Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Esta Cámara ha detectado graves vicios en la tramitación del presente asunto durante la fase de juicio, que han generado que se verifique la extinción de la acción penal por la prescripción, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 30 inciso e) 31 inciso a) y 33 inciso f) del Código Procesal Penal. (...) el plazo de la prescripción se redujo a dieciocho meses, que como se indicó, transcurrieron sobradamente para el momento en que este asunto llegó a este despacho por la tramitación negligente del Tribunal Penal de Cartago. Por lo anterior, al haberse extinguido la acción penal por prescripción, lo que corresponde es absolver al imputado en esta sede por el delito de aprovechamiento de productos forestales por el que se le halló responsable en la sentencia impugnada. (...) Para la mayoría de este Tribunal (juezas Sancho González y Wittmann Stengel), la prescripción de la acción penal no conlleva la de la acción civil. (...) se estima que cuando se trata de la prescripción de la acción civil, la regla aplicable es la del plazo decenal que establece el ordinal 868 del Código Civil, por lo que de acuerdo con lo que consta en autos, la misma no ha operado. (...) De conformidad con el artículo 110 del Código Penal se ordena el comiso a favor de la Administración Forestal del Estado de una motosierra marca Husqvarna, color naranja, con la serie 2010-4120608 y de una motosierra marca Husqvarna, color naranja, con la serie 2018-0321216.
English (translation)This Chamber has detected serious defects in the processing of this matter during the trial phase, which have led to the extinction of the criminal action due to the statute of limitations, in accordance with Articles 30(e), 31(a) and 33(f) of the Criminal Procedure Code. (...) the statute of limitations period was reduced to eighteen months, which, as indicated, had already fully elapsed by the time this matter reached this office due to the negligent processing by the Criminal Trial Court of Cartago. Therefore, since the criminal action has been extinguished by the statute of limitations, the appropriate course is to acquit the accused at this instance of the crime of forest products harvesting for which he was found responsible in the contested judgment. (...) For the majority of this Court (Judges Sancho González and Wittmann Stengel), the statute of limitations on the criminal action does not entail that of the civil action. (...) it is considered that when it comes to the statute of limitations on the civil action, the applicable rule is the ten-year period established by Article 868 of the Civil Code, so according to what is on record, it has not yet occurred. (...) In accordance with Article 110 of the Criminal Code, confiscation is ordered in favor of the State Forest Administration of one Husqvarna chainsaw, orange, serial number 2010-4120608, and one Husqvarna chainsaw, orange, serial number 2018-0321216.
Partially granted (criminal acquittal, civil damages upheld)
Grande Normal Pequeña Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago Resolución Nº 00449 - 2025 Fecha de la Resolución: 11 de Setiembre del 2025 a las 08:40 Expediente: 20-000020-0567-PE Redactado por: No indica redactor Clase de asunto: Proceso penal Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Prescripción de la acción penal Subtemas: Declaratoria de la prescripción de la acción penal no la implica respecto a lo civil. Temas (descriptores): Acción civil resarcitoria Subtemas: Declaratoria de la prescripción de la acción penal no la implica respecto a lo civil. Temas (descriptores): Prescripción Subtemas: Declaratoria de la prescripción de la acción penal no la implica respecto a lo civil. Tipo de contenido: Voto salvado Temas (descriptores): Prescripción Subtemas: Acción civil prescribe conjuntamente con la penal. Temas (descriptores): Acción civil resarcitoria Subtemas: Acción civil prescribe conjuntamente con la penal. Temas (descriptores): Prescripción de la acción penal Subtemas: Acción civil prescribe conjuntamente con la penal. Normativa Internacional: Convención americana sobre derechos humanos, Pacto de San José Sentencias en igual sentido Normativa internacional Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Texto de la resolución Res: 2025-449 Exp: 20-000020-0567-PE Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, sección Segunda. A las ocho horas cuarenta minutos del once de setiembre del dos mil veinticinco. Causa seguida contra [Nombre 001], mayor, costarricense, nacido en Cartago el 27 mayo de 1953, cédula de identidad [Valor 001], hijo de [Nombre 003] y de [Nombre 004], comerciante de la madera, vecino de Cartago, El Guarco, San Isidro; por el delito de APROVECHAMIENTO FORESTAL DENTRO DE ÁREA DE PROTECCIÓN, en perjuicio del MEDIO AMBIENTE. Resuelven el juez Christian Fernández Mora, así como, las juezas Maureen Sancho González y Susana Wittmann Stengel; Resultando: 1. Que mediante sentencia número 44-2024, de las 13:30 hrs del 22 de enero del 2024, el Tribunal Penal de Cartago, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con los artículos 28, 39 y 41 de la Constitución Política; 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 18, 19, 20, 30, 31, 45, 50, 59 a 63, 71, 103 y 110 del Código Penal; numerales 33 inciso b) en relación con el artículo 58 inciso b) y 34 de la Ley Forestal, 1, 2, 6, 9, 37, 40, 111 a 124, 141, 142, 180 a 184, 265, 267, 270, 328, 330 a 336, 341, 352, 360 a 365 y 367 del Código Procesal Penal, 1045 del Código Civil, 122, 124, 127 de las reglas vigentes sobre responsabilidad civil del Código Penal de 1941, 42 y 43 del Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado vigente, se declara a [Nombre 001], autor responsable de un delito de APROVECHAMIENTO DEL RECURSO FORESTAL DENTRO DE ÁREA DE PROTECCIÓN, cometido en perjuicio del MEDIO AMBIENTE, consecuentemente se le impone la pena de TRES MESES DE PRISIÓN, pena que deberá descontar en el lugar y forma que indiquen los respectivos Reglamentos Penitenciarios. Por reunir los requisitos legales se otorga al sentenciado por el plazo de TRES AÑOS el beneficio de ejecución condicional de la pena bajo apercibimiento de que en caso de cometer nuevo delito doloso con una pena de prisión superior a los seis meses dicho beneficio le será revocado y deberá descontar en prisión la pena impuesta. Se declara con lugar la acción civil resarcitoria interpuesta en contra de [Nombre 001] a favor del ESTADO, condenándosele al demandado civil [Nombre 001] al pago del daño ambiental por la suma de Quinientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y siete colones sin céntimos, (₡545.557,00). Asimismo, se condena al demandado civil al pago de las costas procesales por la suma de Ciento nueve mil ciento once colones con cuatro céntimos (₡109.111,040), así como a los intereses que se generen por todos estos rubros hasta el día de su pago, montos que deberán ser liquidados en el proceso de ejecución de sentencia. En cuanto a las costas personales, no existe reclamo por ese rubro. De conformidad con el artículo 110 del Código Penal se ordena el comiso a favor de la Administración Forestal del Estado de una motosierra marca Husqvarna, color naranja, con la serie 2010-4120608 y de una motosierra marca Husqvarna, color naranja, con la serie 2018-0321216. Se ordena el cese de toda medida cautelar vigente. La sentencia una vez firme, se inscribirá en el Registro Judicial y se expedirán los testimonios respectivos al Juzgado de Ejecución de la Pena y al Instituto Nacional de Criminología. NOTIFÍQUESE MEDIANTE LECTURA. LIC. JOAQUÍN LÓPEZ BOLAÑOS. JUEZ DE JUICIO." 2. Que contra el anterior pronunciamiento, los licenciados [Nombre 006] y el suscrito por [Nombre 007], en sus condiciones de codefensores del imputado, interpusieron recursos de apelación. 3. Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 466 del Código Procesal Penal, reformado por Ley 8837 publicada el nueve de diciembre de dos mil once (Creación de Recurso de Apelación de la Sentencia), el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso. 4. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes. Considerando: I.- Se admiten para su estudio de fondo, los recursos de apelación interpuestos por [Nombre 006] y el suscrito por [Nombre 007], en sus condiciones de codefensores del imputado (según apersonamiento realizado en el recurso incoado por este último, visible a folio 502 del expediente electrónico), contra la sentencia número 44-2024, dictada por el Tribunal Penal de Cartago a las 13:30 horas del 22 de enero de 2024, en la cual se condenó al sindicado [Nombre 001] por el delito de aprovechamiento de productos forestales en áreas de protección y se le impuso un pena de tres meses de prisión, así como se declaró con lugar la acción civil resarcitoria incoada por la Procuraduría General de la República. Los recursos mencionados fueron presentados contra una sentencia dictada por el tribunal en la fase de juicio, que tiene la virtud de ponerle fin al proceso y se impugnó dentro del término establecido por el artículo 460 del Código Penal, ya que la sentencia se notificó integralmente el día 29 de enero de 2024, el plazo para recurrir vencía el 19 de febrero de 2024, mientras que las impugnaciones se presentaron el 14 y el 17 de febrero de 2024. Además, los escritos respectivos permiten comprender los agravios alegados, con el fin de realizar el adecuado conocimiento de las inconformidades planteadas, en orden al examen integral de la sentencia impugnada, tal y como lo establece el artículo 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los artículos 458, 459, 460 y 462 del Código Procesal Penal. II.- En la audiencia oral realizada ante este Tribunal el día 04 de septiembre de 2025, el abogado Guido Jarquín Núñez reiteró los alegatos planteados en el recurso que planteó oportunamente, indicando que la conducta atribuida a su representado es atípica porque la tala del árbol se hizo a 50 metros de una naciente intermitente y no de una permanente, por lo que el asunto debió tramitarse en la vía administrativa y no en la penal. Por ello, solicitó que debía absolverse de toda pena y responsabilidad a su defendido y devolver las motosierras que fueron decomisadas en este proceso. Por su parte, el fiscal de impugnaciones de esta localidad, [Nombre 008], solicitó que se declare sin lugar ambos recursos presentados por los codefensores del imputado, pues la sentencia impugnada se encuentra ajustada a derecho en el tanto lo que se acreditó es que el sindicado se encontraba aprovechando junto con otras personas un árbol, para lo cual utilizó tres motosierras. Explicó que, si se revista el informe realizado por el MINAE a folio 30 del expediente, se puede determinar que no es cierto que el árbol aprovechado se encontrara fuera del área protegida de una naciente de agua, porque en realidad el informe lo que establece es que en el sitio había dos nacientes, una intermitente y otra de carácter permanente, y es con respecto de esta última que el árbol talado se encontraba dentro de la zona de protección, por lo que el ilícito acusado sí se cometió. Explicó que los recursos incoados lo que hacen es tergiversar lo que fue expresado por los testigos, en el tanto estos dejaron claro que el imputado era la persona responsable del aprovechamiento del árbol y en la sentencia se fundamentó adecuadamente cómo se llegó a tal conclusión. III.- El abogado Guido Jarquín Núñez planteó un único motivo de apelación en el que alegó la falta de fundamentación intelectiva del fallo por valoración de la prueba contraria a las reglas de la sana crítica. Fustiga que, en la fundamentación fáctica del fallo, el tribunal incluyera dentro de la decisión para condenar al imputado, el dictamen de “cuerpo de aguas” número DA-UHTPCOSJ-1091-2020, de fecha 06 de mayo de 2020, pero que no se refleje en la motivación cuál fue el valor probatorio que se le otorgó a dicha prueba, pese a que era esencial para verificar los hechos atribuidos por el Estado y el Ministerio Público, ya que el informe del MINAE, determina que la naciente es un cauce de dominio público de carácter intermitente, por lo que no cumple con el elemento objetivo del tipo penal del artículo 33 inciso a) de la Ley forestal, que determina que el área de protección es de nacientes permanentes. Considera que la resolución causa agravio porque los elementos probatorios no lograron comprobar la participación del imputado en los eventos acusados, al no cumplirse con los elementos del tipo penal de aprovechamiento de recurso forestal en un área de protección, por lo que solicita el dictado de una sentencia absolutoria en favor de su representado. Por su parte, el codefensor del imputado, [Nombre 006], alega que la resolución impugnada adolece de una errónea fundamentación y aplicación de las normas, violación al principio de inmediatez de la prueba y violación al debido proceso. Luego de explicar los hechos acusados, estima que lo único que se demostró es que su defendido se encontraba en el sitio de los hechos, pues es una persona que se dedica a la comercialización de madera, con veinte años de experiencia y conoce las limitaciones que exige la Ley forestal para llevar a cabo su actividad económica. Además, los testigos presentados por el Ministerio Público relataron que cuando llegaron observaron el árbol de ciprés talado en el suelo. Señala que el testigo “[Nombre 009]” del Organismo de Investigación Judicial, dijo que su participación obedeció a un presunto delito de amenazas a funcionario público y que, en relación con la tala del árbol, se limitó a entrevistar al señor [Nombre 010] (propietario de la finca ausente en este proceso), quien indicó que había negociado la madera con el imputado, pero que ese árbol no estaba contemplado en el negocio y que no sabía quién taló el mismo. Estima que no es correcto estimar la comisión del delito solo por la experiencia del imputado, pues este declaró ampliamente que su labor es la de llegar a supervisar que el trabajo se realizara correctamente. Menciona que el testigo “[Nombre 013]” del MINAE, tramitó el permiso de la madera en la finca de don Yanuario, a escasos doscientos metros del lugar donde se dio la tala ilegal, por lo que no se puede asegurar que estaba en ese sitio y a esa hora para cometer el delito, sino que estaba trabajando en la finca y debía pasar por el sector para llegar a su lugar de trabajo. Indica que le hizo ver al juzgador que en dicha actividad también se encontraba el señor [Nombre 014], pero ninguna de las partes lo ofreció como testigo, ni le endilgaron comisión de delito alguno, pero “…si utiliza para imponer sanción a mi representado haciendo referencia a lo que él ([Nombre 015]) dijo, dejando a la defensa ayuno en cuanto a la inmediatez de la prueba, por cuanto [Nombre 015] no estuvo presente en el contradictorio, para realizarle las preguntas que la defensa considerara pertinentes”. Continúa diciendo que su representado indicó que iban a realizar el “…despunte del árbol caído a petición del dueño de la Finca (Yanuario), quien le pidió que sacaran unos postes para unas barbacoas que tenía sembradas”; versión a la que el a quo no le dio credibilidad, sino que se le creyó al oficial del Organismo de Investigación Judicial mencionado sobre lo que le dijo don Yanuario, pese a que tampoco se pudo corroborar porque esta persona tampoco fue ofrecida como testigo para el debate. Estima que sobre el delito de tala ilegal no existe prueba alguna de que el encartado lo haya hecho, ni que hubiera afectado el medio ambiente. Por otra parte, cuestiona la referencia que hace el fallo de lo declarado por los testigos, porque insiste que se “textualiza” la declaración del señor [Nombre 016] sobre lo que le dijeron otras personas, pero que esto no pudo corroborarse porque no fueron citadas al debate para interrogarlas. Fustiga que el juez considere, conforme a su experiencia, que cuando se corta un árbol se comience a alistarlo para aprovecharlo y que por eso tenga por demostrado que porque el encartado estaba en el sitio, no solo fue quien lo taló, sino también quien haría el aprovechamiento, pese a que eso no se acreditó porque el árbol no se movió ni un centímetro, no se trasladó a ninguna parte, al punto de que para el momento del juicio, el árbol se encontraba en el mismo lugar. También cuestiona el testimonio del señor [Nombre 017], respecto de que “el aprovechamiento como figura ilegal inicia desde que se empieza a alistar el árbol”, lo cual considera que no es cierto, porque el delito de aprovechamiento ilegal de recursos forestales se configura cuando se realizan actividades como la tala, transporte, almacenamiento o comercialización de productos forestales, lo cual no sucede en este caso. Por otra parte, estima que el artículo 28 de la Ley forestal contiene una excepción para la corta forestal sin permiso, por lo que no era necesario contar con el visto bueno de las autoridades ambientales para la tala del árbol en cuestión, máxime si era el mismo propietario de la finca el que lo cortó, porque estaría amparado en esa normativa. También considera que el decomiso de las motosierras es constitutivo de un abuso de autoridad por parte de los funcionarios del MINAE, pues los testigos fueron contestes en que el señor [Nombre 018] se encontraba en un camión que se utiliza para transportar madera y al consultarle por su permanencia en el lugar, dijo que estaba autorizado para trabajar en la finca donde se dieron los hechos, pese a ello se le decomisaron dos motosierras con las que trabajaba que nunca fueron utilizadas para la comisión del delito. Alega que el comiso se da únicamente en las sentencias condenatorias, pero quien ha sido juzgado es el imputado [Nombre 001], no el señor [Nombre 018], a quien nunca se le inició un proceso penal ni fue juzgado. Considera que se resolvió en contra de lo establecido por el artículo 110 del Código Penal, que establece que solo pueden entrar en comiso los bienes utilizados en la comisión del delito investigado, pues eran otras personas las que se encontraban sobre el árbol con motosierras y estas debieron ser las decomisadas, no las que tenía el señor [Nombre 019] en su camión, solo por ser hijo del imputado. Finalmente, estima que la querella y la acción civil no debieron ser acogidas porque se basaron en los atropellos y violaciones de los derechos elementales del imputado. Solicita que se acoja el recurso, se decrete la nulidad de la sentencia y se absuelva de toda pena y responsabilidad a su defendido. Pide además que se rechace la querella y la acción civil, se deje sin efecto el comiso y se ordene la devolución de las motosierras al señor [Nombre 019]. Subsidiariamente, solicita que se dicte una absolutoria con fundamento en el principio in dubio pro reo. III.- Resolución del asunto: A. Sobre la acción penal: Esta Cámara ha detectado graves vicios en la tramitación del presente asunto durante la fase de juicio, que han generado que se verifique la extinción de la acción penal por la prescripción, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 30 inciso e) 31 inciso a) y 33 inciso f) del Código Procesal Penal. Según se puede observar en el Escritorio Virtual, la sentencia impugnada fue dictada por el Tribunal Penal de Cartago el pasado 25 de enero de 2024 y se notificó mediante su lectura integral el 29 de enero de 2024. Según se indicó en el primer considerando de esta resolución, en tiempo y forma, la defensa recurrió dicha resolución en el mes de febrero de 2024. Sin embargo, dichas impugnaciones no fueron emplazadas por dicho tribunal (ver resolución del Tribunal Penal de Cartago de las 16:20 horas del 10 de julio de 2025), sino hasta el pasado 10 de julio de 2025, cuando ya habían transcurrido un total de un año, seis meses y 19 días después de la lectura integral de la sentencia, que de conformidad con el artículo 33 inciso f) del Código Procesal Penal, constituyó el último acto interruptor de la prescripción. Según el párrafo primero de esa misma norma, el plazo que debía considerarse para efectos de la prescripción de la acción penal se redujo a la mitad con la mencionada causal de interrupción, y como la pena máxima prevista para el delito de aprovechamiento de productos forestales (artículo 58 de la Ley forestal) es de tres años, conforme lo dispone el inciso a) del artículo 31 del Código de rito, el plazo de prescripción también lo era por ese mismo plazo, pero al haberse producido una causal de interrupción con el dictado de la sentencia, el plazo de la prescripción se redujo a dieciocho meses, que como se indicó, transcurrieron sobradamente para el momento en que este asunto llegó a este despacho por la tramitación negligente del Tribunal Penal de Cartago. Por lo anterior, al haberse extinguido la acción penal por prescripción, lo que corresponde es absolver al imputado en esta sede por el delito de aprovechamiento de productos forestales por el que se le halló responsable en la sentencia impugnada. B. Sobre la acción civil resarcitoria: Para la mayoría de este Tribunal (juezas Sancho González y Wittmann Stengel), la prescripción de la acción penal no conlleva la de la acción civil. El fundamento de esta posición estriba en que si bien es cierto se han dado diversas posiciones acerca de si las reglas de la prescripción de la acción penal rigen para la acción civil, el criterio que se estima procedente es el que establece que el examen de la extinción de la acción en cada ámbito, obedece a pautas diferentes según la normatica aplicable en uno y otro supuesto. Valga puntualizar que, además, la prescripción civil no ha sido alegada por ninguna de las partes, lo cual es un aspecto a contemplar para la resolución del punto, de conformidad con el principio dispositivo que rige en esta materia. De esta manera, se estima que cuando se trata de la prescripción de la acción civil, la regla aplicable es la del plazo decenal que establece el ordinal 868 del Código Civil, por lo que de acuerdo con lo que consta en autos, la misma no ha operado. Sobre este tópico, la Sala Tercera, en su resolución 2002-00861 de las diez horas del treinta de agosto de dos mil dos (en igual sentido en la número 196-2015 del 9 de abril de 2015, a las 14:49), aclaró lo siguiente: “A partir de los razonamientos expuestos, pueden extraerse las siguientes conclusiones generales que la Sala estima prudente señalar, a fin de evitar eventuales equívocos que pretendan sustentarse en lo que aquí se indicó: a) el artículo 871 del Código Civil fue tácitamente derogado por el 96 del Código Penal. b) No es posible ninguna condena a reparar daños y perjuicios, en materia de delitos, si no se ejerció la acción civil resarcitoria (y salvo lo dispuesto en cuanto a la restitución y el comiso, según lo indica la ley). c) La acción penal y la civil derivada del hecho punible no prescriben de manera conjunta y poseen reglas diferentes: la primera se rige por las normas contenidas en el Código punitivo y en el Procesal Penal (que, valga aclarar, no derogó el citado artículo 96 ni se inmiscuyó en cuestiones relativas al derecho de fondo del damnificado) y la prescripción de la acción civil se remite a las normas ordinarias que establece el Código Civil. d) El término para que prescriba la “acción civil” a fin de reclamar las consecuencias civiles del hecho punible –con prescindencia del ilícito de que se trate y de la sede que se escoja, incluida la penal- es el ordinario fijado en el artículo 868 del Código Civil: DIEZ AÑOS, pues la causa excepcional que establecía el artículo 871 es precisamente la que se entiende derogada, con todos los efectos que ello apareja. e) Los actos que suspenden o interrumpen la “prescripción de la acción civil resarcitoria” no son los que contemplan las normas penales (ahora solo de carácter procesal, a partir del código de 1996), sino los que determina el Código Civil, en lo que resulten aplicables por su compatibilidad con el diseño del proceso penal, entre ellos los descritos en los artículos 879 y 880 de dicho cuerpo normativo, en concordancia con lo regulado en el Código Procesal Civil (artículos 206 y 217), u otras leyes especiales (v. gr.: Ley de la Jurisdicción Constitucional). Así, por ejemplo, interrumpirán el plazo decenal –y comenzará a correr íntegro de nuevo-, toda gestión judicial para el cobro de la deuda y cumplimiento de la obligación, tales como la solicitud de constituirse como parte actora civil –siempre que no se declare inadmisible, se desista de ella o se absuelva al demandado en sentencia, debiendo entenderse, desde luego, que dicha absolutoria se refiere al extremo civil y no al penal, pues esta última no entraña que deban necesariamente declararse sin lugar las pretensiones resarcitorias, si concurren normas sustantivas que imponen la responsabilidad-; la conciliación –en la que se pacte alguna forma de resarcir- posee idéntico efecto, pues el ofendido trata de obtener el cumplimiento de la deuda; y lo mismo sucede con las manifestaciones que rinda dando noticia de que el justiciable incumple lo pactado y solicitando se continúe con el proceso. Existirán otros supuestos que deberán examinarse caso por caso, con apego a las reglas generales que se comentan y también debe destacarse que el recurso a las normas de orden civil se restringe a determinar el plazo y los motivos que interrumpen o suspenden el cómputo de la prescripción, por lo que en cuanto a la forma, el trámite y las demás condiciones de la acción civil resarcitoria, ha de estarse a lo que dispone el Código Procesal Penal. Por su particular interés, debe la Sala reiterar su criterio de que la reducción a la mitad -por una única vez- del plazo ordinario por el que prescribe la acción penal (cuando concurre el primero de alguno de los supuestos que la ley taxativamente contempla) no incide de ningún modo en la acción civil, por tratarse de regímenes e institutos diferentes que solo por razones de celeridad y economía procesal se tramitarán de manera conjunta...”. Del contenido del precedente jurisprudencial que se cita y que la mayoría de esta integración comparte, se concluye que, a partir de la vigencia del numeral 96 del Código Penal, fue derogado tácitamente el 871 del Código Civil y tomando en cuenta que la acción civil resarcitoria es una demanda civil que se tramita de forma conjunta con el proceso penal por un tema de acceso a la justicia pero que se abordan bajo las especificidades propias de cada materia, debe seguirse el criterio de prescripciones diferenciadas según la naturaleza de aquellas, por ende, aunque hemos declarado prescrita la acción penal, no corre la misma suerte la cuestión civil. De acuerdo con lo anterior, debe señalarse que para la mayoría la condena civil dispuesta en sentencia se encuentra ajustada a derecho, en el tanto se determinó que el imputado es el autor del aprovechamiento ilegal de productos forestales que fue atribuido por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, así como que se logró establecer el nexo causal entre dicho comportamiento doloso y el daño ambiental que fue reclamado en la acción civil por la representación del Estado. Sobre el primero de los elementos necesarios para la acreditación de la responsabilidad civil se tiene que el tribunal sentenciador determinó que el imputado cometió un hecho antijurídico, como lo fue aprovechar un árbol que se encontraba dentro de una zona de protección de una naciente de agua, según lo establece el artículo 33 inciso a) de la Ley Forestal. Esta primera afirmación ha sido fuertemente cuestionada por el abogado [Nombre 007] en el recurso que interpuso, pues afirma que en el informe número DA-UHTPCOSJ-1091-2020 realizado por la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía en fecha 06 de mayo de 2020 (folios 59-62 del expediente electrónico) se indica que la naciente que había en el sitio era de carácter intermitente, por lo que no se configuraría la tipicidad de la conducta atribuida al sindicado. Sin embargo, tal como lo señaló el representante del Ministerio Público durante la audiencia realizada ante esta integración colegiada, se observa que dicho documento lo que señala es que durante la inspección realizada en el sitio se determinó que existían dos cauces de agua de dominio público: uno intermitente y otro permanente, ambos ubicados a una muy corta distancia uno de otro, al extremo de que el primero se encontraba en las coordenadas Lambert Norte de latitud 189.72 y longitud 537.003, mientras que el segundo (de carácter permanente) se encontraba en la latitud 189.086 y longitud 537.018. Esta información coincide plenamente con la imagen que se adjuntó en el informe que sirvió como noticia criminis de este proceso, donde se muestra la geolocalización de ambas fuentes de agua muy cercanas una de la otra, así como la ubicación también cercana del árbol que fue aprovechado por el imputado en la presente causa, dejando ver que la naciente permanente a la que se hizo alusión por las autoridades forestales cuando pusieron en conocimiento del Ministerio Público estos hechos siempre ha existido en el sitio y que el árbol en cuestión se encontraba dentro de la zona de protección de dicha fuente de agua y que la denuncia no hacía referencia solo al cuerpo intermitente de agua al que hace referencia la defensa, por lo que la tipicidad de la conducta establecida en sentencia se encuentra ajustada a derecho. Por su parte, el codefensor del imputado, [Nombre 006], realizó múltiples cuestionamientos a la decisión del a quo de haber concluido que el sindicado hubiese sido el autor del aprovechamiento de productos forestales acusado por el órgano fiscal, pues en su criterio, lo único que se demostró es que el imputado pasó cerca del lugar donde estaban alistando el árbol talado porque él estaba trabajando cerca del lugar y porque se le condenó sin la posibilidad de interrogar a dos personas que le dieron información a los funcionarios forestales que lo incriminaban, lo que considera violatorio del derecho de defensa del imputado y del principio de inmediación de la prueba. Sobre el particular, debe señalarse que lo expuesto por el recurrente se aparta de lo que sucedió durante el contradictorio, en el cual fue posible establecer que el imputado no es una persona que simplemente pasaba por el lugar hacia su trabajo, sino que fue quien dio las órdenes para que el árbol talado fuese aprovechado, al extremo de que las personas que realizaban dichas labores junto con este eran miembros de su familia y trabajadores de su empresa. Así lo determinó el tribunal al analizar el testimonio de [Nombre 016], quien como ingeniero forestal y jefe de la delegación se refirió a cómo, cuando hacían un operativo especial en la zona, observaron por el sector del Cedral de León Cortés a un camión para el transporte de maderas que era conducido por el señor ([Nombre 018]) y como él tenía conocimiento de que en una finca cercana se había tramitado un certificado de origen se dirigió con sus compañeros hacia la misma, en donde observaron cuando el imputado [Nombre 001] y otro sujeto de nombre [Nombre 022] estaban “despuntando el árbol para que quede solamente la troza”, por lo que les indicaron que detuvieran las motosierras con las que hacían dicha labor, ante lo cual el sindicado se molestó y amenazó a sus compañeros con la misma, para luego darse a la fuga en su vehículo marca Suzuki color blanco. Debido a lo anterior tuvo que coordinar con el oficial [Nombre 021], del Organismo de Investigación Judicial, para dar con el paradero del encartado, autoridad que luego consiguió su detención. Una versión similar dio el testigo [Nombre 020], quien en su condición de funcionario de la administración forestal del Estado, mencionó que el día 27 de diciembre de 2019, realizaba un patrullaje en el sector de El Cedral de San Martín, cuando observó un camión estacionado y a dos personas “limpiando” una troza de un árbol de ciprés, esto mediante la corta de ramas del mismo, por lo que junto con sus otros compañeros se dirigió hacia donde estaban dichas personas y mientras todavía el imputado tenía la motosierra encendida, le pidió que la apagara y le preguntó si tenía permiso para cortar ese árbol, ante lo cual el imputado reaccionó dirigiéndole la sierra con intención de herirlos, pero en apariencia lo pensó mejor y lo que hizo fue montarse con la motosierra en su vehículo y fugarse. De acuerdo con lo anterior, se observa que no es cierta la afirmación del defensor de que el imputado solamente se encontraba de paso, sino que se pudo acreditar su participación activa en los actos de aprovechamiento del árbol, al punto de que fue observado por dos testigos que comparecieron al debate realizando labores de alistado del árbol para su aprovechamiento, entendiendo por dicho concepto el que brinda la Ley forestal en el artículo 3 inciso a): “a) Aprovechamiento maderable: Acción de corta, eliminación de árboles maderables en pie o utilización de árboles caídos, realizada en terrenos privados, no incluida en el artículo 1 de esta ley, que genere o pueda generar algún provecho, beneficio, ventaja, utilidad o ganancia para la persona que la realiza o para quien esta representa”. En ese sentido, como lo refirió el testigo [Nombre 020], el árbol estaba en proceso de aprovechamiento, con independencia de que no hubiese sido el imputado quien taló el árbol, pues de lo señalado por los deponentes es claro que la labor de “limpieza” de la troza tenía el objetivo de “…prepararlo para el transporte que fue este caso, estaban en la fase inicial”, lo que constituyen actos de utilización de dicho recurso forestal que tiene un importante valor económico, pues para poder transformar un árbol en madera primero deben hacerse estas labores antes de transportarlo o aserrarlo en la forma requerida por el usuario. Tampoco considera esta Cámara que resulten relevantes los cuestionamientos que realiza el recurrente en cuanto al análisis de la declaración de [Nombre 024], pues su participación en los hechos fue meramente referencial, por lo que incluso, suprimiendo hipotéticamente la misma se mantiene lo decidido por el a quo, ya que dos testigos presenciales que merecieron plena credibilidad del tribunal observaron directamente al imputado realizando labores de aprovechamiento del árbol en cuestión, el cual se encontraba dentro de la zona de protección de una naciente permanente de agua, corroborándose de esta forma los hechos acusados. Al respecto, la entrevista que este deponente realizó al señor [Nombre 010] no tiene la trascendencia que señala la defensa, ya que este solo habría mencionado que el árbol de ciprés estaba fuera de los árboles que había negociado con el imputado y que no se encontraba en el sitio cuando se dio la tala de árbol, por lo que tampoco reveló ninguna información de importancia, pues que el imputado era una persona que se dedicaba al comercio de madera y que en el sitio se había tramitado un permiso para la corta de otros árboles es algo que era conocido por la Administración forestal de Estado, según lo mencionaron los funcionarios del Ministerio del Ambiente y Energía ya señalados; incluso el imputado en su declaración manifestó que él estaba extrayendo árboles de la finca del señor [Nombre 010] bajo un contrato existente entre ellos. Una situación similar ocurre en relación con la información que el testigo [Nombre 016] mencionó que le brindó el señor [Nombre 014]— quien era una de las personas que realizaban labores de corta de ramas del árbol de ciprés junto con el imputado, quien según el testigo le dijo que “desramaban el árbol con el objetivo de llevarse en el camión la troza” —, cuya supresión hipotética no cambia en nada la conclusión a la que arribó el tribunal sentenciador, desde que el imputado fue observado junto con don [Nombre 014] realizando las labores de aprovechamiento del árbol en cuestión. En cuanto al alegato de la defensa en relación con que no se requería ningún tipo de permiso para talar en el sitio por la excepción establecida por el artículo 28 de la Ley forestal, debe señalarse que la interpretación que realiza el impugnante se aparta de lo que fue acreditado en el debate, respecto de que el árbol talado y posteriormente aprovechado por el sindicado se encontraba en la zona de protección de una naciente permanente de agua, según se explicó supra, por lo que no es posible aplicar al presente asunto la excepción de contar con permiso para la corta de árboles dispuesta en el numeral 28 de la Ley forestal, ya que dicha norma expresamente establece que no es necesario ese permiso cuando se trate de plantaciones forestales, sistemas agroforestales y árboles plantados individualmente, supuestos que no se presentan en este asunto, como para que pueda hablarse de una situación excepcional alegada. Por el contrario, el lugar donde se encontraba el árbol que fue aprovechado por el imputado se encontraba dentro del área de protección de una naciente permanente de agua, que según el inciso a) del artículo 33 de la Ley forestal es de un radio de 100 metros medidos horizontalmente: “Consecuentemente, queda limitado el uso privado de dichas áreas de protección, estableciéndose expresamente la prohibición de aprovechamiento en ellas 8artículo 34 de la LF) y su sanción (artículo 58, inciso b), así como la que corresponde por invadirlas 8artículo 58, inciso a) o por la destrucción de vegetación 8artículo 90 de la LCVS)” (González Montero, J. P. (2007). Manual de delitos ambientales. San José, C.R.: Litografía e Imprenta LIL, S.A., pág. 260). De ahí que corresponda rechazar los alegatos del recurrente en cuanto a la acreditación del hecho punible en cuestión por parte del tribunal sentenciador como hecho generador de responsabilidad civil en el caso concreto, sin que se evidencie ninguna violación a los derechos fundamentales del imputado y demandado civil en el presente asunto, por lo que al determinarse que tal hecho generador de responsabilidad pudo relacionarse directamente al sindicado mediante una conducta dolosa de generar un daño al medio ambiente, corresponde coincidir con la conclusión del tribunal de mérito y debe confirmarse la condena civil dispuesta en contra del sentenciado. C.- En cuanto al comiso de las motosierras: El párrafo primero del artículo 110 del Código Penal establece que: “El delito produce la pérdida en favor del Estado de los instrumentos con que se cometió y de las cosas o los valores provenientes de su realización, o que constituyan para el agente el provecho derivado del mismo delito, salvo el derecho que sobre ellos tengan el ofendido o terceros”. Dicha disposición normativa es clara en que cuando se acredite el delito el comiso es una consecuencia necesaria respecto de los instrumentos para su comisión, y en este caso, se acreditó mediante el análisis integral de la prueba que las motosierras que fueron decomisadas por los funcionarios del Ministerio del Ambiente y Energía eran utilizadas por las personas que acompañaban al imputado y se encontraban bajo sus órdenes realizando labores de “limpieza” del tronco de un árbol de ciprés que se encontraba en una zona de protección de una naciente permanente de agua, lo que sin duda alguna las convierte en instrumentos de la comisión de la conducta delictiva reprimida por el artículo 58 inciso b) de la Ley forestal. El alegato del recurrente de que dichas motosierras le pertenecían a un tercero no vinculado con los hechos demostrados en sentencia es algo que no se ha demostrado en este proceso, pues este no ha acreditado la titularidad de los bienes decomisados, sino que de la propia declaración del imputado se desprende que se trataba de una empresa familiar en la que él fungía como contratista y las demás personas eran sus trabajadores, por lo que es fácil concluir que las motosierras decomisadas le pertenecían al justiciable y es claro que el decomiso que se le hizo al señor [Nombre 019] de las motosierras se debió a la situación suscitada con el imputado el día de los hechos acusados, en donde este amenazó a los funcionarios del MINAE con la tercera motosierra que utilizaba para la comisión del delito y huyó con la misma en su vehículo, dejando a los funcionarios en una situación en la que les resultó conveniente hacer el acta de decomiso a nombre del hijo del sindicado, señor [Nombre 019], pero no por ello puede sostenerse, como lo intenta la defensa, que dichas motosierras le pertenecieran a un tercero de buena fe que desconociera que dichas herramientas fuesen utilizadas para la comisión del delito en cuestión, puesto que dicha persona se encontraba en el sitio y pudo observar cómo fueron utilizadas las motosierras para aprovechar, por órdenes del imputado, un árbol que se encontraba en una zona de protección. Entonces, con independencia de que la causa contra el señor [Nombre 019] se haya desestimado, esto no hace que su situación procesal pueda ser considerada como la de un tercero de buena fe, sino como la de alguien que sabía que los bienes que se encontraban en su poder estaban siendo utilizados en la comisión de un delito y si la situación probatoria no permitió que se le vinculara como coautor de los hechos, es algo que no permite establecer que pueda sacar provecho de ese conocimiento sobre la utilización de instrumentos en la comisión delictiva, por lo que la decisión de comisar las motosierras se encuentra ajustada a derecho, por lo que también debe declararse sin lugar el recurso incoado por ese motivo. El juez Fernández Mora salva su voto. IV. Voto salvado del juez Fernández Mora: En este asunto, debo dejar plasmado mi disenso con la mayoría en cuanto a la decisión de mantener la condena y consecuencias civiles del hecho punible contra el imputado, pese a haberse determinado la prescripción de la acción penal, pues desde mi perspectiva, la acción civil también prescribió conjuntamente con la penal, tal como lo dispone la legislación vigente. El artículo 871 del Código Civil, señala que: "Las acciones civiles procedentes de delito o cuasidelito se prescriben junto con el delito o cuasidelito de que proceden". En otras palabras, al haber prescrito el delito, por decisión expresa del legislador, también prescribió el derecho a reclamar indemnización civil por parte del Estado, por lo que no es posible interpretar que en este caso la prescripción de la acción civil corriera de forma independiente a la acción penal. Cabe indicar que conozco la posición asumida por la Sala de Casación Penal a partir del voto N° 2002-0861 de las 10:00 horas del 20/08/2002, en donde se sostiene, entre otras conclusiones, que el artículo 871 del Código Civil fue derogado tácitamente por el artículo 96 del Código Penal y que el término para que prescriba la acción civil es de diez años. Sin embargo, de conformidad con el principio constitucional de independencia judicial que me cobija en mi función jurisdiccional, discrepo de los razonamientos que la honorable Sala de Casación ha brindado, puesto que no es cierto que pueda hablarse de una derogatoria tácita del artículo 871 del Código Civil, según se indicará más adelante. Tampoco resulta acertado establecer que en todos los casos, el cómputo de la prescripción civil es decenal, cuando expresamente existe una norma que dispone lo contrario, al señalar el artículo 868 del Código Civil: "Todo derecho y su correspondiente acción se prescriben por diez años. Esta regla admite las excepciones que prescriben los artículos siguientes y las demás establecidas expresamente por la ley, cuando determinados casos exigen para la prescripción más o menos tiempo". La posición de la Sala de Casación Penal hace una distinción entre el fundamento positivista del artículo 871 del Código Civil (la responsabilidad civil por el delito no es de mero carácter privado), frente al fundamento del sistema clásico que se encuentra en el Código Penal de 1970 (pena como efecto natural del delito de carácter público y la reparación civil, de carácter exclusivamente privado) que, según la Sala, caracteriza el actual sistema de responsabilidad civil adoptado por nuestro legislador. Sin embargo, dicho argumento deja de lado la incoherencia sistemática que representa dicha interpretación, pues si se acepta como cierto lo anterior, no podría decretarse el comiso de forma oficiosa por parte de los tribunales de justicia, ya que dentro del sistema clásico resulta necesaria la instancia de parte para tales efectos, máxime cuando los artículos 103 y 110 del Código Penal lo definen como una consecuencia civil del hecho punible (posición que sostengo en otros votos salvados). Por otra parte, debe señalarse que el artículo 109 del Código Penal, hace referencia a que: "Las obligaciones correspondientes a la reparación civil se extinguen por los medios y en la forma determinada en el Código Civil...", lo que implicaría para la Sala, que el legislador con un criterio de corte clásico, hizo una remisión para que lo referente a la extinción de las obligaciones civiles se determine con un criterio de corte positivista, como el que se expresa en el artículo 871 del Código Civil. Las argumentaciones de la Sala de Casación para afirmar que el artículo 96 del Código Penal derogó tácitamente al artículo 871 del Código Civil soslayan circunstancias cuya consideración resultan imprescindibles. No podría existir la derogatoria tácita que afirma la Sala Tercera porque se impone el principio el de lex especiales, que se define de la siguiente manera: “El principio de lex especiales opera como un principio de individualización de disposiciones jurídicas complejas, pero no como un principio derogatorio. Para darse cuenta de ello, basta con percatarse de que la oposición “disposiciones generales” vs. “disposiciones especiales” es una de las técnicas más básicas de la organización de textos normativos y de que no tiene sentido decir que, por ejemplo, cuando el legislador promulga disposiciones generales relativas a los contratos y las particulares relativas a cada uno de los tipos de contrato está simultáneamente promulgando y derogando las referidas disposiciones generales” (Aguiló, Josep. La derogación en pocas palabras. Anuario de Filosofía del Derecho XI, 1994, pág. 412). Según se puede apreciar en el Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI), tanto el Código Penal promulgado por la Ley No. 4573, en el que se instaura el párrafo segundo del artículo 96, como la Ley para regular la aplicación del Nuevo Código Penal No. 4891, por medio de la cual se restablece la vigencia del Título IV, Libro I del Código Penal de 1941, y con ello lo dispuesto por el artículo 871 del Código Civil en cuanto a la prescripción civil derivada de un hecho punible, entraron en vigencia de manera simultánea (por expresarlo así el artículo 138 de las Reglas vigentes sobre responsabilidad civil del Código Penal de 1941). Específicamente, el Código Penal, pese a que fue sancionado desde el 04 de mayo de 1970, entró en vigencia el día 15 de noviembre de 1971; precisamente el mismo día que entró en vigencia también la Ley N°4891 del 8 de noviembre de 1971, denominada Ley para regular la aplicación del Nuevo Código Penal. Como se puede apreciar, se trata de dos normas de igual rango, que entraron a regir simultáneamente. Desde la anterior perspectiva, no podría hablarse de que ninguna de dichas leyes responde al criterio de lex posterior, como para hablar de la derogación tácita defendida por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, se trata de dos normas plenamente vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, tal como lo señaló la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional en el voto N° 1993-5029 de las 14:36 del 13/10/1993, quien al resolver la consulta judicial de constitucional planteada por la Sala Tercera que cuestionaba lo dispuesto por el artículo 871 del Código Civil, indicó: "Pero cualquiera que sea el término de la prescripción que establezca la ley, en el caso de las conductas delictivas lo lógico es que las acciones civiles de ellas derivadas, por ser meramente privadas y, por ende, secundarias en relación con el interés público principal inmerso en la acción penal, corran la misma suerte que ésta en lo que a la prescripción se refiere. Lo contrario implicaría que el hecho penal pueda ser invocado y probado judicialmente en sede civil, con miras al resarcimiento de los daños y perjuicios, aun cuando la pena no pueda ser impuesta por encontrarse prescrita la acción penal, lo que resulta ilógico" (El resaltado es suplido). En otras palabras, al tratarse el artículo 871 del Código Civil de una norma vigente, eficaz y que tampoco tiene roces de constitucionalidad, debe ser aplicada por el juzgador de forma efectiva. El panorama jurídico existente nos lleva a concluir que aunque el Código Penal estableció en el artículo 96 que: “La extinción de la acción penal y de la pena no producirá efectos con respecto a la obligación de reparar el daño causado, ni impedirá el decomiso de los instrumentos del delito”, al mismo tiempo el legislador dispuso por medio de una ley especial relacionada con las reglas de la responsabilidad civil derivada del hecho punible, establecida por el artículo 138 del Código Penal de 1941, que “Las obligaciones concernientes a la reparación civil, tratadas en este capítulo, se extinguen por los medios y en la forma que determina el Código Civil, para las obligaciones civiles”, que no es otra que la disposición del numeral 871 del Código Civil que establece que: "Las acciones civiles procedentes de delito o cuasidelito se prescriben junto con el delito o cuasidelito de que proceden"; norma que como se indicó, fue reestablecida por el artículo 13 de la Ley No. 4891, denominada Ley para regular la aplicación del Nuevo Código Penal y que entró en vigencia el mismo día que el propio Código Penal. Se afirma que la norma establecida por el Código Civil es ley especial porque se encuentra referida de manera específica a la prescripción de la acción civil derivada de delito, mientras que el numeral 96 del Código Penal se refiere de manera genérica a la extinción de la acción penal, que como se sabe no sólo se extingue mediante la prescripción, sino también mediante otros institutos como la muerte del imputado, el indulto, el pago máximo de la multa, la aplicación del criterio de oportunidad, la muerte del ofendido en los delitos de acción privada, entre otras reguladas por el artículo 30 del Código Procesal Penal y que antes de la entrada en vigencia de dicha normativa procesal, muchos de ellos se encontraban regulados por el artículo 80 del Código Penal y que se denominaban “Causas que extinguen la acción penal y la pena”, que es precisamente el término al que se refiere el artículo 96 del Código Penal, que según la Sala Tercera derogó tácitamente el artículo 871 del Código Civil. De esa forma, pareciera que el legislador entendió que, aunque pudiera darse alguna causal de extinción de la pena, distinta a la prescripción, como podría ser la muerte del imputado o el indulto, bien podría continuarse con la pretensión civil para la reparación del daño causado. Por el contrario, lo dispuesto por el artículo 871 del Código Civil no deja duda de que se está refiriendo a la prescripción conjunta de la acción civil junto con la penal, lo que se reafirma con lo establecido por el artículo 109 del Código Penal, cuando señala que: “Las obligaciones correspondientes a la reparación civil se extinguen por los medios y en la forma determinada en el Código Civil y las reglas para fijar los daños y perjuicios, lo mismo que la determinación de la reparación civil subsidiaria o solidaria, serán establecidas en el Código Procesal Civil”. De esta forma, queda claro que la interpretación realizada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en el voto N° 2002-0861 de las 10:00 horas del 20/08/2002 es equivocada y constituye un ingenioso y brillante esfuerzo intelectual por dotar de plazos más amplios de prescripción para que los damnificados con el delito puedan conseguir la reparación civil, pese a que el legislador ha considerado una cosa distinta. Para este juzgador, la excepción al principio general de la prescripción decenal en materia civil se encuentra claramente regulada en el Código Civil, cuando se indica que en el caso de la responsabilidad derivada de un delito, la acción civil debe prescribir junto con la acción penal. En lo particular, reitero que la interpretación que sostiene que el artículo 871 del Código Civil se encuentra derogado tácitamente, responde a la determinación de brindar una tutela para la víctima más allá de la que el propio legislador decidió otorgarle expresamente, para lo cual la Sala de Casación Penal ha echado mano de argumentos jurídicos que, aunque técnicamente correctos, resultan forzados para el supuesto de análisis. El jurista uruguayo Vaz Ferreira hacía unas consideraciones que vienen totalmente al caso, respecto de lo que los más altos tribunales han elucubrado en relación con el tema de la supuesta derogación tácita del artículo 871 del Código Civil, al indicar que: "Hay algo que me llamaba mucho la atención cuando era estudiante de Derecho: dos artículos de un Código resultaban estar en contradicción, y el comentarista procuraba explicar esos artículos; forzar de una manera violentísima el sentido de los términos e inventar sistemas diferentes para explicar la contradicción... el único "sistema" que no se le ocurría nunca, era sencillamente que el legislador se hubiera contradicho; esa hipótesis no cabía: habíase él puesto en un estado de espíritu tan especial, que partía como de la infalibilidad de los autores de las leyes o, más bien dicho, había olvidado que las leyes tienen autores, los que pueden contradecirse o escribir confusamente o incompletamente o antigramaticalmente, lo mismo que cualquier hombre" (Vaz Ferreira, Carlos. Lógica Viva (Adaptación práctica y didáctica), vol. IV, sin año, pág. 70). Según mi opinión, es posible concluir que, lejos de ser cierta la brillante exposición teórica que realiza la Sala de Casación, el legislador ni siquiera se ha percatado de que promulgó una regulación híbrida y hasta incoherente en cuanto al tema de la responsabilidad civil derivada del delito y es por eso que, al mismo tiempo, le da un tratamiento propio de un sistema clásico como del sistema positivista. En virtud de lo anterior, al haberse determinado en este proceso que la acción penal se encuentra prescrita, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 871 del Código Civil, corresponde declarar prescrita la acción civil para reclamar el daño derivado del delito investigado y declarar sin lugar la acción civil resarcitoria incoada, así como el comiso ordenado, por tratarse de una consecuencia derivada del delito, tal como lo establece el artículo 103 del Código Penal, declarándose parcialmente el recurso incoado por los codefensores del imputado respecto de dichos extremos. V.- Comunicaciones: La sentencia condenatoria que se dictó en este proceso es de fecha 25 de enero de 2024, y pese a que la misma fue recurrida en tiempo y forma, las impugnaciones fueron emplazadas hasta el 10 de julio de 2025, cuando ya había corrido sobradamente el término de la prescripción. Este proceder del tribunal revela cuando menos una evidente negligencia en la tramitación del asunto, por lo que se estima necesario comunicar la presente resolución a la persona que ocupe la coordinación del Tribunal Penal de Cartago, con el fin de que se investigue lo ocurrido y se tomen las medidas correctivas y disciplinarias que correspondan conforme a derecho. POR TANTO: 1.- Por unanimidad, y de manera oficiosa, se declara extinta la acción penal por prescripción y se absuelve al imputado [Nombre 001] por el delito de aprovechamiento de productos forestales en área de protección. 2.- Por mayoría, se declara sin lugar el recurso de apelación incoado por los codefensores del imputado y se confirma la condena civil y el comiso ordenado en la resolución impugnada. El juez Fernández Mora salva su voto sobre dicho punto. 3.- Se ordena comunicar la presente resolución a la persona que ocupe el cargo de coordinación del Tribunal Tribunal Penal de Cartago, con el fin de que se investigue lo ocurrido y se tomen las medidas correctivas y disciplinarias que correspondan conforme a derecho. NOTIFÍQUESE.- 3JE9XA7YSUQ61 CHRISTIAN FERNANDEZ MORA - JUEZ/A DECISOR/A CWAL4G45VZ461 MAUREEN REBECA SANCHO GONZALEZ - JUEZ/A DECISOR/A O43BOA472SJM61 SUSANA WITTMANN STENGEL - JUEZ/A DECISOR/A EXP: 20-000020-0567-PE Circuito Judicial de Cartago Teléfonos: 2551-2713 ó 2553-0340. Fax: 2551-2355. Correo electrónico: [email protected] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:37:11. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**Majority Vote** **Case File:** 20-000020-0567-PE **Penal Sentence Appeals Court of Cartago, Second Section. At eight hours and forty minutes on September eleventh, two thousand twenty-five.** **Cause against [Name 001], of legal age, Costa Rican, born in Cartago on May 27, 1953, identity card [Value 001], son of [Name 003] and [Name 004], timber merchant, resident of Cartago, El Guarco, San Isidro; for the crime of FOREST EXPLOITATION WITHIN A PROTECTION AREA, to the detriment of the ENVIRONMENT. Judge Christian Fernández Mora, along with judges Maureen Sancho González and Susana Wittmann Stengel, resolve;** **Whereas:** 1. That through judgment number 44-2024, at 1:30 p.m. on January 22, 2024, the Criminal Trial Court of Cartago resolved: "THEREFORE: In accordance with articles 28, 39, and 41 of the Political Constitution; 8.2 of the American Convention on Human Rights; 11 of the Universal Declaration of Human Rights; 14.2 of the International Covenant on Civil and Political Rights; 1, 18, 19, 20, 30, 31, 45, 50, 59 to 63, 71, 103, and 110 of the Penal Code; numerals 33 subsection b) in relation to article 58 subsection b) and 34 of the Forest Law, 1, 2, 6, 9, 37, 40, 111 to 124, 141, 142, 180 to 184, 265, 267, 270, 328, 330 to 336, 341, 352, 360 to 365, and 367 of the Code of Criminal Procedure, 1045 of the Civil Code, 122, 124, 127 of the rules in force on civil liability from the 1941 Penal Code, 42 and 43 of the current Fee Schedule for Professional Legal and Notary Services, [Name 001] is declared the responsible perpetrator of a crime of EXPLOITATION OF FOREST RESOURCES WITHIN A PROTECTION AREA, committed to the detriment of the ENVIRONMENT, and consequently he is sentenced to a penalty of THREE MONTHS OF IMPRISONMENT, a penalty he shall serve in the place and manner indicated by the respective Penitentiary Regulations. Meeting the legal requirements, the sentenced individual is granted the benefit of conditional execution of the penalty for a period of THREE YEARS, with the warning that if he commits a new intentional crime with a prison sentence exceeding six months, said benefit will be revoked and he must serve the imposed sentence in prison. The civil action for damages (acción civil resarcitoria) filed against [Name 001] in favor of the STATE is granted, and the civil defendant [Name 001] is ordered to pay for environmental damage in the sum of five hundred forty-five thousand five hundred fifty-seven colones without cents, (₡545,557.00). Likewise, the civil defendant is ordered to pay the procedural costs in the sum of one hundred nine thousand one hundred eleven colones with four cents (₡109,111.040), as well as the interest generated on all these amounts until the day of their payment, amounts that must be liquidated in the sentence execution process. Regarding personal costs, there is no claim for that item. In accordance with article 110 of the Penal Code, confiscation (comiso) is ordered in favor of the State Forest Administration for one Husqvarna brand chainsaw, orange color, with serial number 2010-4120608, and one Husqvarna brand chainsaw, orange color, with serial number 2018-0321216. The cessation of all current precautionary measures is ordered. Once final, the judgment shall be registered in the Judicial Registry, and the corresponding testimonies shall be issued to the Sentence Execution Court and the National Institute of Criminology. NOTIFY BY READING. LIC. JOAQUÍN LÓPEZ BOLAÑOS. TRIAL JUDGE." 2. That against the preceding pronouncement, attorneys [Name 006] and the undersigned [Name 007], in their capacities as co-defense attorneys for the accused, filed appeals. 3. That following the respective deliberation, in accordance with the provisions of article 466 of the Code of Criminal Procedure, reformed by Law 8837 published on December ninth, two thousand eleven (Creation of the Appeal of the Judgment), the Court considered the questions raised in the appeal. 4. That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings. **Considering:** I.- The appeals filed by [Name 006] and the undersigned [Name 007], in their capacities as co-defense attorneys for the accused (according to the appearance made in the appeal filed by the latter, visible on folio 502 of the electronic file), against judgment number 44-2024, issued by the Criminal Trial Court of Cartago at 1:30 p.m. on January 22, 2024, are admitted for substantive review. In that judgment, the accused [Name 001] was convicted for the crime of exploitation of forest products in protection areas and sentenced to three months of imprisonment, and the civil action for damages filed by the Attorney General's Office was granted. The mentioned appeals were filed against a judgment issued by the court in the trial phase, which has the virtue of concluding the process, and it was challenged within the term established by article 460 of the Penal Code, since the judgment was fully notified on January 29, 2024, the deadline to appeal expired on February 19, 2024, while the challenges were filed on February 14 and 17, 2024. Furthermore, the respective briefs allow for an understanding of the alleged grievances, in order to conduct an adequate review of the raised objections, for the comprehensive examination of the challenged judgment, as established by article 8.2h of the American Convention on Human Rights, and articles 458, 459, 460, and 462 of the Code of Criminal Procedure. II.- At the oral hearing held before this Court on September 4, 2025, attorney Guido Jarquín Núñez reiterated the arguments raised in the appeal he timely filed, indicating that the conduct attributed to his client is atypical because the felling of the tree was done 50 meters from an intermittent spring (naciente intermitente) and not a permanent one, so the matter should have been processed in the administrative venue and not the criminal one. Therefore, he requested that his client be acquitted of all penalty and responsibility and that the chainsaws seized in this process be returned. For his part, the appeals prosecutor of this locality, [Name 008], requested that both appeals filed by the co-defense attorneys of the accused be dismissed, as the challenged judgment is in accordance with law insofar as what was proven is that the accused, along with other persons, was exploiting a tree, for which he used three chainsaws. He explained that if the report made by the MINAE on folio 30 of the file is reviewed, it can be determined that it is not true that the exploited tree was outside the protected area of a water spring (naciente), because in reality the report establishes that there were two springs on the site: one intermittent and another of a permanent nature, and it is with respect to this latter one that the felled tree was within the protection zone, so the accused illicit act was indeed committed. He explained that the appeals filed distort what was expressed by the witnesses, as they clearly stated that the accused was the person responsible for the exploitation of the tree, and the judgment adequately substantiated how this conclusion was reached. III.- Attorney Guido Jarquín Núñez raised a single ground for appeal in which he alleged a lack of intellectual reasoning in the ruling due to the evaluation of evidence contrary to the rules of sound criticism. He criticizes that, in the factual basis of the ruling, the court included the "water body" opinion number DA-UHTPCOSJ-1091-2020, dated May 6, 2020, to convict the accused, but the reasoning does not reflect what probative value was given to said evidence, even though it was essential to verify the facts attributed by the State and the Public Ministry. This is because the MINAE report determines that the spring is a public domain intermittent channel, so it does not meet the objective element of the criminal offense under article 33 subsection a) of the Forest Law, which determines that the protection area is for permanent springs (nacientes permanentes). He considers that the resolution causes a grievance because the evidence failed to prove the accused's participation in the events, as the elements of the criminal offense of forest resource exploitation in a protection area were not met, and therefore he requests the issuance of an acquittal in favor of his client. For his part, the accused's co-defense attorney, [Name 006], alleges that the challenged resolution suffers from erroneous reasoning and application of the law, a violation of the principle of immediacy of evidence, and a violation of due process. After explaining the facts of the accusation, he considers that the only thing proven is that his client was at the site of the events, as he is a person dedicated to the commercialization of wood, with twenty years of experience and knowledge of the limitations required by the Forest Law to carry out his economic activity. Furthermore, the witnesses presented by the Public Ministry testified that when they arrived, they observed the felled cypress tree on the ground. He points out that the witness "[Name 009]" of the Judicial Investigation Organization said that his participation stemmed from an alleged crime of threats to a public official and that, regarding the felling of the tree, he limited himself to interviewing Mr. [Name 010] (the absent owner of the farm in this process), who indicated that he had negotiated the wood with the accused, but that this tree was not included in the deal and that he did not know who felled it. He considers that it is not correct to deem the crime committed solely due to the accused's experience, as the latter stated extensively that his job was to arrive and supervise that the work was done correctly. He mentions that the witness "[Name 013]" of MINAE processed the wood permit on the farm of Mr. Yanuario, barely two hundred meters from where the illegal felling occurred, so it cannot be guaranteed that he was at that site and at that time to commit the crime; rather, he was working on the farm and had to pass through the sector to reach his workplace. He indicates that he pointed out to the judge that Mr. [Name 014] was also present at said activity, but none of the parties offered him as a witness, nor did they accuse him of committing any crime, but "...he is used to impose a sanction on my client by referring to what he ([Name 015]) said, leaving the defense lacking regarding the immediacy of the evidence, because [Name 015] was not present in the adversarial proceedings to be asked the questions the defense deemed pertinent." He continues by saying that his client indicated that they were going to perform the "...topping of the fallen tree at the request of the farm owner (Yanuario), who asked him to extract some posts for some granadilla trellises he had planted"; a version the trial court (a quo) did not give credibility, instead believing the mentioned Judicial Investigation Organization officer regarding what Mr. Yanuario told him, despite it also being uncorroborated because this person was also not offered as a witness for the debate. He considers that regarding the crime of illegal felling, there is no proof whatsoever that the accused did it, nor that he affected the environment. On the other hand, he questions the reference the ruling makes to what was declared by the witnesses, because he insists that the declaration of Mr. [Name 016] is "textualized" regarding what other people told him, but this could not be corroborated because they were not summoned to the debate for questioning. He criticizes that the judge, based on his experience, considers that when a tree is cut, preparations begin to exploit it, and that this is why it is taken as proven that because the accused was at the site, he was not only the one who felled it, but also the one who would carry out the exploitation, despite this not being proven because the tree was not moved even a centimeter and was not transported anywhere, to the point that at the time of the trial, the tree was in the same place. He also questions the testimony of Mr. [Name 017], regarding that "exploitation as an illegal activity begins from when the tree starts to be prepared," which he considers is not true, because the crime of illegal exploitation of forest resources is configured when activities such as felling, transport, storage, or commercialization of forest products are carried out, which did not happen in this case. On the other hand, he considers that article 28 of the Forest Law contains an exception for logging without a permit, so it was not necessary to have the approval of the environmental authorities for the felling of the tree in question, especially if the farm owner himself cut it, because he would be protected by that regulation. He also considers that the seizure of the chainsaws constitutes an abuse of authority by the MINAE officials, as the witnesses unanimously agreed that Mr. [Name 018] was in a truck used to transport wood, and when asked about his presence at the site, he said he was authorized to work on the farm where the events occurred. Despite this, two chainsaws he was working with were seized from him, which were never used in the commission of the crime. He alleges that confiscation (comiso) only occurs in convictions, but the person judged is the accused [Name 001], not Mr. [Name 018], against whom a criminal process was never initiated nor was he tried. He considers that the ruling was contrary to the provisions of article 110 of the Penal Code, which establishes that only property used in the commission of the investigated crime may be subject to confiscation, because it was other people who were over the tree with chainsaws, and these should have been the ones seized, not those held by Mr. [Name 019] in his truck, just because he is the accused's son. Finally, he considers that the criminal complaint and the civil action should not have been accepted because they were based on the abuses and violations of the elementary rights of the accused. He requests that the appeal be accepted, the judgment be annulled, and his client be acquitted of all penalty and responsibility. He also asks that the criminal complaint and the civil action be rejected, the confiscation be annulled, and the return of the chainsaws to Mr. [Name 019] be ordered. Alternatively, he requests that an acquittal be issued based on the principle of in dubio pro reo. III.- Resolution of the matter: A. Regarding the criminal action: This Chamber has detected serious defects in the processing of this matter during the trial phase, which have led to the verification of the extinction of the criminal action by prescription, in accordance with the provisions of articles 30 subsection e), 31 subsection a), and 33 subsection f) of the Code of Criminal Procedure. As can be observed in the Virtual Desk, the challenged judgment was issued by the Criminal Trial Court of Cartago on January 25, 2024, and was notified through its full reading on January 29, 2024. As indicated in the first considering of this resolution, the defense appealed said resolution in a timely manner in February 2024. However, these challenges were not served upon the other parties by said court (see resolution of the Criminal Trial Court of Cartago at 4:20 p.m. on July 10, 2025), until July 10, 2025, by which time a total of one year, six months, and 19 days had elapsed after the full reading of the judgment. This last action constitutes, in accordance with article 33 subsection f) of the Code of Criminal Procedure, the last interruptive act of the statute of limitations. According to the first paragraph of that same norm, the term to be considered for the prescription of the criminal action was reduced by half upon the occurrence of the mentioned interruptive cause. As the maximum penalty provided for the crime of exploitation of forest products (article 58 of the Forest Law) is three years, according to the provisions of subsection a) of article 31 of the Code of Criminal Procedure, the statute of limitations period was also for that same term. However, upon producing an interruptive cause with the issuance of the judgment, the prescription period was reduced to eighteen months. As indicated, this period had amply elapsed by the time this matter reached this office due to the negligent processing by the Criminal Trial Court of Cartago. Therefore, as the criminal action has been extinguished by prescription, what corresponds is to acquit the accused in this venue for the crime of exploitation of forest products for which he was found guilty in the challenged judgment. B. Regarding the civil action for damages (acción civil resarcitoria): For the majority of this Court (judges Sancho González and Wittmann Stengel), the prescription of the criminal action does not entail the prescription of the civil action. The basis for this position lies in the fact that, although it is true there have been different positions on whether the rules of prescription of the criminal action govern the civil action, the criterion deemed appropriate is the one that establishes that the review of the extinction of the action in each sphere obeys different guidelines according to the applicable regulations in each case. It is worth noting that, furthermore, the civil statute of limitations has not been raised by any of the parties, which is an aspect to consider for the resolution of the point, in accordance with the dispositive principle that governs this matter. In this way, it is considered that when it comes to the prescription of the civil action, the applicable rule is the ten-year term established by article 868 of the Civil Code, so according to what is in the record, it has not elapsed. On this topic, the Third Chamber, in its resolution 2002-00861 of ten o'clock on August thirtieth, two thousand two (and similarly in number 196-2015 of April 9, 2015, at 2:49 p.m.), clarified the following: "From the reasoning set forth, the following general conclusions can be drawn, which the Chamber deems prudent to point out to avoid potential misunderstandings that might seek to be based on what was stated here: a) Article 871 of the Civil Code was tacitly repealed by Article 96 of the Penal Code. b) No condemnation to repair damages and losses is possible in criminal matters if the civil action for damages was not exercised (and except as provided regarding restitution and confiscation, as the law indicates). c) The criminal action and the civil action derived from the punishable act do not prescribe jointly and possess different rules: the former is governed by the norms contained in the Penal and Procedural Penal Codes (which, it is worth clarifying, did not repeal the cited article 96 nor intervene in matters relating to the substantive right of the injured party), and the prescription of the civil action is referred to the ordinary norms established by the Civil Code. d) The term for the 'civil action' to claim the civil consequences of the punishable act to prescribe – regardless of the illicit act in question and the venue chosen, including the criminal one – is the ordinary one set in article 868 of the Civil Code: TEN YEARS, since the exceptional cause established by article 871 is precisely the one understood to be repealed, with all the effects it entails. e) The acts that suspend or interrupt the 'prescription of the civil action for damages' are not those contemplated by the criminal norms (now only of a procedural nature, from the 1996 code onward), but those determined by the Civil Code, in what is applicable due to their compatibility with the design of the criminal process, among them those described in articles 879 and 880 of said normative body, in concordance with what is regulated in the Code of Civil Procedure (articles 206 and 217), or other special laws (e.g., Law of Constitutional Jurisdiction). Thus, for example, the ten-year term will be interrupted – and will begin to run anew in full – by any judicial action for the collection of the debt and fulfillment of the obligation, such as the request to be constituted as a civil plaintiff (actor civil) – provided it is not declared inadmissible, withdrawn, or the defendant is acquitted in the judgment, it being understood, of course, that said acquittal refers to the civil aspect and not the criminal one, since the latter does not necessarily imply that the claims for damages must be dismissed if substantive norms imposing liability concur; the conciliation – in which some form of compensation is agreed upon – has an identical effect, as the injured party tries to obtain the fulfillment of the debt; and the same happens with statements made reporting that the defendant breaches what was agreed and requesting that the process continue. There will be other assumptions that must be examined on a case-by-case basis, adhering to the general rules discussed, and it should also be highlighted that the recourse to civil law norms is restricted to determining the term and the reasons that interrupt or suspend the computation of the prescription. Therefore, regarding the form, procedure, and other conditions of the civil action for damages, one must adhere to what the Code of Criminal Procedure provides. Due to its particular interest, the Chamber must reiterate its criterion that the reduction by half – only once – of the ordinary term by which the criminal action prescribes (when the first of any of the assumptions that the law exhaustively contemplates occurs) does not affect the civil action in any way, because they are different regimes and institutes that are only processed jointly for reasons of speed and procedural economy…". From the content of the jurisprudential precedent cited, which the majority of this panel shares, it is concluded that, as of the validity of numeral 96 of the Penal Code, numeral 871 of the Civil Code was tacitly repealed. Taking into account that the civil action for damages is a civil lawsuit processed jointly with the criminal process due to an issue of access to justice, but they are addressed under the specificities of each area, the criterion of differentiated prescriptions according to the nature of each must be followed. Therefore, even though we have declared the criminal action prescribed, the civil matter does not suffer the same fate. In accordance with the above, it must be noted that, for the majority, the civil judgment ordered in the sentence is in accordance with the law, insofar as it was determined that the accused is the perpetrator of the illegal exploitation of forest products attributed by the Public Ministry and the Attorney General's Office, and it was possible to establish the causal link between said intentional behavior and the environmental damage that was claimed in the civil action by the State's representation. Regarding the first of the necessary elements for proving civil liability, the sentencing court determined that the accused committed an unlawful act, which was exploiting a tree located within the protection zone of a water spring (naciente), as established by article 33 subsection a) of the Forest Law. This first assertion has been strongly questioned by attorney [Name 007] in the appeal he filed, as he claims that report number DA-UHTPCOSJ-1091-2020, prepared by the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy on May 6, 2020 (folios 59-62 of the electronic file), indicates that the spring on the site was intermittent, so the conduct attributed to the accused would not meet the elements of the offense. However, as pointed out by the representative of the Public Ministry during the hearing held before this collegiate panel, it is observed that said document indicates that during the inspection conducted at the site, it was determined that there were two public domain water channels: one intermittent and one permanent, both located very short distances from each other, to the extent that the first was at Lambert North coordinates latitude 189.72 and longitude 537.003, while the second (permanent in nature) was at latitude 189.086 and longitude 537.018. This information fully coincides with the image attached to the report that served as the notitia criminis for this process, which shows the geolocation of both water sources very close to each other, as well as the also nearby location of the tree exploited by the accused in this case. This shows that the permanent spring (naciente permanente) referred to by the forestry authorities when they brought these facts to the notice of the Public Ministry has always existed at the site, that the tree in question was within the protection zone of said water source, and that the complaint did not refer only to the intermittent body of water referenced by the defense. Therefore, the characterization of the conduct established in the judgment is in accordance with the law. For his part, the co-defense attorney for the accused, [Name 006], raised multiple challenges to the trial court's decision to conclude that the accused was the perpetrator of the exploitation of forest products as charged by the prosecution. In his view, the only thing proven was that the accused passed near the place where they were preparing the felled tree because he was working nearby, and that he was convicted without the possibility of interrogating two people who gave information to the forestry officials that incriminated him, which he considers a violation of the accused's right to defense and the principle of immediacy of evidence. On this point, it must be noted that what was stated by the appellant departs from what occurred during the adversarial proceedings, in which it was possible to establish that the accused is not a person who simply passed by the place on his way to work, but rather the one who gave orders for the felled tree to be exploited, to the extent that the people performing those tasks along with him were members of his family and employees of his company. The court determined this by analyzing the testimony of [Name 016], who, as a forestry engineer and head of the delegation, referred to how, while conducting a special operation in the area, they observed a truck for transporting timber driven by Mr. ([Name 018]) in the Cedral de León Cortés sector, and since he knew a certificate of origin had been processed for a nearby farm, he went there with his colleagues. There, they observed the accused [Name 001] and another individual named [Name 022] "topping the tree to leave only the log," so they told them to stop the chainsaws they were using for this task. The accused became upset and threatened his colleagues with the chainsaw, then fled in his white Suzuki vehicle. Due to this, he had to coordinate with officer [Name 021] of the Judicial Investigation Organization to find the whereabouts of the accused, an authority who later managed to detain him. A similar version was given by the witness [Name 020], who, in his capacity as an official of the State forest administration, mentioned that on December 27, 2019, he was conducting a patrol in the El Cedral de San Martín sector when he observed a parked truck and two people “cleaning” a log from a cypress tree, specifically by cutting its branches. He, together with his other colleagues, went to where those people were, and while the accused still had the chainsaw running, he asked him to turn it off and asked if he had a permit to cut that tree. The accused reacted by pointing the saw at them with the intention of wounding them, but apparently thought better of it and instead got into his vehicle with the chainsaw and fled. In accordance with the above, it is observed that the defense counsel’s assertion that the accused was merely passing through is not true; rather, his active participation in the acts of harvesting (aprovechamiento) of the tree could be credited, to the point that he was observed by two witnesses who appeared at the debate performing tasks of preparing the tree for its harvesting, understanding this concept as provided by the Forest Law (Ley Forestal) in Article 3, subsection a): “a) Timber harvesting (Aprovechamiento maderable): Action of cutting, elimination of standing timber trees or use of fallen trees, carried out on private lands, not included in Article 1 of this law, that generates or may generate some profit, benefit, advantage, utility, or gain for the person who performs it or for whom this person represents”. In that sense, as witness [Name 020] stated, the tree was in the process of harvesting, regardless of whether the accused was the one who felled the tree, because from what the deponents indicated, it is clear that the “cleaning” of the log had the objective of “…preparing it for transport, which was the case here; they were in the initial phase,” which constitutes acts of use of that forest resource that has significant economic value, because in order to transform a tree into lumber, these tasks must first be done before transporting it or sawing it into the form required by the user. Nor does this Chamber consider the questions raised by the appellant regarding the analysis of the statement of [Name 024] to be relevant, as his participation in the facts was merely referential. Therefore, even hypothetically suppressing it, the decision by the lower court (a quo) stands, since two eyewitnesses who deserved the full credibility of the tribunal directly observed the accused performing harvesting tasks on the tree in question, which was within the protection zone of a permanent water spring (naciente), thus corroborating the facts charged. In this regard, the interview that this deponent conducted with Mr. [Name 010] does not have the significance that the defense claims, since he would only have mentioned that the cypress tree was outside of the trees he had negotiated with the accused and that he was not at the site when the tree felling occurred. He therefore did not reveal any important information, as the fact that the accused was a person engaged in the lumber trade and that a permit for the cutting of other trees had been processed at the site was something known to the State Forest Administration, as mentioned by the officials of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía) already indicated; even the accused in his statement declared that he was extracting trees from the farm of Mr. [Name 010] under an existing contract between them. A similar situation occurs concerning the information that witness [Name 016] mentioned was provided to him by Mr. [Name 014]—who was one of the people performing branch-cutting work on the cypress tree with the accused, and who, according to the witness, told him that “they were debranching the tree with the goal of taking the log in the truck”—, whose hypothetical suppression does not change in any way the conclusion reached by the sentencing tribunal, since the accused was observed together with Mr. [Name 014] performing the harvesting tasks on the tree in question. Regarding the defense's argument that no type of permit was required to fell on the site due to the exception established by Article 28 of the Forest Law (Ley Forestal), it must be noted that the interpretation made by the challenger departs from what was proven in the debate, regarding that the tree felled and subsequently harvested by the accused was in the protection zone of a permanent water spring, as explained supra. Therefore, it is not possible to apply to this matter the exception of having a permit for cutting trees set forth in numeral 28 of the Forest Law (Ley Forestal), since said norm expressly establishes that such a permit is not necessary in the case of forest plantations, agroforestry systems, and individually planted trees, scenarios that are not present in this matter so as to be able to speak of the alleged exceptional situation. On the contrary, the place where the tree that was harvested by the accused was located was within the protection area of a permanent water spring, which according to subsection a) of Article 33 of the Forest Law (Ley Forestal) is a radius of 100 meters measured horizontally: “Consequently, the private use of said protection areas is limited, expressly establishing the prohibition of harvesting in them (Article 34 of the FL) and its sanction (Article 58, subsection b), as well as that which corresponds for invading them (Article 58, subsection a) or for the destruction of vegetation (Article 90 of the LCVS)” (González Montero, J. P. (2007). Manual de delitos ambientales. San José, C.R.: Litografía e Imprenta LIL, S.A., p. 260). Hence, the appellant's arguments must be rejected regarding the accreditation of the punishable act in question by the sentencing tribunal as an act giving rise to civil liability (hecho generador de responsabilidad civil) in the specific case, without any violation of the fundamental rights of the accused and civil defendant in this matter being evident. Therefore, upon determining that such an act giving rise to liability could be directly linked to the accused through intentional conduct of causing environmental damage, it is appropriate to agree with the conclusion of the trial court (tribunal de mérito) and the civil judgment ordered against the convicted person must be confirmed. C.- Regarding the confiscation (comiso) of the chainsaws: The first paragraph of Article 110 of the Penal Code establishes that: “The crime produces the loss in favor of the State of the instruments with which it was committed and of the things or values derived from its realization, or that constitute for the agent the profit derived from the same crime, except for the right that the offended party or third parties have over them.” This regulatory provision is clear that when the crime is proven, confiscation is a necessary consequence regarding the instruments for its commission. In this case, it was proven through the comprehensive analysis of the evidence that the chainsaws that were seized by the officials of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía) were used by the people who accompanied the accused and were under his orders performing “cleaning” tasks on the trunk of a cypress tree that was in a protection zone of a permanent water spring, which undoubtedly converts them into instruments of the commission of the criminal conduct punished by Article 58, subsection b) of the Forest Law (Ley Forestal). The appellant's argument that these chainsaws belonged to an unconnected third party unlinked to the facts proven in the judgment is something that has not been demonstrated in this process. The appellant has not proven ownership of the seized goods; rather, from the accused's own statement, it follows that it was a family business in which he acted as a contractor and the other people were his workers. Therefore, it is easy to conclude that the seized chainsaws belonged to the defendant, and it is clear that the seizure made from Mr. [Name 019] of the chainsaws was due to the situation that arose with the accused on the day of the events charged, when he threatened the MINAE officials with the third chainsaw he was using to commit the crime and fled with it in his vehicle. This left the officials in a situation where it was convenient for them to make the seizure report in the name of the accused's son, Mr. [Name 019], but this does not mean that it can be maintained, as the defense attempts, that these chainsaws belonged to a good-faith third party who was unaware that these tools were used for the commission of the crime in question, since this person was at the site and could observe how the chainsaws were used to harvest, under the accused's orders, a tree that was in a protection zone. Then, regardless of whether the case against Mr. [Name 019] was dismissed, this does not mean that his procedural situation can be considered as that of a good-faith third party, but rather as that of someone who knew that the goods in his possession were being used in the commission of a crime. If the evidentiary situation did not allow him to be linked as a co-perpetrator of the acts, that is something that does not allow establishing that he can profit from this knowledge about the use of instruments in the criminal commission. Therefore, the decision to confiscate the chainsaws is in accordance with the law, and the appeal filed for this reason must also be declared without merit. Judge Fernández Mora dissents (salva su voto). IV. Dissenting vote (Voto salvado) of Judge Fernández Mora: In this matter, I must record my dissent with the majority regarding the decision to maintain the conviction and civil consequences of the punishable act against the accused, despite having determined the prescription of the criminal action (prescripción de la acción penal), since from my perspective, the civil action also prescribed together with the criminal one, as dictated by current legislation. Article 871 of the Civil Code states that: "Civil actions arising from a crime or quasi-crime (cuasidelito) are prescribed together with the crime or quasi-crime from which they arise." In other words, once the crime had prescribed, by express decision of the legislator, the right to claim civil compensation by the State also prescribed. Therefore, it is not possible to interpret that in this case the prescription of the civil action ran independently from the criminal action. It should be noted that I am aware of the position taken by the Criminal Cassation Chamber (Sala de Casación Penal) based on Ruling No. 2002-0861 of 10:00 hours of 08/20/2002, where it is held, among other conclusions, that Article 871 of the Civil Code was tacitly repealed by Article 96 of the Penal Code and that the term for the civil action to prescribe is ten years. However, in accordance with the constitutional principle of judicial independence that protects me in my jurisdictional function, I disagree with the reasoning that the honorable Cassation Chamber has provided, since it is not true that one can speak of a tacit repeal of Article 871 of the Civil Code, as will be indicated later. Nor is it accurate to establish that in all cases, the computation of civil prescription is decennial, when there is expressly a norm that provides otherwise, as stated in Article 868 of the Civil Code: "Every right and its corresponding action are prescribed in ten years. This rule admits the exceptions prescribed in the following articles and others expressly established by law, when certain cases require more or less time for prescription." The position of the Criminal Cassation Chamber makes a distinction between the positivist foundation of Article 871 of the Civil Code (civil liability for the crime is not of a merely private nature), as opposed to the foundation of the classical system found in the Penal Code of 1970 (penalty as a natural effect of the crime of a public nature and civil reparation, of an exclusively private nature) which, according to the Chamber, characterizes the current system of civil liability adopted by our legislator. However, this argument leaves aside the systematic incoherence that this interpretation represents, because if the above were accepted as true, confiscation could not be decreed ex officio by the courts of justice, since within the classical system, the instance of a party is necessary for such purposes, especially when Articles 103 and 110 of the Penal Code define it as a civil consequence of the punishable act (a position I hold in other dissenting votes). On the other hand, it must be noted that Article 109 of the Penal Code makes reference to: "The obligations corresponding to civil reparation are extinguished by the means and in the manner determined in the Civil Code...", which would imply for the Chamber that the legislator, with a classic-cut criterion, made a referral so that matters concerning the extinction of civil obligations be determined with a positivist-cut criterion, such as that expressed in Article 871 of the Civil Code. The arguments of the Cassation Chamber to affirm that Article 96 of the Penal Code tacitly repealed Article 871 of the Civil Code overlook circumstances whose consideration is essential. The tacit repeal that the Third Chamber affirms could not exist because the principle of lex specialis prevails, which is defined as follows: "The principle of lex specialis operates as a principle of individualization of complex legal provisions, but not as a repealing principle. To realize this, one only needs to notice that the opposition 'general provisions' vs. 'special provisions' is one of the most basic techniques of organizing normative texts and that it makes no sense to say that, for example, when the legislator enacts general provisions relating to contracts and particular provisions relating to each type of contract, it is simultaneously enacting and repealing the referred general provisions" (Aguiló, Josep. La derogación en pocas palabras. Anuario de Filosofía del Derecho XI, 1994, p. 412). As can be seen in the National System of Current Legislation (SINALEVI), both the Penal Code enacted by Law No. 4573, in which the second paragraph of Article 96 is established, and the Law to Regulate the Application of the New Penal Code No. 4891, through which the validity of Title IV, Book I of the 1941 Penal Code is restored, and with it what is provided by Article 871 of the Civil Code regarding civil prescription derived from a punishable act, entered into force simultaneously (as expressed by Article 138 of the Current Rules on civil liability of the 1941 Penal Code). Specifically, the Penal Code, even though it was sanctioned on May 4, 1970, entered into force on November 15, 1971; precisely the same day that Law No. 4891 of November 8, 1971, called the Law to Regulate the Application of the New Penal Code, also entered into force. As can be seen, these are two norms of equal rank that entered into force simultaneously. From the above perspective, one could not say that either of these laws responds to the criterion of lex posterior, so as to speak of the tacit repeal defended by the Third Chamber of the Supreme Court of Justice. Thus, these are two norms fully in force in our legal system, as indicated by the binding jurisprudence of the Constitutional Chamber in Ruling No. 1993-5029 of 2:36 PM on 10/13/1993, which, when resolving the judicial consultation of constitutionality raised by the Third Chamber that questioned the provisions of Article 871 of the Civil Code, indicated: "But whatever the term of prescription established by law, in the case of criminal conduct, it is logical that the civil actions derived from it, being merely private and, therefore, secondary in relation to the main public interest immersed in the criminal action, run the same fate as this one regarding prescription. The contrary would imply that the criminal act could be invoked and proven judicially in a civil court, with a view to compensation for damages, even when the penalty cannot be imposed because the criminal action is prescribed, which is illogical" (The emphasis is supplied). In other words, given that Article 871 of the Civil Code is a valid, effective norm that also has no constitutionality issues, it must be applied by the judge effectively. The existing legal landscape leads us to conclude that although the Penal Code established in Article 96 that: "The extinction of the criminal action and the penalty shall not produce effects regarding the obligation to repair the damage caused, nor shall it prevent the confiscation of the instruments of the crime," at the same time the legislator provided through a special law related to the rules of civil liability derived from the punishable act, established by Article 138 of the 1941 Penal Code, that "The obligations concerning civil reparation, dealt with in this chapter, are extinguished by the means and in the manner determined by the Civil Code for civil obligations," which is none other than the provision of numeral 871 of the Civil Code, which establishes that: "Civil actions arising from a crime or quasi-crime are prescribed together with the crime or quasi-crime from which they arise"; a norm that, as indicated, was reinstated by Article 13 of Law No. 4891, called the Law to Regulate the Application of the New Penal Code, and which entered into force on the same day as the Penal Code itself. It is affirmed that the norm established by the Civil Code is a special law because it refers specifically to the prescription of the civil action derived from a crime, while numeral 96 of the Penal Code refers generically to the extinction of the criminal action, which, as is known, is extinguished not only through prescription, but also through other institutions such as the death of the accused, pardon, maximum payment of the fine, application of the opportunity criterion, death of the offended party in privately prosecuted crimes, among others regulated by Article 30 of the Criminal Procedure Code, and before the entry into force of said procedural norm, many of them were regulated by Article 80 of the Penal Code and were called "Causes that extinguish the criminal action and the penalty," which is precisely the term referred to by Article 96 of the Penal Code, which according to the Third Chamber tacitly repealed Article 871 of the Civil Code. In this way, it would seem that the legislator understood that, although some cause for the extinction of the penalty, other than prescription, could occur, such as the death of the accused or a pardon, the civil claim for the repair of the damage caused could well continue. On the contrary, what is provided by Article 871 of the Civil Code leaves no doubt that it is referring to the joint prescription of the civil action together with the criminal one, which is reaffirmed by what is established in Article 109 of the Penal Code when it states: "The obligations corresponding to civil reparation are extinguished by the means and in the manner determined in the Civil Code and the rules for fixing damages, as well as the determination of subsidiary or joint civil reparation, shall be established in the Civil Procedure Code." In this way, it is clear that the interpretation made by the Third Chamber of the Supreme Court of Justice in Ruling No. 2002-0861 of 10:00 hours of 08/20/2002 is mistaken and constitutes an ingenious and brilliant intellectual effort to provide longer prescription periods so that those harmed by the crime can obtain civil reparation, despite the fact that the legislator has considered something different. For this judge, the exception to the general principle of the ten-year prescription in civil matters is clearly regulated in the Civil Code, when it indicates that in the case of liability derived from a crime, the civil action must prescribe together with the criminal action. Specifically, I reiterate that the interpretation that sustains that Article 871 of the Civil Code has been tacitly repealed responds to the determination of providing protection for the victim beyond what the legislator himself decided to expressly grant, for which the Criminal Cassation Chamber has resorted to legal arguments that, although technically correct, are forced for the case under analysis. The Uruguayan jurist Vaz Ferreira made some considerations that are completely relevant to the case, regarding what the highest courts have pondered in relation to the issue of the supposed tacit repeal of Article 871 of the Civil Code, indicating that: "There is something that caught my attention a lot when I was a law student: two articles of a Code turned out to be contradictory, and the commentator tried to explain those articles; to force the meaning of the terms in a very violent way and to invent different systems to explain the contradiction... the only 'system' that never occurred to him was simply that the legislator had contradicted himself; that hypothesis was not possible: he had placed himself in such a special state of mind that he started as if from the infallibility of the authors of the laws or, rather, he had forgotten that laws have authors, who can contradict themselves or write confusingly or incompletely or ungrammatically, just like any man" (Vaz Ferreira, Carlos. Lógica Viva (Practical and Didactic Adaptation), vol. IV, no year, p. 70). In my opinion, it is possible to conclude that, far from being true the brilliant theoretical exposition made by the Cassation Chamber, the legislator has not even realized that they enacted a hybrid and even incoherent regulation regarding the issue of civil liability derived from crime, and that is why, at the same time, they give it a treatment characteristic of both a classical system and a positivist system. By virtue of the foregoing, having determined in this process that the criminal action is prescribed, in accordance with the provisions of Article 871 of the Civil Code, it is appropriate to declare the civil action for claiming damages derived from the crime investigated as prescribed, and to declare the brought civil compensation action without merit, as well as the ordered confiscation, as it is a consequence derived from the crime, as established by Article 103 of the Penal Code, partially upholding the appeal filed by the co-defense counsels of the accused regarding these points. V.- Communications: The sentencing judgment handed down in this process is dated January 25, 2024, and despite being appealed in a timely manner, the appeals were not served until July 10, 2025, by which time the statute of limitations (prescripción) period had already amply run. This conduct by the tribunal reveals at least evident negligence in the processing of the matter, so it is deemed necessary to communicate this resolution to the person holding the coordination position of the Criminal Trial Court of Cartago (Tribunal Penal de Cartago), in order to investigate what happened and take the corrective and disciplinary measures that are appropriate according to law. POR TANTO: 1.- Unanimously, and ex officio, the criminal action is declared extinguished by prescription (prescripción) and the accused [Name 001] is acquitted of the crime of harvesting of forest products (aprovechamiento de productos forestales) in a protection area. 2.- By majority, the appeal filed by the co-defense counsel of the accused is declared without merit, and the civil judgment and the confiscation (comiso) ordered in the challenged resolution are confirmed. Judge Fernández Mora dissents (salva su voto) on this point. 3.- It is ordered that this resolution be communicated to the person holding the coordination position of the Criminal Trial Court of Cartago (Tribunal Penal de Cartago), in order to investigate what happened and take the corrective and disciplinary measures that are appropriate according to law. NOTIFÍQUESE.-