Res. 00135-2025 Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda — Appeal Inadmissible Against Denial of Environmental InterventionImprocedencia de apelación contra rechazo de coadyuvancia ambiental

Grande
Normal
Pequeña
Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda

Resolución Nº 00135 - 2025

Fecha de la Resolución: 07 de Abril del 2025 a las 11:15

Expediente: 22-003021-1027-CA

Redactado por: Jazmín Aragón Cambronero





Texto de la resolución

Proceso de Conocimiento Nº 22-03021-1027-CA / Rec: 269-TA-25

Asociación de Desarrollo Ambiental Valle Verde contra Municipalidad de Goicoechea

 

VOTO Nº 135-2025-I

TRIBUNAL DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN I. San José, a las once horas quince minutos del siete de abril de dos mil veinticinco.

Recurso de Apelación promovido en proceso de conocimiento seguido ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo el número 22-03021-1027-CA por: ASOCIACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL VALLE VERDE, contra: MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA.

Jueza Ponente: Yazmín Aragón Cambronero

CONSIDERANDO

 

I.- En el esquema recursivo establecido por el Código Procesal Contencioso Administrativo, el recurso de "apelación" procede sólo contra aquellas resoluciones para las que así se hubiere establecido. En este sentido, son cinco los autos contra los que dicho recurso es admisible, a saber: el que fija la garantía o caución en la medida cautelar (artículo 28); el que resuelve en forma definitiva una medida cautelar (artículo 30); el que resuelve sobre la integración de la litis (artículo 71.4), el que resuelve sobre el embargo de bienes de cualquiera de las partes (artículo 178); y el que acuerda el archivo del proceso por no subsanar los defectos prevenidos según dispone el artículo 61.2.- Tratándose de la reforma introducida al Código que rige la Materia en el artículo 112 BIS, concede este remedio procesal contra el auto con carácter de sentencia que declara la caducidad del proceso, así establece el canon de cita en su inciso e): " (...) La resolución que declare la caducidad del proceso (...), podrá ser apelada dentro del tercer día hábil ante el órgano de alzada que corresponda, (...).La resolución que desestime la caducidad solamente tendrá recurso de revocatoria."; tratándose de la declaratoria de caducidad de medidas cautelares, el numeral 112 TER, del indicado cuerpo normativo, no previó el recurso de alzada contra la resolución que la declara, por lo que al amparo del canon 132 inciso 2) del mismo cuerpo normativo, sólo cuenta con recurso de revocatoria.

 

II.- Adicionalmente, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia a través del Voto N° 000026-F-S1-2015, de las quince horas de quince de enero del dos mil quince, tratándose de las ejecuciones de sentencia, incluyó para efectos recursivos verticales, lo referente a la tasación (liquidación) de costas, lo que fue ampliado por medio de voto N°001246-A-S1-2015 de quince horas cincuenta minutos de 22 de octubre del 2015. Asimismo, en Voto N°889-A-S1-2015 de doce horas treinta y cinco minutos de treinta y uno de julio del dos mil quince, se concedió esa misma posibilidad en torno a la decisión del Juez Ejecutor respecto del acto firme y favorable, regulado en el ordinal 176 del Código Procesal Contencioso Administrativo y, por fallo N°000076- S1-2016 de 11:26 horas de 5 de febrero de 2016, esa misma Sala dio cabida a la apelación tratándose de la liquidación de intereses. Por su parte, el Tribunal de Casación por resolución N° 105-A-TC-09, de las diez horas de cuatro de junio del dos mil nueve, brindó igual oportunidad respecto de los supuestos del numeral 92, incisos 1 y 2 de la normativa de cita y, mediante resolución N° 21-A-TC-2016, de las nueve horas veinte minutos de veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, lo correspondiente a daño moral, intereses y costas en tanto provengan de un auto liquidatorio.  

 

 III.- Finalmente, se ha admitido el recurso de apelación frente a la aplicación de aquellos procesos regulados en Leyes Especiales, ejemplo común de ello, lo es, el Código Procesal Civil, lo que autoriza el numeral 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Tratándose de las nulidades procesales, el instrumento idóneo para su impugnación, lo regula la normativa procesal civil, pues la especial, que rige la materia contenciosa administrativa, no previó nada al respecto. Los medios previstos por el legislador, son dos: la nulidad de resoluciones deberá alegarse en forma conjunta con el recurso que contra ellas proceda y la de actuaciones o de estas en forma conjunta con resoluciones, mediante la vía incidental, oral o escrita, (artículo 33.2 C.P.C.); contra la resolución que resuelve el incidente de nulidad, procede recurso de apelación, sólo cuando se decrete la nulidad, en este sentido, conviene destacar lo regulado en el numeral 67.3 subincisos 11 y 12 del Código de Rito, al respecto, así señala: "(...)Solo son apelables los autos cuando:(...) 11. Decreten la nulidad de actuaciones. 12. Emitan pronunciamiento sobre el fondo de un incidente, salvo que denieguen la nulidad.(...)" (Énfasis suplido), debiéndose agregar, que de conformidad con el Transitorio I del citado cuerpo normativo, la norma resulta de aplicación para los proceso que se encontraran pendientes a su entrada en vigencia, acaecida el 08 de octubre del 2018; en consecuencia, en aquellos supuestos en los cuales la nulidad resulta rechazada, contra el auto que así lo declara, únicamente procede el recurso de revocatoria, al amparo de los numerales, 66.1 del Código Procesal Civil y 132 inciso 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Por otra parte, el indicado cuerpo normativo previó en su artículo 76.3, recurso de apelación contra la resolución final que determina las obligaciones correspondientes a cada una de las partes y la compensación que fuera procedente, en los supuestos del incidente de cobro de honorarios de abogado, rendición de cuentas y responsabilidad profesional.

 

IV.- En el caso bajo estudio, el representante de quienes manifiestan su interés de constituirse en coadyuvantes, mediante libelo con fecha de presentación en gestión en línea, según el escritorio virtual 17 de enero del 2025, formuló  recursos de revocatoria con apelación en subsidio con nulidad concomitante, contra el auto de las 09:30 horas del 13 de enero del 2025, en cuanto se rechazó como coadyuvante activa para la recuperación del parque infantil y zonas verdes de la Urbanización Kamir, la cual dispuso en lo que resulta de interés:

 

“(…) Es importante destacar que en casos como el analizado no demuestra el solicitante lo exigido en la norma, y es precisamente el interés indirecto en el proceso; cuál sería su interés legítimo que permita su participación en el proceso como coadyuvante?, en palabras simples, cuál sería el interés legítimo indirecto que ayude al actor a que se le declare en este caso, un derecho, sin beneficio directo alguno para el solicitante; ya que el término indirecto refiere al antónimo del término directo, sean terminaciones opuestas en su contenido y en consecuencia en la aplicación de su terminología. No es de recibo lo manifestado por el solicitante de la gestión de coadyuvancia, al indicar que su interés indirecto radica en que los parques públicos son zonas demaniales y que cualquier ciudadano puede accesar a ellos; ya que no se cuestiona en el proceso que se impida el acceso por parte de cualquier ciudadano a una zona pública en dicho cantón; sino que lo alegado por la actora es una supuesta omisión de la Municipalidad accionada, sea debe ejercerse una análisis de la conducta sometida al proceso, sea el supuesto incumplimiento de la Municipalidad accionada del ordenamiento jurídico, entre otros, según lo cuestionado, lo establecido en el ordinal 40 de la Ley de Planificación Urbana, aspecto que es la base para demostrar ese interés indirecto para ejercer una coadyuvancia en este caso. Cuál sería el interés indirecto del solicitante, en declarar un incumplimiento municipal, sea una supuesta omisión de exigir la cesión de zonas verdes en la Urbanización Kamir?. No existe tal expectativa de derecho; ya que en cada solicitud lo planteado, es la transcripción de la demanda incoada y, el indicarse un derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tampoco es factible para una coadyuvancia procesal, el tener acceso a un ambiente sano, es un derecho fundamental de todas las personas, pero ello no lo hace, per sé, una causal para determinar la existencia o acreditar ese interés indirecto que señala la norma para constituirse como coadyuvante en este proceso ordinario contencioso; ya que si se analiza desde esa óptica, el interés sería directo ( derecho a un ambiente sano) y aún más, si se trata de vecinos de la Urbanización supuestamente afectada, aspecto que tampoco se demuestra, el uso y disfrute de zonas verdes radica en un interés directo. Como se indicó en otras solicitudes, tratándose de vecinos del cantón o no; no se demuestra el interés indirecto por lo ya dicho. Debe demostrarse el interés que alude el ordinal 13 del CPCA. No se aporta prueba que demuestre un interés indirecto en lo manifestado, como se dijo y, no es la vía de la coadyuvancia la adecuada para hacerla emerger, como también ya se expuso líneas atrás; por lo que no puede verse como afectación indirecta lo reseñado por el solicitante de la coadyuvancia en este asunto. Así las cosas y al no acreditarse un interés indirecto como exige el ordinal 13 del Código Procesal Contencioso Administrativo, no se consolida la figura de la coadyuvancia solicitada por Manuel Alberto Rodríguez Salazar. En consecuencia se rechaza la solicitud de coadyuvancia planteada. Continúense los procedimientos. (…).”.

 

La jueza tramitadora de instancia, mediante auto de las 14:10 horas del 04 de marzo del 2025, rechazó el recurso de revocatoria interpuesto y ordenó remitir los autos ante esta Cámara. Se deja constancia de que el expediente fue recibido por este Tribunal de Apelaciones el 24 de marzo del 2025 -escritorio virtual-. En otro orden de ideas, la resolución recaída carece de recurso de apelación, pues de conformidad con el numeral 71 inciso 4 del Código Procesal Contencioso Administrativo, sólo procede el recurso intentado contra el auto que resuelve lo relativo a la integración de la litis consorcio pasiva, nótese la coadyuvancia se rige por lo dispuesto en el artículo 13 de mismo cuerpo normativo, de manera tal que lo resuelto procede únicamente el recurso horizontal -artículo 132.2 del CPCA, en idéntico sentido es posible consultar, entre otros, el Voto 212-2024-I, de las 14:00 horas del 23 de mayo del 2024-. Finalmente, en lo relativo a la nulidad reclamada esta debe formularse dentro del plazo de tres días en forma conjunta con el recurso que procedía -artículo 33.2 CPC en concordancia con el canon 220 del CPCA-, lo que en el caso concreto fue resuelto por la jueza de instancia en la resolución que resolvió la revocatoria promovida.

 

V.- Conviene aclarar que, para aquellos casos en los que legalmente proceda el recurso de apelación este deberá ser presentado de manera directa ante este Tribunal de Alzada en el plazo de 03 días hábiles -artículo 133.1 del CPCA-. Debido a lo anterior, no que otro camino que rechazar de plano el recurso de apelación formulado como en efecto se dispone.    

 

POR TANTO

 

Se rechaza de plano el recurso de apelación formulado contra la resolución de las 09:30 horas del 13 de enero del 2025. Jueces: Yazmín Aragón Cambronero, Hubert Fernández Argüello, Laura García Carballo.

 

	


*OB60EOA1GFI61*
OB60EOA1GFI61
JAZMÍN ARAGÓN CAMBRONERO - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





*SRF4343SKICDA61*
SRF4343SKICDA61
LAURA GARCIA CARBALLO - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


*FFLUHD43BGLE61*
FFLUHD43BGLE61
HUBERT FERNANDEZ ARGUELLO - JUEZ/A DECISOR/A

 

Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I

VOTO Nº135-2025-I de las 11:15 horas del 07 de abril de 2025

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:38:40.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Contentious-Administrative and Civil Treasury Appeals Tribunal

Resolution No. 00135 - 2025

Resolution Date: April 7, 2025 at 11:15

Case File: 22-003021-1027-CA

Drafted by: Jazmín Aragón Cambronero

Resolution Text

Knowledge Proceeding No. 22-03021-1027-CA / Rec: 269-TA-25

Valle Verde Environmental Development Association v. Municipality of Goicoechea

RULING NO. 135-2025-I

CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY APPEALS TRIBUNAL. SECTION I. San José, at eleven hours fifteen minutes on April seventh, two thousand twenty-five.

Appeal filed in a knowledge proceeding before the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, under case number 22-03021-1027-CA by: ASOCIACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL VALLE VERDE, against: MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA.

Rapporteur Judge: Yazmín Aragón Cambronero

WHEREAS

I.- Under the appellate scheme established by the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), the "appeal" (apelación) remedy is only available against those resolutions for which it has been so established. In this sense, there are five orders (autos) against which said remedy is admissible, namely: the one setting the security or bond in a precautionary measure (article 28); the one definitively resolving a precautionary measure (article 30); the one resolving on the joinder of parties (article 71.4); the one resolving on the seizure of property of any of the parties (article 178); and the one ordering the dismissal of the proceeding for failure to cure the warned defects as provided in article 61.2. Regarding the reform introduced to the Code governing the Matter in article 112 BIS, this procedural remedy is granted against the order having the character of a judgment that declares the expiration of the proceeding (caducidad del proceso), as established in the cited canon in subsection e): "(...) The resolution that declares the expiration of the proceeding (...), may be appealed within three working days before the corresponding superior court, (...). The resolution that dismisses the expiration shall only be subject to a motion for reconsideration (recurso de revocatoria)."; regarding the declaration of expiration of precautionary measures, numeral 112 TER of the indicated normative body did not provide for the appeal remedy against the resolution that declares it, therefore, under canon 132 subsection 2) of the same normative body, it is only subject to a motion for reconsideration.

II.- Additionally, the First Chamber (Sala Primera) of the Supreme Court of Justice, through Ruling No. 000026-F-S1-2015, at fifteen hours on January fifteen, two thousand fifteen, in cases of judgment enforcement, included for vertical appellate purposes matters relating to the assessment (liquidation) of costs, which was expanded by Ruling No. 001246-A-S1-2015 at fifteen hours fifty minutes on October 22, 2015. Likewise, in Ruling No. 889-A-S1-2015 at twelve hours thirty-five minutes on July thirty-first, two thousand fifteen, that same possibility was granted regarding the Enforcement Judge's decision concerning the final and favorable act, regulated in ordinal 176 of the Contentious-Administrative Procedure Code, and, by judgment No. 000076-S1-2016 at 11:26 hours on February 5, 2016, that same Chamber allowed the appeal regarding the liquidation of interest. For its part, the Court of Cassation (Tribunal de Casación), by resolution No. 105-A-TC-09, at ten hours on June fourth, two thousand nine, provided the same opportunity regarding the scenarios of numeral 92, subsections 1 and 2 of the cited regulations, and, by resolution No. 21-A-TC-2016, at nine hours twenty minutes on February twenty-fifth, two thousand sixteen, that corresponding to moral damages (daño moral), interest, and costs insofar as they originate from a liquidation order (auto liquidatorio).

III.- Finally, the appeal remedy has been admitted against the application of those proceedings regulated in Special Laws, a common example thereof being the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil), which is authorized by numeral 220 of the Contentious-Administrative Procedure Code. Regarding procedural nullities (nulidades procesales), the appropriate instrument for their challenge is regulated by the civil procedural regulations, since the special one governing contentious-administrative matters did not provide anything in this regard. The means provided by the legislator are two: the nullity of resolutions must be alleged jointly with the remedy applicable against them, and the nullity of procedural actions (actuaciones) or of these jointly with resolutions, through the incidental route, oral or written (article 33.2 C.P.C.); against the resolution that resolves the nullity incident, an appeal remedy is available only when the nullity is declared; in this sense, it is pertinent to highlight what is regulated in numeral 67.3 sub-subsections 11 and 12 of the Code of Procedure, which states in this regard: "(...) Orders (autos) are only appealable when: (...) 11. They declare the nullity of procedural actions. 12. They issue a ruling on the merits of an incident, unless they deny the nullity. (...)" (Emphasis added), it must be added that, in accordance with Transitory Provision I of the cited normative body, the rule is applicable to proceedings that were pending upon its entry into force, which occurred on October 8, 2018; consequently, in those scenarios in which the nullity is rejected, against the order that so declares it, only the motion for reconsideration remedy is available, under numerals 66.1 of the Civil Procedure Code and 132 subsection 2 of the Contentious-Administrative Procedure Code. On the other hand, the indicated normative body provided in its article 76.3 an appeal remedy against the final resolution that determines the obligations corresponding to each of the parties and the compensation that is appropriate, in the scenarios of the incident for collection of attorney's fees, rendering of accounts, and professional responsibility.

IV.- In the case under study, the representative of those who express their interest in joining as coadjuvants (coadyuvantes), through a brief with a filing date in online case management, according to the virtual desk on January 17, 2025, filed motions for reconsideration with a subsidiary appeal (apelación en subsidio) with concomitant nullity, against the order issued at 09:30 hours on January 13, 2025, insofar as it rejected the party's active coadjuvant status for the recovery of the children's playground and green zones (zonas verdes) of the Urbanización Kamir, which ordered, in what is of interest:

"(…) It is important to highlight that in cases such as the one analyzed, the applicant does not demonstrate what is required by the rule, which is precisely the indirect interest in the proceeding; what would be their legitimate interest (interés legítimo) that allows their participation in the proceeding as a coadjuvant? In simple terms, what would be the indirect legitimate interest that helps the plaintiff to have a right declared in this case, without any direct benefit to the applicant; since the term indirect refers to the antonym of the term direct, that is, opposite concepts in their content and consequently in the application of their terminology. What was stated by the applicant of the coadjuvancy request is not admissible, in indicating that their indirect interest lies in the fact that public parks are public domain areas (zonas demaniales) and that any citizen can access them; since the proceeding does not question the prevention of access by any citizen to a public area in said canton; rather, what is alleged by the plaintiff is a supposed omission by the defendant Municipality, that is, an analysis must be carried out of the conduct subjected to the proceeding, namely the alleged failure of the defendant Municipality to comply with the legal order, among others, according to what is questioned, what is established in ordinal 40 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana), an aspect that is the basis for demonstrating that indirect interest to exercise a coadjuvancy in this case. What would be the applicant's indirect interest in declaring a municipal breach, that is, a supposed omission to require the dedication (cesión) of green zones in the Urbanización Kamir? No such expectation of right exists; since in each request what is raised is the transcription of the filed complaint, and, indicating a right to a healthy and ecologically balanced environment, is not feasible for procedural coadjuvancy either; having access to a healthy environment is a fundamental right of all persons, but this does not make it, per se, a ground to determine the existence or to prove that indirect interest indicated by the rule to become a coadjuvant in this ordinary contentious proceeding; since if analyzed from that perspective, the interest would be direct (right to a healthy environment) and even more so, if they are residents of the supposedly affected Urbanization, an aspect that is also not demonstrated, the use and enjoyment of green zones lies in a direct interest. As indicated in other requests, whether they are residents of the canton or not, the indirect interest is not demonstrated for the reasons already stated. The interest referred to in ordinal 13 of the CPCA must be demonstrated. No evidence is provided that demonstrates an indirect interest in what has been stated, as stated, and the coadjuvancy route is not the appropriate one to make it emerge, as also already explained above; therefore, what has been outlined by the applicant for coadjuvancy in this matter cannot be seen as indirect harm. Thus, and failing to prove an indirect interest as required by ordinal 13 of the Contentious-Administrative Procedure Code, the coadjuvancy figure requested by Manuel Alberto Rodríguez Salazar is not consolidated. Consequently, the coadjuvancy request filed is rejected. Let the proceedings continue. (…)."

The lower court processing judge, by order at 14:10 hours on March 4, 2025, rejected the motion for reconsideration filed and ordered the case file sent to this Chamber. It is recorded that the case file was received by this Appeals Tribunal on March 24, 2025 -virtual desk-. In another vein, the resolution rendered lacks an appeal remedy, since in accordance with numeral 71 subsection 4 of the Contentious-Administrative Procedure Code, the remedy filed is only appropriate against the order that resolves matters relating to the passive necessary joinder of parties (litis consorcio pasiva), note that coadjuvancy is governed by the provisions of article 13 of the same normative body, such that the decision rendered is subject only to the horizontal remedy (recurso horizontal) -article 132.2 of the CPCA; in the identical sense, it is possible to consult, among others, Ruling 212-2024-I, at 14:00 hours on May 23, 2024-. Finally, regarding the claimed nullity, this must be formulated within a three-day period jointly with the remedy that was applicable -article 33.2 CPC in accordance with canon 220 of the CPCA-, which in the specific case was resolved by the lower court judge in the resolution that decided the motion for reconsideration filed.

V.- It is pertinent to clarify that, for those cases in which the appeal remedy is legally applicable, it must be filed directly before this Court of Appeals within a period of 3 working days -article 133.1 of the CPCA-. Due to the foregoing, there is no other course but to outright reject (rechazar de plano) the appeal remedy filed, as is hereby ordered.

THEREFORE (POR TANTO)

The appeal remedy filed against the resolution at 09:30 hours on January 13, 2025, is outright rejected. Judges: Yazmín Aragón Cambronero, Hubert Fernández Argüello, Laura García Carballo.

*OB60EOA1GFI61*
OB60EOA1GFI61
JAZMÍN ARAGÓN CAMBRONERO - DECIDING JUDGE

*SRF4343SKICDA61*
SRF4343SKICDA61
LAURA GARCIA CARBALLO - DECIDING JUDGE

*FFLUHD43BGLE61*
FFLUHD43BGLE61
HUBERT FERNANDEZ ARGUELLO - DECIDING JUDGE

Contentious-Administrative and Civil Treasury Appeals Tribunal, Section I

RULING NO. 135-2025-I at 11:15 hours on April 7, 2025

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 12:38:40.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República