Res. 08706-2025 Tribunal Contencioso Administrativo — Dismissal of Compensation Claim for Property Overlapping with State Lands in National ParkImprocedencia de reclamo indemnizatorio por propiedad traslapada con terrenos estatales en parque nacional

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 08706 - 2025

Fecha de la Resolución: 29 de Agosto del 2025 a las 11:16

Expediente: 16-009533-1027-CA

Redactado por: Ricardo Díaz Anchía

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias del mismo expediente

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

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EXPEDIENTE:

	

16-009533-1027-CA - 5




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR/A:

	

[Nombre 001]




DEMANDADO/A:

	

EL ESTADO

 

 N° 2025008706

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las once horas con dieciseis minutos del veintinueve de agosto del dos mil veinticinco.-

 

 

 

CONSIDERANDOS

 

I.- CUESTIONES DE ORDEN PROCESAL PRELIMINAR.

 

 

1) A través de escrito de fecha 30 de setiembre de 2023, los señores:  [Nombre 002], quien en vida fue mayor, divorciado en primeras nupcias, Agricultor, con domicilio en Golfito, Guaycará, portadora de la  cédula de identidad número [Valor 002], y la señora [Nombre 003], mayor, casada en primeras nupcias, Comerciante, vecina de Puntarenas, Osa, concretamente en Chacarita, portadora de la cédula de identidad número [Valor 003], presentaron proceso de conocimiento ante este TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, en contra del Estado y del SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC) solicitando como PRETENSIÓNES PRINCIPALES que en sentencia: "1) Como pretensión no material, solicito que en sentencia se declare con lugar el presente  proceso.2) Que se condene  y ordene al Estado Costarricense al pago del valor actual e indexado de la propiedad objeto del litigio sea la finca [Valor 004] y 002,valorándose la gran riqueza natural y de recursos ecológicos que esta encierra.3) Que se condene y ordene al Estado Costarricense al pago de lucro cesante o intereses al tipo legal de conformidad con el articulo 1163 del Código Civil, a partir del año 2009 y hasta el efectivo pago del valor del inmueble.4) Que se condene y ordene al Estado al pago de daños y perjuicios. principalmente al pago de daño moral subjetivo o de afectación, pues los suscritos han sufrido de cuadros de stress, imposibilidad e impotencia de disfrutar de un bien que adquirieron de manera honesta y legítima generados por la incertidumbre en la que viven desde hace muchos años a raiz de la situación anteriormente explicada. Por lo que me permito indicar el motivo que los origina, en qué consisten y la estimación especifica: a. Se origina el despojo ilegítimo del inmueble [Valor 004] y 002, del cual hemos sido sujetos, por parte del Estado Costarricense. b. Consiste en el menoscabo emocional y psicológico que los suscritos hemos tenido que soportar, los cuadros de angustia, sufrimiento y stress, que inclusive nos ha quitado noches de sueño por la perturbación o incertidumbre de haber sido despojados de nuestra propiedad. c. La estimación especifica por el daño moral en función de la magnitud de los hechos, y de la afectación que ello ha ocasionado en nuestra vidas, se estima el quantum del daño moral en la suma de cincuenta millones de colones cada uno, para un total de cien millones de colones (¢100.000.000) Que se condene y ordene al Estado Costarricense al pago de ambas costas de este proceso.

PRETENSIÓN SUBSIDIARIA

1) Que se ordene al Estado Costarricense a restituir el bien inmueble [Valor 004] y 002 a favor de los suscritos [Nombre 002] y [Nombre 003].

2)Que se ordene al Estado Costarricense, colocar en perfecta posesión a los suscritos [Nombre 002] y [Nombre 003], en el bien inmueble [Valor 004] y 002.

3)Que se ordene al Estado Costarricense, permitir el libre acceso por parte de los suscritos [Nombre 002] y [Nombre 003], en el bien inmueble [Valor 004] y 002.

4)Que se excluya el bien inmueble [Valor 005] y 002, como parte del Parque Nacional Piedras Blancas, y por lo tanto se modifique el Decreto Ejecutivo Número 20522-MIREMEN del 17 de julio 1991 el cual dio origen al Parque Nacional Piedras Blancas, asi como el Decreto Ejecutivo Número 21781-MIREMEN con el cual recibe el nombre de Parque Nacional Piedras Blancas, y por último el Decreto Ejecutivo Número 23153-MIREMEN, con el que se realiza una nueva variación a los limites territoriales y marítimos del Parque Nacional Piedras Blancas.

5) Que se condene y ordene al Estado al pago de daños y perjuicios, principalmente al pago de daño moral subjetivo o de afectación, pues los suscritos han sufrido de cuadros de stress, imposibilidad e impotencia de disfrutar de un bien que adquirieron de manera honesta y legitima, generados por la incertidumbre en la que viven desde hace muchos años a raíz de la situación anteriormente explicada. Por lo que me permito indicar el motivo que los origina, en qué consisten y la estimación específica:

a. Se origina el despojo ilegitimo del inmueble [Valor 004] y 002, del cual hemos sido sujetos, por parte del Estado Costarricense. b. Consiste en el menoscabo emocional y psicológico que los suscritos hemos tenido que soportar, los cuadros de angustia, sufrimiento y stress, que inclusive nos ha quitado noches de sueño por la perturbación o incertidumbre de haber sido despojados de nuestra propiedad. c.La estimación especifica por el daño moral en función de la magnitud de los hechos, y de la afectación que ello ha ocasionado en nuestra vidas, se estima el quantum del daño moral en la suma de cincuenta millones de colones cada uno, para un total de cien millones de colones (¢100.000.000).

6) Que se condene y ordene al Estado Costarricense al pago de ambas costas de este proceso."

2) Mediante la resolución de las once horas veintiocho minutos del once de octubre de 2016 se le dió curso al presente proceso de conocimiento Contencioso (ver imagen 79 del expediente principal en forma descendente). 3) En fecha 14 de diciembre de 2016, La Procuraduría General de la República representando al Estado dió contestación a la presente demanda en forma negativa, oponiendo  las excepciones de INDEBIDA REPRESENTACIÓN de la señora actora [Nombre 003], la de FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA y la de FALTA DE DERECHO, solicitando que la demanda sea declarada sin lugar en todos sus extremos y sean condenados los actores al pago de las costas de este proceso (ver imagen 94). 4) A través de resolución de las catorce horas y treinta y nueve minutos del siete de diciembre de 2016, de forma oficiosa y con fundamento e el artículo 12, inc 2 y 71 inc 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) se tuvo por establecido el presente proceso de conocimiento por parte de [Nombre 002] Y [Nombre 003], en contra del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) otorgándole el plazo de TREINTA DÍAS hábiles para contestar la demanda (ver imagen 90 del expediente electrónico). 5) A través de escrito de fecha 26 de mayo de 2017, el Sistema de Nacional de Áreas de Conservación (en adelante SINAC) contestó de forma negativa la demanda, oponiendo la excepciones de LITIS CONSORCIO PASIVO NECESARIO, solicitando que se acoja dicha excepción y se declare inadmisible la presente demanda con condena en costas en intereses a cargo de la parte actora así como condena en costas personales y procesales ocasionadas con la presente acción y los intereses que correspondan hasta su efectivo pago. 6) A través de la resolución de las siete horas horas con con cuarenta minutos del primero de setiembre del 2017 se rechazó la excepción de litis consorcio pasivo necesario planteada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), (ver imagen 169 del expediente electrónico). 7)  A través de resolución de las once horas con dos minutos del veinticinco de setiembre de 2017 se convocó a audiencia preliminar para las nueve horas del 13 de noviembre de 2017(ver imagen 176 del expediente electrónico). 8) A las nueve horas del día 13 de noviembre de 2017, se llevó a cabo la audiencia preliminar en la que se subsanó lo siguiente: Se señaló que en el hecho tercero de la demanda se debe leer que la propiedad se encuentra dentro del Parque Nacional de Piedras Blancas. Se resolvió que le defectuosa representación de la señora actora [Nombre 003] quedó subsanada en escrito presentado por la actora en el cual otorgó poderes a los abogados y ratifica todo lo actuado por su señor padre José Sánchez Tencio y por ellos en su nombre ( dicho escrito es visible a la imagen 162 del expediente electrónico, otorgado al Licenciado José Sánchez Tencio y al Licenciado Alejandro Arroyo Hernández). Se señaló, con la anuencia de los demandados que las pretensiones tanto principales como subsidiarias quedaban de igual forma que en la demanda. Se fijaron que los hechos controvertidos, por parte del Estado son: 1 bis, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y por parte del SINAC son: 1 bis, 2, 3,4,  5, 7, 8, 9 y 10. Y por último se le previno al SINAC que aportara el expediente administrativo debidamente foliado, por lo que en razón de esta circunstancia se suspendió la audiencia preliminar (ver imagen 184 del expediente electrónico). 9) A través de resolución de las diez horas con diecisiete minutos del 21 de noviembre del 2017, el Juez de Trámite de este Tribunal Contencioso Administrativo dio por cumplido lo ordenado en la audiencia preliminar referido a la foliatura del expediente administrativo por parte del SINAC (ver imagen 197 del expediente electrónico).10) A través de la resolución de las ocho horas cincuenta minutos del del 02 de junio de 2018 se señalaron las ocho horas treinta minutos del 12 de setiembre de 2018 para audiencia preliminar (ver imagen 210 del expediente electrónico). 11) A través de la resolución de las siete horas con cincuenta minutos del 10 de setiembre de 2018 el Tribunal acogió la revocatoria planteada por la Procuraduría General de la República señalando el Juez de trámite en esencia, en razón de haber fallecido el señor [Nombre 002] a fin de continuar con el proceso se le prevenía a la coactora [Nombre 003], aportar documento idóneo donde constara quien era el ALBACEA de la Sucesión de dicho señor (ver imagen 218  del expediente electrónico). 12) El abogado de la señora actora a través de escrito de fecha 11 de setiembre de 2018 impugnó dicha resolución, señalando que de acuerdo al artículo 270 del Código Civil cuando un bien pertenezca simultáneamente a dos personas cada uno de ellos ejercen todos los derechos de propietario singular (ver imagen 220 del expediente electrónico).13) A través de la resolución de las 13:24 horas del 17/09/2018 el Juez Tramitador de este Tribunal Contencioso Administrativo rechazó dicho recurso señalando en lo sustantivo que en razón de estar el inmueble objeto de este proceso en derechos indivisos y por ende estar indeterminada la porción de finca que le corresponde a cada uno de los propietarios imperativo es que en la audiencia preliminar estén presentes tanto la señora [Nombre 003] como la Sucesión del señor Causante [Nombre 002]; por lo que ordenó suspender el proceso hasta tanto no se nombrara Albacea (ver imagen 226).14)  Por resolución  número 312-2020 de las  once horas con seis minutos del 19 de febrero de 2020 el Juez de trámite de este Tribunal Contencioso Administrativo declaró la caducidad de este proceso por inactividad de la parte actora, al haber transcurrido mas de seis meses si que la accionante [Nombre 003] informase al Tribunal respecto al nombramiento de Albacea del señor [Nombre 002] (ver imagen 244).  (ver imagen 244 del expediente electrónico). 15)  A través de escrito de fecha 02 de febrero de 2020, la representación legal de la señora Actora [Nombre 003], interpuso recurso de apelación en contra de la resolución número 312-2020 de las 11:06 horas del 19/2/2020 que declaró la caducidad del presente proceso señalando en esencia que este proceso se suspendió hasta que se nombrara Albacea en el Sucesorio del señor  [Nombre 002], situación que impide el avance del proceso, y que pese a que fue su patrocinada quien promovió la apertura de dicho sucesorio; dado a que ninguno de los herederos de dicho señor ha aceptado el nombramiento de dicho cargo, esto provoca que su representada dependa de las actuaciones de otras personas y de otro despacho judicial,  lo cual es un agravio para la misma. Que se condenó con dicha declaratoria de caducidad en costas a una parte que no tiene representación legal como lo es el señor que en vida fue [Nombre 002], y lo que es mas extraño aún siendo que el proceso por esa circunstancia se encontraba suspendido a través de la resolución de las 10:17 horas del 21 de noviembre de 2021 (ver imagen 276 del expediente electrónico).  16) A través del voto 224-2020-II de las 09:24 horas del 15 de abril del 2020, el Tribunal de Apelaciones de los Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por extemporáneo rechazó de plano el recurso de apelación contra la resolución N°312- de 11:06 horas de 19 de febrero de 2020 (ver imagen 300 del expediente electrónico).  17) La parte actora a través de escrito de fecha 22 de abril del año 2020 presentó recurso de apelación por inadmisión en contra de la resolución N°  224-2020-II de las 09:24 horas del 15 de abril del 2020, citada en el punto inmediato anterior ( ver imágenes de 313 a 316 del expediente electrónico). 18)  A través del voto 224-2020-II-BIS A través del voto 224-2020-II, A través del voto 224-2020-II  de las 09:15 horas del 24 de abril del 2020, el Tribunal de Apelaciones de los Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, rechazó de plano la apelación por inadmisión y de oficio anuló el voto 224-2020-II, de las 09:24 horas del 15 de abril del 2020, y en su defecto admitió en efecto devolutivo el recurso de apelación contra la resolución N° 0312-2020 de 11:06 horas de 19 de febrero de 2020 ( ver imagénes 317 a 318 del expediente electrónico).19) El voto número 406-2020 de las 14 horas del 13/08/2020, del Tribunal de Apelaciones de los Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, anuló la sentencia N° 312-2020 de las 11:06 horas del 19/02/2020 que había decretado la caducidad del proceso (ver imagen 369). 20)  A través de escrito de fecha 06 de junio de 2022 se apersonó la señora [Nombre 015] Albacea del proceso Sucesorio de quien en vida fue el señor [Nombre 016] (ver imagen 662). 21) A las 14:57 horas del 16/03/2023 luego de varias reprogramaciones para audiencia preliminar debido a causas justificadas se señaló fecha para dicha audiencia las trece horas treinta minutos del 18/5/2023 (ver imagen 730).22) A las 13:30 horas del 18/05/2025 se celebró la audiencia preliminar donde en lo que es de relevancia para este fallo no hubo aspectos que sanear, puesto que se rechazó una incidencia de nulidad. Se resolvió que las pretensiones de la demanda quedaban incólumes. Sobre un perito topógrafo ofrecido como prueba para mejor resolver por parte de la actora se resolvió que ese tema es propio de valorar por el Tribunal de Juicio.  Se admitió la totalidad de la prueba documental ofrecida por la parte actora de la 3 a la 8. Respecto a la prueba 9 ( solicitudes de prueba que debe hacer el Tribunal, elencadas de la A la J, ver imagen 11), se señaló que de la A a la H están en físico, y respecto a la prueba de las letras I y J (la primera referida a solicitar el expediente penal N°09-201085-0455-PE del Juzgado Penal de Osa y la J solicitar el expediente administrativo del Registro Nacional sobre la advertencia administrativa impuesta a la finca objeto de este proceso, matrícula [Valor 004] y 002), se rechazó la solicitud de esas pruebas al Ministerio Público y al Registro Nacional, pero se dijo que la actora aportó copia sencilla y esta sí fue admitida en esa condición. Se admitió la totalidad de la documental ofrecida por las demandadas.  Se admitieron 2 testigos para la parte actora y 2 testigos para la parte demandada (ver imágenes de 741 a 744 del expediente electrónico). 23) Conforme al proceso de implementación del rediseño del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda propuesto por la Dirección de Planificación del Poder Judicial y aprobado por el Consejo Superior, según los acuerdos números XXVIII de la Sesión N° 84-2021 del 28 de setiembre de 2021 y XXXIX de la Sesión N° 95 -2021 del 04 de noviembre de 2021, se determinaron los criterios de distribución del circulante de los procesos pendientes de fallo, conforme a los cuales la Coordinación del Tribunal ejecutó a partir del diecisiete de julio de 2023 la reasignación de una gran cantidad de expedientes en el mismo momento, incluido este que fue turnado al juzgador Ricardo Amán Díaz Anchía, por lo que se procede a resolver conforme a las políticas de prioridad establecidas por la Corte Plena.

24). En los procedimientos se han observado las prescripciones de rigor y no se perciben vicios u omisiones susceptibles de generar nulidad o indefensión a las partes. Redacta el juez Ricardo Amán Díaz Anchía  con el voto afirmativo de los jueces Paulo André Alonso  Soto  y Francisco José Chaves Torres.

 

 

II. SÍNTESIS DE LAS ALEGACIONES, PRETENSIONES Y EXCEPCIONES DE LAS PARTES.

 

 

a. Alegatos de la parte actora. A través de la demanda planteada la teoría del caso de la señora [Nombre 003] y de la Sucesión del señor  [Nombre 002], se  sustenta en señalar que: "Primero: Que el señor [Nombre 002], como la señora [Nombre 004]. z Quirós son propietarios de la finca del Partido de Puntarenas bajo la matrícula de folio real número [Valor 006], plano catastrado número P-0344831-1979. Primero bis:  Que los suscritos hemos ejercido la posesión sobre el inmueble inscrito Puntarenas [Valor 007], desde el día 20 de marzo de 1988, cuando adquirimos el inmueble por compra realizada ante la Notaría de Alex Solís Fallas en San Isidro de El General Pérez Zeledón, a las 16:00, documento que fue inscrito en el Registro Nacional, y que ocupa las citas de inscripción [Valor 008]; que dicha posesión ha consistifo en mantener carriles y cercas en parte, extracción legal de madera, la construcción de trochas o caminos, y la preservación del recurso natural, así como el reclamo de pago de servicios ambientales. Segundo: Que la propiedad en referencia se encuentra inscrita desde el año 1979, según eI siguiente tramo sucesivo:

 

                                          Fecha         Presentación Registral      acto            

 

[Nombre 005]   04-11-1982     320-03749                      inclusión de finca

[Nombre 006]         09/11/1982     333-05999                      inscripción remate

[Nombre 002]       19/07/1988     361-14098                      compra venta

[Nombre 015]   01/10/1990    381-15322                      compra venta

[Nombre 003]      20/03/1988    453-5406                        compra venta

[Nombre 002]        20/03/1988    453-5406                        compra venta

Tercero: Que a partir de inicios del año 2009 se les ha prohibido el ingreso a la propiedad, por parte de funcionarios del MINAE, alegando que dicha propiedad se encuentra dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, Parque Nacional Piedras Blancas, siendo esta propiedad la misma de la cual hasta ese momento siempre habían gozado todos los derechos inherentes a la misma. Que el MINAE a partir del año 1996, y durante 5 años, realizó pagos por servicios ambientales a favor de los suscritos, los cuales corresponde al inmueble descrito en el hecho primero, la cual es propiedad de los suscritos.  Que el Parque Nacional Piedras Blancas fue creado por el Decreto Ejecutivo Número 20522-MlREMEN del 17 de julio 1991, y lo crea como una Sección del Parque Nacional Corcovado, luego el 17 de enero de 1993 cambia a nombre por Decreto Ejecutivo Número 21781-MIREMEN a Parque Nacional Piedras Blancas, posteriormente el 29 de abril de 1994 por medio de Decreto Ejecutivo Número 23153-MIREMEN, se realiza una nueva variación a los limites territoriales y marítimos del Parque. Cuarto: Que en vista de la perturbación sufrida es que ambos dueños acudieron a la via penal alegando el delito de Usurpación, para que se detuviera dicha perturbación en lo referente a sus derechos y pudiesen seguir gozando de los mismos, cosa que después de un tedioso proceso en vía penal no se logró, ya que mediante resolución de desestimación dictada por el Juzgado Penal de Ciudad Cortes, a las 9:50 hrs del 26 de marzo del año 2015, en el expediente judicial número 09~201085-0455-PE, quedo cerrado el caso en Sede Penal. Quinto: El lunes 7 de abril del 2008 se realizó la ubicación de la finca 6-032382-001-002, mediante un levantamiento con el sistema de posicionamiento global (G.P.S.), donde se realizó un recorrido por los linderos con el fin de localizar los puntos. Si bien es cierto que después de dicha medida se logran detectar leves diferencias con respecto a la figura del plano de 1979, estas se deben a motivos totalmente ajenos a los dueños registrales, que el profesional Eddie Nájera Arias (Topógrafo Asociado T.A. 17235) describe como un desplazamiento no significativo, el cual atribuye a que en el momento en que se ubicó la finca para la realización del plano catastrado en el año 1979 no se muestran puntos fijos en la hoja cartográfica Rincón con los cuales se pudo ubicar dicha propiedad en ese momento y evitar un desplazamiento en las coordenadas. Sexto: Que la finca en mención cuenta con un Dictamen de Análisis Criminalístico número 0419-ING-2014, en el cual se concluye por los peritos que existe un desplazamiento entre los linderos indicados con respecto al plano catastrado número P-3448314979, diferencia que puede ser perfectamente atribuible a lo mencionado en el punto QUINTO. Cabe resaltar que en el mismo dictamen teniendo como base las coordenadas obtenidas en el levantamiento topográfico realizado el día de la inspección se determina que la propiedad en cuestión se localiza dentro del Parque Nacional Piedras Blancas.  También con base a oficio  ACOSA-RNSG-PNPB-AD-043-2012 se ratifica que la propiedad se encuentra en su totalidad dentro de los limites del Parque Nacional Piedras Blancas y que no ha sido cancelado por parte del Estado a los suscritos en nuestra condición de propietarios. Sétimo: Cabe aclarar que la ADVERTENCIA ADMINISTRATIVA visible en el Registro de la Propiedad parece asociada a instrumento notarial número: NOVENTA Y CINCO, tomo: SEIS del notario público Jorge Luis Zúñiga Elizondo en el momento con oficina en San José, Pérez Zeledón, San Isidro, cincuenta metros oeste de Plaza Villa Herrera, con fecha 14 de diciembre del 2012 al ser las 12 horas. En dicho instrumento comparecen [Nombre 002] Y [Nombre 026] (dueños registrales de la propiedad) solicitando una rectificación de medida en aumento. Octavo: Que los suscritos, en nuestra condición de propietarios fuimos expropiados de hecho, y no hemos recibido previa ni posterior indemnización por el valor del inmueble por parte del Estado Costarricense. Con base a los escritos hechos por parte de la Fiscalía de Osa al Juzgado Penal de Osa con fechas 29 de febrero del 2012 y del 17 de febrero del 2015; así  como de resolución judicial emitida por el Juzgado Penal de Osa del 16 de abril del 2012 a las siete horas, se evidencia y ratifica la condición de los aquí demandantes tanto en su posición de titulares registrales del bien, así como de la inexistencia de indemnización alguna por el valor del inmueble. y por parte del Estado respecto la expropiación de hecho de la que hemos sido objeto. Noveno: Los aquí demandantes no han conocido proceso de expropiación o cosa parecida, lo único que han sufrido es el despojo ejecutado por funcionarios del MINAE. Que actualmente no podemos ejercer derecho de posesión, no podemos ingresar a la propiedad, no podemos disfrutar del inmueble, y tampoco recibimos como lo hacíamos anteriormente, pago por servicios ambientales. Décimo: Que [Nombre 002]  y [Nombre 026], hemos sido despojados del inmueble 6- [Valor 015]-001 y 002, de manera arbitraria, sin posibilidad de reclamo alguno, personeros del MINAE nos sacaron de la propiedad, y no hemos podido regresar, eso nos ha causado sufrimiento, angustia, incertidumbre, al punto de no poder dormir, de pedir respuestas, sin que al dia de hoy conozcamos el porque nos sacaron, llevamos un proceso penal esperanzados en que esa era la solución, y tampoco así  sucedió, al dia de hoy no podemos utilizar nuestra propiedad que compramos con mucho sacrificio y atropelladamente personas del MINAE nos despropiaron sin pago alguno, eso no nos deja dormir, truncaron el porvenir de nuestra familia y nuestro sueños."

b. Alegatos de parte del ESTADO a través de la Procuraduría General de la República.

 

i. En esencia los alegatos que planteó la representación Estatal fueron y para lo que es relevante para este fallo jurisdiccional los siguientes: "El informe de ubicación de la finca, carece de rigurosidad y respaldo gráflco. Por el contrario, en el oficio SINAC-ACOSA-P13-OFAU-INF-002-12 se concluye que los puntos tomados con GPS sobre los carriles de la propiedad (Polígono N° 1) no coinciden con los establecidos en el plano catastrado P-0344831-1979 (Polígono No. 2). En el informe se acredita que existe un desplazamiento considerable respecto del polígono N° 1 (Folio 152 del expediente administrativo.Prueba N° 1). Es decir que ni  siquiera estamos hablando de un traslape, sino de un desplazamiento total. Por tanto es falso que el desplazamiento entre lo descrito en el plano catastrado y la ocupación en el sitio califique como "no significativo".... 6) Únicamente admito como cierto la existencia del Dictamen de Análisis Crìminalístico N° 0419-ING-2014. En cuanto a su contenido me remito al texto íntegro que lo conforma. Interesa destacar que el informe concluye que existe un desplazamiento de 1.600,00 metros entre los linderos -indicados por la denunciante el día de la inspección- y el plano catastrado P-344831-1979. En todo caso, el artículo 4 del decreto de creación del Parque prescribe que los terrenos de particulares se considerarán parte del mismo, cuando el Estado los adquiera, pero mientras esto no ocurra, los propietarios gozarán de todos los atributos de dominio.  No me consta y rechazo que los administradores de los terrenos estatales del Parque impidan a los actores accesar a la finca. Insisto: en los términos que prescribe el artículo 4 del decreto de creación del Parque, los terrenos de particulares se considerarán parte del mismo, cuando el Estado los adquiera, pero mientras esto no ocurra, los propietarios gozarán de todos los atributos de dominio. No es cierto que hubo un despojo y que debido a éste los actores no han podido recibir pago por servicios ambientales. Como consta en el oficio ORPN-OF-0425-2016 del 06 de diciembre de 2016, los actores presentaron para el período 2013 una solicitud de ingreso de Pagos por Servicios Ambientales, a la que se le consignó el número consecutivo PN01019913. No obstante, fue archivada por falta de contenido presupuestario en ese período. Por tanto, la falta de pago está justificada en razones ajenas a las que acusan los actores (despojo arbitrario desde el año 2009), lo cual es altamente reprochable y denota la mala fe procesal con la que actúan.... 10) No me consta. Rechazo que los administradores de los terrenos estatales del Parque impidan a los actores Ingresar a la finca. La acusación que plantean los actores es muy grave y que no está respaldada en ninguna prueba. Antes bien, el cuadro fáctico apunta a la inexistencia de amenazas y despojos. Y esa fue precisamente la razón por la cual se desestimó la denuncia penal por usurpación contra "ignorado". Ahora bien, a pesar de que existe una norma expresa que garantiza los derechos de los propietarios de fincas  privadas -debidamente Inscritas- los actores afirman que ellos fueron despojados de hecho, y que el Estado debe pagar el valor de la propiedad, pues opinan que la inclusión de las fincas dentro de los límites del Parque, obliga al Estado a indemnizar. No obstante, esta apreciación desconoce las normas jurídicas que regulan el proceso por el cual se incorporan terrenos privados a las áreas silvestres protegidas. El articulo 2 de la Ley Forestal (N° 7575 del 13 de febrero de 1996) establece: "Artículo 2.- Expropiación. Se faculta al Poder Ejecutivo para que, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, en terrenos de dominio privado, establezca áreas silvestres protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo, en virtud de los recursos naturales existentes en el área que se desea proteger, los cuales quedan sometidos en forma obligatoria al régimen forestal. Estos terrenos podrán ser integrados voluntariamente a las áreas silvestres protegidas o bien comprados directamente cuando haya acuerdo de partes. En caso contrario, serán expropiados de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley de Expropiaciones, No. 7495, del 3 de mayo de 1995 y sus reformas. Cuando, previa justificación científica y técnica del interés público, se determine mediante ley que el terreno es imprescindible para conservar la diversidad biolóqica o los recursos hídricos, quedará constituida una limitación a la propiedad que impedirá cortar árboles y cambiar el uso del suelo. Esta restricción deberá inscribirse como afectación en el Reqistro Público. El Estado dará prioridad a la expropiación de los terrenos".

 

Sigue señalando la representación del Estado que "Esta norma debe ser analizada en conjunto con el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente (N° 7554, del 4 de octubre de 1995), según el cual los terrenos sólo se incorporarán al área silvestre protegida (ASP), una vez que se haya efectuado el pago o cuando voluntariamente la parte lo someta a un régimen forestal: "Artículo 37.- Facultades del Poder Ejecutivo. Al establecer áreas silvestres protegidas, cualquiera sea su categoría de manejo, el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Enerqía, queda facultado para incluir, dentro de sus límites, las fincas o partes de fincas particulares necesarias para cumplir con los objetivos señalados en esta ley y para instrumentarlos de acuerdo con el respectivo plan de manejo o crear las servidumbres legales para la protección ecológica y el cumplimiento de la presente ley. Cuando se trate de parques nacionales, reservas biológicas o refugios nacionales de vida silvestre estatales, los terrenos serán adquiridos por compra, expropiación o ambos procedimientos, previa indemnización. En los casos de reservas forestales, zonas protectoras, refugios de vlda silvestre mixtos y humedales, los predios o sus partes también podrán comprarse o exproplarse, salvo que, por requerimiento del propietario, se sometan voluntariamente al régimen forestal. Esa sujeción será inscrita en el Registro Público de la Propiedad, como una afectación al inmueble, que se mantendrá durante el tiempo establecido en el plan de manejo. Las fincas particulares afectadas seqún lo dispuesto por este artículo, por encontrarse en parques nacionales, reservas biolóqicas, refuqios de vida silvestre, reservas forestales y zonas protectoras, quedarán comprendidas dentro de las áreas protegidas estatales solo a partir del momento en que se hayan pagado o expropiado Iegalmente, salvo cuando en forma voluntaria se sometan al Réqimen Forestal. Tratándose de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre y en caso de que el pago o la expropiación no se haya efectuado y mientras se efectúa, las áreas quedarán sometidas a un plan de ordenamiento ambiental que incluye la evaluación de impacto ambiental y posteriormente, al plan de manejo, recuperación y reposición de los recursos. (Así reformado el párrafo anterior por el artículo 72, inclso c) de la Ley Forestal, N° 7575 del 13 de febrero de 1996, que a su vez fue reformado por el 114 de la Ley de Biodiversidad, N° 7788 de 30 de abril de 1998)."

 

Finaliza el órgano representante del Estado señalando: "Pues bien, a partir de lo señalado, es posible establecer tres aspectos fundamentales para resolver el presente asunto:

-Existe una competencia de principio para que el Estado incluya, dentro de las ASP, los terrenos particulares necesarios para el cumplimiento de los fines de protección ambiental.

-Las propiedades privadas que se incluyan dentro de un ASP, solo se considerarán como parte de ella, una vez que se haya cancelado la finca. Mientras no se haya pagado, la propiedad mantendrá su condición de propiedad privada, por lo que la sola emisión del decreto de creación no establece una obligación para reconocer la indemnización solicitada.

-Si Ia parte voluntariamente somete su finca a un régimen forestal, no es necesario realizar ningún tipo de pago. En lo que interesa, la posibilidad de incluir bienes privados dentro de los límites de un área silvestre protegida, se enmarca dentro del ejercicio legítimo de una competencia derivada del derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Competencia que al estar definida expresamente en la ley, no merece mayor discusión. De ahí que la ubicación de la finca dentro de los límites del Parque Piedras Blancas resulta ser un acto administrativo válido. Y por otro lado, es claro que el decreto de creación no causa perjuicio alguno a los aquí actores, ni tampoco genera el derecho a ser indemnizados, como parecen entenderlo. Ese derecho nace si se incurre en una violación a su derecho de propiedad. No antes. Y en este caso, nl siquiera hay indicios de haberse lnfringido o amenazado el artículo 45 constitucional, en perjuicio de los actores."

 

Con fundamento en lo que antecede la representación Estatal interpuso las excepciones de FALTA DE DERECHO y FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA  y solicitó con fundamento en dichas defensas que acojan las mismas y se declare sin lugar en todos sus extremos la presente demanda y se condene a la parte actora al pago de ambas costas, así como los intereses que dichas sumas generen desde su firmeza y hasta su efectivo pago.

 

c. Alegatos de parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

 

El sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), a través de escrito de contestación de la demanda y en lo que es de relevancia para este fallo señaló lo que pasamos a exponer:

" 3) Consultado el Expediente OS«03-P13-019-2002, a la fecha de hoy 27 de abril de 2017, no se encontró folio alguno en donde funcionarios de MINAE y SINAC hayan prohibido o regulado de alguna manera el ingreso a la finca de los señores recurrentes, plano P-0344831-1979, por lo que al alegar este hecho no lleva razón los demandantes. 4) Es cierto parcialmente, toda vez que la perturbación sufrida es una cuestión subjetiva por parte de los demandantes, sin embargo es cierto que los demandantes presentaron un proceso en Sede Penal Expediente Judicial número 09401085-0455-PE, el cual termino siendo desestimado.".....

5) .....D) En folios 0140 al 0152. Se genera el informe SINAC-ACOSA-F13-OFAU-INF-002-12 se desprenden de este informe lo siguiente: La inspección de campo se realizó durante tres días. Se contó con el acompañamiento de los señores ([Nombre 002]) y Sr. José Sánchez, quienes con sus peones limpiaban los carriles para que los funcionarios realizáramos la inspección. ...... De los puntos tomados con GPS, Visto el folio 0145, se puede observar el polígono que se generó de los puntos tomados con GPS y georreferenciados en hoja cartográfica Rincón, datos tomados durante los tres días  en que se realizó el levantamiento de carriles. En folio 0144- Se pueden observar los colindantes, se realiza a la vez el montaje de los planos de los colindantes en esas coordenadas dando los colindantes, [Nombre 020],  Compañía Hermanos Brenes, [Nombre 021], [Nombre 022], [Nombre 019] y [Nombre 008], que dicho plano se sobrepone con el polígono levantado en campo. Hoy en su mayoría tierras del Estado. El polígono en mención se localiza en coordenadas verticales  542.700-545.800 y coordenadas horizontales 295 800-298.300, aproximadamente; a cierta distancia y desplazamiento por coordenadas del derrotero descrito en el plano P-0344831-1979, razón por la cual se debe solicitar al Catastro Nacional que realice un levantamiento completo de la finca mostrada por los señores Sánchez y Montero en donde han ejercido posesión (aprovechamiento y Certificado de Protección de Bosque) con estacion para evitar la toma de datos con GPS, que pueden dar desplazamientos de hasta un metros y realizado por ingenieros topógrafos..... En el informe SINAC-ACOSA-P13-OFAU-INF-002-1 2. Vista al Folio 144 del expediente se realiza un mosaico de ubicación de planos colindantes y sobrepuestos con el polígono obtenido en la inspección de campo. Puede verse que cuatro de los colindantes no muestran sobre posición con dicho polígono y los dueños de esas tierras han reconocido tener de colindante al señor ([Nombre 002]), el quinto colindante, [Nombre 018] muestra un extremo de lo que fue su finca (Estado) sobre posición con el polígono levantado en campo, y el plano del señor Álvarez es de 1990 y pone como colindante al señor [Nombre 008]. Otro hallazgo, fue que el plano con el cual el Estado pagó la finca al señor [Nombre 008] se sobrepone a este polígono casi en un 90% aproximadamente. Revisado el expediente de pago de tierras al señor [Nombre 008], se indica que dicha finca se pagó con el plano P-870B38-90, y con información Ad perpetuam Memoria, realizada en el Juzgado Agrario de Corredores, con sentencia final que declara al señor [Nombre 008] como poseedor del inmueble.

 

Sigue señalando el SINAC: ....."6) Es cierto, la finca cuenta con un dictamen de Análisis Criminalística número 0419-ING-2014, en donde se determina el desplazamiento entre los linderos de inspección y la ubicación geográfica del plano P-0344831-1979, lo cual indica se atribuye a lo indicado en el punto Quinto. Al respecto ya se hizo el debido comentario en el Punto Quinto. Cabe indicar por por parte de esta representación que si  bien es cierto el terreno según plano se encuentra dentro del Parque Nacional Piedras Blancas no se ha procedido con el pago correspondiente por los desplazamientos existentes además de los traslapes con las fincas adquiridas por el Estado, el Área de Conservación dentro de los informes de campo realizados no cuestiona tal punto. No se ha encontrado en los archivos de fincas pagadas, algún expediente en donde se haya llevado a cabo pago de fincas a nombre de las personas [Nombre 017]. [Nombre 003] y [Nombre 002], sin embargo consta que sobre esta propiedad, se cancelaron expropiaciones con perpetua memoria a varios de los ocupantes. Que en el espacio geográfico ocupados por el descrito en el plano P-0344831-1979 y en el espacio geográfico ocupado por el polígono surgido por el levantamiento de carriles en inspección realizada en fecha 08 de octubre de 2012: informe SINAC-ACOSA-F13-OFAU-INF-002-12,  el Estado ha realizado pago de fincas a las personas que se mencionan en el Expediente O5-03-P13-019-2002. Se concluye entonces que a los señores ([Nombre 002] y [Nombre 017]) y [Nombre 003] el Estado no les ha pagado terrenos, sea cual fuere. Sí les han otorgado permisos para aprovechamiento forestal y pago por servicios ambientales en el terreno descrito en el polígono que se describe en el Informe SINAC-ACOSA-P13-OFAU-INF-002-1 2." (Lo subrayado en negrita no corresponde al original).

 

III. DE LOS HECHOS PROBADOS. Como tales y de relevancia para la emisión de la presente sentencia se tienen: 1) Que quien en vida fue el señor [Nombre 002], y la señora [Nombre 003], aparecen en el Registro Público de la Propiedad inmobiliaria como propietarios de la finca del Partido de Puntarenas, matrícula 6- [Valor 015]-001-002. (ver demanda a imagen 34 e imagen 40 del expediente administrativo y folios 130 y 132 del expediente administrativo N° OS-03-P13-019-2002 a nombre de los actores ([Nombre 002] y [Nombre 017]) y [Nombre 003]).2) Que la finca indicada en el hecho inmediato anterior posee el plano catastrado número P-344831-1979, que indica tener una medida de doscientos cincuenta y siete hectáreas nueve mil seiscientos sesenta y dos metros con ochenta decímetros cuadrados, sea dos millones quinientos setenta y nueve mil seiscientos sesenta y dos metros con ochenta decímetros cuadrados (2.579.662.80 m2) (ver folios 135 y 136 del expediente administrativo N° OS-03-P13-019-2002 a nombre de los actores ([Nombre 002] y [Nombre 017]) y [Nombre 003]). 3) Que a través de procedimiento administrativo cuya finalidad fue la investigación por supuestas anomalías en el manejo del  proceso para el pago de tierras a nombre de los señores [Nombre 008], [Nombre 009], [Nombre 018], y [Nombre 019], en el Parque Nacional Piedras Blancas, del Área de Conservación de Osa, procedimiento incoado por los aquí actores, a través de la resolución de las quince horas veinte minutos del diecisiete de marzo del año dos mil cuatro, el Ministerio de Ambiente y Energía, y para lo que es de relevancia para este fallo jurisdiccional, en el acto final de dicho procedimiento, estableció lo siguiente: "RESULTANDO: ....QUINTO: Que el Estado adquirió las hace mas de diez años, fincas que pertenecieron en su oportunidad a los señores [Nombre 018], [Nombre 019], [Nombre 009], [Nombre 008], compradas de la siguiente forma: a.-La primer finca se compró con fondos específicos con destino al Fondo de Parques Nacionales; b.-La segunda finca, se adquirió mediante donación realizada por la Fundación Verein de Austria; c.-Las dos últimas fincas con fondos específicos de la Asamblea Legislativa destinados al Fondo de Parques Nacionales. Según consta en los expedientes administrativos, las compras se realizaron al amparo de documentos legales los cuales a su haber constituyen el plano catastrado de la propiedad, y la Sentencia de Perpetua Memoria sobre los derechos de posesión, de cada uno de los propietarios sobre las fincas adquiridas." (ver ver folio 084 del Expediente Administrativo N°OS-03-P13-019-2002 a nombre [Nombre 002], y de [Nombre 003]). 4) En la misma resolución de las quince horas veinte minutos del diecisiete de marzo del año dos mil cuatro, dictada por el Ministerio de Ambiente y Energía, en la parte considerativa se señaló: "CONSIDERANDO: PRIMERO: Que según se desprende del análisis de los informes y expedientes administrativos, entre otras cosas los siguientes puntos: A.- Que en el Área de Conservación no se ha podido realizar la ubicación exacta en el campo, específicamente en el Parque Nacional Piedras Blancas del área de Conservación de Osa, de la finca que alegan los recurrentes, es de su propiedad. Lo anterior, toda vez que de conformidad a la información contenida en el plano catastrado aportado por el señor [Nombre 002], y según los informes y giras de campo realizadas, por los diferentes funcionarios del área de Conservación, no se ha logrado ubicar geográficamente, de manera exacta la finca propiedad de [Nombre 002], y la señora [Nombre 003]".(ver dicha resolución administrativa a  folio 085 del Expediente Administrativo N°OS-03-P13-019-2002 a nombre [Nombre 002], y de [Nombre 003]). 5) Que el plano P-0344831-79 a nombre de [Nombre 005] con cédula 1-375-739, con una  cabida de 257ha 9662.80 m2, de terreno que se ubica en el sector de la Trocha del Parque Nacional Piedras Blancas, en la Provincia de Puntarenas, Cantón Golfito, distrito Golfito, y se localiza en la hoja cartográfica Piedras Blancas, escala 1:500 del IGN, en coordenadas Lambert N 542900/544900 E 295100/297100 se sobrepone, sea se traslapa a las siguientes propiedades: 1.[Nombre 010] Luis, Exp OS-03-P13-055-2002, plano P-870839-89, con una cabida de 299ha 6164.21 m2, vendida al Estado y inscrita en el folio real matrícula [Valor 009]. 2. [Nombre 009], exp OS-03-P13-054-2002, plano P-0870837-89, con una cabida de 101 ha 2454.34 m2 vendida al Estado, finca número [Valor 010]. 3. [Nombre 008], exp OS-03-P13-056-2002, plano P-0870838-90, con una cabida de 296 ha 1377.19 m2 vendida al Estado. 4.  [Nombre 011], [Nombre 012], [Nombre 013], [Nombre 014], exp OS-03-P13-066-2002, con plano P-48946-72. Sin comprar. (ver informe del Catastro Nacional a imágenes 868 a 886, intitulado "Informe Técnico para determinar las contradicciones parcelarias en las fincas de Puntarenas matrículas [Valor 015], [Valor 014], [Valor 013], [Valor 011], y [Valor 012]", a folio 098 del expediente administrativo de los actores N° OS-03-P13-019-2002, el informe de gabinete  ACOSA-PNB-TT-055-08 de 23 de noviembre de 2008, suscrito por el Ingeniero Joel García Medina. Departamento de Tenencia de Tierras Parque Nacional Piedras Blancas,  a folio 152 del mismo expediente administrativo de los actores, el oficio SINAC- ACOSA-P13-OFAU-INF-002-12 del 08 de diciembre de 2012 suscrito por la Licenciada Ana Cecilia Medina Gutiérrez, Administradora del Parque Nacional Piedras Blancas, intitulado "Informe de verificación de carriles y otros usos en la finca matrícula [Valor 015]-001, plano P-0344831, ubicada en el Parque Nacional Piedras Blancas", donde se transcribe el resultado de inspección de campo llevada a cabo por funcionarios del SINAC, en fechas 08 y 09 de octubre del año 2012. Ambos documentos en el expediente administrativo N°N°OS-03-P13-019-2002 a nombre [Nombre 002], y de [Nombre 003]). 6) Que el traslape indicado en el hecho demostrado inmediato anterior del plano  P-0344831-1979  de la finca de los señores actores, del Partido de Puntarenas, matricula 6-[Valor 015],  con los siguientes planos de fincas pertenecientes al Estado, se da en las siguientes magnitudes: 1. Existe traslape parcial entre el plano catastrado P-344831-1979 (finca 6-[Valor 015]) y el plano catastrado P-870839-1989 (finca 6-[Valor 014]), tal como se observa en la figura N°18 del informe citado infra entre paréntesis. 2. Existe traslape parcial entre el plano catastrado P-344831-1979 (finca 6-[Valor 015]) y el plano catastrado P-870838-1990 (finca 6-[Valor 013]), tal como se observa en la figura N°19 del informe que se cita infra entre paréntesis. 3. Existe sobreposición total entre el plano catastrado P-344831-1979 (finca 6-[Valor 015]) y el plano catastrado P-870837-1989 (finca 6-[Valor 011]), como se logra observar en la figura N°20, del informe que se cita infra entre paréntesis. 4. Existe traslape parcial entre plano catastrado P-344831-1979 (finca 6-[Valor 015]) y el plano catastrado P-639797-1986 (finca 6-[Valor 012]), tal como se observa en la figura N°21,  del informe que se cita infra entre paréntesis. Todas fincas pertenecientes al Estado. (ver  informe del Departamento Catastral Técnico-Subdirección Catastral Registro Inmobiliario del Registro Nacional, intitulado "Informe técnico para determinar las contradicciones parcelarias en las fincas de Puntarenas matrículas [Valor 015], [Valor 014], [Valor 013], [Valor 011], y [Valor 012]" en cuanto a que son fincas pertenecientes al Estado ver  las  imágenes, 877, 879, 881, y 883. Y respecto a los traslapes anotados ut supra del plano P-344831 correspondiente a la finca de los actores,  matrícula [Valor 015]-002, con  los planos de dichas fincas, ver la imágenes 884,885, y 886  del expediente electrónico).7) Que las compras que el Estado llevó a cabo de las fincas supracitadas en los dos hechos inmediatos anteriores se hicieron en ese momento sin inscribir, pero sí correspondientes a los números de planos que se señalan ut supra, y que se exponen en el siguiente orden: a) Expediente que corresponde al señor [Nombre 010] Luis, expediente N° OS-03-P13-055-2002, denominado "Estrategia de compra de tierras Parque Nacional Piedras Blancas", a folio 019 donde consta la escritura pública N° 615, de compra venta de la referida finca,  plano número   P-870839-1989  (hoy finca Estatal 6-[Valor 014])  por parte del Estado a dicho señor, otorgada ante la Notaria del Estado Zianne Monturiol Varani, a las 08 horas del 01/07/1993. b) Expediente Administrativo N° OS-03-P13-054-2006, a nombre del señor [Nombre 009] denominado "Estrategia de compra de tierras Parque Nacional Piedras Blancas", donde consta a folio 011, la escritura pública N° 1589, de compra venta de la referida finca sin inscribir, plano catastrado P-870837-1989 (hoy finca Estatal 6-[Valor 011]) por parte del Estado a dicho señor, otorgada ante el  Notario del Estado, Licenciado Pablo Casafont Odor a las 08 horas del 17 de enero de 1994. c) Expediente Administrativo N° OS-03-P13-056-2002, denominado "Estrategia de compra de tierras Parque Nacional Piedras Blancas", a nombre del señor [Nombre 008], donde consta, en sentido ascendente,  a folios 418,  417, y 412, la escritura pública N°1590, de compra venta de la finca sin inscribir con el plano catastrado número P-870838-1990 (hoy finca Estatal 6-[Valor 013]), otorgada ante el  Notario del Estado, Licenciado Pablo Casafont Odor a las 9:00 horas del 17 de enero de 1994. d) En el expediente Administrativo  N° OS-03-P13-045-2002, denominado "Estrategia de compra de tierras Parque Nacional Piedras Blancas",  a folio 038, consta donación que hizo la Asociación Bosque Húmedo de Esquinas en Costa Rica, al Estado, de la finca sin inscribir plano catastrado número P-639797-86 (hoy finca Estatal matrícula 6-[Valor 012]), a través de escritura pública otorgada ante el Notario Público Alvaro Meza Lazarus, número 78  a las dieciseis horas del veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y siete). CRITERIO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA: Para este Tribunal la prueba de sustento de los anteriores hechos que se han tenido por demostrados es de plena validez ya que no fueron dichos elementos de convicción objetados por las partes, ni tampoco han quedado desvirtuados al ser contrastados con otros medios probatorios.

IV. DE LOS HECHOS NO DEMOSTRADOS. De relevancia se tienen: 1) Que los actores acreditaran en la realidad material (in situ o in loco) el área de su finca, matrícula [Valor 015]-001-002,  luego de un contraste de planos,  a través del mecanismo de análisis denominado "mosaico de planos", con la colocación de planos catastrados de fincas  situadas en el Parque Nacional Piedras Blancas de Osa, pertenecientes al Estado;  tomando como parte de dicho mosaico de planos también el plano P-0344831-1979, correspondiente a la finca de los actores.  (falta absoluta de prueba en ese sentido). .

 

V. FONDO DEL PRESENTE ASUNTO. a. Objeto de este proceso. Versa el objeto de este proceso de conocimiento respecto de una acción con la finalidad de reclamo del pago indexado de la  finca, del Partido de Puntarenas, matrícula [Valor 015]-001-002,  que se encuentra dentro de un parque nacional concretamemte  del Parque Nacional Piedras Blancas, declarado bajo el Decreto Ejecutivo número 23153-MIRENEM del 19 de abril de 1994. Mas el cobro de lucro cesante o  intereses al tipo legal desde el año 2009 y hasta el efectivo pago y  daños y perjuicios incluyendo daño moral. O en caso de no prosperar dicha pretensión principal, como pretensión subsidiaria  la recuperación de dicha finca, la permisión del libre acceso a la misma, y la exclusión de esta del Parque Nacional Piedras Blancas, con la respectiva modificación de los decretos ejecutivos creadores de dicho Parque Nacional (Decretos Ejecutivos N° 20522-MIRENEM de 17 de julio de 1991, N° 21781-MIRENEM de 10 de noviembre de 1992, y N° 23153-MIRENEM del 19 de abril de 1994), y el pago de  daños y perjuicios incluyendo daño moral. 

 b. Objeto de debate. El debate se ha centrado en la discusión respecto al tema de si el área que se señala en el plano de la finca de los actores y que quedó abarcada dentro de las coordenadas que fijaron los límites del Parque Nacional Piedras Blancas, plano número P-0344831-1979, a través de los decretos ejecutivo citados ut supra N° 21781-MIRENEM de 10 de noviembre de 1992, y N° 23153-MIRENEM del 19 de abril de 1994, es la que en la realidad corresponde a la finca de los accionantes del partido de Puntarenas, matrícula [Valor 015]-002, (en dos derechos), o si el plano en mención está traslapado con terrenos del Estado por haberlos éste pagado a sus anteriores propietarios.

 

c. Del régimen jurídico aplicable a los Parques Nacionales, en lo referido concretamente a la condición jurídica de los terrenos declarados parte de los mismos a partir de su declaratoria y en tanto el Estado no indemnice a los propietarios de los terrenos que han sido objeto de dicha declaratoria. Para una mejor comprensión del desarrollo ulterior de este fallo consideramos que a título  preliminar se exponga lo que a nivel legal  y jurisprudencial, se establece en lo que respecta a los alcances que conlleva la declaratoria, vía Ley o Decreto Ejecutivo, de un área territorial como parque nacional, lo que conlleva la afectación de dichos terrenos al componente patrimonial ecológico del Estado. Esto es así dado a que la Ley Orgánica del Ambiente número 7554 publicada en el Diario Oficial la Gaceta del 13/11/1995,  en su artículo 37 le otorga el Poder Ejecutivo a realizar ampliaciones a una declaratoria de parques nacionales que se haya efectuado por ley, o incluso a realizar vía decreto ejecutivo esa declaratoria. 

 

i. Régimen Legal. La normativa que directamente tiene aplicación al caso concreto es la que se encuentra en las siguientes leyes de la República, veamos:

 

1) Ley de Biodiversidad número 7788 del 30 de abril de 1998, publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 114 del 27 de mayo de 1998,  que en su artículo 114 estableció un reforma a la Ley Forestal N° 7575,  en los términos siguientes:

"DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS.

 

ARTÍCULO 114.-

 

Refórmase las siguientes disposiciones de la Ley Forestal, No. 7575, de 13 de febrero de 1996:

 

2.- El inciso c) del artículo 72, cuyo texto dirá:

 

"Artículo 72.-

 

Modificaciones

 

 

[...]

 

c) Artículo 37.-

 

Facultades del Poder Ejecutivo Las fincas particulares afectadas según lo dispuesto por este artículo, por encontrarse en parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales y zonas protectoras, quedarán comprendidas dentro de las áreas protegidas estatales solo a partir del momento en que se hayan pagado o expropiado legalmente, salvo cuando en forma voluntaria se sometan al Régimen Forestal. Tratándose de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre y en caso de que el pago o la expropiación no se haya efectuado y mientras se efectúa, las áreas quedarán sometidas a un plan de ordenamiento ambiental que incluye la evaluación de impacto ambiental y posteriormente, al plan de manejo, recuperación y reposición de los recursos."

 

2) 1) Ley Orgánica del Ambiente número 7554 del 04 de octubre de 1995, publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 25 del 13 de noviembre de 1995.

 

"Artículo 37.- Facultades del Poder Ejecutivo. Al establecer áreas silvestres protegidas, cualquiera sea su categoría de manejo, el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, queda facultado para incluir, dentro de sus límites, las fincas o partes de fincas particulares necesarias para cumplir con los objetivos señalados en esta ley y para instrumentarlos de acuerdo con el respectivo plan de manejo o crear las servidumbres legales para la protección ecológica y el cumplimiento de la presente ley.

 

Cuando se trate de parques nacionales, reservas biológicas o refugios nacionales de vida silvestre estatales, los terrenos serán adquiridos por compra, expropiación o ambos procedimientos, previa indemnización. En los casos de reservas forestales, zonas protectoras, refugios de vida silvestre mixtos y humedales, los predios o sus partes también podrán comprarse o expropiarse, salvo que, por requerimiento del propietario, se sometan voluntariamente al régimen forestal. Esa sujeción será inscrita en el Registro Público de la Propiedad, como una afectación al inmueble, que se mantendrá durante el tiempo establecido en el plan de manejo.

 

Las fincas particulares afectadas según lo dispuesto por este artículo, por encontrarse en parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales y zonas protectoras, quedarán comprendidas dentro de las áreas protegidas estatales solo a partir del momento en que se hayan pagado o expropiado legalmente, salvo cuando en forma voluntaria se sometan al Régimen Forestal. Tratándose de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre y en caso de que el pago o la expropiación no se haya efectuado y mientras se efectúa, las áreas quedarán sometidas a un plan de ordenamiento ambiental que incluye la evaluación de impacto ambiental y posteriormente, al plan de manejo, recuperación y reposición de los recursos.

 

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 72, inciso c) de la Ley Forestal, N° 7575 del 13 de febrero de 1996, que a su vez fue reformado por el 114 de la Ley de Biodiversidad, N° 7788 de 30 de abril de 1998).

Se faculta al Poder Ejecutivo para que, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, realice las expropiaciones, contempladas en este artículo, de conformidad con lo establecido en la Ley de expropiaciones No. 7495, del 3 de mayo de 1995." (Lo reseñado no corresponde al original).

 

ii. Aporte de la Jurisprudencia.

 

 

i.a Jurisprudencia de la SALA CONSTITUCIONAL. A través del Voto N° 09231-2002 de las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del veinte de setiembre de 2002, señaló en un asunto en que el Recurrente reclamaba el no pago de una finca declarada parte del Parque Nacional Volcán Tenorio, lo que de seguido se expone:

"A la luz de lo señalado anteriormente, cabe indicar que el derecho de propiedad como la mayoría de los derechos no es irrestricto y en consecuencia está sujeto a limitaciones. Sin embargo, dichas limitaciones deben obedecer a la existencia de un interés público legalmente comprobado o limitaciones de interés social decretadas mediante ley aprobada por votación calificada, para lo cual el administrado debe recibir la respectiva indemnización previa. De igual forma, en el caso específico de las propiedades que se encuentran dentro de zonas protegidas de parques nacionales y reservas biológicas entre otras, mientras no se realice el pago de dicha indemnización, los inmuebles no pueden pasar a manos del Estado, y en consecuencia, no existe un motivo válido para que aquel prive a los propietarios del disfrute de su propiedad. " (Lo reseñado no corresponde al original).

VI. Del criterio de este Tribunal. Ergo con sustento en lo que se ha señalado ut supra, podemos ver que las pretensiones PRINCIPALES  de los señores actores en relación con la finca del Partido de Puntarenas matrícula [Valor 004]-002, que señalan ser de su propiedad,  son las siguientes :  1) Que se condene  y ordene al Estado Costarricense al pago del valor actual e indexado de la propiedad objeto del litigio sea la finca [Valor 004] y 002, valorándose la gran riqueza natural y de recursos ecológicos que esta encierra. 3) Que se condene y ordene al Estado Costarricense al pago de lucro cesante o intereses al tipo legal de conformidad con el articulo 1163 del Código Civil, a partir del año 2009 y hasta el efectivo pago del valor del inmueble. 4) Que se condene y ordene al Estado al pago de daños y perjuicios, principalmente al pago de daño moral subjetivo o de afectación. Respecto a dichas pretensiones podemos observar que del elenco de hechos probados, y concretamente para este punto, en el hecho demostrado número 3 se señala la resolución dictada por el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA de las quince horas con veinte minutos del diecisiete del año de dos mil cuatro que señala textualmente: Que a través de procedimiento administrativo cuya finalidad fue la investigación por supuestas anomalías en el manejo del  proceso para el pago de tierras a nombre de los señores [Nombre 008], [Nombre 009], [Nombre 018], y [Nombre 019], en el Parque Nacional Piedras Blancas, del Área de Conservación de Osa, procedimiento incoado por los aquí actores, el Ministerio de Ambiente y Energía, en el acto final de dicho procedimiento, se estableció lo siguiente: "RESULTANDO ....QUINTO: Que el Estado adquirió las hace mas de diez años, fincas que pertenecieron en su oportunidad a los señores [Nombre 018], [Nombre 019], [Nombre 009], [Nombre 008], compradas de la siguiente forma: a.-La primer finca se compró con fondos específicos con destino al Fondo de Parques Nacionales; b.-La segunda finca, se adquirió mediante donación realizada por la Fundación Verein de Austria; c.-Las dos últimas fincas con fondos específicos de la Asamblea Legislativa destinados al Fondo de Parques Nacionales. Según consta en los expedientes administrativos, las compras se realizaron al amparo de documentos legales los cuales a su haber constituyen el plano catastrado de la propiedad, y la Sentencia de Perpetua Memoria sobre los derechos de posesión, de cada uno de los propietarios sobre las fincas adquiridas. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que según se desprende del análisis de los informes y expedientes administrativos, entre otras cosas los siguientes puntos: A.- Que en el Área de Conservación no se ha podido realizar la ubicación exacta en el campo, específicamente en el Parque Nacional Piedras Blancas del área de Conservación de Osa, de la finca que alegan los recurrentes, es de su propiedad. Lo anterior, toda vez que de conformidad a la información contenida en el plano catastrado aportado por el señor ([Nombre 002]), y según los informes y giras de campo realizadas, por los diferentes funcionarios del área de Conservación, no se ha logrado ubicar geográficamente, de manera exacta la finca propiedad de [Nombre 002], y la señora [Nombre 003]." (Lo subrayado no corresponde al original).

 

Por su parte se puede observar  en los hechos demostrados quinto, y sexto que de conformidad con la prueba allí recabada que es documental que no fue desvirtuada, en informe del Catastro Nacional a imágenes 868 a 886, intitulado "Informe Técnico para determinar las contradicciones parcelarias en las fincas de Puntarenas matrículas [Valor 015], [Valor 014], [Valor 013], [Valor 011], y [Valor 012]", visible a imagen 868 del expediente principal y previo a emitir las respectivas conclusiones de dicho análisis el Departamento de Catastro del Registro Nacional señaló que la metodología para dicho estudio fue la siguiente: "Para determinar los orígenes registrales de las fincas de Puntarenas matrículas [Valor 015], [Valor 014], [Valor 013], [Valor 011] y [Valor 012], se consultan las diferentes bases de datos existentes en el Registro Inmobiliario. De esta manera, se consulta la información perteneciente a estas fincas en la plataforma de Imágenes de Inmuebles, específicamente en los apartados de “Tomos Físicos de la Propiedad”, “Fichas de inmuebles” e “Histórico de inscritos y presentados”, asimismo, se consulta la información actual de las fincas dentro del Sistema de Folio Real utilizando la base de datos de la plataforma del Sistema de Información Registral (SIRE). Por otro lado, para determinar los orígenes catastrales de las fincas en estudio o la posible afectación al estado parcelario, se realiza una búsqueda de asientos catastrales en el Sistema de Información de Planos (SIP), utilizando criterios como: número de plano, número de finca, nombre de titulares (propietarios o poseedores), nombre de colindantes al inmueble o por rango de coordenadas que cubran el área sometida a análisis. Cabe mencionar que los planos catastrados que no presentan un derrotero en coordenadas nacionales fueron georreferenciados de acuerdo con su ubicación y localización geográfica, tomando en cuenta elementos como colindancias, referencias a puntos específicos y la realidad observada en la cartografía oficial (ortofoto). Asimismo, los planos utilizados para los montajes que se incluyen dentro del presente informe, fueron dibujados por medio de la digitalización de sus respectivos derroteros. El área sometida a análisis cuenta con la hoja cartográfica llamada “Rincón” en escala 1:50 000, elaborada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN)".

Es así como siguiendo la anterior metodología el referido Departamento de Catastro del Registro Nacional nos señala que el plano número P-344831-79 correspondiente a la finca del Partido de Puntarenas, matrícula [Valor 016] (finca de los señores actores), se traslapa con los planos que de seguido se exponen en las siguientes imágenes:

 

 1. Traslape parcial entre el plano catastrado P-344831-1979 (finca 6-[Valor 015]), y   el plano P-870839-1989 (finca 6-[Valor 014]).Finca ésta última que pertenece al Estado (imagen 877  del expediente principal  en forma descendente).

 2. Traslape parcial  entre el plano catastrado P-344831-1979 (finca [Valor 017]), y   el plano P-870838-1989 (finca 6-[Valor 013]).Finca ésta última que pertenece al Estado (imagen 879  del expediente principal  en forma descendente).

 

figura N°19.

 

 

 

3.  Traslape total entre el plano catastrado P-344831-1979 (finca [Valor 017]), y   el plano P-870837-1989 (finca 6-[Valor 011]). Finca ésta última  que pertenece al Estado (imagen 881 del expediente principal  en forma descendente).

figura N°20.

 

 

 

 

4. Traslape parcial entre el plano catastrado P-344831-1979 (finca [Valor 017]), y   el plano P-639797-1986 (finca 6-[Valor 012]).Finca esta última que pertenece al Estado (imagen 883 del expediente principal  en forma descendente).

figura 21.

 

 

 

 

Luego de exponer las anteriores imágenes en el referido informe la Oficina Catastral del Registro Nacional emitió las siguientes:

 

CONCLUSIONES:

"Según el estudio de las fincas del partido de Puntarenas matrículas [Valor 015], [Valor 014], [Valor 013], [Valor 011], y [Valor 012], se determina:

1.- Existe traslape parcial entre el plano catastrado P- 344831-1979 (finca [Valor 017]), y el plano catastrado P-870839-1989 (finca [Valor 019]), tal como se observa en la figura N° 18 del presente informe.

2.- Existe traslape parcial entre el plano catastrado  P- 344831-1979 (finca [Valor 017]), y el plano catastrado P-870838-1990([Valor 020]), tal como se observa en la figura N° 19 del presente informe.

3.- Existe traslape total entre el plano catastrado  P- 344831-1979 (finca [Valor 017]), y el plano catastrado P-870837-1989 (finca [Valor 022]), tal como se observa en la figura N° 20 del presente informe.

4.- Existe traslape parcial entre el plano catastrado  P- 344831-1979 (finca [Valor 017]), y el plano catastrado P-639797-1986 (finca [Valor 021]), tal como se observa en la figura N° 21 del presente informe".

Preciso es señalar que todas las anteriores fincas con las que traslapa el plano  P- 344831-1979 (finca [Valor 017]), pertenecen según el hecho demostrado número 7 hoy día al Estado por compra que realizó este a sus antiguos poseedores, con excepción de una, la finca correspondiente al plano catastrado P-639797-1986 finca [Valor 021], que fue a través de Donación como se describe en ese hecho demostrado. También podemos observar que dicho informe del Catastro Nacional es concordante con lo que señaló en su momento el MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGIA en la resolución supracitada en el sentido de que el "Área de Conservación no ha podido realizar la ubicación exacta en el campo, específicamente en el Parque Nacional Piedras Blancas, del área de Conservación OSA, de la finca que alegan los Recurrentes, es de su propiedad. Lo anterior, toda vez que de conformidad a la información contenida en el plano catastrado aportado por el señor ([Nombre 002]) y según los informes y giras de campo realizadas por los diferentes funcionarios no fue posible localizar geográficamente dicha finca.

Y se corresponde el informe del departamento de Catastro del Registro Nacional y lo señalado por el acto final del MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGIA, supracitado  con los informes elaborados por funcionarios del Sistema Nacional de áreas  de Conservación, que señalan lo siguiente: El informe emitido a través del oficio ACOSA-PNB-TT-055-08 de 23 de noviembre de 2008, suscrito por el Ingeniero Joel García Medina, del Departamento de Tenencia de Tierras Parque Nacional Piedras Blancas, (ver folio 152 del mismo expediente administrativo de los actores), que señaló que el plano catastrado  P- 344831-1979 (finca 6-[Valor 015]), se sobrepone a las mismas fincas que se señalan en el informe vertido por el departamento de Catastro del Registro Nacional, adicionando una finca también donde se traslapa el referido plano catastrado  P- 344831-1979 (finca 6-[Valor 015]), de los señores actores, y que es la finca propiedad de  [Nombre 011], [Nombre 012], [Nombre 013], [Nombre 014], exp OS-03-P13-066-2002, con plano P-48946-72, finca sin comprar aún por el Estado. Y se finaliza señalando en el informe vertido a través del oficio SINAC- ACOSA-P13-OFAU-INF-002-12 del 08 de diciembre de 2012 suscrito por la Licenciada Ana Cecilia Medina Gutiérrez, Administradora del Parque Nacional Piedras Blancas, intitulado "Informe de verificación de carriles y otros usos en la finca matrícula [Valor 015]-001, plano P-0344831, ubicada en el Parque Nacional Piedras Blancas", donde se transcribe como resultado de inspección de campo llevada a cabo por funcionarios del SINAC, en fechas 08 y 09 de octubre del año 2012, y en lo que es relevante para este fallo jurisdiccional que en dicha inspección se levantó un polígono (denominado polígono #2) que es el área que estaba "carrileada" por los aquí actores como el área de su finca, la cual comparada además con el polígono del plano catastrado  P-0344831 (denominado en dicho informe como polígono #1), dio como resultado mediante el uso de la ubicación a través de la herramienta GPS (sistema de ubicación geográfica), que ambos polígonos se traslapan con fincas que pertenecen al Estado (ver hecho demostrado número 5). Ergo, con fundamento en todo lo que antecede y a la luz de la prueba que se ha analizado, la tesis que sostiene por unanimidad este Tribunal es que en el presente asunto, la pretensiónes supraseñaladas  de los actores, son improcedentes en virtud de que no ha quedado acreditado que los mismos sean los propietarios de una finca que se ubique en el Parque Nacional Piedras Blancas, ya que son categóricas las probanzas de las que sin esfuerzo alguno se logra inferir que el plano catastrado bajo el número  P-0344831, y que según el asiento registral corresponde a la finca del Partido de Puntarenas matrícula  [Valor 004] y 002, está traslapado con propiedades que pertenecen al Estado, traslapándose e incluso en forma total con la finca del Estado matrícula 6-[Valor 011], cuyo plano catastrado es el número  plano P-870837-1989 (ver imagen gráfica N°20), dándose tambien traslapes parciales con las demás fincas citadas ut supra en el referido informe de Catastro Nacional. De manera tal que no es posible plantear el pago por expropiación de un bien que no aparece en el campo, cuando de los análisis realizados y expuestos ut supra lo que se concluye es que el plano catastrado que corresponde a la finca que señalan los actores es de su pertenencia y que está dentro del Parque Nacional Piedras Blancas, está traslapando a fincas que son del Estado por compra que hizo este a sus antiguos poseedores, siendo que luego las inscribió a través de informaciones posesorias como propiedades del Estado. Se reitera en el caso del subjúdice ni siquiera tiene este Tribunal la certeza de que la finca que se reclama exista en la realidad, ya que toda la prueba expuesta ut supra arriba de forma unívoca a señalar que la misma no existe, ya que el plano que sustenta la inscripción registral está traslapado con terrenos del Parque Nacional Piedras Blancas que pertenecen al Estado. En suma por lo que se expone es innecesario referirse por parte de este órgano jurisdiccional al elenco de pretensiones principales y subsidiarias señaladas ut supra.

 

Ahora bien en relación con los testiminonios de la parte actora podemos ver que el testigo [Nombre 023] declaró:  Que esa finca de los aquí actores perteneció a un señor de nombre [Nombre 006] que era carnicero en Pérez Zeledón, que el vió al señor [Nombre 002] tractoreando en esa finca cuando sacaba madera, que luego fue declarado el Parque Nacional Piedras Blancas y lo nombraron a dicho testigo como guía Asesor de los finqueros que tenían propiedades en dicho parque. Que a los actores se le prohibió trabajar en esa propiedad a partir del momento en que fue parte de la declaratoria de parque nacional, señalándoles que tenían que hacer una información de perpetua memoria. Que los actores trabajaban en esa finca dándole mantenimiento, que eran los Dueños y que a Don [Nombre 002] fue al que vio tractoreando, sacando madera (escuchar grabación del juicio oral y público a partir del minuto 0:59). Por su parte el testigo [Nombre 025] Sandí:  Declaró que a Doña [Nombre 026] el no la vió trabajando en esa finca, que el vive en el Parque. Que el le trabajaba a Don [Nombre 002], limpiando los carriles. Que Don [Nombre 002] era maderero y que le prohibieron realizar trabajos en la finca porque se declaró parque nacional. Que Don [Nombre 002] tenía un peón que vivía en la finca al que él le llevaba el almuerzo. Que a él le dijeron que unos funcionarios del Gobierno llegaron donde ese peón y le machetearon, pero que a el eso no le consta. Que él fue sierrero de Don ([Nombre 002]) ( escuchar declaración testimonial al minuto 1:22 a 1:25). Para este Tribunal en razón del análisis llevados a cabo en el presente considerando de fondo respecto a la situación jurídico material de la propiedad que reclaman los señores actores, el contenido de dichas declaraciones testificales en irrelevante ya que si ha quedado demostrado que los accionantes no han acreditado de forma fehaciente y certera la existencia de la finca de marras, siendo todo lo contrario, que en los autos de forma unívoca se deriva que el bien pretendido por éstos se encuentra dentro de terrenos del Estado, ello evidencia que dichos testimonios arrojan una clara percepción de total incerteza, ya que hacen los mismos alusión a un bien donde por lo menos se vió a uno de los actores trabajando, lo cual está desvirtuado con la prueba que en este proceso de conocimiento de se ha demostrado, y que es que no existe como propiedad privada el bien que  según la teoría del caso de los actores, se reclama como de su pertenencia; siendo dichos terrenos propiedad del Estado; y es en virtud de ello que estima este órgano jurisdiccional que esos testimonios no guardan pertinencia alguna con las pretensiones de los actores y de allí su descarte. 

 

VII. De la excepciones de FALTA DE DERECHO, y de FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA  planteada por el Estado. Con sustento en todo lo que antecede, lo procedente en este proceso de conocimiento es acoger las excepciones de FALTA DE DERECHO y de FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA interpuesta por la Procuraduría General de la República, y en consecuencia se declara sin lugar en todos sus extremos la presente demanda.

 

 

VIII. DE LAS COSTAS.- De conformidad con los artículos 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo y 73 del Código Procesal Civil, y no teniendo este Tribunal elementos de juicio para considerar de forma razonable que se haya dado alguno de los supuestos que señala el artículo 73.2 del Código Procesal Civil, o los señalados en los incisos a y b del artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, para exonerar del pago de costas; se condena a la parte actora al pago de las costas de este proceso. De forma unánime la condenatoria se realiza en abstracto y por tanto, pendiente de liquidación en fase de ejecución de sentencia.

 

POR TANTO

 

Se acoge la excepción de FALTA DE DERECHO y de FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA planteada por la Procuraduría General de la República. En consecuencia, se declara SIN LUGAR en todos los extremos el proceso de conocimiento interpuesto por la SUCESION del señor [Nombre 002], y de la señora [Nombre 003]. Se condena a los señores actores  -vencidos- de forma proporcional según el quantum que se logre establecer por dicho concepto, de las costas personales y procesales derivadas de este proceso; las que se liquidarán en la fase de ejecución de sentencia firme este pronunciamiento.

 

 

Ricardo Amán Díaz Anchía

 

 

Paulo André Alonso Soto                                      Francisco José Chaves Torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 




- Código Verificador -
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RK6AHS6HQFY61



 

Documento firmado por:

RICARDO AMAN DIAZ ANCHIA, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 16-009533-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:29:37.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**CONSIDERANDOS**

**I.- PRELIMINARY PROCEDURAL MATTERS.**

1) By filing dated September 30, 2023, the following persons: [Name 002], who during his lifetime was of legal age, divorced from his first marriage, a Farmer, domiciled in Golfito, Guaycará, holder of identity card number [Value 002], and [Name 003], of legal age, married in first marriage, a Merchant, resident of Puntarenas, Osa, specifically in Chacarita, holder of identity card number [Value 003], filed an ordinary proceeding before this TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, against the State and the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), requesting as MAIN CLAIMS that in judgment: "1) As a non-material claim, I request that the judgment declare this proceeding well-founded. 2) That the Costa Rican State be ordered and directed to pay the current, indexed value of the property subject to litigation, being farm [Value 004] and 002, taking into account the great natural wealth and ecological resources it contains. 3) That the Costa Rican State be ordered and directed to pay lost profits or legal interest in accordance with Article 1163 of the Civil Code, from the year 2009 until the effective payment of the property's value. 4) That the State be ordered and directed to pay damages, principally the payment of subjective moral or impairment damages, since the undersigned have suffered from stress, the impossibility and impotence of enjoying a property that they acquired honestly and legitimately, generated by the uncertainty in which they have lived for many years due to the situation explained above. Therefore, I take the liberty of indicating the reason that originates them, what they consist of, and the specific estimate: a. It originates from the illegitimate dispossession of real property [Value 004] and 002, to which we have been subjected by the Costa Rican State. b. It consists of the emotional and psychological impairment that the undersigned have had to endure, the episodes of anguish, suffering, and stress, which have even taken away nights of sleep due to the disturbance or uncertainty of having been dispossessed of our property. c. The specific estimate for moral damages, based on the magnitude of the facts and the impact this has caused in our lives, the quantum of moral damages is estimated at the sum of fifty million colones each, for a total of one hundred million colones (¢100,000,000). That the Costa Rican State be ordered and directed to pay the costs of this proceeding.

**ALTERNATIVE CLAIM**

1) That the Costa Rican State be ordered to restore real property [Value 004] and 002 in favor of the undersigned [Name 002] and [Name 003].

2) That the Costa Rican State be ordered to place the undersigned [Name 002] and [Name 003] in perfect possession of real property [Value 004] and 002.

3) That the Costa Rican State be ordered to allow free access by the undersigned [Name 002] and [Name 003] to real property [Value 004] and 002.

4) That real property [Value 005] and 002 be excluded as part of the Parque Nacional Piedras Blancas, and therefore Decreto Ejecutivo Número 20522-MIREMEN of July 17, 1991, which gave rise to the Parque Nacional Piedras Blancas, as well as Decreto Ejecutivo Número 21781-MIREMEN, by which it receives the name Parque Nacional Piedras Blancas, and finally Decreto Ejecutivo Número 23153-MIREMEN, by which a new variation to the territorial and maritime limits of the Parque Nacional Piedras Blancas is made, be modified.

5) That the State be ordered and directed to pay damages, principally the payment of subjective moral or impairment damages, since the undersigned have suffered from stress, the impossibility and impotence of enjoying a property that they acquired honestly and legitimately, generated by the uncertainty in which they have lived for many years due to the situation explained above. Therefore, I take the liberty of indicating the reason that originates them, what they consist of, and the specific estimate:

a. It originates from the illegitimate dispossession of real property [Value 004] and 002, to which we have been subjected by the Costa Rican State. b. It consists of the emotional and psychological impairment that the undersigned have had to endure, the episodes of anguish, suffering, and stress, which have even taken away nights of sleep due to the disturbance or uncertainty of having been dispossessed of our property. c. The specific estimate for moral damages, based on the magnitude of the facts and the impact this has caused in our lives, the quantum of moral damages is estimated at the sum of fifty million colones each, for a total of one hundred million colones (¢100,000,000).

6) That the Costa Rican State be ordered and directed to pay the costs of this proceeding."

2) By ruling at eleven hours twenty-eight minutes on October 11, 2016, this ordinary Administrative Contentious proceeding was admitted for processing (see image 79 of the main file in descending order). 3) On December 14, 2016, the Procuraduría General de la República, representing the State, responded to this claim negatively, raising the defenses of IMPROPER REPRESENTATION of the plaintiff [Name 003], LACK OF PASSIVE LEGITIMATION, and LACK OF RIGHT, requesting that the claim be dismissed in its entirety and that the plaintiffs be ordered to pay the costs of this proceeding (see image 94). 4) By ruling at fourteen hours and thirty-nine minutes on December 7, 2016, on an ex officio basis and based on Article 12, subsection 2, and Article 71, subsection 1) of the Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), this ordinary proceeding was deemed established on the part of [Name 002] AND [Name 003], against the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), granting it a period of THIRTY WORKING DAYS to respond to the claim (see image 90 of the electronic file). 5) By filing dated May 26, 2017, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (hereinafter SINAC) responded to the claim negatively, raising the defense of NECESSARY PASSIVE JOINDER OF PARTIES (LITIS CONSORCIO PASIVO NECESARIO), requesting that said defense be upheld and this claim be declared inadmissible, with an award of costs and interest to be borne by the plaintiffs, as well as an award of personal and procedural costs incurred by this action and the corresponding interest until effective payment. 6) By ruling at seven hours forty minutes on September 1, 2017, the defense of necessary passive joinder of parties raised by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) was rejected (see image 169 of the electronic file). 7) By ruling at eleven hours two minutes on September 25, 2017, a preliminary hearing was scheduled for nine hours on November 13, 2017 (see image 176 of the electronic file). 8) At nine hours on November 13, 2017, the preliminary hearing was held, at which the following was remedied: It was noted that in the third fact of the claim, it should be read that the property is located within the Parque Nacional de Piedras Blancas. It was resolved that the defective representation of the plaintiff [Name 003] was remedied in a filing submitted by the plaintiff in which she granted powers of attorney to the lawyers and ratified all actions taken by her father, José Sánchez Tencio, and by them on her behalf (said filing is visible at image 162 of the electronic file, granted to Attorney José Sánchez Tencio and Attorney Alejandro Arroyo Hernández). It was noted, with the consent of the defendants, that both the main and alternative claims remained as they were in the claim. The disputed facts were established: by the State: 1 bis, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And by SINAC: 1 bis, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, and 10. And finally, SINAC was warned to provide the administrative file duly paginated, and for this reason, the preliminary hearing was suspended (see image 184 of the electronic file). 9) By ruling at ten hours seventeen minutes on November 21, 2017, the Case Management Judge of this Tribunal Contencioso Administrativo deemed the order given at the preliminary hearing concerning the pagination of the administrative file by SINAC satisfied (see image 197 of the electronic file). 10) By ruling at eight hours fifty minutes on June 2, 2018, the hearing was scheduled for eight hours thirty minutes on September 12, 2018, for the preliminary hearing (see image 210 of the electronic file). 11) By ruling at seven hours fifty minutes on September 10, 2018, the Tribunal upheld the motion for revocation filed by the Procuraduría General de la República, with the Case Management Judge stating essentially that, due to the death of [Name 002], in order to continue the proceeding, the co-plaintiff [Name 003] was warned to provide a suitable document proving who the executor (ALBACEA) of the Succession of said gentleman was (see image 218 of the electronic file). 12) The plaintiff's attorney, through a filing dated September 11, 2018, challenged said ruling, stating that according to Article 270 of the Civil Code, when a property belongs simultaneously to two persons, each of them exercises all the rights of a sole owner (see image 220 of the electronic file). 13) By ruling at 13:24 hours on 09/17/2018, the Case Management Judge of this Tribunal Contencioso Administrativo rejected said motion, stating substantively that, given the real property subject to this proceeding is held in undivided interests and therefore the portion of the farm corresponding to each owner is undetermined, it is imperative that both [Name 003] and the Succession of the deceased [Name 002] be present at the preliminary hearing; therefore, the proceeding was ordered suspended until an Executor was appointed (see image 226). 14) By ruling number 312-2020 at eleven hours six minutes on February 19, 2020, the Case Management Judge of this Tribunal Contencioso Administrativo declared the expiration of this proceeding due to inactivity of the plaintiffs, more than six months having elapsed without the plaintiff [Name 003] informing the Tribunal regarding the appointment of an Executor for [Name 002] (see image 244 of the electronic file). 15) By filing dated February 2, 2020, the legal representation of the plaintiff [Name 003] filed an appeal against ruling number 312-2020 of 11:06 hours on 2/19/2020, which declared the expiration of this proceeding, stating essentially that this proceeding was suspended until an Executor was appointed in the Succession of [Name 002], a situation that prevents the proceeding from advancing, and that although it was her client who promoted the opening of said succession; given that none of the heirs of said gentleman have accepted the appointment to said position, this means her client depends on the actions of other persons and another judicial office, which is an injury to her. That said declaration of expiration included an award of costs against a party that has no legal representation, namely the late [Name 002], and what is even stranger, given that the proceeding was suspended for that circumstance by ruling at 10:17 hours on November 21, 2021 (see image 276 of the electronic file). 16) By vote 224-2020-II at 09:24 hours on April 15, 2020, the Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, dismissed the appeal outright as untimely against ruling No. 312- at 11:06 hours on February 19, 2020 (see image 300 of the electronic file). 17) The plaintiffs, through a filing dated April 22, 2020, filed an appeal against the dismissal of the appeal against ruling No. 224-2020-II at 09:24 hours on April 15, 2020, cited in the immediately preceding point (see images 313 to 316 of the electronic file). 18) By vote 224-2020-II-BIS, by vote 224-2020-II, by vote 224-2020-II at 09:15 hours on April 24, 2020, the Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda dismissed outright the appeal against the dismissal and ex officio annulled vote 224-2020-II at 09:24 hours on April 15, 2020, and instead admitted, with devolutive effect, the appeal against ruling No. 0312-2020 at 11:06 hours on February 19, 2020 (see images 317 to 318 of the electronic file). 19) Vote number 406-2020 at 14 hours on 08/13/2020, of the Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, annulled judgment No. 312-2020 at 11:06 hours on 02/19/2020, which had decreed the expiration of the proceeding (see image 369). 20) By filing dated June 6, 2022, [Name 015], Executor of the Succession proceeding of the late [Name 016], appeared (see image 662). 21) At 14:57 hours on 03/16/2023, after several reschedulings of the preliminary hearing due to justified causes, the hearing was scheduled for thirteen hours thirty minutes on 5/18/2023 (see image 730). 22) At 13:30 hours on 05/18/2025, the preliminary hearing was held, where, as relevant to this ruling, there were no aspects to remedy, since an incidental motion of nullity was rejected. It was resolved that the claims of the lawsuit remained unchanged. Regarding a topographer expert offered as evidence for a better resolution by the plaintiff, it was resolved that this matter is for the Trial Tribunal to assess. All documentary evidence offered by the plaintiff, from 3 to 8, was admitted. Regarding evidence 9 (requests for evidence that the Tribunal must make, listed from A to J, see image 11), it was noted that A through H are in physical form, and regarding evidence under letters I and J (the former referring to requesting criminal file No. 09-201085-0455-PE from the Juzgado Penal de Osa, and the latter requesting the administrative file from the Registro Nacional regarding the administrative warning imposed on the farm subject to this proceeding, registration [Value 004] and 002), the request for that evidence from the Ministerio Público and the Registro Nacional was rejected, but it was said that the plaintiff provided a simple copy, and this was admitted in that condition. All documentary evidence offered by the defendants was admitted. Two witnesses were admitted for the plaintiffs and two witnesses for the defendants (see images 741 to 744 of the electronic file). 23) In accordance with the implementation process of the redesign of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda proposed by the Planning Directorate of the Poder Judicial and approved by the Consejo Superior, pursuant to agreements numbers XXVIII of Session No. 84-2021 of September 28, 2021, and XXXIX of Session No. 95-2021 of November 4, 2021, the distribution criteria for the circulating inventory of cases pending judgment were determined, according to which the Tribunal’s Coordination executed, as of July 17, 2023, the reassignment of a large number of files at the same time, including this one, which was assigned to Judge Ricardo Amán Díaz Anchía. Therefore, it is resolved in accordance with the priority policies established by the Corte Plena.

24) The mandatory procedural requirements have been observed in the proceedings, and no defects or omissions capable of generating nullity or defenselessness to the parties are perceived. Judge Ricardo Amán Díaz Anchía drafts, with the affirmative vote of Judges Paulo André Alonso Soto and Francisco José Chaves Torres.

**II. SUMMARY OF THE PARTIES' ALLEGATIONS, CLAIMS, AND DEFENSES.**

a. Allegations of the plaintiffs. Through the filed claim, the theory of the case of [Name 003] and the Succession of [Name 002] is based on stating that: "First: That [Name 002] and [Name 004] Quirós are owners of the farm in the Partido de Puntarenas under the real property registration number [Value 006], cadastral map number P-0344831-1979. First bis: That the undersigned have exercised possession over the registered real property Puntarenas [Value 007] since March 20, 1988, when we acquired the real property by purchase executed before the Notary Public Alex Solís Fallas in San Isidro de El General Pérez Zeledón, at 16:00, a document that was registered in the Registro Nacional, and which occupies the registration entries [Value 008]; that said possession has consisted of maintaining lanes and fences in part, legal extraction of wood, the construction of trails or roads, and the preservation of the natural resource, as well as the claim for payment for environmental services. Second: That the property in question has been registered since 1979, according to the following successive chain:

|                                       | Date       | Registry Filing | Act           |
| :------------------------------------ | :--------- | :-------------- | :------------ |
| [Name 005]                            | 04-11-1982 | 320-03749       | inclusion of farm |
| [Name 006]                            | 09/11/1982 | 333-05999       | foreclosure registration |
| [Name 002]                            | 19/07/1988 | 361-14098       | purchase sale |
| [Name 015]                            | 01/10/1990 | 381-15322       | purchase sale |
| [Name 003]                            | 20/03/1988 | 453-5406        | purchase sale |
| [Name 002]                            | 20/03/1988 | 453-5406        | purchase sale |

Third: That as of early 2009, they have been prohibited from entering the property by officials of MINAE, claiming that said property is located within the Reserva Forestal Golfo Dulce, Parque Nacional Piedras Blancas, this property being the same one from which, until that moment, they had always enjoyed all the inherent rights. That MINAE, starting in 1996 and for 5 years, made payments for environmental services in favor of the undersigned, which correspond to the real property described in the first fact, which is the property of the undersigned. That the Parque Nacional Piedras Blancas was created by Decreto Ejecutivo Número 20522-MlREMEN of July 17, 1991, and created as a Section of the Parque Nacional Corcovado; later on January 17, 1993, its name was changed by Decreto Ejecutivo Número 21781-MIREMEN to Parque Nacional Piedras Blancas; subsequently, on April 29, 1994, by means of Decreto Ejecutivo Número 23153-MIREMEN, a new variation was made to the territorial and maritime limits of the Park. Fourth: That in view of the disturbance suffered, both owners resorted to criminal proceedings alleging the crime of Usurpation, so that said disturbance regarding their rights would cease and they could continue enjoying them, which after a tedious process in criminal court was not achieved, since by a dismissal ruling issued by the Juzgado Penal de Ciudad Cortes at 9:50 hrs on March 26, 2015, in judicial file number 09~201085-0455-PE, the case was closed in the Criminal Court. Fifth: On Monday, April 7, 2008, the location of farm 6-032382-001-002 was carried out by means of a survey with the global positioning system (G.P.S.), where a tour of the boundaries was conducted in order to locate the points. While it is true that after said measurement, slight differences were detected with respect to the shape on the 1979 map, these are due to reasons totally unrelated to the registered owners, which the professional Eddie Nájera Arias (Associated Topographer T.A. 17235) describes as a non-significant displacement, which he attributes to the fact that at the time the farm was located for the creation of the cadastral map in 1979, no fixed points are shown on the Rincón cartographic sheet with which said property could have been located at that time, thus avoiding a displacement in the coordinates. Sixth: That the farm in question has a Dictamen de Análisis Criminalístico number 0419-ING-2014, in which the experts conclude that there is a displacement between the indicated boundaries with respect to the cadastral map number P-3448314979, a difference that can be perfectly attributable to what is mentioned in point FIFTH. It should be noted that in the same opinion, based on the coordinates obtained in the topographic survey carried out on the day of the inspection, it is determined that the property in question is located within the Parque Nacional Piedras Blancas. Also, based on official communication ACOSA-RNSG-PNPB-AD-043-2012, it is ratified that the property is located entirely within the limits of the Parque Nacional Piedras Blancas and that it has not been paid for by the State to the undersigned in our capacity as owners. Seventh: It should be clarified that the ADMINISTRATIVE WARNING visible in the Registro de la Propiedad appears associated with notarial instrument number: NOVENTA Y CINCO, volume: SEIS, of notary public Jorge Luis Zúñiga Elizondo, at the time with an office in San José, Pérez Zeledón, San Isidro, fifty meters west of Plaza Villa Herrera, dated December 14, 2012, at 12 hours. In said instrument, [Name 002] AND [Name 026] (registered owners of the property) appear requesting a rectification of measurement with an increase. Eighth: That the undersigned, in our capacity as owners, were de facto expropriated, and we have received neither prior nor subsequent indemnification for the value of the real property from the Costa Rican State. Based on the filings made by the Fiscalía de Osa to the Juzgado Penal de Osa dated February 29, 2012, and February 17, 2015; as well as the judicial ruling issued by the Juzgado Penal de Osa on April 16, 2012, at seven hours, the status of the plaintiffs here is evidenced and ratified, both in their position as registered titleholders of the property and regarding the nonexistence of any indemnification for the value of the real property from the State concerning the de facto expropriation to which we have been subjected. Ninth: The plaintiffs here have not known any expropriation proceeding or anything similar; the only thing they have suffered is the dispossession carried out by MINAE officials. That currently, we cannot exercise the right of possession, we cannot enter the property, we cannot enjoy the real property, and neither do we receive payment for environmental services as we did previously. Tenth: That [Name 002] and [Name 026] have been dispossessed of real property 6- [Value 015]-001 and 002 arbitrarily, without any possibility of claim; MINAE personnel removed us from the property, and we have not been able to return. This has caused us suffering, anguish, uncertainty, to the point of not being able to sleep, of asking for answers, without us knowing to this day why we were removed. We endured a criminal proceeding hopeful that it was the solution, and that did not happen either. To this day, we cannot use our property that we bought with much sacrifice, and unscrupulously, people from MINAE expropriated us without any payment; that does not let us sleep, it truncated the future of our family and our dreams."

b. Allegations of the ESTATE through the Procuraduría General de la República.

i. In essence, the allegations raised by the State's representation were, and as is relevant to this jurisdictional ruling, the following: "The report on the location of the farm lacks rigor and graphic support. On the contrary, in official communication SINAC-ACOSA-P13-OFAU-INF-002-12, it is concluded that the points taken with GPS on the lanes of the property (Polygon No. 1) do not coincide with those established in cadastral map P-0344831-1979 (Polygon No. 2). The report proves that there is a considerable displacement with respect to Polygon No. 1 (Folio 152 of the administrative file. Evidence No. 1). That is, we are not even talking about an overlap, but a total displacement. Therefore, it is false that the displacement between what is described in the cadastral map and the occupation on site qualifies as 'non-significant'.... 6) I only admit as true the existence of Dictamen de Análisis Criminalístico No. 0419-ING-2014. Regarding its content, I refer to the full text that comprises it. It is important to highlight that the report concludes that there is a displacement of 1,600.00 meters between the boundaries - indicated by the complainant on the day of the inspection - and cadastral map P-344831-1979. In any case, Article 4 of the decree creating the Park prescribes that private lands shall be considered part of it when the State acquires them, but until this occurs, the owners shall enjoy all the attributes of ownership. I have no evidence and deny that the administrators of the State-owned lands of the Park prevent the plaintiffs from accessing the farm. I insist: under the terms prescribed by Article 4 of the decree creating the Park, private lands shall be considered part of it when the State acquires them, but until this occurs, the owners shall enjoy all the attributes of ownership. It is not true that there was a dispossession and that because of it, the plaintiffs have been unable to receive payment for environmental services. As stated in official communication ORPN-OF-0425-2016 of December 6, 2016, the plaintiffs submitted, for the 2013 period, an application for enrollment in Pagos por Servicios Ambientales, which was assigned the consecutive number PN01019913. However, it was archived due to lack of budget availability in that period. Therefore, the lack of payment is justified by reasons unrelated to those the plaintiffs accuse (arbitrary dispossession since 2009), which is highly reprehensible and denotes the procedural bad faith with which they act.... 10) I have no evidence. I deny that the administrators of the State-owned lands of the Park prevent the plaintiffs from entering the farm. The accusation raised by the plaintiffs is very serious and is not supported by any evidence. On the contrary, the factual picture points to the nonexistence of threats and dispossessions. And that was precisely the reason why the criminal complaint for usurpation against 'unknown persons' was dismissed. Now, despite the existence of an express norm that guarantees the rights of owners of duly registered private farms, the plaintiffs assert that they were dispossessed in fact, and that the State must pay the value of the property, as they believe that the inclusion of the farms within the limits of the Park obligates the State to indemnify. However, this assessment disregards the legal norms that regulate the process by which private land is incorporated into protected wild areas. Article 2 of the Ley Forestal (No. 7575 of February 13, 1996) establishes: 'Article 2.- Expropriation. The Poder Ejecutivo is authorized to, through the Ministerio del Ambiente y Energía, establish protected wild areas on privately owned lands, whatever their management category, by virtue of the natural resources existing in the area to be protected, which are compulsorily subject to the forest regime. These lands may be voluntarily integrated into the protected wild areas or directly purchased when there is agreement between the parties. Otherwise, they shall be expropriated in accordance with the procedure established in the Ley de Expropiaciones, No. 7495, of May 3, 1995, and its amendments. When, with prior scientific and technical justification of public interest, it is determined by law that the land is essential to conserve biological diversity or water resources, a limitation on property shall be constituted that will prevent cutting trees and changing land use (cambio de uso del suelo). This restriction must be registered as an encumbrance (afectación) in the Registro Público.'

The State shall give priority to the expropriation of the lands."

 

The State's representation continues to state that "This rule must be analyzed in conjunction with Article 37 of the Organic Environmental Law (No. 7554, of October 4, 1995), according to which lands shall only be incorporated into the protected wild area (ASP) once payment has been made or when the party voluntarily subjects it to a forest regime: 'Article 37.- Powers of the Executive Branch. When establishing protected wild areas, regardless of their management category, the Executive Branch, through the Ministry of Environment and Energy, is empowered to include, within their boundaries, the private properties or parts thereof necessary to fulfill the objectives set forth in this law and to implement them in accordance with the respective management plan or to create legal easements (servidumbres legales) for ecological protection and compliance with this law. In the case of national parks, biological reserves, or state-owned national wildlife refuges, the lands shall be acquired by purchase, expropriation, or both procedures, upon prior compensation. In the cases of forest reserves, protective zones, mixed wildlife refuges, and wetlands, the properties or parts thereof may also be purchased or expropriated, unless, at the owner's request, they are voluntarily subjected to the forest regime. Such subjection shall be registered in the Public Property Registry as an affectation on the property, which shall be maintained for the time established in the management plan. Private properties affected according to the provisions of this article, due to being located in national parks, biological reserves, wildlife refuges, forest reserves, and protective zones, shall be included within the state protected areas only from the moment they have been legally paid for or expropriated, except when they are voluntarily subjected to the Forest Regime. In the case of forest reserves, protective zones, and wildlife refuges, and should payment or expropriation not have been carried out, and while it is carried out, the areas shall be subjected to an environmental management plan (plan de ordenamiento ambiental) that includes the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) and subsequently, to the plan for management, recovery, and restoration of resources. (Thus amended the previous paragraph by Article 72, subsection c) of the Forestry Law, No. 7575 of February 13, 1996, which in turn was amended by Article 114 of the Biodiversity Law, No. 7788 of April 30, 1998).'"

 

The body representing the State concludes by stating: "Well then, based on the foregoing, it is possible to establish three fundamental aspects for resolving this matter:

-There is a principle-based competence for the State to include, within the ASPs, the private lands necessary for fulfilling the purposes of environmental protection.

-Private properties included within an ASP shall only be considered part of it once the property has been paid for. As long as it has not been paid for, the property shall maintain its status as private property, so the mere issuance of the creation decree does not establish an obligation to recognize the requested compensation.

-If the party voluntarily subjects their property to a forest regime, no type of payment is necessary. As relevant here, the possibility of including private assets within the boundaries of a protected wild area falls within the legitimate exercise of a competence derived from the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment. A competence that, being expressly defined in the law, merits no further discussion. Hence, the location of the property within the boundaries of Piedras Blancas Park is a valid administrative act. And on the other hand, it is clear that the creation decree causes no harm whatsoever to the plaintiffs herein, nor does it generate the right to be compensated, as they seem to understand it. That right arises if a violation of their property right is incurred. Not before. And in this case, there is not even evidence of Article 45 of the Constitution having been infringed or threatened, to the detriment of the plaintiffs."

 

Based on the foregoing, the State representation filed the exceptions of LACK OF RIGHT and LACK OF PASSIVE LEGITIMATION and requested, based on said defenses, that they be upheld and that the present lawsuit be declared without merit in all its aspects and that the plaintiffs be ordered to pay both costs, as well as the interest that such sums generate from their finality until their effective payment.

 

c. Allegations of the National System of Conservation Areas (SINAC).

 

The National System of Conservation Areas (SINAC), through the brief contesting the lawsuit and in what is relevant for this ruling, stated the following which we proceed to set forth:

" 3) Upon consulting File OS«03-P13-019-2002, as of today's date, April 27, 2017, no folio was found where officials of MINAE and SINAC have prohibited or regulated in any way the entry to the property of the recurrent parties, map P-0344831-1979, so in alleging this fact the plaintiffs are incorrect. 4) It is partially true, given that the disturbance suffered is a subjective matter on the part of the plaintiffs; however, it is true that the plaintiffs filed a process in the Criminal Court, Judicial File number 09401085-0455-PE, which ended up being dismissed.".....

 

5) .....D) In folios 0140 to 0152. Report SINAC-ACOSA-F13-OFAU-INF-002-12 is generated, the following is derived from this report: The field inspection was carried out over three days. It was accompanied by Mr. ([Name 002]) and Mr. José Sánchez, who with their laborers cleared the inspection lines (carriles) so that we, the officials, could carry out the inspection. ...... From the points taken with GPS, reviewing folio 0145, the polygon generated from the points taken with GPS and georeferenced on the Rincón cartographic sheet can be observed, data taken during the three days in which the survey of inspection lines was carried out. In folio 0144- The adjacent property owners can be observed; simultaneously, the assembly of the adjacent property owners' maps onto those coordinates is performed, yielding the adjacent owners, [Name 020], Compañía Hermanos Brenes, [Name 021], [Name 022], [Name 019] and [Name 008], which said map overlaps with the polygon surveyed in the field. Today, mostly State lands. The polygon in question is located at vertical coordinates 542,700-545,800 and horizontal coordinates 295,800-298,300, approximately; at a certain distance and displacement by coordinates from the traverse described in map P-0344831-1979, which is why the National Cadastre must be requested to carry out a complete survey of the property shown by Mr. Sánchez and Mr. Montero where they have exercised possession (forest harvesting (aprovechamiento) and Forest Protection Certificate) with a total station to avoid data collection with GPS, which can yield displacements of up to one meter, and performed by topographical engineers..... In report SINAC-ACOSA-P13-OFAU-INF-002-12. Upon reviewing Folio 144 of the file, a mosaic of adjacent and overlaid map locations is made with the polygon obtained in the field inspection. It can be seen that four of the adjacent owners do not show overlap with said polygon and the owners of those lands have recognized Mr. ([Name 002]) as an adjacent owner; the fifth adjacent owner, [Name 018], shows one end of what was their property (State) overlapping with the polygon surveyed in the field, and Mr. Álvarez's map is from 1990 and lists Mr. [Name 008] as an adjacent owner. Another finding was that the map with which the State paid for the property to Mr. [Name 008] overlaps this polygon by almost 90% approximately. Upon reviewing the file for payment of lands to Mr. [Name 008], it is indicated that said property was paid for with map P-870B38-90, and with Ad perpetuam Memoria information, carried out in the Agrarian Court of Corredores, with a final judgment declaring Mr. [Name 008] as possessor of the property.

 

SINAC continues to state: ....."6) It is true, the property has a Criminalistics Analysis opinion number 0419-ING-2014, which determines the displacement between the inspection boundaries and the geographical location of map P-0344831-1979, which indicates it is attributed to what is stated in Point Five. In this regard, the due comment was already made in Point Five. It should be noted by this representation that even though it is true that the land according to the map is located within Piedras Blancas National Park, the corresponding payment has not been made for the existing displacements in addition to the overlaps with the properties acquired by the State; the Conservation Area, within the field reports conducted, does not question this point. No file has been found in the archives of properties paid for where any payment of properties in the name of [Name 017], [Name 003], and [Name 002] has been carried out; however, it is recorded that on this property, expropriations with perpetua memoria were paid to several of the occupants. That in the geographical space occupied by that described in map P-0344831-1979 and in the geographical space occupied by the polygon arising from the survey of inspection lines in the inspection carried out on October 8, 2012: report SINAC-ACOSA-F13-OFAU-INF-002-12, the State has paid for properties to the persons mentioned in File O5-03-P13-019-2002. It is concluded, then, that the State has not paid Mr. ([Name 002] and [Name 017]) and [Name 003] for lands, whatever they may be. It has granted them permits for forest harvesting and environmental services payments (Pago de Servicios Ambientales) on the land described in the polygon described in Report SINAC-ACOSA-P13-OFAU-INF-002-12." (The bold underlining does not correspond to the original).

 

III. PROVEN FACTS. As such and of relevance for the issuance of this judgment, the following are held as proven: 1) That the late Mr. [Name 002], and Mrs. [Name 003], appear in the Public Registry of Immovable Property as owners of the property of the Partido de Puntarenas, registration number 6- [Value 015]-001-002. (see lawsuit at image 34 and image 40 of the administrative file and folios 130 and 132 of administrative file No. OS-03-P13-019-2002 in the name of the plaintiffs ([Name 002] and [Name 017]) and [Name 003]). 2) That the property indicated in the immediately preceding fact has cadastral map number P-344831-1979, which indicates a measurement of two hundred fifty-seven hectares, nine thousand six hundred sixty-two square meters and eighty square decimeters, that is, two million five hundred seventy-nine thousand six hundred sixty-two square meters and eighty square decimeters (2,579,662.80 m2) (see folios 135 and 136 of administrative file No. OS-03-P13-019-2002 in the name of the plaintiffs ([Name 002] and [Name 017]) and [Name 003]). 3) That through an administrative procedure whose purpose was the investigation of alleged anomalies in the handling of the process for the payment of lands in the names of Mr. [Name 008], [Name 009], [Name 018], and [Name 019], in Piedras Blancas National Park, of the Osa Conservation Area, a procedure initiated by the plaintiffs herein, through the resolution issued at fifteen twenty hours on March seventeen, two thousand four, the Ministry of Environment and Energy, and for what is relevant to this judicial ruling, in the final act of said procedure, established the following: "WHEREAS: ....FIFTH: That the State acquired, more than ten years ago, properties that in their time belonged to Mr. [Name 018], [Name 019], [Name 009], [Name 008], purchased in the following manner: a.-The first property was purchased with specific funds destined for the National Parks Fund; b.-The second property was acquired through a donation made by the Verein Foundation of Austria; c.-The last two properties with specific funds from the Legislative Assembly destined for the National Parks Fund. According to the administrative files, the purchases were made under the protection of legal documents which in their content constitute the cadastral map of the property, and the Perpetua Memoria Judgment on the possession rights of each of the owners over the acquired properties." (see folio 084 of Administrative File No. OS-03-P13-019-2002 in the name of [Name 002], and of [Name 003]). 4) In the same resolution issued at fifteen twenty hours on March seventeen, two thousand four, issued by the Ministry of Environment and Energy, the following was stated in the recital section: "CONSIDERING: FIRST: That as derived from the analysis of the reports and administrative files, among other things the following points: A.- That in the Conservation Area it has not been possible to achieve the exact location in the field, specifically in Piedras Blancas National Park of the Osa Conservation Area, of the property that the appellants claim is theirs. This is because, in accordance with the information contained in the cadastral map provided by Mr. [Name 002], and according to the reports and field visits carried out by different officials of the Conservation Area, it has not been possible to geographically locate, in an exact manner, the property owned by [Name 002], and Mrs. [Name 003]". (see said administrative resolution at folio 085 of Administrative File No. OS-03-P13-019-2002 in the name of [Name 002], and of [Name 003]). 5) That map P-0344831-79 in the name of [Name 005] with identity card 1-375-739, with an area of 257 ha 9662.80 m2, of land located in the Trocha sector of Piedras Blancas National Park, in the Province of Puntarenas, Canton Golfito, district Golfito, and located on the Piedras Blancas cartographic sheet, scale 1:500 of the IGN, at Lambert coordinates N 542900/544900 E 295100/297100 overlaps, that is, it overlaps with the following properties: 1. [Name 010] Luis, File OS-03-P13-055-2002, map P-870839-89, with an area of 299 ha 6164.21 m2, sold to the State and registered in the real folio registration number [Value 009]. 2. [Name 009], file OS-03-P13-054-2002, map P-0870837-89, with an area of 101 ha 2454.34 m2 sold to the State, property number [Value 010]. 3. [Name 008], file OS-03-P13-056-2002, map P-0870838-90, with an area of 296 ha 1377.19 m2 sold to the State. 4. [Name 011], [Name 012], [Name 013], [Name 014], file OS-03-P13-066-2002, with map P-48946-72. Not purchased. (see report of the National Cadastre at images 868 to 886, entitled "Technical Report to determine parcel contradictions in the properties of Puntarenas registrations [Value 015], [Value 014], [Value 013], [Value 011], and [Value 012]", at folio 098 of the administrative file of the plaintiffs No. OS-03-P13-019-2002, the office report ACOSA-PNB-TT-055-08 of November 23, 2008, signed by Engineer Joel García Medina, Land Tenure Department Piedras Blancas National Park, at folio 152 of the same administrative file of the plaintiffs, official letter SINAC-ACOSA-P13-OFAU-INF-002-12 of December 8, 2012, signed by Licenciada Ana Cecilia Medina Gutiérrez, Administrator of Piedras Blancas National Park, entitled "Verification report of inspection lines and other uses in property registration [Value 015]-001, map P-0344831, located in Piedras Blancas National Park", where the result of the field inspection carried out by SINAC officials on October 8 and 9, 2012, is transcribed. Both documents in administrative file No. OS-03-P13-019-2002 in the name of [Name 002], and of [Name 003]). 6) That the overlap indicated in the immediately preceding proven fact of map P-0344831-1979 of the plaintiffs' property, of the Partido de Puntarenas, registration 6-[Value 015], with the following maps of properties belonging to the State, occurs in the following magnitudes: 1. There is partial overlap between cadastral map P-344831-1979 (property 6-[Value 015]) and cadastral map P-870839-1989 (property 6-[Value 014]), as observed in figure No. 18 of the report cited infra in parentheses. 2. There is partial overlap between cadastral map P-344831-1979 (property 6-[Value 015]) and cadastral map P-870838-1990 (property 6-[Value 013]), as observed in figure No. 19 of the report cited infra in parentheses. 3. There is total overlap between cadastral map P-344831-1979 (property 6-[Value 015]) and cadastral map P-870837-1989 (property 6-[Value 011]), as can be observed in figure No. 20 of the report cited infra in parentheses. 4. There is partial overlap between cadastral map P-344831-1979 (property 6-[Value 015]) and cadastral map P-639797-1986 (property 6-[Value 012]), as observed in figure No. 21 of the report cited infra in parentheses. All properties belonging to the State. (see report of the Technical Cadastral Department-Cadastral Subdirectorate, Immovable Property Registry of the National Registry, entitled "Technical report to determine parcel contradictions in the properties of Puntarenas registrations [Value 015], [Value 014], [Value 013], [Value 011], and [Value 012]" regarding them being properties belonging to the State, see images 877, 879, 881, and 883. And regarding the overlaps noted ut supra of map P-344831 corresponding to the plaintiffs' property, registration [Value 015]-002, with the maps of said properties, see images 884, 885, and 886 of the electronic file). 7) That the purchases that the State made of the properties mentioned above in the two immediately preceding facts were made at that time without being registered, but corresponding to the map numbers indicated ut supra, and set forth in the following order: a) File corresponding to Mr. [Name 010] Luis, file No. OS-03-P13-055-2002, called "Land Purchase Strategy Piedras Blancas National Park", at folio 019 where public deed No. 615 is recorded, for the purchase-sale of the referred property, map number P-870839-1989 (now State property 6-[Value 014]) by the State from said gentleman, executed before State Notary Zianne Monturiol Varani, at 08:00 hours on 01/07/1993. b) Administrative File No. OS-03-P13-054-2006, in the name of Mr. [Name 009] called "Land Purchase Strategy Piedras Blancas National Park", where it is recorded at folio 011, public deed No. 1589, for the purchase-sale of the referred unregistered property, cadastral map P-870837-1989 (now State property 6-[Value 011]) by the State from said gentleman, executed before State Notary, Licenciado Pablo Casafont Odor at 08:00 hours on January 17, 1994. c) Administrative File No. OS-03-P13-056-2002, called "Land Purchase Strategy Piedras Blancas National Park", in the name of Mr. [Name 008], where it is recorded, in ascending order, at folios 418, 417, and 412, public deed No. 1590, for the purchase-sale of the unregistered property with cadastral map number P-870838-1990 (now State property 6-[Value 013]), executed before State Notary, Licenciado Pablo Casafont Odor at 9:00 hours on January 17, 1994. d) In Administrative File No. OS-03-P13-045-2002, called "Land Purchase Strategy Piedras Blancas National Park", at folio 038, the donation made by the Bosque Húmedo de Esquinas Association in Costa Rica to the State is recorded, for the unregistered property with cadastral map number P-639797-86 (now State property registration 6-[Value 012]), through public deed executed before Notary Public Alvaro Meza Lazarus, number 78 at sixteen hours on February twenty-fifth, nineteen ninety-seven). EVIDENCE ASSESSMENT CRITERION: For this Tribunal, the evidence supporting the previous facts that have been considered proven is of full validity since these items of evidence were not objected to by the parties, nor have they been discredited when contrasted with other means of proof.

 

IV. UNPROVEN FACTS. Of relevance, the following are held: 1) That the plaintiffs credibly established in material reality (in situ or in loco) the area of their property, registration [Value 015]-001-002, after a contrast of maps, through the analysis mechanism called "map mosaic", with the placement of cadastral maps of properties located in Piedras Blancas National Park of Osa, belonging to the State; also taking as part of said map mosaic map P-0344831-1979, corresponding to the plaintiffs' property. (absolute lack of proof in that sense). .

 

V. MERITS OF THIS MATTER. a. Object of this process. The object of this cognizance process concerns an action for the purpose of claiming indexed payment for the property, of the Partido de Puntarenas, registration [Value 015]-001-002, which is located within a national park, specifically Piedras Blancas National Park, declared under Executive Decree number 23153-MIRENEM of April 19, 1994. Plus the collection of lost profits (lucro cesante) or interest at the legal rate from the year 2009 until effective payment, and damages and losses (daños y perjuicios) including moral damages (daño moral). Or should said main claim not succeed, as a subsidiary claim the recovery of said property, the permission of free access to it, and its exclusion from Piedras Blancas National Park, with the respective modification of the executive decrees creating said National Park (Executive Decrees No. 20522-MIRENEM of July 17, 1991, No. 21781-MIRENEM of November 10, 1992, and No. 23153-MIRENEM of April 19, 1994), and the payment of damages and losses including moral damages.

 

 b. Object of debate. The debate has centered on the discussion regarding the issue of whether the area indicated on the map of the plaintiffs' property and which was encompassed within the coordinates that fixed the boundaries of Piedras Blancas National Park, map number P-0344831-1979, through the executive decrees cited ut supra No. 21781-MIRENEM of November 10, 1992, and No. 23153-MIRENEM of April 19, 1994, is the area that in reality corresponds to the plaintiffs' property of the Partido de Puntarenas, registration [Value 015]-002, (in two rights), or whether the map in question is overlapped with State lands because the State has paid for these to their previous owners.

 

c. Of the legal regime applicable to National Parks, specifically regarding the legal status of lands declared part of them from their declaration and as long as the State does not compensate the owners of the lands that have been the object of said declaration. For a better understanding of the subsequent development of this ruling, we consider that, as a preliminary matter, what is established at the legal and jurisprudential level should be set forth with respect to the scope entailed by the declaration, via Law or Executive Decree, of a territorial area as a national park, which entails the affectation of said lands to the ecological heritage component of the State. This is so because the Organic Environmental Law number 7554, published in the Official Gazette La Gaceta of 13/11/1995, in its Article 37 grants the Executive Branch the power to make extensions to a declaration of national parks that has been made by law, or even to make that declaration via executive decree.

 

i. Legal Regime. The regulations that directly apply to the specific case are those found in the following laws of the Republic, let us see:

 

1) Biodiversity Law number 7788 of April 30, 1998, published in the Official Gazette La Gaceta No. 114 of May 27, 1998, which in its Article 114 established a reform to Forestry Law No. 7575, in the following terms:

"FINAL AND TRANSITORY PROVISIONS.

 

ARTICLE 114.-

 

The following provisions of the Forestry Law, No. 7575, of February 13, 1996, are hereby amended:

 

2.- Subsection c) of Article 72, the text of which shall read:

 

"Article 72.-

 

Modifications

 

 

[...]

 

c) Article 37.-

 

Powers of the Executive Branch Private properties affected according to the provisions of this article, due to being located in national parks, biological reserves, wildlife refuges, forest reserves, and protective zones, shall be included within the state protected areas only from the moment they have been legally paid for or expropriated, except when they are voluntarily subjected to the Forest Regime. In the case of forest reserves, protective zones, and wildlife refuges, and should payment or expropriation not have been carried out, and while it is carried out, the areas shall be subjected to an environmental management plan (plan de ordenamiento ambiental) that includes the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) and subsequently, to the plan for management, recovery, and restoration of resources."

 

2) 1) Organic Environmental Law number 7554 of October 4, 1995, published in the Official Gazette La Gaceta No. 25 of November 13, 1995.

 

"Article 37.- Powers of the Executive Branch. When establishing protected wild areas, regardless of their management category, the Executive Branch, through the Ministry of Environment and Energy, is empowered to include, within their boundaries, the private properties or parts thereof necessary to fulfill the objectives set forth in this law and to implement them in accordance with the respective management plan or to create legal easements (servidumbres legales) for ecological protection and compliance with this law.

 

In the case of national parks, biological reserves, or state-owned national wildlife refuges, the lands shall be acquired by purchase, expropriation, or both procedures, upon prior compensation. In the cases of forest reserves, protective zones, mixed wildlife refuges, and wetlands, the properties or parts thereof may also be purchased or expropriated, unless, at the owner's request, they are voluntarily subjected to the forest regime. Such subjection shall be registered in the Public Property Registry as an affectation on the property, which shall be maintained for the time established in the management plan.

 

Private properties affected according to the provisions of this article, due to being located in national parks, biological reserves, wildlife refuges, forest reserves, and protective zones, shall be included within the state protected areas only from the moment they have been legally paid for or expropriated, except when they are voluntarily subjected to the Forest Regime. In the case of forest reserves, protective zones, and wildlife refuges, and should payment or expropriation not have been carried out, and while it is carried out, the areas shall be subjected to an environmental management plan that includes the environmental impact assessment and subsequently, to the plan for management, recovery, and restoration of resources.

 

(Thus amended the previous paragraph by Article 72, subsection c) of the Forestry Law, No. 7575 of February 13, 1996, which in turn was amended by Article 114 of the Biodiversity Law, No. 7788 of April 30, 1998).

The Executive Branch is empowered to, through the Ministry of Environment and Energy, carry out the expropriations contemplated in this article, in accordance with the provisions of the Expropriations Law No. 7495, of May 3, 1995." (The highlighted text does not correspond to the original).

 

ii. Contribution of Jurisprudence.

 

 

i.a Jurisprudence of the CONSTITUTIONAL CHAMBER. Through Vote No. 09231-2002 of ten hours and fifty-four minutes of September twenty, two thousand two, it stated in a matter where the Appellant claimed non-payment for a property declared part of the Tenorio Volcano National Park, the following:

"In light of the foregoing, it should be noted that the right to property, like most rights, is not unrestricted and is consequently subject to limitations. However, such limitations must be due to the existence of a legally verified public interest or limitations of social interest decreed by law approved by qualified vote, for which the administered party must receive the respective prior compensation. Likewise, in the specific case of properties located within protected areas of national parks and biological reserves, among others, as long as payment of said compensation is not made, the properties cannot pass into the hands of the State, and consequently, there is no valid reason for the former to deprive the owners of the enjoyment of their property." (The highlighted text does not correspond to the original).

 

VI. This Tribunal's criterion. Ergo, based on what has been stated ut supra, we can see that the MAIN claims of the plaintiffs in relation to the property of the Partido de Puntarenas registration [Value 004]-002, which they claim to be their property, are the following: 1) That the Costa Rican State be condemned and ordered to pay the current and indexed value of the property subject to litigation, that is, property [Value 004] and 002, assessing the great natural wealth and ecological resources it contains.

3) That the Costa Rican State be condemned and ordered to pay lost profits (lucro cesante) or interest at the legal rate in accordance with Article 1163 of the Civil Code, from the year 2009 until the effective payment of the value of the property. 4) That the State be condemned and ordered to pay damages, principally the payment of subjective moral damages (daño moral subjetivo) or harm. With respect to these claims we can observe that from the list of proven facts, and specifically for this point, proven fact number 3 indicates the resolution issued by the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA at fifteen hours and twenty minutes on the seventeenth of the year two thousand four, which states textually: That through an administrative procedure whose purpose was the investigation of alleged anomalies in the handling of the process for the payment of lands in the name of Messrs. [Name 008], [Name 009], [Name 018], and [Name 019], in the Parque Nacional Piedras Blancas, of the Área de Conservación de Osa, a procedure initiated by the plaintiffs herein, the Ministerio de Ambiente y Energía, in the final act of said procedure, established the following: "RESULTANDO .... FIFTH: That the State acquired more than ten years ago, farms that belonged in their time to Messrs. [Name 018], [Name 019], [Name 009], [Name 008], purchased in the following manner: a.- The first farm was bought with specific funds destined for the Fondo de Parques Nacionales; b.- The second farm was acquired through a donation made by the Fundación Verein of Austria; c.- The last two farms with specific funds from the Asamblea Legislativa destined for the Fondo de Parques Nacionales. As recorded in the administrative files, the purchases were made under the protection of legal documents which in their possession constitute the cadastral map (plano catastrado) of the property, and the Perpetual Memory Judgment (Sentencia de Perpetua Memoria) on the possession rights of each of the owners over the acquired farms. CONSIDERANDO: FIRST: That as derived from the analysis of the reports and administrative files, among other things the following points: A.- That in the Área de Conservación it has not been possible to carry out the exact location in the field, specifically in the Parque Nacional Piedras Blancas of the Área de Conservación de Osa, of the farm that the appellants claim is their property. The foregoing, given that in accordance with the information contained in the cadastral map provided by Mr. ([Name 002]), and according to the reports and field trips conducted by the various officials of the Área de Conservación, it has not been possible to geographically locate, in an exact manner, the farm owned by [Name 002] and Mrs. [Name 003]." (The underlining does not correspond to the original).

 

For its part, it can be observed in proven facts fifth and sixth that in accordance with the evidence gathered therein, which is documentary and was not rebutted, in the report of the Catastro Nacional at images 868 to 886, entitled "Informe Técnico para determinar las contradicciones parcelarias en las fincas de Puntarenas matrículas [Value 015], [Value 014], [Value 013], [Value 011], y [Value 012]", visible at image 868 of the main file and prior to issuing the respective conclusions of said analysis, the Departamento de Catastro del Registro Nacional indicated that the methodology for said study was as follows: "To determine the registry origins of the Puntarenas farms with registration numbers [Value 015], [Value 014], [Value 013], [Value 011], and [Value 012], the different databases existing in the Registro Inmobiliario are consulted. In this way, the information belonging to these farms is consulted on the Imágenes de Inmuebles platform, specifically in the sections of “Tomos Físicos de la Propiedad”, “Fichas de inmuebles” and “Histórico de inscritos y presentados”, likewise, the current information of the farms is consulted within the Sistema de Folio Real using the database of the Sistema de Información Registral (SIRE) platform. On the other hand, to determine the cadastral origins of the farms under study or the possible affectation to the parcel status, a search of cadastral entries in the Sistema de Información de Planos (SIP) is carried out, using criteria such as: map number, farm number, name of titleholders (owners or possessors), name of neighbors adjacent to the property or by coordinate range covering the area subject to analysis. It is worth mentioning that the cadastral maps that do not present a course in national coordinates were georeferenced according to their location and geographical localization, taking into account elements such as boundaries, references to specific points, and the reality observed in the official cartography (orthophoto). Likewise, the maps used for the assemblies included within this report were drawn through the digitization of their respective courses. The area subject to analysis has the cartographic sheet called “Rincón” at a scale of 1:50,000, prepared by the Instituto Geográfico Nacional (IGN)."

It is thus, following the above methodology, that the referred Departamento de Catastro del Registro Nacional indicates that map number P-344831-79 corresponding to the farm of the Partido de Puntarenas, registration number [Value 016] (farm of the plaintiffs), overlaps with the maps set forth below in the following images:

 

 1. Partial overlap between cadastral map P-344831-1979 (farm 6-[Value 015]), and map P-870839-1989 (farm 6-[Value 014]). This latter farm belongs to the State (image 877 of the main file in descending order).

 2. Partial overlap between cadastral map P-344831-1979 (farm [Value 017]), and map P-870838-1989 (farm 6-[Value 013]). This latter farm belongs to the State (image 879 of the main file in descending order).

 

Figura N°19.

 

 

 

3. Total overlap between cadastral map P-344831-1979 (farm [Value 017]), and map P-870837-1989 (farm 6-[Value 011]). This latter farm belongs to the State (image 881 of the main file in descending order).

Figura N°20.

 

 

 

 

4. Partial overlap between cadastral map P-344831-1979 (farm [Value 017]), and map P-639797-1986 (farm 6-[Value 012]). This latter farm belongs to the State (image 883 of the main file in descending order).

Figura 21.

 

 

 

 

After presenting the above images in the referenced report, the Oficina Catastral del Registro Nacional issued the following:

 

CONCLUSIONS:

"According to the study of the farms of the Partido de Puntarenas registration numbers [Value 015], [Value 014], [Value 013], [Value 011], and [Value 012], it is determined:

1.- There is a partial overlap between cadastral map P- 344831-1979 (farm [Value 017]), and cadastral map P-870839-1989 (farm [Value 019]), as observed in figure No. 18 of this report.

2.- There is a partial overlap between cadastral map P- 344831-1979 (farm [Value 017]), and cadastral map P-870838-1990([Value 020]), as observed in figure No. 19 of this report.

3.- There is a total overlap between cadastral map P- 344831-1979 (farm [Value 017]), and cadastral map P-870837-1989 (farm [Value 022]), as observed in figure No. 20 of this report.

4.- There is a partial overlap between cadastral map P- 344831-1979 (farm [Value 017]), and cadastral map P-639797-1986 (farm [Value 021]), as observed in figure No. 21 of this report".

It is necessary to point out that all the aforementioned farms with which map P- 344831-1979 (farm [Value 017]) overlaps belong, according to proven fact number 7, today to the State through a purchase made by it from their former possessors, with the exception of one, the farm corresponding to cadastral map P-639797-1986 farm [Value 021], which was through Donation as described in that proven fact. We can also observe that said report from the Catastro Nacional is concordant with what the MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGIA indicated at the time in the aforementioned resolution, in the sense that the "Área de Conservación has not been able to carry out the exact location in the field, specifically in the Parque Nacional Piedras Blancas, of the Área de Conservación OSA, of the farm that the Appellants claim is their property. The foregoing, given that in accordance with the information contained in the cadastral map provided by Mr. ([Name 002]) and according to the reports and field trips conducted by the various officials, it was not possible to geographically locate said farm.

And the report from the Departamento de Catastro del Registro Nacional and what was indicated by the final act of the MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGIA, aforementioned, corresponds with the reports prepared by officials of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, which indicate the following: The report issued through official letter ACOSA-PNB-TT-055-08 of November 23, 2008, signed by Engineer Joel García Medina, of the Departamento de Tenencia de Tierras Parque Nacional Piedras Blancas, (see folio 152 of the same administrative file of the plaintiffs), which indicated that cadastral map P- 344831-1979 (farm 6-[Value 015]) superimposes on the same farms indicated in the report issued by the Departamento de Catastro del Registro Nacional, adding one more farm where the referenced cadastral map P- 344831-1979 (farm 6-[Value 015]) of the plaintiffs also overlaps, and that is the farm owned by [Name 011], [Name 012], [Name 013], [Name 014], file OS-03-P13-066-2002, with map P-48946-72, a farm not yet purchased by the State. And it concludes by pointing out in the report issued through official letter SINAC- ACOSA-P13-OFAU-INF-002-12 of December 8, 2012, signed by Licenciada Ana Cecilia Medina Gutiérrez, Administrator of the Parque Nacional Piedras Blancas, entitled "Informe de verificación de carriles y otros usos en la finca matrícula [Value 015]-001, plano P-0344831, ubicada en el Parque Nacional Piedras Blancas", where it is transcribed as a result of the field inspection carried out by SINAC officials on October 8 and 9, 2012, and what is relevant for this jurisdictional ruling is that in said inspection a polygon was established (called polygon #2) which is the area that was "trailed" (carrileada) by the plaintiffs as the area of their farm, which compared, furthermore, with the polygon of the cadastral map P-0344831 (called in said report polygon #1), resulted, through the use of GPS (geographic location system) location, in both polygons overlapping with farms that belong to the State (see proven fact number 5). Ergo, based on all of the foregoing and in light of the evidence that has been analyzed, the thesis unanimously held by this Tribunal is that in the present matter, the aforementioned claims of the plaintiffs are inadmissible by virtue of the fact that it has not been proven that they are the owners of a farm that is located in the Parque Nacional Piedras Blancas, since the evidence is categorical from which it can be inferred without any effort that the cadastral map under number P-0344831, and which according to the registry entry corresponds to the farm of the Partido de Puntarenas registration number [Value 004] and 002, is overlapped with properties that belong to the State, overlapping even totally with the State farm registration number 6-[Value 011], whose cadastral map is number P-870837-1989 (see graphic image No. 20), with partial overlaps also occurring with the other farms cited ut supra in the referenced Catastro Nacional report. In such a way that it is not possible to propose payment for expropriation of a good that does not appear in the field, when from the analyses performed and set forth ut supra what is concluded is that the cadastral map that corresponds to the farm that the plaintiffs claim is theirs and that is within the Parque Nacional Piedras Blancas, is overlapping farms that belong to the State through purchases made by it from their former possessors, and which it later registered through possessory informations (informaciones posesorias) as State properties. It is reiterated that in the case sub judice, this Tribunal does not even have the certainty that the farm being claimed exists in reality, since all the evidence set forth ut supra unequivocally points to it not existing, because the map that supports the registry inscription overlaps with lands of the Parque Nacional Piedras Blancas that belong to the State. In sum, due to what is set forth, it is unnecessary for this jurisdictional body to refer to the list of main and subsidiary claims indicated ut supra.

 

Now, in relation to the testimonies of the plaintiff party, we can see that witness [Name 023] declared: That that farm of the plaintiffs herein belonged to a man named [Name 006] who was a butcher in Pérez Zeledón, that he saw Mr. [Name 002] driving a tractor on that farm when he was extracting timber, that later the Parque Nacional Piedras Blancas was declared and they named said witness as an Advisory guide for the farmers who had properties in said park. That the plaintiffs were prohibited from working on that property from the moment it became part of the national park declaration, telling them that they had to do a perpetual memory information (información de perpetua memoria). That the plaintiffs worked on that farm maintaining it, that they were the Owners and that it was Don [Name 002] whom he saw driving a tractor, extracting timber (listen to recording of the oral and public trial starting at minute 0:59). For his part, witness [Name 025] Sandí: Declared that he did not see Doña [Name 026] working on that farm, that he lives in the Park. That he worked for Don [Name 002], clearing the trails (carriles). That Don [Name 002] was a timber merchant and that they were prohibited from performing work on the farm because it was declared a national park. That Don [Name 002] had a laborer who lived on the farm to whom he brought lunch. That they told him that some Government officials came to where that laborer was and slashed him with a machete, but that this is not something he can attest to personally. That he was a sawyer for Don ([Name 002]) (listen to witness statement at minute 1:22 to 1:25). For this Tribunal, by reason of the analysis carried out in this substantive considerando regarding the substantive legal situation of the property claimed by the plaintiffs, the content of said witness statements is irrelevant since it has been demonstrated that the claimants have not reliably and accurately proven the existence of the farm in question, being quite the contrary, that from the case file it is unequivocally derived that the good intended by them is located within State lands, this evidences that said testimonies project a clear perception of total uncertainty, since they refer to a good where at least one of the plaintiffs was seen working, which is refuted by the evidence that has been demonstrated in this proceeding, and which is that the good that, according to the plaintiffs' theory of the case, is claimed as belonging to them does not exist as private property; said lands being the property of the State; and it is by virtue of this that this jurisdictional body considers that those testimonies bear no pertinence whatsoever to the plaintiffs' claims, and hence their dismissal.

 

VII. Regarding the defenses of LACK OF RIGHT (FALTA DE DERECHO) and LACK OF PASSIVE LEGITIMATION (FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA) raised by the State. Based on all of the foregoing, the appropriate course in this proceeding is to accept the defenses of LACK OF RIGHT and LACK OF PASSIVE LEGITIMATION filed by the Procuraduría General de la República, and consequently the present lawsuit is declared without merit in all its aspects.

 

 

VIII. REGARDING COSTS.- In accordance with Articles 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo and 73 of the Código Procesal Civil, and this Tribunal not having judgment elements to reasonably consider that any of the assumptions indicated in Article 73.2 of the Código Procesal Civil, or those indicated in subsections a and b of Article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, have occurred to exonerate from the payment of costs; the plaintiff party is condemned to pay the costs of this proceeding. The condemnation is unanimously made in the abstract and therefore, pending liquidation in the sentence execution phase.

 

POR TANTO

 

The defense of LACK OF RIGHT and LACK OF PASSIVE LEGITIMATION raised by the Procuraduría General de la República is accepted. Consequently, the proceeding filed by the SUCCESSION of Mr. [Name 002] and Mrs. [Name 003] is declared WITHOUT MERIT in all its aspects. The plaintiffs -the losing party- are condemned proportionally according to the quantum that can be established for that concept, for the personal and procedural costs derived from this proceeding; which shall be liquidated in the execution phase once this pronouncement is final.

 

 

Ricardo Amán Díaz Anchía

 

 

Paulo André Alonso Soto                                      Francisco José Chaves Torres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




- Código Verificador -
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RK6AHS6HQFY61



 

Documento firmado por:

RICARDO AMAN DIAZ ANCHIA, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 16-009533-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

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