civil señala que “El derecho de posesión consiste en la facultad que corresponde a una persona de tener bajo su poder y voluntad la cosa objeto del derecho”, lo cual no puede ocurrir de forma alguna dado que la propiedad sobre la cual se indica ha realizado la posesión se encuentra inscrita a nombre de la parte demandada, de allí que hay una imposibilidad total de tenerla bajo su poder y disposición; situación, que en igual término implica que no es posible argumentar la violación de la propiedad privada contenida en el artículo 45 de la Constitución Política, en el tanto, el terreno objeto del proceso no es de su propiedad y no ostenta derecho alguno sobre el mismo. Por último, respecto del argumento sobre el artículo 50 de la Constitución Política el mismo es irrelevante para la presente causa por cuanto el eje central del proceso es la propiedad del bien inmueble de repetida cita y no los derechos allí consignados. Así las cosas, el argumento formulado debe ser rechazado por cuanto la parte actora no cuenta con título habilitante alguno que le conceda un derecho respecto de la finca inscrita en el partido de Alajuela bajo el sistema de folio real matrícula 224094-000. En lo que respecta a las restantes pretensiones, relativas al cese y exclusión de cualquier gestión de desalojo a su nombre y la determinación de la ubicación de su vivienda respecto de la zona de protección (consignadas en los numerales 3, 4 y 5), se observa la formulación de un reproche en el mismo sentido, es decir, que en virtud del derecho que considera ostentar no puede realizarse ningún acto de desalojo y que, además, debe definirse si su casa de habitación se encuentra o no en la zona de protección. Al respecto, es claro para este Tribunal que, al no demostrar la existencia de derecho alguno sobre la propiedad de la Municipalidad de Sarchí, los reproches y peticiones que formule al respecto, son improcedentes, en el tanto, las mismas dependen directamente de éste. A mayor abundamiento, es necesario señalar que, en virtud de la tolerancia municipal respecto del uso del bien, la corporación local en el oficio MVV-OA-OF-360-2019, del 14 de junio del 2019, emitido por la Alcaldía Municipal ha elaborado un croquis con la numeración de todas unidades habitacionales y descripción de las mismas, en donde ha señalado cuáles casas de habitación se encuentran dentro de la zona de protección y cuáles fuera de la misma, lo que acredita que la conducta de hacer que se peticionaba ya ha sido realizada por el gobierno local. VIII. Sobre la pretensión indemnizatoria. La parte actora solicita que se condene a la Municipalidad de Sarchí, al SINAC y al Estado, al pago de daños, perjuicios y costas ocasionados por su actuar. En atención a la demanda interpuesta, se observa que esta petición se encuentra vinculada con la pretensión principal, misma que consiste en que se ordene a la Municipalidad de Sarchí, finalizar con la entrega registral mediante la donación a su favor y se inscriba y otorgue el plano correspondiente, en relación a un derecho que aduce tener respecto de la finca inscrita en el partido de Alajuela bajo el sistema de folio real matrícula 224094-000. En este entendido, se determina que este extremo patrimonial está ampliamente ligado a los efectos y condiciones que generaría el acoger la pretensión, no obstante, tal y como se expuso en los considerandos previos, no lleva razón la parte actora en sus alegatos, de allí que no es procedente dicha gestión, lo que implica que, no procede el pago peticionado. En consecuencia, estima el Tribunal que la pretensión -por accesoria- es improcedente, en el tanto fue objeto de rechazo la pretensión principal formulada por la parte actora, lo anterior, siguiendo el principio que lo accesorio sigue lo principal. Así las cosas, se declara improcedente la demanda interpuesta en todos sus extremos. IX. Sobre las defensas formuladas. Las representaciones del Estado y del SINAC interponen la defensa de falta de legitimación ad causam activa y pasiva. La representación del Estado argumenta que la parte actora no demuestra cuál es la afectación a sus intereses legítimos por parte del Estado, tampoco la existencia de amenazas provenientes de las administraciones demandadas, y no se desprende que su representado haya emitido alguna conducta que pueda tenerse como objeto del proceso, de forma que no existe motivo alguno para vincularle con los efectos jurídicos y materiales de las pretensiones deducidas por la señora Morales Arce. Adiciona que tampoco puede considerarse que estamos ante una legitimación pasiva del Estado, en los términos que establece el numeral 12.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, ya que aquí no se cuestiona ningún acto del SINAC como motivo de los daños reclamados. La representación del SINAC señala que en este proceso de conocimiento no se ha impugnado acto alguno de la institución relacionado con los hechos y pretensiones planteadas por la actora en la demanda, por lo que no se cumple con el necesario vínculo que debe existir entre los hechos, las pretensiones y la actuación administrativa, de forma que no existe motivo alguno para vincular al SINAC con los efectos jurídicos y materiales de las pretensiones deducidas por la actora, más aún cuando las acciones acusadas nunca se dieron y los hechos se basan en presunciones y expectativas de la parte, que en su mayoría no son atribuibles a mi representado. Criterio del Tribunal: Vistas las pretensiones formuladas en la demanda y de conformidad con los argumentos planteados, determina este Tribunal que efectivamente la parte actora no impugna ninguna conducta del SINAC y no hay ninguna actuación de este último que haya afectado algún derecho subjetivo o interés legítimo de la accionante. Adicionalmente, se hace necesario hacer alusión a las pretensiones formuladas. La pretensión número 2 se encuentra dirigida a la Municipalidad de Sarchí. En las pretensiones 3 y 4 solicita que se ordene a las entidades accionadas el cese de inmediato de cualquier orden administrativa tendiente a su desalojo y que se defina si su vivienda se encuentra dentro de la franja de protección de las nacientes. El primer aspecto a señalar es que las actuaciones realizadas por el SINAC fueron emitidas en atención a una denuncia por daños ambientales en la propiedad inscrita al Partido de Alajuela al folio real matrícula 224094-000 con plano catastrado No. A-0721701-1987, propiedad de la Municipalidad de Sarchí, (hecho probado 12) en donde se determinó que el inmueble se encuentra afectado por las limitaciones de la Ley Forestal No. 7575 de 13 de febrero de 1996, establecidas en los artículos 33 y 34, relativos a las áreas de protección del recurso hídrico, tanto por presencia de un río como de una naciente, (hecho probado 11) originando la prevención administrativa OG-1026-2018 de las catorce horas dos minutos del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho de la Oficina de Grecia del Área de Conservación Central del SINAC (hecho probado 6), la cual se encuentra dentro de sus competencias legales y se dirige únicamente a la corporación local como propietaria del inmueble citado. En un segundo punto, debe tenerse en cuenta que la parte actora no ostenta derecho alguno en relación a la finca objeto del proceso, tal y como se acreditó anteriormente, de allí que no puede argumentarse que las disposiciones emitidas por el SINAC le hayan causado perjuicio alguno o hayan afectado de manera alguna sus derechos. En un tercer punto, es claro que esta institución no ha girado ninguna orden de desalojo dirigida a la parte actora o bien que la misma le haya sido comunicada a ésta. Como cuarto punto, en cuanto a la pretensión para determinar si su vivienda se encuentra dentro de la franja de protección, es claro que el bien objeto del proceso incumbe a la corporación local y no le corresponde al SINAC realizar la valoración de cuestiones propias de la relación entre la parte actora y la Municipalidad de Sarchí; incluso, véase que mediante oficios DDU-OF-174-2019 del 20 de mayo de 2019 de la Dirección de Desarrollo Urbano y MVV-OA-OF-360-2019, del 14 de junio del 2019 de la Alcaldía Municipal (hecho probado 4), ésta informa que la vivienda de la señora Morales Arce se encuentra fuera de la zona de protección determinada e informada por el SINAC en la prevención administrativa OG-1026-2018 de las catorce horas dos minutos del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, la Oficina de Grecia del Área de Conservación Central del SINAC. Por los motivos dichos, lo procedente es acoger las defensas de falta de legitimación ad causam activa y pasiva opuestas por las representaciones del SINAC y del Estado, por lo que se hace innecesario ingresar al análisis de las defensas de falta de derecho interpuestas por ambas representaciones. La representación de la Municipalidad de Sarchí interpone la falta de legitimación activa y falta de derecho. Respecto de la falta de legitimación activa, se determina que las pretensiones formuladas por la parte actora se encuentran dirigidas -conforme a su situación particular- hacia la corporación local, por lo que, se evidencia que sí ostenta legitimación en ambas vías. Con fundamento en las consideraciones expuestas en los considerandos previos, se acoge la excepción de falta de derecho opuesta por la representación de la Municipalidad de Sarchí. X. Costas. De conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas personales y procesales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. Se exceptúa de dicha condena cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia no haya conocido la parte contraria o cuando, a juicio del Tribunal, haya existido motivo suficiente para litigar. Atendiendo a lo expuesto, no observa este Tribunal que la presente causa pueda ser exceptuada en los términos indicados, por lo que, lo procedente, es condenar a la parte actora al pago de ambas costas del proceso, así como los intereses que de ellos se deriven. Por tanto Por las razones expuestas, se acoge la defensa de falta de legitimación ad causam activa y pasiva opuesta por las representaciones del SINAC y del Estado y por innecesario se omite el análisis de la defensa de falta de derecho interpuesta por ambas representaciones. En relación con la Municipalidad de Sarchí se rechaza la falta de legitimación activa y se acoge la falta de derecho. En consecuencia, se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Son ambas costas del proceso a cargo de la parte actora y perdidosa, así como los intereses que de ellos se deriven. Eduardo González Segura. Lourdes Vargas Castillo. Marco Antonio Hernández Vargas. Expediente: 20-005185-1027-CA Asunto: Proceso de conocimiento Actor: Gloria Morales Arce Demandado: Municipalidad de Sarchí, Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Estado - Código Verificador - ???????????????? KGU447RTPQHU61 Documento firmado por: MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ VARGAS, JUEZ/A DECISOR/A EDUARDO GONZÁLEZ SEGURA, JUEZ/A DECISOR/A LOURDES VARGAS CASTILLO, JUEZ/A DECISOR/A Pág. 1 de 30. Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:28:02. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Tribunal Contencioso Administrativo Ruling No. 07309 - 2025 Date of Ruling: July 21, 2025 at 3:38 p.m. Case File: 20-005185-1027-CA Drafted by: Marco Antonio Hernández Vargas Type of Matter: Proceeding on the merits (Proceso de conocimiento) Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Rulings from the same case file Content of Interest: Type of content: Majority vote Branch of Law: Administrative Law Topic: Public assets Subtopics: Nonexistence of a subjective right to a donation regarding the occupation of a municipal property by mere tolerance. Topic: Administrative contentious proceeding (Proceso contencioso administrativo) Subtopics: Nonexistence of a subjective right to a donation regarding the occupation of a municipal property by mere tolerance. "VII. On the merits [...] In relation to this argument, the plaintiff does not provide any evidentiary element whatsoever that reliably accredits that the Municipality of Sarchí issued an administrative act in her favor, granting her a right or an expectation of a right over the property registered in the Alajuela registry under the folio real system, registration number 224094-000, with cadastral map A-0721701-1987 belonging to the cited local corporation, especially when the formulated claim is that the donation be finalized [...] while it is true that reference is made to the establishment of the housing development (Ciudadela) and the local corporation's intentions regarding its disposition, this did not materialize or concretize in an administrative act in favor of the plaintiff—or at least she does not prove it—thus constituting a simple tolerance by the local government regarding the use of the farm registered in the Alajuela registry under the folio real system, registration number 224094-000, which does not generate any right in favor of the plaintiff, much less to a donation as stated. In this regard, it is considered accredited that the property subject to this proceeding is registered in the name of the Municipality of Sarchí (proven fact 10), such that any use that the plaintiff may make of it implies an act of mere tolerance, which can be terminated at any time, given that it does not generate a right of possession, as provided by subsection 1) of article 279 of the Civil Code: 'Independently of the right of property, the right of possession is acquired: 1st.- By the consent of the owner. Facultative acts or acts of simple tolerance do not grant the right of possession...'. [...] Thus, the formulated argument must be rejected because the plaintiff does not have any enabling title that grants her a right regarding the farm registered in the Alajuela registry under the folio real system, registration number 224094-000. [...]". ... See more Citations of Legislation and Doctrine Text of the ruling EV Template Generation: F:\\Gestion-Judicial\\Servidor de Archivos\\Modelos\\Contencioso\\TCRESOL016.dpj ???????????????? Case File: 20-005185-1027-CA Matter: Proceeding on the merits (Proceso de conocimiento) Plaintiff: Gloria Morales Arce Defendant: Municipality of Sarchí, National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) and the State No. 2025007309 CONTENTIOUS ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL, SECOND SECTION, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at fifteen hours and thirty-eight minutes on the twenty-first of July, two thousand twenty-five.- Administrative contentious proceeding (Proceso contencioso administrativo) filed by Mrs. Gloria Morales Arce, identification number 2-0430-0390, against the Municipality of Sarchí, the National System of Conservation Areas and the State. Attorney Jorge Chaves López intervenes on behalf of the plaintiff, and attorneys Lineth Arce Valverde, Christian Barrero Godínez, and Gloria Solano Martínez intervene on behalf of the defendants, respectively. This Collegiate Tribunal now proceeds to issue the first-instance judgment, with the unanimous vote of its members, following due deliberation. Judge Hernández Vargas drafts. Considering. I.- Procedural background. For the purpose of resolving this administrative contentious proceeding, the relevant background is set forth in the following lines: 1.- This case has been processed in this venue electronically; therefore, the foliation of the electronic document generated as a single PDF file, obtained from the Virtual Desktop with the "Descending Order" and "Show Document Description (PDF)" options unchecked and with the "Show Case File Cover Details" option selected at "End," which includes a total of 1893 images of the judicial file and 280 images of the interim measure (medida cautelar) file, will be used as a reference. An additional digital administrative file (184 images) is also available. The foregoing clarification is made for the purpose of recording the total number of images comprising the different files and the reference to each of them under the indicated designation. 2.- Through Law 9658, called “Change of nomenclature of Canton XII of the province of Alajuela to be named Sarchí,” of July 5, 2019, its sole article provided that: “Canton XII, of the province of Alajuela, is named Sarchí.” This is relevant in this matter because in some documents the Municipality of Valverde Vega is indicated and in others the Municipality of Sarchí, which is done in this manner to respect the name the canton had at the time the facts referenced on each occasion occurred and thus not affect what is recorded in the indicated documents. 3.- The proceeding on the merits (proceso de conocimiento) is deemed filed, establishing the claims determined in the complaint filed on December 2, 2020, the correction filed on December 10, 2020, and the preliminary hearing held on January 11, 2022, as follows: "In accordance with the stated factual and legal elements, due to a clear violation of the right to property and a healthy and balanced environment, a violation verified herein, but which, furthermore, with the imminent possibility of worsening over time, concepts contained in articles 45, 50, 51 of the Political Constitution, articles 29, 32, 33, 34, 35 of the Constitutional Jurisdiction Law No. 7135; as well as the violation of due process, safeguarded in articles 27 and 30 of our Magna Carta, article 58 et seq. of the Contentious Administrative Code. Based on the duly determined factual and legal grounds, I request: / 1- To grant this complaint. / 2- To order the respondent municipality to finalize the registral transfer by donation in favor of my person, and to register and grant the corresponding cadastral map. / 3- To order the respondent entities to immediately cease any administrative order aimed at the eviction of my person, who is a resident of Caserío Rio (sic) Sarchí. / 4- To order the definitive determination of whether my dwelling is located within the protection strip of the aquifer springs (nacientes acuíferos). / 5- To order the respondents to exclude my dwelling from any administrative eviction proceeding. / 6- To order the Municipality of Sarchí, SINAC, and the State to pay damages, losses (perjuicios), and costs; for their actions to my detriment. / Which are specified and substantiated below: / - Their cause: the dispossession of the land given by the municipality, which is not in a protection zone, as well as the dispossession of the building (house) and all investment made on the site in good faith. / Material damage: these are prudentially estimated at the sum of thirty-five million colones, which is the value of the land and constructions. / Moral damage: the sum of five million colones, representing the anguish and suffering caused by the respondents, with the threat of dispossessing our family of a lifetime's investment, leaving us without a home and without a decent place to live. / Losses (Perjuicios): are set at the sum of one million colones, representing the losses or amounts ceased to be received, by being unable to dispose of our assets, whether renting or selling them, all due to the unlawful actions of the defendants. / Costs: these are set at the sum of one million colones, corresponding to personal and procedural costs according to the current fee and honorarium schedule for law practice. / Prudentially liquidated total: forty-two million colones. Which may increase according to the requested expert opinions. (What was recorded regarding the detail of claim 6 was recorded in capital letters in its original) (At the Preliminary Hearing at thirteen hours fifty minutes on January eleven, two thousand twenty-two, the plaintiff withdrew claims 7 and 8 of the complaint) (images 02, 110 and 1835). 4.- In a brief filed on March 11, 2021, the State's representative answered the complaint negatively. They raised the substantive defenses of lack of right, lack of passive ad causam standing, and lack of active standing. They petitioned that the complaint be rejected in all its aspects and that the plaintiff be ordered to pay both court costs and the interest generated until their effective payment. (image 232 of the judicial file). 5.- In a brief filed on March 17, 2021, SINAC's representative answered the complaint negatively. They raised the substantive defenses of lack of right, lack of passive ad causam standing, and lack of active standing. They petitioned that the complaint be declared without merit in all its aspects and that the plaintiff be ordered to pay both costs and their interest. (image 244 of the judicial file). 6.- By means of resolution 758-2021-T at eight hours and thirty minutes on June fourth, two thousand twenty-one, the Processing Judge rejected the request for an interim measure (medida cautelar) requested by Mrs. Gloria Morales Arce. (image 275 of the interim measure file) 7.- In a brief filed on June 24, 2021, the representative of the Municipality of Sarchí answered the complaint negatively. They raised the substantive defenses of lack of right and lack of active standing. They petitioned to reject the complaint in all its aspects and to order the plaintiff to pay both costs and the interest generated until their effective payment. (image 256 of the judicial file). 8.- The Preliminary Hearing was held at thirteen hours and fifty minutes on January eleven, two thousand twenty-two, where the parties stated that they had no procedural cleansing issues, and adjustments were made to the claims. The plaintiff withdrew claims 7 and 8 of the complaint. The Processing Judge declared without merit the defense of failure to exhaust administrative remedies raised by the Municipality of Sarchí. The disputed facts were determined, the documentary evidence was admitted, and the matter was declared purely legal. (image 1835 of the judicial file and recording on digital media) 9.- In briefs filed on January 14, 2024, the plaintiff's representative and the defendants' representatives submitted their conclusions regarding this case. (images 1840, 1854, 1858 and 186 of the judicial file) 10.- The prescriptions and terms of law have been observed in the proceedings, and no nullities are observed that need to be corrected or that cause defenselessness. II.- Arguments of the plaintiff. Regarding the formulation of the complaint, the plaintiff's assertions are transcribed: FACTS. FIRST: In ordinary session number 20 held by the Municipal Council of Valverde Vega at twenty-two hours and ten minutes on November 7, 1986, folio number 2171 and 2172, article thirteenth: the councilors, Rodríguez Rodríguez, Alfaro Camacho, Quesada Esquivel and Chaverri Murillo, presented a motion which was unanimously approved and literally reads: "we motion with the purpose of requesting Ifam (sic) the necessary technical advice to carry out the topographic survey and the respective deed formalization of the lots that form part of the property located on the banks of the Río Sarchí, donated by Mr. Luis Castro Monge to the municipality (sic) of Valverde Vega, for the purpose of building low-income housing. Firm agreement". (see exhibit one). SECOND: On January 23, 1988, the property with an area of 8145 square meters and 87 square decimeters was registered in the name of the Municipality of Valverde Vega; Alajuela registry, farm registered under folio real system 224094-000, cadastral map A-0721701-1987, donated by Mr. Luis Castro Monge to be destined for the construction of social interest housing. (see exhibit 2). THIRD: That the farm registered under folio real system 224094-000 has cadastral map number A-0721701-1987; from which the following cadastral maps originated at the time, as child maps of the same: A-99944-92, A-88069-92, A-92495-93, A-88071-92, A-89972-92, A-89600-92, A-93584-93, A-92496-93, A-92499-93, A-93582-93, A-87791-92, A-89780-92, A-87662-92, A-87661-92, A-594734, A-89782-92, A-87795-92, A-87289-92, A-93583-93, A-89781-92, A-87792-92, A-92497-93, A-87794-92, A-88068-92, A-87793-92, which were processed and delivered to each of the beneficiaries by the Municipality of Sarchí itself, for the purpose of registering the lands in the name of the petitioners here. (see exhibit 3). FOURTH: In ordinary session number 74 held by the Municipal Council of Valverde Vega, in the city of Sarchí Norte at eighteen hours on March 18, 1988, folio number 2419 and 2420, it established in its article four: "given that in Sarchí Sur, Valverde Vega, a housing development called 'Ciudadela Río Sarchí' was installed and it has approximately 18 low-income dwellings, which lack electricity installation service, therefore, the Municipal Council of Valverde Vega unanimously agrees: to respectfully request the Instituto Costarricense de Electricidad (sic) ICE (sic) the indicated electrical service, as well as the possibility of installing a public telephone in the cited place. Firm agreement. Article five: the Municipal Council of Valverde Vega unanimously agrees: to respectfully request the Planning Department of the Ministry of Public Education (sic) the opening of an educational center in Alto de Centro Sarchí Sur, for the purpose of benefiting the residents of that place and the residents of the Ciudadela Rio (sic) Sarchí, who must attend the school of San Juan (sic) de Grecia or Sarchí Sur, which represents a degree of danger for the children due to the distances. Firm agreement.' (see exhibit 4). FIFTH: In ordinary session number 85 held by the Municipal Council of Valverde Vega, in the city of Sarchí Norte at eighteen hours on June 24, 1988, folio number 2470, article eight, it established: “given that the municipality needs to subdivide (lotificar) the farm owned by it in Alto de Castro (sic) de Valverde Vega destined for the housing project, the municipal council (sic) unanimously agrees; to respectfully request the engineering department of IFAM (sic) the segregation of the lots in said farm owned by the municipality, with the objective of continuing with the low-income housing project. Firm agreement.” (see exhibit 5). SIXTH: That in ordinary session number 92 held by the Municipal Council of Valverde Vega, in the city of Sarchí Norte at eighteen hours on August 19, 1988, folio number 2494, article three: the Municipal Council of Valverde Vega unanimously agrees to address the Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS, to respectfully request them to conduct a socio-economic study of 18 families who are building or have built their dwellings in a housing project sponsored by this municipality in Alto de Castro de Sarchí Sur, to determine their payment conditions in order to create a revolving fund to help more people. Firm agreement. (see exhibit 6). SEVENTH: That in ordinary session number 144 held by the municipal council of Valverde Vega, at eighteen hours on December 1, 1989, folio number 2793; residents of the hamlet (Caserío) called Villa Sarchí, who requested cooperation to obtain 212 meters of culverts and thus solve a problem they are having with water, were received by the Municipal Council. The chairman informs them that there is the greatest willingness to provide collaboration, so a budget will be requested from the municipal executive. (see exhibit 7). EIGHTH: That in ordinary session number 65 held by the Municipal Council of Valverde Vega in the city of Sarchí Norte at eighteen hours on September 16, 1991, folio number 3214, it is indicated that the residents of Río Sarchí appeared before the Municipal Council to have them clarify the truthfulness of the claim that the municipality is going to take away the lots that the previous municipality had granted them; they were informed by the municipal chairman that regarding the eviction from said lands, it is a lie. (see exhibit 8). NINTH: That on August 29, 2018, the National System of Conservation Areas (SINAC) issued administrative prevention order number OG-1026-2018, notifying Óscar Quesada Esquivel, legal representative of the Municipality of Valverde Vega, indicating specific prohibitions for the Municipality of Valverde Vega's property located in the caserío Río Sarchí: the prohibition of invading the protection area of the spring (naciente) and the Río Sarchí, for which it is warned of the need to carry out necessary measures before the corresponding authorities to eliminate the invasion affecting the land of its property, and which could be affecting the water resource existing there, since invasion in the protection area of the 100-meter radius around permanent springs (nacientes permanentes) and 15 meters or 50 meters on both sides of rivers, streams, or creeks is prohibited by the Forestry Law (Ley Forestal). It was also indicated in article three of said administrative prevention order that "the presence of a type of precarious settlement was verified, which was installed on that land of the municipality of Valverde Vega". However, as evidenced by the above-indicated cadastral maps, the electricity receipts in the name of the people living on said property, it is NOT a precarious settlement at all. (see exhibit 9). TENTH (sic): (The plaintiff requested its removal) ELEVENTH: The caserío Río Sarchí, located on the farm registered under folio real system 224094-000, is inhabited in its vast majority by families composed of minors and older adults with proven medical conditions, consolidated on the site for more than 30 years; which is evidenced by official letter MVV-VA-OF-047-2019 of April 23, 2019; as well as in a communication of said report made by the Municipality of Valverde Vega to the Instituto Mixto de Ayuda Social; where it was indicated that as of that date, the Caserío Río Sarchí had approximately 40 families. (see exhibits 10 and 11). TWELFTH: The inhabitants of the Río Sarchí locality currently have their own independent electricity meters in each house; as evidenced by way of example below: (…) THIRTEENTH: In official letter MVV-VA-OF-012-2019 dated February 11, 2019, the Vice Mayor Norma Zeledón Pérez, through a request to the Instituto Mixto de Ayuda Social, refers to the urgency of taking a census of the inhabitants of Río Sarchí due to the administrative prevention order issued by MINAE and the alleged eviction, of this last matter we have not been formally notified, and this situation worries us, since the Municipality does not take responsibility for the people who have inhabited the Caserío Río Sarchí for more than 30 years. FOURTEENTH: That by agreement of the Municipal Council of Sarchí, minutes number 102, folio 236, of November 14, 2019; it was indicated that: “the eviction of people, the demolition of works, the suspension of commercial, agricultural activities and any other asset of the state's natural heritage is suspended until July 20, 2021, upon declaring the 100 m radius of protection of the permanent spring (naciente permanente) and 15 meters from the bank of the Río Sarchí as areas of protection of forest aptitude, in favor of the people occupying the human settlement located on property number 2-224094-000 owned by the municipality, known as Urbanización Río Sarchí” which clearly shows that a date already exists to evict and demolish our dwellings, without us having been informed of this situation in any way. (see exhibit 12). FIFTEENTH: That by report from the Urban Development Department of the Municipality of Valverde Vega, issued by the Director of said Department, architect Sergio Bolaños Alfaro, stated that; after analyzing the 35 houses located on the site, “... there are some dwellings outside the affectation due to basin setbacks, the 100-meter diameter with respect to the spring (naciente), and construction restrictions according to the national route established by MOPT (added to the same, the minimum front garden setback established for the zone); that the constructive units identified with numbers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17 are outside the indicated affectations. However (sic), the viability of generating subdivisions (fraccionamientos) remains in question after considering the viability of generating a valid property frontage for them." (see exhibit 15) II. ANALYSIS OF THE FACTUAL FRAMEWORK. On August 29, 2018, the National System of Conservation Areas (SINAC) issued administrative prevention order number OG-1026-2018, notifying Óscar Quesada Esquivel, legal representative of the Municipality of Valverde Vega, indicating specific prohibitions for the Municipality of Valverde Vega's property located in the Caserío Río Sarchí: "the prohibition (sic) of invading the protection area of the spring (naciente) and the Río Sarchí, for which it is warned of the need to carry out necessary measures before the corresponding authorities to eliminate the invasion affecting the land of its property, and which could be affecting the water resource existing there, since invasion in the protection area of the 100-meter radius around permanent springs (nacientes permanentes) and 15 meters or 50 meters on both sides of the river, streams or creeks is prohibited by the Forestry Law (Ley Forestal); it was also indicated in article three of said administrative prevention order that 'the presence of a type of precarious settlement was verified, which was installed on that land of the municipality of Valverde Vega.' However, as evidenced by the above-indicated cadastral maps, the electricity receipts in the name of the people living on said property; photographs of the site and the decent dwellings existing in the place; it does not constitute a precarious settlement, not even in the legal sense of precarious occupation, because there is a legal link between the property and its occupants, since the residents of the caserío (sic) Río Sarchí have inhabited said property for more than 30 years with all the urban, municipal, and public service requirements lawfully (sic) obtained for their dwellings. (see exhibit 9). Moreover, the facts mentioned in this complaint reflect that the possession of the inhabitants of the caserío Río Sarchí has been legitimate from its inception, and as cited by article 50 of the Political Constitution of Costa Rica, every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Likewise, article 45 of the same normative body indicates that property is inviolable and no one may be deprived of what is theirs, except for legally proven public interest, upon prior compensation in accordance with the Law; but despite what has been said, since 2018 there has been a prevention order from SINAC indicating to the Municipality of Sarchí the order not to invade the protection area of the permanent spring (naciente permanente) and the Río Sarchí, warning of the need to take the necessary steps to protect the zone and its inhabitants, which has been interpreted by the local government as an eviction order against our community; thereby directly and flagrantly violating our rights to property, health, the right to a healthy environment and decent housing, and even our legal security, because the Municipality of Sarchí made us invest the effort of our entire life in our houses, working jointly with us to regularize and register the lands in our name; and now, it turns out that, due to a disagreement between state entities, it intends to evict us from our homes, without providing any solution for the very serious damages and losses caused. Another aspect that the defendant entities do not consider, specifically the Municipality, is that not all the houses are located in the area considered protected; that is, no analysis according to technique and science is made to determine with certainty which dwellings are within said zone; quite the contrary, a general sweep is intended without considering the individual circumstances of each inhabitant, said action constituting an arbitrary act, without considering that the General Public Administration Law states, “In no case may acts be issued contrary to unequivocal rules of science or technique, or elementary principles of justice, logic, or convenience”. (article 16) That with the evidence provided, the violation of constitutional and legal rights posed by the municipality and SINAC is clear; for more than 30 years we have peacefully inhabited the lands that today, without any qualms, they want to evict us from. In this regard, the General Public Administration Law, in its article 190, provides: “1. The Administration shall be liable for all damages caused by its legitimate or illegitimate, normal or abnormal functioning, except force majeure, fault of the victim, or act of a third party. / 2 ...”. III. LEGAL GROUNDS. I base this complaint on articles 277, 278, 279.1, 279.2, 280, 282, 284, 285, 286, and concordant articles of the Civil Code, articles 11, 39, 41, 45, 49, and 50 of the Political Constitution of Costa Rica, articles 11, 16, 190 et seq. of the General Public Administration Law, and articles 12, 16, 17, 40, 14, 42, 43, and 58 of the Contentious Administrative Procedure Code. III. Arguments of the defendant parties. Regarding the answer filed, what was indicated by the defendants is transcribed: A) State. The material claims deduced from the complaint consist of the following: (…) Lack of right, lack of passive ad causam standing of the State, and lack of active standing: the plaintiff does not demonstrate what the affectation of her legitimate interests by the State is. The first thing that must be said regarding this complaint is that it is not a disputed fact that farm 224094, registered in the name of the co-defendant Municipality, whose associated cadastral map is A-0721701-1987, has limitations deriving from article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal) (Law N° 7575 of February 13, 1996). Said numeral declares as a protection area “the areas bordering permanent springs (nacientes permanentes), defined within a radius of one hundred meters measured horizontally” (subsection a), as well as a strip of fifteen meters in rural zones measured horizontally on both sides of river banks (subsection b). Regarding the protection regime for permanent springs (nacientes permanentes) and the consequences arising from that legal classification, the First Chamber has stated: [Transcribes judgment 000199-F-S1/2010 of February 4, 2010] As is known, protection areas constitute legitimate limitations of a general nature on the right to property, as they satisfy a compelling public interest through reasonable, useful, and timely criteria; therefore, they do not require prior compensation (article 45 of the Constitution, second paragraph). Similarly, the Constitutional Court has reiterated that “the right to property is not absolute or unrestricted.” It is possible to impose constitutionally valid limitations on it for reasons of social interest, through a law approved by a qualified vote, which “define the content of the right to property itself and its exercise, and therefore, in principle, are not compensable, except when they render the right nugatory.” (Constitutional Chamber, judgments 4878/2002, 9077/2002, 5725/2004, 4926/2005, 2380/2006, 16972/2008, 3180/2014, etc.). These limitations, in themselves and by definition “are not compensable, as they do not imply expropriation, that is, when the property does not suffer dismemberments that cause the right to disappear” (Constitutional Chamber, judgments 2666/2005 and 4926/2005). "The content of this property-function consists in the owner having the power to use the asset subject to ownership to satisfy their own needs, while also bearing the duty to place it at the service of social needs when such behavior is essential" (Constitutional Chamber, judgments 5725/2004, 2666/2005, 4926/2005 and 3180/2014). Having clarified the foregoing, and with respect to the land subject to this proceeding, the existence of the permanent spring (naciente permanente) of public domain is proven, as well as its location. Specifically, the Dirección de Agua of the Ministerio de Ambiente y Energía, in official communication DA-UHTPCOSR-0067-2017, dated March 24, 2017, states the following: [Transcribes] Having verified that point, the next step is to determine the situation of the plaintiff regarding the legal protection established by the Ley Forestal. Well, on this aspect, it is essential to refer to the official communication from the Municipalidad de Sarchí MVV-OA-OF-360-2019, dated June 14, 2019. Said document consists of the formal request for an extension of the deadline provided in the administrative warning (prevención administrativa) OG-1026-2018 at 14:02 hours on August 29, 2018, issued by the Área de Conservación Central, of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Oficina de Grecia. The importance of that document lies in the fact that it contains a detailed analysis of the situation of the farm, which allows concluding with complete clarity that the dwelling where Mrs. Morales Arce is presumed to reside (identified as number 3) is not affected by environmental limitations. Let us see: [Shows photo of house] The location of this dwelling with respect to the individual study conducted by the Dirección de Desarrollo Urbano of the Municipality, is as follows: [Shows sketch] Well, according to the information gathered by the Municipalidad de Sarchí, the constructive units identified with numbering 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, and 17 are outside any affectation by watershed setbacks, and the one-hundred-meter protection radius of the spring (naciente): After analyzing the location of the legal restrictions, it is identified that with the currently processed information, some dwellings exist outside the affectation by watershed setbacks, the 100-meter diameter with respect to the spring (naciente), and constructive restriction according to the national route established by MOPT (added to it the minimum front yard setback established for the zone); that apparently the constructive units identified with numbering 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17 are outside the indicated affectations. As a consequence of the foregoing, and in view of the existing evidence, the material claims of this lawsuit related to the alleged threat of eviction, from which the reason for the millionaire claim for damages derives, are openly inadmissible. Neither is the dwelling where the plaintiff resides affected by the limitations of the Ley Forestal, nor did the plaintiff manage to prove the existence of threats against her from the sued administrations: Mrs. Morales Arce did not assume the burden of proof that corresponds to her (41.1.1 of the Código Procesal Civil, of suppletory application). What is accredited is that, faced with the administrative warning (prevención administrativa) that is based on the environmental legal system, the Municipalidad de Sarchí -in a clearly coordinated and participatory manner- defined a route to follow in order to comply with the provisions of that act, and in turn, correct the condition of the infrastructures affected by the legal limitations. It is for the above that good faith is not envisioned in this lawsuit. I reiterate that the evidence in the administrative file of the SINAC shows that the plaintiff's particular situation does not correspond to what is narrated in the facts. And, likewise, it discards the existence of the eviction threats that the plaintiff alleges. The foregoing has the consequence that the material claims of this lawsuit lack factual and legal support. Moreover, it is evident and manifest that it is not possible to infer that my client has issued any conduct that could be considered the object of the process. Under that understanding, there is no reason whatsoever to link him with the legal and material effects of the claims brought by Mrs. Morales Arce, against supposed actions that, in reality, never occurred. Nor can it be considered that we are facing passive standing of the State, in the terms established by section 12.2 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, since no act of the SINAC is questioned here as the cause of the claimed damages. In any case, that would be a standing of a procedural nature, which in no way permits inferring that the State, as a procedural subject distinct from the SINAC, has issued conduct that affects the legitimate interests of the plaintiff. Finally, in the event that the party intends the Court to extend its substantive ruling regarding other community neighbors who are not parties to this proceeding, I hereby raise the defense of lack of active standing. B) SINAC. SPECIFIC CASE. As demonstrated in the administrative file provided, my client, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, proceeded to attend to a complaint for environmental damages at the site that turned out to be a property owned by the municipality at the registry level and identified with Folio Real No. 224094 with cadastral plan No. A-0721701-1987. During the inspection, it was determined that this property is affected by the limitations of the Ley Forestal No. 7575 of February 13, 1996, specifically articles 33 and 34 which provide regarding the protection areas of water resources and which in this specific case refer to two of the assumptions contained in the norm, since the presence of a river and a spring (naciente) is verified. Report OG-916-2018, issued by Ing. Maikol Rodríguez Gómez, an official of the SINAC, dated August 7, 2018, in response to a complaint for invasion in protection areas. Said report concludes: "The cutting of vegetation and burning were carried out within the protection area of the spring (naciente) and the río Sarchí by the squatters who live on lands that are the property of the municipalidad de Valverde Vega; The responsible parties for the acts could not be individualized; The pruning of the Poró tree does not constitute any crime; The cutting of minor vegetation in the protection areas is prohibited by the Ley de Conservación de Vida Silvestre, It is recommended to issue an administrative warning (prevención administrativa) to the municipalidad de Valverde Vega, so that in its supervisory duty, it regulates and prevents the cutting of minor vegetation and burning within the protection area of the spring (naciente) and the río Sarchí." Additionally, Report OG-816-2019, issued by Ing. Maikol Rodríguez Gómez, an official of the SINAC, dated July 4, 2019, in response to a complaint for invasion in protection areas, is on record. Said report concludes: "There is a new construction of an elevated slab with an area of 19.5 m² that is located 8 meters from the spring (naciente) and a remodeling of a house that is located 10 meters from the spring (naciente); Two trees located within the protection area of the spring (naciente) La Fuente and within the protection area of the Río Sarchí were eliminated; The cutting of minor vegetation continues to take place within the protection area of the spring (naciente) La Fuente; There is non-compliance with the Administrative Warning (Prevención Administrativa) Official Communication OG-1026-2018; It is recommended to prepare a report of Facts to the Fiscalía de Grecia, for invasion, elimination of trees, and cutting of minor vegetation in the protection area." As evidenced by the cited reports and the administrative file provided, the handling of the environmental complaint by officials of my client falls within the legal limits and competencies assigned to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación in accordance with articles 22 of the Ley de Biodiversidad No. 7788 of April 30, 1998 and 33, 34, 58 of the Ley Forestal No. 7575 and article 90 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317. LEGAL BASIS. In accordance with Costa Rican environmental legislation, the protection areas of water resources have been established by law since previous forestry laws, appearing in 1969 with the Ley Forestal No. 4465 of November 25, 1969, regulated in article 68, and maintained in the successive forestry laws No. 4573, No. 7174 and under the same conditions in the currently in force Ley Forestal No. 7575 of 1996. In particular, article 33 of Law No. 7575 provides a rigid protection area whose measurement and distancing are established in a differentiated manner for each body of water as follows: [Transcribes article 33] These regulations are legislatively complemented by articles 34 and 58 of Law No. 7575, which provide for the prohibitions on eliminating trees and the crime of invasion of said areas, additionally with article 90 of the Ley de Conservación de Vida Silvestre No. 7317, which prohibits the elimination of minor flora species in the protection areas of water resources. Constitutionally, these limitations have been considered legitimate, they arise from the law and are of a general nature imposed on the right to property because they protect a public interest and a fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, therefore, they do not require compensation, in accordance with articles 45 and 50 of the Constitution. (judgments 4878/2002, 9077/2002, 5725/2004, 4926/2005, 2380/2006, 16972/2008, 3180/2014 among others) In this particular case, it is relevant that the property is owned by the Municipality, and in accordance with legislation, these types of assets are directly affected by environmental regulations. The condition of registered owner is maintained, since what the forestry law imposes are use limitations for the owner. As for the property registered in the Partido de Alajuela under Folio Real No. 24094-000, identification and classification tasks were additionally carried out by the Departamento de Aguas of MINAE, as recorded in DAUHTPCOSR-0067-2017, by which the existence of a permanent spring (naciente permanente) is determined. For this type of water body, the protection areas are established in article 33 subsection a) cited above. In this regard, it should be noted that the co-defendant Municipality has carried out a study and analysis related to the situation of the dwellings present on the farm it owns and has determined that several of these are not found within the protection radii or strips of article 33 of the Ley Forestal. Among those properties is the dwelling inhabited by the plaintiff (see MV-OA-OF-360-2019 of the Municipalidad de Sarchí), so no affectation or real threat from the actions of my client has been demonstrated. From the evidence provided in the administrative file, it is demonstrated that there is no real threat of eviction deriving from my client's actions in relation to handling the environmental complaint and the issuance of the administrative warning (prevención administrativa), which respects the legal limits and competencies assigned by the legal system. On the contrary, the Municipality, owner of the property and co-defendant, has proceeded to carry out the studies and analysis of the situation to correct the environmental damages found and subject to the administrative warning (prevención administrativa) issued. Within that process, quite contrary to what the plaintiff has indicated, it has been determined that the dwelling she inhabits is not affected in the terms provided by the Ley Forestal. It is not possible to derive from the administrative order issued by the Oficina de Grecia a content such as the plaintiff indicates, nor an intention of dispossession against her. None of the provisions violates her rights and it is not even directed at her, but at the Municipality, which must carry out the analyses and studies to address the site's environmental problem. In this ordinary proceeding, no act of the SINAC related to the facts and claims raised by the plaintiff in the lawsuit has been challenged, so the necessary link that must exist between the facts, the claims, and the administrative action is not fulfilled. There is no reason whatsoever to link the Sistema Nacional de Áreas de Conservación with the legal and material effects of the claims brought by the plaintiff, even more so when the alleged actions never occurred and the facts are based on presumptions and expectations of the party, which for the most part are not attributable to my client. C) Municipalidad de Sarchí. Regarding the factual and legal considerations supporting the opposition. Emphatically, the claims of the plaintiff are rejected, since my client has not exercised actions aimed at the eviction of the occupants of the human settlement known as Río Sarchí, which is located on municipal property 2-224094-000, which includes the housing unit of Mrs. Morales Arce. On the contrary, in good faith, transparently and in coordination with said occupants, my client has undertaken the necessary steps to seek a comprehensive solution following the notification of the Administrative Warning (Prevención Administrativa) from the SINAC, which are oriented towards restoring and regularizing the protection zones or areas that must be respected as provided in the Ley Forestal, taking into consideration the existing human settlement on the municipal property, this in accordance with the material -real- possibilities of the Municipality, respect for the constitutional principle of guaranteeing every person a healthy and ecologically balanced environment enshrined in article 50 of the Constitución Política, the constitutional rights and guarantees protected in our Magna Carta, such as seeking the greatest well-being and protection for the inhabitants, maximum respect for life and human dignity, the right to decent housing, the constitutional protection established in section 51 of this same normative body, where special state protection is provided to the family, vulnerable populations such as the mother, the child, and the elderly, the best interest of the child that derives in the protection of minors, the rights recognized for the elderly and persons with disabilities, above all the recognition of the fundamental rights of the families living on the site as well as the application of the principle of inter-administrative coordination inherent to Administrative Law. That is to say, my client has not formally managed, following due process, the eviction for the persons living on the municipal property. Having indicated the above, the factual considerations of interest to the case are set forth, which demonstrate the factual and legal impropriety of the lawsuit filed by the plaintiff, namely: -On September 14, 2018, Administrative Warning OG-1026-2018 was notified, issued on August 29, 2019, by Lic. Juan José Rodríguez Jiménez, Head of the Oficina de Grecia of the Área de Conservación Central, Reserva de Biosfera Cordillera Volcánica Central, in which it is prohibited to carry out new works, cutting or burning of minor vegetation, within the protection area of the spring (naciente) and río Sarchí, it is prohibited to invade the protection area of the spring (naciente) and the río Sarchí, and it is urged to carry out the necessary steps before the corresponding authorities to eliminate the invasion. -On November 15, 2018, through the coordination of the Ministerio de la Presidencia de la República, it was agreed to form an lnterinstitutional Commission to address the problem comprehensively, all to the end that the City Council, with institutional collaboration and its technical officials, could carry out the corresponding steps, as well as present the Action Plan. Note that, at this level of coordination, the recommendation of the ministries was to present an action plan and not to manage an eviction of the human settlement. [Lists a series of actions carried out during the years 2019 and 2020] The foregoing demonstrates that my client has not exercised acts of eviction against the plaintiff or against any other of the occupants of the municipal property, but rather has exercised its competencies in search of a comprehensive solution respecting due process and involving the occupants and the state institutions responsible for resolving the substantive matter, as well as the problem it represents, weighing the social interest and the guarantee of respect for human rights. Regarding the legal considerations, the legal precepts that base our opposition are cited below, as well as the actions of my client in this case in the administrative venue, namely: [Cites norms] Once the above is stated, other reasons for which I oppose the lawsuit are the following: The property 2-224094-000 where the human settlement known as Urbanización Río Sarchí is located, in which the plaintiff lives, consists of a demanial asset (bien demanial) owned by the Municipalidad de Sarchí, therefore it is covered by all the limitations inherent to that legal nature. Therefore, the arguments and legal basis of the plaintiff are inadmissible, since in the particular case it does not correspond to a private property, but to a municipal property. The inalienability of demanial assets (bienes demaniales) makes their transfer, partial or total, voluntary or forced, impossible, as well as possession under the terms of private law. Multiple rulings of the Constitutional Chamber reaffirm that public domain assets cannot be subject to private possession and that administrative action substitutes possessory remedies to recover the domain (or possession). (Votos 480-90, 2306-91, 2557-91, 98-92, 1055-92, 1207-93, 5399-93, 5976-93, 220-94, 914-94, 1763-94, 2767-94, 6785-94, 3793-94, 4619-94, 6079-94, 31445-96, 3227-96, 422-96, 4815-96, 5026-94, 623-98, 7294-98, 00790-2001) The property 2-224094-000 has the following limitations: - 100-meter radius of protection for an un-captured permanent spring (naciente permanente) for human consumption. Which has a binding determination from the competent entity to determine its existence, that is, the Dirección de Aguas of MINAE. - Fluvial alignment of 15 meters on the channel of the Río Sarchí, according to cadastral plan A-721701-87, which was granted by the INVU, in accordance with the scope of its competence. - Road provision of 24 meters for Ruta Nacional No. 118, pointing out that the future property line would be a line parallel to the center of the road distant 12 meters, and the construction line would be a line parallel to the center of the road distant 15 meters. Which was granted by the MOPT according to its competencies over the national route with which the property is adjacent. In the following figure, a map can be seen that combines all the affectations and alignments that this municipal property presents. [Shows figure] In relation to access, according to official communication MVV-TOP-OF-023-2019 from the municipal surveyor, it consists of "an alleyway" 4.50 meters average width and 130 meters long, which is partially paved and without a functional storm drainage system. However, a large part of this access is located within the affectation zone of the spring (naciente). In the action plan contained in official communication MVV-OA-OF-360-2019, my client included (page 54) that it will seek technical and legal solutions for families that are outside the protection areas of the spring (naciente) and the river protection zone, within which the plaintiff is presumed to be, but certainty must be had once the other actions are executed, since this indicates that segregation, declassification (desafectación), or donation can be included, through the due legislative authorization, with prior approval of the Concejo Municipal. Regarding the latter, it should be considered that the access route must be defined and that the segregations comply with urban and cadastral norms. Furthermore, we oppose the lawsuit because my client, far from carrying out an eviction, has sought to execute the action plan mentioned above, even though it was rejected by the SINAC, and has sought the application of the moratorium from the Ley de Protección a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales, Law No. 9577 of 06/27/2018. Note that Article VII, Agreement No. 1 of the Ordinary Session 185 held by the Concejo Municipal on November 19, 2019, indicated that the moratorium was applied because occupants are understood to be persons living in zones classified as special, among them the zone called Patrimonio Natural de Estado, which in the specific case refers to the protection radius areas of the spring (naciente) and the riverbanks. With which, by requesting the application of said law, a provisional solution is being provided for the families currently located in said settlement, while the Municipal Administration can continue with the processes to achieve a definitive solution. Along these same lines, as Law 9577 will be in force until July 20, 2021, my client has managed with the corresponding bodies the issuance of a new norm, which at this moment is in the legislative stream, corresponding to the bill being processed under file No. 22,309, which was dispensed from procedural steps and voted on in the first debate on June 21, 2021, was reviewed by the Comisión de Redacción and the approval date in the second debate is scheduled for Thursday, June 24, 2021. Therefore, once the new law to protect persons occupying zones classified as special is published, my client will take pertinent action to avail itself of the content of said regulations, that is, that for a period of forty-eight months, the eviction or demolition of works on municipal property 2-224094-000 will be suspended, for the purpose of continuing to protect the occupants of said property and seeking the comprehensive solutions proposed in the work plan contained in official communication MVV-OA-OF-360-2019. Based on the foregoing, the appropriate course is to oppose the claims brought (those described on pages 10 to 12 of the writ of December 10, 2020) against my client, since all are inadmissible, due to: 1. The non-existence of an eviction process by the Municipality or the SINAC; 2. There are no plans that have generated a farm on the municipal property due to the legal nature it holds; 3. No acts have been exercised that disturb possession or property, and said figures are inadmissible for demanial assets (bienes demaniales); 4. The plaintiff cannot request administrative actions against other persons without holding representation; 5. The segregation of demanial assets (bienes demaniales) and the respective donation have a special procedure that transcends an ordinary proceeding, since the technical criteria on access and the due approval of the Concejo Municipal and the Asamblea Legislativa are not available; 6. The process for social welfare housing solutions also has a special process that transcends the competencies of an ordinary proceeding. In relation to the claim for damages, this is evidently inadmissible, untimely, and unfounded, as it lacks factual, legal, and evidentiary basis, as set forth below: - In principle, the plaintiff's housing unit is not located within the protection radii of the spring (naciente), the river, or the national route alignment, but it is located within the municipal property, so the scope of the legal nature of said property must apply. - There is no dispossession or eviction by my client against the plaintiff, which is demonstrated by the attached administrative file and by the lack of evidence from the plaintiff, in contrast to the burden of proof that corresponds to her. It can even be indicated that the Municipality performs the solid waste collection service on the site without the occupants paying any amount for it, the same happens with everything related to property taxes, construction permits, and other urban services. - There is no material damage, moral damage, or damages, since my client has not carried out eviction acts against the plaintiff. IV. Proven Facts. To determine the proven facts of this case, a review was conducted of the judicial file, the digital administrative file provided by the SINAC, the evidence provided in the lawsuit, and audio recordings of the appearances in the proceeding; thus, of interest for the resolution of this matter, based on the admitted and evaluated elements of evidence, the following facts are taken as accredited: 1) In the thirteenth article of ordinary session number 20 held at twenty-two hours and ten minutes on November 7, 1986, the Concejo Municipal de Valverde Vega agreed: "The council members, Rodríguez Rodríguez, Alfaro Camacho, Quesada Esquivel, and Chaverri Murillo, present a motion that was approved unanimously and verbatim reads: We motion for the purpose of requesting from IFAM, the necessary technical advisory for the purpose of conducting the topographic survey and the respective deed formalization of the lots that form part of the property located on the banks of the río Sarchí, donated to the Municipality by Mr. Luis Castro Monge, for the purpose of constructing popular-type housing. Firm agreement." (image 20 judicial file). 2) In deed number one hundred fifty-four at eight hours on October thirteenth, nineteen eighty-seven, granted by Notario Público Francisco Rodríguez Rodríguez, Mr. Luis Castro Monge, ID 1-0216-0600, appeared, acting in representation of Las Colinas Sociedad Anónima, legal ID 3-101-00676903, and Ramón Antonio Rodríguez Rodríguez, ID 2-0275-0071, acting in representation of the Municipalidad de Valverde Vega, and state: "That the first, in the capacity in which he appears, from the farm of his represented entity registered in the Partido de Alajuela, Folio Real Registration Number TWO HUNDRED NINE THOUSAND THIRTY-FOUR – ZERO ZERO ZERO, segregates and donates to the MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA, the lot described as follows: Coffee Land, located in Alto Castro, Second District, Twelfth Canton of Alajuela, Boundaries, North, Calle Pública, South, Río Sarchí, East, Calle Pública, West; Remainder reserved by the donor, measures: EIGHT THOUSAND ONE HUNDRED FORTY-FIVE METERS, EIGHTY-SEVEN SQUARE DECIMETERS. The above segregation is done according to cadastral plan number A-seven hundred twenty-one thousand seven hundred one – eighty-seven, which has the approval of the Municipalidad de Valverde Vega. The remainder that the donor reserves is described as follows: (…) Ramón Antonio Rodríguez Rodríguez, in the capacity in which he appears, accepts the donation, which he estimates at the sum of one hundred colones. No fees are charged." (image 316 of the judicial file) 3) In the fourth and fifth articles of ordinary session number 74 held at eighteen hours on March 18, 1988, the Concejo Municipal de Valverde Vega, agreed: "FOURTH ARTICLE: / Given that in Sarchí Sur Valverde Vega, a Citadel called 'Ciudadela Río Sarchí' was established and it has approximately 18 Social Interest dwelling houses, which do not have electrical installation service. Therefore, the Concejo Municipal de Valverde Vega unanimously agrees: To respectfully request from the Instituto Costarricense de Electricidad ICE the indicated Electrical Service, as well as the possibility of installing a public telephone in the cited place. / Firm agreement. / FIFTH ARTICLE: The Concejo Municipal de Valverde Vega unanimously agrees: To respectfully request from the Departamento de Planeamiento of the Ministerio de Educación Pública, the opening of an Educational Center in Alto Castro Sarchí Sur, with the purpose of thus favoring the neighbors of that place and the residents of the Ciudadela Río Sarchí, who must attend the School of San Juan de Grecia or Sarchí Sur, which represents a degree of danger for the children due to the distances. / Firm agreement." (image 276 of the judicial file). 4) In the eighth article of ordinary session number 85 held at eighteen hours on June 24, 1988, the Concejo Municipal de Valverde Vega agreed: "Given that the Municipality needs to subdivide into lots the farm it owns in Alto de Castro de Valverde Vega, destined for the housing project, the Municipal council unanimously agrees: To respectfully request from the Departamento de Ingeniería of I.F.A.M. the segregation of the lots on said farm owned by the Municipality, with the objective of continuing with the objective of popular housing." / Firm agreement.” (image 277 of the judicial file). 5) In article three of ordinary session number 92, held at eighteen hundred hours on August 19, 1988, the Municipal Council of Valverde Vega agreed: “The Municipal Council of Valverde Vega unanimously agrees to address the Joint Institute for Social Assistance (Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS), to respectfully request them to carry out a socio-economic study of 18 families who are building or built (their dwelling house) their dwelling houses (sic) in a housing project sponsored by this municipality in Alto de Castro of Sarchí Sur, to determine their payment (sic) conditions in order to create a revolving fund to be able to help more people. Firm agreement”. (image 278 of the judicial file). 6) By administrative prevention OG-1026-2018 at fourteen hours and two minutes on August twenty-ninth, two thousand eighteen, the Grecia Office of the Central Conservation Area (Área de Conservación Central) of SINAC notified the Municipal Mayor’s Office that: “It is ordered in accordance with article 99, subsection a) of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), 307 of the Criminal Code, article 11 of the Biodiversity Law No. 7778, to impose on Mr. Oscar Quesada Esquivel, identification number 203420081n, legal representative of the Municipality of Valverde Vega, legal identification number 3-014-042078, the following prohibitions: / The prohibition of carrying out new cutting or burning of low vegetation, within the protection area of the spring (naciente) and the Sarchí River, on lands of the municipality of Valverde Vega, registered in the National Property Registry under Folio Real Matrícula 224094-000 with cadastral map A-0721701-1987, which is located in the Río Sarchí hamlet, Sarchí Sur district, Valverde Vega canton, Alajuela province, CRTM 05 coordinates, north 1115101 and east 463815, Naranjo cartographic sheet, scale 1:50,000, since the cutting of low vegetation in the area of protection of the 100-meter radius around permanent springs (nacientes) and 15 meters or 50 meters on both sides of rivers, streams, or creeks, is prohibited by the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre) article 90. / The prohibition of invading the protection area of the spring (naciente) and the Sarchí River, for which it is warned of the need to carry out the necessary actions before the corresponding authorities, to eliminate the invasion to which the property under its ownership is subject, and which could be affecting the water resource existing there, since the invasion in the area of protection of the 100-meter radius around permanent springs (nacientes) and 15 meters or 50 meters on both sides of rivers, streams, or creeks, is prohibited by the Forestry Law (Ley Forestal).” (image 06 of the administrative file) 7) By municipal resolution MVV-DDU-RM-007-2019 at eight hours on August twenty-eighth, two thousand nineteen, the Directorate of Urban Development ordered: “Based on the foregoing, the Directorate of Urban Development of the Municipality of Sarchí orders the residents of the Río Sarchí Human Settlement,” the following: / 1. Do not carry out construction works, whether: remodeling, expansion, or new construction, in the sectors that are within the 100-meter radius of protection of the permanent spring (naciente) and 15 meters from the bank of the Sarchí River, as these are within the prohibitions contemplated by law, especially environmental legislation. / 2. For the other sectors of the Human Settlement that are not within the protection areas, they are subject to the provisions of the administrative prevention OG-1026-2018 as well as the applicable regulations, especially those governing matters of construction. / 3. Do not carry out cutting or burning of low vegetation within the protection area of the spring (naciente) and the Sarchí River, in compliance with the provisions of articles 99, subsection a) of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), 11 of the Biodiversity Law, 33 and 58 of the Forestry Law (Ley Forestal), 90 of the Wildlife Conservation, 307 and 314 of the Criminal Code. / Finally, a warning is made that in the event of non-compliance with this resolution, this Municipality will proceed in accordance with the provisions of the legal system, whether by issuing demolition (sic) orders, demolishing works without a permit, and applying the provisions of article 314 of the Criminal Code, which empowers this City Council to file a complaint before the corresponding jurisdiction for the crime of disobedience to public authority.” (image 1145) 8) In official communication MVV-OA-OF-360-2019, dated June 14, 2019, the Municipal Mayor’s Office presented a sketch with the numbering and description of all the housing units, and the description that indicates: “No. 3 Occupied / Condition: Good / Typology: Base / Approximate Dimension: / Front: 9.75m / Depth: 15m / Apparently occupied by: Oscar (sic) Arcenio Rodríguez Acosta 2-420-109 Gloria Virginia Morales Arce 2-430-390,” to which a photograph of the same is added, should be highlighted. After the description of 35 housing units, it indicates: “After the analysis of the location of the legal restrictions, it is identified that with the information currently processed, there are some dwellings outside the affectation from basin setbacks, the 100-meter diameter regarding the spring (naciente), and the construction restriction according to the national route established by MOPT (added to the same the minimum front yard setback established for the area); that apparently the constructive units identified with the numbering 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17 are outside the indicated affectations. / Of interest to the present request, the Surveyor Alexander López Miranda, of Bienes Inmuebles, by means of Official Communication MW-TOP-OF-023-2019, carries out a technical analysis of the affectations that the municipal property presents, among which he indicates that the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo) defined a setback of 15.00 meters from the edge of the Sarchí River as the forest protection zone, said setback was marked on the ground on 05/14/2018, to materialize said limit, a mark they left, a visible red paint line (sic) on the access to the dwellings, to determine the dwellings that are built within the forest protection zone. / In the same manner, he pointed (sic) out that the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo) delivered an alignment for the protection zone of the spring (naciente) of 100 meters, this because there is no water intake, and during the field visit a demarcation of the protection radius was carried out, on the access road in the presence of members of the neighborhood committee of the area, who coordinates with the Municipality.” (image 755). In an identical sense, in official communication MVV-DDU-OF-174-2019 of May 20, 2019, the Directorate of Urban Development indicated: “(…) that the constructive units identified with the numbering 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17 are outside the indicated affectations. However, the viability of generating subdivisions (fraccionamientos) remains in question after taking into consideration the viability of generating for the same a valid property frontage.” (image 844) 9) The Municipal Council of Sarchí, in Article VII, Agreement No. 1 of Ordinary Session No. 185 held on November 19, 2019, approves the application of the moratorium contained in the Law for the Protection of Occupants of Zones Classified as Special (Ley de Protección de los ocupantes de zonas clasificadas como especiales) (Law 9577 of 06/27/2018, published in La Gaceta No. 132 of 07/20/2018), in the following terms: “( ... ) Based on the factual and legal elements previously cited, it is agreed for the Canton of Sarchí to apply the provisions of the Law for the Protection of Occupants of Zones Classified as Special, No. 9577 of 06/27/2018, especially that contemplated in numerals 1, 4, 6 and 7, which suspend until July 20, 2021, the eviction of persons, the demolition of works, the suspension of commercial, agricultural and any other lawful activities and existing projects in the zones classified as special, because they form part of the State's natural patrimony, the 100-meter protection radius of the permanent spring (naciente) and 15 meters from the bank of the Sarchí River, in favor of the occupant persons of the human settlement located in property No. 2-224094-000 owned by the Municipality, known as ‘Urbanización Río Sarchí’ (. .. )” (image 1381 judicial file) 10) The property registered in the Alajuela registry under the folio real system, matrícula 224094-000, with cadastral map A-0721701-1987, is registered in the name of the Municipality of Valverde Vega. (uncontested fact, image 130 judicial file) 11) On the property registered under folio real matrícula 2-224094-000, there is a permanent spring (naciente) at coordinates N1115120 E463800 and it borders the Sarchí River. (images 324, 370, 372, 377, 389 and 455 of the judicial file) 12) Within the protection area of the spring (naciente) and the Sarchí River, there are constructions and damage to trees and vegetation. (images 370, 372, 385, 386, 432 of the judicial file) V. Unproven Facts. Of relevance to the present case, based on the elements of evidence admitted and assessed, the following is deemed not proven: 1) That the property registered in the Alajuela registry under the folio real system, matrícula 224094-000, with cadastral map A-0721701-1987, was donated by Mr. Luis Castro Monge to be destined for the construction of social-interest housing. (No evidence in the record) 2) That the Municipality of Sarchí has segregated, processed, and delivered maps of the property registered under folio real matrícula 2-224094-000 to any beneficiary or administered party. (No evidence in the record) 3) That Mrs. Gloria Morales Arce possesses or holds any real right over the property registered under folio real matrícula 2-224094-000. (No evidence in the record) 4) That SINAC or the Municipality of Sarchí have initiated any eviction or demolition procedure in relation to the dwelling house where the plaintiff resides, which is located within the property registered under folio real matrícula 2-224094-000. (No evidence in the record) VI. Purpose of the Proceeding. The purpose of the proceeding is to order the Municipality of Sarchí to carry out the actions tending to finalize the registry transfer by means of the donation made in its favor and to grant and register the cadastral map over the area of land that Mrs. Gloria Morales Arce considers to be her property. In this regard, it indicates that the property subject to this proceeding was registered in the name of the Municipality of Sarchí since 1988, but it was always clear on the part of the municipal authorities that said property was donated for the construction of social-interest housing and that many administrative efforts were made, including the processing of map issuance for segregation, to materialize said donation, however they have not been able to regularize and register the lands in their name. In this sense, the local corporation has indicated that the land is a public domain good with the limitations that this entails. The plaintiff indicates that they are threatened with eviction by various actions carried out by SINAC and the Municipality of Sarchí, since these institutions indicate that part of the land, where there are many dwellings, is affected by a permanent spring (naciente) and by the Sarchí River, but that, in addition, there is a group of those dwellings that are located outside the protection zone, for which reason it requests that the defendant entities be ordered to cease any eviction action against her and to definitively establish whether her dwelling is located within the protection strip. The defendants have been clear in indicating that there are no eviction actions in progress, that the dwelling of Mrs. Morales Arce is located outside the protection area, and the local corporation indicates that this entity is undertaking actions to seek technical and legal solutions for the families that are outside the protection areas. Finally, it requests that the Municipality of Sarchí, SINAC, and the State be ordered to pay damages, losses, and costs; for their actions to her detriment. VII. On the Merits. For the purpose of addressing the filed complaint, it is determined that the central axis of the present matter falls on claim number 2 formulated by the plaintiff, in which she requests that the Municipality of Sarchí be ordered to finalize the registry transfer by means of the donation in her favor and to register and grant the corresponding map. The remaining claims and arguments formulated depend completely on this one, therefore, in the first instance, the analysis of the argument formulated on this petitionary point will be carried out. As a first argument, she indicates that there is a legal link between the good and the occupants thereof (including the plaintiff), since she has inhabited said property for more than 30 years with all urbanistic, municipal, and public service requirements lawfully obtained for her dwelling, pointing out that the possession has been legitimate, and that article 50 of the Political Constitution of Costa Rica establishes that every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment and that article 45 indicates that property is inviolable and no one may be deprived of theirs, except for legally proven public interest, upon prior compensation in accordance with the Law. Opinion of the Court: In relation to this argument, the plaintiff does not provide any evidentiary element where it is reliably accredited that the Municipality of Sarchí has issued an administrative act in her favor, granting her over the property registered in the Alajuela registry under the folio real system, matrícula 224094-000, with cadastral map A-0721701-1987, belonging to the cited local corporation, a right or an expectation of a right, especially when the claim formulated is for the donation to be finalized. In relation to the evidence provided to formulate said petition, there is a series of municipal agreements that recognize the existence of a Housing Project on a property located on the banks of the Sarchí River and which is presumed to be the same property—since none of the agreements expressly indicate the property number—however, by virtue of their content, it is determined that what is stated are generic precisions about the constitution of the Housing Project, but that do not imply or demonstrate that an administrative act has been issued recognizing a property right to the plaintiff in said property. In addition, article thirteen of ordinary session number 20 held at twenty-two hours and ten minutes on November 7, 1986 (proven fact 1) is offered, which refers to the fact that the property was donated to build social-interest housing, however, when the donation was made to the Municipality of Sarchí, it was not indicated that it was for building social-interest housing, as can be deduced from public deed number one hundred fifty-four at eight hours on October thirteen, nineteen eighty-seven, granted by Notary Public Francisco Rodríguez Rodríguez (proven fact 2), and furthermore, it is observed that the cited agreement was issued prior to the cited donation. On the other hand, regarding the content of articles four and five of ordinary session number 74 held at eighteen hundred hours on March 18, 1988 (proven fact 3), article eight of ordinary session number 85 held at eighteen hundred hours on June 24, 1988 (proven fact 4), and article three of ordinary session number 92 held at eighteen hundred hours on August 19, 1988 (proven fact 5), it is observed that, although it is true that reference is made to the constitution of the Housing Project and the intentions of the local corporation regarding its disposal, this did not materialize or concrete into an administrative act in favor of the plaintiff—or at least this is not proven—thus constituting a mere tolerance of the local government regarding the use of the property registered in the Alajuela registry under the folio real system, matrícula 224094-000, which does not generate any right in favor of the plaintiff, even less so in a donation as claimed. In this sense, it is deemed accredited that the property subject to this proceeding is registeredly inscribed in the name of the Municipality of Sarchí (proven fact 10), such that any use that may be given to it by the plaintiff implies an act of mere tolerance, which can be terminated at any time, given that it does not generate a right of possession, as provided in subsection 1) of article 279 of the Civil Code: "Independently of the right of property, the right of possession is acquired: 1st.- By consent of the owner. Permissive acts or acts of simple tolerance do not give the right of possession...". Considering the foregoing, the plaintiff is not correct in affirming that she has exercised legitimate possession, since numeral 277 of the Civil Code indicates that "The right of possession consists of the power corresponding to a person to have under his power and will the thing that is the object of the right," which cannot occur in any way given that the property over which she indicates she has exercised possession is registered in the name of the defendant party, hence there is a total impossibility of having it under her power and disposition; a situation which, in the same terms, implies that it is not possible to argue the violation of private property contained in article 45 of the Political Constitution, insofar as the land subject to the proceeding is not her property and she holds no right over the same. Finally, regarding the argument about article 50 of the Political Constitution, the same is irrelevant for the present case since the central axis of the proceeding is the ownership of the real estate property repeatedly cited and not the rights enshrined therein. Thus, the formulated argument must be rejected since the plaintiff does not have any enabling title that grants her a right regarding the property registered in the Alajuela registry under the folio real system, matrícula 224094-000. With respect to the remaining claims, relating to the cessation and exclusion of any eviction action in her name and the determination of the location of her dwelling with respect to the protection zone (set forth in numerals 3, 4, and 5), the formulation of a reproach in the same sense is observed, that is, that by virtue of the right she considers she holds, no act of eviction can be carried out and that, in addition, it must be defined whether or not her dwelling house is located in the protection zone. In this regard, it is clear to this Court that, by not demonstrating the existence of any right over the property of the Municipality of Sarchí, the reproaches and petitions formulated in this respect are unfounded, insofar as they directly depend on this. For greater abundance, it is necessary to point out that, by virtue of the municipal tolerance regarding the use of the good, the local corporation, in official communication MVV-OA-OF-360-2019, dated June 14, 2019, issued by the Municipal Mayor’s Office, has prepared a sketch with the numbering of all the housing units and a description of the same, in which it has indicated which dwelling houses are located within the protection zone and which are outside it, which accredits that the conduct that was being petitioned has already been carried out by the local government. VIII. On the Indemnification Claim. The plaintiff requests that the Municipality of Sarchí, SINAC, and the State be ordered to pay the damages, losses, and costs caused by their actions. In response to the filed complaint, it is observed that this petition is linked to the principal claim, which consists of ordering the Municipality of Sarchí to finalize the registry transfer by means of the donation in her favor and to register and grant the corresponding map, in relation to a right she alleges to have regarding the property registered in the Alajuela registry under the folio real system, matrícula 224094-000. In this understanding, it is determined that this patrimonial point is widely linked to the effects and conditions that granting the claim would generate, however, as set forth in the preceding recitals, the plaintiff is not correct in her allegations, hence said action is not admissible, which implies that the petitioned payment is not admissible. Consequently, the Court considers that the claim—as accessory—is inadmissible, insofar as the principal claim formulated by the plaintiff was subject to rejection, following the principle that the accessory follows the principal. Thus, the filed complaint is declared inadmissible in all its aspects. IX. On the Defenses Formulated. The representations of the State and SINAC raise the defense of lack of active and passive standing (legitimación ad causam activa y pasiva). The representation of the State argues that the plaintiff does not demonstrate what the affectation to her legitimate interests by the State is, nor the existence of threats from the defendant administrations, and it cannot be inferred that its represented party has issued any conduct that can be considered as the object of the proceeding, such that there is no reason whatsoever to link it with the legal and material effects of the claims deduced by Mrs. Morales Arce. It adds that it also cannot be considered that we are facing a passive standing (legitimación pasiva) of the State, in the terms established by numeral 12.2 of the Contentious Administrative Procedure Code, since here no act of SINAC is questioned as the reason for the claimed damages. The representation of SINAC indicates that in this cognition proceeding, no act of the institution related to the facts and claims raised by the plaintiff in the complaint has been challenged, for which reason the necessary link that must exist between the facts, the claims, and the administrative action is not met, such that there is no reason whatsoever to link SINAC with the legal and material effects of the claims deduced by the plaintiff, even more so when the accused actions never occurred and the facts are based on presumptions and expectations of the party, which in their majority are not attributable to my represented party. Opinion of the Court: Having seen the claims formulated in the complaint and in accordance with the arguments raised, this Court determines that indeed the plaintiff does not challenge any conduct of SINAC and there is no action by the latter that has affected any subjective right or legitimate interest of the plaintiff. Additionally, it is necessary to allude to the formulated claims. Claim number 2 is directed at the Municipality of Sarchí. In claims 3 and 4, it requests that the sued entities be ordered to immediately cease any administrative order tending to her eviction and to define whether her dwelling is located within the protection strip of the springs (nacientes). The first aspect to point out is that the actions carried out by SINAC were issued in response to a complaint for environmental damage on the property registered in the Alajuela Registry under folio real matrícula 224094-000 with cadastral map No. A-0721701-1987, owned by the Municipality of Sarchí (proven fact 12), where it was determined that the property is affected by the limitations of Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575 of February 13, 1996, established in articles 33 and 34, relating to the protection areas of the water resource, due both to the presence of a river and a spring (naciente) (proven fact 11), originating the administrative prevention OG-1026-2018 at fourteen hours and two minutes on August twenty-ninth, two thousand eighteen, from the Grecia Office of the Central Conservation Area (Área de Conservación Central) of SINAC (proven fact 6), which is within its legal competencies and is directed solely at the local corporation as the owner of the cited property. On a second point, it must be taken into account that the plaintiff holds no right whatsoever in relation to the property subject to the proceeding, as accredited previously, hence it cannot be argued that the provisions issued by SINAC have caused her any harm or have in any way affected her rights. On a third point, it is clear that this institution has not issued any eviction order directed at the plaintiff, or that the same has been communicated to her. As a fourth point, regarding the claim to determine if her dwelling is located within the protection strip, it is clear that the good subject to the proceeding concerns the local corporation, and it does not correspond to SINAC to assess matters pertaining to the relationship between the plaintiff and the Municipality of Sarchí; indeed, see that by means of official communications DDU-OF-174-2019 of May 20, 2019, from the Directorate of Urban Development, and MVV-OA-OF-360-2019, dated June 14, 2019, from the Municipal Mayor’s Office (proven fact 4), the latter reports that the dwelling of Mrs. Morales Arce is located outside the protection zone determined and reported by SINAC in administrative prevention OG-1026-2018 at fourteen hours and two minutes on August twenty-ninth, two thousand eighteen, from the Grecia Office of the Central Conservation Area (Área de Conservación Central) of SINAC. For the stated reasons, it is appropriate to uphold the defenses of lack of active and passive standing (legitimación ad causam activa y pasiva) raised by the representations of SINAC and the State, making it unnecessary to proceed with the analysis of the defenses of lack of right raised by both representations. The representation of the Municipality of Sarchí raises the lack of active standing (legitimación activa) and lack of right. Regarding the lack of active standing, it is determined that the claims formulated by the plaintiff are directed—according to her particular situation—towards the local corporation, therefore, it is evident that she indeed has standing in both ways. Based on the considerations set forth in the preceding recitals, the exception of lack of right raised by the representation of the Municipality of Sarchí is upheld. X. Costs. In accordance with the provisions of article 193 of the Contentious Administrative Procedure Code, personal and procedural costs constitute a burden imposed on the losing party for the fact of being so. An exception to said condemnation is made when the judgment is issued by virtue of evidence whose existence was not known by the opposing party or when, in the judgment of the Court, there has been sufficient reason to litigate. Considering the foregoing, this Court does not observe that the present case can be excepted in the indicated terms, therefore, it is appropriate to condemn the plaintiff to pay both costs of the proceeding, as well as the interest that may arise from them. Therefore For the stated reasons, the defense of lack of active and passive standing (legitimación ad causam activa y pasiva) raised by the representations of SINAC and the State is upheld, and as it is unnecessary, the analysis of the defense of lack of right raised by both representations is omitted. In relation to the Municipality of Sarchí, the lack of active standing is rejected and the lack of right is upheld. Consequently, the complaint is declared without merit in all its aspects. Both costs of the proceeding are charged to the plaintiff and losing party, as well as the interest that may arise from them. Eduardo González Segura. Lourdes Vargas Castillo. Marco Antonio Hernández Vargas. File No.: 20-005185-1027-CA Matter: Cognition Proceeding Plaintiff: Gloria Morales Arce Defendant: Municipality of Sarchí, National System of Conservation Areas and the State - Verification Code - ???????????????? KGU447RTPQHU61 Document signed by: MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ VARGAS, DECISOR JUDGE EDUARDO GONZÁLEZ SEGURA, DECISOR JUDGE LOURDES VARGAS CASTILLO, DECISOR JUDGE Page 1 of 30. Classification prepared by the JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER of the Judicial Branch. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited. Faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:28:02. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República