Res. 07600-2025 Tribunal Contencioso Administrativo — Lesividad for land adjudication in southern border stripLesividad por adjudicación de terreno en franja fronteriza sur

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 07600 - 2025

Fecha de la Resolución: 29 de Julio del 2025 a las 13:45

Expediente: 16-000624-1027-CA

Redactado por: Gustavo Octavio Irias Obando

Clase de asunto: Proceso de lesividad

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias del mismo expediente


Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

16-000624-1027-CA - 2




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR/A:

	

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL




DEMANDADO/A:

	

ANA LORENA AVILA CASTRO

 

 N° 2025007600

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de julio del dos mil veinticinco.-

 

Proceso de lesividad declarado de puro derecho establecido por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula de persona jurídica No. 4-000-42123, representado por su apoderada especial judicial, Margarita Elizondo Jiménez, cédula de identidad número 1-687-253, contra la señora ANA LORENA ÁVILA CASTRO, cédula de identidad número 6-200-780, quien no se apersonó al proceso.

 

CONSIDERANDO:

PRIMERO. ASPECTOS PRELIMINARES:

1.- Por escrito recibido el 21 de enero de 2016, la parte actora interpone el presente proceso de lesividad declarado de puro derecho, formulando las siguientes pretensiones sustanciales: “1. Que se declare absolutamente nulo el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 66 de la sesión 041-05, efectuada el 24 de octubre de 2005, en lo que se refiere a autorización de segregación y traspaso de un terreno a favor de Ana Lorena Ávila Castro, descrita en plano catastrado número P-1009234-2005. 2. Por conexidad, que se anule la escritura pública número quince, otorgada ante el notario Jimmy Meza Lazarus, a las ocho horas del veintisiete de octubre de dos mil cinco, que formalizó la segregación y traspaso de la Parcela 29-7 del Asentamiento Amalia Hernández, únicamente en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor de Ana Lorena Ávila Castro, que generó la matrícula registral folio real número 143.722-000 del Partido de Puntarenas, con plano catastrado número P-1009234-2005. 3. Por conexidad, que se anule el asiento registral de inscripción de la finca inscrita bajo sistema de Folio Real matrícula número 143722-000 del Partido de Puntarenas, emitido por el Registro Nacional.” (Imágenes 2 a 17 del expediente judicial)

2.- Por resolución de las 11:47 horas de 02 de febrero de 2016, se tuvo por establecido el presente proceso y se confirió audiencia a la parte demandada. Además, se ordenó la anotación de la demanda en la finca inscrita bajo el sistema de Folio Real con matrícula No. 143722-000, propiedad de la parte demandada, a quien se le confirió audiencia sobre la medida cautelar que promueve el Instituto de Desarrollo Rural. (Imágenes 23 a 25 del expediente judicial)

3.- Por resolución de las 09:41 horas de 6 de octubre de 2016, el Juez Tramitador tuvo por no contestada la demanda y se declaró en rebeldía a la señora Ana Lorena Ávila Castro. Además, se convocó a las partes a la audiencia preliminar para las 13:30 horas de 7 de noviembre de 2016. (Imágenes 35 y 36 del expediente judicial)

4.- El 7 de noviembre de 2016, se celebró la audiencia preliminar con la asistencia únicamente de la parte actora, se fijaron las pretensiones en los términos transcritos supra, se determinó que no había hechos controvertidos, se previno a la parte actora aportar expediente administrativo, se declaró el asunto como de puro derecho y se difirió la audiencia de conclusiones para después de recibido el expediente ordenado. (Minuta de la audiencia visible en las imágenes 44 a 46 del expediente judicial y grabación de la actuación incorporada a la carpeta digital)

5.- Por resolución de las 14:35 horas de 14 de diciembre de 2016, se concedió a la parte actora un plazo de cinco días para que aporte la certificación del expediente

EXP: 16-000624-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 




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administrativo, en apego a lo dispuesto por el artículo 51 del Código Procesal Contencioso Administrativo. (Imagen 47 del expediente judicial)

6.- Por resolución de las 14:01 horas de 25 de mayo de 2017, se confirió un plazo de cinco días a las partes para que procedan a emitir sus conclusiones. (Imagen 49 del expediente judicial)

7.- Por resolución de las 11:09 horas de 31 de mayo de 2017, se suspendió el trámite del proceso, hasta tanto la Sala Constitucional no resolviera la acción de inconstitucionalidad que se tramitaba bajo el expediente No. 17-000373-0007-CO, que había sido planteada contra el artículo 86 de la Ley de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en el Instituto de Desarrollo Rural, Ley No. 9036, por la posible afectación de lo dispuesto en los artículos 9, 41, 49, 105, 121 incisos 1) y 20), 122 a 127, 128, 129, 152, 153, y 167 de la Constitución Política. (Imagen 50 del expediente judicial)

 

8.- En escrito recibido a las 10:30 horas de 13 de junio de 2017, la parte actora emitió sus conclusiones y reiteró sus pretensiones. (Imágenes 53 a 58 del expediente judicial)

9.- Por resolución de las 16:32 horas de 14 de febrero de 2018, y ante el dictado de la sentencia de la Sala Constitucional No. 2017-12905 de las 11:00 horas de 16 de agosto de 2017, en que se resolvió la acción de inconstitucionalidad tramitada bajo el expediente No. 17-000373-0007-CO, se ordenó continuar con el trámite respectivo. (Imagen 74 del expediente judicial)

10.- A las 13:00 horas del 14 de octubre de 2019 la Sección VII del Tribunal Contencioso Administrativo dictó la sentencia número 103-2019-VII declarando con lugar el proceso. (Imágenes 77 a 94 del expediente judicial)

11.- Conociendo recurso de casación interpuesto por el INDER, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia dictó la resolución número 000949-F-S1-2025, de las 10:00 horas del 5 de junio de 2025, en la que casó el fallo impugnado por razones procesales y ordenó el reenvío a este Tribunal para que se dicte una nueva sentencia. (Imágenes a 195 del expediente judicial)

10.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de rigor y no se perciben vicios u omisiones que sean susceptibles de generar nulidad o indefensión a las partes. Se dicta esta sentencia, previa deliberación, por criterio unánime del Tribunal y con la redacción del Juez Irías Obando.

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS: De relevancia para la decisión de este asunto se tienen por acreditados los siguientes hechos:

1.- Que el origen del asentamiento Amalia Hernández, conocido como El Progreso, se remonta al año 1968, cuando se solicitó la intervención del entonces Instituto de Tierras y Colonización, dado que la finca había sido invadida. En ese entonces se dictó una resolución en que se declaró la existencia de un conflicto de posesión precaria de tierras y el 6 de marzo de 1968 se ordenó efectuar el avalúo del inmueble. El informe de la finca en cuestión, No. 12.464 de la Provincia de Puntarenas, se confecciona el 7 de junio de 1968 con un área total de 400 hectáreas y un valor de 123.299,70 colones (hecho no controvertido).

2.- Que la Junta Directiva del entonces Instituto de Tierras y Colonización, en el artículo IX, de la sesión No. 1044, celebrada el 23 de junio de 1969, autorizó la adquisición de la finca No. 12.464 de Puntarenas, propiedad de la Licda. Amalia Hernández Piedra; con posterioridad, en el artículo VII, de la sesión No. 1147 de 16 de febrero de 1970 se nombró al Gerente para que comparezca ante el Notario Público, para la firma de la escritura de compraventa del inmueble, lo que se realiza a las 13:00 horas de 9 de marzo de 1970 (folio 1 del expediente administrativo).

3.- Que la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en acuerdo tomado en el artículo 66 de la sesión No. 041-05 de 24 de octubre de 2005, aprobó la segregación y el traspaso de un terreno identificado como parcela No. 29-7 del Asentamiento de Amalia Hernández Piedra, entrega 1, con un área de 661,48 metros cuadrados, a favor de la señora Ana Lorena Ávila Castro, cédula de identidad No. 6-200-780 (folios 11 a 20 del expediente administrativo).

4.- Que por medio de la escritura No. 15, otorgada ante el notario Jimmy Meza Lazarus, a las 08:00 de 27 de octubre de 2005, se formalizó la segregación y el traspaso de la parcela 29-7 a favor de la parte demandada, lo cual se encuentra inscrito en el Registro Inmobiliario bajo las citas: Tomo 560, Asiento 19557. (folios 26 a 100 del expediente administrativo).

5.- Que el terreno segregado y traspasado, con plano catastro No. P-1009234-2005, es finca inscrita en el Registro Inmobiliario, Partido de Puntarenas, con matrícula de Folio Real 143722- 000, a nombre de la señora Ana Lorena Ávila Castro (folios 101 y 102 del expediente administrativo)

6.- Que la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario solicitó al Área de Topografía una revisión del Asentamiento Amalia Hernández Piedra, conocido como El Progreso, determinándose que varios inmuebles están afectados por encontrarse dentro de la franja fronteriza (hecho no controvertido).

7.- Que el Jefe del Área de Topografía, Ing. Jimmy Garita Hernández, por medio del oficio No. AT-821-2008 de 14 de noviembre de 2008, informó al Secretario General de la Junta Directiva que la parcela No. 29-7 se encuentra inmersa, en su totalidad, en la Franja Fronteriza Sur (folio 103 del expediente administrativo).

 8.- Que la Junta Directiva del otrora Instituto de Desarrollo Rural, en el artículo 51 de la sesión ordinaria No. 003-2015, de 26 de enero de 2015, declaró lesivo a los intereses públicos el artículo 66 de la sesión No. 041-05 de 24 de octubre de 2005, supra aludido, que autorizó la segregación y el traspaso a favor de la señora Ana Lorena Ávila Castro (folios 121 a 128 del expediente administrativo).

 

II.- SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LAS PARTES. En forma resumida, y sin perjuicio de la literalidad de las argumentaciones expuestas, estudiadas en su totalidad por este Tribunal, señaló la representación del INDER, que el asentamiento llamado Amalia Hernández, conocido como El Progreso, se remonta al año 1968, cuando se solicitó la intervención del otrora Instituto de Tierras y Colonización -ITCO-, ya que la finca de la señora Amalia Hernández Piedra, sita en Sabalito de Coto Brus, había sido invadida. Por ende, funcionarios del ITCO, realizaron actos para colaborar en la solución del asunto, pero no se finiquitó el mismo, por lo que se dictó una resolución declarando un conflicto de posesión precaria de tierras y el día 06 de marzo de ese mismo año, se ordenó realizar el avalúo del inmueble, por cuanto la propietaria rechazó la oferta propuesta por los ocupantes del predio. Así, dijo, el informe de avalúo de la finca de marras sita en Puntarenas N° 12464, se confeccionó el 07 de junio de 1968, con un área total de 400 hectáreas y con un valor de ¢123.299,70. Posteriormente, indicó, mediante el acuerdo de Junta Directiva del ITCO, artículo IX, sesión número 1044, celebrada el 23 de junio de 1969, se autorizó la adquisición de la finca N° 12464 de Puntarenas, propiedad de la señora Amalia Hernández Piedra. Con el artículo VII, sesión número 1147, celebrada el 16 de febrero de 1970, se nombró al Gerente institucional para que compareciera ante Notario Público para la firma de la escritura de compraventa del inmueble de marras, que se realizó a las 13:00 horas del 09 de marzo de 1970, donde la señora Hernández Piedra traspasó el inmueble referenciado al Instituto. Según dijo, por defectos que se encuentran en el primer testimonio de la escritura de traspaso de la finca de Puntarenas N° 12464, no se concretó su inscripción en el Registro Público hasta el 01 de junio del 2004. Sostuvo además, que en el asentamiento Amalia Hernández no se realizó una parcelación como en otros asentamientos campesinos, pues el inmueble estaba invadido desde mucho antes de su adquisición, por lo que se respetó la división que habían hecho sus ocupantes. Agregó, que luego el Instituto de Desarrollo Agrario -IDA-, mediante acuerdo de Junta Directiva artículo 66, sesión 041-05, celebrada el 24 de octubre del 2005, aprobó la segregación y traspaso de un terreno identificado como parcela 29-7 del Asentamiento Amalia Hernández Piedra entrega 1, con un área de 661.48 m2 a favor de la señora Ana Lorena Ávila Castro, cédula de identidad número 6-0200-0780. Mencionó también, que con escritura número quince, otorgada ante el notario Jimmy Meza Lazarus, al ser las 08:00 horas del 27 de octubre del 2005, se formalizó la segregación y traspaso de la parcela 29-7 del Asentamiento Amalia Hernández Piedra a favor de la señora Ávila Castro, la cual se encuentra presentada e inscrita en el Registro Inmobiliario bajo las citas: Tomo 560, Asiento 19557. Añadió la representación del ente actor, que el terreno segregado y traspasado, con Plano catastrado N° P-1009234-2005, es la finca inscrita en el Registro Inmobiliario, Partido de Puntarenas, con matrícula de folio real 143722-000 a nombre de la señora Ávila Castro. Por otra parte, dijo, la Junta Directiva del IDA solicitó al Área de Topografía, una revisión del Asentamiento Amalia Hernández Piedra, conocido como El Progreso, determinándose que varios inmuebles se ven afectados por encontrarse dentro de la franja fronteriza, unos parcialmente y otros en su totalidad. Ante ello, el Jefe del Área de Topografía, Ing. Jimmy Garita Hernández, mediante el oficio AT-821-2008 del 14 de noviembre de 2008, determinó de acuerdo al estudio de campo realizado, que la parcela 29-7 se encuentra inmersa en su totalidad en la Franja Fronteriza Sur. Manifestó también, que mediante acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto, en el artículo N° 51, de la sesión ordinaria 003-2015, efectuada el 26 de enero de 2015, declaró lesivo a los intereses públicos, el artículo 66 de la Sesión 041-05 del 24 de octubre del 2005, que autorizó la segregación y traspaso a favor de la señora Ávila Castro, autorizándose a presentar el correspondiente proceso en la sede contencioso administrativa. Como parte de su fundamentación jurídica, indicó la representación del INDER, que los terrenos comprendidos dentro de la franja de dos mil metros que discurre a lo largo de la frontera con Panamá, constituyen por voluntad del legislador bienes de dominio público, afectación de vieja data tutelada desde el siglo XIX, primeramente en el Código Fiscal N° 8 del 31 de octubre de 1885, afectación que luego sufrió algunas modificaciones. Con Decreto N° 3 del 29 de octubre de 1914, se declara irrenunciable una zona de cincuenta kilómetros de ancho a lo largo de la frontera definitiva con la República de Panamá; posteriormente con leyes números 11 del 22 de octubre de 1926 y 149 del 16 de agosto de 1929, se reduce la afectación a cinco kilómetros de ancho a lo largo de la frontera con Panamá y ocho con Nicaragua. Más adelante, la Ley de Terrenos Baldíos, N° 13 del 10 de enero de 1939 modificó el tamaño, reduciéndola a dos kilómetros. Después, con Decreto N° 6 se reglamenta la Ley de Terrenos Baldíos, y en su artículo 15 inciso f) se faculta al Poder Ejecutivo para dar en arrendamiento los terrenos comprendidos en una zona de dos kilómetros de ancho a lo largo de la frontera con Nicaragua y con Panamá; todo ello con la finalidad de conservarlos dentro del dominio público y permitir un aprovechamiento por tiempo definido a quienes satisfagan una serie de requisitos y asumieran algunos compromisos, entre ellos, dar uso directo al terreno para el fin que se entregó. Finalmente, dijo, con la promulgación de la Ley N° 2825 de Tierras y Colonización del 14 de octubre de 1961 y sus reformas, se perpetúa hasta nuestros días esta afectación. En otro orden de ideas, se refirió la parte actora a los bienes de dominio público, señalando que los terrenos que pertenecen a la Zona Fronteriza Sur, por ser del Estado, son inembargables, inalienables, no susceptibles de ser adquiridos por posesión y la acción del Estado para recuperarlos es imprescriptible, con lo que se infieren las características de un bien de dominio público, según lo ha establecido la Sala Constitucional en la sentencia número 1991-02306. Así las cosas, indicó, el acto administrativo dictado por el Instituto en el acuerdo tomado por la Junta Directiva artículo 66 de la sesión 041-05, efectuada el 24 de octubre del 2005, que autorizó segregar y traspasar la parcela descrita anteriormente, resulta absolutamente nulo, porque el terreno objeto de este proceso se encuentra dentro de la zona inalienable de los 2000 metros de la Zona Fronteriza Sur, por lo que se constituye en predio de dominio público; en virtud de lo antes expuesto y en resguardo del dominio público, es que se presenta a estrados judiciales a solicitar la nulidad del título otorgado. En su criterio, existe una nulidad absoluta al titular un predio comprendido dentro de la zona inalienable de la Zona Sur, contraviniendo al respecto el artículo 158 de la Ley General de la Administración Pública, que dispone que la falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente, exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste, artículo que se relaciona con el 166 de la misma ley que establece que habrá nulidad absoluta del acto cuando falte totalmente uno o varios elementos constitutivos, real o jurídicamente y el artículo 167 que dispone que habrá nulidad relativa del acto cuando sea imperfecto uno de sus elementos constitutivos, salvo que la imperfección impida la realización del fin en cuyo caso la nulidad será absoluta. Por consiguiente, argumentó el INDER, consciente del error administrativo cometido al autorizar y formalizar la segregación del terreno objeto de esta demanda, sin la debida verificación de que no se afectaba terrenos del Estado, dispuso de conformidad con el artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, declarar la lesividad de su conducta mediante Acuerdo de Junta Directiva, artículo 71 de la Sesión Ordinaria 41, efectuada el 14 de noviembre del 2016, a fin de anular el acto administrativo viciado de nulidad absoluta y los conexos a éste, que generaron o son dependientes del título de propiedad, al haberse gestionado ante el Registro Nacional sin cumplir tal acto administrativo, con los requisitos esenciales dados por ley, nulidad absoluta que debe ser declarada por la autoridad judicial, por lo que de conformidad con la norma indicada, así se demanda en este proceso y se solicita el acogimiento de la acción. Respecto a la parte demandada, tal y como se precisó supra, no se apersonó al proceso por lo que fue declarada en estado de rebeldía.

 

TERCERO. SOBRE EL PROCESO DE LESIVIDAD EN GENERAL. En términos generales, el proceso de lesividad es un mecanismo jurisdiccional, por medio del cual el legislador ordinario autorizó a las Administraciones Públicas, a deducir pretensiones anulatorias respecto de actos declaratorios de derechos subjetivos dictados por ellas, en tanto es una excepción al principio de intangibilidad de los actos propios. En estos tipos de procesos judiciales, se analiza la validez de una conducta formal concreta, que genera derechos subjetivos a favor de un administrado -sea persona física o jurídica-. Precisamente por ello, se hace necesaria la obligada participación del destinatario del acto cuya nulidad se pretende, a efectos de garantizar no solamente el contradictorio, sino el ejercicio oportuno de su derecho de defensa. El artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo -CPCA-, es la norma que fija los elementos previos y regulaciones procesales de esta figura. Sin embargo, dicho precepto normativo debe concordarse con los numerales 173.6 y 183, ambos de la Ley General de la Administración Pública -LGAP-, a efecto de tener un panorama completo sobre la temática que se aborda. Precisamente de la referida concordancia, se concluye que en este tipo de procesos, la legitimación activa se concede a la Administración emisora del acto atacado, en tanto que el legitimado pasivo es el administrado destinatario de los efectos de esa conducta formal. Ello es así, por cuanto la lesividad se constituye en un instrumento de supresión jurídica de actos administrativos concretos creadores de derechos subjetivos, en el tanto los mismos sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico -actos viciados de nulidad absoluta o relativa- (artículos 128, 158, 165 y concordantes de la LGAP). Ahora bien, valga reflexionar, que además de lo ya señalado, resulta esencial que el superior jerárquico supremo de la Administración Pública respectiva -emisora de la conducta formal que se ataca- declare la lesividad del acto, por cercenar el mismo, intereses públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza, para lo cual, requiere contar con un criterio técnico-jurídico que sustente esa decisión. Igualmente es importante recordar, que cuando el acto emane de la Administración Central, la demanda sólo podrá ser incoada por la Procuraduría General de la República (artículo 16 del CPCA). En lo que respecta al tiempo con que se cuenta, tanto para declarar lesivo el acto como para interponer el proceso judicial de comentario, el Código Procesal Contencioso Administrativo establece el plazo de un año computado a partir del día siguiente al de la emisión del acto, para declararlo lesivo en sede administrativa. Lo anterior, salvo los supuestos en que la referida conducta formal tenga vicios de nulidad absoluta, en cuyo caso, al tenor de lo regulado por el ordinal 34.1 del CPCA, esa declaratoria interna puede hacerse mientras perduren los efectos del acto. En tal caso, por mandato de dicha norma, el año se computa desde el cese de sus efectos y la sentencia que disponga la eventual nulidad, lo hará únicamente para la anulación e inaplicabilidad futura de la conducta impugnada. Luego de la declaratoria de lesividad, el CPCA otorga el plazo de un año a la Administración Pública respectiva -computado a partir del día siguiente a la firmeza de tal declaratoria- para incoar el Proceso Contencioso Administrativo de Lesividad -artículo 39 del CPCA-. En síntesis, conforme lo hasta aquí señalado, para la instauración de un proceso de lesividad y consecuente pronunciamiento de nulidad sobre el fondo del asunto, se requiere: i) la existencia de un acto administrativo concreto, firme y declaratorio de derechos subjetivos; ii) que dicha conducta formal, tenga vicios de nulidad absoluta o relativa; iii) que el referido acto haya sido declarado lesivo a los intereses públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza en sede administrativa, por el superior jerárquico supremo de la Administración emisora del mismo; iv) que tal declaratoria de lesividad se realice dentro del plazo del año previsto en el numeral 34 del CPCA -salvo en lo relativo a la tutela de bienes de dominio público que no está sujeto a plazo, según dispone el artículo 34.2 del CPCA-; v) que el proceso contencioso de lesividad se instaure por la Administración Pública emisora del acto, en el plazo del año previsto por el artículo 39.1.e del CPCA, con la salvedad dicha en cuanto a los bienes de dominio público.

 

CUARTO. SOBRE LA LESIVIDAD EN EL CASO CONCRETO. Del análisis exhaustivo de los autos y probanzas que obran en el expediente administrativo, concluye este Tribunal que el artículo N° 66 del acuerdo N° 66, adoptado en su momento por la Junta Directiva del otrora IDA, hoy día INDER, en su sesión N° 041-05 del 24 de octubre del 2005, mediante el cual se aprobó la adjudicación, segregación y traspaso de la parcela N° 29-7 del llamado Asentamiento Amalia Hernández Piedra, según plano catastrado P-1009234-2005, con un área de 661.48 m2 a favor de la señora Ana Lorena Ávila Castro, debe anularse parcialmente, al generarse de forma contraria a derecho, la inscripción en el Registro Nacional de la matrícula de folio real del Partido de Puntarenas N° 143722-000. De igual forma, debe procederse a anular también, la escritura pública número quince, otorgada ante la Notaría del señor Álvaro Meza Lazarus, a las 08:00 horas del 27 de octubre del 2005, únicamente en lo que refiere a la segregación y traspaso de la citada parcela en favor de la persona indicada, así como la inscripción registral de dicho inmueble en favor del particular, toda vez que la adjudicación realizada, violentó las normas prevalecientes en nuestro ordenamiento jurídico, respecto a la indisponibilidad de los bienes demaniales del Estado, toda vez que las zonas fronterizas en nuestro país, gozan de una protección jurídica especial, de modo que nadie puede apropiarse de ellas. Valga decirse que, aunque ya no esté vigente, desde la antigua Ley de Terrenos Baldíos N° 13 del 10 de enero de 1939, se regulaba en su artículo 10 que: “Son asimismo inalienables los terrenos comprendidos en una zona de dos kilómetros de ancho, a lo largo de la frontera con Nicaragua y con Panamá”. Similar disposición se plasmó también en la Ley de Tierras y Colonización N° 2825 del 14 de octubre de 1961 -antigua Ley del ITCO, hoy INDER-, al considerar de igual forma, las zonas fronterizas de carácter inalienable, al disponer en su artículo 7º, inciso f) que: “Mientras el Estado, por voluntad propia o por indicación del Ministerio de Agricultura o del Instituto de Tierras y Colonización, atendiendo razones de conveniencia nacional, no determine los terrenos que deban mantenerse bajo su dominio, se considerarán inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, salvo los que estuvieren bajo el dominio privado, con título legítimo, los siguientes: f) Los comprendidos en una zona de 2000 metros de ancho a lo largo de las fronteras con Nicaragua y con Panamá”. Incluso, a nivel jurisprudencial, en reiteradas ocasiones se ha pronunciado nuestra Sala Constitucional, destacando la importancia que tienen las zonas fronterizas como Patrimonio Natural de Estado y como áreas de protección del país, no pudiendo pasar por ende a manos de particulares. Al respecto, ha señalado que: “(…) Respecto a la franja fronteriza, tenemos que la Ley de Terrenos Baldíos, No. 13 de 10 de enero de 1939, en el artículo 10 dispuso: "Son asimismo inalienables los terrenos comprendidos en una zona de dos kilómetros de ancho, a lo largo de la frontera con Nicaragua y con Panamá". Dicha protección nace a raíz de que nuestras zonas fronterizas siguen siendo consideradas indispensables para el país, no sólo por razones de defensa de la soberanía del país, ante la importancia que tiene reservarlas como zonas estratégicas para la seguridad de la Nación, sino también por su relevancia desde el punto de vista de la protección del patrimonio natural del Estado. Las zonas fronterizas por su posición y cobertura se convierten en un área sumamente importante para la protección del medio ambiente como territorio, una zona de amortiguamiento indispensable para la comunicación de la flora y fauna, recursos hídricos y del ecosistema imperante en determinadas regiones del país, y por ende, el interés y la necesidad del Estado costarricense de regular y proteger los recursos naturales existentes hoy en día, y que sin el control y la limitación en cuanto a su disposición por parte de las autoridades competentes, pondrían en grave peligro el derecho a un ambiente sano (...)”. [ver por ejemplo el voto número 2988-99 de las 11:57 horas del 23 de abril de 1999]. Por otro lado, y precisamente ante un proyecto de ley que pretendía la desafectación de la zona fronteriza sur, denominado: "Desafectación y titulación de la zona fronteriza entre la República de Costa Rica y la República de Panamá", expediente legislativo N° 16657, la Sala Constitucional indicó: “(…) No es casualidad que el ordenamiento jurídico costarricense haya preservado la titularidad pública estatal de las zonas internas limítrofes de las fronteras, tanto del norte como del sur del país, bajo un régimen especial, dado que, por su especial naturaleza, representan zonas estratégicas para la defensa de la soberanía y para la seguridad de la Nación; así como para el establecimiento de controles en materias de claro interés público como la salud, aduanas, migración, salida e ingreso de mercancías, entre otros (…) De modo que, a juicio de esta Sala Constitucional, el artículo 1, del Proyecto de Ley consultado, es inconstitucional, por ser contrario a los Principios Constitucionales de Seguridad y Soberanía, ya que la desafectación que se pretende constituye un peligro para la soberanía y la defensa de la Nación (...)”. [sentencia número 18836-2014 de las 16:20 horas del 18 de noviembre del 2014]. Y finalmente, sobre los llamados bienes demaniales o del dominio público, desde vieja data la Sala Constitucional ha sostenido que: “(…) El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son llamados bienes demaniales, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están fuera del comercio de los hombres. (...) Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad (...)”. [entre otros, ver voto número 2306-1991 de las 14:45 horas 45 del 06 de noviembre de 1991]. En virtud de lo explicado anteriormente, estima esta Cámara que la declaratoria de lesividad realizada por la Administración demandante, cumple con los requisitos explicados en el considerando precedente, lo cual se expone de seguido, en el mismo orden en que reseñáramos los presupuestos esenciales de la lesividad: i) Según se ha referenciado, existe un acto administrativo concreto, firme y declarativo de derechos en favor de la persona a quien se le tuvo como parte demandada. Tal acto, se trata del artículo N° 66, del acuerdo N° 66, tomado por la Junta Directiva del entonces IDA, en la sesión N° 041-05 del 24 de octubre del 2005, mediante el cual se aprobó la adjudicación, segregación y traspaso de la parcela N° 29-7 del llamado Asentamiento Amalia Hernández Piedra, según plano catastrado P-1009234-2005, con un área de 661.48 m2 a favor de la señora Ana Lorena Ávila Castro. ii) Dicho acuerdo referido supra, es justamente la conducta formal que se pretende anular mediante este proceso, por estimar el INDER que la determinación tomada en su momento contiene vicios de nulidad absoluta. Al respecto, estima este Tribunal, que tal y como lo argumentó la entidad accionante, parte del acuerdo adoptado en el año 2005 por la Junta Directiva del otrora IDA, transgredió el bloque de legalidad y lo que ha dispuesto la jurisprudencia de nuestra Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; por ende, contiene vicios de nulidad absoluta que es menester revertir. Al respecto valga destacar, que como se reseñó líneas atrás, la disposición en favor de particulares de los bienes del demanio público, incluidas las franjas fronterizas, no está permitida, al estar fuera del comercio de los hombres por resultar inalienables, privando incluso en tales zonas fronterizas, tanto razones de defensa para la soberanía y seguridad del país, como para la protección del Patrimonio Natural del Estado. En el caso concreto, consta que mediante estudio de campo de las autoridades administrativas y técnicas del INDER, se logró determinar que el predio representado en el plano catastrado P-1009234-2005, situado en el distrito Sabalito, cantón Coto Brus, provincia Puntarenas, correspondiente a la parcela N° 29-7 del asentamiento Amalia Hernández Piedra conocido como El Progreso, se encuentra inmerso en su totalidad, en los dos kilómetros de la Franja Fronteriza Sur. Por ende, ni la adjudicación ni la escritura pública realizada donde se le otorgó el terreno -mucho menos la inscripción registral-, podrían resultar jurídicamente viables, por lo que el acuerdo tomado evidentemente transgredió nuestro ordenamiento jurídico, al no considerar la indisponibilidad del demanio público y del Patrimonio Natural del Estado. iii) De igual forma, tiene acreditado este Tribunal que la declaratoria de lesividad realizada por el superior jerárquico supremo del INDER, cumple con lo normado en el artículo 34.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, así como el numeral 176 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, evidenciándose, que la Junta Directiva de dicho ente público declaró lesivo a los intereses públicos, el artículo N° 66 de la sesión N° 041-05 realizada el 24 de octubre del 2005, que había autorizado la segregación y traspaso de la mencionada parcela N° 29-7 del Asentamiento Amalia Hernández Piedra, a favor de la señora Ávila Castro, y que generó posteriormente su inscripción registral, pese a que dicho terreno se encontraba afectado en su totalidad por ubicarse en la franja fronteriza sur y formaba parte del Patrimonio del Estado, no pudiendo desafectarse sino mediante ley. Además, en el mismo acuerdo de lesividad, se instruyó a la Administración para que procediera a interponer el correspondiente proceso de lesividad ante esta sede contencioso administrativa. Es decir, se extrae claramente la plena intención de la Junta Administrativa del INDER, de revertir la adjudicación realizada a contrapelo de la ley, y por ende, el interés de anular el acuerdo adoptado inicialmente, por medio de la declaratoria de lesividad que en este proceso se conoce. Al respecto ha de recordarse que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha manifestado que "esa declaratoria, en sede administrativa, es el precedente obligado del proceso de lesividad, mediante el cual, la Administración busca la nulidad de un acto propio firme, de manera que sin ella es imposible atacarlo en sede jurisdiccional, pues se atentaría contra los principios elementales de raigambre constitucional como son el respeto a los derechos adquiridos y la teoría de los actos propios, así como los de seguridad y certeza jurídica. Por ende, esa declaratoria predetermina y condiciona los alcances de la demanda". [ver al respecto el voto N° 415-2003 de las 8:30 horas del 18 de julio del 2003 y el voto Nº 232-F-2005 de las 9:50 horas del 14 de abril del 2005]. iv) Ahora bien, en cuanto al plazo normado para incoar el proceso de lesividad, hay que recordar que por regla general es de un año -según los supuestos establecidos en el inciso 1 del artículo 34 del CPCA-; empero, en el caso de estudio, según se desprende del acuerdo de lesividad, el sustento jurídico aplicable es el del artículo 34.2 del CPCA, que justamente dispone la imprescriptibilidad en tratándose de la tutela de bienes de dominio público, como lo son las zonas fronterizas. Por ello, en el presente caso, no existe sujeción a plazo alguno para la declaratoria de lesividad del acto adoptado ilegítimamente, ni mucho menos para declarar su nulidad, pues en tratándose de terrenos inalienables, imprescriptibles y no transferibles ningún plazo de prescripción ni de caducidad podría operar para su recuperación, ya que están sujetos a un régimen jurídico especial y afectados o destinados a fines de utilidad pública por su propia naturaleza y vocación, que se manifiesta en el uso directo o indirecto que toda persona pueda hacer de ellos, por lo que se dice que están fuera del comercio de los hombres, tal y como lo ha sostenido de forma reiterada nuestra Sala Constitucional. v) Finalmente, reafirmamos, que el proceso ha sido entablado en tiempo y forma, al haberse declarado, de previo a la interposición de esta demanda por parte del Instituto de Desarrollo Rural, la lesividad del acuerdo que aquí se pretende anular, mismo que como indicamos, no está sujeto a plazo alguno, por tratarse de la recuperación de bienes de dominio público y por ello, el ejercicio de la acción reivindicatoria puede darse en cualquier tiempo, al resultar las zonas fronterizas, intransferibles e imprescriptibles, constituyendo más bien un poder-deber de la Administración Pública. Acorde con lo expuesto precedentemente, tiene por acreditado este Tribunal, que en la adjudicación de la parcela N° 29-7, correspondiente al plano catastrado N° 1009234-2005, hoy día inscrita en el Registro Público bajo la matrícula de folio real del Partido de Puntarenas N° 143722-000, a nombre de Ana Lorena Ávila Castro, se transgredió el ordenamiento jurídico, lo cual amerita la nulidad del acuerdo referido en forma parcial, en lo que a ella respecta y según lo que se dispondrá infra, pues en buen derecho, la titulación del inmueble referido, no se hubiera podido realizar, al menos no en la forma en que se hizo, sin previa desafectación legal, por lo que ha de disponerse la nulidad. Consecuentemente, por estar viciado de nulidad absoluta, el acuerdo N° 66, artículo N° 66, tomado por la Junta Directiva del entonces Instituto de Desarrollo Agrario en la sesión N° 041-2005, de fecha 24 de octubre del 2005, se declara absolutamente nulo, pero únicamente en lo que se refiere a la adjudicación y titulación de la parcela N° 29-7, correspondiente al plano catastrado N° 1009234-2005, hoy día inscrita en el Registro Público bajo la matrícula de folio real del Partido de Puntarenas N° 143722-000, a nombre de Ana Lorena Ávila Castro. Por conexidad, deberá anularse también en forma parcial, la escritura pública número quince, otorgada a las 08:00 horas del 27 de octubre del año 2005, ante el notario Jimmy Meza Lazarus, únicamente en tanto se segregó y traspasó, a favor de la persona supra referida, la parcela número 29-7 con una medida de 661.48 metros cuadrados, según el referido plano catastrado número P-1009234-2005. A su vez, se ordena la anulación del asiento registral de inscripción ante el Registro Nacional, de la finca N° 143722-000, para lo cual habrán de emitirse los mandamientos de estilo. Firme esta sentencia, levántese la anotación de demanda ordenada en este proceso e inscrita con las citas 2016-721222-01-0001-001.

 

QUINTO.- SOBRE LOS PRESUPUESTOS SUSTANCIALES DE LA DEMANDA. Al no haberse contestado la presente acción es obvio que no existe excepción alguna incoada; no obstante, sabido es que todos los presupuestos sustanciales de la acción -legitimación, interés y derecho-, resultan revisables aún de oficio por cualquier órgano jurisdiccional, tal y como lo ha manifestado en forma reiterada nuestra Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: "(...) en los asuntos sometidos a su conocimiento, el Juez está obligado a analizar, incluso de oficio, los presupuestos sustanciales o de fondo de toda acción, a saber: derecho, legitimación e interés. Se trata de condiciones necesarias para la emisión de una sentencia estimatoria, por lo que deben conservarse durante todo el proceso. De modo que si se detecta la ausencia de uno o más de ellos, el Juzgador no podrá pronunciarse sobre el fondo de litigio, generándose de esta forma lo que en doctrina se conoce como sentencia inhibitoria (...)". [ver al respecto el voto número 465-F-S1-2009, de las 10:45 horas del día 7 de mayo del 2009, que cita a su vez los votos de dicha Cámara, número 8, de las 15:45 horas del 5 de enero del 2000 y número 6, de las 14:30 horas del día 6 de febrero de 1998]. En el caso de marras, es obvio que al INDER le asiste legitimación activa para poder acudir a estrados judiciales, con el fin de requerir la nulidad del acuerdo tomado en su momento y que fuera declarado lesivo a los intereses públicos, al igual que existe la legitimación pasiva de la persona llamada a juicio por haber resultado favorecida del acuerdo tomado. En cuanto al interés actual, por razones lógicas el mismo permanece intacto, pues ningún órgano jurisdiccional se ha pronunciado sobre la lesividad requerida. Finalmente, en cuanto al derecho, por lo explicado en los considerandos que anteceden, lo peticionado por el INDER resulta de recibo, al haberse tomado un acuerdo que resulta contrario al ordenamiento jurídico, por lo que la acción incoada se acoge en todos sus extremos.

 

SEXTO. SOBRE LAS COSTAS. Según regulación del artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas personales y procesales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo y sólo procede su dispensa cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar, o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En el caso de estudio, estimamos que existe causa válida para variar la premisa, toda vez que la adjudicación e inscripción registral realizada en favor de la señora Ávila Castro obedeció a una disposición realizada por la propia Administración Pública, siendo que incluso los particulares citados ni siquiera se apersonaron al presente proceso a manifestar oposición alguna. Ergo, lo que consideramos procedente es resolver el presente asunto sin especial condenatoria en costas.

POR TANTO

Se declara con lugar la presente demanda de lesividad incoada por el Instituto de Desarrollo Rural -INDER-. Consecuentemente, se dispone la nulidad absoluta del acuerdo tomado por la Junta Directiva del entonces llamado Instituto de Desarrollo Agrario -IDA- en el artículo 66 de la sesión 041-2005, de fecha 24 de octubre del 2005, pero únicamente en lo que se refiere a la adjudicación y titulación de la parcela N° 29-7, con base en el plano catastrado N° P-1009234-2005 a favor de Ana Lorena Ávila Castro. Por conexidad, deberá anularse también en forma parcial, la escritura pública número quince, otorgada a las 08:00 horas del 27 de octubre del año 2005, ante el notario Jimmy Meza Lazarus, únicamente en tanto se segregó y traspasó, a favor de la persona indicada la parcela número 29-7 del Asentamiento Amalia Hernández. A su vez, se ordena la anulación del asiento registral de inscripción ante el Registro Nacional, de la finca matrícula 143.722-000, para lo cual habrán de emitirse los mandamientos de estilo. Firme esta sentencia, levántese la anotación de demanda ordenada en este proceso e inscrita con las citas 2016-721222-01-0001-001. Se resuelve sin especial condenatoria en costas.

Gustavo Irías Obando

Francisco Hidalgo Rueda               Elías Baltodano Gómez



 

 




- Código Verificador -
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Documento firmado por:

GUSTAVO IRIAS OBANDO, JUEZ/A DECISOR/A
ELIAS BALTODANO GOMEZ, JUEZ/A DECISOR/A
FRANCISCO DE LA TRINIDAD HIDALGO RUEDA, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 16-000624-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0003 - 2545-0004. Fax: 2241-5664 y 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 05:52:09.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENT:

16-000624-1027-CA - 2

PROCEEDING:

KNOWLEDGE

PLAINTIFF:

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

DEFENDANT:

ANA LORENA AVILA CASTRO

No. 2025007600

CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL FINANCE TRIBUNAL, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at thirteen hours forty-five minutes on the twenty-ninth of July two thousand twenty-five.-

A strictly legal lesivity proceeding (proceso de lesividad declarado de puro derecho) brought by the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, legal entity identification number 4-000-42123, represented by its special judicial agent (apoderada especial judicial), Margarita Elizondo Jiménez, identity card number 1-687-253, against Mrs. ANA LORENA ÁVILA CASTRO, identity card number 6-200-780, who did not appear in the proceeding.

WHEREAS:

FIRST. PRELIMINARY ASPECTS:

1.- By written submission received on January 21, 2016, the plaintiff filed the present strictly legal lesivity proceeding (proceso de lesividad declarado de puro derecho), formulating the following substantive claims: "1. That the resolution adopted by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, in article 66 of session 041-05, held on October 24, 2005, be declared absolutely null, insofar as it relates to the authorization of the segregation and transfer of a parcel of land in favor of Ana Lorena Ávila Castro, described in cadastral plan number P-1009234-2005. 2. Consequently, that public deed number fifteen, issued before notary Jimmy Meza Lazarus, at eight hours on October twenty-seven, two thousand five, which formalized the segregation and transfer of Parcel 29-7 of the Asentamiento Amalia Hernández, be annulled, solely as it relates to the titling of a property in favor of Ana Lorena Ávila Castro, which generated the registered property folio real (folio real) number 143.722-000 of the District of Puntarenas, with cadastral plan number P-1009234-2005. 3. Consequently, that the registration entry for the property registered under the Folio Real system with registration number 143722-000 of the District of Puntarenas, issued by the National Registry, be annulled." (Images 2 to 17 of the judicial file)

2.- By order issued at 11:47 hours on February 2, 2016, the present proceeding was deemed established and the defendant was granted an opportunity to be heard. Furthermore, the annotation of the complaint on the property registered under the Folio Real system with registration number 143722-000, owned by the defendant, was ordered, and the defendant was granted an opportunity to be heard regarding the interim injunction sought by the Instituto de Desarrollo Rural. (Images 23 to 25 of the judicial file)

3.- By order issued at 09:41 hours on October 6, 2016, the Case Management Judge deemed the complaint unanswered and declared Mrs. Ana Lorena Ávila Castro in default (rebeldía). Furthermore, the parties were summoned to the preliminary hearing for 13:30 hours on November 7, 2016. (Images 35 and 36 of the judicial file)

4.- On November 7, 2016, the preliminary hearing was held with the attendance of only the plaintiff; the claims were set forth in the terms transcribed above; it was determined that there were no disputed facts; the plaintiff was directed to provide the administrative file; the matter was declared as strictly legal; and the closing arguments hearing was deferred until after the ordered file was received. (Minutes of the hearing visible in images 44 to 46 of the judicial file and recording of the proceeding incorporated into the digital folder)

5.- By order issued at 14:35 hours on December 14, 2016, the plaintiff was granted a period of five days to provide the certified copy of the administrative

EXP: 16-000624-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, across from Café Dorado. Telephone: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. E-mail: [email protected]



1

file, in accordance with the provisions of Article 51 of the Código Procesal Contencioso Administrativo. (Image 47 of the judicial file)

6.- By order issued at 14:01 hours on May 25, 2017, a period of five days was granted to the parties to proceed to deliver their closing arguments. (Image 49 of the judicial file)

7.- By order issued at 11:09 hours on May 31, 2017, the proceeding was suspended until such time as the Sala Constitucional resolved the unconstitutionality action being processed under case number 17-000373-0007-CO, which had been filed against Article 86 of the Ley de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en el Instituto de Desarrollo Rural, Law No. 9036, due to the possible infringement of the provisions of Articles 9, 41, 49, 105, 121 subsections 1) and 20), 122 to 127, 128, 129, 152, 153, and 167 of the Constitución Política. (Image 50 of the judicial file)

8.- In a submission received at 10:30 hours on June 13, 2017, the plaintiff delivered its closing arguments and reiterated its claims. (Images 53 to 58 of the judicial file)

9.- By order issued at 16:32 hours on February 14, 2018, and in light of judgment No. 2017-12905 issued by the Sala Constitucional at 11:00 hours on August 16, 2017, resolving the unconstitutionality action processed under case number 17-000373-0007-CO, the respective proceeding was ordered to continue. (Image 74 of the judicial file)

10.- At 13:00 hours on October 14, 2019, Section VII of the Tribunal Contencioso Administrativo issued judgment number 103-2019-VII, granting the proceeding. (Images 77 to 94 of the judicial file)

11.- Reviewing the cassation appeal filed by INDER, the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia issued ruling number 000949-F-S1-2025, at 10:00 hours on June 5, 2025, in which it overturned the challenged judgment on procedural grounds and ordered the case remanded to this Tribunal for a new judgment to be issued. (Images up to 195 of the judicial file)

10.- The mandatory procedural requirements have been observed in these proceedings, and no defects or omissions are perceived that could generate nullity or leave the parties defenseless. This judgment is issued, after deliberation, by unanimous criterion of the Tribunal and drafted by Judge Irías Obando.

SECOND. PROVEN FACTS: The following facts are deemed accredited as relevant to the decision of this matter:

1.- That the origin of the Asentamiento Amalia Hernández, known as El Progreso, dates back to 1968, when the intervention of the then Instituto de Tierras y Colonización was requested, given that the farm had been invaded. At that time, a resolution was issued declaring the existence of a precarious land possession conflict, and on March 6, 1968, the appraisal of the property was ordered. The report for the farm in question, No. 12,464 of the Province of Puntarenas, was prepared on June 7, 1968, with a total area of 400 hectares and a value of 123,299.70 colones (undisputed fact).

2.- That the Board of Directors of the then Instituto de Tierras y Colonización, in Article IX, of session No. 1044, held on June 23, 1969, authorized the acquisition of farm No. 12,464 of Puntarenas, owned by Licda. Amalia Hernández Piedra; subsequently, in Article VII, of session No. 1147 of February 16, 1970, the Manager was appointed to appear before a Notary Public for the signing of the purchase-sale deed for the property, which was executed at 13:00 hours on March 9, 1970 (folio 1 of the administrative file).

3.- That the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, by resolution adopted in Article 66 of session No. 041-05 of October 24, 2005, approved the segregation and transfer of a parcel of land identified as parcel No. 29-7 of the Asentamiento de Amalia Hernández Piedra, phase 1, with an area of 661.48 square meters, in favor of Mrs. Ana Lorena Ávila Castro, identity card No. 6-200-780 (folios 11 to 20 of the administrative file).

4.- That by means of deed No. 15, issued before notary Jimmy Meza Lazarus, at 08:00 hours on October 27, 2005, the segregation and transfer of parcel 29-7 in favor of the defendant was formalized, which is registered in the Real Estate Registry under citations: Volume 560, Entry 19557. (folios 26 to 100 of the administrative file).

5.- That the segregated and transferred land, with cadastre plan No. P-1009234-2005, is a property registered in the Real Estate Registry, District of Puntarenas, under Folio Real registration number 143722-000, in the name of Mrs. Ana Lorena Ávila Castro (folios 101 and 102 of the administrative file).

6.- That the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario requested a review of the Asentamiento Amalia Hernández Piedra, known as El Progreso, from the Topography Area, determining that several properties are affected by being located within the border strip (franja fronteriza) (undisputed fact).

7.- That the Head of the Topography Area, Eng. Jimmy Garita Hernández, through official letter No. AT-821-2008 of November 14, 2008, informed the Secretary General of the Board of Directors that parcel No. 29-7 is located entirely within the Southern Border Strip (folio 103 of the administrative file).

8.- That the Board of Directors of the former Instituto de Desarrollo Rural, in Article 51 of ordinary session No. 003-2015, of January 26, 2015, declared the above-referenced Article 66 of session No. 041-05 of October 24, 2005, which authorized the segregation and transfer in favor of Mrs. Ana Lorena Ávila Castro, to be detrimental (lesivo) to the public interests (folios 121 to 128 of the administrative file).

II.- REGARDING THE ARGUMENTS OF THE PARTIES. In summary, and without prejudice to the literal wording of the arguments presented, studied in their entirety by this Tribunal, the representative of INDER stated that the settlement called Amalia Hernández, known as El Progreso, dates back to 1968, when the intervention of the former Instituto de Tierras y Colonización -ITCO- was requested, as the farm of Mrs. Amalia Hernández Piedra, located in Sabalito de Coto Brus, had been invaded. Therefore, ITCO officials took steps to help resolve the matter, but it was not finalized, so a resolution was issued declaring a precarious land possession conflict, and on March 6 of that same year, the appraisal of the property was ordered, as the owner rejected the offer proposed by the occupants of the tract. Thus, it stated, the appraisal report for the farm in question, located in Puntarenas No. 12464, was prepared on June 7, 1968, with a total area of 400 hectares and a value of ₡123,299.70. Subsequently, it indicated, through the ITCO Board of Directors resolution, Article IX, session number 1044, held on June 23, 1969, the acquisition of farm No. 12464 of Puntarenas, owned by Mrs. Amalia Hernández Piedra, was authorized. Through Article VII, session number 1147, held on February 16, 1970, the institutional Manager was appointed to appear before a Notary Public for the signing of the purchase-sale deed for the farm in question, which was executed at 13:00 hours on March 9, 1970, where Mrs. Hernández Piedra transferred the referenced property to the Institute. According to the plaintiff, due to defects found in the first certified copy of the transfer deed for farm No. 12464 of Puntarenas, its registration in the Public Registry was not completed until June 1, 2004. It also maintained that no parceling was carried out in the Asentamiento Amalia Hernández as in other campesino settlements, since the property had been invaded long before its acquisition, so the division made by its occupants was respected. It added that later, the Instituto de Desarrollo Agrario -IDA-, through the Board of Directors resolution, Article 66, session 041-05, held on October 24, 2005, approved the segregation and transfer of a parcel of land identified as parcel 29-7 of the Asentamiento Amalia Hernández Piedra, phase 1, with an area of 661.48 m2 in favor of Mrs. Ana Lorena Ávila Castro, identity card number 6-0200-0780. It also mentioned that with deed number fifteen, issued before notary Jimmy Meza Lazarus, at 08:00 hours on October 27, 2005, the segregation and transfer of parcel 29-7 of the Asentamiento Amalia Hernández Piedra in favor of Mrs. Ávila Castro was formalized, which is presented and registered in the Real Estate Registry under citations: Volume 560, Entry 19557. The representative of the plaintiff entity added that the segregated and transferred land, with Cadastre Plan No. P-1009234-2005, is the property registered in the Real Estate Registry, District of Puntarenas, under folio real registration number 143722-000 in the name of Mrs. Ávila Castro. On the other hand, it stated, the IDA Board of Directors requested a review of the Asentamiento Amalia Hernández Piedra, known as El Progreso, from the Topography Area, determining that several properties are affected by being located within the border strip (franja fronteriza), some partially and others entirely. Given this, the Head of the Topography Area, Eng. Jimmy Garita Hernández, through official letter AT-821-2008 of November 14, 2008, determined, according to the field study conducted, that parcel 29-7 is located entirely within the Southern Border Strip. It also stated that through the resolution adopted by the Board of Directors of the Institute, in Article No. 51, of ordinary session 003-2015, held on January 26, 2015, it declared Article 66 of Session 041-05 of October 24, 2005, which authorized the segregation and transfer in favor of Mrs. Ávila Castro, to be detrimental (lesivo) to the public interests, authorizing the corresponding proceeding to be filed in the contentious-administrative venue. As part of its legal grounds, the representative of INDER indicated that the lands comprised within the strip of two thousand meters that runs along the border with Panama constitute, by the will of the legislator, public domain assets, a longstanding restriction protected since the 19th century, first in Código Fiscal No. 8 of October 31, 1885, a restriction that later underwent some modifications. With Decree No. 3 of October 29, 1914, a zone of fifty kilometers wide along the definitive border with the Republic of Panama was declared unwaivable; subsequently, with laws numbers 11 of October 22, 1926, and 149 of August 16, 1929, the restriction was reduced to five kilometers wide along the border with Panama and eight with Nicaragua. Later, the Ley de Terrenos Baldíos, No. 13 of January 10, 1939, modified the size, reducing it to two kilometers. Thereafter, with Decree No. 6, the Ley de Terrenos Baldíos was regulated, and in its Article 15, subsection f), the Executive Branch was empowered to lease the lands comprised within a zone two kilometers wide along the border with Nicaragua and Panama; all with the purpose of keeping them within the public domain and allowing their use for a defined time by those who satisfy a series of requirements and assume certain commitments, including directly using the land for the purpose for which it was granted. Finally, it stated, with the promulgation of Law No. 2825, Ley de Tierras y Colonización of October 14, 1961, and its amendments, this restriction is perpetuated to the present day. In another order of ideas, the plaintiff referred to public domain assets, noting that the lands belonging to the Southern Border Zone, being state-owned, are unattachable, inalienable, not susceptible to being acquired by possession, and the State's action to recover them is imprescriptible, which infers the characteristics of a public domain asset, as established by the Sala Constitucional in judgment number 1991-02306. Thus, it indicated, the administrative act issued by the Institute in the resolution adopted by the Board of Directors, Article 66 of session 041-05, held on October 24, 2005, which authorized the segregation and transfer of the parcel described above, is absolutely null, because the land subject to this proceeding is located within the inalienable zone of the 2000 meters of the Southern Border Strip, and therefore constitutes a public domain tract; by virtue of the foregoing and in protection of the public domain, it appears before the courts to request the nullity of the title granted. In its view, there is absolute nullity in titling a tract comprised within the inalienable zone of the Southern Zone, thereby contravening Article 158 of the Ley General de la Administración Pública, which provides that the lack or defect of any requirement of the administrative act, expressly or implicitly required by the legal system, will constitute a defect thereof, an article related to Article 166 of the same law stating that absolute nullity of the act exists when one or more constituent elements are entirely lacking, in fact or in law, and Article 167, which provides that relative nullity of the act exists when one of its constituent elements is imperfect, unless the imperfection prevents the realization of the purpose, in which case the nullity will be absolute. Consequently, INDER argued, being aware of the administrative error committed in authorizing and formalizing the segregation of the land subject to this complaint, without the proper verification that State lands were not affected, it ordered, in accordance with Article 34 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, to declare the detrimental nature (lesividad) of its conduct through a Board of Directors Resolution, Article 71 of Ordinary Session 41, held on November 14, 2016, in order to annul the administrative act vitiated by absolute nullity and those connected to it, which generated or are dependent on the title of ownership, having been processed before the National Registry without said administrative act fulfilling the essential requirements given by law, absolute nullity that must be declared by the judicial authority; therefore, in accordance with the indicated norm, it is so sought in this proceeding and the granting of the action is requested. Regarding the defendant, as stated above, she did not appear in the proceeding, so she was declared in default.

THIRD. REGARDING THE LESIVITY PROCEEDING (PROCESO DE LESIVIDAD) IN GENERAL. In general terms, the lesivity proceeding (proceso de lesividad) is a jurisdictional mechanism through which the ordinary legislator authorized Public Administrations to bring annulment claims regarding acts declaring subjective rights issued by them, as it is an exception to the principle of irrevocability of their own acts. In these types of judicial proceedings, the validity of a specific formal conduct that generates subjective rights in favor of an administered party—whether an individual or legal entity—is analyzed. Precisely for this reason, the mandatory participation of the recipient of the act whose nullity is sought is necessary, in order to guarantee not only the adversarial process but also the timely exercise of their right of defense. Article 34 of the Código Procesal Contencioso Administrativo -CPCA- is the norm that sets forth the prior elements and procedural regulations for this figure. However, said normative precept must be concorded with numerals 173.6 and 183, both of the Ley General de la Administración Pública -LGAP-, in order to have a complete overview of the subject matter being addressed. Precisely from this concordance, it is concluded that in this type of proceeding, active legal standing is granted to the Administration that issued the challenged act, while the passive party with standing is the administered party that is the recipient of the effects of said formal conduct. This is so because the lesivity (lesividad) constitutes an instrument for the juridical suppression of specific administrative acts that create subjective rights, insofar as said acts are substantially non-conforming with the legal system—acts vitiated by absolute or relative nullity— (Articles 128, 158, 165 and concordant articles of the LGAP). Now, it is worth reflecting that, in addition to what has already been noted, it is essential that the supreme hierarchical superior of the respective Public Administration—issuer of the formal conduct being challenged—declares the lesivity (lesividad) of the act, because it harms public, economic, or any other nature interests, for which it requires a technical-legal criterion to support that decision. It is also important to remember that when the act originates from the Central Administration, the complaint may only be brought by the Procuraduría General de la República (Article 16 of the CPCA). With respect to the time available, both to declare the act detrimental (lesivo) and to file the judicial proceeding under discussion, the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes a one-year period, computed from the day following the issuance of the act, to declare it detrimental (lesivo) in administrative proceedings. The foregoing is subject to the exception of cases where said formal conduct has defects of absolute nullity, in which case, under the terms of what is regulated by numeral 34.1 of the CPCA, that internal declaration can be made as long as the effects of the act persist. In such a case, by mandate of that norm, the year is computed from the cessation of its effects, and the judgment ordering the eventual nullity will do so only for the annulment and future inapplicability of the challenged conduct. After the declaration of lesivity (lesividad), the CPCA grants a one-year period to the respective Public Administration—computed from the day following the finality of such declaration—to bring the Contencioso-Administrativo Lesivity Proceeding (Proceso Contencioso Administrativo de Lesividad)—Article 39 of the CPCA. In summary, in accordance with what has been stated herein, for the establishment of a lesivity proceeding (proceso de lesividad) and a consequent ruling of nullity on the merits of the matter, the following is required: i) the existence of a specific, final administrative act that declares subjective rights; ii) that said formal conduct has defects of absolute or relative nullity; iii) that the referred act has been declared detrimental (lesivo) to the public, economic, or any other nature interests in administrative proceedings, by the supreme hierarchical superior of the Administration that issued it; iv) that such declaration of lesivity (lesividad) is made within the one-year period provided for in numeral 34 of the CPCA—except regarding the protection of public domain assets, which is not subject to a time limit, as provided by Article 34.2 of the CPCA—; v) that the contentious-administrative lesivity proceeding (proceso contencioso de lesividad) is brought by the Public Administration that issued the act, within the one-year period provided for by Article 39.1.e of the CPCA, with the stated exception regarding public domain assets.

FOURTH. REGARDING THE LESIVITY (LESIVIDAD) IN THE SPECIFIC CASE. From the exhaustive analysis of the case records and evidence contained in the administrative file, this Tribunal concludes that Article No. 66 of resolution No. 66, adopted at the time by the Board of Directors of the former IDA, now INDER, in its session No. 041-05 of October 24, 2005, through which the adjudication, segregation, and transfer of parcel No. 29-7 of the so-called Asentamiento Amalia Hernández Piedra, according to cadastral plan P-1009234-2005, with an area of 661.48 m2 in favor of Mrs. Ana Lorena Ávila Castro, must be partially annulled, since the registration in the National Registry of the folio real registration number 143722-000 of the District of Puntarenas was generated contrary to law. Likewise, public deed number fifteen, issued before the Notary office of Mr. Álvaro Meza Lazarus, at 08:00 hours on October 27, 2005, must also be annulled, solely as it refers to the segregation and transfer of said parcel in favor of the indicated person, as well as the registry inscription of said property in favor of the private party, given that the adjudication carried out violated the prevailing norms of our legal system regarding the inalienability of State-owned public domain assets (bienes demaniales), since border zones in our country enjoy special legal protection, such that no one can appropriate them. It is worth stating that, even though it is no longer in force, the former Ley de Terrenos Baldíos No. 13 of January 10, 1939, regulated in its Article 10 that: "The lands comprised within a zone two kilometers wide, along the border with Nicaragua and Panama, are likewise inalienable." A similar provision was also established in the Ley de Tierras y Colonización No. 2825 of October 14, 1961—the former ITCO Law, now INDER—by similarly considering the border zones as inalienable, providing in its Article 7, subsection f) that: "As long as the State, by its own will or by indication of the Ministerio de Agricultura or the Instituto de Tierras y Colonización, based on reasons of national convenience, does not determine the lands that must be kept under its domain, the following shall be considered inalienable and not susceptible to acquisition by claim (denuncio) or possession, except those that were under private domain, with legitimate title: f) Those comprised within a zone 2000 meters wide along the borders with Nicaragua and Panama." Even at the jurisprudential level, our Sala Constitucional has repeatedly ruled, highlighting the importance of border zones as State Natural Heritage and as protection areas for the country, and therefore they cannot pass into private hands. In this regard, it has stated that: "(…) Regarding the border strip (franja fronteriza), we have that the Ley de Terrenos Baldíos, No. 13 of January 10, 1939, in Article 10 provided: 'The lands comprised within a zone of two kilometers wide, along the border with Nicaragua and Panama, are likewise inalienable.' Said protection arises because our border zones continue to be considered indispensable for the country, not only for reasons of defending the country's sovereignty, given the importance of reserving them as strategic zones for the Nation's security, but also for their relevance from the viewpoint of protecting the State's natural heritage. Border zones, due to their position and cover, become an extremely important area for environmental protection as territory, an indispensable buffer zone for the communication of flora and fauna, water resources, and the prevailing ecosystem in certain regions of the country, and therefore, the interest and necessity of the Costa Rican State to regulate and protect the natural resources existing today, which, without the control and limitation regarding their disposition by competent authorities, would seriously endanger the right to a healthy environment (…) " [see, for example, ruling number 2988-99 of 11:57 hours on April 23, 1999]. On the other hand, and precisely regarding a bill that sought the removal of the protected status (desafectación) of the southern border zone, called: "Desafectación y titulación de la zona fronteriza entre la República de Costa Rica y la República de Panamá," legislative file No. 16657, the Sala Constitucional indicated: "(…) It is no coincidence that the Costa Rican legal system has preserved the state public ownership of the internal zones bordering the borders, both north and south of the country, under a special regime, given that, by their special nature, they represent strategic zones for the defense of sovereignty and for the Nation's security; as well as for the establishment of controls in matters of clear public interest such as health, customs, migration, exit and entry of goods, among others (…) Therefore, in the judgment of this Sala Constitucional, Article 1 of the Bill under consultation is unconstitutional, as it is contrary to the Constitutional Principles of Security and Sovereignty, since the removal of the protected status (desafectación) sought constitutes a danger to the sovereignty and defense of the Nation (…)." [judgment number 18836-2014 of 16:20 hours on November 18, 2014]. And finally, regarding the so-called public domain assets (bienes demaniales), the Sala Constitucional has long held that: "(…) The public domain is composed of assets that manifest, by the express will of the legislator, a special purpose of serving the community, the public interest. They are called public domain assets (bienes demaniales), which do not belong individually to private parties and are outside the commerce of men."

(…) As they are outside of commerce, these assets cannot be the object of possession, although one can acquire a right to their utilization (aprovechamiento), though not a property right (…)”. [among others, see Voto 2306-1991 of 14:45 hours on November 6, 1991]. By virtue of the foregoing explanation, this Chamber considers that the declaration of harmfulness (declaratoria de lesividad) made by the plaintiff Administration meets the requirements explained in the preceding considerando, which is set forth below, in the same order in which we outlined the essential prerequisites of harmfulness (lesividad): i) As has been referenced, there exists a concrete administrative act, firm and declarative of rights in favor of the person who was treated as the defendant party. That act is Article N° 66 of Agreement N° 66, adopted by the Board of Directors (Junta Directiva) of the then IDA, at session N° 041-05 of October 24, 2005, by which it approved the adjudication (adjudicación), segregation (segregación), and transfer (traspaso) of parcel N° 29-7 of the so-called Amalia Hernández Piedra Settlement (Asentamiento), according to cadastral map P-1009234-2005, with an area of 661.48 m² in favor of Mrs. Ana Lorena Ávila Castro. ii) The aforementioned agreement referred to above is precisely the formal conduct sought to be annulled through this proceeding, as INDER considers that the determination made at the time contains defects of absolute nullity (vicios de nulidad absoluta). In this regard, this Court considers, as argued by the plaintiff entity, that part of the agreement adopted in 2005 by the Board of Directors of the former IDA violated the legality framework and what has been established by the jurisprudence of our Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice; therefore, it contains defects of absolute nullity that must be reversed. In this respect, it is worth noting that, as outlined above, the disposition in favor of private individuals of public domain assets (bienes del demanio público), including border strips (franjas fronterizas), is not permitted, as they are outside the commerce of men because they are inalienable (inalienables), with reasons of defense for the sovereignty and security of the country, as well as the protection of the State’s Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), prevailing in such border zones. In the specific case, it is recorded that through a field study by the administrative and technical authorities of INDER, it was determined that the property represented in cadastral map P-1009234-2005, located in the Sabalito district, Coto Brus canton, Puntarenas province, corresponding to parcel N° 29-7 of the Amalia Hernández Piedra Settlement known as El Progreso, is entirely immersed within the two kilometers of the Southern Border Strip (Franja Fronteriza Sur). Therefore, neither the adjudication nor the public deed (escritura pública) executed granting the land—much less the registry inscription—could be legally viable, such that the agreement taken evidently violated our legal system by failing to consider the non-disposability of the public domain (demanio público) and the State’s Natural Heritage. iii) Likewise, this Court has verified that the declaration of harmfulness performed by the supreme hierarchical superior of INDER complies with the provisions of Article 34.2 of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), as well as Article 176 and following of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública), demonstrating that the Board of Directors of said public entity declared harmful to public interests Article N° 66 of session N° 041-05 held on October 24, 2005, which had authorized the segregation and transfer of the aforementioned parcel N° 29-7 of the Amalia Hernández Piedra Settlement in favor of Mrs. Ávila Castro, and which subsequently generated its registry inscription, despite the fact that said land was entirely affected by being located in the southern border strip and formed part of the State Heritage (Patrimonio del Estado), and could not be released (desafectarse) except by law. Moreover, in the same harmfulness agreement, the Administration was instructed to proceed with filing the corresponding harmfulness proceeding before this contentious-administrative venue. That is, the full intention of the Administrative Board of INDER is clearly extracted: to reverse the adjudication carried out against the law, and therefore, the interest in annulling the agreement initially adopted, through the declaration of harmfulness that is being heard in this proceeding. In this regard, it must be recalled that the First Chamber (Sala Primera) of the Supreme Court of Justice has stated that “that declaration, in the administrative venue, is the mandatory precedent for the harmfulness proceeding by which the Administration seeks the nullity of its own firm act, such that without it, it is impossible to attack it in the jurisdictional venue, as it would violate the elementary principles of constitutional origin such as respect for acquired rights and the theory of one’s own acts (teoría de los actos propios), as well as those of legal certainty and security. Therefore, that declaration predetermines and conditions the scope of the lawsuit.” [see in this regard Voto N° 415-2003 of 8:30 hours on July 18, 2003, and Voto Nº 232-F-2005 of 9:50 hours on April 14, 2005]. iv) Now, as for the time limit established to initiate the harmfulness proceeding, it must be remembered that as a general rule it is one year—according to the circumstances set forth in subsection 1 of Article 34 of the CPCA—; however, in the case under study, as is apparent from the harmfulness agreement, the applicable legal basis is that of Article 34.2 of the CPCA, which precisely provides for imprescriptibility (imprescriptibilidad) in the case of protection of public domain assets (bienes de dominio público), such as border zones. Therefore, in the present case, there is no subjection to any time limit for the declaration of harmfulness of the act adopted illegitimately, much less for declaring its nullity, since, in the case of inalienable (inalienables), imprescriptible (imprescriptibles), and non-transferable lands, no statute of limitations nor expiry period could operate for their recovery, as they are subject to a special legal regime and affected or destined for purposes of public utility by their own nature and vocation, which manifests itself in the direct or indirect use that any person may make of them, which is why they are said to be outside the commerce of men, as has been repeatedly held by our Constitutional Chamber. v) Finally, we reaffirm that the proceeding has been brought in a timely and proper manner, the harmfulness of the agreement sought to be annulled herein having been declared prior to the filing of this lawsuit by the Rural Development Institute (Instituto de Desarrollo Rural), and the same, as indicated, is not subject to any time limit, as it concerns the recovery of public domain assets and therefore, the exercise of the reivindicatory action (acción reivindicatoria) may occur at any time, since border zones are non-transferable and imprescriptible, and rather constitute a power-duty of the Public Administration. In accordance with the above, this Court finds it proven that, in the adjudication of parcel N° 29-7, corresponding to cadastral map N° 1009234-2005, now inscribed in the Public Registry under the real folio registration number of the Puntarenas District N° 143722-000, in the name of Ana Lorena Ávila Castro, the legal system was violated, which merits the partial nullity of the referenced agreement, in what concerns her and according to what will be ordered below, since under proper law, the titling of the referenced property could not have been carried out, at least not in the manner it was done, without prior legal release (desafectación), such that nullity must be ordered. Consequently, being vitiated by absolute nullity, Agreement N° 66, Article N° 66, adopted by the Board of Directors of the then Agrarian Development Institute (Instituto de Desarrollo Agrario) at session N° 041-2005, dated October 24, 2005, is declared absolutely null, but only with respect to the adjudication and titling of parcel N° 29-7, corresponding to cadastral map N° 1009234-2005, now inscribed in the Public Registry under the real folio registration number of the Puntarenas District N° 143722-000, in the name of Ana Lorena Ávila Castro. By connectedness, public deed number fifteen, granted at 08:00 hours on October 27, 2005, before notary Jimmy Meza Lazarus, shall also be partially annulled, only insofar as it segregated and transferred, in favor of the above-referenced person, parcel number 29-7 measuring 661.48 square meters, according to said cadastral map number P-1009234-2005. In turn, the annulment of the registry inscription entry before the National Registry of farm N° 143722-000 is ordered, for which the corresponding orders shall be issued. Once this judgment is final, lift the annotation of the lawsuit ordered in this proceeding and inscribed with references 2016-721222-01-0001-001.

FIFTH.- ON THE SUBSTANTIVE PREREQUISITES OF THE LAWSUIT. As the present action was not answered, it is obvious that no exception whatsoever was raised; however, it is well known that all substantive prerequisites of the action—legitimation (legitimación), interest (interés), and right (derecho)—are reviewable even ex officio by any jurisdictional body, as has been repeatedly stated by our First Chamber of the Supreme Court of Justice: “(...) in matters submitted to its cognizance, the Judge is obliged to analyze, even ex officio, the substantive or merits prerequisites of every action, namely: right, legitimation, and interest. These are necessary conditions for the issuance of an estimatory judgment, and therefore they must be maintained throughout the entire proceeding. Thus, if the absence of one or more of them is detected, the Adjudicator will not be able to rule on the merits of the dispute, thereby generating what in doctrine is known as an inhibitory judgment (...).” [see in this regard Voto número 465-F-S1-2009, of 10:45 hours on May 7, 2009, which in turn cites the votes of said Chamber, number 8, of 15:45 hours on January 5, 2000, and number 6, of 14:30 hours on February 6, 1998]. In the case at hand, it is obvious that INDER has active legitimation to appear before judicial courts in order to seek the nullity of the agreement adopted at the time and which was declared harmful to public interests, just as there exists the passive legitimation of the person called to trial for having benefited from the agreement adopted. As for the current interest, for logical reasons it remains intact, as no jurisdictional body has ruled on the harmfulness sought. Finally, regarding the right, for the reasons explained in the preceding considerandos, what is requested by INDER is receivable, since an agreement was adopted that is contrary to the legal system, and therefore the action brought is upheld in its entirety.

SIXTH. ON COSTS. According to the regulation of Article 193 of the Contentious-Administrative Procedure Code, personal and procedural costs (costas personales y procesales) constitute a burden imposed on the losing party by virtue of being so, and their dispensation only proceeds when there existed, in the Court’s judgment, sufficient reason to litigate, or when the judgment is rendered by virtue of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In the case under study, we consider that there exists valid cause to vary the premise, given that the adjudication and registry inscription carried out in favor of Mrs. Ávila Castro resulted from a disposition made by the Public Administration itself, and the cited private individuals did not even appear in this proceeding to express any opposition. Ergo, what we consider appropriate is to resolve this matter without special imposition of costs.

THEREFORE (POR TANTO)

The present harmfulness lawsuit brought by the Rural Development Institute—INDER—is upheld. Consequently, the absolute nullity of the agreement adopted by the Board of Directors of the then-called Agrarian Development Institute—IDA—in Article 66 of session 041-2005, dated October 24, 2005, is ordered, but only with respect to the adjudication and titling of parcel N° 29-7, based on cadastral map N° P-1009234-2005, in favor of Ana Lorena Ávila Castro. By connectedness, public deed number fifteen, granted at 08:00 hours on October 27, 2005, before notary Jimmy Meza Lazarus, shall also be partially annulled, only insofar as it segregated and transferred, in favor of the indicated person, parcel number 29-7 of the Amalia Hernández Settlement. In turn, the annulment of the registry inscription entry before the National Registry of farm registration number 143.722-000 is ordered, for which the corresponding orders shall be issued. Once this judgment is final, lift the annotation of the lawsuit ordered in this proceeding and inscribed with references 2016-721222-01-0001-001. The matter is resolved without special imposition of costs.

Gustavo Irías Obando

Francisco Hidalgo Rueda               Elías Baltodano Gómez

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Document signed by:

GUSTAVO IRIAS OBANDO, DECISOR JUDGE
ELIAS BALTODANO GOMEZ, DECISOR JUDGE
FRANCISCO DE LA TRINIDAD HIDALGO RUEDA, DECISOR JUDGE

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Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0003 - 2545-0004. Fax: 2241-5664 and 2545-0006. Email: [email protected]

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