Res. 08773-2025 Tribunal Contencioso Administrativo — Denial of interim measure against Decree 44710-MINAERechazo de medida cautelar contra Decreto 44710-MINAE

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 08773 - 2025

Fecha de la Resolución: 01 de Setiembre del 2025 a las 17:34

Expediente: 25-005486-1027-CA

Redactado por: Marvin Urbina Solis





Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

25-005486-1027-CA - 6




PROCESO:

	

MEDIDA CAUTELAR




ACTOR/A:

	

ALLAN FRANCISCO ASTORGA  GATGENS




DEMANDADO/A:

	

EL ESTADO

 

 N° 2025008773

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las diecisiete horas con treinta y cuatro minutos del uno de Setiembre del dos mil veinticinco.-

 

Solicitud de medida cautelar ante causam, establecida por ALLAN FRANCISCO ASTORGA GÄTTGENS, mayor de edad, portador de la cédula de identidad número 3-0252-0451, vecino del distrito de Sánchez, Curridabat, Licenciado en Geología de la Universidad de Costa Rica y Doctor en Ciencias Naturales de la Universidad de Stuttgart, Alemania, contra EL ESTADO, representado por Silvia Quesada Casares, abogada, vecina de San José, cédula 1-964-571, en condición de Procuradora A.

CONSIDERANDO:

I-ACTOS PROCESALES DE IMPORTANCIA: 1. Que el promovente formula solicitud de medida cautelar ante causam, planteando como pretensión: "...la suspensión de los efectos del Decreto Ejecutivo número No. 44710 - MINAE, publicado en el Alcance a La Gaceta N° 31, del 17 de febrero de 2025, y que entrará en vigor el día 18 de agosto de 2025. La adopción de esta medida cautelar resulta indispensable para salvaguardar la seguridad jurídica, la protección del medio ambiente y el interés público." (folio 58 del expediente judicial digital).2. Que mediante auto de las trece horas veintisiete minutos del once de agosto de dos mil veinticinco., este Tribunal rechazó la medida cautelar provisionalísima y confirió audiencia al Estado para que se pronunciaran respecto de la medida cautelar (folio 111 del expediente judicial digital).3. Que la representación del Estado indicó que lo pretendido debe ser rechazado por no existir los elementos necesarios para otorgar la medida cautelar (visible a folios 116 a 125 del expediente judicial digital) 4. Que en la especie se han observado las formalidades de rigor y no se aprecian vicios susceptibles de ocasionar nulidad o indefensión a las partes;

II.- ARGUMENTOS DEL PROMOVENTE. En síntesis, indica que el Decreto Ejecutivo No. 44710-MINAE que acá se impugna, se publicó en el Alcance a La Gaceta N° 31, del 17 de febrero de 2025, y entrará en vigor el día 18 de agosto de 2025, aduce que tiene entre muchas, las siguientes deficiencias: suprime de manera absoluta y sin previa reestructuración la metodología del Índice de Fragilidad Ambiental, establece dos metodologías alternativas para ser usadas por las municipalidades para los planes de ordenamiento territorial sin que ninguna de esas metodologías se haya puesto en práctica y se haya revisado y discutido de forma participativa, indica, que establece que la SETENA queda exenta de toda responsabilidad por la inexactitud, falsedad o errores en la información declarada en los estudios ambientales. Aduce que el decreto impugnado, establece que la vigencia de la viabilidad ambiental será de diez (10) años, un plazo que resulta excesivamente amplio y que puede comprometer gravemente la protección del medio ambiente. (visible a folios 2 a 59 del expediente judicial digital)

III.- ARGUMENTOS DEL ESTADO: En lo medular, indica la representación del ESTADO que el proponente expone aspectos de fondo objeto del proceso de conocimiento, afirma que No es posible determinar que la ejecución o permanencia de la conducta produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, de la situación aducida, si no se demuestran, y por paridad la valoración de los intereses en juego. Apoya sus argumentos en la resolución 18-2022 de 15:45 horas. de 11 de enero de 2022, del Tribunal Contencioso Administrativo sobre un asunto que aduce análogo contra los Decretos 39150/2015 y 42562/2020, aunado a lo anterior señala las sentencia 20341-2018 de la Sala Constitucional y en la acción 23-20449-0007-CO contra el inciso c) del artículo 23 del Decreto 39150/2015, el voto 24060-2023 (visible a folios 116 a 125 del expediente judicial digital).

IV.- EN GENERAL SOBRE LOS PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR. Tal y como ha sido desarrollado por la Sala Constitucional, la justicia cautelar responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia. (Resolución 7190-1994, de las 15:24 horas del 6 de diciembre). En este mismo sentido, el artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. La doctrina ha indicado que la justicia cautelar no tiene como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de constituir una relación jurídica, ni ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni dirimir un litigio, sino prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal (Gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). Teniendo claro lo anterior, el juzgador con observancia de lo dispuesto en el artículo 21 de la norma procesal indicado, debe determinar la procedencia de una solicitud de medida cautelar, verificando al efecto que la pretensión del proceso de conocimiento no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad, lo que constituye una valoración preliminar del fondo para determinar si existe en el caso en cuestión lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado apariencia de buen derecho o fumus boni iuris. La norma de análisis también establece la procedencia de la medida cautelar cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, situación que ha sido definida en la doctrina como el periculum en mora o peligro en la demora, es decir, que, en virtud de la demora patológica del proceso judicial, concurra un peligro actual, real y objetivo de que se genere a la parte promovente un daño grave (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008).  Bajo la misma línea de pensamiento, el artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece la obligación del juzgador de realizar, a la luz del principio de proporcionalidad, una ponderación de los intereses en juego, es decir, entre la circunstancia del particular, por un lado y el interés público y los intereses de terceros que puedan verse afectados con la adopción de la medida cautelar, por el otro. Adicionalmente y del mismo numeral 22 citado, se exige que la medida cautelar resulte instrumental y provisional. Partiendo del anterior marco normativo de análisis y los elementos requeridos para la estimación de una medida cautelar, se procede a realizar el estudio del caso concreto.

V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Partiendo de lo anteriormente expuesto de inmediato se procede a efectuar un análisis de conformidad con los dispuesto por los artículos 21 y 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, de acuerdo con los argumentos de ambas partes y los elementos de prueba aportados al expediente, haciendo la observación que es una carga procesal para la parte interesada, al tenor de los artículos 220 del mencionado Código y el 41 del Código Procesal Civil, probar las afirmaciones que haga en apoyo de sus pretensiones. En cuanto al primero de ellos, correspondiente a lo que se conoce como "apariencia de buen derecho" (haciendo la observación que éste debe ser analizado de conformidad con los parámetros dispuestos en el Código Procesal Contencioso Administrativo) debe indicarse que del análisis de la solicitud cautelar, se observa de forma preliminar, que la teoría del caso expuesta se encuentra fundamentada por cuanto el actor se encuentra facultado para impugnar el ejecutivo número No. 44710 - MINAE, publicado en el Alcance a La Gaceta N° 31, del 17 de febrero de 2025  al cual hace referencia, con la prueba que al día de hoy consta en autos, se ha podido determinar la procedencia de este elemento o presupuesto de la medida cautelar que son alegatos que bien podría ser analizados en el proceso correspondiente en consideración tanto de lo establecido en el artículo 49 Constitucional como de lo establecido en el Código Procesal Contencioso Administrativo, que posibilita ejercer un control plenario de la legalidad de la función administrativa, lo cual implica declarar la disconformidad jurídica de aquellas conductas formales o materiales, que resulten contrarias al bloque de legalidad. Asimismo, en aplicación del principio constitucional que garantiza que cualquier persona que se sienta afectada por una actuación administrativa, puede buscar reparación en esta Jurisdicción, siendo además reconocido el acceso a la Justicia como un derecho fundamental (artículos 41 y 49 de la Constitución Política). En segundo orden, tal y como se indicó en el considerando anterior debe indicarse que para la procedencia de la tutela cautelar se requiere, según disposición legal, que la ejecución o permanencia de la conducta administrativa sometida al proceso produzca daños o perjuicios graves, actuales o potenciales , en la situación jurídica de la promovente, en ese sentido, debe recalcarse que no basta con alegar la existencia del daño (o perjuicio) grave (actual o potencial) sino que debe probarse, situación que implica una carga procesal que debe asumir la parte interesada, al tenor de los artículos 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo y el 41 del Código Procesal Civil. Estudiado el particular, este Juzgador concluye que el supuesto legal mencionado no se verifica ya que de la lectura de la solicitud de medida cautelar no se desprenden los argumentos concretos y circunstanciados respecto de la existencia de un daño de naturaleza grave, el actor afirma que estas metodologías sustitutas, con un carácter reduccionista y más flexible, parecen tener como objetivo facilitar el desarrollo de actividades humanas con menor regulación y control ambiental, contraviniendo los principios de precaución, prevención y sostenibilidad que rigen en nuestra normativa técnica y legal, afirma que la aparente intención de favorecer la expansión urbana y minimizar las restricciones normativas no solo vulnera la normativa técnica vigente, sino que también puede afectar los derechos de las generaciones presentes y futuras al disminuir la protección del patrimonio natural y la gestión sostenible del territorio, sin embargo, no se aporta prueba que acredite el daño grave actual,  se aportó declaración técnica con argumentación de peso científico referente a medida cautelar urgente contra el Reglamento para la incorporación de la variable ambiental en planes de ordenamiento territorial (Decreto Ejecutivo No. 44710-MINAE)  que concluyó: “ En virtud de todo lo expuesto, considero que la decisión de eliminar el Índice de Fragilidad Ambiental sin realizar la reestructuración que claramente ordenó la Contraloría General constituye una conducta ilegal. Además, representa un riesgo inminente de daño ambiental, con violaciones sustanciales a derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a un ambiente saludable y equilibrado” sin embargo, no se aportó prueba idónea para que el Tribunal logre determinar daños graves por la actuación administrativa que pretende suspender, es decir la acreditación del daño grave resulta insuficiente en la especie por cuanto se desconoce con exactitud la existencia real y efectiva de un daño grave, el actor aduce, que la modificación o eliminación de estos instrumentos técnicos representa una desviación de estándares probados y una pérdida de avances en ordenamiento territorial, pero no acredita el daño, tal y como se indicó, por lo que llevan razón la representación Estatal en sostener que no es posible determinar que la ejecución o permanencia de la conducta produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, de la situación aducida, si no se demuestran, y por paridad la valoración de los intereses en juego, siendo que el Tribunal se encuentra impedido para efectuar una valoración que amerite o justifique por ello el otorgamiento de una medida cautelar. Es necesario reiterar que el proceso cautelar no es ajeno a las regulaciones procesales generales en cuanto a la carga de la prueba, de modo que es la parte promovente, al formular su pretensión, la obligada a probar sus afirmaciones. En otras palabras, la tutela cautelar no es un mecanismo automático que proceda con la sola solicitud de la parte. De forma, que no se logra demostrar que exista una situación de daño o perjuicio grave a su situación jurídica que amerite el otorgamiento de la medida pedida, ya que la parte no aporta prueba en ese sentido tal y como se ha indicado. Finalmente, en cuanto a la ponderación de los intereses involucrados en el caso, debe indicarse que, si bien se pondera lo alegado por actor que el MINAE y la SETENA, que pueden seguir trabajado con el anterior decreto Ejecutivo No. 32967 – MINAE, emitido en mayo de 2006, al no verse demostrado la existencia de un daño grave, no puede más que concluirse que debe prevalecer este mismo interés público sin perjuicio de las consideraciones que puedan ser vertidas en un proceso de conocimiento. En consecuencia, al no cumplirse con la totalidad de los presupuestos legales lo procedente es el rechazo de la presente medida cautelar. Se resuelve sin especial condenatoria en costas.

POR TANTO

Se declara sin lugar medida cautelar solicitada.  Se resuelve sin especial condena en costas. NOTIFÍQUESE. Lic. Marvin Gerardo Urbina Solís. Juez Tramitador.-


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4FUURTJIYMY61
MARVIN GERARDO URBINA SOLÍS - JUEZ/A TRAMITADOR/A

 

EXP: 25-005486-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:32:34.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENTE:

25-005486-1027-CA - 6

PROCESO:

MEDIDA CAUTELAR

ACTOR/A:

ALLAN FRANCISCO ASTORGA  GATGENS

DEMANDADO/A:

EL ESTADO

N° 2025008773

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at seventeen thirty-four hours on the first of September of two thousand twenty-five.-

Application for a pre-trial injunction (medida cautelar ante causam), filed by ALLAN FRANCISCO ASTORGA GÄTTGENS, of legal age, bearer of identity card number 3-0252-0451, resident of the district of Sánchez, Curridabat, Bachelor of Geology from the University of Costa Rica and Doctor of Natural Sciences from the University of Stuttgart, Germany, against THE STATE (EL ESTADO), represented by Silvia Quesada Casares, attorney, resident of San José, identity card 1-964-571, acting as Procuradora A.

CONSIDERANDO:

I-IMPORTANT PROCEDURAL ACTS: 1. That the applicant formulates an application for a pre-trial injunction (medida cautelar ante causam), raising as a claim: "...the suspension of the effects of Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 44710 - MINAE, published in the Supplement to La Gaceta N° 31, of February 17, 2025, and which shall enter into force on August 18, 2025. The adoption of this interim measure (medida cautelar) is indispensable to safeguard legal certainty, environmental protection, and the public interest." (folio 58 of the digital judicial file). 2. That by resolution of thirteen hours twenty-seven minutes of August eleventh of two thousand twenty-five, this Tribunal rejected the ex parte provisional measure (medida cautelar provisionalísima) and granted a hearing to the State so that it could pronounce on the interim measure (medida cautelar) (folio 111 of the digital judicial file). 3. That the State's representation indicated that the requested measure must be rejected because the necessary elements for granting the interim measure (medida cautelar) do not exist (visible at folios 116 to 125 of the digital judicial file). 4. That in this case, the required formalities have been observed and no defects likely to cause nullity or defenselessness to the parties are apparent;

II.- APPLICANT'S ARGUMENTS. In summary, he indicates that Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 44710-MINAE, which is challenged herein, was published in the Supplement to La Gaceta N° 31, of February 17, 2025, and will enter into force on August 18, 2025. He argues that it has, among many, the following deficiencies: it absolutely and without prior restructuring suppresses the Environmental Fragility Index (Índice de Fragilidad Ambiental) methodology; it establishes two alternative methodologies to be used by municipalities for land-use plans (planes de ordenamiento territorial) without either of those methodologies having been put into practice and reviewed and discussed in a participatory manner; he indicates that it establishes that SETENA is exempt from all liability for inaccuracy, falsehood, or errors in the information declared in environmental studies. He argues that the challenged decree establishes that the validity of the environmental feasibility (viabilidad ambiental) shall be ten (10) years, a period that is excessively broad and that could seriously compromise environmental protection. (visible at folios 2 to 59 of the digital judicial file)

III.- STATE'S ARGUMENTS: In essence, the representation of THE STATE indicates that the proponent raises substantive aspects that are the subject of the plenary proceeding. It affirms that it is not possible to determine that the execution or permanence of the conduct produces serious damages or losses (daños o perjuicios), current or potential, from the argued situation, if they are not demonstrated, and by parity, the weighing of the competing interests. It supports its arguments with resolution 18-2022 of 15:45 hours of January 11, 2022, from the Tribunal Contencioso Administrativo on a matter it argues is analogous against Decrees 39150/2015 and 42562/2020. In addition to the foregoing, it cites ruling 20341-2018 of the Sala Constitucional and in action 23-20449-0007-CO against subsection c) of Article 23 of Decree 39150/2015, voto 24060-2023 (visible at folios 116 to 125 of the digital judicial file).

IV.- IN GENERAL ON THE NECESSARY REQUIREMENTS FOR THE GRANTING OF AN INTERIM MEASURE (MEDIDA CAUTELAR). As has been developed by the Sala Constitucional, interim relief (justicia cautelar) responds to the need to guarantee the constitutional principle of swift and complete justice, by preserving the indispensable real conditions for the issuance and execution of the judgment. (Resolution 7190-1994, of 15:24 hours of December 6). In this same sense, Article 19 of the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes that the purpose of imposing an interim measure (medida cautelar) is to protect and guarantee, provisionally, the object of the proceeding and the effectiveness of the judgment. The doctrine has indicated that interim relief (justicia cautelar) does not have the purpose of declaring a fact or liability, nor of constituting a legal relationship, nor of executing a mandate and satisfying a right held without being disputed, nor of settling a dispute, but rather of preventing the damages that litigation may bring or that may derive from an abnormal situation (Gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). With the foregoing clear, the judge, in observance of the provisions of Article 21 of the indicated procedural rule, must determine the appropriateness of a request for an interim measure (medida cautelar), verifying that the claim of the plenary proceeding is not reckless or, manifestly, lacking in seriousness, which constitutes a preliminary assessment of the merits to determine if in the case at hand there exists what doctrine and jurisprudence have called appearance of good right or fumus boni iuris. The rule under analysis also establishes the appropriateness of the interim measure (medida cautelar) when the execution or permanence of the conduct subject to the proceeding produces serious, current or potential, damages or losses (daños o perjuicios), a situation that has been defined in doctrine as periculum in mora or danger in delay, that is, that, by virtue of the pathological delay of the judicial proceeding, there exists a current, real, and objective danger that a serious damage will be generated to the applicant (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008).  Under the same line of thought, Article 22 of the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes the judge's obligation to carry out, in light of the principle of proportionality, a weighing of the competing interests, that is, between the individual's circumstance, on one hand, and the public interest and the interests of third parties that may be affected by the adoption of the interim measure (medida cautelar), on the other. Additionally, and from the same cited Article 22, it is required that the interim measure (medida cautelar) be instrumental and provisional. Based on the foregoing normative framework for analysis and the elements required for the granting of an interim measure (medida cautelar), we proceed to study the specific case.

V.- ON THE SPECIFIC CASE. Based on the foregoing, an analysis is immediately undertaken in accordance with the provisions of Articles 21 and 22 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, according to the arguments of both parties and the evidence submitted to the file, noting that it is a procedural burden for the interested party, pursuant to Articles 220 of the aforementioned Code and 41 of the Código Procesal Civil, to prove the affirmations made in support of their claims. As for the first of these, corresponding to what is known as "appearance of good right" (noting that this must be analyzed in accordance with the parameters established in the Código Procesal Contencioso Administrativo), it must be stated that from the analysis of the interim application, it is preliminarily observed that the theory of the case presented is well-founded, given that the plaintiff is empowered to challenge Executive Decree (ejecutivo) No. 44710 - MINAE, published in the Supplement to La Gaceta N° 31, of February 17, 2025, to which he refers. With the evidence that exists to date in the record, it has been possible to determine the existence of this element or prerequisite for the interim measure (medida cautelar), which are allegations that could well be analyzed in the corresponding proceeding in consideration of both the provisions of Article 49 of the Constitution and those established in the Código Procesal Contencioso Administrativo, which makes it possible to exercise full control of the legality of administrative function, which implies declaring the legal non-conformity of those formal or material conducts that prove contrary to the block of legality. Likewise, in application of the constitutional principle that guarantees that any person who feels affected by an administrative action may seek redress in this Jurisdiction, access to Justice being recognized as a fundamental right (Articles 41 and 49 of the Constitución Política). In the second order, as stated in the previous considerando, it must be indicated that for the granting of interim protection (tutela cautelar) it is required, according to legal provision, that the execution or permanence of the administrative conduct subject to the proceeding produces serious, current or potential damages or losses (daños o perjuicios) to the applicant's legal situation. In that sense, it must be emphasized that it is not enough to allege the existence of serious damage (or loss) (current or potential), but rather it must be proven, a situation that implies a procedural burden that the interested party must bear, pursuant to Articles 220 of the Código Procesal Contencioso Administrativo and 41 of the Código Procesal Civil. Having studied the matter, this Adjudicator concludes that the aforementioned legal prerequisite is not met, since from the reading of the request for the interim measure (medida cautelar), no concrete and detailed arguments are evident regarding the existence of damage of a serious nature. The plaintiff asserts that these substitute methodologies, with a reductionist and more flexible character, seem to aim at facilitating the development of human activities with less regulation and environmental control, contravening the principles of precaution, prevention, and sustainability that govern our technical and legal regulations. He asserts that the apparent intention to favor urban expansion and minimize regulatory restrictions not only violates the current technical regulations, but may also affect the rights of present and future generations by diminishing the protection of natural heritage and the sustainable management of the territory. However, no evidence is provided accrediting the current serious damage. A technical statement was provided with scientifically weighty arguments regarding an urgent interim measure (medida cautelar) against the Regulations for the incorporation of the environmental variable in land-use plans (Reglamento para la incorporación de la variable ambiental en planes de ordenamiento territorial) (Executive Decree No. 44710-MINAE) which concluded: "By virtue of all the foregoing, I consider that the decision to eliminate the Environmental Fragility Index (Índice de Fragilidad Ambiental) without carrying out the restructuring that was clearly ordered by the Contraloría General constitutes illegal conduct. Moreover, it represents an imminent risk of environmental damage, with substantial violations of fundamental constitutional rights, such as the right to a healthy and balanced environment." However, no suitable evidence was provided so that the Tribunal could determine serious damages from the administrative action it intends to suspend, meaning the accreditation of serious damage is insufficient in this case, as the real and effective existence of serious damage is unknown with certainty. The plaintiff argues that the modification or elimination of these technical instruments represents a deviation from proven standards and a loss of advances in land-use planning (ordenamiento territorial), but does not prove the damage, as previously stated. Therefore, the State's representation is correct in maintaining that it is not possible to determine that the execution or permanence of the conduct produces serious damages or losses (daños o perjuicios), current or potential, from the argued situation, if they are not demonstrated, and by parity, the weighing of the competing interests, such that the Tribunal is prevented from carrying out an assessment that merits or justifies the granting of an interim measure (medida cautelar). It is necessary to reiterate that the interim proceeding (proceso cautelar) is not alien to the general procedural regulations regarding the burden of proof, so it is the applicant, when formulating their claim, who is obligated to prove their affirmations. In other words, interim protection (tutela cautelar) is not an automatic mechanism that proceeds upon the mere request of a party. Therefore, it is not demonstrated that there exists a situation of serious damage or loss to their legal situation that merits granting the requested measure, since the party does not provide evidence in that sense, as has been indicated. Finally, regarding the weighing of the interests involved in the case, it must be stated that, although the plaintiff's allegations are weighed, that MINAE and SETENA can continue working with the previous Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 32967 – MINAE, issued in May 2006, since the existence of serious damage has not been demonstrated, it cannot but be concluded that this same public interest must prevail, without prejudice to considerations that may be made in a plenary proceeding. Consequently, since all the legal prerequisites are not met, the rejection of this interim measure (medida cautelar) is appropriate. It is resolved without special condemnation as to costs.

POR TANTO

The requested interim measure (medida cautelar) is declared without merit.  It is resolved without special condemnation as to costs. LET IT BE NOTIFIED. Lic. Marvin Gerardo Urbina Solís. Juez Tramitador.-

4FUURTJIYMY61
MARVIN GERARDO URBINA SOLÍS - JUEZ/A TRAMITADOR/A

EXP: 25-005486-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:32:34.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República