Res. 00773-2025 Tribunal Agrario — Better right of possession over unregistered forest land — Affirms dismissal of claim and grants restitutionMejor derecho de posesión sobre terreno boscoso no inscrito — Confirma rechazo de demanda y acoge restitución

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00773 - 2025

Fecha de la Resolución: 13 de Agosto del 2025 a las 20:55

Expediente: 21-000001-0419-AG

Redactado por: Ruth Alpízar Rodríguez

Clase de asunto: Proceso ordinario

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Sentencia con nota separada

Sentencias del mismo expediente


Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Agrario

Tema: Acción declarativa agraria

Subtemas:

Presupuestos para su procedencia cuando se reclama la tutela de un derecho de posesión reconocido como derecho real.

"XV. [...] Los presupuestos que deben demostrarse para que proceda declarar con lugar una acción declarativa como la analizada en este caso en concreto, son: 1) Legitimación activa: se configura cuando la parte actora demuestra ser la poseedora legítima o con mejor derecho (en este caso derecho real de posesión) o situación que la contraria. 2) Legitimación pasiva: está presente cuando la persona demandada es quien perturba, afecta o reclama para sí un derecho o situación que no es suyo, sin justa causa, o que no puede oponer a la contraria. Significa entonces que la persona demandada debe ser quien, de alguna forma censurable jurídicamente, esté afectando o cuestionando la titularidad del derecho o la situación que la parte actora ostenta. El acto perturbador debe demostrarse en forma efectiva y debe ser además algo que objetivamente merezca ser tutelado por el ordenamiento jurídico. También, debe probarse de qué manera y cómo se afectan los derechos o situaciones de quien acciona. 3) Identidad del bien objeto de las pretensiones o reclamos de ambas partes: debe probarse que el bien objeto el reclamo de la parte actora, es el mismo que la demandada involucra en el actuar cuestionado. Además, deben quedar acreditados otros presupuestos de fondo exigidos en toda acción: 4) Ser titular del derecho que se reclama o merecer tutela jurídica la situación que alega la actora: en este caso, en función de lo debatido, se reclama la tutela de un derecho de posesión, el cual está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico como derecho real. Si bien el Código Civil no contiene un apartado específico para regularlo, como lo hace con otros derechos reales clásicos (dominio, hipoteca, usufructo, uso y habitación y servidumbre), se aplica en lo que corresponda, lo normado para la posesión como atributo del dominio (a partir del artículo 277). Aclarado el punto, es importante distinguir cuando las normas se refieren a la posesión como hecho y cuáles como atributo del dominio; y discriminar cuáles reglas resultan aplicables a la posesión como derecho real. Albaladejo resalta que “la palabra posesión tiene dos sentidos: como señorío o poder de hecho, y como poder jurídico (derecho)” (1994. Derecho Civil. III. Derecho de bienes. Vol. I. 8va. ed. Barcelona: José María Bosch, p. 36 a 39]. [...]".

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Citas de Legislación y Doctrina
Texto de la resolución
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EXPEDIENTE:

	

21-000001-0419-AG - 7




PROCESO:

	

ORDINARIO




ACTOR/A:

	

JUAN BAUTISTA GARCIA RODRIGUEZ




DEMANDADO/A:

	

LESLIE STARRATT SIMMONS  CANNON

VOTO N°  N° 2025000773

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las veinte horas cincuenta y cinco minutos del trece de agosto de dos mil veinticinco.-

 PROCESO ORDINARIO interpuesto por JUAN BAUTISTA GARCÍA RODRÍGUEZ, adulto mayor, agricultor, vecino de Osa, Puntarenas, cédula seis-ciento dos-cuatrocientos cincuenta y dos; contra LESLIE SIMMONS CANNON, adulta mayor, vecina de San Francisco de Dos Ríos, cédula ocho-cero cero noventa y cuatro-setecientos cuarenta y nueve. La anterior presenta reconvención contra la parte actora. Actúa como abogado director del actor: Elian Jiménez Céspedes, colegiado dieciséis mil novecientos uno; como defensor público de la parte demandada: Andrés Zamora Solera. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, Corredores.

 Redacta la jueza Alpízar Rodríguez; y,

CONSIDERANDO:

 I. SOBRE LA DEMANDA: En la demanda, incorporada el 6 de enero 2021, ser pide: «1-Se anulen resoluciones dictadas en el proceso de Desalojo Administrativo por el Ministerio de Seguridad Pública, en el expediente administrativo número: 1057-17, en consecuencia, se deje sin efecto la orden de desalojo. 2- Que se declare con lugar esta Demanda y en consecuencia se declare que soy el Poseedor con mejor derecho del terreno en litis. 3- Que en sentencia se ordene a la Demandada abstenerse a (sic) perturbar mi posesión, bajo el apercibimiento de que en caso contrario será juzgada por el delito de desobediencia a la autoridad.4- Se condene a la demandada al pago de los daños y perjuicios en abstracto; así como al pago de las costas procesales y personales. SUBSIDIARIA: En caso de no declarar en sentencia la pretensión principal, solicito como Pretensión subsidiaria: Se ordene a la Demandada pagarme el valor de las mejoras útiles y necesarias en abstracto, así mismo se me permita retirar los materiales de puro adorno que he colocado en el terreno ambos desde el 01 de Diciembre del 2009; con derecho a retener el terreno en mi poder hasta su efectivo pago, y con plazo de tres meses para retirar la totalidad de los materiales de puro adorno»  (imagen 1 del expediente digital completo, descargado del archivo más antiguo al más reciente, en adelante EDC).

 II.- SOBRE LA CONTESTACION: Se contestó negativamente la demanda y se interpusieron las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva (imagen 48 EDC).

 III.- SOBRE LA CONTRADEMANDA: Leslie Simmons Cannon contrademandó a Juan Bautista García Rodríguez. Solicita se declare: «Con lugar la presente acción en todos sus extremos y sin lugar las excepciones que oponga la parte demandada.   Se declare como única poseedora del terreno objeto en litis a LESLIE SIMMONS CANNONS.   Se ordene la restitución de la posesión del área objeto del proceso a LESLIE SIMMONS CANNNOS.    Se ordene a JUAN BAUTISTA GARCÍA RODRÍGUEZ desocupar el inmueble y abstenerse de perturbar la posesión del terreno ejercida por Leslie Simmons Cannons.   Sean las costas del proceso a cargo del señor Juan Bautista García Rodríguez.» (imagen 53 EDC).

 IV.- SOBRE LA CONTESTACION A LA RECONVENCION: El actor reconvenido contestó de forma negativa e interpuso las excepciones de prescripción positiva y negativa, falta de derecho (imagen 284 EDC).

V.- La cuantía del proceso se fijó en ¢15000000.00 (imagen 303 EDC). El 26 de octubre 2021 se realizó el juicio verbal y se grabó en audio (ver minuta: imagen 306 EDC).

 VI. El Tribunal Agrario de Segundo Circuito Judicial de la San José, Goicoechea, en voto 132 del 16 de febrero 2023 anuló la sentencia de primera instancia 189 del 28 de marzo 2022 (imágenes 335 y 367 EDC).

 VII. SENTENCIA APELADA: La jueza Maricel Zamora Arias, en sentencia 285 del treinta y uno de agosto 2023 resolvió: «De conformidad con lo expuesto se acogen las defensas de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva que interpone la señora Leslie Simmons Cannon dentro de este proceso, en consecuencia se DECLARA SIN LUGAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA demanda Ordinaria agraria de Mejor derecho de posesión que interpone JUAN BAUTISTA GARCÍA RODRÍGUEZ en contra de LESLIE SIMMONS CANNON. Tanto en su pretensión principal como la subsidiaria. En cuanto a costas se condena al actor al pago de ambas costas de esta acción. En relación con la reconvención planteada por la señora LESLIE SIMMONS CANNON en contra de JUAN BAUTISTA GARCÍA RODRÍGUEZ, se rechazan las excepciones de falta de derecho, prescripción positiva y prescripción negativa que interpone el demandado Juan Bautista García, la misma se DECLARA CON LUGAR de la siguiente forma: 1) Se declara que la señora Leslie Simmons Cannon es la persona que ejerce derecho de posesión sobre el terreno que se describe de la siguiente forma: es un terreno sin inscribir, situado en Los Mogos de Sierpe de Osa de la provincia de Puntarenas, en su mayoría terreno de montaña, con una casa de habitación, tiene una cabida de veintidós hectáreas aproximadamente, lindante al Norte con Álvaro Porras Ramírez, Sur Calle Pública, este. Eliécer Porras Monge y oeste con el MINAE, según plano catastrado número P 1181628-2007. 2) En consecuencia al ser la poseedora con mejor derecho frente al reconvenido, se le ordena al señor Juan Bautista García Rodríguez que deberá restituir la posesión del terreno en litis a la señora Leslie Simmons Cannon, para lo cual se le otorga un plazo de cinco días a partir de la firmeza de esta sentencia. 3) En caso de negativa del señor García Rodríguez a restituir el terreno en litis se procederá a realizar la diligencia de puesta en posesión mediante la autoridad judicial.4) En cuanto a costas se condena al señor Juan Bautista García Rodríguez al pago de ambas costas de esta acción» (imagen 379 EDC).

VIII.- SOBRE LOS HECHOS PROBADOS: En relación con lo apelado, se comparte del elenco de hechos probados de la sentencia recurrida, con las modificaciones que se dirán, por tener sustento en los elementos probatorios. Pero se hace ver al Juzgado que es importante, para una mejor comprensión de lo sucedido y probado, que se ordenen preferiblemente de manera cronológica, lo cual no se cumple en esta sentencia. Se modifican como siguen los siguientes hechos, por faltar precisar datos relevantes para completar los enunciados:

Al 2 se agrega: El restante cincuenta por ciento del derecho posesorio pertenece a la reconventora Leslie Simmons, como coposeedora del terreno desde que lo adquirió con su exesposo, en mil novecientos noventa y nueve (agregar como elementos probatorios: copias de escrituras de compraventas ante notario Martin Mainieri Jiménez: imágenes 180 y 186 EDC; testimonial de Rafael García: grabada en audio).

Al 4 se añade: Rafael García Rodríguez era quien vigilaba el terreno en litigio, por encargo de Carlos Vargas y la demandada reconventora, desde varios años antes de que se le permitiese a su hermano Juan García habitar la casa existente en tal.

Al 5 se adiciona: La casa se construyó antes de que se permitiese a Juan García ingresar al terreno para habitar en ella. 

El sétimo se aclara como sigue: Juan Bautista García Rodríguez ingresó al terreno en litigio, entre los años dos mil trece y dos mil catorce, para vigilar el terreno y porque no tenía donde vivir, gracias a que su hermano Rafael García Rodríguez se lo permitió, por ser el cuidador del terreno que poseían Carlos Vargas y la demandada reconventora y contar con la anuencia de la segunda (ver declaración de Juan Bautista García, rendida el 26 de octubre 2021 y grabada en audio y declaración testimonial de Rafael García, grabada en audio).. Criterio de apreciación: Si bien el actor afirma en su declaración que quien lo ingresó fue Carlos Vargas, lo cual convenientemente no dijo en su demanda, se probó que en realidad ingresó por habérselo facilitado su hermano Rafael, quien era el cuidador de la finca. Pero, además, el actor con esa manifestación, pese a su inexactitud, acepta que sabía que el terreno era ajeno.

Al 9 se agrega: Dicho terreno se describió en el plano catastrado P-un millón ciento ochenta y un mil seiscientos veintiocho-dos mil siete (P-1181628-2007).

Se adicionan de igual naturaleza, por lo que es objeto de debate en el proceso y también por lo que se analiza en la apelación:

10.- Carlos Vargas falleció en el año dos mil doce (ver hecho segundo de reconvención: imagen 54 EDC; escritura de adjudicación en proceso sucesorio notarial: imagen 107 EDC; declaración de Sara Vargas Simmons: grabada en audio). Criterio de apreciación: hecho no controvertido; la escritura de adjudicación cita que el expediente sucesorio notarial es del año 2012 y la testigo referida, hija del difunto, confirmó murió en ese año. El propio apelante, en el recurso, confirma que murió en agosto de 2012.

11.- En octubre de dos mil veintiuno, en el terreno en litigio ubicado en Los Mogos de Puerto Jiménez, que tiene frente a calle que lleva a esa localidad bastante extenso. Los linderos son cercas de aspecto viejo o carriles limpios. Existía una casa de habitación de aspecto viejo, de paredes de cemento y zinc, piso de cemento. Al fondo existe un galerón de piso de tierra usado como cocina; también un armazón que el actor afirmó en el pasado usó para tener cerdos. Existe una quebrada donde está colocado un ariete que dota de agua a la casa y una pequeña área con cultivos de camote, yuca, piña y plátano. El resto de la finca es boscosa y la topografía es muy quebrada (ver acta de reconocimiento judicial y fotografías: imágenes 306 a 323). Criterio de apreciación: en el acta se describe de manera precisa lo que existía en ese momento del terreno y las fotografías complementan lo observado.

  IX.- SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: Se comparte lo incluido en la sentencia apelada como no demostrado. Se agregan de igual naturaleza:

2.- Carlos Vargas ni Leslie Simmons, antes del año dos mil trece, hayan dejado de vigilar y de mantener el terreno en litigio. El actor asegura que estaba “abandonado” y por ello ingresó en el año dos mil nueve, de lo cual no existe prueba. Los testigos ofrecidos por él conocen el terreno a partir del año dos mil trece aproximadamente y la documental aportada (recibos de pago por vigilancia hechos a Rafael García), confirman lo contrario a lo dicho por el actor.

X.- RECURSO DE APELACION: La parte actora-reconvenida apela. Se resumen y ordenan sus alegatos como sigue, para facilitar su análisis, dada su reiterada redacción. Alega: 1) Existe violación del artículo 54 Ley Jurisdicción Agraria, 39 y 41 constitucionales, por incongruencia entre los hechos de la demanda, reconvención y la sentencia e inconformidad con los hechos tenidos por demostrados. La sentencia impugnada no tiene congruencia entre los hechos demandados y reconvenidos y los tenidos por demostrados en el considerando segundo. Objeta el segundo, el tercero y el cuarto, en los cuales se indica que Leslie Simons adquirió en proceso sucesorio el 50% de los derechos de posesión sobre el terreno en litigio; que quien apela tenía conocimiento, previo a su ingreso en el terreno, que lo poseía Carlos Vargas Pizarro y que tal señor tenían como vigilante en el lugar a Rafael García. También rechaza el quinto y el séptimo, que dicen que la casa la construyó Carlos Vargas Pizarro y que el apelante ingresó al inmueble porque ese señor lo llevó para que lo cuidara. Sostiene que ninguno de esos hechos fueron mencionados ni en la demanda ni en la reconvención. El Juzgado tiene limitada su competencia a los hechos alegados por las partes, y como dice el artículo 54 mencionado no pueden resolver más cuestiones que las debatidas. Además de ser contradictorios, en el hecho cuarto se indica que Carlos Vargas Pizarro vigilaba el terreno por medio de Rafael García Rodríguez, y en el siete se dice que el primero llevó al apelante para que cuidara el terreno. Cuestiona entonces ¿si el terreno lo vigilaba él o Rafael García? Otro aspecto que no establece la sentencia impugnada es el momento en que él ingresó al terreno; si no lo hizo como poseedor ¿en qué condición lo hizo? Esto por cuanto la parte demandada alegó que no tenía ningún vínculo contractual con él. Por último, en el hecho ocho de la sentencia se tiene por probado que la demandada es quien ha poseído el terreno porque pagó la vigilancia y el servicio de electricidad. Pero en el hecho sexto se dijo que pagó la vigilancia en los años 2012, 2013, 2017, 2018 y 2020. No lo hizo entonces en 2014, 2015 y 2016. Debe tenerse además presente que Rafael García Rodríguez no vivía en el lugar donde está el terreno, porque habita en La Palma de Puerto Jiménez, a más de 30 minutos en vehículo, “no (sic) que significa que nunca ejerció tal vigilancia sobre el inmueble”. Mientras que él sí lo hizo, dado que vivía en la casa que está en el terreno. Pero, además, los actos posesorios que supuestamente hizo la demanda reconventora -mencionados en la sentencia-, son actos posesorios civiles y no agrarios, de manera que es él quien si ha ejercido actos posesorios agrarios. Pero no se tienen por demostrados, aún y cuando la prueba testimonial y el reconocimiento judicial “así lo demostraron” (sic). Por lo explicado, considera se le violentó su derecho de defensa, porque se aportó prueba y fundamentos legales para demostrar los hechos de la demanda y oponerse a la reconvención. Pero si la persona juzgadora tiene por demostrados otros hechos no contemplados en “ambas piezas del expediente” le deja en indefensión, al no tener oportunidad para oponerse a esos hechos y ofrecer prueba de descargo.

2) Existe violación del artículo 54 Ley Jurisdicción Agraria, por errónea valoración probatoria y preterición de prueba esencial. Por ser un proceso sobre el mejor derecho de posesión, según la jurisprudencia del Tribunal Agrario y la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, se deben acreditar tres aspectos: legitimación activa, es decir que la parte actora (reconventora) demuestra su derecho de poseer el bien que reivindica; legitimación pasiva, que la parte demandante sea poseedora ilegítima e identidad de la cosa. Sobre lo primero, la demandada reconventora no demostró ningún tipo posesión agraria. Lo que se estableció es que depositaba un dinero a Rafael García para que vigilara que vigilara el terreno. Pero ese señor nunca lo hizo. El que siempre estuvo ahí fue quien apela. Los testigos Miguel Amador Vargas, Raúl Barquero Espinosa y José Antonio Amador Vargas fueron contentes con indicar esa situación. En todo caso eso es un acto posesorio civil y no agrario. Además, mediante el reconocimiento judicial y la prueba testimonial se probó la posesión del terreno, porque ha vigilado que nadie corte árboles, realice cacería y además tiene cultivos como camote, yuca, plátano, piña y otros; cría gallinas y cerdos; limpia carriles, hizo un rancho que funcionan como cocina y habita en la casa. Instaló un ariete que proporciona agua a la casa y para el cuidado de los animales (cuando los tiene). Todo eso durante 10 años, en forma pacífica, continua, ininterrumpida, a título de dueño. Porque cuando ingreso estaba en abandono, dado que Carlos Vargas no volvió al lugar y murió el 12 de agosto 2012. Por eso considera que el Juzgado valoró erróneamente la prueba, al tener su posesión como ejercida de mala fe, por haber ingresado al terreno con conocimiento de que había sido poseído por Carlos Vargas. Pero no analizó que ese señor había abandonado el terreno y que ni él ni su sucesión son parte en este proceso. Y que no tuvo conocimiento que Leslie se adjudicara el derecho de posesión de Carlos. En todo caso, para ese momento ya estaba prescrito negativamente. Por ello la demandada reconventora no logra acreditar los actos posesorios agrarios, ecológicos o agroambientales, como limpieza y cercamiento, rotulación, cuido del bosque o someter el terreno al pago de servicios ambientales. Tampoco de que poseyera a través de una posesión mediata ejercida por un encargado del cuido. Y si le pagó a Rafael García, ese señor se dejó el dinero, porque no realizó ningún acto posesorio en nombre de Leslie. En cuanto a la identidad de la cosa tampoco se cumple. Se identifica en la sentencia impugnada el terreno como representado en el plano catastrado P-1181628-2017, pero en la demanda se alega el mejor derecho de posesión sobre un terreno sin inscribir y sin plano catastrado. Es en la reconvención que se usa ese plano para identificar el terreno. Pero también ofreció la reconventora el oficio ORPN-OF-0101-2019 de la Oficina Regional FONAFIFO-Palmar Norte, fechado 3 de abril 2019. En tal literalmente se indica: “Se le comunica que revisada su solicitud de ingreso al Programa del Pago de Servicios Ambientales Número PN01-0111-19, se determinó que la finca sin inscribir, graficada mediante plano P-1181628-2007, presenta la siguiente inconsistencia: dicho plano presentan traslape de 18.8 Ha aproximadamente con la finca sin inscribir, graficada mediante plano catastrado número P-287442-1995, ubicado en Sierpe, Osa, Puntarenas, inscrito por Alfredo Rosales Rosales y con actual dueño a nombre de Reforestadora Los Mogos de Osa S.A.”. Esta prueba no fue valorada por el Juzgado, lo que ocasiona el vicio de falta de fundamentación probatoria. Con esa prueba se acredita que el terreno que pretende la demandada no es el mismo poseído por quien apela. Y que el actual dueño Reforestadora Los Mogos no ha sido parte en este proceso. Por ello no se cumple con el requisito de identidad de la cosa, necesario para declarar con lugar la publicidad (sic). El perjuicio consiste en la errónea valoración de la prueba testimonial y documental y en no valorarse el oficio referido; vicio que subsiste de la sentencia anterior. Por ello existe nulidad absoluta.

3) Existe violación de los artículos 39 y 41 constitucionales y del numeral 271-2 y 284 Código Civil. En la sentencia se rechazan las excepciones de prescripción positiva y negativa, así como “la falta de derecho de la reconventora”, con base en que quien apela carece de título al ingresar y poseer el terreno. Con ello desconoce el Juzgado que el título es la posesión misma, pues se está en un caso de mejor derecho de poseer y no de propiedad. Como lo establece el numeral 279-2 Código Civil, el derecho de posesión se adquiere cuando se conserva la posesión por más de un año; correlativamente quien la tenía, la pierde por no ejercerla por más de un año. Debe tener presente que, según la sentencia, Carlos Vargas murió el 12 de agosto 2012. Pero la demandada reconventora se adjudicó el derecho el 30 de agosto de 2018 (hecho probado 2). Ello demuestra que de agosto 2012 en adelante él era quien poseía el terreno, porque quien lo venía ejerciendo falleció. Para cuando la demandada se adjudica el derecho, ya estaba prescrito, por haber transcurrido más de 6 años sin que se ejercitara. Además, su posesión es de buena fe, porque tuvo noticia de que el poseedor del terreno Carlos Vargas falleció, pero desde el 2009 quedó abandonado. Por eso inició su posesión. En los últimos años Carlos no llegó al terreno y luego, no se presentó alguna persona alegando ser la dueña. Es hasta el 2017 que se inició el proceso de desalojo administrativo, pero para ese entonces ya su derecho de posesión estaba constituido. Considera que la sentencia impugnada requiere un título y desconoce los actos posesorios ejercidos por él, de buena fe y por más de un año, lo que constituye el título de su derecho, de conformidad con las normas indicadas como violadas.

4) Inobservancia del artículo 509 Código Civil. Reclama que no debió rechazarse la pretensión subsidiaria, referida al pago de mejoras. En el reconocimiento judicial se acreditó que existían en el terreno plantaciones de camote, piña, plátano y yuca; un rancho que sirve como cocina de la casa. Ella genera enriquecimiento sin causa a favor de la demandada. La jurisprudencia reconoce el derecho de ser indemnizado de las mal llamadas “mejoras”, pues se está en presencia de una accesión (artículo citado). Se le causa perjuicio porque por más de 10 años trabajó, limpió, cuidó y sembró el terreno el terreno; lo ha mejorado; por eso tiene derecho a que se le paguen esas memoras; de lo contrario se estaría autorizando un enriquecimiento sin causa. Solicita se anule la sentencia impugnada; subsidiariamente se revoque, se declare con lugar la demanda en todos sus extremos y se rechace la reconvención (imagen 403 EDC).

 XI.- Motivo con base en el cual se reclama invalidez de la sentencia. En el segundo punto resumido de los agravios, se pide expresamente la nulidad de la sentencia impugnada, por considerar existe preterición de prueba, al no valorarse el oficio ORPN-OF-0101-2019 de la Oficina Regional FONAFIFO-Palmar Norte, fechado 3 de abril 2019, vicio que afirma subsiste de la sentencia anterior. El numeral 592 del Código de Trabajo derogado, aplicable a este asunto según Transitorio I de la Ley 9343 de 25/01/2016, por remisión expresa del artículo 60 de la Ley de Jurisdicción Agraria, impone que al analizarse una apelación debe primero revisarse el expediente, para determinar si existe algún vicio procesal que afecte el proceso o la resolución impugnada, que deba ser subsanado, si es pertinente legalmente. Asimismo, el artículo 26 Ley de Jurisdicción Agraria, en lo que interesa dispone: "Cuando sea del caso, los tribunales podrán, por iniciativa propia, declarar nulidades y disponer la reposición de trámites, a fin de corregir irregularidades que pudieran afectar la validez del proceso ". Por ende, si se encontrase que se ha omitido algún trámite o requisito, capaz de causar efectiva indefensión, debe primero intentarse subsanar el defecto y solo en casos que lo ameriten, decretar la nulidad de las actuaciones y resoluciones, hasta donde sea necesario para orientar el curso normal del juicio. Al amparo de dichas regulaciones, se ha mantenido el criterio de que la declaratoria de nulidad procesal procede solo cuando sea absolutamente indispensable su pronunciamiento, para evitar indefensión o para orientar el curso normal del procedimiento, por violación a formas esenciales en el trámite (artículos 31 a 33 Código Procesal Civil, aplicados supletoriamente). El motivo de nulidad invocado por la parte recurrente no es de recibo. La preterición de prueba, como ya se explicó en el voto 132 de 16 de febrero 2023 de este Tribunal, acontece cuando la persona juzgadora omite valorar probanzas que constan y fueron admitidas previamente, que puedan resultar fundamentales para la determinación del resultado del proceso, de forma tal que, si se hubiesen analizado y valorado, la motivación jurídica del fallo podría ser distinta. Se trata de un vicio grave, dado que se omite valorar y analizar toda la prueba admitida y evacuada, lo cual produce indefensión en perjuicio de la parte oferente de la prueba, que aporta el elemento omitido con el fin de probar los hechos en que funda su acción. Por debido proceso, es obligación de toda persona juzgadora al dictar la sentencia, analizar la prueba admitida en forma integral, expresando las razones por la cual los elementos probatorios resultan útiles o no para resolver el conflicto (artículos 39 Constitución Política, 54 Ley de Jurisdicción Agraria, 2, 31 a 33 Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente). En la sentencia apelada ciertamente no se analiza expresamente el oficio referido, que fue aportado por la parte reconventora y, en el cual se da información sobre inconsistencias del plano P-1181678-2007. Pero para efectos de lo decidido en la sentencia impugnada, no constituye un elemento probatorio que pueda variar el resultado. Esto por cuanto, tal se aclara que “…el actor reconvenido también aporta como prueba … una certificación notarial de que el plano número P-1181678-2007 (sic), estas dos pruebas no aportan nada nuevo que demuestre que la posesión que alega el actor sea legítima, el hecho de que un plano no exista porque fue cancelado no demuestra nada en relación con el ejercicio de la posesión, e igualmente el documento descrito que presenta la señora Leslie Simmons para solicitar un desalojo administrativo, tampoco es un documento idóneo para demostrar la posesión del actor reconvenido como una posesión legítima” (imagen 393 EDC). Por consiguiente, si para el actor el plano al que se alude en el oficio que reclama no se analizó, había sido cancelado, no resultaba entonces de interés dicho oficio (imagen 102 EDC). Tampoco, como se explicó en la sentencia impugnada, es aceptable la posesión del apelante de que la existencia de ese plano probase que el terreno que pretende la demandada no es el mismo que él posee. En dicha sentencia se explica que se tuvo por demostrada debidamente la identidad del bien en litigio (ubicación material del terreno y su extensión), que no existió controversia entre las partes por ese tema y que durante el reconocimiento judicial “… ambas partes estuvieron presentes y pudieron hacer el recorrido, observando en general la identificación del terreno” (imagen 389 EDC). No objeta al respecto el apelante el resultado de esa prueba de reconocimiento judicial en cuanto a la identidad del terreno (no consta en el acta ni posteriormente reclamo alguno en ese sentido) (imágenes 308 a 327 EDC); tampoco lo hace en el recurso ni se aporta prueba que permita desacreditar lo tenido por probado con base en ello. Finalmente, revisada la forma de la sentencia impugnada, cumple los requisitos de ley de manera suficiente para ser considerada válida. Está fundamentada, al explicar el Juzgado los motivos por los cuáles considera debe rechazarse la demandada del apelante y acogerse la contrademanda, especialmente por no probar el señor García ser poseedor a título propio del terreno en litigio. Tampoco existe incongruencia, dado que se resolvieron todos los temas sometidos a conocimiento. El que la parte recurrente no comparta lo decidido y la forma como se fundamenta no es motivo de nulidad.

  XII.- También confusamente en el primer alegato resumido, se alega que existe incongruencia, porque no existe identidad entre los hechos de la demanda, la reconvención y lo tenido por demostrado, dado que se tuvieron por hechos probados algunos que asegura no fueron mencionadas ni en la demanda ni en la reconvención. Como se explicó en el voto 132 del 16 de febrero 2023 de este Tribunal, al resolverse igual alegato, eso no es incongruencia (artículo 54 Ley Jurisdicción Agraria). Tal existe cuando “…se resuelve en forma distinta o fuera de lo pedido, pero no porque los hechos probados no corresponda con exactitud al cuadro fáctico contenido en la demanda y contestación. Se aclara a la parte recurrente, el cuadro fáctico de la sentencia (hechos probados y no probados), si bien debe basarse en los hechos presentados por las partes, se redacta en función de lo que es necesario para tener por demostrados o no los presupuestos de fondo de la acción o acciones procesales por resolver. Por ello, no necesariamente el elenco de hechos de la demanda o contestación corresponde al cuadro fáctico de la sentencia, dado que en ocasiones las partes incluyen hechos que no son relevantes para lo debatido y también es frecuente que se refieran a aspectos jurídicos dentro de los hechos” (imagen 372 EDC).

 XIII.- Antes de analizar los agravios de fondo propiamente y dado que en prácticamente todos se objeta la forma como se valoró la prueba, es importante tener presente que el numeral 54 Ley de la Jurisdicción Agraria establece el sistema de la libre valoración probatoria. Ello exige a la persona juzgadora estudiar y seleccionar las fuentes de prueba obtenidas, a fin de establecer su eficacia para resolver el conflicto sometido a su conocimiento, a través de la percepción, la representación o reconstrucción y el razonamiento deductivo o inductivo. También implica que debe expresar los principios de equidad o de derecho sobre los cuales basa su criterio. "El sistema de la libre valoración de la prueba supera el clásico sistema de la prueba legal, así como el de la sana crítica, que rigen en el proceso civil. La forma como ha sido concebido el proceso agrario le permite al juez valorar ampliamente los hechos alegados por las partes. Dicho sistema no es arbitrario, por el contrario, en la libre valoración de la prueba la misma deber ser razonada, crítica, basarse en la lógica, la experiencia y la sicología. En la motivación del fallo el juez debe exponer los motivos de convicción que lo llevan a resolver en los términos que lo hace. A diferencia del sistema de tarifa legal, en el cual las pruebas se aprecian con sujeción a reglas legales previas, e incluso la admisibilidad de pruebas debe estar previamente señalado por el Ordenamiento Jurídico, en el sistema de libre apreciación el juez tiene libertad para admitir pruebas conforme a su criterio” (voto 398 de 06.06.2001 de la Sala Primera y 3657 del 07.05.2003 de la Sala Constitucional, ambas de la Corte Suprema de Justicia. En igual sentido precedentes 206 de 26.03.1999, 46 del 26.04.1995; 66 del 06.02.2009 y 364 de 28.05.2009 de este Tribunal).

  XIV.- Con respecto a los hechos probados de la sentencia recurrida, objeta la parte recurrente:

a) los hechos segundo, tercero, cuarto, quinto y sétimo, que en resumen se refieren a que la reconventora adquirió el restante 50% del área en litigio por adjudicación en el sucesorio de su exesposo Carlos Vargas; quien apeló tenía conocimiento, previo a su ingreso en el terreno, que el terreno lo poseía Carlos Vargas Pizarro; que tal señor tenían como vigilante en el lugar a Rafael García; que la casa la construyó Carlos Vargas Pizarro y que el apelante ingresó al inmueble porque ese señor lo llevó para que lo cuidara. La objeción consiste en que el apelante considera no se pudo incluir todo eso como hechos probados porque no son datos que fueran mencionados ni en la demanda ni en la reconvención. Su reclamo no es de recibo, por lo indicado en el considerando anterior sobre cómo se elaboran los hechos probados y no probados de una sentencia judicial y, porque, aunque ciertamente debe tomarse en cuenta para ello el marco fáctico planteado en la demanda, la reconvención y las contestaciones, eso no significa que se deban limitar estrictamente a lo redactado en tales ni tampoco a su cantidad. Los hechos probados y no probados, en buena técnica jurídica, se redactan con base en los presupuestos que tienen que cumplirse según las acciones procesales a resolver. Por ello pueden ser más o menos que los contenidos en una demanda o reconvención. Lo que se exige es que sean ordenados, precisos (un dato por hecho), completos, numerados, preferiblemente secuenciados en orden cronológico y comprensibles. Es el caso, este Tribunal avaló todos los hechos tenidos por demostrados en la sentencia apelada, con algunas modificaciones, porque se basan en la prueba aportada y evacuada, cuyos fundamentos fueron debidamente expresados por el Juzgado, razones que este Tribunal comparte y que se analizarán luego.

b) Afirma son contradictorios los hechos probados cuatro y siete y que debe tenerse además presente que Rafael García Rodríguez no vivía en el lugar donde está el terreno, porque habita en La Palma de Puerto Jiménez, por lo que nunca ejerció vigilancia, mientras que quien apela sí lo hizo, dado que vivía en la casa que está en el terreno. En el cuarto hecho se indica que Carlos Vargas Pizarro vigilaba el terreno por medio de Rafael García Rodríguez y, en el siete, se dice que el primero llevó al apelante para que cuidara el terreno. Se cuestiona entonces ¿si el terreno lo vigilaba Juan García o su hermano Rafael García? No lleva razón el apelante sobre este punto. Los hechos no son contradictorios, conforme al contexto del caso. Lo que faltó fue precisar los momentos en que ello ocurre, lo cual se hizo por este Tribunal al adicionarlos en ese sentido. En la sentencia apelada se explicó:

“…También es fundamental la declaración del señor Rafael García Rodríguez (hermano del actor), quien era la persona quien por años vigilo desde la finca colindante el terreno en litis, es claro en señalar en su deposición que es a partir del terremoto de Cinchona que él se trae a su hermano Juan Bautista para la zona, ya que no tenía donde vivir, y por esta razón el ingresa a vivir en la casita que hay en el terreno, la cual la hizo el señor Carlos Vargas, en el entendido de que no era un peón contratado sino que se él estaba permitiendo vivir en esa casa, esto ocurre aproximadamente en el año 2014 (ver en este mismo sentido confesional de la señora Leslie Simmons)… Las declaraciones de los testigos Miguel Ángel Amador Vargas, José Amador Vargas y Raúl Barquero Espinoza, se centran en explicar en toda la colaboración y ayuda que le han prestado al señor Juan Bautista García Rodríguez, y que únicamente lo han visto trabajar a él en el terrenito, lo cual no demuestra le legitimidad de su posesión… Como se dijo anteriormente el actor Juan Bautista García desde que ingreso por primera vez en el terreno ha tenido pleno conocimiento de que los poseedores de ese terreno lo han sido el señor Carlos Vargas Pizarro conjuntamente con su esposa la señora Leslie Simmons, que este terreno lo adquirieron ellos desde los años noventa y durante todos esos años se mantuvieron visitando el terreno al menos una vez al año, que para la vigilancia del terreno contrataron al señor Rafael GarcÍa Rodríguez, y es don Rafael quien pone en contacto a doña Leslie Simmons con el aquí actor señor Juan Bautista García… luego de que don Rafael García ya no iba estar trabajando en la finca cercana al terreno, decide permitir que el hermano de don Rafael García, el demandado Juan Bautista García ingrese en el terreno para que tuviera donde vivir y a su vez hubiera alguien en el terreno (ver testimoniales de Leslie Simmons (sic), de Sara Vargas Vargas y de don Rafael García Rodríguez, así como la confesional del actor señor Juan Bautista García Rodríguez)”. 

Este Tribunal comparte lo explicado por el Juzgado, dado que de la prueba testimonial se desprende que el terreno en litigio estuvo en posesión compartida de Carlos Vargas y su esposa Leslie Simmons desde 1999, cuando lo adquirieron a través de dos compraventas. En el hecho segundo hecho probado se precisa que la reconventora adquirió el restante 50% del área en litigio por adjudicación en el sucesorio de su exesposo Carlos Vargas. Por ello este Tribunal agregó a ese hecho, que el otro 50% del derecho posesorio ya era de la reconventora Leslie Simmons. El Juzgado se basa en la escritura en que se comprueba esa adjudicación, a lo que se deben agregar las escrituras de compraventas ante el notario Martin Mainieri Jiménez (imágenes 13, 180 y 186 EDC) y lo declarado por el testigo Rafael García (grabado en audio), sin que se desvirtuase en este proceso la validez de dichos actos. También se probó que Rafael García Rodríguez, hermano del actor reconvenido, vivía en una finca vecina, motivo por el cual los señores Vargas y Leslie le pagaban para que vigilara su terreno, de lo cual existen también documentos que confirman los pagos (imágenes 58 a 99 EDC). Luego del terremoto de Cinchona (ocurrido en el 2009) y del fallecimiento del señor Carlos Vargas (año 2012), el señor Rafael García debe irse del lugar y dado que su hermano Juan García no tiene donde vivir, solicita a los dueños del terreno en litigo que le permitan vivir en la casa existente ahí. Leslie Simmons acepta que ella autorizó dicha situación, pero debido a los abusos que estaba cometiendo el actor reconvenido, en el año 2017 le solicitó irse del lugar; como no lo hizo voluntariamente, tuvo que interponer un procedimiento de desalojo administrativo, el cual fue acogido, pero no se ejecutó por el amparo interpuesto por Juan García y luego la medida cautelar resuelta en este ordinario (imágenes 219 y 32. EDC). Sobre lo indicado, el testigo Rafael García, como lo resalta el Juzgado, es fundamental para dilucidar lo sucedido en este caso. Su declaración es creíble y concordante con la prueba documental. Básicamente confirma la posición de la parte reconventora, que ella expresó y mantuvo en sus diversas gestiones escritas y en su declaración de parte (grabada en audio), sobre haber ingresado Juan García a solicitud de su hermano Rafael García, porque no tenía donde vivir y que autorizó se quedase en la casa existente en la finca, mientras ella no la ocupase. Conforme lo explicado, primero vigiló el terreno Rafael García y luego se le permitió al actor reconvenido vivir en la casa existente en tal, a partir de los años 2013/2014. Por consiguiente, no existe contradicción en los hechos probados cuatro. Tampoco se probó el apelante que Rafael García fuese vecino de otro lugar antes del 2014, lo que le impidiese vigilar el terreno. Por el contrario, se probó que se le pagó por ello. En relación con lo indicado, Rafael declaró, en resumen, ser hermano de Juan García, vivir en el 2021 en La Palma de Puerto Jiménez y ser agricultor. Confirmó que cuidó una finca ubicada a la par del terreno en litigio desde el año 1996. También vigiló la finca en discusión por encargo de Carlos Vargas, quien la compró a unos señores que él conoció. Vigilaba que no se metiera gente o animales y porque existía una casa, que estaba sola. Como en el 2011 se trajo a su hermano, que estaba en Cinchona, luego del terremoto, porque su mamá estaba preocupada por él. Y en el 2013/2014, dado que se tenía que devolver para La Palma, él gestionó para que su hermano se quedara como cuidador en la finca de Leslie. Cuando se le dijo que saliera, Juan no quiso hacerlo y cambió el candado del portón. La casa la hizo Carlos. Luego de que murió Carlos, quedó doña Leslie. Confirma que recibió pagos de ella por la vigilancia y que ella se mantenía al tanto del terreno. En la finca no se trabajaba o limpiaba por lo que había, era poco lo que había que hacer y él se encargaba de hacerlo; cuando estuvo Juan le daba dinero para que lo hiciera. Juan tuvo unos chancitos y sembró unas cosillas; pero no trabaja la finca para que le paguen, porque él tiene su pensión. Del dinero que Leslie le daba él le daba a Juan una parte, por iniciativa de él.

c) Reclama el apelante no establece la sentencia impugnada en qué momento es que él ingresó al terreno y si lo hizo como poseedor, dado que la parte demandada reconventora dijo no tener vínculo contractual con él. Conforme lo explicado en el punto anterior, lo cual es innecesario reiterar, se tuvo por probado que el actor llegó al terreno entre los años 2013/2014 porque su hermano Rafael García le ayudó y solicitó a Leslie Simmons lo permitiese, dado que no tenía donde vivir, luego del terreno de Cinchona sucedido años antes. Sobre lo reclamado, se aclara entonces que, si bien en los hechos probados no se indicó el dato de los momentos o los años en que sucedieron los hechos, lo cual este Tribunal corrigió en lo pertinente, en los considerandos siguientes si se explicó ampliamente lo tenido por probado al respecto y porqué. Por ende, su reclamo no es de recibo.

d) También objeta el recurrente que en el hecho 8 de la sentencia se tiene por probado que la demandada es quien ha poseído el terreno porque pagó la vigilancia y el servicio de electricidad. Pero en el hecho sexto se dijo que pagó la vigilancia en los años 2012, 2013, 2017, 2018 y 2020. No lo hizo entonces en 2014, 2015 y 2016. No se concretiza cuál es la objeción, pero parece objetarse que es el no existir prueba de pagos entre los años 2014 a 2016. El reclamo no es aceptable. Ese período corresponde a los años en que se explica ya se había tolerado que estuviese en la casa de la finca Juan García (2013/2014), porque su hermano Rafael dejaría de estar en la finca vecina y el año en que empiezan los problemas porque tal no se quiere ir (2017). Además, el hecho de que no se documente pago por esos 3 años no prueba que durante en ese periodo la demandada reconventora haya perdido la posesión del terreno.

 XV.- Antes de analizar los restantes agravios, al referirse a presupuestos de las acciones debatidas en el caso, es importante tener presente que, de acuerdo con los hechos y pretensiones de la demanda, se plantearon conjuntamente una acción declarativa de certeza de posesión, una acción accesoria de daños y perjuicios y una acción subsidiaria de pago de “mejoras”. En la contrademanda se planteó una acción publiciana (conocida también como de mejor derecho posesión), dado que se pide la restitución de una finca sin inscribir. Se trata de acciones similares, que comparten algunos presupuestos por estar relacionadas ambas con el derecho real de posesión, al ser el objeto de lo debatido un inmueble sin inscribir. Pero jurídicamente son diferentes por sus fines y el contenido específico de algunos presupuestos. La primera es restitutiva y la segunda es solamente declarativa. Por ello, de admitirse las acciones, las condenas son diferentes. Pese a el error de calificación que hizo el Juzgado al calificar la acción de la demanda como publiciana, no existe perjuicio ni indefensión para la parte actora, dado que fue declarada sin lugar, sin que incidiese en los fundamentos de esa decisión las diferencias explicadas respecto de esas dos acciones procesales. Las acciones procesales principales referidas, contenidas en la demanda y en la contrademanda, versan sobre el derecho real de posesión, al ser el objeto en litigio un terreno sin inscribir: una declarativa del derecho de posesión y una publiciana (restitutoria). Por ello es importante analizar sus requisitos y efectos. En las acciones declarativas se pretende comprobar o fijar una situación jurídica, en relación con derechos reales, en este caso el de posesión. Es decir, obtener la declaración de que se es titular de un derecho real o de una situación relacionada con tales, para acallar a la parte contraria que discute el bien o quiere arrogarse ese derecho o alguno de sus atributos. No implica despojo, pues es preventiva o defensiva. Dicha acción se fundamenta en la posibilidad de ejercer las potestades de exclusión y defensa (artículos 305, 306, 307 Código Civil, aplicables también al derecho de posesión). Los presupuestos que deben demostrarse para que proceda declarar con lugar una acción declarativa como la analizada en este caso en concreto, son: 1) Legitimación activa: se configura cuando la parte actora demuestra ser la poseedora legítima o con mejor derecho (en este caso derecho real de posesión) o situación que la contraria. 2) Legitimación pasiva: está presente cuando la persona demandada es quien perturba, afecta o reclama para sí un derecho o situación que no es suyo, sin justa causa, o que no puede oponer a la contraria. Significa entonces que la persona demandada debe ser quien, de alguna forma censurable jurídicamente, esté afectando o cuestionando la titularidad del derecho o la situación que la parte actora ostenta. El acto perturbador debe demostrarse en forma efectiva y debe ser además algo que objetivamente merezca ser tutelado por el ordenamiento jurídico. También, debe probarse de qué manera y cómo se afectan los derechos o situaciones de quien acciona. 3) Identidad del bien objeto de las pretensiones o reclamos de ambas partes: debe probarse que el bien objeto el reclamo de la parte actora, es el mismo que la demandada involucra en el actuar cuestionado. Además, deben quedar acreditados otros presupuestos de fondo exigidos en toda acción: 4) Ser titular del derecho que se reclama o merecer tutela jurídica la situación que alega la actora: en este caso, en función de lo debatido, se reclama la tutela de un derecho de posesión, el cual está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico como derecho real. Si bien el Código Civil no contiene un apartado específico para regularlo, como lo hace con otros derechos reales clásicos (dominio, hipoteca, usufructo, uso y habitación y servidumbre), se aplica en lo que corresponda, lo normado para la posesión como atributo del dominio (a partir del artículo 277). Aclarado el punto, es importante distinguir cuando las normas se refieren a la posesión como hecho y cuáles como atributo del dominio; y discriminar cuáles reglas resultan aplicables a la posesión como derecho real. Albaladejo resalta que “la palabra posesión tiene dos sentidos: como señorío o poder de hecho, y como poder jurídico (derecho)” (1994. Derecho Civil. III. Derecho de bienes. Vol. I. 8va. ed. Barcelona: José María Bosch, p. 36 a 39]. La Sala Constitucional, en voto 5402 de 20.09.1994, explica: “La posesión puede definirse como una relación o estado de hecho, que confiere a una persona el poder exclusivo de retener una cosa para ejecutar actos materiales de aprovechamiento, animus domini, o como consecuencia de un derecho real o personal, o puede no reconocer la existencia de derecho alguno…”.  Para diferenciar los tipos de posesión son importantes sus elementos (material y psicológico o intelectual), también denominados corpus y animus. El primero implica la tenencia del bien, el segundo la intención de poseerlo para sí. Para poseer como derecho real se requiere tener el poder de hecho sobre el bien y la voluntad de tenerlo bajo su dependencia. El derecho real de posesión se adquiere por los modos válidamente establecidos (originarios o derivativos), de manera unilateral (cuando se adquiere o se entra a poseer el bien sin existir una posesión anterior o sin que exista transmisión de la situación o del derecho y se posee por al menos un año, a nombre propio y como persona dueña, con los requisitos que se dirán) o bilateral (si se adquiere legítimamente por acuerdo de una persona poseedora precedente). Se pierde por diversas causas, entre ellas abandono, tratándose de inmuebles, no realización de actos posesorios sin causa justificada (siempre que otra persona empiece a poseerla, dado que es un derecho prescriptible negativamente por el transcurso de un año) (artículos 279, 285, 287, 307, 854, 860 CC) (Sala Primera, resoluciones 92 de 21.06.1991 y 98 de 13.09.1995). Para su tutela como derecho real debe no solo haberse adquirido legalmente; también debe poseerse con todas las cualidades legales (continuidad, no violencia, públicamente, de buena fe y de forma inequívoca) (arts. 279 y 284 CC). Tratándose entonces de este derecho real, la posesión corresponde al ejercicio aparente de la propiedad, es decir, actuar como persona dueña, en función del poder que se tiene sobre el bien. No se requiere el contacto físico o inmediato con el bien; basta que se tenga la posibilidad o poder de ejercer una acción inmediata (disponibilidad) sobre tal. También es importante tener presente varias presunciones, que admiten prueba en contrario a cargo de quien pretenda desvirtuarlas: a) El hecho de la posesión hace presumir el derecho de poseer (artículo 281 Código Civil); b) En caso de duda, se presume la buena fe (artículo 286 ibid.) y c) El hecho de la posesión hace presumir el título (artículo 854 ibid.). 5) Interés actual: La parte actora debe tener un motivo o interés legítimo y vigente a la hora de plantear la demanda, que debe persistir para cuando se resuelve el proceso, de manera que sea necesaria su defensa a través de la vía judicial, para evitar mayores perjuicios o para paralizar, recobrar o ser indemnizada por lo ya causado. Con solo uno de esos requisitos que no se cumpla, la demanda resulta improcedente

XVI.- La segunda acción planteada y también principal es de carácter restitutorio (numeral 322 Código Civil). En doctrina se le denomina publiciana y en el ámbito nacional se le conoce también como “acción de mejor derecho de posesión”. Tiende a tutelar a la persona poseedora legítima frente a la ilegítima, con el objeto de que logre la restitución de la posesión de la que ha sido indebi­damente despojada, dado que se reconoce su derecho preferen­te respecto de una poseedora anterior (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto 168 de 06.06.1990). De acuerdo con el criterio de la Sala, esa acción procede cuando se trata de restituir un bien inmueble no inscrito, del cual se ha sido indebidamente despojado, y sobre el cual quien restituye ostenta un derecho de posesión (ver votos 31 de 21.05.1993 y 13 de 25.03.1994. También de este Tribunal, el precedente 708 de 15.11.1997). Guarda entonces similitud con la anterior, al versar ambas sobre el derecho real de posesión, pero sus fines son diferentes, al no pretenderse en la declarativa de certeza la restitución del bien, lo que es característico de la publiciana. Por ello algunos de los presupuestos son prácticamente iguales. Al respecto, adicional a los antes explicados para la anterior acción, en la publiciana se requiere para la legitimación pasiva se demuestre que la parte demandada es poseedora ilegítima por haber despojado en forma indebida la posesión o tenencia de la actora (artículos 317, 318, 319 y 322, 277 y 286 Código Civil); en el presupuesto del interés actual, a la fecha de plantearse la demanda y resolverse el proceso, no debe haberse satisfecho la pretensión planteada; es decir, la parte actora no debe haber recuperado la posesión y el ejercicio de la tenencia sobre el bien reclamado. Con solo que uno de los 5 requisitos no se cumpla, la demanda resulta improcedente. Se resalta, además, que también en esta segunda acción se tutela el derecho real de posesión, no el de propiedad (dominio) (por ello es incorrecto referirse a diez años de posesión). Para ostentar el derecho real de posesión sobre un bien inmueble sin inscribir se requiere entonces cumplir todos y cada uno de los requisitos legales antes citados: posesión pública, continua, pacífica, de buena fe, a título de persona dueña por más de un año, cumpliendo con los deberes y derechos que la función social conlleva según la aptitud del inmueble y causa jurídica válida que fundamente cómo se adquirió el derecho (artículos 307 y 319 Código Civil, aplicado supletoriamente). A diferencia del derecho real de dominio, el de posesión es prescriptible positiva y negativamente, siendo el plazo exigido en ambos supuestos de 1 año. Así lo disponen los artículos 277, 278, 279, 284, 860, 865 a 874 Código Civil. Vale destacar en cuanto al plazo los siguientes: “277.- El derecho de posesión consiste en la facultad que corresponde a una persona de tener bajo su poder y voluntad la cosa objeto del derecho. 279.- Independientemente del derecho de propiedad, se adquiere el de posesión: … 2º.- Por el derecho de conservar la posesión por más de un año. El año corre desde que se tome públicamente la posesión, o si fuere tomada clandestinamente, desde que eso conste al despojado… 284.- Para que la posesión por más de un año confiera el derecho de poseer, es necesario que dicha posesión sea de buena fe. 860.- Para adquirir la propiedad de los inmuebles, o algún derecho real sobre ellos por prescripción, se necesita una posesión de diez años. El derecho de poseer se prescribe por la posesión de un año” (lo subrayado no es del original).    Se reitera, son las dos acciones analizadas muy parecidas, con presupuestos similares, solo que la primera no exige que se demuestre un despojo (porque se pretende solo confirmar quien es la persona titular legítima del derecho de posesión y defenderle contra acciones perturbadoras, que no implican despojo) y en la publiciana si debe existir despojo, porque se pretende la restitución del bien. Sin embargo, para un sector de la doctrina, la acción de mejor derecho de posesión puede ser tanto declarativa como restitutiva, dado que esa denominación genera confusión sobre sus efectos.

XVII.- Reclama el apelante que Leslie Simmons no puede ser considerada poseedora legítima del terreno (y por ende carece de legitimación activa) por no haber demostrado ningún tipo posesión agraria, porque lo mencionado en la sentencia que ella hizo son actos posesorios civiles y no agrarios; mientras que él es quien, si ha ejercido actos posesorios agrarios. Se estableció ella depositaba un dinero a Rafael García para que vigilara que el terreno, pero el apelante dice que Rafael nunca lo hizo. Aparte de que, los testigos Miguel Amador Vargas, Raúl Barquero Espinosa y José Antonio Amador Vargas fueron contentes con indicar que él era quien estaba en el terreno. Además, alega, mediante el reconocimiento judicial y la prueba testimonial se probó su posesión sobre el terreno, porque ha vigilado que nadie corte árboles, realice cacería y además tiene cultivos como camote, yuca, plátano, piña y otros; cría gallinas y cerdos; limpia carriles, hizo un rancho que funcionan como cocina y habita en la casa; instaló un ariete que proporciona agua a la casa y para el cuidado de los animales (cuando los tiene). Todo eso, dice, durante 10 años, en forma pacífica, continua, ininterrumpida, a título de dueño, porque cuando ingreso estaba en abandono, dado que Carlos Vargas no volvió al lugar y murió el 12 de agosto 2012. El agravio no es de recibo. Además de la prueba documental ya citada (escrituras), que confirma cómo Carlos Vargas y Leslie Simmons llegaron a ser dueños del terreno en litigio y que luego de la muerte del primero le pertenece totalmente a la segunda, las declaraciones de Rafael García y la hija de la reconventora, Sara Simmons, permiten concluir, como lo hizo el Juzgado, que Leslie Sinmons es la titular legítima del derecho de posesión sobre tal. La testimonial de Rafael García ya fue analizada. Sara Vargas Simmons, hija de la reconventora, médico, vecina de Miramar de Puntarenas, dijo conocer el terreno desde que tenía 11 años (nació en 1985). Rindió una declaración creíble, razonable y concordante con la restante prueba. Indicó que sus papás lo compraron, a pesar de que sabían que no tenían título, pero conocían la zona y querían preservarlo. Lo visitaban en vacaciones, por lo menos 1 vez al año, porque quedar en un lugar lejano. Cuando cumplió 22 años, como en el 2007, fue la última vez que se quedó en la finca, pero luego visitaban la zona, aunque no se quedaba en el terreno. En ese entonces no había nadie instalado; pero si existía la casa, aunque no vivía nadie. Sabe que “Rafa” era quien les cuidaba y daba mantenimiento y se quedaron una vez en la casa donde él cuidaba. Eso fue cuando ella tenía como 25 años y en esa ocasión recorrieron la finca. Su papá si la visitaba mucho solo. Sus papás se separaron. Su padre murió en el año 2012. Luego de eso, como en el 2014, visitaron de nuevo la finca. Al principio con Juan no tuvieron problema, porque se suponía que estaba para cuidar. Pero no visitaba la finca porque se sentía insegura ni quería que su madre la visitara sola. Luego de que llegó Juan, él y Rafa -su hermano- trabajaron en conjunto asistiendo la finca y su mamá le pagaba a Rafa. Confirma que Juan ingresó porque Rafael se tenía que ir de la casa que cuidaba y él pensó que su hermano podía quedarse en el terreno a cuidarlo y para tener donde vivir. Ambas personas testigos ratifican entonces lo dicho por la reconventora sobre cómo y que ha hecho para ejercer la posesión sobre el terreno. Tampoco es cierto que únicamente se tuviese por legítima su posesión por haberse probado que ella pagaba a Rafael por vigilancia y los recibos del servicio eléctrico. En la sentencia apelada se explica ampliamente que se considera poseedora legítima porque no solo adquirió el derecho de manera válida, sino que lo ejercieron (primero con su exesposo y luego solo Leslie), de forma pública, pacífica, continua, sin equívocos y por más de quince años, antes de empezar a tener problema con Juan García. Incluso, ambos testigos confirmaron que dada la naturaleza del terreno (que colinda con el Minae según los testigos) y la vocación ambiental de Leslie Simmons, se adquirió para conservarlo. Por ello, en palabras de Rafael García, había que hacerle “muy poco”; solo vigilar que no se metieran personas y animales.

XVIII.- Con respecto a lo declarado por Miguel Amador Vargas, Raúl Barquero Espinosa y José Antonio Amador, considera este Tribunal lleva razón el Juzgado al valorar en la sentencia apelada que sus testimonios no son útiles para resolver a favor del actor. Se indicó al respecto: “Las declaraciones de los testigos Miguel Ángel Amador Vargas, José Amador Vargas y Raúl Barquero Espinoza, se centran en explicar en toda la colaboración y ayuda que le han prestado al señor Juan Bautista García Rodríguez, y que únicamente lo han visto trabajar a él en el terrenito, lo cual no demuestra le legitimidad de su posesión” (imagen 387 EDC). Además, conforme a lo que declaran, conocen en el terreno al actor a partir del año 2013 aproximadamente, lo que confirma lo dicho por el testigo Rafael Vargas que fue para ese año o el 2014 en que él facilitó al actor permanecer en el terreno con anuencia de la reconventora. El testigo José Amador Vargas, se resalta, conoce la finca a partir del año 2013 según su declaración y que para ese año en ella estaba el actor reconvenido, a quien le compraban productos; tuvo gallinas y una vez le compraron un cerdo. Lo que sabe sobre Juan ingresó al terreno, es porque él le dijo que llegó luego del terremoto de Cinchona, porque no tenía donde estar y que un señor Carlos le dio permiso de estar ahí. Sabe que hizo cultivos de yuca, plátano y una ranchita. Él y su hermano Miguel Amador le ayudaron a limpiar los carriles y a realizar arreglos en la finca. El testigo Miguel Ángel Amador Vargas, vendedor de verduras, indica que al menos dos veces por semana visita el terreno y que a quien ha visto en tal es a Juan García, a quien le ha ayudado económicamente y en todo lo que puede porque le recordaba a su abuelo y porque lo veía enfermo. Indica lo ha acompañado por toda la finca en las labores que hace; lo ha visto cultivando plátano, yuca, tiquisque, camote. Conoce que la casa de la finca tiene agua “de un ariete” y la luz tiene dice que él la ha ayudado a pagarla desde hace unos años. No sabe cuándo se puso el ariete; cuando conoció a Juan y a la finca, en el 2012/2013, ya estaba ahí. No sabe cuánto mide el terreno y solo a Juan ha visto en el terreno. Dice no conocer a Rafael García. No sabe por qué Juan ingresó al terreno; tal solo le contó que lo hizo luego del terreno de Cinchona. No sabe con quién fue el conflicto que tuvo Juan, cuando la policía llegó para desalojarlo. El testigo Raúl Barquero Espinoza, vecino de San Vito, agricultor y pastor cristiano. No conocía el terreno, solo pasaba una vez por semana cuando vendía verdura, desde hace unos siete años (2014). Veía en el terreno a Juan, haciendo los cultivos existentes, pero no sabe por qué ingresó en él. Y con respecto al reconocimiento judicial, tampoco es prueba útil para demostrar la posición del actor, pues en tal, realizado en octubre 2021, solo se puede constatar lo que existe en ese momento, conforme se resumió en el hecho probado once, agregado en esta sentencia.

 XIX.- También reclama el apelante que el Juzgado valoró erróneamente la prueba, al tener su posesión como ejercida de mala fe, por haber ingresado al terreno con conocimiento de que había sido poseído por Carlos Vargas, sin analizarse que ese señor había abandonado el terreno y que ni él ni su sucesión son parte en este proceso, además de que no tuvo conocimiento que Leslie se adjudicara el derecho de posesión de Carlos. Lo agraviado no es aceptable. La posesión de mala fe es aquella que se realiza conociendo que se está ejecutando un acto sin la autorización de quien corresponde, ya sea que eso perjudique o no de alguna manera la esfera patrimonial de esa otra persona. Ello sucede, por ejemplo, cuando se posee y se sabe que el bien es ajeno; que se realiza sin la autorización debida o que se ha excedido lo autorizado (temporal o espacialmente) (numerales 285 y 286 Código Civil). Este Tribunal resalta que, conforme a la prueba analizada, no es creíble la posición del actor de que ingresó al terreno en el 2009, según lo que se afirma en el hecho primero de la demanda (imagen 1 EDC). Convenientemente se omite especificar en tal acto la causa de adquisición, sin que el Juzgado haya prevenido su aclaración oportunamente. Es hasta la contestación de la reconvención (imagen 285 EDC) y en su declaración de parte de Juan García (grabada en audio), que tal afirma que ingresó en el año 2009 por estar “abandonado” el terreno y que ingresó luego de eso. En su declaración de parte afirma, además, lo había autorizado para hacerlo Carlos Vargas. Nada de ello fue demostrado. Por el contrario, la prueba acredita que ingresó hasta el año 2013/2014, luego de fallecer el señor Vargas, por no tener donde vivir, gracias a que su hermano le pidió a la reconventora que lo dejara estar en la casa existente en la finca a cambio de que la vigilara. Por ende, desde que ingresó sabía que el terreno era ajeno y en qué condición lo hacía (con la mera tolerancia de su persona dueña). Además, no es creíble tampoco su versión de que un terreno tan valioso al ser de naturaleza boscosa y ubicarse en Puerto Jiménez, con frente a la calle pública principal que lleva a esa localidad, que tenía una casa, quedase abandonado en la forma como lo expresa en su cuestionable declaración de parte; además de haber omitido expresar eso en la demanda. En todo caso, al haber aceptado que sabía que el terreno era de Carlos Vargas desde que ingreso, eso es motivo suficiente para tener por configurada su mala fe, porque no puede después pretender ignorar que sabe eso, justificándose en que ese señor dejó abandonado el terreno.

 XX.- Alega el apelante que para cuanto tuvo conocimiento de que Leslie Simmons se adjudicó el derecho de posesión de Carlos Vargas, para ese momento ya estaba prescrito negativamente. El agravio no es de recibo. En la sentencia apelada se rechaza el tema con base en lo siguiente. “…En este caso dos razones llevan al rechazo de esta defensa que todo el ingreso del señor Juan Bautista no se da en calidad de dueño, e ingresa por la autorización de los dueños del terreno, teniendo pleno conocimiento el señor actor reconvenido de esta situación por lo cual seu (sic) posesión no ha sido ni de buena fe, ni en calidad de dueño, y además que desde el año 2017 la señora Leslie Simmons está intentando recuperar la posesión del terreno, por las vias que la ley pone a su disposición con la figura del desalojo administrativo, por lo cual no ha operado el plazo de prescripción que alega el actor, pues su posesión esta viciada. Finalmente puede afirmase que se configuran así los tres presupuestos para acoger la acción de mejor derecho de posesión que interpone la señora Leslie” (imagen 396 EDC). Aparte de lo indicado, contrario a lo que afirma el apelante, no se probó que en algún momento el terreno, ni antes del año 2009, ni luego de eso, haya dejado de estar en posesión primero de Carlos Vargas y Leslie Simmons de manera conjunta, y luego del año 2012, únicamente de la segunda. Por el contrario, en la prueba analizada en considerandos anteriores, se demostró que ellos han ejercido una posesión continua, pública, pacífica y a título de dueños sobre tal inmueble desde que lo adquirieron, en 1999. Es hasta el año 2017 que se presenta el problema con la parte actora reconvenida, por no querer retirarse del inmueble de manera voluntaria. Ante ello, la persona que quedó como su legítima poseedora total -Leslie Simmons- acudió a las vías pertinentes para lograr su retiro: primero al plantearse un desalojo administrativo y luego, al defenderse con una contrademanda en este proceso. No existe entonces posibilidad de aplicar en este caso, conforme lo explicado en el considerando XV de esta sentencia, la prescripción negativa en contra de Leslie Simmons (numerales 279 a 282 Código Civil).

 XXI.- No es admisible tampoco el agravio referido a que se rechazaron incorrectamente las excepciones de prescripción positiva y de falta de derecho de la “reconventora”, con base en que quien apela carece de título al ingresar y poseer el terreno, por lo que con ello desconoce el Juzgado que el título es la posesión misma, pues se está en un caso de mejor derecho de poseer y no de propiedad y porque desde agosto 2012 en adelante él era quien poseía el terreno, porque quien lo venía ejerciendo falleció (numeral 279-2 Código Civil). Es innecesario reiterar las razones del porque en este caso no es aceptable lo argumentado por Juan García sobre que el ingresó al terreno en litigio en el año 2009 por estar abandonado. Se demostró todo lo contrario. Como bien lo señala el Juzgado, el ingreso y permanencia del actor reconvenido en el terreno nunca fue a nombre propio, es decir, a su favor, porque se mantuvo en tal por tolerancia de sus dueños, desde que le permitieron habitar la casa a partir del año 2013/2014. Tuvo entonces siempre pleno conocimiento de que el terreno era ajeno. Ello impide que pueda adquirir legítimamente derecho real de posesión sobre ese inmueble sin inscribir a través de la usucapión y, por ende, no ostenta derecho que pueda oponer a la reconvención.

 XXII.- Finalmente, reclama el apelante que se inobservó el artículo 509 Código Civil, porque no debió rechazarse la pretensión subsidiaria, referida al pago de mejoras. Para él, con el reconocimiento judicial se acreditó que existían en el terreno plantaciones de camote, piña, plátano y yuca y un rancho que sirve como cocina de la casa, lo cual genera enriquecimiento sin causa a favor de la demandada. El agravio no es de recibo. En la sentencia recurrida se rechaza el tema con base en lo siguiente. “El señor actor plantea también una pretensión subsidiaria que consiste en lo siguiente:  Se ordene a la demandada pagarme el valor de las mejoras útiles y necesarias en abstracto, así mismo se me permita retirar los materiales de puro adorno que he colocado en el terreno ambos desde el 01 de Diciembre del 2009; con derecho a retener el terreno en mi poder hasta su efectivo pago, y con plazo de tres meses para retirar la totalidad de los materiales de puro adorno. Esta pretensión también debe de rechazarse en su totalidad, pues de la prueba ofrecida y evacuada por ambas partes no se acreditó que el señor Juan Bautista García hubiera hecho mejoras útiles y necesarias en el terreno, sobre la casita que está en el terreno la misma se acredito que existía desde antes de ingresar don Juan Bautista en el terreno, no se observaron cultivos permanentes en la diligencia de reconocimiento judicial, la finca en su mayoría está constituida por bosque el cual esta conservado, cuidado, y tampoco la prueba testimonial ni la documental ofrecida por el señora (sic) actor acreditan que se hubieran introducido mejoras desde el punto de vista agrario, por lo que esta pretensión también debe de rechazarse” (imagen 389 EDC). Aparte de que el actor no precisó en su demanda qué era lo que pedía se le indemnizase como “mejoras”, lo cual debió hacer en garantía del debido proceso de la parte contraria, sin que el Juzgado previniese su corrección oportunamente, se comparte lo concluido en la sentencia recurrida sobre que en este caso no es posible condenar al pago de “mejoras”, ni siquiera en abstracto. Al respecto, conforme se tuvo por demostrado en el hecho probado once, agregado por este Tribunal, el terreno en litigio es casi totalmente de naturaleza boscosa. La casa vieja que existe no la hizo el Juan García. Y en cuanto a las siembras que reclama ha hecho, aparte de que como se tiene por probados es en un área muy pequeña y que no son cultivos permanentes o semipermanentes, resultan evidentemente ser para su consumo y su subsistencia. Los testigos Miguel Amador Vargas, Raúl Barquero Espinosa y José Antonio Amador, ofrecidos por el accionante, fueron claros en que la pobre situación económica de Juan García, por lo que ellos se veían obligados a ayudarle con comida y con semillas para que sembrara algo. Y lo que se denomina “rancho para cocina”, que en el reconocimiento judicial se describe como bodega con ese fin, no tendría derecho a que se le indemnice como mejora, por ser una edificación sencilla incorporada por el actor, que no se probó fuese de materiales ni de naturaleza permanente. Tampoco como accesión, pues puede retirar los materiales y llevárselos cuando desaloje el terreno (numerales 330 a 332 y 508 Código Civil). No existe, por ende, una decisión equivocada sobre el tema que genera un enriquecimiento indebido a favor de la persona reconventora.

XXIII.- De conformidad con lo expuesto, procede confirmar la sentencia recurrida en lo que fue objeto de apelación.

NOTA DE LA JUEZA FISHER GONZÁLEZ: La suscrita Jueza comparte la solución aplicada al caso concreto. Sin embargo, se estima necesario hacer algunas precisiones en cuanto a la prescripción del derecho de posesión. Ciertamente el ordinal 860 del Código Civil dispone que el derecho de posesión prescribe por la posesión de un año, pero ese plazo no opera como pérdida del derecho cuando se está en presencia de una posesión decenal apta para usucapir. Lo anterior porque si se ha ejercido en un fundo no inscrito una posesión de diez años, en forma quieta, pública, pacífica, continua, de buena fe y a título de dueño, se trata ya no solamente de un derecho de posesión sino de una posesión más calificada. Sobre el particular, desde vieja data, la Sala Constitucional había referido, para fundos sin inscribir, que una vez consolidada la usucapión se adquiere el derecho de propiedad como modo originario, de forma tal que se distingue de la información posesoria como  instrumento de formalización de ese derecho para que sea inscrito, pero partiendo de que ya está el derecho consolidado. En este sentido, consideró: “(…)  IV.- RÉGIMEN GENERAL DE LA USUCAPIÓN: En principio, debe indicarse que las diligencias de información posesoria reguladas en la Ley de Informaciones Posesorias No.139 de 14 de julio de 1941 y sus reformas, son un procedimiento judicial no contencioso por medio del cual se formaliza un título de propiedad de bienes inmuebles inscribible en el Registro Público. En general, con ese procedimiento se pretende que los poseedores que carecen de título inscribible en el Registro Público, lo obtengan. El artículo 1 de esa Ley dispone que para que el poseedor de bienes raíces solicite el otorgamiento del título con base en el procedimiento de información posesoria, deberá demostrar una posesión por más de diez años con las condiciones que señala el artículo 856 del Código Civil, a saber, en calidad de propietario, continua, pública y pacífica. Los anteriores requisitos de tiempo y condición, caracterizan la posesión necesaria para usucapir. Para obtener la propiedad de los bienes inmuebles por prescripción positiva, además de la posesión en las condiciones indicadas, el artículo 853 del Código Civil señala como requisitos: el título traslativo de dominio y la buena fe. De lo anterior y de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Informaciones Posesorias, que caracteriza el procedimiento de información posesoria como un proceso judicial no contencioso -en el que al surgir un reclamo u oposición de alguna persona o del Estado, provoca que el asunto se suspenda y se remita a la vía declarativa para su discusión y solución, o que se archive el expediente y se tenga por agotada la vía administrativa, respectivamente-, se desprende que la titulación del bien inmueble tiene como requisito la adquisición de la propiedad. O sea, que se distingue el momento de adquisición de la propiedad por usucapión del momento en que esa situación se hace valer en el procedimiento de información posesoria para obtener un título inscribible en el Registro Público. De ahí que se considere la usucapión como un modo de adquisición de la propiedad y de otros derechos reales poseíbles, y a la titulación como el procedimiento por medio del cual, comprobados los requisitos de la usucapión, se confiere el título de propiedad inscribible. (…) El derecho de posesión puede ser adquirido independientemente del dominio pleno bajo ciertas circunstancias que el Código Civil regula en el artículo 279 -por consentimiento del propietario, por el hecho de conservar la posesión por más de un año y porque la ley autorice al acreedor a retener la cosa de su deudor o mande que todos o algunos de sus bienes pasen a un depositario-. El derecho de posesión en general se integra con dos elementos: el corpus y el animus. El primero, referido específicamente al hecho material de tener sometida la cosa al poder -acción- y la voluntad de una persona, y el segundo, relacionado con un aspecto interno que guía al poseedor. A esos elementos se deben sumar otras circunstancias especiales que la ley exige para que la posesión resulte útil para usucapir. En ese sentido, la posesión ad usucapionem es una forma más rigurosa o calificada de posesión que se diferencia de la genérica. Los requisitos que la ley exige para que la posesión sea apta para la prescripción positiva se regulan en el artículo 856 del Código Civil” (el énfasis no es del original. Sentencia No. 04587-97 de las quince horas cuarenta y cinco minutos del cinco de agosto de mil novecientos noventa y siete). En este orden de consideraciones, no es dable afirmar de manera generalizada, que tratándose de un fundo sin inscribir se pierde el derecho de posesión por la sola circunstancia que otro sujeto lo ejerza por el plazo de un año (artículos 279 y 284 del Código Civil), toda vez si la persona poseedora anterior tenía una usucapión consolidada evidentemente tiene un mejor derecho y es una posesión más calificada. Ahora bien, en este caso, la parte apelante no demostró haber tenido o ejercido una posesión de diez años ad usucapionem o que se hubiese poseído  en calidad de dueño, razón por la cual se comparte el voto por el fondo, pero con la presente nota relativa a la prescripción del derecho de posesión, dado lo afirmado de manera general en la resolución en cuanto a ese instituto.    

POR TANTO

En lo apelado, se confirma la sentencia 285 del treinta y uno de agosto dos mil veintitrés. Existe nota de la jueza Fischer González.

 

 

 

 

	


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RUTH ALPIZAR RODRÍGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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MARIA VANESSA FISHER GONZALEZ - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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GEISON LOPEZ BARRANTES - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 21-000001-0419-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:30:55.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Judge:** Agrarian Tribunal

**Resolution No. 00773 - 2025**

**Date of Resolution:** August 13, 2025 at 20:55

**Case File:** 21-000001-0419-AG

**Drafted by:** Ruth Alpízar Rodríguez

**Type of Matter:** Ordinary proceeding

**Analyzed by:** CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

**Content of Interest:**

**Type of content:** Majority vote

**Branch of Law:** Agrarian Law

**Topic:** Agrarian declaratory action

**Subtopics:**

Requirements for its admissibility when the protection of a possession right recognized as a right *in rem* is claimed.

"XV. [...] The requirements that must be demonstrated for a declaratory action such as the one analyzed in this specific case to be granted are: 1) Active legal standing: this is established when the plaintiff proves to be the legitimate possessor or to have a better right (in this case, a right *in rem* of possession) or situation than the opposing party. 2) Passive legal standing: this exists when the defendant is the person who disturbs, affects, or claims for themselves a right or situation that is not theirs, without just cause, or that cannot be asserted against the opposing party. This means, therefore, that the defendant must be the person who, in some legally censurable manner, is affecting or questioning the ownership of the right or the situation held by the plaintiff. The disturbing act must be demonstrated effectively and must also be something that objectively deserves protection by the legal system. Also, the manner in which and how the rights or situations of the plaintiff are affected must be proven. 3) Identity of the property subject to the claims or demands of both parties: it must be proven that the property subject to the plaintiff's claim is the same one that the defendant involves in the challenged action. In addition, other substantive requirements demanded in any action must be accredited: 4) To be the holder of the right claimed or for the situation alleged by the plaintiff to merit legal protection: in this case, based on what is disputed, the protection of a right of possession is claimed, which is recognized in our legal system as a right *in rem*. Although the Civil Code does not contain a specific section to regulate it, as it does for other classic rights *in rem* (ownership, mortgage, usufruct, use and habitation, and easement (*servidumbre*)), the rules established for possession as an attribute of ownership (starting from Article 277) are applied where relevant. Having clarified the point, it is important to distinguish when the rules refer to possession as a fact and which refer to it as an attribute of ownership; and to discriminate which rules are applicable to possession as a right *in rem*. Albaladejo highlights that 'the word possession has two meanings: as de facto dominion or power, and as legal power (right)' (1994. Derecho Civil. III. Derecho de bienes. Vol. I. 8va. ed. Barcelona: José María Bosch, p. 36 a 39]. [...]".

**CASE FILE:**

21-000001-0419-AG - 7

**PROCEEDING:**

ORDINARY

**PLAINTIFF:**

JUAN BAUTISTA GARCIA RODRIGUEZ

**DEFENDANT:**

LESLIE STARRATT SIMMONS CANNON

**VOTE No. No. 2025000773**

**AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.-** At twenty hours fifty-five minutes on the thirteenth of August of two thousand twenty-five.-

**ORDINARY PROCEEDING** filed by JUAN BAUTISTA GARCÍA RODRÍGUEZ, senior citizen, farmer, resident of Osa, Puntarenas, identity card number six-one hundred two-four hundred fifty-two; against LESLIE SIMMONS CANNON, senior citizen, resident of San Francisco de Dos Ríos, identity card number eight-zero zero ninety-four-seven hundred forty-nine. The latter files a counterclaim against the plaintiff. Acting as legal counsel for the plaintiff: Elian Jiménez Céspedes, bar association number sixteen thousand nine hundred one; as public defender for the defendant: Andrés Zamora Solera. Processed before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, Corredores.

Judge Alpízar Rodríguez drafts; and,

**WHEREAS:**

**I. REGARDING THE CLAIM:** In the claim, filed on January 6, 2021, it is requested: "1- That the resolutions issued in the Administrative Eviction process by the Ministry of Public Security, in administrative file number: 1057-17, be annulled, and consequently, the eviction order be rendered without effect. 2- That this Claim be granted and consequently it be declared that I am the Possessor with better right to the land in dispute. 3- That the judgment order the Defendant to refrain from disturbing my possession, under the warning that otherwise she will be prosecuted for the crime of disobedience to authority. 4- That the defendant be ordered to pay abstract damages; as well as the procedural and personal costs. IN THE ALTERNATIVE: If the main claim is not granted in the judgment, I request as an Alternative claim: That the Defendant be ordered to pay me the value of the useful and necessary improvements in the abstract, likewise that I be allowed to remove the purely decorative materials that I have placed on the land, both from December 1, 2009; with the right to retain the land in my power until effective payment, and with a period of three months to remove all the purely decorative materials" (image 1 of the complete digital file, downloaded from the oldest to the most recent archive, hereinafter EDC).

**II.- REGARDING THE RESPONSE:** The claim was answered negatively and the defenses of lack of right, and lack of active and passive legal standing were raised (image 48 EDC).

**III.- REGARDING THE COUNTERCLAIM:** Leslie Simmons Cannon counterclaimed against Juan Bautista García Rodríguez. She requests that it be declared: "That the present action is granted in all its terms and the defenses raised by the defendant are dismissed. That LESLIE SIMMONS CANNONS be declared the sole possessor of the land in dispute. That the restitution of possession of the area subject to the proceeding be ordered to LESLIE SIMMONS CANNNOS. That JUAN BAUTISTA GARCÍA RODRÍGUEZ be ordered to vacate the property and refrain from disturbing the possession of the land exercised by Leslie Simmons Cannons. That the costs of the proceeding be borne by Mr. Juan Bautista García Rodríguez." (image 53 EDC).

**IV.- REGARDING THE RESPONSE TO THE COUNTERCLAIM:** The counterclaim defendant answered negatively and raised the defenses of positive and negative prescription, lack of right (image 284 EDC).

**V.-** The amount in controversy was set at ¢15000000.00 (image 303 EDC). On October 26, 2021, the oral hearing was held and recorded in audio (see minutes: image 306 EDC).

**VI.** The Agrarian Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José, Goicoechea, in vote 132 of February 16, 2023, annulled the first instance judgment 189 of March 28, 2022 (images 335 and 367 EDC).

**VII. APPEALED JUDGMENT:** Judge Maricel Zamora Arias, in judgment 285 of August thirty-first, 2023, resolved: "In accordance with the foregoing, the defenses of lack of right, lack of active and passive legal standing raised by Mrs. Leslie Simmons Cannon within this proceeding are upheld, consequently the Ordinary Agrarian Claim for Better right of possession filed by JUAN BAUTISTA GARCÍA RODRÍGUEZ against LESLIE SIMMONS CANNON is DECLARED WITHOUT MERIT IN ALL ITS TERMS. Both in its main claim and the alternative one. Regarding costs, the plaintiff is ordered to pay both costs of this action. In relation to the counterclaim filed by Mrs. LESLIE SIMMONS CANNON against JUAN BAUTISTA GARCÍA RODRÍGUEZ, the defenses of lack of right, positive prescription and negative prescription raised by defendant Juan Bautista García are rejected, and the same is DECLARED GRANTED as follows: 1) It is declared that Mrs. Leslie Simmons Cannon is the person who exercises the right of possession over the land described as follows: it is an unregistered land, located in Los Mogos de Sierpe de Osa in the province of Puntarenas, mostly mountainous terrain, with a dwelling house, has an area of approximately twenty-two hectares, bordering to the North with Álvaro Porras Ramírez, South Public Road, East with Eliécer Porras Monge and West with the MINAE, according to cadastral map number P 1181628-2007. 2) Consequently, being the possessor with better right against the counterclaim defendant, Mr. Juan Bautista García Rodríguez is ordered to restore the possession of the land in dispute to Mrs. Leslie Simmons Cannon, for which a period of five days is granted from the finality of this judgment. 3) In the event of Mr. García Rodríguez's refusal to restore the land in dispute, the diligence of placing in possession shall be carried out by judicial authority. 4) Regarding costs, Mr. Juan Bautista García Rodríguez is ordered to pay both costs of this action" (image 379 EDC).

**VIII.- REGARDING THE PROVEN FACTS:** In relation to what is appealed, the list of proven facts from the appealed judgment is shared, with the modifications that will be stated, as they are supported by the evidentiary elements. But it is pointed out to the Court that it is important, for a better understanding of what happened and was proven, that they are preferably ordered chronologically, which is not fulfilled in this judgment. The following facts are modified as follows, due to the lack of specifying relevant data to complete the statements:

To 2 is added: The remaining fifty percent of the possessory right belongs to the counterclaimant Leslie Simmons, as co-possessor of the land since she acquired it with her ex-spouse, in nineteen ninety-nine (add as evidentiary elements: copies of sale and purchase deeds before notary Martin Mainieri Jiménez: images 180 and 186 EDC; testimony of Rafael García: recorded in audio).

To 4 is added: Rafael García Rodríguez was the one who watched over the land in dispute, on behalf of Carlos Vargas and the counterclaimant defendant, for several years before his brother Juan García was allowed to inhabit the existing house on it.

To 5 is added: The house was built before Juan García was allowed to enter the land to inhabit it.

The seventh is clarified as follows: Juan Bautista García Rodríguez entered the land in dispute, between the years two thousand thirteen and two thousand fourteen, to watch over the land and because he had nowhere to live, thanks to the fact that his brother Rafael García Rodríguez allowed it, as he was the caretaker of the land possessed by Carlos Vargas and the counterclaimant defendant and had the consent of the latter (see declaration of Juan Bautista García, rendered on October 26, 2021, and recorded in audio and testimonial declaration of Rafael García, recorded in audio). Assessment criterion: Although the plaintiff states in his declaration that it was Carlos Vargas who brought him in, which he conveniently did not state in his claim, it was proven that he actually entered because his brother Rafael, who was the caretaker of the farm, facilitated it. But, in addition, the plaintiff with that statement, despite its inaccuracy, accepts that he knew the land belonged to someone else.

To 9 is added: Said land was described in cadastral map P-one million one hundred eighty-one thousand six hundred twenty-eight-two thousand seven (P-1181628-2007).

The following are added of the same nature, due to what is the subject of debate in the proceeding and also due to what is analyzed in the appeal:

10.- Carlos Vargas died in the year two thousand twelve (see second fact of counterclaim: image 54 EDC; deed of adjudication in notarial succession process: image 107 EDC; declaration of Sara Vargas Simmons: recorded in audio). Assessment criterion: uncontested fact; the adjudication deed cites that the notarial succession file is from the year 2012, and the referred witness, daughter of the deceased, confirmed he died in that year. The appellant himself, in the appeal, confirms that he died in August 2012.

11.- In October of two thousand twenty-one, on the land in dispute located in Los Mogos of Puerto Jiménez, it has a frontage onto the road that leads to that locality, quite extensive. The boundaries are old-looking fences or clean lanes. There was an old-looking dwelling house, with concrete and zinc walls, cement floor. At the back there is a shed with a dirt floor used as a kitchen; also a frame that the plaintiff claimed he used in the past to keep pigs. There is a stream where a hydraulic ram is placed that supplies water to the house, and a small area with crops of sweet potato, cassava, pineapple, and plantain. The rest of the farm is forested and the topography is very steep (see judicial inspection report and photographs: images 306 to 323). Assessment criterion: the report precisely describes what existed on the land at that time, and the photographs complement what was observed.

**IX.- REGARDING UNPROVEN FACTS:** What is included in the appealed judgment as not demonstrated is shared. The following are added of the same nature:

2.- Neither Carlos Vargas nor Leslie Simmons, before the year two thousand thirteen, stopped watching over and maintaining the land in dispute. The plaintiff claims it was "abandoned" and that is why he entered in the year two thousand nine, for which no proof exists. The witnesses offered by him knew the land starting approximately in the year two thousand thirteen, and the documentary evidence provided (receipts for surveillance payments made to Rafael García), confirm the contrary to what the plaintiff stated.

**X.- APPEAL:** The plaintiff-counterclaim defendant appeals. Their arguments are summarized and ordered as follows, to facilitate their analysis, given their repetitive drafting. They allege: 1) There is a violation of Article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law, and constitutional articles 39 and 41, due to inconsistency between the facts of the claim, counterclaim, and the judgment, and disagreement with the facts held as proven. The challenged judgment lacks consistency between the facts claimed and counterclaimed and those held as proven in the second whereas clause. They object to the second, third, and fourth, which indicate that Leslie Simons acquired 50% of the possession rights over the land in dispute in a succession process; that the appellant was aware, prior to entering the land, that it was possessed by Carlos Vargas Pizarro and that this man had Rafael García as a watchman on the site. They also reject the fifth and seventh, which state that the house was built by Carlos Vargas Pizarro and that the appellant entered the property because this man took him there to care for it. They maintain that none of those facts were mentioned either in the claim or the counterclaim. The Court's jurisdiction is limited to the facts alleged by the parties, and as stated in Article 54 mentioned, it cannot resolve issues other than those debated. Besides being contradictory, fact four indicates that Carlos Vargas Pizarro watched over the land through Rafael García Rodríguez, and fact seven states that the former took the appellant to care for the land. They then question: if the land was watched by him or by Rafael García? Another aspect the challenged judgment does not establish is the moment when he entered the land; if he did not enter as a possessor, in what capacity did he? This is because the defendant alleged that she had no contractual relationship with him. Finally, in fact eight of the judgment, it is held as proven that the defendant is the one who has possessed the land because she paid for surveillance and electricity service. But in fact six, it was stated that she paid for surveillance in the years 2012, 2013, 2017, 2018, and 2020. Therefore, she did not do so in 2014, 2015, and 2016. It must also be kept in mind that Rafael García Rodríguez did not live in the place where the land is located, because he lives in La Palma de Puerto Jiménez, more than 30 minutes away by vehicle, "which means that he never exercised such surveillance over the property." While he did, given that he lived in the house on the land. But, in addition, the possessory acts that the counterclaimant defendant supposedly performed -mentioned in the judgment- are civil and not agrarian possessory acts, so it is he who has indeed exercised agrarian possessory acts. But these are not held as proven, even though the testimonial evidence and the judicial inspection "demonstrated it so" (sic). For the reasons explained, he considers his right to defense was violated, because evidence and legal grounds were provided to prove the facts of the claim and oppose the counterclaim. But if the judge holds other facts not contemplated in "both pieces of the file" as proven, it leaves him defenseless, having no opportunity to oppose those facts and offer exculpatory evidence.

2) There is a violation of Article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law, due to erroneous evidentiary assessment and pretermission of essential evidence. Being a proceeding concerning the better right of possession, according to the jurisprudence of the Agrarian Tribunal and the First Chamber of the Supreme Court of Justice, three aspects must be accredited: active legal standing, meaning the plaintiff (counterclaimant) demonstrates her right to possess the property she claims; passive legal standing, that the defendant is an illegitimate possessor; and identity of the thing. Regarding the first, the counterclaimant defendant did not demonstrate any type of agrarian possession. What was established is that she deposited money to Rafael García to watch over the land. But that man never did so. The one who was always there was the appellant. Witnesses Miguel Amador Vargas, Raúl Barquero Espinosa, and José Antonio Amador Vargas were unequivocal in indicating that situation. In any case, that is a civil possessory act and not an agrarian one. Furthermore, through the judicial inspection and testimonial evidence, the possession of the land was proven because he has watched to ensure no one cuts trees or hunts, and also has crops like sweet potato, cassava, plantain, pineapple, and others; he raises chickens and pigs; cleans lanes, built a ranch that functions as a kitchen, and inhabits the house. He installed a hydraulic ram that provides water to the house and for animal care (when he has them). All of this during 10 years, peacefully, continuously, uninterruptedly, and as owner. Because when he entered it was abandoned, given that Carlos Vargas never returned to the site and died on August 12, 2012. For this reason, he considers the Court erroneously assessed the evidence, by considering his possession as exercised in bad faith, for having entered the land knowing it had been possessed by Carlos Vargas. But it did not analyze that this man had abandoned the land and that neither he nor his estate are parties to this proceeding. And that he was not aware that Leslie adjudicated Carlos's possession right. In any case, by that time it had already been negatively prescribed. Therefore, the counterclaimant defendant fails to prove agrarian, ecological, or agro-environmental possessory acts, such as cleaning and fencing, posting signs, care of the forest, or subjecting the land to the Pago de Servicios Ambientales. Nor that she possessed through mediate possession exercised by a caretaker. And if she paid Rafael García, that man kept the money, because he performed no possessory act on behalf of Leslie. As for the identity of the thing, it is also not met. The land is identified in the challenged judgment as represented in cadastral map P-1181628-2017, but the claim alleges a better right of possession over an unregistered land without a cadastral map. It is in the counterclaim that this map is used to identify the land. But the counterclaimant also offered official letter ORPN-OF-0101-2019 from the Regional Office FONAFIFO-Palmar Norte, dated April 3, 2019. In it, it is literally stated: "You are hereby notified that upon reviewing your application to enter the Pago de Servicios Ambientales Program Number PN01-0111-19, it was determined that the unregistered farm, plotted via map P-1181628-2007, presents the following inconsistency: said map presents an overlap of approximately 18.8 Ha with the unregistered farm, plotted via cadastral map number P-287442-1995, located in Sierpe, Osa, Puntarenas, registered by Alfredo Rosales Rosales and with current owner in the name of Reforestadora Los Mogos de Osa S.A." This evidence was not assessed by the Court, which causes the defect of lack of evidentiary substantiation. With this evidence, it is proven that the land claimed by the defendant is not the same one possessed by the appellant. And that the current owner, Reforestadora Los Mogos, has not been a party to this proceeding. Therefore, the requirement of identity of the thing, necessary to grant the publicity (sic), is not met. The harm consists of the erroneous assessment of the testimonial and documentary evidence and the failure to assess the referred official letter; a defect that persists from the previous judgment. Therefore, there is absolute nullity.

3) There is a violation of constitutional articles 39 and 41, and of provisions 271-2 and 284 of the Civil Code. The judgment rejects the defenses of positive and negative prescription, as well as "the lack of right of the counterclaimant," based on the appellant lacking title upon entering and possessing the land. In doing so, the Court fails to recognize that the title is the possession itself, as this is a case of better right to possess and not of property. As established in provision 279-2 of the Civil Code, the right of possession is acquired when possession is maintained for more than one year; correlatively, whoever had it loses it for failing to exercise it for more than one year. It must be kept in mind that, according to the judgment, Carlos Vargas died on August 12, 2012. But the counterclaimant defendant adjudicated the right on August 30, 2018 (proven fact 2). This demonstrates that from August 2012 onwards, he was the one who possessed the land, because the person exercising it passed away. By the time the defendant adjudicated the right, it had already prescribed, more than 6 years having elapsed without it being exercised. Furthermore, his possession is in good faith, because he learned that the possessor of the land Carlos Vargas died, but since 2009 it remained abandoned. That is why he began his possession. In the last years, Carlos did not come to the land, and later, no person appeared claiming to be the owner. It was not until 2017 that the administrative eviction process began, but by that time his right of possession was already constituted. He considers the challenged judgment requires a title and ignores the possessory acts exercised by him, in good faith and for more than one year, which constitutes the title of his right, in accordance with the regulations indicated as violated.

4) Non-observance of Article 509 of the Civil Code. He claims that the alternative claim, referring to the payment of improvements, should not have been rejected. During the judicial inspection, it was credited that there were on the land plantations of sweet potato, pineapple, plantain, and cassava; a ranch that serves as the house's kitchen. This generates unjust enrichment in favor of the defendant. Jurisprudence recognizes the right to be compensated for the misnamed "improvements," as this involves an accession (cited article). Harm is caused to him because for more than 10 years he worked, cleaned, cared for, and planted the land; he has improved it; therefore he has the right to be paid for those improvements; otherwise, unjust enrichment would be authorized. He requests the appealed judgment be annulled; in the alternative, that it be revoked, the claim be granted in all its terms, and the counterclaim be rejected (image 403 EDC).

**XI.-** Ground on which the invalidity of the judgment is claimed. In the second summarized point of grievances, the nullity of the challenged judgment is expressly requested, considering there is pretermission of evidence, by not assessing official letter ORPN-OF-0101-2019 from the Regional Office FONAFIFO-Palmar Norte, dated April 3, 2019, a defect they claim persists from the previous judgment. Provision 592 of the repealed Labor Code, applicable to this matter according to Transitory Provision I of Law 9343 of January 25, 2016, by express remission of Article 60 of the Agrarian Jurisdiction Law, mandates that when analyzing an appeal, the case file must first be reviewed to determine if there is any procedural defect affecting the proceeding or the challenged resolution, which must be corrected, if legally pertinent. Likewise, Article 26 of the Agrarian Jurisdiction Law, in what is relevant, provides: "When appropriate, the courts may, on their own initiative, declare nullities and order the replacement of proceedings, in order to correct irregularities that could affect the validity of the proceeding." Therefore, if it is found that some procedure or requirement has been omitted, capable of causing effective defenselessness, an attempt must first be made to correct the defect, and only in cases that warrant it, decree the nullity of the actions and resolutions, as far back as necessary to guide the normal course of the trial. Under these regulations, the criterion has been maintained that a declaration of procedural nullity proceeds only when its pronouncement is absolutely indispensable, to prevent defenselessness or to guide the normal course of the procedure, due to violation of essential procedural forms (Articles 31 to 33 Civil Procedure Code, applied supplementarily). The grounds for nullity invoked by the appellant are not admissible. Pretermission of evidence, as already explained in vote 132 of February 16, 2023, of this Tribunal, occurs when the judge omits assessing evidence that is on record and was previously admitted, which could be fundamental for determining the outcome of the proceeding, in such a way that, if it had been analyzed and assessed, the legal reasoning of the ruling might be different. This is a serious defect, given that there is a failure to assess and analyze all admitted and evacuated evidence, which causes defenselessness to the detriment of the party offering the evidence, who provides the omitted element in order to prove the facts on which their claim is based. For due process, it is the obligation of every judge, when issuing judgment, to analyze the admitted evidence in its entirety, expressing the reasons why the evidentiary elements are useful or not for resolving the dispute (Articles 39 Political Constitution, 54 Agrarian Jurisdiction Law, 2, 31 to 33 Civil Procedure Code, applied supplementarily). In the appealed judgment, the referred official letter is certainly not expressly analyzed, which was provided by the counterclaimant and in which information is given about inconsistencies in map P-1181678-2007. But for the purposes of what was decided in the challenged judgment, it does not constitute an evidentiary element that could change the outcome. This is because it is clarified in it that: "...the counterclaim defendant also provides as evidence ... a notarial certification that map number P-1181678-2007 (sic), these two pieces of evidence do not add anything new that proves that the possession alleged by the plaintiff is legitimate, the fact that a map does not exist because it was canceled does not prove anything regarding the exercise of possession, and likewise the described document presented by Mrs. Leslie Simmons to request an administrative eviction is also not a suitable document to prove the counterclaim defendant's possession as a legitimate possession" (image 393 EDC). Therefore, if for the plaintiff the map alluded to in the official letter he claims was not analyzed had been canceled, said official letter was then not of interest (image 102 EDC). Nor, as explained in the challenged judgment, is the appellant's position acceptable that the existence of that map proved that the land claimed by the defendant is not the same one he possesses. In said judgment, it is explained that the identity of the property in dispute (physical location of the land and its extension) was held as duly proven, that there was no controversy between the parties on that issue, and that during the judicial inspection "... both parties were present and were able to make the tour, observing in general the identification of the land" (image 389 EDC). The appellant does not object in this regard to the result of said judicial inspection evidence concerning the identity of the land (no claim in that sense is recorded in the report or subsequently) (images 308 to 327 EDC); nor does he do so in the appeal, and no evidence is provided to discredit what was held as proven based on it. Finally, upon reviewing the form of the challenged judgment, it meets the legal requirements sufficiently to be considered valid. It is substantiated, as the Court explains the reasons why it considers the appellant's claim should be rejected and the counterclaim upheld, especially because Mr. García failed to prove he is a possessor in his own right of the land in dispute. There is also no inconsistency, given that all issues submitted for consideration were resolved. The fact that the appellant does not share the decision and the manner in which it is substantiated is not grounds for nullity.

**XII.-** Also, confusingly in the first summarized argument, it is alleged that there is inconsistency because there is no identity between the facts of the claim, the counterclaim, and what was held as proven, given that some facts were taken as proven that are claimed not to have been mentioned in either the claim or the counterclaim.

As explained in vote 132 of February 16, 2023, of this Tribunal, when identical argument was resolved, that is not incongruence (article 54 of the Ley de la Jurisdicción Agraria). That exists when “…a ruling is issued in a different manner or outside of what was requested, but not because the proven facts do not correspond exactly to the factual framework contained in the complaint and the answer. It is clarified to the appellant, the factual framework of the judgment (proven and unproven facts), while it must be based on the facts presented by the parties, is drafted in terms of what is necessary to consider the substantive prerequisites of the action or procedural actions to be resolved as proven or not. Therefore, the list of facts in the complaint or answer does not necessarily correspond to the factual framework of the judgment, since on occasions the parties include facts that are not relevant to what is being debated and it is also common that they refer to legal aspects within the facts” (image 372 EDC).

XIII.- Before analyzing the substantive grievances as such and given that practically all of them object to the manner in which the evidence was assessed, it is important to bear in mind that numeral 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria establishes the system of free assessment of evidence. This requires the judge to study and select the sources of evidence obtained, in order to establish their efficacy for resolving the conflict submitted to their knowledge, through perception, representation or reconstruction, and deductive or inductive reasoning. It also implies that they must express the principles of equity or law on which they base their criterion. "The system of free assessment of evidence surpasses the classic system of legal proof, as well as that of sound criticism, which govern in civil procedure. The manner in which agrarian procedure has been conceived allows the judge to broadly assess the facts alleged by the parties. Said system is not arbitrary; on the contrary, in the free assessment of evidence, it must be reasoned, critical, based on logic, experience, and psychology. In the reasoning of the ruling, the judge must set forth the grounds of conviction that lead them to resolve in the terms they do. Unlike the legal tariff system, in which evidence is assessed subject to prior legal rules, and even the admissibility of evidence must be previously indicated by the legal order, in the system of free assessment the judge has the freedom to admit evidence according to their criterion” (vote 398 of 06.06.2001 of the Sala Primera and 3657 of 07.05.2003 of the Sala Constitucional, both of the Corte Suprema de Justicia. In the same sense, precedents 206 of 26.03.1999, 46 of 26.04.1995; 66 of 06.02.2009 and 364 of 28.05.2009 of this Tribunal).

XIV.- Regarding the proven facts of the appealed judgment, the appellant objects to:

a) the second, third, fourth, fifth, and seventh facts, which in summary refer to the fact that the counterclaimant acquired the remaining 50% of the area in litigation by adjudication in the probate proceedings of her ex-husband Carlos Vargas; that the appellant had knowledge, prior to his entry onto the land, that the land was possessed by Carlos Vargas Pizarro; that said gentleman had Rafael García as a watchman on the site; that the house was built by Carlos Vargas Pizarro and that the appellant entered the property because that gentleman brought him there to look after it. The objection consists of the appellant considering that all of that could not be included as proven facts because they are not data that were mentioned either in the complaint or in the counterclaim. Their claim is not acceptable, due to what was indicated in the preceding recital regarding how the proven and unproven facts of a judicial judgment are prepared, and because, although the factual framework set forth in the complaint, the counterclaim, and the answers must certainly be taken into account for that purpose, that does not mean they must be strictly limited to what is drafted therein, nor to their quantity. The proven and unproven facts, in good legal technique, are drafted based on the prerequisites that must be fulfilled according to the procedural actions to be resolved. For this reason, they may be more or less than those contained in a complaint or counterclaim. What is required is that they be orderly, precise (one piece of data per fact), complete, numbered, preferably sequenced in chronological order, and comprehensible. In this case, this Tribunal endorsed all the facts deemed proven in the appealed judgment, with some modifications, because they are based on the evidence provided and produced, the grounds for which were duly expressed by the Trial Court, reasons that this Tribunal shares and that will be analyzed later.

b) The appellant affirms that proven facts four and seven are contradictory and that it must also be borne in mind that Rafael García Rodríguez did not live in the place where the land is located, because he lives in La Palma de Puerto Jiménez, so he never exercised vigilance, while the appellant did, given that he lived in the house that is on the land. In the fourth fact, it is indicated that Carlos Vargas Pizarro watched over the land through Rafael García Rodríguez and, in the seventh, it is said that the former brought the appellant to look after the land. The question is then asked: was the land watched over by Juan García or his brother Rafael García? The appellant is not correct on this point. The facts are not contradictory, according to the context of the case. What was lacking was to specify the moments when this occurred, which was done by this Tribunal when supplementing them in that sense. In the appealed judgment, it was explained:

“…The statement of Mr. Rafael García Rodríguez (brother of the plaintiff) is also fundamental; he was the person who for years watched over the land in litis from the adjoining farm, he is clear in pointing out in his deposition that it is after the Cinchona earthquake that he brings his brother Juan Bautista to the area, since he had nowhere to live, and for this reason he enters to live in the small house that is on the land, which was built by Mr. Carlos Vargas, on the understanding that he was not a hired laborer but rather that he was being allowed to live in that house, this occurs approximately in the year 2014 (see in this same sense the confession of Mrs. Leslie Simmons)… The statements of the witnesses Miguel Ángel Amador Vargas, José Amador Vargas, and Raúl Barquero Espinoza, are focused on explaining all the collaboration and help they have provided to Mr. Juan Bautista García Rodríguez, and that they have only seen him working on the small land, which does not demonstrate the legitimacy of his possession… As was previously stated, the plaintiff Juan Bautista García, from the first time he entered the land, has had full knowledge that the possessors of that land have been Mr. Carlos Vargas Pizarro jointly with his wife Mrs. Leslie Simmons, that they acquired this land in the nineties and during all those years they continued visiting the land at least once a year, that they hired Mr. Rafael García Rodríguez for the vigilance of the land, and it is Mr. Rafael who puts Mrs. Leslie Simmons in contact with the herein plaintiff Mr. Juan Bautista García… after Mr. Rafael García was no longer going to be working on the farm near the land, he decides to allow the brother of Mr. Rafael García, the defendant Juan Bautista García, to enter the land so that he would have somewhere to live and in turn there would be someone on the land (see testimonies of Leslie Simmons (sic), of Sara Vargas Vargas and of Mr. Rafael García Rodríguez, as well as the confession of the plaintiff Mr. Juan Bautista García Rodríguez).”

This Tribunal shares what was explained by the Trial Court, given that it is inferred from the testimonial evidence that the land in litigation was in the shared possession of Carlos Vargas and his wife Leslie Simmons since 1999, when they acquired it through two purchase-sale transactions. In the second proven fact, it is specified that the counterclaimant acquired the remaining 50% of the area in litigation by adjudication in the probate proceedings of her ex-husband Carlos Vargas. For this reason, this Tribunal added to that fact that the other 50% of the possessory right already belonged to the counterclaimant Leslie Simmons. The Trial Court relies on the deed in which that adjudication is verified, to which must be added the purchase-sale deeds before the notary Martin Mainieri Jiménez (images 13, 180, and 186 EDC) and what was declared by the witness Rafael García (audio recording), without the validity of said acts being disproved in this process. It was also proven that Rafael García Rodríguez, brother of the counter-defendant plaintiff, lived on a neighboring farm, which is why Mr. Vargas and Mrs. Leslie paid him to watch over their land, for which there are also documents confirming the payments (images 58 to 99 EDC). After the Cinchona earthquake (which occurred in 2009) and the death of Mr. Carlos Vargas (year 2012), Mr. Rafael García had to leave the place and given that his brother Juan García has nowhere to live, he requests the owners of the land in litigation to allow him to live in the existing house there. Leslie Simmons accepts that she authorized said situation, but due to the abuses that the counter-defendant plaintiff was committing, in the year 2017 she requested that he leave the place; as he did not do so voluntarily, she had to file an administrative eviction proceeding, which was accepted, but was not executed due to the amparo filed by Juan García and later the interim measure resolved in this ordinary proceeding (images 219 and 32. EDC). Regarding what was indicated, the witness Rafael García, as the Trial Court highlights, is fundamental to elucidate what happened in this case. His statement is credible and concordant with the documentary evidence. He basically confirms the position of the counterclaimant, which she expressed and maintained in her various written proceedings and in her party statement (audio recording), about Juan García having entered at the request of his brother Rafael García, because he had nowhere to live and that she authorized him to stay in the existing house on the farm, as long as she did not occupy it. According to what was explained, first Rafael García watched over the land and then the counter-defendant plaintiff was allowed to live in the existing house on it, starting in the years 2013/2014. Consequently, there is no contradiction in the proven facts. Neither did the appellant prove that Rafael García was a resident of another place before 2014, which would have prevented him from watching over the land. On the contrary, it was proven that he was paid for it. In relation to what was indicated, Rafael declared, in summary, to be the brother of Juan García, to live in 2021 in La Palma de Puerto Jiménez, and to be a farmer. He confirmed that he looked after a farm located next to the land in litigation since the year 1996. He also watched over the farm in dispute on behalf of Carlos Vargas, who bought it from some gentlemen he knew. He watched so that people or animals would not enter and because there was a house, which was alone. So in 2011 he brought his brother, who was in Cinchona, after the earthquake, because their mother was worried about him. And in 2013/2014, given that he had to return to La Palma, he arranged for his brother to stay as a caretaker on the farm of Leslie. When he was told to leave, Juan did not want to do so and changed the padlock on the gate. The house was built by Carlos. After Carlos died, Mrs. Leslie remained. He confirms that he received payments from her for the vigilance and that she kept up to date on the land. They did not work or clear the farm because of what was there; there was little to do and he took care of doing it; when Juan was there he gave him money to do it. Juan had some small pigs and planted some small things; but he does not work the farm to get paid, because he has his pension. From the money that Leslie gave him, he gave Juan a part, on his own initiative.

c) The appellant claims the appealed judgment does not establish at what moment he entered the land and whether he did so as a possessor, given that the defendant counterclaimant said she had no contractual link with him. According to what was explained in the previous point, which is unnecessary to reiterate, it was held as proven that the plaintiff arrived at the land between the years 2013/2014 because his brother Rafael García helped him and requested that Leslie Simmons allow it, given that he had nowhere to live, after the Cinchona earthquake that occurred years before. Regarding what is claimed, it is clarified then that, although the proven facts did not indicate the data of the moments or the years in which the events occurred, which this Tribunal corrected where pertinent, in the following recitals what was held as proven in that regard and why was extensively explained. Therefore, his claim is not acceptable.

d) The appellant also objects that in fact 8 of the judgment it is held as proven that the defendant is the one who has possessed the land because she paid for the vigilance and the electricity service. But in the sixth fact, it was said that she paid for vigilance in the years 2012, 2013, 2017, 2018, and 2020. She did not do so, then, in 2014, 2015, and 2016. It is not specified what the objection is, but it seems to be objected that there is no proof of payments between the years 2014 to 2016. The claim is not acceptable. That period corresponds to the years when it is explained that Juan García had already been tolerated to be in the house on the farm (2013/2014), because his brother Rafael would stop being on the neighboring farm, and the year when the problems began because he did not want to leave (2017). Furthermore, the fact that no payment is documented for those 3 years does not prove that during that period the defendant counterclaimant had lost possession of the land.

XV.- Before analyzing the remaining grievances, when referring to the prerequisites of the actions debated in the case, it is important to bear in mind that, according to the facts and claims of the complaint, a declaratory action for certainty of possession, an accessory action for damages, and a subsidiary action for payment of "improvements" were jointly filed. In the counterclaim, a publician action (also known as one for a better right of possession) was filed, given that the restitution of an unregistered farm is requested. These are similar actions, which share some prerequisites because both are related to the real right of possession, as the object of what is debated is an unregistered property. But legally they are different due to their purposes and the specific content of some prerequisites. The first is restitutory and the second is merely declaratory. Therefore, if the actions are admitted, the condemnations are different. Despite the error of classification that the Trial Court made when classifying the action in the complaint as publician, there is no harm or defenselessness for the plaintiff, given that it was declared without merit, without the differences explained regarding those two procedural actions having an impact on the grounds for that decision. The main procedural actions referred to, contained in the complaint and in the counterclaim, concern the real right of possession, as the object in litigation is an unregistered land: a declaratory action of the right of possession and a publician action (restitutory). Therefore, it is important to analyze their requirements and effects. In declaratory actions, the aim is to verify or establish a legal situation, in relation to real rights, in this case that of possession. That is, to obtain the declaration that one is the holder of a real right or of a situation related to such, to silence the opposing party that disputes the good or wants to arrogate that right or some of its attributes. It does not imply despoliament, as it is preventive or defensive. Said action is based on the possibility of exercising the powers of exclusion and defense (articles 305, 306, 307 of the Código Civil, also applicable to the right of possession). The prerequisites that must be demonstrated for a declaratory action such as the one analyzed in this specific case to be granted are: 1) Active legal standing: it is configured when the plaintiff demonstrates being the legitimate possessor or having a better right (in this case, the real right of possession) or situation than the opposing party. 2) Passive legal standing: it is present when the defendant is the one who disturbs, affects, or claims for themselves a right or situation that is not theirs, without just cause, or that cannot be opposed to the opposing party. This means, then, that the defendant must be the one who, in some legally censurable way, is affecting or questioning the ownership of the right or the situation that the plaintiff holds. The disturbing act must be demonstrated effectively and must also be something that objectively merits being protected by the legal order. Also, it must be proven in what manner and how the rights or situations of the person bringing the action are affected. 3) Identity of the good object of the claims or demands of both parties: it must be proven that the good object of the plaintiff's claim is the same one that the defendant involves in the questioned action. In addition, other substantive prerequisites required in every action must be accredited: 4) Being the holder of the right claimed or the situation alleged by the plaintiff meriting legal protection: in this case, based on what is debated, the protection of a right of possession is claimed, which is recognized in our legal order as a real right. Although the Código Civil does not contain a specific section to regulate it, as it does with other classic real rights (ownership, mortgage, usufruct, use and habitation, and easement (servidumbre)), what is regulated for possession as an attribute of dominion is applied to the extent relevant (starting from article 277). Having clarified the point, it is important to distinguish when the norms refer to possession as a fact and which as an attribute of dominion; and to discriminate which rules are applicable to possession as a real right. Albaladejo highlights that “the word possession has two meanings: as de facto dominion or power, and as legal power (right)” (1994. Derecho Civil. III. Derecho de bienes. Vol. I. 8va. ed. Barcelona: José María Bosch, p. 36 to 39]. The Sala Constitucional, in vote 5402 of 20.09.1994, explains: “Possession can be defined as a relationship or state of fact, which confers on a person the exclusive power to retain a thing to execute material acts of use, animus domini, or as a consequence of a real or personal right, or it may not recognize the existence of any right…”. To differentiate the types of possession, its elements (material and psychological or intellectual), also called corpus and animus, are important. The first implies the tenure of the good, the second the intention to possess it for oneself. To possess as a real right, it is required to have de facto power over the good and the will to have it under one's dependence. The real right of possession is acquired through validly established modes (original or derivative), unilaterally (when the good is acquired or one enters to possess it without a prior possession existing or without there being a transmission of the situation or right and it is possessed for at least one year, in one's own name and as owning person, with the requirements that will be stated) or bilaterally (if it is legitimately acquired by agreement of a preceding possessor). It is lost for various causes, among them abandonment, in the case of immovable property, non-performance of possessory acts without justified cause (provided that another person begins to possess it, given that it is a right subject to negative prescription by the lapse of one year) (articles 279, 285, 287, 307, 854, 860 CC) (Sala Primera, resolutions 92 of 21.06.1991 and 98 of 13.09.1995). For its protection as a real right, it must not only have been legally acquired; it must also be possessed with all the legal qualities (continuity, non-violence, publicly, in good faith, and unequivocally) (arts. 279 and 284 CC). Thus, in the case of this real right, possession corresponds to the apparent exercise of ownership, that is, acting as the owning person, based on the power one has over the good. Physical or immediate contact with the good is not required; it is enough to have the possibility or power to exercise immediate action (availability) over it. It is also important to bear in mind several presumptions, which admit proof to the contrary at the expense of whoever intends to disprove them: a) The fact of possession creates the presumption of the right to possess (article 281 Código Civil); b) In case of doubt, good faith is presumed (article 286 ibid.) and c) The fact of possession creates the presumption of title (article 854 ibid.). 5) Current interest: The plaintiff must have a legitimate and current reason or interest at the time of filing the complaint, which must persist when the process is resolved, so that its defense through judicial channels is necessary, to avoid further harm or to paralyze, recover, or be compensated for what has already been caused. Should just one of these requirements not be met, the complaint is inadmissible.

XVI.- The second action filed and also main is of a restitutory nature (numeral 322 Código Civil). In doctrine, it is called publician and nationally it is also known as a “better right of possession action”. It tends to protect the legitimate possessor against the illegitimate one, with the aim of achieving the restitution of the possession from which they have been unduly despoiled, given that their preferential right over a prior possessor is recognized (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, vote 168 of 06.06.1990). According to the criterion of the Chamber, that action is appropriate when it involves restituting an unregistered property, from which one has been unduly despoiled, and over which the person who restitutes holds a right of possession (see votes 31 of 21.05.1993 and 13 of 25.03.1994. Also from this Tribunal, precedent 708 of 15.11.1997). It then bears similarity with the previous one, as both concern the real right of possession, but their purposes are different, as in the declaratory action of certainty the restitution of the good is not sought, which is characteristic of the publician action. For this reason, some of the prerequisites are practically the same. In this regard, in addition to those previously explained for the prior action, in the publician action it is required for passive legal standing to demonstrate that the defendant is an illegitimate possessor for having unduly despoiled the possession or tenure of the plaintiff (articles 317, 318, 319, and 322, 277, and 286 Código Civil); in the prerequisite of current interest, at the date of filing the complaint and resolving the process, the claim filed must not have been satisfied; that is, the plaintiff must not have recovered the possession and exercise of tenure over the claimed good. Should just one of the 5 requirements not be met, the complaint is inadmissible. It is highlighted, furthermore, that this second action also protects the real right of possession, not the right of property (ownership) (for this reason it is incorrect to refer to ten years of possession). To hold the real right of possession over an unregistered property, it is thus required to meet all and each one of the previously cited legal requirements: public, continuous, peaceful, in good faith possession, under the title of owning person for more than one year, complying with the duties and rights that the social function entails according to the aptitude of the property and a valid legal cause that substantiates how the right was acquired (articles 307 and 319 Código Civil, applied suppletorily). Unlike the real right of ownership, the right of possession is subject to positive and negative prescription, the period required in both scenarios being 1 year. This is provided for in articles 277, 278, 279, 284, 860, 865 to 874 of the Código Civil. Regarding the period, it is worth highlighting the following: “277.- The right of possession consists of the faculty corresponding to a person to have the thing object of the right under their power and will. 279.- Independently of the right of property, the right of possession is acquired: … 2º.- By the right to retain possession for more than one year. The year runs from when possession is publicly taken, or if it was taken clandestinely, from when this is known by the despoiled party… 284.- For possession for more than one year to confer the right to possess, it is necessary that said possession be in good faith. 860.- To acquire ownership of immovable property, or some real right over it by prescription, a possession of ten years is needed. The right to possess is prescribed by possession of one year” (the underlining is not from the original). It is reiterated, the two actions analyzed are very similar, with similar prerequisites, only that the first does not require demonstrating a despoliament (because it is intended only to confirm who is the legitimate holder of the right of possession and defend them against disturbing actions, which do not imply despoliament) and in the publician action there must indeed be despoliament, because the restitution of the good is sought. However, for a sector of the doctrine, the better right of possession action can be both declaratory and restitutory, given that this denomination generates confusion about its effects.

XVII.- The appellant claims that Leslie Simmons cannot be considered the legitimate possessor of the land (and therefore lacks active legal standing) for not having demonstrated any type of agrarian possession, because what is mentioned in the judgment that she did are civil possessory acts and not agrarian ones; while he is the one who has, indeed, exercised agrarian possessory acts. It was established that she deposited money to Rafael García to watch over the land, but the appellant says that Rafael never did so. Apart from that, the witnesses Miguel Amador Vargas, Raúl Barquero Espinosa, and José Antonio Amador Vargas were consistent in indicating that he was the one who was on the land. Furthermore, he alleges, through the judicial inspection and testimonial evidence, his possession over the land was proven, because he has watched that no one cuts trees, hunts, and he also has crops like sweet potato, yucca, plantain, pineapple, and others; he raises chickens and pigs; he clears trails, he made a ranch that functions as a kitchen, and he inhabits the house; he installed a hydraulic ram that provides water to the house and for the care of the animals (when he has them). All of this, he says, for 10 years, in a peaceful, continuous, uninterrupted manner, under the title of owner, because when he entered it was abandoned, given that Carlos Vargas did not return to the place and died on August 12, 2012. The grievance is not acceptable. In addition to the documentary evidence already cited (deeds), which confirms how Carlos Vargas and Leslie Simmons came to be owners of the land in litigation and that after the death of the former it belongs entirely to the latter, the statements of Rafael García and the daughter of the counterclaimant, Sara Simmons, allow concluding, as the Trial Court did, that Leslie Simmons is the legitimate holder of the right of possession over it. The testimonial evidence of Rafael García was already analyzed. Sara Vargas Simmons, daughter of the counterclaimant, a doctor, resident of Miramar de Puntarenas, said she has known the land since she was 11 years old (born in 1985). She gave a credible, reasonable statement, concordant with the remaining evidence. She indicated that her parents bought it, despite knowing they had no title, but they knew the area and wanted to preserve it. They visited it on vacation, at least once a year, because it was in a remote place. When she turned 22, around 2007, it was the last time she stayed on the farm, but later they visited the area, although she did not stay on the land. At that time, no one was installed there; but the house did exist, although no one lived there. She knows that “Rafa” was the one who looked after it and maintained it for them and they once stayed in the house where he was looking after. That was when she was about 25 years old and on that occasion they walked around the farm. Her father did visit it a lot alone. Her parents separated. Her father died in the year 2012. After that, around 2014, they visited the farm again. At the beginning they had no problem with Juan, because it was assumed he was there to look after it. But she did not visit the farm because she felt unsafe, nor did she want her mother to visit it alone. After Juan arrived, he and Rafa -his brother- worked together assisting on the farm and her mom paid Rafa. She confirms that Juan entered because Rafael had to leave the house he was looking after, and he thought his brother could stay on the land to look after it and to have somewhere to live. Both witnesses then ratify what the counterclaimant said about how and what she has done to exercise possession over the land. Neither is it true that her possession was only considered legitimate because it was proven that she paid Rafael for vigilance and the electric service receipts. In the appealed judgment, it is extensively explained that she is considered the legitimate possessor because she not only acquired the right validly, but they exercised it (first with her ex-husband and later Leslie alone), publicly, peacefully, continuously, unequivocally, and for more than fifteen years, before starting to have problems with Juan García. Indeed, both witnesses confirmed that given the nature of the land (which borders the Minae according to the witnesses) and the environmental vocation of Leslie Simmons, it was acquired to conserve it. Therefore, in the words of Rafael García, “very little” had to be done to it; only to watch that people and animals did not enter.

XVIII.- With respect to what was declared by Miguel Amador Vargas, Raúl Barquero Espinosa, and José Antonio Amador, this Tribunal considers the Trial Court is correct in its assessment in the appealed judgment that their testimonies are not useful to resolve in favor of the plaintiff.

It was stated in that regard: “The statements of the witnesses Miguel Ángel Amador Vargas, José Amador Vargas, and Raúl Barquero Espinoza focus on explaining all the collaboration and help they have provided to Mr. Juan Bautista García Rodríguez, and that they have only seen him working on the little plot (terrenito), which does not demonstrate the legitimacy of his possession” (image 387 EDC). Furthermore, according to what they declare, they have known the plaintiff on the land since approximately 2013, which confirms what was said by the witness Rafael Vargas, that it was around that year or 2014 when he facilitated the plaintiff’s remaining on the land with the consent of the counterclaimant. The witness José Amador Vargas, it is highlighted, has known the farm (finca) since 2013 according to his statement, and that in that year the counterclaim defendant was on it, from whom they bought products; he had hens and once they bought a pig from him. What he knows about Juan entering the land is because he told him that he arrived after the Cinchona earthquake, because he had nowhere to stay and that a Mr. Carlos gave him permission to be there. He knows that he made plantings of cassava (yuca), plantain (plátano), and a little ranch (ranchita). He and his brother Miguel Amador helped him clear the lanes (carriles) and make improvements on the farm. The witness Miguel Ángel Amador Vargas, a vegetable seller, indicates that he visits the land at least twice a week and that the person he has seen there is Juan García, whom he has helped financially and in whatever way he can because he reminded him of his grandfather and because he saw him ill. He indicates he has accompanied him all over the farm in the tasks he performs; he has seen him cultivating plantain, cassava, tiquisque, sweet potato (camote). He knows that the farm’s house has water “from a hydraulic ram (ariete)” and he says that the electricity, he has helped him pay for it for some years. He does not know when the hydraulic ram was put in; when he met Juan and the farm, in 2012/2013, it was already there. He does not know how large the land is and he has only seen Juan on the land. He says he does not know Rafael García. He does not know why Juan entered the land; he merely told him he did so after the Cinchona earthquake. He does not know with whom the conflict was that Juan had, when the police came to evict him. The witness Raúl Barquero Espinoza, a resident of San Vito, farmer, and Christian pastor. He did not know the land, he only passed by once a week when he sold vegetables, for about seven years (2014). He saw Juan on the land, making the existing plantings, but does not know why he entered it. And with respect to the judicial inspection (reconocimiento judicial), it is also not useful evidence to demonstrate the plaintiff’s position, since in it, conducted in October 2021, one can only verify what exists at that time, as summarized in proven fact eleven, added in this judgment.

XIX.- The appellant also claims that the Court erroneously weighed the evidence, by considering his possession as exercised in bad faith (mala fe), for having entered the land with knowledge that it had been possessed by Carlos Vargas, without analyzing that this gentleman had abandoned the land and that neither he nor his succession are parties to this proceeding, in addition to his not having knowledge that Leslie claimed the possession right of Carlos. The grievance is not acceptable. Possession in bad faith is that which is carried out knowing that an act is being executed without the authorization of the person whose authorization is required, whether or not that prejudices the property sphere of that other person in some way. This occurs, for example, when one possesses and knows that the property belongs to another; that it is done without the due authorization or that what was authorized has been exceeded (temporally or spatially) (articles 285 and 286 Civil Code). This Tribunal highlights that, according to the analyzed evidence, the plaintiff’s position that he entered the land in 2009 is not credible, as affirmed in the first fact of the complaint (image 1 EDC). The cause of acquisition is conveniently omitted in that document, without the Court having timely ordered its clarification. It is not until the response to the counterclaim (image 285 EDC) and in Juan García’s party statement (declaración de parte) (recorded in audio), that he affirms that he entered in 2009 because the land was “abandoned” and that he entered after that. In his party statement he also affirms that Carlos Vargas had authorized him to do so. None of this was demonstrated. On the contrary, the evidence proves that he entered only in 2013/2014, after Mr. Vargas died, because he had no place to live, thanks to his brother asking the counterclaimant to let him stay in the existing house on the farm in exchange for watching over it. Therefore, from the time he entered he knew that the land belonged to another and the condition under which he did so (with the mere tolerance of its owner). Moreover, his version is also not credible that such valuable land, being of a forested nature (naturaleza boscosa) and located in Puerto Jiménez, with frontage onto the main public road leading to that locality, which had a house, was abandoned in the manner he expresses in his questionable party statement; in addition to having omitted to state that in the complaint. In any case, having accepted that he knew the land belonged to Carlos Vargas from the time he entered, that is sufficient reason to consider his bad faith established, because he cannot later pretend to ignore that he knows that, justifying himself by saying that that gentleman left the land abandoned.

XX.- The appellant alleges that by the time he became aware that Leslie Simmons had claimed the possession right of Carlos Vargas, the negative statute of limitations (prescripción negativa) had already run. The grievance is not acceptable. In the appealed judgment the issue is rejected based on the following: “…In this case, two reasons lead to the rejection of this defense: that the entire entry of Mr. Juan Bautista does not occur in the capacity of owner, and he enters with the authorization of the owners of the land, the counterclaim defendant plaintiff having full knowledge of this situation, therefore his possession has been neither in good faith, nor in the capacity of owner, and furthermore that since 2017 Mrs. Leslie Simmons has been attempting to recover possession of the land, through the avenues the law makes available to her with the figure of administrative eviction (desalojo administrativo), therefore the statute-of-limitations period alleged by the plaintiff has not run, because his possession is defective. Finally, it can be affirmed that the three prerequisites for granting the action for better right to possession (mejor derecho de posesión) brought by Mrs. Leslie are thus established” (image 396 EDC). Apart from what was indicated, contrary to what the appellant affirms, it was not proven that at any time the land, neither before 2009 nor after, ceased to be in the possession first of Carlos Vargas and Leslie Simmons jointly, and after 2012, solely of the latter. On the contrary, in the evidence analyzed in previous considerandos (considerandos), it was demonstrated that they have exercised continuous, public, peaceful possession under title of owners (a título de dueños) over that immovable property since they acquired it, in 1999. It is only in 2017 that the problem arose with the counterclaim defendant plaintiff party, for not wanting to vacate the property voluntarily. In response, the person who became its total legitimate possessor—Leslie Simmons—resorted to the pertinent avenues to achieve his removal: first by seeking an administrative eviction and then, by defending herself with a counterclaim (contrademanda) in this proceeding. There is no possibility, therefore, of applying the negative statute of limitations against Leslie Simmons in this case, as explained in considerando XV of this judgment (articles 279 to 282 Civil Code).

XXI.- Neither is the grievance admissible regarding the incorrect rejection of the affirmative defenses of positive statute of limitations (prescripción positiva) and lack of right of the “counterclaimant,” based on the argument that the appellant lacks title for entering and possessing the land, whereby the Court disregards that title is the possession itself, because this is a case of better right to possess (mejor derecho de poseer) and not of ownership, and because from August 2012 onward he was the one possessing the land, because the person who had been exercising it died (article 279-2 Civil Code). It is unnecessary to reiterate the reasons why what was argued by Juan García—that he entered the land in litigation in 2009 because it was abandoned—is not acceptable in this case. The opposite was demonstrated. As the Court correctly points out, the entry and permanence of the counterclaim defendant on the land was never in his own name, that is, for his own benefit, because he remained there by tolerance of its owners, from the time they permitted him to inhabit the house starting in 2013/2014. He therefore always had full knowledge that the land belonged to another. This prevents him from legitimately acquiring a real right of possession over that unregistered immovable property through adverse possession (usucapión) and, therefore, he does not hold a right that can be opposed against the counterclaim.

XXII.- Finally, the appellant claims that Article 509 of the Civil Code was disregarded, because the subsidiary claim for payment of improvements (mejoras) should not have been rejected. For him, the judicial inspection proved that there were plantings of sweet potato, pineapple (piña), plantain, and cassava on the land, and a ranch that serves as a kitchen for the house, which generates unjust enrichment in favor of the defendant. The grievance is not acceptable. In the appealed judgment, the issue is rejected based on the following: “The plaintiff also submits a subsidiary claim that consists of the following:  That the defendant be ordered to pay me the value of the useful and necessary improvements in the abstract (mejoras útiles y necesarias en abstracto), likewise that I be permitted to remove the purely ornamental materials that I have placed on the land, both from December 1, 2009; with the right to retain the land in my possession until its effective payment, and with a period of three months to remove all of the purely ornamental materials. This claim must also be rejected in its entirety, because from the evidence offered and produced by both parties, it was not proven that Mr. Juan Bautista García had made useful and necessary improvements on the land; regarding the little house on the land, it was proven that it existed before Mr. Juan Bautista entered the land; permanent crops were not observed during the judicial inspection proceeding, the farm is mostly composed of forest which is conserved, cared for, and neither the testimonial nor the documentary evidence offered by the plaintiff proves that improvements had been introduced from an agrarian point of view, therefore this claim must also be rejected” (image 389 EDC). Apart from the fact that the plaintiff did not specify in his complaint what he was requesting to be compensated as “improvements,” which he should have done to guarantee due process for the opposing party, without the Court having timely ordered its correction, this Tribunal agrees with the conclusion of the appealed judgment that in this case it is not possible to order the payment of “improvements,” not even in the abstract. In this regard, as was established in proven fact eleven, added by this Tribunal, the land in litigation is almost entirely forested in nature. The old house that exists was not built by Juan García. And as for the plantings he claims he has made, apart from the fact that, as has been proven, they are in a very small area and are not permanent or semi-permanent crops, they are evidently for his consumption and subsistence. The witnesses Miguel Amador Vargas, Raúl Barquero Espinosa, and José Antonio Amador, offered by the plaintiff, were clear that Juan García’s poor economic situation meant they were obliged to help him with food and with seeds so he could plant something. And what is called “ranch for kitchen,” which in the judicial inspection is described as a storeroom for that purpose, would not be entitled to compensation as an improvement, as it is a simple building added by the plaintiff, which was not proven to be of permanent materials or nature. Nor as an accession (accesión), since he can remove the materials and take them with him when he vacates the land (articles 330 to 332 and 508 Civil Code). There is, therefore, no erroneous decision on the issue that generates unjust enrichment in favor of the counterclaimant.

XXIII.- In accordance with the foregoing, it is appropriate to confirm the appealed judgment with respect to the matters appealed.

NOTE OF JUDGE FISHER GONZÁLEZ: The undersigned Judge agrees with the solution applied to the specific case. However, it is deemed necessary to make some clarifications regarding the statute of limitations for the right of possession (prescripción del derecho de posesión). Certainly, article 860 of the Civil Code provides that the right of possession prescribes by the possession of one year, but that period does not operate as a loss of the right when one is in the presence of a ten-year possession suitable for adverse possession. This is because if a possession of ten years has been exercised over an unregistered tract of land, in a quiet, public, peaceful, continuous manner, in good faith and under title of owner, it is no longer merely a right of possession but a more qualified possession. On this matter, long ago, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) had stated, for unregistered tracts of land, that once adverse possession is consolidated, the right of property is acquired as an original mode, in such a way that it is distinguished from possessory information proceedings as an instrument for formalizing that right so that it may be registered, but starting from the premise that the right is already consolidated. In this regard, it considered: “(…)  IV.- GENERAL REGIME OF ADVERSE POSSESSION: In principle, it must be stated that the possessory information proceedings (diligencias de información posesoria) regulated in the Law of Possessory Information No. 139 of July 14, 1941, and its amendments, are a non-contentious judicial procedure through which a property title for real estate registrable in the Public Registry is formalized. In general, this procedure aims to allow possessors who lack a registrable title in the Public Registry to obtain one. Article 1 of that Law provides that for the possessor of real estate to request the granting of title based on the possessory information procedure, he must demonstrate possession for more than ten years under the conditions set forth in Article 856 of the Civil Code, namely, in the capacity of owner, continuous, public, and peaceful. The foregoing requirements of time and condition characterize the possession necessary for adverse possession. To obtain ownership of real estate by positive statute of limitations (prescripción positiva), in addition to possession under the indicated conditions, Article 853 of the Civil Code indicates as requirements: the translative title of dominion and good faith. From the foregoing and from the provisions of Article 8 of the Law of Possessory Information, which characterizes the possessory information procedure as a non-contentious judicial process—in which the emergence of a claim or opposition from any person or the State causes the matter to be suspended and referred to the declaratory proceeding for discussion and resolution, or for the file to be archived and the administrative avenue to be deemed exhausted, respectively—it follows that the titling of the immovable property has as a prerequisite the acquisition of ownership. That is, the moment of acquisition of ownership by adverse possession is distinguished from the moment in which that situation is asserted in the possessory information procedure to obtain a title registrable in the Public Registry. Hence, adverse possession is considered a mode of acquiring ownership and other possessable real rights, and titling is the procedure through which, once the requirements of adverse possession are verified, the registrable property title is conferred. (…) The right of possession can be acquired independently of full dominion under certain circumstances that the Civil Code regulates in Article 279—by consent of the owner, by the fact of retaining possession for more than one year, and because the law authorizes the creditor to retain the thing from his debtor or orders that all or some of his assets pass to a depositary. The right of possession in general is comprised of two elements: the corpus and the animus. The former, referring specifically to the material fact of having subjected the thing to the power—action—and will of a person, and the latter, related to an internal aspect that guides the possessor. To these elements must be added other special circumstances that the law requires for possession to be useful for adverse possession. In that sense, possession ad usucapionem is a more rigorous or qualified form of possession that differs from the generic one. The requirements that the law demands for possession to be suitable for positive statute of limitations are regulated in Article 856 of the Civil Code” (emphasis not in original. Judgment No. 04587-97 of fifteen hours forty-five minutes of August five, nineteen ninety-seven). In this order of considerations, it is not possible to state in a generalized manner that, in the case of an unregistered tract of land, the right of possession is lost by the mere circumstance that another subject exercises it for a period of one year (Articles 279 and 284 of the Civil Code), since if the previous possessor had a consolidated adverse possession, he evidently has a better right and it is a more qualified possession. Now then, in this case, the appellant did not demonstrate having had or exercised a ten-year possession ad usucapionem or having possessed in the capacity of owner, which is why the vote on the merits is shared, but with the present note regarding the statute of limitations for the right of possession, given what was stated generally in the resolution regarding that institution.

POR TANTO

With respect to the matters appealed, judgment 285 of August thirty-one, two thousand twenty-three, is confirmed. There is a note by Judge Fischer González.









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RUTH ALPIZAR RODRÍGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A





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MARIA VANESSA FISHER GONZALEZ - JUEZ/A DECISOR/A





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GEISON LOPEZ BARRANTES - JUEZ/A DECISOR/A


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