Res. 00468-2025 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago — Transporting wood without documentation is a crime regardless of exact originTransportar madera sin documentación constituye delito, independientemente de su origen exacto

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago

Resolución Nº 00468 - 2025

Fecha de la Resolución: 23 de Setiembre del 2025 a las 11:00

Expediente: 25-000101-1262-PE

Redactado por: Xiomara Gutierrez Cruz

Clase de asunto: Recurso de apelación penal

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Normativa Internacional: Convención americana sobre derechos humanos, Pacto de San José

Normativa internacional

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental

Objetivos de Desarrollo Sostenible: Vida de ecosistemas terrestres (Obj 15)

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Derecho Penal

Tema: Movilización ilícita de madera

Subtemas:

Configuración del delito de movilización o transporte de madera sin documentación que acredite su procedencia legítima, sin necesidad de demostrar el origen específico en bosque o plantación forestal.

"II.[...] El reclamo se declara con lugar. [...] De estas normas se desprende que erró la juzgadora al considerar que era necesario que se demostrase la proveniencia de la madera para considerar configurado el tipo penal. Esta exigencia, contraria a lo dispuesto en la normativa, impediría al Ministerio Público ejercer la acción penal en un sinnúmero de supuestos, con la consecuente afectación al ambiente que la Ley Forestal busca prevenir, pues es notorio que el transporte o movilización de la madera es esencial en la cadena de destrucción de los recursos forestales, al ser el que, en última instancia, posibilita el aprovechamiento de productos ilícitamente obtenidos. De seguirse el razonamiento de la a quo, solo podría perseguirse el hecho si se conoce el origen preciso de la madera, lo que no corresponde con las previsiones normativas vigentes. El artículo 56 de la Ley Forestal sanciona la acción de transportar o movilizar sin contar con las autorizaciones correspondientes, provenga la madera de bosque o de plantación, entendiéndose plantación tanto la que califique como forestal (que fue la única que tomó en cuenta la juzgadora), como cualquier otra, que puede incluir un solo árbol plantado, según surge de la interpretación armónica de la Ley y del Reglamento. Precisamente, el numeral 32 del Reglamento exige que, en cualquier caso, se porte factura, salvo que se trate del propietario, que entonces deberá contar con el certificado de origen. Es decir, la norma no prevé ningún supuesto en el cual pueda transportarse madera sin contar con documentación que acredite su origen legítimo, sea un certificado de origen, un permiso de transporte o una guía, precisamente para evitar la afectación al ambiente que se genera con la tala sin control.[...]"

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Texto de la resolución

Documento PJEDITOR

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Res: 2025-468

Exp: 25-000101-1262-PE

 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. Al ser las once horas del veintitrés de setiembre del dos mil veinticinco.

 Causa penal 25-000101-1262-PE seguida contra [Nombre 001] por el delito de MOVILIZACIÓN DE MADERA DE BOSQUE O PLANTACIÓN en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES.

 Recurso de apelación de sentencia penal formulado por el licenciado Diego Umaña Sánchez, representante del Ministerio Público. Resuelven la jueza Xiomara Gutiérrez Cruz, así como, los jueces Jaime Robleto Gutiérrez y Marco Mairena Navarro;

Resultando:

 ÚNICO. Que mediante sentencia número 144-2025 de las diecinueve horas cuarenta y dos minutos del tres de abril del dos mil veinticinco, el Tribunal de Flagrancia del II Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Corredores, resolvió: "POR TANTO: De lo expuesto y conforme a los artículos 39 y 41 de la Constitución, 1, 2, 6, 9, 142, 265, 267, 360, 364, 365 y366 del Código Procesal Penal, 1, 45 y 110 del Código Penal, artículos 3, 56 y 61 inciso b) de la Ley Forestal número 7575 se absuelve de toda pena y responsabilidad a [Nombre 001] por un delito de TRANSPORTE ILEGAL DE PRODUCTO FORESTALES en perjuicio de LA LEY FORESTAL Y LOS RECURSOS FORESTALES. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. SOBRE EL COMISO: de conformidad con la Ley 6106 Sí la madera decomisada en ésta causa no fue rematada, información que es corroborable en autos, se ordena que sea devuelta a quien ostente ser su propietario y así lo demuestre con la documentación respectiva, en este mismo sentido se ordena la devolución del vehículo [Valor 001] Modelo 1996 marca Hyunda y. Para lo anterior se otorga el término de 30 días hábiles, una vez firme para su reclamo, de lo contrario transcurrido dicho plazo sin interés de parte se ordena el Comiso y donación a favor del Estado. Se hace constar que lo anterior es una minuta de la Sentencia Oral Integral dictada en este proceso, y que la totalidad de la audiencia y todas sus incidencias fueron grabadas en formato digital, registro electrónico al que las partes podrán tener acceso en caso de requerirlo.Qudan las partes notificadas por dictarse de forma oral. Yolanda Venegas Caballero. Jueza de Juicio"             

 Informa la jueza Xiomara Gutiérrez Cruz, y;

Considerando:

 I.- Admisibilidad: El fiscal Diego Umaña Sánchez, impugnó la sentencia oral número 144-2025 dictada por el Tribunal de Flagrancia del II Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Corredores, a las diecinueve horas cuarenta y dos minutos del tres de abril del dos mil veinticinco. El recurso es admisible porque fue presentado en tiempo y de acuerdo con los presupuestos necesarios para el conocimiento de las inconformidades planteadas, de conformidad con el artículo 8.2 h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 458, 459, 460 y 462 del Código Procesal Penal.

 II. En el único motivo de su impugnación, el fiscal aduce falta de fundamentación analítica o intelectiva, de acuerdo con los artículos 142, 143, 184 y 363 del Código Procesal Penal. El recurrente señala: “En la sentencia que se impugna, no se realizó por parte de¡ juzgador una fundamentación analítica o intelectiva completa en cuanto a la prueba testimonial reproducida en juicio oral y público y la prueba documental, existente en el expediente, esto porque al revisar y analizar la sentencia oral, dictada por el tribunal, se puede escuchar a partir de¡ minuto 26:25 de la grabación, donde la señora Juez indica que una vez analizada la prueba testimonial y documental se llega a una única conclusión, y manifiesta textualmente "una vez que se analiza tanto la acusación, los hechos que viene a traer el Ministerio el día de hoy, considera esta juzgadora que propiamente estos hechos que encuadran, pues el Ministerio Público hace ver que son el artículo 61 inciso b), adquiera o procese productos forestales sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley, considera esta juzgadora que no fue demostrado al menos por los oficiales como adquirió usted o procesó productos forestales, entonces, nos vamos a lo siguiente, esta acción típica de adquirir o procesar un producto forestal en este punto, no se puede perder de vista que la carga la tenía el Ministerio Público y lo cierto es que, lo que se informa por parte de los oficiales, es que, usted fue detenido, transportando esta madera, no adquiriendo o procesando, son situaciones muy distintas, son hechos, si, situaciones muy distintas lo que se viene indicando por los oficiales de Fuerza Pública, no hay un elemento de prueba, no hay mayor información que los oficiales hayan abordado, hayan investigado más, o que el Ministerio Público haya solicitado un tipo de informe que ampliara un poco más de como usted había adquirido, o estaba usted procesando esta madera, lo cierto es lo que se contó el día de hoy, y los oficiales vinieron a narrar que fue lo que vieron y que fue lo que ellos actuaron en ese momento, pero no se logra extraer de su declaración más allá que un transporte de producto y si nos vamos al númeral 56 que es la movilización de madera, refiere que no se podrá movilizar madera en trozos, escuadra, ni aserrada, proveniente de bosque o de plantación si no se cuenta con la documentación respectiva, vemos también que ambos oficiales refieren que era una finca privada, que escuchan que están aserrando en esa finca privada, pero también tenemos que ver, a que se refiere el artículo 56 cuando habla de bosque o de plantación, el artículo 3 de esta ley, también lo que es el inciso d), habla de bosques, que es un ecosistema nativo, autóctono intervenido o no, regenerado por sucesión natural u otras técnicas forestales, que ocupa una superficie de dos o más hectáreas, no se vino a tener aquí como prueba alguna inspección que se haya hecho en el lugar para determinar que este era un bosque, porque tenemos que tener presente que debe ser de dos o más hectáreas solamente dijeron que era una finca, vemos que muchas personas dicen que es un bosque talvez a algo pequeño, a unos árboles a unos cuantos árboles, pero, a que se le llama bosque, no se hizo una medición, no se tuvo más referencia, en cuanto a esto pasase de dos o más hectáreas, con características, por la presencia de árboles maduros de diferentes edades, especies y porte variado de una o más doseles que cubran más del setenta por ciento, igual, reitero, no se tuvo ninguna inspección, informe del SINA C que viniese a indicar como era ese bosque, como era e/lugar que se sustrajo esto, en cuanto a la platanción forestal que es el f), refiere que es un terreno de una o dos hectáreas cultivadas de una o más especies forestales cuyo objetivo principal, pero no único será la producción de madera, de igual forma, si es al momento, lo que ellos vienen a decir, que con lo que a usted lo encuentran es con la movilización de esta madera, o transportando/a en su vehículo, lo cierto es que no se tiene de manera clara, si esto era efectivamente era de una plantación forestal, no hay un solo informe, el Ministerio Público no ahondó más en esta prueba, únicamente hace su acusación unicamente con el informe, con los hechos que suceden en el momento, pero no ah onda más si esto es efectivamente, si ese lugar, el objetivo principal era la producción de madera, si bien se indicó por los oficiales que era una especie, el segundo oficial indicó que desconocía, basicamente sabía el nombre, que no sabía si era buena madera o para que la utilizaban, lo que indicó fue que habían pocas especies de ese árbol, pero no dio mayor información en cuanto al lugar, precisamente el área donde se extrae esta madera, reitero, al no haber algún informe, algún peritaje que viniera a demostrar el planteamiento que el Ministerio Público realiza, pues, en cierto modo es confuso que fue lo que realmente sucedió en ese lugar, en tanto a usted se le acusa de ser detenido transportando estas piezas de madera, que no se encuentra en sí esta acción descrita en el artículo 61 de la ley 7575 que en sí, lo que viene a reflejar es que adquiera o procese productos forestales, para esta juzgadora, no queda debidamente demostrado esta acción que usted realiza, no se logra llegar más allá de la versión de los oficiales que lo ubican a usted, indicando que por llevar, hacer un flete o realizar, brindar esa labor de transportar que fue lo que escucharon que usted informó, pero esto no viene a decir si usted la compro o adquirió esta madera, toda esta situación considera que genera un estado de duda, que para esta juzgadora no queda claro lo que acontese ahí, lo que fue descrita en la pieza  acusatoria y que esta duda resulta de manera insuperable, no pudiendo tener por quebrantada el principio de inosencia, desde esta optica, considera esta juzgadora es absolverlo de toda pena y responsabilidad" Duda que argumenta o fundamenta la respetable Juez, básicamente en que no se determinó por parte del Ministerio Público, la adquisición y procesamiento de la madera que transportaba el acusado [Nombre 001], y que dicha acción de "transportar" no se encuentra descrita en el numeral 61 de la Ley Forestal; aunado a lo anterior, que con la declaración de los funcionarios del SINAC Oscar Beita Beita y Jairo Rodríguez Jiménez, se logra extraer que el acusado, transportaba madera de manera ilegal en su vehículo, más no se determinó por parte de estos, la forma de adquisición y procesamiento de dicha madera por parte del acusado [Nombre 001]. Cómo primer aspecto se puede apreciar que la honorable Juez, básicamente fundamenta su duda sobre la responsabilidad penal del imputado, en que no se puede determinar la forma de adquisición y procesamiento de la madera en cuestión (18 piezas de madera). Si analizamos propiamente el numeral 61 de la Ley Forestal, aspecto que es importante, aunque se tenga por conocido que ante lo que se recurre es a la falta de fundamentación analítica o intelectiva en la sentencia, en su inciso b) indica propiamente lo siguiente "Adquiera o procese productos forestales sin cumplir con los requisitos establecidos en esta ley", inciso del cual se analiza, que en sus elementos objetivos, no indica la forma o lugar en que se adquiera o procese los productos forestales, pero si indica "sin cumplir con los requisitos establecidos en esta ley", aspecto que es importante recalcar, ya que no se analiza por parte de la juzgadora, la prueba testimonial como la documental, pues se tiene por probado que, los funcionarios del SINAC, ante la advertencia e indicación de los derechos fundamentales que le asistieron al imputado, cuando éste fue abordado, el mismo indicó que no tenía permiso alguno, testimonio que se fortalece con la prueba documental ofrecida y aceptada por el Tribunal de Flagrancia de esta localidad en la audiencia de continuación, prueba que se refleja a folio 21 del legajo principal, mediante oficio SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-044- 2025, en el cual se acredita que el acusado no tenía permisos para el aprovechamiento y transporte de madera, y que para ello, se sustenta aún más, que durante todo el proceso, no fue aportada documentación alguna, que demostrase que el acusado si tenía permisos en relación a los hechos demostrados; análisis que, considera este ente Ministerial no se realizó por parte de la juzgadora, y que la misma única y exclusivamente de manera redundante fundamente que, los testimonios de los funcionarios del SINAC, mas la falta de diligencias de investigación o pericias, no se logra determinar la forma de adquisición o procesamiento de la madera que se transportaba ilegalmente por parte del acusado [Nombre 001]. Cómo segundo aspecto, la juzgadora fundamenta su sentencia y hace lectura de los numerales 56 y 3 de la Ley Forestal, mismos que hacen relación a los hechos que fueron investigados, pero no fueron ni tan siquiera traídos a colación al debate oral y público por cuanto son otros hechos los que se acusan, como son la adquisición y transporte de madera sin contar con los permisos requeridos por Ley, situación que hace ver esta representación fiscal, que no guarda correlación entre acusación y sentencia, y que más bien, si genera duda, sobre el análisis que se hizo para realizar dicha fundamentación, porque al menos en este aspecto, la juzgadora lo que hace es generarse incógnitas al significado de las palabras contempladas en dichos numerales en cuestión, pero que no vienen a desvirtuar ni a acreditar los hechos ventilados en el debate, por lo que el yerro existente es la violación a las reglas de la sana crítica, específicamente a las de la lógica, pues se produjo el quebranto al principio de derivación o razón suficiente "el cual consiste, en términos generales, en que todo razonamiento para ser verdadero deber estar conformado por deducciones racionales, a partir de la prueba producida en juicio, así como de las sucesivas conclusiones que sobre la base de ellas se vayan estableciendo, de modo que la infracción a este principio puede causar la ineficacia de fallo si se comprueba que el razonamiento "da un salto al vacío", es decir, de unas ciertas premisas se derivan conclusiones absolutamente improcedentes. Cómo tercer y último aspecto, dentro del análisis que hace la juzgadora, y de¡ cual se basa para realizar su fundamentación de sentencia, obvia por completo el verbo "transportar" el cual si está descrito en el numeral 61 de la Ley Forestal, propiamente en el inciso d), que indica "Sustraiga productos forestales de una propiedad privada o del Estado o transporte productos forestales obtenidos en la misma forma", y es que, de la sentencia oral y aquí transcrita, su fundamentación se basa en la adquisición y aprovechamiento de madera, y en muy marcadas y pocas frases, hace alusión y afirma que si se demuestra el transporte, pero no da mayor desarrollo en cuanto a esta acción, de la cual indica que el transporte no está descrita en dicho numeral, lo que se hace ver que se ignora por completo, lo que el artículo 61 de la Ley 7575 sanciona en sus distintos incisos, y que en la fundamentación de absolutoria, no se desarrolla ni se dice el porque no se acredita el transporte ilegal de madera y que solo hace análisis, como ya se ha indicado en reiteradas ocasiones, en la adquisición y aprovechamiento de madera, no pudiendo esta representación realizar una mayor fundamentación a este aspecto, si ni tan siquiera se realizó un análisis del transporte de madera, y únicamente se dijo que no estaba descrita en la norma. Considera esta representación que por las reglas de la experiencia y la lógica, es importante hacer ver que, para realizar el transporte de algún producto que requiera permisos, debe ser adquirido de alguna forma, sea o no, cumpliendo con los requisitos establecidos, por lo que, tendríamos una cantidad inexplicables de sentencias absolutorias, por el simple hecho de no conocer el origen de algún producto, dejando impune el transporte de algún producto legal o ilegal, con o sin los permisos respectivos y en este caso que nos ocupa no es la excepción, si para transportar madera, se tuvo necesariamente que adquirir de alguna forma, de la cual se realizó sin contar con los permisos correspondientes que establece las normas y reglamentos administrativos. Acciones que son típicas, jurídicas y culpables, ya que están contempladas en el artículo 61 incisos b) y d) de la Ley Forestal y que así fueron demostrados en el debate oral y público” [sic]. Solicita se anule la sentencia y se ordene el reenvío para nueva sustanciación. Al contestar la audiencia conferida, la defensora pública Ana Laura Sánchez Bertarioni indicó: “Una vez analizados los argumentos del señor fiscal, se logra denotar que los mismos obedecen a una interpretación propia de la norma y una inconformidad con el fallo en contra de los intereses fiscales. Durante la sentencia, la juzgadora fundamenta adecuadamente el porqué considera que no fueron probados los elementos del tipo penal descritos en la norma, y va más allá al analizar también la posibilidad de que los mismos encuadren en otro tipo penal. pero que también descarta, dejando claro que ello deriva de una investigación deficiente e incluso del que los testigos no dieron una deposición suficiente para acreditarlos. El representante fiscal pretende dejar de lado los elementos contenidos en la descripción típica que hace la ley forestal y que se condene al señor imputado solamente por llevar una madera, sin que el mismo a lo largo del proceso haya podido demostrar justamente el elemento que señala el artículo 61 y es que la madera provenga de un bosque o plantación, elemento que no se acreditó con prueba documental pero tampoco con los testimonios, sin que se pueda suponer tal y como pareciera que el señor fiscal pretende que se haga por parte de la juzgadora. Señala el apelante que el artículo 3 de la ley forestal no fue objeto de colación en el debate, pero deja de lado que es deber de la juzgadora analizar y aplicar la integralidad de la norma y no solamente la parte que conviene al fiscal, debiendo evidentemente referirse a las líneas conceptuales que la misma ley forestal da y que contienen las descripciones que son necesarias para la aplicación de la ley, por lo que pese a lo señalado por el fiscal si son cuestiones que atañen al proceso y que debían ser tomadas en consideración. Por otra parte, si bien el numeral 61 no hace referencia al verbo transportar si lo hace el 56 y por ende la juzgadora lo analiza y concluye que tampoco es posible se encuadre de los hechos en el mismo, dado que este implica que se trate de productos que hayan sido sustraídos, elemento que tampoco fue comprobado por el fiscal. Considera esta representación que la sentencia es suficiente y no carece de fundamentación alguna como la alegada por el fiscal, que la jueza detalladamente analizó la conducta del señor [Nombre 001] y concluyó que no se configura ninguno de los ilícitos descritos por la fiscalía y que por ello debe mantenerse en todos sus extremos la sentencia absolutoria” [sic]. El reclamo se declara con lugar. Lleva razón el recurrente. A efectos de resolver el punto cuestionado interesa indicar que el Ministerio Público atribuyó los siguientes hechos: “El día 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2025, al ser aproximadamente las 08:05 horas, en el sector de PUNTARENAS, PUERTO JIMÉNEZ, CAÑAZA, MONTERREY, SOBRE VÍA PUBLICA, CORRDENADAS GEOGRÁFICAS LONGITUD N00946525 Y LATIDAUD 600565707, el acusado [Nombre 001] consciente de su actuar ilícito, adquirió ilegalmente productos forestales, que provenían de¡ árbol aserrado previamente, de la especie de TACHIGALI VERSICOLOR ARBOL CONOCIDO COMO ARBOL SUICIDA, que correspondía a 18 piezas de madera aserrada, de DIMENSIONES DIFERENTES; adquisición que efectuó, sin cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Forestal, principalmente en su artículo 61 inciso b), ya que adquirío de forma ilegal la madera DE LA ESPECIE TACHIGALI VERSICOLOR ARBOL CONOCIDO COMO ARBOL SUICIDA, sin estar amparado a un permiso de aprovechamiento, o bien, documento que demostrará la procedencia lícita. Madera que en ese mismo lugar, fecha y hora, el imputado [Nombre 001], transportó de manera ilegal en el vehículo ESTILO BUSETA COLOR BLANCO, PLACA [Valor 001], MODELO 1996, MARCA HYUNDAI, sin contar con la documentación necesaria, contraviniendo lo estipulado conforme se establece en el Decreto Ejecutivo número 30494 y el Reglamento a la Ley Forestal, concretamente, para el caso de la movilización de la madera aserrada, se requiere la guía de transporte al día, emitida por la Administración Forestal del Estado, o factura debidamente acredita de una industria de productos forestales” [sic]. Se desprende de esta descripción fáctica que lo que se atribuye al imputado es la adquisición de la madera y el transporte o movilización de ésta sin contar con la documentación respectiva. Para la jueza, no demostró la conducta acusada, básicamente porque el Ministerio Público se basó en el artículo 61 inciso b) de la Ley Forestal, que sanciona la adquisición o el procesamiento de productos forestales, pero la prueba solo acreditó que la persona fue detenida transportando madera, sin demostrar cómo la obtuvo ni que la haya procesado. Además, estableció el Tribunal que, aun valorando la eventual aplicación del artículo 56 que tipifica la movilización, no se probó que la madera proviniera de bosque o plantación como requiere la norma, pues no hubo inspección, medición del área, informes del SINAC, ni peritajes que determinaran el origen o las características del sitio, por lo que reprocha que, en su criterio, la falta de investigación y de elementos adicionales generó una duda insuperable sobre los extremos esenciales de la imputación, por la cual decidió absolver. Partiendo de lo anterior, para resolver el recurso también es relevante señalar que los artículos de la Ley Forestal que resultan directamente aplicables al caso son los siguientes: “ARTICULO 55.- Demostración de permiso. La persona física o jurídica que posea madera en troza, escuadrada o aserrada, para realizar sus actividades, deberá comprobar que el producto forestal está amparado por el respectivo permiso de aprovechamiento cuando proceda o bien, demostrar su procedencia, cuando la Administración Forestal del Estado lo solicite. La industria forestal que procese madera en troza, escuadrada o aserrada para realizar sus actividades, deberá suministrar a la Administración Forestal del Estado y a la Oficina Nacional Forestal la información técnica y estadística que estas consideren conveniente. ARTICULO 56.- Movilización de madera. No se podrá movilizar madera en trozas, escuadrada ni aserrada proveniente de bosque ni plantación, si no se cuenta con la documentación respectiva … CAPITULO II. Infracciones, sanciones y procedimientos. ARTICULO 57.- Infracciones Las infracciones a la presente ley, de acuerdo con este título constituyen delitos … ARTICULO 61.- Prisión de un mes a tres años. Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien … b) Adquiera o procese productos forestales sin cumplir con los requisitos establecidos en esta ley … ARTICULO 63.- Prisión de un mes a un año. Se impondrá prisión de un mes a un año a quien: a) Contravenga lo dispuesto en el artículo 56 de esta ley” (el subrayado es propio). Estas normas son desarrolladas por el Reglamento a la Ley Forestal número 25721, el cual dispone, en su capítulo octavo: “Del Transporte de los Productos Forestales. Artículo 30: Del transporte de los productos forestales provenientes de plantaciones y sistemas agroforestales. En el certificado de origen a que se refiere el artículo 31 y 55 de la Ley Forestal deberá certificarse la existencia de una plantación forestal o un sistema agroforestal en determinada finca, e indicarse el área plantada, el número de árboles, las especies, la ubicación, el nombre del propietario o propietaria. Este certificado único para cada finca, o área a explotar, será expedido por una única vez previo a la movilización de la madera ya sea en troza o aserrada y deberá entregarse copia a la A.F.E. Para efectos de control en el transporte una vez entregada la copia del Certificado de Origen a la A.F.E., el propietario o propietaria tendrá derecho sin ningún requisito adicional y en el acto, a un número proporcional de guías de transporte de acuerdo al área reforestada ó volumen a extraer que serán llenadas por el propietario o propietaria cada vez que transporte madera, y deberán ser entregadas al centro de industrialización primaria para respaldar la procedencia. La A.F.E. vía resolución administrativa establecerá los requisitos mínimos que deberá contener la guía de transporte. Toda persona física o jurídica que tenga integrada su materia prima proveniente de plantaciones forestales o sistemas agroforestales a una industria forestal, podrá acogerse si lo desea a un sistema alternativo para las guías de transporte. Este sistema consiste en un emblema permanente en forma de triángulo que debe colocarse en la parte trasera de la carga. El Director del A.C. en acuerdo con los productores o productoras, establecerán las características que contendrá y el número de identificación requerido para cada productor o productora. La elaboración y costo del emblema correrá por cuenta del administrado. Artículo 31: Para movilizar madera en troza, en bloc o escuadrada, no comprendidos en el artículo anterior, deberá contarse con un distintivo y una guía de transporte emitida por la A.F.E., por el regente, por el encargado de la Municipalidad o el Consejo Regional Ambiental cuando corresponda. La A.F.E. vía resolución administrativa establecerá los requisitos mínimos que deberá contener la guía. Será responsabilidad del A.C., del Regente, del profesional forestal, del responsable de la municipalidad y del Consejo Regional Ambiental, según corresponda, la edición y entrega al titular del permiso o plan de manejo de las correspondientes guías, al costo. La guía de transporte únicamente determinará el número de permiso o aprobación del plan de manejo según corresponda, nombre del propietario o propietaria de la finca de la cual proviene … Artículo 32: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, cuando se transporte madera aserrada deberá respaldarse con una factura autorizada, de venta o de aserrío. Salvo cuando se aserre directamente por el propietario o propietaria de la madera en cuyo caso deberá aportar el certificado de origen que compruebe su legitimidad. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en este y el anterior artículo facultará a la A.F.E. o a cualquiera de las autoridades públicas que realizan control al decomiso de la madera y del vehículo que transporta la misma, como medio de ejecución del delito, así como proceder a la interposición de la denuncia penal correspondiente. Se permitirá el transporte de madera aserrada mediante el respaldo de una guía de transporte emitida de conformidad con el artículo 31 de este Reglamento, a aquellas personas o empresas, que transporten madera sin la factura autorizada a que hace referencia el presente artículo, cuando el producto proveniente de un centro de industrialización primaria es llevado a un depósito de madera propiedad de la misma empresa” (la negrita es original, el subrayado es propio). De estas normas se desprende que erró la juzgadora al considerar que era necesario que se demostrase la proveniencia de la madera para considerar configurado el tipo penal. Esta exigencia, contraria a lo dispuesto en la normativa, impediría al Ministerio Público ejercer la acción penal en un sinnúmero de supuestos, con la consecuente afectación al ambiente que la Ley Forestal busca prevenir, pues es notorio que el transporte o movilización de la madera es esencial en la cadena de destrucción de los recursos forestales, al ser el que, en última instancia, posibilita el aprovechamiento de productos ilícitamente obtenidos. De seguirse el razonamiento de la a quo, solo podría perseguirse el hecho si se conoce el origen preciso de la madera, lo que no corresponde con las previsiones normativas vigentes. El artículo 56 de la Ley Forestal sanciona la acción de transportar o movilizar sin contar con las autorizaciones correspondientes, provenga la madera de bosque o de plantación, entendiéndose plantación tanto la que califique como forestal (que fue la única que tomó en cuenta la juzgadora), como cualquier otra, que puede incluir un solo árbol plantado, según surge de la interpretación armónica de la Ley y del Reglamento. Precisamente, el numeral 32 del Reglamento exige que, en cualquier caso, se porte factura, salvo que se trate del propietario, que entonces deberá contar con el certificado de origen. Es decir, la norma no prevé ningún supuesto en el cual pueda transportarse madera sin contar con documentación que acredite su origen legítimo, sea un certificado de origen, un permiso de transporte o una guía, precisamente para evitar la afectación al ambiente que se genera con la tala sin control. En cuanto a la documentación para el transporte, el artículo 30 del Reglamento se refiere a la madera proveniente de una plantación forestal o un sistema agroforestal y el numeral 31 dispone los requisitos para la movilización de madera en troza, en bloc o escuadrada, no comprendidos en el artículo anterior, es decir, resulta muy claro que siempre se necesita documentación para transportar madera y la ausencia de esta es, precisamente, la que se sanciona por el artículo 56 en relación con el 63 inciso a de la Ley Forestal. De ahí que, aunque el artículo 28 de la Ley Forestal exime de obtener permiso para la corta o el transporte cuando se trate de árboles de plantaciones forestales o plantados individualmente, sí debe constarse con la guía respectiva o el certificado de origen, pues incluso el propietario, a quien se exime de mostrar facturas, debe poseer dicho certificado. Así lo ha entendido la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, cuya posición concuerda con la recién expuesta: "Considera esta Sala, que, con base en la lectura integrada de estas normas, debe interpretarse que, la madera cortada de plantaciones, como la del presente caso, no requerirán permiso de corta, transporte, industrialización ni exportación, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley Forestal. Sin embargo, ello no exime al propietario de la madera y al transportista, de portar consigo los documentos que acrediten el origen de dicha madera, tal como lo ordena el artículo 31 del mismo cuerpo legal, siendo a esa documentación a la que se refiere el artículo 56. Debe tenerse claro que, si bien no se requiere permiso estatal para cortar o trasportar la madera, sí se exige la expedición de un certificado de origen para que circule de un sitio a otro, ello con el fin, como es lógico suponer, de garantizar la procedencia legítima de la madera, para descartar su extracción ilegal por robo, por ejemplo. [..] El certificado de origen referido en el artículo 31 de la Ley Forestal, no es un permiso de transporte, como erróneamente lo interpreta el Tribunal de Apelación de Sentencia, sino que es un documento en el que consta el sitio o plantación de donde se extrajo la madera, para corroborar su legitimidad" (Sala Tercera, voto número 2014-1043 de las diez horas trece minutos del veintisiete de junio de 2014). Por otra parte, como se señaló líneas atrás, el empleo del término plantación incluido en el numeral 56 de la Ley Forestal no remite, en todos los casos, a la plantación forestal del artículo 3, inciso f), definida como “Terreno de una o más hectáreas, cultivado de una o más especies forestales cuyo objetivo principal, pero no único, será la producción de madera”. Conforme se indicó, el propio reglamento establece la necesidad de realizar trámites para otros tipos de plantaciones. Por ello, tal noción, de acuerdo con la normativa, es más amplia que la considerada por la jueza a quo y por la defensa técnica, la cual es coherente con los fines de la Ley Forestal y con el uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables previsto en su artículo primero. Como ya se indicó, la protección que contiene la citada ley al sancionar distintas conductas no se limita a la corta y explotación provenientes de bosques o de plantaciones forestales: el artículo 61, inciso a), sanciona la corta y el aprovechamiento de productos forestales en propiedad privada sin autorización de la Administración Forestal del Estado, sin exigir que provengan de bosque o plantación; y su inciso d) tipifica el transporte de productos forestales sustraídos de propiedad privada, igualmente sin esa referencia. En consecuencia, sostener que solo es punible el transporte de madera si se demuestra que procede de un bosque o de una plantación forestal en los términos del artículo 3 es incorrecto. Es claro, conforme todo lo expuesto, que el transporte de madera constituye delito cuando se realiza sin la documentación respectiva, exigencia aplicable con independencia de que el producto provenga de bosque o de una plantación en sentido amplio, incluida la plantación forestal del art. 3, inc. f) o árboles plantados en propiedad privada, incluso individualmente. Esta obligación, fundada en una interpretación sistemática orientada a la tutela integral del recurso forestal, obedece a que el transporte es una fase esencial del aprovechamiento y la comercialización; por ello el Poder Legislativo instauró un control que garantice la procedencia lícita, evitando que una mera afirmación del transportista, que indique que la madera no proviene de bosque o de plantación agroforestal, sea suficiente para excluir el control sobre lo que se tala. Tal posición es acorde con lo que resolvió la Sala Constitucional en el voto número 2007-3923, de las quince horas dos minutos del veintiuno de marzo del dos mil siete, en el cual determinó que el Poder Legislativo fue omiso en establecer requisitos para la tutela del ambiente al redactar el numeral 28 de la Ley Forestal que dispone “Fomento de las plantaciones forestales. Artículo 28.- Excepción de permiso de corta. Las plantaciones forestales, incluidos los sistemas agroforestales y los árboles plantados individualmente y sus productos, no requerirán permiso de corta, transporte,  industrialización ni exportación. Sin embargo, en los casos en que antes de la vigencia de esta ley exista un contrato forestal, firmado con el Estado para recibir Certificados de Abono Forestal o deducción del impuesto sobre la renta, la corta deberá realizarse conforme a lo establecido en el plan de manejo aprobado por la Administración Forestal del Estado”. Al respecto, interesa transcribir in extenso lo que el órgano constitucional desarrolló, por ser relevante para la interpretación sobre lo que debe entenderse por plantación: “el artículo 28 impugnado, sí dispone una excepción al permiso de corta de árboles, señalando que en las plantaciones forestales, incluidos los sistemas agroforestales y los árboles plantados individualmente y sus productos, no requieren permiso, transporte, industrialización, ni exportación. Cuando la norma hace alusión a plantación forestal, se refiere a una o más hectáreas cultivadas de una o más especies forestales cuyo objetivo principal, pero no único, será la producción de madera.  Las anteriores precisiones son importantes, porque resulta relevante a efectos de este estudio, diferenciar un bosque, de una plantación forestal y del sistema agroforestal, con el objeto de determinar el grado de tutela y protección que le otorga la Ley Forestal a las especies. Como ya se indicó, nuestra ley concibe el bosque como un ecosistema nativo o autóctono, regenerado por sucesión natural u otras técnicas forestales, que ocupa una superficie de dos o más hectáreas, caracterizada por la presencia de árboles maduros de diferentes edades, especies y porte variado, con uno o más doseles que cubran más del 70% de esa superficie y donde existan más de 60 árboles por hectárea de quince o más centímetros de diámetro a la altura del pecho (DAP). Por su parte, la plantación forestal, es aquel terreno de una o más hectáreas cultivadas de una o más especies forestales, cuyo objetivo principal, pero no único, es la producción de madera. El sistema agroforestal por otro lado, es la forma de usar la tierra que implica la combinación de especies forestales en tiempo y espacio con especies agronómicas, en procura de la sostenibilidad del sistema. Lo anterior es de relevancia, a efecto de clarificar que la diferencia sustancial entre ellas, es que la existencia de plantaciones forestales y árboles plantados individualmente obedecen a una decisión productiva y económica de sus propietarios, por lo que razonablemente se requiere de la facilidad para su corta, transporte, industrialización y exportación. Este es el supuesto contemplado en el artículo 28 impugnado … Debe recordarse, que uno de los presupuestos de una plantación forestal o sistema agroforestal, es que lo plantado desde un inicio, lo sea  con el único fin de ser aprovechado. Es bajo ese supuesto, que la ley intentó incentivar las mismas, eliminando ciertos trámites administrativos. No obstante, debe garantizarse que ello es así, previo a la corta de los árboles, toda vez que podría estarse propiciando por la falta de control, que sean taladas áreas que en realidad no constituyen ni una plantación forestal, ni un sistema agroforestal. Además, existen terrenos que por la inercia de sus propietarios, han dejado proliferar un verdadero bosque en su propiedad y luego es talado sin regulación alguna, o árboles que aún cuando hayan sido plantados, sirven de rompevientos, por la cantidad, su ubicación y la función que han ejercido durante muchísimos años, lo que en protección de valores fundamentales, amerita la conservación y regulación de su tala, independientemente de la naturaleza de su especie … también está el otro caso en el que los propietarios por decisión propia, sembraron una pequeña cantidad de árboles con el fin de embellecer su terreno. Dependiendo de la cantidad de éstos, no resultaría razonable tampoco, que posteriormente requiera de un permiso para talar cada uno de éstos, como mera imposición al ejercicio de su derecho de propiedad. La solución pretendida por el accionante, en el sentido de impedir cualquier tala, es inaceptable en criterio de este Tribunal, tomando en consideración, que algunos árboles son plantados precisamente para ser aprovechados, por lo que el artículo 28 per se no resulta inconstitucional … Sin embargo, la Sala sí evidencia, que la ley no determina medidas precautorias que aseguren la correcta aplicación, de lo dispuesto en el artículo 28 impugnado, toda vez que, no toda plantación requiere de un plan de manejo y lo único requerido es el certificado de origen, pero para sacar la madera y transportarla. Con ese certificado, se debe acreditar la existencia de una plantación forestal o un sistema agroforestal en determinada finca, indicar el área plantada, el número de árboles, las especies, la ubicación, el nombre del propietario o propietaria. No obstante, como ya se indicó, dicho certificado se emite previamente, pero a la movilización de la madera, o sea una vez talada ….

Según el análisis practicado al artículo impugnado, el legislador modificó concepto de bosque a partir del cual se desarrolla la protección, restricciones y permisos otorgados en la Ley Forestal -como es el caso del artículo 28 en cuestión "Excepción de permiso de corta"-, de tal manera que, restringió sin fundamento técnico, el concepto anterior de bosque existente en la ley previo a su reforma. De modo que fueron dejadas sin protección vía ley, las especies no autóctonas y las áreas inferiores a dos hectáreas que constituyeran bosque, trayendo como consecuencia, que a través del artículo 28 impugnado, no se requiera de permiso para talar, ni siquiera de inspección previa, que permita asegurar que se trata del supuesto que la norma quiso incentivar, toda plantación forestal, sistema agroforestal o cualquier árbol plantado, quedando expuestas áreas que por su ubicación, cantidad y la función que han ejercido durante muchísimos años, amerita la conservación y regulación de su tala, independientemente de la naturaleza de su especie y de la naturaleza del terreno donde se ubique. Así las cosas,  esta Sala considera de conformidad con lo expuesto, que en este caso, se produce una inconstitucionalidad por omisión relativa. No obstante, si bien la Sala Constitucional es la competente para declarar la inconstitucionalidad de una norma, una violación de esta naturaleza debe ser subsanada por la Asamblea Legislativa, extendiendo la aplicación de la ley a los casos no contemplados  expresamente por ella, como en este caso, a las especies y áreas que quedaron desprotegidas en el concepto de bosque actual, así como tomar medidas de prevención y control sobre las áreas en las que son permitidas la tala” [sic] (el subrayado es propio). De este extracto se desprende que la Sala Constitucional evidenció que, aunque el artículo 28 exime de permiso de corta en algunos casos, en ninguno se exonera del correspondiente certificado de origen, a lo que se agrega la guía contemplada en el Reglamento y, además, en el voto también se enumeran los árboles plantados como parte de los productos forestales, lo que evidencia que la interpretación que se plantea es coherente con la de dicha Sala. En cuanto a la adquisición de la madera, encuentra esta Cámara que también existe falta de fundamentación, pues no se explica adecuadamente cómo se excluye la interpretación de ese verbo propuesta por el fiscal, ya que la jueza se limita a dar lectura a la definición del Diccionario de la Real Academia Española, sin detenerse a estudiar cada uno de los significados y si alguno de estos es compatible con la interpretación que realiza la Fiscalía. En todo caso, por las reglas del concurso aparente de delitos, de determinarse que se produjo la movilización sin la documentación respectiva, la totalidad de la conducta podría subsumirse en la norma que regula este último aspecto. De conformidad con todo lo expuesto, al encontrarse viciada la motivación, se anula la sentencia impugnada y se ordena el correspondiente juicio de reenvío para nueva sustanciación, que deberá realizarse por el mismo Tribunal de Flagrancia de Corredores, con distinta integración.

POR TANTO:

 Se acoge el recurso de apelación presentado por el fiscal Diego Umaña Sánchez. En consecuencia, se anula la sentencia impugnada y se ordena el correspondiente juicio de reenvío para nueva sustanciación. NOTIFÍQUESE.

 

	


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XIOMARA GUTIERREZ CRUZ - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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JAIME ROBLETO GUTIERREZ - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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MARCO MAIRENA NAVARRO - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 25-000101-1262-PE

 

Circuito Judicial de Cartago Teléfonos: 2551-2713 ó 2553-0340. Fax: 2551-2355. Correo electrónico: [email protected]

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:28:31.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago

Resolution No. 00468 - 2025

Date of Resolution: September 23, 2025 at 11:00 a.m.

Case File: 25-000101-1262-PE

Drafted by: Xiomara Gutierrez Cruz

Type of matter: Criminal appeal

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

International Regulations: American Convention on Human Rights, Pact of San José

International regulations

Judgment with protected data, in accordance with current regulations

Content of Interest:

Strategic Themes: Environmental

Sustainable Development Goals: Life on Land (Goal 15)

Type of content: Unanimous vote

Branch of Law: Criminal Law

Topic: Illegal mobilization of timber

Subtopics:

Configuration of the offense of mobilization or transport of timber without documentation accrediting its legitimate origin, without needing to demonstrate the specific origin in a forest or forest plantation.

"II.[...] The claim is granted. [...] From these norms it follows that the trial judge erred in considering that it was necessary to demonstrate the origin of the timber to consider the criminal offense configured. This requirement, contrary to the provisions of the regulations, would prevent the Ministerio Público from exercising criminal action in countless scenarios, with the consequent harm to the environment that the Ley Forestal seeks to prevent, since it is well known that the transport or mobilization of timber is essential in the chain of destruction of forest resources, as it is the act that ultimately enables the utilization of illicitly obtained products. Following the reasoning of the trial judge, the act could only be prosecuted if the precise origin of the timber is known, which does not correspond with the current regulatory provisions. Article 56 of the Ley Forestal punishes the action of transporting or mobilizing without the corresponding authorizations, whether the timber comes from a forest or a plantation, understanding plantation as both one that qualifies as forestal (which was the only one the trial judge took into account) and any other, which may include a single planted tree, as arises from a harmonious interpretation of the Law and the Regulation. Precisely, numeral 32 of the Regulation requires that, in any case, an invoice be carried, unless it involves the owner, who must then have the certificate of origin. That is to say, the norm does not foresee any scenario in which timber may be transported without documentation accrediting its legitimate origin, be it a certificate of origin, a transport permit, or a waybill, precisely to avoid the harm to the environment generated by uncontrolled logging.[...]"

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Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments Sustainable Development Goals
Text of the resolution

PJEDITOR Document

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Res: 2025-468

Exp: 25-000101-1262-PE

 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. At eleven o'clock on September twenty-third, two thousand twenty-five.

 Criminal case 25-000101-1262-PE brought against [Name 001] for the offense of MOBILIZATION OF TIMBER FROM FOREST OR PLANTATION to the detriment of NATURAL RESOURCES.

 Appeal of criminal judgment filed by attorney Diego Umaña Sánchez, representative of the Ministerio Público. Ruled on by Judge Xiomara Gutiérrez Cruz, as well as Judges Jaime Robleto Gutiérrez and Marco Mairena Navarro;

Whereas:

 SOLE. That by judgment number 144-2025 at nineteen forty-two hours on April third, two thousand twenty-five, the Flagrancy Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, Corredores Venue, resolved: "THEREFORE: In view of the foregoing and pursuant to Articles 39 and 41 of the Constitution, 1, 2, 6, 9, 142, 265, 267, 360, 364, 365 and 366 of the Code of Criminal Procedure, 1, 45 and 110 of the Criminal Code, Articles 3, 56 and 61 subsection b) of the Ley Forestal number 7575, [Name 001] is acquitted of all punishment and liability for a crime of ILLEGAL TRANSPORT OF FOREST PRODUCTS to the detriment of THE LEY FORESTAL AND FOREST RESOURCES. It is resolved without special condemnation in costs. REGARDING THE SEIZURE: in accordance with Law 6106, if the timber seized in this case was not auctioned, information that can be corroborated in the record, it is ordered that it be returned to whoever claims to be its owner and so proves with the respective documentation; in the same sense, the return of the vehicle [Value 001] Model 1996 brand Hyunda y is ordered. For the above, the term of 30 business days is granted, once final, for its claim; otherwise, after said period has elapsed without interest from any party, the Seizure and donation in favor of the State is ordered. It is recorded that the foregoing is a minute of the Comprehensive Oral Judgment issued in this proceeding, and that the entire hearing and all its incidents were recorded in digital format, an electronic record to which the parties may have access if required. The parties are notified as it was issued orally. Yolanda Venegas Caballero. Trial Judge"

 Judge Xiomara Gutiérrez Cruz reports, and;

Considering:

 I.- Admissibility: Prosecutor Diego Umaña Sánchez challenged oral judgment number 144-2025 issued by the Flagrancy Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, Corredores Venue, at nineteen forty-two hours on April third, two thousand twenty-five. The appeal is admissible because it was filed in a timely manner and in accordance with the necessary prerequisites for addressing the grievances raised, pursuant to Article 8.2 h of the American Convention on Human Rights and Articles 458, 459, 460 and 462 of the Code of Criminal Procedure.

 II. In the sole ground of his challenge, the prosecutor alleges a lack of analytical or intellective reasoning, in accordance with Articles 142, 143, 184 and 363 of the Code of Criminal Procedure. The appellant states: "In the challenged judgment, the judge did not provide a complete analytical or intellective reasoning regarding the testimonial evidence reproduced at the oral and public trial and the documentary evidence existing in the case file. This is because, upon reviewing and analyzing the oral judgment issued by the court, one can listen from minute 26:25 of the recording, where the Lady Judge indicates that, having analyzed the testimonial and documentary evidence, a single conclusion is reached, and she states verbatim: 'once both the accusation and the facts brought by the Ministerio Público today are analyzed, this judge considers that properly these facts that are framed—since the Ministerio Público posits that it is Article 61 subsection b), acquiring or processing forest products without complying with the requirements established by law—this judge considers that it was not demonstrated, at least by the officers, how you acquired or processed forest products. So, we move to the following: this typical action of acquiring or processing a forest product at this point—it cannot be lost sight of that the burden was on the Ministerio Público and the truth is that what was reported by the officers is that you were detained transporting this timber, not acquiring or processing it; these are very different situations. Yes, the facts indicated by the Fuerza Pública officers are very different situations. There is no evidentiary element, no further information that the officers may have addressed or investigated, nor that the Ministerio Público may have requested any type of report that would expand somewhat on how you had acquired or were processing this timber. What is certain is what was presented today, and the officers came to narrate what they saw and what they acted upon at that moment. But what cannot be extracted from their statement is anything beyond a transport of product. And if we turn to numeral 56, which is the mobilization of timber, it states that timber in logs, squared, or sawn, coming from forests or plantations, may not be mobilized without the respective documentation. We also see that both officers state that it was a private farm, that they heard sawing on that private farm, but we also have to consider what Article 56 refers to when it speaks of forest or plantation. Article 3 of this law, specifically subsection d), speaks of forests, which is a native ecosystem, autochthonous, intervened or not, regenerated by natural succession or other forestry techniques, occupying an area of two or more hectares. No inspection of the site was presented here as evidence to determine that this was a forest, because we must bear in mind that it must be two or more hectares—they only said it was a farm. We see that many people call something small a forest, a few trees, some trees, but what is called a forest? No measurement was made, no further reference was given regarding whether it exceeded two or more hectares, with characteristics including the presence of mature trees of different ages, species, and varied size with one or more canopies covering more than seventy percent. Again, I reiterate, there was no inspection, no report from SINAC indicating how that forest was, how the place from which this was extracted was. Regarding forest plantation, which is f), it refers to land of one or two hectares cultivated with one or more forest species, the main, but not sole, objective of which will be timber production. Likewise, at the time, what the officers came to say is that what they find you with is the mobilization of this timber, or transporting it in your vehicle. The truth is that it is not clearly established whether this was effectively from a forest plantation. There is not a single report; the Ministerio Público did not delve further into this evidence. It merely brings its accusation solely with the report, with the events that occurred at the time, but it does not delve further into whether this effectively occurred, whether that place had timber production as its main objective. While the officers indicated it was a species, the second officer indicated he was unfamiliar with it, he basically knew the name, that he did not know if it was good timber or what it was used for. What he indicated was that there were few specimens of that tree, but he did not provide further information regarding the place, specifically the area from which this timber was extracted. I reiterate, in the absence of any report, any expert examination that would demonstrate the proposition the Ministerio Público makes, it is, in a way, confusing what really happened there, insofar as you are accused of being detained transporting these pieces of timber, that this action is not described in Article 61 of Law 7575, which in itself reflects acquiring or processing forest products. For this judge, this action you performed is not duly demonstrated. It is not possible to go beyond the version of the officers who locate you, indicating that for carrying, doing a freight job, or providing that transport service, which is what they heard you report. But this does not indicate whether you bought or acquired this timber. This entire situation, I consider, generates a state of doubt. For this judge, it is not clear what happened there, what was described in the accusatory pleading, and this doubt proves insurmountable, unable to consider the principle of innocence breached. From this perspective, this judge considers it appropriate to acquit you of all punishment and liability.' A doubt that the respectable Judge argues or bases, fundamentally, on the fact that the Ministerio Público did not determine the acquisition and processing of the timber that the accused [Name 001] transported, and that said action of 'transporting' is not described in numeral 61 of the Ley Forestal; in addition to the foregoing, that from the statement of SINAC officials Oscar Beita Beita and Jairo Rodríguez Jiménez, it is possible to deduce that the accused illegally transported timber in his vehicle, but the manner of acquisition and processing of said timber by the accused [Name 001] was not determined by them. As a first aspect, it can be observed that the honorable Judge fundamentally bases her doubt regarding the criminal liability of the accused on the fact that the manner of acquisition and processing of the timber in question (18 pieces of timber) cannot be determined. If we properly analyze numeral 61 of the Ley Forestal—an aspect that is important, even though it is known that the appeal concerns the lack of analytical or intellective reasoning in the judgment—its subsection b) properly indicates the following: 'Acquire or process forest products without complying with the requirements established in this law.' From the analysis of this subsection, it is clear that its objective elements do not indicate the manner or place in which the forest products are acquired or processed, but it does state: 'without complying with the requirements established in this law.' This is an important aspect to emphasize, as the trial judge does not analyze either the testimonial or documentary evidence, since it was proven that, before advising the accused of his fundamental rights when he was approached, the SINAC officials attest that he indicated he did not have any permit. This testimony is corroborated by the documentary evidence offered and admitted by the Flagrancy Court of this locality at the continuation hearing, evidence reflected on folio 21 of the principal file, through official letter SINAC-ACOSA-DRFVS-SRP-044-2025, which certifies that the accused did not have permits for the logging and transport of timber, and which further supports that, throughout the entire proceeding, no documentation whatsoever was provided demonstrating that the accused did have permits in relation to the facts demonstrated. This is an analysis that, this prosecutorial body considers, was not conducted by the trial judge, and that she solely and exclusively, redundantly, grounds her decision on the fact that the testimonies of the SINAC officials, plus the lack of investigative steps or expert reports, do not allow determination of the manner of acquisition or processing of the timber illegally transported by the accused [Name 001]. As a second aspect, the trial judge grounds her judgment and reads numerals 56 and 3 of the Ley Forestal, which relate to the facts that were investigated but were not even brought up during the oral and public trial because the facts accused are different, namely the acquisition and transport of timber without the permits required by Law. This situation, in the view of this prosecutorial representative, demonstrates a lack of correlation between accusation and judgment, and rather generates doubt about the analysis performed to produce such reasoning, because, at least in this aspect, the trial judge creates questions for herself regarding the meaning of the words contained in said numerals in question, but which do not serve to disprove or accredit the facts ventilated in the trial. Therefore, the existing error is the violation of the rules of sound judgment, specifically those of logic, as there was a breach of the principle of derivation or sufficient reason, 'which consists, in general terms, in that all reasoning, to be true, must consist of rational deductions based on the evidence produced at trial, as well as the successive conclusions established on that basis, such that a violation of this principle can cause the ineffectiveness of the ruling if it is proven that the reasoning 'takes a leap into the void,' that is, from certain premises, absolutely improper conclusions are derived.' As a third and final aspect, within the analysis the trial judge performs—and on which she bases her reasoning for the judgment—she completely overlooks the verb 'transport,' which is indeed described in numeral 61 of the Ley Forestal, specifically in subsection d), which states: 'Extract forest products from private property or State property or transport forest products obtained in the same manner.' And indeed, from the oral judgment transcribed here, her reasoning is based on the acquisition and logging of timber, and in very few and limited phrases, she alludes to and affirms that the transport is indeed demonstrated, but she does not further develop this action, regarding which she states that transport is not described in said numeral. This reveals a complete disregard for what Article 61 of Law 7575 establishes in its various subsections, and that in her reasoning for acquittal, she does not develop or state why the illegal transport of timber is not accredited, only analyzing, as has been repeatedly stated, the acquisition and logging of timber. This prosecutorial representative cannot provide further reasoning on this aspect if an analysis of timber transport was not even conducted, and it was merely said that it was not described in the norm. This representation considers that, by the rules of experience and logic, it is important to note that, in order to transport any product requiring permits, it must have been acquired in some way, whether or not in compliance with the established requirements. Therefore, we would have an inexplicable number of acquittals simply because the origin of some product is unknown, leaving the transport of legal or illegal products, with or without the respective permits, unpunished. And in the case at hand, it is no exception: if timber was transported, it necessarily had to be acquired in some way, which was done without the corresponding permits established by administrative norms and regulations. These are typical, unlawful, and culpable actions, as they are contemplated in Article 61 subsections b) and d) of the Ley Forestal and were so demonstrated at the oral and public trial." [sic]. He requests that the judgment be annulled and that a remand for new proceedings be ordered. In responding at the hearing granted, public defender Ana Laura Sánchez Bertarioni stated: "Having analyzed the arguments of the prosecutor, it is evident that they stem from a personal interpretation of the norm and disagreement with the ruling against the prosecutorial interests. During the judgment, the trial judge adequately grounds why she considers that the elements of the criminal offense described in the norm were not proven, and she goes further by also analyzing the possibility that they might fit another criminal offense, which she also dismisses, making it clear that this results from a deficient investigation and even from the fact that the witnesses did not give sufficient testimony to accredit them. The prosecutorial representative seeks to disregard the elements contained in the typical description set out in the Ley Forestal and to have the accused condemned simply for carrying timber, without him having been able, throughout the proceeding, to demonstrate precisely the element indicated in Article 61: that the timber comes from a forest or plantation, an element that was not accredited with documentary evidence nor with the testimonies, and which cannot be presumed, as the prosecutor seems to intend the trial judge to do. The appellant indicates that Article 3 of the Ley Forestal was not subject to discussion at the trial, but he disregards that it is the duty of the trial judge to analyze and apply the entirety of the norm, not just the part that suits the prosecutor, evidently having to refer to the conceptual lines that the Ley Forestal itself provides and which contain the descriptions necessary for the application of the law. Therefore, despite what the prosecutor says, these are matters that concern the proceeding and had to be taken into consideration. Moreover, while numeral 61 does not refer to the verb 'transport,' numeral 56 does, and the trial judge analyzes it and concludes that it is also not possible for the facts to fit within it, given that this implies products that have been extracted, an element that was also not proven by the prosecutor. This representation considers that the judgment is sufficient and does not lack any reasoning, as alleged by the prosecutor, that the judge thoroughly analyzed the conduct of Mr. [Name 001] and concluded that none of the illicit acts described by the prosecution are configured, and therefore the acquittal must be upheld in its entirety." [sic]. The claim is granted. The appellant is correct. For the purpose of resolving the questioned point, it is important to note that the Ministerio Público alleged the following facts: "On February 9, 2025, at approximately 08:05 hours, in the area of PUNTARENAS, PUERTO JIMÉNEZ, CAÑAZA, MONTERREY, ON A PUBLIC ROAD, GEOGRAPHIC COORDINATES LONGITUDE N00946525 AND LATITUDE 600565707, the accused [Name 001], conscious of his illicit conduct, illegally acquired forest products that came from a previously sawn tree of the TACHIGALI VERSICOLOR species, a tree known as the SUICIDE TREE, corresponding to 18 pieces of sawn timber of DIFFERENT DIMENSIONS. This acquisition was made without complying with the requirements established by the Ley Forestal, mainly in its Article 61 subsection b), since he illegally acquired timber of the TACHIGALI VERSICOLOR species, a tree known as the SUICIDE TREE, without being covered by a logging permit or any document demonstrating its lawful origin. Timber that, at that same place, date, and time, the accused [Name 001] illegally transported in a vehicle, MINIBUS STYLE, WHITE COLOR, LICENSE PLATE [Value 001], 1996 MODEL, HYUNDAI MAKE, without the necessary documentation, contravening what is established in Executive Decree number 30494 and the Regulation to the Ley Forestal, specifically, in the case of the mobilization of sawn timber, requiring a current transport waybill issued by the Administración Forestal del Estado, or a duly accredited invoice from a forest products industry." [sic]. It follows from this factual description that what is attributed to the accused is the acquisition of the timber and the transport or mobilization thereof without the respective documentation. For the judge, the accused conduct was not demonstrated, basically because the Ministerio Público relied on Article 61 subsection b) of the Ley Forestal, which penalizes the acquisition or processing of forest products, but the evidence only proved that the person was detained transporting timber, without demonstrating how he obtained it or that he processed it. Furthermore, the Court established that, even evaluating the potential application of Article 56, which defines mobilization as an offense, it was not proven that the timber came from a forest or plantation as required by the norm, since there was no inspection, measurement of the area, SINAC reports, or expert examinations to determine the origin or characteristics of the site. Therefore, it criticizes that, in its opinion, the lack of investigation and additional elements generated an insurmountable doubt regarding the essential elements of the accusation, for which reason it decided to acquit. Based on the foregoing, to resolve the appeal, it is also relevant to point out that the articles of the Ley Forestal directly applicable to the case are the following: "ARTICLE 55.- Proof of permit. Individuals or legal entities possessing timber in log, squared, or sawn form to carry out their activities must verify that the forest product is covered by the respective logging permit when applicable, or otherwise demonstrate its origin when the Administración Forestal del Estado so requests. The forest industry that processes timber in log, squared, or sawn form to carry out its activities must provide the Administración Forestal del Estado and the National Forest Office with the technical and statistical information they deem appropriate. ARTICLE 56.- Mobilization of timber. Timber in logs, squared, or sawn form from forests or plantations may not be mobilized without the respective documentation... CHAPTER II. Infractions, sanctions, and procedures. ARTICLE 57.- Infractions. Infractions of this law, in accordance with this title, constitute offenses... ARTICLE 61.- Imprisonment of one month to three years. Imprisonment of one month to three years shall be imposed on anyone who... b) Acquires or processes forest products without complying with the requirements established in this law... ARTICLE 63.- Imprisonment of one month to one year. Imprisonment of one month to one year shall be imposed on anyone who: a) Contravenes the provisions of Article 56 of this law." (emphasis added). These norms are developed by the Regulation to the Ley Forestal number 25721, which provides, in its eighth chapter: "Transport of Forest Products. Article 30: Transport of forest products from plantations and agroforestry systems. The certificate of origin referred to in Articles 31 and 55 of the Ley Forestal must certify the existence of a forest plantation or an agroforestry system on a given farm, and indicate the planted area, the number of trees, the species, the location, and the name of the owner. This certificate, unique for each farm or area to be exploited, shall be issued only once prior to the mobilization of the timber, whether in log or sawn form, and a copy must be delivered to the A.F.E. For transport control purposes, once the copy of the Certificate of Origin has been delivered to the A.F.E., the owner shall have the right, without any additional requirement and immediately, to a proportional number of transport waybills according to the reforested area or volume to be extracted. These shall be completed by the owner each time timber is transported and must be delivered to the primary industrialization center to support the origin. The A.F.E., via administrative resolution, shall establish the minimum requirements that the transport waybill must contain. Any individual or legal entity that has integrated its raw material from forest plantations or agroforestry systems into a forest industry may, if desired, avail itself of an alternative system for transport waybills. This system consists of a permanent emblem in the shape of a triangle that must be placed on the rear of the load. The Director of the A.C., in agreement with the producers, shall establish the characteristics it will contain and the identification number required for each producer. The preparation and cost of the emblem shall be borne by the interested party. Article 31: To mobilize timber in log, block, or squared form not covered by the previous article, a distinctive mark and a transport waybill issued by the A.F.E., by the forestry regent (regente), by the official in charge of the Municipality or the Regional Environmental Council, as applicable, must be held. The A.F.E., via administrative resolution, shall establish the minimum requirements that the waybill must contain. The A.C., the Regent, the forestry professional, the person responsible at the municipality, and the Regional Environmental Council, as applicable, shall be responsible for the issuance and delivery to the permit or management plan holder of the corresponding waybills, at cost. The transport waybill shall only determine the permit number or management plan approval, as applicable, the name of the owner of the farm from which it originates... Article 32: Without prejudice to the provisions of the previous article, when sawn timber is transported, it must be supported by an authorized invoice for sale or sawing. Except when it is sawn directly by the owner of the timber, in which case they must provide the certificate of origin proving its legitimacy. Failure to comply with any of the requirements established in this and the previous article shall empower the A.F.E. or any of the public authorities that carry out control, to seize the timber and the vehicle transporting it, as the means of executing the offense, as well as to file the corresponding criminal complaint. The transport of sawn timber is permitted via the support of a transport waybill issued in accordance with Article 31 of this Regulation for those persons or companies that transport timber without the authorized invoice referred to in this article, when the product from a primary industrialization center is taken to a timber warehouse owned by the same company." (bold original, emphasis added). From these norms it follows that the trial judge erred in considering that it was necessary to demonstrate the origin of the timber to consider the criminal offense configured.

This requirement, contrary to what is provided in the regulations, would prevent the Public Prosecutor's Office from pursuing criminal charges in countless cases, with the consequent harm to the environment that the Forestry Law (Ley Forestal) seeks to prevent, since it is well known that the transportation or mobilization of timber is essential in the chain of destruction of forest resources, being the final step that enables the utilization of illicitly obtained products. If the reasoning of the lower court were followed, the act could only be prosecuted if the precise origin of the timber is known, which does not correspond to the current regulatory provisions. Article 56 of the Forestry Law sanctions the action of transporting or mobilizing without the corresponding authorizations, whether the timber comes from a forest or a plantation, with plantation being understood as both that which qualifies as a forest plantation (which was the only one the judge considered) and any other, which may include a single planted tree, as arises from the harmonious interpretation of the Law and the Regulation (Reglamento). Precisely, section 32 of the Regulation requires that, in any case, an invoice be carried, except when it involves the owner, who must then have the certificate of origin. That is, the rule does not contemplate any situation in which timber may be transported without documentation proving its legitimate origin, be it a certificate of origin, a transport permit, or a guide (guía), precisely to prevent the harm to the environment generated by uncontrolled logging. Regarding documentation for transport, Article 30 of the Regulation refers to timber coming from a forest plantation or an agroforestry system, and section 31 sets forth the requirements for the mobilization of timber in logs, blocks, or squared timber, not covered in the previous article; that is, it is very clear that documentation is always needed to transport timber, and the absence of such is precisely what is sanctioned by Article 56 in relation to section 63(a) of the Forestry Law. Hence, although Article 28 of the Forestry Law exempts from obtaining a permit for logging or transport when dealing with trees from forest plantations or individually planted trees, the respective guide (guía) or certificate of origin must still be in hand, because even the owner, who is exempted from showing invoices, must possess said certificate. This is how the Third Chamber (Sala Tercera) of the Supreme Court of Justice has understood it, whose position coincides with the one just set forth: "This Chamber considers, based on an integrated reading of these provisions, it must be interpreted that timber cut from plantations, as in the present case, shall not require a logging, transport, industrialization, or export permit, in accordance with Article 28 of the Forestry Law. However, this does not exempt the owner of the timber and the transporter from carrying with them the documents that prove the origin of said timber, as ordered by Article 31 of the same legal body, and it is that documentation to which Article 56 refers. It must be clear that, although a state permit is not required to cut or transport the timber, the issuance of a certificate of origin is required for it to circulate from one place to another, for the purpose, as is logical to suppose, of guaranteeing the legitimate provenance of the timber, to rule out its illegal extraction by theft, for example. […] The certificate of origin referred to in Article 31 of the Forestry Law is not a transport permit, as the Sentencing Appeals Tribunal erroneously interprets it, but rather a document recording the site or plantation from which the timber was extracted, to corroborate its legitimacy" (Third Chamber, vote number 2014-1043 of ten hours thirteen minutes on June twenty-seventh, two thousand fourteen). Furthermore, as noted above, the use of the term plantation included in section 56 of the Forestry Law does not refer, in all cases, to the forest plantation of Article 3(f), defined as “Land of one or more hectares, cultivated with one or more forest species whose main, but not sole, purpose shall be the production of timber.” As indicated, the Regulation itself establishes the need to carry out procedures for other types of plantations. Therefore, this notion, in accordance with the regulations, is broader than that considered by the lower court judge and by the defense counsel, which is coherent with the purposes of the Forestry Law and with the adequate and sustainable use of renewable natural resources provided for in its Article 1. As already indicated, the protection contained in said law by sanctioning various conduct is not limited to the logging and exploitation coming from forests or forest plantations: Article 61(a) sanctions the logging and utilization of forest products on private property without authorization from the State Forest Administration (Administración Forestal del Estado), without requiring that they come from a forest or plantation; and its subsection (d) criminalizes the transport of forest products removed from private property, likewise without that reference. Consequently, to maintain that the transport of timber is only punishable if it is proven to come from a forest or a forest plantation in the terms of Article 3 is incorrect. It is clear, in accordance with all the foregoing, that the transport of timber constitutes a crime when carried out without the respective documentation, a requirement applicable regardless of whether the product comes from a forest or a plantation in a broad sense, including the forest plantation of Art. 3(f) or trees planted on private property, even individually. This obligation, based on a systematic interpretation aimed at the comprehensive protection of the forest resource, stems from the fact that transport is an essential phase of utilization and commercialization; for that reason, the Legislative Branch instituted a control to guarantee lawful provenance, preventing a mere statement from the transporter, indicating that the timber does not come from a forest or an agroforestry plantation, from being sufficient to exclude control over what is logged. Such a position is consistent with what was resolved by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in vote number 2007-3923, of fifteen hours two minutes on March twenty-first, two thousand seven, in which it determined that the Legislative Branch was remiss in establishing requirements for environmental protection when drafting section 28 of the Forestry Law, which provides: “Promotion of forest plantations. Article 28.- Exception from logging permit. Forest plantations, including agroforestry systems and individually planted trees and their products, shall not require a logging, transport, industrialization, or export permit. However, in cases where, before the entry into force of this law, a forest contract exists, signed with the State to receive Forest Bond Certificates (Certificados de Abono Forestal) or income tax deduction, logging must be carried out in accordance with the provisions of the management plan approved by the State Forest Administration.” In this regard, it is worth transcribing in extenso what the constitutional body developed, as it is relevant to the interpretation of what should be understood by plantation: “the challenged article 28 does provide an exception to the permit for logging trees, stating that in forest plantations, including agroforestry systems and individually planted trees and their products, no permit, transport, industrialization, or export is required. When the norm refers to forest plantation, it refers to one or more hectares cultivated with one or more forest species whose main, but not sole, purpose is the production of timber. The foregoing precisions are important, because it is relevant for the purposes of this study to differentiate a forest, a forest plantation, and an agroforestry system, in order to determine the degree of tutelage and protection that the Forestry Law grants to the species. As already indicated, our law conceives the forest as a native or autochthonous ecosystem, regenerated by natural succession or other forest techniques, that occupies an area of two or more hectares, characterized by the presence of mature trees of different ages, species, and varied size, with one or more canopies covering more than 70% of that area and where there are more than 60 trees per hectare of fifteen or more centimeters in diameter at breast height (DBH). For its part, a forest plantation is that plot of land of one or more hectares cultivated with one or more forest species, whose main, but not sole, purpose is the production of timber. The agroforestry system, on the other hand, is a way of using the land that involves the combination of forest species in time and space with agronomic species, seeking the sustainability of the system. The foregoing is of relevance, for the purpose of clarifying that the substantial difference between them is that the existence of forest plantations and individually planted trees stems from a productive and economic decision of their owners, so that facilitation for their logging, transport, industrialization, and export is reasonably required. This is the situation contemplated in the challenged article 28 … It must be remembered that one of the premises of a forest plantation or agroforestry system is that what is planted from the outset is so with the sole purpose of being utilized. It is under that premise that the law sought to incentivize them, eliminating certain administrative procedures. However, it must be guaranteed that this is so, prior to the logging of trees, since the lack of control could be promoting the logging of areas that in reality do not constitute either a forest plantation or an agroforestry system. In addition, there are lands that, due to the inertia of their owners, have allowed a true forest to proliferate on their property and then it is logged without any regulation, or trees that, even if they have been planted, serve as windbreaks, due to the quantity, their location, and the function they have performed for many years, which, in protection of fundamental values, merits the conservation and regulation of their logging, regardless of the nature of their species … there is also the other case in which the owners, by their own decision, planted a small number of trees in order to beautify their land. Depending on the quantity of these, it would not be reasonable either to later require a permit to log each one of them, as a mere imposition on the exercise of their property right. The solution sought by the petitioner, in the sense of preventing any logging, is unacceptable in the opinion of this Court, taking into consideration that some trees are planted precisely to be utilized, so that article 28 per se is not unconstitutional … However, the Chamber does find that the law does not establish precautionary measures to ensure the correct application of what is provided in the challenged article 28, since not every plantation requires a management plan and the only thing required is the certificate of origin, but to remove the timber and transport it. With that certificate, the existence of a forest plantation or an agroforestry system on a specific property must be accredited, indicating the planted area, the number of trees, the species, the location, the name of the owner. However, as already indicated, said certificate is issued beforehand, but for the mobilization of the timber, that is, once it is logged …”

According to the analysis conducted of the challenged article, the legislator modified the concept of forest from which the protection, restrictions, and permits granted in the Forestry Law are developed—as is the case with the article 28 in question 'Exception from logging permit'—such that it restricted, without technical basis, the previous concept of forest existing in the law prior to its reform. In doing so, non-native species and areas of less than two hectares that constituted a forest were left without protection by law, with the consequence that, through the challenged article 28, no logging permit, nor even a prior inspection, is required to ensure that the situation is the one the norm sought to incentivize; any forest plantation, agroforestry system, or any planted tree is exempted, leaving exposed areas that, due to their location, quantity, and the function they have performed for many years, merit the conservation and regulation of their logging, regardless of the nature of their species and the nature of the land where they are located. This being the case, this Chamber considers, in accordance with the foregoing, that in this case, an unconstitutionality by relative omission occurs. However, although the Constitutional Chamber is competent to declare the unconstitutionality of a norm, a violation of this nature must be corrected by the Legislative Assembly, extending the application of the law to cases not expressly contemplated by it, as in this case, to the species and areas that were left unprotected in the current concept of forest, as well as taking prevention and control measures over the areas in which logging is permitted” [sic] (underlining added). From this excerpt, it emerges that the Constitutional Chamber demonstrated that, although Article 28 exempts from a logging permit in some cases, in none does it exempt from the corresponding certificate of origin, to which is added the guide (guía) contemplated in the Regulation and, furthermore, in the vote planted trees are also listed as part of forest products, which shows that the interpretation proposed is consistent with that of said Chamber. Regarding the acquisition of the timber, this Chamber finds that there is also a lack of reasoning, because it is not adequately explained how the interpretation of that verb proposed by the prosecutor is excluded, since the judge merely reads the definition from the Dictionary of the Royal Spanish Academy, without stopping to study each of the meanings and whether any of them is compatible with the interpretation made by the Office of the Prosecutor. In any case, under the rules of apparent concurrence of offenses, if it is determined that the mobilization occurred without the respective documentation, the entirety of the conduct could be subsumed under the norm that regulates this latter aspect. In accordance with all the foregoing, since the reasoning is flawed, the appealed judgment is annulled and the corresponding remand for new proceedings is ordered, which must be conducted by the same Flagrancy Court of Corredores, with a different panel.

THEREFORE (POR TANTO):

The appeal filed by prosecutor Diego Umaña Sánchez is granted. Consequently, the appealed judgment is annulled and the corresponding remand for new proceedings is ordered. NOTIFY.

 

	

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0TZ9TMMNYS861
XIOMARA GUTIERREZ CRUZ - JUEZ/A DECISOR/A

	

 



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ORHHG5ZRYCQ61
JAIME ROBLETO GUTIERREZ - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	

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4K4F7N0TZE061
MARCO MAIRENA NAVARRO - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 25-000101-1262-PE

 

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