Res. 00760-2025 Tribunal Agrario — Indigenous property and Maleku customary law in land tenure disputePropiedad indígena y derecho consuetudinario Maleku en disputa de tenencia de tierra

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00760 - 2025

Fecha de la Resolución: 11 de Agosto del 2025 a las 20:48

Expediente: 16-000011-1520-AG

Redactado por: Geison Lopez Barrantes

Clase de asunto: Proceso ordinario

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Pueblos Indígenas

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Administrativo

Tema: Asociación de desarrollo integral de reserva indígena

Subtemas:

Alcances de la propiedad indígena debido a la importancia y vínculo que tiene para las poblaciones originarias.

Tema: Comunidad indígena

Subtemas:

Alcances de la propiedad indígena debido a la importancia y vínculo que tiene para las poblaciones originarias.

Tema: Persona indígena

Subtemas:

Alcances de la propiedad indígena debido a la importancia y vínculo que tiene para las poblaciones originarias.

Tema: Propiedad indígena

Subtemas:

Alcances de la propiedad indígena debido a la importancia y vínculo que tiene para las poblaciones originarias.

"IX. - DERECHO CONSUETUDINARIO INDÍGENA: [...] este Tribunal ha venido reflexionando sobre los alcances de la propiedad indígena en razón de la importancia y vínculo que tiene para estas poblaciones originarias. En ese aspecto, en el Voto 20240000293, del 19 de marzo de 2024, se indicó: "La propiedad indígena tiene a su vez una función distinta en la sociedad y su estructura lo es también diversa, debido a la forma como se ejerce ese derecho colectivamente. De esta forma se trasciende de la naturaleza productiva, o del uso y goce de un bien, como aspectos normalmente caracterizadores del dominio, para integrar otros aspectos culturales y humanos esencialmente relevantes en el contenido del régimen jurídico de los territorios indígenas". Dentro de los fines de la propiedad indígena lo es la preservación de su cultura y legado, con el fin de transmitirlo a las futuras generaciones, lo cual, a partir de ese motivo se establece un elemento diferenciador con respecto a las reglas que se regulan a la propiedad tradicional. Es decir, en virtud de la aplicación del Derecho Consuetudinario indígena las reglas del sistema de jerarquía de normas varían al momento de resolver disputas judiciales en donde participan estas personas y el conflicto se contextualice dentro de sus territorios. En ese sentido, se afirma por parte de la doctrina que: "... tratándose  de  conflictos  que deben    resolverse    a    través    del    Derecho    consuetudinario,   la   jerarquía   cambia.   La   costumbre   pasa   entonces   a   tener   rango   prioritario.  Pero  ello  no  fue  contemplado  en  ninguna  norma  escrita  que  regulase  el  tema  de  las  fuentes  normativas,  precisamente  por  la  invisibilidad  de  las  poblaciones  indígenas  y  su  cultura;  problema  que  históricamente  ha  sucedido  en  Costa  Rica,  especialmente  en  lo  que  respecta  al  plano  jurídico  normativo  formal (legislación local) ... Pero    cuando    hablamos    de    Derecho consuetudinario, estamos hablando de algo más amplio, dado que es un concepto que relaciona la  costumbre  con  la  cosmovisión  (manera  de  ver e interpretar el mundo) y los valores. No se trata entonces de una pauta aislada o específica, sino de un sistema integral de reglas, por medio del cual se dan soluciones a las controversias en  los  diversos  ámbitos  de  la  vida.  Dicho  sistema   se   caracteriza   por   su   transmisión   oral  y  por  su  relación  con  la  identidad  social  de  la  comunidad.  Tratándose  de  poblaciones  indígenas, se enfoca en derechos colectivos, en la solidaridad grupal, en trámites flexibles y en el respeto del equilibrio ambiental ..." (Alpízar Rodríguez, R. (2025). Aspectos básicos de la interculturalidad y la pluriculturalidad: su impacto en las fuentes del Derecho privado costarricense en relación con el Derecho consuetudinario indígena. Sapientia, 16(1), 71–94. https://doi.org/10.54138/27107566.644). Sumado a lo anterior, debemos de recordar que nuestra Constitución Política sufrió una reforma constitucional en su artículo 1 (Ley N° 9305 del 24 de agosto de 2015), en donde se reconoce que Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural. Sin duda alguna este reforma conlleva a un cambio de visión de Estado, el cual, la administración de justicia debe de valorar al momento de conocer, resolver y ejecutar los asuntos sometidos a su jurisdicción (doctrina del artículo 153 de la Constitución Política), bajo el respeto de la diversidad cultural que existe en nuestro país aplicando reglas propias de estos sectores a la luz de la cosmovisión y costumbres que han tenido durante mucho tiempo y que se busca preservarlas para las futuras generaciones. Lo anterior, también lo encontramos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en sus artículos 1, 5, inciso a y b, 7, 8, 9, 12, 13, 17, solo por mencionar algunos, en donde se recalca el deber de los estados de respetar las costumbres y cosmovisión indígena en temas como lo son la resolución de sus conflictos y la forma de transmitir los derechos dentro de la comunidad. Asimismo, la Convención Americana sobre Pueblos Indígenas en los cardinales 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 25 y 26, establece el respeto a las estructuras tradicionales que rigen a estas poblaciones. Por su parte, a nivel interno contamos con la Ley de Acceso a la Justicia de los pueblos indígenas de Costa Rica (N°9593), la cual, en su artículo 1 establece: "El Estado costarricense deberá garantizar el acceso a la justicia a la población indígena tomando en consideración sus condiciones étnicas, socioeconómicas y culturales, tomando en consideración el derecho indígena siempre y cuando no transgreda los derechos humanos, así como tomando en cuenta su cosmovisión". Todo este sistema normativo pretende que se respete la autonomía de las comunidades indígenas, su uso y costumbre que rige en estas poblaciones, y se sensibilice a la hora de conocer estas causas bajo la cosmovisión de vida de los pueblos originarios. Asimismo, es relevante aclarar que cada población, etnia y territorio, pueden diferir en la forma de resolver sus controversias, transmitir sus derechos, y aplicar sanciones internas, por lo que no es plausible estandarizar una regla en concreto para todas las poblaciones, pues eso iría en contra de las disposiciones internacionales de derechos humanos, la misma Constitución nuestra, y las leyes internas que rigen esta materia [...]".

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Otras Referencias: Convención Americana sobre Pueblos Indígenas en los cardinales 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 25 y 26.

Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas
Texto de la resolución
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EXPEDIENTE:

	

16-000011-1520-AG - 3




PROCESO:

	

ORDINARIO




ACTOR/A:

	

JAHIRO CRUZ SILVA




DEMANDADO/A:

	

ELICIA CRUZ CRUZ

 

   

VOTO N°  N° 2025000760

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las veinte horas cuarenta y ocho minutos del once de agosto de dos mil veinticinco.-

PROCESO ORDINARIO establecido por JAHIRO CRUZ SILVA, mayor, casado una vez, agricultor, persona indígena Maleku, vecino del Territorio Indígena Guatuso, con cédula de identidad número uno - mil doscientos cincuenta y seis - seiscientos siete; contra ELICIA CRUZ CRUZ, mayor, casada una vez, ama de casa, persona indígena Maleku, igual domicilio que el anterior, con cédula de identidad dos - trescientos catorce - setecientos sesenta y seis;  ISABEL CRISTINA CRUZ LACAYO, mayor, soltera, ama de casa, persona indígena Maleku, vecina del mismo territorio indígena, con cédula de identidad dos - cuatrocientos veintidós - ochocientos diecisiete. Interviene como parte interesada la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE GUATUSO, cédula jurídica tres - cero cero dos - cero sesenta y un mil setecientos cuarenta y seis, representada por Alfredo Acosta Blanco, mayor, cédula de identidad dos - trescientos cincuenta y cinco - setecientos sesenta. Actúa como defensora pública de la parte actora, la letrada Ana Cristina Hernández Steller; de las demandadas, el licenciado Dennis Paniagua Navarro, colegiado veintisiete mil ciento setenta y seis. Tramitado ante el Juzgado Civil y Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala (Materia Agraria).

 Redacta el juez López Barrantes; y,

CONSIDERANDO:

 I.- DE LAS PRETENSIONES: La parte actora interpuso demanda ordinaria, estimada en la suma de cinco millones de colones, solicitando que en sentencia se declare lo siguiente: «1.- Que el suscrito soy legítimo poseedor en calidad de propietario de dos terrenos que se describen en el hecho primero de esta acción, a saber: ...Terrenos que se localizan dentro de la Reserva Indígena de Guatuso, no están inscritas ante el Registro Público de la Propiedad a mi nombre, ya que se ubican en Palenque El Sol de La Reserva Indígena de San Rafael de Guatuso, que es distrito primero, del cantón quince Guatuso, de la Provincia de Alajuela. El primero mide aproximadamente CINCO MANZANAS. Dedicado a repastos y lo tenía dividido en áreas menores para apartos. No tiene plano catastrado aún. Colinda al norte con Arnoldo Rojas, al sur con Isabel Cruz Lacayo, al este con Francisco Elizondo y al oeste con Jimmy Acosta Acosta. El segundo mide aproximadamente TRES HECTAREAS y está dividido en dos apartos. No tiene plano catastrado aun. Colinda al norte y sur con Pedro Elizondo, al este con Francisco Elizondo y al oeste con el suscrito Jahiro Cruz Silva e Isidro Acosta. Los inmuebles como reitero no cuentan con plano aún y está dividido en apartos para ganado y los adquirí hace muchos años. 2.- Que el suscrito adquirí uno de los dichos inmuebles por donación que me hizo mi tío Gregorio Cruz Cruz c.c. Cruz Lacayo, mediante escritura pública NUMERO (sic) SETENTA Y NUEVE del protocolo de la notaria pública LOLITA ARIAS SÁNCHEZ, cuyo terreno donado mide las CINCO MANZANAS EN APROXIMACIÓN y se describe en hecho primero de esta acción y el otro terreno lo adquirí por documento posesorios, extendido por la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Guatuso, que da fe que soy el legítimo poseedor de al menos TRES HECTÁREAS DE TERRENO, que se describe en hecho primero de esta acción. 3.- Que una vez declarado mi mejor derecho de posesión sobre dichos terrenos descritos en el hecho primero de esta acción, se le prevenga a las codemandadas que no pueden introducirse a mis fundos cuantas veces quieran, tal y como lo han hecho desde hace al menos cinco años, que fue cuando empezamos a tener problemas de tenencia de tierras. 4.- Que por consiguiente las codemandadas en caso de seguir con actos de despojo sobre los fundos de mi posesión, podrán ser procesadas por el delito de desobediencia a la autoridad, para lo cual se testimoniaran piezas ante el Ministerio Público. 5.- Deberán las coaccionadas reponer las cercas de colindancia y portillos por donde estaban, mismos que me han dañado con los actos perturbatorios por ellas perpetrados. 6.- Que en caso de negativa de las coaccionadas a reponer las cercas y portillos por donde debe ser, se autorice al suscrito a ponerlos pero a costa de ellas, quienes deberán pagar el costo que ello conlleve. 7.- Que se condene a las accionadas al pago las (sic) costas procesales y personales en caso de oposición a la presente acción». (Ver Expediente Electrónico imágenes: 107 a 116)

  II- CONTESTACIÓN DE DEMANDA. Las demandadas Elicia Cruz Cruz e Isabel Cruz Lacayo, contestaron la demanda en tiempo y forma, sin interponer excepciones. (Ver Expediente Electrónico imágenes: 160 a 172).

 III.- RESOLUCIÓN RECURRIDA. El juez Armando Guevara Rodríguez del Juzgado Civil y Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede Upala (Materia Agraria) en sentencia número 2022000122, de las quince horas cuarenta y siete minutos del treinta de mayo de dos mil veintidós, resolvió: «POR TANTO: De conformidad con todo lo anteriormente considerado y citas legales y doctrinales hechas se declara con lugar la demanda incoada de la siguiente manera, entendiéndose denegada en todo aquello que no se diga: Que el actor tiene un mejor derecho de posesión que las codemandadas sobre los terrenos en litis. A saber Terrenos que se localizan dentro de la Reserva Indígena de Guatuso, no están inscritas ante el Registro Público de la Propiedad a mi nombre, ya que se ubican en Palenque El Sol de La Reserva Indígena de San Rafael de Guatuso, que es distrito primero, del cantón quince Guatuso, de la Provincia de Alajuela. El primero mide aproximadamente CINCO MANZANAS. Dedicado a repastos y lo tenía dividido en áreas menores para apartos. Colinda al norte con Arnoldo Rojas, al sur con Isabel Cruz Lacayo, al este con Francisco Elizondo y al oeste con Jimmy Acosta Acosta. El segundo mide aproximadamente TRES HECTÁREAS. Colinda al norte y sur con Pedro Elizondo, al este con Francisco Elizondo y al oeste con el suscrito Jahiro Cruz Silva e Isidro Acosta. 2) Que el actor adquirió uno de los inmuebles por donación que le hizo su tío Gregorio Cruz Cruz c.c. Cruz Lacayo, mediante escritura pública número 79 del protocolo de la notaria pública Lolita Arias Sánchez, el cual mide las (sic) aproximadamente cinco manzanas y el otro terreno lo adquirió por documento, extendido por la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Guatuso, 3) En consecuencia se ordena a las codemandadas abstenerse de ingresar a los terreno (sic) en litis, con la advertencia que en caso de hacerlo queda el actor autorizado a llevar a cabo aquellos actos necesarios que le permita la Ley, para proceder a su desalojo, 4) Y en caso de no acatar lo ordenado podrán ser procesadas por el delito de desobediencia a la autoridad, para lo cual se testimoniaran piezas ante el Ministerio Público. 5) Se ordena a las coaccionadas reponer las cercas de colindancia y portillos que fueron dañados o removidos por ellas. En caso de no hacerlo dentro del plazo de quince días a partir de la firmeza de la presente sentencia, queda autorizado el actor a realizar los arreglos necesarios y los costos de ello correrán a cargo de ambas codemandadas, 6) Se condena a las accionadas al pago las costas procesales y personales de esta acción". (Ver expediente electrónico imágenes 546 a 563).

IV.- RECURSO DE APELACIÓN: La parte accionada interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se apoya, para refutar la tesis del juzgado de instancia (ver el expediente electrónico imágenes 567 a 580). Los agravios son los siguientes: 1- Errónea valoración de la prueba. Acusa que el Juzgado tuvo por acreditada la legitimación activa con base en un documento de traslado de dominio con respecto al terreno que mide cinco manzanas, el cual está situado dentro de la Reserva Indígena de Guatuso, en el sector conocido como Palenque, distrito primero San Rafael, cantón quince Guatuso, el cual no cuenta con plano, pero, colinda al norte con Arnoldo Rojas, al sur con Isabel Cruz Lacayo, al oeste con Francisco Elizondo y al oeste con Jimmy, sin precisar sus apellidos. Sobre el otro fundo en litis, el cual mide tres hectáreas, colinda al norte y sur con Pedro Elizondo, al este con Francisco Elizondo y al oeste con el accionante Jahiro Cruz Silva e Isidro Acosta, sostiene que esa entidad lo tuvo por acreditado por medio de la posesión que le fue otorgada por la ADI local. Protesta que esos documentos no acreditan por sí sola la posesión del actor sobre los bienes, y por el contrario, menciona que se hicieron sin conocimiento de quienes verdaderamente poseían el fundo junto con el señor Gregorio Cruz Cruz, refiriéndose a las accionadas; y el otro documento emitido por la ADI con una integración distinta a la que ya había otorgado ese derecho a las demandadas, dejando ver, según expone, lo fluctuante de las decisiones de ese órgano administrativo, eso sumado al hecho que la ADI existente al momento de realizar el debate se mantuvo neutral, sin referirse a cuál de las dos partes se le debería de dar el derecho de posesión. Cuestiona que, existen tres criterios de la ADI del Territorio Indígena Maleku de Guatuso, por ello, afirma que dependiendo de la fecha en que se emitan y de la integración de su junta, a saber, una que da la posesión a las demandadas (integradas por Santos Marín como presidente), otra que da la posesión al actor (de la cual se desconoce integración debido a que no existe nombre del presidente firmante) y otra que no emite pronunciamiento alguno sobre a quién le debería corresponder el derecho de posesión sobre el segundo terreno (integrada por Alfredo Acosta Blanco como presidente). Acerca de la legitimación pasiva, opina que no hubo un análisis correcto de la prueba. Establece que lograron comprobar en juicio que la causa por la cual las demandadas ocupaban los terrenos en litis lo es porque eran quiénes lo poseían junto con su hermano Gregorio Cruz Cruz. Explica que, conjuntamente trabajaban la tierra y la mejoraban. Remite a los testimonios de José Aniceto Blanco Vela y Eliécer Cruz Vela, quienes dicen declararon sobre la posesión ejercida por las accionadas junto con el señor Cruz Cruz. Estima que el fallo recurrido realizó una indebida valoración de la escritura de donación, pues si bien acepta una posible voluntad del señor Cruz Cruz, sobre el inmueble de cinco hectáreas, al donarlo a quien consideró como familiar suyo, afirma que, no demuestra que el actor era quien tenía la posesión de este terreno para cuando se da la muerte del señor Gregorio Cruz, por ello, tampoco es posible establecer que hubo un despojo ilegítimo en contra del actor. Acusa que el accionante no ostentó ningún derecho de posesión sobre esa finca propiamente, puesto que, al tratarse de un fundo sin inscribir, la posesión que se ejerce sobre él vale por título. En esa línea, afirma que del examen de la prueba se determina que las demandadas se encontraban trabajando el terreno de forma legítima para el momento en que se confeccionó esa escritura, teniendo un tercio de la posesión total del terreno, aspecto que reprocha no se valoró en primera instancia. Menciona que la acción de mejor derecho de posesión se compone por una mayor cantidad de tiempo en poder y un mejor aprovechamiento de la tierra, pero, desde el punto de vista agrario, es decir, bajo una actividad productiva y la utilización de los recursos naturales. Reclama que el hecho de que la ADI le reconociera la posesión al actor, no significa que concurriera también la acción de mejor derecho de posesión sobre el segundo terreno, cuya medida lo es de tres hectáreas. Insiste en que, el hecho de la que Asociación extendiera el documento reconociendo al actor como poseedor, sin llevar a cabo una investigación al respecto, contradice los presupuestos para demostrar un mejor derecho de posesión agraria, en virtud de que esta acción, dice, procede a favor de aquella persona que realice actos materiales de posesión efectiva sobre el bien, como menciona lo acreditó a través de la prueba testimonial. En su opinión, expresa que la Asociación no tiene capacidad para solucionar los problemas de posesión de tierra, dada el cambio de criterio que ha tenido en torno a este asunto en particular. Acerca de la prueba de peritaje cultural manifiesta no pudo ser usado para otorgarle el derecho de posesión al accionante, puesto que, éste se enfocó en examinar aspectos relacionados a la cosmovisión y el pensamiento tradicional de la cultura Maleku, sobre la herencia de los bienes y no sobre temas de posesión y uso de la tierra, específicamente sobre la finca que mide cinco hectáreas, del cual reza no se realizó ningún tipo de donación en vida ni existió documento testamentario para demostrar la intención de que se le otorgara al actor, por el contrario, expresa que fue la ADI la que unilateralmente decidió otorgarlo bajo un derecho de posesión, cuando manifiesta ya se le había entregado a las demandadas. Explica en ese punto en concreto, que la ADI constituida a la fecha del juicio no ratificó esa posesión, por ese motivo, afirma que no puede tenerse como otorgado por voluntad del señor Gregorio Cruz Cruz como lo sostuvo el fallo apelado, puesto que, al estar las demandadas en el terreno no gozan de una posesión ilegítima, por esa razón, señala que tuvo que abrirse un proceso sucesorio judicial si fuese el caso, no una acción declarativa como la escogida por el actor. Sobre este agravio considera debe de valorarse lo declarado por José Aniceto Blanco Vela, quien fue presidente de la ADI para cuando se le entregó la tierra al causante Gregorio Cruz, el cual, dice fue enfático en afirmar que las demandadas eran quienes conjuntamente ejercían la posesión con dicho señor. Además, de que era la voluntad de don Gregorio que el bien le quedara a sus hermanas, e incluso, dice hubo una primera nota a la ADI, estando presidente Santos Marín. Menciona que este testigo fue claro en conocer las fincas y nunca haber visto al actor trabajando la tierra. Cuestiona la validez de la donación que don Gregorio le hizo al actor por no contar con el visto bueno de la ADI. Asimismo, refiere que con la declaración de Eliécer Cruz Marín se ratifica quienes ejercieron posesión agraria sobre el bien después de la muerte de don Gregorio, es decir, las demandadas. Además, de que nunca vieron al actor realizar trabajos en el terreno. Sumado a lo anterior, manifiesta que el testigo Cruz Marín ratificó que don Gregorio quería que sus tierras les quedaran a sus hermanas. Cuestiona los testigos ofrecidos por la parte actora, sea Ángel Silva Silva, por cuanto menciona realizó juicios de valor y opiniones sobre el conflicto, por ello, menciona que demostró un serio interés para favorecer al actor. Asimismo, expresa que ese testigo declaró que la demandada Isabel Cruz tenía ganado dentro de la finca, además, de que la ADI era un completo desorden, puesto que al cambiar de presidencia se llevaban los documentos y se perdían, por lo que, reza que la credibilidad de una ADI para otorgar un derecho de posesión está más que entredicha.Con la indebida valoración de la prueba considera que se le causa un serio agravio en la sentencia. 2- Errónea aplicación del derecho sustantivo. Explica que la sentencia define correctamente la acción de mejor derecho de posesión; sin embargo, no profundiza, ni tampoco interpreta si los presupuestos fueron o no cumplidos conforme al cuadro fáctico sometido a debate. Refiere a que aún y cuando se logró demostrar que las demandadas no eran poseedoras ilegítimas y de fallecer don Gregorio no dejó ningún documento testamentario para establecer la forma de dividir su herencia, por ello, considera tuvo que haberse ordenado la apertura de un proceso sucesorio. Cuestiona que la sentencia acogió la demanda por la última voluntad de don Gregorio y no por un mejor derecho de posesión lo cual es el reclamo acá planteado. Dice que don Jahiro nunca ejerció posesión sobre los bienes en conflicto, y sobre tal menciona no existe prueba. En apoyo a su tesis cita el Voto 31-93, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, así como, los artículos 264, inciso 1, 277 a 286, 300, 301, 306, 307, 317 a 319 y 322, del Código Civil, los cuales, dice fueron indebidamente aplicados dado que manifiesta tienen que ver con la defensa de quien ha realizado mejores actos posesorios efectivos, estables y concretos sobre un bien despojado por alquiler con derecho inferior y no con los derechos obtenidos de un documento sucesorio, esto sobre la finca de cinco hectáreas, ni del documento emitido por un órgano el cual califica subjetivo y parcializado, referente a la finca de tres hectáreas. 3- Inobservancia de derechos supraconstitucionales en pro de la igualdad de la mujer. Acusan las apelantes que la sentencia impugnada es omisa en cuanto al análisis de derechos internacionales en el tema de derechos humanos, en específico, en cuanto al principio de igualdad entre hombres y mujeres, pero, en especial, cita el de no discriminación hacia la mujer. Lo anterior, dice al calificarlas en el fallo como simples depositarias de la posesión de don Gregorio, denigrando de esa forma a una especie de trabajadoras de él, cuando, por el contrario, refiere a que se encontraban de forma activa con esfuerzo personal sacrificando el tiempo junto a su familia, convirtiendo el terreno de tacotales a bienes altamente productivos. Explica que el actor no depende de esos bienes, puesto que es educador y vive pleno de su profesión. En esa línea, afirma que el caso no se resolvió con sensibilidad con respecto a lo enunciado en el artículo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. Expresa que se está privilegiando dos documentos que reitera sin incompatibles con un mejor derecho de posesión, lo cual, dice no tiene lógica en tiempos en donde la prevalencia del hombre como único proveedor y cabeza de hogar ha quedado totalmente obsoleto al haber sido siempre una interpretación machista y desigual. Reza que la sentencia se aleja de una adecuada valoración con respecto al vínculo que tienen las demandadas con los terrenos, más allá de un tema meramente económico, el uso y la explotación que ellas hacen de estos fundos resultan fundamentales para reafirmar su pertenencia como personas indígenas. Cita el artículo 14, inciso 1, de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Concluye que, al omitirse la aplicación de normas supraconstitucionales, se está privando a las demandadas a la posesión de los fundos, con perjuicio de su economía al depender de estos, en virtud de no contar con formación superior, y como consecuencia de eso tener que buscar oficios no bien renumerados. 4- Falta de fundamentación. En este apartado expresa que la demanda fue contestada por la accionada; pero, sin patrocinio letrado. Empero, hace saber que cuando la defensa pública asumió la representación de dichas señoras realizó todos los esfuerzos para demostrar las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva. No obstante, indica que la sentencia apelada no se refirió a dichas defensas las cuales son obligatorias hacerlo. Menciona el Voto 58-1994, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Explica que, ante esa omisión se desconoce porque razón se tuvo por acreditado la concurrencia del derecho, así como la legitimación. 5- Inaplicación del artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Agraria al condenar a las demandadas al pago de costas. Sobre este punto refiere que las demandadas tuvieron motivos suficientes para litigar, no lo hicieron bajo ningún tipo de abuso o mala fe, por lo tanto, afirma que era imperativo para la persona juzgadora realizar un análisis amplio sobre la condenatoria en costas del artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Agraria, ponderando las diligencias efectuadas, cuantía del proceso y situación económica de las partes. Protesta que de haberse aplicado esa norma, lo ideal era que cada parte asumiera sus costas, o bien, aplicar la disminución de hasta un cinco por ciento. Como petitoria del recurso, solicita se admita y se declare sin lugar la demanda, acogiendo las excepciones de falta de derecho, legitimación activa y pasiva.

V.- HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: Se avalan los hechos probados 1 y 2, al ser fiel reflejo de las probanzas que existen en el expediente. Sin embargo, con respecto al primero como medio de prueba se agregan los testimonios de Pedro Elizondo Elizondo y Ángel Antonio Silva Silva, así como el peritaje cultural visible en las imágenes 433 a 443, y su ampliación en cuadros 464 a 468.

Se modifica el hecho probado 3, para que se lea así: La Asociación de Desarrollo Indígena de Guatuso reconoce el derecho posesorio a favor de Jahiro Cruz Silva, con respecto al inmueble de tres hectáreas cuyas colindancias son al norte y al sur con Pedro Elizondo, a este con Arnoldo Rojas, al oeste con Jahiro Cruz Silva, ubicado en la Escuela Palenque el Sol, aproximadamente hacia el norte que perteneció a Gregorio Cruz Cruz.

 Se censura el número 4, al tratarse de una apreciación jurídica.

Por parte de esta Instancia se adicionan los siguientes: 5/ El señor Jahiro Cruz Silva y las señoras Elicia Cruz Cruz e Isabel Cristina Cruz Lacayo, son personas indígenas (hecho no controvertido por las partes. Además, se cuenta con prueba documental como lo es la constancia emitida por la Asociación de Desarrollo Indígena de Guatuso, y el recurso de revisión que fue resuelto por dicha Asociación número 545-557, y una constancia emitida por el ente local el 7 de octubre de 2024, visible en las imágenes 6, 25 a 27, 66 a 78 y 92, en donde se reconoce a las partes de este asunto como personas indígenas). 6/ El señor Jahiro Cruz Silva vivió durante su infancia y adolescencia en los dos terrenos en conflicto, esto junto a su núcleo familiar, sea el señor Gregorio Cruz Cruz, la esposa de don Gregorio, y sus primos (testimonios de Pedro Elizondo Elizondo y Ángel Antonio Silva Silva, y documental consistente en una constancia emitida por la Asociación de Desarrollo Indígena de Guatuso, del 28 de agosto de 2013, imagen 6, en donde se establece que don Jahiro vivió junto a la familia de don Greogorio). 7/ El menor Hanzel Barrera Lazo no es persona indígena (declaración de las demandadas en el hecho 4 de la contestación de la demanda, imagen 162, así como criterio vertido por la Asociación de Desarrollo Indígena de Guatuso, en la resolución del recurso de revisión número 545-557, visible en imágenes 66 y 78). 8/ La Asociación Indígena de Guatuso reconoció al señor Jahiro Cruz Silva como la persona que ostenta la tenencia de los dos terrenos objeto del conflicto, el cual uno mide tres hectáreas y el otro cinco hectáreas (documental emitido por la Asociación de Desarrollo Indígena de Guatuso, en la resolución del recurso de revisión número 545-557, visible en imágenes 66 y 78).

VI. - Se admiten el elenco de hechos no probados, al no existir prueba al respecto.

VII. - ANÁLISIS DEL CUADRO FÁCTICO: La presente demanda ordinaria la formula el señor Jahiro Cruz Silva en contra de Elicia Cruz Cruz e Isabel Cruz Lacayo (ver imágenes 107 a 116, del expediente electrónico). En resumen, refiere el actor que es poseedor de dos terrenos situados dentro del territorio indígena de San Rafael de Guatuso (Maleku). El primero le fue donado por el señor Gregorio Cruz y el segundo cuya medida lo es de tres hectáreas se lo adjudicó la Asociación de Desarrollo Indígena. Ambos inmuebles son dedicados a la agricultura y ganadería. Explica que después del fallecimiento de su tío Gregorio Cruz, las accionadas han estado molestando y perturbando la posesión que dice ejerce en ambos terrenos, eso pese a las advertencias de que él tiene documentos que lo acreditan como poseedor del inmueble. Manifiesta que los terrenos han sido trabajados por él, incluso antes de la muerte de don Gregorio, ejerciendo una posesión conjunta. Informa que a raíz de esos problemas interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía de Guatuso, la cual fue tramitada con el número de expediente 13-200290-0630-PE. Empero, en esa instancia se dictó un sobreseimiento definitivo en donde se le instó a acudir a la vía civil o agraria a presentar el reclamo. Explica que después de esa decisión las accionadas no lo volvieron a perturbar, pero, tres meses atrás de haber presentado la demanda iniciaron de nuevo con las perturbaciones. Por su parte, las accionadas contestaron la demanda de forma negativa (cuadros160 a 172). Niegan que el actor haya poseído los terrenos y además cuestionan la validez de la escritura de traspaso en donde obtuvo uno de ellos. Explican que ambos fundos se han encontrado bajo su posesión a través de trabajos que realizan en éstos. Rezan que cuando su hermano estaba en vida (se refieren a don Gregorio), eran ellas quienes le colaboraban con los trabajos en los terrenos. Con respecto a la escritura indican se trató de una maniobra de mala fe por parte del actor, al supuestamente engañar a su hermano con respecto a un posible embargo que podía tener dada una deuda que mantenía con una entidad bancaria. Por otro lado, explican que la propiedad (sin precisar cuál), había sido negociada con don Gregorio cuando estaba en vida, en donde realizaron un cambio de un lote que citan están inmerso dentro de la finca de cinco hectáreas por otro lote de su propiedad y conforme a las costumbres indígenas. Reclaman que el actor no ha querido reconocer ese negocio pese a que han ejercido posesión por más de diez años sobre éste. Sumado a ello, indican que ese negocio fue posterior a la escritura, y pese a eso don Jahiro nunca mostró reclamo alguno. Expresan que no es cierto que el actor haya sembrado productos agrícolas en los terrenos, sino más bien han sido ellas, dada la posesión que mencionan realizaron juntamente con el actor. Además, manifiestan que el actor abandono por muchos años a don Gregorio, y que de hecho el menor Hamzel Barrego Lazo, los acompaño en labores de campo y al quedar desamparado dada la muerte de su hermano, ellas lo acogieron. En ese aspecto, indica que la Asociación ha actuado de forma racista y discriminatoria al despojar a ese menor del terreno por no ser persona indígena pese a que indican fue voluntad de su hermano reconocerlo como hijo. Admiten el hecho referente a la denuncia penal y a su resolución final.

 VIII. - DECISIÓN DEL TRIBUNAL: Este Tribunal procederá en primer orden a resolver los agravios vinculados a la forma. En este aspecto, de acuerdo con el resumen que hizo esta Instancia en el considerando IV, punto 4, la parte alega que el fallo carece de fundamentación en virtud de que el Juzgado no resolvió las excepciones, las cuales, dice más allá de ser catalogadas como tales son en realidad presupuestos necesarios para que una acción proceda en sede judicial. En ese aspecto, no lleva razón la parte recurrente. De la lectura de la sentencia se extrae que la persona juzgadora elaboró un elenco de hechos probados indicando el medio de prueba que le permitió arribar al mismo (ver considerando I), y también razonó sobre hechos controvertidos que no fueron acreditados en el proceso (considerando II). Asimismo, realizó un análisis de la prueba de peritaje cultural (considerando III) y las posiciones que tuvieron las partes en torno al conflicto (considerando IV). Ahora bien, en el considerando V resolvió el fondo del asunto. En ese apartado se logra visualizar que la persona juzgadora identificó la acción como de mejor derecho de posesión y analizó tanto la legitimación activa, así como la pasiva. De hecho, parte de los agravios de fondo son referidos a la inconformidad que la parte tiene con respecto a la decisión y valoración plasmada en la sentencia. En el considerando VI, se realizó un análisis de la prueba, sea de la declaración de parte, las testimoniales y la documental. Por último, en el considerando VII se establecieron las conclusiones y la decisión que luego fue consignada en la parte dispositiva de la sentencia. Por lo anterior, no encuentra este Tribunal ningún vicio de nulidad por falta de fundamentación de la sentencia y por ende el agravio se rechaza por infundado.

 IX. - DERECHO CONSUETUDINARIO INDÍGENA: Con respecto a los agravios enumerados en el considerando IV de esta sentencia como 1 y 2, al estar vinculados, se procederán a resolverlos de forma conjunta. En síntesis, la protesta recae en la indebida valoración de la prueba y la errónea aplicación del derecho que apuntan las recurrentes se consignaron en la pieza apelada. Previo a resolver estos embates resulta preciso realizar algunas consideraciones en torno al régimen de la propiedad colectiva indígena y las diferencias que existen al momento de resolver estos temas de tenencia de tierra a la luz del Derecho Consuetudinario. En ese orden de ideas, este Tribunal ha venido reflexionando sobre los alcances de la propiedad indígena en razón de la importancia y vínculo que tiene para estas poblaciones originarias. En ese aspecto, en el Voto 20240000293, del 19 de marzo de 2024, se indicó: "La propiedad indígena tiene a su vez una función distinta en la sociedad y su estructura lo es también diversa, debido a la forma como se ejerce ese derecho colectivamente. De esta forma se trasciende de la naturaleza productiva, o del uso y goce de un bien, como aspectos normalmente caracterizadores del dominio, para integrar otros aspectos culturales y humanos esencialmente relevantes en el contenido del régimen jurídico de los territorios indígenas". Dentro de los fines de la propiedad indígena lo es la preservación de su cultura y legado, con el fin de transmitirlo a las futuras generaciones, lo cual, a partir de ese motivo se establece un elemento diferenciador con respecto a las reglas que se regulan a la propiedad tradicional. Es decir, en virtud de la aplicación del Derecho Consuetudinario indígena las reglas del sistema de jerarquía de normas varían al momento de resolver disputas judiciales en donde participan estas personas y el conflicto se contextualice dentro de sus territorios. En ese sentido, se afirma por parte de la doctrina que: "... tratándose  de  conflictos  que deben    resolverse    a    través    del    Derecho    consuetudinario,   la   jerarquía   cambia.   La   costumbre   pasa   entonces   a   tener   rango   prioritario.  Pero  ello  no  fue  contemplado  en  ninguna  norma  escrita  que  regulase  el  tema  de  las  fuentes  normativas,  precisamente  por  la  invisibilidad  de  las  poblaciones  indígenas  y  su  cultura;  problema  que  históricamente  ha  sucedido  en  Costa  Rica,  especialmente  en  lo  que  respecta  al  plano  jurídico  normativo  formal (legislación local) ... Pero    cuando    hablamos    de    Derecho consuetudinario, estamos hablando de algo más amplio, dado que es un concepto que relaciona la  costumbre  con  la  cosmovisión  (manera  de  ver e interpretar el mundo) y los valores. No se trata entonces de una pauta aislada o específica, sino de un sistema integral de reglas, por medio del cual se dan soluciones a las controversias en  los  diversos  ámbitos  de  la  vida.  Dicho  sistema   se   caracteriza   por   su   transmisión   oral  y  por  su  relación  con  la  identidad  social  de  la  comunidad.  Tratándose  de  poblaciones  indígenas, se enfoca en derechos colectivos, en la solidaridad grupal, en trámites flexibles y en el respeto del equilibrio ambiental ..." (Alpízar Rodríguez, R. (2025). Aspectos básicos de la interculturalidad y la pluriculturalidad: su impacto en las fuentes del Derecho privado costarricense en relación con el Derecho consuetudinario indígena. Sapientia, 16(1), 71–94. https://doi.org/10.54138/27107566.644). Sumado a lo anterior, debemos de recordar que nuestra Constitución Política sufrió una reforma constitucional en su artículo 1 (Ley N° 9305 del 24 de agosto de 2015), en donde se reconoce que Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural. Sin duda alguna este reforma conlleva a un cambio de visión de Estado, el cual, la administración de justicia debe de valorar al momento de conocer, resolver y ejecutar los asuntos sometidos a su jurisdicción (doctrina del artículo 153 de la Constitución Política), bajo el respeto de la diversidad cultural que existe en nuestro país aplicando reglas propias de estos sectores a la luz de la cosmovisión y costumbres que han tenido durante mucho tiempo y que se busca preservarlas para las futuras generaciones. Lo anterior, también lo encontramos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en sus artículos 1, 5, inciso a y b, 7, 8, 9, 12, 13, 17, solo por mencionar algunos, en donde se recalca el deber de los estados de respetar las costumbres y cosmovisión indígena en temas como lo son la resolución de sus conflictos y la forma de transmitir los derechos dentro de la comunidad. Asimismo, la Convención Americana sobre Pueblos Indígenas en los cardinales 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 25 y 26, establece el respeto a las estructuras tradicionales que rigen a estas poblaciones. Por su parte, a nivel interno contamos con la Ley de Acceso a la Justicia de los pueblos indígenas de Costa Rica (N°9593), la cual, en su artículo 1 establece: "El Estado costarricense deberá garantizar el acceso a la justicia a la población indígena tomando en consideración sus condiciones étnicas, socioeconómicas y culturales, tomando en consideración el derecho indígena siempre y cuando no transgreda los derechos humanos, así como tomando en cuenta su cosmovisión". Todo este sistema normativo pretende que se respete la autonomía de las comunidades indígenas, su uso y costumbre que rige en estas poblaciones, y se sensibilice a la hora de conocer estas causas bajo la cosmovisión de vida de los pueblos originarios. Asimismo, es relevante aclarar que cada población, etnia y territorio, pueden diferir en la forma de resolver sus controversias, transmitir sus derechos, y aplicar sanciones internas, por lo que no es plausible estandarizar una regla en concreto para todas las poblaciones, pues eso iría en contra de las disposiciones internacionales de derechos humanos, la misma Constitución nuestra, y las leyes internas que rigen esta materia.

 X. – La prueba de peritaje cultural resulta vital valorarla, eso sí, en conjunto con los demás elementos de prueba para resolver las disputas tomando en cuenta que "... antes de aplicar la legislación nacional para dar solución al conflicto sometido a análisis en este proceso, es preciso conocer primero si efectivamente las personas involucradas son indígenas, y en tal caso, cuáles son las costumbres o el derecho consuetudinario de las personas indígenas de la Comunidad Indígena Ngöbe Buglé. Resulta de particular interés en este caso, disponer de un peritaje cultural antropológico que coadyuve en ofrecer información relevante para la toma de decisiones en sede judicial sobre la solución que debe darse a este conflicto...”. En el caso de marras, el Juzgado de forma oficiosa ordenó la práctica de un peritaje cultural (imágenes 433 a 443), en donde se analizó la forma de transmisión de los territorios y el desarrollo familiar, así como el vínculo en entre estos para la distribución de los territorios. La prueba analiza la situación de la población indígena Maleku desde la problemática que tienen en virtud del desequilibrio social, pérdida de sus terrenos, su cultura, la disminución de su población y la pérdida de la figura del cacique como poder principal. El informe consignó: " Después de que la reserva se conformó a los años empezó a generarse mucha más presión la cual esta (sic) llevando a las personas a una competencia por los terrenos, por lo cual ahora las personas más jóvenes no están respetando en primera instancia las autoridades internas indígenas, por lo que ante cualquier problema acuden a las leyes costarricenses generando una serie de problemáticas. En Primer lugar la ADI(Asociación de Desarrollo Indígena) es la que tiene potestad de todos las propiedades del terreno, por lo tanto no deberían existir problemas de tenencia de tierra dado que el territorio es de propiedad comunal y no privada. La repartición de las tierras se hacía por familias que las trabajaran y produjeran sus bienes, según la tradición las personas cuando estaban cerca de su muerte expresaban una voluntad sobre quien debería continuar con su terreno, esta voluntad es indiferente si se trataba a un hijo o una hija, o sus hermanos o hermanas o bien como se dio en muchos casos delegaba el uso a una persona que había trabajado con la persona durante su vida. Si no existía tal voluntad la encargada de dar el beneficio para usar los terrenos era la ADI que entendiendo bajo el consejo de sus miembros brindaba a alguna persona ese beneficio ...". Asimismo, el informe pone en contexto que muchas personas no están conforme con las decisiones de la Asociación de Desarrollo y de esa forma acuden a los tribunales, resaltando la persona perita que la etnia maleku desconfía la capacidad misma de resolver problemas, por lo cual, buscan personas más capacitadas para hacerlo. Se cita el caso de Eustaquio Castro, el cual se encontraba muy enfermo, por ese motivo, relata que los miembros de la Asociación acudieron a él con el fin de verificar cuál sería su última voluntad con relación al terreno, lo cual, refiere así lo hizo. Empero, al momento de su fallecimiento se dio la situación de que sus propios hermanos acudieron a la Asociación con el fin de consultar como iba a quedar la resolución del terreno, y este órgano les manifestó la voluntad del causante, sin embargo, no lo quisieron aceptar. También, el peritaje explicó el sistema de parentesco y su influencia en los territorios, indicando lo es bilineal, por lo que, no es tradicional como otros sistemas de filiación en donde prevalece el linaje sobre la madre o el padre, en este caso, dice, es parecido a otras sociedades en donde hay una dispersión social que obliga a fortalecer las relaciones familiares con el propósito de supervivencia cultural. En ese sentido, el informe consignó: "... La importancia con este sistema refiere a la forma de delegar los territorios los cuales podía hacerse en sin importar a cualquier hijo o hija sin importar el género o si es el primogénito, lo más usual es que se de Padre (sic) hombre a hijo hombre. Igualmente se da muchos casos que pueda delegarse el terreno a un hijastro o bien a algún hijo de otra persona que haya cuidado desde niño y considere como su hijo ... Por lo tanto y respondiendo a la pregunta del peritaje, no existe restricción alguna por el sistema de parentesco a que un ahijado sea el beneficiario del terreno si existe la voluntad del fallecido y esta decisión es más valiosa y otorga más derecho incluso sobre cualquier lazo de familia como hermanos o bien hijos propios ...". El peritaje consignó sobre la solución legal que brindan la población maleku ante los casos de disputa de tierra: "... Las personas Malekus que he entrevistado para este caso han sido coincidentes en hacer una llamado a las autoridades judiciales y tiene que ver con el misma legalidad. El Derecho a que se les respete su autonomía, el derecho a que se les respete sus formas tradicionales de tomar decisiones, el respeto al derecho nacional en cuanto la legislación indígena, el derecho internacional contemplado y ratificado por Costa Rica y finalmente el derecho humano como grupo humano en condiciones vulnerables ...". El peritaje cultural fue ampliado según se desprende de las imágenes 464 a 468 del expediente digital. Dentro de los aspectos consignados lo fue la forma de determinar la transmisión de bienes y los alcances e implicaciones legales y representativas de los padres de crianza. Sobre el primer aspecto se dictaminó: “En esta pregunta se hizo un análisis profundo en como la cultural maleku ha transmitido los bienes comunes en cuanto sus territorios, se hace esta con base a la historia de la comunidad explicando los cambios históricos desde siglos pasados que han determinado los cambios sociales en torno al tema, se hace basado en la historia sociocultural dado que se esta (sic) preguntando sobre el pasado, sobre las formas históricas y culturales y sus transformaciones hasta llegar a las formas y prácticas hoy en día aceptadas”. Acerca del otro punto, determinó que los padres de crianza deciden por la propia voluntad que sean los hijastros quienes continúen a cargo del terreno que se les ha otorgado, siempre y cuando sean personas indígenas, pues de lo contrario no podrían ser sujetos para heredar los terrenos. En esa misma ampliación al perito se le consultó: “En relación con la forma de heredar los terrenos bajo posesión según su investigación en la cultura Maleku, si era necesario, o no, que la voluntad del testador en este caso del ahora difunto Gregorio Cruz Cruz fuera del conocimiento de los miembros de la ADI (Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indigena (sic))(Indígena) de ese momento, para que tuviera valides (validez), o bien, que esta voluntad quedara plasmada en las actas de los libros de las sesiones que para esos efectos llevaba dicha en(dad. O bien, si era suficiente con que la colectividad en este caso la comunidad Maleku conociera de la voluntad del testador”. El perito en este punto contestó que la influencia de la cultura costarricense ha motivado a cada día las personas indígenas recurran a las instancias legales en busca de dejar constancia en torno a la tenencia de las tierras. Además, dijo que existe una contradicción entre las personas entrevistadas, quiénes por un lado piden se respete las leyes indígenas, pero, por otro lado, aprueban escrituras de notarios para legalizar las voluntades de las personas que fallecen. Empero, menciona haber entrevistado a don Emigdio Cruz sobre ese tema, respondiendo que lo ideal es que las personas acudan a la ADI para dejar constancia de los traspasos de terrenos, pero, también es viable hacerlo mediante escritura pública notarial.

 XI. - La parte demandada recurre el fallo alegando que la sentencia tuvo por comprobada la legitimación activa con base en un documento en donde se trasladó el dominio, los cuales, menciona no es un medio idóneo de prueba para acredita los actos posesorios. Asimismo, cuestiona que ese documento se hizo sin tomar en cuenta una coposesión que dicen ejercían cuando don Gregorio se encontraba en vida, y protestando por lo fluctuantes que dice son las decisiones de la Asociación de Desarrollo. Sobre la legitimación pasiva señala que, han ostentado los terrenos a través de esa coposesión que refieren llevaban a cabo con su hermano Gregorio, además, de mantener un acto posesorio mejor que el del actor. También, se muestran inconformes por la valoración que se le dio al peritaje cultural, por cuanto, sostienen que se analizó solo desde la cosmovisión y pensamiento tradicional indígena, obviando el análisis de los presupuestos de la acción publiciana o de mejor derecho de posesión. En estos extremos, se le hace saber a las partes como se indicó en el considerando anterior que al estar el conflicto inmerso dentro de un territorio indígena, y participar personas de esa comunidad, no puede resolverse con las reglas de la normativa privada común, contenidas básicamente en el Código Civil y que se inspiran y fundamentan en valores y reglas diferentes a las del Dercho Consuetudinario Indígena. Independientemente que las partes, o bien, el Juzgado haya denominado esta acción como publiciana, lo cierto es que debe resolver el problema de la tenencia de los dos terrenos objeto del proceso, con la solución que resulte del Derecho Consuetudinario para este caso concreto; dado que cada caso debe además analizarse según su contexto. Con base en lo anterior, podríamos más bien calificar este conflicto como de protección de la tenencia de la tierra indígena, en donde se deben acreditar los siguientes presupuestos: legitimación activa, la persona reclamante debe de ser indígena, y el terreno en cuestión lo debe poseer de manera legítima, es decir, respetando las reglas que la comunidad particular tenga al respecto para definir cómo debe ejercerse la tenencia de un área concreta del territorio indígena por cada uno de sus individuos o grupos familiares. En este caso, según el peritaje cultural, debe respetarse lo que se haya dispuesto por las autoridades comunitarias de la población según las reglas propias de transmisión; legitimación pasiva, la parte accionada debe ser quien perturba la tenencia en forma indebida, al no respetar el reconocimiento comunitario que le fue conferido a la parte accionante sobre el terreno en disputa, para que ejerza el atributo de posesión de la propiedad colectiva indígena; identidad del bien, en este caso el fundo reclamado debe de encontrarse en territorio indígena, y lo reclamado por la parte actora debe de ser lo mismo que es objeto de la perturbación ejercida por la parte accionada; derecho, en casos como el presente, no está en disputa un derecho subjetivo individual ni se puede otorgar tutela en ese sentido; lo que se protege es el ejercicio del atributo de posesión de la propiedad colectiva indígena, por lo que deben de aplicarse las reglas y costumbres internas de la población indígena, para salvaguardar la tenencia de la tierra que le ha sido conferida a uno de sus integrantes; interés actual, la parte actora debe tener motivo o interés legítimo y vigente a la hora de plantear la demanda, el cual debe de existir también cuando se resuelva el conflicto, siendo necesaria la intervención del sistema judicial para que cese la perturbación reclamada. Así las cosas, no lleva razón la parte apelante en cuanto a que se valoró indebidamente la prueba y se aplicó erróneamente el derecho conforme a lo explicado. Nótese que la parte actora si logró cumplir con la legitimación activa al acreditar, primero, ser persona indígena de la comunidad Maleku, y por otro lado, ser acreedor de los bienes respetando el uso tradicional y las reglas de la comunidad indígena. En ese sentido, no es hecho controvertido que todas las partes intervinientes son personas indígenas de la comunidad Maleku, esto además, se comprueba con diversas documentales que fueron incorporadas al expediente, como lo son la constancia emitida por la Asociación de Desarrollo Indígena de Guatuso, y el recurso de revisión que fue resuelto por dicha Asociación número 545-557,  y una constancia emitida por el ente local el 7 de octubre de 2024, visible en las imágenes 6, 25 a 27, 66 a 78 y 92. En esas mismas documentales se determina que el actor fue reconocido por parte de la Asociación de Desarrollo Indígena de Guatuso como la persona que debe ostentar la tenencia de los dos terrenos en disputa, esto al ser hijo de crianza de don Gregorio Cruz, lo cual, también se acreditó con los testimonios de Pedro Elizondo Elizondo y Ángel Antonio Silva Silva. Es decir, si hubo un reconocimiento de las autoridades indígenas de la comunidad sobre ese punto; reconocimiento que respeta las reglas internas de la comunidad, sin que exista prueba que desvirtué ese aspecto. Ahora bien, conviene valorar en el contexto de la población indígena Maleku el tema de la transmisión de terrenos y cuál es el órgano interno legitimado para dirimir las diferencias que puedan existir a lo interno de la comunidad sobre ese tema. Valorada la prueba de peritaje cultural considera este Tribunal que se cumplió el orden interno de la comunidad, primero, al respetarse la voluntad de don Gregorio, la cual fue incluso ratificada en la escritura pública número 79, de la notaria Lolita Arias Sánchez, y segundo, por ser la Asociación el órgano que los representa internamente. Aunque  puedan existir inconformidades sobre el actuar de ese órgano, especialmente derivadas de los cambios de integración, para el caso concreto no es un aspecto que conlleve revocar lo resuelto en la sentencia apelada. En este particular debe resaltarse que este órgano de apelación no está valorando esta probanza -la escritura pública- como un medio de adquisición de la posesión como normalmente se hace en el derecho común, sino que constituye un medio de prueba más en el cual se ratifica la última voluntad de un integrante de la comunidad indígena Maleku en relación con la transmisión de la tenencia de los bienes que tenía, conforme a sus tradiciones actuales (dado que la costumbre es un factor que evoluciona). La parte accionada durante la demanda alegó que don Gregorio fue presionado y engañado y para eso aportó los testimonios de Eliecer Marín Blanco y Aniceto Blanco Vela, empero, valorados ambos, en conjunto con los testimonios de Pedro Elizondo y Ángel Antonio Silva, considera esta Cámara no se logra acreditar dicha situación. En el caso de Pedro Elizondo declaró ser colindante de don Jahiro, anteriormente de don Gregorio, y expresó que dicha persona dispuso en vida darle el terreno al actor, esto dado el cariño que ambos se tenían por ser hijo de crianza. El testigo Ángel Silva expresó lo mismo, de hecho, es importante establecer que él es hijo de don Gregorio, y mencionó que esa fue la voluntad de su padre, y hasta recalcó que su núcleo familiar directo como lo es él, no ha presentado reclamo alguno para respetar la última voluntad de su padre. Elicer Marín Blanco dijo que don Gregorio le informó que quería dejarle la finca Miraley a sus hermanas, y citó que él hizo un cambio de lote con dichas parientes. Empero, este Tribunal no le da credibilidad a esta declaración por cuanto es una vecina que refirió en su testimonio que conversaba a menudo con don Gregorio, pero, lo cierto es que con la escritura pública referida don Gregorio culminó su última voluntad sobre uno de los terrenos. El testigo Aniceto Blanco Vela declaró que fue presidente de la Asociación, que los terrenos le fueron entregados a don Gregorio, y que sus hermanas, sean las demandadas, le ayudaban con los trabajos, y cuando él falleció ellas siguieron ejerciendo labores en los fundos en disputa. Expresó que nunca vio a Jairo trabajando la finca, y que el causante le hizo el traspaso del terreno a Jahiro para evitar un embargo bancario. Hasta mencionó que don Gregorio quería a un niño de nombre Hamzel como su hijo, el cual está al cuido de las accionadas, y quién además no es persona indígena, tal y como lo aceptan las mismas demandadas en la contestación. Ese testimonio tampoco merece credibilidad en virtud de que don Aniceto, aunque está separado de doña Elicia, declaró que siguen siendo esposos, por lo cual, se presume existe un interés en el caso, además, niega que don Jahiro haya trabajado en el terreno, lo cual es contradictorio con lo declarado por don Ángel, hijo de don Gregorio. Por ello, al ser don Ángel parte del núcleo familiar directo este Tribunal le brinda mayor credibilidad a su declaración por tener conocimiento directo de lo acontecido en su núcleo familiar. Estos aspectos son valiososos porque de los interrogatorios, se desprende se abordó el caso como un tema de índole posesorio a resolverse con las reglas legales que rigen la posesión agraria privada individual, cuando lo importante en este tipo de conflictos indígenas, es determinar cuáles son sus reglas de tenencia de terrenos para una época dada, en función del contexto del caso concreto, es decir, determinar las reglas y costumbres de la comunidad indígena aplicables al caso concreto. Por ese motivo, para esta Instancia si existe legitimación activa por parte del actor al ser persona indígena y contar con el aval de la comunidad, por medio de la Asociación de Desarrollo, para ostentar la tenencia de los terrenos en disputa.

 XII. - Otro de los reclamos expuestos en el recurso lo es lo fluctuante de las decisiones de la Asociación de Desarrollo. Sobre el tema, este Tribunal ha venido reconociendo con respecto a la autonomía de los pueblos indígenas para resolver sus propios conflictos y la ejecutoriedad que puedan tener las resoluciones o acuerdos internos de los órganos facultados para hacerlo (ver Voto 599-2018). En el caso bajo estudio, es innegable obviar que la Asociación de Desarrollo Indígena de Guatuso enfrenta varios problemas debido a los cambios de personas integrantes de las juntas directivas. Sin embargo, no resulta viable para este órgano de apelación que esos cambios influyan para resolver el caso en concreto en análisis. Es decir, en este caso como se explicó en el considerando anterior y en donde se analizó la prueba de peritaje cultural, es factible que una persona indígena maleku, tenedor o tenedora de una tierra, decida a quién le va a heredar una vez que haya fallecido, sin ser relevante si es hijo o hija, puede ser un hijastro o hijastra, o incluso, una persona que haya críado como tal. En este caso, así fue, y la Asociación lo ratificó tanto en la constancia expedida el 28 de agosto de 2013 (imagen 6) y la resolución del recurso de revisión número 545-557, visible en imágenes 66 y 78. El hecho de que una nueva integración de la Asociación cambie de parecer, debe de analizarse con suma prudencia, bajo las reglas y costumbres de la comunidad. Por esas razones, en ese extremo perecerá su reclamo. Sumado a lo anterior, resulta preciso aclararle a las apelantes que las Asociaciones de Desarrollo Indígena no son un órgano administrativo, puesto que, su naturaleza es privada y constituidas con el objeto de servir de instrumento de concertación de los esfuerzos gubernamentales, municipales y comunales, en la realización de proyectos de interés común que contribuyan al desarrollo económico y social de un país, “… No obstante la declaratoria de interés público y de los privilegios y exoneraciones que les brinda la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, tales asociaciones se rigen por el derecho privado y los principios de éste. Entre ellos, el principio de la "autonomía de voluntad", de conformidad con el cual, los particulares pueden realizar todo aquello que no esté prohibido por la ley …” (Dictamen C-014-1999, Procuraduría General de la República). En el caso de las Asociaciones Indígenas fueron creadas para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones referidas en el artículo 2 de la Ley Indígena (artículo 3, del Reglamento a la Ley Indígena). Además, son reconocidas como autoridad en esas comunidades armonizados junto con otras figuras representativas acorde al Derecho Consuetudinario indígena.

 XIII. – En relación con la legitimación pasiva, tampoco lleva razón las apelantes. Independientemente de si las demandadas fueron o no coposeedoras -lo cual tampoco se probó debidamente- junto con el señor Gregorio Cruz, antes de su muerte, o bien, se hayan mantenido realizando labores en los terrenos base de esta demanda, resulta irrelevante para el caso, por cuanto, se reitera, no procede aplicar las reglas de la posesión que rigen en el derecho común, sino el Derecho Consuetudinario de la población indígena Maleku. En síntesis, la parte actora sí logró acreditar los presupuestos de legitimación activa, pasiva y derecho, con respecto a la acción de defensa de la tenencia de tierra. Por esas razones, se censura el reclamo.

 XIV. - El tercer agravio tiene que ver con la supuesta inobservancia de derechos supraconstitucionales en pro de la igualdad de la mujer. Exponen las recurrentes que el fallo, al valorar escritura pública de donación de don Gregorio Cruz al actor, sobre uno de los terrenos, minimiza los derechos de las mujeres, lesiona la igualdad que tienen dichas mujeres con respecto a los hombres. En este otro reclamo tampoco tiene razón las apelantes. En primer orden, conforme se ha venido explicando en conflictos indígenas rige la aplicación del Derecho Consuetudinario. Bajo esas reglas, el peritaje cultural determinó que la transmisión de los terrenos puede ser a un hijo, hija, hijastro, hijasta, o alguna persona integrante de la familia. Por ende, lo decido en la sentencia apelada, respeta dichas reglas internas y no por ello se puede calificar esa decisión de discriminatoria o contraria a derechos fundamentales. Además, en la declaración de parte que se le practicó a doña Isabel se extrae que dicha persona ostenta otro terreno dentro de la comunidad indígena. Asimismo, cuando dichas accionadas contestaron la demanda sostuvieron: "... indicamos que en esta propiedad la suscrita Isabel Cruz Lacayo había realizado un intercambio de terreno conforme a la cultura indígena y entonces le cedí un lote de mi propiedad a cambio de otro lote que recae dentro de esas 5 hectáreas que menciona el aquí demandado .... " (imágenes 160 a 172). Aparte de que no se probó ese intercambio, lo dicho evidencia que en la costumbre Maleku no se discrimina a las mujeres. De la prueba analizada de forma integral, se debe concluir que en este caso en concreto la decisión comunitaria no beneficia a las demandadas por cuanto la última voluntad del causante fue dejarle ambos inmuebles a su hijo de crianza, sea el actor. Esta protesta debe rechazarse por infundada.              

 XV. - Por último, el quinto agravio tiene relación con la condenatoria en costas que sancionó el Juzgado con respecto a la inaplicación del artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Agraria. En este extremo tiene razón la parte recurrente. Este Tribunal ha venido estableciendo una línea de criterio en torno a la imposición de costas del proceso cuando las personas han litigado al amparo de la Defensa Pública y a su vez son personas indígenas. En el Voto 2024000440 del 07 de mayo de 2024 se dispuso:  "... En este orden de ideas, se observa que en la especie ambas partes litigaron con el patrocinio de la Defensa Pública (apersonamientos en imágenes 24 y 108 del expediente electrónico), de forma tal que de los autos no se deriva, se hayan generado realmente costas personales a la parte demandada.  Aunado a lo anterior, se observa, ambas partes son personas indígenas que han litigado con el patrocinio de la Defensa Pública.  Sobre el particular, el ordinal 7 de la Ley No. 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica, dispone que “en aquellos procesos judiciales en que una persona indígena requiera asistencia letrada y no pueda cubrir los costos, la administración de justicia proveerá la asistencia de una persona defensora pública especializada en derecho indígena y en la materia de competencia de forma gratuita”, de forma tal que existe un reforzamiento del principio de gratuidad para estas poblaciones. En el subjúdice, tal norma debe de ser integrada en la aplicación del ordinal 55 de la Ley de Jurisdicción Agraria que estatuye la posibilidad de eximir en costas bajo ciertas circunstancias.  De ahí que en consonancia con el deber del Estado de garantizar el acceso a la justicia a la población indígena “tomando en consideración sus condiciones socioeconómicas” (artículo 1 de la Ley No.9593), lo procedente es revocar ese aspecto del fallo para resolver sin especial condenatoria. Además, nótese que es el Estado el que ha asumido la prestación del servicio, para los fines de la citada ley, de ahí que sea discordante con los mismos el condenar a las personas indígenas a pagarle costas ...". Con fundamento en lo anterior, considere este órgano mantener ese criterio y en consecuencia, revocar de la sentencia la condenatoria en costas impuesta por el Juzgado.

 XVI. - Tomando en consideración que en este asunto se solicitó una persona intérprete con el fin de traducir lo sucedido durante la audiencia de juicio a las demandadas, resulta necesario se nombre también para la comunicación y comprensión de esta sentencia (ver precedente emitido por este Tribunal en el Voto 592-F-2020).  Lo anterior es en cumplimiento de las Reglas Prácticas para Facilitar el Acceso a la Justicia de las Poblaciones Indígenas, aprobadas por el Consejo Superior del Poder Judicial en la Sesión sesión N° 77-08 del 14 de octubre del año 2008, así como la Circular de la Secretaría General de la Corte No. 44-09 sobre la Intervención de Intérpretes de Lenguas Indígenas en los Procesos Judiciales, y tomando en consideración las Reglas de Brasilia, con el fin de cumplir con una política de fortalecimiento en la prestación del servicio público que nuestra Institución brinda a los usuarios y usuarias indígenas. Teniendo su fundamento jurídico el artículo 28 del Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Ley 9593: Acceso a la justicia de los pueblos indígenas de Costa Rica, que específicamente en el artículo 6 dice: " Derecho a una persona intérprete y traductora costeada por el Estado. El Poder Judicial deberá facilitar, sin costo alguno, la asistencia de personas intérpretes y traductoras en todos los procesos en que participe una persona indígena que requiera esta asistencia y no pueda cubrir los costos. Se deberá propiciar que las mujeres indígenas sean atendidas por intérpretes de mismo género. Estos auxiliares serán nombrados de una lista oficial, respetándose las costumbres y las normas culturales de la persona indígena. No obstante, la persona indígena podrá nombrar a una persona intérprete de su confianza". Comuníquese de esta forma a través del Juzgado una vez firme esta resolución.

POR TANTO:

 Se rechaza la nulidad invocada. Se revoca el fallo apelado, únicamente en cuanto a la condenatoria en costas. En su lugar, se resuelve el proceso sin especial condenatoria en costas. En lo demás, se confirma la sentencia en lo que ha sido objeto de apelación. Debe comunicarse esta sentencia y sus alcances a las personas indígenas intervinientes, para la comprensión de lo aquí resuelto, lo anterior mediante el intérprete nombrado en autos o cualquier otro u otra para la traducción al idioma propio de su comunidad indígena. Comuníquese de esta forma a través del Juzgado una vez firme esta resolución.

 

 

 

 

 

	


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GEISON LOPEZ BARRANTES - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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RUTH ALPIZAR RODRÍGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 16-000011-1520-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:13:58.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**IX. - INDIGENOUS CUSTOMARY LAW:** [...] this Court has been reflecting on the scope of indigenous property due to the importance and bond it holds for these original populations. In that regard, in Ruling 20240000293, of March 19, 2024, it was stated: "Indigenous property has, in turn, a different function in society and its structure is also diverse, due to the way that right is exercised collectively. In this way, it transcends the productive nature, or the use and enjoyment of a good, as aspects normally characterizing ownership, to integrate other cultural and human aspects that are essentially relevant in the content of the legal regime of indigenous territories." Among the purposes of indigenous property is the preservation of its culture and legacy, in order to transmit it to future generations, which, for that reason, establishes a differentiating element with respect to the rules that regulate traditional property. That is, by virtue of the application of Indigenous Customary Law, the rules of the system of hierarchy of norms vary when resolving judicial disputes where these persons participate and the conflict is contextualized within their territories. In that sense, it is affirmed by doctrine that: "... when dealing with conflicts that must be resolved through Customary Law, the hierarchy changes. Custom then takes on priority rank. But this was not contemplated in any written norm that regulated the subject of normative sources, precisely due to the invisibility of indigenous populations and their culture; a problem that has historically occurred in Costa Rica, especially with regard to the formal normative legal sphere (local legislation) ... But when we speak of Customary Law, we are talking about something broader, given that it is a concept that relates custom to cosmovision (way of seeing and interpreting the world) and values. It is not, then, an isolated or specific guideline, but rather an integral system of rules, through which solutions to controversies are given in the various spheres of life. Said system is characterized by its oral transmission and by its relationship with the social identity of the community. In the case of indigenous populations, it focuses on collective rights, group solidarity, flexible procedures, and respect for environmental balance ..." (Alpízar Rodríguez, R. (2025). Basic aspects of interculturality and pluriculturality: their impact on the sources of Costa Rican private Law in relation to indigenous Customary Law. Sapientia, 16(1), 71–94. https://doi.org/10.54138/27107566.644). Added to the above, we must remember that our Political Constitution underwent a constitutional reform in its article 1 (Law No. 9305 of August 24, 2015), where it is recognized that Costa Rica is a democratic, free, independent, multiethnic, and pluricultural Republic. Without a doubt, this reform entails a change in the State's vision, which the administration of justice must assess when hearing, resolving, and executing matters submitted to its jurisdiction (doctrine of article 153 of the Political Constitution), under the respect for the cultural diversity that exists in our country, applying the specific rules of these sectors in light of the cosmovision and customs they have had for a long time and which are sought to be preserved for future generations. The foregoing is also found in Convention 169 of the International Labour Organization, in its articles 1, 5, subsections a and b, 7, 8, 9, 12, 13, 17, just to mention a few, where the duty of states to respect indigenous customs and cosmovision is emphasized in matters such as the resolution of their conflicts and the manner of transmitting rights within the community. Likewise, the American Convention on Indigenous Peoples in articles 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 25, and 26, establishes respect for the traditional structures that govern these populations. For its part, at the internal level, we have the Law on Access to Justice for Indigenous Peoples of Costa Rica (No. 9593), which, in its article 1, establishes: "The Costa Rican State shall guarantee access to justice to the indigenous population taking into consideration their ethnic, socioeconomic, and cultural conditions, taking into consideration indigenous law as long as it does not transgress human rights, as well as taking into account their cosmovision." This entire normative system aims to ensure respect for the autonomy of indigenous communities, their uses and customs that govern these populations, and to raise awareness when hearing these cases under the life cosmovision of the original peoples. Likewise, it is relevant to clarify that each population, ethnicity, and territory may differ in the way they resolve their controversies, transmit their rights, and apply internal sanctions, so it is not plausible to standardize a specific rule for all populations, as that would go against international human rights provisions, our own Constitution, and the internal laws governing this matter [...].

...

Other References: American Convention on Indigenous Peoples in articles 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 25, and 26.

Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments
Text of the resolution
EV Machote Generation: E:\\GESTION-JUDICIAL\\SERVIDOR DE ARCHIVOS\\MODELOS\\CIVIL\\TGTRIB009.dpj

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FILE:

16-000011-1520-AG - 3

PROCEEDING:

ORDINARY

PLAINTIFF:

JAHIRO CRUZ SILVA

DEFENDANT:

ELICIA CRUZ CRUZ

 

RULING No. 2025000760

 

AGRARIAN COURT. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At twenty hours and forty-eight minutes on the eleventh of August, two thousand twenty-five.-

ORDINARY PROCEEDING filed by JAHIRO CRUZ SILVA, of legal age, married once, farmer, Maleku indigenous person, resident of the Guatuso Indigenous Territory, with identity card number one - one thousand two hundred fifty-six - six hundred seven; against ELICIA CRUZ CRUZ, of legal age, married once, homemaker, Maleku indigenous person, same domicile as above, with identity card two - three hundred fourteen - seven hundred sixty-six; ISABEL CRISTINA CRUZ LACAYO, of legal age, single, homemaker, Maleku indigenous person, resident of the same indigenous territory, with identity card two - four hundred twenty-two - eight hundred seventeen. Appearing as an interested party is the ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE GUATUSO, legal identification number three - zero zero two - zero sixty-one thousand seven hundred forty-six, represented by Alfredo Acosta Blanco, of legal age, identity card two - three hundred fifty-five - seven hundred sixty. Acting as public defender for the plaintiff is attorney Ana Cristina Hernández Steller; for the defendants, attorney Dennis Paniagua Navarro, bar association number twenty-seven thousand one hundred seventy-six. Processed before the Civil and Labor Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela, Upala Venue (Agrarian Matters).

Judge López Barrantes writes; and,

WHEREAS:

I.- OF THE CLAIMS: The plaintiff filed an ordinary lawsuit, valued in the sum of five million colones, requesting that the judgment declare the following: "1.- That I am the legitimate possessor as owner of two pieces of land described in the first fact of this action, namely: ...Lands that are located within the Guatuso Indigenous Reserve, are not registered in the Public Property Registry in my name, since they are located in Palenque El Sol of the Indigenous Reserve of San Rafael de Guatuso, which is the first district, of canton fifteen Guatuso, of the Province of Alajuela. The first measures approximately FIVE MANZANAS. Dedicated to pasture and I had it divided into smaller areas for paddocks. It does not yet have a cadastral plan. It borders to the north with Arnoldo Rojas, to the south with Isabel Cruz Lacayo, to the east with Francisco Elizondo, and to the west with Jimmy Acosta Acosta. The second measures approximately THREE HECTARES and is divided into two paddocks. It does not yet have a cadastral plan. It borders to the north and south with Pedro Elizondo, to the east with Francisco Elizondo, and to the west with the undersigned Jahiro Cruz Silva and Isidro Acosta. The properties, as I reiterate, do not yet have a plan and are divided into paddocks for cattle and I acquired them many years ago. 2.- That I acquired one of the said properties by donation made to me by my uncle Gregorio Cruz Cruz, also known as Cruz Lacayo, through public deed NUMBER (sic) SEVENTY-NINE of the protocol of the notary public LOLITA ARIAS SÁNCHEZ, whose donated land measures the FIVE APPROXIMATE MANZANAS and is described in the first fact of this action, and the other land I acquired by possessory documents, issued by the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Guatuso, which attests that I am the legitimate possessor of at least THREE HECTARES OF LAND, described in the first fact of this action. 3.- That once my better right of possession over said lands described in the first fact of this action is declared, the co-defendants be warned that they cannot enter my farms as many times as they wish, as they have done for at least five years, which is when we began to have land tenure problems. 4.- That consequently, the co-defendants, should they continue with acts of dispossession over the farms in my possession, may be prosecuted for the crime of disobedience to authority, for which certified copies of the proceedings shall be sent to the Public Prosecutor's Office. 5.- The co-actioned parties must replace the boundary fences and gates where they were, the same ones they have damaged through the perturbatory acts perpetrated by them. 6.- That in the event of the co-actioned parties' refusal to replace the fences and gates where they should be, the undersigned is authorized to install them but at their cost, who must pay the cost that this entails. 7.- That the actioned parties be ordered to pay the procedural and personal costs in case of opposition to this action." (See Electronic File images: 107 to 116)

II- ANSWER TO THE COMPLAINT. The defendants Elicia Cruz Cruz and Isabel Cruz Lacayo answered the complaint in a timely manner, without filing exceptions. (See Electronic File images: 160 to 172).

III.- APPEALED RESOLUTION. Judge Armando Guevara Rodríguez of the Civil and Labor Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela, Upala Venue (Agrarian Matters), in judgment number 2022000122, at fifteen hours forty-seven minutes on the thirtieth of May, two thousand twenty-two, resolved: "THEREFORE: In accordance with all the foregoing considerations and legal and doctrinal citations made, the filed complaint is granted as follows, it being understood as denied in everything not stated: That the plaintiff has a better right of possession than the co-defendants over the lands in dispute. Namely, Lands located within the Guatuso Indigenous Reserve, are not registered in the Public Property Registry in my name, since they are located in Palenque El Sol of the Indigenous Reserve of San Rafael de Guatuso, which is the first district, of canton fifteen Guatuso, of the Province of Alajuela. The first measures approximately FIVE MANZANAS. Dedicated to pasture and I had it divided into smaller areas for paddocks. It borders to the north with Arnoldo Rojas, to the south with Isabel Cruz Lacayo, to the east with Francisco Elizondo, and to the west with Jimmy Acosta Acosta. The second measures approximately THREE HECTARES. It borders to the north and south with Pedro Elizondo, to the east with Francisco Elizondo, and to the west with the undersigned Jahiro Cruz Silva and Isidro Acosta. 2) That the plaintiff acquired one of the properties by donation made to him by his uncle Gregorio Cruz Cruz, also known as Cruz Lacayo, through public deed number 79 of the protocol of the notary public Lolita Arias Sánchez, which measures (sic) approximately five manzanas, and the other land he acquired by document, issued by the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Guatuso, 3) Consequently, the co-defendants are ordered to refrain from entering the lands (sic) in dispute, with the warning that in case of doing so, the plaintiff is authorized to carry out those necessary acts permitted by Law to proceed with their eviction, 4) And in case of not complying with what is ordered, they may be prosecuted for the crime of disobedience to authority, for which certified copies of the proceedings shall be sent to the Public Prosecutor's Office. 5) The co-actioned parties are ordered to replace the boundary fences and gates that were damaged or removed by them. In case of not doing so within a period of fifteen days from the finality of this judgment, the plaintiff is authorized to make the necessary arrangements and the costs thereof shall be borne by both co-defendants, 6) The actioned parties are ordered to pay the procedural and personal costs of this action." (See electronic file images 546 to 563).

IV.- APPEAL: The actioned party filed an appeal with express indication of the reasons on which it relies to refute the thesis of the lower court (see electronic file images 567 to 580). The grievances are as follows: 1- Erroneous assessment of the evidence. It alleges that the Court deemed standing to sue (legitimación activa) proven based on a document of transfer of ownership with respect to the land measuring five manzanas, which is situated within the Guatuso Indigenous Reserve, in the sector known as Palenque, first district San Rafael, canton fifteen Guatuso, which does not have a plan, but borders to the north with Arnoldo Rojas, to the south with Isabel Cruz Lacayo, to the west with Francisco Elizondo, and to the west with Jimmy, without specifying his last names. Regarding the other property in dispute, which measures three hectares, borders to the north and south with Pedro Elizondo, to the east with Francisco Elizondo, and to the west with the plaintiff Jahiro Cruz Silva and Isidro Acosta, it maintains that the entity deemed it proven through the possession that was granted to him by the local ADI. It protests that those documents do not by themselves prove the plaintiff's possession of the properties, and on the contrary, mentions that they were made without the knowledge of those who truly possessed the property together with Mr. Gregorio Cruz Cruz, referring to the defendants; and the other document issued by the ADI with a composition different from the one that had already granted that right to the defendants, revealing, as it explains, the fluctuating nature of that administrative body's decisions, added to the fact that the ADI existing at the time of the hearing remained neutral, without referring to which of the two parties should be granted the right of possession. It questions that there are three criteria from the ADI of the Maleku Indigenous Territory of Guatuso; therefore, it affirms that depending on the date they are issued and the composition of its board, namely, one granting possession to the defendants (composed by Santos Marín as president), another granting possession to the actor (whose composition is unknown because the name of the signing president does not exist), and another that makes no pronouncement whatsoever on who should hold the right of possession over the second piece of land (composed by Alfredo Acosta Blanco as president). Regarding standing to be sued (legitimación pasiva), it opines that there was no correct analysis of the evidence. It establishes that they proved at trial that the reason the defendants occupied the disputed lands is that they were the ones who possessed it together with their brother Gregorio Cruz Cruz. It explains that they worked the land together and improved it. It refers to the testimonies of José Aniceto Blanco Vela and Eliécer Cruz Vela, who it says declared about the possession exercised by the defendants together with Mr. Cruz Cruz. It considers that the appealed ruling made an improper assessment of the deed of donation, because even if it accepts a possible will of Mr. Cruz Cruz over the five-hectare property by donating it to someone he considered a relative, it affirms that it does not prove that the plaintiff was the one who had possession of this land at the time of Mr. Gregorio Cruz's death; therefore, it is also impossible to establish that there was an illegitimate dispossession against the plaintiff. It alleges that the plaintiff did not hold any right of possession over that farm properly, since, being an unregistered parcel of land, the possession exercised over it counts as title. In that line, it affirms that the examination of the evidence determines that the defendants were legitimately working the land at the time that deed was drafted, holding one-third of the total possession of the land, an aspect it reproaches was not assessed in the first instance. It mentions that the action for better right of possession is composed of a greater amount of time in possession and a better use of the land, but from the agrarian point of view, that is, under a productive activity and the use of natural resources. It claims that the fact that the ADI recognized the possession to the plaintiff does not mean that the action for better right of possession over the second piece of land, whose measurement is three hectares, was also met. It insists that the fact that the Association issued the document recognizing the plaintiff as possessor, without carrying out an investigation in that regard, contradicts the assumptions for demonstrating a better right of agrarian possession, by virtue of the fact that this action, it says, is applicable in favor of that person who performs material acts of effective possession over the good, as it mentions was proven through testimonial evidence. In its opinion, it states that the Association does not have the capacity to solve land possession problems, given the change of criterion it has had regarding this particular matter. Regarding the cultural expert evidence, it states that it could not be used to grant the right of possession to the plaintiff, given that it focused on examining aspects related to the cosmovision and traditional thought of the Maleku culture on the inheritance of goods, and not on issues of possession and land use, specifically over the farm measuring five hectares, for which it asserts no type of lifetime donation was made, nor did any testamentary document exist to demonstrate the intention for it to be granted to the plaintiff. On the contrary, it states that it was the ADI that unilaterally decided to grant it under a right of possession when it states it had already been delivered to the defendants. It explains on that specific point that the ADI constituted at the date of the trial did not ratify that possession. For that reason, it affirms that it cannot be considered as granted by the will of Mr. Gregorio Cruz Cruz as the appealed ruling held, since, as the defendants were on the land, they did not enjoy an illegitimate possession. For that reason, it indicates that a judicial probate proceeding should have been opened, if applicable, not a declaratory action like the one chosen by the plaintiff. With respect to this grievance, it considers that what was declared by José Aniceto Blanco Vela, who was president of the ADI when the land was given to the decedent Gregorio Cruz, must be weighed; he, it says, was emphatic in affirming that the defendants were the ones who jointly exercised possession with said gentleman. Furthermore, that it was Don Gregorio's will that the good be left to his sisters, and even, it says there was a first note to the ADI when Santos Marín was president. It mentions that this witness was clear in knowing the farms and never having seen the plaintiff working the land. It questions the validity of the donation that Don Gregorio made to the plaintiff for not having the approval of the ADI. Likewise, it refers that with the declaration of Eliécer Cruz Marín, it is ratified who exercised agrarian possession over the good after Don Gregorio's death, that is, the defendants. Moreover, that they never saw the plaintiff perform work on the land. In addition to the above, it states that the witness Cruz Marín ratified that Don Gregorio wanted his lands to go to his sisters. It questions the witnesses offered by the plaintiff, such as Ángel Silva Silva, as it mentions he made value judgments and opinions about the conflict; therefore, it mentions that he demonstrated a serious interest in favoring the plaintiff. Likewise, it states that this witness declared that the defendant Isabel Cruz had cattle inside the farm, and also that the ADI was a complete mess, since when the presidency changed, the documents were taken away and lost, so it asserts that the credibility of an ADI to grant a right of possession is more than questionable. It considers that the erroneous assessment of the evidence causes it serious grievance in the judgment. 2- Erroneous application of substantive law. It explains that the judgment correctly defines the action for better right of possession; however, it does not delve deeper, nor does it interpret whether the assumptions were met according to the factual framework submitted for debate. It refers to the fact that even though it was shown that the defendants were not illegitimate possessors, and that upon Don Gregorio's death, he left no testamentary document to establish how to divide his inheritance, it therefore considers that a probate proceeding should have been ordered. It questions that the judgment upheld the complaint based on Don Gregorio's last will and not on a better right of possession, which is the claim raised here. It says that Don Jahiro never exercised possession over the properties in conflict, and regarding this, it mentions there is no evidence. In support of its thesis, it cites Ruling 31-93 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, as well as articles 264, subsection 1, 277 to 286, 300, 301, 306, 307, 317 to 319, and 322 of the Civil Code, which, it says, were improperly applied given that it states they have to do with the defense of someone who has performed better effective, stable, and concrete possessory acts over a good dispossessed through lease with an inferior right, and not with the rights obtained from a probate document, this regarding the five-hectare farm, nor from the document issued by a body which it qualifies as subjective and biased, referring to the three-hectare farm. 3- Disregard of supra-constitutional rights for women's equality. The appellants allege that the appealed judgment is silent regarding the analysis of international human rights law, specifically regarding the principle of equality between men and women, but especially, it cites non-discrimination towards women. The foregoing, it says, by qualifying them in the ruling as mere depositaries of Don Gregorio's possession, thus denigrating them as a kind of workers for him, when, on the contrary, it refers to the fact that they were actively, with personal effort, sacrificing time alongside their family, converting the land from scrubland to highly productive goods. It explains that the plaintiff does not depend on these goods, since he is an educator and lives fully from his profession. In that line, it affirms that the case was not resolved with sensitivity regarding what is stated in Article 4 of the United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas. It expresses that two documents are being privileged which, it reiterates, are incompatible with a better right of possession, which, it says, makes no sense in times when the prevalence of man as the sole provider and head of household has become totally obsolete, having always been a sexist and unequal interpretation. It asserts that the judgment falls short of an adequate assessment regarding the bond that the defendants have with the lands, beyond a purely economic issue; the use and exploitation that they make of these farms are fundamental to reaffirm their belonging as indigenous persons. It cites Article 14, subsection 1, of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. It concludes that by omitting the application of supra-constitutional norms, the defendants are being deprived of the possession of the farms, to the detriment of their economy as they depend on them, by virtue of not having higher education, and as a consequence of that having to search for low-paying jobs. 4- Lack of legal reasoning. In this section, it expresses that the complaint was answered by the defendant, but without legal counsel. However, it makes known that when the public defense assumed the representation of said ladies, it made every effort to demonstrate the exceptions of lack of right, lack of standing to sue (legitimación activa), and standing to be sued (legitimación pasiva). Nevertheless, it indicates that the appealed judgment did not refer to said defenses, which it is mandatory to do. It mentions Ruling 58-1994 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice. It explains that, due to this omission, the reason why the concurrence of right and standing was deemed proven is unknown. 5- Non-application of Article 56 of the Agrarian Jurisdiction Law by sentencing the defendants to pay costs. On this point, it refers that the defendants had sufficient reasons to litigate, they did not do so under any type of abuse or bad faith; therefore, it affirms it was imperative for the judging person to conduct a broad analysis on the cost ruling under Article 56 of the Agrarian Jurisdiction Law, weighing the actions taken, amount of the proceeding, and economic situation of the parties. It protests that if that rule had been applied, the ideal would have been for each party to bear their own costs, or to apply a reduction of up to five percent. As a prayer for relief of the appeal, it requests that the appeal be admitted and the complaint be declared without merit, accepting the exceptions of lack of right, standing to sue, and standing to be sued.

V.- PROVEN AND UNPROVEN FACTS: Proven facts 1 and 2 are endorsed, being a faithful reflection of the evidence in the file. However, with respect to the first, the testimonies of Pedro Elizondo Elizondo and Ángel Antonio Silva Silva are added as means of proof, as well as the cultural expert evidence visible in images 433 to 443, and its expansion in tables 464 to 468.

Proven fact 3 is modified to read as follows: The Asociación de Desarrollo Indígena de Guatuso recognizes the possessory right in favor of Jahiro Cruz Silva, with respect to the three-hectare property whose boundaries are to the north and south with Pedro Elizondo, to the east with Arnoldo Rojas, to the west with Jahiro Cruz Silva, located at the Palenque el Sol School, approximately to the north, which belonged to Gregorio Cruz Cruz.

Number 4 is censured, as it constitutes a legal appreciation.

The following are added by this Instance: 5/ Mr. Jahiro Cruz Silva and Mrs. Elicia Cruz Cruz and Isabel Cristina Cruz Lacayo are indigenous persons (fact not disputed by the parties. In addition, there is documentary evidence such as the certification issued by the Asociación de Desarrollo Indígena de Guatuso, and the review appeal that was resolved by said Association number 545-557, and a certification issued by the local entity on October 7, 2024, visible in images 6, 25 to 27, 66 to 78, and 92, where the parties to this matter are recognized as indigenous persons). 6/ Mr. Jahiro Cruz Silva lived during his childhood and adolescence on the two properties in conflict, this with his family nucleus, namely Mr. Gregorio Cruz Cruz, Don Gregorio's wife, and his cousins (testimonies of Pedro Elizondo Elizondo and Ángel Antonio Silva Silva, and documentary evidence consisting of a certification issued by the Asociación de Desarrollo Indígena de Guatuso, dated August 28, 2013, image 6, where it is established that Don Jahiro lived with Don Gregorio's family).

7/ The minor Hanzel Barrera Lazo is not an Indigenous person (statement of the defendants in fact 4 of the answer to the complaint, image 162, as well as the opinion issued by the Asociación de Desarrollo Indígena de Guatuso, in the resolution of review appeal number 545-557, visible in images 66 and 78). 8/ The Asociación Indígena de Guatuso recognized Mr. Jahiro Cruz Silva as the person who holds tenure of the two lands subject to the conflict, one measuring three hectares and the other five hectares (document issued by the Asociación de Desarrollo Indígena de Guatuso, in the resolution of review appeal number 545-557, visible in images 66 and 78).

VI. - The list of unproven facts is admitted, as there is no evidence in that regard.

VII. - ANALYSIS OF THE FACTUAL FRAMEWORK: This ordinary lawsuit is filed by Mr. Jahiro Cruz Silva against Elicia Cruz Cruz and Isabel Cruz Lacayo (see images 107 to 116 of the electronic case file). In summary, the plaintiff states that he is the possessor of two lands located within the Indigenous territory of San Rafael de Guatuso (Maleku). The first was donated to him by Mr. Gregorio Cruz and the second, measuring three hectares, was awarded to him by the Asociación de Desarrollo Indígena. Both properties are dedicated to agriculture and livestock. He explains that after the death of his uncle Gregorio Cruz, the defendants have been bothering and disturbing the possession he claims to exercise over both lands, despite warnings that he has documents accrediting him as the possessor of the property. He states that the lands have been worked by him, even before the death of Mr. Gregorio, exercising joint possession. He reports that as a result of these problems, he filed a criminal complaint before the Fiscalía de Guatuso, which was processed under case file number 13-200290-0630-PE. However, a definitive dismissal was issued in that instance, urging him to pursue the claim in the civil or agrarian courts. He explains that after that decision, the defendants did not disturb him again, but three months before filing the lawsuit, they started the disturbances again. For their part, the defendants answered the complaint negatively (pages 160 to 172). They deny that the plaintiff has possessed the lands and also question the validity of the transfer deed by which he obtained one of them. They explain that both parcels have been under their possession through the work they perform on them. They state that when their brother was alive (referring to Mr. Gregorio), it was they who collaborated with him in the work on the lands. Regarding the deed, they indicate it was a maneuver in bad faith by the plaintiff, allegedly deceiving their brother regarding a possible seizure he might face due to a debt he had with a banking entity. On the other hand, they explain that the property (without specifying which one) had been negotiated with Mr. Gregorio when he was alive, where they made an exchange of a lot they mention is immersed within the five-hectare farm for another lot of their property, according to Indigenous customs. They claim that the plaintiff has not wanted to recognize that transaction even though they have exercised possession over it for more than ten years. In addition, they indicate that this transaction was subsequent to the deed, and despite that, Mr. Jahiro never showed any claim. They state that it is not true that the plaintiff has planted agricultural products on the lands, but rather it has been them, given the possession they mention they carried out jointly with the plaintiff. Furthermore, they state that the plaintiff abandoned Mr. Gregorio for many years, and that in fact, the minor Hamzel Barrego Lazo accompanied them in fieldwork, and upon being left helpless due to their brother's death, they took him in. In that regard, they indicate that the Association has acted in a racist and discriminatory manner by dispossessing that minor of the land because he is not an Indigenous person, even though they indicate it was their brother's will to recognize him as a son. They admit the fact regarding the criminal complaint and its final resolution.

VIII. - DECISION OF THE TRIBUNAL: This Tribunal will proceed first to resolve the grievances related to procedural form. In this regard, according to the summary made by this Instance in recital IV, point 4, the party alleges that the judgment lacks reasoning because the Court did not resolve the exceptions, which, they say, beyond being categorized as such, are actually necessary prerequisites for an action to proceed in court. In that regard, the appealing party is incorrect. From reading the judgment, it is clear that the judge prepared a list of proven facts, indicating the evidence that allowed them to reach that conclusion (see recital I), and also reasoned about controversial facts that were not substantiated in the process (recital II). Likewise, they carried out an analysis of the cultural expert evidence (recital III) and the positions the parties held regarding the conflict (recital IV). Now, in recital V, they resolved the merits of the case. In that section, it can be seen that the judge identified the action as one for better right of possession and analyzed both active and passive legal standing. In fact, part of the grievances on the merits refer to the disagreement the party has with the decision and assessment reflected in the judgment. In recital VI, an analysis of the evidence was conducted, namely the party statement, the witness statements, and the documentary evidence. Finally, in recital VII, the conclusions and the decision were established, which were later set out in the operative part of the judgment. Therefore, this Tribunal finds no nullity defect due to lack of reasoning in the judgment, and consequently, the grievance is rejected as unfounded.

IX. - INDIGENOUS CUSTOMARY LAW: With respect to the grievances listed in recital IV of this judgment as 1 and 2, being linked, they will be resolved jointly. In summary, the objection lies in the improper assessment of the evidence and the erroneous application of the law that the appellants point out were set out in the appealed decision. Before resolving these challenges, it is necessary to make some considerations regarding the regime of collective Indigenous property and the differences that exist when resolving these land tenure issues in light of Customary Law. In that order of ideas, this Tribunal has been reflecting on the scope of Indigenous property due to its importance and the connection it holds for these original populations. In that regard, in Voto 4654-2003, of March 19, 2024, it was stated: "Indigenous property has, in turn, a different function in society, and its structure is also diverse, due to the way that right is exercised collectively. In this way, it transcends the productive nature, or the use and enjoyment of a good, as aspects normally characterizing ownership, to integrate other cultural and human aspects essentially relevant to the content of the legal regime of Indigenous territories." Among the purposes of Indigenous property is the preservation of their culture and legacy, to transmit it to future generations, which, for that reason, establishes a differentiating element regarding the rules that regulate traditional property. That is, by virtue of the application of Indigenous Customary Law, the rules of the normative hierarchy system vary when resolving judicial disputes where these persons participate and the conflict is contextualized within their territories. In that sense, it is affirmed by the doctrine that: "... when dealing with conflicts that must be resolved through Customary Law, the hierarchy changes. Custom then takes on a priority rank. But that was not contemplated in any written norm regulating the issue of normative sources, precisely because of the invisibility of Indigenous populations and their culture; a problem that has historically occurred in Costa Rica, especially regarding the formal normative legal level (local legislation) ... But when we speak of Customary Law, we are speaking of something broader, given that it is a concept that links custom with the worldview (way of seeing and interpreting the world) and values. It is not, then, an isolated or specific guideline, but an integral system of rules, through which solutions to controversies are provided in the various spheres of life. This system is characterized by its oral transmission and its relationship with the social identity of the community. In the case of Indigenous populations, it focuses on collective rights, group solidarity, flexible procedures, and respect for environmental balance ..." (Alpízar Rodríguez, R. (2025). Basic aspects of interculturality and pluriculturality: their impact on the sources of Costa Rican private law in relation to Indigenous Customary Law. Sapientia, 16(1), 71–94. https://doi.org/10.54138/27107566.644). In addition to the above, we must remember that our Political Constitution underwent a constitutional reform in its Article 1 (Ley 7575 of August 24, 2015), recognizing that Costa Rica is a democratic, free, independent, multiethnic, and pluricultural Republic. Without a doubt, this reform entails a change in the vision of the State, which the administration of justice must assess when hearing, resolving, and executing matters under its jurisdiction (doctrine of Article 153 of the Political Constitution), respecting the cultural diversity that exists in our country, applying the specific rules of these sectors in light of the worldview and customs they have held for a long time and which are sought to be preserved for future generations. The foregoing is also found in Convention 169 of the International Labour Organization, in its Articles 1, 5, subsections a and b, 7, 8, 9, 12, 13, 17, just to mention a few, which emphasize the duty of states to respect Indigenous customs and worldview in matters such as the resolution of their conflicts and the way of transmitting rights within the community. Likewise, the American Convention on Indigenous Peoples, in articles 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 25, and 26, establishes respect for the traditional structures that govern these populations. For its part, domestically, we have the Law on Access to Justice for the Indigenous Peoples of Costa Rica (N°9593), which, in its Article 1 states: "The Costa Rican State shall guarantee access to justice for the Indigenous population, considering their ethnic, socioeconomic, and cultural conditions, considering Indigenous law provided it does not violate human rights, as well as considering their worldview." This entire normative system aims to respect the autonomy of Indigenous communities, the use and custom that governs these populations, and to raise awareness when hearing these causes under the life worldview of the original peoples. Likewise, it is relevant to clarify that each population, ethnicity, and territory may differ in how they resolve their controversies, transmit their rights, and apply internal sanctions, so it is not plausible to standardize a specific rule for all populations, as that would go against international human rights provisions, our own Constitution, and the domestic laws governing this matter.

X. – The cultural expert evidence is vital to assess, that is, in conjunction with the other elements of evidence to resolve disputes, considering that "... before applying national legislation to resolve the conflict under analysis in this process, it is necessary to first ascertain whether the persons involved are effectively Indigenous, and if so, what are the customs or the customary law of the Indigenous persons of the Ngöbe Buglé Indigenous Community. In this case, it is of particular interest to have an anthropological cultural expert report that helps provide relevant information for decision-making in court on the solution that must be given to this conflict...". In the present case, the Court, on its own motion, ordered the practice of a cultural expert report (images 433 to 443), which analyzed the way of transmitting territories and family development, as well as the link between these for the distribution of the territories. The evidence analyzes the situation of the Indigenous Maleku population from the problems they have due to social imbalance, loss of their lands, their culture, the decrease of their population, and the loss of the figure of the cacique as the main power. The report stated: "After the reserve was formed, over the years, much more pressure began to build which this (sic) is leading people to compete for lands, so now younger people are not respecting, in the first instance, the internal Indigenous authorities, so for any problem they turn to Costa Rican laws generating a series of issues. First, the ADI (Asociación de Desarrollo Indígena) is the one that has authority over all land properties, therefore there should be no land tenure problems since the territory is communal and not private property. The distribution of lands was done by families who worked them and produced their goods; according to tradition, when people were near death, they expressed a will regarding who should continue with their land, this will is indifferent whether it concerned a son or a daughter, or their brothers or sisters, or, as occurred in many cases, they delegated the use to a person who had worked with the person during their life. If there was no such will, the entity responsible for granting the benefit to use the lands was the ADI, which, understanding under the advice of its members, provided that benefit to some person ...". Likewise, the report contextualizes that many people do not agree with the decisions of the Development Association and thus turn to the courts, the expert highlighting that the Maleku ethnicity distrusts its own capacity to resolve problems, therefore, they seek more capable people to do so. The case of Eustaquio Castro is cited, who was very ill, for that reason, the expert relates that the members of the Association went to him to verify what his last will would be regarding the land, which, they state, he did. However, upon his death, the situation arose that his own siblings went to the Association to consult how the disposition of the land would be, and this body informed them of the testator's will; however, they did not want to accept it. Also, the expert report explained the kinship system and its influence on the territories, indicating it is bilineal, thus, it is not traditional like other filiation systems where lineage prevails on the mother's or father's side; in this case, the report states, it is similar to other societies where there is a social dispersion that forces the strengthening of family relations for the purpose of cultural survival. In that sense, the report stated: "... The importance of this system refers to the way of allocating territories, which could be done without regard to any son or daughter, regardless of gender or whether one is the firstborn, the most usual being from Father (sic) man to son man. Equally, there are many cases where the land can be delegated to a stepchild or to a child of another person whom he has raised from childhood and considers as his child ... Therefore, and responding to the expert report question, there is no restriction whatsoever by the kinship system for a godchild to be the beneficiary of the land if the will of the deceased exists, and this decision is more valuable and grants more right even over any family bond such as siblings or one's own children ...". The expert report stated regarding the legal solution provided by the Maleku population in cases of land disputes: "... The Maleku people I have interviewed for this case have been coincident in making a call to the judicial authorities, and it has to do with legality itself. The Right to have their autonomy respected, the right to have their traditional ways of making decisions respected, respect for national law regarding Indigenous legislation, international law contemplated and ratified by Costa Rica, and finally the human right as a human group in vulnerable conditions ...". The cultural expert report was expanded as shown in images 464 to 468 of the digital case file. Among the aspects included were the way of determining the transmission of goods and the scope and legal and representative implications of foster parents. On the first aspect, it was opined: “In this question, a deep analysis was made of how the Maleku culture has transmitted the common goods regarding their territories, this is done based on the history of the community explaining the historical changes from past centuries that have determined social changes around the topic, it is done based on sociocultural history given that this (sic) is asking about the past, about historical and cultural forms and their transformations up to reaching the forms and practices accepted today”. Regarding the other point, it determined that foster parents decide by their own will that the stepchildren are the ones who should continue in charge of the land that has been granted to them, as long as they are Indigenous persons, since otherwise they could not be subject to inherit the lands. In that same expansion, the expert was asked: “In relation to the way of inheriting lands under possession according to your research in the Maleku culture, if it was necessary, or not, that the will of the testator in this case of the now deceased Gregorio Cruz Cruz be known by the members of the ADI (Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indigena (sic-Indígena)) at that time, for it to have validity, or, that this will be recorded in the minutes of the books of sessions that said ent(ity) kept for those purposes. Or, if it was sufficient that the community in this case the Maleku community knew of the testator’s will”. The expert at this point answered that the influence of Costa Rican culture has increasingly motivated Indigenous persons to resort to legal instances to leave a record regarding land tenure. Furthermore, they said there is a contradiction among the interviewed persons, who on one hand ask that Indigenous laws be respected, but, on the other hand, approve notary deeds to legalize the wills of persons who die. However, they mention having interviewed Mr. Emigdio Cruz on that topic, who responded that ideally people should go to the ADI to record land transfers, but it is also viable to do so through a notarial public deed.

XI. - The defendant party appeals the judgment, alleging that the judgment considered the active legal standing proven based on a document whereby ownership was transferred, which, they mention, is not a suitable means of proof to accredit the acts of possession. Likewise, they question that this document was made without considering a joint possession (coposesión) they say they exercised when Mr. Gregorio was alive, and protesting what they say are the fluctuating decisions of the Development Association. Regarding passive legal standing, they indicate that they have held the lands through that joint possession they refer to carrying out with their brother Gregorio, in addition, maintaining a better possessory act than the plaintiff. They are also dissatisfied with the assessment given to the cultural expert report, arguing that it was analyzed only from the Indigenous traditional worldview and thought, ignoring the analysis of the requirements of the publician action or better right of possession. On these points, the parties are informed, as indicated in the previous recital, that since the conflict is immersed within an Indigenous territory, and persons from that community are participating, it cannot be resolved with the rules of common private normative law, contained basically in the Civil Code and inspired and based on values and rules different from those of Indigenous Customary Law. Regardless of whether the parties, or the Court, have called this action publician, the truth is that the problem of the tenure of the two lands subject to the process must be resolved with the solution resulting from Customary Law for this specific case; given that each case must also be analyzed according to its context. Based on the foregoing, we could rather classify this conflict as one of protection of Indigenous land tenure, where the following requirements must be accredited: active legal standing, the claiming person must be Indigenous, and the land in question must be possessed by them legitimately, that is, respecting the rules that the particular community has in that regard to define how the tenure of a specific area of the Indigenous territory by each of its individuals or family groups should be exercised. In this case, according to the cultural expert report, what has been arranged by the community authorities of the population according to its own transmission rules must be respected; passive legal standing, the defendant party must be the one who improperly disturbs the tenure, by not respecting the community recognition that was conferred to the plaintiff party over the land in dispute, to exercise the attribute of possession of the collective Indigenous property; identity of the good, in this case the claimed parcel must be located in Indigenous territory, and what is claimed by the plaintiff party must be the same thing that is the object of the disturbance exercised by the defendant party; right, in cases like the present, an individual subjective right is not in dispute, nor can protection be granted in that sense; what is protected is the exercise of the attribute of possession of the collective Indigenous property, therefore the internal rules and customs of the Indigenous population must be applied to safeguard the tenure of the land that has been conferred to one of its members; current interest, the plaintiff party must have a legitimate and current motive or interest when filing the lawsuit, which must also exist when the conflict is resolved, the intervention of the judicial system being necessary for the claimed disturbance to cease. Thus, the appellant party is incorrect in claiming that the evidence was improperly assessed, and the law erroneously applied, as explained. It should be noted that the plaintiff party did manage to fulfill the active legal standing by accrediting, first, that they are an Indigenous person of the Maleku community, and secondly, that they are the beneficiary of the goods respecting the traditional use and the rules of the Indigenous community. In that sense, it is not a controversial fact that all intervening parties are Indigenous persons of the Maleku community; this is also verified with various documentary evidence that was incorporated into the case file, such as the certification issued by the Asociación de Desarrollo Indígena de Guatuso, and the review appeal that was resolved by said Association number 545-557, and a certification issued by the local entity on October 7, 2024, visible in images 6, 25 to 27, 66 to 78, and 92. In those same documents, it is determined that the plaintiff was recognized by the Asociación de Desarrollo Indígena de Guatuso as the person who must hold the tenure of the two lands in dispute, this by being the foster son (hijo de crianza) of Mr. Gregorio Cruz, which was also accredited with the testimonies of Pedro Elizondo Elizondo and Ángel Antonio Silva Silva. That is, there was a recognition by the Indigenous authorities of the community on that point; a recognition that respects the internal rules of the community, without there being any evidence to detract from that aspect. Now, it is appropriate to assess, in the context of the Indigenous Maleku population, the matter of the transmission of lands and which is the internal body empowered to settle the differences that may exist internally in the community on that topic. Having assessed the cultural expert evidence, this Tribunal considers that the internal order of the community was complied with, first, by respecting the will of Mr. Gregorio, which was even ratified in public deed number 79, of notary Lolita Arias Sánchez, and second, because the Association is the body that internally represents them. Although there may be disagreements regarding the actions of that body, especially derived from changes in its composition, for the specific case it is not an aspect that entails revoking what was resolved in the appealed judgment. In this regard, it must be highlighted that this appellate body is not assessing this evidence –the public deed– as a means of acquiring possession as is normally done in common law, but rather it constitutes a further means of proof ratifying the last will of a member of the Indigenous Maleku community in relation to the transmission of the tenure of the goods he had, according to their current traditions (given that custom is a factor that evolves). The defendant party during the lawsuit alleged that Mr. Gregorio was pressured and deceived, and for that reason provided the testimonies of Eliecer Marín Blanco and Aniceto Blanco Vela; however, having assessed both, together with the testimonies of Pedro Elizondo and Ángel Antonio Silva, this Chamber considers that said situation is not accredited. In the case of Pedro Elizondo, he declared he is a neighbor of Mr. Jahiro, formerly of Mr. Gregorio, and expressed that said person decided during his lifetime to give the land to the plaintiff, due to the affection they had for each other as foster father and son. Witness Ángel Silva expressed the same thing; in fact, it is important to establish that he is Mr. Gregorio's son, and he mentioned that this was his father's will, and even emphasized that his direct family nucleus, such as himself, has not filed any claim, in order to respect his father's last will. Elicer Marín Blanco said that Mr. Gregorio informed him that he wanted to leave the Miraley farm to his sisters, and mentioned that he made an exchange of a lot with those relatives. However, this Tribunal does not give credibility to this statement because they are a neighbor who stated in their testimony that they often talked with Mr. Gregorio, but the truth is that with the referred public deed, Mr. Gregorio formalized his last will regarding one of the lands. Witness Aniceto Blanco Vela declared that he was president of the Association, that the lands were handed over to Mr. Gregorio, and that his sisters, being the defendants, helped him with the work, and when he passed away, they continued carrying out work on the parcels in dispute. He expressed that he never saw Jairo working the farm, and that the testator made the transfer of the land to Jahiro to avoid a bank embargo. He even mentioned that Mr. Gregorio loved a child named Hamzel as his son, who is in the care of the defendants, and who is also not an Indigenous person, as accepted by the same defendants in the answer. That testimony also does not deserve credibility because Mr. Aniceto, although separated from Ms. Elicia, declared that they are still spouses, therefore, a presumed interest in the case exists; furthermore, he denies that Mr. Jahiro worked on the land, which is contradictory to what was declared by Mr. Ángel, Mr. Gregorio's son. Therefore, since Mr. Ángel is part of the direct family nucleus, this Tribunal gives greater credibility to his statement as he has direct knowledge of what happened in his family nucleus. These aspects are valuable because from the interrogations, it is clear the case was approached as a possessory matter to be resolved with the legal rules governing individual private agrarian possession, when what is important in this type of Indigenous conflict is to determine what the community's land tenure rules are for a given time, based on the context of the specific case, that is, to determine the rules and customs of the Indigenous community applicable to the specific case. For that reason, for this Instance, active legal standing does exist on the part of the plaintiff, being an Indigenous person and having the endorsement of the community, through the Development Association, to hold the tenure of the lands in dispute.

XII. - Another of the claims raised in the appeal is the fluctuating nature of the decisions of the Development Association. On this topic, this Tribunal has been recognizing, regarding the autonomy of Indigenous peoples to resolve their own conflicts and the enforceability that the resolutions or internal agreements of the bodies empowered to do so may have (see Voto 4654-2003).

In the case under study, it is undeniable that the Guatuso Indigenous Development Association (Asociación de Desarrollo Indígena de Guatuso) faces several problems due to changes in the members of its boards of directors. However, it is not feasible for this appellate body to allow those changes to influence the resolution of the specific case under analysis. That is, in this case, as explained in the preceding whereas clause and where the cultural expert evidence (prueba de peritaje cultural) was analyzed, it is feasible that a Maleku indigenous person, holder of a piece of land, may decide to whom to bequeath it upon their death, without it being relevant whether it is a son or daughter; it could be a stepson or stepdaughter, or even a person they have raised as such. In this case, that is what occurred, and the Association ratified it both in the certification issued on August 28, 2013 (image 6) and the resolution of the motion for review (recurso de revisión) number 545-557, visible in images 66 and 78. The fact that a new composition of the Association changes its position must be analyzed with extreme prudence, under the rules and customs of the community. For these reasons, their claim on this point will fail. In addition to the above, it is necessary to clarify to the appellants that the Indigenous Development Associations (Asociaciones de Desarrollo Indígena) are not administrative bodies, since their nature is private and they are constituted for the purpose of serving as an instrument for the coordination of governmental, municipal, and communal efforts in carrying out projects of common interest that contribute to the economic and social development of a country, “... Notwithstanding the declaration of public interest and the privileges and exemptions granted to them by the Community Development Law (Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad), such associations are governed by private law and its principles. Among them, the principle of 'autonomy of will' (autonomía de voluntad), according to which individuals may do everything that is not prohibited by law …” (Legal Opinion C-014-1999, Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República)). In the case of Indigenous Associations, they were created for the exercise of the rights and the fulfillment of the obligations referred to in Article 2 of the Indigenous Law (Ley Indígena) (Article 3, of the Regulation to the Indigenous Law (Reglamento a la Ley Indígena)). Furthermore, they are recognized as authority in those communities, harmonized together with other representative figures according to Indigenous Customary Law (Derecho Consuetudinario indígena).

XIII. – Regarding passive standing (legitimación pasiva), the appellants are also incorrect. Regardless of whether the defendants were or were not co-possessors (coposeedoras) — which was also not duly proven — along with Mr. Gregorio Cruz, before his death, or whether they have continued performing work on the lands that are the basis of this lawsuit, it is irrelevant for the case, because, it is reiterated, it is not appropriate to apply the rules of possession (posesión) that govern in common law (derecho común), but rather the Customary Law of the Maleku indigenous population. In summary, the plaintiff did manage to prove the requirements for active standing, passive standing, and right, regarding the action for the defense of land tenure (tenencia de tierra). For these reasons, the claim is censured.

XIV. - The third grievance concerns the alleged disregard of supra-constitutional rights in favor of women's equality. The appellants argue that the ruling, by assessing the public deed of donation from Mr. Gregorio Cruz to the plaintiff for one of the lands, minimizes women's rights and harms the equality that those women have with respect to men. The appellants are also incorrect in this other claim. First of all, as has been explained, Customary Law applies in indigenous conflicts. Under those rules, the cultural expert evidence determined that the transmission of lands can be to a son, daughter, stepson, stepdaughter, or some family member. Therefore, what was decided in the appealed judgment respects those internal rules, and that decision cannot thereby be characterized as discriminatory or contrary to fundamental rights. Furthermore, from the party statement (declaración de parte) given by Mrs. Isabel, it is extracted that said person holds another property within the indigenous community. Likewise, when those defendants answered the lawsuit, they maintained: "... we indicate that on this property the undersigned Isabel Cruz Lacayo had made a land exchange in accordance with indigenous culture and so I ceded a lot of my property in exchange for another lot that falls within those 5 hectares that the defendant here mentions .... " (images 160 to 172). Apart from the fact that this exchange was not proven, what was said demonstrates that in Maleku custom, women are not discriminated against. From the evidence analyzed comprehensively, it must be concluded that in this specific case, the community decision does not benefit the defendants because the decedent's (causante) last will was to leave both real estate properties to his son by upbringing, that is, the plaintiff. This objection must be rejected as unfounded.

XV. - Finally, the fifth grievance is related to the award of costs (condenatoria en costas) that the Court sanctioned regarding the non-application of Article 56 of the Law of Agrarian Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Agraria). The appellant party is correct on this point. This Tribunal has been establishing a line of criteria regarding the imposition of procedural costs (costas del proceso) when individuals have litigated under the auspices of the Public Defense (Defensa Pública) and are also indigenous persons. In Ruling 2024000440 of May 7, 2024, it was ordered: "... In this vein, it is observed that in the case at hand, both parties litigated with the sponsorship of the Public Defense (appearances in images 24 and 108 of the electronic file), so that it is not derived from the case file that personal costs were actually generated to the defendant party. In addition to the above, it is observed that both parties are indigenous persons who have litigated with the sponsorship of the Public Defense. On this matter, section 7 of Law No. 9593 on Access to Justice for Indigenous Peoples of Costa Rica (Ley No. 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica), provides that 'in those judicial proceedings in which an indigenous person requires legal assistance and cannot cover the costs, the administration of justice shall provide the assistance of a specialized public defender in indigenous law and in the relevant subject matter free of charge,' such that there is a reinforcement of the principle of gratuity for these populations. In the sub judice case, such a norm must be integrated into the application of section 55 of the Law of Agrarian Jurisdiction, which establishes the possibility of exemption from costs under certain circumstances. Hence, in line with the State's duty to guarantee access to justice for the indigenous population 'taking into consideration their socioeconomic conditions' (Article 1 of Law No. 9593), the appropriate action is to revoke that aspect of the ruling to resolve without a special award of costs. Furthermore, it should be noted that it is the State that has assumed the provision of the service, for the purposes of the cited law, hence it is discordant with the same to condemn indigenous persons to pay costs to it ...". Based on the foregoing, this body considers maintaining that criteria and, consequently, revokes the award of costs imposed by the Court from the judgment.

XVI. - Taking into consideration that an interpreter was requested in this matter for the purpose of translating what transpired during the trial hearing for the defendants, it is necessary that one be appointed also for the communication and understanding of this judgment (see precedent issued by this Tribunal in Ruling 592-F-2020). The foregoing is in compliance with the Practical Rules to Facilitate Access to Justice for Indigenous Populations, approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial) in Session No. 77-08 of October 14, 2008, as well as the Circular of the General Secretariat of the Court (Secretaría General de la Corte) No. 44-09 on the Intervention of Interpreters of Indigenous Languages in Judicial Proceedings, and taking into consideration the Brasilia Rules, in order to comply with a policy of strengthening the provision of public service that our Institution provides to indigenous users. Having its legal basis in Article 28 of Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries and Law 9593: Access to justice for the indigenous peoples of Costa Rica, which specifically in Article 6 states: "Right to a state-funded interpreter and translator. The Judiciary shall facilitate, at no cost, the assistance of interpreters and translators in all proceedings in which an indigenous person who requires this assistance participates and cannot cover the costs. It shall be fostered that indigenous women are assisted by interpreters of the same gender. These auxiliaries shall be appointed from an official list, respecting the customs and cultural norms of the indigenous person. However, the indigenous person may appoint an interpreter of their trust." Communicate in this manner through the Court once this resolution becomes final.

THEREFORE:

The invoked nullity is rejected. The appealed ruling is revoked, only with regard to the award of costs. In its place, the process is resolved without a special award of costs. In all other respects, the judgment is confirmed as to what has been the subject of appeal. This judgment and its scope must be communicated to the intervening indigenous persons, for the understanding of what is resolved herein, the foregoing through the interpreter appointed in the case file or any other for translation into the language of their indigenous community. Communicate in this manner through the Court once this resolution becomes final.









	
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GEISON LOPEZ BARRANTES - JUEZ/A DECISOR/A

	






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RUTH ALPIZAR RODRÍGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A

	


	


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ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 16-000011-1520-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

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