Res. 08952-2025 Tribunal Contencioso Administrativo — Enforcement of Construction Permit for Parque de Tecnología Ambiental GalagarzaEjecución de permiso de construcción para Parque de Tecnología Ambiental Galagarza

Grande
Normal
Pequeña
Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 08952 - 2025

Fecha de la Resolución: 08 de Setiembre del 2025 a las 08:30

Expediente: 25-003136-1027-CA

Redactado por: Alex Rojas Ortega





Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

25-003136-1027-CA - 6




PROCESO:

	

EJECU. ACTO FIRME Y FAVORABLE




ACTOR/A:

	

EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A.




DEMANDADO/A:

	

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO

 

 N° 2025008952

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las ocho horas con treinta minutos del ocho de Setiembre del dos mil veinticinco.-

 

 Proceso de EJECUCIÓN DE ACTO FIRME Y FAVORABLE interpuesto por la sociedad EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA, S.A., cédula jurídica número 3-101-215741, contra la MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO.

 

CONSIDERANDO:

2) I.-ACTOS PROCESALES: a) que la demanda es para que en sentencia "1.- Se declare que la conducta formal identificada como Resolución No. 2025002232 de las nueve horas con nueve minutos del siete de Marzo del dos mil veinticinco, emitido por la el (sic) Área de Jerarquía Impropia de ese Tribunal, constituye un acto administrativo firme y favorable emitido en beneficio de mi representada. 2.- Se ordene a la Municipalidad de Montes de Oro, la inmediata ejecución del referido acto administrativo. 3.- Se condene a la Municipalidad de Montes de Oro, al pago de ambas costas de este Proceso, junto con los respectivos intereses legales, que se computarán desde la determinación en firme del quantum de las mismas hasta su efectivo pago." (Imagen 21 del expediente digital).

3) 

4)b) La parte actora aportó certificación del acto que pretende ejecutar, en el sentido de encontrarse firme (imagen 297 del expediente digital).

5) 

6)c) Que por medio de la resolución del 30 de mayo del 2025, se confirió audiencia al ente demandado (imagen 327 del expediente digital).

7) 

8)d) La Municipalidad de Montes de Oro contestó de manera negativa, e indicó que, aunque reconoce la existencia del acto administrativo que la actora pretende ejecutar, existen incidentes de nulidad y un recurso de alzada ante el Minae pendientes de resolver dentro del expediente n° DI-0635-2021-SETENA respecto de la viabilidad ambiental otorgada por medio de la resolución n° 2031-2023-SETENA. Asimismo, afirmó la existencia de un nuevo elemento que debía tomar en cuenta en su valoración, relativo a un oficio del MOPT donde se afirma que el alineamiento vial otorgado al inmueble objeto del proyecto de la actora se da por única vez y no concuerda con el derecho de vía existente. Solicita que se declare sin lugar la demanda. (Imagen 338 del expediente digital).

9) 

10)e) La parte actora se refirió a la contestación de la Municipalidad de Montes de Oro y señaló que los alineamientos no tienen plazo de vigencia, así como que la documentación aportada, conforme a la ley n.° 8220, no vence, pero que, además, ya había sido revisado, que no puede volver a revisar la entidad municipal. De igual forma, aduce que los incidentes presentados, quedaron resueltos (imagen 424 del expediente digital).

11) 

12)f) La parte actora manifestó que el MINAE resolvió la apelación pendiente, que se había interpuesto en contra de la resolución n° 2031-2023 del 20 de diciembre del 2023. (Imagen 529 del expediente digital).

13) 

14)g) Mediante resolución del 04 de agosto del 2025, se indicó que, no encontrándose nada pendiente, se remitía el expediente a fallo. (Imagen 598 del expediente digital).

15) 

16)h) La parte actora ofreció documentos como prueba, particularmente la resolución N.° 10-2025 de las 12:00 horas del 23 de julio de 2025, emitida por el Alcalde Municipal de Montes de Oro y el oficio MMO-DDU-052-2025 de 28 de julio de 2025, suscrito por la Arq. Andrea Bolaños Calderón, Encargada del departamento de desarrollo Urbano.  (Imagen 602 del expediente digital).

17) 

18)i) De esa prueba, se confirió audiencia a la corporación municipal (imagen 619 del expediente digital). La Municipalidad se manifestó y solicitó el rechazo de la prueba ofrecida (imagen 623 del expediente digital).

19) 

20)j) La parte actora aportó un escrito que calificó como de conclusiones (imagen 626 del expediente digital).

21) 

       II.- HECHOS PROBADOS: De importancia para el dictado de la presente sentencia, se tiene por demostrado el siguiente: a) que mediante resolución n° 2232-2025 de las 09:09 horas del 07 de marzo del 2025, el Tribunal Contencioso Administrativo, actuando como jerarca impropio en materia municipal, resolvió lo siguiente: "Se admite la prueba para mejor resolver ofrecida por la representación de la empresa recurrente. En los términos consignados en el Considerando I) de esta resolución se rechaza la acumulación planteada. Se declara con lugar el recurso de apelación presentado y en consecuencia se anula la resolución dictada por la Alcaldía Municipal de Montes de Oro, por medio de la resolución sin número, de las ocho horas con veinte minutos del diez de mayo del año dos mil veinticuatro, y por conexidad se anula la resolución de esa misma Alcaldía, identificada con el número 06-2024, de las dieciséis horas con quince minutos del veintiuno de marzo del año dos mil veinticuatro. Se ordena a la Municipal recurrida si nada lo impide, que emita a favor de Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A, el permiso de construcción para el proyecto denominado "Parque de Tecnología Ambiental Galagarza". Tomen notas las partes involucradas en este asunto de lo consignado a lo largo del Considerando V) de esta resolución. Es todo.”  (Lo resaltado no es del original). (Imagen 23 del expediente digital).

 

 III.- DEL ACTO FIRME Y FAVORABLE. La Administración Pública tiene la potestad de definir derechos y crear obligaciones de forma unilateral, bajo los caracteres de ejecutividad y ejecutoriedad que particularizan a la conducta administrativa, dentro del contexto de la presunción de validez que le acompaña. En ese sentido, por ejecutividad del acto administrativo se entiende la obligatoriedad intrínseca que posee aquél, su exigibilidad y deber de cumplimiento, luego de su comunicación al destinatario de sus efectos. La ejecutoriedad, por su parte, se refiere específicamente a la capacidad de la Administración de poder materializar la ejecución de sus actos por sí misma, aunque el administrado se oponga y sin necesidad de que un órgano judicial reconozca tal derecho y la habilite para tal efecto. Por ende, la ejecutividad es una cualidad intrínseca del acto administrativo eficaz, mientras la ejecutoriedad se refiere a su capacidad para ser llevada a la práctica de manera coactiva, si fuere necesario. Respecto de la ejecutividad, señala el artículo 140 de la Ley General de Administración Pública, que el acto administrativo será eficaz luego de comunicado al administrado, excepto si le concede únicamente derechos, en cuyo caso lo producirá desde su adopción. Este aspecto resulta relevante por cuanto el principio de ejecutividad no es solo una característica del acto administrativo eficaz que beneficia a la Administración, sino también una garantía a favor del administrado, en la medida que este encuentra asegurada la ejecutividad de un acto administrativo que le confiere derechos subjetivos e intereses legítimos. A lo anterior se denomina como la ejecución de actos administrativos, según lo ordena el numeral 228 de la Ley General de la Administración Pública, que dispone como obligación de la Administración el "... dar cumplimiento a los actos administrativos firmes, a cuyo efecto serán aplicables las disposiciones del capítulo de ejecución de sentencia del Código Procesal Contencioso Administrativo". La Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo, crearon un procedimiento sumario y excepcional, que, aunque para el suscrito no está regulado aún en forma acabada, representa un mecanismo para que el administrado/a pueda recurrir al auxilio judicial y compeler a la Administración para que cumpla con sus propios actos, con la condición de estos sean firmes y favorables. En consecuencia, en el proceso de ejecución de acto firme y favorable, se tiene como requisito de admisibilidad, a modo de presupuesto, la existencia de una conducta administrativa formal que debe cumplir los requisitos del artículo 228 de la Ley General de la Administración Pública y 176 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Para tal efecto, primero, deberá el juzgador determinar si el acto está firme, lo cual trae de manera implicita la ejecutividad y ejecutoriedad del mismo y, en segundo lugar, si resulta favorable para el interesado que se apersona ante el estrado judicial, con la pretensión de que el mismo sea ejecutado.

 

2) IV.- FONDO DEL ASUNTO: En el presente asunto, mediante resolución n° 2232-2025 de las 09:09 horas del 07 de marzo del 2025, el Tribunal Contencioso Administrativo, actuando como jerarca impropio en materia municipal, resolvió lo siguiente: "Se admite la prueba para mejor resolver ofrecida por la representación de la empresa recurrente. En los términos consignados en el Considerando I) de esta resolución se rechaza la acumulación planteada. Se declara con lugar el recurso de apelación presentado y en consecuencia se anula la resolución dictada por la Alcaldía Municipal de Montes de Oro, por medio de la resolución sin número, de las ocho horas con veinte minutos del diez de mayo del año dos mil veinticuatro, y por conexidad se anula la resolución de esa misma Alcaldía, identificada con el número 06-2024, de las dieciséis horas con quince minutos del veintiuno de marzo del año dos mil veinticuatro. Se ordena a la Municipal recurrida si nada lo impide, que emita a favor de Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A, el permiso de construcción para el proyecto denominado "Parque de Tecnología Ambiental Galagarza". Tomen notas las partes involucradas en este asunto de lo consignado a lo largo del Considerando V) de esta resolución. Es todo.”  (Lo resaltado no es del original). Posteriormente, la parte actora aportó certificación de dicho acto, en el sentido de encontrarse firme (imagen 297 del expediente digital). De un análisis de la resolución emitida por el jerarca impropio bifásico en materia municipal, particularmente de su parte dispositiva, se extrae que aquel ordenó a la Municipalidad de Montes de Oro que emita a favor de la parte actora el permiso de construcción para el proyecto denominado "Parque de Tecnología Ambiental Galagarza". Además, el suscrito pudo apreciar que, a partir de la frase contenida en la parte dispositiva del fallo administrativo que indica "si nada lo impide", se ha generado una controversia entre ambas partes, donde cada una sostiene una postura respecto de si existen o no causas impeditivas de acatar lo que el jerarca impropio ya dispuso. A pesar de ello, lo resuelto por el indicado jerarca impropio establece un contenido de condena con efecto positivo para la accionante, pues le ordena una determinada conducta de hacer. Debe recordarse que el contenido del acto es aquello que el mismo ordena, establece o dispone, siendo que, precisamente, es el elemento que permite, en esta vía de ejecución, tener claridad sobre el efecto positivo o negativo que la conducta administrativa pueda tener sobre la esfera jurídica de una persona. De tal modo, la resolución n° 2232-2025 de las 09:09 horas del 07 de marzo del 2025, emitida por el Área de Jerarquía Impropia de este Tribunal, actuando como sede de alzada municipal, configura un acto administrativo de contenido favorable para la parte accionante, en los términos dispuestos en los numerales 228 de la Ley General de la Administración Pública y 176 del Código Procesal Contencioso Administrativo, pues con indiferencia de la controversia surgida entre las partes respecto de la frase "si nada lo impide", respecto de la cual en esta vía no se ingresará a analizar, dicha resolución sí ordena una conducta de hacer al ente público demandado, específicamente que "emita a favor de Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A, el permiso de construcción para el proyecto denominado "Parque de Tecnología Ambiental Galagarza" .

3) 

4)Ahora bien, la ejecución de un acto administrativo firme y favorable, debe limitarse a lo expresamente concedido en él; en el presente asunto, se reitera y es preciso destacarlo, lo que se concedió fue específicamente que se adopte la respectiva conducta administrativa a favor de la actora, consistente en el permiso de construcción para el indicado proyecto. Lo relativo a la frase "si nada lo impide" es un extremo que no solamente no corresponde ventilarlo en esta vía, limitada a la ejecución de la conducta administrativa favorable, sino que iría en contra de la naturaleza de la sede de ejecución, que no es una vía declarativa, sino tan solo de ejecución de lo previamente dispuesto en una conducta administrativa que es firme y favorable. Precisamente por ello, el suscrito estima inconducente el ofrecimiento de prueba relativa a la resolución N.° 10-2025 de las 12:00 horas del 23 de julio de 2025, emitida por el Alcalde Municipal de Montes de Oro y el oficio MMO-DDU-052-2025 de 28 de julio de 2025, suscrito por la Arq. Andrea Bolaños Calderón, Encargada del departamento de desarrollo Urbano, debido a que están inmersos en una discusión que en esta vía, se reitera, no es susceptible de ser conocida, ya que el objeto de este proceso es la ejecución de un acto administrativo firme y favorable.

5) 

6)Por ende, la discusión entre ambas partes sobre la existencia o no de recursos interpuestos y pendientes de resolver -lo cual no tendría incidencia en esta vía, dado que, primero, los recursos presentados no lo fueron en contra de la resolución del jerarca impropio que se pretende ejecutar (supuesto además inexistente conforme al ordenamiento jurídico, pues tal resolución agota la vía administrativa), sino que, además, en segundo lugar, los recursos fueron interpuestos en torno a otras conductas administrativas y, en todo caso, conforme a lo previsto en el artículo 148 de la LGAP, los recursos no suspenden la eficacia del acto, salvo medida cautelar o disposición legal especial, o bien, que existen elementos nuevos en torno a un alineamiento, son todos aspectos ajenos que no se ventilan en esta vía, enfocada puntualmente en la ejecución de un acto que posea las características de firme y favorable. Ambas características las posee la resolución n° 2232-2025 de las 09:09 horas del 07 de marzo del 2025, emitida por el Área de Jerarquía Impropia de este Tribunal, siendo que es, entonces, tanto un acto firme, como de contenido favorable para el administrado, en lo puntualmente indicado antes y que se aprecia en su parte dispositiva, es decir, en su contenido.

7) 

8)Por ende, se declara con lugar lo peticionado por la actora, únicamente en cuanto a lo ordenado por el jerarca impropio bifásico en la parte dispositiva de su resolución n.° 2232-2025 de las 09:09 horas del 07 de marzo del 2025; ahora bien, se reitera, lo resuelto en la via administrativa por el jerarca impropio tiene una naturaleza de resolución administrativa, no obstante, en esta sede judicial, la resolución que se emita, sí naturaleza jurisdiccional, en ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 49 y 153 de la Constitución Política, de modo que, mediante el presente proceso de naturaleza judicial, configurado a partir de los numerales 128 de LGAP y 176 CPCA, se ordena cumplir lo dispuesto en el acto firme y favorable a aquella parte que fue así dispuesta como obligada en el acto que se ejecuta, siendo en este caso la Municipalidad demandada.

 

 V.- COSTAS DE LA EJECUCIÓN: En cuanto a la condenatoria en costas por la ejecución en esta sede solicitada por la parte actora, debe ser rechazada, por cuanto, el suscrito comparte lo que ha indicado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en este tipo de asuntos en cuanto a que corresponde a un auto (ver sentencias 649, 883 y 889 todas A-S1-2014) y, en consecuencia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, no conlleva una condenatoria en costas, por lo que procede disponer sin especial condenatoria en costas de la presente acción de ejecución de acto firme y favorable.

 

POR TANTO:

 Se rechaza la prueba ofrecida a imagen 602. Se declara parcialmente con lugar la EJECUCIÓN DE ACTO FIRME Y FAVORABLE formulado por la sociedad EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA, S.A., cédula jurídica número 3-101-215741, contra la MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO. Por ende, bajo los apercibimientos establecidos en los artículos 157, 158 y 159 del CPCA, se declara con lugar lo peticionado por la actora, únicamente en cuanto a que la Municipalidad de Montes de Oro debe acatar lo ordenado por el Área de Jerarquía Impropia de este Tribunal, actuando como jerarca impropio en materia municipal, a través de la resolución administrativa n° 2232-2025 de las 09:09 horas del 07 de marzo del 2025. De conformidad con lo establecido en el numeral 156.1 del CPCA, se ordena el cumplimiento inmediato de lo resuelto, una vez firme este fallo. Se dispone sin especial condenatoria en costas el presente proceso de ejecución de acto firme y favorable. NOTIFÍQUESE.

 

 

 

Alex Rojas Ortega

Juez Ejecutor

 

 

  


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ALEX ROJAS ORTEGA - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 25-003136-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:32:42.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 08952 - 2025

Date of Resolution: September 8, 2025, at 08:30

Expediente: 25-003136-1027-CA

Drafted by: Alex Rojas Ortega

Text of the resolution

EXPEDIENTE:

25-003136-1027-CA - 6

PROCESO:

EJECU. ACTO FIRME Y FAVORABLE

ACTOR/A:

EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A.

DEMANDADO/A:

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO

N° 2025008952

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at eight thirty hours on September eight, two thousand twenty-five.-

Proceeding for ENFORCEMENT OF A FINAL AND FAVORABLE ACT filed by the company EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA, S.A., corporate identification number 3-101-215741, against the MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO.

CONSIDERANDO:

2) I.-PROCEDURAL ACTS: a) that the complaint seeks to have the judgment: "1.- Declare that the formal conduct identified as Resolución No. 2025002232 at nine hours and nine minutes on March seventh, two thousand twenty-five, issued by the Área de Jerarquía Impropia of this Tribunal, constitutes a final and favorable administrative act issued for the benefit of my represented party. 2.- Order the Municipalidad de Montes de Oro to immediately execute the aforementioned administrative act. 3.- Order the Municipalidad de Montes de Oro to pay costs for this Proceeding, along with the respective legal interest, which shall be calculated from the final determination of the quantum thereof until its effective payment." (Image 21 of the digital file).

3) 

4)b) The plaintiff party provided certification of the act sought to be executed, indicating that it is final (image 297 of the digital file).

5) 

6)c) That by means of the resolution of May 30, 2025, a hearing was granted to the defendant entity (image 327 of the digital file).

7) 

8)d) The Municipalidad de Montes de Oro responded negatively, and indicated that, although it acknowledges the existence of the administrative act that the plaintiff seeks to execute, there are nullity incidents and an appeal before the MINAE pending resolution within file no. DI-0635-2021-SETENA regarding the environmental feasibility (viabilidad ambiental) granted through resolution no. 2031-2023-SETENA. Likewise, it affirmed the existence of a new element that it had to take into account in its assessment, relating to an official letter from the MOPT stating that the road alignment (alineamiento vial) granted to the property subject to the plaintiff's project is given only once and does not match the existing right-of-way (derecho de vía). It requests that the complaint be dismissed. (Image 338 of the digital file).

9) 

10)e) The plaintiff party referred to the response of the Municipalidad de Montes de Oro and pointed out that alignments (alineamientos) have no expiration date, as well as that the documentation provided, pursuant to Law No. 8220, does not expire, but that, in addition, it had already been reviewed, and the municipal entity cannot review it again. Similarly, it argues that the incidents filed have been resolved (image 424 of the digital file).

11) 

12)f) The plaintiff party stated that the MINAE resolved the pending appeal, which had been filed against resolution no. 2031-2023 of December 20, 2023. (Image 529 of the digital file).

13) 

14)g) By means of the resolution of August 4, 2025, it was indicated that, as nothing remained pending, the file was being sent for judgment. (Image 598 of the digital file).

15) 

16)h) The plaintiff party offered documents as evidence, particularly the Resolución N.° 10-2025 of 12:00 hours on July 23, 2025, issued by the Alcalde Municipal de Montes de Oro and official letter MMO-DDU-052-2025 of July 28, 2025, signed by Arq. Andrea Bolaños Calderón, Head of the Urban Development Department. (Image 602 of the digital file).

17) 

18)i) Of that evidence, a hearing was granted to the municipal corporation (image 619 of the digital file). The Municipalidad made a statement and requested the rejection of the evidence offered (image 623 of the digital file).

19) 

20)j) The plaintiff party provided a brief which it classified as conclusions (image 626 of the digital file).

21) 

       II.- PROVEN FACTS: Of importance for the issuance of this judgment, the following is deemed proven: a) that by resolution no. 2232-2025 at 09:09 hours on March 7, 2025, the Tribunal Contencioso Administrativo, acting as improper hierarchical authority (jerarca impropio) in municipal matters, resolved the following: "The evidence offered by the representation of the appealing company for a better resolution is admitted. In the terms set forth in Considerando I) of this resolution, the proposed accumulation is rejected. The appeal filed is granted, and consequently, the resolution issued by the Alcaldía Municipal de Montes de Oro, by means of the unnumbered resolution, at eight hours and twenty minutes on May ten, two thousand twenty-four, is annulled, and by connection, the resolution of that same Alcaldía, identified with the number 06-2024, at sixteen hours and fifteen minutes on March twenty-one, two thousand twenty-four, is annulled. The appealed Municipalidad is ordered, if nothing prevents it, to issue in favor of Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A, the construction permit (permiso de construcción) for the project called "Parque de Tecnología Ambiental Galagarza". The parties involved in this matter are to take note of what is stated throughout Considerando V) of this resolution. That is all.” (The highlighting is not from the original). (Image 23 of the digital file).

 

 III.- OF THE FINAL AND FAVORABLE ACT. The Public Administration has the power to define rights and create obligations unilaterally, under the characteristics of enforceability (ejecutividad) and enforceability (ejecutoriedad) that characterize administrative conduct, within the context of the presumption of validity that accompanies it. In this sense, enforceability (ejecutividad) of the administrative act is understood as the intrinsic binding force it possesses, its enforceability and duty of compliance, after its communication to the recipient of its effects. Enforceability (ejecutoriedad), for its part, refers specifically to the Administration's capacity to materialize the execution of its acts by itself, even if the administered party opposes, and without the need for a judicial body to recognize such a right and enable it for that purpose. Therefore, enforceability (ejecutividad) is an intrinsic quality of the effective administrative act, while enforceability (ejecutoriedad) refers to its capacity to be carried out coercively, if necessary. Regarding enforceability (ejecutividad), Article 140 of the Ley General de Administración Pública states that the administrative act will be effective upon being communicated to the administered party, except if it grants only rights, in which case it will take effect from its adoption. This aspect is relevant because the principle of enforceability (ejecutividad) is not only a characteristic of the effective administrative act that benefits the Administration, but also a guarantee in favor of the administered party, insofar as the latter finds the enforceability (ejecutividad) of an administrative act that grants it subjective rights and legitimate interests to be assured. The foregoing is referred to as the execution of administrative acts, as ordered by Article 228 of the Ley General de la Administración Pública, which provides as an obligation of the Administration to "... comply with final administrative acts, for which purpose the provisions of the chapter on execution of judgments of the Código Procesal Contencioso Administrativo shall be applicable." The Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo created a summary and exceptional procedure, which, although not yet fully regulated in the opinion of the undersigned, represents a mechanism so that the administered party may resort to judicial aid and compel the Administration to comply with its own acts, on the condition that these are final and favorable. Consequently, in the proceeding for the enforcement of a final and favorable act, the existence of formal administrative conduct that must meet the requirements of Article 228 of the Ley General de la Administración Pública and Article 176 of the Código Procesal Contencioso Administrativo is set as an admissibility requirement, as a prerequisite. For this purpose, first, the judge must determine whether the act is final, which implicitly brings with it the act's enforceability (ejecutividad) and enforceability (ejecutoriedad), and, second, whether it is favorable for the interested party appearing before the court, with the claim that it be enforced.

 

2) IV.- SUBSTANCE OF THE MATTER: In the present matter, by resolution no. 2232-2025 at 09:09 hours on March 7, 2025, the Tribunal Contencioso Administrativo, acting as improper hierarchical authority (jerarca impropio) in municipal matters, resolved the following: "The evidence offered by the representation of the appealing company for a better resolution is admitted. In the terms set forth in Considerando I) of this resolution, the proposed accumulation is rejected. The appeal filed is granted, and consequently, the resolution issued by the Alcaldía Municipal de Montes de Oro, by means of the unnumbered resolution, at eight hours and twenty minutes on May ten, two thousand twenty-four, is annulled, and by connection, the resolution of that same Alcaldía, identified with the number 06-2024, at sixteen hours and fifteen minutes on March twenty-one, two thousand twenty-four, is annulled. The appealed Municipalidad is ordered, if nothing prevents it, to issue in favor of Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A, the construction permit (permiso de construcción) for the project called "Parque de Tecnología Ambiental Galagarza". The parties involved in this matter are to take note of what is stated throughout Considerando V) of this resolution. That is all.” (The highlighting is not from the original). Subsequently, the plaintiff party provided certification of said act, indicating that it is final (image 297 of the digital file). From an analysis of the resolution issued by the two-phase improper hierarchical authority (jerarca impropio bifásico) in municipal matters, particularly its operative part, it is extracted that it ordered the Municipalidad de Montes de Oro to issue, in favor of the plaintiff party, the construction permit (permiso de construcción) for the project called "Parque de Tecnología Ambiental Galagarza". Furthermore, the undersigned was able to observe that, based on the phrase contained in the operative part of the administrative ruling stating "if nothing prevents it", a controversy has arisen between both parties, where each maintains a position regarding whether or not there are impediments to complying with what the improper hierarchical authority (jerarca impropio) has already ordered. Despite this, what was resolved by the indicated improper hierarchical authority (jerarca impropio) establishes an order for relief with a positive effect for the plaintiff, as it orders a determined conduct to be performed by the defendant. It must be remembered that the content of the act is what the act orders, establishes, or provides, and it is precisely the element that allows, in this enforcement channel, to have clarity on the positive or negative effect that the administrative conduct may have on the legal sphere of a person. Thus, resolution no. 2232-2025 at 09:09 hours on March 7, 2025, issued by the Área de Jerarquía Impropia of this Tribunal, acting as the municipal appeal venue, constitutes an administrative act of favorable content for the plaintiff party, in the terms provided in Articles 228 of the Ley General de la Administración Pública and 176 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, since regardless of the controversy that arose between the parties regarding the phrase "if nothing prevents it", which will not be analyzed in this channel, said resolution does order the defendant public entity to perform a specific conduct, specifically to "issue in favor of Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A, the construction permit (permiso de construcción) for the project called "Parque de Tecnología Ambiental Galagarza".

3) 

4)Now then, the enforcement of a final and favorable administrative act must be limited to what is expressly granted in it; in the present matter, it is reiterated and must be highlighted, what was granted was specifically that the respective administrative conduct be adopted in favor of the plaintiff, consisting of the construction permit (permiso de construcción) for the indicated project. The matter regarding the phrase "if nothing prevents it" is an issue that not only does not correspond to be heard in this channel, limited to the enforcement of the favorable administrative conduct, but would also go against the nature of the enforcement venue, which is not a declarative channel, but only for the enforcement of what was previously provided in an administrative conduct that is final and favorable. Precisely for this reason, the undersigned deems inadmissible the offering of evidence relating to Resolución N.° 10-2025 of 12:00 hours on July 23, 2025, issued by the Alcalde Municipal de Montes de Oro and official letter MMO-DDU-052-2025 of July 28, 2025, signed by Arq. Andrea Bolaños Calderón, Head of the Urban Development Department, because they are immersed in a discussion that in this channel, it is reiterated, is not susceptible to being heard, given that the purpose of this proceeding is the enforcement of a final and favorable administrative act.

5) 

6)Therefore, the discussion between both parties about the existence or not of appeals filed and pending resolution - which would have no incidence in this channel, given that, first, the appeals filed were not against the resolution of the improper hierarchical authority (jerarca impropio) sought to be enforced (a scenario also non-existent under the legal system, since such a resolution exhausts the administrative channel), but also, second, the appeals were filed regarding other administrative conducts and, in any case, pursuant to the provisions of Article 148 of the LGAP, appeals do not suspend the effectiveness of the act, except for a precautionary measure or special legal provision, or that there are new elements regarding an alignment (alineamiento), are all extraneous aspects that are not heard in this channel, focused specifically on the enforcement of an act that possesses the characteristics of being final and favorable. Both characteristics are possessed by resolution no. 2232-2025 at 09:09 hours on March 7, 2025, issued by the Área de Jerarquía Impropia of this Tribunal, meaning that it is, then, both a final act, and one with favorable content for the administered party, in the terms specifically indicated before and which are appreciated in its operative part, that is, in its content.

7) 

8)Therefore, the claim sought by the plaintiff is granted, only regarding what was ordered by the two-phase improper hierarchical authority (jerarca impropio bifásico) in the operative part of its resolution no. 2232-2025 at 09:09 hours on March 7, 2025; now then, it is reiterated, what was resolved in the administrative channel by the improper hierarchical authority (jerarca impropio) has the nature of an administrative resolution, however, in this judicial venue, the resolution that is issued does have a jurisdictional nature, in exercise of the powers provided in Articles 49 and 153 of the Constitución Política, so that, through the present proceeding of a judicial nature, formed from Articles 128 of the LGAP and 176 of the CPCA, compliance is ordered with what was provided in the final and favorable act by that party which was thus designated as obligated in the act being executed, being in this case the defendant Municipalidad.

 

 V.- COSTS OF THE ENFORCEMENT: Regarding the order for costs for the enforcement in this venue requested by the plaintiff party, it must be rejected, because the undersigned shares what the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia has indicated in this type of matter, in that it corresponds to an order (auto) (see judgments 649, 883 and 889, all A-S1-2014) and, consequently, pursuant to the provisions of Article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, it does not entail an order for costs, therefore it is appropriate to order no special order for costs in the present action for enforcement of a final and favorable act.

 

POR TANTO:

The evidence offered at image 602 is rejected. The ENFORCEMENT OF A FINAL AND FAVORABLE ACT filed by the company EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA, S.A., corporate identification number 3-101-215741, against the MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO is partially granted. Therefore, under the warnings established in Articles 157, 158 and 159 of the CPCA, the claim sought by the plaintiff is granted, only in that the Municipalidad de Montes de Oro must comply with what was ordered by the Área de Jerarquía Impropia of this Tribunal, acting as improper hierarchical authority (jerarca impropio) in municipal matters, through administrative resolution no. 2232-2025 at 09:09 hours on March 7, 2025. In accordance with the provisions of Article 156.1 of the CPCA, immediate compliance with what has been resolved is ordered, once this judgment is final. No special order for costs is made in this proceeding for enforcement of a final and favorable act. NOTIFÍQUESE.

Alex Rojas Ortega

Enforcement Judge

ALEX ROJAS ORTEGA - DECISION-MAKING JUDGE

EXP: 25-003136-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of the BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

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SCIJ de Hacienda

SCIJ de la Procuraduría General de la República