Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)En síntesis, todo transporte de madera escuadrada, en trozas o aserrada, requiere la demostración del origen por parte del transportista; y según las circunstancias, esa demostración se materializa con la exhibición del certificado de origen, permiso de aprovechamiento o la factura respectiva.
English (translation)In summary, all transportation of squared, logged, or sawn wood requires the transporter to prove origin; and depending on the circumstances, that proof is provided by presenting a certificate of origin, a harvesting permit, or the corresponding invoice.
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Grande Normal Pequeña Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste Resolución Nº 00450 - 2025 Fecha de la Resolución: 23 de Octubre del 2025 a las 14:20 Expediente: 25-000299-1260-PE Redactado por: José Manuel Cisneros Mojica Clase de asunto: Recurso de apelación penal Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Derecho Penal Tema: Movilización ilícita de madera Subtemas: Necesario demostrar del origen de la madera movilizada por parte del transportista. "I. [...] En síntesis, todo transporte de madera escuadrada, en trozas o aserrada, requiere la demostración del origen por parte del transportista; y según las circunstancias, esa demostración se materializa con la exhibición del certificado de origen, permiso de aprovechamiento o la factura respectiva." Texto de la resolución ????????????????? EXPEDIENTE: 25-000299-1260-PE CONTRA: [Nombre 001] OFENDIDO/A: LOS RECURSOS NATURALES DELITO: Movilización de madera de bosque o plantación sin permisos VOTO 2025-450 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL DE GUANACASTE. Santa Cruz, a las catorce horas y veinte minutos del veintitrés de octubre de dos mil veinticinco. Recurso de apelación interpuesto en la presente causa número 25-0000299-1260-PE, seguida contra [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], nacido el 03 de octubre de 1979, hijo de [Nombre 002] y [Nombre 003], por el delito de MOVILIZACIÓN ILEGAL DE MADERA O DE PRODUCTOS FORESTALES en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso los jueces José Manuel Cisneros Mojica, Victor Francisco Cruz López y la jueza Cynthia Dumani Stradtmnann. Se apersonó en esta sede, la licenciada Nancy Salguero Caicedo, representante del Ministerio Público. RESULTANDO I. Mediante sentencia número 210-2025 de las 13:07 horas del 30 de junio de 2025, el Tribunal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, sede Santa Cruz, resolvió: POR TANTO: "Con base en lo expuesto y de conformidad con los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 1, 30, 31 y 45 del Código Penal, 56 y 63 inciso a) de la Ley Forestal, 1 al 6, 180 a 184, 265 y siguientes, 326 y siguientes, 360, 361, 363, 365 y 366 y 422 y siguientes y 490 del Código Procesal Penal y demás citados, SE ABSUELVE DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD a [Nombre 001] de la comisión de los hechos que el Ministerio Público le atribuyó en esta causa y que fueron calificados como el delito de MOVILIZACIÓN ILEGAL DE MADERA O DE PRODUCTOS FORESTALES en perjuicio de LOS RECURSOS FORESTALES. Se ordena devolver al imputado [Nombre 001] la madera que le fue decomisada por la Fuerza Pública, sin perjuicio de los derechos que terceras personas pudieran tener sobre la misma. En relación con esta causa, el imputado se encuentra en libertad y se ordena el cese de cualesquiera medidas cautelares de carácter personal dictadas en su contra que estén vigentes. Se resuelve este asunto sin especial condena en costas. Son los gastos del proceso a cargo del Estado. Firme esta resolución, comuníquese a la Administración Forestal del Estado la devolución de la madera aquí ordenada y archívese el expediente. Con su dictado oral, las partes quedan notificadas del contenido íntegro de esta sentencia y, de estimarlo necesario, pueden obtener una copia, para lo cual deben aportar el medio de almacenamiento informático de su elección (en caso de no contar con recursos económicos para ello, previa autorización de la Administración del Poder Judicial, el tribunal podrásuministrarles un disco formato DVD). Se hace saber a las partes que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste no es un despacho 100 % virtual, por lo que tramita los asuntos sometidos a su conocimiento de manera física; en razón de lo anterior, durante la etapa de impugnación, las gestiones deben ser presentadas directamente en ese despacho o en la Oficina de Recepción de Documentos delcorrespondiente circuito judicial. Lic. Carlos Bermúdez Chaves. JUEZ DE JUICIO. cbermudezc." (SIC). II. Contra el anterior pronunciamiento la licenciada Nancy Salguero Caicedo, representante del Ministerio Público, interpuso recurso de apelación. III. Verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso. IV. En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes. Redacta el juez Cisneros Mojica; y, CONSIDERANDO I. Contra el fallo venido en alzada la licenciada Nancy Salguero Caicedo, en representación del Ministerio Público, interpuso un único motivo de apelación alegando: “falta de fundamentación fáctica por errónea aplicación de la norma sustantiva, propiamente los numerales 35, 56 y 63 inciso a de la ley forestal” (folio 44 vuelto). Advierte la recurrente que el ministerio fiscal acusó al sindicado [Nombre 001] por transportar 1866 “pulgadas de madera tica” equivalentes a 4,06 m³ de madera aserrada de la especie Melina, el día 11 de junio del año 2025, en el sector de [...], sin contar con los permisos de aprovechamiento forestal o certificado de origen para movilizar la madera. Según informa la recurrente, el juez sentenciador absolvió al imputado estimando que la forma típica del transporte ilegal de madera solamente sanciona de forma penal la movilización de productos cuyo origen sea bosque o plantación, circunstancia que no se incluyó en la pieza acusatoria. Para la quejosa con apoyo en múltiples votos de la Sala Tercera y del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste, la norma penal ambiental demanda que el transportista, con independencia de que el producto se encuentre en trozas, aserrado o es cuadrado, cuente con los permisos correspondientes o los certificados de origen respectivos. El motivo se debe declarar con lugar. Luego de examinar cuidadosamente el reclamo de la fiscalía esta Cámara se dio a la tarea de escuchar la sentencia, dictada oralmente conforme lo establece el procedimiento expedito de flagrancia, en ella el juez liberó de responsabilidad al imputado, tal y como lo había adelantado la recurrente, por considerar que la acusación contenía un defecto esencial al carecer de la imputación del origen de los productos maderables transportados. La tesis del tribunal afirma que sólo se tutela la extracción y el transporte de los recursos forestales cuando provienen ya sea de un bosque o de una plantación, desarrollando en su fallo el concepto normativo de plantación agroforestal. Sin embargo se puede verificar que la acusación fiscal sostiene, en lo que interesa, que el transporte se lleva a cabo “sin contar con permisos de aprovechamiento forestal, factura que demostrase su legítima adquisición y sin cumplir con los requisitos que establece el artículo 55 de la ley forestal”; este guarismo señala: “La persona física o jurídica que posea madera en troza, escuadrada o aserrada, para realizar sus actividades, deberá comprobar que el producto forestal está amparado por el respectivo permiso de aprovechamiento cuando proceda o bien, demostrar su procedencia, cuando la Administración Forestal del Estado lo solicite. La industria forestal que procese madera en troza, escuadrada o aserrada para realizar sus actividades, deberá suministrar a la Administración Forestal del Estado y a la Oficina Nacional Forestal la información técnica y estadística que estas consideren conveniente”. Al respecto, como parte de la tutela de los recursos forestales, el Estado impuso a los administrados la obligación de demostrar el origen de los productos maderables. La norma tiene como objetivo, en todo caso, establecer la trazabilidad del recurso natural, con el propósito de garantizar que la extracción de la madera no ha contravenido los estándares de protección ambiental fijados por las autoridades correspondientes. Dicho lo anterior, la tesis del tribunal de instancia, según la cual debe imputarse el origen, para tener por satisfechos los elementos del artículo 63 inciso a, (que sanciona el incumplimiento del artículo 56 de la ley de comentario) resulta inexacta, pues deja de lado que, el artículo 30 del reglamento a la ley número 7575, se refiere a la madera proveniente de una plantación forestal o un sistema agroforestal y el numeral 31 dispone los requisitos “para la movilización de madera en troza, en bloc o escuadrada, no comprendidos en el artículo anterior”, con otras palabras, siempre se necesita documentación para transportar madera y la ausencia de esta es, precisamente, la que se sanciona por el artículo 56 en relación con el 63 inciso a de la Ley Forestal; pues el administrado tiene la obligación de acreditar el origen, lo que no excluiría, ni siquiera los supuestos del numeral 28 de la norma de marras, que exime de obtener permiso para la corta o el transporte cuando se trate de árboles de plantaciones forestales o plantados individualmente. Una cosa es no requerir permisos de tala y aprovechamiento y otra es la obligación de acreditar el origen para su transporte legítimo. Por lo anterior la sentencia venida en alzada debe ser anulada y remitir la causa nuevamente al tribunal de origen para que evalúe la situación jurídica de [Nombre 001], de conformidad con las reglas del juicio de reenvío, incluida la incidencia que puede tener en su versión defensiva la existencia de una factura emitida en apariencia por un local comercial dedicado a la venta de madera; en cuanto a esto último debe señalarse que la versión del imputado no fue valorada, lo que se apunta aquí en virtud de la obligación de realizar una revisión integral del fallo y ser éste un vicio grave. En esa dirección véase que el justiciable indicó ser un transportista que hace fletes, que fue contratado por una persona para realizar el traslado de una madera desde un aserradero y depósito de maderas hasta una dirección en Nicoya que él le había proporcionado, que al momento del transporte no contaba consigo con la factura original, pero el mismo la aportó al proceso como parte del respaldo de su dicho. Sin prejuzgar al respecto, debe tenerse en cuenta que el argumento de la fiscalía en su recurso de apelación (según el cual esa factura carecía de requisitos, entre otros, no ser electrónica), contraviene el principio general de libertad probatoria, al confundir los requisitos administrativos/tributarios de la factura, con la utilidad que podría tener este documento para acreditar la tesis defensiva, que se encuentra entre el cumplimiento de un requisito (como lo es contar con la factura del local autorizado) y el error de prohibición (considerando que está autorizado por el legítimo propietario para realizar el transporte). En síntesis, todo transporte de madera escuadrada, en trozas o aserrada, requiere la demostración del origen por parte del transportista; y según las circunstancias, esa demostración se materializa con la exhibición del certificado de origen, permiso de aprovechamiento o la factura respectiva. Para este órgano de alzada, es imposible resolver sobre el fondo en esta Sede, pues la determinación del valor que debe darse a la factura presentada y a la versión del imputado como elementos de prueba, obligan a la celebración de un nuevo contradictorio para que las partes puedan mantener un debate amplio sobre estos temas, conforme se presenten, y garantizarse que lo que se resuelva cuente con el recurso de apelación garantizado por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la normativa procesal penal costarricense. POR TANTO Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Nancy Salguero Caicedo en representación del ministerio público. Se anula sentencia venida en alzada y se dispone la celebración de un nuevo juicio para que se resuelva la situación jurídica del imputado. Notifíquese. José Manuel Cisneros Mojica Víctor Francisco Cruz López Cynthia Dumani Stradtmann Jueces y Jueza Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste FRUIZCO 25-000299-1260-PE 1 Circuito Judicial de Santa Cruz, Edificio Tribunales, Tercer Piso Teléfonos: 2681-4047. Fax: 2680-1072. Correo electrónico: [email protected] Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:35:00. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
VOTE 2025-450
GUANACASTE CRIMINAL SENTENCE APPEALS COURT. Santa Cruz, at fourteen hundred twenty hours on the twenty-third of October, two thousand twenty-five.
Appeal filed in this case number 25-0000299-1260-PE, against [Name 001], identity card [Value 001], born on October 3, 1979, son of [Name 002] and [Name 003], for the crime of ILLEGAL MOVEMENT OF TIMBER OR FOREST PRODUCTS (MOVILIZACIÓN ILEGAL DE MADERA O DE PRODUCTOS FORESTALES) to the detriment of NATURAL RESOURCES (LOS RECURSOS NATURALES). Judges José Manuel Cisneros Mojica, Victor Francisco Cruz López, and Judge Cynthia Dumani Stradtmann participate in the decision on the appeal. Attorney Nancy Salguero Caicedo, representing the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), appeared at this venue.
WHEREAS (RESULTANDO)
I. By judgment number 210-2025 at 1:07 p.m. on June 30, 2025, the Flagrancy Court (Tribunal de Flagrancia) of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, Santa Cruz venue, resolved: THEREFORE (POR TANTO): "Based on the foregoing and in accordance with articles 39 and 41 of the Political Constitution, 8 of the American Convention on Human Rights, 1, 30, 31 and 45 of the Penal Code, 56 and 63 subsection a) of the Forestry Law (Ley Forestal), 1 to 6, 180 to 184, 265 et seq., 326 et seq., 360, 361, 363, 365 and 366 and 422 et seq. and 490 of the Criminal Procedure Code and others cited, [Name 001] IS ACQUITTED OF ALL PUNISHMENT AND LIABILITY for committing the acts that the Public Prosecutor's Office attributed to him in this case and which were classified as the crime of ILLEGAL MOVEMENT OF TIMBER OR FOREST PRODUCTS to the detriment of FOREST RESOURCES (LOS RECURSOS FORESTALES). It is ordered that the timber seized from the defendant [Name 001] by the Public Force (Fuerza Pública) be returned, without prejudice to the rights that third parties may have over it. In relation to this case, the defendant is at liberty and the cessation of any personal precautionary measures ordered against him that are in force is ordered. This matter is resolved without special award of costs. The expenses of the process shall be borne by the State. Once this resolution is final, the return of the timber ordered herein shall be communicated to the State Forestry Administration (Administración Forestal del Estado) and the file shall be archived. With its oral pronouncement, the parties are notified of the full content of this judgment and, if they deem it necessary, may obtain a copy, for which they must provide the computer storage medium of their choice (in the event of not having the economic resources to do so, upon prior authorization from the Judicial Branch Administration, the court may provide a DVD format disc). The parties are informed that the Guanacaste Criminal Sentence Appeals Court (Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste) is not a 100% virtual office, therefore it processes matters submitted to its knowledge physically; due to the foregoing, during the challenge stage, motions must be filed directly at that office or at the Document Reception Office of the corresponding judicial circuit. Lic. Carlos Bermúdez Chaves. TRIAL JUDGE. cbermudezc." (SIC).
II. Against the previous pronouncement, Attorney Nancy Salguero Caicedo, representing the Public Prosecutor's Office, filed an appeal.
III. Once the respective deliberation was verified in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, the Court considered the issues raised in the appeal.
IV. The pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.
Judge Cisneros Mojica writes; and,
WHEREAS (CONSIDERANDO)
I. Against the judgment appealed, Attorney Nancy Salguero Caicedo, representing the Public Prosecutor's Office, raised a single ground for appeal alleging: "lack of factual reasoning due to erroneous application of the substantive norm, specifically numerals 35, 56 and 63 subsection a of the Forestry Law" (folio 44 verso). The appellant warns that the prosecuting authority accused the defendant [Name 001] of transporting 1866 "inches of teak wood ('madera tica')" equivalent to 4.06 m³ of sawn wood of the Melina species, on June 11, 2025, in the sector of [...], without having the forest harvesting permits (permisos de aprovechamiento forestal) or certificate of origin to move the timber. As the appellant informs, the sentencing judge acquitted the defendant, considering that the typical form of illegal timber transport only penalizes the movement of products whose origin is forest or plantation, a circumstance that was not included in the accusatory document. For the complainant, with support in multiple resolutions (votos) of the Third Chamber (Sala Tercera) and the Guanacaste Criminal Sentence Appeals Court, the environmental criminal norm demands that the transporter, regardless of whether the product is in logs (trozas), sawn, or squared, have the corresponding permits or the respective certificates of origin. The ground must be upheld. After carefully examining the prosecution's complaint, this Chamber undertook the task of listening to the judgment, delivered orally as established in the expedited flagrancy procedure; in it, the judge released the defendant from liability, just as the appellant had anticipated, considering that the accusation contained an essential defect by lacking the imputation of the origin of the transported timber products. The court's thesis affirms that only the extraction and transport of forest resources are protected when they come from either a forest or a plantation, developing in its judgment the normative concept of agroforestry plantation (plantación agroforestal). However, it can be verified that the prosecutorial accusation maintains, in what is relevant, that the transport is carried out "without having forest harvesting permits, an invoice that would demonstrate its legitimate acquisition, and without complying with the requirements established by article 55 of the Forestry Law"; this number states:
"The natural or legal person who possesses timber in logs, squared, or sawn, to carry out their activities, must verify that the forest product is covered by the respective harvesting permit when applicable or, demonstrate its provenance, when the State Forestry Administration so requests. The forest industry that processes timber in logs, squared, or sawn to carry out its activities, must provide the State Forestry Administration and the National Forest Office (Oficina Nacional Forestal) with the technical and statistical information that they consider appropriate."
In this regard, as part of the protection of forest resources, the State imposed on the administered the obligation to demonstrate the origin of timber products. The norm's objective, in any case, is to establish the traceability of the natural resource, with the purpose of ensuring that the timber extraction has not contravened the environmental protection standards set by the corresponding authorities. That said, the thesis of the trial court, according to which the origin must be imputed to satisfy the elements of article 63 subsection a (which penalizes non-compliance with article 56 of the law under discussion), is inaccurate, as it overlooks that article 30 of the regulation to Law 7575 refers to timber coming from a forest plantation (plantación forestal) or an agroforestry system and numeral 31 establishes the requirements "for the movement of timber in logs, in block or squared, not covered in the previous article," in other words, documentation is always needed to transport timber, and its absence is precisely what is sanctioned by article 56 in relation to article 63 subsection a of the Forestry Law; because the administered has the obligation to prove the origin, which would not exclude even the assumptions of numeral 28 of the aforementioned norm, which exempts from obtaining a permit for cutting or transport when dealing with trees from forest plantations or individually planted trees. One thing is not requiring felling and harvesting permits, and another is the obligation to prove the origin for its legitimate transport. Therefore, the judgment appealed must be annulled and the case remanded to the court of origin so that it may evaluate the legal situation of [Name 001], in accordance with the rules of the remand proceeding, including the incidence that the existence of an invoice apparently issued by a commercial establishment dedicated to the sale of timber may have on his defensive version; regarding the latter, it should be noted that the defendant's version was not assessed, which is pointed out here by virtue of the obligation to conduct a comprehensive review of the judgment, this being a serious defect. In that direction, see that the defendant stated he was a transporter who does freight, that he was hired by a person to carry out the transfer of timber from a sawmill and timber depot to an address in Nicoya that he had provided to him, that at the time of transport he did not have the original invoice with him, but he contributed it to the process as part of the support for his claim. Without prejudging in this regard, it must be kept in mind that the prosecution's argument in its appeal (according to which this invoice lacked requirements, among others, not being electronic), contravenes the general principle of freedom of evidence, by confusing the administrative/tax requirements of the invoice with the usefulness this document could have to support the defensive theory, which lies between compliance with a requirement (such as having the invoice from the authorized establishment) and mistake of prohibition (error de prohibición) (considering that he is authorized by the legitimate owner to carry out the transport). In summary, all transport of squared, log, or sawn timber requires the demonstration of origin by the transporter; and depending on the circumstances, this demonstration materializes with the exhibition of the certificate of origin, harvesting permit, or the respective invoice. For this appellate body, it is impossible to resolve the merits at this venue, because determining the value that should be given to the presented invoice and to the defendant's version as elements of proof requires holding a new adversarial proceeding so that the parties can maintain an ample debate on these issues, as they are presented, and guarantee that what is resolved has the right to appeal guaranteed by the Inter-American Convention on Human Rights and Costa Rican criminal procedural law.
THEREFORE (POR TANTO)
The appeal filed by Attorney Nancy Salguero Caicedo, representing the Public Prosecutor's Office, is upheld. The judgment appealed is annulled, and a new trial is ordered to resolve the defendant's legal situation. Notify.