Res. 09643-2025 Tribunal Contencioso Administrativo — Partial compliance with municipal ruling on wastewater dischargeCumplimiento parcial de condena municipal por vertido de aguas residuales

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 09643 - 2025

Fecha de la Resolución: 06 de Octubre del 2025 a las 14:19

Expediente: 12-000784-1027-CA

Redactado por: Carlos Gongora Fuentes





Texto de la resolución

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EXPEDIENTE:

	

12-000784-1027-CA - 0




PROCESO:

	

EJECUCIÓN DE SENTENCIA (LRJCA)




ACTOR/A:

	

CARLA VANESSA FENG  NG




DEMANDADO/A:

	

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA

 N° 2025009643

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las catorce horas con diecinueve minutos del seis de Octubre del dos mil veinticinco.-

 

 Se conoce Ejecución de Sentencia dentro del proceso incoado por VERA GARITA ARAYA contra MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA.-

CONSIDERANDO

I.- ACTOS PROCESALES DE IMPORTANCIA: En la tramitación de la presente causa se aprecian como actos procesales de importancia los siguientes: a.- Por escrito de fecha 27 de setiembre de 2021, la parte actora presenta liquidación dentro del proceso de ejecución, y solicitud de nombramiento de un perito judicial que determine el daño material ocasionado a la finca. (imágenes 30 a 42).- b.- Por auto de dos de marzo de dos mil veintidós se realiza el traslado de la liquidación, a la demandada: Municipalidad de San Rafael de Heredia. (imagen 51).- c.- Por escrito de fecha 08 de marzo de 2022, la representación de la parte actora, realiza una ampliación a los escritos de liquidación. (imágenes 52 a 57).- d.- Por memorial de fecha 16 de marzo de 2022, la Municipalidad de San Rafael de Heredia, ofrece manifestaciones a la liquidación presentada por la actora. (imágenes 63 a 64).- e.-  Por auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se realiza el traslado al demandado, por la ampliación de los escritos de liquidación. (imagen 67).- f.- Por memorial de fecha 06 de junio de 2023, la municipalidad comunica los trámites realizados a fin de cumplir con lo ordenado en la sentencia N°67-2021-V. (imágenes 90 a 93).- g.- Por auto de seis de junio de dos mil veintitrés se pone en conocimiento a la actora, los trámites realizados por la municipalidad. (imagen 94).- h.- Por escrito de fecha 10 de junio de 2023, la parte actora, presenta escritos donde expone la falta de trámites por parte de la municipalidad de San Rafael de Heredia, y solicita el nombramiento de un perito que valore el daño material ocasionado a la finca. (imágenes 102 a 113).- i.- Por memorial de fecha 12 de junio de 2023, la municipalidad aporta comprobante de depósito por el daño moral subjetivo.(imágenes 115 a 116).- j.- El Ing. Olman Arturo Aguilar Ureña, presenta su informe pericial. (imágenes 249 a 261).- k.- Por auto de primero de agosto de dos mil veinticuatro se pone en conocimiento de las partes, el informe pericial presentado por El Ing. Olman Arturo Aguilar Ureña. (imagen 262).- l.- Por escrito de fecha 06 de agosto de 2024, la parte actora, expone manifestaciones con respecto a la pericia realizada, solicitando aclaración y adición de la misma. (imágenes 267 a 268).- m.- Por auto de siete de agosto de 2024, se da audiencia al perito judicial para que ofrezca aclaración y adición a la pericia presentada. (imagen 271).- n.- En fecha 05 de setiembre de 2024, el Ing. Olman Arturo Aguilar Ureña, presenta aclaración y adición al informe pericial.(imagen 283).- o.- Por auto de cinco de setiembre de dos mil veinticuatro, se pone en conocimiento de las partes, la aclaración y adición informe pericial presentado por El Ing. Olman Arturo Aguilar Ureña. (imagen 264).- p.- Por escrito de fecha 06 de setiembre de 2024, la parte actora, expone manifestaciones con respecto a la aclaración y adición de la pericia realizada. (imagen 268).- q.- Por auto de veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro se convoca a todas las partes a participar de la audiencia virtual-presencial, a celebrarse el día 13 de noviembre del año 2024. (imágenes 308 a 315).- r.- Por escrito la Municipalidad ofrece prueba adicional. (imagen 330 a 377 del legajo).- s.- Por minuta de 09:08 horas del día 13 de noviembre de 2024 se consigna audiencia oral de ejecución. (imagen 378 a 383 del legajo).- t.- Por escrito de 16 de noviembre de 2024, la representación de la parte actora formula conclusiones a la audiencia oral. (imagen 384 a 391 del legajo).- u.- Por memorial de la Municipalidad de San Rafael de Heredia formula conclusiones. (imagen 392 a 405 del legajo).-

II.- HECHOS PROBADOS: Se tienen como hechos probados para el dictado de la presente resolución los siguientes: Por sentencia Nº 67-2021-V, de la Sección Quinta de este Tribunal de las once horas treinta minutos del veintisiete de julio del dos mil veintiuno dispone: "POR TANTO: Se rechaza el reconocimiento judicial ofrecido como prueba para mejor resolver por la parte actora. Se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva. Se declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta por Vera Garita Araya contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia, en los siguientes términos, entendiéndose por denegada en lo que no se indique de manera expresa: 1) Se ordena a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, que en el plazo de 6 meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia, deberá realizar las obras de infraestructura que sean necesarias tanto en la Urbanización Nueva Jerusalén como el inmueble propiedad de la actora (matrícula de folio real 63408-001 y 002), a fin de recolectar y transportar en forma adecuada y sanitaria hasta su punto de vertido, las aguas pluviales que en razón de la topografía del terreno, discurren por la finca con matrícula de folio real 63408-001 y 002 inscrita a nombre de la accionante, debiendo informar al término de dicho plazo, a las personas Juzgadoras de la fase de Ejecución de Sentencia de este Tribunal, las medidas concretas que se adoptaron para cumplir lo aquí ordenado. 2) Se ordena a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, que en el plazo de 6 meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia, deberá realizar las obras de infraestructura que sean necesarias tanto en la Urbanización Nueva Jerusalén como el inmueble propiedad de la actora (matrícula de folio real 63408-001 y 002), a fin de recolectar y transportar en forma adecuada y sanitaria hasta su punto de vertido, las aguas residuales que en razón de la topografía del terreno, discurren por la finca con matrícula de folio real 63408-001 y 002 inscrita a nombre de la accionante, obras que deberán adecuarse a lo dispuesto en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo 33601 o el que estuviere vigente); Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo 39887-S-MINAE o el que estuviere vigente); Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (número 6303 vigente desde el 31 de julio del 2018), sin perjuicio de la demás normativa legal o reglamentaria que resulte aplicable. La Municipalidad demandada, al término de dicho plazo, deberá informar a las personas Juzgadoras de la fase de Ejecución de Sentencia de este Tribunal, las medidas concretas que se adoptaron para cumplir lo aquí ordenado. 3) No obstante lo anterior, la Municipalidad demandada deberá aplicar con posterioridad a la notificación de esta sentencia, las medidas correctivas que conforme a la ciencia y a la técnica deban llevarse a cabo, a fin de tratar de manera provisional el problema de vertido de aguas residuales provenientes de la Urbanización Nueva Jerusalén, debiendo informar cada tres meses a las personas juzgadoras de la fase de ejecución de sentencias, acerca de las acciones concretas que se han tomado y los resultados obtenidos para tal efecto, ello hasta tanto no se ejecute la solución definitiva para tratar el problema de vertido de aguas residuales que aqueja al inmueble de la actora. 4) Conforme a lo dispuesto en el artículo 122 inciso m) subinciso ii) del Código Procesal Contencioso Administrativo, se condena en abstracto a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, al pago del daño material causado a la finca 63408-001 y 002 propiedad de la actora, cuya cuantía se determinará en la fase de ejecución de sentencia de este Tribunal. La suma que en definitiva se conceda por este rubro, devengará los intereses de ley contados desde el 06 de agosto del 2009 -fecha en que la actora planteó la denuncia ante la Municipalidad de San Rafael de Heredia- y hasta su efectivo pago. 5) Se condena a la Municipalidad de San Rafael de Heredia al pago de cinco millones de colones (¢5.000.000,00) por concepto de daño moral subjetivo, cuya liquidación efectiva y su debido reajuste, se realizará en la vía de ejecución de sentencia, una vez que este pronunciamiento adquiera firmeza. Sobre esta suma deberán pagarse los intereses de ley, los cuales se contarán a partir de la firmeza de este fallo. 6) Se impone el pago de ambas costas a la parte demandada, extremos que se liquidarán en la fase de ejecución de sentencia de este Tribunal".-

III.- OBJETO DE LA EJECUCIÓN: En su escrito la parte peticiona A.- DAÑO MATERIAL: Se estima prudencialmente en la suma de cien millones de colones sin perjuicio de lo que determine el perito.- B.- COSTAS PROCESALES, pago de timbres de Abogado por diez mil colones, pago perito trescientos mil colones, pago de copias por cinco mil colones, para total de trescientos quince mil colones. C.- COSTAS PERSONALES: Por honorarios del abogado un millón de colones más ciento treinta mil colones en IVA.- D.- INTERESES: Que van de 18 de agosto de 2021 a 18 de setiembre de 2021 para doce mil trescientos noventa y cinco colones.-

IV.- PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER: En la especie, durante la audiencia oral de ejecución se ofrece prueba para mejor resolver por parte de la corporación municipal, manifiesta que la prueba adicional aportada el 13 de noviembre de 2024, la Municipalidad justifica que es de suma importancia por cuanto, a) Expediente administrativo certificado. Este expediente es fundamental y no se trata de una prueba aventurada como lo deja entrever el apoderado de la actora, sino que por el contrario es una prueba específica relacionado concreta y exclusivamente con la finca de Heredia, matrícula 63408-000, que contiene las declaraciones presentadas y firmadas por la misma actora, y que tal y como reconoció el perito, no fue consultad por el, pese a que tenia no solo la autoridad para solicitarlo, sino también la obligación de hacerlo para corroborar los alcances de sus manifestaciones a nivel administrativo inmobiliario. Este expediente contiene las pruebas necesarias que permiten demostrar las inconsistencias presentes en el peritaje realizado por el ingeniero Olman Arturo Aguilar Ureña y las contradicciones expuestas por él mismo en audiencia; específicamente lo referente al valor de la propiedad, la plusvalía y la admisión expresa de la actora mediante declaración jurada de que el terreno es apto para el uso agropecuario indicando que se encuentra en explotación agropecuaria sembrado de café.--- b) Oficio DPUT-244-2024. En el presente oficio, emitido por el ingeniero Erick Camacho Sánchez, director de Planificación Urbana y Territorial, se realiza un informe sobre el área aproximada de afectación por el paso de aguas en el terreno inscrito bajo el folio real 4-63408-000 y sobre el uso de suelo y regulaciones urbanísticas generales que le aplican. Entre las acotaciones realizadas encontramos: Que la propiedad se encuentra ubicada dentro de la Zona Especial de Protección, de conformidad con el Decreto N°25902-MIVAH-MP-MINAE, el cual indica que esta zona tendrá un uso predominantemente agrícola y que en esta zona “solo es permitido la construcción de una vivienda por finca para uso del propietario o los propietarios y otras construcciones necesarias para usos de las fincas (...)”; de este argumento se desprende que no es posible construir en la propiedad ninguna otra vivienda y mucho menos un proyecto residencial como proyecta el perito. En cuanto a las aguas que discurren por el cauce que afecta la propiedad de la actora, el artículo 20 de la Ley General de Caminos Públicos, tomando en consideración lo anterior, el plano catastrado H-481-1966, así como las inspecciones realizadas en su momento, verifican que propiedad 4-63408-000 perteneciente a la actora, se encuentra afectada por un cauce de aguas que discurre de norte a sur y que proviene de otras propiedades con un nivel topográfico mayor, que en dicho cauce discurren aguas pluviales provenientes de la calle pública y de algunas viviendas, que algunas de las viviendas desfogan las aguas residuales a la vía pública, provocando que parte de dichas lleguen al cauce que existe en la propiedad de la actora, lo que provoca que en época de verano se estanque y produzca malos olores. Sin embargo, dicho cauce no es posible cerrarlo, ya que tomando en cuenta la topografía del sitio, por naturaleza parte de las aguas pluviales provenientes de los terrenos colindantes y de la vía pública, esta situación encaja en la contemplada en el artículo 20 de la Ley General de Caminos Públicos. Se encuentra la Municipalidad de San Rafael de Heredia en una disyuntiva, ya que como es debido no puede contradecir lo establecido en la Ley, asimismo, demuestra que dicha entidad no ha actuado de mala fe. El perito declara que él nunca realizó un estudio con las curvas de nivel de la propiedad para emitir el informe pericial, a pesar de esta omisión él afirma que la propiedad tiene pendientes y que efectivamente existen afectaciones en la zonas más bajas, pero no cuenta con una referencia en las curvas de nivel; contrario a esto en el informe pericial de la Municipalidad de San Rafael contenido en el Oficio DPUT-244-2024, se aclara que la propiedad se encontraba en una zona más baja afectada, pero que sin embargo, es una zona relativamente pequeña según el gráfico visible en el informe.--- c) Oficio SCM-242-2024. En el cual se transcribe el acuerdo municipal #2 de la sesión ordinaria del Concejo Municipal #26-2024 celebrada el 12 de agosto del 2024, en él se aprobaron las Políticas de Manejo (Fase 3) del Proyecto Estudios Hidrogeológicos para los Planes Reguladores, para el cantón de San Rafael. En este acuerdo, se establece que la cobertura de construcción se amplía al pasar de un 30% a un 70%; es decir, la propiedad ya se encuentra autorizada para construir casi en su totalidad, lo cual otorga un mayor valor a la propiedad. Este acuerdo no fue tomado en cuenta por el perito a la hora de realizar la ampliación del peritaje y así mismo lo declaró en audiencia, es evidente que no realizó la consulta en la Municipalidad de San Rafael de las modificaciones de uso de suelo, lo cual no es concordante con lo importante que resulta esta información en un peritaje de valoración de propiedad. Por lo expuesto, es evidente que Oficio SCM-242-2024 que certifica el acuerdo tomado en la sesión ordinaria del Concejo Municipal #26-2024 celebrada el 12 de agosto del 2024, debe ser admitida como prueba, debido a su relevancia para la resolución del caso que nos ocupa, toda vez que se refiere concretamente a un acuerdo específico que se tomó para la zonificación donde se encuentra específicamente el bien inmueble objeto de esta Litis, propiedad de la actora, y que le beneficia directamente en el tanto modifica la cobertura del inmueble, permitiéndole construir ya no un 30%, sino ahora un 70%; y este factor no fue considerado por el perito, pese a que la ampliación del peritaje es posterior a la aprobación de dicho acuerdo.--- MANIFESTACIÓN ACTORA SOBRE PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER: La parte actora sobre la audiencia para referirse a la prueba para mejor resolver ofrecida por la Municipalidad expone que la misma es extemporánea, impertinente, sin fundamentación, y errónea.- Criterio del Tribunal: Este juzgador estima que la prueba ofrecida aporta elementos de juicio valiosos y necesarios para el dictado de la presente sentencia, que contribuyen a la búsqueda de la verdad real, y en la valoración de los extremos que se liquidan, puesto que refieren a elementos que se desarrollarán de seguido, por ende, se admite.-

V.- ALEGATOS DE LAS PARTES: A.- DE LA PARTE ACTORA: Por escrito la parte actora formula sobre observaciones y conclusiones: DE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER: De la PMR es extemporánea, impertinente, sin fundamentación, y errónea.--- SOBRE CONCLUSIONES: Indica que versará únicamente en relación con el monto del daño material, su procedencia así como su fundamentación jurídica y fáctica. 1.- DEL DAÑO MORAL: Primero es cierto que se le pagó a doña Vera la suma de cinco millones de colones por daño moral. 2.- DEL DAÑO MATERIAL: Manifiesta que la sentencia firme, determinó que el pago de este daño sería en abstracto y nos envían a la vía de ejecución de fallo para su debida determinación y cobro. Por ende, con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Municipalidad no ha hecho labores de ingeniería civil o sanitaria para mitigar la contaminación. El perito fue claro en señalar que no hay obras civiles de creación de tanques sépticos, de entubamiento de dichas aguas así como de recolección de aguas servidas y de lluvias en la susodicha Urbanización. Más bien señalo claramente que debe hacerse un tanque metálico donde está ubicado el Play de niños para construirlo y mitigar la contaminación, la cual no se ha hecho en los más de veinte años de tener vigencia el proceso. Lo único que hizo es construir un caño al frente de la calle pública para supuestamente recibir las aguas servidas y de lluvia que atraviesan a la propiedad como la gran cosa, obra que es inútil y no resuelve el problema, sin tomar en cuenta que la contaminación actual sigue vigente y creciendo afectando al inmueble. Hay que enfatizar que las aguas contaminadas de la Urbanización Municipal Nueva Jerusalén se mezclan con las aguas de lluvia, la cuales –por falta de un adecuado medio de acopio y tratamiento en la Urbanización-entran en mi propiedad lavando las diferentes capas del suelo y provocando no solo malos olores sino también la perdida de los cultivos, siendo en esto ultimo claro, muy enfático el perito ambiental que esos productos, café, frutales y plátanos, no se puede usar para consumo humano ni animal por la contaminación. 2.- la contaminación deterioró toda la finca, que el daño económico hecho a la finca es grave y tanto el perito que valora el daño material como el que valoro el daño moral, que por disposición municipal, usan como “vertedero” la finca de mi representada con lo que se ha usado como botadero sin el consentimiento de ella y violándose toda la normativa legal aplicable. Además, no se puede sembrar nada porque el suelo quedo contaminado, no se puede construir por cuanto -como indico el perito- lo que quedo gracias a la contaminación de aguas sucias es una arcilla que si se construye algo allí, sea lo que sea, quedaría "flotando" con lo que habría que hacer una obra descomunal de descontaminación y subsanación del terreno, para construir algo allí (que además de caro, sería impracticable). Finalmente, está la contaminación al lado del lindero este de la finca donde transcurren en forma irresponsable las aguas de la Urbanización así como las aguas llovidas de la misma. Es una cosa peor que una cloaca: El olor es insoportable en verano porque si bien las aguas se evaporan, los olores quedan y se difuminan no solo por el terreno de doña Vera sino también por todo el vecindario. En invierno, las aguas contaminadas inundan la finca, erosionando la tierra, dejándola peor cada día. Ademas, hay que ver que por ser zona protegida, no es posible segregar terrenos con lo que hace peor la situación de la finca. 3. La amenaza a la salud social y de terceros, se advierte que es un peligro para los niños que juegan en el parque infantil porque la contaminación y las aguas nauseabundas que hay sin tratamiento en la Urbanización y que recorren contaminando la finca de mi representante, representan un grave peligro para ellos, que son más propensos a enfermedades derivadas de esos hechos. 4.- Deterioro de la plusvalía:  Uno, que en el lindero este tiene una gran contaminación que afecta todo el entorno de tal manera, con todo respeto, ni para chanchera sirve. La finca no vale nada ni para hacer algo sirve. Dos. Tardaría años en revalorizarse y eso está en la “cola de un venado”. Habría que hacer una labor de ingeniería descomunal, esperar más de una década para la posible regeneración del terreno, amen de ello, como el terreno quedo acuoso según el perito, cualquier construcción, sea un simple rancho o una mansión, quedaría “flotando” con lo que nadie en su sano juicio construiría allí dado que saldría impráctico y caro. Dada la inercia municipal, el problema persistirá “per saecula saeculorum” y la finca no se podrá usar nunca y no solo la finca, sino también las áreas colindantes y los vecinos verán deterioradas sus casas y fincas. En conclusión deberá aprobarse el daño material en la suma de ciento sesenta y un millones de colones tomando en cuenta que se trata de un daño debidamente justipreciado y determinado por hechos contundentes en la prueba presentada, amén de ello, también deberá valorarse la desobediencia municipal en lo que atiene al fallo en el cumplimiento de las costas personales y procesales causadas en la demanda, en la realización de las obras que se le pidieron expresamente que hiciera (desobedeciendo ademas las ordenes emitidas por el Ministerio de Salud  así como deberá declararse con lugar el pago del daño material con el pago de las costas de la ejecución a cargo de la accionada).--- B.- DE LA PARTE EJECUTADA (MUNICIPALIDAD): Por memorial de la Municipalidad de San Rafael de Heredia formula conclusiones. Dicha parte manifiesta que:  DEL DAÑO MORAL: En cuanto al monto por daño moral condenado en sentencia, tal y como se pudo acreditar, la Municipalidad de San Rafael de Heredia realizó el pago de cinco millones de colones por concepto de daño moral, monto que fue así ordenado. DEL DAÑO MATERIAL: La actora inicia el presente proceso de ejecución para cobrar el daño material que dice haber sufrido su propiedad, este monto es fijado en ₡171.192.960,00 (ciento setenta y un millones ciento noventa y dos mil novecientos sesenta colones); monto que, como ya se indicó, fue obtenido del cálculo realizado por el perito ingeniero Olman Arturo Aguilar, quien para fijar el precio tomó en cuenta valores comerciales de dos terrenos en el vecindario, que por el juego de la compra-venta tienden a ser mucho más altos y no deberían ser usados como parámetros de valoración. Así como, el no detrimento del valor de la propiedad contemplando los factores que permiten conservar la plusvalía de la misma (lo referente a la plusvalía será ahondado en el apartado siguiente). Aunado a las inconsistencias del peritaje que han sido expuestas, es importante recalcar que el perito reconoce expresamente que no consultó en la Municipalidad de San Rafael sobre los usos de suelo, tampoco zonificación, ni tampoco revisó expedientes de bienes inmuebles en el cual se acredita que la actora ha realizado una declaración de uso agropecuario para beneficios tributarios; declarando bajo fe de juramento que la propiedad tiene uso apto en su totalidad para uso agropecuario, declaraciones hecha incluso después a la emisión del fallo que está pretendiendo ejecutar en este proceso; para lo cual adjunto imagen del folio 22 del expediente administrativo con fecha del 09 de enero de 2023, en donde indica la actora que desarrolla actividad agropecuaria, específicamente de siembra de café, guineos, banano y árboles frutales. En la lista de inconsistencias, de conformidad con lo dicho por el mismo perito, éste afirma haber utilizado un “banco de datos propios” para realizar el peritaje, banco proveniente de trabajos anteriores, como por ejemplo indico “de propiedades ubicadas en San Pablo de Heredia”. Esta afirmación demuestra la inconsistencia de la valoración y pericia realizada por lo siguiente: San Pablo de Heredia es un cantón con características de zonificación muy diferentes a San Rafael de Heredia; San Pablo cuenta un Plan de Ordenamiento Territorial o Plan Regulador que es un instrumento jurídico de planificación local para la gestión del suelo en el municipio con una Zonificación específica; mientras que la Municipalidad de San Rafael de Heredia no cuenta con uno propio para su zonificación, por lo cual se rige por el Decreto Nº 25902-MIVAH-MP-MINAE. Estamos así, ante una contradicción del peritaje insalvable, que no deja lugar a dudas en que la estimación carece de contenido técnico jurídico para sustentar las pretensiones de la actora. De importante consideración es lo referente a la parcialidad visible en el perito, este mismo manifiesta tener un interés directo y que él quería que esa contaminación se detuviera, misma inconsistencia se encuentra cuando afirma que el terreno lo analizó como si fuera de él; lo cual da a entender que existe un tipo de interés directo en el proceso y evidenciando una parcialidad. Sobre la plusvalía se destaca que la propiedad se encuentra actualmente en una zona de uso residencial, asimismo, este factor se ve contribuido a que el Concejo Municipal de San Rafael de Heredia, en Sesión Ordinaria #26-2024 celebrada el 12 de agosto de 2024, acuerda las políticas del manejo de los estudios hidrológicos, en los cuales se permite que la cobertura de construcción pase de un 30% a un 70%; es decir, la propiedad ya no se encuentra limitada debido a la ampliación del porcentaje de construcción de la misma, otorgándole así un mayor valor a la propiedad.--

VI.- DE LA PRUEBA PERICIAL: En su informe el perito judicial Ing. Olman Aguilar Ureña indica según rubros siguientes: área igual a 4755.36 m2; valor unitario por ¢36.000/m2 al 20 de julio de 2024; valor real mínimo ¢171.192.960 sin contaminación tóxica por aguas residuales, mayoritariamente provenientes por gravedad de la Urbanización Nueva Jerusalen; valor unitario de rescate por ¢2.000/m2; valor real de rescate actual ¢9.510.720; valor del daño económico a los propietarios por la suma de ¢161.682.240.-  En el informe de ampliación y aclaración a la pericia inicial el Ing. Aguilar Ureña realiza las conclusiones -en lo medular- que el daño económico por 161.000.000 es relativo, y está creciendo por la contaminación diaria con las aguas residuales, por eso lo estima como mínimo, que si bien la finca puede regenerarse sólo si funciona la Planta de Tratamiento de aguas residuales, en un estimado de descontaminación de 10 a 20 años. Apunta que si se puede usufructuar la finca, siempre y cuando la contaminación sea baja y no ponga en riesgo la salud de las personas. Acota que las obras de la Municipalidad han tenido efectos negativos, pues pasó a no servir para nada y perder su valor, que el Parque Infantil debe trasladarse, y que la Municipalidad no debe dar permisos de construcción sin planta de tratamiento de aguas servidas.---

VII.- DEL BLOQUE NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE: A.- DEL PRINCIPIO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA: De acuerdo con los artículos 153 constitucional y 1°, pfo 2°, de la Ley Orgánica del Poder Judicial corresponde a los Tribunales conocer las causas que la Constitución y la ley le señalan, resolverlas definitivamente y "ejecutar las resoluciones que pronuncie", sea, la ejecución plena e íntegra de las sentencias dictadas por el Tribunal de juicio, cuando contengan una obligación de hacer, de no hacer o de dar, y estas no sean cumplidas voluntariamente por la parte obligada”. (CPCA, art. 156.3). La ejecución de la sentencia es parte esencial del derecho a la tutela judicial efectiva e imprescindible para la efectividad del fallo definitivo y firme, en los términos que consigna, sin alteración o desnaturalización. A ese fin, el CPCA establece que “En la fase de ejecución de sentencia, el Juez ejecutor tendrá todos los poderes y deberes necesarios para su plena efectividad y eficacia” (art. 155.2). “La sentencia deberá ser cumplida, en la forma y términos consignados en ella” (art. 156.1). “La sentencia firme del Tribunal deberá ser ejecutada de inmediato (…)” (art. 157). Los ordinales 161 inc. b, 162, 175.1, etc), garantizan la satisfacción real del derecho declarado a favor de la parte victoriosa. “El derecho a la tutela judicial efectiva requiere que la resolución judicial se cumpla, de lo contrario el reconocimiento de derechos establecidos en ella será vano, una mera declamación de intenciones, con grave lesión a la seguridad jurídica. La sentencia a que da lugar la demanda termina una etapa del proceso (la de conocimiento), pero no el proceso mismo, que continúa en una segunda etapa (la de ejecución) y que termina cuando se ha satisfecho la pretensión del accionante." (Sala Primera de la Corte, sentencia 348-2016). “Sería inaceptable que una sentencia quede en letra muerta y nunca sea llevada a la realidad, aniquilando sus efectos. Por eso, el juez cumple una función de garante, y se encuentra obligado a velar por la plena y efectiva ejecución, tanto de forma ágil como real.” (Sala Primera de la Corte, sentencias 675-2007, 1443-2012, 122-2016 y 2409-2022). B.- DEL PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD DE LA COSA JUZGADA EN LA FASE DE EJECUCIÓN: El artículo 156 inciso 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo, indica que “1) La sentencia deberá ser cumplida, en la forma y los términos consignados por ella”.- En este sentido la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante su resolución de las 11:45 horas del 12 de octubre de 2021, ha manifestado: “V.- En otro orden de ideas, en lo concerniente a que el Juzgado no otorgó los daños y perjuicios pretendidos, se hace necesario recordar, esta Cámara ha dispuesto: “El proceso de ejecución de sentencia procura materializar la condena -abstractaimpuesta al perdidoso, de otorgar aspectos diferentes -o contrarios- al pronunciamiento que da lugar a la ejecución, o contra personas que no resultaron condenadas, se vulnera la cosa juzgada (al respecto, se puede consultar el fallo de esta Sala no. 001360-F-S1-2017 de las 15 horas del 07 de noviembre de 2017)”. Fallo no. 383 de 9 horas 50 minutos del 9 de mayo de 2019. Consecuentemente, tanto lo ejecutado como lo que se conceda en la sede de cita debe corresponderse con lo declarado en la sentencia que se ejecuta. De ahí, en esta clase de proceso se pretende ajustar a la situación de hecho la norma individual amparada en el fallo ejecutoriado, con el propósito de garantizar el derecho de la parte amparada. Por ello, el objeto es proporcionarle efectividad a lo mandado en la sentencia de condena para satisfacer el interés de la ejecutante, en cuanto resultó victoriosa en sede constitucional. Por consiguiente, solo se admiten en la vía de ejecución las pretensiones referidas a brindar efectividad a lo ordenado en el fallo de condena. La trascendencia y contenido de lo que se disponga en esta fase son determinados por lo fijado en la sentencia que se ejecuta. Los límites subjetivos y objetivos del asunto se encuentran definidos por la propia resolución ejecutoria, en correspondencia con los efectos positivos y negativos resultantes y al principio de intangibilidad de la cosa juzgada -artículo 156 del CPCA-. Este principio obliga a que la ejecución deba realizarse con sustento en los propios términos impuestos en el fallo firme, lo cual limita el marco de acción. Como se expresó en el considerando III, la persona juzgadora, resolvió con base en la prueba aportada por la ejecutante, -por lo que distinto a lo argüido, los elementos de convicción si fueron apreciados-, lo acreditado no tenía relación causal con lo otorgado en la sentencia ejecutoriada. … Ha de acotarse el principio de intangibilidad de la cosa juzgada manda que la ejecución se efectúe con fundamento en los términos impuestos en el fallo firme, lo cual limita el ámbito de acción, -artículo 156 del CPCA-. Su objeto es salvaguardar la integridad de las sentencias revestidas con la autoridad de la cosa juzgada material, por lo que la persona juzgadora se encuentra impedida de permitir alguna conducta que altere, elimine, varíe o añada al contenido de la resolución obligaciones adicionales no dispuestas en ella, lo cual se castiga con la nulidad. En consecuencia, no se produce el yerro acusado, dado que si no se concedió lo reclamado por la ejecutante lo fue porque no guarda relación con lo otorgado en la sentencia firme ejecutada. De ahí, procede desestimar el cargo.”.- Ergo, la sentencia revestida de autoridad de cosa juzgada material es inmutable, porque deviene inmodificable, y coercible, al poder ejecutarse forzosamente. La parte cuyo derecho le ha sido declarado en sentencia “puede ejecutar ese fallo sin restricción, en la medida de lo resuelto y el juez no podrá negarse a su cumplimiento” (Tribunal Contencioso Administrativo, voto 101-2021-VI). Sobre esas características de inmutabilidad y definitividad absoluta del derecho declarado, ver del Tribunal Contencioso Administrativo los votos 2006-2002-I, 280-2002- I, 151-2002- II, 130-2008-II, 16-2008-VI; y, de la Sala Primera, las sentencias 740-1999, 481-2000, 680- 2002, 1015-2004, 932-2006 y 111-2015.- C.- DE LA PRUEBA PERICIAL Y OTROS MEDIOS PROBATORIOS: Según expone la doctrina aplicable a la materia, respecto al peritaje debe valorarse que todo perito debe mantener su independencia de criterio y el dictamen debe ser ser imparcial, que en caso de rendirse dictamen pericial privado o judicial, si existen vínculos personales con las partes o interés económico esos son motivos serios para dudar de la sinceridad del perito porque lo que se busca a través de la garantía de la imparcialidad, que no se desvirtué en el proceso su figura de tercero, evitando que por determinadas circunstancias, pueda llegar a dictaminar la cuestión favoreciendo a una de las partes.- Además que la finalidad de la prueba de peritos, consiste en acreditar los hechos que fundamentan las pretensiones de las partes en el proceso, con la particularidad, de que el objeto de la prueba pericial son hechos que no son del común saber de las partes o del juez, de modo que el perito, mediante su informe o dictamen, proporciona al tribunal los conocimientos técnicos necesarios para la valoración de los hechos objeto de la controversia. Se garantiza el mínimo necesario de imparcialidad científica, objetiva, que debe concurrir en el trabajo de examen y emisión del dictamen pericial, cuando el perito actúa conforme con los criterios válidos y vigentes en la disciplina que se trate y los aporta al órgano judicial para su valoración.- La abundante jurisprudencia de la Sala Primera sobre lo relativo a los peritajes ha expuesto: “Es menester señalar que esta Cámara ha expresado, en lo tocante al valor probatorio de los peritajes: (. . .) que tienen como objetivo auxiliar al juez en conocimientos científicos que le son ajenos, pero más que verdades absolutas que sustituyan su criterio, su contenido objetivo y científico, no limita su labor de apreciación; sólo tienen el propósito de orientarlo, aportándole elementos que le permitan apreciar las circunstancias indispensables para la decisión que debe adoptar. Es claro entonces que, apartarse de un criterio técnico, y justificar el propio, lejos de constituir un exceso de poder, es un ejercicio inherente a la labor del juzgador en la apreciación de la prueba (Resolución no. 43-2007 de las 9 horas 10 minutos del 26 de enero de 2007, en igual sentido pueden consultarse las sentencias números 765 de las 15 horas con 40 minutos del 24 de julio de 2009 y 468 de las 10 horas 45 minutos del 7 de abril de 2011). En tesis de principio, queda claro, nada obsta para que un Juzgador se aparte de un criterio pericial, siempre y cuando, justifique de manera racional tal determinación. (…) Cabe resaltar, por la especialidad de la materia propia de una pericia técnica, resulta imprescindible la existencia de contraprueba de igual linaje que desvirtúe las conclusiones del perito (sea que el informe se encuentra alterado o que no corresponde con la realidad). La carga de la prueba, al tenor del mandato 317 del CPC, le atañe a quien alega un derecho o una excepción; por lo tanto, al existir un peritaje donde se cuantifican los daños alegados, para desvirtuar su valor debía aportarse otro elemento probatorio que demostrara, fehacientemente, cuál es el cálculo correcto. De conformidad con lo preceptuado en el inciso 2) del ordinal 90 del CPCA, la parte demandada pudo ofrecer prueba al respecto.”.-

VIII.- DEL CASO EN CONCRETO: En la especie se ejecuta la sentencia Nº67-2021-V, de la Sección Quinta de este Tribunal de las once horas treinta minutos del veintisiete de julio del dos mil veintiuno que -en lo medular- dispone: "POR TANTO: [...] 1) Se ordena a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, que en el plazo de 6 meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia, deberá realizar las obras de infraestructura que sean necesarias tanto en la Urbanización Nueva Jerusalén como el inmueble propiedad de la actora (matrícula de folio real 63408-001 y 002), a fin de recolectar y transportar en forma adecuada y sanitaria hasta su punto de vertido, las aguas pluviales que en razón de la topografía del terreno, discurren por la finca con matrícula de folio real 63408-001 y 002 inscrita a nombre de la accionante, debiendo informar al término de dicho plazo, a las personas Juzgadoras de la fase de Ejecución de Sentencia de este Tribunal, las medidas concretas que se adoptaron para cumplir lo aquí ordenado. 2) Se ordena a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, que en el plazo de 6 meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia, deberá realizar las obras de infraestructura que sean necesarias tanto en la Urbanización Nueva Jerusalén como el inmueble propiedad de la actora (matrícula de folio real 63408-001 y 002), a fin de recolectar y transportar en forma adecuada y sanitaria hasta su punto de vertido, las aguas residuales que en razón de la topografía del terreno, discurren por la finca con matrícula de folio real 63408-001 y 002 inscrita a nombre de la accionante, [...] La Municipalidad demandada, al término de dicho plazo, deberá informar a las personas Juzgadoras de la fase de Ejecución de Sentencia de este Tribunal, las medidas concretas que se adoptaron para cumplir lo aquí ordenado. [...] 4) Conforme a lo dispuesto en el artículo 122 inciso m) subinciso ii) del Código Procesal Contencioso Administrativo, se condena en abstracto a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, al pago del daño material causado a la finca 63408-001 y 002 propiedad de la actora, cuya cuantía se determinará en la fase de ejecución de sentencia de este Tribunal. La suma que en definitiva se conceda por este rubro, devengará los intereses de ley contados desde el 06 de agosto del 2009 -fecha en que la actora planteó la denuncia ante la Municipalidad de San Rafael de Heredia- y hasta su efectivo pago. 5) Se condena a la Municipalidad de San Rafael de Heredia al pago de cinco millones de colones (¢5.000.000,00) por concepto de daño moral subjetivo, cuya liquidación efectiva y su debido reajuste, se realizará en la vía de ejecución de sentencia, una vez que este pronunciamiento adquiera firmeza. Sobre esta suma deberán pagarse los intereses de ley, los cuales se contarán a partir de la firmeza de este fallo. 6) Se impone el pago de ambas costas a la parte demandada, extremos que se liquidarán en la fase de ejecución de sentencia de este Tribunal".- En consecuencia se aprecian como extremos reconocidos: A.- DAÑO MORAL SUBJETIVO: En los autos se tiene por acreditado que por memorial de fecha 12 de junio de 2023, la Municipalidad aporta comprobante de depósito por el daño moral subjetivo, mismo que fue girado y pagado a la parte actora por depósito 13082703 y 1112124, por lo que se tiene por cumplido este extremo y así se declara.-- B.- OBRAS PARA AGUAS RESIDUALES Y AGUAS PLUVIALES: En la sentencia firme que se ejecuta, el Tribunal de Juicio dispuso -en lo conducente- al abordaje de las aguas pluviales y a las aguas residuales, en este aspecto específico indicó: "que deberá realizar las obras de infraestructura que sean necesarias tanto en la Urbanización Nueva Jerusalén como el inmueble propiedad de la actora (matrícula de folio real 63408-001 y 002), a fin de recolectar y transportar en forma adecuada y sanitaria hasta su punto de vertido, las aguas residuales que en razón de la topografía del terreno, discurren por la finca con matrícula de folio real 63408-001 y 002 inscrita a nombre de la accionante, obras que deberán adecuarse a lo dispuesto en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo 33601 o el que estuviere vigente); Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo 39887-S-MINAE o el que estuviere vigente); Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (número 6303 vigente desde el 31 de julio del 2018), sin perjuicio de la demás normativa legal o reglamentaria que resulte aplicable.- La parte ejecutante alega que el municipio no ha cumplido este mandato judicial, y en el peritaje no se acredita la realización de lo dispuesto por este Tribunal. Además que que la Municipalidad no ha hecho labores de ingeniería civil o sanitaria para mitigar la contaminación, que el peritaje indica fue claro en señalar que no hay obras civiles de creación de tanques sépticos, de entubamiento de dichas aguas así como de recolección de aguas servidas y de lluvias en la susodicha Urbanización, más bien señalo claramente que debe hacerse un tanque metálico donde está ubicado el Play de niños para construirlo y mitigar la contaminación, la cual no se ha hecho en los más de veinte años de tener vigencia el proceso. Lo único que hizo es construir un caño al frente de la calle pública para supuestamente recibir las aguas servidas y de lluvia que atraviesan a la propiedad como la gran cosa, obra que es inútil y no resuelve el problema, sin tomar en cuenta que la contaminación actual sigue vigente y creciendo afectando al inmueble.--- Por otro lado, la Municipalidad por el Oficio DPUT-244-2024, emitido por el ingeniero Erick Camacho Sánchez, director de Planificación Urbana y Territorial, rinde un informe sobre el área aproximada de afectación por el paso de aguas en el terreno inscrito bajo el folio real 4-63408-000, dicha prueba para mejor resolver ofrecida y admitida, reconoce lo siguiente: "En cuanto a las aguas que discurren por el cauce que afecta la propiedad de la actora, el artículo 20 de la Ley General de Caminos Públicos, tomando en consideración lo anterior, el plano catastrado H-481-1966, así como las inspecciones realizadas en su momento, verifican que propiedad 4-63408-000 perteneciente a la actora, se encuentra afectada por un cauce de aguas que discurre de norte a sur y que proviene de otras propiedades con un nivel topográfico mayor, que en dicho cauce discurren aguas pluviales provenientes de la calle pública y de algunas viviendas, que algunas de las viviendas desfogan las aguas residuales a la vía pública, provocando que parte de dichas lleguen al cauce que existe en la propiedad de la actora, lo que provoca que en época de verano se estanque y produzca malos olores. Sin embargo, dicho cauce no es posible cerrarlo, ya que tomando en cuenta la topografía del sitio, por naturaleza parte de las aguas pluviales provenientes de los terrenos colindantes y de la vía pública, esta situación encaja en la contemplada en el artículo 20 de la Ley General de Caminos Públicos. Se encuentra la Municipalidad de San Rafael de Heredia en una disyuntiva, ya que como es debido no puede contradecir lo establecido en la Ley, asimismo, demuestra que dicha entidad no ha actuado de mala fe.".- Criterio del Tribunal: En razón de la normativa aplicable a la causa, lo dispuesto por el Tribunal de Juicio, alegatos y pruebas ofrecidas este juzgador estima que no se ha cumplido en forma eficaz, efectiva y fiel lo dispuesto en la sentencia de rito, dado que no se acredita la realización de las obras de infraestructura que sean necesarias tanto en la Urbanización Nueva Jerusalén como el inmueble propiedad de la actora (matrícula de folio real 63408-001 y 002), a fin de recolectar y transportar en forma adecuada y sanitaria hasta su punto de vertido, las aguas residuales que en razón de la topografía del terreno, por lo que las mismas partes aceptan que las aguas continúan discurriendo por la finca con matrícula de folio real 63408-001 y 002 inscrita a nombre de la accionante.- No se ha demostrado en los autos ni informado periódicamente a este Tribunal el tipo de obras, cantidad, diseño, forma, costo, y demás aspectos técnicos, que deberían tomarse, conforme lo dispuesto en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo 33601 o el que estuviere vigente); Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo 39887-S-MINAE o el que estuviere vigente); Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (número 6303 vigente desde el 31 de julio del 2018), sin perjuicio de la demás normativa legal o reglamentaria que resulte aplicable. En esta tesitura, la Municipalidad se limita a alegar que no puede cerrar el cauce, y que se encuentra en una disyuntiva, sin plantear diferentes opciones, escenarios o alternativas viables para dar cumplimiento a la sentencia tanto en lo relativo a las aguas pluviales como residuales. Ahora bien, la misma sentencia de juicio dispuso además: "La Municipalidad demandada, al término de dicho plazo, deberá informar a las personas Juzgadoras de la fase de Ejecución de Sentencia de este Tribunal, las medidas concretas que se adoptaron para cumplir lo aquí ordenado.", se acredita en los autos, la omisión palmaria  de esos informes, por lo que queda de manifiesto un evidente incumplimiento por parte del Gobierno Local, por ende, conforme el ordinal 156 ss y concordantes del CPCA, así como el principio de intangibilidad de la cosa juzgada, acreditado el incumplimiento se debe ordenar a la Municipalidad el cumplimiento efectivo, eficaz y fiel a la resolución de fondo mediante las obras necesarias, según los parámetros establecidos por la sentencia del Tribunal de Juicio, e informar a esta Área de Ejecución en el plazo de seis meses, de la realización de dichas obras, so pena de aplicar -según corresponda- las acciones, sanciones y/o multas dispuestas en el CPCA, y así se debe dictar.- C.- DAÑO MATERIAL: DE LA PARTE ACTORA/EJECUTANTE: La parte ejecutante estima prudencialmente en la suma de cien millones de colones sin perjuicio de lo que determine el perito, además en las conclusiones afirma que deberá aprobarse el daño material en la suma de ciento sesenta y un millones de colones tomando en cuenta que se trata de un daño debidamente justipreciado y determinado por hechos contundentes en la prueba presentada.- Expone ampliamente que la sentencia firme, determinó que el pago de este daño en abstracto,  enfatiza que las aguas contaminadas de la Urbanización Municipal Nueva Jerusalén se mezclan con las aguas de lluvia, la cuales –por falta de un adecuado medio de acopio y tratamiento en la Urbanización- entran en su propiedad lavando las diferentes capas del suelo y provocando no solo malos olores sino también la perdida de los cultivos, que el café, frutales y plátanos, no se puede usar para consumo humano ni animal por la contaminación. Apunta también que la contaminación deterioró toda la finca, que el daño económico hecho a la finca es grave, tanto para la imposibilidad de siembra, los malos olores, la erosión del suelo, que no es posible segregar terrenos con lo que hace peor la situación de la finca. Adiciona que se presenta una amenaza a la salud social y de terceros, y hay un deterioro de la plusvalía, que las obras de mitigación son difíciles y que la finca no se podrá usar nunca y no solo la finca, sino también las áreas colindantes y los vecinos verán deterioradas sus casas y fincas. En conclusión peticiona el daño material en la suma de ciento sesenta y un millones de colones.- DE LA PERICIA: Para la valoración de este extremo, se nombró un perito que al rendir su informe y en las manifestaciones realizadas en la audiencia oral, indicó que  El perito estima el daño material según rubros siguientes: área igual a 4755.36 m2; valor unitario por ¢36.000/m2 al 20 de julio de 2024; valor real mínimo ¢171.192.960 sin contaminación tóxica por aguas residuales, mayoritariamente provenientes por gravedad de la Urbanización Nueva Jerusalén; valor unitario de rescate por ¢2.000/m2; valor real de rescate actual ¢9.510.720; valor del daño económico a los propietarios por la suma de ¢161.682.240.- Concluye que el daño económico por 161.000.000 es relativo, y está creciendo por la contaminación diaria con las aguas residuales, por eso lo estima como mínimo, que si bien la finca puede regenerarse sólo si funciona la Planta de Tratamiento de aguas residuales, en un estimado de descontaminación de 10 a 20 años. Apunta que si se puede usufructuar la finca, siempre y cuando la contaminación sea baja y no ponga en riesgo la salud de las personas. Acota que las obras de la Municipalidad han tenido efectos negativos, pues pasó a no servir para nada y perder su valor, que el Parque Infantil debe trasladarse, y que la Municipalidad no debe dar permisos de construcción sin planta de tratamiento de aguas servidas.- DE LA MUNICIPALIDAD: Por otro lado, la Municipalidad se opone a la liquidación del daño material, apunta entre los aspectos más relevantes -entre otros- la prueba para mejor resolver ofrecida y admitida que en el Expediente administrativo certificado, se evidencia una contradicción entre las declaraciones juradas de la parte actora, donde el terreno es apto para el uso agropecuario indicando que se encuentra en explotación agropecuaria sembrado de café confrontado con el dicho de la misma parte y del peritaje donde manifiesta que el terreno no sirve para nada, ni siquiera para cultivos. Además indica la Corporación Municipal que en el Oficio DPUT-244-2024, que el cauce no es posible cerrarlo, ya que tomando en cuenta la topografía del sitio, por naturaleza parte de las aguas pluviales provenientes de los terrenos colindantes y de la vía pública, esta situación encaja en la contemplada en el artículo 20 de la Ley General de Caminos Públicos, y también que en el Oficio SCM-242-2024, donde se transcribe el acuerdo municipal #2 de la sesión ordinaria del Concejo Municipal #26-2024 celebrada el 12 de agosto del 2024, en él se aprobaron las Políticas de Manejo (Fase 3) del Proyecto Estudios Hidrogeológicos para los Planes Reguladores, para el cantón de San Rafael, el mismo establece que la cobertura de construcción se amplía al pasar de un 30% a un 70%; es decir, la propiedad ya se encuentra autorizada para construir casi en su totalidad, lo cual otorga un mayor valor a la propiedad.- En esta tesitura, el Ayuntamiento se opone al informe pericial y sus conclusiones, estima -en síntesis- que  el perito ingeniero Olman Arturo Aguilar Ureña establece en el punto 3) de su peritaje que la propiedad “NO PERMITE QUE SE UTILICE PARA LA AGRICULTURA”, sin embargo, como consta en las declaraciones juradas, el uso agrícola por la siembra de productos de consumo, así las cosas, se estaría ante una contradicción entre lo indicado por el perito y las acciones de la actora. En cuanto a las inconsistencias, en la observación 2) el perito explica los cálculos realizados para obtener el daño económico actual, para esto utilizó como uno de sus parámetros los valores comerciales de dos terrenos en el vecindario inmediato; lo cual es incorrecto, ya que para valoración fiscal no se toman en cuenta valores comerciales debido a que estos tienden a tener un precio mucho más elevado por el juego de la compra-venta. Es evidente, que si los valores comerciales aledaños se toman en cuenta para fijar el valor del terreno de la actora, el valor de la misma no estará ajustado a la realidad. Del punto 4), corresponde hacer una serie de aclaraciones, el perito afirma que una de las características que posee del terreno es que posee dos frentes a calle pública que se encuentran ambos a nivel con calzada, esta información no concuerda con el plano H-2056497-2018, ya que este indica que solo cuenta con un frente a calle pública, y no con dos como lo afirma el perito; situación que evidencia las constantes inconsistencias que posee el peritaje que fundamenta las pretensiones de la parte actora. Asimismo, en cuanto se refiere a los dos supuestos frentes a calle pública, indica que el terreno tiene una excelente proporción entre frente y fondo; aseveración que para valoración fiscal no es un parámetro que deba contemplarse. Además el perito indica que la topografía del terreno es muy buena, al ser una figura geométrica rectangular “como se puede ver en el plano catastrado adjunto”; sin embargo, la forma del terreno está totalmente alejada de ser un rectángulo, ya que presenta una regularidad aproximada de 0,70. En la misma línea, el perito menciona que la mitad del terreno tiene una pendiente uniforme leve de 3% aproximadamente, descendiente al frente, favorables para la evacuación de aguas pluviales, incluso el mismo perito declara que “en la fotografía se observa pendiente”; lo cual resulta imposible de observar a simple vista porque una pendiente del 3% es imperceptible. En lo referente al clima agradable y vista espectacular, así como la calidad de vida; estas valoraciones no son consideradas como un factor de valoración fiscal, por lo cual no debe ser tomado en cuenta a la hora de emitir un peritaje para valorar un bien inmueble. Del mismo modo, no es relevante para el caso que nos ocupa, las estructuras a las cuales hace referencia el perito y que no existen, así como las recomendaciones de construcción, ya que estamos ante un peritaje para valorar la propiedad objeto de litigio. Otra de las omisiones del peritaje es que el mismo perito indica en audiencia que él únicamente realizó una inspección de fecha 22 de julio de 2024, con la cuál emite el informe pericial, pero que cuando realizó la ampliación del peritaje el 21 de agosto de 2024, no hizo una segunda inspección, lo cual no le permitió observar que la Municipalidad de San Rafael de Heredia ha realizado obras y mejoras para mitigar la contaminación presente en la propiedad de la actora. Del mismo modo, el perito indica que la contaminación de la propiedad tiene solución con las obras paliativas correctas; obras que ya la Municipalidad de San Rafael realizó, pero que el perito no pudo constatar porque solamente realizó una inspección inicial. Criterio del Tribunal: Estima este juzgador con respecto a las inconsistencias y contradicciones en los alegatos de la parte actora fundamentados en la pericia que se acredita no es cierto que la propiedad no permite el uso para la agricultura, en tanto las declaraciones juradas de la parte, donde la misma parte reconoce el cultivo de café.- En cuanto al cálculo del daño utilizando valores comerciales de dos terrenos en el vecindario inmediato si bien, son referentes no pueden ser aplicables a la especie, en tanto no se está ante una indemnización del terreno que implique un traslado de la propiedad a favor del Ayuntamiento, sino más bien es el reconocimiento de un daño material.- Queda evidenciado un yerro en el informe pericial, en razón de los planos catastrados, puesto que el terreno no posee dos frentes a calle pública que se encuentran ambos a nivel con calzada, esta información no concuerda con el plano H-2056497-2018, ya que este indica que solo cuenta con un frente a calle pública.- Se acredita en la causa que la propiedad sí tiene un valor comercial y fiscal, que sí es susceptible de actividad agropecuaria, que la cobertura de construcción pasó de 30% a un 70% lo que permite a la parte actora un mayor aprovechamiento, que si bien no se han realizado obras que en forma efectiva, eficiente y fiel hayan cumplido a cabalidad con la sentencia de fondo, lo cierto para este juzgador es que el reconocimiento del daño material no implica, al tenor de la misma sentencia una suerte de "expropiación" ni "traspaso" de la propiedad, sino que se debe centrar en la reparación de las afectaciones y la devolución de la finca objeto de la litis a un buen estado, en razón de ello, no procede acoger la recomendación del peritaje sobre una indemnización por el valor del daño económico a los propietarios por la suma de ¢161.682.240, resultando improcedente por las razones expuestas.- Sin embargo, el informe pericial aborda el denominado valor real de rescate actual que lo estima en la suma de ¢9.510.720, siendo que dicho valor resulta técnica y científicamente razonable, se ajusta a la aplicación de las reglas contables, estima este juzgador que ese monto tendiente a reconocer un valor de rescate de la finca objeto de la litis, es proporcional y racional y se debe acoger y fijar como monto de indemnización del daño material en la suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE COLONES (¢9.510.720.00), y así se debe dictar.- Agregando que lo otorgado por el fallo, fueron los daños ocasionados a la propiedad, no que deba dársele como daño material el pago total de la propiedad, ya que en este caso, como se indico obedecería a una expropiación debiendo el terreno pagado pasar a manos del Municipio, sino ello vendría en un enriquecimiento ilícito, por cuanto el actor, no solo tendría el valor total de la propiedad sino ademas que conservaría la propiedad, lo anterior es contrario a lo indicado que lo que dispuso el pago de los daños a la propiedad, sea el desmejoramiento del terreno producto de las actuaciones omisivas de la Municipalidad, las cuales de manera alguna pueden traducirse en el valor real y actualizado de la propiedad en cuestión objeto de la presente fase de ejecución, así la pericia, tiene como por objeto el pago del bien en su forma integral y no el pago de los daños o el desmejoramiento de las condiciones de la propiedad, producto del daño producido por la falta de estructura según la inteligencia del fallo, y de allí que no proceda como se indico el pago del daño material en las formas que peticiona la parte actora, optando como se indico por otorgar el daño de rescate a fin de no hacer nugatorio el derecho del actor concedido en sentencia. D.- INTERESES: La parte ejecutante liquida intereses que van de 18 de agosto de 2021 a 18 de setiembre de 2021 por la suma de doce mil trescientos noventa y cinco colones.- En la especie se aprecia que la parte demandada depositó mediante boleta N° 13082703 la suma de dos millones de colones en fecha 12 de junio de 2023, posteriormente depositó por boleta N° 11121204 la suma de de tres millones de colones en fecha 23 de agosto de 2023, y se giraron dichos montos a la parte ejecutante autorizado el día 16 de octubre de 2023.- Revisados los autos, resulta procedente acoger el monto de intereses, siendo que la sentencia Nº 67-2021-V, de la Sección Quinta de este Tribunal de las once horas treinta minutos del veintisiete de julio del dos mil veintiuno, por lo que la liquidación se realiza en fecha donde la sentencia primera instancia se encontraba firme, hechos los cálculos sobre el monto del daño moral, suma líquida y exigible dispuesta en la referida resolución, en consecuencia se otorgan intereses que van de 18 de agosto de 2021 a 18 de setiembre de 2021 por la suma de DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO COLONES.--- E.- COSTAS: La parte ejecutante liquida por honorarios del abogado un millón de colones más ciento treinta mil colones en IVA.- 1.- DE LAS COSTAS: En su escrito la parte ejecutante liquida los extremos de costas del principal, por la suma de un millón de colones, no refiere expresamente a la aplicación del Decreto Ejecutivo ni expone las labores realizadas en la causa. La parte ejecutada se opone a ese extremo, sin invocar especial manifestación.- Criterio del Tribunal: En la especie, para la fijación de las costas del proceso de conocimiento se debe tomar en consideración que el Código Procesal Contencioso Administrativo no contiene normativa alguna, que se refiera a la forma en que se debe calcular o determinar la fijación de las costas personales y procesales, una vez que por sentencia se ha producido una condenatoria, al tenor de lo dispuesto en el 220 de dicho cuerpo normativo, del Transitorio I de la Ley 9342, resultan de aplicación los numerales 73 y 76.1 del Código Procesal Civil. El cardinal 73 antes citado, establece: "En toda resolución que se le ponga fin al proceso, de oficio se condenará al vencido al pago de costas. Se consideran costas los honorarios del abogado, la indemnización del tiempo invertido por la parte en asistir a los actos del procedimiento en que fuera necesaria su presencia y los demás gastos indispensables del proceso". El inciso 3 de dicha norma señala que cuando exista pluralidad de condenados en costas, atendidas las circunstancias, se determinará si la condena es solidaria o divisible. Por su parte, el numeral 76.1 dispone la forma en que se han de calcular los honorarios del profesional en derecho, conforme a lo actuado, el estado del proceso y la trascendencia económica del proceso, según lo dispuesto en el numeral 13 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados y Abogadas de 28 de octubre de 1941 y el decreto de honorarios de abogados y notarios. En razón de lo anterior, en el presente caso, conforme lo peticionado por El Estado, para fijar las costas se debe utilizar lo establecido en el Decreto Ejecutivo N.°39078-JP (Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado), normativa vigente al momento de interponerse esta demanda, y en la que en su numeral 16, puesto que la demanda tiene como objeto principal 1) QUE SE LE ORDENE A LA DEMANDADA A REALIZAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA QUE LAS AGUAS NEGRAS O SERVIDAS NO SIGAN TRANSCURRIENDO EN MI PROPIEDAD CON GRAVE PERJUICIO PARA LA SUSCRITA 2) QUE SE LE ORDENE A LA DEMANDADA PROCEDER A REALIZAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN MI FINCA PARA DEJAR LIBRE DE RESIDUOS DERIVADOS DE LAS AGUAS NEGRAS ESTANCADAS Y QUE PROCEDA RELLENAR CON MATERIALES IDÓNEOS LAS CUENCAS DONDE TRANSCURREN DICHAS AGUAS NEGRAS O SERVIDAS, ENTRE OTRAS PRETENSIONES, con una estimación prudencial. En esta tesitura, la fijación debe realizarse en forma prudencial conforme las actuaciones procesales, formulación de la demanda, ofrecimiento de prueba, asistencia a audiencia preliminar y juicio, por lo que se debe fijar a favor de la parte actora/ejecutante por concepto de costas personales derivadas de este proceso corresponde a un total de UN MILLÓN DE COLONES (¢1.000.000,00).- 2.- DEL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. Ahora bien respecto del tema del pago del IVA, también resulta abiertamente improcedente. Para el rechazo de lo peticionado se tiene que acotar que las costas personales constituyen una indemnización a la parte, por cuanto la accionada tuvo que acudir a la vía jurisdiccional para la reparación de un derecho conculcado. Esta acción no constituye en los términos de la Ley del Impuesto del Valor Agregado, la venta de un bien o la prestación de un servicio. Cuando el profesional en derecho pacta con el cliente (actora) se da una relación Tributaria sujeta al IVA, por cuanto la actora contrató los servicios de un profesional en derecho que se paga por medio de los honorarios profesionales, pero no por medio de las costas del proceso, las cuales pertenecen a la parte, se contrata dicho profesional, para que le atienda el proceso y en ese tanto quién debe cobrar el IVA es precisamente el profesional en derecho a su cliente, pero este pago del servicio que pactaron libremente para la prestación de un servicio en principio profesional de abogacía, de manera alguna puede ser trasladado al pago de las costas personales, ya que como se indico no se trata de la compra de un servicio, es la indemnización que debe la demandada pagar a la actora, por haberlo hecho incurrir en gastos presentado un proceso judicial, que le otorgo un derecho al resarcimiento, por ello no aplica para el pago de las costa personales la Ley del Impuesto del Valor agregado N° 6826, reformada por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635 del 3 de diciembre del 2018, por cuanto el hecho generador (costa del proceso) no constituye la prestación de un servicio que deba ser cancelada en este caso por el ente territorial. En consecuencia resulta improcedente la gestión del profesional en derecho en cuanto a que se le retribuya como una costa personal el pago que debió realizarle supuestamente al profesional en derecho (ya que no esta demostrado) a la hora de la contratación de sus servicios profesionales, pretendiendo trasladar este pago a la demandada.- 3.- DE LAS COSTAS DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA: Siendo que la parte fue vencida en parte de sus pretensiones y que la naturaleza de lo dispuesto obedece a un auto, procede disponer sin especial condenatoria en costas de la fase de ejecución.-  

IX.- CUESTIONES DE TRÁMITE: Firme la presente resolución, deben los obligados depositar en la cuenta del despacho N° 12-000784-1027-CA - 0 en el término de UN MES la suma dispuesta, lo anterior de conformidad con el numeral 155 y las sanciones de los numerales 159 y 160 todos del Código Procesal Contencioso Administrativo.- Las sumas otorgadas generan intereses de conformidad con el numeral 706 y 1163 del Código Civil desde la firmeza de la presente resolución y hasta su efectivo pago.-

 POR TANTO

Se declara parcialmente con lugar la presente ejecución de sentencia en lo no expresamente otorgado se entiende por rechazado.- Conforme el ordinal 156 ss y concordantes del CPCA, así como el principio de intangibilidad de la cosa juzgada, acreditado el incumplimiento se ordenar a la MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA el cumplimiento efectivo, eficaz y fiel a la resolución de fondo mediante las obras necesarias, según los parámetros establecidos por la sentencia del Tribunal de Juicio, para lo cual deberá informar a esta Área de Ejecución en el plazo de seis meses, a partir de la firmeza de esta resolución, sobre la realización de dichas obras, so pena de aplicar -según corresponda- las acciones, sanciones y/o multas dispuestas en el CPCA.- Se condena a MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA pagar a favor de VERA GARITA ARAYA la suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE COLONES (¢9.510.720.00) por concepto de daño material.- Se reconocen intereses que van de 18 de agosto de 2021 a 18 de setiembre de 2021 por la suma de DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO COLONES (¢12.395.00).- Por concepto de costas personales la suma de UN MILLÓN DE COLONES (¢1.000.000,00) suma peticionada por la parte actora.- Las sumas otorgadoas generan intereses de conformidad con el numeral 706 y 1163 del Código Civil desde la firmeza de la presente resolución y hasta su efectivo pago. Firme la presente resolución, deben los obligados depositar en la cuenta del despacho N° 120007841027- 0 en el término de UN MES la suma dispuesta, lo anterior de conformidad con el numeral 155 y las sanciones de los numerales 159 y 160 todos del Código Procesal Contencioso Administrativo. Se resuelve sin especial condenatoria en costas de la fase de ejecución. NOTIFÍQUESE. Dr. Carlos Humberto Góngora Fuentes, Juez Ejecutor.-

 


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CARLOS HUMBERTO GÓNGORA FUENTES - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 12-000784-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:34:40.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENTE:

12-000784-1027-CA - 0

PROCESO:

SENTENCE ENFORCEMENT (EJECUCIÓN DE SENTENCIA) (LRJCA)

ACTOR/A:

CARLA VANESSA FENG  NG

DEMANDADO/A:

MUNICIPALITY OF SAN RAFAEL DE HEREDIA (MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA)

N° 2025009643

CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL FINANCIAL TRIBUNAL, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at fourteen hours and nineteen minutes of the sixth of October, two thousand twenty-five.-

Sentence Enforcement (Ejecución de Sentencia) is heard within the proceeding filed by VERA GARITA ARAYA against the MUNICIPALITY OF SAN RAFAEL DE HEREDIA (MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA).-

CONSIDERING

I.- IMPORTANT PROCEDURAL ACTS: In the processing of this case, the following are noted as important procedural acts: a.- By filing dated September 27, 2021, the plaintiff presents a liquidation within the enforcement proceeding, and a request for the appointment of a judicial expert to determine the material damage caused to the property. (images 30 to 42).- b.- By order of March 2, 2022, the liquidation is transferred to the defendant: Municipality of San Rafael de Heredia. (image 51).- c.- By filing dated March 8, 2022, the plaintiff's representation makes an expansion to the liquidation filings. (images 52 to 57).- d.- By memorial dated March 16, 2022, the Municipality of San Rafael de Heredia offers statements on the liquidation presented by the plaintiff. (images 63 to 64).- e.- By order of March 16, 2022, the expansion of the liquidation filings is transferred to the defendant. (image 67).- f.- By memorial dated June 6, 2023, the municipality communicates the procedures carried out in order to comply with what was ordered in judgment N°67-2021-V. (images 90 to 93).- g.- By order of June 6, 2023, the plaintiff is informed of the procedures carried out by the municipality. (image 94).- h.- By filing dated June 10, 2023, the plaintiff presents filings exposing the lack of procedures by the Municipality of San Rafael de Heredia, and requests the appointment of an expert to assess the material damage caused to the property. (images 102 to 113).- i.- By memorial dated June 12, 2023, the municipality provides proof of deposit for the subjective moral damages. (images 115 to 116).- j.- Engineer Olman Arturo Aguilar Ureña presents his expert report. (images 249 to 261).- k.- By order of August 1, 2024, the parties are informed of the expert report presented by Engineer Olman Arturo Aguilar Ureña. (image 262).- l.- By filing dated August 6, 2024, the plaintiff presents statements regarding the expert examination conducted, requesting clarification and addition to the same. (images 267 to 268).- m.- By order of August 7, 2024, the judicial expert is granted a hearing to offer clarification and addition to the expert report presented. (image 271).- n.- On September 5, 2024, Engineer Olman Arturo Aguilar Ureña presents a clarification and addition to the expert report. (image 283).- o.- By order of September 5, 2024, the parties are informed of the clarification and addition to the expert report presented by Engineer Olman Arturo Aguilar Ureña. (image 264).- p.- By filing dated September 6, 2024, the plaintiff presents statements regarding the clarification and addition to the expert examination conducted. (image 268).- q.- By order of October 21, 2024, all parties are summoned to participate in the virtual-in-person hearing, to be held on November 13, 2024. (images 308 to 315).- r.- By filing, the Municipality offers additional evidence. (images 330 to 377 of the file).- s.- By minute at 09:08 hours on November 13, 2024, an oral enforcement hearing is recorded. (images 378 to 383 of the file).- t.- By filing of November 16, 2024, the plaintiff's representation formulates conclusions to the oral hearing. (images 384 to 391 of the file).- u.- By memorial, the Municipality of San Rafael de Heredia formulates conclusions. (images 392 to 405 of the file).-

II.- PROVEN FACTS: The following are considered proven facts for the issuance of this resolution: By judgment Nº 67-2021-V, of the Fifth Section of this Tribunal at eleven hours thirty minutes of July 27, 2021, it orders: "POR TANTO: The judicial inspection offered as evidence for better resolution by the plaintiff is rejected. The exception of lack of passive standing is rejected. The lawsuit filed by Vera Garita Araya against the Municipality of San Rafael de Heredia is partially granted, in the following terms, being understood as denied in what is not expressly indicated: 1) The Municipality of San Rafael de Heredia is ordered, within a period of 6 months counted from the finality of this judgment, to carry out the infrastructure works that are necessary both in the Nueva Jerusalén Urbanization and on the property owned by the plaintiff (real property registration numbers 63408-001 and 002), in order to collect and transport in an adequate and sanitary manner to its discharge point, the rainwater (aguas pluviales) that, due to the topography of the land, runs through the property with real property registration numbers 63408-001 and 002 registered in the name of the plaintiff, and must report at the end of said period, to the Judges of the Sentence Enforcement phase of this Tribunal, the concrete measures adopted to comply with what is ordered herein. 2) The Municipality of San Rafael de Heredia is ordered, within a period of 6 months counted from the finality of this judgment, to carry out the infrastructure works that are necessary both in the Nueva Jerusalén Urbanization and on the property owned by the plaintiff (real property registration numbers 63408-001 and 002), in order to collect and transport in an adequate and sanitary manner to its discharge point, the residual water (aguas residuales) that, due to the topography of the land, runs through the property with real property registration numbers 63408-001 and 002 registered in the name of the plaintiff, works that must conform to the provisions of the Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo 33601 or whichever is in force); the Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo 39887-S-MINAE or whichever is in force); the Reglamento de Construcciones of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (number 6303 in force since July 31, 2018), without prejudice to other applicable legal or regulatory provisions. The defendant Municipality, at the end of said period, must report to the Judges of the Sentence Enforcement phase of this Tribunal, the concrete measures adopted to comply with what is ordered herein. 3) Notwithstanding the foregoing, the defendant Municipality must apply after the notification of this judgment, the corrective measures that according to science and technique must be carried out, in order to provisionally address the problem of residual water discharge originating from the Nueva Jerusalén Urbanization, and must report every three months to the judges of the sentence enforcement phase, on the concrete actions taken and the results obtained for this purpose, until such time as the definitive solution for addressing the residual water discharge problem afflicting the plaintiff's property is implemented. 4) Pursuant to the provisions of article 122 paragraph m) sub-paragraph ii) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the Municipality of San Rafael de Heredia is condemned in the abstract to pay the material damage caused to property 63408-001 and 002 owned by the plaintiff, the amount of which will be determined in the sentence enforcement phase of this Tribunal. The sum definitively awarded for this item will accrue legal interest counted from August 6, 2009—the date on which the plaintiff filed the complaint with the Municipality of San Rafael de Heredia—until its effective payment. 5) The Municipality of San Rafael de Heredia is condemned to pay five million colones (¢5,000,000.00) for subjective moral damages, the effective liquidation and due adjustment of which will be carried out in the sentence enforcement proceeding, once this ruling becomes final. Legal interest must be paid on this sum, which will be counted from the finality of this judgment. 6) The payment of both costs is imposed on the defendant, amounts that will be liquidated in the sentence enforcement phase of this Tribunal".-

III.- OBJECT OF THE ENFORCEMENT: In its filing, the party requests A.- MATERIAL DAMAGE: It is prudentially estimated in the sum of one hundred million colones, without prejudice to what the expert determines.- B.- PROCEDURAL COSTS: payment of Attorney stamps for ten thousand colones, expert payment three hundred thousand colones, payment for copies for five thousand colones, for a total of three hundred fifteen thousand colones. C.- PERSONAL COSTS: For attorney's fees, one million colones plus one hundred thirty thousand colones in VAT.- D.- INTERESTS: From August 18, 2021, to September 18, 2021, for twelve thousand three hundred ninety-five colones.-

IV.- EVIDENCE FOR BETTER RESOLUTION: In this case, during the oral enforcement hearing, evidence for better resolution is offered by the municipal corporation; it states that for the additional evidence provided on November 13, 2024, the Municipality justifies that it is of utmost importance because: a) Certified administrative file. This file is fundamental and is not a reckless piece of evidence as the plaintiff's representative implies, but rather it is specific evidence related concretely and exclusively to the property in Heredia, registration number 63408-000, which contains the declarations submitted and signed by the plaintiff herself, and which, as the expert acknowledged, was not consulted by him, despite having not only the authority to request it, but also the obligation to do so to corroborate the scope of his statements at the administrative real estate level. This file contains the necessary evidence that demonstrates the inconsistencies present in the expert examination carried out by Engineer Olman Arturo Aguilar Ureña and the contradictions expressed by him during the hearing; specifically referring to the value of the property, the increased value (plusvalía), and the express admission by the plaintiff through a sworn statement that the land is suitable for agricultural use, indicating that it is under agricultural exploitation planted with coffee.--- b) Official Letter DPUT-244-2024. In this official letter, issued by Engineer Erick Camacho Sánchez, Director of Urban and Territorial Planning, a report is produced on the approximate area affected by the passage of water on the land registered under real property registration number 4-63408-000 and on the land use (uso de suelo) and general urban regulations applicable to it. Among the observations made, we find: That the property is located within the Zona Especial de Protección, in accordance with Decreto N°25902-MIVAH-MP-MINAE, which indicates that this zone shall have a predominantly agricultural use and that in this zone "only the construction of one dwelling per property is permitted for the use of the owner or owners and other constructions necessary for the uses of the properties (...)"; from this argument it follows that it is not possible to build any other dwelling on the property, much less a residential project as the expert projects. Regarding the waters that run through the channel affecting the plaintiff's property, article 20 of the Ley General de Caminos Públicos, taking into consideration the foregoing, the cadastral map H-481-1966, as well as the inspections carried out at the time, verify that property 4-63408-000 belonging to the plaintiff is affected by a water channel that runs from north to south and that originates from other properties with a higher topographical level, that in said channel rainwater flows originating from the public street and from some dwellings, that some of the dwellings discharge residual water to the public road, causing part of it to reach the channel that exists on the plaintiff's property, which causes it to stagnate and produce bad odors in the summer season. However, it is not possible to close said channel, since taking into account the topography of the site, part of the rainwater coming from the adjoining lands and the public road naturally flows; this situation fits the one contemplated in article 20 of the Ley General de Caminos Públicos. The Municipality of San Rafael de Heredia is in a dilemma, since as it is proper, it cannot contradict what is established in the Law; likewise, it demonstrates that said entity has not acted in bad faith. The expert declares that he never carried out a study with the contour lines of the property to issue the expert report; despite this omission, he affirms that the property has slopes and that there are indeed effects in the lowest areas, but he does not have a reference in the contour lines; contrary to this, in the expert report of the Municipality of San Rafael contained in Official Letter DPUT-244-2024, it is clarified that the property was in a lower affected area, but that, however, it is a relatively small area according to the graphic visible in the report.--- c) Official Letter SCM-242-2024. In which municipal agreement #2 of the ordinary session of the Municipal Council #26-2024 held on August 12, 2024, is transcribed; in it, the Management Policies (Phase 3) of the Hydrogeological Studies Project for the Regulatory Plans, for the canton of San Rafael, were approved. In this agreement, it is established that the building coverage is expanded from 30% to 70%; that is, the property is already authorized to build on almost its entirety, which grants greater value to the property. This agreement was not taken into account by the expert when making the expansion of the expert examination, and he declared the same in the hearing; it is evident that he did not consult the Municipality of San Rafael regarding the land-use (uso de suelo) modifications, which is not consistent with how important this information is in a property valuation expert examination. For the foregoing, it is evident that Official Letter SCM-242-2024, which certifies the agreement made at the ordinary session of the Municipal Council #26-2024 held on August 12, 2024, must be admitted as evidence, due to its relevance for the resolution of the case at hand, since it refers specifically to a specific agreement that was made for the zoning where the real property subject to this litigation, owned by the plaintiff, is specifically located, and which directly benefits her insofar as it modifies the property's coverage, allowing her to build no longer 30%, but now 70%; and this factor was not considered by the expert, despite the fact that the expansion of the expert examination is subsequent to the approval of said agreement.--- PLAINTIFF'S STATEMENT ON EVIDENCE FOR BETTER RESOLUTION: Regarding the hearing to address the evidence for better resolution offered by the Municipality, the plaintiff states that it is untimely, impertinent, without foundation, and erroneous.- Criteria of the Tribunal: This judge considers that the evidence offered provides valuable and necessary elements of judgment for the issuance of this judgment, which contribute to the search for the real truth, and in the assessment of the items being liquidated, since they refer to elements that will be developed below; therefore, it is admitted.-

V.- PARTIES' ALLEGATIONS: A.- FROM THE PLAINTIFF: By filing, the plaintiff makes observations and conclusions: ON THE EVIDENCE FOR BETTER RESOLUTION: The Evidence for Better Resolution is untimely, impertinent, without foundation, and erroneous.--- ON CONCLUSIONS: Indicates that it will deal solely with the amount of material damage, its origin, as well as its legal and factual basis. 1.- ON MORAL DAMAGES: First, it is true that Mrs. Vera was paid the sum of five million colones for moral damages. 2.- ON MATERIAL DAMAGE: States that the final judgment determined that the payment of this damage would be in the abstract and sends us to the ruling enforcement proceeding for its due determination and collection. Therefore, based on the foregoing, the Municipality has not performed civil or sanitary engineering works to mitigate the contamination. The expert was clear in pointing out that there are no civil works for creating septic tanks, for piping said waters, as well as for collecting wastewater (aguas servidas) and rainwater in the aforementioned Urbanization. Rather, he clearly pointed out that a metal tank must be built where the children's playground is located to construct it and mitigate the contamination, which has not been done in the more than twenty years the process has been ongoing. The only thing that was done is to build a channel in front of the public street to supposedly receive the wastewater and rainwater that cross the property, as if it were a great thing, a work that is useless and does not solve the problem, without taking into account that the current contamination continues and is growing, affecting the property. It must be emphasized that the contaminated water from the Nueva Jerusalén Municipal Urbanization mixes with rainwater, which—due to a lack of an adequate collection and treatment system in the Urbanization—enters my client's property, washing away the different soil layers and causing not only bad odors but also the loss of crops; the environmental expert being clear, very emphatic, on this last point, that these products—coffee, fruit trees, and bananas—cannot be used for human or animal consumption due to the contamination. 2.- The contamination deteriorated the entire property, that the economic damage caused to the property is serious, and that both the expert who assesses the material damage and the one who assessed the moral damages, indicate that by municipal order, they use my represented party's property as a "dump," which has been used as a waste site without her consent and in violation of all applicable legal regulations. Furthermore, nothing can be planted because the soil is contaminated; nothing can be built because—as the expert indicated—what remains thanks to the contamination by dirty water is a clay that, if something is built there, whatever it may be, would be "floating," meaning that an enormous remediation and correction work on the land would have to be done to build something there (which, besides being expensive, would be impractical). Finally, there is the contamination along the eastern boundary of the property where the waters from the Urbanization, as well as its rainwater, irresponsibly flow. It is something worse than a sewer: The smell is unbearable in summer because although the water evaporates, the odors remain and spread not only throughout Mrs. Vera's land but also throughout the entire neighborhood. In winter, the contaminated waters flood the property, eroding the land, making it worse every day. Furthermore, it must be noted that because it is a protected area, it is not possible to segregate land, which makes the property's situation worse. 3. The threat to social health and third parties: it is warned that it is a danger for the children who play in the playground because the contamination and the nauseating waters that exist untreated in the Urbanization and that run through contaminating my representative's property, represent a serious danger for them, who are more prone to illnesses derived from these facts. 4.- Deterioration of increased value (plusvalía): One, that on the eastern boundary there is significant contamination that affects the entire surroundings in such a way, with all due respect, it is not even good for a pigsty. The property is worth nothing, nor is it good for anything. Two. It would take years to revalue, and that is "at the end of the rainbow." An enormous engineering undertaking would have to be made, waiting more than a decade for the possible regeneration of the land; besides, as the land became watery according to the expert, any construction, be it a simple ranch or a mansion, would be "floating," so no one in their right mind would build there since it would be impractical and expensive. Given the municipal inertia, the problem will persist "per saecula saeculorum" and the property will never be usable, and not only the property, but also the neighboring areas and the neighbors will see their houses and properties deteriorated. In conclusion, the material damage should be approved in the sum of one hundred sixty-one million colones, taking into account that it is a damage duly valued and determined by conclusive facts in the evidence presented; furthermore, the municipal disobedience regarding the ruling's compliance with the personal and procedural costs caused in the lawsuit should also be assessed, in carrying out the works that were expressly requested of it (also disobeying the orders issued by the Ministerio de Salud), as well as ordering the payment of the material damage with the payment of the enforcement costs to be borne by the defendant).--- B.- FROM THE DEFENDANT (MUNICIPALITY): By memorial, the Municipality of San Rafael de Heredia formulates conclusions. Said party states that: ON MORAL DAMAGES: Regarding the amount for moral damages condemned in the judgment, as was possible to prove, the Municipality of San Rafael de Heredia made the payment of five million colones for moral damages, an amount that was thus ordered. ON MATERIAL DAMAGES: The plaintiff initiates this enforcement proceeding to collect the material damage that her property is said to have suffered; this amount is set at ₡171,192,960.00 (one hundred seventy-one million one hundred ninety-two thousand nine hundred sixty colones); an amount that, as already indicated, was obtained from the calculation made by expert Engineer Olman Arturo Aguilar, who, to set the price, took into account commercial values of two lands in the neighborhood, which, due to the dynamics of buying and selling, tend to be much higher and should not be used as valuation parameters. Also, the non-detriment of the property's value, contemplating the factors that allow the conservation of its increased value (plusvalía) (what refers to the increased value will be delved into in the following section). In addition to the inconsistencies of the expert examination that have been exposed, it is important to emphasize that the expert expressly acknowledges that he did not consult the Municipality of San Rafael regarding land uses (usos de suelo), nor zoning, nor did he review real property files in which it is proven that the plaintiff has made a declaration of agricultural use for tax benefits; declaring under oath that the property has suitable use in its entirety for agricultural use, declarations made even after the issuance of the ruling that is being enforced in this proceeding; for which an image of folio 22 of the administrative file dated January 9, 2023, is attached, where the plaintiff indicates that she is developing agricultural activity, specifically the planting of coffee, guineos, banana, and fruit trees. In the list of inconsistencies, according to what the expert himself said, he affirms having used a "private database" to perform the expert examination, a database coming from previous work, such as, for example, he indicated "from properties located in San Pablo de Heredia." This affirmation demonstrates the inconsistency of the valuation and expert examination carried out for the following reasons: San Pablo de Heredia is a canton with very different zoning characteristics from San Rafael de Heredia; San Pablo has a Plan de Ordenamiento Territorial or Regulatory Plan, which is a legal instrument for local planning for land management in the municipality with a specific Zoning; whereas the Municipality of San Rafael de Heredia does not have its own for its zoning, therefore it is governed by Decreto Nº 25902-MIVAH-MP-MINAE. We are thus faced with an insurmountable contradiction in the expert examination, which leaves no room for doubt that the estimation lacks technical-legal content to support the plaintiff's claims. Of important consideration is what refers to the visible partiality in the expert; this same expert states he has a direct interest and that he wanted this contamination to stop; the same inconsistency is found when he affirms that he analyzed the land as if it were his own; which suggests that there is a type of direct interest in the proceeding and demonstrates partiality. Regarding the increased value (plusvalía), it is highlighted that the property is currently in a residential use zone; likewise, this factor is contributed to by the fact that the Municipal Council of San Rafael de Heredia, in Ordinary Session #26-2024 held on August 12, 2024, agrees on the policies for managing hydrological studies, in which the building coverage is allowed to go from 30% to 70%; that is, the property is no longer limited due to the expansion of its building percentage, thus granting a greater value to the property.--

VI.- OF THE EXPERT EVIDENCE: In his report, the judicial expert, Engineer Olman Aguilar Ureña, indicates according to the following items: area equal to 4755.36 m2; unit value at ¢36,000/m2 as of July 20, 2024; minimum real value ¢171,192,960 without toxic contamination by residual water, mostly coming by gravity from the Nueva Jerusalén Urbanization; unit salvage value at ¢2,000/m2; actual real salvage value ¢9,510,720; value of the economic damage to the owners in the sum of ¢161,682,240.- In the expansion and clarification report to the initial expert examination, Engineer Aguilar Ureña concludes—essentially—that the economic damage for 161,000,000 is relative, and is growing due to daily contamination with residual water, which is why he estimates it as a minimum, that although the property can regenerate only if the Residual Water Treatment Plant works, in an estimated decontamination time of 10 to 20 years. He notes that the property can indeed be used, as long as the contamination is low and does not endanger people's health. He observes that the Municipality's works have had negative effects, as it became useless and lost its value, that the Playground must be relocated, and that the Municipality must not grant construction permits without a wastewater (aguas servidas) treatment plant.---

VII.- OF THE APPLICABLE NORMATIVE AND JURISPRUDENTIAL FRAMEWORK: A.- OF THE PRINCIPLE OF EFFECTIVE JUDICIAL PROTECTION: In accordance with articles 153 of the Constitution and 1°, paragraph 2°, of the Ley Orgánica del Poder Judicial, it corresponds to the Tribunals to hear the cases that the Constitution and the law assign to them, resolve them definitively and "execute the resolutions they pronounce," that is, the full and integral execution of the judgments issued by the trial Court, when they contain an obligation to do, not to do, or to give, and these are not voluntarily fulfilled by the obligated party. (CPCA, art. 156.3). The execution of the judgment is an essential part of the right to effective judicial protection and is indispensable for the effectiveness of the definitive and final ruling, in the terms it prescribes, without alteration or denaturalization. To that end, the CPCA establishes that "In the sentence enforcement phase, the executing Judge shall have all the powers and duties necessary for its full effectiveness and efficacy" (art. 155.2). "The judgment must be fulfilled, in the form and terms prescribed therein" (art. 156.1). "The final judgment of the Tribunal must be executed immediately (…)" (art. 157). Ordinal numbers 161 inc. b, 162, 175.1, etc., guarantee the real satisfaction of the right declared in favor of the winning party. "The right to effective judicial protection requires that the judicial resolution be fulfilled; otherwise, the recognition of rights established therein will be vain, a mere declaration of intentions, with serious harm to legal certainty. The judgment resulting from the lawsuit ends one stage of the process (the cognitive stage), but not the process itself, which continues in a second stage (the enforcement stage) and ends when the plaintiff's claim has been satisfied." (Sala Primera de la Corte, judgment 348-2016). "It would be unacceptable for a judgment to become a dead letter and never be brought into reality, annihilating its effects. Therefore, the judge fulfills a function of guarantor, and is obliged to ensure full and effective execution, both in an agile and real manner." (Sala Primera de la Corte, judgments 675-2007, 1443-2012, 122-2016 and 2409-2022).

B.- THE PRINCIPLE OF INTANGIBILITY OF RES JUDICATA IN THE EXECUTION PHASE: Article 156, subsection 1 of the Código Procesal Contencioso Administrativo indicates that “1) The judgment must be complied with, in the form and terms set forth therein.” – In this regard, the First Chamber of the Supreme Court of Justice, by its ruling issued at 11:45 a.m. on October 12, 2021, has stated: “V.- In another vein, concerning the fact that the Court did not award the damages sought, it is necessary to recall that this Chamber has held: ‘The judgment execution process seeks to materialize the award—abstractly imposed upon the losing party—granting aspects different from—or contrary to—the pronouncement giving rise to the execution, or against persons who were not condemned, violates res judicata (regarding this, see ruling of this Chamber no. 001360-F-S1-2017 of 3:00 p.m. on November 7, 2017).’” Ruling no. 383 of 9:50 a.m. on May 9, 2019. Consequently, both what has been executed and what is granted in the citation venue must correspond to what was declared in the judgment being executed. Hence, in this type of proceeding, the aim is to adjust the de facto situation to the individual norm supported by the final judgment, for the purpose of guaranteeing the right of the protected party. Therefore, the object is to give effectiveness to what was ordered in the condemnation judgment in order to satisfy the interest of the executing party, as it was victorious in the constitutional venue. Accordingly, only claims referred to providing effectiveness to what was ordered in the condemnation judgment are admissible in the execution proceedings. The transcendence and content of what is ordered in this phase are determined by what was established in the judgment being executed. The subjective and objective limits of the matter are defined by the final resolution itself, in correspondence with the resulting positive and negative effects and the principle of intangibility of res judicata—Article 156 of the CPCA. This principle requires that the execution must be carried out based on the very terms imposed in the final ruling, which limits the framework of action. As expressed in Considering III, the adjudicator decided based on the evidence provided by the executing party—so contrary to what was argued, the elements of conviction were indeed assessed—what was proven bore no causal relationship to what was granted in the final judgment. … It must be noted that the principle of intangibility of res judicata mandates that the execution be carried out based on the terms imposed in the final ruling, which limits the scope of action—Article 156 of the CPCA. Its purpose is to safeguard the integrity of judgments vested with the authority of substantive res judicata, so the adjudicator is prevented from allowing any conduct that alters, eliminates, varies, or adds to the content of the resolution additional obligations not provided for therein, which is punishable by nullity. Consequently, the alleged error has not occurred, given that if what the executing party claimed was not granted, it was because it bears no relation to what was granted in the executed final judgment. Hence, it is appropriate to dismiss the objection.” – Ergo, a judgment vested with the authority of substantive res judicata is immutable, because it becomes unmodifiable and coercible, as it can be executed by force. The party whose right has been declared in a judgment “may execute that ruling without restriction, to the extent of what was decided, and the judge may not refuse its enforcement” (Tribunal Contencioso Administrativo, vote 101-2021-VI). On these characteristics of absolute immutability and finality of the declared right, see from the Tribunal Contencioso Administrativo votes 2006-2002-I, 280-2002-I, 151-2002-II, 130-2008-II, 16-2008-VI; and, from the First Chamber, rulings 740-1999, 481-2000, 680-2002, 1015-2004, 932-2006, and 111-2015.

C.- EXPERT EVIDENCE (PRUEBA PERICIAL) AND OTHER EVIDENTIARY MEANS: According to the applicable doctrine on the matter, regarding the expert appraisal (peritaje), it must be assessed that every expert (perito) must maintain independence of judgment and the expert report (dictamen pericial) must be impartial; that in the event of a private or judicial expert report (dictamen pericial) being rendered, if there are personal ties to the parties or economic interest, these are serious grounds to doubt the expert's sincerity because what is sought through the guarantee of impartiality is that their figure as a third party is not distorted in the proceeding, preventing them, due to certain circumstances, from issuing an opinion favoring one of the parties. Furthermore, the purpose of expert evidence (prueba de peritos) is to prove the facts underlying the parties' claims in the proceeding, with the particularity that the object of the expert evidence (prueba pericial) is facts that are not within the common knowledge of the parties or the judge, so that the expert (perito), through their report or opinion (dictamen), provides the court with the technical knowledge necessary for the assessment of the facts under dispute. The minimum necessary scientific, objective impartiality that must concur in the examination work and issuance of the expert report (dictamen pericial) is guaranteed when the expert acts in accordance with the valid and current criteria in the relevant discipline and provides them to the judicial body for its assessment. The abundant case law of the First Chamber on matters related to expert appraisals (peritajes) has stated: “It is necessary to point out that this Chamber has expressed, regarding the evidentiary value of expert appraisals (peritajes): (. . .) that their purpose is to assist the judge with scientific knowledge that is foreign to them, but more than absolute truths that substitute their criteria, their objective and scientific content does not limit their assessment work; they only have the purpose of guiding them, providing them with elements that allow them to assess the circumstances indispensable for the decision they must adopt. It is clear, then, that departing from a technical criterion, and justifying one's own, far from constituting an excess of power, is an exercise inherent to the adjudicator's work in the assessment of evidence (Resolution no. 43-2007 of 9:10 a.m. on January 26, 2007; in the same sense, see rulings numbers 765 of 3:40 p.m. on July 24, 2009, and 468 of 10:45 a.m. on April 7, 2011). As a matter of principle, it is clear that nothing prevents an Adjudicator from departing from an expert criterion, provided they justify such determination in a rational manner. (…) It should be highlighted, given the specialized nature of the subject matter of a technical expert appraisal (pericia técnica), that it is essential to have counter-evidence (contraprueba) of the same caliber to refute the expert's conclusions (whether the report is altered or does not correspond to reality). The burden of proof, according to mandate 317 of the CPC, falls upon the party alleging a right or a defense; therefore, when an expert appraisal (peritaje) exists quantifying the alleged damages, to refute its value, another evidentiary element must be submitted that reliably demonstrates the correct calculation. In accordance with subsection 2) of ordinal 90 of the CPCA, the defendant could have offered evidence to that effect.”

VIII.- THE SPECIFIC CASE: In the matter at hand, judgment No. 67-2021-V, from the Fifth Section of this Tribunal, at eleven-thirty on July twenty-seventh, two thousand twenty-one, is being executed, which—in its core part—orders: "POR TANTO: [...] 1) The Municipality of San Rafael de Heredia is ordered to carry out, within a period of 6 months from the finality of this judgment, the necessary infrastructure works on both the Urbanización Nueva Jerusalén and the property owned by the plaintiff (real property folio numbers 63408-001 and 002), in order to collect and transport, in an adequate and sanitary manner to their discharge point, the stormwater (aguas pluviales) that, due to the topography of the land, flows through the property registered under real property folio numbers 63408-001 and 002 in the name of the claimant, and must report at the end of said period to the Adjudicators of the Judgment Execution phase of this Tribunal the concrete measures adopted to fulfill what is ordered herein. 2) The Municipality of San Rafael de Heredia is ordered to carry out, within a period of 6 months from the finality of this judgment, the necessary infrastructure works on both the Urbanización Nueva Jerusalén and the property owned by the plaintiff (real property folio numbers 63408-001 and 002), in order to collect and transport, in an adequate and sanitary manner to their discharge point, the wastewater (aguas residuales) that, due to the topography of the land, flows through the property registered under real property folio numbers 63408-001 and 002 in the name of the claimant, [...] The defendant Municipality must, at the end of said period, report to the Adjudicators of the Judgment Execution phase of this Tribunal the concrete measures adopted to fulfill what is ordered herein. [...] 4) Pursuant to Article 122, subsection m) sub-subsection ii) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the Municipality of San Rafael de Heredia is condemned in the abstract to pay the material damage caused to property 63408-001 and 002 owned by the plaintiff, the amount of which shall be determined in the judgment execution phase of this Tribunal. The sum definitively awarded under this heading shall accrue statutory interest from August 06, 2009—the date the plaintiff filed the complaint before the Municipality of San Rafael de Heredia—until its effective payment. 5) The Municipality of San Rafael de Heredia is condemned to pay five million colones (¢5,000,000.00) for subjective moral damages (daño moral subjetivo), the effective liquidation and due adjustment of which shall be carried out in the judgment execution proceedings, once this pronouncement becomes final. Interest at the legal rate must be paid on this sum, accruing from the finality of this ruling. 6) The payment of both costs is imposed on the defendant, items that shall be liquidated in the judgment execution phase of this Tribunal."

Consequently, the following items are recognized: A.- SUBJECTIVE MORAL DAMAGES (DAÑO MORAL SUBJETIVO): In the case file, it is proven that by memorial dated June 12, 2023, the Municipality provided a deposit receipt for the subjective moral damages (daño moral subjetivo), which was issued and paid to the plaintiff via deposits 13082703 and 1112124; therefore, this item is deemed fulfilled, and it is so declared.

B.- WORKS FOR WASTEWATER (AGUAS RESIDUALES) AND STORMWATER (AGUAS PLUVIALES): In the final judgment being executed, the Trial Court ordered—as pertinent—regarding the handling of stormwater (aguas pluviales) and wastewater (aguas residuales), on this specific aspect it indicated: "must carry out the necessary infrastructure works on both the Urbanización Nueva Jerusalén and the property owned by the plaintiff (real property folio numbers 63408-001 and 002), in order to collect and transport, in an adequate and sanitary manner to their discharge point, the wastewater (aguas residuales) that, due to the topography of the land, flows through the property registered under real property folio numbers 63408-001 and 002 in the name of the claimant, works that must conform to the provisions of the Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo 33601 or whichever is in force); the Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo 39887-S-MINAE or whichever is in force); the Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (number 6303 in force since July 31, 2018), without prejudice to any other applicable legal or regulatory provisions. The executing party alleges that the municipality has not complied with this judicial mandate, and the expert appraisal (peritaje) does not prove the completion of what was ordered by this Tribunal. Also, that the Municipality has not performed civil or sanitary engineering works to mitigate the contamination; that the expert appraisal (peritaje) indicated was clear in pointing out that there are no civil works creating septic tanks, or piping for these waters, or for the collection of wastewater (aguas servidas) and rainwater in the aforementioned Urbanization; rather, it clearly pointed out that a metal tank must be built where the Children's Playground is located to construct it and mitigate the contamination, which has not been done in the more than twenty years the proceeding has been ongoing. The only thing done was to build a channel in front of the public street to supposedly receive the wastewater (aguas servidas) and rainwater crossing the property as a great achievement, a work that is useless and does not solve the problem, without considering that the current contamination persists and continues growing, affecting the property. On the other hand, the Municipality, through Official Note DPUT-244-2024, issued by engineer Erick Camacho Sánchez, Director of Urban and Territorial Planning, submits a report on the approximate area affected by the passage of water on the land registered under folio real 4-63408-000; this evidence, offered and admitted for a better resolution, acknowledges the following: "Regarding the waters that flow through the watercourse affecting the plaintiff's property, Article 20 of the Ley General de Caminos Públicos, taking into consideration the above, the cadastral map H-481-1966, as well as the inspections carried out at the time, verify that property 4-63408-000 belonging to the plaintiff is affected by a watercourse that flows from north to south and comes from other properties at a higher topographical level; that stormwater (aguas pluviales) from the public street and some dwellings flows through said watercourse; that some of the dwellings discharge wastewater (aguas residuales) onto the public thoroughfare, causing part of them to reach the watercourse existing on the plaintiff's property, which causes it to stagnate and produce bad odors in the summer season. However, it is not possible to close said watercourse, since taking into account the topography of the site, by nature part of the stormwater (aguas pluviales) coming from adjacent lands and the public road falls within the situation contemplated in Article 20 of the Ley General de Caminos Públicos. The Municipality of San Rafael de Heredia finds itself in a dilemma, since as is proper it cannot contradict the provisions of the Law, and it also shows that said entity has not acted in bad faith."

Court's Criteria: By reason of the regulations applicable to the case, the orders of the Trial Court, the arguments, and the evidence offered, this adjudicator considers that the orders of the judgment in question have not been fulfilled in an effective, efficient, and faithful manner, given that the completion of the necessary infrastructure works on both the Urbanización Nueva Jerusalén and the property owned by the plaintiff (real property folio numbers 63408-001 and 002), in order to collect and transport, in an adequate and sanitary manner to their discharge point, the wastewater (aguas residuales) that, due to the topography of the land, is not proven; as the parties themselves accept that the waters continue to flow through the property registered under real property folio numbers 63408-001 and 002 in the name of the claimant. It has not been demonstrated in the case file, nor periodically reported to this Tribunal, the type of works, quantity, design, form, cost, and other technical aspects that should be undertaken, in accordance with the Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo 33601 or whichever is in force); the Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo 39887-S-MINAE or whichever is in force); the Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (number 6303 in force since July 31, 2018), without prejudice to any other applicable legal or regulatory provisions. In this context, the Municipality merely alleges that it cannot close the watercourse and that it finds itself in a dilemma, without proposing different options, scenarios, or viable alternatives to comply with the judgment regarding both stormwater (aguas pluviales) and wastewater (aguas residuales). Now, the trial judgment also ordered: "The defendant Municipality, at the end of said period, must report to the Adjudicators of the Judgment Execution phase of this Tribunal the concrete measures adopted to fulfill what is ordered herein." It is proven in the file that there is a clear omission of those reports, thus evidencing an evident non-compliance by the Local Government. Therefore, in accordance with ordinal 156 and subsequent and concordant articles of the CPCA, as well as the principle of intangibility of res judicata, with the non-compliance proven, the Municipality must be ordered to achieve the effective, efficient, and faithful compliance with the substantive resolution through the necessary works, according to the parameters established by the Trial Court's judgment, and to report to this Execution Division within a period of six months on the completion of said works, under penalty of applying—as appropriate—the actions, sanctions, and/or fines provided in the CPCA, and this must be ordered.

C.- MATERIAL DAMAGE: FROM THE PLAINTIFF/EXECUTING PARTY: The executing party prudentially estimates the amount at one hundred million colones, without prejudice to what the expert determines; also, in its conclusions, it states that the material damage should be approved in the sum of one hundred sixty-one million colones, taking into account that it is a damage duly appraised and determined by conclusive facts in the evidence presented. It extensively argues that the final judgment determined the payment of this damage in the abstract, emphasizes that the contaminated waters from the Municipal Urbanization Nueva Jerusalén mix with the rainwater, which—due to the lack of an adequate means of collection and treatment in the Urbanization—enter its property, washing the different layers of soil and causing not only bad odors but also the loss of crops; that the coffee, fruit trees, and plantains cannot be used for human or animal consumption due to contamination. It also points out that contamination deteriorated the entire property, that the economic damage to the property is severe, both for the impossibility of planting, the bad odors, soil erosion, that it is not possible to segregate land making the property situation worse. It adds that a threat to social and third-party health exists, there is a deterioration in property value, that mitigation works are difficult, and that the property can never be used again, not only the property but also the adjacent areas and the neighbors will see their houses and properties deteriorated. In conclusion, it claims material damage in the sum of one hundred sixty-one million colones.

REGARDING THE EXPERT APPRAISAL (PERICIA): For the assessment of this item, an expert (perito) was appointed who, when rendering their report and in their statements made during the oral hearing, indicated that the expert estimates the material damage according to the following items: area equal to 4755.36 m2; unit value at ¢36,000/m2 as of July 20, 2024; minimum real value ¢171,192,960 without toxic contamination from wastewater (aguas residuales), mostly coming by gravity from the Urbanización Nueva Jerusalén; salvage unit value at ¢2,000/m2; current real salvage value ¢9,510,720; economic damage value to the owners in the sum of ¢161,682,240. They conclude that the economic damage of 161,000,000 is relative and is growing due to daily contamination with wastewater (aguas residuales), which is why they estimate it as a minimum; that the property can regenerate only if the Wastewater Treatment Plant functions, in an estimated decontamination period of 10 to 20 years. They note that the property can be used, provided that the contamination is low and does not endanger people's health. They remark that the Municipality's works have had negative effects, as the property has become useless and lost its value; that the Children's Playground must be relocated; and that the Municipality should not grant construction permits without a wastewater treatment plant (planta de tratamiento de aguas servidas).

FROM THE MUNICIPALITY: On the other hand, the Municipality opposes the liquidation of the material damage, highlighting among the most relevant aspects—inter alia—the evidence for a better resolution offered and admitted, that in the certified administrative file there is a contradiction between the plaintiff's sworn statements, where the land is suitable for agricultural and livestock use indicating it is under agricultural and livestock exploitation planted with coffee, confronted with the statement by the same party and the expert appraisal (peritaje) where it states that the land is useless, not even for crops. Also, the Municipal Corporation indicates in Official Note DPUT-244-2024 that the watercourse cannot be closed, since taking into account the topography of the site, part of the stormwater (aguas pluviales) naturally originating from adjacent lands and the public road falls within the situation contemplated in Article 20 of the Ley General de Caminos Públicos; and also in Official Note SCM-242-2024, where Municipal Agreement #2 of the Ordinary Session of the Municipal Council #26-2024 held on August 12, 2024, is transcribed, in which the Management Policies (Phase 3) of the Hydrogeological Studies Project for the Regulatory Plans for the canton of San Rafael were approved, which establishes that the construction coverage is expanded from 30% to 70%; that is, the property is already authorized for construction almost in its entirety, which gives greater value to the property.

In this context, the Municipality opposes the expert report (informe pericial) and its conclusions, it estimates—in summary—that the expert (perito) engineer Olman Arturo Aguilar Ureña states in point 3) of their expert appraisal (peritaje) that the property "DOES NOT ALLOW USE FOR AGRICULTURE"; however, as recorded in the sworn statements, there is agricultural use by planting consumer products; thus, there would be a contradiction between what the expert (perito) indicated and the actions of the plaintiff. Regarding inconsistencies, in observation 2) the expert explains the calculations performed to obtain the current economic damage, for which they used as one of their parameters the commercial values of two lots in the immediate neighborhood; this is incorrect, since for tax assessment (valoración fiscal), commercial values are not taken into account because these tend to have a much higher price due to the buying and selling dynamic. It is evident that if the surrounding commercial values are taken into account to set the value of the plaintiff's land, the value of it will not be adjusted to reality. From point 4), a series of clarifications must be made; the expert states that one of the characteristics the land possesses is that it has two fronts onto a public street both at grade with the roadway; this information does not match plan H-2056497-2018, as this indicates it only has one front onto a public street, and not two as the expert states; a situation that shows the constant inconsistencies the expert appraisal (peritaje) supporting the plaintiff's claims possesses. Likewise, regarding the two supposed fronts onto a public street, they indicate the land has an excellent proportion between frontage and depth; an assertion that for tax assessment (valoración fiscal) is not a parameter that should be contemplated. Further, the expert indicates the topography of the land is very good, being a rectangular geometric figure "as can be seen in the attached cadastral map"; however, the shape of the land is far from being a rectangle, as it has an approximate regularity of 0.70. In the same vein, the expert mentions that half the land has a slight uniform slope of approximately 3%, descending to the front, favorable for stormwater (aguas pluviales) evacuation; even the expert himself states that "in the photograph a slope can be observed"; which is impossible to see with the naked eye because a 3% slope is imperceptible. Regarding the pleasant climate and spectacular view, as well as the quality of life; these assessments are not considered a tax assessment (valoración fiscal) factor, so they should not be taken into account when issuing an expert appraisal (peritaje) to value a real property. In the same manner, it is not relevant to the case at hand, the structures the expert refers to that do not exist, nor the construction recommendations, since we are dealing with an expert appraisal (peritaje) to value the property under litigation. Another omission from the expert appraisal (peritaje) is that the expert himself indicated in the hearing that he only conducted one inspection on July 22, 2024, with which he issued the expert report, but when he made the expansion of the expert appraisal (peritaje) on August 21, 2024, he did not perform a second inspection, which did not allow him to observe that the Municipality of San Rafael de Heredia has carried out works and improvements to mitigate the contamination present on the plaintiff's property. Similarly, the expert indicates that the contamination of the property can be solved with the correct palliative works; works that the Municipality of San Rafael has already carried out, but that the expert could not verify because he only performed one initial inspection.

Court's Criteria: Regarding the inconsistencies and contradictions in the plaintiff's arguments based on the expert appraisal (pericia), this adjudicator finds it is proven it is not true that the property does not allow agricultural use, given the party's sworn statements, where the party itself acknowledges coffee cultivation. Regarding the calculation of damage using commercial values from two lands in the immediate neighborhood, although they are references, they cannot be applicable to the case, as this is not a land compensation implying a transfer of ownership to the Municipality, but rather the recognition of a material damage. An error in the expert report (informe pericial) is evident, due to the cadastral maps, because the land does not have two fronts onto a public street both at grade with the roadway; this information does not match plan H-2056497-2018, as this indicates it only has one front onto a public street. It is evidenced in the case file that the property does indeed have a commercial and fiscal value, that it is susceptible to agricultural and livestock activity, that the construction coverage increased from 30% to 70% allowing the plaintiff greater use; that although works have not been carried out that effectively, efficiently, and faithfully fully complied with the substantive judgment, the truth for this adjudicator is that the recognition of material damage does not imply, according to the same judgment, a sort of "expropriation" or "transfer" of the property, but rather must focus on the repair of the damages and the return of the property under litigation to a good state. For this reason, it is not appropriate to accept the expert appraisal's (peritaje) recommendation for compensation based on the economic damage value to the owners in the sum of ¢161,682,240, this being improper for the reasons stated. However, the expert report (informe pericial) addresses the so-called current real salvage value estimated at ¢9,510,720; this value being technically and scientifically reasonable, and conforming to the application of accounting rules, this adjudicator considers that this amount aimed at recognizing a salvage value for the property under litigation is proportional and rational, and must be accepted and established as the compensation amount for the material damage in the sum of NINE MILLION FIVE HUNDRED TEN THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY COLONES (¢9,510,720.00), and this should be ordered. Adding that what was awarded by the ruling was the damages caused to the property, not that the total payment of the property must be given as material damage, since in this case, as indicated, it would correspond to an expropriation with the paid land having to pass into the hands of the Municipality; otherwise, it would result in unjust enrichment, since the plaintiff would not only have the total value of the property but would also retain the property. The foregoing is contrary to what was indicated: that the ruling ordered the payment of damages to the property, i.e., the deterioration of the land resulting from the Municipality's omissions, which in no way can be translated into the real and updated value of the property in question subject to this execution phase; thus, the expert appraisal (pericia) has as its object the payment of the property in its integral form and not the payment of the damages or the deterioration of the property's conditions resulting from the damage produced by the lack of infrastructure according to the meaning of the ruling, and hence it is not proper—as indicated—to grant material damage as requested by the plaintiff, opting instead—as indicated—to award the salvage damage so as not to render the plaintiff's right granted in judgment illusory.

D.- INTERESTS: The executing party calculates interest from August 18, 2021, to September 18, 2021, in the amount of twelve thousand three hundred ninety-five colones.- In the instant case, it is noted that the defendant deposited the sum of two million colones via deposit slip No. 13082703 on June 12, 2023, subsequently deposited the sum of three million colones via deposit slip No. 11121204 on August 23, 2023, and said amounts were disbursed to the executing party as authorized on October 16, 2023.- Having reviewed the record, it is appropriate to accept the amount of interest, given that judgment No. 67-2021-V, of the Fifth Section of this Court, issued at eleven thirty on July twenty-seventh, two thousand twenty-one, therefore the calculation is made on a date when the first-instance judgment was final; calculations having been made on the amount of non-material damage (daño moral), a liquid and enforceable sum set forth in the referenced decision, consequently, interest is granted from August 18, 2021, to September 18, 2021, for the sum of TWELVE THOUSAND THREE HUNDRED NINETY-FIVE COLONES.--- E.- COSTS (COSTAS): The executing party calculates one million colones plus one hundred thirty thousand colones in VAT for attorney's fees.- 1.- COSTS (COSTAS): In its brief, the executing party calculates the items of costs (costas) of the main claim for the sum of one million colones, does not expressly refer to the application of the Executive Decree (Decreto Ejecutivo), nor does it set forth the tasks performed in the case. The executed party opposes this item, without invoking any specific argument.- Court's Criterion: In the instant case, for setting the costs (costas) of the cognizance proceeding, it must be taken into consideration that the Code of Contentious-Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo) does not contain any provision referring to the manner in which personal and procedural costs (costas) must be calculated or determined, once a judgment of condemnation has been rendered; pursuant to the provisions of Article 220 of said legal body and Transitory Provision I of Law 9342, Article 73 and 76.1 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil) are applicable. The aforementioned Article 73 establishes: "In every decision that puts an end to the process, the losing party shall be ex officio condemned to pay costs (costas). Costs (costas) are considered to include attorney's fees, compensation for the time spent by the party in attending procedural acts at which their presence was necessary, and other indispensable expenses of the process." Paragraph 3 of said rule indicates that when there is a plurality of parties condemned in costs (costas), considering the circumstances, it shall be determined whether the condemnation is joint and several or divisible. For its part, Article 76.1 provides the manner in which the legal professional's fees must be calculated, according to what has been done, the state of the process, and the economic significance of the process, pursuant to the provisions of Article 13 of the Organic Law of the Bar Association (Ley Orgánica del Colegio de Abogados y Abogadas) of October 28, 1941, and the decree on attorney and notary fees. By reason of the foregoing, in the present case, as requested by the State, to set the costs (costas), the provisions of Executive Decree No. 39078-JP (Fee Schedule for Professional Legal and Notarial Services – Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado) must be used, which is the regulation in force at the time this lawsuit was filed, and in its Article 16, since the lawsuit has as its main object 1) THAT THE DEFENDANT BE ORDERED TO PERFORM THE NECESSARY INFRASTRUCTURE WORKS SO THAT THE BLACKWATER OR SEWAGE (AGUAS NEGRAS O SERVIDAS) NO LONGER FLOWS THROUGH MY PROPERTY WITH SERIOUS HARM TO THE UNDERSIGNED 2) THAT THE DEFENDANT BE ORDERED TO PROCEED TO PERFORM INFRASTRUCTURE WORKS ON MY PROPERTY TO CLEAR IT OF RESIDUE DERIVED FROM THE STAGNANT BLACKWATER AND TO PROCEED TO FILL WITH SUITABLE MATERIALS THE BASINS WHERE SAID BLACKWATER OR SEWAGE FLOWS, AMONG OTHER CLAIMS, with a prudential estimate. In this context, the setting must be done prudentially according to the procedural actions, formulation of the lawsuit, offer of evidence, attendance at the preliminary hearing and trial; therefore, it must be set in favor of the plaintiff/executing party for personal costs (costas) derived from this process in a total of ONE MILLION COLONES (¢1,000,000.00).- 2.- PAYMENT OF VALUE ADDED TAX. Now, regarding the issue of VAT payment, it is also manifestly improper. To reject what is requested, it must be noted that personal costs (costas) constitute compensation to the party, since the plaintiff had to resort to the courts to repair a violated right. This action does not constitute, under the terms of the Value Added Tax Law (Ley del Impuesto del Valor Agregado), the sale of a good or the provision of a service. When the legal professional agrees with the client (plaintiff), a tax relationship subject to VAT arises, because the plaintiff contracted the services of a legal professional that are paid through professional fees, but not through the costs (costas) of the process, which belong to the party; said professional was hired to handle the process, and to that extent, the one who must charge VAT is precisely the legal professional to their client. However, this payment for the service, which they freely agreed upon for the provision of, in principle, a professional legal service, can in no way be transferred to the payment of personal costs (costas), since, as indicated, it does not involve the purchase of a service; it is the compensation that the defendant must pay to the plaintiff for having made them incur expenses by filing a judicial process, which granted them a right to compensation. Therefore, the Value Added Tax Law No. 6826, amended by the Public Finance Strengthening Law No. 9635 of December 3, 2018, does not apply to the payment of personal costs (costas), because the taxable event (cost of the process) does not constitute the provision of a service that must be paid, in this case, by the territorial entity. Consequently, the legal professional's demand to be reimbursed as a personal cost for the payment that supposedly should have been made to the legal professional (since it has not been demonstrated) at the time of contracting their professional services is improper, attempting to transfer this payment to the defendant.- 3.- COSTS (COSTAS) OF THE EXECUTION OF SENTENCE: Given that the party was partially unsuccessful in its claims and that the nature of what is ordered corresponds to an interlocutory order (auto), it is appropriate to rule without a special condemnation in costs (costas) of the execution phase.-

IX.- PROCEDURAL MATTERS: Once this decision is final, the obligated parties must deposit the ordered sum into the court's account No. 12-000784-1027-CA - 0 within a term of ONE MONTH, the foregoing in accordance with Article 155 and the sanctions of Articles 159 and 160, all of the Code of Contentious-Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo).- The granted sums shall generate interest in accordance with Articles 706 and 1163 of the Civil Code from the date this decision becomes final and until its effective payment.-

THEREFORE (POR TANTO)

This execution of sentence is partially granted; anything not expressly granted is understood to be denied.- Pursuant to Article 156 et seq. and concordant articles of the CPCA (Código Procesal Contencioso Administrativo), as well as the principle of res judicata (intangibilidad de la cosa juzgada), the non-compliance having been proven, the MUNICIPALITY OF SAN RAFAEL DE HEREDIA is ordered to achieve effective, efficient, and faithful compliance with the substantive decision through the necessary works, according to the parameters established by the Trial Court's judgment, for which purpose it must inform this Execution Area within six months, from the date this decision becomes final, of the performance of said works, under penalty of applying – as appropriate – the actions, sanctions, and/or fines provided in the CPCA.- The MUNICIPALITY OF SAN RAFAEL DE HEREDIA is condemned to pay in favor of VERA GARITA ARAYA the sum of NINE MILLION FIVE HUNDRED TEN THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY COLONES (¢9,510,720.00) for material damage (daño material).- Interest is recognized from August 18, 2021, to September 18, 2021, for the sum of TWELVE THOUSAND THREE HUNDRED NINETY-FIVE COLONES (¢12,395.00).- For personal costs (costas) the sum of ONE MILLION COLONES (¢1,000,000.00) as requested by the plaintiff.- The granted sums shall generate interest in accordance with Articles 706 and 1163 of the Civil Code from the date this decision becomes final and until its effective payment. Once this decision is final, the obligated parties must deposit the ordered sum into the court's account No. 120007841027-0 within a term of ONE MONTH, the foregoing in accordance with Article 155 and the sanctions of Articles 159 and 160, all of the Code of Contentious-Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo). The matter is resolved without a special condemnation in costs (costas) of the execution phase. LET IT BE NOTIFIED (NOTIFÍQUESE). Dr. Carlos Humberto Góngora Fuentes, Executing Judge.-

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CARLOS HUMBERTO GÓNGORA FUENTES - DECIDING JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A)

EXP: 12-000784-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, across from Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Electronic mail: [email protected]

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