Res. 10063-2025 Tribunal Contencioso Administrativo — Injunction against criminal reparatory plan and SINAC inspectionsMedida cautelar contra plan reparador penal y visitas del SINAC

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 10063 - 2025

Fecha de la Resolución: 22 de Octubre del 2025 a las 14:51

Expediente: 25-003992-1027-CA

Redactado por: Cindy Chavarria Hernandez





Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

25-003992-1027-CA - 1




PROCESO:

	

Medida Cautelar




ACTOR/A:

	

CRISTOBAL MATIAS MURASSO SCHELLHORN




DEMANDADO/A:

	

ASOCIACION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTOS Y ALACANTARILLADOS (ASADA)

 

 N° 2025010063

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las catorce horas con cincuenta y uno minutos del veintidos de Octubre del dos mil veinticinco.-

 

 RESULTANDO

 

1. Mediante escrito visible de página 2 a página 17 del legajo cautelar la parte actora solicita:

 

" ... suspender los actos administrativos ejecutados por el SINAC  y el MINAE en la finca matrícula 3-271191-000 del Guarco, provincia de Cartago, propiedad de la sociedad agrícola CMS, S.A ... suspensión de los puntos 2 y 3 del Plan Reparador de la suspensión del proceso a prueba estipulado bajo el expediente 21-002317-0345-PE conforme a la resolución del Juzgado Penal de Cartago  " - ver legajo cautelar-

 

2.- Que mediante providencia de las 8:30 horas del 20 de junio de 2025 se confirió traslado de la medida cautelar solicitada, a las partes accionadas (ver legajo cautelar en página 69 ).  

 

3.-  Que mediante escrito visible de página 72 a página 76 se refirió El Estado a la solicitud cautelar incoada ( ver legajo cautelar).

 

4.-  Que mediante escrito visible de página 83 a página 87 se refirió El SINAC  a la solicitud cautelar incoada ( ver legajo cautelar).

 

5.- No consta en autos referencia alguna a la solicitud cautelar por parte de la Asociación Administradora del Sistema de Acueductos y Alcantarillados de San Isidro del Guarco-Cartago.

 

6.- En los procedimientos se han seguido las prescripciones de rigor y no se observan omisiones ni causales de nulidad.

 

 

CONSIDERANDO

 

 

I.-  DE LA JUSTICIA CAUTELAR: Las medidas cautelares como Instituto procesal encuentran su fundamento en la propia Constitución Política y los Tratados Internacionales. El artículo 41 de la Constitución Política, señala al respecto lo siguiente:"ARTÍCULO 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes".   Por su parte la Declaración Universal de Derechos humanos, hace una referencia a la necesidad de que los recursos jurisdiccionales deben guardar necesaria efectividad para el amparo de los derechos constitucionales y legales, en tanto dispuso: "Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley".  Resulta de relevancia indicar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone, de manera general: "Garantías Judiciales: 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." Complementario con estas disposiciones, es el principio general de Derecho Procesal elaborado por Chiovenda y desarrollado por Calamandrei que indica que "la necesidad de servirse del proceso para obtener la razón no debe convertirse en daño para quien probablemente tenga la razón". Estas apreciaciones se entrelazan con la seguridad jurídica que debe conferir todo ordenamiento jurídico a quienes recurren a los órganos jurisdiccionales a hacer valer sus derechos. Es entonces dentro de este marco general  que la medida cautelar es una decisión provisional adoptada con el fin de evitar un  daño grave e irreversible para el recurrente.  Hechas las anteriores consideraciones, proceden entrar a detallar, tanto los presupuestos como las características de las medidas cautelares en el Código Procesal Contencioso Administrativo, aplicable a la materia.

II.- Sobre la apariencia de buen derecho: II.I- Consideraciones generales: Para efectos de la  solicitud de medida cautelar, como primera condición para valorar si procede su otorgamiento, encontramos el denominado fummmus boni iuris. En este sentido, el artículo 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece al respecto, lo siguiente:

"La medida cautelar será procedente cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso, produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, de la situación aducida, y siempre que la pretensión no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad".  (El destacado es nuestro para efectos del presente análisis)

De conformidad con lo anterior, se evidencia que la seriedad en la demanda es una condición sine qua non para el otorgamiento de la medida cautelar. Dicha seriedad entraña una valoración, que si bien no significa realizar el juicio de fondo propio del Tribunal de Juicio, sí implica la determinación de una apariencia preliminar de existencia de fundamentación de la demanda. Con lo anterior, se descartaría la posibilidad de otorgar una medida cautelar, en situaciones de demandadas evidente y manifiestamente temerarias, carentes de toda fundamentación,  en donde se evidencie un fummus mali iuris. Es entonces claro que la apariencia de buen derecho, no significa exigir certeza de buen derecho desde el inicio del proceso de conocimiento, en tanto que lo que se requerirá es un juicio de probabilidad en donde se determine que de manera razonable la parte está ejerciendo su derecho de acceso a la justicia, -tutelado en el artículo 41 de la Constitución Política- sin una perversión del mismo, haciéndolo instrumento para dilatar, lesionar o entorpecer el actuar administrativo sin fundamento alguno. La comprobación que deberá realizar el Juez Tramitador en la presente medida cautelar para efectos de determinar la apariencia de buen derecho, deberá centrarse en determinar que la demanda no posee el carácter infundado o temerario a que hemos hecho referencia, sin caer en valoraciones con respecto a los argumentos de fondo, propias del Tribunal de Juicio.  En casos como el objeto de esta medida cautelar se hará un juicio de probabilidad o verosimilitud en una eventual demanda- proceso principal-,  por lo que no se realiza  el llamado juicio de verdad, realizado por el Tribunal con base en las pruebas atraídas a la audiencia oral y pública o al proceso. Con base en lo anterior, se procederá a determinar la existencia de una apariencia de buen derecho en el caso concreto de análisis.

 

 

II.II.- Sobre el análisis del caso concreto con relación al presupuesto de la apariencia de buen derecho: La parte gestionante no argumenta este presupuesto y de los hechos de su demanda se extrae en síntesis: 1. Que el actor es propietario de una finca ubicada en la provincia de Cartago con el número de folio real 3-271191-000 donde se explota actividad agrícola-46,12 hectáreas-. 2. Que se desarrolla en 20 hectáreas aproximadamente el cultivo de aguacate. 3. Que en el año 2021 la ASADA interpone una denuncia penal en contra del gestionante por invasión a la zona de protección e indica la inexistencia de nacientes o quebradas en la zona de conflicto. 4.  Se aprueba u homologa un plan reparador dentro del proceso penal instaurado. 5. Se señala la contratación de un profesional forestal en atención a lo ordenado en aquella vía judicial.    Por su parte El Estado indica la inexistencia de este presupuesto al considerar por una parte, lo identificado por las autoridades administrativas correspondientes sea la existencia de nacientes permanentes e intermitente y por otro lado señala lo relativo a sanciones e infracciones a las áreas de protección.    Por su parte el SINAC señala la inexistencia de este presupuesto al considerar que el actor no identifica el acto administrativo concreto, sino que se refiere a aspectos generales. En  grado de probabilidad,  estima esta Juzgadora que no le asiste a la parte promovente una apariencia de buen derecho; en el tanto no se cumple con lo señalado en el ordinal 36 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Pretende la parte actora la revisión de conductas- visitas por funcionarios de las Administraciones accionadas- en la propiedad objeto de la litis y que arrojan informes de la existencia de bienes protegidos, pero no se desprende la afectación grave a sus intereses, sea, que no le es factible la impugnabilidad de lo resuelto eventualmente de no estar presente, por ejemplo, o que se demuestre al menos con indicios que la actuación administrativa reprochada no proviene de una orden judicial y que su actuación es arbitraria, no se extrae de lo aportado tal situación.  Se visualiza, de acuerdo a lo narrado que se trata de actos ya sometidos a conocimiento de la jurisdicción penal, en la cual se determinó la comisión de un hecho delictivo y el trámite desplegado en aquella vía para subsanar un daño ambiental- emisión de un plan reparador con suspensión del proceso a prueba-; es decir, la existencia de una condición para suspender el proceso penal-juicio- a favor del imputado hasta tanto se haya procedido con la mitigación del daño y un período de condiciones, que de cumplirse se extingue y sobresee la causa.  No se somete a conocimiento de este Despacho si se trata de una conducta exclusiva de la Administración Pública, o de una que fue analizada a raíz de la denuncia por comisión de un hecho delictivo contra el ambiente por parte del accionante y que forman parte de las condiciones establecidas en dicho proceso penal. No puede contener ambiguedades lo solicitado.  Es precisamente una conducta y/o acto administrativo exclusivo de la Administración Pública que puede ser sometido a un contralor de legalidad por parte de este Tribunal, no así, un acto o conducta jurisdiccional o proveniente de esta.  Debe analizarse en el fondo si corresponde a una conducta o acto factible de revisión en esta jurisdicción, o a aspectos provenientes de una orden judicial en un proceso penal como petición ante esta jurisdicción- ver página 15 del legajo cautelar-.  Se reitera que en consecuencia no se encuentra lo pedido de acuerdo a lo que señalan los ordinales 36 y 42 del Código Procesal Contencioso Administrativo y 49 Constitucional en la tutela cautelar aquí planteada, no entrando a analizar en la solicitud cautelar, si lleva o no razón la parte gestionante, aspectos analizables en el proceso de fondo como se dijo;  sino que se analiza esa apariencia de buen humo de derecho entendiendo que se extiende a lo que ordena la norma, en donde se analiza de conformidad con lo que ella misma establece, si se encuentra lo peticionado dentro de lo que es posible solicitar ante esta sede judicial. No se demuestra esa apariencia de un buen derecho, como se dijo, que haga presumir al Despacho, que por una actuación administrativa o acto administrativo ( voluntad de la Administración) se vulnere un derecho del accionante. Así las cosas, al desprenderse una conducta, acto u omisión no sujeta eventualmente al control de este Tribunal de conformidad con la normativa antes dicha y por lo descrito en relación a ese control no procede la acreditación de este presupuesto.     Todo lo anterior, sin prejuzgar el fondo de los argumentos y a manera de juicio de probabilidad. II.III.- Conclusión: Esta Juzgadora NO advierte la apariencia de buen derecho en la medida por lo expuesto.

III.- De la existencia  del peligro de un daño grave en la mora: Para el análisis de la aplicación de este presupuesto al caso concreto, estima esta Juzgadora necesario realizar algunas consideraciones sobre el denominado peligro en la demora. III.I.- Consideraciones generales:  Para efectos de la presente  solicitud de medida cautelar, como segunda condición para valorar si procede su otorgamiento, encontramos el denominado periculum in mora. En este sentido, el artículo 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece al respecto, lo siguiente:

 

"La medida cautelar será procedente cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso, produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, de la situación aducida, y siempre que la pretensión no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad".  (El destacado es nuestro para efectos del presente análisis)

De la norma indicada se evidencia con gran claridad el profundo avance que con respecto a este presupuesto presenta el Código Procesal Contencioso Administrativo para con la antigua Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Lo anterior, en tanto que ésta última lo que exigía era un daño o perjuicio de reparación imposible o difícil, criterio mucho más restrictivo que el actual daño o perjuicio grave del CPCA y en donde se admite de manera expresa la posibilidad de daños  potenciales.  Calamandrei define dicho presupuesto de la siguiente manera:

 “el periculum in mora que está en la base de las medidas cautelares no es el genérico peligro de daño jurídico, el cual se puede en ciertos casos obviar con la tutela ordinaria, sino específicamente el peligro de aquél ulterior daño marginal que podría derivarse del retraso, consecuencia inevitable de la lentitud del proceso ordinario, de la resolución definitiva” Calamandrei citado por VECINA CIFUENTES, Javier. Las medidas cautelares en los procesos ante el Tribunal Constitucional. Madrid, Editorial Colex, 1993.

El denominado periculum in mora se ha entendido como el temor razonable y objetivamente fundado de la parte actora  - lo que implica demostración, no mera alegación, distintivo del anterior presupuesto-, de que una concreta y determinada situación jurídica sustancial aducida por la parte promovente de la medida cautelar pueda ser dañada o perjudicada de forma grave  durante el transcurso del tiempo necesario para dictar la sentencia principal, y dado el tiempo que normalmente puede tardar un proceso de conocimiento en todas sus etapas. Es entonces que este presupuesto parte de dos elementos- condición para su existencia, a saber, el daño actual o potencial inminente y la demora misma del proceso. El peligro de la mora parte de los mismos fundamentos que dan origen a la justicia cautelar, en tanto que busca proteger el resultado de una eventual sentencia de fondo y evitar que la misma se torne nugatoria por el mero transcurso del tiempo transcurrido durante el proceso. Dado lo anterior, no procedería una medida cautelar en donde no se evidencia la posibilidad de un daño grave, sea cuando pueda mediar otro tipo de daños de menor gravedad, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo,  o cuando se invoca mas no se demuestra al menos con indicios o se desprende de los elementos de convicción, para efectos de la tutela cautelar, los daños graves alegados. Es por esta razón que se ha estimado al peligro en la demora como el presupuesto o pilar fundamental sobre el cual se asienta la medida cautelar que el Juez adopte.    En razón de lo anterior, es que para el otorgamiento de la medida cautelar se requerirá la presencia de una probabilidad razonable y objetivamente fundada de existencia de una afectación grave a la parte promovente con motivo de la dilación del proceso de conocimiento y hasta la firmeza de la resolución final. Acorde con lo dicho, se puede considerar que en el caso del peligro en la mora se requiere al menos la acreditación de un grado de certeza razonable de la existencia de las condiciones de hecho consistentes en la amenaza que el invocante de la medida cautelar estima como daño grave. Esa certeza, entonces puede devenir, ya sea de prueba o de indicios que evidencien de manera razonable u objetiva la existencia de un daño o de las circunstancias mismas en que se da el daño alegado, en que este se puede presentar como una consecuencia evidente de la conducta administrativa. Con base en lo anterior, se procederá a determinar la existencia del peligro en la demora  en el caso concreto de análisis.

III.II.- Sobre el análisis del caso concreto con relación al presupuesto del peligro en la demora:     En el presente caso no se evidencia la existencia de un daño  grave con motivo de la no adopción de la medida cautelar o la dilación en un  proceso de conocimiento; ya que, no se demuestra por parte de la accionante, en primer término una apariencia de buen derecho y en segundo término un daño grave en su esfera jurídica.  La parte actora no desarrolla tampoco este presupuesto en su escrito cautelar.  La prueba que aporta está referida al trámite administrativo y judicial-penal llevado a cabo, no así, a prueba material o indiciaria de un daño grave, sea irreversible o irreparable en sus finanzas, entorno familiar, comercial, etc. que justifique un peligro en la demora de un  proceso de conocimiento y que deba acogerse la solicitud cautelar para garantizar la efectividad de una sentencia por el fondo.  No se desprende de lo aportado el daño grave e irreparable. No es factible señalar el eventual daño, sino este ser probable, al menos con indicios, que conduzcan al juzgador-a a determinar la imposibilidad de mantener la conducta objeto, sea que con dicha prueba, al menos indiciaria, se pueda establecer la magnitud de ese daño.   Se debe analizar cada caso particular y lo atraído al proceso cautelar, de conformidad con lo expuesto por quien gestiona no se demuestra el daño grave, sea esa irreversibilidad y/o irreparabilidad por el transcurso del tiempo en el trámite de un proceso de fondo al gestionante o a terceros. Se echa de menos prueba que acredite tal situación en la solicitud cautelar.  No resulta factible la acreditación de este presupuesto, al no aportarse prueba o indicios de una afectación grave-ya descrita-a la parte actora o a terceros de mantenerse la conducta o acto administrativo que se apunta contrario a derecho.   Se debe al menos señalar su probabilidad, aspecto que no se constata y, en consecuencia no se acredita un peligro en la demora si no se cuenta con elementos que lo hagan probable y la no acreditación de esa apariencia de tener un derecho que esté siendo vulnerado.  No solo debe indicarse un daño grave, sino su existencia y ello constatable con los elementos probatorios allegados al proceso cautelar.  III.III.- Conclusión: Esta Juzgadora NO advierte el peligro en la demora de un proceso de conocimiento por lo expuesto.

 

IV.- De la ponderación de intereses en juego:  En el caso concreto, por los motivos que se verán, se analiza la ponderación de intereses en juego. IV.I.- Sobre la naturaleza y condiciones de este presupuesto:  Para efectos de la presente  solicitud de medida cautelar, como condición para valorar si procede su otorgamiento, encontramos la denominada ponderación de intereses en juego. En este sentido, el artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece al respecto, lo siguiente: "Para otorgar o denegar alguna medida cautelar, el tribunal o el juez respectivo deberá considerar, especialmente, el principio de proporcionalidad, ponderando la eventual lesión al interés público, los daños y los perjuicios provocados con la medida a terceros, así como los caracteres de instrumentalidad y provisionalidad, de modo que no se afecte la gestión sustantiva de la entidad, ni se afecte en forma grave la situación jurídica de terceros. También deberá tomar en cuenta las posibilidades y previsiones financieras que la Administración Pública deberá efectuar para la ejecución de la medida cautelar." (El destacado es nuestro para efectos del presente análisis) Con respecto a este presupuesto, es menester hacer referencia a lo señalado en esta materia por el maestro Eduardo Ortiz Ortiz, en tanto indicó: "El interés público de la administración y la eventualidad de daños graves al mismo son materia de obligada consideración para decidir sobre la petición de suspensión del acto impugnado y para rechazarla si, otorgarla, lesionaría severamente un fin o interés público de importante rango. De este modo, cabe concluir en que no basta la procedencia de la demanda cautelar de suspensión que el particular invoque y pruebe daños graves o de difícil reparación por obra o con motivo de la ejecución del acto impugnado, sino que es necesario que así resulte ser después de haberlos comparado con los que produciría al interés público la suspensión de esa misma ejecución, dados los hechos del caso y el rango de los bienes jurídicos en conflicto.” Ortíz Ortiz, Eduardo, Justicia Administrativa Costarricense, (Cuatro Estudios), San José, Litografía e Imprenta LIL, 1990, pág. 370. El análisis de la bilateralidad del peligro en la mora, también resultará fundamental para determinar la procedencia de una medida cautelar, debiendo  valorarse comparativamente el interés del peticionante  con el interés público y el de terceros. En este supuesto, el análisis realizado debe concluir  que  la medida  se puede denegar cuando el perjuicio sufrido por la colectividad o terceros es cualitativa y cuantitativamente superior al experimentado por el solicitante sin su otorgamiento. Con base en lo anterior, esta Juzgadora parte de la necesaria ponderación de la proporcionalidad y razonabilidad de la medida, y la valoración de estas consideraciones en el análisis de los intereses en juego dentro del proceso de conocimiento.  Con respecto a terceros, procede hacer referencia a que se debe partir de lo que se ha llamado como la  interdicción de órdenes lesivas a los intereses de terceros ajenos al proceso, como una limitación intrínsica de la medida cautelar.  Estas consideraciones son reafirmadas en la doctrina española, en tanto indica expresamente: "La necesidad de no perjudicar intereses de terceros, al decidir con carácter provisional, medidas cautelares es un principio bien conocido. Aquí esos posibles derechos de terceros pueden ser eventualmente los de toda la colectividad...."  García de Enterría Eduardo. La Batalla Por las Medidas Cautelares. Editorial Thompson Civitas, 2004. Con respecto al interés público, debe tomarse en consideración que éste por si mismo no es suficiente para denegar la medida cautelar, será la afectación al interés público cualitativa  y cuantitativamente superior con relación al peticionante de la medida cautelar, el que podrá incidir en una negatoria de la misma.  Es entonces ese calificado perjuicio al interés general o de tercero, el que deberá evidenciarce de la conducta administrativa objeto de  la medida cautelar pedida, debiendo quedar claro que sólo si la afectación al mismo resulta más gravosa que aquella, procedería denegar la justicia cautelar. Con base en los anterior, se procederá a analizar los intereses en juego en la presente medida cautelar.

 

IV.I.- Sobre el análisis del caso concreto con relación a la ponderación de intereses:  Con respecto a este presupuesto, analizados tanto los argumentos de las partes como lo ya analizado respecto a los presupuestos precedentes, no es procedente una ponderación de intereses a favor de la parte actora.  En consecuencia no puede inclinarse la balanza hacia una afectación a un interés particular de quien gestiona, en consecuencia prevalece un interés público, residenciado en las potestades de un sujeto privado de interponer denuncias cuando considera que existe afectación de zonas de protección, en este caso, y que sea investigado como en derecho corresponde, así como, la obligartoriedad de las Administraciones Públicas codemandadas de realizar lo que ordena la normativa en atención al principio de legalidad en concordancia con el principio precautorio y eventualmente el deber de obediencia a una orden judicial que sanciona el tipo de infracciones que alude la parte actora en su escrito cautelar y en donde debe ineludiblemente proceder a la aplicabilidad del principio precautorio en materia ambiental.  Por lo que en esta contraposición de intereses no prevalece el interés particular. IV.II.- Conclusión:  NO se advierte una afectación mayor al interés particular.

V.- Dadas las consideraciones hechas y respecto de la inexistencia de los presupuestos básicos establecidos para la aceptación de la medida cautelar,  lo procedente es declarar sin lugar la medida solicitada.

 

POR TANTO

Se declara SIN LUGAR la medida cautelar solicitada por CRISTOBAL MATÍAS MURASSO SCHLLHORN contra EL ESTADO, SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN-SINAC- Y ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE SAN ISIDRO DEL GUARCO-CARTAGO.  Por la naturaleza propia de las medidas cautelares se omite pronunciamiento en costas.   Contra la presente resolución procede la interposición de Recurso de Apelación, ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo según lo estipulado en el ordinal 30 del Código Procesal Contencioso Administrativo.  NOTIFÍQUESE. Licda. Cindy Chavarría Hernández. Jueza.-

 

 

 

 

 


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CINDY CHAVARRIA HERNANDEZ - JUEZ/A TRAMITADOR/A

 

EXP: 25-003992-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:35:44.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Administrative Litigation Court  

Resolution No. 10063 - 2025  

Resolution Date: October 22, 2025, at 2:51 p.m.  

Case File: 25-003992-1027-CA  

Drafted by: Cindy Chavarria Hernandez  

Text of the resolution  

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CASE FILE:  

25-003992-1027-CA - 1  

PROCEEDING:  

Precautionary Measure  

PLAINTIFF:  

CRISTOBAL MATIAS MURASSO SCHELLHORN  

DEFENDANT:  

ASOCIACION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ASADA)  

No. 2025010063  

ADMINISTRATIVE LITIGATION AND CIVIL TREASURY COURT, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at fourteen hours and fifty-one minutes on the twenty-second of October of two thousand twenty-five.-  

WHEREAS  

1. By means of the brief visible from page 2 to page 17 of the precautionary file, the plaintiff requests:  

" ... to suspend the administrative acts executed by SINAC and MINAE on the property with real estate registration number 3-271191-000 of Guarco, province of Cartago, owned by the agricultural company CMS, S.A ... suspension of points 2 and 3 of the Remedial Plan for the suspension of the probationary process stipulated under case file 21-002317-0345-PE in accordance with the resolution of the Criminal Court of Cartago " - see precautionary file-  

2.- That by means of an order issued at 8:30 a.m. on June 20, 2025, the requested precautionary measure was transferred to the sued parties (see precautionary file on page 69).  

3.- That by means of a brief visible from page 72 to page 76, the State addressed the filed precautionary request (see precautionary file).  

4.- That by means of a brief visible from page 83 to page 87, SINAC addressed the filed precautionary request (see precautionary file).  

5.- There is no reference in the record to the precautionary request by the Asociación Administradora del Sistema de Acueductos y Alcantarillados of San Isidro del Guarco-Cartago.  

6.- The proceedings have followed the required prescriptions, and no omissions or grounds for nullity are observed.  

CONSIDERING  

I.- ON PRECAUTIONARY JUSTICE: Precautionary measures as a procedural institute find their foundation in the Political Constitution itself and International Treaties. Article 41 of the Political Constitution states in this regard: "ARTICLE 41.- By resorting to the laws, everyone must find reparation for the injuries or damages they have received in their person, property, or moral interests. They must be given prompt, complete justice, without denial and in strict conformity with the laws". For its part, the Universal Declaration of Human Rights refers to the need for jurisdictional remedies to be necessarily effective for the protection of constitutional and legal rights, as it provided: "Article 8.- Everyone has the right to an effective remedy before the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law". It is relevant to indicate that the American Convention on Human Rights provides, in general: "Judicial Guarantees: 1. Every person has the right to be heard, with due guarantees, by a competent, independent, and impartial judge or tribunal, previously established by law, in the substantiation of any criminal accusation made against him, or for the determination of his rights and obligations of a civil, labor, fiscal, or any other nature." Complementary to these provisions is the general principle of Procedural Law developed by Chiovenda and elaborated by Calamandrei, which indicates that "the need to use the process to obtain one's right must not become a harm to the one who is probably right". These assessments are intertwined with the legal certainty that any legal system must confer on those who resort to jurisdictional bodies to assert their rights. It is within this general framework that the precautionary measure is a provisional decision adopted to avoid serious and irreversible harm to the applicant. Having made the foregoing considerations, we proceed to detail both the requirements and the characteristics of precautionary measures in the Administrative Litigation Procedural Code, applicable to the matter.

II.- On the appearance of good right: II.I- General considerations: For the purposes of the precautionary measure request, as the first condition to assess its granting, we find the so-called fumus boni iuris. In this regard, Article 21 of the Administrative Litigation Procedural Code establishes the following:

"The precautionary measure shall be appropriate when the execution or permanence of the conduct under process produces serious, current or potential, harm or prejudice to the alleged situation, and provided that the claim is not reckless or, in a manifest way, lacking in seriousness". (The emphasis is ours for the purposes of this analysis)

In accordance with the foregoing, it is evident that the seriousness of the claim is a sine qua non condition for granting the precautionary measure. Said seriousness entails an assessment, which, while not meaning to conduct the substantive trial inherent to the Trial Court, does imply the determination of a preliminary appearance of the existence of a foundation for the claim. This would rule out the possibility of granting a precautionary measure in situations of evidently and manifestly reckless claims, lacking any foundation, where a fumus mali iuris is evident. It is therefore clear that the appearance of good right does not mean demanding certainty of a good right from the beginning of the plenary proceeding, since what will be required is a judgment of probability where it is determined that the party is reasonably exercising their right of access to justice - protected in Article 41 of the Political Constitution - without a perversion of it, making it an instrument to delay, harm, or obstruct administrative actions without any basis. The verification that the Processing Judge must carry out in this precautionary measure to determine the appearance of good right must focus on determining that the claim does not possess the unfounded or reckless character we have referred to, without falling into assessments regarding the substantive arguments, which are proper to the Trial Court. In cases like the one subject to this precautionary measure, a judgment of probability or verisimilitude will be made in a potential claim - main proceeding -, therefore the so-called judgment of truth, carried out by the Court based on the evidence brought to the oral and public hearing or to the process, is not performed. Based on the foregoing, we shall proceed to determine the existence of an appearance of good right in the specific case under analysis.

II.II.- On the analysis of the specific case in relation to the requirement of the appearance of good right: The managing party does not argue this requirement, and from the facts of its claim, it is extracted in synthesis: 1. That the plaintiff is the owner of a property located in the province of Cartago with real estate registration number 3-271191-000 where agricultural activity is exploited - 46.12 hectares -. 2. That avocado cultivation is developed on approximately 20 hectares. 3. That in 2021, the ASADA filed a criminal complaint against the managing party for invasion of the protection zone and indicated the non-existence of springs (nacientes) or streams in the conflict zone. 4. A remedial plan is approved or homologated within the instituted criminal process. 5. The hiring of a forestry professional is indicated in compliance with what was ordered in that judicial venue. For its part, the State indicates the non-existence of this requirement by considering, on one hand, what was identified by the corresponding administrative authorities, namely the existence of permanent and intermittent springs (nacientes), and on the other hand, points out matters related to sanctions and infractions to the protection areas. For its part, SINAC points out the non-existence of this requirement by considering that the plaintiff does not identify the specific administrative act, but rather refers to general aspects. With a degree of probability, this Judge considers that the promoting party is not assisted by an appearance of good right; insofar as what is indicated in Article 36 of the Administrative Litigation Procedural Code is not fulfilled. The plaintiff intends the review of conduct - visits by officials of the sued Administrations - on the property subject to the litigation that yield reports on the existence of protected assets, but the serious affectation to their interests is not apparent, that is, it is not feasible for them to challenge what was eventually resolved if they were not present, for example, or to demonstrate at least with indicia that the reproached administrative action does not come from a judicial order and that its action is arbitrary; such a situation is not extracted from what was provided. It is visualized, according to what was narrated, that these are acts already submitted to the knowledge of the criminal jurisdiction, in which the commission of a criminal act was determined and the procedure deployed in that venue to remedy an environmental harm - issuance of a remedial plan with suspension of the probationary process -; that is, the existence of a condition to suspend the criminal process-trial- in favor of the accused until the damage mitigation and a period of conditions have been carried out, which, if fulfilled, extinguishes and dismisses the cause. It is not submitted to the knowledge of this Court whether it concerns exclusive conduct of the Public Administration, or one that was analyzed as a result of the complaint for the commission of a criminal act against the environment by the petitioner and that forms part of the conditions established in said criminal process. The request cannot contain ambiguities. It is precisely an exclusive conduct and/or administrative act of the Public Administration that can be submitted for a legality review by this Court, but not a jurisdictional act or conduct or one originating from it. It must be analyzed on the merits whether it corresponds to conduct or an act capable of review in this jurisdiction, or to aspects originating from a judicial order in a criminal process as a petition before this jurisdiction - see page 15 of the precautionary file -. It is reiterated that consequently, what is requested is not found in accordance with what Articles 36 and 42 of the Administrative Litigation Procedural Code and 49 of the Constitution indicate regarding the precautionary protection raised here, without entering into the analysis, in the precautionary request, of whether or not the managing party is correct, aspects analyzable in the plenary proceeding as stated; rather, that appearance of good smoke of right is analyzed, understanding that it extends to what the norm orders, where it is analyzed in accordance with what it itself establishes, whether the petition is within what is possible to request before this judicial seat. That appearance of a good right is not demonstrated, as stated, that makes this Court presume that an administrative action or administrative act (will of the Administration) violates a right of the plaintiff. This being the case, as conduct, an act, or an omission is inferred that is eventually not subject to the control of this Court in accordance with the aforementioned regulations and by what is described in relation to that control, the accreditation of this requirement is not appropriate. All of the foregoing, without prejudging the merits of the arguments and as a judgment of probability. II.III.- Conclusion: This Judge does NOT observe the appearance of good right in the measure for the reasons stated.

III.- On the existence of the danger of serious harm in the delay: For the analysis of the application of this requirement to the specific case, this Judge considers it necessary to make some considerations regarding the so-called danger in the delay. III.I.- General considerations: For the purposes of this precautionary measure request, as the second condition to assess its granting, we find the so-called periculum in mora. In this regard, Article 21 of the Administrative Litigation Procedural Code establishes the following:

"The precautionary measure shall be appropriate when the execution or permanence of the conduct under process produces serious, current or potential, harm or prejudice to the alleged situation, and provided that the claim is not reckless or, in a manifest way, lacking in seriousness". (The emphasis is ours for the purposes of this analysis)

From the indicated norm, the profound progress that the Administrative Litigation Procedural Code presents with respect to this requirement, compared to the former Regulatory Law of the Administrative Litigation Jurisdiction, is evidenced with great clarity. The latter required harm or prejudice of impossible or difficult reparation, a much more restrictive criterion than the current serious harm or prejudice of the CPCA, where the possibility of potential harm is expressly admitted. Calamandrei defines this requirement in the following manner:

“the periculum in mora that is the basis of precautionary measures is not the generic danger of legal harm, which can in certain cases be obviated with ordinary protection, but specifically the danger of that further marginal harm that could derive from the delay, an inevitable consequence of the slowness of the ordinary process, of the definitive resolution” Calamandrei cited by VECINA CIFUENTES, Javier. Las medidas cautelares en los procesos ante el Tribunal Constitucional. Madrid, Editorial Colex, 1993.

The so-called periculum in mora has been understood as the reasonable and objectively founded fear of the plaintiff - which implies demonstration, not mere allegation, distinguishing it from the previous requirement - that a specific and determined substantial legal situation adduced by the party promoting the precautionary measure may be damaged or seriously prejudiced during the time necessary to issue the main judgment, and given the time that a plenary proceeding can normally take in all its stages. It is then that this requirement consists of two elements- conditions for its existence, namely, the current or imminent potential harm and the delay of the process itself. The danger in the delay arises from the same foundations that give rise to precautionary justice, insofar as it seeks to protect the result of a potential final judgment and prevent it from becoming nugatory by the mere passage of time during the process. Given the above, a precautionary measure would not be appropriate where the possibility of serious harm is not evidenced, that is, when other types of less serious harm, from the qualitative and quantitative point of view, may mediate, or when the alleged serious harm is invoked but not demonstrated at least with indicia or is not inferred from the elements of conviction, for purposes of precautionary protection. It is for this reason that the danger in the delay has been considered the fundamental requirement or pillar upon which the precautionary measure adopted by the Judge is based. By virtue of the foregoing, the granting of the precautionary measure will require the presence of a reasonable, objectively founded probability of the existence of a serious affectation to the promoting party due to the delay in the plenary proceeding and until the final resolution becomes firm. In accordance with what was said, it can be considered that in the case of the danger in the delay, at least the accreditation of a degree of reasonable certainty of the existence of factual conditions consisting of the threat that the invoker of the precautionary measure considers as serious harm is required. That certainty, then, can come either from evidence or from indicia that reasonably or objectively evidence the existence of harm or the very circumstances in which the alleged harm occurs, in that it can present itself as an evident consequence of the administrative conduct. Based on the foregoing, we shall proceed to determine the existence of the danger in the delay in the specific case under analysis.

III.II.- On the analysis of the specific case in relation to the requirement of danger in the delay: In the present case, the existence of serious harm resulting from the non-adoption of the precautionary measure or the delay in a plenary proceeding is not evidenced; since the plaintiff does not demonstrate, firstly, an appearance of good right, and secondly, serious harm in their legal sphere. The plaintiff also does not develop this requirement in their precautionary brief. The evidence provided refers to the administrative and judicial-criminal procedure carried out, not to material or circumstantial evidence of serious harm, whether irreversible or irreparable to their finances, family environment, business, etc., that would justify a danger in the delay of a plenary proceeding and that the precautionary request should be granted to guarantee the effectiveness of a final judgment on the merits. Serious and irreparable harm is not inferred from what was provided. It is not feasible to merely indicate the potential harm; rather, it must be probable, at least with indicia, that lead the judge to determine the impossibility of maintaining the conduct in question, that is, that with said evidence, at least circumstantial, the magnitude of that harm can be established. Each particular case must be analyzed, and what was brought to the precautionary process; in accordance with the petitioner's exposition, serious harm is not demonstrated, that is, that irreversibility and/or irreparability due to the passage of time in the processing of a plenary proceeding for the petitioner or third parties. Evidence accrediting such a situation in the precautionary request is lacking. The accreditation of this requirement is not feasible, as no evidence or indicia of a serious affectation - already described - to the plaintiff or to third parties is provided if the conduct or administrative act that is pointed out as contrary to law is maintained. Its probability must at least be indicated, an aspect that is not verified, and consequently, a danger in the delay is not accredited if there are no elements making it probable and there is no accreditation of that appearance of having a right that is being violated. Not only must a serious harm be indicated, but its existence, and this must be verifiable with the evidentiary elements provided to the precautionary process. III.III.- Conclusion: This Judge does NOT observe the danger in the delay of a plenary proceeding for the reasons stated.

IV.- On the balancing of interests at stake: In the specific case, for the reasons that will be seen, the balancing of interests at stake is analyzed. IV.I.- On the nature and conditions of this requirement: For the purposes of this precautionary measure request, as a condition to assess its granting, we find the so-called balancing of interests at stake. In this regard, Article 22 of the Administrative Litigation Procedural Code establishes the following: "To grant or deny a precautionary measure, the respective court or judge must consider, especially, the principle of proportionality, weighing the potential injury to the public interest, the harm and prejudice caused by the measure to third parties, as well as the characteristics of instrumentality and provisionality, so that the substantive management of the entity is not affected, nor is the legal situation of third parties seriously affected. It must also take into account the financial possibilities and forecasts that the Public Administration must make for the execution of the precautionary measure." (The emphasis is ours for the purposes of this analysis) Regarding this requirement, it is necessary to refer to what was indicated in this matter by Professor Eduardo Ortiz Ortiz, as he stated: "The public interest of the administration and the eventuality of serious harm to it are matters of mandatory consideration for deciding on the petition for suspension of the challenged act and for rejecting it if granting it would severely harm a public interest or end of significant rank. Thus, it can be concluded that it is not sufficient for the appropriateness of the precautionary suspension claim that the individual invokes and proves serious or difficult-to-repair harm by or on the occasion of the execution of the challenged act, but rather that this must be the result after having compared them with those that the suspension of that same execution would produce to the public interest, given the facts of the case and the rank of the legal assets in conflict.” Ortíz Ortiz, Eduardo, Justicia Administrativa Costarricense, (Four Studies), San José, Litografía e Imprenta LIL, 1990, p. 370. The analysis of the bilaterality of the danger in the delay will also be fundamental to determine the appropriateness of a precautionary measure, with the interest of the petitioner having to be comparatively assessed against the public interest and that of third parties. In this case, the analysis performed must conclude that the measure can be denied when the harm suffered by the community or third parties is qualitatively and quantitatively greater than that experienced by the applicant without its granting. Based on the foregoing, this Judge departs from the necessary weighing of the proportionality and reasonableness of the measure, and the assessment of these considerations in the analysis of the interests at stake within the plenary proceeding. Regarding third parties, it is appropriate to refer to what has been called the interdiction of orders harmful to the interests of third parties alien to the process, as an intrinsic limitation of the precautionary measure. These considerations are reaffirmed in Spanish doctrine, as it expressly indicates: "The need not to harm the interests of third parties, when deciding precautionary measures on a provisional basis, is a well-known principle. Here those possible rights of third parties may eventually be those of the entire community...." García de Enterría Eduardo. La Batalla Por las Medidas Cautelares. Editorial Thompson Civitas, 2004. Regarding the public interest, it must be taken into consideration that this by itself is not sufficient to deny the precautionary measure; it will be the qualitatively and quantitatively greater affectation to the public interest in relation to the petitioner of the precautionary measure that may influence a denial of it. It is then that qualified harm to the general interest or that of a third party, which must be evidenced from the administrative conduct subject to the requested precautionary measure, making it clear that only if the affectation to it is more burdensome than the former, would it be appropriate to deny precautionary justice. Based on the foregoing, we shall proceed to analyze the interests at stake in this precautionary measure.

IV.I.- On the analysis of the specific case in relation to the balancing of interests: Regarding this requirement, having analyzed both the arguments of the parties and what was already analyzed regarding the preceding requirements, a balancing of interests in favor of the plaintiff is not appropriate. Consequently, the balance cannot be tipped towards an affectation of a private interest of the managing party; consequently, a public interest prevails, residing in the powers of a private subject to file complaints when they consider there is an affectation of protection zones, in this case, and that it be investigated as legally corresponds, as well as the obligation of the co-defendant Public Administrations to carry out what the regulations order in compliance with the principle of legality in accordance with the precautionary principle and eventually the duty of obedience to a judicial order that sanctions the type of infractions alluded to by the plaintiff in their precautionary brief and where they must unavoidably proceed to the applicability of the precautionary principle in environmental matters. Therefore, in this opposition of interests, the private interest does not prevail. IV.II.- Conclusion: A greater affectation to the private interest is NOT observed.

V.- Given the considerations made and regarding the non-existence of the basic requirements established for the acceptance of the precautionary measure, the appropriate course is to declare the requested measure without merit.

THEREFORE

The precautionary measure requested by CRISTOBAL MATÍAS MURASSO SCHLLHORN against EL ESTADO, SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN-SINAC- AND ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE SAN ISIDRO DEL GUARCO-CARTAGO is declared WITHOUT MERIT. By the very nature of precautionary measures, a ruling on costs is omitted. An Appeal may be filed against this resolution before the Court of Appeals for Administrative Litigation as stipulated in Article 30 of the Administrative Litigation Procedural Code. NOTIFY. Licda. Cindy Chavarría Hernández. Judge.-

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ZZFNUKSQHGQ61
CINDY CHAVARRIA HERNANDEZ - PROCESSING JUDGE

CASE FILE: 25-003992-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

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