Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)El numeral 31 del Código Procesal Contencioso Administrativo, señala expresamente que el agotamiento de la vía administrativa será facultativo, salvo para lo dispuesto en los artículos 173 y 182 de la Constitución Política, en razón de lo cual tal agotamiento es preceptivo en materia municipal como en contratación administrativa [...] al no estar en presencia de materia ordinaria municipal ni tampoco de contratación administrativa, el agotamiento de la vía no resulta obligatorio.
English (translation)Article 31 of the Contentious Administrative Procedure Code expressly states that exhaustion of administrative remedies shall be optional, except as provided in Articles 173 and 182 of the Political Constitution, for which reason such exhaustion is mandatory in municipal and public procurement matters [...] since we are not in the presence of ordinary municipal matters nor public procurement, exhaustion of administrative remedies is not mandatory.
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Grande Normal Pequeña Tribunal Contencioso Administrativo Resolución Nº 09593 - 2025 Fecha de la Resolución: 02 de Octubre del 2025 a las 11:37 Expediente: 23-007643-1027-CA Redactado por: Alana Fonseca Lobo Texto de la resolución EXPEDIENTE: 23-007643-1027-CA - 9 PROCESO: CONOCIMIENTO ACTOR/A: 3-101-530537 SOCIEDAD ANÓNIMA DEMANDADO/A: EL ESTADO N° 2025009593 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las once horas con treinta y siete minutos del dos de octubre del dos mil veinticinco.- Se conoce DEFENSA PREVIA DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VIA dentro del proceso de conocimiento interpuesto por 3-101-530537 SOCIEDAD ANÓNIMA y 3-101-530680 SOCIEDAD ANÓNIMA en contra de EL ESTADO, EL SISTEMA DE AREAS DE CONSERVACIÓN, OLGER MENDEZ FALLAS, PAULA MARIA MENA COREA. CONSIDERANDO I. ANTECEDENTES DE INTERES: A. En fecha 29 de abril del 2025; la parte actora presenta demanda contra EL ESTADO, EL SISTEMA DE AREAS DE CONSERVACIÓN, OLGER MENDEZ FALLAS, PAULA MARIA MENA COREA, pretendiendo lo que se transcribe de forma literal: "[...] 1.- Que, en virtud de las razones jurídicas expuestas, se declare la disconformidad sustancial con el ordenamiento jurídico, de los siguientes actos administrativos: a) El oficio SINAC-ACOSA-D-618-2023, de fecha 10 de noviembre de 2023, emitido por el señor Olger Méndez Fallas, mediante el cual se denegó la solicitud de modificación del oficio que previamente autorizaba labores de mantenimiento, revocando de forma tácita e ilegítima la autorización previamente conferida mediante Oficio SINAC-ACOSA-D-271-2023. b) La resolución SINAC-ACOSA-D-R-073-2023, de fecha 4 de diciembre de 2023, también suscrita por el señor Méndez Fallas. c) El oficio SINAC-ACOSA-D-069-2024 del 16 de febrero de 2024, emitido por el Área de Conservación de OSA, a través del cual, se desconoce el derecho otorgado a nuestras representadas derivado de los respectivos permisos de uso originariamente otorgados por el SINAC. d) El oficio SINAC-AJ-SE-0081-2024 del 19 de febrero del 2024, que reitera el desconocimiento de los permisos de uso otorgados a favor de nuestras representadas. e) El oficio SINAC-ACOSA-D-072-2024 del 20 de febrero del 2024, mediante el cual, de facto, se pretendió dejar sin efecto el contenido de un acto firme y favorable emitido por el SINAC. f) El acto contenido en la sesión extraordinaria No.06-2024 celebrada el 28 de mayo del 2014, Acuerdo 6. Primero, en el que también se rechaza el recurso de apelación presentado por las actoras, así como la resolución RSINAC- CONAC-0042-2024 del 14 de junio del 2024, mediante el cual el señor David Chavarria Morales, en su calidad de Secretario Ejecutivo del CONAC, firmó la comunicación del acto definitivo que resolvió el recurso de apelación en contra de la resolución SINAC-ACOSA-D-618-2023, así como los actos derivados de estas conductas . 2.- Que, por ser disconformes con el ordenamiento jurídico, se declare la nulidad absoluta de los actos administrativos antes indicados, es decir: a) El Oficio SINAC-ACOSA-D-618-2023, de fecha 10 de noviembre de 2023, emitido por el señor Olger Méndez Fallas, mediante el cual se denegó la solicitud de modificación del oficio que previamente autorizaba labores de mantenimiento, revocando de forma tácita e ilegítima la autorización previamente conferida mediante Oficio SINAC-ACOSA-D-271-2023. b) La Resolución SINAC-ACOSA-D-R-073-2023, de fecha 4 de diciembre de 2023, también suscrita por el señor Méndez Fallas, mediante la cual se rechazó de plano el recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto contra el acto anterior, confirmándolo en todos sus extremos y clausurando con ello la vía administrativa. c) El oficio SINAC-ACOSA-D-069-2024 del 16 de febrero de 2024, emitido por el Área de Conservación de OSA, a través del cual, se desconoce el derecho otorgado a nuestras representadas derivado de los respectivos permisos de uso originariamente otorgados por el SINAC. d) El oficio SINAC-AJ-SE-0081-2024 del 19 de febrero del 2024, que reitera el desconocimiento de los permisos de uso otorgados a favor de nuestras representadas. e) El oficio SINAC-ACOSA-D-072-2024 del 20 de febrero del 2024, mediante el cual, de facto, se pretendió dejar sin efecto el contenido de un acto firme y favorable emitido por el SINAC. f) El acto contenido en la sesión extraordinaria No.06-2024 celebrada el 28 de mayo del 2014, Acuerdo 6. Primero, en el que también se rechaza el recurso de apelación presentado por las actoras, así como la resolución RSINAC- CONAC-0042-2024 del 14 de junio del 2024, mediante el cual el señor David Chavarria Morales, en su calidad de Secretario Ejecutivo del CONAC, firmó la comunicación del acto definitivo que resolvió el recurso de apelación en contra de la resolución SINAC-ACOSA-D-618-2023, así como los actos derivados de estas conductas. 3.- Que se declare la existencia y contenido sustancial de los permisos de uso otorgados en beneficio de nuestras representadas, los cuales fueron otorgados de manera efectiva, mediante las resoluciones SINAC-ACOSA-D-PU-037-2017 de fecha 19 de julio de 2017 y SINAC-ACOSA-D-PU-042-2017, del 27 de julio de 2017. 4.- Que se declare que el plazo de vigencia de los permisos de uso otorgados a nuestras representadas, de cinco años, empezará a correr a partir del momento en que se cuente con la viabilidad ambiental otorgada por SETENA, como lo establece el artículo 2 del decreto ejecutivo No.35868-MINAE. 5.- Se declare al Estado y SINAC responsable de los daños y perjuicios (que serán liquidados en fase de ejecución de sentencia), causados a las actoras, en los siguientes términos. Se originan esos daños y perjuicios debido a los efectos de las conductas aquí controvertidas, que acreditan la intención por parte de las autoridades administrativas de ACOSA, de que mis representadas no ostenten un título habilitante en la Zona Marítima Terrestre del Refugio Preciosa Platanares, que le permitan tener el derecho de ocupación en las áreas asignadas en los permisos de usos otorgados mediante las resoluciones SINAC-ACOSA-D-PU-037-2017 de fecha 19 de julio de 2017, lote No 4 y Resolución SINAC-ACOSA-D-PU-042-2017, del 27 de julio de 2017, así como que, no se permita continuar con los trámites de realizar un estudio de impacto ambiental, permisos de construcción y obtener los créditos e inversiones, para poder desarrollar un proyecto ecoturístico en las citadas áreas, o bien, en el hecho de que no se permita eliminar el pasto jaragua e hicacos y limpiar los terrenos en zona marítimo terrestre, para los citados fines ecoturísticos, ya que las conductas de la administración demandada, no permiten el desarrollo sostenible en el área. Consisten esos DAÑOS en la pérdida de las inversiones económicas que han realizado las actoras, para obtener sus permisos de uso, entre los que se deben mencionar, entre otros, los gastos de estudios, topografía, gastos legales, gasolina, viáticos, diseños del proyecto y en el daño moral, por la incertidumbre, de que después de más de 16 años de trámite, se les impida a las actoras, concretizar los permisos, desarrollar los estudios y el proyecto o los proyectos ecoturísticos que se pueden realizar en el área de acuerdo con el Plan de Manejo del Refugio Preciosa- Platanares. Esa incertidumbre y desazón, angustia y desencanto, producido con ocasión de las conductas mencionadas líneas atrás, ha afectado el buen nombre de las empresas y afectado su imagen frente a futuros inversionistas. Los perjuicios consisten, en la imposibilidad de realizar un proyecto ecoturístico, conforme a las reglas del Plan de Manejo del citado refugio, debido a los efectos de las conductas aquí controvertidas, donde se indica expresamente, que no existen los permisos de uso y que no están vigentes. Así mismo, a modo de perjuicios, también se deberán de reconocer los intereses, sobre las sumas de capital, a las que se condenen las demandadas, de conformidad con lo que establece el numeral 1163 del Código Civil y hasta el efectivo pago sobre las sumas a las que se condene a los demandados. En lo que se refiere al tema de la estimación prudencial de los daños y perjuicios, conforme al artículo 58 inciso e), al resultar a este momento imposible su cuantificación por requerirse complejos cálculos periciales, son inestimables. 6.- Que, conforme a lo previsto en el artículo 122.m.iii del CPCA, se condene a los señores Olger Méndez Fallas y Paula Mena Corea, funcionarios del SINAC, al pago de los daños y perjuicios causados en abstracto, por ser consecuencia de las conductas impugnadas y adoptadas por ellos, siendo que se demostrará su existencia y cuantía en fase de ejecución de sentencia. 7.- Que se ordene al SINAC, instaurar el respectivo procedimiento administrativo disciplinario en contra de los señores OLGER MÉNDEZ FALLAS Y PAULA MENA COREA, en aras de determinar la responsabilidad disciplinaria derivada de los actos administrativos impugnados, absolutamente nulos, emitidos por tales funcionarios. 8.- Que se condene al Estado y al SINAC al pago de las costas personales y procesales, derivadas del presente proceso. 9.- Que, sobre las sumas concedidas, se otorguen los respectivos intereses desde la exigibilidad de la obligación. PRETENSION SUBSIDIARIA: En caso de no otorgarse la pretensión 4 anterior, solicito que de forma subsidiaria se declare: a.- De manera subsidiaria, se declare que el plazo de vigencia de los permisos de uso otorgados, de cinco años, empezó a correr a partir de la publicación del Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Preciosa–Platanares (pues sin plan de uso, no existe posibilidad de llevar a cabo ninguna actividad), el cual fue oficializado mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta, Alcance No.42 del ejemplar No.39, de fecha 28 de febrero de 2022. [...]" (2-476) B. Mediante resolución de las diecinueve horas cero minutos del treinta de mayo de dos mil veinticinco se confirió el traslado respectivo (I.503-514 del expediente principal). C. Por escritos del 23 de julio del 2025, los señores OLGER MENDEZ FALLAS, y PAULA MENA COREA contestaron la demanda e interpusieron la defensa previa de falta de agotamiento de la vía (i.544-562, 563-581 del expediente principal). D-Mediante resolución de las trece horas cuarenta y seis minutos del nueve de setiembre de dos mil veinticinco, se confirió audiencia de la contestación y excepciones opuestas (I.712-713 del expediente principal) H. En fecha 16 de setiembre del 2025, el actor se pronunció sobre la defensa previa y solicitó su rechazo (i.719-722 del expediente principal). II. ARGUMENTOS DE LAS PARTES: A. DEMANDADOS OLGER MÉNDEZ FALLAS Y PAULA MENA COREA,: En síntesis señalan que el proceso está en apelación y no se ha agostado la vía. B.ACTORA: Considera que el agotamiento de la vía es obligatorio únicamente en materia de contratación pública y régimen municipal, y que en el caso concreto, no se está en ninguno de esos supuesto, por lo que la excepción debe rechazarse. III. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA: El numeral 31 del Código Procesal Contencioso Administrativo, señala expresamente que el agotamiento de la vía administrativa será facultativo, salvo para lo dispuesto en los artículos 173 y 182 de la Constitución Política, en razón de lo cual tal agotamiento es preceptivo en materia municipal como en contratación administrativa; aspecto que fue confirmado por la Sala Constitucional en la resolución Nº 3669-2006, de las 15:00 horas del 15 de marzo de 2006, en donde se indicó que el agotamiento, como requisito previo al acceso a la tutela jurisdiccional es inconstitucional, por tratarse de un privilegio injustificado a favor de la administración pública, salvo dos excepciones cuya justificación deriva de la existencia expresa de normas constitucionales que establecen la obligatoriedad del agotamiento en esas dos materias. El agotamiento de la vía administrativa en materia municipal deriva del artículo 173 de la Constitución Política, el cual establece: "ARTÍCULO 173.- Los acuerdos Municipales podrán ser: 1) Objetados por el funcionario que indique la ley, en forma de veto razonado; 2) Recurridos por cualquier interesado. En ambos casos si la Municipalidad no revoca o reforma el acuerdo objetado o recurrido, los antecedentes pasarán al Tribunal dependiente del Poder Judicial que indique la ley para que resuelva definitivamente.". Por su parte, el agotamiento de la vía administrativa en materia de contratación administrativa procede del ordinal 182 de la Constitución Política, el cual establece: "ARTÍCULO 182.- Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del Estado, las Municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo. IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO: En el caso concreto, tal y como se observa de las pretensiones planteadas por la parte actora, se pretende la nulidad de una serie de actos emanados por el SINAC , y que en consecuencia se declare al ESTADO y al SINAC, responsables de los daños que le causa. Siendo así, se extrae entonces con claridad que la materia que se discute no es municipal o contratación administrativa, sino que se configura en un típico proceso contencioso . De esta forma, al no estar en presencia de materia ordinaria municipal ni tampoco de contratación administrativa, el agotamiento de la vía no resulta obligatorio. Siendo así, lo procedente es RECHAZAR la defensa previa interpuesta, al no requerirse en el caso concreto, el agotamiento de la vía. En consecuencia, continúese con los procedimientos. POR TANTO Por las razones de hecho y Derecho expuestas se RECHAZA la defensa previa de falta de agotamiento de la vía administrativa interpuesta por la Municipalidad de Cartago y en consecuencia continúese con los procedimientos. NOTIFÍQUESE, LICDA. ALANA FONSECA LOBO, JUEZA.- - Código Verificador - 43XP47GM0DBS61 Documento firmado por: ALANA DE LOS ANGELES FONSECA LOBO, JUEZ/A TRAMITADOR/A EXP: 23-007643-1027-CA Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:35:03. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Large Normal Small Administrative Appeals Tribunal Resolution No. 09593 - 2025 Resolution Date: October 2, 2025, at 11:37 a.m. Docket: 23-007643-1027-CA Drafted by: Alana Fonseca Lobo Text of the resolution EXPEDIENTE: 23-007643-1027-CA - 9 PROCESO: ORDINARY PROCEEDINGS ACTOR/A: 3-101-530537 SOCIEDAD ANÓNIMA DEMANDADO/A: EL ESTADO No. 2025009593 ADMINISTRATIVE AND CIVIL TAX APPEALS TRIBUNAL, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at eleven thirty-seven in the morning on the second of October of two thousand twenty-five.- A PRELIMINARY DEFENSE OF FAILURE TO EXHAUST ADMINISTRATIVE REMEDIES is hereby heard within the ordinary proceeding filed by 3-101-530537 SOCIEDAD ANÓNIMA and 3-101-530680 SOCIEDAD ANÓNIMA against EL ESTADO, EL SISTEMA DE AREAS DE CONSERVACIÓN, OLGER MENDEZ FALLAS, PAULA MARIA MENA COREA. CONSIDERING I. BACKGROUND OF INTEREST: A. On April 29, 2025; the plaintiffs filed a lawsuit against EL ESTADO, EL SISTEMA DE AREAS DE CONSERVACIÓN, OLGER MENDEZ FALLAS, PAULA MARIA MENA COREA, seeking the following, transcribed verbatim: "[...] 1.- That, by virtue of the legal reasons set forth, the substantial non-conformity with the legal system be declared for the following administrative acts: a) Official letter SINAC-ACOSA-D-618-2023, dated November 10, 2023, issued by Mr. Olger Méndez Fallas, through which the request for modification of the official letter that previously authorized maintenance work was denied, tacitly and illegitimately revoking the authorization previously granted through Official Letter SINAC-ACOSA-D-271-2023. b) Resolution SINAC-ACOSA-D-R-073-2023, dated December 4, 2023, also signed by Mr. Méndez Fallas. c) Official letter SINAC-ACOSA-D-069-2024 of February 16, 2024, issued by the OSA Conservation Area, through which the right granted to our represented parties derived from the respective use permits originally granted by SINAC is disregarded. d) Official letter SINAC-AJ-SE-0081-2024 of February 19, 2024, which reiterates the disregard of the use permits granted in favor of our represented parties. e) Official letter SINAC-ACOSA-D-072-2024 of February 20, 2024, through which, de facto, the intent was to nullify the content of a final and favorable act issued by SINAC. f) The act contained in the extraordinary session No. 06-2024 held on May 28, 2014, Agreement 6. First, in which the appeal filed by the plaintiffs is also rejected, as well as resolution RSINAC- CONAC-0042-2024 of June 14, 2024, through which Mr. David Chavarria Morales, in his capacity as Executive Secretary of CONAC, signed the communication of the final act that resolved the appeal against resolution SINAC-ACOSA-D-618-2023, as well as the acts derived from these conducts. 2.- That, for being non-conforming with the legal system, the absolute nullity of the administrative acts indicated above be declared, that is: a) Official Letter SINAC-ACOSA-D-618-2023, dated November 10, 2023, issued by Mr. Olger Méndez Fallas, through which the request for modification of the official letter that previously authorized maintenance work was denied, tacitly and illegitimately revoking the authorization previously granted through Official Letter SINAC-ACOSA-D-271-2023. b) Resolution SINAC-ACOSA-D-R-073-2023, dated December 4, 2023, also signed by Mr. Méndez Fallas, through which the appeal for reconsideration with a subsidiary appeal filed against the previous act was rejected outright, confirming it in all its aspects and thereby closing the administrative route. c) Official letter SINAC-ACOSA-D-069-2024 of February 16, 2024, issued by the OSA Conservation Area, through which the right granted to our represented parties derived from the respective use permits originally granted by SINAC is disregarded. d) Official letter SINAC-AJ-SE-0081-2024 of February 19, 2024, which reiterates the disregard of the use permits granted in favor of our represented parties. e) Official letter SINAC-ACOSA-D-072-2024 of February 20, 2024, through which, de facto, the intent was to nullify the content of a final and favorable act issued by SINAC. f) The act contained in the extraordinary session No. 06-2024 held on May 28, 2014, Agreement 6. First, in which the appeal filed by the plaintiffs is also rejected, as well as resolution RSINAC- CONAC-0042-2024 of June 14, 2024, through which Mr. David Chavarria Morales, in his capacity as Executive Secretary of CONAC, signed the communication of the final act that resolved the appeal against resolution SINAC-ACOSA-D-618-2023, as well as the acts derived from these conducts. 3.- That the existence and substantial content of the use permits granted for the benefit of our represented parties be declared, which were effectively granted through resolutions SINAC-ACOSA-D-PU-037-2017 of July 19, 2017, and SINAC-ACOSA-D-PU-042-2017, of July 27, 2017. 4.- That it be declared that the five-year term of validity of the use permits granted to our represented parties shall begin to run from the moment the environmental feasibility is granted by SETENA, as established in Article 2 of Executive Decree No. 35868-MINAE. 5.- That the State and SINAC be declared liable for the damages and losses (which will be liquidated in the judgment enforcement phase) caused to the plaintiffs, in the following terms. These damages and losses originate from the effects of the conducts challenged herein, which prove the intention on the part of the administrative authorities of ACOSA that my represented parties not hold an enabling title in the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítima Terrestre) of the Preciosa Platanares Refuge, allowing them the right of occupation in the areas assigned in the use permits granted through resolutions SINAC-ACOSA-D-PU-037-2017 of July 19, 2017, lot No. 4, and Resolution SINAC-ACOSA-D-PU-042-2017 of July 27, 2017, as well as not being allowed to continue with the procedures to carry out an environmental impact study, construction permits, and obtain loans and investments, in order to develop an ecotourism project in the cited areas, or, in the event of not being allowed to eliminate jaragua grass and hicacos and clean the land in the maritime terrestrial zone, for the cited ecotourism purposes, since the conduct of the defendant administration does not allow sustainable development in the area. These DAMAGES consist of the loss of the economic investments that the plaintiffs have made to obtain their use permits, among which must be mentioned, among others, the expenses for studies, surveying, legal expenses, fuel, per diems, project designs, and moral damage, for the uncertainty that, after more than 16 years of proceedings, the plaintiffs are prevented from concretizing the permits, developing the studies, and the ecotourism project or projects that can be carried out in the area in accordance with the Management Plan (Plan de Manejo) of the Preciosa-Platanares Refuge. That uncertainty and unease, anguish, and disenchantment, produced on the occasion of the conducts mentioned above, has affected the good name of the companies and damaged their image with future investors. The losses consist of the impossibility of carrying out an ecotourism project, in accordance with the rules of the Management Plan of the cited refuge, due to the effects of the conducts challenged herein, where it is expressly indicated that use permits do not exist and are not in effect. Likewise, by way of losses, interest must also be recognized on the principal sums to which the defendants are condemned, in accordance with the provisions of numeral 1163 of the Civil Code and until effective payment on the sums to which the defendants are condemned. Regarding the issue of the prudential estimation of damages and losses, pursuant to Article 58 subsection e), since their quantification is impossible at this time because complex expert calculations are required, they are inestimable. 6.- That, in accordance with the provisions of Article 122.m.iii of the CPCA, Messrs. Olger Méndez Fallas and Paula Mena Corea, officials of SINAC, be condemned to pay the damages and losses caused in the abstract, as they are a consequence of the conducts challenged and adopted by them, it being that their existence and amount will be proven in the judgment enforcement phase. 7.- That SINAC be ordered to institute the respective disciplinary administrative procedure against Messrs. OLGER MÉNDEZ FALLAS AND PAULA MENA COREA, in order to determine the disciplinary liability derived from the challenged administrative acts, which are absolutely null and void, issued by such officials. 8.- That the State and SINAC be condemned to pay personal and procedural costs arising from this proceeding. 9.- That, on the sums granted, the respective interest be granted from the enforceability of the obligation. SUBSIDIARY CLAIM: In the event that claim 4 above is not granted, I request that the following be declared on a subsidiary basis: a.- Alternatively, that it be declared that the five-year term of validity of the use permits granted began to run from the publication of the General Management Plan (Plan General de Manejo) of the Preciosa–Platanares Wildlife Refuge (since without a use plan, there is no possibility of carrying out any activity), which was officially published in the official gazette La Gaceta, Scope No. 42 of the issue No. 39, dated February 28, 2022. [...]" (2-476) B. By resolution at nineteen hours zero minutes on the thirtieth of May of two thousand twenty-five, the respective procedural transfer was granted (I.503-514 of the main docket). C. By briefs dated July 23, 2025, Messrs. OLGER MENDEZ FALLAS and PAULA MENA COREA answered the lawsuit and filed the preliminary defense of failure to exhaust administrative remedies (i.544-562, 563-581 of the main docket). D- By resolution at thirteen hours forty-six minutes on the ninth of September of two thousand twenty-five, a hearing was granted regarding the answer and exceptions raised (I.712-713 of the main docket) H. On September 16, 2025, the plaintiff responded to the preliminary defense and requested its rejection (i.719-722 of the main docket). II. ARGUMENTS OF THE PARTIES: A. DEFENDANTS OLGER MÉNDEZ FALLAS AND PAULA MENA COREA,: In summary, they indicate that the proceeding is under appeal and the administrative route has not been exhausted. B. PLAINTIFF: Considers that the exhaustion of administrative remedies is mandatory only in matters of public procurement (contratación pública) and municipal regime, and that in the specific case, it is not under any of those circumstances, so the exception must be rejected. III. REGARDING THE EXHAUSTION OF ADMINISTRATIVE REMEDIES: Numeral 31 of the Administrative Contentious Procedure Code expressly states that the exhaustion of administrative remedies shall be optional, except as provided for in Articles 173 and 182 of the Political Constitution, by reason of which such exhaustion is mandatory in municipal matters as well as in administrative procurement (contratación administrativa); an aspect that was confirmed by the Constitutional Chamber in resolution No. 3669-2006, at 3:00 p.m. on March 15, 2006, where it was indicated that exhaustion, as a prerequisite for access to judicial protection, is unconstitutional, as it constitutes an unjustified privilege in favor of the public administration, except for two exceptions whose justification derives from the express existence of constitutional norms that establish the mandatory nature of exhaustion in those two matters. The exhaustion of administrative remedies in municipal matters derives from Article 173 of the Political Constitution, which establishes: "ARTICLE 173.- Municipal Agreements may be: 1) Objected to by the official indicated by law, in the form of a reasoned veto; 2) Appealed by any interested party. In both cases, if the Municipality does not revoke or reform the objected or appealed agreement, the record shall be forwarded to the Court dependent on the Judicial Branch indicated by law for final resolution.". For its part, the exhaustion of administrative remedies in matters of administrative procurement proceeds from ordinal 182 of the Political Constitution, which establishes: "ARTICLE 182.- Contracts for the execution of public works entered into by the Branches of State, the Municipalities, and autonomous institutions, purchases made with funds from those entities, and the sales or leases of goods belonging to the same, shall be made through public bidding, in accordance with the law regarding the respective amount." IV.- ABOUT THE SPECIFIC CASE: In the specific case, as observed from the claims raised by the plaintiff, the nullity of a series of acts emanating from SINAC is sought, and consequently that the STATE and SINAC be declared liable for the damages caused. This being so, it is clearly inferred that the matter under discussion is not municipal or administrative procurement, but rather constitutes a typical contentious-administrative proceeding. Thus, not being in the presence of ordinary municipal matters nor of administrative procurement, the exhaustion of administrative remedies is not mandatory. This being so, the appropriate course is to REJECT the preliminary defense filed, as the exhaustion of administrative remedies is not required in this specific case. Consequently, continue with the proceedings. THEREFORE For the reasons of fact and Law set forth, the preliminary defense of failure to exhaust administrative remedies filed by the Municipality of Cartago is REJECTED, and consequently, continue with the proceedings. NOTIFY, LICDA. ALANA FONSECA LOBO, JUDGE.- - Verification Code - 43XP47GM0DBS61 Document signed by: ALANA DE LOS ANGELES FONSECA LOBO, JUDGE/PROCESSING OFFICER EXP: 23-007643-1027-CA Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Phones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected] It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 12:35:03. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República