Res. 07292-2025 Tribunal Contencioso Administrativo — Denial of interim measure to prevent demolition of wall in stream channelRechazo de medida cautelar para evitar demolición de muro en cauce de quebrada

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 07292 - 2025

Fecha de la Resolución: 21 de Julio del 2025 a las 09:58

Expediente: 25-003170-1027-CA

Redactado por: Marvin Urbina Solis





Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

25-003170-1027-CA - 3




PROCESO:

	

MEDIDA CAUTELAR




ACTOR/A:

	

WABE CARROCERÍA Y PINTURA S.A.




DEMANDADO/A:

	

EL ESTADO

 

 N° 2025007292

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del veintiuno de Julio del dos mil veinticinco.-

 

Solicitud de medida cautelar atípica urgentísima y provisionalísima, establecida por DAVID WABE ARCE, mayor, divorciado una vez, con cédula de identidad número 9-0054-0298, en su condición de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de WABE CARROCERIA Y PINTURA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula Jurídica número 3-101-085331 contra EL ESTADO representado por Daniela Vargas Delgado, mayor, casada una vez, abogada, cédula de identidad 206080417, carnet 19296, Procuradora Adjunta.

CONSIDERANDO:

I-ACTOS PROCESALES DE IMPORTANCIA: 1. Que el promovente formula solicitud de medida cautelar, planteando como pretensión: "...1) MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA URGENTISIMA Y PROVISIONALÍSIMA: Prevenirle al ESTADO, por medio del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ABSTENGA de GESTIONAR Y/O EJECUTRA, orden de DESTRUCCIÓN Y/O DEMOLLICION del MURO DE CONSTRUCCIÓN del CAUCE Quebrada El Poro, afluente del Rio Purrases.2) MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA URGENTISIMA Y PROVISIONALÍSIMA: Indicarle al ESTADO, por medio del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, se sirva SUSPENDER CUALQUIER ORDEN DE DESTRUCCIÓN Y/O DEMOLICION del MURO DE CONSTRUCCIÓN del CAUCE Quebrada El Poro, afluente del Rio Purrases." (imagen 13 del expediente judicial digital).2. Que mediante auto de las ocho horas diez minutos del veinte de mayo de dos mil veinticinco, este Tribunal rechazó la medida cautelar provisionalísima y confirió audiencia al Estado para que se pronunciaran respecto de la medida cautelar (imágenes 52 y 53 del expediente judicial digital).3. Que la representación Estatal indicó que lo pretendido debe ser rechazado. (imágenes 58 a 66 del expediente judicial digital) 4. Que en la especie se han observado las formalidades de rigor y no se aprecian vicios susceptibles de ocasionar nulidad o indefensión a las partes;

II.- ARGUMENTOS DEL PROMOVENTE. En síntesis, indica que  entre enero y febrero del año 2022, procedió a iniciar la construcción del muro de contención en el CAUCE de la Quebrada Poro, afluente del Rio Purrases, tal y como lo indicó la Comisión Nacional de Emergencias, dicho Muro de contención, le da estabilidad al Taller Wabe Carrocería y Pintura, que está construido en la propiedad de su Representada, y con ello asegura un trabajo digno a sus empleados, e igualmente, a partir de esa fecha, mermaron considerablemente, las inundaciones y afectaciones de la Quebrada Poro, afluente del Rio Purrases. Afirma que el Ministerio de Energías y Minas, gestiona la destrucción del muro de contención, situación que, de ejecutarse, provocaría la destrucción del Taller Wabe Carrocería y Pintura, sino también, la pérdida económica de su patrimonio, que supera el monto de ¢ 65.000.000.00, aunado a que provocaría una la afectación directa a los vecinos y demás personas de diferentes cantones y lugares de San José
(imágenes 2 a 15 del expediente judicial digital)

III.- ARGUMENTOS DE LA REPRESENTACIÓN ESTATAL: En lo medular, indica en primer lugar que no queda ninguna pretensión qué resolver, en razón que las medidas solicitadas con carácter de provisionalísimas fueron rechazadas por lo que la audiencia de 3 días dada a no es procedente porque no quedan extremos por ser ventilados en este proceso, y por ello el proceso no debe continuar. Afirma que las medidas urgentísimas y provisionalísimas solicitadas son improcedentes, contrarias a derecho y deben ser rechazadas en todos sus extremos, al existir un pronunciamiento judicial, proceso penal por el delito de Invasión a un Área Conservación o Protección que se tramita bajo el expediente 24-000011-0611-PE, contra David Wabe Arce, representante de la actora, donde se ordenó la demolición de las ilegales obras que se pretenden aquí conservar (cosa juzgada y principio de independencia judicial) (visible a folios 58 a 66 del expediente judicial digital).

IV.- EN GENERAL SOBRE LOS PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR. Tal y como ha sido desarrollado por la Sala Constitucional, la justicia cautelar responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia. (Resolución 7190-1994, de las 15:24 horas del 6 de diciembre). En este mismo sentido, el artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. La doctrina ha indicado que la justicia cautelar no tiene como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de constituir una relación jurídica, ni ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni dirimir un litigio, sino prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal (gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). Teniendo claro lo anterior, el juzgador con observancia de lo dispuesto en el artículo 21 de la norma procesal indicado, debe determinar la procedencia de una solicitud de medida cautelar, verificando al efecto que la pretensión del proceso de conocimiento no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad, lo que constituye una valoración preliminar del fondo para determinar si existe en el caso en cuestión lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado apariencia de buen derecho o fumus boni iuris. La norma de análisis también establece la procedencia de la medida cautelar cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, situación que ha sido definida en la doctrina como el periculum en mora o peligro en la demora, es decir, que, en virtud de la demora patológica del proceso judicial, concurra un peligro actual, real y objetivo de que se genere a la parte promovente un daño grave (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008).  Bajo la misma línea de pensamiento, el artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece la obligación del juzgador de realizar, a la luz del principio de proporcionalidad, una ponderación de los intereses en juego, es decir, entre la circunstancia del particular, por un lado y el interés público y los intereses de terceros que puedan verse afectados con la adopción de la medida cautelar, por el otro. Adicionalmente y del mismo numeral 22 citado, se exige que la medida cautelar resulte instrumental y provisional. Partiendo del anterior marco normativo de análisis y los elementos requeridos para la estimación de una medida cautelar, se procede a realizar el estudio del caso concreto.

V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Partiendo de lo anteriormente expuesto de inmediato se procede a efectuar un análisis de conformidad con los dispuesto por los artículos 21 y 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, de acuerdo con los argumentos de ambas partes y los elementos de prueba aportados al expediente, haciendo la observación que es una carga procesal para la parte interesada, al tenor de los artículos 220 del mencionado Código y el 41 del Código Procesal Civil, probar las afirmaciones que haga en apoyo de sus pretensiones. En cuanto al primero de ellos, correspondiente a lo que se conoce como "apariencia de buen derecho" (haciendo la observación que éste debe ser analizado de conformidad con los parámetros dispuestos en el Código Procesal Contencioso Administrativo) debe indicarse que del análisis de la solicitud cautelar, se observa de forma preliminar, que la teoría del caso expuesta se fundamenta en una notificación de las 10 horas 15 minutos del primero de febrero de 2024, en el cual se le intima a solicitar permiso para realizar obras en el cauce de la Quebrada Río Poró ante la Dirección de Agua del MINAE, y que señala: “en el caso que se tenga la obra construida o esté en construcción esta debe ser eliminada, devolviendo el cauce a su estado natural, anterior a los trabajos encontrados. Se recuerda que no podrá hacerse uso de las zonas de protección. Por lo tanto, deberá presentar una nota en donde manifieste que la estructura ha sido eliminada en su totalidad y una secuencia fotográfica que así lo acredite” con la prueba que al día de hoy consta en autos, se ha podido determinar la NO procedencia de este elemento o presupuesto de la medida cautelar al ser la notificación que señala un acto de trámite, que no ordena la demolición del muro en sí, lo establecido en el artículo 49 Constitucional como de lo establecido en el Código Procesal Contencioso Administrativo,  posibilita ejercer un control plenario de la legalidad de la función administrativa, en los términos de que dichas normas señalan, no toda actividad forma es susceptible de ser conocidas en esta sede. Aunado a que existe medida cautelar dentro de un proceso penal expediente 24-000011-0611-PE que resolvió: “ordenar la restitución de las cosas a su estado anterior, ordenando entre otras, la comisión a entes gubernamentales para materializar lo ordenado sobre la quebrada Poro en la que se construyeron obras de infraestructura dentro de su cauce y se mantiene lo dispuesto respecto de la demolición ordenadas al señor David Wabe Arce”(imagen 217  del expediente judicial digital), por lo que no se cumple con el presupuesto de apariencia de buen derecho. Ahora bien,  tal y como se indicó en el considerando anterior debe indicarse que para la procedencia de la tutela cautelar se requiere, según disposición legal, que la ejecución o permanencia de la conducta administrativa sometida al proceso produzca daños o perjuicios graves, actuales o potenciales , en la situación jurídica de la promovente, en ese sentido, debe recalcarse que no basta con alegar la existencia del daño (o perjuicio) grave (actual o potencial) sino que debe probarse, situación que implica una carga procesal que debe asumir la parte interesada, al tenor de los artículos 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo y el 41 del Código Procesal Civil. Estudiado el particular, este Juzgador concluye que el supuesto legal mencionado no se verifica ya que de la lectura de la solicitud de medida cautelar no se desprenden los argumentos concretos y circunstanciados respecto de la existencia de un daño de naturaleza grave, la representación de la sociedad actora indica que de ordenarse y ejecutarse la demolición del muro de contención construido en el cauce de la quebrada, que fue recomendado y ordenado por la Comisión Nacional de Emergencias, evidentemente, se le estaría ocasionando cuantiosos daños y perjuicios de difícil reparación, ya que su representada tendría un daño inminente tanto económico por la pérdida de la construcción del Taller Wabe Carrocería y Pintura, como patrimonial, por la pérdida del terreno, que caería al cauce de dicha quebrada. Aduce también que, se estaría ocasionando un grave daño psicológico, moral, económico y patrimonial, para una gran cantidad de personas, de diferentes distritos, cantones y lugares de San José, que se estarían viendo afectado con las inundaciones provocadas por la citada Quebrada. Afirma que la pérdida material del Taller Wabe Carrocería y Pintura, se produciría por el deslizamiento inminente de su estructura hacia la quebrada El Poro, quedando destruido por completo dicho taller, por lo que su Representada, perdería el valor económico de esa construcción, además de la pérdida de terreno que caería al cauce de la referida quebrada, producto del socavamiento de dicha quebrada, lo cual  afectaría a los empleados de la parte actora, que laboran en dicho taller de enderezado y pintura. Indica que perdería la edificación del Taller Wabe Carrocería y Pintura, que hoy está valorado en el monto de $ 2.000.000.00, e igualmente, perdería más del 50% del área del Terreno del inmueble, cuyo valor comercial es de $ 1.000.000.00, que caería al cauce de la Quebrada El Poro, a causa de la demolición del muro de contención, sin embargo, no se aporta prueba que acredite los daños que menciona, es decir no se aportó prueba idónea para que este juzgador logre determinar daños por la demolición que pretende suspender, es decir la acreditación del daño grave resulta insuficiente en la especie por cuanto se desconoce con exactitud la existencia real y efectiva de los daños graves que menciona, lo anterior se desprende de la misma prueba aportada por la sociedad accionante que en el informe concluye: “Como resultado del estudio se concluye que el inmueble es inmune a los efectos de inundación. Dicha conclusión se manifiesta obviamente en el sitio, donde se observa que la Quebrada Poro se encuentra localizada a unos 12 m de distancia de sus linderos y entre 5.0 a 8.0 m abajo del nivel de la Construcciones existentes” (estudio hidrodinámico y riesgo de afectación del cauce de dominio público quebrada poro. Granadilla, Curridabat, Provincia de San José, Dirección de Aguas, visible a imágenes 20ª 41 del expediente judicial digital ) por otra parte el informe CBE-UIAR-INF-0200-2023 de la Comisión Nacional de Emergencias, visible a imágenes 42a 44 del expediente judicial digital, concluye: “que la cercanía de la estructura a la margen sumado a la fuerza erosiva de la quebrada, representa un riesgo para el taller y sus ocupantes, de no intervenir la  ladera  con una obra de estabilización se podrían dar más desprendimientos que afecten directamente las bases de la  estructura” más no acreditan los supuestos daños  psicológico, moral, económico y patrimonial que reclama la sociedad actora, en el mismo sentido la prueba testimonial  ofrecida sobre los hechos de la demanda, no así para la demostración de los daños señalados por lo que no resulta admisible, siendo que este juzgador se encuentra impedido para efectuar una valoración que amerite o justifique por ello el otorgamiento de una medida cautelar. Es necesario reiterar que el proceso cautelar no es ajeno a las regulaciones procesales generales en cuanto a la carga de la prueba, de modo que es la parte promovente, al formular su pretensión, la obligada a probar sus afirmaciones. En otras palabras, la tutela cautelar no es un mecanismo automático que proceda con la sola solicitud de la parte. De forma, que no se logra demostrar que exista una situación de daño psicológico, moral, económico y patrimonial grave a su situación jurídica que amerite el otorgamiento de la medida pedida, ya que la parte no aporta prueba en ese sentido tal y como se ha indicado. Finalmente, en cuanto a la ponderación de los intereses involucrados en el caso, debe indicarse que, si bien se pondera el interés de la sociedad accionante, debe prevalecer el interés público ambiental, sin perjuicio de las consideraciones que puedan ser vertidas en un proceso de conocimiento. En consecuencia, al no cumplirse con la totalidad de los presupuestos legales lo procedente es el rechazo de la presente medida cautelar. Se resuelve sin especial condenatoria en costas.

POR TANTO

Se declara sin lugar medida cautelar solicitada.  Se resuelve sin especial condena en costas. NOTIFÍQUESE. Lic. Marvin Gerardo Urbina Solís. Juez Tramitador.-


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MARVIN GERARDO URBINA SOLÍS - JUEZ/A TRAMITADOR/A

 

EXP: 25-003170-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:30:31.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENTE:

25-003170-1027-CA - 3

PROCEEDING:

PRECAUTIONARY MEASURE

PETITIONER:

WABE CARROCERÍA Y PINTURA S.A.

RESPONDENT:

EL ESTADO

No. 2025007292

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at nine fifty-eight hours on twenty-one July two thousand twenty-five.-

Petition for an atypical extremely urgent and provisional precautionary measure, filed by DAVID WABE ARCE, of legal age, divorced once, identification number 9-0054-0298, in his capacity as Generalisimo Legal Representative Without Limit of Amount of WABE CARROCERIA Y PINTURA SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number 3-101-085331 against EL ESTADO represented by Daniela Vargas Delgado, of legal age, married once, attorney, identification number 206080417, bar number 19296, Deputy Procuradora.

CONSIDERANDO:

I-SIGNIFICANT PROCEDURAL ACTS: 1. That the petitioner files a petition for a precautionary measure, seeking the following: "...1) ATYPICAL EXTREMELY URGENT AND PROVISIONAL PRECAUTIONARY MEASURE: To Order EL ESTADO, through the MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, to REFRAIN from MANAGING AND/OR EXECUTING any order for the DESTRUCTION AND/OR DEMOLITION of the CONSTRUCTION WALL on the CAUCE of Quebrada El Poro, tributary of Rio Purrases. 2) ATYPICAL EXTREMELY URGENT AND PROVISIONAL PRECAUTIONARY MEASURE: To Instruct EL ESTADO, through the MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, to SUSPEND ANY ORDER FOR DESTRUCTION AND/OR DEMOLITION of the CONSTRUCTION WALL on the CAUCE of Quebrada El Poro, tributary of Rio Purrases." (image 13 of the digital judicial file). 2. That by order issued at eight hours ten minutes on twenty May two thousand twenty-five, this Tribunal rejected the provisional precautionary measure and granted a hearing to the State to make submissions regarding the precautionary measure (images 52 and 53 of the digital judicial file). 3. That the State's representation indicated that the requested relief should be rejected. (images 58 to 66 of the digital judicial file). 4. That the required formalities have been observed in this case and no defects capable of causing nullity or lack of defense to the parties are apparent;

II.- PETITIONER'S ARGUMENTS. In summary, they state that between January and February 2022, they began construction of the retaining wall (muro de contención) in the CAUCE of Quebrada Poro, tributary of Rio Purrases, as indicated by the Comisión Nacional de Emergencias; said retaining wall provides stability to the Taller Wabe Carrocería y Pintura, which is built on the property of their Principal, and thereby ensures dignified work for their employees, and likewise, as of that date, the floods and effects of the Quebrada Poro, tributary of Rio Purrases, have considerably decreased. They affirm that the Ministerio de Energías y Minas is managing the destruction of the retaining wall, a situation which, if executed, would cause the destruction of the Taller Wabe Carrocería y Pintura, as well as the economic loss of its assets, which exceeds the sum of ¢65,000,000.00, together with directly affecting the neighbors and other persons from different cantons and places of San José
(images 2 to 15 of the digital judicial file)

III.- ARGUMENTS OF THE STATE'S REPRESENTATION: Essentially, they first indicate that there is no remaining claim to be resolved, given that the measures requested as provisional were rejected, and thus the 3-day hearing granted is not appropriate because there are no remaining issues to be aired in this proceeding, and therefore the proceeding should not continue. They affirm that the extremely urgent and provisional measures requested are improper, contrary to law, and must be rejected in their entirety, as there exists a judicial pronouncement, a criminal proceeding for the crime of Invasion of a Conservation or Protection Area being processed under expediente 24-000011-0611-PE, against David Wabe Arce, representative of the petitioner, where the demolition of the illegal works sought to be preserved here was ordered (res judicata and principle of judicial independence) (visible at folios 58 to 66 of the digital judicial file).

IV.- GENERAL CONSIDERATIONS ON THE NECESSARY REQUIREMENTS FOR GRANTING A PRECAUTIONARY MEASURE. As has been developed by the Sala Constitucional, precautionary justice responds to the need to guarantee the constitutional principle of prompt and complete justice, by preserving the indispensable real conditions for the issuance and execution of the judgment. (Resolución 7190-1994, of 15:24 hours on 6 December). In this same sense, Article 19 of the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes that the purpose of imposing a precautionary measure is to protect and guarantee, provisionally, the object of the proceeding and the effectiveness of the judgment. Legal doctrine has indicated that the aim of precautionary justice is not to declare a fact or liability, nor to constitute a legal relationship, nor to execute a mandate and satisfy an undisputed right, nor to settle a dispute, but to prevent the damages that the dispute may cause or that may arise from an abnormal situation (Gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2nd ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). Having clarified the above, the judge, in observance of the provisions of Article 21 of the indicated procedural rule, must determine the admissibility of a petition for a precautionary measure, verifying for this purpose that the claim in the main proceeding is not frivolous or clearly lacking in seriousness, which constitutes a preliminary assessment of the merits to determine if, in the case at hand, what doctrine and case law have called appearance of good right or fumus boni iuris exists. The rule under analysis also establishes the admissibility of the precautionary measure when the execution or continuation of the conduct subject to the proceeding produces grave damage or harm, actual or potential, a situation that has been defined in legal doctrine as the periculum in mora or danger in delay, that is, that, due to the pathological delay of the judicial proceeding, there is a current, real, and objective danger that the petitioner will suffer grave damage (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1st ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008). Along the same line of thought, Article 22 of the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes the obligation of the judge to perform, in light of the principle of proportionality, a balancing of the competing interests, that is, between the individual's circumstance, on the one hand, and the public interest and the interests of third parties that may be affected by the adoption of the precautionary measure, on the other. Additionally, and from the same cited provision 22, it is required that the precautionary measure be instrumental and provisional. Based on the foregoing regulatory framework of analysis and the elements required for granting a precautionary measure, an examination of the specific case is proceeded with.

V.- ON THE SPECIFIC CASE. Based on the foregoing, an immediate analysis is undertaken in accordance with the provisions of Articles 21 and 22 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, considering the arguments of both parties and the evidentiary elements submitted to the file, noting that it is a procedural burden for the interested party, pursuant to Articles 220 of the aforementioned Code and 41 of the Código Procesal Civil, to prove the assertions made in support of their claims. Regarding the first of these, corresponding to what is known as "appearance of good right" (noting that this must be analyzed in accordance with the parameters set forth in the Código Procesal Contencioso Administrativo), it must be stated that from the analysis of the precautionary petition, it is preliminarily observed that the theory of the case presented is based on a notification of 10 hours 15 minutes on 1 February 2024, in which the petitioner is ordered to request a permit to carry out works in the channel (cauce) of the Quebrada Río Poró before the Dirección de Agua of MINAE, and which states: “in the event that the work is constructed or under construction, it must be removed, restoring the channel to its natural state, prior to the works found. It is reminded that the protection zones may not be used. Therefore, you must submit a note stating that the structure has been completely removed and a photographic sequence to prove it.” Based on the evidence currently in the record, the non-admissibility of this element or requirement of the precautionary measure has been determined, given that the notification refers to a procedural act, which does not order the demolition of the wall per se; what is established in Article 49 of the Constitution, as well as in the Código Procesal Contencioso Administrativo, enables full control of the legality of administrative action, but under the terms those rules provide, not every form of activity is subject to review in this venue. Along with this, there is a precautionary measure within criminal proceeding expediente 24-000011-0611-PE that resolved: “to order the restoration of things to their prior state, ordering, among other things, the commission to governmental entities to materialize what was ordered regarding the Quebrada Poro, on which infrastructure works were built within its channel, and to maintain what was ordered regarding the demolitions ordered against Mr. David Wabe Arce” (image 217 of the digital judicial file); therefore, the requirement of appearance of good right is not met. Now then, as indicated in the previous considerando, it must be stated that for the admissibility of precautionary protection, it is required, by legal provision, that the execution or continuation of the administrative conduct subject to the proceeding produce grave damage or harm, current or potential, to the legal situation of the petitioner. In this sense, it must be emphasized that it is not enough to allege the existence of grave damage (or harm) (current or potential), but rather it must be proven, a situation that implies a procedural burden the interested party must assume, pursuant to Articles 220 of the Código Procesal Contencioso Administrativo and 41 of the Código Procesal Civil. Having studied the matter, this Judge concludes that the mentioned legal requirement is not verified, since from a reading of the petition for a precautionary measure, no concrete and detailed arguments emerge regarding the existence of damage of a grave nature. The representation of the plaintiff company indicates that if the demolition of the retaining wall built in the channel of the stream (quebrada), which was recommended and ordered by the Comisión Nacional de Emergencias, is ordered and executed, it would evidently cause substantial damages and harm difficult to repair, as its represented party would suffer imminent damage, both economic due to the loss of the construction of the Taller Wabe Carrocería y Pintura, and patrimonial, due to the loss of the land, which would fall into the channel of said stream. They also argue that it would cause serious psychological, moral, economic, and patrimonial damage to a large number of people from different districts, cantons, and places of San José, who would be affected by the floods caused by the cited stream. They affirm that the material loss of the Taller Wabe Carrocería y Pintura would occur due to the imminent landslide of its structure into the Quebrada El Poro, with said workshop being completely destroyed, so its Represented party would lose the economic value of that construction, in addition to the loss of land that would fall into the channel of the referenced stream as a result of the scouring of said stream, which would affect the employees of the plaintiff party who work in that straightening and painting workshop. They indicate that they would lose the building of the Taller Wabe Carrocería y Pintura, which today is valued at $2,000,000.00, and likewise, they would lose more than 50% of the area of the property's land, whose market value is $1,000,000.00, which would fall into the channel of the Quebrada El Poro due to the demolition of the retaining wall. However, no evidence is provided to prove the damages mentioned. That is, suitable evidence was not provided so that this judge could determine damages from the demolition sought to be suspended. In other words, the proof of grave damage is insufficient in this case because the real and effective existence of the grave damages mentioned is not known with certainty. The foregoing is evident from the same evidence submitted by the plaintiff company, whose report concludes: “As a result of the study, it is concluded that the property is immune to the effects of flooding. This conclusion is obviously manifested at the site, where it is observed that the Quebrada Poro is located about 12 m from its boundaries and between 5.0 and 8.0 m below the level of the existing Constructions” (Estudio hidrodinámico y riesgo de afectación del cauce de dominio público quebrada poro. Granadilla, Curridabat, Provincia de San José, Dirección de Aguas, visible at images 20a to 41 of the digital judicial file). On the other hand, report CBE-UIAR-INF-0200-2023 from the Comisión Nacional de Emergencias, visible at images 42a to 44 of the digital judicial file, concludes: “that the proximity of the structure to the bank, added to the erosive force of the stream, represents a risk to the workshop and its occupants; if the hillside is not intervened with a stabilization work, further landslides could occur that directly affect the bases of the structure,” but they do not prove the alleged psychological, moral, economic, and patrimonial damages claimed by the plaintiff company. In the same sense, the testimonial evidence offered concerns the facts of the lawsuit, not the demonstration of the damages indicated, and therefore it is not admissible. Consequently, this judge is prevented from making an assessment that merits or justifies the granting of a precautionary measure on that basis. It is necessary to reiterate that the precautionary proceeding is not exempt from the general procedural rules regarding the burden of proof, so it is the petitioner, when formulating their claim, who is obligated to prove their assertions. In other words, precautionary protection is not an automatic mechanism that proceeds upon the mere request of a party. Thus, it is not demonstrated that a situation of grave psychological, moral, economic, and patrimonial damage to its legal situation exists that would merit granting the requested measure, since the party does not provide evidence in that sense, as has been indicated. Finally, regarding the balancing of the interests involved in the case, it must be indicated that, while the interest of the plaintiff company is considered, the public environmental interest must prevail, without prejudice to the considerations that may be made in a main proceeding. Consequently, as not all the legal requirements are met, the appropriate course is the rejection of this precautionary measure. It is resolved without special award of costs.

POR TANTO

The requested precautionary measure is declared without merit. It is resolved without special award of costs. NOTIFY. Lic. Marvin Gerardo Urbina Solís. Processing Judge.-