Res. 09115-2025 Tribunal Contencioso Administrativo — Rejection of annulment of construction permit denial for lack of environmental viabilityImprocedencia de anular rechazo de permiso constructivo por falta de viabilidad ambiental

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 09115 - 2025

Fecha de la Resolución: 16 de Setiembre del 2025 a las 09:00

Expediente: 19-006534-1027-CA

Redactado por: Eduardo González Segura





Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

19-006534-1027-CA - 1




PROCESO:

	

CONOCIMIENTO




ACTOR/A:

	

CONTINENTAL TOWERS COSTA RICA




DEMANDADO/A:

	

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS

 

 N° 2025009115

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN SEGUNDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las nueve horas del dieciseis de setiembre del dos mil veinticinco.-

 

 Proceso de conocimiento, declarado de puro derecho, interpuesto por CONTINENTAL TOWERS COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cédula de persona jurídica número 3-102-597879, representada por Federico Lorenzana Rodríguez, de nacionalidad guatemalteca, pasaporte número 245563156, en su condición de Gerente con facultades de apoderado generalísimo limitado a la suma de $65.000; contra la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS. Intervienen los abogados Fabián Volio Echeverría, Jaime Barrantes Gamboa y Gino Capella Molina, en su calidad de apoderados especiales judiciales de la empresa actora; Randall Escalante Gutiérrez y Karol González Román, en su carácter de apoderados especiales judiciales de la entidad demandada. A continuación, procede este Tribunal Colegiado a dictar la sentencia de fondo, con el voto unánime de sus miembros, previa deliberación de rigor.-

 Redacta el Juez GONZÁLEZ SEGURA.-

CONSIDERANDO

 I.- ANTECEDENTES PROCESALES.- A continuación, se hace un recuento del íter procesal relevante:

 1.- La parte actora demanda en esta sede solicitando que en sentencia se declare lo siguiente: “1. Se declare con lugar la demanda. 2. Se declare la nulidad absoluta de los siguientes actos, y en consecuencia, se anulen del ordenamiento jurídico: a. La resolución N°R-CU-522-17 del 29 de setiembre de 2017, dictada por la Unidad de Planificación. b. La resolución N°UCU-REV-030-2017 de las 10:50 horas del 14 de noviembre de 2017, dictada por la Unidad de Control Urbano. c. La resolución N°AM-006-18 de las 13:50 horas del 12 de enero de 2018, dictada por la Alcaldía Municipal. d. La resolución N°AM-031-18 de las 13:50 horas del 12 de enero de 2018, dictada por la Alcaldía Municipal. e. La sentencia N°454-2018 de las 09:20 horas del 26 de setiembre de 2018, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera, que actuó como jerarca impropio en el procedimiento administrativo. 3. Se permita a Continental Towers aportar el Estudio de Diagnóstico Ambiental de SETENA, de esa manera poner a derecho la construcción de la torre de telecomunicaciones de la finca N°1-222798. 4. Se ordene a la Municipalidad de Desamparados abstenerse de incurrir en cualquier tipo de conducta material que pretenda, a futuro, la demolición de la torre. 5. Se ordene a la Municipalidad de Desamparados al pago de los daños y perjuicios y de ambas costas de esta acción”.(Imágenes 2 a 21).

 2.- La Municipalidad contestó la demanda y opuso las excepciones de falta de interés actual y falta de derecho. (Imágenes 34 a 40).

 3.- La audiencia preliminar se realizó el 29 de enero de 2021. La parte actora realizó un ajuste a la pretensión número 5, indicando que el origen de los daños y perjuicios, corresponde al pago de los daños por demolición, por la ruptura de contratos con empresas de telecomunicaciones, los intereses y la indexación y la estimación es en doscientos sesenta y cinco mil trescientos veintiocho dólares (265,328,00). El Juez Tramitador le concedió cinco días hábiles a la representación de la Municipalidad para que se refiriera al ajuste de la pretensión. La audiencia fue suspendida. (Grabación e imágenes 117 a 119).

 4.- La representación de la Municipalidad se refirió al ajuste de la pretensión. (Imágenes 120 y 121).

 5.- El 20 de setiembre de 2021 la representación de la parte actora modificó las pretensiones así: “De conformidad con la normativa y argumentos antes esgrimidos, solicito que en sentencia se declare lo siguiente: 1. Se declare con lugar la demanda. 2. Se declare la nulidad absoluta de los siguientes actos: a. El Artículo 17.i) del Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para ubicación y otorgamiento de licencias municipales para infraestructura de telecomunicaciones, publicado en La Gaceta 47 del 8 de marzo de 2011, que dispone lo siguiente: “Artículo 17.—Para la obtención de la licencia de construcción, deberá presentarse los siguientes documentos… :i). Viabilidad Ambiental de SETENA.” b. La resolución NºR-CU-522-17 del 29 de setiembre de 2017, dictada por la Unidad de Planificación. c. La resolución NºUCU-REV-030-2017 de las 10:50 horas del 14 de noviembre de 2017, dictada por la Unidad de Control Urbano. d. La resolución NºAM-006-18 de las 13:50 horas del 12 de enero de 2018, dictada por la Alcaldía Municipal. e. La resolución NºAM-031-18 de las 13:50 horas del 12 de enero de 2018, dictada por la Alcaldía Municipal. f. La sentencia Nº454-2019 de las 09:20 horas del 26 de setiembre de 2018, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera, que actuó como jerarca impropio en el procedimiento administrativo. 3. Se permita a Continental Towers aportar el Estudio de Diagnóstico Ambiental de SETENA, de esa manera poner a derecho la construcción de la torre de telecomunicaciones de la finca Nº1-222798. 4. Se ordene a la Municipalidad de Desamparados abstenerse de incurrir en cualquier tipo de conducta material que pretenda, a futuro, la demolición de la torre. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA: Si el tribunal considera que no se debe anular el artículo 17.i) del Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para Ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones, solicitamos se declare que esa norma no es aplicable al caso concreto, cuando se trata de reponer los permisos de construcción como lo permite el artículo 93 de la Ley de Construcciones de Costa Rica; por ser una norma de superior Jerarquía que ese reglamento municipal”. (Imágenes 134 y 135).

 6.- La audiencia preliminar se reanudó el 21 de setiembre de 2021. El Juez Tramitador confirió a la parte actora un plazo de tres días para que reformulara los hechos nuevos, la prueba y las nuevas pretensiones. La audiencia fue suspendida. (Grabación e imágenes 136 a 138).

 7.- La actora atendió lo prevenido y presentó escrito indicando lo siguiente: “PRIMERO: El día 21 de setiembre del 2021 se celebró la audiencia preliminar y se resolvió otorgar a esta parte actora tres días hábiles para fundamentar la modificación de las pretensiones, con relación al artículo 17 y del Reglamento Municipal de Desamparados para la Instalación de Torres de Telecomunicaciones. SEGUNDO: La razón para la modificación de nuestras pretensiones, es la imposibilidad que se nos presentó para ejecutar la resolución de la sección tercera del tribunal contencioso administrativo, que actúa como superior jerárquico de la municipalidad de Desamparados. Como se expuso en la audiencia, en un caso similar a este y de la municipalidad Desamparados también, expediente 19-006535-1027-CA, el tribunal resolvió que nuestra empresa Continental Towers SRL, podía presentar un estudio de diagnóstico ambiental, EDA, un requisito para obtener el permiso de construcción. El cumplimiento de esa resolución, por el escrito del 04 de septiembre de 2019 número DT-CU-S51-2019, la Municipalidad de Desamparados le autorizó a la empresa a presentar el EDA: “En relación a la referencia y en vista a la Resolución del Tribunal Contencioso Administrativo de las catorce horas del 26 de julio de 2019, les indico que se debe proceder con lo ahí indicado, respecto a la realización de un EDA, para continuar con la tramitación del permiso de construcción de referencia”. La empresa solicitó el EDA a SETENA. Sin embargo, SETENA contestó que el EDA estuvo vigente por última vez únicamente del año 2001 al 2004; es decir, en la actualidad el Estudio de Diagnóstico Ambiental no existe. No puede ser emitido por SETENA. La primera resolución emitida fue la Resolución 0495-2020-SETENA, que determinó lo siguiente: “POR TANTO: LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE: En sesión Ordinaria No 024-2020 de esta Secretaría, realizada el 18 de MARZO del 2020, en el Artículo No.19 acuerda: PRIMERO: Por incumplimiento de lo solicitado por esta Secretaría Mediante Resolución No. 2223-2017 del 22 de noviembre del 2017 Sobre los Períodos en que se ha encontrado en vigencia la aplicación del Estudio de Diagnóstico Ambiental (EDA), lo procedente es no continuar con el análisis del Estudio de Diagnóstico Ambiental del proyecto Torre de telefonía tipo Greenfield sitio TC-0039 Patarrá, a nombre de la empresa Continental Towers Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula: 3-102-597879, representada por el señor Federico José Lorenzana Rodríguez, documento de identidad 132000270835, expediente administrativo EDA-0017-2019. SEGUNDO: Ordenar el ARCHIVO del expediente administrativo. (…)” Sobre esta se interpuso un recurso de revocatoria y SETENA lo rechazó con este texto de la Resolución 0982-2020-SETENA: “POR TANTO: LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE: En sesión Ordinaria No 041-2020 de esta secretaría, realizada el 27 de MAYO del 2020, en el Artículo No. 29 acuerda: PRIMERO: Con fundamento en las razones de hecho y derecho mencionadas, se declara SIN LUGAR el presente Recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la Resolución No. 0495-2020-SETENA, de las 07 horas y 10 minutos del 19 de marzo del 2020, expediente No. EDA-0017-2019-SETENA la cual se mantiene en todos sus extremos. SEGUNDO: Se mantiene por tanto incólume la resolución No. 0495-2020-SETENA, de las 07 horas y 10 minutos del 19 de marzo del 2020.” Contra esta resolución se interpuso nuevamente un recurso de revocatoria y SETENA dictó la Resolución 0239-2020-MINAE, que declaró lo siguiente en referencia al EDA: “Se adiciona a la resolución 2286-2009 del 25 de setiembre del 2009 en el CONSIDERANDO PRIMERO y el POR TANTO PRIMERO, el siguiente punto: 1.3.- Sobre los Períodos en que se ha encontrado en vigencia la aplicación del Estudio de Diagnóstico Ambiental (EDA): El EDA es considerado en aplicación para todas las actividades, obras y proyectos que se desarrollaron antes del dieciséis de enero de mil novecientos noventa y siete, fecha en la cual se publica el Reglamento sobre Procedimientos de la SETENA 25705-MINAE, reglamento que deja el EDA sin aplicación. En la fecha 6 de febrero del 2002, la Sala Constitucional declara inconstitucionales ciertos artículos del Reglamento 25705-MINAE, por lo tanto, a partir de esta fecha vuelve a entrar en aplicación el EDA, hasta el veintiocho de junio del dos mil cuatro, con la promulgación del Decreto No31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, el cual nuevamente deja sin aplicación el EDA. Para determinar que un proyecto se encuentra en alguno de los periodos anteriormente citados se tomará como referencia alguno de los siguientes documentos que por sí mismos son excluyentes: Declaración Jurada, Comprobante de pagos de cuotas obrero patronal a la Caja Costarricense del Seguro Social, permisos Municipales, permisos del Ministerio de Salud o certificación del extensionista agrícola - MAG. (…) De la información que se evaluó y que consta en el expediente se tiene comprobado que en el proyecto en análisis no se realizó antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Ambiente (noviembre de 1995), antes del 16 de enero de 1997 o en su defecto en el periodo que va del 6 de febrero del 2002 al 28 de junio del 2004 por lo que no es procedente que la SETENA le otorgue la licencia al proyecto, y pasar por encima de los presupuestos (ya supra explicados) con la aplicación de un Estudio de Diagnóstico Ambiental. Aunado a lo anterior, analizado el expediente administrativo se determina que además no consta otra documentación (comprobantes de pago, permisos municipales, por ejemplo), para que pueda aplicarles la emisión de la licencia de Viabilidad otorgada a través de un EDA. Lo que consta a folios del 23 al 27 del expediente administrativo es copia certificada del contrato de arrendamiento entre la desarrolladora y el propietario del inmueble en el que se realizó la torre y el misma (sic) data del 2 de marzo del 2012, fecha que es claramente posterior a los plazos establecidos para la aplicación del EDA, toda vez que para los años 2012 y 2013 ya la SETENA contaba con el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPTMAG-MEIC que precisamente data del 28 de junio del 2004 y que es la fecha en la que finalizó la aplicación del Estudio de Diagnóstico Ambiental. De esta información supra explicada se desprenden dos aspectos importantes para tomar en cuenta en relación al análisis y aplicación de los Estudios de Diagnóstico Ambiental (EDA) que son: I. Las fechas de aplicación de los mismos serían: -para actividades, obras o proyectos iniciados antes de fecha 16 de enero de 1997, fecha en la cual se publicó el Reglamento sobre Procedimientos de la SETENA 25705-MINAE con el cual el EDA quedó sin aplicación- los comprendidos entre el período que van de fecha 06 de febrero de 2002 a 28 de junio de 2004, que es el plazo que va entre el momento procesal en que se declararon inconstitucionales artículos del Decreto Ejecutivo No.25705-MINAE y la emisión del actual Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC con el cual nuevamente quedó sin aplicación el EDA a partir del año 2004. II. Para la aplicación del EDA, esta Comisión Plenaria ha determinado que es importante demostrar que el proyecto se encuentra dentro de los periodos antes mencionados, y los medios de prueba necesarios para determinar su aplicación, dentro de los cuales establece que dentro de los posibles medios para probar se encuentran: -Comprobante de pagos de cuotas obrero patronales ante la CCSS -Permisos Municipales -Permisos del Ministerio de Salud -Certificación de extensionista agrícola-MAG”. El “Por Tanto” de la Resolución 0239-2020-MINAE es el siguiente: “POR TANTO: LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE: En sesión Ordinaria No 024-2020 de esta Secretaría, realizada el 18 de MARZO del 2020, en el Artículo No.19 acuerda: PRIMERO: Por incumplimiento de lo solicitado por esta Secretaría Mediante Resolución No. 2223- 2017 del 22 de noviembre del 2017 Sobre los Períodos en que se ha encontrado en vigencia la aplicación del Estudio de Diagnóstico Ambiental (EDA), lo procedente es no continuar con el análisis del Estudio de Diagnóstico Ambiental del proyecto Torre de telefonía tipo Greenfield sitio TC-0039 Patarrá, a nombre de la empresa Continental Towers Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula: 3-102-597879, representada por el señor Federico José Lorenzana Rodríguez, documento de identidad 132000270835, expediente administrativo EDA- 0017-2019. SEGUNDO: Ordenar el ARCHIVO del expediente administrativo. (…) POR TANTO: LA MINISTRA DE AMBIENTE Y ENERGÍA RESUELVE: PRIMERO: Es por las razones de hecho y derecho expuestas, que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Federico Lorenzana Rodríguez, cédula de residencia No132000270835, contra la resolución No 495-2020-SETENA toda vez se encuentran carentes los requisitos que debe cumplir la actividad o proyecto que se someta al citado estudio y que en definitiva en este caso la empresa Continental Towers Costa Rica S.R.L no logra superar y demostrar que el proyecto se iniciara en las fechas admisibles para su evaluación por medio del EDA, razones por las cuales al no detectar este Despacho violación a las garantías procesales ni vicios que justifiquen declarar la revocatoria de la citada resolución y al amparo de numeral 168 de la LGAP, es que se debe mantener incólume en todos sus extremos.” TERCERO: Entonces, se reitera la imposibilidad que se presenta para ejecutar la sentencia de la sección tercera del tribunal contencioso administrativo dictada en el expediente 19-006535-1027-CA. CUARTO: esa razón, es necesario modificar las protecciones, porque ya no tiene sentido jurídico solicitar al tribunal, que en sentencia se ordene a la municipalidad a aceptar el EDA. QUINTO: Por lo expresado, si no se desaplica el reglamento de la Municipalidad de Desamparados a este caso concreto, la sentencia que se dicte en este caso, sería de imposible ejecución porque nunca se podría obtener el permiso de construcción que permite reponer el artículo 93 de la Ley de Construcciones. SEXTO: Se debe hacer mención también de que, SETENA resolvió que no son vinculantes para SETENA las resoluciones de la sección tercera del Tribunal contencioso administrativo, cuando actúa como superior jerárquico impropio de las municipalidades. La SETENA en la Resolución 0239-2020-MINAE resolvió lo siguiente: “Como puede observarse esta situación jurídica, establecida en el Artículo 173 de la Constitución Política en concordancia con los numerales 31, 189, 190, 191 y 192 del Código Procesal Contencioso Administrativo se le conoce como jerarquía impropia, por cuanto contrario al procedimiento habitual, en el cual quien conoce los recursos en alzada está vinculado con el que dicta el acto impugnado, el órgano que resuelve y agota la vía administrativa (Tribunal Contencioso y Administrativo) no tiene vinculación jerárquica con quien dictó el acto que la desarrolladora impugnó (Municipalidad de Desamparados). El efecto entonces de la resolución No. 368-2019 que presenta la empresa recurrente, es resolver en definitiva el asunto entre la Municipalidad y la empresa Continental Towers Costa Rica S.R.L., por tanto, lo resuelto por el Tribunal es vinculante para esas dos partes.” (…)” En consecuencia, este hecho nuevo hace imperativo que se modifiquen las pretensiones de una nueva manera; es por esto que se presenta una versión integrada de las pretensiones para que sean nuevamente valoradas tanto como por el Tribunal Contencioso Administrativo como por la Municipalidad de Desamparados: “PRETENSIÓN: De conformidad con la normativa y argumentos esgrimidos, solicito que en sentencia se declare lo siguiente: 1. Se declare con lugar la demanda. 2. Se ordene la desaplicación para el caso concreto el artículo 17.i) del Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para Ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones, publicado en La Gaceta 47 del 8 de marzo de 2011, y en su lugar se aplique directamente el Artículo 93 de la Ley de Construcciones de Costa Rica, con el objetivo de facilitar la obtención de licencia de construcción; esto por ser una norma de superior jerarquía al reglamento municipal. 3. Se declare la nulidad absoluta de los siguientes actos dictados por la Municipalidad de Desamparados: a. La resolución NºR-CU-522-17 del 29 de setiembre de 2017, dictada por la Unidad de Planificación. b. La resolución NºUCU-REV-030-2017 de las 10:50 horas del 14 de noviembre de 2017, dictada por la Unidad de Control Urbano. c. La resolución NºAM-006-18 de las 13:50 horas del 12 de enero de 2018, dictada por la Alcaldía Municipal. d. La resolución NºAM-031-18 de las 13:50 horas del 12 de enero de 2018, dictada por la Alcaldía Municipal. e. La sentencia Nº454-2019 de las 09:20 horas del 26 de setiembre de 2018, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera, que actuó como jerarca impropio en el procedimiento administrativo. 4. Se ordene a la Municipalidad de Desamparados otorgar el permiso de construcción a la empresa actora, Continental Towers Costa Rica, S.A. 5. Se ordene a la Municipalidad de Desamparados, abstenerse de incurrir en cualquier tipo de conducta material que pretenda, a futuro, la demolición de la torre”. Se mantiene la pretensión respecto a daños y perjuicios tal y como fue expuesta en la audiencia preliminar”. (Imágenes 139 a 144).

 8.- La representación de la Municipalidad se refirió a la ampliación de los hechos y pretensiones. (Imágenes 169 a 176).

 9.- La audiencia preliminar se reanudó el 10 de marzo de 2022. Las pretensiones quedaron fijadas de la siguiente manera: “1. Se declare con lugar la demanda. 2. Se ordene la desaplicación para el caso concreto el artículo 17.i) del Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para Ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones, publicado en La Gaceta 47 del 8 de marzo de 2011, y en su lugar se aplique directamente el Artículo 93 de la Ley de Construcciones de Costa Rica, con el objetivo de facilitar la obtención de licencia de construcción; esto por ser una norma de superior jerarquía al reglamento municipal. 3. Se declare la nulidad absoluta de los siguientes actos dictados por la Municipalidad de Desamparados: a. La resolución NºR-CU-522-17 del 29 de setiembre de 2017, dictada por la Unidad de Planificación. b. La resolución NºUCU-REV-030-2017 de las 10:50 horas del 14 de noviembre de 2017, dictada por la Unidad de Control Urbano. c. La resolución NºAM-006-18 de las 13:50 horas del 12 de enero de 2018, dictada por la Alcaldía Municipal. d. La resolución NºAM-031-18 de las 13:50 horas del 12 de enero de 2018, dictada por la Alcaldía Municipal. e. La sentencia Nº454-2019 de las 09:20 horas del 26 de setiembre de 2018, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera, que actuó como jerarca impropio en el procedimiento administrativo. 4. Se ordene a la Municipalidad de Desamparados otorgar el permiso de construcción a la empresa actora, Continental Towers Costa Rica, S.A. 5. Se ordene a la Municipalidad de Desamparados, abstenerse de incurrir en cualquier tipo de conducta material que pretenda, a futuro, la demolición de la torre”. 6. Daño material por el costo de demolición y los perjuicios son por la pérdida de ingresos de contratos con operadores de telecomunicaciones que pudiesen haber alquilado en la torre para operar ambos rubros están estimados prudencialmente en $265,328,00 y las costas del proceso”. El asunto fue declarado como de puro derecho. Se otorgó plazo de cinco días hábiles para que las partes rindieran sus conclusiones por escrito. (Grabación e imágenes 190 a 196).   

 10.- Las partes rindieron sus conclusiones por escrito. (Imágenes 197 a 234).

 11.- Por resoluciones de las 7:37 horas del 19 de mayo de 2022 y 10:29 horas del 26 de agosto de 2024, el Juez Tramitador previno a la Municipalidad presentar copia certificada de los documentos que conforman el expediente administrativo. (Imágenes 238 y 247).

 12.- Por resolución de las 13:29 horas del 11 de octubre de 2024, el Juez Tramitador tuvo por cumplida la prevención y ordenó elevar el expediente a este Tribunal Colegiado. (Imagen 254).

 13.- Por resolución de las 11:01 horas del 24 de enero de 2025, este Tribunal Colegiado previno a la parte actora lo siguiente: “Observa el Tribunal que la personería de la empresa actora que consta en autos (imagen 116), indica que el "GERENTE, QUE TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPANÍA, CON FACULTADES DE APODERADO GENERALÍSIMO LIMITADO A LA SUMA DE SESENTA Y CINCO MIL DÓLARES, MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA". Esto significa que de acuerdo con los artículos 1253 y 1257 del Código Civil y 89 y siguientes del Código de Comercio, el señor Federico Lorenzana Rodríguez, en su condición de Gerente con facultades de apoderado generalísimo de la sociedad Continental Towers de Costa Rica Ltda., tiene limitada su facultad para ejercer actos jurídicos en nombre de dicha persona jurídica hasta la suma máxima de $65.000. No obstante, el señor Lorenzana Rodríguez, a través de los apoderados especiales judiciales que asumen la dirección de este proceso, pretende en esta litis que se indemnice a la sociedad actora en la suma de $265.328,00 por concepto de daños y perjuicios, suma que compromete a la sociedad muy por encima de lo que estipula el mandato que le fue conferido al señor Lorenzana Rodríguez, por cuanto el pago de ambas costas (personales y procesales) y sus intereses es un escenario económico que siempre debe preverse en todo proceso judicial, y en ese sentido, el rubro para hacer el cálculo de las costas se hace con base en la estimación de los daños pretendidos. Siendo así, aún y cuando en este momento es indeterminado el resultado del proceso, la suma pretendida por concepto de daños y perjuicios podría comprometer el patrimonio de la sociedad actora en los términos explicados, y es evidente que por tal motivo la pretensión esgrimida supera el límite económico conferido al señor Federico Lorenzana para representar a la sociedad. Lo anterior se traduce en una defectuosa representación del señor Gerente Federico Lorenzana Rodríguez para pretender, en nombre y representación de Continental Towers Costa Rica Ltda., valores superiores a los establecidos en la personería que consta en autos, por las eventuales repercusiones económicas del proceso. En consecuencia, de conformidad con los artículos 120.3 en relación con el numeral 66.1 inciso b) ambos del Código Procesal Contencioso Administrativo, se dispone otorgar a la parte actora el plazo de tres días hábiles para que subsane el defecto, ya sea aportando al proceso una personería actualizada en la que conste que el Gerente puede ejercer actos jurídicos en nombre de la sociedad accionante por suma igual a la solicitada en la pretensión, o bien, presentando escrito en el que modifique o desista de la pretensión de daños y perjuicios”. (Imágenes 258 y 259).

 14.- La parte actora atendió lo prevenido y contestó lo siguiente: “…Por lo tanto, modificamos la pretensión de la siguiente manera: De manera prudencial estimamos el monto de los daños y perjuicios en $65,000 USD (sesenta y cinco mil dólares) sujeto a lo que se apruebe en sentencia. PETITORIA. De conformidad con lo expresado solicitamos que se apruebe la modificación de la pretensión en cuanto a los daños y perjuicios, y se tenga por cumplida la prevención”. Se confirió audiencia a la representación de la Municipalidad demandada pero no hizo manifestaciones al respecto. (Imagen 262, 264 y 267).

 15.- La presente causa se ha sustanciado en esta sede en forma electrónica, por lo que se utilizará como referencia la foliatura del documento electrónico generado como un único archivo en formato PDF, obtenido del Escritorio Virtual de la siguiente forma: desmarcadas las casillas "Orden Descendente" y "Ver descripción de Documento (PDF)" y seleccionada la opción "Final" en la casilla "Ver detalles carátula del Expediente".

  16.- No se aprecian defectos u omisiones que provoquen nulidad procesal, ni las partes lo han manifestado así.

 II.- POSICIÓN DE LA DEMANDA.- La parte actora argumenta lo siguiente (transcripción): Mi representada, Continental Towers Costa Rica S.A., es una empresa dedicada a la instalación de infraestructura para la prestación del servicio de telecomunicaciones, entre otras actividades comerciales. Con el fin de obtener el permiso de construcción de una torre para telecomunicaciones en la finca N°1-222798, se hizo la solicitud ante la Municipalidad de Desamparados, que fue rechazada por la Unidad de Planificación mediante la resolución N°R-CU-522-17, diciendo: "De acuerdo al Artículo 17 del Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para ubicación y otorgamiento de licencias municipales para infraestructura de telecomunicaciones, publicado en La Gaceta 47 del 8 de marzo de 2011 debe aportar lo siguiente: 1. Viabilidad Ambiental de SETENA. Documento aportado corresponde a pronunciamiento de la SETENA respecto a la incapacidad legal de autorizar una viabilidad ambiental para la actividad de operación de torre de telecomunicaciones. Sin embargo, el Reglamento Municipal define el requerimiento de viabilidad ambiental. En este sentido, la Municipalidad de Desamparados, consultó a la PGR, sobre el tema de obra construida y requerimiento de viabilidad ambiental y la PGR mediante el Dictamen C-225-2016, concluyó lo siguiente: “El procedimiento descrito en el artículo 93 de la Ley de Construcciones presupone que el otorgamiento de la licencia municipal, en caso de construcciones que hayan sido levantadas sin haberla obtenido previamente, está sujeta al cumplimiento de todos los requisitos que la normativa exige; por lo que, sí dentro de éstos se encuentra el contar con una viabilidad ambiental debidamente otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la Municipalidad no puede obviar su cumplimiento.” El 09 de octubre de 2017 se presentó recurso de revocatoria y apelación contra la resolución impugnada, por no aplicar el artículo 93 de la Ley de Construcciones que permite la obtención de permisos de construcción para una obra terminada. Pese lo anterior la Unidad de Control Urbano, mediante la resolución N°UCU-REV-030-2017 de las 10:50 horas del 14 de noviembre de 2017, que resolvió rechazar el recurso y elevarlo a la Alcaldía. Mediante escrito del 23 de noviembre de 2017 se solicitó la anulación de la resolución de la Unidad de Planificación por ser contraria a derecho. Pese lo anterior la Alcaldía Municipal decidió rechazar el recurso a su vez por medio de la resolución N°AM-006-18 de las 13:50 horas del 12 de enero de 2018. Al ser un acto final se solicitó, de conformidad con el Código Municipal, el recurso de revocatoria con apelación en subsidio el día 22 de enero de 2018, en el cual se volvieron a repetir lo argumentos del artículo 93 de la Ley de Construcciones y la interpretación de la ley según el principio de jerarquía de las normas consagrado en el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública. La Alcaldía Municipal rechazó el recurso de revocatoria mediante la resolución N°AM-031-18 de las 13:50 horas del 12 de enero de 2018, manteniendo la tesis de la resolución N°R-CU-522-17 del 29 de setiembre de 2017, dictada por la Unidad de Planificación, y elevando el asunto a la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda para conocerlo en calidad de Jerarca Impropio de conformidad con el artículo 166 del Código Municipal. El Tribunal actuando como órgano administrativo dictó la sentencia N°454-2019 de las 09:20 horas del 26 de setiembre de 2018, en la que declaró sin lugar el recurso de apelación y agotando la vía administrativa. CONSIDERACIONES JURÍDICAS: La Ley permite pedir el permiso de construcción de obra construida. La Ley N°833 del 02 de noviembre de 1949, Ley de Construcciones, es la norma de mayor jerarquía aplicable a este caso, por ser una ley dictada de la Asamblea Legislativa y especial respecto de la materia. Las normas aplicables al procedimiento administrativo que se debe seguir en el supuesto de una edificación llevada a cabo sin el correspondiente permiso municipal de construcción, están contenidas del artículo 93 al 96 de esta ley. El artículo 93 de la Ley de Construcciones reza: "ARTÍCULO 93.- Cuando un edificio o construcción o instalación ha sido terminado sin licencia ni proyecto aprobado por la Municipalidad y sin que se haya dado aviso a ésta de la terminación de la obra, se levantará una información, fijando al propietario un plazo improrrogable de treinta (30) días, para que dé cumplimiento a lo estatuido en esta Ley y Reglamento, presentando el proyecto, solicitud de licencia, etc.” La norma expresamente faculta y permite al administrado poner a derecho obras ya construidas sin permiso y nos dice que puede “ponerse a derecho” solicitando dicho permiso y cumpliendo con todos los requisitos establecidos para dicho fin, en este caso, requisitos impuestos por los reglamentos municipales, al ser los entes locales los competentes para otorgar dicho permiso. Así lo hace la Municipalidad, mediante el Reglamento N°9 del 08 de febrero de 2011, denominado Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para Ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones, que regula como requisitos los siguientes: “ARTÍCULO 17.- Para la obtención de la licencia de construcción, deberá presentarse los siguientes documentos: a) Formulario lleno y debidamente firmado por el propietario del inmueble y el Profesional responsable de la obra. b) Certificado de uso del suelo conforme. c) Copio de la cédula de persona física o del representante lego! y personería jurídica cuando se trate de persona jurídica. d) Cuando se pretenda establecer las estructuras en inmuebles propiedad de un tercero que no sea el solicitante, debe presentarse el instrumento que acredite su uso, goce y disfrute respectivo que revele la voluntad del propietario para la obtención de la licencia. e) Cumplimiento de la normativa en telecomunicaciones, recomendado por SUTEL, en aspectos técnicos de diseño y construcción, y salud e integridad de los ciudadanos. f) Presentación de tres copias de los planos constructivos de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial Parcial de Desamparados y el Reglamento para el Trámite de Visado de Planos para la Construcción, Decreto N°27967-MP-MIWAR-5-MHC, Reglamento de Construcciones y normativa conexo en materia de telecomunicaciones debidamente firmados por el profesional responsable. Los planos deberán estar visados por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos [CFIA] y Ministerio de Salud, tratándose de instalaciones móviles, las 3 copias de los planos constructivos se sustituirán por 3 juegos de diseños que contengan las especificaciones técnicas de las unidades de soporte de las móviles. g) Alineamientos y afectaciones extendidos por las instituciones atinentes: Frente a Ruta Nacional MOPT. Frente a Ruta Cantonal Planificación Urbana. Colindancia a Ríos y Quebrados INVU. Colindancia a Pozos. Nacimientos y Humedales MINAE. Afectación Servicios Eléctricos u otros ICE-CNFL-COOPESANTOS-AyA. h) Copia del contrato de consultorio del CFIA. j) La viabilidad Ambiental otorgada por la Secretaría Nacional Técnica Ambiental (SETENA-MINAET). j) Autorización de la Dirección General de Aviación Civil del MOPT. k) En caso de que exista afectación por alguna amenaza natural según el plano de Amenazas Naturales del Plan de Ordenamiento Territorial, se solicitará un informe de la Comisión Nacional de Emergencias, debiendo atender el solicitante las recomendaciones técnicas que en él se incluyan. l) Póliza de responsabilidad civil a terceros, según lo indicado en el artículo 15 de este Reglamento. m) Póliza de seguro de riesgos del trabajo”. El requisito de la Viabilidad Ambiental es una evaluación preliminar que de conformidad con la Ley Orgánica del Ambiente y los Reglamentos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se cumple antes de la construcción de un inmueble. De esa manera es un requisito de imposible cumplimiento para el permiso de construcción de obra ya construida que prevé el artículo 93 antes citado. Existe una imposibilidad material y jurídica de cumplir, razón por la cual la Municipalidad no puede solicitar ese requisito. En la resolución objeto de impugnación exige la Viabilidad Ambiental haya sido aprobada previo al inicio del proyecto u obra, pero como en este caso ya la torre está construida, no es posible solicitarla retroactivamente. Si se sigue esta tesis, no podrá obtener mi representada el permiso de construcción bajo ningún supuesto, y por ello no se aplicará el artículo 93 de la Ley de Construcciones. La Municipalidad ha solicitado un requisito de imposible cumplimiento y ha renegado de su deber de aplicar ese artículo 93 aludido. Esta tesis es absolutamente contraria a la Ley y no puede constituirse en una imposibilidad en contra del interesado para “poner a derecho” su obra. El derecho a “poner a derecho” la obra -valga la redundancia- emana de una Ley de la República y no puede ser desconocido por ninguna administración pública del país. Existe el principio general del derecho que reza “nadie está obligado a lo imposible”. Con el requisito de Viabilidad Ambiental previa a la construcción, la Municipalidad está contraviniendo y convirtiendo en letra muerta ese artículo 93 de la Ley de Construcciones, existe una imposibilidad material y jurídica de cumplir, originada y atizada en virtud de una conducta ilegal. Dicho principio ha sido ampliamente reconocido por la jurisprudencia de la Sala Constitucional a través de los votos N°2757-2008, 13021-2008, 3937-2001, 15280-2007, 5712-2008, entre otros muchos. Interpretación ilegal de la ley. La Municipalidad ha pretendido que una postura contraria al principio de legalidad que está consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política y el mismo numeral de la Ley General de la Administración Pública. Esta última establece el principio de jerarquía de las normas, indicando en su artículo 6: “ARTÍCULO 6.- 1. La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se sujetará al siguiente orden: a) Lo Constitución Política. b) Los tratados internacionales y las normas de lo Comunidad Centroamericana. c) Las leyes y los demás actos con valor de ley. d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, los de los otros Supremos Poderes en la materia de su competencia. e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos de los entes descentralizados; y f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y descentralizados. 2. Los reglamentos autónomos del Poder Ejecutivo y los de los entes descentralizados están subordinados entre sí dentro de sus respectivos campos de vigencia. 3. En lo no dispuesto expresamente, los reglamentos estarán sujetos a las reglas y principios que regulen los actos administrativos”. La Municipalidad pretende que prevalezca lo que establece un reglamento de un ente descentralizado contra lo que establece una ley de la República debidamente promulgada, y así lo manifestó en repetidas ocasiones, como lo fue el caso de la resolución N°AM-006-18 de las 13:50 horas del 12 de enero de 2018, en la cual la Alcaldía Municipal conocía en alzada el caso, dijo este Órgano: “En cuanto a la viabilidad ambiental, hay que indicar que se trata de un requisito estipulado en el artículo 17 del Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para Ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones, publicado en la Gaceta 47 del 8 de Marzo de 2011, para las torres de telecomunicaciones que se construyan en el cantón de Desamparados, razón por la cual es un requisito indispensable que no se puede obviar, aún y pese a que la Ley de Construcciones en sus artículos 93 y 94, le otorgan la oportunidad al infractor urbano de poner a derecho una obra. (...)". Es evidente la poca importancia que le dio la Municipalidad a cumplir el mandato legal, si bien sus reglamentos no siguieron con lo que establece la Ley de Construcciones y por esa razón hay un vacío legal, lo cierto es que no puede concluirse que ese vacío elimina el derecho que la norma de rango superior le otorga al administrado, Tanto es esto así que la misma Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 8 prohíbe a los jueces aplicar reglamentos contrarios a normas superiores, establece la norma: “ARTÍCULO 8.- Los funcionarios que administran justicia no podrán: 1.- Aplicar leyes ni otros normas o actos de cualquier naturaleza, contrarios a la Constitución Política o el derecho internacional o comunitario vigentes en el país. Sí tuvieren duda sobre la constitucionalidad de esas normas o actos, necesariamente deberán consultar ante la jurisdicción constitucional. Tampoco podrán interpretarlos ni aplicarlos de manera contraria a los precedentes o la jurisprudencia de la Sola Constitucional. 2.- Aplicar decretos, reglamentos, acuerdos y otras disposiciones contrarias a cualquier otra norma de rango superior. 3.- Expresar y aun insinuar privadamente su opinión respecto de los asuntos que están llamados o fallar o conocer. Aparte de la sanción disciplinaria que se impondrá al funcionario, el hecho deberá ser puesto en conocimiento del Ministerio Público. 4.- Comprometer u ofrecer su voto, o insinuar que acogerán esta o aquella otra designación el realizar nombramientos administrativos o judiciales. Se sancionará con suspensión a quien se compruebe ha violado esta prohibición. Las prohibiciones establecidas en los incisos 3) y 4) son aplicables a todos los servidores judiciales, en el ejercicio de sus funciones.” Posibilidad de solicitar un Estudio de Impacto Ambiental. Eso fue exactamente lo que hizo este mismo Tribunal que en procedimientos iguales al acá indicado, funcionando como jerarca impropio de conformidad con el Código Municipal, admitió los recursos de apelación interpuestos en los procesos 18-003493-1027-CA y 18-003492-1027-CA, en las sentencias N°334-2019 de las 14:40 horas del 27 de junio de 2019 y N°368-2019 de las 14:00 horas del 26 de julio de 2019. En ambos casos declaró parcialmente con lugar la apelación, dijo en la parte dispositiva de la primera sentencia: “Se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación, se anula lo resolución del Alcalde de Desamparados, No. AM-002-18 del 12 de enero de 2018 y, por conexidad, se anula también el oficio No. R-CU-518-17 del 29 de setiembre del 2017 de la Unidad de Control Urbano. Se devuelven los autos al Alcalde de Desamparados para que proceda conforme al Considerando VII de esta resolución”. Ambas sentencias admitieron los alegatos de Continental Towers, que hasta el momento ha insistido en que no es posible cumplir ex post los requisitos que la Municipalidad ha exigido a la empresa sobre Viabilidad Ambiental puesto que es un hecho distinto y un requisito imposible, pretendiendo cumplir con el artículo 23 del Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para la Ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones, la sentencia N°334-2019, que es a su vez citada por la N°368-2019, dice: “Estas normas adolecen de un vacío debido a que no consideran lo imposibilidad real y técnica de obtener la viabilidad ambiental en el supuesto de torres edificadas carentes de licencia. Hasta este punto del análisis, los agravios son de recibo pues se consideran correctos, de modo que no es posible exigir un requisito que está creado para un supuesto de hecho distinto”. En consecuencia, el Tribunal establece que existe otra posibilidad distinta para cumplir el mandato del artículo 93 de la Ley de Construcciones. Esta es la norma que se aplica al caso de Continental Towers que tiene jerarquía superior al Reglamento Municipal y por especialidad ante el caso de las torres de telecomunicaciones debe admitirse, Ambas resoluciones dicen al respecto: “Es indispensable que antes de expedirse la licencia, la Municipalidad tenga certeza del impacto que estas torres producen en el medio dada su permanencia y funcionamiento, lo cual es posible alcanzar mediante otro instrumento, técnico de evaluación ambiental, como sería un Estudio de Diagnóstico Ambiental - denominado por sus siglas EDA -, que es un “instrumento de evaluación ambiental similar a un estudio de Impacto Ambiental [EsIA), pero en vez de basarse en predicciones (dado que el proyecto se encuentra en fase de planificación o preinversión) se basa en muestreos y mediciones (dado que la actividad sujeta al EDA se encuentra construida y en etapa de preparación y funcionamiento”. Por ello, se debe permitir a Continental Towers presentar el Estudio de Diagnóstico Ambiental - denominado por sus siglas EDA- respecto de esta torre y proceder luego a otorgar el permiso de construcción al que se refiere el artículo 93 de la Ley de Construcciones.

 III.- POSICIÓN DE LA CONTESTACIÓN.- La representación de la Municipalidad argumenta lo siguiente (transcripción): Falta de Derecho: Interpongo esta defensa previa, toda vez que mi representada no le ha causado ningún daño ni perjuicio en los términos planteados en la demanda, pues si se hace una revisión detallada de la resolución administrativa del Proceso de Control Urbano de la Municipalidad de Desamparados N°R-CU-522-17, en ningún momento le está causando daño, ni menos ordenando destruir ninguna torre de telecomunicaciones, simplemente le rechazó el permiso requerido, por no contar con la respectiva viabilidad ambiental, el cual es un requisito establecido en el artículo 17 del Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para la Ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones. Se debe de indicar, que si bien el procedimiento sancionatorio regulado en los artículos 93 a 96 de la Ley de Construcciones, permite que las obras edificadas sin la licencia municipal, se puedan regular y poner a derecho, lo cierto del caso, es que para que una licencia constructiva se pueda aprobar, requiere que cumpla con todos y cada uno de los requisitos para tal efecto, precisamente esta situación de derecho, es la que se mencionó, desarrolló y defendió en las demás resoluciones que pretenden que se anulen, a saber: UCU-REV-030-2017 de fecha 14 de noviembre de 2017, AM-006-18 del 12 de enero de 2018, AM-031-18 de fecha 19 de marzo de 2018 y la sentencia de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo N°454-2018 de las 09:20 horas del 26 de setiembre de 2018, en el caso de ésta última resolución, esa Sección del Tribunal Contencioso Administrativo, desarrolló las razones por las cuales las edificaciones construidas sin la licencia municipal, para ser puestas a derecho, ocupan cumplir con la presentación de requisitos. Si bien, esa jerarquía impropia en las sentencias 334-2019 de las 14:40 horas del 27 de junio de 2019 y 368-2019 de las 14 horas del 26 de julio de 2019, mediante las cuales resolvió otros recursos de apelación relacionados con rechazos de los permisos de construcción a la parte actora, por otras torres de telecomunicación edificadas sin licencia municipal y que tampoco cumplen con el requisito de viabilidad ambiental, aparentemente cambió o evolucionó su criterio con relación al esgrimido en la sentencia 454-2018, no obstante, lo cierto del caso, es que esa Sección en ningún momento, en tales sentencias, dice que tratándose de la tramitación de permisos de construcción para obras edificadas sin licencia, se deba obviar la presentación de requisitos, lo que hace ese jerarca impropio, con relación al requisito faltante de la viabilidad ambiental, es desarrollar un criterio propio, y digo propio, pues no fue propuesto por la parte actora, en cuanto a que tal requisito puede ser cumplido, mediante la tramitación ante la SETENA de un Estudio de Diagnóstico Ambiental, ordenando a la administración municipal, en esos casos concretos darle esa oportunidad a la Empresa Continental Towers. En todo, caso la empresa Continental Towers, el 16 de agosto de 2019 presentó una solicitud para que lo resuelto en las sentencias 334-2019 de las 14:40 horas del 27 de junio de 2019 y 368-2019 de las 14 horas del 26 de julio de 2019, se le aplicara también al permiso R-CU-522-17. Al respecto el Arq. Gustavo Zeledón Céspedes, Coordinador del Proceso de Control Urbano, mediante el oficio DT-CU-559-2019 de fecha 06 de setiembre, le realizó una consulta al Proceso de Asesoría Jurídica, de si esa petición era válida. Por su parte el Lic. Randall Escalante Gutiérrez, del Proceso de Asesoría Jurídica, mediante el oficio AMAJ-589-2019 de fecha 17 de octubre de 2019, le brindó respuesta al oficio DT-CU-559-2019, considerando viable que lo indicado en las sentencias de referencia, se le pudiera hacer extensivo al caso del permiso de construcción R-CU-522-17 y se le permitiera a la empresa Continental Towers tramitar ante la Setena un Estudio de Diagnostico Ambiental, para la torre de telecomunicaciones objeto del trámite de esa licencia constructiva. Sobre el particular el Arq. Gustavo Zeledón Céspedes mediante el oficio DT-CU-676-2019 de fecha 31 de octubre y notificado al medio señalado el día 1 de noviembre de 2019, le comunicó a la empresa Continental Towers, que era factible para el caso de esa torre de telecomunicaciones objeto de esa licencia constructiva, se le permitiera también tramitar un Estudio de Diagnóstico Ambiental ante la SETENA. Sobre el particular, el régimen de responsabilidad objetiva de la Administración Pública lo encontramos regulado en el artículo 190 de la Ley de la Administración Pública, el cual establece que la Administración responderá por los daños que cause por su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, presupuestos los cuales no establece el actor en su demanda, lo cual sería determinante, máxime si se considera que ninguna de esas resoluciones, ordenan por sí mismas la demolición de esa torre de telecomunicaciones. En este caso, jurídicamente no puede haber nulidad absoluta de los actos administrativos recurridos, pues el ordenamiento jurídico, en especial en aplicación del principio de legalidad, no permite que se pueda obviar un requisito para la aprobación de una licencia de construcción. Como se indicó supra, el hecho de que la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, encontrara una posible solución para el cumplimiento del requisito de la viabilidad ambiental, no por ello, está resolviendo ni ordenando que la parte actora no deba presentar tal requisito. Defensa Previa de Falta de Interés Actual: De un estudio de las pretensiones del actor en su demanda, se deriva con facilidad que las pretensiones de fondo, son que se anulen las resoluciones de referencia y que se haga extensivo lo resuelto en las sentencias de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo números 334-2019 de las 14:40 horas del 27 de junio de 2019 y 368-2019 de las 14 horas del 26 de julio de 2019 al rechazo del permiso R-CU-522-17, todo para que supuestamente no se proceda con la demolición de esa torre de telecomunicaciones. Al respecto basta un simple estudio del expediente administrativo, para observar y derivar con mucha facilidad, que en este momento no hay un peligro de que esa torre llegue a ser demolida, pues el Arq. Gustavo Zeledón Céspedes, Coordinador del Proceso de Control Urbano y Rural, en atención a la gestión que presentó la actora el día 16 de agosto de 2019, de forma posterior a las consultas legales del caso, mediante el oficio DT-CU-676-2019 de fecha 31 de octubre, de forma posterior a las consultas legales del caso, mediante el oficio DT-CU-676-2019 de fecha 31 de octubre y notificado al medio señalado el día 1 de noviembre de 2019, le comunicó a la empresa Continental Towers que también era viable para la torre objeto del permiso R-CU-522-17, tramitar un estudio de diagnóstico ambiental ante la SETENA, dada la posibilidad, de que por esa vía se pueda llegar a completar el requisito faltante de viabilidad ambiental, para la aprobación de tal permiso. Al respecto, se puede inteligir (sic) que en este momento ya la administración municipal, accedió con la pretensión del actor de poder realizar el trámite de estudio de diagnóstico ambiental ante la SETENA para la torre objeto del permiso R-CU-522-17, lo cual implica que se pierda interés actual no solo esa pretensión sino todas las demás también, volviéndose innecesario determinar si las resoluciones indicadas en la pretensión 1, son nulas o no, pues no hay un peligro actualmente de que se vaya a proceder con la destrucción de esa estructura de telecomunicaciones. Como corolario de esta defensa previa, se debe indicar que la empresa Continental Towers se precipitó en la presentación de esta demanda ordinaria, pues lo hizo de forma anticipada, sin conocer el resultado de su gestión de fecha el 16 de agosto de 2019.

 IV.- HECHOS PROBADOS.- De importancia para resolver este asunto, se tienen como probados los siguientes hechos de interés:

 1) El 12 de setiembre de 2017, Continental Towers Costa Rica SRL presentó ante la Municipalidad de Desamparados, proyecto de Torre de Telecomunicaciones CT-0045, en la finca matrícula 222798-000, ubicada en el distrito de San Antonio, cantón de Desamparados, contrato del CFIA número OC-723238. A dicho trámite se le asignó el número 15490-2017. (Folios 2 a 4 del expediente administrativo en formato PDF).

2) Por resolución N°R-CU-522-17 del 29 de setiembre de 2017, la Unidad de Control Urbano de la Municipalidad de Desamparados rechazó el permiso de construcción del proyecto de torre de telecomunicaciones de Continental Towers Costa Rica SRL. En su fundamento indicó: “Esta Unidad le hace saber que la solicitud se rechaza debido a la ausencia de los siguientes requisitos o incumplimientos: Según el artículo 17 Capítulo VI del Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para Ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones, publicado en La Gaceta 47 del 8 de marzo de 2011: Viabilidad Ambiental. Documento aportado corresponde a pronunciamiento de la SETENA respecto a la incapacidad legal de autorizar una viabilidad ambiental para la actividad de torre de telecomunicaciones. (…)”. (Folios 5 a 8 del expediente administrativo, en formato PDF).

 3) El 9 de octubre de 2017, Continental Towers Costa Rica SRL presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el rechazo del permiso de construcción. (Folios 9.1 a 13 del expediente administrativo en formato PDF).

 4) Por resolución N°UCU-REV-030-2017 de las 10:50 horas del 14 de noviembre de 2017, la Unidad de Control Urbano de la Municipalidad de Desamparados rechazó el recurso de revocatoria y elevó la apelación ante el Alcalde. (Folios 15 a 17 del expediente administrativo en formato PDF).

 5) Por resolución N°AM-006-18 de las 13:50 horas del 12 de enero de 2018, la Alcaldía Municipal denegó el recurso de apelación. (Folios 24 a 27 del expediente administrativo en formato PDF).

 6) El 22 de enero de 2018, Continental Towers Costa Rica SRL presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución N°AM-006-18. (Folios 30 a 35 del expediente administrativo en formato PDF).

7) Por resolución N°AM-031-18 de las 15:00 horas del 19 de marzo de 2018, la Alcaldía Municipal rechazó el recurso de revocatoria. (Folios 43 a 47 del expediente administrativo en formato PDF).

 8) Por resolución N°454-2018 de las 9:20 horas del 26 de setiembre de 2018, la otrora Sección Tercera de este Tribunal, actuando en condición de jerarca impropio, declaró sin lugar el recurso de apelación en subsidio. En su fundamentación, indicó, en lo que interesa: “…Para el caso de las torres de telecomunicaciones a ser instaladas en el Cantón de Desamparados, el Reglamento General sobre las Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (ElA) N°31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones, publicado en la Gaceta 47 de 3 de Marzo de 2011, establecen en sus ordinales 9 bis y 17, respectivamente el requisito de la viabilidad ambiental para el otorgamiento de la licencia constructiva al edificar una torre en el Cantón. A mayor abundamiento, éste último numeral establece literalmente que "...Para la obtención de la licencia de construcción, deberá presentarse los siguientes documentos: (...) i) La viabilidad Ambiental otorgada por la Secretaría Nacional Técnica Ambiental SETENA-MINAET)...", sin que permita excepción alguna. En consecuencia, el Gobierno Local, no puede dispensar de un requisito técnico, como la viabilidad ambiental debidamente emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) para la construcción de una torre de telecomunicaciones, a la empresa Continental Towers S.A. por más interpretación positiva o subjetiva del 93 de la Ley de Construcciones, pues a la luz del principio de inderogabilidad singular de los reglamentos con origen en las máximas constitucionales de legalidad e igualdad (11 y 33 de la Constitución Política), y más específicamente en el numeral 13 de la Ley General de la Administración Pública N°6227, que textualmente dice: "La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos 2. La regla anterior se aplicará también en relación con los reglamentos, sea que éstos provengan de la misma autoridad, sea que provengan de otra superior o inferior competente”. Adicionalmente, dado que el eje principal del agravio expuesto por el asesor jurídico de la empresa apelante, gira sobre la interpretación del ordinal 93 de la Ley N°833, se considera importante su transcripción: "Artículo 93. Cuando un edificio o construcción o instalación ha sido terminado sin licencia ni proyecto aprobado por la Municipalidad y sin que se haya dado aviso a ésta de la terminación de la obra, se levantará una información, fijando al propietario un plazo improrrogable de treinta (30) días, para que dé cumplimiento a lo estatuido en esta Ley y Reglamento, presentando el proyecto, solicitud de licencia, etc.” (Lo resaltado es propio). Es criterio de esta Cámara que el derecho que se desprende del citado ordinal es únicamente a la posibilidad de presentar y tramitar )1 obtención de la licencia no así a su resultado positivo, ergo la edificación ilegal (sin licencia) no modifica o exonera en modo alguno del cumplimiento del listado de requisitos o circunstancias jurídicas que se deben acreditar para la ubicación del permiso constructivo. Atender el argumento de la apelante, sería reconocer que una edificación levantada ilícitamente, nunca afectaría el ambiente, por el solo hecho de existir; sin duda alguna es una falacia y debe ser objeto de valoración ambiental y aplicarse sin excepción los requerimientos dispuestos por el ordenamiento jurídico sin privilegio alguno. No cabe duda al Tribunal en cuanto a que, la construcción de una Torre anclada al terreno mediante una infraestructura fija y autosoportada, es una actividad que impacta al medio ambiente, basta con una simple lectura de la lista de requisitos técnicos establecidos en el artículo 9 bis del decreto N°31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y que, por ello, no puede ser autorizada por el gobierno local, sin que la variable técnica así lo aconseje. Con lo que se debe recordar que, en dicho contexto, el artículo 16.1 de la Ley General de la Administración Pública, establece lo siguiente: “En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica a conveniencia. (…)”. (Folios 53 a 59 del expediente administrativo en formato PDF).

 9) Por oficio N°DT-CU-S51-2019 del 4 de setiembre de 2019, el Proceso de Control Urbano y Rural de la Municipalidad de Desamparados le comunicó a Continental Towers Costa Rica SRL lo siguiente: “En relación a la referencia y en vista a la Resolución del Tribunal Contencioso Administrativo de las catorce horas del 26 de julio de 2019, les indico que se debe proceder con lo ahí indicado, respecto a la realización de un EDA, para continuar con la tramitación del permiso de construcción de referencia”. (Imagen 167 del expediente judicial).

 10) Por oficio N°AMAJ-589-2019 del 17 de octubre de 2019, el Asesor Legal de la Municipalidad de Desamparados comunicó al Coordinador de la Unidad de Control Urbano de ese ente local, lo siguiente, en lo que interesa: “…Con relación a la consulta planteada por su estimable persona, se debe determinar si lo resuelto en la sentencia número 368-2019, se puede hacer extensivo a otros rechazos de permisos de construcción a la empresa Continental Towers. Como se indicó supra ya no solo existe la sentencia 368-2019, sino también las sentencias 475-2019 y 484-2019, en las que la Sección Tercera del Tribunal Contencioso, dispuso que se le diera la oportunidad a esa empresa, para que tramitara un EDA con relación a los permisos citados en esas resoluciones judiciales, a efecto de subsanar el requisito de la viabilidad ambiental, por el cual fueron rechazados los mismos, lo cual obedece a una evolución de criterio de ese Tribunal de justicia frente al manifestado en las sentencias 454-2018 y 455-2018. Así que, al haber una evolución de criterio del jerarca impropio, sea la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo y dado que el propósito y fin del procedimiento sancionador regulado en los artículos 93 a 96 de la Ley de Construcciones, es que las obras edificadas sin la licencia municipal, en principio se puedan poner a derecho, en el caso de los permisos rechazados R-CU-522-17 y R-CU-519-17, también es posible hacer extensiva la posibilidad de que tramiten un EDA ante la SETENA, a efecto de ver sí por ese medio la empresa de referencia, pueda obtener una aprobación ambiental, a efecto de cumplir el requisito faltante, para la obtención de los permisos para esas torres de telecomunicación. Finalmente se debe indicar, que la aprobación de los estudios de diagnóstico ambiental que tramite la empresa Continental Towers SRL, es resorte propio de la SETENA, sin embargo, en caso de que ese órgano ambiental, por razones propias de su competencia, no apruebe los mismos, una vez que adquieran firmeza tales rechazos, se deben continuar los procedimientos sancionatorios instaurados contra esa persona jurídica, por haber edificado las torres sin la respectiva licencia municipal de construcción. Para su conocimiento y para que se adjunten a los respectivos expedientes administrativos, se remite copia de las sentencias 475-2019 de las 13 horas y 25 minutos del 20 de setiembre y 484-2019 de las 9 horas con 35 minutos del 25 de setiembre de 2019”. (Folios 66 a 69 del expediente administrativo en formato PDF).

 11) El 19 de diciembre de 2019, Continental Towers Costa Rica SRL presentó ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) el instrumento de Diagnóstico de Estudio Ambiental (EDA) para el proyecto de torres de telecomunicaciones en el sector de Patarrá. El instrumento fue rechazado por resolución N°495-2020-SETENA de las 7:10 horas del 19 de marzo de 2020. Continental Towers Costa Rica SRL presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Por resolución N°982-2020-SETENA, la SETENA denegó el recurso de revocatoria. En lo que interesa dispuso: “…En atención a las pretensiones del recurrente, analizado el caso y de acuerdo a las consideraciones de hecho y derecho establecidas en el CONSIDERANDO TERCERO supra explicado es improcedente revocar la resolución No. 0495-2020-SETENA, ya que la misma fue resuelta en apego al marco legal y la normativa citada anteriormente, toda vez que el archivo del expediente administrativo radica en que de la información que consta en el expediente se deduce que la Torre de Telecomunicaciones fue construida cuando ya existía en completa aplicación el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAGMEIC y específicamente el Decreto Ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT de Normas Estándares y Competencias de las Entidades Públicas para la aprobación coordinada y expedita requerida para la Instalación o Ampliación de Redes de Telecomunicaciones el cual rige desde el 8 de setiembre del 2010, momento procesal en el cual ya no era de aplicación un Estudio de Diagnóstico Ambiental (EDA). No comprobó la desarrolladora ante la SETENA que la edificación data de los periodos en los cuales se gestiona la aplicación de un EDA para poner en regla las actividades, obras o proyectos realizadas en esos plazos puntuales; y si bien es cierto en la causa judicial No. 18-003492-1027-CA llevada por la desarrolladora en contra de la Municipalidad se le intima a presentar el proyecto a Evaluación Ambiental, lo cierto es que el Contencioso está actuando en calidad de jerarca impropio, puesto que está resolviendo una apelación contra una resolución de la Municipalidad de Desamparados, por lo que los efectos de la resolución del Contencioso son vinculantes para las partes involucradas en ese proceso en específico, no así la SETENA. Por tanto no se le está obligando a la Secretaría a aprobar el proyecto por medio de un EDA, toda vez que lo anterior sería a todas luces contrario al principio de legalidad, y el principio de inderogabilidad singular del reglamento, recogido en el artículo 13 de la Ley General de la Administración Pública bajo el cual se establece que la Administración no puede desaplicar el Reglamento para un caso concreto, haber aceptado el EDA propuesto esta Secretaría Técnica estaría ocasionando una desaplicación de la normativa aplicable al caso lo cual deviene a todas luces improcedente e ilegal. Dicho artículo se lee: ARTICULO 13. 1- La administración estará sujeta, en general, a todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, y de derecho privado supletorio del mismo sin poder derogarlas ni desaplicarlas para casos concretos. Resolución Nº0982-2020-SETENA. 2-La regla anterior se aplicará también en relación con los reglamentos, sean éstos provengan de la misma autoridad, sea que provengan de otra superior o inferior competente. La Administración debe actuar bajo la legalidad y si la Municipalidad solicita, dentro de los requisitos, la Licencia Ambiental otorgada por SETENA, esta Secretaría debe valorar si es posible o no la evaluación al amparo de los artículos 17 de la Ley Orgánica del Ambiente y 122 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, pero con tal solicitud no se le está obligando a esta instancia a otorgarla alejándose de la legalidad mencionada. Así quedó establecido en el dictamen de la Procuraduría General de la República No. C-225-2016: “Como fácilmente se desprende de lo anterior, el procedimiento descrito en el artículo 93 de la Ley de Construcciones presupone que el otorgamiento de la licencia municipal, en caso de construcciones que hayan sido levantadas sin haberla obtenido previamente, está sujeta al cumplimiento de todos los requisitos que la normativa exige; por lo que, si dentro de éstos se encuentra el contar con una viabilidad ambiental debidamente otorgada por la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la Municipalidad no puede obviar su cumplimiento. Aceptar lo contrario, conllevaría a que en la práctica se levanten construcciones de todo tipo sin obtener la respectiva viabilidad ambiental cuando ésta se requiera, para luego, una vez finalizadas, obtener el permiso de construcción bajo el procedimiento del artículo 93 de la Ley de Construcciones, obviando el respectivo trámite ante la SETENA, lo que representaría una práctica del todo inadmisible por las perniciosas consecuencias que ella conllevaría, al implicar la supresión de la debida valoración ambiental previa; de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley No. 7554 de 4 de octubre de 1995: “Artículo 17.- Evaluación de impacto ambiental. Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental.” (...). En cuanto a la segunda pregunta, el artículo 17 del Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para ubicación y otorgamiento de licencias municipales para infraestructura de telecomunicaciones, aprobado según acuerdo No. 5 de la sesión No. 9-2011, celebrada por el Concejo Municipal de Desamparados el 8 de febrero de 2011, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 47 de 8 de marzo de 2011, exige entre los documentos a presentar para la obtención de la licencia de obras constructivas de telecomunicaciones, la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (inciso l). Sin embargo, con antelación a dicho reglamento, también se dictó otro tipo de normas que igualmente exigía la tramitación de estudios de impacto ambiental para la instalación de torres de telecomunicaciones. (...) A su vez, el Decreto No. 36159 de 10 de mayo de 2010, denominado “Normas, estándares y competencias de las entidades públicas para la aprobación coordinada y expedita requerida para la instalación o ampliación de redes de telecomunicaciones”, vino a “identificar y agrupar cada una de las competencias de las entidades públicas del Sector de Telecomunicaciones que intervienen en los trámites y requisitos para que de manera coordinada y expedita se atienda la tramitación requerida para la instalación de infraestructura, así como la ampliación de redes de telecomunicaciones y su estructura correspondiente” (artículo 2°). En el artículo 8° de dicho Decreto se fija entre las competencias de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el otorgamiento de la respectiva viabilidad ambiental: (...) Por su lado, el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Decreto No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC de 24 de mayo de 2004, estableció un “listado de proyectos, obras y actividades obligados según leyes específicas a cumplir el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental o de Estudio de Impacto Ambiental ante la SETENA”, entre las cuales, se encuentran las “actividades que requieran autorización para la explotación de un servicio público definidas en la Ley de la ARESEP (suministro, transmisión y generación de energía eléctrica; plantas térmicas; telecomunicaciones; acueductos y alcantarillados; sistemas de agua potable y aguas servidas; suministro de combustibles; riego y avenamiento; servicios marítimos, aéreos y puertos; transporte de carga por ferrocarril)”, remitiendo al artículo 16 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, No. 7593 de 9 de agosto de 1996 (Mediante el artículo 8° del Decreto No. 37803 de 25 de junio de 2013, se introdujo un artículo 9 bis al Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para describir los documentos de evaluación ambiental en proyectos de instalación de torres de telecomunicaciones y que recoge esencialmente los requisitos descritos en las resoluciones 02031-2009 de 9 horas del 26 de agosto del 2009 y 0123-2010 de 8 horas del 20 de enero del 2010 de la SETENA, ya comentadas). Como puede verse, con anterioridad a la aprobación del Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para ubicación y otorgamiento de licencias municipales para infraestructura de telecomunicaciones, ya existía normativa suficiente que imponía la obligación de requerir el otorgamiento de la viabilidad ambiental como requisito para la obtención del permiso constructivo municipal en el caso de las torres de telecomunicaciones, por lo que resulta incorrecto afirmar, como se hace en el criterio legal adjunto a la consulta de esa Alcaldía, “que antes de la publicación del reglamento local, no existía de forma específica una normativa que le permitiera a este Ayuntamiento en ese entonces, exigir la presentación de dicho requisito, para la obtención de permisos de construcción para ese tipo de infraestructura”; por lo que esta razón no resulta válida para exonerar de la presentación de la viabilidad ambiental otorgada por la SETENA a aquellos casos de torres de telecomunicaciones levantadas sin permiso de construcción de forma previa a la aprobación del citado Reglamento municipal y que busquen obtenerlo al amparo del artículo 93 y siguientes de la Ley de Construcciones. En acatamiento al análisis presentado en el CONSIDERANDO anterior sobre el Estudio de Diagnóstico Ambiental, esta Secretaría se permite nuevamente aclarar al recurrente que las solicitudes de Estudio de Diagnóstico Ambiental son estudios excepcionales realizados exclusivamente para los periodos puntuales ya mencionados”. Elevó la apelación ante el Ministro de Ambiente y Energía. (Imágenes 153 a 165 del expediente judicial).

 12) Por resolución N°R-239-2020-MINAE de las 10:48 horas del 23 de setiembre de 2020, la Ministra de Ambiente y Energía rechazó el recurso de apelación en subsidio. En su parte dispositiva indicó: “PRIMERO: Es por las razones de hecho y derecho expuestas, que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Federico Lorenzana Rodríguez, cédula de residencia Nº132000270835, contra la resolución Nº495-2020-SETENA toda vez se encuentran carentes los requisitos que debe cumplir la actividad o proyecto que se someta al citado estudio y que en definitiva en este caso la empresa Continental Towers Costa Rica S.R.L no logra superar y demostrar que el proyecto se iniciara en las fechas admisibles para su evaluación por medio del EDA, razones por las cuales al no detectar este Despacho violación a las garantías procesales ni vicios que justifiquen declarar la revocatoria de la citada resolución y al amparo de numeral 168 de la LGAP, es que se debe mantener incólume en todos sus extremos. SEGUNDO: Se da por agotada la vía administrativa en cuanto a lo que aquí se conoce”. (Imágenes 145 a 152 del expediente judicial).

 V.- SOBRE EL FONDO.- En este asunto, la actora levantó una estructura de torre de telecomunicaciones en el cantón de Desamparados, sin haber tramitado de previo la licencia constructiva exigida por la Ley (artículo 2 de la Ley de Construcciones) y por la norma reglamentaria vinculante por razón del territorio, sea, el “Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para ubicación y otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones”, adoptado mediante acuerdo número 5 de la sesión N°09-2011, celebrada por el Concejo Municipal de Desamparados el 8 de febrero de 2011. Posteriormente, la actora solicita a la Municipalidad el permiso de construcción (licencia en estricto sentido) para dicha torre, sin embargo, el ente local rechazó la licencia debido a que la empresa accionante no cumplió con uno de los requisitos expresamente exigidos por el Reglamento municipal antes mencionado, concretamente, la viabilidad ambiental otorgada por la SETENA (artículo 17 inciso i). Este Tribunal estima que ese acto administrativo (resolución N°R-CU-522-17), no presenta vicios de legalidad que lleven a declarar su nulidad en esta sede. La administración municipal ajustó su conducta al ordenamiento jurídico escrito, respetando el principio de legalidad en su vertiente negativa (artículo 11 de la LGAP), y el principio de inderogabilidad singular de la norma (artículo 13 de la LGAP). El precepto reglamentario de aplicación especial por razón de la materia y el territorio, que es cabalmente el “Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para ubicación y otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones”, en su numeral 17 inciso i) exige con absoluta claridad que para la obtención de la licencia de construcción de una infraestructura de telecomunicaciones se hace necesario contar, entre otros requisitos, con la viabilidad ambiental que emite la Secretaría Nacional Técnica Ambiental (SETENA). La norma no deja lugar a ninguna duda o posibilidad de interpretación; corresponde a un elemento reglado del motivo del acto administrativo de licencia constructiva de infraestructura de telecomunicaciones en el cantón de Desamparados, por lo que, en el caso concreto, para que pueda adquirir validez ese eventual acto de licencia de construcción de torre de telecomunicaciones solicitado, la Municipalidad necesariamente requiere contar con la viabilidad ambiental de SETENA, ergo, si el administrado interesado no la acredita, habría una ausencia de ese antecedente jurídico que viciaría el elemento motivo del acto municipal. Siendo así, hizo bien el gobierno local en rechazar la solicitud de permiso (licencia) de construcción de la torre de telecomunicaciones de Continental Towers de Costa Rica SRL. En cuanto a la situación por la cual dicha empresa no haya podido obtener la viabilidad ambiental de parte de SETENA, no es algo que le deba incumbir a la Municipalidad de Desamparados, porque se trata de situaciones jurídicas distintas. SETENA es una Administración Pública que tiene unas competencias regladas en materia de prevención y protección ambiental, y es un órgano con desconcentración máxima perteneciente al Ministerio de Ambiente y Energía, es decir, un órgano del Estado Central, mientras que la Municipalidad de Desamparados es un ente descentralizado con autonomía de segundo grado, que tiene igualmente diversas competencias regladas por razón del territorio, entre las cuales destacan también las propias en materia de protección del ambiente (artículos 28, 60, 71 y 111 párrafo segundo inciso 3 de la Ley Orgánica del Ambiente). Por lo tanto, si bien el ente local prevé y exige en su normativa vinculante que se acredite la viabilidad ambiental que otorga SETENA, en orden a poder emitir el acto de licencia constructiva de torre de telecomunicaciones, lo cierto es que no tiene ninguna injerencia en el ejercicio que hace SETENA de sus potestades legales, justamente por la separación que existe entre ambas Administraciones, en virtud de la autonomía del ente local frente al Estado Central, de manera que si SETENA, por la razón que corresponda, no emitió a favor de Continental Towers Costa Rica SRL la viabilidad ambiental para la infraestructura de la torre de telecomunicaciones correspondiente al proyecto Torres de Telecomunicaciones CT-0045, ello es una situación jurídica respecto de la cual el gobierno local no puede ni debe hacer valoraciones, ni mucho menos adoptar decisiones que persigan eximir a algún administrado del requisito de la viabilidad ambiental, no siendo relevante ni vinculante para la Municipalidad si el interesado se encuentra en una imposibilidad material de obtener la viabilidad ambiental tantas veces mencionada, y más bien, le corresponde a la empresa actora impugnar los actos de SETENA que le denegaron la viabilidad ambiental para la torre de telecomunicaciones de su interés, cosa que no es objeto de discusión en el presente proceso. Siendo así, lo resuelto por la Municipalidad de Desamparados en el acto administrativo R-CU-522-17 del 29 de setiembre de 2017, se encuentra en un todo conforme con el ordenamiento jurídico y resulta improcedente la pretensión para que se declare su nulidad absoluta. Valga indicar que el argumento de la actora, según el cual, debe aplicarse el numeral 93 de la Ley de Construcciones, es manifiestamente inconducente, por cuanto la norma legal invocada lo que dispone es que si la obra fue terminada sin licencia aprobada por la Municipalidad competente, se le debe otorgar un plazo de treinta días al administrado para que presente la solicitud de licencia, sin embargo, aún si en este caso se le diera a la demandante ese plazo de treinta días para que presente su solicitud de licencia constructiva, ello no la exonera de cumplir todos los requisitos exigidos por el “Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para ubicación y otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones”, entre los que destaca, para este asunto, la viabilidad ambiental emitida por SETENA, que es justamente lo que la actora no ha logrado presentar ante la Municipalidad. Y en este sentido, debe tener presente la accionante que la Ley de Construcciones claramente exige que toda obra que se levante debe cumplir con las condiciones que señalen los reglamentos respectivos. Así lo dispone el ordinal 2 de la Ley, al preceptuar: “Artículo 2º.- Alcance de esta Ley. Esta ley rige en toda la República. Ningún edificio, estructura o elemento de los mismos será construido, adaptado o reparado, en lo futuro si no es con las condiciones que los Reglamentos respectivos señalen. Tampoco deberán hacerse demoliciones o excavaciones en propiedad particular, ni ocupar la vía pública, ni hacer obras en ella, sin sujetarse a las prevenciones de dichos Reglamentos”. Es decir, la propia Ley sujeta a los administrados al cumplimiento de los requerimientos que establezcan los reglamentos especiales vigentes, como en este caso lo es la viabilidad ambiental de SETENA, requerida expresamente por el artículo 17 inciso i) del Reglamento municipal aludido. Entonces, a nada conduce el argumento planteado, porque de todas maneras la misma Ley de Construcciones somete a los administrados interesados en levantar cualquier infraestructura, al cumplimiento de los reglamentos especiales, siendo de tal manera inconducente también el argumento sobre la supuesta violación del principio de jerarquía normativa, dado que la misma Legislación invocada por la parte actora, hace remisión a la normativa infralegal aplicable. Los anteriores razonamientos son igualmente válidos y extensibles a los actos administrativos: resolución NºUCU-REV-030-2017 de las 10:50 horas del 14 de noviembre de 2017, dictada por la Unidad de Control Urbano; resolución NºAM-006-18 de las 13:50 horas del 12 de enero de 2018, dictada por la Alcaldía Municipal; resolución NºAM-031-18 de las 13:50 horas del 12 de enero de 2018, dictada por la Alcaldía Municipal; y la resolución Nº454-2019 de las 09:20 horas del 26 de setiembre de 2018, dictada por la Sección Tercera de este Tribunal, actuando como jerarca impropio en vía administrativa; toda vez que todos ellos son conexos y derivados del acto de origen (R-CU-522-17), en tanto corresponden a actos que confirmaron éste último, en el ejercicio de la competencia de revisión jerárquica, a partir de los diversos recursos interpuestos por la actora dentro de la escalerilla recursiva de la materia municipal, hasta que logró agotar la vía administrativa con la resolución emitida por la Sección Tercera de este Tribunal, actuando como órgano en función administrativa. Consecuentemente, por los criterios expresados, la demanda resulta improcedente y así se debe declarar.

 VI.- SOBRE LAS PRETENSIONES.- Por todas las consideraciones expuestas, procede rechazar en todos sus extremos la demanda formulada. Cabe precisar que las restantes pretensiones en las que se solicita que se ordene a la Municipalidad de Desamparados otorgar el permiso de construcción a la empresa actora, Continental Towers Costa Rica, S.A.; que se ordene a la Municipalidad de Desamparados, abstenerse de incurrir en cualquier tipo de conducta material que pretenda, a futuro, la demolición de la torre; y que se condene al pago de daño material por el costo de demolición y los perjuicios por la pérdida de ingresos de contratos con operadores de telecomunicaciones que pudiesen haber alquilado en la torre para operar, son extremos petitorios de carácter accesorio que dependían de lo que se declarase respecto de las pretensiones principales anulatorias, por ende, al haberse rechazado aquéllas, éstas corren su misma suerte.

 VII.- SOBRE LAS EXCEPCIONES.- Con base en los fundamentos desarrollados en este fallo, procede acoger la excepción de falta de derecho. La de interés actual se deniega por cuanto los actos que rechazaron la solicitud de la accionante no han variado, de manera que se mantiene vigente el interés de la parte de ver satisfechas sus pretensiones a través de la sentencia.

 VIII.- SOBRE LAS COSTAS. Por expresa disposición del artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, por el solo hecho de haber resultado vencida en este proceso, procede condenar a la actora al pago de ambas costas de esta acción, sin que medien razones que justifiquen su exoneración conforme los incisos a) y b) del numeral 193 citado. Las costas generarán intereses una vez que sea determinado y exigible su monto.

POR TANTO

 Se rechaza la excepción de falta de interés. Se acoge la excepción de falta de derecho. En consecuencia, se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda planteada. Son ambas costas de esta acción a cargo de la actora, las cuales generarán intereses una vez que sea determinado y exigible su monto.- EDUARDO GONZÁLEZ SEGURA, LOURDES VARGAS CASTILLO, RODOLFO MARENCO ORTIZ. JUECES DECISORES.

 

 




- Código Verificador -
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Documento firmado por:

EDUARDO GONZÁLEZ SEGURA, JUEZ/A DECISOR/A
LOURDES VARGAS CASTILLO, JUEZ/A DECISOR/A
ELEUTERIO RODOLFO MARENCO ORTIZ, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 19-006534-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:32:52.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

PROCEDURAL HISTORY.- The relevant procedural history is summarized below:

1.- The plaintiff files suit in this venue requesting that the judgment declare the following: "1. The lawsuit be granted. 2. The absolute nullity of the following acts be declared, and consequently, they be annulled from the legal system: a. Resolution No. R-CU-522-17 of September 29, 2017, issued by the Planning Unit. b. Resolution No. UCU-REV-030-2017 of 10:50 a.m. on November 14, 2017, issued by the Urban Control Unit. c. Resolution No. AM-006-18 of 1:50 p.m. on January 12, 2018, issued by the Mayor's Office. d. Resolution No. AM-031-18 of 1:50 p.m. on January 12, 2018, issued by the Mayor's Office. e. Judgment No. 454-2018 of 9:20 a.m. on September 26, 2018, issued by the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, Third Section, which acted as improper superior in the administrative proceeding. 3. Continental Towers be permitted to submit the Environmental Diagnostic Study (Estudio de Diagnóstico Ambiental) from SETENA, thereby legalizing the construction of the telecommunications tower on property No. 1-222798. 4. The Municipality of Desamparados be ordered to refrain from engaging in any type of material conduct that seeks, in the future, the demolition of the tower. 5. The Municipality of Desamparados be ordered to pay damages and both costs of this action." (Images 2 to 21).

2.- The Municipality answered the lawsuit and raised the defenses of lack of current interest and lack of right. (Images 34 to 40).

3.- The preliminary hearing was held on January 29, 2021. The plaintiff adjusted claim number 5, indicating that the origin of the damages corresponds to the payment of damages for demolition, for the breach of contracts with telecommunications companies, interest, and indexation, and the estimate is two hundred sixty-five thousand three hundred twenty-eight dollars ($265,328.00). The Trial Judge granted the Municipality's representation five business days to respond to the adjustment of the claim. The hearing was suspended. (Recording and images 117 to 119).

4.- The Municipality's representation responded to the adjustment of the claim. (Images 120 and 121).

5.- On September 20, 2021, the plaintiff's representation modified the claims as follows: "In accordance with the regulations and arguments previously set forth, I request that the judgment declare the following: 1. The lawsuit be granted. 2. The absolute nullity of the following acts be declared: a. Article 17.i) of the Municipality of Desamparados Regulations for the Location and Granting of Municipal Licenses for Telecommunications Infrastructure, published in La Gaceta 47 of March 8, 2011, which provides the following: 'Article 17.—To obtain the construction license, the following documents must be submitted...: i). Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) from SETENA.' b. Resolution No. R-CU-522-17 of September 29, 2017, issued by the Planning Unit. c. Resolution No. UCU-REV-030-2017 of 10:50 a.m. on November 14, 2017, issued by the Urban Control Unit. d. Resolution No. AM-006-18 of 1:50 p.m. on January 12, 2018, issued by the Mayor's Office. e. Resolution No. AM-031-18 of 1:50 p.m. on January 12, 2018, issued by the Mayor's Office. f. Judgment No. 454-2019 of 9:20 a.m. on September 26, 2018, issued by the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, Third Section, which acted as improper superior in the administrative proceeding. 3. Continental Towers be permitted to submit the Environmental Diagnostic Study from SETENA, thereby legalizing the construction of the telecommunications tower on property No. 1-222798. 4. The Municipality of Desamparados be ordered to refrain from engaging in any type of material conduct that seeks, in the future, the demolition of the tower. SUBSIDIARY CLAIM: If the tribunal considers that Article 17.i) of the Municipality of Desamparados Regulations for the Location and Granting of Municipal Licenses for Telecommunications Infrastructure should not be annulled, we request that it be declared that said regulation is not applicable to the specific case, when it involves replacing construction permits as permitted by Article 93 of the Construction Law of Costa Rica; as it is a hierarchically superior rule to that municipal regulation." (Images 134 and 135).

6.- The preliminary hearing was resumed on September 21, 2021. The Trial Judge granted the plaintiff a period of three days to reformulate the new facts, the evidence, and the new claims. The hearing was suspended. (Recording and images 136 to 138).

7.- The plaintiff complied with the order and submitted a brief indicating the following: "FIRST: On September 21, 2021, the preliminary hearing was held, and it was resolved to grant this plaintiff three business days to support the modification of the claims, in relation to Article 17 of the Municipal Regulation of Desamparados for the Installation of Telecommunications Towers. SECOND: The reason for the modification of our claims is the impossibility that arose for us to execute the resolution of the third section of the Contentious-Administrative Tribunal, which acts as the improper superior of the Municipality of Desamparados. As stated in the hearing, in a case similar to this one and also against the Municipality of Desamparados, case file 19-006535-1027-CA, the tribunal resolved that our company Continental Towers SRL could present an Environmental Diagnostic Study (Estudio de Diagnóstico Ambiental, EDA), a requirement to obtain the construction permit. In compliance with that resolution, by brief dated September 4, 2019, number DT-CU-S51-2019, the Municipality of Desamparados authorized the company to present the EDA: 'In relation to the reference and in view of the Resolution of the Contentious-Administrative Tribunal of two o'clock in the afternoon on July 26, 2019, I inform you that you must proceed as indicated therein, regarding the completion of an EDA, to continue with the processing of the referenced construction permit.' The company requested the EDA from SETENA. However, SETENA responded that the EDA was last in force only from 2001 to 2004; that is, currently the Environmental Diagnostic Study does not exist. It cannot be issued by SETENA. The first resolution issued was Resolution 0495-2020-SETENA, which determined the following: 'THEREFORE: THE PLENARY COMMISSION RESOLVES: In Ordinary Session No. 024-2020 of this Secretariat, held on MARCH 18, 2020, in Article No. 19 it agrees: FIRST: Due to non-compliance with what was requested by this Secretariat through Resolution No. 2223-2017 of November 22, 2017, Regarding the Periods in which the application of the Environmental Diagnostic Study (EDA) has been in force, it is appropriate not to continue with the analysis of the Environmental Diagnostic Study for the Greenfield-type telephone tower project site TC-0039 Patarrá, in the name of the company Continental Towers Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada, ID: 3-102-597879, represented by Mr. Federico José Lorenzana Rodríguez, identity document 132000270835, administrative file EDA-0017-2019. SECOND: Order the ARCHIVING of the administrative file. (...)' A motion to reconsider was filed against this, and SETENA rejected it with this text from Resolution 0982-2020-SETENA: 'THEREFORE: THE PLENARY COMMISSION RESOLVES: In Ordinary Session No. 041-2020 of this secretariat, held on MAY 27, 2020, in Article No. 29 it agrees: FIRST: Based on the aforementioned reasons of fact and law, the present Motion for Reconsideration with subsidiary appeal against Resolution No. 0495-2020-SETENA, of 7:10 a.m. on March 19, 2020, file No. EDA-0017-2019-SETENA, is declared WITHOUT MERIT, and it is upheld in all its aspects. SECOND: Resolution No. 0495-2020-SETENA, of 7:10 a.m. on March 19, 2020, is therefore maintained unaltered.' Another motion to reconsider was filed against this resolution, and SETENA issued Resolution 0239-2020-MINAE, which declared the following in reference to the EDA: 'The following point is added to resolution 2286-2009 of September 25, 2009, in CONSIDERING FIRST and THEREFORE FIRST: 1.3.- Regarding the Periods in which the application of the Environmental Diagnostic Study (EDA) has been in force: The EDA is considered applicable for all activities, works, and projects that were developed before January sixteenth, nineteen ninety-seven, the date on which the Regulation on SETENA Procedures 25705-MINAE was published, a regulation that left the EDA without application. On February 6, 2002, the Constitutional Chamber declared certain articles of Regulation 25705-MINAE unconstitutional; therefore, as of this date, the EDA comes back into application, until June twenty-eighth, two thousand four, with the enactment of Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, which again leaves the EDA without application. To determine that a project falls within one of the aforementioned periods, any of the following documents, which are mutually exclusive, will be taken as reference: Sworn Statement, Proof of payment of employer-worker contributions to the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense del Seguro Social), Municipal permits, Ministry of Health permits, or certification from the agricultural extension agent - MAG. (...) From the information that was evaluated and that is contained in the file, it has been verified that the project under analysis was not carried out before the entry into force of the Organic Environmental Law (November 1995), before January 16, 1997, or failing that, in the period from February 6, 2002, to June 28, 2004; therefore, it is not appropriate for SETENA to grant the license to the project and override the presuppositions (already explained above) with the application of an Environmental Diagnostic Study. In addition to the above, upon analyzing the administrative file, it is determined that there is also no other documentation (proof of payment, municipal permits, for example) to enable the issuance of the Viability license granted through an EDA. What appears on folios 23 to 27 of the administrative file is a certified copy of the lease contract between the developer and the property owner where the tower was built, and it dates from March 2, 2012, a date that is clearly after the deadlines established for the application of the EDA, since for the years 2012 and 2013 SETENA already had the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental) Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPTMAG-MEIC, which precisely dates from June 28, 2004, and which is the date on which the application of the Environmental Diagnostic Study ended. From this information explained above, two important aspects arise to consider in relation to the analysis and application of Environmental Diagnostic Studies (EDA), which are: I. The application dates thereof would be: -for activities, works, or projects initiated before January 16, 1997, the date on which the Regulation on SETENA Procedures 25705-MINAE was published, with which the EDA was left without application- those comprised within the period from February 6, 2002, to June 28, 2004, which is the period between the procedural moment when articles of Executive Decree No. 25705-MINAE were declared unconstitutional and the issuance of the current Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, with which the EDA was again left without application as of 2004. II. For the application of the EDA, this Plenary Commission has determined that it is important to demonstrate that the project falls within the aforementioned periods, and the necessary means of proof to determine its application, within which it establishes that among the possible means to prove this are: -Proof of payment of employer-worker contributions to the CCSS -Municipal Permits -Ministry of Health Permits -Certification from the agricultural extension agent-MAG.' The 'Therefore' of Resolution 0239-2020-MINAE is as follows: 'THEREFORE: THE PLENARY COMMISSION RESOLVES: In Ordinary Session No. 024-2020 of this Secretariat, held on MARCH 18, 2020, in Article No. 19 it agrees: FIRST: Due to non-compliance with what was requested by this Secretariat through Resolution No. 2223-2017 of November 22, 2017, Regarding the Periods in which the application of the Environmental Diagnostic Study (EDA) has been in force, it is appropriate not to continue with the analysis of the Environmental Diagnostic Study for the Greenfield-type telephone tower project site TC-0039 Patarrá, in the name of the company Continental Towers Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada, ID: 3-102-597879, represented by Mr. Federico José Lorenzana Rodríguez, identity document 132000270835, administrative file EDA-0017-2019. SECOND: Order the ARCHIVING of the administrative file. (...) THEREFORE: THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND ENERGY RESOLVES: FIRST: It is for the reasons of fact and law set forth, that the appeal filed by Mr. Federico Lorenzana Rodríguez, residence ID No. 132000270835, against resolution No. 495-2020-SETENA, is declared without merit, since the requirements that the activity or project submitted to the cited study must meet are lacking, and ultimately, in this case, the company Continental Towers Costa Rica S.R.L fails to overcome and demonstrate that the project began on the dates admissible for its evaluation through the EDA, reasons for which this Office, not detecting a violation of procedural guarantees or defects that justify declaring the revocation of the cited resolution, and under the protection of numeral 168 of the LGAP, it must be maintained unaltered in all its aspects.' THIRD: Therefore, the impossibility that arises to execute the judgment of the third section of the Contentious-Administrative Tribunal issued in case file 19-006535-1027-CA is reiterated. FOURTH: For this reason, it is necessary to modify the claims, because it no longer makes legal sense to request the tribunal, in its judgment, to order the municipality to accept the EDA. FIFTH: As stated, if the regulation of the Municipality of Desamparados is not disapplied to this specific case, the judgment issued in this case would be impossible to execute because the construction permit that allows for replacement under Article 93 of the Construction Law could never be obtained. SIXTH: Mention must also be made that SETENA resolved that the resolutions of the third section of the Contentious-Administrative Tribunal, when acting as the improper superior of the municipalities, are not binding on SETENA. SETENA in Resolution 0239-2020-MINAE resolved the following: 'As can be observed, this legal situation, established in Article 173 of the Political Constitution in accordance with numerals 31, 189, 190, 191, and 192 of the Contentious-Administrative Procedural Code, is known as improper hierarchy (jerarquía impropia), because contrary to the usual procedure, in which the entity hearing the appeal is linked to the one issuing the challenged act, the body that resolves and exhausts the administrative channel (Contentious-Administrative Tribunal) has no hierarchical link with the entity that issued the act challenged by the developer (Municipality of Desamparados). The effect, then, of resolution No. 368-2019 presented by the appellant company is to definitively resolve the matter between the Municipality and the company Continental Towers Costa Rica S.R.L.; therefore, what was resolved by the Tribunal is binding on those two parties.' (...)" Consequently, this new fact makes it imperative to modify the claims in a new manner; this is why an integrated version of the claims is presented to be evaluated again by both the Contentious-Administrative Tribunal and the Municipality of Desamparados: "CLAIM: In accordance with the regulations and arguments set forth, I request that the judgment declare the following: 1. The lawsuit be granted. 2. The disapplication for the specific case of Article 17.i) of the Municipality of Desamparados Regulations for the Location and Granting of Municipal Licenses for Telecommunications Infrastructure, published in La Gaceta 47 of March 8, 2011, be ordered, and in its place, Article 93 of the Construction Law of Costa Rica be directly applied, with the aim of facilitating the obtainment of a construction license; this because it is a hierarchically superior rule to the municipal regulation. 3. The absolute nullity of the following acts issued by the Municipality of Desamparados be declared: a. Resolution No. R-CU-522-17 of September 29, 2017, issued by the Planning Unit. b. Resolution No. UCU-REV-030-2017 of 10:50 a.m. on November 14, 2017, issued by the Urban Control Unit. c. Resolution No. AM-006-18 of 1:50 p.m. on January 12, 2018, issued by the Mayor's Office. d. Resolution No. AM-031-18 of 1:50 p.m. on January 12, 2018, issued by the Mayor's Office. e. Judgment No. 454-2019 of 9:20 a.m. on September 26, 2018, issued by the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, Third Section, which acted as improper superior in the administrative proceeding. 4. The Municipality of Desamparados be ordered to grant the construction permit to the plaintiff company, Continental Towers Costa Rica, S.A. 5. The Municipality of Desamparados be ordered to refrain from engaging in any type of material conduct that seeks, in the future, the demolition of the tower." The claim regarding damages is maintained as it was set forth in the preliminary hearing." (Images 139 to 144).

8.- The Municipality's representation responded to the expansion of the facts and claims. (Images 169 to 176).

9.- The preliminary hearing was resumed on March 10, 2022. The claims were fixed as follows: "1. The lawsuit be granted. 2. The disapplication for the specific case of Article 17.i) of the Municipality of Desamparados Regulations for the Location and Granting of Municipal Licenses for Telecommunications Infrastructure, published in La Gaceta 47 of March 8, 2011, be ordered, and in its place, Article 93 of the Construction Law of Costa Rica be directly applied, with the aim of facilitating the obtainment of a construction license; this because it is a hierarchically superior rule to the municipal regulation. 3. The absolute nullity of the following acts issued by the Municipality of Desamparados be declared: a. Resolution No. R-CU-522-17 of September 29, 2017, issued by the Planning Unit. b. Resolution No. UCU-REV-030-2017 of 10:50 a.m. on November 14, 2017, issued by the Urban Control Unit. c. Resolution No. AM-006-18 of 1:50 p.m. on January 12, 2018, issued by the Mayor's Office. d. Resolution No. AM-031-18 of 1:50 p.m. on January 12, 2018, issued by the Mayor's Office. e. Judgment No. 454-2019 of 9:20 a.m. on September 26, 2018, issued by the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, Third Section, which acted as improper superior in the administrative proceeding. 4. The Municipality of Desamparados be ordered to grant the construction permit to the plaintiff company, Continental Towers Costa Rica, S.A. 5. The Municipality of Desamparados be ordered to refrain from engaging in any type of material conduct that seeks, in the future, the demolition of the tower." 6. Material damage for the cost of demolition and the damages are for the loss of income from contracts with telecommunications operators that could have rented space on the tower to operate; both items are prudentially estimated at $265,328.00 and the costs of the proceeding." The matter was declared as purely of law. A period of five business days was granted for the parties to submit their written conclusions. (Recording and images 190 to 196).

10.- The parties submitted their written conclusions. (Images 197 to 234).

11.- By resolutions of 7:37 a.m. on May 19, 2022, and 10:29 a.m. on August 26, 2024, the Trial Judge ordered the Municipality to submit a certified copy of the documents that make up the administrative file. (Images 238 and 247).

12.- By resolution of 1:29 p.m. on October 11, 2024, the Trial Judge deemed the order complied with and ordered the file be elevated to this Collegiate Tribunal. (Image 254).

13.- By resolution of 11:01 a.m. on January 24, 2025, this Collegiate Tribunal ordered the plaintiff as follows: "The Tribunal observes that the legal capacity of the plaintiff company contained in the case file (image 116) indicates that the 'MANAGER, WHO SHALL HAVE THE JUDICIAL AND EXTRAJUDICIAL REPRESENTATION OF THE COMPANY, WITH THE POWERS OF A GENERALISIMO ATTORNEY-IN-FACT LIMITED TO THE SUM OF SIXTY-FIVE THOUSAND DOLLARS, LEGAL TENDER OF THE UNITED STATES OF AMERICA.' This means that according to articles 1253 and 1257 of the Civil Code and 89 and following of the Commercial Code, Mr. Federico Lorenzana Rodríguez, in his capacity as Manager with the powers of generalisimo attorney-in-fact of the company Continental Towers de Costa Rica Ltda., has his power to perform legal acts on behalf of said legal entity limited to the maximum sum of $65,000.00. However, Mr. Lorenzana Rodríguez, through the special judicial attorneys who assume the direction of this proceeding, seeks in this lawsuit to have the plaintiff company indemnified in the sum of $265,328.00 for damages, a sum that commits the company well above what is stipulated in the mandate conferred on Mr. Lorenzana Rodríguez, since the payment of both costs (personal and procedural) and their interest is an economic scenario that must always be foreseen in every judicial proceeding, and in that sense, the item for calculating the costs is based on the estimate of the damages sought. This being so, even though the outcome of the proceeding is currently indeterminate, the sum sought for damages could compromise the assets of the plaintiff company in the terms explained, and it is evident that for this reason, the claim asserted exceeds the economic limit conferred on Mr. Federico Lorenzana to represent the company. The foregoing translates into a defective representation of Manager Mr. Federico Lorenzana Rodríguez to claim, in the name and on behalf of Continental Towers Costa Rica Ltda., amounts exceeding those established in the legal capacity contained in the case file, due to the potential economic repercussions of the proceeding. Consequently, in accordance with article 120.3 in relation to numeral 66.1 subsection b) both of the Contentious-Administrative Procedural Code, it is ordered to grant the plaintiff a period of three business days to remedy the defect, either by providing to the proceeding an updated legal capacity document stating that the Manager may perform legal acts in the name of the plaintiff company for a sum equal to that requested in the claim, or by submitting a brief modifying or withdrawing the claim for damages." (Images 258 and 259).

14.- The plaintiff complied with the order and responded as follows: "…Therefore, we modify the claim as follows: Prudentially, we estimate the amount of damages at $65,000 USD (sixty-five thousand dollars), subject to what is approved in the judgment. PETITION. In accordance with the foregoing, we request that the modification of the claim regarding damages be approved, and that the order be deemed complied with." A hearing was granted to the representation of the defendant Municipality, but it did not make any statements in this regard. (Images 262, 264, and 267).

15.- The present case has been processed in this venue electronically, therefore the foliation of the electronic document generated as a single PDF file, obtained from the Virtual Desktop as follows: the boxes "Descending Order" and "View Document Description (PDF)" unchecked and the option "Final" selected in the "View Case File Cover Details" box, will be used as a reference.

16.- No defects or omissions that cause procedural nullity are observed, nor have the parties so manifested.

II.- POSITION OF THE LAWSUIT.- The plaintiff argues the following (transcription): My represented party, Continental Towers Costa Rica S.A., is a company dedicated to the installation of infrastructure for the provision of telecommunications services, among other commercial activities. In order to obtain the construction permit for a telecommunications tower on property No. 1-222798, an application was made to the Municipality of Desamparados, which was rejected by the Planning Unit through resolution No. R-CU-522-17, stating: "According to Article 17 of the Municipality of Desamparados Regulations for the location and granting of municipal licenses for telecommunications infrastructure, published in La Gaceta 47 of March 8, 2011, you must provide the following: 1. Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) from SETENA. The document provided corresponds to a pronouncement from SETENA regarding the legal inability to authorize an environmental viability for the operation activity of a telecommunications tower. However, the Municipal Regulation defines the requirement of environmental viability. In this sense, the Municipality of Desamparados consulted the PGR on the issue of constructed works and the requirement of environmental viability, and the PGR, through Opinion C-225-2016, concluded the following: 'The procedure described in Article 93 of the Construction Law presupposes that the granting of the municipal license, in the case of constructions that have been erected without having previously obtained it, is subject to compliance with all the requirements that the regulations demand; therefore, if among these is having an environmental viability duly granted by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA), the Municipality cannot ignore its compliance.' On October 9, 2017, a motion for reconsideration and appeal was filed against the challenged resolution, for not applying Article 93 of the Construction Law, which allows obtaining construction permits for a completed work. Despite the foregoing, the Urban Control Unit, through resolution No. UCU-REV-030-2017 of 10:50 a.m. on November 14, 2017, resolved to reject the motion and elevate it to the Mayor's Office. By brief dated November 23, 2017, the annulment of the Planning Unit's resolution was requested as it was contrary to law. Despite the foregoing, the Mayor's Office decided to reject the motion in turn through resolution No. AM-006-18 of 1:50 p.m. on January 12, 2018.

As it was a final act, in accordance with the Código Municipal, a motion for revocation with subsidiary appeal was filed on January 22, 2018, which again repeated the arguments of Article 93 of the Ley de Construcciones and the interpretation of the law according to the principle of hierarchy of norms enshrined in Article 6 of the Ley General de la Administración Pública. The Alcaldía Municipal rejected the motion for revocation through resolution N°AM-031-18 at 1:50 p.m. on January 12, 2018, maintaining the thesis of resolution N°R-CU-522-17 of September 29, 2017, issued by the Unidad de Planificación, and elevating the matter to the Sección Tercera of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda to hear it in the capacity of Jerarca Impropio in accordance with Article 166 of the Código Municipal. The Tribunal acting as an administrative body issued judgment N°454-2019 at 9:20 a.m. on September 26, 2018, in which it declared the appeal without merit, thereby exhausting the administrative channel.

LEGAL CONSIDERATIONS: The Law allows requesting a construction permit for a built work. Ley N°833 of November 2, 1949, Ley de Construcciones, is the highest-ranking norm applicable to this case, as it is a law enacted by the Asamblea Legislativa and special regarding the subject matter. The rules applicable to the administrative procedure to be followed in the case of a building carried out without the corresponding municipal construction permit are contained in Articles 93 to 96 of this law. Article 93 of the Ley de Construcciones reads: "ARTICLE 93.- When a building or construction or installation has been completed without a license or project approved by the Municipalidad and without said Municipalidad having been notified of the completion of the work, an investigation shall be conducted, setting the owner a non-extendable period of thirty (30) days to comply with the provisions of this Law and Reglamento, by submitting the project, license application, etc." The norm expressly empowers and allows the administrated party to bring already-built works into legality and tells us that they can "bring themselves into legality" by requesting said permit and complying with all the requirements established for that purpose, in this case, requirements imposed by the municipal regulations, since the local entities are the competent ones to grant said permit. The Municipalidad does so through Reglamento N°9 of February 8, 2011, called Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para Ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones, which regulates the following as requirements: "ARTICLE 17.- To obtain the construction license, the following documents must be submitted: a) Form filled out and duly signed by the property owner and the Professional responsible for the work. b) Certificate of conforming land use (uso del suelo conforme). c) Copy of the physical person's ID or of the legal representative and legal status when dealing with a legal entity. d) When establishing structures on properties owned by a third party other than the applicant, the instrument accrediting its respective use, enjoyment, and benefit must be submitted, revealing the owner's will for obtaining the license. e) Compliance with telecommunications regulations, recommended by SUTEL, in technical design and construction aspects, and the health and integrity of citizens. f) Submission of three copies of the construction plans in accordance with the Plan de Ordenamiento Territorial Parcial de Desamparados and the Reglamento para el Trámite de Visado de Planos para la Construcción, Decreto N°27967-MP-MIWAR-5-MHC, Reglamento de Construcciones and related telecommunications regulations duly signed by the responsible professional. The plans must be approved (visados) by the Colegio de Ingenieros y Arquitectos [CFIA] and Ministerio de Salud; in the case of mobile installations, the 3 copies of the construction plans shall be replaced by 3 sets of designs containing the technical specifications of the mobile support units. g) Alignments (alineamientos) and encumbrances (afectaciones) issued by the relevant institutions: Fronting National Route MOPT. Fronting Cantonal Route Planificación Urbana. Bordering Rivers and Creeks INVU. Bordering Wells, Springs (Nacimientos) and Wetlands MINAE. Encumbrance for Electrical or other Services ICE-CNFL-COOPESANTOS-AyA. h) Copy of the consultancy contract with the CFIA. j) The Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) granted by the Secretaría Nacional Técnica Ambiental (SETENA-MINAET). j) Authorization from the Dirección General de Aviación Civil of the MOPT. k) If there is an encumbrance due to any natural hazard according to the Natural Hazards map of the Plan de Ordenamiento Territorial, a report from the Comisión Nacional de Emergencias shall be requested, and the applicant must follow the technical recommendations included therein. l) Third-party civil liability policy, as indicated in Article 15 of this Reglamento. m) Workplace risk insurance policy". The Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) requirement is a preliminary evaluation that, in accordance with the Ley Orgánica del Ambiente and the Regulations of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, is fulfilled before the construction of a property. In this way, it is an impossible requirement to meet for the construction permit of an already-built work provided for in Article 93 cited above. There is a material and legal impossibility of compliance, which is why the Municipalidad cannot request this requirement. The resolution under appeal demands that the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) have been approved prior to the start of the project or work, but since in this case the tower is already built, it is not possible to request it retroactively. If this thesis is followed, my represented party will not be able to obtain the construction permit under any circumstance, and therefore Article 93 of the Ley de Construcciones will not be applied. The Municipalidad has requested an impossible-to-meet requirement and has reneged on its duty to apply said Article 93. This thesis is absolutely contrary to the Law and cannot constitute an impossibility against the interested party to "bring into legality" their work. The right to "bring into legality" the work - redundantly speaking - emanates from a Law of the Republic and cannot be ignored by any public administration of the country. There exists the general principle of law that states "no one is obliged to the impossible." With the requirement of Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) prior to construction, the Municipalidad is contravening and turning into dead letter that Article 93 of the Ley de Construcciones; there is a material and legal impossibility of compliance, originated and fueled by virtue of illegal conduct. Said principle has been widely recognized by the jurisprudence of the Sala Constitucional through votes N°2757-2008, 13021-2008, 3937-2001, 15280-2007, 5712-2008, among many others.

Illegal interpretation of the law. The Municipalidad has intended a position contrary to the principle of legality that is enshrined in Article 11 of the Constitución Política and the same numeral of the Ley General de la Administración Pública. The latter establishes the principle of hierarchy of norms, indicating in its Article 6: "ARTICLE 6.- 1. The hierarchy of the sources of the administrative legal system shall be subject to the following order: a) The Constitución Política. b) International treaties and norms of the Central American Community. c) Laws and other acts with the force of law. d) Decrees of the Poder Ejecutivo that regulate the laws, those of the other Supremos Poderes in their area of competence. e) Other regulations of the Poder Ejecutivo, the statutes and regulations of decentralized entities; and f) Other norms subordinate to the regulations, central and decentralized. 2. The autonomous regulations of the Poder Ejecutivo and those of the decentralized entities are subordinated among themselves within their respective fields of validity. 3. In matters not expressly provided for, regulations shall be subject to the rules and principles that regulate administrative acts." The Municipalidad intends for what a regulation of a decentralized entity establishes to prevail over what a duly promulgated law of the Republic establishes, and so it stated on repeated occasions, as was the case of resolution N°AM-006-18 at 1:50 p.m. on January 12, 2018, in which the Alcaldía Municipal hearing the case on appeal, said Body stated: "Regarding environmental viability (viabilidad ambiental), it must be indicated that this is a requirement stipulated in Article 17 of the Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para Ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones, published in La Gaceta 47 of March 8, 2011, for telecommunications towers to be built in the canton of Desamparados, which is why it is an indispensable requirement that cannot be overlooked, even and despite the fact that the Ley de Construcciones in its Articles 93 and 94, grants the urban violator the opportunity to bring a work into legality. (...)." The little importance the Municipalidad gave to complying with the legal mandate is evident; while its regulations did not follow what is established by the Ley de Construcciones and for that reason there is a legal vacuum, the truth is that it cannot be concluded that this vacuum eliminates the right that the higher-ranking norm grants to the administrated party. So much so is this that the same Ley Orgánica del Poder Judicial in its Article 8 prohibits judges from applying regulations contrary to superior norms; the norm establishes: "ARTICLE 8.- The officials who administer justice may not: 1.- Apply laws or other norms or acts of any nature, contrary to the Constitución Política or the international or community law in force in the country. If they have doubts about the constitutionality of these norms or acts, they must necessarily consult the constitutional jurisdiction. Nor may they interpret or apply them in a manner contrary to the precedents or jurisprudence of the Sala Constitucional. 2.- Apply decrees, regulations, agreements and other provisions contrary to any other higher-ranking norm. 3.- Express and even privately insinuate their opinion regarding the matters they are called to decide or hear. Apart from the disciplinary sanction that shall be imposed on the official, the fact must be brought to the attention of the Ministerio Público. 4.- Compromise or offer their vote, or insinuate that they will accept this or that other designation when making administrative or judicial appointments. Anyone proven to have violated this prohibition shall be sanctioned with suspension. The prohibitions established in subsections 3) and 4) are applicable to all judicial servants, in the exercise of their functions." Possibility of requesting an Estudio de Impacto Ambiental. This is exactly what this same Tribunal did, which in procedures identical to the one indicated here, acting as improper hierarchical superior (jerarca impropio) in accordance with the Código Municipal, admitted the appeals filed in proceedings 18-003493-1027-CA and 18-003492-1027-CA, in judgments N°334-2019 at 2:40 p.m. on June 27, 2019 and N°368-2019 at 2:00 p.m. on July 26, 2019. In both cases, it partially granted the appeal; it stated in the operative part of the first judgment: "The appeal is partially granted, resolution No. AM-002-18 of January 12, 2018 of the Alcalde of Desamparados is annulled and, by connection, official letter No. R-CU-518-17 of September 29, 2017 of the Unidad de Control Urbano is also annulled. The case file is returned to the Alcalde of Desamparados to proceed in accordance with Considerando VII of this resolution." Both judgments admitted the allegations of Continental Towers, which up to this point has insisted that it is not possible to fulfill ex post the requirements that the Municipalidad has demanded from the company regarding Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) since it is a different circumstance and an impossible requirement, trying to comply with Article 23 of the Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para la Ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones; judgment N°334-2019, which is in turn cited by N°368-2019, says: "These norms suffer from a vacuum because they do not consider the real and technical impossibility of obtaining environmental viability (viabilidad ambiental) in the case of towers built without a license. Up to this point of the analysis, the grievances are admissible as they are considered correct, so it is not possible to demand a requirement that is created for a different factual circumstance." Consequently, the Tribunal establishes that there is another different possibility to fulfill the mandate of Article 93 of the Ley de Construcciones. This is the norm that applies to the case of Continental Towers, which has a higher hierarchy than the Municipal Regulation and, due to specialty in the case of telecommunications towers, must be admitted. Both resolutions state in this regard: "It is essential that before issuing the license, the Municipalidad has certainty of the impact that these towers produce on the environment given their permanence and operation, which is possible to achieve through another technical environmental assessment instrument, such as an Environmental Diagnosis Study (Estudio de Diagnóstico Ambiental) - referred to by its acronym EDA -, which is an 'environmental assessment instrument similar to an Estudio de Impacto Ambiental [EsIA), but instead of being based on predictions (given that the project is in the planning or pre-investment phase) it is based on sampling and measurements (given that the activity subject to the EDA is already built and in the preparation and operation phase).'" Therefore, Continental Towers must be allowed to submit the Environmental Diagnosis Study (Estudio de Diagnóstico Ambiental) - referred to by its acronym EDA - regarding this tower and then proceed to grant the construction permit referred to in Article 93 of the Ley de Construcciones.

III.- POSITION OF THE RESPONSE.- The representation of the Municipalidad argues the following (transcription): Lack of Right: I file this preliminary defense, as my represented party has not caused any damage or harm in the terms set forth in the claim, because if a detailed review is made of the administrative resolution of the Proceso de Control Urbano of the Municipalidad de Desamparados N°R-CU-522-17, at no time is it causing damage, nor ordering the destruction of any telecommunications tower; it simply rejected the requested permit, for not having the respective environmental viability (viabilidad ambiental), which is a requirement established in Article 17 of the Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para la Ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones. It must be indicated that, although the sanctioning procedure regulated in Articles 93 to 96 of the Ley de Construcciones allows works built without a municipal license to be regularized and brought into legality, the truth of the matter is that for a constructive license to be approved, it requires compliance with each and every one of the requirements for that purpose; precisely this legal situation is what was mentioned, developed, and defended in the other resolutions sought to be annulled, namely: UCU-REV-030-2017 dated November 14, 2017, AM-006-18 of January 12, 2018, AM-031-18 dated March 19, 2018, and the judgment of the Sección Tercera of the Tribunal Contencioso Administrativo N°454-2018 at 9:20 a.m. on September 26, 2018; in the case of this last resolution, that Sección of the Tribunal Contencioso Administrativo developed the reasons why buildings constructed without a municipal license, in order to be brought into legality, must comply with the submission of requirements. Although that improper hierarchical superior (jerarquía impropia) in judgments 334-2019 at 2:40 p.m. on June 27, 2019 and 368-2019 at 2:00 p.m. on July 26, 2019, through which it resolved other appeals related to rejections of construction permits to the plaintiff, for other telecommunications towers built without a municipal license and that also do not comply with the environmental viability (viabilidad ambiental) requirement, apparently changed or evolved its criterion in relation to that put forth in judgment 454-2018, however, the truth of the matter is that that Sección at no time, in such judgments, says that in the processing of construction permits for works built without a license, the submission of requirements should be omitted; what that improper hierarchical superior does, in relation to the missing environmental viability (viabilidad ambiental) requirement, is to develop its own criterion, and I say own, because it was not proposed by the plaintiff, to the effect that such a requirement can be met by processing an Estudio de Diagnóstico Ambiental before SETENA, ordering the municipal administration, in those specific cases, to give that opportunity to the Company Continental Towers. In any case, the company Continental Towers, on August 16, 2019, submitted a request that what was resolved in judgments 334-2019 at 2:40 p.m. on June 27, 2019 and 368-2019 at 2:00 p.m. on July 26, 2019, also be applied to permit R-CU-522-17. In this regard, Arq. Gustavo Zeledón Céspedes, Coordinator of the Proceso de Control Urbano, through official letter DT-CU-559-2019 dated September 6, consulted the Proceso de Asesoría Jurídica on whether that request was valid. For his part, Lic. Randall Escalante Gutiérrez, of the Proceso de Asesoría Jurídica, through official letter AMAJ-589-2019 dated October 17, 2019, responded to official letter DT-CU-559-2019, considering it viable that what was indicated in the referenced judgments could be extended to the case of construction permit R-CU-522-17 and that the company Continental Towers be allowed to process before Setena an Estudio de Diagnostico Ambiental, for the telecommunications tower subject to that constructive license proceeding. On this matter, Arq. Gustavo Zeledón Céspedes, through official letter DT-CU-676-2019 dated October 31 and notified to the designated address on November 1, 2019, informed the company Continental Towers that it was also feasible for the case of that telecommunications tower subject to that constructive license, to also be allowed to process an Estudio de Diagnóstico Ambiental before SETENA. On this point, the objective liability regime of the Administración Pública is found regulated in Article 190 of the Ley de la Administración Pública, which establishes that the Administration shall be liable for damages caused by its legitimate or illegitimate, normal or abnormal operation, assumptions which the plaintiff does not establish in their claim, which would be decisive, especially considering that none of these resolutions, by themselves, order the demolition of that telecommunications tower. In this case, juridically there can be no absolute nullity of the appealed administrative acts, because the legal system, especially in application of the principle of legality, does not allow a requirement for the approval of a construction license to be omitted. As indicated supra, the fact that the Sección Tercera of the Tribunal Contencioso Administrativo found a possible solution for meeting the environmental viability (viabilidad ambiental) requirement, does not thereby resolve or order that the plaintiff should not submit such requirement. Preliminary Defense of Lack of Current Interest: From a study of the plaintiff's claims in their demand, it is easily derived that the substantive claims are that the referenced resolutions be annulled and that what was resolved in judgments of the Sección Tercera of the Tribunal Contencioso Administrativo numbers 334-2019 at 2:40 p.m. on June 27, 2019 and 368-2019 at 2:00 p.m. on July 26, 2019 be extended to the rejection of permit R-CU-522-17, all so that supposedly the demolition of that telecommunications tower does not proceed. In this regard, a simple study of the administrative file is enough to observe and easily derive that at this moment there is no danger of that tower being demolished, because Arq. Gustavo Zeledón Céspedes, Coordinator of the Proceso de Control Urbano y Rural, in response to the filing submitted by the plaintiff on August 16, 2019, after the pertinent legal consultations, through official letter DT-CU-676-2019 dated October 31, after the pertinent legal consultations, through official letter DT-CU-676-2019 dated October 31 and notified to the designated address on November 1, 2019, informed the company Continental Towers that it was also viable for the tower subject to permit R-CU-522-17, to process an environmental diagnosis study (estudio de diagnóstico ambiental) before SETENA, given the possibility that through this route the missing environmental viability (viabilidad ambiental) requirement for the approval of such permit could be completed. In this regard, it can be intelliged (sic) that at this moment the municipal administration has already acceded to the plaintiff's claim of being able to carry out the environmental diagnosis study (estudio de diagnóstico ambiental) procedure before SETENA for the tower subject to permit R-CU-522-17, which implies that not only that claim but all the others as well lose current interest, making it unnecessary to determine whether the resolutions indicated in claim 1 are null or not, as there is no current danger that the destruction of that telecommunications structure will proceed. As a corollary to this preliminary defense, it must be indicated that the company Continental Towers was hasty in filing this ordinary claim, as it did so in an anticipated manner, without knowing the result of its filing dated August 16, 2019.

IV.- PROVEN FACTS.- Of importance for resolving this matter, the following relevant facts are considered proven:

1) On September 12, 2017, Continental Towers Costa Rica SRL submitted to the Municipalidad de Desamparados, the project for Telecommunications Tower CT-0045, on property registration number 222798-000, located in the district of San Antonio, canton of Desamparados, CFIA contract number OC-723238. This proceeding was assigned number 15490-2017. (Folios 2 to 4 of the administrative file in PDF format).

2) By resolution N°R-CU-522-17 of September 29, 2017, the Unidad de Control Urbano of the Municipalidad de Desamparados rejected the construction permit for the telecommunications tower project of Continental Towers Costa Rica SRL. In its basis, it indicated: "This Unit informs you that the application is rejected due to the absence of the following requirements or non-compliances: According to Article 17, Chapter VI of the Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para Ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones, published in La Gaceta 47 of March 8, 2011: Environmental Viability (Viabilidad Ambiental). The document provided corresponds to a pronouncement from SETENA regarding the legal inability to authorize an environmental viability (viabilidad ambiental) for the telecommunications tower activity. (…)" (Folios 5 to 8 of the administrative file, in PDF format).

3) On October 9, 2017, Continental Towers Costa Rica SRL filed a motion for revocation (recurso de revocatoria) with subsidiary appeal against the rejection of the construction permit. (Folios 9.1 to 13 of the administrative file in PDF format).

4) By resolution N°UCU-REV-030-2017 at 10:50 a.m. on November 14, 2017, the Unidad de Control Urbano of the Municipalidad de Desamparados rejected the motion for revocation and elevated the appeal before the Alcalde. (Folios 15 to 17 of the administrative file in PDF format).

5) By resolution N°AM-006-18 at 1:50 p.m. on January 12, 2018, the Alcaldía Municipal denied the appeal. (Folios 24 to 27 of the administrative file in PDF format).

6) On January 22, 2018, Continental Towers Costa Rica SRL filed a motion for revocation (recurso de revocatoria) with subsidiary appeal against resolution N°AM-006-18. (Folios 30 to 35 of the administrative file in PDF format).

7) By resolution N°AM-031-18 at 3:00 p.m. on March 19, 2018, the Alcaldía Municipal rejected the motion for revocation. (Folios 43 to 47 of the administrative file in PDF format).

8) By resolution N°454-2018 at 9:20 a.m. on September 26, 2018, the former Sección Tercera of this Tribunal, acting in the capacity of improper hierarchical superior (jerarca impropio), declared the subsidiary appeal without merit. In its reasoning, it indicated, as relevant: "…For the case of telecommunications towers to be installed in the Canton of Desamparados, the Reglamento General sobre las Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (ElA) N°31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC and Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para ubicación y Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones, published in La Gaceta 47 of March 3, 2011, establish in their ordinals 9 bis and 17, respectively, the environmental viability (viabilidad ambiental) requirement for granting the constructive license when building a tower in the Canton. For greater abundance, this last numeral literally establishes that '...To obtain the construction license, the following documents must be submitted: (...) i) The Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) granted by the Secretaría Nacional Técnica Ambiental SETENA-MINAET)...', without allowing any exception. Consequently, the Local Government cannot dispense a technical requirement, such as environmental viability (viabilidad ambiental) duly issued by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), for the construction of a telecommunications tower, to the company Continental Towers S.A. by any more positive or subjective interpretation of Article 93 of the Ley de Construcciones, given that in light of the principle of singular inderogability of regulations with origin in the constitutional maxims of legality and equality (11 and 33 of the Constitución Política), and more specifically in numeral 13 of the Ley General de la Administración Pública N°6227, which textually says: 'The Administration shall be subject, in general, to all written and unwritten norms of the administrative system, and to the supplementary private law thereof, without being able to repeal them or disapply them for specific cases. 2. The preceding rule shall also apply in relation to regulations, whether they come from the same authority, or whether they come from another superior or inferior competent authority.' Additionally, given that the main axis of the grievance expressed by the legal advisor of the appellant company revolves around the interpretation of ordinal 93 of Ley N°833, its transcription is considered important: 'Article 93. When a building or construction or installation has been completed without a license or project approved by the Municipalidad and without said Municipalidad having been notified of the completion of the work, an investigation shall be conducted, setting the owner a non-extendable period of thirty (30) days to comply with the provisions of this Law and Reglamento, by submitting the project, license application, etc.' (Highlighting is ours). It is the criterion of this Chamber that the right that emerges from the cited ordinal is solely the possibility of presenting and processing the obtainment of the license, not its positive result, ergo the illegal building (without license) does not modify or exempt in any way from compliance with the list of requirements or legal circumstances that must be accredited for the granting of the constructive permit. To heed the appellant's argument would be to recognize that a building erected illicitly would never affect the environment, by the mere fact of existing; without a doubt, it is a fallacy and must be subject to environmental assessment and the requirements provided by the legal system applied without exception without any privilege. The Tribunal has no doubt that the construction of a Tower anchored to the ground by a fixed and self-supporting infrastructure is an activity that impacts the environment; a simple reading of the list of technical requirements established in Article 9 bis of Decreto N°31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC is sufficient and that, therefore, it cannot be authorized by the local government without the technical variable so advising. With which it should be remembered that, in said context, Article 16.1 of the Ley General de la Administración Pública establishes the following: 'In no case may acts contrary to the unequivocal rules of science or technique, or to elementary principles of justice, logic or convenience, be dictated. (…).'" (Folios 53 to 59 of the administrative file in PDF format).

9) By official letter N°DT-CU-S51-2019 of September 4, 2019, the Proceso de Control Urbano y Rural of the Municipalidad de Desamparados informed Continental Towers Costa Rica SRL of the following: "In relation to the reference and in view of the Resolution of the Tribunal Contencioso Administrativo of two o'clock p.m. on July 26, 2019, I indicate that you must proceed as indicated therein, regarding the performance of an EDA, to continue with the processing of the reference construction permit."

(Image 167 of the judicial file).

10) By official letter No. AMAJ-589-2019 of October 17, 2019, the Legal Advisor of the Municipality of Desamparados communicated to the Coordinator of the Urban Control Unit of that local entity, the following, in pertinent part: “…Regarding the query raised by your esteemed person, it must be determined if the ruling in judgment number 368-2019 can be extended to other rejections of construction permits for the company Continental Towers. As indicated supra, there no longer exists only judgment 368-2019, but also judgments 475-2019 and 484-2019, in which the Third Section of the Contentious-Administrative Tribunal ordered that said company be given the opportunity to process an Environmental Diagnosis (Diagnóstico de Estudio Ambiental, EDA) in relation to the permits cited in those judicial resolutions, in order to rectify the requirement of environmental feasibility (viabilidad ambiental), which was the reason for their rejection, which obeys an evolution of criteria of that Court of justice compared to that expressed in judgments 454-2018 and 455-2018. Therefore, as there has been an evolution of criteria from the improper hierarchical superior, that is, the Third Section of the Contentious-Administrative Tribunal, and given that the purpose and end of the sanctioning procedure regulated in articles 93 to 96 of the Ley de Construcciones is that works built without the municipal license can, in principle, be brought into compliance with the law, in the case of rejected permits R-CU-522-17 and R-CU-519-17, it is also possible to extend the possibility for them to process an EDA before SETENA, in order to see if by that means the referenced company can obtain an environmental approval, to fulfill the missing requirement, for obtaining the permits for those telecommunication towers. Finally, it should be noted that the approval of the environmental diagnosis studies (estudios de diagnóstico ambiental) processed by the company Continental Towers SRL is the exclusive purview of SETENA; however, should that environmental body, for reasons within its own competence, not approve them, once such rejections become final, the sanctioning procedures initiated against that legal entity must continue, for having built the towers without the respective municipal construction license. For your knowledge and to be attached to the respective administrative files, a copy of judgments 475-2019 of 1:25 PM on September 20 and 484-2019 of 9:35 AM on September 25, 2019, is forwarded.” (Folios 66 to 69 of the administrative file in PDF format).

11) On December 19, 2019, Continental Towers Costa Rica SRL submitted to the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) the Environmental Diagnosis Study (Diagnóstico de Estudio Ambiental, EDA) instrument for the telecommunications towers project in the Patarrá sector. The instrument was rejected by resolution No. 495-2020-SETENA of 7:10 AM on March 19, 2020. Continental Towers Costa Rica SRL filed a motion for reconsideration with a subsidiary appeal. By resolution No. 982-2020-SETENA, SETENA denied the motion for reconsideration. In pertinent part, it ordered: “…In response to the appellant's claims, having analyzed the case and in accordance with the factual and legal considerations established in the THIRD WHEREAS (CONSIDERANDO TERCERO) explained supra, it is inappropriate to revoke resolution No. 0495-2020-SETENA, since it was resolved in accordance with the legal framework and regulations cited above, given that the archiving of the administrative file is based on the fact that from the information that appears in the file it is deduced that the Telecommunications Tower was built when the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental), Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, and specifically Executive Decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT on Standards and Competencies of Public Entities for the coordinated and expeditious approval required for the Installation or Expansion of Telecommunications Networks, which has been in effect since September 8, 2010, were already in full application, a procedural moment at which an Environmental Diagnosis Study (Estudio de Diagnóstico Ambiental, EDA) was no longer applicable. The developer did not prove to SETENA that the construction dates from the periods in which the application of an EDA is managed to bring into compliance the activities, works, or projects carried out within those specific timeframes; and while it is true that in judicial case No. 18-003492-1027-CA brought by the developer against the Municipality, it is summoned to submit the project for Environmental Assessment (Evaluación Ambiental), the truth is that the Contentious-Administrative Court is acting as an improper hierarchical superior, since it is resolving an appeal against a resolution of the Municipality of Desamparados, so the effects of the Contentious-Administrative resolution are binding on the parties involved in that specific process, but not on SETENA. Therefore, this Secretariat is not obligated to approve the project by means of an EDA, since the foregoing would be clearly contrary to the principle of legality, and the principle of singular non-derogability of regulations, enshrined in article 13 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) under which it is established that the Administration cannot disapply a Regulation for a specific case; had this Technical Secretariat accepted the proposed EDA, it would be causing a disapplication of the regulations applicable to the case, which becomes clearly inappropriate and illegal. Said article reads: ARTICLE 13. 1- The administration shall be subject, in general, to all written and unwritten norms of the administrative order, and of private law supplementary thereto, without being able to derogate or disapply them for specific cases. Resolution No. 0982-2020-SETENA. 2- The previous rule shall also apply in relation to regulations, whether they originate from the same authority or from another higher or lower competent authority. The Administration must act under legality and if the Municipality requests, among the requirements, the Environmental License (Licencia Ambiental) granted by SETENA, this Secretariat must assess whether or not evaluation is possible under articles 17 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) and 122 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures, Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, but such a request does not obligate this body to grant it by departing from the aforementioned legality. This was established in the opinion of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) No. C-225-2016: “As is easily deduced from the foregoing, the procedure described in article 93 of the Ley de Construcciones presupposes that the granting of the municipal license, in the case of constructions that have been erected without having previously obtained it, is subject to compliance with all the requirements that the regulations demand; therefore, if among these is having an environmental feasibility (viabilidad ambiental) duly granted by the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), the Municipality cannot ignore its fulfillment. Accepting the contrary would entail that, in practice, constructions of all types are erected without obtaining the respective environmental feasibility when required, only to later, once completed, obtain the construction permit under the procedure of article 93 of the Ley de Construcciones, bypassing the respective process before SETENA, which would represent an entirely inadmissible practice due to the pernicious consequences it would entail, implying the suppression of the due prior environmental assessment; in accordance with article 17 of the Organic Law of the Environment, Law No. 7554 of October 4, 1995: “Article 17.- Environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental). Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, shall require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) by the National Environmental Technical Secretariat created in this law. Its prior approval, by this body, shall be an indispensable requirement to initiate the activities, works, or projects. The laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects shall require the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental).” (...). Regarding the second question, article 17 of the Municipality of Desamparados Regulation for the Location and Granting of Municipal Licenses for Telecommunications Infrastructure, approved according to agreement No. 5 of session No. 9-2011, held by the Municipal Council of Desamparados on February 8, 2011, and published in the Official Gazette La Gaceta No. 47 of March 8, 2011, requires, among the documents to be submitted for obtaining the telecommunications construction works license, the environmental feasibility (viabilidad ambiental) granted by the National Environmental Technical Secretariat (subsection l). However, prior to said regulation, other types of norms were also issued that likewise required the processing of environmental impact studies (estudios de impacto ambiental) for the installation of telecommunications towers. (...) In turn, Decree No. 36159 of May 10, 2010, called “Standards and Competencies of Public Entities for the coordinated and expeditious approval required for the installation or expansion of telecommunications networks,” came to “identify and group each of the competencies of the public entities in the Telecommunications Sector that intervene in the procedures and requirements so that the processing required for the installation of infrastructure, as well as the expansion of telecommunications networks and their corresponding structure, is addressed in a coordinated and expeditious manner” (article 2). Article 8 of said Decree establishes among the competencies of the National Environmental Technical Secretariat, the granting of the respective environmental feasibility (viabilidad ambiental): (...) For its part, the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of May 24, 2004, established a “listing of projects, works, and activities obligated under specific laws to comply with the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) or Environmental Impact Study process before SETENA,” among which are “activities that require authorization for the exploitation of a public service defined in the ARESEP Law (supply, transmission, and generation of electrical energy; thermal plants; telecommunications; aqueducts and sewers; potable water and wastewater systems; fuel supply; irrigation and drainage; maritime, air, and port services; cargo transport by railway),” referring to article 16 of the Law of the Regulatory Authority for Public Services, No. 7593 of August 9, 1996 (Through article 8 of Decree No. 37803 of June 25, 2013, an article 9 bis was introduced into the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, to describe the environmental assessment documents in telecommunications tower installation projects and which essentially includes the requirements described in resolutions 02031-2009 of 9:00 AM on August 26, 2009, and 0123-2010 of 8:00 AM on January 20, 2010, of SETENA, already commented upon). As can be seen, prior to the approval of the Municipality of Desamparados Regulation for the Location and Granting of Municipal Licenses for Telecommunications Infrastructure, sufficient regulations already existed that imposed the obligation to require the granting of environmental feasibility (viabilidad ambiental) as a requirement for obtaining the municipal construction permit in the case of telecommunications towers; therefore, it is incorrect to affirm, as is done in the legal opinion attached to the query from that Mayor's Office, “that before the publication of the local regulation, there did not exist, specifically, a norm that allowed this City Council at that time to require the presentation of said requirement, for obtaining construction permits for that type of infrastructure”; therefore, this reason is not valid to exempt from the presentation of the environmental feasibility (viabilidad ambiental) granted by SETENA those cases of telecommunications towers erected without a construction permit prior to the approval of the aforementioned municipal Regulation and that seek to obtain it under article 93 and following of the Ley de Construcciones. In compliance with the analysis presented in the previous WHEREAS regarding the Environmental Diagnosis Study (Estudio de Diagnóstico Ambiental), this Secretariat again takes the liberty of clarifying to the appellant that the applications for an Environmental Diagnosis Study (Estudio de Diagnóstico Ambiental) are exceptional studies carried out exclusively for the specific periods already mentioned.” It elevated the appeal before the Minister of Environment and Energy. (Images 153 to 165 of the judicial file).

12) By resolution No. R-239-2020-MINAE of 10:48 AM on September 23, 2020, the Minister of Environment and Energy rejected the subsidiary appeal. In its operative part, it indicated: “FIRST: It is for the factual and legal reasons expressed, that the appeal filed by Mr. Federico Lorenzana Rodríguez, residency card No. 132000270835, against resolution No. 495-2020-SETENA is declared without merit, given that the requirements that the activity or project subject to the cited study must fulfill are absent, and that definitively, in this case, the company Continental Towers Costa Rica S.R.L. does not manage to overcome and demonstrate that the project began on the dates admissible for its evaluation by means of the EDA, reasons for which, as this Office does not detect any violation of procedural guarantees nor defects that justify declaring the revocation of the cited resolution, and under the protection of numeral 168 of the LGAP, it must remain intact in all its terms. SECOND: The administrative channel is hereby exhausted regarding what is heard herein.” (Images 145 to 152 of the judicial file).

V.- ON THE MERITS.- In this matter, the plaintiff erected a telecommunications tower structure in the canton of Desamparados, without having previously processed the construction license required by the Law (article 2 of the Ley de Construcciones) and by the regulatory norm binding by reason of territory, that is, the “Municipality of Desamparados Regulation for the Location and Granting of Municipal Licenses for Telecommunications Infrastructure,” adopted by agreement number 5 of session No. 09-2011, held by the Municipal Council of Desamparados on February 8, 2011. Subsequently, the plaintiff requests the construction permit (license in the strict sense) for said tower from the Municipality; however, the local entity rejected the license because the plaintiff company did not comply with one of the requirements expressly demanded by the aforementioned municipal Regulation, specifically, the environmental feasibility (viabilidad ambiental) granted by SETENA (article 17, subsection i). This Tribunal estimates that this administrative act (resolution No. R-CU-522-17) does not present defects of legality that would lead to declaring its nullity in this venue. The municipal administration adjusted its conduct to the written legal order, respecting the principle of legality in its negative aspect (article 11 of the LGAP), and the principle of singular non-derogability of the norm (article 13 of the LGAP). The regulatory precept of special application by reason of subject matter and territory, which is precisely the “Municipality of Desamparados Regulation for the Location and Granting of Municipal Licenses for Telecommunications Infrastructure,” in its numeral 17, subsection i), demands with absolute clarity that to obtain the construction license for a telecommunications infrastructure, it is necessary to have, among other requirements, the environmental feasibility (viabilidad ambiental) issued by the National Environmental Technical Secretariat (SETENA). The norm leaves no room for doubt or possibility of interpretation; it corresponds to a regulated element of the motive for the administrative act of a telecommunications infrastructure construction license in the canton of Desamparados, such that, in the specific case, for that eventual act of a telecommunications tower construction license requested to acquire validity, the Municipality necessarily requires having SETENA's environmental feasibility (viabilidad ambiental), ergo, if the interested party does not accredit it, there would be an absence of that legal antecedent that would vitiate the motive element of the municipal act. This being the case, the local government acted correctly in rejecting the application for the construction permit (license) for the telecommunications tower of Continental Towers of Costa Rica SRL. As for the situation by which said company has not been able to obtain the environmental feasibility (viabilidad ambiental) from SETENA, it is not something that should concern the Municipality of Desamparados, because they are distinct legal situations. SETENA is a Public Administration that has regulated competencies in matters of environmental prevention and protection, and is a body with maximum deconcentration belonging to the Ministry of Environment and Energy, that is, an organ of the Central State, while the Municipality of Desamparados is a decentralized entity with second-degree autonomy, which likewise has various competencies regulated by reason of territory, among which its own competencies in matters of environmental protection also stand out (articles 28, 60, 71, and 111, second paragraph, subsection 3 of the Organic Law of the Environment). Therefore, while the local entity foresees and demands in its binding regulations that the environmental feasibility (viabilidad ambiental) granted by SETENA be accredited, in order to issue the act of a construction license for a telecommunications tower, the truth is that it has no interference in the exercise that SETENA makes of its legal powers, precisely because of the separation that exists between both Administrations, by virtue of the local entity's autonomy from the Central State, so that if SETENA, for whatever reason, did not issue the environmental feasibility (viabilidad ambiental) in favor of Continental Towers Costa Rica SRL for the telecommunications tower infrastructure corresponding to the Telecommunications Towers CT-0045 project, this is a legal situation regarding which the local government cannot and should not make assessments, much less adopt decisions that seek to exempt any citizen from the requirement of environmental feasibility (viabilidad ambiental), it being irrelevant or binding for the Municipality whether the interested party is materially unable to obtain the oft-mentioned environmental feasibility (viabilidad ambiental), and rather, it is up to the plaintiff company to challenge the acts of SETENA that denied it the environmental feasibility (viabilidad ambiental) for the telecommunications tower of its interest, something that is not the subject of discussion in this process. This being so, what was resolved by the Municipality of Desamparados in administrative act R-CU-522-17 of September 29, 2017, is entirely in accordance with the legal order, and the claim for its absolute nullity to be declared is inappropriate. It is worth noting that the plaintiff's argument, according to which numeral 93 of the Ley de Construcciones must be applied, is manifestly irrelevant, since the invoked legal norm provides that if the work was completed without a license approved by the competent Municipality, the citizen must be granted a period of thirty days to submit the license application; however, even if, in this case, the plaintiff were to be given that thirty-day period to submit its construction license application, this does not exempt it from complying with all the requirements demanded by the “Municipality of Desamparados Regulation for the Location and Granting of Municipal Licenses for Telecommunications Infrastructure,” among which stands out, for this matter, the environmental feasibility (viabilidad ambiental) issued by SETENA, which is precisely what the plaintiff has not managed to present to the Municipality. And in this sense, the plaintiff must bear in mind that the Ley de Construcciones clearly demands that every work erected must comply with the conditions indicated in the respective regulations. This is provided for in numeral 2 of the Law, when it prescribes: “Article 2.- Scope of this Law. This law governs throughout the Republic. No building, structure, or element thereof shall be constructed, adapted, or repaired in the future except with the conditions that the respective Regulations indicate. Nor shall demolitions or excavations be made on private property, nor shall the public thoroughfare be occupied, nor works be carried out on it, without abiding by the provisions of said Regulations.” That is, the Law itself subjects citizens to compliance with the requirements established by the special regulations in force, as in this case is SETENA's environmental feasibility (viabilidad ambiental), expressly required by article 17, subsection i) of the aforementioned municipal Regulation. So, the argument raised is of no consequence, because in any case, the Ley de Construcciones itself subjects citizens interested in erecting any infrastructure to compliance with the special regulations, thus making the argument about the alleged violation of the principle of normative hierarchy also irrelevant, given that the same Legislation invoked by the plaintiff party refers to the applicable infra-legal regulations. The foregoing reasoning is equally valid and extensible to the administrative acts: resolution No. UCU-REV-030-2017 of 10:50 AM on November 14, 2017, issued by the Urban Control Unit; resolution No. AM-006-18 of 1:50 PM on January 12, 2018, issued by the Municipal Mayor's Office; resolution No. AM-031-18 of 1:50 PM on January 12, 2018, issued by the Municipal Mayor's Office; and resolution No. 454-2019 of 9:20 AM on September 26, 2018, issued by the Third Section of this Tribunal, acting as an improper hierarchical superior in the administrative channel; given that they are all connected to and derived from the originating act (R-CU-522-17), insofar as they correspond to acts that confirmed the latter, in the exercise of hierarchical review competence, based on the various appeals filed by the plaintiff within the appeals ladder for municipal matters, until it managed to exhaust the administrative channel with the resolution issued by the Third Section of this Tribunal, acting as a body in an administrative function. Consequently, for the criteria expressed, the claim is inappropriate and must be declared as such.

VI.- ON THE CLAIMS.- For all the considerations expressed, it is appropriate to reject in all its terms the formulated claim. It is worth clarifying that the remaining claims in which it is requested that the Municipality of Desamparados be ordered to grant the construction permit to the plaintiff company, Continental Towers Costa Rica, S.A.; that the Municipality of Desamparados be ordered to refrain from incurring any type of material conduct that seeks, in the future, the demolition of the tower; and that it be ordered to pay for material damage for the cost of demolition and for the damages due to loss of income from contracts with telecommunications operators that could have rented space on the tower to operate, are ancillary petitionary elements that depended on what was declared regarding the main annulment claims; therefore, having rejected those, these suffer the same fate.

VII.- ON THE DEFENSES.- Based on the grounds developed in this ruling, it is appropriate to uphold the defense of lack of right. The defense of current interest is denied because the acts that rejected the plaintiff's application have not changed, so the party's interest in seeing its claims satisfied through the judgment remains in force.

VIII.- ON COSTS. By express provision of article 193 of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), for the mere fact of having been unsuccessful in this process, it is appropriate to order the plaintiff to pay both sets of costs of this action, without there being reasons that justify their exoneration pursuant to subsections a) and b) of the cited numeral 193. Costs shall generate interest once their amount is determined and enforceable.

THEREFORE (POR TANTO)

The defense of lack of interest is rejected. The defense of lack of right is upheld. Consequently, the claim filed is declared without merit in all its terms. Both sets of costs of this action are charged to the plaintiff, which shall generate interest once their amount is determined and enforceable.- EDUARDO GONZÁLEZ SEGURA, LOURDES VARGAS CASTILLO, RODOLFO MARENCO ORTIZ. DECIDING JUDGES.

 

 



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Document signed by:

EDUARDO GONZÁLEZ SEGURA, DECIDING JUDGE
LOURDES VARGAS CASTILLO, DECIDING JUDGE
ELEUTERIO RODOLFO MARENCO ORTIZ, DECIDING JUDGE

 

EXP: 19-006534-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

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