Res. 09020-2025 Tribunal Contencioso Administrativo — Municipal liability for annulment of construction permits after environmental damage caused by developerResponsabilidad municipal por anulación de permisos de construcción tras daño ambiental causado por el desarrollador

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 09020 - 2025

Fecha de la Resolución: 10 de Setiembre del 2025 a las 11:07

Expediente: 18-001185-1027-CA

Redactado por: Amy Lucía Miranda Alvarado





Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

18-001185-1027-CA - 5




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR/A:

	

INVERSIONES PELYO DEL ESTE S.A.




DEMANDADO/A:

	

EL ESTADO Y OTROS

 

 N° 2025009020

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, EQUIPO PRIMERO, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las once horas con siete minutos del diez de Setiembre del dos mil veinticinco.-

 

 Proceso de conocimiento interpuesto por la empresa INVERSIONES PELYO DEL ESTE S.A., representada por sus Apoderados Especiales Judiciales, el Lic. Manrique Jiménez Meza, divorciado una vez, vecino de Barrio Escalante, portador de la cédula de identidad número 1-0487-0250, y el Lic. Federico Peraza Bedoya, divorciado una vez, vecino de Pozos de Santa Ana, portador de la cédula de identidad número 1-1043-0088, en contra del ESTADO representado por la Procuradora Estatal, Licda. Ana Cecilia Chen Apuy, casada, vecina de Heredia, portadora de la cédula de identidad 1-0787-0209; la MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO (en adelante Municipalidad), representada por su Apoderado Especial Judicial, Lic. Rolando Alberto Segura Ramírez, casado una vez, vecino de Vásquez de Coronado, portador de la cédula de identidad número 1-0625-0122, y el SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (en adelante Senara), representado por sus Apoderados Especiales Judiciales, el Lic. Enmanuel López Vargas, casado, portador de la cédula de identidad número 7-132-772 y el Lic. Giovanni López Jiménez, divorciado, portador de la cédula de identidad número 1-0701-0815. Todos mayores y abogados.-

RESULTANDO

 I.- En fecha 07 de febrero de 2018, la empresa Inversiones Pelyo del Este S.A. interpone proceso de conocimiento en contra del Estado, Senara y la Municipalidad de Vásquez de Coronado, formulando las siguientes pretensiones: "1. Con lugar la presente demanda en todos sus extremos. 2. Que, por cumplirse con los requisitos para la aplicación de la responsabilidad objetiva de la Administración Pública, se condene solidariamente a las partes codemandadas, sean a SENARA, Estado y Municipalidad de Vásquez de Coronado, a los siguientes rubros fijados de manera prudencial -sin perjuicio de su adaptación durante el iter procedimental- hasta su reconocimiento en sentencia firme y definitiva, así: A. Por daño patrimonial, entendido por los gastos en que debió incurrir la parte actora por impulso causal y vinculante de las demandadas para la compra del terreno, y el valor de las edificaciones; a saber: ¢ 804.151.715 CRC (OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE COLONES COSTARRICENSES). B. Por perjuicios, los cuales son entendidos como las sumas dinerarias dejadas de percibir, equivalentes a lo que se hubiera obtenido en caso de haberse colocado para la obtención de créditos desde la base de lo que efectivamente se gastó, en títulos de deuda a seis meses plazo del Banco Nacional de Costa Rica, a saber: ¢ 210.679.142 CRC (DOSCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS COLONES COSTARRICENSES). 3. Se declare la condenatoria contra la Municipalidad codemandada, bajo el criterio de la sana crítica de los señores(as) juzgadores(as), por el daño moral ocasionado al buen nombre e imagen comerciales de la actora, en su actividad en el libre mercado nacional. Esto, por haber persistido esta Municipalidad, en la continuidad de la medida cautelar suspensiva inicialmente adoptada, a pesar de la existencia de criterios técnicos y jurídicos de órganos internos de la propia municipalidad que no avalaron la indicada suspensión de efecto continuado y la orden de la Sala Constitucional que condicionó tal suspensión a lo que fue cumplido por la actora en su oportunidad. Por este rubro se solicita la condena por la suma de ¢ 5.000.000 CRC (CINCO MILLONES DE COLONES COSTARRICENSES). 4. Se declare la condenatoria en forma solidaria contra las partes codemandadas al pago de los daños y perjuicios por las sumas supra indicadas, con la excepción del daño moral que corresponde única y exclusivamente a la Municipalidad demandada conforme lo indicado en la pretensión anterior (número 3). 5. Que, en la eventualidad que en sentencia se declare una condena en abstracto contra las partes co-demandadas, sea de manera total o parcialmente, se harán valer los derechos de nuestra representada en la etapa de ejecución de sentencia, no obstante la identificación y cuantificaciones precisas aquí señaladas y debidamente constatadas. 6. Se declare, contra las partes co-demandadas, la condenatoria solidaria del pago de los intereses legales hasta su efectiva cancelación y sin perjuicio de la indexación monetaria del caso. 7. Se declare, contra las partes co-demandadas, al pago solidario en ambas costas, sin perjuicio de lo arriba indicado en cuanto a los daños y perjuicios". (Ver demanda en imágenes 1 a 37 en expediente digital).-

 II.- Otorgado el traslado de ley, las accionadas se oponen a la acción, solicitando la Municipalidad de Vásquez de Coronado se rechace la demanda y la condena a la parte actora del pago de ambas costas. El Estado pide se rechace la demanda e interpone la falta de legitimación activa y pasiva y la falta de derecho, se condene al pago de costas e intereses a cargo de la parte actora. Y el Senara pide se declarar sin lugar la demanda y se condene al pago de las costas e interpone la falta de legitimación pasiva y la falta de derecho. (Ver imágenes 230 a 234, 238 a 272 y 273 a 303 del expediente digital judicial).-

 III.- La audiencia preliminar fue celebrada a las 13:35 horas del 6 de diciembre de 2018, con la presencia de los representantes de todas las partes. (Ver audiencia preliminar y minuta en expediente digital judicial).-

 IV.- El juicio oral y público, fue celebrado el 25 de noviembre de 2021, con la participación de todas las partes. En dicha audiencia por las condiciones sanitarias vigentes, se entra directamente a recibir la prueba pericial y testimonial admitida en la audiencia preliminar, se ordena la reposición del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado, siendo que una vez repuesto el mismo se da audiencia sobre dicha prueba y se otorga plazo para conclusiones. (Registro de la audiencia y autos en expediente digital judicial).-

 V.- En la sentencia número No. 10-2022-I de las once horas con quince minutos del veintisiete de enero del dos mil veintidós, de esta Sección, se dispuso: "Se admite la prueba para mejor resolver presentada por la Municipalidad de Vásquez de Coronado. Se rechazan las faltas de legitimación activa y pasiva interpuestas por el Estado y Senara. Se acoge la falta de derecho interpuesta por el Estado y Senara y respecto de la Municipalidad de Vásquez de Coronado, se acoge parcialmente. En consecuencia, se rechaza la demanda en lo que corresponde a los demandados Estado y Senara. Se declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta por Inversiones Pelyo del Este S.A. contra la Municipalidad de Vásquez de Coronado. Se condena a la Municipalidad de Vásquez de Coronado al pago del daño material de la sociedad actora, consistente en los gastos en que incurrió en la construcción realizada antes de la paralización de la misma, monto que se determinara en ejecución de sentencia en los términos señalados en el considerando de fondo de esta sentencia, en lo demás, entendiéndase rechazada la demanda en lo no expresamente concedido. En lo que corresponde a la parte actora y la Municipalidad de Vásquez de Coronado, el asunto se falla sin especial condenatoria en costas. Son las costas a cargo de la parte actora en lo que corresponde al Estado y Senara. Se condena asimismo al pago de intereses sobre las costas otorgadas a la parte actora, a favor del Estado desde la firmeza de esta sentencia y hasta su efectivo pago". (Ver imágenes 788 a 850 del expediente judicial digital).-

 VI.- Mediante resolución 315-F-S1-2025, de las 07:30 horas del 7 de marzo de 2025, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, se conoce el recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra la sentencia indicada en el resultando anterior, y dispone anular parcialmente la sentencia impugnada y se ordena el reenvío del proceso al Tribunal de origen para que proceda a dictar un nuevo fallo respecto de lo observado. (Ver imágenes 1011 a 1044 del expediente judicial digital).

 VII.- Se dicta esta sentencia dentro del plazo de ley, tomando en cuenta el plazo señalado por la Sala Primera para el dictado del nuevo plazo, tomando en cuenta que hasta el día 14 de agosto de 2025, se facilitó a la jueza ponente toda la prueba documental para la revisión de la misma, la deliberación y la nueva redacción de la sentencia, por unanimidad y previa deliberación de los integrantes del Tribunal, sin que se observen causales capaces de invalidar lo actuado.-

 Redacta la Juez Miranda Alvarado, con el voto afirmativo de las juzgadoras Zúñiga Mora y Gómez Chacón.

CONSIDERANDO

 I.- SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER: En la audiencia preliminar de las trece horas con treinta y cinco minutos del día seis de diciembre del dos mil dieciocho, la Municipalidad aporta una serie de documentos de los cuales el Juez de Trámite dio plazo a las otras partes para que se refirieran a la misma y que sería este Tribunal de Juicio quien determinaría su admisión o rechazo. Asimismo, el día del juicio oral y público la Municipalidad ofreció una nota fechada 23 de noviembre de 2021 respecto del valor declarado por la sociedad actora respecto de la finca número 569222 del Partido de San José y sobre dicho oficio se dio audiencia a las partes en ese momento. Sobre dicha prueba esta Cámara dispuso revisar la prueba durante la deliberación y decidir si la admitía o rechazaba. Ahora bien, una vez revisada la prueba, se concluye que parte de la misma ya consta en los expedientes administrativos admitidos como prueba, pero hay una actualización del certificado de uso de suelo al año 2018, este documento y el presentado del día del juicio, se admiten en tanto aportan elementos de prueba para la resolución de esta litis.-

 II.- DE LOS HECHOS PROBADOS.- De importancia para la resolución de este asunto, se tiene como debidamente acreditado lo siguiente: 1) La sociedad Inversiones Pelyo del Este S.A. es la propietaria registral de la finca del Partido de San José número 1-569222-000 y plano catastrado número SJ-1021582-2005. (Ver imagen 47 del expediente digital judicial); 2) Mediante certificado de zona número CZDIM-785-05 del 6 de octubre de 2005, la Municipalidad de Vásquez de Coronado, ante la solicitud de Inversiones Pelyo del Este, S.A., procede a otorgar el uso de suelo para la construcción de una estación de servicio en la propiedad del plano catastrado SJ-1021582-05. (Ver folio 2 del Tomo I del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 3) En fecha 20 de octubre de 2005, se presenta ante el Ministerio de Ambiente y Energía, el Formulario D1 de la Estación de Servicio Servicentro Coronado, planos, croquis y visados de la propiedad donde se construiría el Servicentro, descripción del proyecto, estudio arqueológico, estudio hidrológico, certificación de riesgo antrópico, perfiles del terreno, ubicación de perforaciones, estudio geotécnico y de mecánica de suelos, estudio de ingeniería básica del terreno, certificación de costo aproximado de la obra por 98.000.000.00, plano catastrado, certificación de Registro Público, certificación personería jurídica de Inversiones Pelyo del Este, S.A., documento de evaluación ambiental con matriz, formulario de inspección de campo del 28 de abril de 2006. (Ver folios 1 a 20; 21 a 32; 33 a 35, 42 a 47, 48 a 65, 66, 67 a 73, 74 a 76, 77 a 91, 92 a 99, 101, 102 a 114, 115 a 124, 126, 126 bis a 128 del Tomo I del expediente administrativo presentado por el Estado e imágenes 2 a 72 del Tomo I del cd de prueba); 4) Por oficio ASUB-033-06 del 26 de enero de 2006, el SENARA le indica al Arquitecto Octavio Lin Cousin respecto del Proyecto Estación de Servicio Servicentro Coronado, de la empresa Inversiones Pelyo de ESte, S.A., que deberá presentar una serie de documentación para poder resolver lo solicitado. (Ver imágenes 74 y 75 del Tomo I del cd de prueba); 5) Con oficio ASUB-170-06 del 1 de mayo de 2006, el SENARA rechaza aprobar el proyecto de Estación de Servicio de Hidrocarburos Pelyo por no cumplir el estudio de geología por considerar que la vulnerabilidad hidrogeológica es de media a alta. (Ver imagen 129 del Tomo I del expediente administrativo presentado por el Estado); 6) En fecha 07 de junio del 2006, la Secretaría General del SETENA solicita al señor Rafael Yong Chan una serie de documentación que debe aportar. (Ver imagen 130 del Tomo I del expediente administrativo presentado por el Estado); 7) Por oficio número CNE-DPM-0328-06 del 25 de agosto del 2006, el Jefe del Departamento de Prevención y Mitigación de la Comisión Nacional de Riesgos y Atención de Emergencias, le indica al señor Octavio Li Cousin por Inversiones Pelyo del Este. S.A. que respeto de la propiedad SJ-1021582-2005, no existe en el mapa de amenazas de dicha Comisión, información sobre una posible amenaza que pueda afectar esa propiedad, sin embargo, como existe un fallamiento local en las cercanías, es obligación de que el desarrollo se apegue estrictamente al Código sísmica vigente. (Ver folio 3 del Tomo I del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 8) Mediante oficio ASUB-363-06 del 04 de setiembre de 2006, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA), reconsidera el pronunciamiento SENARA ASUB-170-2006, sobre la construcción de una Estación de Servicio Almacenamiento de Combustibles, Servicentro Pelyo, y aprueba dicho proyecto, al establecer que la zona es de vulnerabilidad media. (Ver folios 4 y 5 del Tomo I del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 9) El 05 de setiembre de 2006, el señor Rafael Yong Chan entrega a la Setena una serie de documentación relacionada con el proyecto Estación de Servicio Coronado, expediente número DI-0109-2006-SETENA. (Ver imágenes 131 a 182 del Tomo I del expediente administrativo aportado por el Estado); 10) Por resolución número 2289-2006-SETENA, se le previene al representante legal de Inversiones Pelyo del Este, S.A., que presente una declaración jurada de compromisos ambientales y si la misma cumplía con los requisitos se procediera a nombrar regente y cancelar la garantía ambiental. (Ver imágenes 183 a 190 del Tomo II del expediente administrativo presentado por el Estado); 11) Por escrito de fecha 07 de diciembre de 2006, el señor Yong Chan cumple con lo requerido por la SETENA. (Ver imágenes 191 a 200 del Tomo II del expediente administrativo presentado por el Estado); 12) Por resolución numero 251-20017-SETENA de las 08:10 horas del 19 de febrero de 2007 se otorga la viabilidad ambiental al proyecto de la Estación de Servicios de Inversiones Pelyo del Este, S.A. (Ver imágenes 201 a 210 del Tomo II del expediente administrativo presentado por el Estado y folios 6 a 9 del Tomo I del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado e imagen 94 del Tomo I del cd de prueba);  13) Mediante oficio DGTCC-INF 03-08-07 se da visto bueno por parte de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible, a los planos y lote propuestos para la construcción y funcionamiento de la estación de Servicio de Inversiones Pelyo del Este, S.A. (Ver imágenes 104 y 105 de Tomo I del cd de prueba); 14) Por resolución R-DGTCC-577-2007-MINAE de las trece horas con cincuenta minutos del catorce de agosto de dos mil siete, se aprueba por parte de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Ambiente y Energía, los planos y lote propuestos para la construcción y funcionamiento  de la estación de Servicio de Inversiones Pelyo del Este, S.A. (Ver imágenes 103 a 106 de Tomo I del cd de prueba); 15) Por Certificado de Zona número 884-07 del 11 de setiembre de 2007, la Municipalidad de Coronado, renueva el certificado de uso de suelo de la propiedad del plano catastrado SJ-1021582-05. (Ver folio 10 y 11 del Tomo I del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 16) Mediante oficio SA-230-317 del 13 de noviembre de 2007, el Director de Ingeniería de la Municipalidad de Vásquez de Coronado, le indica al Ingeniero Alfredo Zeledón de Saneamiento Ambiental de dicho gobierno local, que por considerar que la zona está definida como de alta vulnerabilidad no se permiten actividades industriales  tipo A, por el alto riesgo de contaminación, por lo que no se autoriza el proyecto de construcción de Inversiones Pelyo del Este, S.A.  (Ver folios 12 a 14 del Tomo I del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 17) El rechazo del permiso de construcción, es comunicado a Inversiones Pelyo del Este, S.A., mediante oficios IN-300-1185 del 22 de noviembre de 2007 y IN-300-1220 del 05 de diciembre de 2007.  (Ver folios 15 y 16 del Tomo I del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 18) El 27 de noviembre de 2007, el representante legal de Inversiones Pelyo del Este, S.A., solicita reconsideración del rechazo del permiso de construcción. (Ver folio 294 del Tomo II del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 19) El 17 de enero de 2008, el representante legal de Inversiones Pelyo del Este, S.A. indica a la Municipalidad de Vásquez de Coronado, que siendo que el oficio IN-300-1220 del 05 de diciembre de 2007, condiciona la aprobación del permiso de construcción al cumplimiento de lo señalado por el Departamento de Saneamiento Ambiental, aporta documentación donde se demuestra que cumplió con lo requerido. (Ver folio 297 del Tomo II del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 20) De enero a abril de 2008, se da una seguidilla de notas y oficios entre el representante legal de Inversiones Pelyo del Este, S.A. y la Municipalidad de Vásquez de Coronado, reclamando el primero el cumplimiento de lo señalado por SENASA y SETENA y el otorgamiento del permiso de construcción. (Ver folios 17 a 196 del Tomo I y folios 299 a 308 del Tomo II del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 21) En fecha 02 de octubre de 2008, el representante de Inversiones Pelyo del Este, S.A., presenta ante la Municipalidad de Vásquez de Coronado, un recurso de revisión del rechazo de autorización del permiso de construcción de la estación de servicio; siendo que para su resolución el Departamento Legal de dicho ente local, solícita a SENARA criterio sobre la documentación aportada por el recurrente. (Ver folios 197 a 204 del Tomo I del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 22) Recibida la respuesta por parte de la SENARA, la Municipalidad de Vásquez de Coronado, a través del oficio AL-2000-887-09 del 23 de junio de 2009, concluye mantener lo resuelto en cuanto a la restricción correspondiente a la impermeabilización del proyecto de Pelyo del Este y el rechazo el mismo. (Ver folios 219 a 229 del Tomo I del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 23) A raíz del rechazo de la Municipalidad de Vásquez de Coronado de otorgar el permiso de construcción a la Estación de Servicio por consideraciones de tipo ambiental, del período de junio de 2007 a febrero de 2012, no se pudo entregar informes de regencia, por lo que SETENA renovó en ese período la viabilidad ambiental hasta noviembre de 2011, y por resolución número 2737-2011-SETENA, suspende el plazo de vigencia para el inicio de actividades hasta tanto ocho días antes el inicio de las obras se informe al SETENA para levantar la suspensión de la vigencia de la Viabilidad Ambiental. (Ver imágenes 211 a 314 del Tomo II del expediente administrativo presentado por el Estado y folios 288, 289, 307, 308 del Tomo II del expediente administrativo de la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 24) Por oficios S.A.2.3.34-583-11 del 07 de junio de 2011 y S.A.2.3.34-584-11 del 07 de junio de 2011, la Municipalidad de Vásquez de Coronado le indica a la empresa Inversiones Pelyo del Este, S.A., que se considera por parte del Departamento de Gestión Ambienta que no es ambientalmente factible ningún uso del suelo salvo el de protección hídrica y que por lo tanto no es factible una Estación de Servicio. Sin embargo, en el siguiente oficio le indica que puede estar disponible para otro tipo de construcción previa revisión del eso permitido y autorización del MINAE. Y se emiten dos certificados de Uso de Zona con fecha 10 de junio de 2011. (Ver folios 230 frente y vuelto, 231 a 244 del Tomo I del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 25) Con fecha 21 de junio de 2011, el representante de Inversiones Pelyo del Este S.A., interpone un recurso de revocatoria y apelación en subsidio con nulidad concomitante por la emisión del certificado de zona número 553-11 de fecha 10 de junio de 2011. El recurso de revocatoria es rechazado por oficio PU-2332-136-2011 de 12 de julio el 2011 y se le indica que en lo que a la apelación se refiere deberá dirigirse al Concejo Municipal. (Ver folios 245 a 249 del Tomo I del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 26) El día 27 de julio de 2011, el representante de Inversiones Pelyo del Este, S.A., plantea ante el Alcalde Municipal una apelación por inadmisión por el rechazo sin resolución del recurso de apelación. Dicha apelación le es resuelta rechazándola y notificada a Inversiones Pelyo del Este, S.A. el 23 de setiembre de 2011. (Ver folios 254 a 256 del Tomo I del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 27) Por escrito del 29 de setiembre de 2011, el representante legal de Inversiones Pelyo del Este, S.A., pide reconsideración al Departamento de Gestión Ambiental de lo resuelto en relación con el permiso de construcción y aporta para ello un grupo de documentos para revisión. De la revisión de los documentos aportados, dicho Departamento considera por oficio S.A.2.3.34-1006-11 del 7 de octubre de 2011, que si es factible ambientalmente aprobar la construcción si el Departamento de Planificación y Control Constructivo lo aprueba. (Ver folios 259 a 266 del Tomo I y folios 354 y 355 del Tomo II del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 28) Mediante la resolución R-745-2011 MINAET de las siete horas con cinco minutos del veintiocho de noviembre del año dos mil once, se aprueban los planos de la construcción de la estación de servicio se Inversiones Pelyo del Este S.A. (Ver imágenes 12 a 18 del Tomo II del cd de prueba); 29) Con base en dicho criterio, en febrero de 2012, la empresa actora, aporta todos los documentos necesarios para la aprobación del permiso de construcción. (Ver folios 356 a 369 del Tomo II del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 30) El 17 de febrero de 2012, la Municipalidad de Vásquez de Coronado emite el permiso de construcción de Inversiones Pelyo del Este, S.A. (Ver folio 325 del Tomo II del expediente administrativo presentado por el Estado y folio 370 del Tomo II del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 31) El 23 de febrero de 2012, el señor Yong Chan informa a la SETENA que previo a iniciar las obras constructivas se proceda a levantar la suspensión de la Viabilidad Ambiental, lo cual se autoriza en el Informe Técnico ASA-705-2012-SETENA. (Ver folios 326 a 332 del Tomo II del expediente administrativo presentado por el Estado); 32) El día 29 de marzo de 2012, da inicio la construcción de la Estación de Servicio. (Ver imagen 333 del Tomo II del expediente administrativo presentado por el Estado); 33) Por oficio GS-250-004-12 del 07 de mayo de 2012, se comunica por parte  de Gestión de Saneamiento Ambiental de la Municipalidad de Vásquez de Coronado, al Director de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), que en inspección realizada al proyecto de construcción de una estación de combustibles se detectó un afloramiento de agua constante y de alto volumen,  que coincide con el sitio donde se instalaría los tanques de combustible de la bomba, indicando que el nivel freático era a 2.6 metros. (Ver imágenes 335 y 336 del Tomo II del expediente administrativo presentado por el Estado y folios 434 a 438 del Tomo II del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 34) En mayo de 2012, un grupo de vecinos del sitio de construcción de la estación de servicio solicitó al Contralor Ambiental del MINAET investigara por que se le había otorgado viabilidad ambiental a ese proyecto por considerar que el sitio existía un acuífero colgado y asimismo presentaron recursos de amparo. (Ver imágenes 339 a 364 el Tomo II del expediente administrativo presentado por el Estado y folio 443 del Tomo II del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 35) En fecha 14 de mayo de 201, mediante oficio GP-230-030-2012, se le informa al representante legal de Inversiones Pelyo del Este S.A., por parte de la Municipalidad de Vásquez de Coronado que se procede a paralizar como medida precautoria la totalidad de trabajos constructivos en el sitio. (Ver imagen 415 del Tomo II del expediente administrativo presentado por el Estado y folio 439 del Tomo II del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 36) Se presentó en fecha no especificada, un informe para cierre de fosa de la geóloga Catalina Vargas como parte de un plan de recuperación ambiental en el sitio de la construcción del a estación de servicio. (Ver imágenes 402 a 414 el Tomo II del expediente administrativo presentado por el Estado); 37) Por medio de oficio DGH-OF-93-2012 del 8 de junio 2012, el Jefe de la Unidad de Investigación y Gestión Hídrica de SENARA indica que en investigación en el sitio de construcción de Inversiones Pelyo del Este S.A., en el cual en lo de interés indica: "(...) la topografía original del terreno donde se pretende construir la estación de servicio presentaba una altura sobre el nivel de la calle de aproximadamente 1,9 metros, posteriormente se realizaron los movimientos de tierra y se excavó por lo menos a 1 metro por debajo del nivel de la calle actual. Además, se realizó la excavación de la fosa para la instalación de los tanques a 5,65 metros el nivel del desplante, lo que quiere decir que aproximadamente se bajó de la superficie natural 8,55 metros. Esta profundización de la excavación en esa fosa puso a florar el nivel del agua subterránea que se ubica en el estrato areno-gravoso. (...) Por lo que se concluye lo siguiente: 1. La excavación de la fosa eliminó la capa de cobertura que cubría el acuífero superficial y afloro agua subterránea a un caudal de 4,2 litros por segundo (Aforo volumétrico). 2. Al eliminar la capa que cubre el acuífero superficial se cambió la vulnerabilidad de media a extrema (en la excavación para la instalación de los tanques de combustibles) y consecuentemente se aumentó el peligro de contaminación de este acuífero. 3. En las condiciones actuales no se recomienda la ubicación de tanques de almacenamiento de combustibles en la excavación donde aflora el agua subterránea. 4. Deberá la empresa PELYO del Este S.A. y el regente ambiental proponer medidas de mitigación para devolver la condición de protección del acuífero y elaborar de nuevo una propuesta de la viabilidad hidrogeológica del sitio para determinar las consecuencias sobre el medio acuífero que tendría la instalación de la estación de servicio de combustibles". (Ver imágenes 423 a 431del Tomo II del expediente administrativo presentado por el Estado y folios 472 a 480 del Tomo II del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 38) Con fecha 18 de junio del 2012, el señor Yong Chan presenta ante SENARA y el SETENA un plan de Mitigación para Cierre de Abertura en Acuífero Superficial y fosa en Zona de los tanques de combustible del proyecto Estación de Servicio Servicentro Coronado. (Ver imágenes 436 a 461 del Tomo II y 472 a 566 del Tomo III del expediente administrativo presentado por el Estado e imagen 32 el Tomo II del cd de prueba); 39) En el expediente de recurso de amparo ante la Sala Constitucional número 12-009032-0007-CO, se dispuso la suspensión de las obras constructivas del Proyecto Estación de Servicio Servicentro Coronado, en julio de 2012. (Ver imágenes 567 a 651 del Tomo III del expediente administrativo presentado por el Estado y folios 606 y 655 del Tomo II del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 40) Mediante la resolución R-DGTCC-788-2012-MINAET, la SETENA señala respecto de la suspensión de las obras constructivas en el Proyecto Estación de Servicio Servicentro Coronado, que el Decreto 3031, artículo 18.1, permite colocar los tanques en fosa, sobre la superficie para las condiciones de nivel freático alto o riesgos de inundación. Recomiendan dar una contención efectiva de los posibles derrames y contemplar la construcción de una fosa de concreto. (Ver imágenes 39 a 42 del Tomo II del cd de prueba); 41) El señor Yong Chan solicita en fecha 19 de julio de 2012, al SETENA que interponga sus buenos oficios ante la Sala Constitucional para que se le permita llevar a cabo el Plan de Mitigación para cierre de Abertura en Acuífero Superficial y Fosa de los Tanques de combustible en las obras constructivas ya indicadas. (Ver imagen 654 del Tomo III del expediente administrativo presentado por el Estado); 42) Por oficio CS-DARS-CO-137-12, el área rectora del Ministerio de Salud advierte a la Municipalidad de Vásquez de Coronado que se varió el sistema de tratamiento de aguas residuales de tanque séptico a Tanque Diez T.D-25, Fosa Biológica y que ellos no han aprobado dicho cambio. (Ver folio 668 del Tomo III del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 43) Se analizó por parte del SETENA el diseño de cobertura de concreto y las especificaciones técnicas de los materiales para el sellado de la fosa existente en el sitio de construcción y se determinó que se debían hacer modificaciones. (Ver imágenes 710 y 715 del Tomo IV del expediente administrativo presentado por el Estado); 44) Por nota del 03 de febrero de 2012, se recomienda por parte de la asesora legal de la Municipalidad de Vásquez de Coronado, determinar la responsabilidad el funcionario municipal que aprobó los permisos de construcción de la empresa Inversiones Pelyo del Este. (Ver folios 706 y 707 del Tomo III del expediente administrativo presentado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 45) Mediante oficio GP-230-249-12, el Ingeniero de la Municipalidad de Vásquez de Coronado indica a la alcaldesa que efectivamente se constata en la lámina que señala la variación del sistema de tratamiento de aguas residuales de tanque séptico a Tanque Diez T.D-25, Fosa Biológica, que no cuenta con el sello del Ministerio de Salud, por lo que se le debe de consultar al funcionario que otorgó el permiso. (Ver folios 708 a 712 del Tomo III del expediente administrativo presentado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 46) Con fecha 24 de octubre de 2012, el representante de Inversiones Pelyo del Este S.A., presenta nueva documentación solicitada por la SETENA. (imagen 741 del Tomo IV del expediente administrativo presentado por el Estado); 47) Analizada la información aportada por la sociedad atora mediante oficio CG-OF-054-2013 del 28 de enero de 2013, el Gerente General del SENARA solicita la corrección de una serie de puntos del Plan de Mitigación. (Ver imágenes 746 a 751 del Tomo III del expediente administrativo presentado por el Estado);  48)  Mediante voto 2013002023 de la Sala Constitucional de las 14:30 horas del 16 de febrero de 2013, del expediente número 12-007866-0007-CO, se dispone en otro recurso de amparo presentado contra la construcción de la Estación de Servicio ya señalada, que se declaraba con lugar el recurso de amparo y que un grupo de funcionarios debían "(...) realizar las acciones correspondiente, de forma inmediata, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, para garantizar que no se continúen las obras de construcción de la estación de servicio, de Inversiones Pelyo del Este, S.A., ni se permita su efectivo funcionamiento hasta que se hayan adoptado las medidas necesarias para descartar el riesgo de contaminación a los mantos acuíferos o aguas subterráneas (...)". (Ver imágenes 753 a 776 del Tomo IV del expediente administrativo presentado por el Estado); 49) Mediante voto 2013002308 de la Sala Constitucional de las 09:00 horas del 22 de febrero de 2013, se declara parcialmente con lugar el recurso de amparo del expediente número 12-007831-000-CO, reiterando la orden ya dada en el primer recurso de amparo declarado con lugar. (Ver imágenes 793 a 821 del Tomo IV del expediente administrativo presentado por el Estado); 50) Mediante voto 2013002309 de la Sala Constitucional de las 09:20 horas del 22 de febrero de 2013, se declara parcialmente con lugar el recurso de amparo del expediente número 12-009032-000-CO, reiterando la orden ya dada en el primer recurso de amparo declarado con lugar. (Ver folios 732 a 747 del Tomo III del expediente administrativo presentado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 51) Mediante voto 2013002308 de la Sala Constitucional de las 09:00 horas del 22 de febrero de 2013, se declara parcialmente con lugar el recurso de amparo del expediente número 12-007831-000-CO, reiterando la orden ya dada en el primer recurso de amparo declarado con lugar. (Ver imágenes 832 a 848 del Tomo IV del expediente administrativo presentado por el Estado e imágenes 793 a 747 del Tomo IV del expediente administrativo presentado por el Estado); 52) Por resolución número 0565-2013-SETENA de las 14:15 horas del 06 de marzo de 2013, se procedió de conformidad con lo dispuesto en los votos supra reseñados a ordenar a Inversiones Pelyo del Este S.A., a cumplir con lo ordenado en dichos votos y suspender cualquier obra constructiva hasta tanto no se implementen las medidas necesarias para descartar el riesgo de contaminación de los mantos acuíferos o aguas subterráneas. (Ver imágenes 823 a 831 del Tomo IV del expediente administrativo presentado por el Estado y folios 764 a 766 del Tomo III del expediente administrativo de la Municipalidad Vásquez de Coronado); 53) El representante legal de Inversiones Pelyo del Este S.A., solicita a la SETENA un plazo de tres meses para poder realizar los estudios necesarios para conocer la vulnerabilidad del sitio y determinar el proceder, lo cual le fue concedido por resolución 896-2013-SETENA del 09 de abril de 2013. (Ver imágenes 867 a 887 del Tomo IV del expediente administrativo presentado por el Estado); 54) Por nota fechada 08 de julio de 2013, el representante legal de Inversiones Pelyo del Este S.A., remite a la SETENA la documentación solicitada con las exploraciones realizadas en el sitio del Proyecto de Estación. (Ver imágenes 935 a 1031 del Tomo IV del expediente administrativo presentado por el Estado); 55) Mediante oficio DIGH-UI-OF-159-2013 del 12 de agosto de 2013, el SENARA revisa la información aportada y concluye que no se ha cumplido con la totalidad de lo pedido por lo mantienen el criterio de alto riesgo de contaminación y que no es recomendable la instalación de una estación de servicio. (Ver imágenes 1042 a 1047 del Tomo V del expediente administrativo presentado por el Estado y folios 816 a 821 del Tomo III del expediente administrativo de la Municipalidad); 56) Mediante oficio DIGH-UI-OF-197-2013 del 18 de setiembre de 2013, el SENARA reitera el criterio de alto riesgo de contaminación y que no es recomendable la instalación de una estación de servicio. (Ver imágenes 1057 a 1059 del Tomo V del expediente administrativo presentado por el Estado); 57) Contra el oficio DIGH-UI-OF-197-2013 del 18 de setiembre de 2013, el representante legal de Inversiones Pelyo del Este S.A., interpone recurso de reconsideración   (Ver imágenes 1061 a 1065 del Tomo V del expediente administrativo presentado por el Estado); 58) Por oficio SG-ASA-716-2013 del 10 de octubre del 2013, la SETENA le indica nuevamente al representante legal de Inversiones Pelyo del Este S.A., los requisitos que debe cumplir para poder proceder al sellado de la fosa. (Ver imágenes 1066 a 1067 del Tomo V del expediente administrativo presentado por el Estado); 59) En respuesta al oficio señalado supra, el representante legal de Inversiones Pelyo del Este S.A., con fecha 22 de octubre de 2013, indica haber cumplido con todos los requisitos exigidos. (Ver imágenes 1068 a 1160 del Tomo V del expediente administrativo presentado por el Estado y folios 839 a 917 del Tomo III del expediente administrativo de la Municipalidad); 60) Dicha información se le traslada por oficio SG-ASA-841-2013 al SENARA, el 08 de noviembre de 2013, con el fin de que analicen el cumplimiento de lo solicitado. (Ver imagen 1161 del Tomo V del expediente administrativo presentado por el Estado); 61) Por oficio GG-OF-987-2013 del 26 de noviembre de 2013, el Gerente General del SENARA comunica al Secretario General del SETENA, que se procederá el miércoles 27 de noviembre de 2013, al cierre de la fosa de la Estación de Servicio Pelyo del Este, el cual se realizó y se confeccionaron actas. (Ver imágenes 1162 a 1165 del Tomo V del expediente administrativo presentado por el Estado y folios 933 a 945 del Tomo III del expediente administrativo de la Municipalidad); 62) Los días 04 y 06 de diciembre de 2013, se procedió a realizar las pruebas de permeabilidad por parte del geólogo contratado por la sociedad actora y frente a personal de la Unidad de Investigación de SENARA. (Ver imágenes 1166 a 1171 del Tomo V del expediente administrativo presentado por el Estado y folios 946 a 952 del Tomo III del expediente de la Municipalidad); 63) Mediante nota de fecha 16 de diciembre de 2013, el representante legal de Inversiones Pelyo del Este S.A., hace entrega al SETENA, SENARA y Municipalidad de Vásquez de Coronado, del informe de cierre de la fosa en estación de Servicio Servicentro Coronado. (Ver imágenes 1172 a 1186 del Tomo V del expediente administrativo presentado por el Estado y folios 953 a 967 del Tomo II del expediente administrativo de la Municipalidad Vásquez de Coronado); 64) Debido a lo anterior, la SETENA por medio del oficio SG-ASA-0075-2014 del 22 de enero de 2014, consulta al SENARA si es procedente la colocación de tanques para combustible a nivel superficial y no subterráneo como alternativa de viabilidad hidrogeológica. (Ver imágenes 1066 a 1067 del Tomo V del expediente administrativo presentado por el Estado); 65) Mediante oficio DIGH-UI-030-14 del 10 de febrero de 2014, el Jefe de la Unidad de Investigación del SENARA, le indica al Director de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, que subsisten cuatro puntos que no se han completado en la nueva propuesta de viabilidad hidrogeológica de la sociedad acá actora. Lo anterior es comunicado al SETENA, quien a su vez notifica al representante legal de la sociedad para lo correspondiente. (Ver imágenes 1194 a 1198 del Tomo V del expediente administrativo presentado por el Estado); 66) Por resolución del 28 de mayo de 2014, el Tribunal Ambiental Administrativo solicita un informe al SETENA sobre el Proyecto de Estación de Servicio de Inversiones Pelyo del Este, S.A. (Ver imágenes 1206 a 12211236 a 1241 del Tomo V del expediente administrativo presentado por el Estado); 67) Por resolución del día 14 de julio de 2014, el SENARA le indica al representante legal de Inversiones Pelyo del Este S.A., que revisada la vulnerabilidad, la misma continua siendo alta por lo que no se recomienda continuar con el proyecto. (Ver folios 1029 a 1041 del Tomo IV del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 68) Mediante oficio DGTCC-777-2014 de 24 de julio de 2014, el Director General de Transporte y Comercialización de Combustible, le solicita a SETENA se resuelva sobre el cumplimiento técnico del proyecto aprobado por ellos a Inversiones Pelyo del Este, S.A. (Ver folios 979 a 983 del Tomo IV del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 69) Por nota de 06 de agosto de 2014, el representante legal de Inversiones Pelyo del Este, S.A., solicita a la Municipalidad de Vásquez de Coronado, se autorice la continuación de la construcción al cumplirse con lo ordenado por la Sala Constitucional. Siendo que el gobierno local le indica que no es resorte municipalidad pedido sino de coordinación interinstitucional con el fin de aprobar las correcciones del proyecto. (Ver folios 984 a 986 y 1008 el Tomo IV del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 70) Por oficio IGH-0365-14 del 19 de setiembre de 2014, el SENARA comunica al SETENA, que se cumplió la viabilidad hidrogeológica. (Ver imagen 1284 del Tomo V del expediente administrativo presentado por el Estado); 71) Por oficio UI-312-14 del 31 de octubre de 2014, el SENARA le indica a la Municipalidad de Vásquez de Coronado que se definió tanques aéreos para combustibles en el proyecto de Inversiones Pelyo del Este, S.A. (Ver folios 1046 y 1048 del Tomo IV del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 72) Por resolución número 2472-2014-SETENA de las 10:00 horas del 27 de noviembre de 2014, se procede a levantar la suspensión, avalar la modificación del proyecto, ordenar cumplir con la normativa en cuanto a la colocación de los tanques aéreos, autorizar una nueva garantía. Dicha resolución es posteriormente corregida por la resolución número 0541-2015-SETENA de las 14:34 horas del 03 de marzo de 2015, por una serie de errores. (Ver imágenes 1317 a 1325 y 1348 y 1349 del Tomo V del expediente administrativo presentado por el Estado y folios 1059 a 1067 del Tomo IV del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado e imágenes 87 a 95 del Tomo III del cd de prueba); 73) El día 05 de diciembre de 2014, el Apoderado Especial de Inversiones Pelyo del Este, S.A., solicita a la Municipalidad de Vásquez de Coronado, el levantamiento de la medida cautelar de suspensión de obras constructivas. Nuevamente el mismo representante presenta otros escritos lo días 06 y 07 de enero de 2015. (Ver 1079 a 1104 y 1125 a 1139 del Tomo IV del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 74) La Municipalidad contesta el día 09 de enero de 2015, al representante legal de Inversiones Pelyo del Este S.A: que se esta a la espera de la respuesta de la asesora legal con el fin de contestar lo procedente. (Ver folio 1145 del Tomo IV del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 75) Por oficio SG-ASA-0059-2015 del 19 de enero de 2015, la SETENA comunica a la Municipalidad de Vásquez de Coronado, la Dirección de Gestión de Planificación Urbana y Control Constructivo y la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible, el levantamiento de la suspensión de obras ordenada desde el año 2012. (Ver imagen 1335 del Tomo V del expediente administrativo presentado por el Estado); 76) El día 26 de enero de 2015, el Concejo Municipal de Vásquez de Coronado, procede a declarar lesivo mediante el acuerdo número 2015-253-36 de la sesión ordinaria 253 de esa misma fecha, el otorgamiento del Certificado de Zona 553-11 del 10 de junio de 2011, emitido por el Arquitecto Dennis Jiménez Calderón del Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo de la Municipalidad de Vásquez de Coronado. (Ver folios 1152 a 1166 del Tomo IV del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 77) Por oficio CM-100-232-15 del 25 de febrero de 2015, la secretaria del Concejo Municipal de la Municipalidad de Vásquez de Coronado, remite al señor Leonardo Herrera del Alcalde Municipal, el acuerdo número 2015-253-36 de la sesión ordinaria 253 del 26 de enero de 2015 del Concejo Municipal de Vásquez de Coronado,  mediante el cual se procede a declarar lesivo el otorgamiento del Certificado de Zona 553-11 del 10 de junio de 2011. (Ver folios 1194 a 1251 del Tomo IV del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 78) Mediante oficio AL-200-603-15 del 03 de junio del 2015, el Alcalde de la Municipalidad de Vásquez de Coronado, indica al Apoderado Especial de la empresa actora que la posición oficial de la Municipalidad de Vásquez de Coronado es mantener la medida cautelar e incoar un proceso de lesividad contra el otorgamiento del Certificado de Zona 553-11 del 10 de junio de 2011. (Ver folios 1273 y 1275 del Tomo IV del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 79) Mediante escrito recibido el 22 de junio de 2015, el Apoderado Especial de la Empresa Inversiones Pelyo del Este, S.A., presenta ante el Alcalde Municipal y Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el oficio AL-200-603-15 del 03 de junio del 2015, el Alcalde de la Municipalidad de Vásquez de Coronado. (Ver folios 1326 a 1276 del Tomo IV del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 80) Mediante resolución 019-15 de las doce horas con treinta minutos de veintiocho de julio de dos mil quince del Alcalde de la Municipalidad de Vásquez de Coronado, se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto. (Ver folios 1332 a 1352 del Tomo IV del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 81) El 25 de setiembre de 2015, se traslada al Tribunal Contencioso Administrativo el recurso de apelación interpuesto por la empresa actora. (Ver folios 1332 a 1352 del Tomo IV del expediente aportado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado); 82) En fecha 20 de marzo de 2017, el representante legal de Inversiones Pelyo del Este, S.A. solícita suspender la presentación de los informes de Regencia por cuanto por haber mantenido la Municipalidad de Vásquez de Coronado una medida cautelar de suspensión de obras y haber presentado una lesividad se les ha impedido continuar con el proyecto; lo cual es autorizado en setiembre de 2017. (Ver imágenes 1365 a 1367 del Tomo V del expediente administrativo presentado por el Estado); 83) A través del expediente número 15-010009-1027-CA, se conoce el proceso de lesividad interpuesto por la Municipalidad de Vásquez de Coronado contra Inversiones Pelyo del Este, Sociedad Anónima, siendo que mediante sentencia número 20-2018-II de la diez horas con treinta minutos del veintitrés de marzo de 2018, de la Sección Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, se declara la nulidad absoluta del certificado de zona CZDIM-785-05 del 6 de octubre de 2005 del Departamento de Ingeniería Municipal y las renovaciones siguientes, que eran la base del permiso de construcción otorgado a Inversiones Pelyo del Este, S.A.  (Ver imágenes 451 a 483 en copia del expediente judicial 15-010009-1027-CA en cd de prueba); 84) Por documento número LR.G.S-041-19-IF del 23 de agosto de 2019, el perito nombrado en este proceso, Luis Gabelman Serrano, procede a rendir el peritaje pedido en audiencia preliminar y concluyendo el daño y perjuicios de la parte actora ascendían a:

DESCRIPCIÓN

	

MONTO ₡

	

FUENTE DE INFORMACIÓN




A) Avalúo del Inmueble (terreno y construcción)

	

804.151.714

	

Informe del Arq. Chavarría Murillo




B) Intereses Legales

	

102.272.015

	

Anexo Unico, página 4




TOTAL (A+B)

	

906.423.729

	

 




En letras: Novecientos seis millones cuatrocientos veintitrés mil setecientos veintinueve colones

(Ver imágenes 494 a 501 del expediente digital judicial); 85) Por certificación de las nueve horas del 23 de noviembre de 2021, el Departamento Financiero de la Municipalidad de Vásquez de Coronado certifica que según los registro de la Oficina de Bienes Inmuebles de esa Municipalidad, la finca 569222 a nombre de Inversiones Pelyo del Este S.A. presenta un declaración realizada en abril de 2014 por un valor del terreno de ₡276.765.489.00. Que se le había otorgado un permiso de construcción número 12-039 el día 17 de febrero de 2012, para construcción de Estación de servicios por un valor de 199.900,659,00 colones. (Ver imagen 672 del expediente digital judicial); 86) En el juicio oral y público se recibió el informe pericial del señor Luis Rodolfo Gabelman Serrano, quien indica ser contador público y Licenciado en Administrador de Negocios desde 1986, señala que trabajo en la Contraloría General de la República desde que era bachiller. Es auditor externo y tiene un despacho que trabaja en diferentes sectores. Desde 1986 es perito judicial en juicios similares a este. Respecto del peritaje indica que la actora tenía dos puntos de interés, menciona que estudio el expediente y se reunió con las partes para determinar el objetivo. Con ellos solicitó requerimientos para realizar la experticia y cumplir con la misma. Manifiesta que el daño patrimonial pedido es por no construir un servicentro, por los recursos que desembolso por el proyecto inconcluso. Por recursos no productivos. Pidió a la parte actora registros de contabilidad (recursos de primer nivel) no se tenía contabilidad formal, por lo que le dieron un avalúo provisionalmente del CFIA. Que por ellos uso un método alternativo. Utilizó el avalúo hecho a valor de marcado, es un plan B, ante la ausencia del plan A. El informe fue hecho por un arquitecto y estimo que el avance de la obra es cercano al 35%. Considero entonces el plan B, el avaluó practicado y señala las sumas a las que se llegó en el mismo. Agrega que como se pide también los perjuicios (costo oportunidad del dinero) otorgó los legales del Banco Nacional de Costa Rica. Los intereses fueron 102 millones de colones con fecha de corte a agosto 2019 a partir de la fecha del avalúo. Preguntas de la parte actora: Se le consulta si el avalúo fue un buen insumo, Señala que el parte que el profesional hizo una buena labor y por eso se fundamentó en el reporte. Se le consulta si es común la técnica alternativa y señala que sí es común, que la misma municipalidad utiliza a esos profesionales para que establezcan los valores de bienes inmuebles. Pregunta el Estado: Se le consulta si como contador público puede valorar lo que hace un arquitecto. Responde que él uso el plan B y que es un valor de mercado. Se le pregunta si solo utilizó ese informe y menciona que sí y que esta venia muy detallada y que uso la documentación que venía con el mismo informe. Pregunta el Senara: Respecto de su experiencia en evalúo de bienes inmuebles y señal que él elabora estudios de bienes muebles, pero requiere apoyo en ingenieros. Se le pregunta su tomo en cuenta el valor fiscal el Registro y de los archivos municipales y señala que no, que le pareció bien usar ese avalúo. Se le consulta si tuvo acceso a los estados financieros. Se le consulta si tuvo comprobantes de que el valor del avalúo fuera el valor del bien y señala que no como perdida sino como parte del proyecto, parte de la inversión. Preguntas de la Municipalidad de Vásquez de Coronado: Se le consulta si conoce las zonas o mapas homogéneas. Señala que no exactamente, pero si ha colaborado con ingenieros con eso. Se le pregunta ¿qué porqué solicitó la información contable? Menciona que son los elementos primarios, la contabilidad y sus comprobantes. Se le consulta si alguna de las otras partes le dio información para determinar el calor y agrega que sí, la Municipalidad pero no tenía carácter de avalúo que él las mencionó en el informe. Se le consulta si tomó en cuenta información contable de otros contadores y señalo que no, que la información que había estaba desagregada, que no era un avalúo que sí podía tomar como plan B. Se le pregunta si tomó en cuenta las declaraciones de Bienes de la sociedad e indica que no. Se le consulta sobre otras fuentes y señala solo dos, el avalúo que fue trascendental y el cálculo de intereses que lo hizo con el sistema el Poder Judicial con el interés del Banco Nacional. Se le pregunta si verificó que la Sociedad era la dueña de la propiedad e indica no constarle. Finaliza explicando que son activos y pasivos y que la propiedad es un activo. (Declaración en sistema de grabación de juicio en expediente judicial); 87) En el juicio oral y público se recibió el testimonio del señor Luis Antonio Chavarría Murillo, de profesión arquitecto y señala realizar avalúos desde 1999. Menciona que fue perito del Poder Judicial. Ante preguntas de la parte actora indica: Que los insumos que utilizó fue la cinta para medir y libreta para anotar, que recorrió el sitio para ver el mercado de la zona. Que la metodología fue valor de mercado, recibió información de venta de la zona (homologación) determinó el valor por metro de la zona. En el bien tomó en cuenta el costo de producción, la depreciación y el avance de la obra, también lo que iba a ser la obra, por la tipología por tipo de edificio. Indica que el precio previsto es el promedio de un edificio terminado menos la depreciación. Menciona respecto de la homologación que hay terrenos similares. Que para calcular el valor del edificio se pensó en cuándo iba a terminar y cuánto podía costar y ese es el valor de reposición del edificio y a eso le restó porcentualmente lo que faltaba de terminar. Se le consulta si lo comparó con otras estaciones e indica no ser parte de su trabajo, pero sí lo hizo con una estación en el cruce de Moravia. Con esto concluyó un monto de lo que costaba la propiedad para ese momento. No había un costo como tal, solo hizo un avalúo de mercado. Añade que el edificio abandonado tenía un avance de un 35%. Ante preguntas del Estado menciona que: El 35% no era muy exacto, lo saco por experiencia, porque la obra gris estaba casi terminada y eso normalmente se hace en el primer 35%. Manifiesta que no tuvo el plano de construcción ni avances a la vista. que solo se le pidió valorar el bien con lo que este tenía encima. Preguntas de SENARA: Pide le aclare sobre el método y el uso. Sobre el monto agrega que el 35% es un aproximado. Se le consulta si el valor del terreno es independiente de lo que se haga con el terreno y señala que si y no, que un terreno con construcción es menos deseable. Que vacío es más deseable porque si no le merma potencial. Se le pregunta si valoró si había una merma e indica que no. Preguntas de la Municipalidad: Se le consulta que es un valor de mercado y señala que es un terreno en venta con capacidades similares a otros terrenos a la venta. ¿Cuáles fueron los datos que se le dieron para el informe? Indica que el uso, la edad de construcción, no se le dio detalles ni acabados. Se le consulta si adjunto sus bases de datos y señala que no, pero tiene experiencia para saber cuánto costaría el edificio. Se le pregunta porque no hubo referencias de Vásquez de Coronado y manifiesta que mientras la zona sea similar a la analizada es válido usar referencias fuera de la zona si no existen. Agrega que no existió en la zona terrenos similares y la fecha del avalúo fue el 2 de octubre de 2017. Se le pregunta si tomó en cuenta las declaraciones de la sociedad e indica que no porque su trabajo fue de mercado no usando otra documentación. Que como perito evaluador no utiliza información de la Municipalidad. Se le consulta si utilizó el valor declarado en libros contable y señala que no. Que si reviso las facturas de los materiales de construcción y menciona que no. Se le pregunta si conoce las actividades que se pueden realizar en la zona y responde que no. (Declaración en sistema de grabación de juicio en expediente judicial); 88) En el juicio oral y público se recibió el testimonio del señor Adolfo Lobo Zamora, quien indica que es Ingeniero Civil desde hace 30 años. Que fue contratado por la parte actora. Ante preguntas de la parte actora menciona que, él le solicitó al contratante un avalúo, pero prefirió que fuera un avalúo "neutro" de otro profesional. Que utilizó asimismo el expediente de la demanda, los datos macroeconómicos de INEC, del Banco Central y el avalúo. Que él fue al sitio, tomó fotos, vio el entorno. Que la metodología del valor de Mercado fue: Solicitó información (datos contables o públicos), pero se le dio alguna información muy incompleta que no permitía cuantificar daños. Que concluyó que hubo, pérdida de infraestructura del terreno y perdida del valor del costo de utilidad. Que la ganancia de las estaciones de servicio se calcula en un 15%, pero él consideró un valor menor, el de los 6 meses de los títulos del Banco Nacional. Indica que lo que hizo fue determinar un valor adverso. Menciona que no capitalizo los intereses, sino que los indexó. Que tomó en cuenta los cinco años del permiso de operación de la estación de servicio, pero calculo desde el inicio de la obra al 30 de setiembre de 2017. Ante preguntas del Estado manifiesta que, quien le pasó la información del avalúo fue don Luis Chavarría. Que él concluye que el daño económico quedó reducido a 0 y se le pide aclare como llegó a esa conclusión y señala que al estar el inmueble inmovilizado es un costo huido y el valor económico es 0. Se le consulta si como Ingeniero Civil tiene dentro de sus funciones la valoración de jurisprudencia y responde que no. El Senara indica no tener preguntas. Ante preguntas de la Municipalidad indica que el costo de oportunidad (costo de inversión de los recursos disponibles, la mejor alternativa) y el costo hundido (gastos ya hechos) son diferentes. Menciona que una propiedad puede tener un costo hundido. Se le consulta si revisó el Plan Regulador de Vásquez de Coronado e indica que sí, que vio el uso mixto (residencial-comercial) y que al revisar la zona esto se ve. Se le pregunta que el inmueble mantiene un valor de mercado y señala que sí. Que al tener una demanda se disminuye la posibilidad. Se le consulta si el inmueble puede utilizarse para otra actividad y señala que es una propiedad habilitada que no tiene estructura. Que, si se devuelve a antes, sí tiene valor, que cuando se detiene el valor en términos económicos, vuelve a 0. Se le pregunta sobre las limitaciones que tuvo para el informe y señala que la información era muy parcial, que no tuvo acceso a los libros contables, que hizo estudios, pero mejor recomendó un avalúo. Se le consulta si conoce si la sociedad actora es la propietaria registral y remite a expediente. Se le pregunta si conforme con la descripción del Ingeniero porque se llega a la conclusión de que el valor es 0. Señala que son dos cosas diferentes, que el valor de las obras quedó en 0 para un fin económico muy puntual, la estación de servicio. Se le consulta si verificó si la Empresa tenía la concesión y responde que si no fuera así no tendría el permiso. No recuerda si lo verificó. (Declaración en sistema de grabación de juicio en expediente judicial); 89) En el juicio oral y público se recibió el testimonio de Roberto Ramírez Chavarría quien indicó trabajar en el Senara desde hace 25 años. Ante preguntas del Senara contesta: Que en el año 2006 realizó un estudio en el sitio de Pelyo sobre la vulnerabilidad geológica de ese lugar. Menciona que Senara realiza estudios son los recursos del agua, y las subterráneas y que la solicitante fue la sociedad Inversiones Pelyo del Este, S.A.  Señala conocer el trámite para la instalación de una estación de servicio, que el decreto 30131 Minae-S estable que se debe contar con el pronunciamiento de Senara sobre la condición hidrológica del sitio y se pide previo a los trámites de las otras dependencias. El alcance según reglamento es para ver si el sitio y el suelo es apto para una estación de servicio por lo que Senara evalúa el sitio y revisa la vulnerabilidad de este, utilizando también la información del consultor del proyecto y de la revisión, la vulnerabilidad fue media. Señala que el desarrollador aporta estudios de suelo e investigación en los alrededores de los niveles freático y el grado de confinamiento. Que revisan si los acuíferos son libres o no y la susceptibilidad de si se pueden contaminar o no. Señala los grados de vulnerabilidad y señala que el estudio dio una vulnerabilidad media que significa una susceptibilidad a ser contaminado por una actividad atópica. Que eso depende el suelo y su susceptibilidad. Se le consulta si con vulnerabilidad media es posible construir una estación y señala que sí, si se toman las medidas en el modelo de construcción no habría problemas para construir. Indica que Senara no utiliza planos, lo que revisa es la condición del suelo, es eso lo ven las otras instituciones. Señala que su revisión no otorga permiso de construcción ni uso de suelo. En cuanto al problema de la construcción señala que en el año 2012 se recibió una nota de la Municipalidad de Coronado después de realizar una visita al sitio y se detectó un afloramiento de agua en los tanques. Menciona que el caudal era e 4,2 litros por segundo y que eso alcanza para abastecer a 800 personas de agua. Manifiesta que se investigó el afloramiento de agua, las fuentes para tener un mejor conocimiento. Añade que el afloramiento se dio en una esquina de la fosa para abastecimiento de combustible. Agrega que la Sala Constitucional en el 2013 suspendió la construcción. Se determino que al quitar las caspas el acuífero ya estaba en peligro y se debía dar un proceso de mitigación para recuperar el lugar y en el mismo participó también Setena. El mismo consistió en tapar, compactar el área de afloramiento y compactar el suelo a nivel donde habían cortado. Menciona que el terreno había sido bajado a ras de tierra unos 5.8 metro había sido removido. Señala que el sistema si fue alterado, pero se mitigó. Añade que el resto de la finca tenía una vulnerabilidad media, que se tenía que revisar y ver como quedó el sitio, evaluar y proponer otro sistema de construcción. Manifiesta que como el proyecto no volvió a Senara no se vieron otras soluciones constructivas. El Estado no pregunta. Ante preguntas de la Municipalidad contesta que, participó en el proceso de mitigación o remediación y la recuperación del estado del acuífero antes de ser impactado. Que se dieron pruebas de permeabilidad en esa área y que con el terreno quedó apto, pero sí había que hacer otra valoración. Agrega que esa vez si hicieron una segunda y mejor valoración del sitio. Que dependiendo de la actividad así es el análisis del impacto hidrológico, el sitio quedó para hacer otras evaluaciones. Se le consulta si Senara recomendó una medida cautelar a la Municipalidad y señala que lo que se indicó fue que no se podía seguir con la etapa constructiva si no se daba primero la remediación. Se le consulta por si se afectó el acuífero y menciona que posiblemente excavaron de más. Ante preguntas de la parte actora indica que, cuando se cumplió el cierre técnico se dio un dictamen de que ya se había cumplido con lo de Senara y Setena para la mitigación. Se le consulta si mitigación y remediación es lo mismo y señala que en hidrología le dicen de las dos formas. Agrega que, aunque los tanques no estaban instalados igual hicieron análisis de hidrocarburos. Señala que no recuerda si en el cierre técnico en el informe iban recomendaciones. (Declaración en sistema de grabación de juicio en expediente judicial); 90) En el juicio oral y público se recibió el testigo Gilbert Benítez Rodríguez, quien mencionó ser Ingeniero Civil desde el año 2014. Trabaja para la Municipalidad de Vásquez de Coronado desde el año 2000. Ante preguntas de la Municipalidad contesta que, Recuerda las denuncias de vecinos y un afloramiento de agua en el año 2012 en el sitio. Se le consulta sobre la topografía original del terreno y señala a 1 o 2 metros. Fosa no tenía profundidad al inicio después con el cierre técnico se dijo que era de 5 a 5 metros y medio. Se le pregunta si removieron mucho terreno y señala que primero unos dos metros a novel de calle y luego un metro más. En cuanto afloramiento señala que llegó al acuífero y trataron de sacar el agua con una bomba. Menciona que Senara ordenó un cierre de la fosa en donde afloraba agua. Agrega que el estudio lo hizo su antiguo jefe. Menciona que la fosa se llenó con concreto especial y el nivel de compactación con tierra. Se le consulta los usos de terreno y manifiesta que según el Plan Regulador tiene otros usos. Estado no pregunta. Senara consulta sobre el Plan Regulador y señala que salió publicado en La Gaceta 78 del 28 de abril de 1998. Que los usos están en el plan regulador en el artículo 20. Pregunta la parte actora si él participo en los permisos y usos de suelo de Pelyo señala que no. Se le consulta si conoce el expediente de Pelyo y añade que no. Se le pregunta si conoce si levantaron las medidas y señala que no. Se le consulta si tiene experiencia en hidrocarburos y señala que no. (Declaración en sistema de grabación de juicio en expediente judicial); 91) En el juicio oral y público se recibió el testimonio de Manuel García Murillo, quien indicó ser politólogo y fue regidor suplente del 2010 al 2016 de la Municipalidad de Vásquez de Coronado. Ante preguntas de la Municipalidad responde: Señala que fue asistente del Alcalde del 2006 al 2007 y en la actualidad. Sobre la estación de servicio del año 2012 indica que el tema llegó al Concejo Municipal por una serie de planteamientos de grupos vecinales y ambientales que estaban preocupados por la norma urbanística para ese proyecto y sobre los permisos. Que se dio una participación ciudadana por este tema y se le pidió un informe a la Municipalidad. Agrega que las personas pidieron audiencia por un kínder cercano a ese proyecto. Y alguien cuestionó que el Plan Regulador no autorizaba ese tipo de proyecto. Asimismo, señala que se recibió consultas de un periódico del cantón. Añade que cuando se da el afloramiento del agua, los cuestionamientos se volvieron más fuertes y se dio una afectación en los pozos del ICAA. Indica que la comunidad pedía que la Municipalidad actuara y todo confluyó en el proceso de lesividad. Agrega que antes se dio un recurso de amparo. Se le consulta si conoce el Pan Regulador y señala que sí, y que en esa zona no decía expresamente que esa actividad se podía hacer como en otras zonas. Concejo dijo que el Plan no se interpretaba sino que se aplicaba. Se le pregunta si era conforme o no la estación de servicio de acuerdo con el Plan Regulador y menciona que era no conforme. Se le consulta sobre los usos conformes y señala que no es su área de conocimiento y ahí se puede desarrollar otras áreas de comercio. Se le pregunta si conoce si se le negó a la Sociedad otros usos e indica no recordar. El Estado le pide aclarar lo de la lesividad. Y el Senara si conoce los documentos que se anularon. Menciona el uso de suelo y el permiso de construcción. La parte actora le consulta si las notas que presentaron las personas están dentro del expediente de la Municipalidad y no lo conoce. Se le pide aclarar sobre el plan regulador y su aplicación y señala que eso se dio porque hubo una interpretación sobre el uso de suelo de esa zona y se dijo que tenía que decir expresamente en la zona. Si le pregunta si la parte tenía un derecho y responde que por eso se le hizo una lesividad. Se le consulta porque se solicitó la lesividad y menciona que fue por las quejas de los ciudadanos y ellos las recanalizaron y también por los recursos de amparo. Se le pregunta sobre las otras estaciones de servicio de Coronado y señala que hay problemas técnicos jurídicos. Se le pregunta sobre si hubo problemas con Pelyo y señala que el Concejo no ve esos permisos y no lo sabe. (Declaración en sistema de grabación de juicio en expediente judicial).-

 III.- SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: De interés es mencionar, que no se acreditaron por las partes los siguientes hechos de interés por ausencia de prueba idónea que los acreditase: 1) El costo de los materiales, asesoría y mano de obra del avance en la construcción realizada en la finca del Partido de San José número 569222. (No existen elementos de convicción en los autos). 2) Que la finca número 569222 del Partido de San José a raíz de la nulidad del certificado de uso de suelo quedara fuera del comercio de los hombres al perder cualquier valor, o que su valor comercial fuese cero. (No existen elementos de convicción en los autos). 3) Que la empresa actora estuviera autorizada para el expendio de hidrocarburos. (No existen elementos de convicción en los autos).-

 IV.- SOBRE EL ARGUMENTO DE LA ACTORA: En su escrito de demanda, la sociedad actora plantea en lo que interesa que: "(...) DERECHO I.- SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ACTIVAS. Los Tribunales europeos desde hace tiempo atrás han venido insistiendo en que el reconocimiento claro y paladino de la Administración Pública, en lo que respecta a la certeza de los daños originados, implica, a su vez, la implícita confesión de la causa generatriz del perjuicio ocasionado, ya que la exigencia, o no, de una responsabilidad de orden económico, viene establecida por una serie de normas de acatamiento obligatorio que le son de obligada vinculación en virtud, atención y cumplimiento de los rigurosos alcances del principio de legalidad. Tema que, como se verá, es de especial importancia para el presente caso, en virtud del reconocimiento expreso que realiza una de las demandadas al incoar un proceso de Iesividad según expediente judicial número 15-10009-1027-CA que se encuentra a la espera del dictado de la sentencia de fondo por parte del Tribunal Contencioso Administrativo. Así, pues, hemos de partir teniendo presente que los preceptos que regulan la responsabilidad de la Administración activa se refieren, única y exclusivamente, al supuesto de daños y perjuicios ocasionados en el patrimonio privado de la actora, como consecuencia del funcionamiento normal o anormal, lícito o ilícito de la Administración activa. En efecto, la configuración de la responsabilidad objetiva que para la Administración activa vienen a imponer los artículos 190, siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), cuando disponen que responderá la respectiva Administración Pública de todos los daños que sufran los particulares en sus bienes y derechos causados por su funcionamiento legítimo o ilegitimo, normal o anormal, salvo en los casos de fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. La relación causal del funcionamiento normal o anormal de la Administración activa tiene también aplicación contra las municipalidades como entes descentralizados por razón del territorio cantonal. Por consiguiente, le corresponde a la Administración activa, basado en la definición del articulo 1 ibídem, la responsabilidad de indemnizar a los particulares de los daños y perjuicios ocasionados en su patrimonio, siempre que reúnan las condiciones de ser ciertos (no hipotéticos), en relación de causalidad con las conductas administrativas, que sean económicamente evaluables y susceptibles de individualización en sus efectos materiales. Así, pues, la LGAP acoge el principio del régimen de extensión de la responsabilidad del Estado, tal como se comprueba mediante una simple lectura de su numeral 190, al disponer que la Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legitimo o ilegitimo, lícito o ilícito, normal o anormal. A pesar de ello, la transición entre la aplicación del Código Civil -vid. numeral 1045- y la LGAP aparejó años de adaptación, tanto así que para el año 1991 aún era común encontrar pretensiones cobratorias bajo el enfoque estrictamente civilista. En este sentido se ha manifestado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: "Por lo tanto, se ha evolucionado de un sistema en el que se obligaba a la víctima a demostrar la culpa o el dolo del agente para poder exigirle responsabilidad al Estado, a otro en el cual ya no es necesaria la identificación del agente causante del daño, sino que lo que debe demostrarse es que el daño es producto de una ilegitimidad, ilicitud, o anormalidad administrativa, o bien de actuaciones legítimas, lícitas y normales; pero en estos últimos supuestos además se deberá demostrar que la lesión es excepcional, ya sea por la pequeña proporción de los afectados o por la intensidad de ésta, casos en los cuales la reparación se reduce a los daños sin incluir los perjuicios." (Al respecto véase: SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, n. 45 de las 14:45 horas del 25 de abril de 1995.) A lo indicado hemos de agregar que, dándose los supuestos de la responsabilidad objetiva antes señalados, el resarcimiento de los daños debe ser plenario, se decir debe abarcar tanto el daño patrimonial como el moral y sus respectivos perjuicios. Sobre el particular ha señalado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: "(...) el resarcimiento del daño debe ser plenario, in integrum", y en manera alguna simbólico y debe incluir el daño moral... Finalmente, el artículo 191 ibídem manda a la Administración a reparar todo daño causado a los derechos subjetivos ajenos por faltas de sus servidores, con lo que se refuerza la tesis de que el daño moral debe ser indemnizado, pues "todo daño" es un concepto amplio que abarca tanto daños materiales como morales." (Al respecto véase: SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, n. 118 de las 14:40 horas del 6 de noviembre de 1996.) En todo caso, ha sido con el desarrollo de la jurisprudencia de la SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA que se han aclarado y puntualizado conceptos de especial importancia como es el que corresponde al de la anormalidad. Al respecto se ha indicado: " (...) atiende a aquellas conductas administrativas, que en sí mismas, se apartan de la buena administración (conforme al concepto utilizado por la propia Ley General en el artículo 102 inciso d, que entre otras cosas incluye la eficacia y la eficiencia) o de la organización, de las reglas técnicas o de la pericia y el prudente quehacer en el despliegue de sus actuaciones, con efecto lesivo para la persona. Esto permite señalar que la anormalidad puede manifestarse a través de un mal funcionamiento; un funcionamiento tardío, o una ausencia total de funcionamiento. Anormalidad e ilicitud, no deben por tanto adoptarse como conceptos equivalentes, ni siquiera en lo que corresponde a la hipótesis de aquel funcionamiento que siendo debido o conforme con las reglas antedichas, produce un resultado dañoso (denominado por algún sector doctrinal como "funcionamiento anormal por resultado), pues, en tal caso, lo que opera es una responsabilidad por funcionamiento normal con efecto o resultado lesivo, indemnizable, claro está, siempre que se cubran los requisitos preestablecidos expresamente por el propio ordenamiento jurídico (véase el mismo artículo 194 de la Ley General de la Administración Pública).". Ahora bien, nótese desde ya que dentro del concepto de anormalidad se encuentran comprendidas aquellas situaciones donde se presenta la inactividad u omisión de la Administración, dicho de otro modo, cuando existiendo un deber funcional de actuar o una necesidad de diligencia funcional, simple y llanamente no se actúa, causando con ello un daño de efecto negativo a nivel patrimonial. Por consiguiente, cuando el artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública determina que la Administración responde por el funcionamiento normal y anormal se incluye la responsabilidad objetiva por inactividad administrativa, siempre que exista un deber funcional de actuar o el cumplimiento de una conducta debida, tal como sucede en el caso sub examine. En este sentido, hemos de indicar que ha tenido sobrada atención la diferencia entre la omisión formal respecto a la omisión material, siendo que la primera se da en el marco del procedimiento administrativo, cuando debiendo dictarse algún acto administrativo, contrariamente no se da. Este es precisamente el supuesto aplicativo al presente caso ante la negativa en el levantamiento de la medida cautelar a pesar de haberse cumplido con todas condiciones establecidas por la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA y las autoridades competentes. Ahora bien y complementariamente, la omisión material se presenta ante Ia desatención de una obligación de dictar una actuación material o técnica, previamente establecida. Por su parte, la introducción de la omisión como forma de anormalidad es de suma importancia en la jurisprudencia, ya que lamentablemente es una situación típica y acomodaticia dentro del quehacer institucional costarricense. Así, pues, la omisión como forma de anormalidad en el funcionamiento administrativo, constituye una fuente de imputación que en tanto sea la causa generadora de una lesión, imponiéndose así el deber compensatorio. En lo que acá nos atiende la SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA se ha manifestado del siguiente modo: " (...) De ahí que, ha de afirmarse de manera contundente...que la Administración Pública también es responsable por los daños y perjuicios ocasionados con su inactividad. Esa pasividad frente al cumplimiento de obligaciones preexistentes se enmarca, para efectos de la responsabilidad patrimonial extracontractual, como funcionamiento anormal de la Administración, en tanto se corresponda con una actividad materia debida, y con una conducta ilegítima, que para este caso puede ser concurrente, en la medida en que el incumplimiento de lo debido no sólo atenta contra las reglas de buena administración, sino que infringe la jurisdicción en tanto incumple las potestades administrativas funcionales que dimanan del propio Ordenamiento Jurídico. Esto es tanto más acentuado cuanto de servicios públicos se trata, pues el incumplimiento de una actividad u obra de titularidad pública, las más de las veces, también de interés general, potencial el nivel de riego inherente al servicio y agudiza la afectación del colectivo, con eventual lesión directa de particulares situaciones subjetivas. En este ámbito de la responsabilidad pública por inacción, puede ocurrir que la lesión provenga, por vía directa y exclusiva, de la indolencia administrativa, en tanto es suficiente para producir por sí misma un efecto negativo en la situación jurídica, preexistente o potencial, de aquel o aquella titular de un interés subjetivo pleno. Pero también suele ocurrir, y cada vez con más frecuencia, que la lesión tiene por causa un doble comportamiento, uno, ejercicio por un agente -público o privado-, por cuya acción se produce el menoscabo en la esfera jurídica vital del o los lesionados; y otro, que concurren con aquél, representado por la inacción de la autoridad pública que no ejerce, como es debido, la conducta requerida para evitar el daño". Entre todo lo indicado salta a la vista un tema de especial importancia para el presente caso que se relaciona con la cuota de participación de los diversos actores involucrados en determinadas conductas de coparticipación activa, así como la posible vinculación de cada conducta a la cual se atribuye la lesión. En este orden de ideas, es imperativa la necesidad de abordar un examen de la denominada causa adecuada. Esto es, determinar cuál de todas las omisiones fue la que en intensidad provocó el mayor daño, o si por el contrario, se debió a la correlación de varias omisiones. Ahora bien, como se dijo, en el caso sub exámine el daño causal es el resultado de acciones y omisiones (conductas administrativas) que permiten determinar tal relación de causalidad de manera coparticipativa por el grado de corresponsabilidad negativa en el patrimonio material y moral de nuestra representada. Ciertamente, en casos similares nuestras autoridades judiciales han aplicado los artículos 9 y 10 de la LGAP y el numeral 1046 del Código Civil. En torno a este tema la SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA indicó: "(...) las omisiones en que incurrió el Estado lo incorporan dentro de lo sujetos de derecho que conformaron un cúmulo de causas en la generación del daño causado, que por tal, supone una solidaridad en la responsabilidad que deben necesariamente asumir por el no cumplimiento de sus funciones, máxime al considerar que estas son de corte preventivo, todo ello a tenor de los dispuestos por el artículo1046 del Código Civil, aplicable supletoriamente en este campo, por disposición expresa de los preceptos 9 y 10 de la Ley General de la Administración Pública. De lo anterior se colige la responsabilidad de la Administración Central por el daño ocasionado a los actores, la cual comparte con el INS y la Municipalidad, y aun cuando medió la participación de un tercero, esta incursión no conlleva a una eximente, que en todo caso, sería una atenuante, pero no un elemento que elimine del todo la responsabilidad del Estado por que en este orden, bien resolvió el Tribunal al considerar la solidaridad del recurrente, ergo, deben rechazarse los motivos formulados." (Al respecto véase: SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, voto número 308-F-2006 de las 10:30 horas del 25 de mayo del 2006.) También es importante rescatar y resaltar lo que la misma Sala Primera ha indicado en cuanto a que no es cualquier daño el que da base para la obligación de resarcir, pues deben confluir los siguientes elementos, para su ejecución, a saber: i) el daño debe ser cierto, real y efectivo, ii) ha de darse la lesión al interés jurídicamente relevante y merecedor de protección y iii) debe darse la relación de causalidad entre la conducta y el daño en el ámbito patrimonial. Seguidamente se analizan cada uno de las características o requisitos del instituto del daño patrimonial y resarcible con base en los acontecimientos sucedidos en contra de nuestra representada y el soporte probatorio que respaldan los argumentos y pretensiones de la presente demanda, a saber: A.- Relación de la causalidad permanente. Es una posición compartida en el Derecho comparado que la responsabilidad patrimonial de la administración no puede ser declarada cuando el resultado lesivo no es consecuencia directa, exclusiva y necesaria de la actuación administrativa, sino, por el contrario, de la actitud o negligencia del propio perjudicado. Y es que no puede ser de otro modo ya que entonces al ser éste el presupuesto determinante del nexo causal exigible faltaría, por lo mismo, la razón única o fundamento de la obligación de responder o resarcir. Por consiguiente, la responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración no supone que la obligación de indemnizar nazca siempre que se produzca una lesión por el funcionamiento normal o anormal de la Administración, sino que es preciso y esencial que entre la lesión y este funcionamiento exista un nexo de causalidad objetivo sin que en esta relación de causa-efecto intervenga decisivamente la conducta del perjudicado. Por lo tanto, el éxito del caso de marras depende, en gran parte y medida, en demostrar no sólo la existencia del daño, sino que, además, que se ha ocasionado a raíz de acciones u omisiones actuar de la Administración, y si bien no ha de exigirse una prueba directa y concluyente de difícil consecución, si se ha de precisar para su apreciación, deducir, conforme a las reglas del criterio racional, un enlace preciso entre uno y otro elemento. En el caso que nos atiende, el nexo causal es claro directo e inconfundible derivado del permiso otorgado, previo al cumplimiento objetivo de todos y cada uno de los requisitos reglados -y aún más-, iniciando bajo la premisa de confianza legítima en las diversas autorizaciones, aprobaciones, licencias, permisos y estudios técnico-administrativos obtenidas para la construcción y habilitación del  inmueble de INVERSIONES PELYO DEL ESTE S.A. con la única y exclusiva finalidad de construir y operar la ESTACION DE SERVICIO SERVICENTRO CORONADO. Nótese que el daño ocasionado se deriva del desconocimiento que hace la Municipalidad de Vásquez de Coronado de los alcances y el peso del permiso de construcción, pero, peor aún, es que el nexo causal es más que obvio ya que se deriva de la confianza depositada por nuestra representada en los permisos, autorizaciones y aprobaciones otorgadas para invertir, de buena fe, en la construcción de la ESTACION DE SERVICIO SERVICENTRO CORONADO. En efecto, nótese que el surtido y variopinto conjunto de procedimientos técnico-administrativos que desenlazan en el permiso de construcción, son el asidero de la confianza y supuesta seguridad jurídica de la inversión realizada, sin que se pueda o pretenda utilizar de excusa temas ambientales que fueron debidamente superados hace tiempo atrás, como ha sido confirmado y constatado por los funcionarios de la Municipalidad demandada. Tampoco sirve de excusa la interposición de un proceso lesividad para no levantar una medida cautelar cuya condición fue cumplida y cuyo proceso principal ha terminado años atrás, mucho menos puede servir de excusa o justificación para no resarcir los daños ocasionados por las inversiones realizadas por nuestra representada. Dicho de otro modo, sin A -permisos, autorizaciones y aprobaciones- definitivamente no se habría llegado a B -construcción del proyecto-. B.- No haya culpa de la víctima o aprovechamiento propio que rompan la causalidad en perjuicio propio. Como bien ha insistido la doctrina nacional y comparada, la relación de causalidad es el nexo objetivo o externo entre la manifestación específica de la función administrativa, por acción u omisión, y la lesión antijurídica provocada al administrado. En consecuencia, debe mediar una relación inmediata, directa y exclusiva de causa a efecto entre la conducta de la función administrativa y la lesión antijurídica causada al administrado que debe ser resarcido y que no tiene el deber ni la obligación legal o moral, de soportar el daño para producir la lesión antijurídica. Partiendo de lo dispuesto en el numeral 190, párrafo 1 de la LGAP, se establecen, de manera clara y expresa, las salvedades o causales de exclusión del nexo causal. Para lo que acá interesa en este apartado de la demanda, nos centraremos en la culpa de la víctima, entendida como una forma de autorresponsabilidad, ya que se parte del supuesto de que el administrado indujo a la lesión antijurídica en su esfera patrimonial o extra-patrimonial al haber incurrido en una falta subjetiva que pudo ser por dolo o de culpa, destaquemos las siguientes derivaciones: i) por negligencia, ii) imprudencia e iii) impericia. El ejemplo clásico se da cuando es la victima la que participa de una manifestación pública o colectiva que a la vez sea ilegal y violenta, concluyendo con un daño en su contra como efecto de la intervención administrativa y obligada de la Fuerza Pública. Asimismo no debe confundirse la culpa de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad, respecto a la concurrencia de culpas o de causas que inciden en la magnitud y el quantum de la indemnización debida, dado que, en tal caso, la compensación debe ser repartida de manera equitativa, en tanto el daño causado esté estrictamente relacionado entre sí y en relación con el mismo sujeto cuyo patrimonio fue afectado por la misma concurrencia causal. También debemos señalar dos causas adicionales del nexo causalidad: fuerza mayor y hecho de un tercero. En el primer caso (fuerza mayor) se trata de un suceso que está fuera del círculo de actuación de la Administración pública activa al no ser previsible y si fuera previsible sería inevitable. Por su parte, el hecho de un tercero se refiere a los casos donde la lesión antijuridica es imputable a otro sujeto de derecho diferente de la Administración activa, este sujeto tercero rompe o corta a la vez posibilidad de existencia del nexo causal de Administración activa con el sujeto afectado. Y ninguno de estos supuestos se presentan en el presente caso donde los daños y perjuicios reclamados se derivan del mantenimiento, abusivo e ilegal, de una medida cautelar de suspensión de obras, así como por el desconocimiento e inejecución de los permisos, autorizaciones y aprobaciones otorgadas por las administraciones co-demandadas. Asimismo, en el caso sub exámine, nuestra representada no tuvo injerencia alguna en el otorgamiento de los permisos ni en el mantenimiento abusivo e ilegal de la medida cautelar suspensiva de obras, cuando de manera contraria ya se habían cumplido con todas las condiciones establecidas para su levantamiento, de ahí la buena fe de la actora y su confianza en la presunción de validez de los permisos otorgados, entre estos el de construcción, para proceder con la inversión, con nexo de causalidad, en la construcción y futura operación de la ESTACION DE SERVICIO SERVICENTRO CORONADO. De manera complementaria a lo indicado, existen dos eximentes del nexo causalidad, sea por fuerza mayor o hecho de un tercero. En el primer caso hemos de entender que se trata de un suceso que está fuera del control de la Administración activa al ser imprevisible o que siendo previsible es inevitable. Por su parte, el hecho de un tercero se refiere a aquellos casos donde la lesión antijurídica es imputable a otro sujeto. Y así se recalca en una realidad, cierta y objetivamente constatable: ninguno de los supuestos eximentes para la responsabilidad patrimonial administrativa, es aplicable a la presente litis, donde los daños y perjuicios reclamados se derivan del mantenimiento, abusivo e ilegal, de una medida cautelar de suspensión de obras por parte de la Municipalidad codemandada, así como por el desconocimiento de los permisos, autorizaciones y aprobaciones otorgadas en dimensión concurrente, interrelacionada y estrechamente vinculados en perjuicio de un mismo sujeto recaído en la parte actora. C.- Afectación cierta, cuantificable e individualizada. Otro elemento constitutivo para la responsabilidad patrimonial administrativa radica -se insiste- en la existencia del daño efectivo o cierto, que a la vez sea evaluable económicamente e individualizado, en relación con una persona concreta y por derivación necesaria del funcionamiento normal o anormal de los servicios y función públicos. Y es que no puede ser de otro modo, ya que para que la lesión antijurídica tenga el carácter de resarcible o sea susceptible de generar la obligación de indemnizar al sujeto afectado, conforme al numeral 196 de la LGAP. En efecto, ha sido un criterio compartido que la Administración Pública, en todas sus esferas, está obligada a indemnizar cualquier lesión que los particulares sufran en sus bienes y derechos, aunque sea consecuencia del funcionamiento normal de los servicios públicos, siempre que el perjuicio sufrido por el administrado sea individualizado y concreto y a la vez exceda de lo que puedan considerarse como cargas comunes de la vida social, tales como las denominadas cargas urbanísticas. Igualmente, se entiende que es únicamente indemnizable el daño producido de forma real y efectiva, no así frente a eventuales, hipotéticos o especulativos supuestos. Por esto es acertado repetir que uno de los requisitos de la responsabilidad patrimonial administrativa y de toda pretensión de daños y perjuicios, radica en su efectividad material, cierta, real por ello cuantificable económicamente en relación con algún determinado sujeto afectado o colectivo claramente identificable. Procedamos ahora a sintetizar las características de lo que se entiende por daño resarcible -sin demérito de la insistencia- que debe ser: 1. Efectivo o cierto: no puede ser meramente eventual, hipotético o condicionado. 2. Evaluable económicamente: ser traducible o cuantificable en numerarios. 3. individualizado: respecto a una persona o grupo de personas. Al respecto ha dispuesto la SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: "(...) VI.- No cualquier daño da pie a la obligación de resarcir Para tal efecto, han de confluir básicamente las siguientes características para ser una "daño resarcible": A) Debe ser cierto; real y efectivo, y no meramente eventual o hipotético, no puede estar fundado en realizaciones supuestas o conjeturales. El daño no pierde esta característica si su cuantificación resulta incierta, indeterminada o de difícil apreciación o prueba; tampoco debe confundirse la certeza con la actualidad, pues es admisible la reparación del daño cierto pero futuro; asimismo, no cabe confundirse la certeza con la actualidad, pues es admisible la reparación del daño cierto pero futuro; asimismo no cabe confundir el daño futuro con el lucro cesante o perjuicio, pues el primero está referido a aquel que surge como una consecuencia necesaria derivada del hecho causal o generador del daño, es decir sus repercusiones no se proyectan al incoarse el proceso. En lo relativo a la magnitud o monto (seriedad) del daño, ello constituye un extremo de incumbencia subjetiva única del damnificado, empero el derecho no puede ocuparse de pretensiones fundadas en daños insignificantes, derivadas de una excesiva susceptibilidad. B) Debe mediar lesión a un interés jurídicamente relevante y merecedor de amparo. Así puede haber un damnificado directo y otro indirecto: el primero es la víctima del hecho dañoso, y el segundo serán los sucesores de la víctima. C) Deberá ser causado por un tercero, y subsistente, esto es, sí ha sido reparado por el responsable o un tercero (asegurador) resulta insubsistente. D) Debe mediar una relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño." (Al respecto véase: SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA n. 112-92 de las 14:15 horas del 15 de julio de 1992.) Para lo que acá interesa, la afectación generada es claramente individualizable, cuantificable y cierta, no hipotética ni potencial pues el daño ha sido realizado, la construcción de la obra ha sido suspendida y ahora su futura terminación y puesta en operación es radicalmente incierto, en virtud del mantenimiento abusivo e ilegal de la medida cautelar y el desenlace del proceso de Iesividad incoado por la Municipalidad co-demandada según el expediente judicial número 15-10009-1027-CA. En todo caso, ya el proyecto fue truncado y la inversión perdida, generándose así el daño objetivo, individualizable, cierto y cuantificable que debe ser resarcido, ya que la única finalidad por la cual se adquirió el inmueble fue para la construcción y operación de una estación de servicio, según lo indicado". En conclusiones la parte actora reitera lo ya indicado en la demanda, ratifica la responsabilidad de la Municipalidad de Vásquez de Coronado e introduce aspectos novedosos relacionados con la responsabilidad de la Setena y Senara.

 V.- SOBRE EL ARGUMENTO DE LAS PARTES DEMANDADAS: La representación del Estado al contestar esta demanda señaló en lo de interés: "(...) RAZONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS (...) Las pretensiones que plantea la parte actora contra el Estado son incongruentes, inadmisibles e improcedentes. En consecuencia, deberán rechazarse con base en las siguientes razones: EXCEPCIONES: • FALTA DE LEGITIMACIÓN AD CAUSAM PASIVA, FALTA DE DERECHO Y PRESCRIPCIÓN. • Para determinar la existencia de una eventual responsabilidad patrimonial de la Administración, deben presentarse necesariamente tres presupuestos básicos sin los cuales no resulta posible su reconocimiento: I. La existencia de una acción u omisión por parte de un ente público. II. La producción de un daño que el sujeto perjudicado no tiene el deber de soportar y que tiene como características el ser efectivo, real, evaluable económicamente e individualizado. III. La existencia de una relación de causalidad entre acción u omisión administrativa y el daño infringido, es decir, que exista relación directa de causa a efecto entre el hecho que se imputa y el daño producido. Sobre el primer supuesto -acción u omisión del Estado- en ningún momento el Estado ha realizado acción u omitido algo que genera daño o perjuicio económico alguno a la sociedad actora. En ese sentido tal y como se ha mencionado desde el inicio y como se ampliará, la propia parte reconoció abiertamente, que SETENA y el resto de las autoridades competentes, entiéndase la DGTCC, "han dejado claro su posición favorable al proyecto" (apartado de la demanda titulado "ANTECEDENTES"). Dicho de otro modo, la parte accionante -de manera expresa reconoce que las conductas llevadas a cabo por el Estado no han puesto en peligro o amenazado siquiera su proyecto. Ahora bien, en cuanto a la producción del daño, el mismo no existe y en todo caso no es responsabilidad del Estado, por cuanto las conductas que finalmente cuestiona son atribuibles únicamente a la Municipalidad de Vásquez de Coronado (hecho de un tercero) -tal y como indicaremos más adelante-. Así, evidentemente, tampoco existe nexo causal, el cuadro fáctico que presenta la actora carece de los elementos esenciales de la responsabilidad administrativa, cual es la existencia del nexo causal o relación de causalidad, que constituye el "puente" entre la conducta administrativa y el daño producido, sea entre la Administración y el administrado. Conforme lo anotado, se reitera que el actor reconoce expresamente que la conducta administrativa de mí Representado era "Favorable al proyecto". Bajo este contexto, de acuerdo al numeral 190 de la Ley General de la Administración Pública, dichos presupuestos no encuentran asidero, fáctico ni jurídico para imputar de responsabilidad al Estado, ergo no existe responsabilidad estatal. En todo caso, sin perjuicio de lo anterior, es evidente la presencia del hecho de un tercero respecto de la citada Municipalidad, que como se detallará es el ente que tiene la potestad constitucional y legal para otorgar finalmente las licencias constructivas, suspenderlas o renovarlas. Al efecto, en lo conducente, dispone dicho artículo: "1. La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legitimo o ilegitimo, normal o anormal salvo fuerza mayor o culpa de la víctima o hecho de un tercero. "(El resaltado es nuestro). Así las cosas, si se presenta alguna de las causales dispuestas en el anterior numeral, se origina la ruptura del nexo de causalidad y consecuentemente se extingue la responsabilidad de la Administración. Así las cosas, la confesión espontánea de la parte actora, que reconoce que el proceder de mi Representado era "Favorable al proyecto", no así la conducta de la Municipalidad (la medida cautelar y el proceso de Iesividad), es clara muestra que existe un eximente de responsabilidad para el Estado (hecho de un tercero), en cuanto este no fue el que causó el daño hipotético que le imputa al Estado. En esa línea, la accionante expresamente señala: "Nótese que el daño ocasionado se deriva del desconocimiento que hace la Municipalidad de Vásquez de Coronado de los alcances y peso del permiso de construcción (..) tampoco sirve de escusa [sic] la interposición de un proceso de lesividad para no levantar una medida cautelar (...) mucho menos puede servir de excusa o justificación para no resarcir los daños ocasionados por la [sic] inversiones realizadas por nuestra representada (..) los daños y perjuicios reclamados se derivan del mantenimiento, abusivo e ilegal de una medida cautelar de suspensión de obras por parte de la Municipalidad codemandada, así como el desconocimiento de los permisos; autorizaciones y aprobaciones otorgadas en dimensión concurrente, interrelacionada y estrechamente vinculados (...) Para lo que acá interesa, la afectación generada es claramente individualizable, cuantificable y cierta, no hipotética ni potencial pues el daño ha sido realizado la construcción de la obra ha sido suspendida y ahora su futura terminación y puesta en operación es radicalmente incierto en virtud del mantenimiento abusivo e ilegal de la medida cautelar y el desenlace del proceso de lesividad incoado por la Municipalidad co-demandada según el expediente judicial número 15-10009-1027-CA." (sic) Por otra parte, la parte actora solicita que sobre mi Representado sea declarada la existencia de una responsabilidad objetiva, tal y como lo expone en la pretensión numerada 2, pero lo cierto del caso es que la actora no ha señalado un solo acto u omisión nuestra que le hubiere podido causar un daño o perjuicio, valga acotar no existe en todo caso. Lo anterior se refuerza cuando en la pretensión numerada 3 solicita el pago de daño moral a la Municipalidad, manifestando expresamente que este se solicita "por haber persistido esta Municipalidad en la continuidad de la medida cautelar suspensiva inicialmente adoptada, a pesar de la existencia de criterios técnicos y jurídicos internos de la propia municipalidad que no avalaron la indicada suspensión (..)" (sic) Es decir, si comparamos ambas pretensiones, la numero 2, no tiene un fundamento de hecho, como si lo tiene la que dirige contra el gobierno local. Por ende, es claro que los actos que la parte actora entiende como supuestamente dañinos, son únicamente los de la Municipalidad. o Sobre las competencias municipales en certificados de uso de suelos y licencias constructivas: Como es bien sabido, en materia local urbanística y ambiental, las Municipalidades tienen la competencia absoluta en la emisión de licencias constructivas, por ende, también para su mantenimiento y suspensión. Lo anterior, según lo ha dispuesto la propia Constitución Política y las demás leyes relacionadas. En esa línea, la Sala Constitucional ha apuntado: "las corporaciones municipales tienen un papel de primer orden en la protección y conservación de las aguas subterráneas a través de una serie de instrumentos indirectos. Así la Ley de Planificación Urbana (No. 4240 del 15 de noviembre de 1968), nace más de 35 años con fundamento en el ordinal 169 de la Constitución Política -en cuanto les compete la administración de los intereses y servicios locales en cada Cantón, les impuso el deber de promulgar un plan regulador para planificar y controlar el desarrollo urbano y los reglamentos de desarrollo urbano conexos (artículos 15 y siguientes). Dentro de ese plan regulador y el reglamento de zonificación, las Municipalidades deben identifican a efecto de regulan controlar y restringir las actividades humanas (industrial urbanística, agropecuaria, etc.), las áreas o zonas reservadas por ubicarse en las mismas un manto acuífero o su área de recarga o descarga. Por aplicación de los derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 de la Constitución Política), a la vida y la salud humanas (artículo 21 ibídem) y en aras de un desarrollo sostenible los cantones que por sus características geomorfológicas cuenten en su circunscripción terrenos que alberguen mantos acuíferos áreas de recarga y descarga de éstos manantiales y nacientes están especialmente llamados y obligados a regular y normar responsable, eficiente y eficazmente, tales extremos puesto que, en ocasiones las aguas subterráneas no solo proveen al consumo y uso de las poblaciones del cantón sino a diversos cantones lo que demuestra un claro interés supra local o nacional. Los habitantes de esas localidades de su parte deben soportar la carga general o las limitaciones y restricciones en el uso y el aprovechamiento del suelo y de las aguas derivadas de la determinación y fijación de tales áreas protegidas, puesto que, es en beneficio de ellos, de los habitantes de los otros cantones que son abastecidos con las aguas que discurren por el manto acuífero y que afloran o descargan en otros cantones n desde luego, de las futuras generaciones." (Voto N° 2004-01923 de las 14 horas con 55 minutos del 25 de febrero del 2004). También, esta Procuraduría General de la República ha emitido dictámenes en los que deja clara la competencia del gobierno local: "las funciones urbanísticas comprenden la elaboración y aprobación del plan regulador y regulaciones complementarias, como el Reglamento de Zonificación, Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, Mapa Oficial y Reglamento de Renovación Urbana; el otorgamiento de permisos de fraccionamiento, urbanización, construcción; así como el ámbito sancionatorio (Ley de Planificación Urbana, artículos 15, 16 21, 24, 32; Ley de Construcciones, artículos 151 87-89 y 96). "(Dictamen C-001-2013 del 9 de enero del 2013). Ahora bien, en el marco de estas competencias, la Municipalidad codemandada, por acuerdo N° 2015-253-36 adoptado en la sesión ordinaria N°253 del 23 de febrero de 2015, acordó declarar lesivos los certificados de uso de suelo relacionados con este asunto y presentó ante el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, proceso contencioso de Iesividad N° 15-010009-1027-CA, contra la parte actora de este proceso, siendo que por sentencia N° 20-2018-11 de las 10 horas y 30 minutos del 23 de marzo del 2018, se resolvió: "POR TANTO Se rechaza la excepción de falta de derecho. Se declara con lugar la demanda interpuesta. En consecuencia, se declara la nulidad absoluta de los siguientes actos administrativos: a) Certificado de Zona N° CZDIM-785-05 de fecha 6 de octubre del 2005 del Departamento de Ingeniería Municipal. b) Certificado de Zona N° 884-07 de fecha 11 de setiembre del 2007 del Departamento de Ingeniería Municipal c) Certificado de Zona No 553-11, de fecha 10 de junio del 2011 del Departamento de Planificación Urbana y Control Urbanístico. d) Certificado de Zona N° 554-11 de fecha 10 de junio del 2011. e) Permiso de Construcción N° 039.2012 de fecha 15 de marzo del 2012 del Departamento de Ingeniería Municipal o Certificado de Zona N° 552-12, de fecha 15 de marzo del 2012 del Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo. Son ambas costas de esta acción a cargo de la demandada." (sic) Para arribar a esta conclusión el Tribunal Contencioso determinó que los referidos certificados de uso de suelo presentaban un vicio en su motivo, toda vez que fueron emitidos contra lo dispuesto el plan regulador. Al efecto, indicó: "V- Ahora bien, por el fondo de la cuestión sometida a debate, considera el Tribunal que, tal y como lo aduce la Municipalidad actora, los certificados de uso de suelo impugnados en esta sede ciertamente presentan un vicio en su elemento motivo, concretamente, en el fundamento jurídico aplicado para la actividad solicitada por la empresa demandada. Véase que el Plan Regulador del cantón de Vázquez de Coronado, en su artículo 21, es absolutamente claro en disponer que la actividad de Gasolinera es un uso permitido estrictamente para la Zona Lineal de Comercios y Servicios de San Antonio, cuya ubicación comprende a lo largo de la ruta 102, cruce de la Trinidad-San Antonio a San Isidro de Coronado. La norma se basta a sí mismo en su literalidad y para ninguna otra zona del referido Plan Regulador se incluye la actividad de Gasolinera como un uso permitido. En consecuencia, no cabía por ningún motivo admitir como conforme el uso de suelo para la actividad de Gasolinera en un inmueble que estaba ubicado en una zona en donde ese uso no era permitido. Al respecto, es incontrovertido que la finca de la provincia de San José matrícula 569222-000 de acuerdo con su plano catastrado N°SJ-1021582-2005 se encuentra ubicada en la Zona descrita por el Plan Regulador como Zona Lineal de Residencia, Servicios y Comercio de Baja Intensidad regulada en el artículo 20 del mencionado reglamento, norma de acuerdo con la cual los usos permitidos en ese sector son: servicios públicos servicios particulares residencia unifamiliar; multifamiliar; resturantes [sic], pequeña industria artesanal comercio general edificios de estacionamiento de automóviles parqueos, hoteles, facilidades comunales y supermercados. Nótese que el uso para la actividad de gasolinera no está incluido dentro de /os usos expresamente previstos para dicha zonificación, y por ende automaticamente [sic] se equipara a un uso no permitido, tal y como lo establece el artículo 3.2.1 del Plan Regulador que cuando al respecto dispone "todo uso que no esté incluido en la lista de usos permitidos y condicionales se entiende que no están permitidos en esa zona "Es preciso apuntar que tampoco cabía hacer una labor de interpretación para incluir a las gasolineras dentro del concepto indeterminado de "comercio general", porque la primera estaba expresamente reservada para otro espacio físico ya definido específicamente para ese propósito. Por consiguiente, el funcionario municipal competente que otorgó los usos de suelo conforme en el caso concreto, incurrió en una indebida aplicación de la norma jurídica procedente, lo que se traduce en nuestro ordenamiento jurídico administrativo en un vicio grave que afecta el motivo lo por derivación, el contenido de los actos impugnados en consecuencia, genera su nulidad absoluta, de conformidad con los artículos 132, 133, 158, 166 y 172 de la Ley General de la Administración Pública, y así se declara en este proceso de lesividad" (sic) Lo resuelto por el Tribunal es transcendente porque el accionar de la actora va dirigido a querer endilgar a mí Representado una responsabilidad que no le corresponde, cuando evidentemente lo cuestionado es competencia municipal, máxime cuando en materia urbanística-ambiental la Municipalidad es la que tiene las competencias definitivas para autorizar o no un proyecto constructivo, y que el SETENA y la DGTCC únicamente contribuyen en un procedimiento previo pero donde la última palabra la tiene el ente municipal. Así, la Municipalidad de Vásquez de Coronado, en el ejercicio de sus competencias -en un primer momento- otorgó los certificados de uso de suelo, que autorizaron la licencia constructiva del actor y luego determinó que los mismos, eran nulos, y así lo declaró el Tribunal Contencioso. Todo lo anterior, confirmando que este ente local es el encargado de conceder o no el derecho subjetivo al actor sobre las construcciones, y no mi Representado. Conforme lo anotado, no está de más señalar, respecto de la viabilidad ambiental de SETENA, que en su individualidad el otorgamiento no permite el ejercicio de la actividad, obra o proyecto, sino que es un requisito para acceder al dictado del acto definitivo, que es aquel que permite desarrollar la obra. Así, el trámite de la viabilidad o licencia ambiental forma parte de un proceso principal autorizatorio. En ese sentido, la Sala Constitucional ha señalado: "Debe hacerse además la advertencia que la realización y aprobación del estudio de impacto ambiental no implica, en sí misma, la puesta en funcionamiento del proyecto en cuestión, por cuanto, es tan sólo uno de los requisitos exigidos para culminar el proceso de autorización que, en algunos casos, será la obtención del permiso de salud la aprobación de los planos de la urbanización por la municipalidad respectiva, el visto bueno de la concesión por la entidad competente, el otorgamiento de las licencias comerciales etc. Esto es así debido a que, tratándose del ambiente, no se puede hablar de variables inmodificables; todo lo contrario, por su propia naturaleza, el ambiente es por sí mismo, la con mayor grado por intervención del ser humano, cambiante. La aprobación de un estudio de impacto ambiental en los términos que lo señala la Ley Orgánica del Ambiente, tampoco supone una autorización inmodificable para realizar un determinado proyecto humano, toda vez que, a través de la labor de fiscalización a cargo de la Administración, al detectarse un daño al ambiente según lo establece la Convención de Río, el permiso puede revocarse, a fin de garantizar el derecho establecido en el numeral 50 de la Constitución Política y a la vez ejecutar la garantía ambiental que se dispone para resguardar la aplicación de medidas ambientales de corrección, mitigación o compensación por daños ambientales o impactos ambientales negativos no controlados por la actividad obras o proyectos. "(Voto N° 2019-2009 de las 14 horas y 55 minutos del 11 de febrero del 2009, considerando VI). (La negrita no pertenece al original). La resolución N° (sic) SETENA no era más que una "licencia de carácter ambiental para solicitar los restantes permisos ante las autoridades competentes. " (Sala Constitucional, voto N° 17237-2010, considerando VIII). Por otro lado, respecto de la DGTCC en informe N° DGTCC-DL-84-2018 de 20 de marzo de 2018 (que se adjunta), se apuntó que este órgano informó a SETENA y a la Municipalidad de Vásquez de Coronado que debían considerar para lo que correspondiese desde el ejercicio de sus competencias, y que de parte de la DGFCC no existía, ningún acto de trámite pendiente de realizar por parte del desarrollador sobre el cumplimiento técnico del proyecto aprobado, el cual desde el punto de vista ingenieril cumplía todas las especificaciones técnicas del Decreto Ejecutivo número 30131-MINAE Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos. Lo anterior, cumpliendo mi Representado con lo ordenado por la sentencia constitucional N° 2013-2023 de las 14 horas y 30 minutos del 13 de febrero del 2013 (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), que ordenó dentro de su parte dispositiva: "(...) realizar las acciones correspondientes, de forma inmediata, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, para garantizar que no se continúen /as obras de construcción de la estación de servicio, de [...] SA., ni se permita su efectivo funcionamiento, hasta que se hayan adoptado las medidas necesarias para descartar el riesgo de contaminación a los mantos acuíferos o aguas subterráneas (...)." (sic) Es decir, ni SETENA, ni la citada DGFCC, realizaron conductas que pudieran acarrear el supuesto daño que ahora se achaca. No se omite indicar, que en todo caso lo actuado por mí Representado (no impugnado en este proceso y en todo caso no puede serlo evidentemente), que -se reitera- no tiene vínculo con el supuesto daño, fue realizado hace más de cinco años (artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública). > IMPROCEDENCIA DE LOS DAÑOS RECLAMADOS. Conforme lo expuesto y en apoyo de los numerales 190 y siguientes de la LGAP, rechazamos la pretensión de la parte actora que intenta endilgarnos el pago de daño patrimonial y perjuicios. Sin perjuicio de lo anterior, se agrega lo siguiente: Sobre el daño patrimonial solicitado: La demandante solicita que en sentencia se le otorgue la exorbitante suma de ochocientos cuatro millones ciento cincuenta y un mil setecientos quince colones (¢804.751.715,00), lo anterior con fundamento en un informe privado que aporta con su demanda. En primer lugar, dicho informe no es más que un documento de índole privado realizado por el Ing. Adolfo Lobo Zamora, a solicitud expresa de la demandante para aportarlo como prueba dentro de este proceso (véase que va dirigido a ésta), por tanto se rechaza. Sin perjuicio de lo anterior, ningún daño patrimonial es causado por el Estado (artículo 317 del Código Procesal Civil). Por otro lado, resulta completamente indebido que la parte accionante pretende que el Estado sea condenado a realizar el pago por el valor total del inmueble (absolutamente improcedente) pretendiendo a su vez mantenerse en posesión y titularidad del mismo. Adicionalmente, observe el Tribunal que la actora lo que ha referido en este asunto es la construcción de una estación de gasolina, y que a la luz de la normativa municipal se emitió una medida cautelar que suspendió los permisos para ese uso en particular. Lo anterior se desprende con total claridad de la mencionada sentencia N° 20-2018-11 de las 10 horas y 30 minutos del 23 de marzo del 2018, dentro del proceso contencioso de lesividad N° 15-010009-1027-CA: "V. (..) Nótese que el uso para la actividad de gasolinera no está incluido dentro del/os usos expresamente previstos para dicha zonificación, y por ende automaticamente [sic] se equipara a un uso no permitido, tal y como lo establece el artículo 3.2.1 del Plan Regulador que cuando a/ respecto dispone: 'Todo uso que no esté incluido en la lista de usos permitidos y condicionales se entiende que no están permitidos en esa zona" (...)" (sic) El Estado no le está cercenando su derecho de propiedad privada (artículo 45 de la Constitución Política) y menos cuando ni la medida cautelar fue impuesta por éste sino por la Municipalidad aquí demandada. Así las cosas, el reclamo indemnizatorio es abiertamente improcedente por cuanto el Estado no es responsable, por la supuesta limitación a su derecho de propiedad, en virtud de que el control y ordenamiento territorial es una competencia Municipal. En razón de lo expuesto, la condena por ochocientos cuatro millones ciento cincuenta y un mil setecientos quince colones (¢804.751.715,00), solicitada contra el Estado debe ser rechazada. • Sobre el perjuicio solicitado: La parte actora solicita también que en sentencia se condene al Estado al pago de perjuicios por doscientos diez millones seiscientos setenta y nueve ciento cuarenta y dos colones (¢210.679.142,00), entendidos como las sumas dejadas de percibir, equivalentes a lo que se hubiera obtenido en caso de haberse colocado para la obtención de réditos desde la base de lo que efectivamente se gastó, en títulos de deuda a seis meses plazo del Banco Nacional de Costa Rica, lo anterior también, según el informe privado realizado por el Ing. Adolfo Lobo Zamora. En primer lugar, se reitera lo indicado en el apartado anterior, en el tanto se trata de un estudio privado pagado por el propio actor para presentarlo con la demanda. Luego, el actor fundamenta dicho monto en un cálculo de intereses dejados de percibir según las tasas de interés de los certificados a seis meses plazo del Banco Nacional de Costa Rica, lo cual desde ya se rechaza. Nótese que el informe en el que funda el cálculo parte de hipótesis y suposiciones; por ejemplo, señala que los perjuicios surgen a partir de un costo hundido del terreno, e indica que debe evaluarse cual podría haber sido su uso alternativo y potencial rentabilidad, y apunta que la opción más prudente sería la de colocar el dinero invertido en títulos valores de un banco. Así, lo que en el fondo pretende el actor es que asumamos el pago de una supuesta inversión, que ellos hubieran realizado, lo que se rechaza (artículo 196 de la Ley General de la Administración Pública). En todo caso, esta Representación se opone a la pretensión de intereses solicitados, y se reitera que el daño es inexistente y debe ser rechazado cualquier reconocimiento al respecto en contra del Estado. En este sentido los perjuicios patrimoniales de doscientos diez millones seiscientos setenta y nueve ciento cuarenta y dos colones (¢210.679.142,00) deben correr la misma suerte y ordenarse su rechazo absoluto. • Sobre los intereses legales e indexación solicitada: Esta Representación se opone a la pretensión de intereses legales y indexación solicitada, y se reitera que el daño y perjuicio es inexistente y debe ser rechazado cualquier reconocimiento al respecto en contra del Estado. • Sobre las costas: En virtud de que la demanda es absolutamente improcedente contra el Estado el condenado en costas debe ser la parte actora como expresamente se solicitará más adelante.". En conclusiones reitera lo ya indicado, se refiere al expediente de la Municipalidad de Vásquez de Coronado a los peritajes privados y su improcedencia y a la falta de nexo causal.- El representante de SENARA por su parte mencionó en resumen que, ellos se limitaron a otorgar los criterios técnicos correspondientes sobre la situación hidrogeológica del sitio. Que SENARA no es quien da los permisos de construcción ni quien aprueba la viabilidad ambiental de los proyectos. Lo que SENARA emite en oficio ASUB-363-O6 es la evaluación de la parte hidrogeológica del sitio. a fin de que el desarrollador del proyecto tome las previsiones de diseño del proyecto y tecnología apropiada para que su proyecto no ponga el peligro ni afecte los mantos acuíferos y para que tome las medidas para evitar que su proyecto no afecte los intereses públicos. Menciona que la sentencia estimatoria de la Sala Constitucional señaló que la sociedad actora no cumplió con tomar las previsiones correspondientes para la protección del recurso hídrico (que había sido evaluada por el SENARA mediante oficio ASUB-363-06 del 4 de setiembre del 2006, realizando excavaciones más allá de las que debía al punto de llegar propiamente al acuífero, quedando este expuesto, y por tanto la Sala Constitucional ordenó al desarrollador del proyecto el cierre de la fosa que estaba generando el daño ambiental. En conclusiones la representación del Senara reclama que no se logró demostrar la responsabilidad del Senara, hace un deslinde de responsabilidades, realiza una relación de hechos probados y no probados - Por su parte la Municipalidad de Vásquez de Coronado indicó en su contestación: "(...) CONSIDERACIONES DE DERECHO. Sobre la protección al ambiente como eje transversal del derecho público costarricense. El ordenamiento jurídico administrativo en nuestro país ha establecido como un eje primordial en la gestión de la conducta administrativa, a los denominados principios preventivo y precautorio, sobre los que hay un sinnúmero de manifestaciones de los órganos de consulta técnica. " ...al principio preventivo, trascendental en esta materia, y que no debe confundirse con el precautorio, mediante el cual se establece una especie de presunción en favor del ambiente, de modo que, cuando no exista certeza científica sobre los efectos negativos que una actuación pueda generan se prohíba su realización, se le impongan limitaciones o se adopten medidas protectoras. Ambos están enunciados en el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad: "Son criterios para aplicar esta ley: 1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipan prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterios precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección.(...)" Y se relacionan estrechamente: "Se dice que cabe aplicar el Principio de Prevención en aquellos casos en que existe posibilidad científica de medir los riesgos y recomendar por ello, medidas para su manejo. Cuando los conocimientos científicos no llegan a ese nivel, lo procedente será, entonces, acudir al Principio Precautorio.(...)." El principio preventivo tiene relación con el carácter que deben revestir en general, las acciones para la protección del ambiente: "(...) La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. " (Sala Constitucional, Voto No. 1250 de las 1 1:24 horas del 19 de febrero de 1999, reiterado en los Votos números 2219 de las 15:18 horas del 24 de marzo de 1999, 9773 de las 9:44 horas del 3 de noviembre del 2000, 1711 de las 16:32 horas del 27 de febrero del 2001, 6322 de las 14.14 horas del 3 de julio del 2003 y 1923 de las 14:55 horas del 25 de febrero del 2004)". (Ver en este sentido la Opinión Jurídica nro. OJ-01 1-2006, del 30 de enero del 2006, de la Procuraduría General de la República). Fundamento legal de tales institutos, encontrado en la Ley de Biodiversidad, nro. 7788, del 30 de abril de 1998, en tanto dispuso: "ARTÍCULO 1.- Objeto. El objeto de la presente ley es conservar la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos, así como distribuir en forma justa los beneficios y costos derivados. (...) ARTICULO 5.- Marco de interpretación. Este ordenamiento jurídico servirá de marco para la interpretación del resto de las normas que regulan la materia objeto de esta ley. (...) ARTÍCULO 11.- Criterios para aplicar esta ley Son criterios para aplicar esta ley: 1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipan prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterio precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección. 3.- Criterio de interés público ambiental: El uso de los elementos de la biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 4. Criterio de integración: La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad deberán incorporarse a los planes, los programas, las actividades y estrategias sectoriales e intersectoriales, para los efectos de que se integren al proceso de desarrollo. (...) ARTÍCULO 45.- Responsabilidad en materia de seguridad ambiental. El Estado tiene la obligación de evitar cualquier riesgo o peligro que amenace la permanencia de los ecosistemas. También deberá prevenir mitigar o restaurar los daños ambientales que amenacen la vida o deterioren su calidad. (...)" Por su parte, la Ley Orgánica del Ambiente (Ley nro. 7554 del 4 de octubre de 1995) establece, en lo que aquí nos interesa, lo siguiente: "ARTICULO 1.- Objetivos. La presente ley procurará dotar a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Estado, mediante la aplicación de esta ley, defenderá y preservará ese derecho, en busca de un mayor bienestar para todos los habitantes de la Nación. Se define como ambiente el sistema constituido por los diferentes elementos naturales que lo integran y sus interacciones e interrelaciones con el ser humano. ARTICULO 2.- Principios. Los principios que inspiran esta ley son los siguientes: a) El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación, con las excepciones que establezcan la Constitución Política, los convenios internacionales y las leyes. El Estado y los particulares deben participar en su conservación y utilización sostenibles, que son de utilidad pública e interés social. b) Todos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente sostenible para desarrollarse, así como el deber de conservarlo, según el articulo 50 de nuestra Constitución Política. c) El Estado velará por la utilización racional de los elementos ambientales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. Asimismo, está obligado a propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, entendido como el desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer las opciones de las generaciones futuras. d) Quien contamine el ambiente o le ocasione daño será responsable, conforme lo establezcan las leyes de la República y los convenios internacionales vigentes. e) El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases de la existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los recursos indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto pone en peligro la forma de vida de las comunidades, y ético, porque atenta contra la existencia misma de las generaciones presentes y futuras. El Estado propiciará, por medio de sus instituciones, la puesta en práctica de un sistema de información con indicadores ambientales, destinados a medir la evolución y la correlación con los indicadores económicos y sociales para el país. ARTICULO 3.- Participación conjunta para cumplir objetivos. El Gobierno fijará un conjunto armónico e interrelacionado de objetivos, orientados a mejorar el ambiente y manejar adecuadamente los recursos naturales. A estos objetivos deberán incorporarse decisiones y acciones específicas destinadas a su cumplimiento, con el respaldo de normas, instituciones y procedimientos que permitan lograr la funcionalidad de esas políticas. ARTICULO 4.- Fines. Son fines de la presente ley: c) Promover los esfuerzos necesarios para prevenir y minimizar los daños que pueden causarse al ambiente. d) Regular la conducta humana, individual o colectiva, y la actividad pública o privada respecto del ambiente, así como las relaciones y las acciones que surjan del aprovechamiento y la conservación ambiental. e) Establecer los principios que orienten las actividades de la Administración Pública en materia ambiental, incluyendo los mecanismos de coordinación para una labor eficiente y eficaz. (...) ARTICULO 59.- Contaminación del ambiente. Se entiende por contaminación toda alteración o modificación del ambiente que pueda perjudicar la salud humana, atentar contra los recursos naturales o afectar el ambiente en general de la Nación. La descarga y la emisión de contaminantes, se ajustará, obligatoriamente, a las regulaciones técnicas que se emitan. El Estado adoptará las medidas que sean necesarias para prevenir o corregir la contaminación ambiental. ARTICULO 60.- Prevención y control de la contaminación. Para prevenir y controlar la contaminación del ambiente, el Estado, las municipalidades y las demás instituciones públicas, darán prioridad, entre otros, al establecimiento y operación de servicios adecuados en áreas fundamentales para la salud ambiental, tales como: a) El abastecimiento de agua para consumo humano. b) La disposición sanitaria de excretas, aguas servidas y aguas pluviales. c) La recolección y el manejo de desechos. d) El control de contaminación atmosférica. e) El control de la contaminación sónica. 0 El control de sustancias químicas y radiactivas. Estos servicios se prestarán en la forma que las leyes y los reglamentos específicos lo determinen, procurando la participación de la población y sus organizaciones. ARTICULO 61.- Contingencias ambientales. La autoridad competente dictará las medidas preventivas y correctivas necesarias cuando sucedan contingencias por contaminación ambiental y otras que no estén contempladas en esta ley". De esta manera queda más que evidenciado que, el ordenamiento jurídico nacional es de un alto contenido proteccionista en materia de resguardo de los recursos naturales de la Nación. Estableciendo la posibilidad de que, los órganos ejecutivos, y más aún los jurisdiccionales, puedan tomar posiciones de resguardo latente hacia diversos bienes jurídicos tutelables de contenido ambiental. En relación con lo anterior, el derecho a la salud, es un derecho de corte fundamental que se deriva del artículo 21 (derecho a la vida) y el artículo 50 (derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado) de nuestra Constitución Política. La línea de conceptualización del Derecho a la Salud, en nuestra jurisprudencia y de la OMS (Organización Mundial de la Salud) ha definido este primordial Derecho de la siguiente manera: "un estado completo de bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". Como se desprende del concepto anterior, el derecho a la salud va más allá de simplemente estar libre de enfermedades que vulneren el estado físico, el concepto engloba el bienestar emocional y social, que sin lugar a duda se encuentra íntimamente relacionado con la protección que puedan realizar las instituciones públicas, a los elementos ambientales, tales como el agua y el recurso hídrico en general. Cabe recordar que, como costarricenses, nuestra salud emocional y social, se puede ver vulnerada en momentos, donde se situé en una situación de constante incertidumbre frente a los potenciales daños que pueda sufrir nuestro ecosistema vital. Enfocándonos ahora en uno de los temas clave, un derecho del cual se extrae el derecho a la Salud y se encuentra reglado en el artículo 50 de nuestra Carta Magna, tenemos el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, del cual se desprende dos importantes principios que son el Principio Precautorio y el Principio Preventivo, mismos que fueron por la Sala Constitucional en la resolución que ordenó la suspensión de las obras, y que a la fecha se mantiene vigente, ya que no se nos ha notificado resolución judicial en contrario. Estas apreciaciones se entrelazan con la seguridad jurídica que debe otorgar todo ordenamiento jurídico a quienes recurren a los órganos jurisdiccionales a hacer valer sus derechos. Cosa que sucedió por medio de la sentencia nro. 2013-2023, de las 14:30 horas del 13 de febrero de 2013, de la Sala Constitucional. Donde la Sala Constitucional ordenó la suspensión de las obras, en una medida que típicamente es definida como una decisión provisional adoptada con el fin de evitar un daño grave e irreversible para el recurrente, y en este caso, para los derechos de contenido difuso que pretendía tutelar. Cabe recordar de esta manera que, en nuestro ordenamiento jurídico, de la combinación adecuada de los artículos 11, 33, 39, 41, 49 y 153 de la Constitución Política, se extrae la existencia y contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, derecho de contenido complejo, que se manifiesta, entre otras muchas formas, en la posibilidad de acceder a los órganos jurisdiccionales, de obtener una decisión bien fundada de Juez predeterminado por la Ley, y de ejecutar en el tiempo razonable y de forma adecuada, la resolución que se dicte. A lo anterior, se tiene que agregar como parte de ese abanico, el derecho a una tutela cautelar también efectiva. Con este derecho fundamental, sin duda alguna, se garantiza algo más que la potestad decisoria para la declaración de Io que jurídicamente es debido, pues esta protección no existe, sin la consecución real de lo concedido en sentencia, y esa consumación, no se obtiene si no se adoptan medidas, garantías o cautelas precisas que aseguren la eficacia de lo resuelto. Precisamente como la adoptada por la propia Sala Constitucional en la resolución de previa mención. La efectividad que se atribuye a la tutela judicial exige que se reconozca no sólo el derecho abstracto de acción, sino también, el que la resolución judicial satisfaga la pretensión del recurrente. Siendo en este caso, pretensión que se encontraba íntimamente relacionada con la protección de derechos de contenido ambiental, y de amplia legitimación difusa. Sobre el proceso para la anulación de los actos propios y el debido proceso con derecho de defensa para el interesado. Afirma maliciosamente la parte actora que realiza, ya sea tácita o expresamente esta representación, reconocimiento alguno de daños y lo perjuicios, esto con el proceso de Iesividad iniciado, siendo lo correcto afirmar que, lo realizado por esta Municipalidad fue iniciar un procedimiento reglado por el ordenamiento jurídico para la revisión de su propia actividad. Cabe recordar que, los ordenamientos jurídicos de corte liberal democrático basan su vigencia en el consagrado principio de seguridad jurídica, que implica en primer orden que las Administraciones Públicas deben proveer un marco normativo para que el ciudadano sepa a qué atenerse en sus relaciones con la Administración, siendo que así, en su sentido estricto. no precisa tener un determinado contenido, sino que basta con la existencia de un conjunto de disposiciones que fijen las consecuencias jurídicas frente a ciertos hechos o actos. El rango constitucional de la seguridad jurídica y de la coherencia en el ejercicio de las competencias otorgadas a la Administración Pública, es inminente dado la trascendencia que tales valores tienen en el orden jurídico costarricense, dado la importancia que reviste con motivo de garantizar la paz y la armonía social. Así las cosas, la seguridad jurídica, como valor fundamental del ordenamiento jurídico, enmarcado dentro de un sistema social que pretende una administración pública lógica y coherente, comprende y penetra todas las relaciones jurídicas que los diversos sujetos entablan a consecuencia del ejercicio de sus derechos fundamentales. El destacado Constitucionalista Antonio Enrique Pérez Luño, en su obra: La Seguridad Jurídica, Barcelona, Editorial Ariel S.A., 1991, página 19, nos indica lo siguiente: "La seguridad por inmediata influencia de la filosofía contractualista e iluminista se convertirá en presupuesto y función indispensable de los ordenamientos jurídicos de los Estados de Derecho. Se ha observado, certeramente, que la seguridad jurídica es el factor primario que impulsó a los hombres a constituir una sociedad y un Derecho, o, dicho en términos racionales, lo que constituye el motivo radical y primario de lo jurídico". Según la tesis seguida, la seguridad jurídica va un escalón más allá de los valores concretos establecidos constitucionalmente, y se convierte en un principio englobante para lograr los valores constitucionales, al fomentar el entero orden constitucional, que asegura realización de las libertades individuales. De lo anterior se desprende claramente, que la seguridad jurídica es un postulado de muy amplia proyección, informador de todo el ordenamiento, y del que se derivan otros principios como el de la protección de la confianza de los administrados y la coherencia en la administración del Estado. Téngase en cuenta, que nuestra argumentación no quiere dar a entender, que la seguridad jurídica se corresponde con la petrificación del ordenamiento, y que las competencias no deben ser actualizadas y asignadas de manera distinta a la ya establecida. sino que se pretende el respeto a las garantías de confianza, seguridad, eficiencia, coherencia y sana administración pública, para que las competencias atiendan a la labor técnica y especializada de cada institución, y que en caso de un cambio en el ordenamiento jurídico este se realice de manera generalizada garantizando la igualdad de los administrados ante el ordenamiento jurídico, y no estableciendo excepciones particulares a las normas jurídicas. Precisamente en el propio sentido de lo anterior, recuérdese la vigencia del principio de inderogabilidad singular de las normas, que implica la valía de la norma aún para el propio ente que las dictó, lo que de ninguna manera significa que no pueden ser reformadas o cambiadas, sino que garantiza que el posible o hipotético cambio o reforma, deba realizarse de conformidad con los procesos normados al efecto y que sea aplicado para la generalidad de los administrados, evitando las reservas discrecionales de desaplicación de las normas para casos concretos. Frente a lo anterior, el propio ordenamiento jurídico prevé Ia posibilidad de exceptuar el principio señalado, sea esto dado que dentro de la actividad humana pueden existir fallas, errores, o problemas subyacentes, la actividad de gestión administrativa no escapa de tales vicisitudes, siendo así que para esto se planeó dentro de los sistemas jurídicos la posibilidad que los actos administrativos, que sean favorables o declaratorios de derechos a terceros, puedan ser anulados o revisados de oficio. De cara a esto, nuestro ordenamiento jurídico establece un sistema bipolar de procedimientos anulatorios de los actos propios, concretamente sea lo predispuesto en los artículos 173 de la Ley General de la Administración Pública y el 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Estos numerales suponen una garantía para los administrados en cuanto si son beneficiarios de un acto administrativo, este no será suprimido sin un juicio previo con todas las garantías del debido proceso, sea un procedimiento administrativo (previo dictamen positivo de un órgano consultor, PGR o CGR, según sea el caso) en el supuesto del artículo 173. o por medio de un proceso judicial en el caso del artículo 34. Así las cosas, si bien por principio general la Administración Pública se encuentra inhibida para anular los propios actos que ha girado en favor de administrados. De la misma forma, ambos procedimientos anulatorios tienen un orden prelativo propio, siendo que en principio cualquier gestión debe cursar por regla general debe acudirse a la vía judicial y solicitar al órgano jurisdiccional el que se declare la nulidad del acto que se pretende lesivo, la razón de esto es limitar la posibilidad de que la Administración anule por sí misma los actos propios es por seguridad jurídica, dado que se pretende que el administrado tenga la certeza de que los actos administrativos que le confieren derechos subjetivos no van a ser modificados, ni dejados sin efectos arbitrariamente por mano propia. Para nuestro caso particular, importante verificar que. fuera de lo común en la órbita del derecho público costarricense, nuestra Municipalidad declaró la Iesividad de una de sus actuaciones, en plena aplicación del principio de seguridad jurídica, y procurando no generar mayores expectativas en el interesado. En dicho proceso, iniciado mediante el expediente judicial N° 15-010009-1027-CA, nuestra Corporación Municipal, en un sano ejercicio de diligencia, procedió a declarar la Iesividad, y presentar la gestión judicial, donde tuvo parte la aquí actora, para determinar la eventual nulidad de una actuación. Proceso donde a la Municipalidad no le corresponde la decisión final, sino que esto se encuentra bajo la órbita de un juez de la República. De esta manera, que el cumplimiento de los procesos de autorización que se dan con el cumplimiento del proceso ambiental-urbano tiene un significado per se, en la protección a la naturaleza y evitar el daño a la colectividad que podría generar la falta de pericia técnica en la construcción o modificación de terrenos. Situación frente a la que, al evidenciarse el riesgo generado hacia el recurso hídrico, la molestia ciudadana y las principales obligaciones de protección ambiental y de resguardo por la legalidad urbanística quebrantada. Sobre los presuntos daños alegados por la parte actora. En el particular nos permitimos manifestar nuestra disconformidad con la estimación de daños patrimoniales, esto pese a que somos conscientes de que no nos encontramos en el momento procesal oportuno al respecto, declarada por la parte actora, esto por cuanto no realizada detalle o desglose alguno, sobre los presuntos daños dentro de su demanda. Adicionalmente, pretende cobrar la totalidad de un fundo o bien inmueble, sin que a la fecha esta Municipalidad, u ente público pretenda negarle el derecho de utilización que tiene sobre la cosa, bien podría la parte actora desarrollar proyectos habitacionales u comerciales, siempre y cuando no riñan con la legalidad urbanística o ambiental. Adicionalmente. fuera de que la estimación de los presuntos daños es a todas luces arbitraria, rehúye a probarle y abiertamente pretende cobrar ítems que no se encuentran directa y/o causalmente ligados con los hechos de su demanda. En este sentido solicitamos su rechazo, y que sean expuestas al debido contradictorio.". En conclusiones la representación de la Municipalidad indicó que, no existe un daño material y es improcedente su reconocimiento, realiza manifestaciones en cuanto a las declaraciones del peritaje y los otros testigos, desvirtuándolas y rechaza el daño.-

 VI.- SOBRE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA: La responsabilidad civil extracontractual de la Administración Pública, se enmarca, dentro de un régimen objetivo, que engloba en su fundamento tanto la teoría del riesgo, como la teoría del equilibrio en la ecuación patrimonial. Con ello se procura esencialmente, la reparación indemnizatoria a quien ha sufrido una lesión atribuible a la organización pública como centro de autoridad. Este criterio finalista produce a su vez, una transformación plena en el eje central de la responsabilidad misma, pues abandona la observación analítica del sujeto productor del daño y la calificación de su conducta, para ubicarse en la posición de la víctima que, menguada en su situación jurídica, queda eximida en la comprobación de cualquier parámetro subjetivo del agente público actuante (salvo en lo que a su responsabilidad personal se refiere). De conformidad con el régimen objetivo de responsabilidad administrativa establecido en la Constitución Política de la República (artículos 9, párrafo primero, 11, 18, 33, 34, 41, 45, 49 párrafo primero, 139 inciso 4), 140 inciso 8), 148, 188 y 191) y las disposiciones contenidas en los artículos 190 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, la Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo, ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. La legitimidad o ilegitimidad se refiere básicamente a la adecuación de la conducta formal de la Administración al ordenamiento jurídico, mientras que la normalidad o anormalidad se refiere ante todo (pero no en forma exclusiva) a la conducta material o técnica, representada entre otras por la actividad prestacional que se atribuye al Estado como un todo. Conforme lo ha señalado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia No.000584-F-2005 de las diez horas cuarenta minutos del once de agosto del 2005), la anormalidad atiende a aquellas conductas administrativas, que en sí mismas, se apartan de la buena administración (conforme al concepto utilizado por la Ley General de la Administración Pública en el artículo 102, inciso d) que entre otras cosas incluye la eficacia y la eficiencia) o de la organización, de las reglas técnicas y científicas o de la pericia y el prudente quehacer en el despliegue de sus actuaciones. La anormalidad se puede manifestar a través de un mal funcionamiento, un funcionamiento tardío o una ausencia total de funcionamiento. En todo caso, debe considerarse que, conforme al régimen de responsabilidad contenido en nuestra legislación, la determinación de responsabilidad queda sujeta a la existencia de un nexo de causalidad entre la conducta administrativa y el daño producido, el que deberá ser cierto, efectivo, evaluable, indemnizable y no conjeturable. En consecuencia para su acaecimiento se requiere de tres requisitos esenciales: 1) Actuación u omisión derivada de la función o Conducta de la Administración Pública omisiva o activa, formal o material, normal o anormal, lícita o ilícita, de modo que "debe mediar en los términos de la LGAP, un funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, que es un concepto amplio que se refiere a las actuaciones lícitas e ilícitas de las administraciones públicas, o bien una conducta lícita o ilícita de la Administración Pública, con lo cual se incluye la actividad formal de los entes públicos, sea a través de actos administrativos-resoluciones, acuerdos o reglamentos-. A lo anterior debe agregarse la disfunción administrativa derivada de las omisiones materiales o formales.". (Ernesto Jinesta Lobo, en su obra Tratado de Derecho Administrativo, tomo segundo, 2005, editorial jurídica Diké, página 98). 2) Lesión o existencia de un daño antijurídico, una conducta por acción u omisión que infringe el ordenamiento jurídico, de modo que " cuando un ente público le causa a un administrado una lesión antijurídica que no tiene la obligación de soportar, surge a su cargo una obligación de repararle los daños y perjuicios (...) ". Ernesto Jinesta Lobo, en su obra Tratado de Derecho Administrativo, tomo segundo, 2005, editorial jurídica Diké, página 97. Tal daño, siguiendo a dicho autor, afecta al damnificado en su esfera patrimonial o extrapatrimonial, produciéndole una lesión antijurídica y resarcible que no tiene el deber de soportar (antijuridicidad objetiva), siendo tal toda conducta que por acción u omisión infringe el derecho objetivo. De modo que, tal daño debe ser cierto, efectivo, real, evaluable, individualizable, no hipotético, al tenor del ordinal 196 de la Ley General de la Administración Pública. y 3) El Nexo causal, es decir que exista relación directa de causa a efecto entre el hecho que se imputa y el daño producido que legitimen el perjuicio producido, sin causales de exclusión del nexo de causalidad, al acontecer una situación eximente como la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero.  Como establece el autor Jinesta Lobo, "La relación de causalidad es el nexo objetivo o externo entre la manifestación específica de la función administrativa, por acción u omisión, y la lesión antijurídica provocada al administrado damnificado. Debe mediar una relación inmediata, directa y exclusiva de causa a efecto entre la manifestación específica o respectiva de la función administrativa y la lesión antijurídica causada al administrado damnificado que no tiene el deber de soportarla (...).". (Ernesto Jinesta Lobo, en su obra Tratado de Derecho Administrativo, tomo segundo, 2005, editorial jurídica Diké, página 106). En este sentido debe considerarse que la Ley General de la Administración Pública en su artículo 190, establece tres eximentes de responsabilidad que generan un rompimiento del nexo causal, a saber: a)- fuerza mayor (hecho imprevisible, inevitable, de la naturaleza, extraño y exterior); b)- hecho de un tercero (el daño es producido por la acción u omisión de un sujeto totalmente ajeno a la relación triangular entre administración-funcionario-afectado) y c)- culpa de la víctima (es el propio sujeto pasivo del daño, quién se auto produce por negligencia o imprudencia inexcusable, la lesión o se coloca en posición para ello). Conforme al régimen de responsabilidad objetiva de la Administración, no hay que acreditar ni dolo, ni culpa, ni responsabilidad de ningún funcionario, sino que lo único que debe acreditarse para que surja el hecho generador de la responsabilidad, es que hubo un daño y que el administrado no está en la obligación de soportar. Además, debe considerarse que al momento de realizar el análisis de la responsabilidad de la Administración, debe considerarse que en la producción del daño, suelen concurrir con frecuencia múltiples factores, dentro de los cuáles es preciso determinar la acción u omisión que provocó la consecuencia, y que directa o indirectamente son causa próxima, adecuada y eficiente del mal causado, desplazando aquellas que no han tenido ninguna influencia en el resultado (causas extrañas), de las que, de no haber tenido lugar, hubiesen evitado el menoscabo. Para inferir la eficiencia de la causa que se tiene por adecuada, es indispensable deducir si es la productora de la lesión, de manera que de eliminarse, es racional deducir que el daño no se hubiera producido. La determinación de ese factor depende del examen de las pruebas traídas al proceso por las partes y a partir de ellas el Juzgador puede deducir si dentro del cuadro fáctico del caso, las acciones del demandado conllevan su responsabilidad (ver en este sentido las Sentencias de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia No. 252-F-01 de las 16: 15 horas del 28 de marzo del 2001, No.584-2005 de las 10:40 horas del 11 de agosto del 2005 y No. 00308 de las 10:30 horas del 25 de mayo del 2006). En lo atinente al cúmulo de responsabilidades, es relevante indicar, que existen situaciones especiales generadoras de responsabilidad por parte de la Administración Pública, en las cuales no acontece una causal exonerativa, sino que se atenúa la misma, tomando en consideración la culpa concurrente o participación del administrado en su generación. En estos casos, se acumulan las responsabilidades del Estado y del administrado en el cuadro fáctico, por cuanto la conducta del particular incidió en los hechos gravosos acontecidos. Ante tales casos, con base en los principios de razonabilidad, proporcionalidad, hermenéutica, lógica y sana crítica, el juzgador ha de reducir la indemnización de los daños infligidos, en atención a la culpa del administrado en su producción. Bien se ha dicho en ese sentido, por principio general, que la culpa de la víctima no exonera la culpa del autor de la lesión, sin embargo, éste debe responder únicamente en atención al grado de participación que haya tenido el administrado en ellos. Por lo tanto, es violatorio de principios elementales del derecho que, en tales situaciones, deba el Estado responder con toda la magnitud o grado que implica la responsabilidad objetiva. En atención a lo expuesto, es posible encontrar tres hipótesis en materia de responsabilidad civil extracontractual objetiva de la Administración Pública, cuales son: que se haya generado el hecho dañoso pero que acontezca alguna causa exonerativa de responsabilidad; que igual se haya producido la acción lesiva, pero sin que se genere alguna de las causales de justificación o de exoneración de responsabilidad (culpa de la víctima, el hecho de un tercero, y la fuerza mayor) y finalmente, que haya cúmulo o concurrencia de responsabilidades, en virtud de lo cual debe graduarse y atenuarse, la estimación de los daños causados, al existir culpa parcial de la víctima. En ese sentido, nos ha dicho la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en su voto número 584-2005, de las diez horas cuarenta minutos del once de agosto del dos mil cinco: "Eximentes. Exención plena y parcial. Establecida, como quedó anteriormente, la relación causal entre la omisión anormal e ilícita de la Administración y el daño producido, es menester analizar si existe culpa de la propia víctima, don ..., en el desenlace del trágico evento. Para ello es pertinente advertir que la normativa vigente artículo 190 de la mencionada Ley General contempla tres supuestos de exención total o parcial de responsabilidad, a saber: fuerza mayor como hecho imprevisible, inevitable, de la naturaleza, extraño y exterior; hecho de un tercero, en tanto es producido por la acción u omisión de un sujeto totalmente ajeno a la relación triangular entre Administración-funcionario-afectado y culpa de la víctima, en la medida en que es el propio sujeto pasivo del daño, quien produce –por negligencia o imprudencia inexcusable- la lesión, o se coloca en posición propicia para ello, para el concepto jurisprudencial de culpa de la víctima, puede verse la sentencia de esta Sala. N° 33 de las 9 horas 30 minutos del 9 de abril de 1953. Todos ellas originan la ruptura del nexo causal".-

 VII.- SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: Una vez revisados los argumentos de las partes y la prueba que consta en autos, esta Cámara de Juzgadoras determina que el presente asunto debe ser parcialmente declarado con lugar por las razones que a continuación se explican. Haciendo la salvedad de que cualquier argumento novedoso que las partes hayan incluido en conclusiones y que no consten en los escritos de demanda y contestación no serán analizados porque lo contrario sería violentar los principios de debido proceso y derecho de defensa de las otras partes al no darse un contradictorio. 1) Sobre la responsabilidad Administrativa que se pide. Procedencia de la misma por el otorgamiento del Certificado de Zona número CZDIM-785-05 del 6 de octubre de 2005, sus posteriores renovaciones y la nulidad de dichos usos de suelo declarados en proceso de lesividad. La parte actora en un extenso recuento de la doctrina de la responsabilidad objetiva de la Administración y sentencias emitidas por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, reclama se declare la responsabilidad administrativa, primero por la actuación de una de las demandadas que interpuso un proceso de lesividad para pedir la nulidad de varios de sus actos, lo que le impidió la construcción de una estación de servicio y segundo por el no levantamiento de la medida cautelar a pesar de haberse cumplido con todas condiciones establecidas por la Sala Constitucional y las autoridades competentes. Procedamos a continuación a analizar conforme la teoría de la responsabilidad administrativa objetiva si se cumplen con los tres requisitos necesarios para declarar una responsabilidad objetiva conforme se señaló ya en el Considerando anterior al referirnos brevemente a la responsabilidad civil extracontractual de la Administración Pública, que se enmarca, dentro de un régimen objetivo, establecido en la Constitución Política de la República (artículos 9, párrafo primero, 11, 18, 33, 34, 41, 45, 49 párrafo primero, 139 inciso 4), 140 inciso 8), 148, 188 y 191) y las disposiciones contenidas en los artículos 190 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública. Así, la Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo, ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. En todo caso, debe considerarse que, conforme al régimen de responsabilidad contenido en nuestra legislación, la determinación de responsabilidad queda sujeta a la existencia de un nexo de causalidad entre la conducta administrativa y el daño producido, el que deberá ser cierto, efectivo, evaluable, indemnizable y no conjeturable. En consecuencia, para su acaecimiento se requiere de tres requisitos esenciales: 1) Actuación u omisión derivada de la función o Conducta de la Administración Pública omisiva o activa, formal o material, normal o anormal, lícita o ilícita. 2) Lesión o existencia de un daño antijurídico, una conducta por acción u omisión que infringe el ordenamiento jurídico, y que causa a un administrado una lesión antijurídica que no tiene la obligación de soportar, y se le debe reparar. Siendo que el daño debe ser cierto, efectivo, real, evaluable, individualizable, no hipotético, al tenor del ordinal 196 de la Ley General de la Administración Pública. 3) Un Nexo causal, es decir que exista relación directa de causa a efecto entre el hecho que se imputa y el daño producido que legitimen el perjuicio producido, sin causales de exclusión del nexo de causalidad, al acontecer una situación eximente como la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero. En cuanto a la actuación administrativa, tenemos que la parte actora señala dos como causantes de los daños que reclama. La primera relacionada con el otorgamiento del certificado de zona número CZDIM-785-05 del 6 de octubre de 2005, por el cual la Municipalidad de Vásquez de Coronado, ante la solicitud de Inversiones Pelyo del Este, S.A., procede a otorgar el uso de suelo para la construcción de una estación de servicio en la propiedad del plano catastrado SJ-1021582-05 que corresponde a la finca del Partido de San José número 1-569222-000, propiedad de la acá actora y la posterior lesividad que interponen para pedir la nulidad de ese certificado de uso de suelo y el correspondiente permiso de construcción cuando inclusive ya habían iniciado la misma. Asimismo, pide se reconozca responsabilidad por el no levantamiento de la medida cautelar a pesar de haberse cumplido con todas condiciones establecidas por la Sala Constitucional y las autoridades competentes. Sin embargo este segundo punto al estar ligado al primero se considera lo subsume en tanto no se dio el levantamiento por parte de la Municipalidad de Vásquez de Coronado, porque ya el Concejo Municipal estaba declarando lesivo el acto de otorgamiento del certificado de zona número CZDIM-785-05 del 6 de octubre de 2005 y las posteriores renovaciones en tanto eran la base del otorgamiento del permiso de construcción y se había instruido al Alcalde de Vásquez de Coronado para la contratación de un profesional que interpusiera el proceso de lesividad ante esta Jurisdicción. Lo cierto del caso es que efectivamente las actuaciones que se reclaman provienen del Gobierno Local y no de los otros dos demandados estatales como se explicará en el acápite siguiente, ligando así a la sociedad actora y la administración municipal emisora de las conductas referidas como se indicará a continuación. Con ello, frente al municipio, el primer elemento configurador se cumple. 2) El segundo requisito es la producción de una lesión o existencia de un daño antijurídico por una conducta por acción u omisión que infringe el ordenamiento jurídico, y que causa a un administrado una lesión antijurídica que no tiene la obligación de soportar, y se le debe reparar. Siendo que el daño debe ser cierto, efectivo, real, evaluable, individualizable, no hipotético, al tenor del ordinal 196 de la Ley General de la Administración Pública. En el caso concreto considera esta Cámara de Juzgadoras que sí existe un daño que debe ser indemnizado en tanto la Municipalidad de Vásquez de Coronado emitió el certificado de zona número CZDIM-785-05 del 6 de octubre de 2005 y sus posteriores renovaciones y este fue la base para el otorgamiento de un permiso de construcción que permitió el inicio y desarrollo de obras constructivas en la propiedad de la sociedad acá actora y que fueron detenidas posteriormente por un principio precautorio al detectarse un afloramiento de agua que afectó un acuífero subterráneo pero que posteriormente no se pudo continuar -a pesar de las autorizaciones emitidas por las dependencias estatales- la construcción del proyecto de gasolinera por incoarse un proceso de lesividad por parte del Gobierno Local para la anulación del uso de suelo y el correspondiente permiso constructivo. Este daño se convierte en antijurídico en cuanto la sociedad actora en virtud de un acto que le otorgó un derecho a construir a raíz del mismo incurrió en gastos al construir hasta un 35 por cierto el edificio previsto en el proyecto de la estación de servicio, el cual, se reitera, había sido ejecutado al amparo de aquellos actos otorgados conforme lo solicitado en el proyecto, pero que la misma actora convirtió en irregular al rebajar el manto del suelo y provocar un afloramiento, situación que, de manera sobrevenida, fue posteriormente regularizada conforme los estándares técnicos de los otros demandados. Estos gastos no tienen por qué asumirlos la sociedad actora y es procedente su reparación como después se verá en el punto 3 referente al cumplimiento del artículo 196 de la Ley General de la Administración Pública. 3) Considera este Tribunal que sí existe el nexo causal correspondiente entre las actuaciones ya indicadas y el daño mencionado supra. La parte actora plantea que el nexo causal es claro, directo e inconfundible derivado del permiso otorgado, con la única y exclusiva finalidad de construir y operar la Estación de Servicio Servicentro Coronado y que el daño ocasionado se deriva del desconocimiento que hace la Municipalidad de Vásquez de Coronado del permiso de construcción, y de la confianza depositada por la empresa actora en los permisos, autorizaciones y aprobaciones otorgadas para invertir, de buena fe, en la construcción de una estación de servicio que desenlazan en el permiso de construcción, incluyendo entre ello, las distintas erogaciones asociadas a la regularización de obras al encontrar aguas subterráneas que originaron la necesidad del reajuste del proyecto, siendo que estas últimas como se verá a continuación resultan inconducentes de reconocer. Se coincide con la accionante en este punto en cuanto a la existencia de un nexo causal entre las actuaciones del Municipio y parte del daño que se alega. No puede en ese sentirse desconocerse que la Municipalidad en su momento otorgó el certificado de zona o uso de suelo y después del cumplimiento de los requisitos necesarios para la aprobación del proyecto de construcción de una estación de servicios y expendio de hidrocarburos le otorga el permiso de construcción la cual efectivamente inicia la acá actora y que es paralizada por un afloramiento cuando ya se había realizado gastos relacionados con la construcción. En lo que no se coincide es que se pretenda expandir esa responsabilidad a las entidades estatales en función de la fiscalización previa que los mismos efectúan en función del acto complejo que implica el proyecto constructivo de una estación de servicio, esto se analizara en el punto siguiente de este Considerando. Ahora, se debe retomar en primer plano que no existe ninguna eximente de responsabilidad que se pueda alegar frente a la responsabilidad del ente local, ninguno de los argumentos de la Municipalidad de Vásquez de Coronado referente a la defensa del ambiente, a los movimientos comunales o el supuesto cumplimiento de lo dispuesto en los votos de la Sala Constitucional, configuran una de las tres causales reconocidas en la Ley General de la Administración Pública en cuanto a la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero, siendo entonces improcedente el alegato de la Municipalidad demandada, en tanto era su deber previo a otorgar cualquiera de los actos, por los cuales se le atribuye la responsabilidad, revisar que estos se dieran conforme a derecho y sin violentar el medio ambiente. Con ello se cumple el tercer elemento necesario para declarar, como en efecto se hace una responsabilidad administrativa.- 2) Sobre la improcedencia de distribución de responsabilidades en lo que respecta al daño causado a la sociedad actora. Rechazo de responsabilidad solidaria por falta de nexo causal en las actuaciones del SENARA y la SETENA. Responsabilidad corresponde al Gobierno Local. La parte actora indica que hay una cuota de participación de los diversos actores involucrados en determinadas conductas de coparticipación activa, así como la posible vinculación de cada conducta a la cual se atribuye la lesión y que, en este caso, el daño causal es el resultado de acciones y omisiones (conductas administrativas) que permiten determinar tal relación de causalidad de manera coparticipativa por el grado de corresponsabilidad negativa en su patrimonio material. Criterio del Tribunal: Sobre lo argumentado por la parte accionante tenemos que, a pesar de que se señala que hay una cuota de participación de los diversos demandados, no se demuestra el necesario ejercicio intelectivo en cuanto a señalar las actuaciones concretas del Setena y del Senara que le produjeron un daño, sobre todo si se tiene claro, como se dijo anteriormente, que la causa eficiente de la lesión, constituye la decisión municipal de no levantar una medida cautelar administrativa de suspensión de ejecución de obras, en conjunto con un trámite de lesividad del uso de suelo y permiso de construcción, actuaciones de las cuales la competencia exclusiva reside en el Municipio y no así en los codemandados estatales, por cuanto, no existe participación efectiva y directa de los dos codemandados estatales. En esto es preciso señalar que la parte no reclama ni alega actuaciones en torno al período de solicitud y cumplimiento de todos los requisitos necesarios para obtener la viabilidad ambiental y la aprobación del proyecto de construcción de la estación de servicio, ni tampoco de la actividad fiscalizadora ex post durante la ejecución del proyecto que llevó a readecuaciones del proyecto ante problemas de aguas subterráneas, con ello se impide la revisión de una posible responsabilidad administrativa relacionada con dichas instituciones, en tanto, se reitera, solo se pide responsabilidad en cuanto a hechos totalmente atribuibles al Gobierno Local y no por las actuaciones estatales. Aunado a lo anterior, considera esta Cámara hacer un recuento de los hechos probados en este proceso. Como ya se ha indicado supra, la sociedad actora es propietaria de la finca del Partido de San José número 1-569222-000 y plano catastrado número SJ-1021582-2005. Con base en ello en el año 2005 solicita a la Municipalidad de Vásquez de Coronado, se le extienda un certificado de uso de suelo y la misma lo extiende mediante certificado de zona número CZDIM-785-05 del 6 de octubre de 2005. Dicho uso de fue utilizado para iniciar el trámite de aprobación de un proyecto de construcción de una estación de servicio de expendio de hidrocarburos ante el Ministerio de Ambiente y Energía. Y se solicita el estudio de vulnerabilidad de aguas ante el Senara y el Setena. En el año 2006, SENARA rechaza aprobar el proyecto de Estación de Servicio de Hidrocarburos Pelyo por no cumplir el estudio de geología por considerar que la vulnerabilidad hidrogeológica es de media a alta. A partir de ello se aporta nueva documentación y el 04 de setiembre de 2006, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA), reconsidera el rechazo y aprueba dicho proyecto, al establecer que la zona es de vulnerabilidad media. Esto es entregado al Setena inmediatamente quien revisa y previene documentación, siendo que por resolución numero 251-20017-SETENA de las 08:10 horas del 19 de febrero de 2007, otorga la viabilidad ambiental al proyecto de la Estación de Servicios de Inversiones Pelyo del Este, S.A. Asimismo, por resolución R-DGTCC-577-2007-MINAE de las trece horas con cincuenta minutos del catorce de agosto de dos mil siete, se aprueba por parte de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Ambiente y Energía, los planos y lote propuestos para la construcción y funcionamiento de la estación de Servicio de Inversiones Pelyo del Este, S.A. Como puede observarse, hasta ese momento, lo que se encuentra documentado es la actuación esperable de la participación de órganos contralores estatales en la materia, previo al permiso de construcción, deviniendo en actos favorables para la acá demandante. En noviembre de 2017, y mediante oficio SA-230-317, el Director de Ingeniería de la Municipalidad de Vásquez de Coronado, le indica al Ingeniero Alfredo Zeledón de Saneamiento Ambiental de dicho municipio, que por considerar que la zona está definida como de alta vulnerabilidad no se permiten actividades industriales tipo A, por el alto riesgo de contaminación, por lo que no se autoriza el proyecto de construcción de Inversiones Pelyo del Este, S.A. y condiciona la aprobación del permiso de construcción al cumplimiento de lo señalado por el Departamento de Saneamiento Ambiental. Desde esa fecha entre la sociedad actora y la Municipalidad de Vásquez de Coronado, se dan una serie de notas y oficios, reclamando el primero el cumplimiento de lo señalado por SENASA y SETENA y el otorgamiento del permiso de construcción. En fecha 23 de junio de 2009, la Municipalidad de Vásquez de Coronado, a través del oficio AL-2000-887-09 del 23 de junio de 2009, concluye mantener lo resuelto en cuanto a la restricción correspondiente a la impermeabilización del proyecto de Pelyo del Este y el rechazo del mismo. Desde esa fecha y hasta el año 2012, la sociedad actora presenta una serie de recursos contra la negativa a aprobar el permiso de construcción. El 17 de febrero de 2012, la Municipalidad de Vásquez de Coronado emite el permiso de construcción de Inversiones Pelyo del Este, S.A. El día 29 de marzo de 2012, da inicio la construcción de la Estación de Servicio. El día 07 de mayo de 2012, por oficio GS-250-004-12 del 07 de mayo de 2012, se comunica por parte de Gestión de Saneamiento Ambiental de la Municipalidad de Vásquez de Coronado, al Director de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), que en inspección realizada al proyecto de construcción de una estación de combustibles se detectó un afloramiento de agua constante y de alto volumen, que coincide con el sitio donde se instalaría los tanques de combustible de la bomba, indicando que el nivel freático era a 2.6 metros. En ese mismo mes, un grupo de vecinos del sitio de construcción de la estación de servicio solicitó al Contralor Ambiental del MINAET investigara por que se le había otorgado viabilidad ambiental a ese proyecto por considerar que el sitio existía un acuífero colgado y asimismo presentaron recursos de amparo. El día 14 de mayo de 2012, mediante oficio GP-230-030-2012, se le informa al representante legal de Inversiones Pelyo del Este S.A., por parte de la Municipalidad de Vásquez de Coronado que se procede a paralizar como medida precautoria la totalidad de trabajos constructivos en el sitio. Asimismo, en el expediente de recurso de amparo ante la Sala Constitucional número 12-009032-0007-CO, se dispuso la suspensión de las obras constructivas del Proyecto Estación de Servicio Servicentro Coronado, en julio de 2012 y por el voto 2013002023 de la Sala Constitucional de las 14:30 horas del 16 de febrero de 2013, del expediente número 12-007866-0007-CO, se dispuso que se declaraba con lugar el recurso de amparo y que un grupo de funcionarios debían "(...) realizar las acciones correspondiente, de forma inmediata, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, para garantizar que no se continúen las obras de construcción de la estación de servicio, de Inversiones Pelyo del Este, S.A., ni se permita su efectivo funcionamiento hasta que se hayan adoptado las medidas necesarias para descartar el riesgo de contaminación a los mantos acuíferos o aguas subterráneas (...)". A partir de ese momento, encontramos nuevamente participación de los codemandados estatales en fiscalización post permiso de construcción, en donde se requiere un plan de recuperación ambiental en el sitio de la construcción de la estación de servicio y verificar por parte de SENARA y SETENA que el plan efectivamente remedie el daño ambiental, lo cual abarca desde mayo de 2012 a noviembre de 2013, cuando por oficio GG-OF-987-2013 del 26 de noviembre de 2013, el Gerente General del SENARA comunica al Secretario General del SETENA, que se procederá el miércoles 27 de noviembre de 2013, al cierre de la fosa de la Estación de Servicio Pelyo del Este, el cual se realizó y se confeccionaron actas. Los días 04 y 06 de diciembre de 2013, se procedió a realizar las pruebas de permeabilidad por parte del geólogo contratado por la sociedad actora y frente a personal de la Unidad de Investigación de SENARA, y con fecha 16 de diciembre de 2013, el representante legal de Inversiones Pelyo del Este S.A., hace entrega al SETENA, SENARA y Municipalidad de Vásquez de Coronado, del informe de cierre de la fosa en estación de Servicio Servicentro Coronado. Por oficio SG-ASA-0075-2014 del 22 de enero de 2014, SETENA consulta al SENARA si es procedente la colocación de tanques para combustible a nivel superficial y no subterráneo como alternativa de viabilidad hidrogeológica y mediante oficio DIGH-UI-030-14 del 10 de febrero de 2014, el Jefe de la Unidad de Investigación del SENARA, le indica al Director de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, que subsisten cuatro puntos que no se han completado en la nueva propuesta de viabilidad hidrogeológica de la sociedad acá actora. Lo anterior es comunicado al SETENA, quien a su vez notifica al representante legal de la sociedad para lo correspondiente. Ahora, en julio de 2014, el SENARA le indica al representante legal de Inversiones Pelyo del Este S.A. que, revisada la vulnerabilidad, la misma continua siendo alta por lo que no se recomienda continuar con el proyecto y no es sino hasta el 19 de setiembre del 2014, que por oficio IGH-0365-14, el SENARA comunica al SETENA, que se cumplió la viabilidad hidrogeológica siendo que se definió tanques aéreos para combustibles en el proyecto de Inversiones Pelyo del Este, S.A. Por resolución número 2472-2014-SETENA de las 10:00 horas del 27 de noviembre de 2014, se procede a levantar la suspensión, avalar la modificación del proyecto, ordenar cumplir con la normativa en cuanto a la colocación de los tanques aéreos, autorizar una nueva garantía. Dicha resolución es posteriormente corregida por la resolución número 0541-2015-SETENA de las 14:34 horas del 03 de marzo de 2015, por una serie de errores. Con ello, encontramos en este segundo momento, actuaciones de control durante la construcción que son ejercicios legítimos de competencias otorgadas a los accionados estatales y que resultan, nuevamente, en la conducta esperable, dado que su intervención devino en la modificación técnica del proyecto para solucionar el problema de aguas subterráneas y adecuar el diseño del proyecto para mantener su viabilidad, actos que resultan, en términos generales, favorables a  la parte demandante como se analizara posteriormente. Nótese que, en lo que se refiere a la necesidad de la intervención referida, la empresa actora no cuestiona conducta concreta alguna y, de hecho, es justamente sobre la base de éstas conductas, que le reprocha al municipio la imposibilidad de continuar con su proyecto. Es así como, el día 05 de diciembre de 2014, el Apoderado Especial de Inversiones Pelyo del Este, S.A., solicita a la Municipalidad de Vásquez de Coronado, el levantamiento de la medida cautelar de suspensión de obras constructivas. La Municipalidad contesta el día 09 de enero de 2015, al representante legal de Inversiones Pelyo del Este S.A., que se está a la espera de la respuesta de la asesora legal con el fin de contestar lo procedente. El día 26 de enero de 2015, el Concejo Municipal de Vásquez de Coronado, procede a declarar lesivo mediante el acuerdo número 2015-253-36 de la sesión ordinaria 253 de esa misma fecha, el otorgamiento del Certificado de Zona 553-11 del 10 de junio de 2011, emitido por el Arquitecto Dennis Jiménez Calderón del Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo de la Municipalidad de Vásquez de Coronado. Mediante oficio AL-200-603-15 del 03 de junio del 2015, el Alcalde de la Municipalidad de Vásquez de Coronado, indica al Apoderado Especial de la empresa actora que la posición oficial de la Municipalidad de Vásquez de Coronado es mantener la medida cautelar e incoar un proceso de lesividad contra el otorgamiento del Certificado de Zona 553-11 del 10 de junio de 2011. El representante legal de la sociedad actora presentó recursos de revocatoria y apelación por lo resuelto, siendo que ambos recursos se declararon sin lugar. El proceso de lesividad fue declarado con lugar y mediante sentencia número 20-2018-II de la diez horas con treinta minutos del veintitrés de marzo de 2018, de la Sección Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, se declara la nulidad absoluta del certificado de zona CZDIM-785-05 del 6 de octubre de 2005 del Departamento de Ingeniería Municipal y las renovaciones siguientes, que eran la base del permiso de construcción otorgado a Inversiones Pelyo del Este, S.A. Con este resumen de actuaciones es claro que no hay actuación u omisión reprochable al SETENA y/o SENARA y que con ello es improcedente declarar a los mismos responsables solidarios por los daños ocasionados a la empresa actora, ante la ausencia de un nexo causal entre las dos únicas actuaciones que la accionante ha señalado como causante de los mismos y que no son atribuibles a ellos. Se reitera, solo se pide responsabilidad, pero no se señala como ya se ha indicado una actuación u omisión concreta del Estado que se pueda unir en una relación causal con los daños que reclama, sino que al contrario la prueba que consta en autos lo que demuestra es que no existe una conducta u omisión reprochable al Setena o al Senara. Veamos, constitucionalmente, el acto que genera estado al administrado y por ende derechos subjetivos es un permiso de construcción, empero, éste se encuentra formado, entre otros tantos requisitos, por actos previos como la extensión de un uso de suelo, que fue el objeto de la declaración de lesividad. El efecto de la supresión de uno de los prerrequisitos del permiso de construcción afecta de manera sobrevenida a éste, en tanto le suprime parte del motivo del acto, el sustrato técnico emanado por alguno, algunos o todos los partícipes en la tramitación del permiso de construcción, tanto locales como nacionales. Así, es comprensible que la supresión de uno de estos requisitos genere la imposibilidad del desarrollo del proyecto, una inviabilidad que no pueda ser ajustada, saneada o modificada, conllevando así la pérdida del chance del desarrollo ediicio. De ahí que resulta plausible que, cuando ello ocurra, se pueda cuestionar si existe o no, una razón válida o legítima, para que el administrado soporte la pérdida no sólo de tiempo, sino de recursos invertidos en la tramitación y, como en este caso, la ejecución parcial de la obra. Empero, ello no significa que, automáticamente, cuando esto ocurre todos los partícipes sean responsables, ya que ello implicaría ignorar el ejercicio intelectivo de imputación que exige la Ley General de la Administración Pública para la correcta identificación del agente responsable, que desemboca en la correcta identificación de la legitimación pasiva de la reclamación patrimonial indemnizatoria. Esta heterogeneidad de sujetos que participan de la tramitación y ejecución de un permiso de construcción, en funciones ex ante y ex post del permiso de construcción (generador de derecho subjetivo) implica una delimitación competencial y, consecuentemente, de responsabilidad de cada uno, sin que exista un precepto genérico de responsabilidad colectiva por el simple hecho de haber participado en la tramitación del permiso, lo anterior haciendo una salvedad evidente y manifiesta de que se estaría excluyendo la eventual participación y responsabilidad de los diferentes agentes constructivos (ingenieros, arquitectos y demás profesionales afines, desarrolladores, constructores y sus dependientes, proveedores de materiales, etc.), así como la intervención del propio propietario, que no viene al caso que acá se estudia. Es así como, para poder obtenerse en un caso como el que nos ocupa, que es un proyecto constructivo de carácter complejo, dado que es la construcción de una gasolinera, donde además de los órganos y entes técnicos ordinarios de fiscalización ante, durante y después de la emisión del permiso, se necesita la obligatoria participación de órganos estatales especializados en materias relacionadas con la seguridad ciudadana y el derecho ambiental para el desarrollo de ese proyecto constructivo. Siendo que cada uno de estos órganos tiene competencias que no pueden ser suplidas por las otras dependencias (exclusivas y excluyentes) tenemos que traer a colación lo que dispone el numeral 3 de la ley 8220: “Respeto de competencias. La Administración no podrá cuestionar ni revisar los permisos o las autorizaciones firmes emitidos por otras entidades u órganos, salvo lo relativo al régimen de nulidades. Únicamente podrá solicitarle al administrado, copia certificada de la resolución final de un determinado trámite. Tampoco podrán solicitársele requisitos o información que aún se encuentren en proceso de conocimiento o resolución por otra entidad u órgano administrativo; a lo sumo, el administrado deberá presentar una certificación de que el trámite está en proceso”, (resaltado es nuestro). Con ello, se entiende que, no sólo en aplicación material del principio de confianza legítima, sino del mandato legal de respeto de competencias, la responsabilidad recae exclusivamente en el órgano u ente que emana el acto concreto, a menos que exista, claro está, una norma que exija un control interinstitucional o entre órganos, fuera de la genérica obligación de control interno, ante la detección de una irregularidad (artículo 12 inciso b de la Ley General de Control Interno). Como ya hemos señalado supra, el SENARA en materia de aguas tiene la obligación de velar por el recurso hídrico del país, esto conforme a la ley de Creación del Servicio Nacional de Aguas Subtérraneas, Riego y Avenamiento, artículos 3 incisos h) e i) y 4), y el SETENA tiene la obligación de realizar la evaluación ambiental y otorgar la viabilidad ambiental relacionada con ese proyecto, según el numeral 17 de la Ley del Medio Ambiente, ello como actos ex ante permiso de construcción. Sin el visto bueno de estos órganos estatales en sus papeles de fiscalizadores, no era posible que se obtuviera ante el Gobierno Local el permiso edilicio. Al revisarse la relación de hechos tenemos que, en un primer estadio el solicitante presentó las solicitudes ante las dependencias y después de varias correcciones finalmente obtuvo las autorizaciones de las dependencias estatales para solicitar el permiso constructivo ante la Municipalidad, recordando que es absoluta responsabilidad del solicitante el señalar las condiciones en las cuales se realizara el proyecto y las dependencias revisan el cumplimiento técnico y legal de lo solicitado. No es sino cuando ante actuaciones de la misma parte actora quienes alteran las condiciones freáticas del sitio de construcción que, esas primeras autorizaciones devienen en revisables al variarse las primeras condiciones aprobadas y esto nos lleva al segundo estadio, cual es de fiscalización ex post permiso de construcción donde se verifica lo sucedido en el lugar de la construcción y se ordena la paralización de las obras, el confinamiento del daño y la restitución del manto acuífero, así como ordenar el ajuste de las condiciones del proyecto para que se evitara incurrir en un nuevo daño y proseguir con la construcción, en autos se tiene que, después de un período que solo puede ser atribuible al mismo actor por no cumplir las condiciones originales, se dio la restauración y la posterior autorización de los dos órganos estatales involucrados, sin que ello se denote una actuación ilícita o ilegal sino conforme en un todo con el ordenamiento, por ello no se considera existe una posibilidad de atribuirle a los mismos una responsabilidad si en el cumplimiento de sus deberes de fiscalización actuaron conforme lo dicta la normativa. Se reitera, ante el afloramiento de agua en el sitio de la construcción y del cual el único responsable era la parte actora, el Estado estaba en obligación de velar en el ámbito de las competencias de cada dependencia nuevamente se tramitara y se regularizara el proyecto constructivo, en tanto esos permisos estaban sujetos a las condiciones que presentaba el proyecto y que no se cumplieron, y en esto no hay responsabilidad atribuible al Estado sino solo a la parte actora. En todo caso, se insiste, esta no es la causa eficiente de la lesión que reclama la parte actora, sino que ésta provino de la negativa municipal de levantar la medida cautelar y del proceso de lesividad en contra del uso de suelo. Si lo anterior no fuera suficiente, hay otro punto que quiere esta Cámara recalcar en cuanto a porque no hay responsabilidad estatal que atribuir y distribuir con el Estado y es el hecho de que no existen actuaciones u omisiones ilícitas o ilegitimas del Estado sino actos favorables a los intereses de la parte actora, siendo que tampoco se ha alegado y mucho menos demostrado una responsabilidad licita o legitima en los términos del numeral 194 de la Ley General de la Administración Pública. En otras palabras, el necesario examen y cumplimiento de los tres elementos necesarios para atribuir una responsabilidad administrativa objetiva se rompen en el caso concreto al no poder atribuir una conducta en los términos del artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública al SETENA y al SENARA. Por ello se considera que en cuanto al Estado se debe de declarar sin lugar la demanda. En esto son contestes los testimonios de Roberto Ramírez Chavarría Gilbert Benítez Rodríguez y Manuel García Murillo, quienes en todo son acordes con los hechos tenidos como probados. Diferente ocurre con las actuaciones de la Municipalidad de Vásquez de Coronado retomando acá lo ya indicado en cuanto a que los argumentos de defensa esgrimidos en su contestación no logran eximirla de la responsabilidad que se ha pedido y se considera procedente. Si a raíz del otorgamiento de un derecho para construcción basado en un uso de suelo conforme la sociedad realizó una serie de gastos, no puede desconocer ese gobierno local que a raíz de ese permiso la sociedad accionante derivó un derecho a construir que posteriormente le es anulado y por ello cualquier gasto que la misma pueda demostrar deberá serle indemnizado como a continuación se analizará.- 3) Sobre los daños y perjuicios pretendidos por la Sociedad Actora. Descarte de los informes privados emitidos por Luis Chavarría Murillo y Adolfo Lobo Zamora y el pericial judicial. Se concede en abstracto el daño material respecto del avance en la construcción realizado y se rechaza el resto pedido. Se rechaza el daño moral solicitado. Menciona la parte actora que, la Administración Pública, está obligada a indemnizar cualquier lesión que los particulares sufran en sus bienes y derechos, aunque sea consecuencia del funcionamiento normal de los servicios públicos, siempre que el perjuicio sufrido por el administrado sea individualizado y concreto y a la vez exceda de lo que puedan considerarse como cargas comunes de la vida social, tales como las denominadas cargas urbanísticas. Igualmente, se entiende que es únicamente indemnizable el daño producido de forma real y efectiva, no así frente a eventuales, hipotéticos o especulativos supuestos. Que su afectación es claramente individualizable, cuantificable y cierta, no hipotética ni potencial pues el daño ha sido realizado, la construcción de la obra ha sido suspendida y ahora su futura terminación y puesta en operación es radicalmente incierto, en virtud del mantenimiento abusivo e ilegal de la medida cautelar y el desenlace del proceso de Iesividad incoado por la Municipalidad co-demandada según el expediente judicial número 15-10009-1027-CA. Que el proyecto fue truncado y la inversión perdida, generándose así el daño objetivo, individualizable, cierto y cuantificable que debe ser resarcido, ya que la única finalidad por la cual se adquirió el inmueble fue para la construcción y operación de una estación de servicio. Criterio del Tribunal: Para demostrar el daño material que indica la parte actora sufrió por los gastos en compra del terreno y el valor de las edificaciones en un monto ¢ 804.151.715, presenta con la demanda informes privados de los señores Luis Chavarría Murillo y Adolfo Lobo Zamora. Procedemos a analizar los mismos junto con sus testimonios en juicio. En imágenes 178 a 196 del expediente digital judicial consta un informe del arquitecto Luis Chavarría Murillo, en el mismo se procedió a realizar un avalúo en octubre de 2017, del bien inmueble propiedad de Inversiones Pelyo de Este, S.A., propiedad de la provincia de San José, número 569222-000. Dentro de las consideraciones legales de dicho informe se señala que el documento está basado en los documentos e información aportados por el propietario y que él asume como fidedignos y verificó en forma general. Asimismo señala que algunas de las especificaciones se han supuesto con base en su experiencia sobre los métodos constructivos sin verificarlos. A partir de ello determina un monto para el terreno de ¢738.543.698 millones de colones y para el edificio en obra gris de ¢65.608.015 millones de colones. Para determinar el valor de mercado comparó el terreno con lo que denomina zonas homogéneas de otras zonas que no corresponden a Coronado y determina el valor del terreno, siendo que en la descripción general del entorno señala que el terreno cuenta con una excelente ubicación, localizado en la calle principal de entrada al centro de Coronado, una zona de mucha importancia comercial con todos los servicios necesarios para la vivienda y el comercio. En cuanto a la descripción del edificio menciona que, fue creado como soporte para una estación de combustible, solo está construida la estructura de mampostería y la cubierta y que calcula el avance de la obra en un 35% aproximadamente. El arquitecto señala que la deseabilidad del terreno es alta por la ubicación. En su declaración aclara los puntos de su avalúo y la metodología. No obstante, dicho avalúo no se considera determina un valor que pueda utilizarse en la determinación del daño. Esta Cámara de Juzgadoras considera que no es procedente reconocer el valor del terreno solicitado por la parte, los demandados se han opuesto a ello y han esgrimido sendos alegatos que se consideran son procedentes. La inversión que la parte reclama hizo en los terrenos que reunió para formar la finca 1-569222-000 no se ha demostrado fue siempre con la idea de construir una estación de servicio no hay más prueba de ello que las manifestaciones de la parte en el escrito de demanda. Pero además esa inversión se realizó bajo el propio riesgo de la parte sobre todo si se tiene que como se indicó en los hechos probados el uso de suelo que fue la base del derecho de construcción de la parte actora se otorgó posterior a la reunión no antes, así que se reunió la finca sin conocer si la Municipalidad permitiese ese uso, con ello no se puede considerar que el valor del terreno deba ser indemnizado por su sola adquisición. Amén de lo anterior, se considera que el valor de mercado se hizo con lugares alejados al terreno en cuestión lo cual le resta credibilidad. En lo que corresponde al informe del ingeniero Adolfo Lobo Zamora otro tanto similar debe indicarse en tanto no se considera demuestra un monto a indemnizar, el mismo señala cuantifica el daño económico por la pérdida de valor de la propiedad y por los perjuicios de la inversión de la estación de servicio, causados por la medida cautelar de suspensión de las edificaciones a partir de julio de 2012 y a setiembre de 2017. Dicho ingeniero parte de que, a partir del 2013, la empresa de no haberse dado los hechos ya conocidos habría tenido un permiso de operación de la estación por cinco años, concluye dicho informe que desde el punto de vista económico el derecho de propiedad quedo reducido a cero producto de la suspensión de la construcción de las edificaciones cuando estaban avanzadas. A partir de ello toma el valor el terreno, lo utiliza como inversión y lo lleva al año 2017 y determina que la suma de ¢642.517.219 corresponden al valor de la inversión antes el inicio de las obras y lo que pudo haber obtenido de haberlo invertido en certificados a seis meses plazo del banco Nacional. Asimismo, calcula intereses sobre dicha suma por ¢210.679.142 colones. Sobre dicho informe se debe comentar que hay un primer error en el mismo por cuanto parte de un hecho futuro e incierto, cual es un permiso de operación de la estación por cinco años, ya que nada asegura que se terminaría la construcción o se obtendría el permiso de funcionamiento, lo cual lo hace no indemnizable. Recuérdese que el lucro lucro cesante, se podría tener por cierto y evaluable, cuando ya se tiene un ingreso patrimonial certero que es interrumpido por una actuación dañosa y en este caso el proyecto nunca llega a ser funcional, no llegó a operar lo que impide dar pie a un análisis de perdida de chance, lo cual por demás nunca fue solicitado en la pretensión 2 de esta demanda que se limitó al valor del terreno y edificaciones y el reconocimiento del valor de la inversión en términos de los intereses que podría haber recibido en caso de invertirla. Segundo el informe parte de una premisa de que la suspensión -totalmente justificada y legal por cuanto se hizo en aras de proteger el medio ambiente- fue ilegal, lo cual no es cierto, por ello la suspensión estaba dentro del marco de la legalidad y no era indemnizable por existir culpa de la víctima en tanto causante del daño ambiental. Por otra parte, utiliza como base el avalúo ya descartado de valor de mercado del terreno. En ese mismo orden de ideas, menciona la construcción de fosas para tanques las cuales se considera no se deben de indemnizar por ser las causantes de un daño ambiental. Es interesante también acotar que en dicho informe no sólo se realizan lo que se considera por parte de su emitente, consideraciones legales sino también económicas esto teniendo en cuenta que el que los realiza es un ingeniero civil. En este punto se coincide con las partes demandadas en cuanto a que no hay un costo hundido en el valor del terreno, que si bien ya no se puede utilizar para la construcción de una estación de servicio si lo puede ser para otras actividades y bajo esas circunstancias no puede considerarse inmovilizado o fuera del comercio de los hombres como parece es la base del informe. Nótese que en el avalúo que se basa dicho ingeniero, el arquitecto parte de que es altamente deseable y por eso le asigna un valor que sobrepasa por mucho lo declarado por la misma empresa en su declaración de bienes inmuebles como lo demostró la Municipalidad demandada en la certificación de las nueve horas del 23 de noviembre de 2021, del Departamento Financiero de la Municipalidad de Vásquez de Coronado, por un valor del terreno de 276.765.489.00 y sin embargo el ingeniero considera que desde el punto de vista económico es valor es 0, cuando por lo ya apuntado no es cierto. Esta Cámara de Juzgadoras considera que en este proceso sólo se debe indemnizar los costos efectivamente demostrados en la etapa de construcción, no los anteriores a esta en cuanto a la compra del terreno ni a la tramitología para obtener el visto bueno del proyecto, ni las proyecciones de ganancia de la etapa siguiente que hubiera sido la obtención del permiso para explotar por un período la estación de servicio, etapa a la que no se pudo llegar por la no terminación de la construcción pero que como se indicó estaba unido no al uso de suelo o permiso de construcción sino a otro acto, el otorgamiento de un permiso de funcionamiento, que era un hecho futuro e incierto, ese es el marco que se determina es solo indemnizable. En ese mismo sentido el peritaje rendido por el señor Luis Gabelman tampoco se considera correcto. Nótese que el mismo parte, de la información suministrada en los peritajes privados y no en información contable o financiera que fue lo que se le pidió. El perito fue muy claro en su declaración que al solicitar la información contable la parte actora no se la facilitó y que optó por lo que denomina una segunda fuente para determinar el objeto del peritaje. Esta segunda fuente era el peritaje del arquitecto Luis Chavarría que, como se dijo adolece de credibilidad para este Tribunal por las razones apuntadas. Con ello el peritaje judicial no puede utilizarse y se descarta. Ahora como ya se dijo, en lo que respecta al valor de las edificaciones realizadas en la etapa constructiva, esta Cámara considera procedente su reconocimiento, pero no el monto indicado en los informes privados ni en el peritaje judicial ya descartados como prueba idónea para demostrar el daño. Llama mucho la atención que una empresa constituida como persona jurídica no mantenga como es su obligación tributaria su contabilidad en forma completa y solo tuviera información en forma desagregada. El perito judicial indicó en su pericia y declaración que no se le facilitó por parte de la sociedad una contabilidad formal, y esto es inaceptable en tanto gastos de una persona jurídica y con actividades lucrativas que tiene una obligación formal en cuanto al registro de sus ingresos, egresos, activos y patrimonio y cumplir con su declaración anual. Partiendo de ello, esta Cámara decide que el único daño que se reconoce a la sociedad actora son los gastos en el período de la construcción que la misma logre efectivamente demostrar -que no deberán incluir los gastos en que incurrió para mitigar el daño ambiental que provocó- en etapa de ejecución de sentencia a través de un peritaje en el que se aporte la prueba contable, financiera o documental que merezca credibilidad al juez ejecutor, siendo que el monto que se determine se traerá a valor presente. Los intereses legales pedidos en cuanto a este monto se rechazan al considerar que la indexación cubre la pérdida del valor del dinero en el momento de su fijación. En lo referente al daño moral que la parte actora señaló era el ocasionado a su buen nombre e imagen comercial en su actividad en el libre mercado nacional y que calculó en cinco millones de colones, esta Cámara de Juzgadoras se determina su improcedencia por cuanto no aportó sobre este daño ningún indicio que permitiera determinar el mismo. Siendo que era de resorte de la parte actora conforme el artículo 41.1 del Código Procesal Civil aplicable por disposición del artículo 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que dispone: "41.1 Carga de la prueba. Incumbe la carga de la prueba: 1. A quien formule una pretensión, respecto de los hechos constitutivos de su derecho. (...)"; el aportar prueba en este caso indiciaria del supuesto daño ocasionado y en el presente asunto no lo hizo, no se puede proceder a su análisis. Se debía demostrar cómo se afectó el buen nombre y la imagen comercial de Inversiones Pelyo del Este frente a otros comerciantes o terceros y nada de esto se hizo, por lo tanto procede su rechazo.  En ese mismo sentido se rechaza lo que la parte denominó perjuicios entendidos como las sumas dinerarias dejadas de percibir, equivalentes a lo que se hubiera obtenido en caso de haberse colocado para la obtención de créditos desde la base de lo que efectivamente se gastó, en títulos de deuda a seis meses plazo del Banco Nacional de Costa Rica y que cuantificó en ¢ 210.679.142. Este rubro solicitado parte de que la suma de daño material solicitada es totalmente procedente, lo cual se descartó y en todo caso al señalar lo procedente a gastos de construcción se dispuso su rechazo.-

 VIII.- SOBRE LAS EXCEPCIONES INTERPUESTAS: Los demandados interponen las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva. A la luz de los autos las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva deben ser rechazada por cuanto tal y como se indicó en el considerando anterior, la actora gira su demanda a una serie de actuaciones administrativas de las demandadas con las cuales interactuó en la aprobación de un proyecto de construcción. Distinto ocurre con la excepción de falta de derecho, la cual se acoge parcialmente, y solo respecto de la Municipalidad de Vásquez de Coronado, descartando responsabilidad del Estado y del Senara, toda vez que tal y como se indicó en el considerando anterior de la presente resolución, al actor no le asiste la razón en torno al reclamo indemnizatorio respecto de ellas pero si del gobierno local en la cual se acoge parcialmente.-

 VIII.- DE LA CONDENATORIA EN COSTAS: De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, encuentra este Órgano Colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable, en lo que corresponde a la Municipalidad de Vásquez de Coronado y la parte actora por cuanto estamos ante un vencimiento recíproco, ya que si bien se concedió un monto por daño patrimonial se rechazó parte de las pretensiones, por lo que ha existido por ambas partes motivo para litigar al asistirle la razón a la Municipalidad en torno a parte del rechazo del reclamo indemnizatorio y al actor respecto a la pretensión relativa a los gastos de la construcción realizada. Por ende, no se realiza especial condenatoria en costas. Ahora en lo que corresponde al Estado y Senara, no encuentra este Órgano Colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable, por cuanto como se dijo supra, la parte actora ha perdido esta demanda al no asistirle el derecho respecto de esos demandados; por ende, se condena a la parte actora a pagarle al Estado y a Senara ambas costas del proceso. Asimismo, se condena a favor del Estado el pago de intereses sobre las costas desde la firmeza de esta sentencia y hasta su efectivo pago.-

POR TANTO

 Se admite la prueba para mejor resolver presentada por la Municipalidad de Vásquez de Coronado. Se rechazan las faltas de legitimación activa y pasiva interpuestas por el Estado y Senara. Se acoge la falta de derecho interpuesta por el Estado y Senara. En consecuencia, se DECLARA SIN LUGAR la demanda en lo que corresponde a los demandados ESTADO y SENARA y son ambas costas a cargo de la actora; mismas que serán liquidadas en la etapa de ejecución de sentencia una vez firme este fallo, asimismo, por así haber sido solicitado expresamente, se reconoce a favor del Estado el pago de intereses sobre las costas otorgadas por cuenta de la parte actora, conforme el art. 1163 del Código Civil desde la firmeza la resolución que las fija y hasta su efectivo pago. Respecto de la Municipalidad de Vásquez de Coronado, se acoge parcialmente la falta de derecho, por ende, se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta por INVERSIONES PELYO DEL ESTE S.A. contra la MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO en lo expresamente concedido en abstracto y rechazada en lo no concedido. Se condena a la Municipalidad de Vásquez de Coronado al pago del daño material de la sociedad actora, consistente en los gastos en que incurrió en la construcción realizada antes de la paralización de la misma, monto que se determinara en ejecución de sentencia en los términos señalados en el considerando de fondo VII de esta sentencia. Respecto de las costas entre estas partes, se falla sin especial condenatoria en costas. Notifíquese.-

Amy Miranda Alvarado

Alexandra Zúñiga Mora    Laura Gómez Chacón             

 

	


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AMY MIRANDA ALVARADO - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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ALEXANDRA DE LOS ÁNGELES ZÚÑIGA MORA - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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LAURA GOMEZ CHACON - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 18-001185-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:30:56.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Tribunal Contencioso Administrativo

Resolution No. 09020 - 2025

Resolution Date: September 10, 2025, at 11:07 AM

Docket: 18-001185-1027-CA

Drafted by: Amy Lucía Miranda Alvarado

Text of the resolution

 

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DOCKET:

18-001185-1027-CA - 5

PROCEEDING:

COGNIZANCE

PLAINTIFF:

INVERSIONES PELYO DEL ESTE S.A.

DEFENDANT:

EL ESTADO AND OTHERS

 

No. 2025009020

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, FIRST TEAM, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at eleven hours and seven minutes on September 10, two thousand twenty-five.-

 

A cognizance proceeding (proceso de conocimiento) filed by the company INVERSIONES PELYO DEL ESTE S.A., represented by its Special Judicial Attorneys-in-Fact, Lic. Manrique Jiménez Meza, divorced once, resident of Barrio Escalante, bearer of identity card number 1-0487-0250, and Lic. Federico Peraza Bedoya, divorced once, resident of Pozos de Santa Ana, bearer of identity card number 1-1043-0088, against the ESTADO represented by the State Attorney, Licda. Ana Cecilia Chen Apuy, married, resident of Heredia, bearer of identity card 1-0787-0209; the MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO (hereinafter the Municipality), represented by its Special Judicial Attorney-in-Fact, Lic. Rolando Alberto Segura Ramírez, married once, resident of Vásquez de Coronado, bearer of identity card number 1-0625-0122, and the SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (hereinafter Senara), represented by its Special Judicial Attorneys-in-Fact, Lic. Enmanuel López Vargas, married, bearer of identity card number 7-132-772 and Lic. Giovanni López Jiménez, divorced, bearer of identity card number 1-0701-0815. All of legal age and attorneys.-

WHEREAS

I.- On February 7, 2018, the company Inversiones Pelyo del Este S.A. filed a cognizance proceeding against the Estado, Senara and the Municipalidad de Vásquez de Coronado, formulating the following claims: "1. The present complaint is upheld in its entirety. 2. That, as the requirements for the application of the strict liability of the Public Administration are met, the co-defendants, namely SENARA, the Estado and the Municipalidad de Vásquez de Coronado, be jointly and severally ordered to pay the following amounts, set on a prudential basis -without prejudice to their adjustment during the procedural course- until their recognition in a final and definitive judgment, as follows: A. For material damage (daño patrimonial), understood as the expenses that the plaintiff had to incur due to the causal and binding impetus of the defendants for the purchase of the land, and the value of the buildings; namely: ¢ 804,151,715 CRC (EIGHT HUNDRED FOUR MILLION ONE HUNDRED FIFTY-ONE THOUSAND SEVEN HUNDRED FIFTEEN COSTA RICAN COLONES). B. For losses (perjuicios), which are understood as the monetary sums not received, equivalent to what would have been obtained had they been placed for obtaining credit based on what was actually spent, in six-month debt instruments of the Banco Nacional de Costa Rica, namely: ¢ 210,679,142 CRC (TWO HUNDRED TEN MILLION SIX HUNDRED SEVENTY-NINE THOUSAND ONE HUNDRED FORTY-TWO COSTA RICAN COLONES). 3. That an order be declared against the co-defendant Municipality, under the sound judgment (sana crítica) of the judges, for the non-material damage (daño moral) caused to the plaintiff's commercial good name and image, in its activity in the free domestic market. This, because this Municipality persisted in the continuity of the suspensive interim measure (medida cautelar suspensiva) initially adopted, despite the existence of technical and legal criteria from internal bodies of the municipality itself that did not endorse the indicated suspension of continued effect and the order of the Sala Constitucional that conditioned such suspension on what was fulfilled by the plaintiff in due course. For this item, an order is requested for the sum of ¢ 5,000,000 CRC (FIVE MILLION COSTA RICAN COLONES). 4. That an order for payment of the damages (daños y perjuicios) be declared jointly and severally against the co-defendants for the sums indicated above, with the exception of the non-material damage (daño moral) which corresponds solely and exclusively to the defendant Municipality as indicated in the preceding claim (number 3). 5. That, in the event that an abstract award is declared in the judgment against the co-defendants, whether totally or partially, the rights of our represented party shall be asserted in the judgment enforcement stage, notwithstanding the precise identification and quantifications set forth herein and duly verified. 6. That the joint and several order for payment of legal interest be declared against the co-defendants until its effective cancellation and without prejudice to the monetary indexation of the case. 7. That the co-defendants be ordered to jointly pay both sets of costs (costas), without prejudice to the above indicated regarding the damages." (See complaint in images 1 to 37 in the digital court file).-

II.- Upon being served with the legal transfer, the defendants opposed the action, with the Municipalidad de Vásquez de Coronado requesting that the complaint be dismissed and the plaintiff be ordered to pay both sets of costs. The Estado requests that the complaint be dismissed and raises the defenses of lack of standing to sue and be sued (falta de legitimación activa y pasiva) and lack of right (falta de derecho), and that the plaintiff be ordered to pay costs and interest. And Senara requests that the complaint be dismissed and the plaintiff be ordered to pay costs, and raises the defenses of lack of standing to be sued (falta de legitimación pasiva) and lack of right. (See images 230 to 234, 238 to 272 and 273 to 303 of the digital judicial court file).-

III.- The preliminary hearing was held at 1:35 p.m. on December 6, 2018, with the presence of the representatives of all parties. (See preliminary hearing and minutes in the digital judicial court file).-

IV.- The oral and public trial was held on November 25, 2021, with the participation of all parties. In said hearing, due to the prevailing sanitary conditions, the court proceeded directly to receive the expert and testimonial evidence admitted at the preliminary hearing, ordered the replacement of the file provided by the Municipalidad de Vásquez de Coronado, and once it was replaced, a hearing on said evidence was granted and a period for closing arguments was given. (Recording of the hearing and orders in the digital judicial court file).-

V.- In judgment number No. 10-2022-I of eleven hours and fifteen minutes on January twenty-seven, two thousand twenty-two, of this Section, it was ordered: "The evidence for better resolution (prueba para mejor resolver) submitted by the Municipalidad de Vásquez de Coronado is admitted. The defenses of lack of standing to sue and be sued raised by the Estado and Senara are dismissed. The defense of lack of right raised by the Estado and Senara is upheld, and with respect to the Municipalidad de Vásquez de Coronado, it is partially upheld. Consequently, the complaint is dismissed with respect to the defendants Estado and Senara. The complaint filed by Inversiones Pelyo del Este S.A. against the Municipalidad de Vásquez de Coronado is partially upheld. The Municipalidad de Vásquez de Coronado is ordered to pay the material damage (daño material) of the plaintiff company, consisting of the expenses incurred in the construction carried out before its stoppage, an amount to be determined in the judgment enforcement stage under the terms indicated in the substantive consideration (considerando de fondo) of this judgment; in all other respects, the complaint is deemed dismissed in what is not expressly granted. With respect to the plaintiff and the Municipalidad de Vásquez de Coronado, the matter is decided without a special order as to costs (sin especial condenatoria en costas). Costs are awarded against the plaintiff with respect to the Estado and Senara. Likewise, payment of interest on the costs awarded to the plaintiff is ordered, in favor of the Estado from the finality of this judgment and until its effective payment." (See images 788 to 850 of the digital judicial court file).-

VI.- By ruling 315-F-S1-2025, at 7:30 a.m. on March 7, 2025, of the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, the cassation appeal (recurso de casación) filed by the plaintiff against the judgment indicated in the preceding Whereas clause was heard, and it was ordered to partially annul the contested judgment and remand the case to the Court of origin so that it may issue a new ruling regarding what was observed. (See images 1011 to 1044 of the digital judicial court file).

VII.- This judgment is issued within the legal period, taking into account the period indicated by the Sala Primera for the issuance of the new ruling, considering that as of August 14, 2025, all documentary evidence was provided to the reporting judge for its review, deliberation, and the new drafting of the judgment, unanimously and after prior deliberation by the members of the Court, without observing grounds capable of invalidating what has been acted upon.-

Drafted by Judge Miranda Alvarado, with the affirmative vote of Judges Zúñiga Mora and Gómez Chacón.

CONSIDERING

I.- ON THE EVIDENCE FOR BETTER RESOLUTION (PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER): At the preliminary hearing of one thirty-five p.m. on December six, two thousand eighteen, the Municipality provided a series of documents for which the Procedural Judge gave the other parties a period to address, and it would be this Trial Court that would determine their admission or rejection. Likewise, on the day of the oral and public trial, the Municipality offered a note dated November 23, 2021, regarding the value declared by the plaintiff company for property number 569222 of the Partido de San José, and the parties were given a hearing on said official communication at that time. Regarding said evidence, this Chamber resolved to review the evidence during the deliberation and decide whether to admit or reject it. Now, having reviewed the evidence, it is concluded that part of it is already contained in the administrative files admitted as evidence, but there is an update of the land-use certificate (certificado de uso de suelo) for the year 2018; this document and the one presented on the day of the trial are admitted insofar as they provide evidentiary elements for the resolution of this dispute.-

II.- ON THE PROVEN FACTS.- Of importance for the resolution of this matter, the following is deemed duly accredited: 1) The company Inversiones Pelyo del Este S.A. is the registered owner of property of the Partido de San José number 1-569222-000 and cadastral map number SJ-1021582-2005. (See image 47 of the digital judicial court file); 2) By zoning certificate number CZDIM-785-05 of October 6, 2005, the Municipalidad de Vásquez de Coronado, upon the request of Inversiones Pelyo del Este, S.A., proceeded to grant the land use for the construction of a service station on the property of cadastral map SJ-1021582-05. (See folio 2 of Volume I of the file provided by the Municipalidad de Vásquez de Coronado); 3) On October 20, 2005, the D1 Form for the Servicentro Coronado Service Station, plans, sketches and approvals of the property where the Servicentro would be built, project description, archaeological study, hydrological study, anthropic risk certification, terrain profiles, location of drillings, geotechnical and soil mechanics study, basic terrain engineering study, certification of approximate cost of the work for 98,000,000.00, cadastral map, certification from the Public Registry, certification of legal status of Inversiones Pelyo del Este, S.A., environmental evaluation document with matrix, field inspection form of April 28, 2006, were presented before the Ministerio de Ambiente y Energía. (See folios 1 to 20; 21 to 32; 33 to 35, 42 to 47, 48 to 65, 66, 67 to 73, 74 to 76, 77 to 91, 92 to 99, 101, 102 to 114, 115 to 124, 126, 126 bis to 128 of Volume I of the administrative file presented by the Estado and images 2 to 72 of Volume I of the evidence CD); 4) By official communication ASUB-033-06 of January 26, 2006, SENARA indicated to Architect Octavio Lin Cousin regarding the Servicentro Coronado Service Station Project, of the company Inversiones Pelyo del Este, S.A., that he must submit a series of documentation in order to resolve what was requested. (See images 74 and 75 of Volume I of the evidence CD); 5) By official communication ASUB-170-06 of May 1, 2006, SENARA rejected approving the Pelyo Hydrocarbon Service Station project because the geology study did not comply, considering that the hydrogeological vulnerability is medium to high. (See image 129 of Volume I of the administrative file presented by the Estado); 6) On June 7, 2006, the General Secretariat of SETENA requested a series of documentation that Mr. Rafael Yong Chan must provide. (See image 130 of Volume I of the administrative file presented by the Estado); 7) By official communication number CNE-DPM-0328-06 of August 25, 2006, the Head of the Department of Prevention and Mitigation of the Comisión Nacional de Riesgos y Atención de Emergencias indicated to Mr. Octavio Li Cousin for Inversiones Pelyo del Este. S.A. that regarding property SJ-1021582-2005, there is no information on the threat map of said Commission about a possible threat that could affect that property; however, as there is a local faulting in the vicinity, it is mandatory that the development strictly adhere to the current Seismic Code. (See folio 3 of Volume I of the file provided by the Municipalidad de Vásquez de Coronado); 8) By official communication ASUB-363-06 of September 4, 2006, the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA), reconsidered the pronouncement SENARA ASUB-170-2006, on the construction of a Fuel Storage Service Station, Servicentro Pelyo, and approved said project, establishing that the zone is of medium vulnerability. (See folios 4 and 5 of Volume I of the file provided by the Municipalidad de Vásquez de Coronado); 9) On September 5, 2006, Mr. Rafael Yong Chan delivered to SETENA a series of documentation related to the Servicentro Coronado Service Station project, file number DI-0109-2006-SETENA. (See images 131 to 182 of Volume I of the administrative file provided by the Estado); 10) By resolution number 2289-2006-SETENA, the legal representative of Inversiones Pelyo del Este, S.A., was warned to submit a sworn statement of environmental commitments and that if it complied with the requirements, a regent would be appointed and the environmental guarantee would be canceled. (See images 183 to 190 of Volume II of the administrative file presented by the Estado); 11) By brief dated December 7, 2006, Mr. Yong Chan complied with what was required by SETENA. (See images 191 to 200 of Volume II of the administrative file presented by the Estado); 12) By resolution number 251-20017-SETENA at 08:10 a.m. on February 19, 2007, environmental viability (viabilidad ambiental) was granted to the Inversiones Pelyo del Este, S.A. Service Station project. (See images 201 to 210 of Volume II of the administrative file presented by the Estado and folios 6 to 9 of Volume I of the file provided by the Municipalidad de Vásquez de Coronado and image 94 of Volume I of the evidence CD); 13) By official communication DGTCC-INF 03-08-07, approval was given by the Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible to the plans and lot proposed for the construction and operation of the Inversiones Pelyo del Este, S.A. Service Station. (See images 104 and 105 of Volume I of the evidence CD); 14) By resolution R-DGTCC-577-2007-MINAE at thirteen hours and fifty minutes on August fourteen, two thousand seven, the plans and lot proposed for the construction and operation of the Inversiones Pelyo del Este, S.A. Service Station were approved by the Dirección General de Hidrocarburos of the Ministerio de Ambiente y Energía. (See images 103 to 106 of Volume I of the evidence CD); 15) By Zoning Certificate number 884-07 of September 11, 2007, the Municipalidad de Coronado renewed the land-use certificate (certificado de uso de suelo) of the property of cadastral map SJ-1021582-05. (See folios 10 and 11 of Volume I of the file provided by the Municipalidad de Vásquez de Coronado); 16) By official communication SA-230-317 of November 13, 2007, the Engineering Director of the Municipalidad de Vásquez de Coronado indicated to Engineer Alfredo Zeledón of Environmental Sanitation of said local government, that because the zone is defined as having high vulnerability, type A industrial activities are not permitted, due to the high risk of contamination, and therefore the construction project of Inversiones Pelyo del Este, S.A. is not authorized. (See folios 12 to 14 of Volume I of the file provided by the Municipalidad de Vásquez de Coronado); 17) The rejection of the construction permit was communicated to Inversiones Pelyo del Este, S.A., by official communications IN-300-1185 of November 22, 2007, and IN-300-1220 of December 5, 2007. (See folios 15 and 16 of Volume I of the file provided by the Municipalidad de Vásquez de Coronado); 18) On November 27, 2007, the legal representative of Inversiones Pelyo del Este, S.A., requested reconsideration of the rejection of the construction permit. (See folio 294 of Volume II of the file provided by the Municipalidad de Vásquez de Coronado); 19) On January 17, 2008, the legal representative of Inversiones Pelyo del Este, S.A. indicated to the Municipalidad de Vásquez de Coronado that, since official communication IN-300-1220 of December 5, 2007, conditioned the approval of the construction permit on compliance with what was indicated by the Department of Environmental Sanitation, he provided documentation demonstrating that he complied with what was required. (See folio 297 of Volume II of the file provided by the Municipalidad de Vásquez de Coronado); 20) From January to April 2008, there was a series of notes and official communications between the legal representative of Inversiones Pelyo del Este, S.A. and the Municipalidad de Vásquez de Coronado, the former claiming compliance with what was indicated by SENASA and SETENA and the granting of the construction permit. (See folios 17 to 196 of Volume I and folios 299 to 308 of Volume II of the file provided by the Municipalidad de Vásquez de Coronado); 21) On October 2, 2008, the representative of Inversiones Pelyo del Este, S.A., filed a review appeal (recurso de revisión) of the rejection of the authorization of the service station construction permit with the Municipalidad de Vásquez de Coronado; for its resolution, the Legal Department of said local entity requested a criterion from SENARA on the documentation provided by the appellant. (See folios 197 to 204 of Volume I of the file provided by the Municipalidad de Vásquez de Coronado); 22) Having received the response from SENARA, the Municipalidad de Vásquez de Coronado, through official communication AL-2000-887-09 of June 23, 2009, concluded to uphold what was resolved regarding the restriction corresponding to the waterproofing of the Pelyo del Este project and the rejection thereof. (See folios 219 to 229 of Volume I of the file provided by the Municipalidad de Vásquez de Coronado); 23) As a result of the Municipalidad de Vásquez de Coronado's rejection to grant the construction permit for the Service Station on environmental grounds, from the period of June 2007 to February 2012, regency reports could not be delivered, so SETENA renewed the environmental viability (viabilidad ambiental) during that period until November 2011, and by resolution number 2737-2011-SETENA, suspended the validity period for the start of activities until eight days before the start of works when SETENA is informed to lift the suspension of the validity of the Environmental Viability. (See images 211 to 314 of Volume II of the administrative file presented by the Estado and folios 288, 289, 307, 308 of Volume II of the administrative file of the Municipalidad de Vásquez de Coronado); 24) By official communications S.A.2.3.34-583-11 of June 7, 2011, and S.A.2.3.34-584-11 of June 7, 2011, the Municipalidad de Vásquez de Coronado indicated to the company Inversiones Pelyo del Este, S.A., that the Department of Environmental Management considers that no land use is environmentally feasible except for water protection, and that therefore a Service Station is not feasible. However, in the following official communication, it indicated that it may be available for another type of construction pending review of the permitted use and authorization from MINAE. And two Zoning Use Certificates were issued dated June 10, 2011. (See folios 230 front and back, 231 to 244 of Volume I of the file provided by the Municipalidad de Vásquez de Coronado); 25) On June 21, 2011, the representative of Inversiones Pelyo del Este S.A., filed an appeal for reversal (recurso de revocatoria) and a subsidiary appeal (apelación en subsidio) with concomitant nullity due to the issuance of zoning certificate number 553-11 dated June 10, 2011. The appeal for reversal was rejected by official communication PU-2332-136-2011 of July 12, 2011, and he was indicated that regarding the appeal he must address the Concejo Municipal. (See folios 245 to 249 of Volume I of the file provided by the Municipalidad de Vásquez de Coronado); 26) On July 27, 2011, the representative of Inversiones Pelyo del Este, S.A., filed an appeal for non-admission (apelación por inadmisión) before the Municipal Mayor due to the rejection without a ruling of the subsidiary appeal. Said appeal was resolved by rejecting it and was notified to Inversiones Pelyo del Este, S.A. on September 23, 2011. (See folios 254 to 256 of Volume I of the file provided by the Municipalidad de Vásquez de Coronado); 27) By brief of September 29, 2011, the legal representative of Inversiones Pelyo del Este, S.A., requested reconsideration from the Department of Environmental Management of what was resolved in relation to the construction permit and provided a group of documents for review. Upon reviewing the documents provided, said Department considered by official communication S.A.2.3.34-1006-11 of October 7, 2011, that it is environmentally feasible to approve the construction if the Department of Urban Planning and Construction Control (Departamento de Planificación y Control Constructivo) approves it. (See folios 259 to 266 of Volume I and folios 354 and 355 of Volume II of the file provided by the Municipalidad de Vásquez de Coronado); 28) By resolution R-745-2011 MINAET at seven hours and five minutes on November twenty-eight, two thousand eleven, the construction plans of the service station of Inversiones Pelyo del Este S.A. were approved. (See images 12 to 18 of Volume II of the evidence CD); 29) Based on said criterion, in February 2012, the plaintiff company provided all necessary documents for the approval of the construction permit. (See folios 356 to 369 of Volume II of the file provided by the Municipalidad de Vásquez de Coronado); 30) On February 17, 2012, the Municipalidad de Vásquez de Coronado issued the construction permit for Inversiones Pelyo del Este, S.A. (See folio 325 of Volume II of the administrative file presented by the Estado and folio 370 of Volume II of the file provided by the Municipalidad de Vásquez de Coronado); 31) On February 23, 2012, Mr. Yong Chan informed SETENA that, prior to starting the construction works, the suspension of the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) should be lifted, which is authorized in Technical Report ASA-705-2012-SETENA. (See folios 326 to 332 of Volume II of the administrative file presented by the Estado); 32) On March 29, 2012, construction of the Service Station began. (See image 333 of Volume II of the administrative file presented by the Estado); 33) By official communication GS-250-004-12 of May 7, 2012, the Environmental Sanitation Management of the Municipalidad de Vásquez de Coronado communicated to the Director of Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), that in an inspection carried out at the construction project of a fuel station, a constant and high-volume water upwelling (afloramiento de agua) was detected, which coincides with the site where the pump's fuel tanks would be installed, indicating that the water table (nivel freático) was at 2.6 meters. (See images 335 and 336 of Volume II of the administrative file presented by the Estado and folios 434 to 438 of Volume II of the file provided by the Municipalidad de Vásquez de Coronado); 34) In May 2012, a group of neighbors from the service station construction site requested the Environmental Comptroller of MINAET to investigate why environmental viability (viabilidad ambiental) had been granted to that project because they considered that a perched aquifer (acuífero colgado) existed at the site, and they also filed amparo appeals. (See images 339 to 364 of Volume II of the administrative file presented by the Estado and folio 443 of Volume II of the file provided by the Municipalidad de Vásquez de Coronado); 35) On May 14, 2012, by official communication GP-230-030-2012, the legal representative of Inversiones Pelyo del Este S.A. was informed by the Municipalidad de Vásquez de Coronado that all construction works at the site were to be halted as a precautionary measure (medida precautoria). (See image 415 of Volume II of the administrative file presented by the Estado and folio 439 of Volume II of the file provided by the Municipalidad de Vásquez de Coronado); 36) A report for the closure of the pit was presented on an unspecified date by geologist Catalina Vargas as part of an environmental recovery plan at the service station construction site. (See images 402 to 414 of Volume II of the administrative file presented by the Estado); 37) By means of official communication DGH-OF-93-2012 of June 8, 2012, the Head of the Water Research and Management Unit of SENARA indicated, in an investigation at the construction site of Inversiones Pelyo del Este S.A., in which the relevant part indicates: "(...) the original topography of the land where the service station is intended to be built presented a height above street level of approximately 1.9 meters; subsequently, earthworks (movimientos de tierra) were carried out and excavation was done at least 1 meter below the current street level. In addition, the pit for the installation of the tanks was excavated to a planting level (nivel del desplante) of 5.65 meters, which means that the natural surface was lowered by approximately 8.55 meters. This deepening of the excavation in that pit brought to the surface the groundwater (agua subterránea) level located in the sandy-gravelly stratum. (...) Therefore, the following is concluded: 1. The excavation of the pit eliminated the cover layer that covered the surface aquifer (acuífero superficial) and groundwater emerged at a flow rate of 4.2 liters per second (Volumetric gauging). 2. By eliminating the layer that covers the surface aquifer, the vulnerability changed from medium to extreme (in the excavation for the installation of the fuel tanks) and consequently the danger of contamination of this aquifer increased. 3. Under current conditions, the location of fuel storage tanks in the excavation where groundwater emerges is not recommended. 4. The company PELYO del Este S.A. and the environmental regent must propose mitigation measures to return the condition of protection to the aquifer and prepare a new proposal for the hydrogeological viability (viabilidad hidrogeológica) of the site to determine the consequences that the installation of the fuel service station would have on the aquifer environment." (See images 423 to 431 of Volume II of the administrative file presented by the Estado and folios 472 to 480 of Volume II of the file provided by the Municipalidad de Vásquez de Coronado); 38) On June 18, 2012, Mr. Yong Chan submitted to SENARA and SETENA a Mitigation Plan for the Closure of the Opening in the Surface Aquifer and the pit in the Fuel Tank Zone of the Servicentro Coronado Service Station project. (See images 436 to 461 of Volume II and 472 to 566 of Volume III of the administrative file presented by the Estado and image 32 of Volume II of the evidence CD); 39) In the amparo appeal file before the Sala Constitucional number 12-009032-0007-CO, the suspension of the construction works of the Servicentro Coronado Service Station Project was ordered in July 2012. (See images 567 to 651 of Volume III of the administrative file presented by the Estado and folios 606 and 655 of Volume II of the file provided by the Municipalidad de Vásquez de Coronado); 40) By means of resolution R-DGTCC-788-2012-MINAET, SETENA indicated regarding the suspension of construction works at the Servicentro Coronado Service Station Project, that Decree 3031, article 18.1, allows placing tanks in a pit on the surface for conditions of high water table (nivel freático alto) or flood risks. They recommend providing effective containment of possible spills and contemplate the construction of a concrete pit.

(see images 39 to 42 of Volume II of the evidentiary CD); 41) On July 19, 2012, Mr. Yong Chan requested SETENA to use its good offices before the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) to allow the Mitigation Plan for closure of the Opening in the Superficial Aquifer and the Fuel Tank Pit in the aforementioned construction works to be carried out. (see image 654 of Volume III of the administrative record submitted by the State); 42) By official letter CS-DARS-CO-137-12, the governing area of the Ministry of Health warned the Municipality of Vásquez de Coronado that the wastewater treatment system had been changed from a septic tank to a Tanque Diez T.D-25, Biological Pit (Fosa Biológica) and that they had not approved said change. (see folio 668 of Volume III of the record provided by the Municipality of Vásquez de Coronado); 43) SETENA analyzed the concrete cover design and the technical specifications of the materials for sealing the existing pit at the construction site and determined that modifications had to be made. (see images 710 and 715 of Volume IV of the administrative record submitted by the State); 44) By note of February 3, 2012, the legal advisor of the Municipality of Vásquez de Coronado recommended determining the responsibility of the municipal official who approved the construction permits for the company Inversiones Pelyo del Este. (see folios 706 and 707 of Volume III of the administrative record submitted by the Municipality of Vásquez de Coronado); 45) Through official letter GP-230-249-12, the Engineer of the Municipality of Vásquez de Coronado indicated to the mayor that it was indeed verified on the sheet showing the variation of the wastewater treatment system from a septic tank to a Tanque Diez T.D-25, Biological Pit, that it does not have the seal of the Ministry of Health, and therefore the official who granted the permit must be consulted. (see folios 708 to 712 of Volume III of the administrative record submitted by the Municipality of Vásquez de Coronado); 46) On October 24, 2012, the representative of Inversiones Pelyo del Este S.A. submitted new documentation requested by SETENA. (image 741 of Volume IV of the administrative record submitted by the State); 47) After analyzing the information provided by the plaintiff company through official letter CG-OF-054-2013 of January 28, 2013, the General Manager of SENARA requested the correction of a series of points in the Mitigation Plan. (see images 746 to 751 of Volume III of the administrative record submitted by the State); 48) By means of ruling (voto) 2013002023 of the Constitutional Chamber at 2:30 p.m. on February 16, 2013, from case file number 12-007866-0007-CO, it was ordered in another amparo action filed against the construction of the aforementioned Service Station that the amparo action was granted and that a group of officials must "(...) carry out the corresponding actions, immediately, within their respective spheres of competence, to ensure that the construction works of the service station of Inversiones Pelyo del Este, S.A., do not continue, nor is its effective operation permitted until the necessary measures have been adopted to rule out the risk of contamination to the aquifers or groundwater (...)". (see images 753 to 776 of Volume IV of the administrative record submitted by the State); 49) By ruling (voto) 2013002308 of the Constitutional Chamber at 9:00 a.m. on February 22, 2013, the amparo action of case file number 12-007831-000-CO was partially granted, reiterating the order already given in the first granted amparo action. (see images 793 to 821 of Volume IV of the administrative record submitted by the State); 50) By ruling (voto) 2013002309 of the Constitutional Chamber at 9:20 a.m. on February 22, 2013, the amparo action of case file number 12-009032-000-CO was partially granted, reiterating the order already given in the first granted amparo action. (see folios 732 to 747 of Volume III of the administrative record submitted by the Municipality of Vásquez de Coronado); 51) By ruling (voto) 2013002308 of the Constitutional Chamber at 9:00 a.m. on February 22, 2013, the amparo action of case file number 12-007831-000-CO was partially granted, reiterating the order already given in the first granted amparo action. (see images 832 to 848 of Volume IV of the administrative record submitted by the State and images 793 to 747 of Volume IV of the administrative record submitted by the State); 52) By resolution number 0565-2013-SETENA at 2:15 p.m. on March 6, 2013, in accordance with the provisions of the aforementioned rulings, Inversiones Pelyo del Este S.A. was ordered to comply with what was ordered in said rulings and to suspend any construction works until the necessary measures are implemented to rule out the risk of contamination of the aquifers or groundwater. (see images 823 to 831 of Volume IV of the administrative record submitted by the State and folios 764 to 766 of Volume III of the administrative record of the Municipality Vásquez de Coronado); 53) The legal representative of Inversiones Pelyo del Este S.A. requested SETENA for a three-month period to carry out the necessary studies to determine the site's vulnerability and decide how to proceed, which was granted by resolution 896-2013-SETENA of April 9, 2013. (see images 867 to 887 of Volume IV of the administrative record submitted by the State); 54) By note dated July 8, 2013, the legal representative of Inversiones Pelyo del Este S.A. sent SETENA the requested documentation with the explorations carried out at the Station Project site. (see images 935 to 1031 of Volume IV of the administrative record submitted by the State); 55) Through official letter DIGH-UI-OF-159-2013 of August 12, 2013, SENARA reviewed the information provided and concluded that the entirety of what was requested had not been fulfilled, therefore they maintained the criterion of high risk of contamination and that the installation of a service station is not advisable. (see images 1042 to 1047 of Volume V of the administrative record submitted by the State and folios 816 to 821 of Volume III of the Municipality's administrative record); 56) Through official letter DIGH-UI-OF-197-2013 of September 18, 2013, SENARA reiterated the criterion of high risk of contamination and that the installation of a service station is not advisable. (see images 1057 to 1059 of Volume V of the administrative record submitted by the State); 57) Against official letter DIGH-UI-OF-197-2013 of September 18, 2013, the legal representative of Inversiones Pelyo del Este S.A. filed a motion for reconsideration (see images 1061 to 1065 of Volume V of the administrative record submitted by the State); 58) By official letter SG-ASA-716-2013 of October 10, 2013, SETENA again informed the legal representative of Inversiones Pelyo del Este S.A. of the requirements that must be met in order to proceed with the sealing of the pit. (see images 1066 to 1067 of Volume V of the administrative record submitted by the State); 59) In response to the official letter mentioned above, the legal representative of Inversiones Pelyo del Este S.A., on October 22, 2013, indicated having complied with all the required requisites. (see images 1068 to 1160 of Volume V of the administrative record submitted by the State and folios 839 to 917 of Volume III of the Municipality's administrative record); 60) Said information was forwarded by official letter SG-ASA-841-2013 to SENARA on November 8, 2013, in order for them to analyze compliance with what was requested. (see image 1161 of Volume V of the administrative record submitted by the State); 61) By official letter GG-OF-987-2013 of November 26, 2013, the General Manager of SENARA informed the Secretary General of SETENA that the closure of the pit of the Pelyo del Este Service Station would proceed on Wednesday, November 27, 2013, which was carried out and minutes were drawn up. (see images 1162 to 1165 of Volume V of the administrative record submitted by the State and folios 933 to 945 of Volume III of the Municipality's administrative record); 62) On December 4 and 6, 2013, permeability tests were carried out by the geologist contracted by the plaintiff company in the presence of personnel from the SENARA Investigation Unit. (see images 1166 to 1171 of Volume V of the administrative record submitted by the State and folios 946 to 952 of Volume III of the Municipality's record); 63) By note dated December 16, 2013, the legal representative of Inversiones Pelyo del Este S.A. delivered to SETENA, SENARA, and the Municipality of Vásquez de Coronado the report on the closure of the pit at the Servicentro Coronado Service Station. (see images 1172 to 1186 of Volume V of the administrative record submitted by the State and folios 953 to 967 of Volume II of the administrative record of the Municipality Vásquez de Coronado); 64) Due to the foregoing, SETENA, through official letter SG-ASA-0075-2014 of January 22, 2014, consulted SENARA on whether the placement of above-ground fuel tanks, rather than underground ones, was feasible as a hydrogeological viability alternative. (see images 1066 to 1067 of Volume V of the administrative record submitted by the State); 65) Through official letter DIGH-UI-030-14 of February 10, 2014, the Head of the SENARA Investigation Unit informed the Director of the Directorate of Water Research and Management that four points remained unfulfilled in the new hydrogeological viability proposal of the plaintiff company herein. The foregoing was communicated to SETENA, which in turn notified the company's legal representative accordingly. (see images 1194 to 1198 of Volume V of the administrative record submitted by the State); 66) By resolution of May 28, 2014, the Administrative Environmental Tribunal requested a report from SETENA on the Service Station Project of Inversiones Pelyo del Este, S.A. (see images 1206 to 12211236 to 1241 of Volume V of the administrative record submitted by the State); 67) By resolution of July 14, 2014, SENARA informed the legal representative of Inversiones Pelyo del Este S.A. that upon reviewing the vulnerability, it remained high, and therefore continuing with the project was not recommended. (see folios 1029 to 1041 of Volume IV of the record provided by the Municipality of Vásquez de Coronado); 68) Through official letter DGTCC-777-2014 of July 24, 2014, the Director General of Fuel Transport and Marketing requested SETENA to resolve on the technical compliance of the project approved by them for Inversiones Pelyo del Este, S.A. (see folios 979 to 983 of Volume IV of the record provided by the Municipality of Vásquez de Coronado); 69) By note of August 6, 2014, the legal representative of Inversiones Pelyo del Este, S.A. requested the Municipality of Vásquez de Coronado to authorize the continuation of construction since what was ordered by the Constitutional Chamber had been fulfilled. The local government indicated that the request was not the exclusive purview of the municipality but rather of inter-institutional coordination in order to approve the project corrections. (see folios 984 to 986 and 1008 of Volume IV of the record provided by the Municipality of Vásquez de Coronado); 70) By official letter IGH-0365-14 of September 19, 2014, SENARA communicated to SETENA that hydrogeological viability was achieved. (see image 1284 of Volume V of the administrative record submitted by the State); 71) By official letter UI-312-14 of October 31, 2014, SENARA informed the Municipality of Vásquez de Coronado that above-ground fuel tanks were defined for the Inversiones Pelyo del Este, S.A. project. (see folios 1046 and 1048 of Volume IV of the record provided by the Municipality of Vásquez de Coronado); 72) By resolution number 2472-2014-SETENA at 10:00 a.m. on November 27, 2014, the suspension was lifted, the project modification was endorsed, compliance with regulations regarding the placement of above-ground tanks was ordered, and a new guarantee was authorized. Said resolution was subsequently corrected by resolution number 0541-2015-SETENA at 2:34 p.m. on March 3, 2015, due to a series of errors. (see images 1317 to 1325 and 1348 and 1349 of Volume V of the administrative record submitted by the State and folios 1059 to 1067 of Volume IV of the record provided by the Municipality of Vásquez de Coronado and images 87 to 95 of Volume III of the evidentiary CD); 73) On December 5, 2014, the Special Attorney-in-Fact of Inversiones Pelyo del Este, S.A. requested the Municipality of Vásquez de Coronado to lift the precautionary measure of suspension of construction works. Again, the same representative submitted other briefs on January 6 and 7, 2015. (see 1079 to 1104 and 1125 to 1139 of Volume IV of the record provided by the Municipality of Vásquez de Coronado); 74) The Municipality responded on January 9, 2015, to the legal representative of Inversiones Pelyo del Este S.A. that they were awaiting the response of the legal advisor in order to respond appropriately. (see folio 1145 of Volume IV of the record provided by the Municipality of Vásquez de Coronado); 75) By official letter SG-ASA-0059-2015 of January 19, 2015, SETENA communicated to the Municipality of Vásquez de Coronado, the Directorate of Urban Planning Management and Construction Control, and the Directorate General of Fuel Transport and Marketing, the lifting of the suspension of works ordered since 2012. (see image 1335 of Volume V of the administrative record submitted by the State); 76) On January 26, 2015, the Municipal Council of Vásquez de Coronado proceeded to declare the granting of Zoning Certificate 553-11 of June 10, 2011, issued by Architect Dennis Jiménez Calderón of the Department of Urban Planning and Construction Control of the Municipality of Vásquez de Coronado, detrimental to the public interest (lesivo) through agreement number 2015-253-36 of ordinary session 253 of that same date. (see folios 1152 to 1166 of Volume IV of the record provided by the Municipality of Vásquez de Coronado); 77) By official letter CM-100-232-15 of February 25, 2015, the secretary of the Municipal Council of the Municipality of Vásquez de Coronado sent to Mr. Leonardo Herrera, of the Municipal Mayor's Office, agreement number 2015-253-36 of ordinary session 253 of January 26, 2015, of the Municipal Council of Vásquez de Coronado, by which the granting of Zoning Certificate 553-11 of June 10, 2011, was declared detrimental to the public interest (lesivo). (see folios 1194 to 1251 of Volume IV of the record provided by the Municipality of Vásquez de Coronado); 78) Through official letter AL-200-603-15 of June 3, 2015, the Mayor of the Municipality of Vásquez de Coronado informed the Special Attorney-in-Fact of the plaintiff company that the official position of the Municipality of Vásquez de Coronado was to maintain the precautionary measure and to initiate a proceeding of detriment to the public interest (lesividad) against the granting of Zoning Certificate 553-11 of June 10, 2011. (see folios 1273 and 1275 of Volume IV of the record provided by the Municipality of Vásquez de Coronado); 79) By a brief received on June 22, 2015, the Special Attorney-in-Fact of the Company Inversiones Pelyo del Este, S.A. filed before the Municipal Mayor and Section Three of the Administrative Litigation Court a motion for revocation with a subsidiary appeal against official letter AL-200-603-15 of June 3, 2015, from the Mayor of the Municipality of Vásquez de Coronado. (see folios 1326 to 1276 of Volume IV of the record provided by the Municipality of Vásquez de Coronado); 80) By resolution 019-15 at twelve thirty hours on July twenty-eighth, two thousand fifteen, of the Mayor of the Municipality of Vásquez de Coronado, the motion for revocation filed was rejected. (see folios 1332 to 1352 of Volume IV of the record provided by the Municipality of Vásquez de Coronado); 81) On September 25, 2015, the appeal filed by the plaintiff company was transferred to the Administrative Litigation Court. (see folios 1332 to 1352 of Volume IV of the record provided by the Municipality of Vásquez de Coronado); 82) On March 20, 2017, the legal representative of Inversiones Pelyo del Este, S.A. requested the suspension of the submission of the Site Supervision (Regencia) reports, since the Municipality of Vásquez de Coronado had maintained a precautionary measure suspending works and had filed a proceeding of detriment to the public interest (lesividad), which had prevented them from continuing with the project; this was authorized in September 2017. (see images 1365 to 1367 of Volume V of the administrative record submitted by the State); 83) Through case file number 15-010009-1027-CA, the proceeding of detriment to the public interest (lesividad) filed by the Municipality of Vásquez de Coronado against Inversiones Pelyo del Este, Sociedad Anónima, is known, and through judgment number 20-2018-II at ten thirty hours on March twenty-third, two thousand eighteen, of Section Two of the Administrative and Civil Treasury Litigation Court, the absolute nullity was declared of zoning certificate CZDIM-785-05 of October 6, 2005, from the Municipal Engineering Department and the subsequent renewals, which were the basis of the construction permit granted to Inversiones Pelyo del Este, S.A. (see images 451 to 483 in copy of judicial file 15-010009-1027-CA on evidentiary CD); 84) By document number LR.G.S-041-19-IF of August 23, 2019, the expert appointed in this proceeding, Luis Gabelman Serrano, proceeded to render the expert opinion requested in the preliminary hearing and concluded that the damages and losses of the plaintiff party amounted to:

| DESCRIPTION | AMOUNT ₡ | SOURCE OF INFORMATION |
| :--- | :--- | :--- |
| A) Appraisal of the Property (land and construction) | 804,151,714 | Report of Arch. Chavarría Murillo |
| B) Legal Interest | 102,272,015 | Sole Annex, page 4 |
| TOTAL (A+B) | 906,423,729 |   |

In words: Nine hundred six million four hundred twenty-three thousand seven hundred twenty-nine colones

(see images 494 to 501 of the digital judicial file); 85) By certification at nine o'clock on November 23, 2021, the Financial Department of the Municipality of Vásquez de Coronado certified that according to the records of the Real Estate Office of that Municipality, property 569222 in the name of Inversiones Pelyo del Este S.A. presents a declaration made in April 2014 for a land value of ₡276,765,489.00. That it had been granted construction permit number 12-039 on February 17, 2012, for the construction of a Service Station for a value of 199,900,659.00 colones. (see image 672 of the digital judicial file); 86) At the oral and public trial, the expert opinion of Mr. Luis Rodolfo Gabelman Serrano was received, who indicated being a public accountant and holding a Licentiate degree in Business Administration since 1986; he pointed out that he worked at the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) since he was a bachelor's degree holder. He is an external auditor and has an office that works in different sectors. Since 1986, he has been a judicial expert in lawsuits similar to this one. Regarding the expert opinion, he indicated that the plaintiff had two points of interest; he mentioned studying the file and meeting with the parties to determine the objective. He requested requirements from them to carry out the expert examination and fulfill it. He stated that the requested patrimonial damage is for not building a service center, for the resources disbursed for the unfinished project. For non-productive resources. He asked the plaintiff party for accounting records (first-level resources); there was no formal accounting, so they provisionally gave him an appraisal from the CFIA. Because of this, he used an alternative method. He used the appraisal made at market value; it is a plan B, in the absence of plan A. The report was done by an architect and estimated that the progress of the work is close to 35%. He then considered plan B, the appraisal carried out, and pointed out the sums reached in it. He added that as damages (opportunity cost of money) were also requested, he granted the legal interest rates of the Banco Nacional de Costa Rica. The interest was 102 million colones with a cut-off date of August 2019, from the date of the appraisal. Questions from the plaintiff party: He was asked if the appraisal was a good input. He pointed out that in part the professional did a good job and that is why he based his report on that. He was asked if the alternative technique is common, and he pointed out that yes, it is common, that the municipality itself uses those professionals to establish the values of real estate. Question from the State: He was asked if, as a public accountant, he can value what an architect does. He responded that he used plan B and that it is a market value. He was asked if he only used that report and mentioned yes, and that it was very detailed, and that he used the documentation that came with the same report. Question from Senara: Regarding his experience in real estate appraisal, he pointed out that he prepares studies of movable property, but requires support from engineers. He was asked if he took into account the fiscal value, the Registry, and the municipal archives, and he pointed out that he did not, that it seemed good to use that appraisal. He was asked if he had access to the financial statements. He was asked if he had proof that the value of the appraisal was the value of the good, and he pointed out not as a loss but as part of the project, part of the investment. Questions from the Municipality of Vásquez de Coronado: He was asked if he knows the homogeneous zones or maps. He pointed out not exactly, but he has collaborated with engineers on that. He was asked why he requested the accounting information. He mentioned that they are the primary elements, the accounting and its vouchers. He was asked if any of the other parties gave him information to determine the value, and he added yes, the Municipality, but it did not have the nature of an appraisal, which he mentioned in the report. He was asked if he took into account accounting information from other accountants, and he pointed out that he did not, that the information available was disaggregated, that it was not an appraisal that he could take as plan B. He was asked if he took into account the Property Declarations of the company, and he indicated that he did not. He was asked about other sources, and he pointed out only two: the appraisal, which was transcendental, and the interest calculation, which he did with the Poder Judicial system using the Banco Nacional interest rate. He was asked if he verified that the Company was the owner of the property, and he indicated that it was not proven to him. He finished by explaining what assets and liabilities are and that the property is an asset. (Statement in trial recording system in judicial file); 87) At the oral and public trial, the testimony of Mr. Luis Antonio Chavarría Murillo was received, an architect by profession who stated he has been performing appraisals since 1999. He mentioned that he was an expert for the Poder Judicial. In response to questions from the plaintiff party, he indicated: That the inputs he used were the measuring tape and notebook to write down notes; that he toured the site to see the market in the area. That the methodology was market value; he received sales information from the area (homologation) and determined the value per square meter of the area. For the property, he took into account the production cost, depreciation, and the progress of the work, also what the work was going to be, due to the typology by building type. He indicated that the planned price is the average of a finished building minus depreciation. Regarding homologation, he mentioned that there are similar plots of land. That to calculate the value of the building, he thought about when it was going to be finished and how much it could cost, and that is the replacement value of the building, and from that he subtracted the percentage corresponding to what was left to finish. He was asked if he compared it with other stations, and he indicated that it was not part of his job, but he did do so with a station at the Moravia intersection. With this, he concluded an amount of what the property cost at that moment. There was no cost as such; he only did a market appraisal. He added that the abandoned building had a progress of 35%. In response to questions from the State, he mentioned that: The 35% was not very exact; he derived it from experience, because the rough work was almost finished, and that normally happens in the first 35%. He stated that he did not have the construction plan or the visible progress reports. That he was only asked to value the property with what it had on it. Questions from SENARA: He was asked to clarify the method and its use. Regarding the amount, he added that the 35% is an approximate. He was asked if the value of the land is independent of what is done with the land, and he pointed out that yes and no, that a plot of land with a construction is less desirable. That empty is more desirable because otherwise it diminishes its potential. He was asked if he assessed whether there was a diminution, and he indicated that he did not. Questions from the Municipality: He was asked what a market value is, and he pointed out that it is a plot of land for sale with capacities similar to other plots for sale. What data was given to him for the report? He indicated the use, the age of construction; no details or finishes were given. He was asked if he attached his databases, and he pointed out that he did not, but he has experience to know how much the building would cost. He was asked why there were no references from Vásquez de Coronado, and he stated that as long as the zone is similar to the one analyzed, it is valid to use references outside the zone if none exist. He added that there were no similar plots in the zone, and the date of the appraisal was October 2, 2017. He was asked if he took into account the company's declarations, and he indicated that he did not, because his job was market-based, not using other documentation. That as an appraiser expert, he does not use information from the Municipality. He was asked if he used the value declared in the accounting books, and he pointed out that he did not. If he reviewed the invoices for the construction materials, and he mentioned that he did not. He was asked if he knows the activities that can be carried out in the zone, and he responded that he does not. (Statement in trial recording system in judicial file); 88) At the oral and public trial, the testimony of Mr. Adolfo Lobo Zamora was received, who indicated that he has been a Civil Engineer for 30 years. That he was hired by the plaintiff party. In response to questions from the plaintiff party, he mentioned that he requested an appraisal from the contractor, but preferred it to be a "neutral" appraisal from another professional. That he also used the lawsuit file, the macroeconomic data from INEC, from the Central Bank, and the appraisal. That he went to the site, took photos, and saw the surroundings. That the market value methodology was: He requested information (accounting or public data), but was given some very incomplete information that did not allow quantifying damages. That he concluded there was loss of land infrastructure and loss of the utility cost value. That the profit of service stations is calculated at 15%, but he considered a lower value, that of the 6-month rates of Banco Nacional titles. He indicated that what he did was determine an adverse value. He mentioned that he did not capitalize the interest, but rather indexed it. That he took into account the five years of the service station's operating permit, but calculated from the start of the work to September 30, 2017. In response to questions from the State, he stated that the person who gave him the appraisal information was Mr. Luis Chavarría. That he concludes that the economic damage was reduced to 0, and he was asked to clarify how he reached that conclusion, and he points out that since the property is immobilized, it is a sunk cost and the economic value is 0. He was asked if, as a Civil Engineer, his functions include evaluating jurisprudence, and he responded that they do not. Senara indicated having no questions. In response to questions from the Municipality, he indicated that the opportunity cost (investment cost of available resources, the best alternative) and the sunk cost (expenses already incurred) are different. He mentioned that a property can have a sunk cost. He was asked if he reviewed the Regulatory Plan of Vásquez de Coronado, and he indicated that he did, that he saw the mixed use (residential-commercial) and that upon reviewing the area, this is evident. He was asked if the property maintains a market value, and he pointed out that it does. That having a lawsuit reduces its possibility. He was asked if the property can be used for another activity, and he pointed out that it is an enabled property that has no structure. That if it is returned to its prior state, it does have value; that when the value in economic terms is stopped, it returns to 0. He was asked about the limitations he had for the report, and he pointed out that the information was very partial, that he did not have access to the accounting books, that he did studies, but better recommended an appraisal. He was asked if he knows if the plaintiff company is the registered owner, and he referred to the file. He was asked if he agreed with the Engineer's description because the conclusion is reached that the value is 0. He pointed out that they are two different things, that the value of the works became 0 for a very specific economic purpose: the service station. He was asked if he verified whether the Company had the concession, and he responded that if that were not the case, it would not have the permit. He does not remember if he verified it.

(Testimony recorded in the judicial case-file recording system); 89) In the oral and public trial, the testimony of Roberto Ramírez Chavarría was received, who indicated he has worked at Senara for 25 years. In response to questions from Senara, he answers: That in 2006 he conducted a study at the Pelyo site regarding the geological vulnerability of that location. He mentions that Senara conducts studies on water resources, including groundwater, and that the applicant was the company Inversiones Pelyo del Este, S.A. He states he is familiar with the procedure for installing a service station, that Decree 30131 Minae-S establishes that the pronouncement of Senara on the hydrological condition of the site is required, and it is requested prior to the procedures of other agencies. The scope according to regulations is to see if the site and the soil are suitable for a service station, so Senara evaluates the site and reviews its vulnerability, also using information from the project consultant and the review; the vulnerability was medium. He indicates that the developer provides soil studies and research in the surroundings of the phreatic levels and the degree of confinement. That they review whether the aquifers are free or not and the susceptibility to whether they can be contaminated or not. He indicates the degrees of vulnerability and states that the study yielded a medium vulnerability, which signifies a susceptibility to being contaminated by an atopic activity. That this depends on the soil and its susceptibility. He is asked if it is possible to build a station with medium vulnerability and he indicates yes, if measures are taken in the construction model there would be no problems building. He indicates that Senara does not use plans; what they review is the soil condition, other institutions look at that. He states that his review does not grant a construction permit or land use. Regarding the construction problem, he states that in 2012, a note was received from the Municipality of Coronado after conducting a site visit, and a water upwelling (afloramiento de agua) was detected in the tanks. He mentions that the flow rate was 4.2 liters per second and that this is enough to supply water to 800 people. He states that the water upwelling was investigated, the sources, to have better knowledge. He adds that the upwelling occurred in a corner of the fuel supply pit. He adds that the Constitutional Chamber in 2013 suspended the construction. It was determined that upon removing the layers, the aquifer was already in danger, and a mitigation process had to be undertaken to recover the site, and Setena also participated in it. This consisted of covering and compacting the upwelling area and compacting the soil to the level where they had cut. He mentions that the terrain had been lowered to ground level; about 5.8 meters had been removed. He indicates that the system was indeed altered, but it was mitigated. He adds that the rest of the property had medium vulnerability, that it had to be reviewed to see how the site was left, to evaluate and propose another construction system. He states that since the project did not return to Senara, other construction solutions were not considered. The State does not ask questions. In response to questions from the Municipality, he answers that he participated in the mitigation or remediation process and the recovery of the aquifer's state before being impacted. That permeability tests were conducted in that area and that the land was left suitable, but another assessment was required. He adds that on that occasion, a second and better assessment of the site was indeed conducted. That the analysis of the hydrological impact depends on the activity; the site was left for other evaluations. He is asked if Senara recommended a precautionary measure to the Municipality and he indicates that what was stated was that the construction stage could not continue if remediation was not carried out first. He is asked if the aquifer was affected and he mentions that they possibly excavated too much. In response to questions from the plaintiff, he indicates that when the technical closure was completed, a determination was issued that the Senara and Setena requirements for mitigation had been fulfilled. He is asked if mitigation and remediation are the same thing and he states that in hydrology they are referred to in both ways. He adds that even though the tanks were not installed, they still conducted hydrocarbon analyses. He indicates that he does not remember if the report for the technical closure contained recommendations. (Testimony recorded in the judicial case-file recording system); 90) In the oral and public trial, the witness Gilbert Benítez Rodríguez was received, who mentioned being a Civil Engineer since 2014. He has worked for the Municipality of Vásquez de Coronado since 2000. In response to questions from the Municipality, he answers that he remembers the complaints from neighbors and a water upwelling (afloramiento de agua) in 2012 at the site. He is asked about the original topography of the land and indicates 1 or 2 meters. The pit did not have depth initially; later, with the technical closure, it was said to be 5 to 5 and a half meters. He is asked if a lot of terrain was removed and he indicates first about two meters to street level and then one more meter. As for the upwelling, he indicates that they reached the aquifer and tried to extract the water with a pump. He mentions that Senara ordered a closure of the pit where water was upwelling. He adds that the study was done by his former boss. He mentions that the pit was filled with special concrete and the level compacted with earth. He is asked about land uses and states that according to the Regulatory Plan, it has other uses. The State does not ask questions. Senara asks about the Regulatory Plan and he indicates that it was published in La Gaceta 78 of April 28, 1998. That the uses are in the Regulatory Plan in Article 20. The plaintiff asks if he participated in the permits and land uses for Pelyo; he indicates no. He is asked if he knows the Pelyo case file and he adds that he does not. He is asked if he knows whether the measures were lifted and he indicates no. He is asked if he has experience in hydrocarbons and he indicates no. (Testimony recorded in the judicial case-file recording system); 91) In the oral and public trial, the testimony of Manuel García Murillo was received, who indicated he is a political scientist and was an alternate council member (regidor suplente) from 2010 to 2016 for the Municipality of Vásquez de Coronado. In response to questions from the Municipality, he answers: He indicates he was assistant to the Mayor from 2006 to 2007 and currently. Regarding the service station in 2012, he indicates that the issue reached the Municipal Council due to a series of points raised by neighborhood and environmental groups that were concerned about the urban planning regulation for that project and the permits. That citizen participation occurred on this topic and a report was requested from the Municipality. He adds that the people requested a hearing due to a kindergarten near that project. And someone questioned whether the Regulatory Plan authorized that type of project. Likewise, he points out that inquiries were received from a cantonal newspaper. He adds that when the water upwelling occurred, the questions became stronger and there was an impact on the ICAA wells. He indicates that the community asked the Municipality to act, and everything converged in the lesividad process. He adds that a recurso de amparo was filed earlier. He is asked if he knows the Regulatory Plan and he indicates yes, and that in that zone it did not expressly state that this activity could be carried out, as it did in other zones. The Council said that the Plan should not be interpreted, but rather applied. He is asked if the service station was compliant or not according to the Regulatory Plan and he mentions that it was non-compliant. He is asked about compliant uses and he indicates that it is not his area of knowledge and other types of commerce can be developed there. He is asked if he knows whether the company was denied other uses and he indicates he does not remember. The State asks him to clarify the matter of lesividad. And Senara asks if he knows the documents that were annulled. He mentions the land use (uso de suelo) and the construction permit. The plaintiff asks him if the notes presented by the people are within the Municipality's file, and he does not know. He is asked to clarify regarding the Regulatory Plan and its application, and he indicates that this occurred because there was an interpretation of the land use for that zone and it was said that it had to be expressly stated in the zone. He is asked if the party had a right and he answers that is why a lesividad was initiated against them. He is asked why the lesividad was requested and he mentions that it was due to the citizens' complaints, that they rechanneled them, and also due to the recursos de amparo. He is asked about the other service stations in Coronado and he points out that there are technical-legal problems. He is asked if there were problems with Pelyo and he indicates that the Council does not review those permits and he does not know. (Testimony recorded in the judicial case-file recording system).

III.- ON THE UNPROVEN FACTS: It is of interest to mention that the parties did not prove the following relevant facts due to the absence of suitable evidence to accredit them: 1) The cost of materials, consulting, and labor for the progress in the construction carried out on property number 569222 of the San José Registry (Partido de San José). (There are no elements of conviction in the case file). 2) That property number 569222 of the San José Registry (Partido de San José), as a result of the annulment of the land-use certificate (certificado de uso de suelo), was removed from commerce and lost all value, or that its commercial value was zero. (There are no elements of conviction in the case file). 3) That the plaintiff company was authorized for the retail sale of hydrocarbons. (There are no elements of conviction in the case file).

IV.- ON THE PLAINTIFF'S ARGUMENT: In its complaint, the plaintiff company argues, in relevant part, that: "(...) LAW I.- ON THE LIABILITY OF THE STATE AND ACTIVE PUBLIC ADMINISTRATIONS. The European courts have long insisted that the clear and unmistakable acknowledgment by the Public Administration, regarding the certainty of the damages caused, implies, in turn, the implicit confession of the generating cause of the harm suffered, since the demand, or lack thereof, for economic liability is established by a series of mandatory compliance rules that are binding on it by virtue of, in attention to, and in fulfillment of the rigorous scope of the principle of legality. This is a topic that, as will be seen, is of special importance for the present case, by virtue of the express acknowledgment made by one of the defendants when initiating a lesividad process under judicial case file number 15-10009-1027-CA, which is pending the issuance of a final judgment by the Administrative Litigation Court. Thus, we must start by bearing in mind that the precepts regulating the liability of the active Administration refer, solely and exclusively, to the case of damages (daños) and losses (perjuicios) caused to the private assets of the plaintiff, as a consequence of the normal or abnormal, lawful or unlawful functioning of the active Administration. Indeed, the configuration of the strict liability (responsabilidad objetiva) that Articles 190 and following and concordant of the General Law of Public Administration (LGAP) impose on the active Administration, when they provide that the respective Public Administration shall be liable for all damages suffered by individuals to their property and rights caused by their legitimate or illegitimate, normal or abnormal functioning, except in cases of force majeure, fault of the victim, or act of a third party. The causal relationship of the normal or abnormal functioning of the active Administration also applies to municipalities as decentralized entities by reason of cantonal territory. Consequently, it is incumbent upon the active Administration, based on the definition in Article 1 ibidem, the responsibility to compensate individuals for the damages and losses caused to their assets, provided they meet the conditions of being certain (not hypothetical), having a causal relationship with the administrative conduct, being economically assessable, and being susceptible to individualization in their material effects. Thus, the LGAP embraces the principle of the extended liability regime of the State, as verified by a simple reading of its Article 190, by providing that the Administration shall be liable for all damages caused by its legitimate or illegitimate, lawful or unlawful, normal or abnormal functioning. Despite this, the transition between the application of the Civil Code - see Article 1045 - and the LGAP entailed years of adaptation, so much so that by 1991 it was still common to find collection claims under a strictly civil law approach. In this regard, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has stated: 'Therefore, it has evolved from a system where the victim was obliged to demonstrate the fault or fraud of the agent to demand liability from the State, to another in which the identification of the agent causing the damage is no longer necessary. Rather, what must be demonstrated is that the damage is the product of administrative illegitimacy, unlawfulness, or abnormality, or of legitimate, lawful, and normal actions; but in these latter cases, it must also be demonstrated that the injury is exceptional, either due to the small proportion of those affected or due to its intensity, in which cases the remedy is reduced to the damages without including the losses.' (On this, see: FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE, No. 45 of 2:45 p.m. on April 25, 1995.) To the foregoing, we must add that, given the previously indicated circumstances of strict liability, the compensation for damages must be full, meaning it must cover both material and moral damage and their respective losses. On this matter, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has stated: '(...) the compensation for damage must be full, in integrum, and in no way symbolic, and it must include moral damage... Finally, Article 191 ibidem mandates the Administration to repair all damage caused to the subjective rights of others by faults of its servants, which reinforces the thesis that moral damage must be compensated, since "all damage" is a broad concept encompassing both material and moral damages.' (On this, see: FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE, No. 118 of 2:40 p.m. on November 6, 1996.) In any case, it has been through the development of the case law of the FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE that concepts of special importance have been clarified and specified, such as that corresponding to abnormality. In this regard, it has been stated: ' (...) it refers to those administrative conducts that, in themselves, depart from good administration (according to the concept used by the General Law itself in Article 102, subsection d, which among other things includes effectiveness and efficiency) or from the organization, technical rules, or the expertise and prudent conduct in the deployment of their actions, with a harmful effect on the person. This allows noting that abnormality can manifest through malfunction; untimely functioning; or a total absence of functioning. Abnormality and unlawfulness should not, therefore, be adopted as equivalent concepts, not even in the case of that functioning which, being due or in accordance with the aforementioned rules, produces a harmful result (termed by some doctrinal sector as "abnormal functioning by result"), because, in such case, what operates is a liability for normal functioning with harmful effect or result, compensable, of course, provided that the requirements pre-established expressly by the legal system itself are met (see Article 194 of the General Law of Public Administration itself).' Now, note that the concept of abnormality includes those situations where there is inactivity or omission by the Administration, in other words, when, despite a functional duty to act or a need for functional diligence, it simply does not act, thereby causing damage with a negative effect on the assets. Consequently, when Article 190 of the General Law of Public Administration determines that the Administration is liable for normal and abnormal functioning, strict liability for administrative inactivity is included, provided there is a functional duty to act or the fulfillment of a required conduct, as occurs in the case sub examine. In this sense, we must indicate that sufficient attention has been paid to the difference between formal omission and material omission, the former occurring within the framework of the administrative procedure, when an administrative act must be issued, but contrary to this, it is not. This is precisely the applicable assumption in the present case, given the refusal to lift the precautionary measure despite having complied with all conditions established by the CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE and the competent authorities. Now then, and complementarily, material omission occurs in the face of neglect of an obligation to issue a material or technical action, previously established. For its part, the introduction of omission as a form of abnormality is of utmost importance in case law, as it is unfortunately a typical and accommodating situation within Costa Rican institutional practice. Thus, omission as a form of abnormality in administrative functioning constitutes a source of imputation that, insofar as it is the generating cause of an injury, thus imposes the duty to compensate. On what concerns us here, the FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE has manifested itself as follows: ' (...) Hence, it must be stated forcefully... that the Public Administration is also liable for damages and losses caused by its inactivity. That passivity in the face of compliance with pre-existing obligations falls, for purposes of extra-contractual patrimonial liability, under abnormal functioning of the Administration, provided it corresponds to a required material activity and an illegitimate conduct, which in this case may be concurrent, to the extent that failure to perform what is due not only violates the rules of good administration but also infringes jurisdiction by failing to fulfill the functional administrative powers emanating from the Legal System itself. This is all the more pronounced when it involves public services, since the failure to carry out a publicly owned activity or work, more often than not, also of general interest, potentiates the level of risk inherent in the service and sharpens the impact on the community, with a potential direct injury to subjective individual situations. In this area of public liability for inaction, the injury may arise, directly and exclusively, from administrative indolence, provided it is sufficient to produce by itself a negative effect on the pre-existing or potential legal situation of that holder of a full subjective interest. But it also often occurs, and with increasing frequency, that the injury is caused by a dual behavior: one, exercised by an agent - public or private - through whose action the detriment to the vital legal sphere of the injured party or parties is produced; and another, which concurs with the former, represented by the inaction of the public authority that does not exercise, as due, the conduct required to avoid the damage.' Among all that has been indicated, a topic of special importance for the present case stands out, related to the share of participation of the diverse actors involved in certain conducts of active co-participation, as well as the possible linkage of each conduct to which the injury is attributed. In this vein, it is imperative to address an examination of what is termed the adequate cause. That is, to determine which of all the omissions was the one that, in intensity, caused the greatest damage, or if, on the contrary, it was due to the correlation of several omissions. Now then, as stated, in the case sub examine, the causal damage is the result of actions and omissions (administrative conduct) that allow determining such a causal relationship in a co-participatory manner due to the degree of negative co-responsibility affecting the material and moral assets of our client. Certainly, in similar cases, our judicial authorities have applied Articles 9 and 10 of the LGAP and Article 1046 of the Civil Code. On this topic, the FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE indicated: '(...) the omissions incurred by the State incorporate it among the legal subjects that formed a cumulus of causes in the generation of the damage caused, which, as such, implies a solidary liability (solidaridad en la responsabilidad) that they must necessarily assume for the non-fulfillment of their functions, especially considering that these are of a preventive nature, all in accordance with the provisions of Article 1046 of the Civil Code, applicable supplementarily in this field, by express provision of precepts 9 and 10 of the General Law of Public Administration. From the foregoing, the liability of the Central Administration is inferred for the damage caused to the plaintiffs, which it shares with the INS and the Municipality, and even though a third party participated, this involvement does not lead to an exemption, which in any case would be a mitigating factor, but not an element that completely eliminates the State's liability, because in this regard, the Court correctly resolved by considering the appellant's solidary liability, ergo, the grounds formulated must be rejected.' (On this, see: FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE, vote number 308-F-2006 of 10:30 a.m. on May 25, 2006.) It is also important to rescue and highlight what the same First Chamber has indicated, namely that not just any damage gives grounds for the obligation to compensate, as the following elements must converge for its execution: i) the damage must be certain, real, and effective, ii) there must be an injury to a legally relevant interest worthy of protection, and iii) there must be a causal relationship between the conduct and the damage in the patrimonial sphere. Next, each of the characteristics or requirements of the institution of compensable property damage is analyzed based on the events that occurred against our client and the evidentiary support backing the arguments and claims of this complaint, namely: A.- Relationship of permanent causation. It is a shared position in comparative law that the financial liability of the administration cannot be declared when the harmful result is not a direct, exclusive, and necessary consequence of the administrative action, but, on the contrary, of the attitude or negligence of the injured party themselves. And it cannot be otherwise, since then, this being the determining assumption of the required causal link, the sole reason or foundation for the obligation to respond or compensate would be lacking. Consequently, the strict financial liability (responsabilidad patrimonial objetiva) of the Administration does not imply that the obligation to compensate arises whenever an injury occurs due to the normal or abnormal functioning of the Administration; rather, it is necessary and essential that between the injury and this functioning there exists an objective causal link, without the conduct of the injured party decisively intervening in this cause-and-effect relationship. Therefore, the success of the case at hand depends, to a large extent, on demonstrating not only the existence of the damage, but also that it was caused as a result of actions or omissions in the Administration's conduct, and while direct and conclusive proof, difficult to obtain, must not be required, a precise link between one element and the other must be deduced, according to the rules of rational criteria, for its assessment. In the case that concerns us, the causal link is clear, direct, and unmistakable, derived from the permit granted, prior to the objective fulfillment of each and every one of the regulated requirements – and even more –, initiated under the premise of legitimate expectation (confianza legítima) in the various authorizations, approvals, licenses, permits, and technical-administrative studies obtained for the construction and enabling of the property of INVERSIONES PELYO DEL ESTE S.A. for the sole and exclusive purpose of building and operating the SERVICENTRO CORONADO SERVICE STATION. Note that the damage caused derives from the Municipality of Vásquez de Coronado's disregard for the scope and weight of the construction permit, but, worse yet, the causal link is more than obvious as it derives from the trust placed by our client in the permits, authorizations, and approvals granted to invest, in good faith, in the construction of the SERVICENTRO CORONADO SERVICE STATION. Indeed, note that the supplied and diverse set of technical-administrative procedures that culminate in the construction permit are the basis of the trust and supposed legal certainty of the investment made, without it being possible nor intended to use as an excuse environmental issues that were duly overcome long ago, as has been confirmed and verified by the officials of the defendant Municipality. Nor does the filing of a lesividad process serve as an excuse for not lifting a precautionary measure whose condition was met and whose main process ended years ago; much less can it serve as an excuse or justification for not compensating the damages caused by the investments made by our client. In other words, without A - permits, authorizations, and approvals - one would definitely not have arrived at B - construction of the project -. B.- There is no fault of the victim or self-interested action that breaks the causality to their own detriment. As national and comparative doctrine has rightly insisted, the causal relationship is the objective or external link between the specific manifestation of the administrative function, by action or omission, and the unlawful injury caused to the administered party. Consequently, there must be an immediate, direct, and exclusive cause-and-effect relationship between the conduct of the administrative function and the unlawful injury caused to the administered party, who must be compensated and who has no legal or moral duty or obligation to bear the damage to produce the unlawful injury. Based on the provisions of Article 190, paragraph 1 of the LGAP, the exceptions or grounds for exclusion of the causal link are established clearly and expressly. For what concerns us here in this section of the complaint, we will focus on the fault of the victim, understood as a form of self-liability, since it is assumed that the administered party induced the unlawful injury in their patrimonial or extra-patrimonial sphere by incurring a subjective fault that could be due to fraud or negligence; let us highlight the following derivations: i) by negligence, ii) recklessness, and iii) lack of expertise. The classic example occurs when the victim participates in a public or collective demonstration that is both illegal and violent, resulting in damage against them as an effect of the administrative and obligatory intervention of the Public Force. Likewise, the fault of the victim, as a ground for exoneration from liability, should not be confused with the concurrence of faults or causes that affect the magnitude and quantum of the compensation owed, since, in such a case, the compensation must be distributed equitably, insofar as the damage caused is strictly related among themselves and in relation to the same subject whose assets were affected by the same causal concurrence. We must also point out two additional grounds for exclusion of the causal link: force majeure and act of a third party. In the first case (force majeure), it is an event that is outside the sphere of action of the active Public Administration, as it is not foreseeable, and even if foreseeable, it would be unavoidable. For its part, the act of a third party refers to cases where the unlawful injury is attributable to another legal subject different from the active Administration; this third-party subject breaks or severs, at the same time, the possibility of the existence of a causal link from the active Administration to the affected subject. And none of these assumptions are present in this case where the damages and losses claimed derive from the abusive and illegal maintenance of a precautionary measure to suspend works, as well as from the disregard and non-execution of the permits, authorizations, and approvals granted by the co-defendant administrations. Likewise, in the case sub examine, our client had no interference whatsoever in the granting of the permits or in the abusive and illegal maintenance of the precautionary measure suspending works, when, conversely, all the conditions established for its lifting had already been met, hence the good faith of the plaintiff and their trust in the presumption of validity of the permits granted, including the construction permit, to proceed with the investment, with a causal link, in the construction and future operation of the SERVICENTRO CORONADO SERVICE STATION.

Complementarily, there are two exemptions to the causal link, namely force majeure or the act of a third party. In the first case, we must understand it as an event that is outside the control of the active Administration, being unforeseeable or, if foreseeable, unavoidable. For its part, the act of a third party refers to those cases where the unlawful injury is attributable to another subject. And thus it is emphasized in a reality, certain and objectively verifiable: none of the exempting circumstances for administrative patrimonial liability is applicable to the present dispute, where the damages and losses claimed derive from the abusive and illegal maintenance of a precautionary measure of suspension of works by the co-defendant Municipality, as well as from the disregard of the permits, authorizations, and approvals granted in a concurrent, interrelated, and closely linked dimension to the detriment of the same subject, the plaintiff. C.- Certain, quantifiable, and individualized harm. Another constitutive element for administrative patrimonial liability lies—it is insisted—in the existence of effective or certain harm, which must also be economically assessable and individualized, in relation to a specific person and by necessary derivation from the normal or abnormal functioning of public services and functions. And it cannot be otherwise, since for the unlawful injury to have the character of compensable or to be capable of generating the obligation to indemnify the affected subject, pursuant to numeral 196 of the LGAP. Indeed, it has been a shared criterion that the Public Administration, in all its spheres, is obliged to indemnify any injury that individuals suffer in their property and rights, even if it is a consequence of the normal functioning of public services, provided that the harm suffered by the administered party is individualized and concrete and at the same time exceeds what may be considered common burdens of social life, such as the so-called urban planning burdens. Likewise, it is understood that only harm produced in a real and effective manner is compensable, not in the face of eventual, hypothetical, or speculative cases. For this reason, it is correct to repeat that one of the requirements of administrative patrimonial liability and of any claim for damages and losses lies in its material, certain, real effectiveness, and therefore economically quantifiable in relation to a specific affected subject or clearly identifiable collective. Let us now synthesize the characteristics of what is understood as compensable harm—without detriment to the insistence—which must be: 1. Effective or certain: it cannot be merely eventual, hypothetical, or conditional. 2. Economically assessable: translatable or quantifiable in monetary terms. 3. Individualized: with respect to a person or group of persons. In this regard, the FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE has held: "(...) VI.- Not just any harm gives rise to the obligation to compensate. For that purpose, the following characteristics must basically converge to be a 'compensable harm': A) It must be certain; real and effective, and not merely eventual or hypothetical, it cannot be based on assumed or conjectural realizations. The harm does not lose this characteristic if its quantification is uncertain, indeterminate, or difficult to assess or prove; nor should certainty be confused with currentness, since the repair of certain but future harm is admissible; likewise, certainty should not be confused with currentness, since the repair of certain but future harm is admissible; likewise, future harm should not be confused with lost profits or loss, since the former refers to that which arises as a necessary consequence derived from the causal or generating fact of the harm, that is, its repercussions are not projected when the process is initiated. Regarding the magnitude or amount (seriousness) of the harm, this constitutes a matter of sole subjective concern of the injured party, however the law cannot deal with claims based on insignificant harm, derived from excessive susceptibility. B) There must be injury to a legally relevant interest worthy of protection. Thus, there may be a direct and an indirect injured party: the first is the victim of the harmful act, and the second will be the victim's successors. C) It must be caused by a third party, and subsisting, that is, if it has been repaired by the responsible party or a third party (insurer), it becomes unsubstantiated. D) There must be a causal relationship between the unlawful act and the harm." (See in this regard: FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE no. 112-92 of 14:15 hours on July 15, 1992.) For what is relevant here, the harm generated is clearly individualizable, quantifiable, and certain, not hypothetical or potential because the damage has been realized, the construction of the work has been suspended and now its future completion and operation is radically uncertain, by virtue of the abusive and illegal maintenance of the precautionary measure and the outcome of the lesividad proceeding initiated by the co-defendant Municipality under judicial file number 15-10009-1027-CA. In any case, the project has already been truncated and the investment lost, thus generating the objective, individualizable, certain, and quantifiable harm that must be compensated, since the sole purpose for which the property was acquired was for the construction and operation of a service station, as indicated." In its conclusions, the plaintiff reiterates what was already stated in the complaint, ratifies the liability of the Municipality of Vásquez de Coronado, and introduces novel aspects related to the liability of SETENA and SENARA.

V.- ON THE ARGUMENT OF THE DEFENDANT PARTIES: The State's representation, upon answering this complaint, stated in relevant part: "(...) LEGAL REASONS AND GROUNDS (...) The claims brought by the plaintiff against the State are incongruent, inadmissible, and improper. Consequently, they must be rejected based on the following reasons: EXCEPTIONS: • LACK OF PASSIVE LEGITIMATION AD CAUSAM, LACK OF RIGHT, AND STATUTE OF LIMITATIONS. • To determine the existence of eventual patrimonial liability of the Administration, three basic preconditions must necessarily be present, without which its recognition is not possible: I. The existence of an action or omission by a public entity. II. The production of harm that the injured subject has no duty to bear and which has the characteristics of being effective, real, economically assessable, and individualized. III. The existence of a causal relationship between the administrative action or omission and the harm inflicted, that is, that there is a direct cause-and-effect relationship between the attributed act and the harm produced. Regarding the first precondition—action or omission of the State—at no time has the State performed any action or omitted anything that generates any economic harm or loss to the plaintiff company. In that sense, as has been mentioned from the beginning and as will be expanded upon, the party itself openly acknowledged that SETENA and the rest of the competent authorities, meaning the DGTCC, 'have made clear their favorable position towards the project' (section of the complaint titled 'ANTECEDENTES'). Put differently, the plaintiff party—expressly acknowledges that the conduct carried out by the State has not endangered or even threatened its project. Now, regarding the production of harm, it does not exist and in any case is not the State's responsibility, since the conducts that it ultimately questions are attributable solely to the Municipality of Vásquez de Coronado (act of a third party)—as we will indicate below. Thus, evidently, there is also no causal link; the factual scenario presented by the plaintiff lacks the essential elements of administrative liability, which is the existence of the causal link or causal relationship, constituting the 'bridge' between the administrative conduct and the harm produced, that is, between the Administration and the administered party. As noted, it is reiterated that the plaintiff expressly acknowledges that the administrative conduct of my Represented entity was 'Favorable to the project'. Under this context, according to numeral 190 of the General Law of Public Administration, said preconditions find no factual or legal basis to impute liability to the State, ergo there is no state liability. In any case, without prejudice to the foregoing, the presence of the act of a third party is evident regarding the cited Municipality, which, as will be detailed, is the entity with the constitutional and legal power to finally grant, suspend, or renew construction licenses. To that effect, as relevant, said article provides: '1. The Administration shall be liable for all damages caused by its legitimate or illegitimate, normal or abnormal functioning, except for force majeure, fault of the victim, or act of a third party.' (Highlighting is ours). Thus, if any of the grounds set forth in the preceding numeral occurs, it causes the breaking of the causal link and consequently extinguishes the Administration's liability. Consequently, the spontaneous confession of the plaintiff party, acknowledging that the conduct of my Represented entity was 'Favorable to the project', but not the conduct of the Municipality (the precautionary measure and the lesividad proceeding), is a clear indication that there is an exemption from liability for the State (act of a third party), insofar as it was not the one that caused the hypothetical harm it imputes to the State. In this line, the plaintiff expressly states: 'Note that the harm caused derives from the Municipality of Vásquez de Coronado's disregard of the scope and weight of the construction permit (...) nor does the filing of a lesividad proceeding serve as an excuse [sic] for not lifting a precautionary measure (...) much less can it serve as an excuse or justification for not compensating the damages caused by the [sic] investments made by our represented entity (...) the damages and losses claimed derive from the abusive and illegal maintenance of a precautionary measure of suspension of works by the co-defendant Municipality, as well as from the disregard of the permits, authorizations, and approvals granted in a concurrent, interrelated, and closely linked dimension (...) For what is relevant here, the harm generated is clearly individualizable, quantifiable, and certain, not hypothetical or potential because the damage has been realized, the construction of the work has been suspended and now its future completion and operation is radically uncertain by virtue of the abusive and illegal maintenance of the precautionary measure and the outcome of the lesividad proceeding initiated by the co-defendant Municipality under judicial file number 15-10009-1027-CA.' (sic) On the other hand, the plaintiff requests that a finding of objective liability be declared against my Represented entity, as set forth in claim number 2, but the truth of the matter is that the plaintiff has not pointed to a single act or omission on our part that could have caused it harm or loss, it is worth noting it does not exist in any case. The foregoing is reinforced when, in claim number 3, it requests the payment of moral damages from the Municipality, expressly stating that this is requested 'because this Municipality persisted in the continuity of the suspensive precautionary measure initially adopted, despite the existence of internal technical and legal criteria of the municipality itself that did not endorse the indicated suspension (...)' (sic) That is, if we compare both claims, number 2 has no factual basis, unlike the one directed against the local government. Therefore, it is clear that the acts that the plaintiff understands as supposedly harmful are solely those of the Municipality. o On municipal competences in land-use certificates (certificados de uso de suelo) and construction licenses: As is well known, in local urban planning and environmental matters, Municipalities have absolute competence in the issuance of construction licenses, therefore, also for their maintenance and suspension. The foregoing, as has been established by the Political Constitution itself and other related laws. In this line, the Constitutional Chamber has pointed out: 'municipal corporations have a leading role in the protection and conservation of groundwater through a series of indirect instruments. Thus, the Urban Planning Law (No. 4240 of November 15, 1968), born more than 35 years ago based on article 169 of the Political Constitution—insofar as they are responsible for administering local interests and services in each Canton—imposed on them the duty to enact a regulatory plan (plan regulador) to plan and control urban development and the related urban development regulations (articles 15 and following). Within that regulatory plan and the zoning regulation, Municipalities must identify, for the purpose of regulating, controlling, and restricting human activities (industrial, urban planning, agricultural, etc.), the areas or zones reserved because an aquifer or its recharge or discharge area is located therein. By application of the fundamental rights to a healthy and ecologically balanced environment (article 50 of the Political Constitution), to human life and health (article 21 ibidem), and for the sake of sustainable development, the cantons that, due to their geomorphological characteristics, have within their jurisdiction lands harboring aquifers, recharge and discharge areas of these springs and springs (nacientes), are especially called upon and obliged to regulate and norm such aspects responsibly, efficiently, and effectively, since, on occasions, groundwater not only provides for the consumption and use of the canton's populations but also for various cantons, which demonstrates a clear supra-local or national interest. The inhabitants of those localities, for their part, must bear the general burden or the limitations and restrictions on the use and exploitation of land and water derived from the determination and establishment of such protected areas, since it is for the benefit of them, of the inhabitants of the other cantons that are supplied with the waters flowing through the aquifer and that emerge or discharge in other cantons, and of course, for future generations.' (Ruling No. 2004-01923 of 14 hours 55 minutes on February 25, 2004). Also, this Office of the Attorney General of the Republic has issued opinions clarifying the competence of the local government: 'urban planning functions comprise the preparation and approval of the regulatory plan and complementary regulations, such as the Zoning Regulation, the Subdivision and Urbanization Regulation (Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones), Official Map, and Urban Renewal Regulation; the granting of subdivision (fraccionamiento), urbanization, and construction permits; as well as the sanctioning scope (Urban Planning Law, articles 15, 16, 21, 24, 32; Construction Law, articles 151, 87-89, and 96).' (Opinion C-001-2013 of January 9, 2013). Now, within the framework of these competences, the co-defendant Municipality, by agreement No. 2015-253-36 adopted in ordinary session No. 253 of February 23, 2015, agreed to declare harmful to public interest (lesivos) the land-use certificates related to this matter and filed before the Contentious-Administrative Tribunal, Second Section, lesividad proceeding No. 15-010009-1027-CA, against the plaintiff in this proceeding, with judgment No. 20-2018-11 of 10 hours 30 minutes on March 23, 2018, resolving: 'THEREFORE The exception of lack of right is rejected. The filed complaint is declared with merit. Consequently, the absolute nullity of the following administrative acts is declared: a) Zone Certificate No. CZDIM-785-05 dated October 6, 2005, from the Municipal Engineering Department. b) Zone Certificate No. 884-07 dated September 11, 2007, from the Municipal Engineering Department. c) Zone Certificate No. 553-11, dated June 10, 2011, from the Department of Urban Planning and Urban Control. d) Zone Certificate No. 554-11 dated June 10, 2011. e) Construction Permit No. 039.2012 dated March 15, 2012, from the Municipal Engineering Department. Zone Certificate No. 552-12, dated March 15, 2012, from the Department of Urban Planning and Construction Control. The costs of this action are the responsibility of the defendant.' (sic) To reach this conclusion, the Contentious-Administrative Tribunal determined that the referred land-use certificates presented a defect in their grounds (motivo), since they were issued contrary to the provisions of the regulatory plan. To that effect, it stated: 'V- Now, regarding the merits of the issue submitted for debate, this Tribunal considers that, as argued by the plaintiff Municipality, the land-use certificates challenged in this venue certainly present a defect in their grounds element, specifically, in the legal basis applied for the activity requested by the defendant company. Note that the Regulatory Plan of the Canton of Vázquez de Coronado, in its article 21, is absolutely clear in providing that the Gas Station activity is a permitted use strictly for the Linear Zone of Commerce and Services of San Antonio, whose location comprises along Route 102, from the intersection of Trinidad-San Antonio to San Isidro de Coronado. The rule is self-sufficient in its literal wording, and for no other zone of the referred Regulatory Plan is the Gas Station activity included as a permitted use. Consequently, it was not possible under any circumstances to admit as compliant the land use for the Gas Station activity on a property located in a zone where that use was not permitted. In this regard, it is uncontroverted that the property of the province of San José, registration number 569222-000, according to its cadastral map No. SJ-1021582-2005, is located in the Zone described by the Regulatory Plan as Linear Zone of Low-Intensity Residence, Services, and Commerce, regulated in article 20 of the mentioned regulation, a rule according to which the permitted uses in that sector are: public services, private services, single-family residence; multifamily; restaurants [sic], small artisanal industry, general commerce, automobile parking buildings, parking lots, hotels, communal facilities, and supermarkets. Note that the use for the gas station activity is not included among the uses expressly provided for said zoning, and therefore it is automatically [sic] equated to a non-permitted use, as established by article 3.2.1 of the Regulatory Plan which in this regard provides "any use not included in the list of permitted and conditional uses is understood as not permitted in that zone." It is necessary to point out that it was also not possible to engage in interpretation to include gas stations within the indeterminate concept of "general commerce," because the former was expressly reserved for another physical space already specifically defined for that purpose. Consequently, the competent municipal official who granted the compliant land uses in the specific case incurred an improper application of the applicable legal rule, which translates in our administrative legal system into a serious defect affecting the grounds and, by derivation, the content of the challenged acts, and consequently, generates their absolute nullity, pursuant to articles 132, 133, 158, 166, and 172 of the General Law of Public Administration, and is so declared in this lesividad proceeding.' (sic) What was resolved by the Tribunal is transcendent because the plaintiff's action is aimed at seeking to attribute to my Represented entity a liability that does not correspond to it, when evidently what is questioned is a municipal competence, especially when in urban-environmental matters the Municipality is the one with the definitive competences to authorize or not a construction project, and SETENA and DGTCC only contribute in a prior procedure, but the municipality has the final say. Thus, the Municipality of Vásquez de Coronado, in the exercise of its competences—at a first moment—granted the land-use certificates that authorized the plaintiff's construction license, and later determined that they were null, and so declared the Contentious-Administrative Tribunal. All the foregoing, confirming that this local entity is responsible for granting or not the subjective right to the plaintiff regarding constructions, and not my Represented entity. As noted, it is worth mentioning, regarding SETENA's environmental feasibility (viabilidad ambiental), that individually, its granting does not permit the exercise of the activity, work, or project, but rather it is a requirement to access the issuance of the definitive act, which is the one that allows the work to be developed. Thus, the process of environmental feasibility or environmental license is part of a principal authorizing process. In that sense, the Constitutional Chamber has stated: 'It must also be warned that carrying out and approving the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) does not imply, in itself, the start-up of the project in question, since it is only one of the requirements demanded to complete the authorization process which, in some cases, will be obtaining the health permit, the approval of the urbanization plans by the respective municipality, the approval of the concession by the competent entity, the granting of commercial licenses, etc. This is so because, when dealing with the environment, one cannot speak of unmodifiable variables; quite the contrary, by its own nature, the environment is, by itself, the most changeable due to human intervention. The approval of an environmental impact assessment, in the terms indicated by the Organic Environmental Law, also does not constitute an unmodifiable authorization to carry out a specific human project, since, through the oversight work of the Administration, upon detecting environmental damage as established by the Rio Convention, the permit can be revoked to guarantee the right established in numeral 50 of the Political Constitution and simultaneously execute the environmental guarantee provided to safeguard the application of corrective, mitigation, or compensation environmental measures for environmental damages or uncontrolled negative environmental impacts from the activity, works, or projects.' (Ruling No. 2019-2009 of 14 hours 55 minutes on February 11, 2009, Considering VI). (Bold does not belong to the original). Resolution No. (sic) of SETENA was nothing more than an 'environmental license to request the remaining permits before the competent authorities.' (Constitutional Chamber, ruling No. 17237-2010, Considering VIII). On the other hand, regarding the DGTCC, in report No. DGTCC-DL-84-2018 of March 20, 2018 (which is attached), it was noted that this body informed SETENA and the Municipality of Vásquez de Coronado that they should consider, for what might correspond within the exercise of their competences, and that from the DGFCC's part, there was no pending procedural act to be carried out by the developer regarding the technical compliance of the approved project, which, from an engineering standpoint, met all the technical specifications of Executive Decree number 30131-MINAE, Regulation for the Regulation of the Hydrocarbon Storage and Marketing System. The foregoing, my Represented entity complying with what was ordered by constitutional judgment No. 2013-2023 of 14 hours 30 minutes on February 13, 2013 (article 13 of the Constitutional Jurisdiction Law), which ordered within its operative part: '(...) to carry out the corresponding actions, immediately, within their respective areas of competence, to ensure that the construction works for the service station of [...] SA., are not continued, nor its effective operation permitted, until the necessary measures have been adopted to rule out the risk of contamination to the aquifers or groundwater (...).' (sic) That is to say, neither SETENA nor the cited DGFCC engaged in conduct that could give rise to the alleged harm now being attributed. It is not omitted to indicate that, in any case, what was done by my Represented entity (not challenged in this process and in any case evidently cannot be), which—it is reiterated—has no link with the alleged harm, was carried out more than five years ago (article 198 of the General Law of Public Administration). > IMPROPRIETY OF THE DAMAGES CLAIMED. Pursuant to the foregoing and in support of numerals 190 and following of the LGAP, we reject the plaintiff's claim seeking to impose on us the payment of patrimonial damage and losses. Without prejudice to the foregoing, the following is added: Regarding the requested patrimonial damage: The plaintiff requests that the judgment award it the exorbitant sum of eight hundred four million one hundred fifty-one thousand seven hundred fifteen colones (¢804,751,715.00), the foregoing based on a private report attached to its complaint. In the first place, said report is nothing more than a private document prepared by Ing. Adolfo Lobo Zamora, at the express request of the plaintiff to be submitted as evidence in this proceeding (note that it is addressed to it), therefore it is rejected. Without prejudice to the foregoing, no patrimonial damage is caused by the State (article 317 of the Civil Procedure Code). On the other hand, it is completely improper for the plaintiff to seek that the State be condemned to pay the total value of the property (absolutely improper) while at the same time intending to remain in possession and ownership thereof. Additionally, let the Tribunal observe that the plaintiff has referred in this matter to the construction of a gasoline station, and that in light of municipal regulations, a precautionary measure was issued that suspended the permits for that particular use. The foregoing is clearly evident from the mentioned judgment No. 20-2018-11 of 10 hours 30 minutes on March 23, 2018, within the lesividad proceeding No. 15-010009-1027-CA: 'V. (..) Note that the use for the gas station activity is not included among the uses expressly provided for said zoning, and therefore it is automatically [sic] equated to a non-permitted use, as established by article 3.2.1 of the Regulatory Plan which in this regard provides: 'Any use not included in the list of permitted and conditional uses is understood as not permitted in that zone' (...)' (sic) The State is not curtailing its private property right (article 45 of the Political Constitution), and even less so when the precautionary measure was not imposed by the State but by the defendant Municipality here. Thus, the compensation claim is openly improper because the State is not responsible for the alleged limitation on its property right, by virtue of the fact that territorial control and planning is a Municipal competence. Based on the foregoing, the condemnation for eight hundred four million one hundred fifty-one thousand seven hundred fifteen colones (¢804,751,715.00), requested against the State, must be rejected. • Regarding the claimed loss: The plaintiff also requests that the judgment condemn the State to pay losses of two hundred ten million six hundred seventy-nine thousand one hundred forty-two colones (¢210,679,142.00), understood as the sums left unearned, equivalent to what would have been obtained had they been placed for the purpose of earning returns, based on what was actually spent, in six-month term debt instruments of the Banco Nacional de Costa Rica, also according to the private report prepared by Ing. Adolfo Lobo Zamora. In the first place, what was indicated in the previous section is reiterated, insofar as it is a private study paid for by the plaintiff itself to present with the complaint. Then, the plaintiff bases said amount on a calculation of interest left unearned according to the interest rates of six-month term certificates of the Banco Nacional de Costa Rica, which is rejected from the outset. Note that the report on which it bases the calculation starts from hypotheses and assumptions; for example, it states that the losses arise from a sunk cost of the land, and indicates that its possible alternative use and potential profitability should be evaluated, and points out that the most prudent option would be to place the money invested in a bank's securities. Thus, what the plaintiff essentially intends is for us to assume the payment of a supposed investment that they would have made, which is rejected (article 196 of the General Law of Public Administration). In any case, this Representation opposes the claim for requested interest, and it is reiterated that the harm is non-existent and any recognition thereof against the State must be rejected. In this sense, the patrimonial losses of two hundred ten million six hundred seventy-nine thousand one hundred forty-two colones (¢210,679,142.00) must suffer the same fate and their absolute rejection be ordered.

• Regarding the legal interest and indexation requested: This Representation opposes the claim for legal interest and indexation requested, and it is reiterated that the damage and injury are nonexistent and any recognition thereof against the State must be rejected. • Regarding costs: Given that the claim is absolutely unfounded against the State, the party ordered to pay costs must be the plaintiff, as will be expressly requested further below." In its closing arguments, it reiterates what has already been indicated, refers to the case file of the Municipality of Vásquez de Coronado, the private expert reports and their inadmissibility, and the lack of a causal link.

- The representative of SENARA, for their part, mentioned in summary that they limited themselves to issuing the corresponding technical criteria on the hydrogeological situation of the site. That SENARA is not the entity that grants construction permits nor approves the environmental viability (viabilidad ambiental) of projects. What SENARA issues in official communication ASUB-363-O6 is the evaluation of the hydrogeological part of the site, so that the project developer takes the necessary design precautions and appropriate technology so that their project does not endanger or affect the aquifers (mantos acuíferos) and so that they take measures to prevent their project from affecting public interests. They mention that the Constitutional Chamber's (Sala Constitucional) ruling in favor established that the plaintiff company failed to take the corresponding precautions for the protection of the water resource (which had been evaluated by SENARA through official communication ASUB-363-06 of September 4, 2006), carrying out excavations beyond what was required, to the point of actually reaching the aquifer, leaving it exposed, and therefore the Constitutional Chamber ordered the project developer to close the pit that was generating the environmental damage. In its closing arguments, SENARA's representation claims that SENARA's liability could not be demonstrated, delimits the responsibilities, and provides a list of proven and unproven facts.

- For its part, the Municipality of Vásquez de Coronado indicated in its response: "(...) CONSIDERACIONES DE DERECHO. Sobre la protección al ambiente como eje transversal del derecho público costarricense. El ordenamiento jurídico administrativo en nuestro país ha establecido como un eje primordial en la gestión de la conducta administrativa, a los denominados principios preventivo y precautorio, sobre los que hay un sinnúmero de manifestaciones de los órganos de consulta técnica. " ...to the preventive principle (principio preventivo), transcendental in this matter, and which should not be confused with the precautionary principle (principio precautorio), by which a sort of presumption in favor of the environment is established, so that, when there is no scientific certainty about the negative effects that an action may generate, its execution is prohibited, limitations are imposed on it, or protective measures are adopted. Both are set forth in Article 11 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad): "Son criterios para aplicar esta ley: 1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipan prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterios precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección.(...)" And they are closely related: "It is said that the Prevention Principle (Principio de Prevención) is applicable in those cases where there is scientific possibility to measure the risks and therefore recommend measures for their management. When scientific knowledge does not reach that level, the appropriate course will then be to resort to the Precautionary Principle (Principio Precautorio).(...)." The preventive principle is related to the character that actions for the protection of the environment must generally possess: "(...) Prevention seeks to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or people's health." (Constitutional Chamber, Ruling No. 1250 of 11:24 a.m. on February 19, 1999, reiterated in Rulings No. 2219 of 3:18 p.m. on March 24, 1999, 9773 of 9:44 a.m. on November 3, 2000, 1711 of 4:32 p.m. on February 27, 2001, 6322 of 2:14 p.m. on July 3, 2003, and 1923 of 2:55 p.m. on February 25, 2004)". (See in this regard Legal Opinion No. OJ-01 1-2006, of January 30, 2006, from the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República)). The legal basis for such institutes is found in the Biodiversity Law, No. 7788, of April 30, 1998, as it provided: "ARTÍCULO 1.- Objeto. El objeto de la presente ley es conservar la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos, así como distribuir en forma justa los beneficios y costos derivados. (...) ARTICULO 5.- Marco de interpretación. Este ordenamiento jurídico servirá de marco para la interpretación del resto de las normas que regulan la materia objeto de esta ley. (...) ARTICULO 11.- Criterios para aplicar esta ley Son criterios para aplicar esta ley: 1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipan prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterio precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección. 3.- Criterio de interés público ambiental: El uso de los elementos de la biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 4. Criterio de integración: La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad deberán incorporarse a los planes, los programas, las actividades y estrategias sectoriales e intersectoriales, para los efectos de que se integren al proceso de desarrollo. (...) ARTÍCULO 45.- Responsabilidad en materia de seguridad ambiental. El Estado tiene la obligación de evitar cualquier riesgo o peligro que amenace la permanencia de los ecosistemas. También deberá prevenir mitigar o restaurar los daños ambientales que amenacen la vida o deterioren su calidad. (...)" For its part, the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) (Law No. 7554 of October 4, 1995) establishes, as relevant here, the following: "ARTICULO 1.- Objetivos. La presente ley procurará dotar a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Estado, mediante la aplicación de esta ley, defenderá y preservará ese derecho, en busca de un mayor bienestar para todos los habitantes de la Nación. Se define como ambiente el sistema constituido por los diferentes elementos naturales que lo integran y sus interacciones e interrelaciones con el ser humano. ARTICULO 2.- Principios. Los principios que inspiran esta ley son los siguientes: a) El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación, con las excepciones que establezcan la Constitución Política, los convenios internacionales y las leyes. El Estado y los particulares deben participar en su conservación y utilización sostenibles, que son de utilidad pública e interés social. b) Todos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente sostenible para desarrollarse, así como el deber de conservarlo, según el articulo 50 de nuestra Constitución Política. c) El Estado velará por la utilización racional de los elementos ambientales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. Asimismo, está obligado a propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, entendido como el desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer las opciones de las generaciones futuras. d) Quien contamine el ambiente o le ocasione daño será responsable, conforme lo establezcan las leyes de la República y los convenios internacionales vigentes. e) El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases de la existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los recursos indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto pone en peligro la forma de vida de las comunidades, y ético, porque atenta contra la existencia misma de las generaciones presentes y futuras. El Estado propiciará, por medio de sus instituciones, la puesta en práctica de un sistema de información con indicadores ambientales, destinados a medir la evolución y la correlación con los indicadores económicos y sociales para el país. ARTICULO 3.- Participación conjunta para cumplir objetivos. El Gobierno fijará un conjunto armónico e interrelacionado de objetivos, orientados a mejorar el ambiente y manejar adecuadamente los recursos naturales. A estos objetivos deberán incorporarse decisiones y acciones específicas destinadas a su cumplimiento, con el respaldo de normas, instituciones y procedimientos que permitan lograr la funcionalidad de esas políticas. ARTICULO 4.- Fines. Son fines de la presente ley: c) Promover los esfuerzos necesarios para prevenir y minimizar los daños que pueden causarse al ambiente. d) Regular la conducta humana, individual o colectiva, y la actividad pública o privada respecto del ambiente, así como las relaciones y las acciones que surjan del aprovechamiento y la conservación ambiental. e) Establecer los principios que orienten las actividades de la Administración Pública en materia ambiental, incluyendo los mecanismos de coordinación para una labor eficiente y eficaz. (...) ARTICULO 59.- Contaminación del ambiente. Se entiende por contaminación toda alteración o modificación del ambiente que pueda perjudicar la salud humana, atentar contra los recursos naturales o afectar el ambiente en general de la Nación. La descarga y la emisión de contaminantes, se ajustará, obligatoriamente, a las regulaciones técnicas que se emitan. El Estado adoptará las medidas que sean necesarias para prevenir o corregir la contaminación ambiental. ARTICULO 60.- Prevención y control de la contaminación. Para prevenir y controlar la contaminación del ambiente, el Estado, las municipalidades y las demás instituciones públicas, darán prioridad, entre otros, al establecimiento y operación de servicios adecuados en áreas fundamentales para la salud ambiental, tales como: a) El abastecimiento de agua para consumo humano. b) La disposición sanitaria de excretas, aguas servidas y aguas pluviales. c) La recolección y el manejo de desechos. d) El control de contaminación atmosférica. e) El control de la contaminación sónica. 0 El control de sustancias químicas y radiactivas. Estos servicios se prestarán en la forma que las leyes y los reglamentos específicos lo determinen, procurando la participación de la población y sus organizaciones. ARTICULO 61.- Contingencias ambientales. La autoridad competente dictará las medidas preventivas y correctivas necesarias cuando sucedan contingencias por contaminación ambiental y otras que no estén contempladas en esta ley". In this way, it is more than evident that the national legal system is of a highly protectionist nature regarding the safeguarding of the Nation's natural resources. It establishes the possibility that executive bodies, and even more so jurisdictional bodies, can take positions of latent protection towards various legally protectable assets of environmental content.

In relation to the foregoing, the right to health is a fundamental right derived from Article 21 (right to life) and Article 50 (right to a healthy and ecologically balanced environment) of our Political Constitution. The line of conceptualization of the Right to Health in our case law and that of the WHO (World Health Organization) has defined this primordial Right as follows: "a state of complete physical, mental, spiritual, emotional, and social well-being, and not merely the absence of affections or diseases." As can be inferred from the above concept, the right to health goes beyond simply being free from diseases that harm one's physical state; the concept encompasses emotional and social well-being, which is undoubtedly intimately related to the protection that public institutions can provide to environmental elements, such as water and the water resource in general. It is worth remembering that, as Costa Ricans, our emotional and social health can be harmed at times when one is placed in a situation of constant uncertainty regarding the potential damage that our vital ecosystem may suffer.

Focusing now on one of the key issues, a right from which the right to Health is derived and which is regulated in Article 50 of our Magna Carta, we have the right to a healthy and ecologically balanced environment, from which two important principles emerge: the Precautionary Principle and the Preventive Principle, which were applied by the Constitutional Chamber in the resolution that ordered the suspension of the works, and which remains in force to date, as we have not been notified of any contrary judicial resolution. These assessments are intertwined with the legal certainty that any legal system must provide to those who resort to jurisdictional bodies to assert their rights. This occurred through ruling No. 2013-2023, of 2:30 p.m. on February 13, 2013, from the Constitutional Chamber. Where the Constitutional Chamber ordered the suspension of the works, in a measure that is typically defined as a provisional decision adopted for the purpose of preventing serious and irreversible harm to the petitioner, and in this case, to the diffuse rights it sought to protect.

It is worth remembering in this way that, in our legal system, from the appropriate combination of Articles 11, 33, 39, 41, 49, and 153 of the Political Constitution, the existence and content of the right to effective judicial protection (tutela judicial efectiva) is extracted, a right of complex content, which manifests itself, among many other ways, in the possibility of accessing jurisdictional bodies, obtaining a well-founded decision from a Judge predetermined by Law, and executing the resolution issued within a reasonable time and in an appropriate manner. To the above, the right to effective interim relief (tutela cautelar) must also be added as part of that range. Without a doubt, this fundamental right guarantees something more than the decision-making power for declaring what is legally due, because this protection does not exist without the actual attainment of what is granted in the judgment, and that consummation is not obtained if precise measures, guarantees, or safeguards are not adopted to ensure the effectiveness of what has been decided. Precisely like the one adopted by the Constitutional Chamber itself in the aforementioned resolution. The effectiveness attributed to judicial protection requires that not only the abstract right of action be recognized, but also that the judicial resolution satisfy the petitioner's claim. In this case, the claim was intimately related to the protection of rights of environmental content and broad diffuse standing.

Regarding the process for the annulment of one's own acts and due process with the right of defense for the interested party. The plaintiff maliciously claims that this representation makes, whether tacitly or expressly, any acknowledgment of damages and injuries, this with the initiated lesivity (lesividad) process, the correct statement being that what this Municipality did was to initiate a procedure regulated by the legal system for the review of its own activity. It is worth remembering that liberal democratic legal systems base their validity on the enshrined principle of legal certainty, which implies, in the first order, that Public Administrations must provide a normative framework so that the citizen knows what to expect in their relations with the Administration, such that, in its strict sense, it does not need to have a specific content, but rather the existence of a set of provisions that establish the legal consequences in the face of certain facts or acts is sufficient. The constitutional rank of legal certainty and coherence in the exercise of the powers granted to the Public Administration is imminent given the transcendence that such values have in the Costa Rican legal order, given the importance it holds for guaranteeing social peace and harmony.

Thus, legal certainty, as a fundamental value of the legal system, framed within a social system that aims for a logical and coherent public administration, encompasses and penetrates all legal relationships that various subjects enter into as a consequence of exercising their fundamental rights. The distinguished Constitutionalist Antonio Enrique Pérez Luño, in his work: La Seguridad Jurídica, Barcelona, Editorial Ariel S.A., 1991, page 19, indicates the following: "La seguridad por inmediata influencia de la filosofía contractualista e iluminista se convertirá en presupuesto y función indispensable de los ordenamientos jurídicos de los Estados de Derecho. Se ha observado, certeramente, que la seguridad jurídica es el factor primario que impulsó a los hombres a constituir una sociedad y un Derecho, o, dicho en términos racionales, lo que constituye el motivo radical y primario de lo jurídico". According to the thesis followed, legal certainty goes one step beyond the concrete values constitutionally established, and becomes an encompassing principle for achieving constitutional values, by fostering the entire constitutional order, which ensures the realization of individual freedoms.

From the above, it is clearly inferred that legal certainty is a postulate of very broad projection, informing the entire legal system, and from which other principles are derived, such as the protection of the trust of those administered and coherence in the administration of the State. It should be borne in mind that our argument does not mean to imply that legal certainty corresponds to the petrification of the legal system, and that powers should not be updated and assigned differently from what is already established, but rather that respect for the guarantees of trust, security, efficiency, coherence, and sound public administration is sought, so that powers address the technical and specialized work of each institution, and that in the event of a change in the legal system, this is carried out in a generalized manner, guaranteeing the equality of those administered before the legal system, and not establishing particular exceptions to legal norms.

Precisely in keeping with the above, recall the validity of the principle of singular non-derogability of norms (inderogabilidad singular), which implies the validity of the norm even for the very entity that issued them, which in no way means that they cannot be reformed or changed, but rather guarantees that any possible or hypothetical change or reform must be carried out in accordance with the procedures regulated for that purpose and that it be applied to the generality of those administered, avoiding discretionary reservations of non-application of the norms for specific cases. In view of the foregoing, the legal system itself provides for the possibility of excepting the indicated principle, that is, given that within human activity there may be failures, errors, or underlying problems, administrative management activity does not escape such vicissitudes, and thus, for this purpose, the possibility was planned within legal systems that administrative acts, which are favorable or declaratory of rights to third parties, may be annulled or reviewed ex officio. In light of this, our legal system establishes a bipolar system of annulment procedures for one's own acts, specifically as provided for in Articles 173 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública) and 34 of the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo). These provisions constitute a guarantee for those administered in that, if they are beneficiaries of an administrative act, it will not be eliminated without a prior trial with all the guarantees of due process, whether an administrative procedure (prior positive opinion from a consultative body, PGR or CGR, as the case may be) in the case of Article 173, or through a judicial process in the case of Article 34. Thus, although as a general principle the Public Administration is inhibited from annulling its own acts that it has issued in favor of those administered, in the same way, both annulment procedures have their own prelative order, given that, in principle, any action must proceed through the judicial route, requesting the jurisdictional body to declare the nullity of the act deemed harmful. The reason for this is to limit the possibility of the Administration annulling its own acts on its own accord for reasons of legal certainty, as it is intended that the administered person have the certainty that administrative acts conferring subjective rights on them will not be modified or arbitrarily rendered ineffective unilaterally.

For our particular case, it is important to verify that, unusually in the sphere of Costa Rican public law, our Municipality declared the lesivity of one of its actions, in full application of the principle of legal certainty, and seeking not to generate greater expectations for the interested party. In said process, initiated through judicial case file No. 15-010009-1027-CA, our Municipal Corporation, in a healthy exercise of diligence, proceeded to declare the lesivity, and present the judicial action, in which the plaintiff here was a party, to determine the potential nullity of an action. A process where the Municipality does not have the final decision, but rather this falls under the purview of a judge of the Republic. In this way, compliance with the authorization processes that occur with the fulfillment of the environmental-urban process has a meaning per se, in the protection of nature and avoiding damage to the community that a lack of technical expertise in the construction or modification of land could generate. A situation in the face of which, upon evidence of the risk generated to the water resource, citizen discomfort, and the main obligations of environmental protection and safeguarding urban legality that were breached.

Regarding the alleged damages claimed by the plaintiff. In particular, we allow ourselves to express our disagreement with the estimation of pecuniary damages, notwithstanding that we are aware that we are not at the appropriate procedural stage in this regard, declared by the plaintiff, given that no detail or breakdown whatsoever was provided regarding the alleged damages within their claim. Additionally, they intend to charge for the entirety of a property or real estate, without this Municipality or any public entity seeking to deny them the right of use they have over the thing to date; the plaintiff could well develop residential or commercial projects, as long as they do not conflict with urban or environmental legality. Additionally, aside from the fact that the estimation of the alleged damages is clearly arbitrary, it avoids proving them and openly intends to charge items that are not directly and/or causally linked to the facts of their claim. In this sense, we request their rejection, and that they be subjected to the proper adversarial process." In its closing arguments, the Municipality's representation indicated that there is no material damage and its recognition is inadmissible, makes statements regarding the declarations of the expert report and the other witnesses, refuting them, and rejects the damage.

**VI.- REGARDING THE STRICT LIABILITY (RESPONSABILIDAD OBJETIVA) OF THE PUBLIC ADMINISTRATION:** The non-contractual civil liability of the Public Administration is framed within a strict liability regime (régimen objetivo), which encompasses in its foundation both the theory of risk and the theory of equilibrium in the patrimonial equation. This essentially seeks the compensatory reparation for anyone who has suffered an injury attributable to the public organization as a center of authority. This finalist criterion produces, in turn, a full transformation in the central axis of the liability itself, as it abandons the analytical observation of the subject causing the damage and the qualification of their conduct, to place itself in the position of the victim who, diminished in their legal situation, is exempted from proving any subjective parameter of the acting public agent (except as regards their personal liability). In accordance with the strict liability regime of the Administration established in the Political Constitution of the Republic (Articles 9, first paragraph, 11, 18, 33, 34, 41, 45, 49 first paragraph, 139 subsection 4), 140 subsection 8), 148, 188, and 191) and the provisions contained in Article 190 et seq. of the General Public Administration Law, the Administration shall be liable for all damages caused by its legitimate, illegitimate, normal, or abnormal operation, except for force majeure (fuerza mayor), fault of the victim (culpa de la víctima), or act of a third party (hecho de un tercero). Legitimacy or illegitimacy basically refers to the conformity of the formal conduct of the Administration with the legal system, while normality or abnormality refers above all (but not exclusively) to material or technical conduct, represented among other things by the service-providing activity attributed to the State as a whole. As indicated by the First Chamber of the Supreme Court of Justice in Judgment No. 000584-F-2005 of ten hours forty minutes on August eleventh, two thousand five), abnormality refers to those administrative conducts, which in themselves, deviate from good administration (according to the concept used by the General Public Administration Law in Article 102, subsection d) which among other things includes efficacy and efficiency) or from the organization, from technical and scientific rules, or from the expertise and prudent endeavors in the deployment of their actions. Abnormality can manifest itself through malfunctioning, late functioning, or a total absence of functioning. In any case, it must be considered that, according to the liability regime contained in our legislation, the determination of liability is subject to the existence of a causal link (nexo de causalidad) between the administrative conduct and the damage produced, which must be certain, effective, assessable, indemnifiable, and not conjectural. Consequently, for it to occur, three essential requirements are necessary: 1) An act or omission derived from the function or conduct of the Public Administration, whether omissive or active, formal or material, normal or abnormal, lawful or unlawful, such that "there must be, in the terms of the General Public Administration Law (LGAP), a normal or abnormal operation of public services, which is a broad concept referring to the lawful and unlawful actions of public administrations, or a lawful or unlawful conduct of the Public Administration, which includes the formal activity of public entities, whether through administrative acts - resolutions, agreements, or regulations. To the above must be added administrative dysfunction derived from material or formal omissions." (Ernesto Jinesta Lobo, in his work Tratado de Derecho Administrativo, volume two, 2005, editorial jurídica Diké, page 98). 2) Injury or existence of an unlawful (antijurídico) damage, conduct by action or omission that infringes the legal system, such that "when a public entity causes an administered person an unlawful injury that they have no obligation to bear, an obligation arises on its part to repair the damages and injuries (...)." Ernesto Jinesta Lobo, in his work Tratado de Derecho Administrativo, volume two, 2005, editorial jurídica Diké, page 97. Such damage, following said author, affects the injured party in their economic or non-economic sphere, producing an unlawful and compensable injury that they have no duty to bear (objective unlawfulness), such being any conduct that by action or omission infringes objective law. So that such damage must be certain, effective, real, assessable, individualizable, and not hypothetical, pursuant to section 196 of the General Public Administration Law. and 3) The Causal Link, that is, that there is a direct cause-and-effect relationship between the act attributed and the damage produced that legitimizes the injury caused, without grounds for exclusion of the causal link, such as the occurrence of an exempting situation like force majeure, fault of the victim, or act of a third party. As author Jinesta Lobo establishes, "The causal relationship is the objective or external nexus between the specific manifestation of the administrative function, by action or omission, and the unlawful injury caused to the damaged administered party.

There must be an immediate, direct, and exclusive cause-and-effect relationship between the specific or respective manifestation of the administrative function and the unlawful injury caused to the harmed administrated party who has no duty to bear it (...).” (Ernesto Jinesta Lobo, in his work Tratado de Derecho Administrativo, volume two, 2005, editorial jurídica Diké, page 106). In this regard, it must be considered that the Ley General de la Administración Pública, in its Article 190, establishes three exemptions from liability that break the causal link, namely: a) force majeure (an unforeseeable, inevitable event of nature, extraneous and external); b) act of a third party (the damage is caused by the action or omission of a subject completely outside the triangular relationship between administration-official-affected party); and c) fault of the victim (the injured party themselves, through inexcusable negligence or recklessness, self-inflicts the injury or places themselves in a position to do so). Under the strict liability regime of the Administration, there is no need to prove intent, fault, or liability of any official; the only thing that must be proven for the event giving rise to liability to occur is that there was damage and that the administrated party is not obliged to bear it. Furthermore, it must be considered that when analyzing the Administration's liability, multiple factors often concur in the production of the damage, within which it is necessary to determine the action or omission that caused the consequence, and which directly or indirectly is the proximate, adequate, and efficient cause of the harm caused, displacing those that had no influence on the result (extraneous causes), from those which, had they not occurred, would have avoided the impairment. To infer the efficiency of the cause deemed adequate, it is essential to deduce whether it is the producer of the injury, such that if it is eliminated, it is rational to deduce that the damage would not have occurred. The determination of that factor depends on the examination of the evidence brought into the process by the parties, and from it, the Judge can deduce whether, within the factual framework of the case, the defendant's actions entail their liability (see in this regard Judgments of the First Chamber of the Supreme Court of Justice No. 252-F-01 of 4:15 p.m. on March 28, 2001, No. 584-2005 of 10:40 a.m. on August 11, 2005, and No. 00308 of 10:30 a.m. on May 25, 2006). Regarding the accumulation of liabilities, it is relevant to indicate that there are special situations giving rise to liability on the part of the Public Administration in which an exonerating cause does not occur, but rather the liability is mitigated, taking into consideration the contributory negligence or participation of the administrated party in its generation. In these cases, the liabilities of the State and the administrated party accumulate in the factual framework, because the conduct of the private individual influenced the harmful events that occurred. In such cases, based on the principles of reasonableness, proportionality, hermeneutics, logic, and sound judgment, the judge must reduce the compensation for the inflicted damages, in consideration of the administrated party’s fault in their production. It has been rightly said in this regard, as a general principle, that the fault of the victim does not exonerate the fault of the author of the injury; however, the latter must only respond in consideration of the degree of participation the administrated party had in them. Therefore, it is a violation of elementary principles of law that, in such situations, the State must respond with the full magnitude or degree that strict liability implies. In light of the foregoing, it is possible to find three hypotheses in matters of strict tort liability of the Public Administration, which are: that the harmful event occurred but some exonerating cause of liability transpired; that the harmful action also occurred, but without generating any of the justifications or exonerations from liability (fault of the victim, the act of a third party, and force majeure); and finally, that there is an accumulation or concurrence of liabilities, by virtue of which the estimation of the damages caused must be graduated and mitigated, as there is partial fault of the victim. In that sense, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has told us, in its vote number 584-2005, of ten hours forty minutes on August eleven, two thousand five: “Exemptions. Full and partial exemption. Once the causal relationship between the abnormal and unlawful omission of the Administration and the damage produced has been established, as previously stated, it is necessary to analyze whether there is fault on the part of the victim himself, Mr. ..., in the outcome of the tragic event. For this purpose, it is pertinent to note that the current regulations in Article 190 of the aforementioned Ley General contemplate three scenarios of total or partial exemption from liability, namely: force majeure as an unforeseeable, inevitable event of nature, extraneous and external; act of a third party, insofar as it is produced by the action or omission of a subject totally outside the triangular relationship between Administration-official-affected party; and fault of the victim, to the extent that it is the injured party themselves who produces—through inexcusable negligence or recklessness—the injury, or places themselves in a propitious position for it. For the jurisprudential concept of fault of the victim, see the judgment of this Chamber No. 33 of 9:30 a.m. on April 9, 1953. All of them cause the rupture of the causal link.”-

VII.- ON THE MERITS OF THE MATTER: Having reviewed the arguments of the parties and the evidence contained in the record, this Chamber of Judges determines that this matter must be partially granted for the reasons explained below. With the caveat that any novel argument that the parties may have included in closing statements that do not appear in the complaint and answer briefs will not be analyzed because doing otherwise would violate the principles of due process and the right of defense of the other parties by not allowing an adversarial process. 1) On the Administrative liability sought. Admissibility thereof for the granting of the Zoning Certificate (Certificado de Zona) number CZDIM-785-05 of October 6, 2005, its subsequent renewals, and the nullity of said land uses (usos de suelo) declared in a lesivity proceeding (proceso de lesividad). The plaintiff, in an extensive recount of the doctrine of strict liability of the Administration and judgments issued by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, seeks a declaration of administrative liability, first for the action of one of the defendants that filed a lesivity proceeding to seek the nullity of several of its acts, which prevented it from building a service station, and second for the failure to lift the precautionary measure despite having complied with all conditions established by the Constitutional Chamber and the competent authorities. Let us now proceed to analyze, according to the theory of strict administrative liability, whether the three necessary requirements to declare strict liability are met, as already indicated in the previous Considerando when briefly referring to the tort liability of the Public Administration, which is framed within a strict regime established in the Political Constitution of the Republic (Articles 9, first paragraph, 11, 18, 33, 34, 41, 45, 49 first paragraph, 139 subsection 4), 140 subsection 8), 148, 188, and 191) and the provisions contained in Articles 190 et seq. and concordant of the Ley General de la Administración Pública. Thus, the Administration shall be liable for all damages caused by its legitimate, illegitimate, normal, or abnormal operation, except for force majeure, fault of the victim, or act of a third party. In any case, it must be considered that, according to the liability regime contained in our legislation, the determination of liability is subject to the existence of a causal link between the administrative conduct and the damage produced, which must be certain, effective, evaluable, indemnifiable, and not conjectural. Consequently, for its occurrence, three essential requirements are needed: 1) Action or omission derived from the function or Conduct of the Public Administration, whether omissive or active, formal or material, normal or abnormal, lawful or unlawful. 2) Injury or existence of an unlawful damage, conduct by action or omission that infringes the legal system and causes an administrated party an unlawful injury that they have no duty to bear, and they must be compensated for it. The damage must be certain, effective, real, evaluable, individualizable, not hypothetical, according to section 196 of the Ley General de la Administración Pública. 3) A Causal Link, meaning a direct cause-and-effect relationship exists between the attributed act and the damage produced that legitimizes the harm caused, without causes for exclusion of the causal link, such as the occurrence of an exempting situation like force majeure, fault of the victim, or act of a third party. Regarding the administrative action, the plaintiff points to two as causing the damages claimed. The first is related to the granting of the zoning certificate number CZDIM-785-05 of October 6, 2005, by which the Municipalidad de Vásquez de Coronado, upon the application of Inversiones Pelyo del Este, S.A., proceeded to grant the land use (uso de suelo) for the construction of a service station on the property of cadastral plan (plano catastrado) SJ-1021582-05, which corresponds to the farm of the Partido de San José number 1-569222-000, owned by the plaintiff here, and the subsequent lesivity proceeding filed to seek the nullity of that land-use certificate (certificado de uso de suelo) and the corresponding construction permit (permiso de construcción) when construction had even already begun. Likewise, it seeks recognition of liability for the failure to lift the precautionary measure despite having complied with all conditions established by the Constitutional Chamber and the competent authorities. However, this second point, being linked to the first, is considered subsumed within it, insofar as the lifting by the Municipalidad de Vásquez de Coronado did not occur because the Municipal Council was already declaring the act of granting zoning certificate number CZDIM-785-05 of October 6, 2005, and subsequent renewals harmful, as they were the basis for granting the construction permit, and the Mayor of Vásquez de Coronado had been instructed to hire a professional to file the lesivity proceeding before this Jurisdiction. The truth of the matter is that the complained-of actions indeed originate from the Local Government and not from the other two state defendants, as will be explained in the following subsection, thus linking the plaintiff company and the municipal administration that issued the referred-to conduct, as indicated below. Thereby, with respect to the municipality, the first constitutive element is met. 2) The second requirement is the production of an injury or the existence of an unlawful damage due to conduct by action or omission that infringes the legal system and causes an administrated party an unlawful injury that they have no duty to bear, and they must be compensated for it. The damage must be certain, effective, real, evaluable, individualizable, not hypothetical, according to section 196 of the Ley General de la Administración Pública. In the specific case, this Chamber of Judges considers that there is indeed damage that must be compensated, insofar as the Municipalidad de Vásquez de Coronado issued zoning certificate number CZDIM-785-05 of October 6, 2005, and its subsequent renewals, and this was the basis for granting a construction permit that allowed the start and development of construction works on the property of the plaintiff company here, which were subsequently halted as a precautionary principle upon detecting a water outcrop (afloramiento de agua) that affected an underground aquifer, but which later could not continue—despite the authorizations issued by state agencies—with the construction of the gas station project due to the filing of a lesivity proceeding by the Local Government for the annulment of the land use and the corresponding construction permit. This damage becomes unlawful in that the plaintiff company, by virtue of an act that granted it a right to build based on it, incurred expenses by constructing up to 35 percent of the building planned in the service station project, which, it is reiterated, had been executed under the protection of those acts granted as requested in the project, but which the plaintiff itself made irregular by lowering the soil mantle and causing an outcrop, a situation that, subsequently and superveningly, was later regularized according to the technical standards of the other defendants. These expenses are not for the plaintiff company to bear, and their compensation is appropriate, as will be seen later in point 3 regarding compliance with Article 196 of the Ley General de la Administración Pública. 3) This Court considers that the corresponding causal link between the already indicated actions and the damage mentioned supra does exist. The plaintiff argues that the causal link is clear, direct, and unmistakable, derived from the granted permit, with the sole and exclusive purpose of building and operating the Servicentro Coronado Service Station, and that the damage caused derives from the Municipalidad de Vásquez de Coronado's disregard of the construction permit and the trust placed by the plaintiff company in the permits, authorizations, and approvals granted to invest, in good faith, in the construction of a service station that culminate in the construction permit, including among these, the various expenditures associated with the regularization of works upon finding groundwater that originated the need for the project readjustment; the latter, as will be seen below, are inconsequential to recognize. This Court agrees with the plaintiff on this point regarding the existence of a causal link between the Municipality's actions and part of the damage alleged. It cannot be ignored in this sense that the Municipality at the time granted the zoning or land-use certificate and, after the fulfillment of the necessary requirements for the approval of the construction project for a service station and fuel dispensing, granted the construction permit, which the plaintiff here effectively begins and which is paralyzed by an outcrop when expenses related to construction had already been incurred. Where this Court does not agree is in the attempt to expand that liability to the state entities based on the prior oversight they carry out as part of the complex act involved in the construction project of a service station; this will be analyzed in the next point of this Considerando. Now, it must be emphasized foremost that no exemption from liability can be alleged against the local entity's liability; none of the arguments of the Municipalidad de Vásquez de Coronado concerning the defense of the environment, community movements, or the alleged compliance with the provisions of the Constitutional Chamber's votes constitute one of the three grounds recognized in the Ley General de la Administración Pública regarding force majeure, fault of the victim, or act of a third party, making the defendant Municipality's argument inadmissible, as it was its duty, prior to granting any of the acts for which it is held liable, to review that these were in accordance with law and without violating the environment. Thus, the third necessary element to declare, as is effectively done, administrative liability is fulfilled.- 2) On the inadmissibility of distribution of liabilities regarding the damage caused to the plaintiff company. Rejection of joint and several liability due to lack of causal link in the actions of SENARA and SETENA. Liability corresponds to the Local Government. The plaintiff indicates that there is a participation quota among the various actors involved in certain conducts of active co-participation, as well as the possible linkage of each conduct to which the injury is attributed, and that, in this case, the causal damage is the result of actions and omissions (administrative conducts) that allow determining said causal relationship in a co-participative manner due to the degree of negative co-responsibility on its material patrimony. Opinion of the Court: Regarding what was argued by the plaintiff, we find that, although it is indicated that there is a participation quota among the various defendants, the necessary intellectual exercise is not demonstrated in terms of pointing out the specific actions of Setena and Senara that caused it damage, especially if it is clear, as stated earlier, that the efficient cause of the injury constitutes the municipal decision not to lift an administrative precautionary measure of suspension of works execution, together with a lesivity proceeding against the land use and construction permit. These are actions for which exclusive competence resides in the Municipality and not in the state co-defendants, as there is no effective and direct participation by the two state co-defendants. In this, it is necessary to point out that the party neither claims nor alleges actions concerning the period of application and fulfillment of all the necessary requirements to obtain environmental viability (viabilidad ambiental) and the approval of the service station construction project, nor regarding the ex post oversight activity during the execution of the project that led to project readjustments due to groundwater problems. This prevents the review of possible administrative liability related to those institutions, as, it is reiterated, liability is only sought regarding facts entirely attributable to the Local Government and not for state actions. In addition to the foregoing, this Chamber considers it appropriate to recount the facts proven in this process. As already indicated supra, the plaintiff company is the owner of the farm of the Partido de San José number 1-569222-000 and cadastral plan number SJ-1021582-2005. Based on this, in 2005, it requested the Municipalidad de Vásquez de Coronado to issue a land-use certificate, and it issued it through zoning certificate number CZDIM-785-05 of October 6, 2005. Said use was used to initiate the approval process for a construction project for a fuel dispensing service station before the Ministerio de Ambiente y Energía. And the water vulnerability study was requested from Senara and Setena. In 2006, SENARA refused to approve the Pelyo Hydrocarbon Service Station project because the geology study was not compliant, considering the hydrogeological vulnerability to be medium to high. Thereafter, new documentation was provided, and on September 4, 2006, the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) reconsidered the refusal and approved said project, establishing that the zone has medium vulnerability. This was delivered to Setena immediately, which reviewed and prevented documentation, and by resolution number 251-20017-SETENA of 08:10 a.m. on February 19, 2007, the environmental viability for the Inversiones Pelyo del Este, S.A. Service Station project was granted. Likewise, by resolution R-DGTCC-577-2007-MINAE of one fifty p.m. on August fourteen, two thousand seven, the Dirección General de Hidrocarburos of the Ministerio de Ambiente y Energía approved the plans and lot proposed for the construction and operation of the Inversiones Pelyo del Este, S.A. Service Station. As can be observed, up to that point, what is documented is the expected action of the participation of state controlling bodies in the matter, prior to the construction permit, resulting in acts favorable to the plaintiff here. In November 2017, and through official letter SA-230-317, the Director of Engineering of the Municipalidad de Vásquez de Coronado informed Engineer Alfredo Zeledón of Environmental Sanitation of said municipality that, because the zone is defined as high vulnerability, Type A industrial activities are not permitted due to the high risk of contamination, and therefore the construction project of Inversiones Pelyo del Este, S.A. was not authorized, conditioning the approval of the construction permit on compliance with what was indicated by the Environmental Sanitation Department. From that date, a series of notes and official letters were exchanged between the plaintiff company and the Municipalidad de Vásquez de Coronado, the former demanding compliance with what was indicated by SENASA and SETENA and the granting of the construction permit. On June 23, 2009, the Municipalidad de Vásquez de Coronado, through official letter AL-2000-887-09 of June 23, 2009, concluded by maintaining the resolution regarding the restriction corresponding to the waterproofing of the Pelyo del Este project and its rejection. From that date until 2012, the plaintiff company filed a series of appeals against the refusal to approve the construction permit. On February 17, 2012, the Municipalidad de Vásquez de Coronado issued the construction permit for Inversiones Pelyo del Este, S.A. On March 29, 2012, construction of the Service Station began. On May 7, 2012, through official letter GS-250-004-12 of May 7, 2012, the Environmental Sanitation Management of the Municipalidad de Vásquez de Coronado informed the Director of Groundwater, Irrigation, and Drainage (SENARA) that during an inspection of the fuel station construction project, a constant, high-volume water outcrop had been detected, coinciding with the site where the pump's fuel tanks would be installed, indicating that the water table was at 2.6 meters. That same month, a group of neighbors from the service station construction site requested the Environmental Comptroller of MINAET to investigate why environmental viability had been granted to that project, considering that a perched aquifer existed on the site, and they also filed amparo appeals. On May 14, 2012, through official letter GP-230-030-2012, the Municipalidad de Vásquez de Coronado informed the legal representative of Inversiones Pelyo del Este S.A. that all construction works on the site were being halted as a precautionary measure. Likewise, in the amparo appeal file before the Constitutional Chamber number 12-009032-0007-CO, the suspension of construction works for the Servicentro Coronado Service Station Project was ordered in July 2012, and by vote 2013002023 of the Constitutional Chamber of 2:30 p.m. on February 16, 2013, from file number 12-007866-0007-CO, it was ordered that the amparo appeal was granted and that a group of officials must "(...) carry out the corresponding actions, immediately, within their respective areas of competence, to guarantee that the construction works of the service station of Inversiones Pelyo del Este, S.A., do not continue, nor its effective operation be permitted until the necessary measures have been adopted to rule out the risk of contamination to aquifers or groundwater (...)." From that moment on, we again find participation by the state co-defendants in post-construction-permit oversight, where an environmental recovery plan at the service station construction site was required, and SENARA and SETENA were to verify that the plan effectively remedied the environmental damage, spanning from May 2012 to November 2013, when through official letter GG-OF-987-2013 of November 26, 2013, the General Manager of SENARA informed the Secretary General of SETENA that the closure of the pit at the Pelyo del Este Service Station would proceed on Wednesday, November 27, 2013, which was carried out and minutes were drawn up. On December 4 and 6, 2013, permeability tests were carried out by the geologist hired by the plaintiff company in the presence of personnel from the SENARA Investigation Unit, and on December 16, 2013, the legal representative of Inversiones Pelyo del Este S.A. delivered to SETENA, SENARA, and the Municipalidad de Vásquez de Coronado the report on the closure of the pit at the Servicentro Coronado Service Station. Through official letter SG-ASA-0075-2014 of January 22, 2014, SETENA consulted SENARA whether the placement of fuel tanks at surface level, rather than underground, was appropriate as an alternative for hydrogeological viability, and through official letter DIGH-UI-030-14 of February 10, 2014, the Head of the SENARA Investigation Unit indicated to the Director of the Dirección de Investigación y Gestión Hídrica that four outstanding points had not been completed in the new hydrogeological viability proposal of the plaintiff company here. The foregoing was communicated to SETENA, which in turn notified the company's legal representative for the corresponding action. Now, in July 2014, SENARA indicated to the legal representative of Inversiones Pelyo del Este S.A. that, upon review, the vulnerability remained high and therefore it was not recommended to continue with the project, and it was not until September 19, 2014, that through official letter IGH-0365-14, SENARA communicated to SETENA that hydrogeological viability had been met, specifying above-ground fuel tanks for the Inversiones Pelyo del Este, S.A. project. By resolution number 2472-2014-SETENA of 10:00 a.m. on November 27, 2014, the suspension was lifted, the project modification was endorsed, compliance with the regulations regarding the placement of above-ground tanks was ordered, and a new guarantee was authorized. Said resolution was subsequently corrected by resolution number 0541-2015-SETENA of 2:34 p.m. on March 3, 2015, due to a series of errors. Thus, in this second moment, we find control actions during construction that are legitimate exercises of powers granted to the state defendants and which result, again, in the expected conduct, given that their intervention resulted in the technical modification of the project to solve the groundwater problem and adapt the project design to maintain its viability. These acts were, in general terms, favorable to the plaintiff as will be analyzed later. Note that, regarding the need for the referred-to intervention, the plaintiff company does not challenge any specific conduct, and, in fact, it is precisely on the basis of these conducts that it reproaches the municipality for the impossibility of continuing with its project. Thus, on December 5, 2014, the Special Attorney-in-Fact of Inversiones Pelyo del Este, S.A., requested the Municipalidad de Vásquez de Coronado to lift the precautionary measure of suspension of construction works. The Municipality replied on January 9, 2015, to the legal representative of Inversiones Pelyo del Este S.A., that it was awaiting the response of the legal advisor in order to reply appropriately. On January 26, 2015, the Municipal Council of Vásquez de Coronado proceeded to declare harmful, through agreement number 2015-253-36 of regular session 253 of that same date, the granting of Zoning Certificate 553-11 of June 10, 2011, issued by Architect Dennis Jiménez Calderón of the Department of Urban Planning and Construction Control of the Municipalidad de Vásquez de Coronado. Through official letter AL-200-603-15 of June 3, 2015, the Mayor of the Municipalidad de Vásquez de Coronado indicated to the Special Attorney-in-Fact of the plaintiff company that the official position of the Municipalidad de Vásquez de Coronado was to maintain the precautionary measure and file a lesivity proceeding against the granting of Zoning Certificate 553-11 of June 10, 2011. The legal representative of the plaintiff company filed appeals for revocation and appeal against the ruling, both of which were dismissed. The lesivity proceeding was granted, and by judgment number 20-2018-II of ten thirty a.m. on March twenty-three, 2018, of the Second Section of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, the absolute nullity of zoning certificate CZDIM-785-05 of October 6, 2005, from the Municipal Engineering Department and the subsequent renewals, which were the basis for the construction permit granted to Inversiones Pelyo del Este, S.A., was declared.

With this summary of actions, it is clear that there is no action or omission attributable to SETENA and/or SENARA, and that it is therefore improper to declare them jointly and severally liable for the damages caused to the plaintiff company, given the absence of a causal link between the only two actions that the plaintiff has identified as the cause of those damages and which are not attributable to them. We reiterate, liability is claimed, but, as already indicated, no specific action or omission by the State is identified that could be connected in a causal relationship with the damages claimed; on the contrary, the evidence in the record demonstrates that there is no conduct or omission attributable to SETENA or SENARA. Let us see, constitutionally, the act that creates a vested right for the administered party, and therefore subjective rights, is a construction permit; however, this permit is formed, among many other requirements, by prior acts such as the issuance of a land use (uso de suelo), which was the subject of the declaration of injury (declaración de lesividad). The effect of the suppression of one of the prerequisites of the construction permit affects it in a supervening manner, insofar as it removes part of the motivation for the act, the technical substrate emanating from one, some, or all of the participants in the processing of the construction permit, both local and national. Thus, it is understandable that the suppression of one of these requirements generates the impossibility of developing the project, an unfeasibility that cannot be adjusted, remedied, or modified, consequently leading to the loss of the chance for building development. Hence, it is plausible that, when this occurs, one may question whether or not there is a valid or legitimate reason for the administered party to bear the loss not only of time but also of resources invested in the processing and, as in this case, the partial execution of the work. However, this does not mean that, automatically, when this occurs, all participants are liable, as this would imply ignoring the intellectual exercise of imputation required by the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) for the correct identification of the responsible agent, which leads to the correct identification of passive legitimacy in the claim for patrimonial indemnification. This heterogeneity of subjects participating in the processing and execution of a construction permit, in functions ex ante and ex post of the construction permit (generator of subjective rights), implies a delimitation of competence and, consequently, of the liability of each one, without there being a generic precept of collective liability for the mere fact of having participated in the processing of the permit, the foregoing making the obvious and manifest exception that the eventual participation and liability of the different construction agents (engineers, architects and related professionals, developers, builders and their employees, material suppliers, etc.) would be excluded, as well as the intervention of the owner himself, which is not relevant to the case under study. Thus, in order to obtain in a case such as the one at hand, which is a complex construction project, given that it is the construction of a gas station, where in addition to the ordinary technical oversight bodies and entities before, during, and after the issuance of the permit, the mandatory participation of specialized state bodies in matters related to public safety and environmental law is required for the development of that construction project. Given that each of these bodies has competencies that cannot be supplied by the other dependencies (exclusive and excluding), we must bring up what is provided in numeral 3 of Law 8220: “Respect for Competencies. The Administration may not question or review firm permits or authorizations issued by other entities or bodies, except in relation to the nullity regime. It may only request from the administered party a certified copy of the final resolution of a specific procedure. Nor may requirements or information be requested that are still in the process of being known or resolved by another administrative entity or body; at most, the administered party must present a certification that the procedure is in process,” (emphasis is ours). With this, it is understood that, not only in material application of the principle of legitimate expectations (principio de confianza legítima), but also the legal mandate of respect for competencies, liability falls exclusively on the body or entity that issues the specific act, unless there is, of course, a norm requiring inter-institutional or inter-body control, beyond the generic obligation of internal control upon detecting an irregularity (Article 12, subsection b) of the General Law of Internal Control). As we have already noted supra, SENARA, in water matters, has the obligation to oversee the country's water resources, this in accordance with the Law for the Creation of the National Service of Groundwater, Irrigation and Drainage (Ley de Creación del Servicio Nacional de Aguas Subtérraneas, Riego y Avenamiento), Articles 3, subsections h) and i), and 4), and SETENA has the obligation to carry out the environmental assessment and grant the environmental feasibility (viabilidad ambiental) related to that project, according to numeral 17 of the Environment Law (Ley del Medio Ambiente), this as acts ex ante the construction permit. Without the approval of these state bodies in their oversight roles, it was not possible to obtain the building permit from the Local Government. When reviewing the relation of facts, we have that, in a first stage, the applicant submitted the requests to the dependencies and, after several corrections, finally obtained the authorizations from the state dependencies to request the construction permit from the Municipality, remembering that it is the absolute responsibility of the applicant to indicate the conditions under which the project would be carried out, and the dependencies review the technical and legal compliance of what was requested. It is not until actions by the plaintiff party itself, who alters the phreatic conditions of the construction site, that those initial authorizations become reviewable as the initially approved conditions changed, and this takes us to the second stage, which is ex post supervision of the construction permit, where what happened at the construction site is verified, and the paralysis of the works, the confinement of the damage, and the restitution of the aquifer are ordered, as well as ordering the adjustment of the project conditions to avoid incurring new damage and to continue with the construction. In the record, it is shown that, after a period attributable only to the plaintiff for not complying with the original conditions, the restoration and subsequent authorization by the two state bodies involved occurred, without this denoting an unlawful or illegal action, but rather fully in accordance with the legal system; therefore, it is not considered that there is a possibility of attributing liability to them if, in fulfilling their oversight duties, they acted as dictated by the regulations. We reiterate, given the emergence of water at the construction site, for which the only responsible party was the plaintiff, the State was obligated to ensure, within the scope of each dependency's competencies, that the construction project was processed and regularized again, as those permits were subject to the conditions presented by the project, which were not met, and in this there is no liability attributable to the State but only to the plaintiff party. In any case, we insist, this is not the efficient cause of the injury claimed by the plaintiff party, but rather it originated from the municipal refusal to lift the precautionary measure and from the injury proceeding (proceso de lesividad) against the land use. If the foregoing were not enough, there is another point this Chamber wants to emphasize regarding why there is no state liability to attribute and distribute with the State, and that is the fact that there are no unlawful or illegitimate actions or omissions by the State, but rather acts favorable to the interests of the plaintiff party, and nor has lawful or legitimate liability been alleged, much less proven, under the terms of numeral 194 of the General Law of Public Administration. In other words, the necessary examination and fulfillment of the three elements necessary to attribute objective administrative liability are broken in the specific case, as conduct cannot be attributed to SETENA and SENARA under the terms of Article 198 of the General Law of Public Administration. Therefore, it is considered that regarding the State, the claim must be declared without merit. The testimonies of Roberto Ramírez Chavarría, Gilbert Benítez Rodríguez, and Manuel García Murillo are in agreement with this, as they are all consistent with the facts deemed proven. The situation is different regarding the actions of the Municipality of Vásquez de Coronado, picking up here what was already indicated in that the defense arguments raised in its response do not manage to exempt it from the liability that has been requested and is considered appropriate. If, as a result of the granting of a right to build based on a land use in accordance, the company incurred a series of expenses, that local government cannot ignore that, as a result of that permit, the plaintiff company derived a right to build that is subsequently annulled, and therefore any expense that it can demonstrate must be indemnified, as will be analyzed below.- 3) Regarding the damages and losses (daños y perjuicios) claimed by the Plaintiff Company. Dismissal of the private reports issued by Luis Chavarría Murillo and Adolfo Lobo Zamora and the judicial expert opinion. The material damage concerning the progress made in the construction is granted in the abstract, and the remainder requested is rejected. The claimed moral damages (daño moral) are rejected. The plaintiff party mentions that the Public Administration is obligated to indemnify any injury that individuals suffer to their property and rights, even if it is a consequence of the normal operation of public services, provided that the harm suffered by the administered party is individualized and concrete and at the same time exceeds what can be considered common burdens of social life, such as the so-called urban planning burdens. Likewise, it is understood that only damage produced in a real and effective manner is indemnifiable, and not in the face of eventual, hypothetical, or speculative assumptions. That its affectation is clearly individualizable, quantifiable, and certain, not hypothetical or potential because the damage has been done, the construction of the work has been suspended, and now its future completion and start-up are radically uncertain, by virtue of the abusive and illegal maintenance of the precautionary measure and the outcome of the injury proceeding initiated by the co-defendant Municipality according to judicial file number 15-10009-1027-CA. That the project was truncated and the investment lost, thus generating the objective, individualizable, certain, and quantifiable damage that must be compensated, since the sole purpose for which the property was acquired was for the construction and operation of a service station. Criteria of the Court: To demonstrate the material damage that the plaintiff party indicates it suffered from the expenses for the purchase of the land and the value of the buildings in an amount of ₡804,151,715, it presents with the claim private reports from Messrs. Luis Chavarría Murillo and Adolfo Lobo Zamora. We proceed to analyze these along with their testimony at trial. In images 178 to 196 of the digital judicial file, there is a report by the architect Luis Chavarría Murillo, in which an appraisal was conducted in October 2017 of the real estate property of Inversiones Pelyo de Este, S.A., property of the province of San José, number 569222-000. Within the legal considerations of said report, it is indicated that the document is based on the documents and information provided by the owner, which he assumes to be reliable and verified in a general manner. Likewise, it indicates that some of the specifications have been assumed based on his experience with construction methods without verifying them. Based on this, he determines an amount for the land of ₡738,543,698 million colones and for the building in gray work of ₡65,608,015 million colones. To determine the market value, he compared the land with what he calls homogeneous zones from other zones that do not correspond to Coronado and determines the land value, stating in the general description of the environment that the land has an excellent location, located on the main entrance road to the center of Coronado, an area of great commercial importance with all necessary services for housing and commerce. Regarding the building description, he mentions that it was created as a support for a fuel station, only the masonry structure and the roof are built, and he calculates the progress of the work at approximately 35%. The architect indicates that the desirability of the land is high due to its location. In his declaration, he clarifies the points of his appraisal and the methodology. However, said appraisal is not considered to determine a value that can be used in the determination of the damage. This Chamber of Judges considers that it is not appropriate to recognize the value of the land requested by the party; the defendants have opposed this and have raised various arguments that are considered appropriate. The investment that the party claims it made in the lands it assembled to form farm 1-569222-000 has not been demonstrated to have always been with the idea of building a service station; there is no proof of this other than the party's statements in the statement of claim. But furthermore, that investment was made at the party's own risk, especially considering that, as indicated in the proven facts, the land use that was the basis of the plaintiff party's right to build was granted after the assembly, not before; thus, the farm was assembled without knowing if the Municipality would permit that use, and with this, it cannot be considered that the value of the land should be indemnified for its mere acquisition. In addition to the above, it is considered that the market value assessment was made using locations far from the land in question, which detracts from its credibility. Regarding the report by the engineer Adolfo Lobo Zamora, a similar point must be made, as it is not considered to demonstrate an amount to be indemnified. It quantifies the economic damage from the loss of property value and the losses to the service station investment, caused by the precautionary measure of suspension of the buildings from July 2012 to September 2017. Said engineer assumes that, from 2013, if the already known events had not occurred, the company would have had a station operating permit for five years. The report concludes that from an economic point of view, the property right was reduced to zero as a result of the suspension of the building construction when it was advanced. Based on this, he takes the value of the land, uses it as an investment, brings it forward to the year 2017, and determines that the sum of ₡642,517,219 corresponds to the value of the investment before the start of the works and what could have been obtained if invested in six-month certificates from the National Bank. He also calculates interest on said sum of ₡210,679,142 colones. Regarding this report, it must be commented that there is a primary error in it, as it starts from a future and uncertain fact, which is a station operating permit for five years, since there is no assurance that construction would be completed or the operating permit obtained, which makes it non-indemnifiable. It should be remembered that lost profits (lucro cesante) can be considered certain and assessable when there is already a certain patrimonial income that is interrupted by a harmful action, and in this case, the project never became functional, it never came into operation, which prevents an analysis of loss of chance (pérdida de chance), which in any case was never requested in claim 2 of this lawsuit, which was limited to the value of the land and buildings and the recognition of the investment value in terms of the interest that could have been received if invested. Second, the report starts from a premise that the suspension—totally justified and legal as it was done to protect the environment—was illegal, which is not true; therefore, the suspension was within the legal framework and was not indemnifiable due to the existence of fault on the part of the victim as the cause of the environmental damage. On the other hand, it uses the already dismissed market value appraisal of the land as its basis. In that same line of thought, it mentions the construction of pits for tanks, which are considered not subject to indemnification for being the cause of environmental damage. It is also interesting to note that in said report, the issuer undertakes not only what are considered legal considerations but also economic ones, keeping in mind that the person performing them is a civil engineer. On this point, there is agreement with the defendant parties in that there is no sunk cost in the land value, that although it can no longer be used for the construction of a service station, it can be for other activities, and under those circumstances, it cannot be considered immobilized or outside the commerce of men, as seems to be the basis of the report. Note that in the appraisal on which the engineer is based, the architect assumes it is highly desirable and therefore assigns it a value that far exceeds what was declared by the company itself in its real estate declaration, as demonstrated by the defendant Municipality in the certification of nine o'clock on November 23, 2021, from the Financial Department of the Municipality of Vásquez de Coronado, for a land value of 276,765,489.00, and yet the engineer considers that from an economic point of view, its value is 0, which, based on what has been noted, is not true. This Chamber of Judges considers that in this process, only the costs effectively demonstrated in the construction stage must be indemnified, not those prior to it regarding the purchase of the land, nor the paperwork to obtain project approval, nor the profit projections from the next stage, which would have been obtaining the permit to operate the service station for a period, a stage that could not be reached due to the non-completion of the construction but which, as indicated, was linked not to the land use or construction permit but to another act, the granting of an operating permit, which was a future and uncertain event; that is the framework determined to be solely indemnifiable. In that same sense, the expert opinion rendered by Mr. Luis Gabelman is also not considered correct. Note that it starts from the information provided in the private expert reports and not from accounting or financial information, which is what was requested. The expert was very clear in his declaration that when he requested accounting information, the plaintiff party did not provide it and that he opted for what he calls a second source to determine the object of the expert opinion. This second source was the expert report of the architect Luis Chavarría, which, as stated, lacks credibility for this Court for the reasons noted. With this, the judicial expert opinion cannot be used and is dismissed. Now, as already stated, with respect to the value of the buildings carried out in the construction stage, this Chamber considers its recognition appropriate, but not the amount indicated in the private reports or in the judicial expert opinion already dismissed as suitable evidence to demonstrate the damage. It is highly surprising that a company constituted as a legal entity does not maintain its accounting in a complete form, as is its tax obligation, and only had information in a disaggregated form. The judicial expert indicated in his opinion and declaration that he was not provided with formal accounting by the company, and this is unacceptable, given the expenses of a legal entity with lucrative activities that has a formal obligation regarding the recording of its income, expenses, assets, and patrimony and to comply with its annual declaration. Based on this, this Chamber decides that the only damage recognized to the plaintiff company is the expenses in the construction period that it manages to effectively demonstrate—which must not include the expenses it incurred to mitigate the environmental damage it caused—in the enforcement of judgment stage (etapa de ejecución de sentencia) through an expert opinion in which accounting, financial, or documentary evidence is provided that merits credibility to the executing judge, the determined amount being brought to present value. The legal interest requested on this amount is rejected, considering that indexation covers the loss of money value at the time of its setting. Regarding the moral damages that the plaintiff party indicated were caused to its good name and commercial image in its activity in the free national market and which it calculated at five million colones, this Chamber of Judges determines its inadmissibility, as it did not provide any indication regarding this damage that would allow it to be determined. Given that it was the responsibility of the plaintiff party, according to Article 41.1 of the Civil Procedure Code, applicable by provision of Article 220 of the Contentious-Administrative Procedure Code, which provides: "41.1 Burden of proof. The burden of proof rests: 1. On whoever formulates a claim, regarding the constitutive facts of their right. (...)"; to provide, in this case, indicative evidence of the alleged damage caused, and in the present matter, it did not do so, its analysis cannot proceed. It was necessary to demonstrate how the good name and commercial image of Inversiones Pelyo del Este were affected in the eyes of other merchants or third parties, and none of this was done; therefore, its rejection proceeds. In the same sense, what the party called losses (perjuicios), understood as the monetary sums left unearned, equivalent to what would have been obtained if placed for credit procurement based on what was effectively spent, in six-month debt instruments of the Banco Nacional de Costa Rica, and which it quantified at ₡210,679,142, is rejected. This requested item assumes that the sum of material damage requested is fully admissible, which was dismissed, and in any case, having indicated what is admissible as construction expenses, its rejection was ordered.-

VIII.- REGARDING THE INTERPOSED DEFENSES (EXCEPCIONES): The defendants interpose the defenses of lack of right (falta de derecho) and lack of active and passive standing (falta de legitimación activa y pasiva). In light of the record, the defenses of lack of active and passive standing must be rejected, as, just as indicated in the previous recital (considerando), the plaintiff directs its claim at a series of administrative actions by the defendants with which it interacted in the approval of a construction project. The situation is different regarding the defense of lack of right, which is partially upheld, and only concerning the Municipality of Vásquez de Coronado, dismissing liability of the State and SENARA, given that, just as indicated in the previous recital of this resolution, the plaintiff is not right regarding the indemnity claim against them, but it is against the local government, for which it is partially upheld.-

VIII.- REGARDING THE AWARD OF COSTS (CONDENATORIA EN COSTAS): In accordance with numeral 193 of the Contentious-Administrative Procedure Code, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party for the fact of being so. The exemption from this award is only viable when, in the Court's judgment, there was sufficient reason to litigate, or when the judgment is issued by virtue of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In the present case, this Collegiate Body finds reason to apply the exceptions set forth in the applicable regulations, with respect to the Municipality of Vásquez de Coronado and the plaintiff party, as we are facing a reciprocal defeat, since although an amount for patrimonial damage was granted, part of the claims were rejected. Therefore, both parties had reason to litigate, as the Municipality was right regarding part of the rejection of the indemnity claim, and the plaintiff was right regarding the claim related to the expenses of the construction carried out. Therefore, no special award of costs is made. Now, regarding the State and SENARA, this Collegiate Body finds no reason to apply the exceptions set forth in the applicable regulations, because, as stated supra, the plaintiff party has lost this claim, as it lacks the right with respect to those defendants; therefore, the plaintiff party is ordered to pay both costs of the process to the State and SENARA. Likewise, payment of interest on costs is awarded in favor of the State from the finality of this judgment and until its effective payment.-

THEREFORE (POR TANTO)

The evidence for a better resolution presented by the Municipality of Vásquez de Coronado is admitted. The defenses of lack of active and passive standing interposed by the State and SENARA are rejected. The defense of lack of right interposed by the State and SENARA is upheld. Consequently, the claim is DECLARED WITHOUT MERIT (SIN LUGAR) as it pertains to the defendants STATE and SENARA, and both costs are charged to the plaintiff; the same will be liquidated in the enforcement of judgment stage once this decision becomes final. Likewise, as expressly requested, payment of interest on the costs awarded against the plaintiff party is recognized in favor of the State, in accordance with art. 1163 of the Civil Code, from the finality of the resolution that sets them and until their effective payment. Regarding the Municipality of Vásquez de Coronado, the defense of lack of right is partially upheld; therefore, the claim filed by INVERSIONES PELYO DEL ESTE S.A. against the MUNICIPALITY OF VÁSQUEZ DE CORONADO is declared PARTIALLY WITH MERIT (PARCIALMENTE CON LUGAR) as to what is expressly granted in the abstract, and it is rejected as to what is not granted. The Municipality of Vásquez de Coronado is ordered to pay the material damage to the plaintiff company, consisting of the expenses it incurred in the construction carried out before its paralysis, an amount that will be determined in the enforcement of judgment stage under the terms indicated in the substantive recital VII of this judgment. Regarding costs between these parties, the decision is rendered without a special award of costs. Let it be notified.-

Amy Miranda Alvarado

Alexandra Zúñiga Mora    Laura Gómez Chacón             

 

	


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AMY MIRANDA ALVARADO - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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ALEXANDRA DE LOS ÁNGELES ZÚÑIGA MORA - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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N47DWXIKWYFC61
LAURA GOMEZ CHACON - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 18-001185-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, opposite Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

 

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