Res. 01092-2025 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón — Appeal of judgment in civil damages action for land-use changeApelación de sentencia en acción civil resarcitoria por cambio de uso de suelo

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón

Resolución Nº 01092 - 2025

Fecha de la Resolución: 10 de Noviembre del 2025 a las 09:00

Expediente: 17-000383-0832-PE

Redactado por: Adriana María Escalante Moncada




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

                          PODER JUDICIAL                              

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN                      

           Tel: 2456-9069                        [email protected]                   Fax: 2445-5349   

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Exp: 17-000383-0832-PE

Res: 2025-01092

 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN PRIMERA. San Ramón, al ser las nueve horas del diez de noviembre de dos mil veinticinco.

 RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 002], costarricense, cédula de identidad número [Valor 001], por el delito de CAMBIO DE USO DE SUELO en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces Adriana Escalante Moncada, Alejandro Piedra Pérez y Francisco Lemus Víquez. Se apersonan en apelación de sentencia, la licenciada Zaray Chavarría Prado, en calidad de Procuradora Penal y el Dr. Gustavo Chan Mora.

                                                        RESULTANDO:

 1.- Que mediante sentencia número 63-P-25 de las dieciséis horas del diecinueve de febrero de dos mil veinticinco, el Tribunal de Juicio de Puntarenas, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39, 41, 45, 46, 50 de la Constitución Política, numerales 2, 98 y 101 de la Ley Órgánica del Ambiente, 1, 41, 42 y 52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, 1, 19 y 20 de la Ley Forestal, artículos 265, 266 y 267 del Código Procesal Penal, numerales 10, 701, 1045, 1046, 1048 del Código Civil, numerales 37.2, 73.2.4 del Código Procesal Civil, se resuelve: 1.- Se declara sin lugar la Acción Civil Resarcitoria interpuesta por la Procuraduría General de la República, en contra de la demandada civil DON QUIJOTE S.A. representada por [Nombre 002]. 2.- Se acogen las excepciones materiales de falta de derecho y falta de legitimación pasiva. 3.- Se rechaza la solicitud de restitución de las cosas a su estado original. Se resuelve sin especial condena en costas por existir razón plausible para litigar. Por lectura notifíquese.- Pilar Quesada Zamora. Jueza del Tribunal de Juicio de Puntarenas".

 2.- Que contra el anterior pronunciamiento, la licenciada Zaray Chavarría Prado y el Dr. Gustavo Chan Mora, han interpuesto recursos de apelación de sentencia.

 3.- Que verificada la deliberación respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Apelación de Sentencia del III Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, procedió a conocer del recurso.

 4.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

 Redacta la Jueza de Apelación de Sentencia Escalante Moncada; y,

CONSIDERANDO:

I. La licenciada Zaray Chavarría Prado, Procuradora Penal, interpone recurso de apelación contra la sentencia número 63-P-25, dictada por el Tribunal Penal de Puntarenas el 19 de febrero de 2025, que declaró sin lugar la Acción Civil Resarcitoria presentada por la Procuraduría contra la persona jurídica Don Quijote S.A. y rechazó la solicitud de restitución de las cosas a su estado original. También, en el plazo correspondiente, interpuso recurso de apelación por adhesión, el apoderado especial judicial, Gustavo Chan Mora, en representación de la demandada civil Don Quijote S.A. Por haber sido interpuestos ambos recursos en los plazos previstos en la ley, y al reunir los requisitos formales de impugnación, se admiten ambos libelos impugnatorios para estudio de fondo.

II.  Audiencia oral ante el Tribunal de Apelación de Sentencia. Se hace constar que el juez José Alejandro Piedra Pérez, quien integra esta Cámara, para la resolución de este proceso,  no participó de la audiencia oral celebrada en esta sumaria, sin que ello cause agravio alguno a las partes intervinientes, toda vez que durante la audiencia no se incorporaron probanzas novedosas, no se recibió prueba testimonial y las intervenciones de los sujetos procesales quedaron grabadas en el respaldo audiovisual respectivo, al cual ha tenido acceso esta Cámara.  De manera que no existe ningún impedimento para que conozca y resuelva sobre el fondo de los recursos planteados. Lo anterior de conformidad con el criterio de la Sala de Casación Penal y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia desarrollado en los votos 1739-1992 de las 11:45 horas del primero de julio de 1992, citado en la sentencia 6681-96 de las 15:30 horas del 10 de diciembre de 1996, señaló: “…No se afecta el debido proceso, ni el principio de inmediación, con esta solución, en la medida en que en ningún caso en que se reciba prueba, o se aporte un elemento nuevo, se permitirá que jueces distintos a los que estuvieron en la audiencia resuelvan el asunto, y esto sólo podrá hacerse cuando a) existan razones justificadas o b) cunado lo que se da en audiencia oral es sólo una sintetización de los fundamentos de cada uno de los motivos que ya han expuesto o constan por escrito con anterioridad, sin aportar nada nuevo. Más bien en este tipo de situaciones, es de interés de la celeridad y justicia, que no se den dilaciones innecesarias que perjudiquen tanto los intereses de las partes, como los de la administración de justicia…”.

III. Del recurso interpuesto por la Procuraduría General de la República. En su recurso, la recurrente hace un recuento de los antecedentes relevantes de este proceso, los cuales se sintetizan de la siguiente manera:

Sentencia Inicial:  Mediante sentencia 251-P-2023, de junio de 2023, el Tribunal Penal de Puntarenas absolvió de toda pena y responsabilidad a los imputados [Nombre 002], [Nombre 003] y [Nombre 004] por el delito de cambio de uso del suelo. Adicionalmente, declaró sin lugar la Acción Civil Resarcitoria contra ellos y Don Quijote S.A., y rechazó la solicitud de restitución.
Fase recursiva: La Procuraduría General de la República interpuso un recurso previo contra dicha sentencia, alegando el rechazo de la solicitud de restitución y la desestimación de la pretensión civil contra Don Quijote S.A. Dicha impugnación fue resuelta por el Tribunal de Apelación de Sentencia del III Circuito Judicial de San Ramón, mediante resolución 2024-00151 de marzo de 2024, que declaró con lugar los dos motivos de apelación y ordenó el reenvío de la causa para una nueva sustanciación, limitada únicamente a la procedencia de la restitución de las cosas a su estado anterior y para una nueva sustanciación de la acción civil resarcitoria contra la sociedad anónima.

Motivos de apelación.

En el primer motivo, alega incorporación ilegítima de la prueba y quebranto al debido proceso, debido a que se acogió una actividad procesal defectuosa y se admitió una prueba pericial, que estima no debió haberse incorporado al proceso. Dice que. el Tribunal de Juicio acogió erróneamente la actividad procesal defectuosa planteada por la defensa del demandado civil Don Quijote S.A., con base en un supuesto incumplimiento del juzgador de resolver el ofrecimiento del perito Gustavo Alvarado Salazar y su informe técnico de 2021 durante la audiencia preliminar. Sostiene que el supuesto vicio alegado no se ajusta a los casos de nulidad absoluta establecidos en el artículo 178 inciso a) del CPP. Esta figura procesal está concebida para tutelar garantías fundamentales del imputado en materia penal, no para subsanar omisiones procesales ordinarias atribuibles a la defensa técnica de una parte civil. Explica que, en la acción civil tramitada dentro del proceso penal, rige el principio dispositivo, lo cual implica que era responsabilidad exclusiva de la defensa interponer el recurso correspondiente en el momento procesal oportuno, pero en aquella oportunidad no reclamó la omisión en el auto de apertura a juicio y al no hacerlo, se generó una preclusión procesal, que impedía admitir dicha probanza. Afirma que, al acoger la actividad defectuosa, el tribunal flexibilizó los requisitos legales de admisión de prueba en favor de una de las partes, rompiendo las reglas de preclusión y el principio dispositivo, lo que causó un desequilibrio y un perjuicio procesal sustancial a la PGR, ya que se admitió prueba (testimonio del perito Alvarado y su informe técnico) fuera del momento legalmente previsto (audiencia preliminar). Solicita se anule la sentencia 63-P-2025 y se disponga la exclusión del proceso de dicha prueba pericial y se ordene el juicio de reenvío para una nueva sustanciación de los extremos civiles.

Sin lugar el motivo.  La queja de la apelante radica en estimar que la aceptación de la prueba pericial relativa al informe rendido por el ingeniero Gustavo Alvarado, y su testimonio recibido en la fase de juicio era improcedente, y que, por ello, debe excluirse del acervo de pruebas.  Según consta en autos, el Juzgado Penal de Cobano mediante resolución de las 9:14 horas del 15 de diciembre de 2021, convocó a audiencia preliminar para las diez horas del 13 de enero de 2022 (cfr. Folio 92). Dentro del plazo conferido, la empresa demandada, y representada por el apoderado especial judicial Gustavo Chan Mora, en representación de las personas demandadas civiles, ofreció como prueba, entre otras, informe pericial elaborado por el ingeniero Gustavo Alvarado Salazar, así como el testimonio de este. (cfr, folio 99). La audiencia preliminar se realizó el 13 de enero de 2021, ocasión en la cual los abogados defensores de los demandados civiles ofrecieron como prueba tanto la declaración del perito Gustavo Alvarado Salazar, como el informe rendido por este. Luego, el juez, mediante auto de apertura a juicio dictada de forma oral, en dicha diligencia, no se pronunció sobre la admisión o rechazo de esas probanzas. (cfr. Folio 169 y 170). Luego, en el juicio de reenvío, en la audiencia de debate del 10 de febrero de 2025, el abogado defensor Gustavo Chan Mora, solicita se admita como prueba para mejor resolver, la pericia rendida por el ingeniero Gustavo Alvarado y el testimonio de este. Por su parte, la Procuraduría General de la República se opuso a la actividad procesal defectuosa interpuesta por la defensa y solicitó se rechazara dicha probanza. El Tribunal de Juicio, luego de oír la postura de las partes, y de escuchar y revisar el registro de la audiencia preliminar y constatar la omisión por parte del Juez Penal de la etapa intermedia de emitir pronunciamiento sobre la prueba ofrecida por la defensa, procedió a admitir como perito la declaración del Gustavo Alvarado, así como el informe pericial rendido por este (acta de debate de folios 369 al 374).

Ahora bien, analizada la decisión del Tribunal de instancia, en cuanto a la admisión de la prueba, se constata que es conforme al ordenamiento jurídico, por lo siguiente.   Según los antecedentes del caso, la defensa ofreció de forma oportuna, cuando se le confirió la audiencia del artículo 316, el informe pericial y el testimonio del perito Gustavo Alvarado, gestión que reiteró en la audiencia preliminar, y tal y como consta en el minuta de dicha diligencia judicial (cfr. Folios 168 al 170) , el Juez Penal omitió pronunciarse sobre dichas probanzas que de forma oportuna había ofrecido la defensa y así lo constató el Tribunal de Juicio, al revisar el audio correspondiente a dicha audiencia.  Por lo que, ante este escenario, en el que el juez omitió pronunciarse sobre una prueba debidamente ofrecida se denota una actividad procesal defectuosa absoluta, que causa un gravamen a la parte interesada, debido a que afecta el derecho de defensa, y en específico el derecho a ofrecer pruebas útiles y pertinentes para el objeto del debate (178 y 179 del Código Procesal Penal). Por lo que, en ese sentido, lo resuelto por el Tribunal de Juicio de enmendar el vicio, y darle la oportunidad a la defensa para que ofreciera nuevamente esas pruebas se ajusta a lo preceptuado en nuestro ordenamiento procesal penal.  Adicionalmente, el artículo 320 del Código Procesal Penal, indica que, la prueba que haya sido rechazada de forma arbitraria por el Juez Penal, la parte interesada está legitimada para ofrecerla nuevamente en la fase de juicio. Esta normativa es plenamente aplicable al caso concreto, ya que, al no existir un pronunciamiento del juez penal sobre dichas probanzas, se concluye que esta fue rechazada de forma arbitraria debido a la omisión del juez penal y su deber de pronunciarse sobre todo lo planteado por las partes en la audiencia preliminar (artículos 318 y 319 del Código Procesal Penal).  Adicionalmente, y a mayor abundamiento, lo actuado por el Tribunal de Juicio, en cuanto a la admisión de dichas probanzas como prueba para mejor resolver, a efectos de dirimir los extremos civiles por los que se realizaba el juicio de reenvío, también tiene sustento normativo en el artículo 5.6 del Código Procesal Civil que establece que una de las potestades del Tribunal es la búsqueda de la verdad. Asimismo, el numera 41.3, también faculta al Tribunal Civil a recibir prueba durante la fase de juicio y al respectoestablece lo siguiente: 

41.3 Admisibilidad de la prueba. Serán admisibles las pruebas que tengan relación directa con los hechos y la pretensión, siempre que sean controvertidos. Se rechazará la prueba que se refiera a hechos admitidos expresamente o que deban tenerse como tales conforme a la ley, amparados a una presunción absoluta, evidentes o notorios, así como la impertinente, excesiva, inconducente o ilegal. En una misma resolución el tribunal indicará la prueba admitida y la que rechaza. En la audiencia en que se admiten las pruebas, el tribunal podrá proponer a las partes la incorporación de otras no ofrecidas e incluso ordenarlas de oficio”.
 

Del anterior articulado se deduce con facilidad que también la normativa procesal civil faculta al Tribunal de Juicio a recibir, incluso de oficio aquellas pruebas que sean útiles y necesarias para la resolución de la controversia civil planteada.  En el caso bajo examen, la pericia que rola a folios 118 al 146, por los alcances de su estudio resultaba útil y pertinente, sumado a que constituye prueba ofrecida de forma oportuna por la defensa. Por lo que, se concluye que no existe yerro alguno por parte del Tribunal de instancia al admitir dichas probanzas, y en consecuencia se desestima el reclamo planteado.

Segundo y tercer motivo. Por estar los motivos relacionados con la fundamentación de la sentencia y la valoración de la prueba, se resuelven de forma conjunta.  En el segundo motivo invoca errónea valoración de la prueba y violación a las reglas de la sana crítica por no condenar civilmente a la sociedad anónima Don Quijote. La apelante arguelle que se le dio una indebida credibilidad al perito de descargo aportado por la demandada civil, Gustavo Alvarado Salazar, quien con su testimonio contrarrestó la prueba técnica oficial del SINAC. Critica que, la inspección realizada por Gustavo Alvarado se realizó en 2021, aproximadamente cuatro años después de los hechos que datan de 2017, limitaba su capacidad para evaluar el daño original, especialmente porque el sitio había sido alterado con siembras de cultivos agrícolas. Esperar observar en el sitio cuatro años después de la afectación la existencia de bosque, no tiene lógica porque este ecosistema se eliminó con las acciones ilícitas perpetradas en el ano 2017 y se sustituyó por la siembra de mangos y otras especies agrícolas, por Io que evidentemente no se iba a encontrar la caracterización de bosque en el momento en que el perito realiza la visita. Además, alega que, dicha pericia carece de rigor, debido a que no se realizó una valoración técnica para determinar si el sitio cumplía con la definición legal de bosque (Art. 3, inciso d) de la Ley Forestal), y se limitó a señalar que no se podía replicar la metodología del SINAC, por lo que estima que su afirmación categórica de que el sitio no correspondía a bosque carece de fundamento técnico. Dice que durante el interrogatorio al perito quedó evidenciado que el recorrido realizado por Gustavo Alvarado durante la visita lo fue a la orilla de la calle de la propiedad, y no llegó hasta el sector donde estaba la afectación ambiental, la cual se aprecia en las imágenes tomadas en el año 2017, en las que se aprecia que la zona afectada está desprovista de bosque, y en las fotos tomadas en el 2021, por el perito, ya no se aprecia ese daño ambiental. Explica que, en sentencia, la Cámara de Juicio adoptó el razonamiento expuesto por dicho perito, según el cual si se hubieran talado 1800 árboles "debe aparecer que pasó un huracán," y dicha conclusión carece de fundamento legal y técnico. Refiere que, para concluir con la existencia de una afectación ambiental, la metodología oficial valora criterios definidos, tales como densidad arbórea, cobertura y no por una apariencia visual.  Critica que el Tribunal de instancia no valoró bajo la sana crítica la prueba técnica y testimonial de los funcionarios del SINAC, Alexander Sánchez Chavarría y Pedro Rojas Chaves. Estos funcionarios sí aplicaron una metodología científica de muestreo forestal conforme a parámetros técnicos y legales para determinar que 5.23 hectáreas de ecosistema de bosque natural fueron eliminadas. Dice que, el Tribunal hizo una valoración aislada y parcializada del informe del OIJ, enfocándose en la mención de solo 15 árboles talados, pero omitiendo que ese mismo documento, cuatro meses después de los hechos, describió una afectación al ecosistema de bosque, lo cual era consistente con los informes del SINAC. Detalla que, en el informe de daño ambiental ACT-OSRPL-571-2021, emitido por el ingeniero Pedro Rojas Chaves se estable la afectación ambiental con base en la metodología correcta, que toma en consideración la densidad arbórea, cobertura, entre otros factores, así como la intervención no autorizada en dicho ecosistema. Sostiene que, el tribunal no realizó una valoración bajo la sana cintica y apreciación razonada de los razonamientos técnicos y jurídicos de los informes del SINAC y las declaraciones dadas por los funcionarios Alexander Sánchez Chavarría y el ing. Pedro Rojas Chaves, y se inclinó por una prueba tardía e insuficiente. Afirma que este sesgo probatorio afecta gravemente la valoración objetiva de la prueba, y genera una consecuencia directa en el rechazo de la acción civil planteada por la Procuraduría. Para fundamentar su reclamo, la apelante transcribe extractos del razonamiento esbozado en la sentencia impugnada, así como segmentos de la declaración del perito Gustavo Alvarado.  Afirma que, si hubiese realizado el análisis integral y objetivo de la prueba técnica y testimonial rendida por los funcionarios del SINAC, el tribunal debió acoger la acción civil resarcitoria interpuesta contra Don Quijote S.A. y dictar la correspondiente condena civil por afectación al ecosistema forestal. Solicita se declare con lugar el motivo, se dicte la nulidad de la sentencia 63-P-25 y se ordene el reenvío de la causa ante el Tribunal de Juicio.

En el tercer motivo de apelación reclama indebida fundamentación por no ordenar la restitución de las cosas a su estado anterior. Dice que, el Tribunal determinó que no fue posible constatar el daño ambiental ni establecer la tala y eliminación del bosque, por lo que rechazó la restitución peticionada por la Procuraduría. Afirma que, esta conclusión surge de la misma errónea valoración probatoria expuesta en el motivo segundo. Explica que, la restitución de las cosas a su estado anterior en materia ambiental es una consecuencia civil preferente y de orden público del hecho punible, que debe ordenarse de oficio por el Juzgador y no depende de que la víctima haya ejercido la acción civil resarcitoria. Sostiene que, al rechazar la restitución, la sentencia avala que se perpetúe la afectación causada por el cambio de uso del suelo (siembra de mangos y otros cultivos). Esto contraviene el principio constitucional de un ambiente sano y equilibrado (Art. 50 CP), el principio pro-natura, y el principio de irreductibilidad del bosque. Reitera que, la Ley Forestal protege el bosque, definido como un ecosistema nativo, intervenido o no, regenerado por sucesión natural o técnicas forestales. Explica que, el área afectada se ubicaba en laderas con pendientes del 35% al 40%, no en zonas planas, lo cual se constató en los informes del SINAC. Por lo que, la restitución es necesaria para asegurar la regeneración del ecosistema y evitar que el infractor derive provecho de la ilicitud realizada. La orden de restitución es proporcional y constituye una limitación de interés público al derecho de propiedad (Art. 45 CP), en resguardo del derecho ambiental. Solicita se dicte la nulidad de la sentencia en cuanto rechaza la solicitud de restitución de las cosas a su estado anterior. ordenando la restitución del lugar afectado a su estado original. Se imponga a la demandada civil Don Quijote S.A. la remoción de los distintos cultivos (incluyendo árboles de mango) en el área de bosque y se permita la regeneración del sitio asistida por reforestación. Se fije un plazo máximo de seis meses para el cumplimiento de la orden. Se ordene a la Oficina Subregional de Cobano del SINAC-MINAE realizar la inspección y rendir el informe respectivo para constatar el cumplimiento. Se prevenga a la señora [Nombre 005], en su condición de presidente con representación judicial y extrajudicial de la persona jurídica, sobre el carácter obligatorio de lo resuelto, bajo apercibimiento de seguimiento de causa por el delito de desobediencia a la autoridad en caso de incumplimiento.

Sin lugar los motivos. Una vez evaluada la sentencia, revisadas las probanzas y analizados los alegatos de la recurrente, se constata que, la decisión de instancia contiene una adecuada motivación y una correcta valoración de las pruebas, sin que se adviertan errores en la construcción del iter lógico utilizado por el A quo para asignarle valor a las probanzas, o en las conclusiones a las que arribó en torno al tema debatido. Como se adelantó, en el considerando anterior, este asunto proviene de un juicio de reenvío siendo que, en el primer debate, se absolvió a los imputados de toda pena y responsabilidad por el delito de cambio en el uso de suelo previsto en el artículo 61 inciso c) de la ley Forestal 7575 y sus reformas. Además, el juicio de reenvío conforme se dispuso en el voto 2024-151 de las 14:00 horas del 07 de marzo de 2024, emitido por la Sección Segunda de este Tribunal de Apelación tenía como objeto los extremos civiles de la acción instaurada contra la empresa Don Quijote S.A, así como resolver lo referente a la restitución o no de las cosas a su estado anterior.

Pues bien, el juicio se realizó con base en las pretensiones civiles interpuestas en la acción civil resarcitoria de la Procuraduría General de la República, en representación del Estado, contra la Sociedad Don Quijote S.A, mediante la cual el órgano estatal buscaba que se condenara a la demandada al pago de ¢61,801,322.71 por concepto de daño ambiental, además de costas e intereses. Adicionalmente, solicitó la restitución de las cosas a su estado original.  El juicio se realizó en base con los siguientes hechos que conforman la demanda civil:

“PRIMERO: Entre el 12 de julio y 21 de agosto del 2017, en la finca inscrita en partido de Puntarenas bajo la matricula número [Valor 002], a nombre de la SOCIEDAD ANONIMA DON QUIJOTE S.A con la cédula jurídica N° [Valor 003], ubicada en la provincia de Puntarenas, Cantón Puntarenas, Distrito Paquera, caserío entrada a Playa Órganos, coordenadas de referencias [Valor 004] y [Valor 005] sistema de proyección CRTM05, lugar donde los demandados civiles [Nombre 004], [Nombre 002] Y [Nombre 003], aprovecharon ilegalmente productos forestales mediante tala y eliminación de bosque natural y adicionalmente realizaron actividades que cambiaron el uso del suelo del bosque. Con el fin de contar con un panorama más claro ante el evento criminal en el sitio del suceso, se describe la afectación de la siguiente manera: Los demandados civiles [Nombre 004], [Nombre 002] Y [Nombre 003], de común acuerdo y con plena distribución de funciones y dominio funcional de los hechos, por su propia mano o interpósita persona, talaron y eliminaron los siguientes sectores de bosque natural, realizando un cambio de uso del bosque e impidiendo su regeneración natural: SECTOR N°1: Se eliminaron por medio de corta 2.69 hectáreas de bosque natural ubicado en ladera con pendiente promedio al 35% y cambio de uso del suelo del bosque. SECTOR N°2: Se ejecutó y ubicó propiamente en el costado derecho de la calle, rumbo a Playa Órganos, lugar donde se eliminaron por corta 2.54 hectáreas de bosque natural en ladera del 40% de pendiente y cambio de uso del bosque. SEGUNDO: Dentro de la distribución de funciones previa para la comisión del ilícito, los demandados civiles [Nombre 002], quien ostenta la calidad de vicepresidente de la SOCIEDAD ANÓNIMA DON QUIJOTE S.A con la cédula jurídica N° [Valor 003], entidad propietaria de la finca matrícula número [Valor 002] donde ocurrieron los hechos, [Nombre 004], quien ostentaba para ese momento el cargo de administrador de la finca en mención, lo cual lo coloca en una posición de jerarquía en el sitio y [Nombre 003] quien desarrollaba las labores de peón de la finca, realizaron u ordenaron la tala de los sectores de bosque antes descritos, en la finca mencionada en el punto primero, eliminando una superficie total de 5,23 hectáreas de bosque, en el que se encontraban árboles de las especies de Laurel, Guácimo y Jobo, todo lo anterior sin contar con los permisos que otorga la administración forestal del Estado. TERCERO: Los demandados civiles [Nombre 002], [Nombre 004] y [Nombre 003], una vez que realizaron la eliminación del bosque natural, realizaron la siembra de árboles de Mango en la zona de bosque que habían eliminado, impidiendo por ende la regeneración del bosque natural, y causando a su vez un daño al ambiente, se deterioraron los recursos naturales y su recuperación, tales como el costo de oportunidad de crecimiento de especies que habitaban en los árboles típicos del lugar provocando la pérdida de la biodiversidad al realizar una explotación destructiva haciendo desaparecer su riqueza biológica; flora, fauna y ecosistemas, así como, pérdida del suelo en su estado natural. CUARTO: Con el actuar delictivo descrito en los hechos anteriores es claro el daño a los recursos naturales y al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, afectación que se refleja en la forma en que el medio ambiente fue destruido y explotado sin control ni regulación alguna por parte de las Autoridades llamadas a regular el desarrollo sostenible, a fin de preservar el equilibrio entre las diferentes especies y la calidad de vida humana, en consecuencia producto del actuar ilícito de los demandados civiles se ha establecido la valoración del daño ambiental en la suma de ¢61,801,322,71 (sesenta y un millones ochocientos un mil trescientos veintidós colones con setenta y un centavos).”

En el juicio de reenvió se emitió la sentencia número 63-2025 de las 16:00 horas del 09 de febrero de 2025, en la que el Tribunal de instancia únicamente tuvo por acreditado que la finca inscrita en partido de Puntarenas bajo la matrícula número [Valor 002], se encuentra a nombre de la SOCIEDAD ANONIMA DON QUIJOTE S.A, cédula jurídica N° [Valor 003] y se ubica en la provincia de Puntarenas, Cantón Puntarenas, Distrito Paquera, caserío entrada a Playa Órganos, coordenadas de referencias [Valor 004] y [Valor 005], según el sistema de proyección CRTM05. Además, estableció que el señor [Nombre 002], ostenta la calidad de vicepresidente de la SOCIEDAD ANÓNIMA DON QUIJOTE S.A con la cédula jurídica N° [Valor 003], entidad propietaria de la finca matrícula número [Valor 002].

Durante el juicio se recibieron los testimonios de Alexander Sánchez Chavarría y Pedro Rojas Chaves, funcionarios del SINAC. También se recibió el testimonio del ingeniero forestal Gustavo Alvarado Salazar (ofrecido por la sociedad Don Quijote), [Nombre 007] (pensionado quien laboró para el Ministerio de Agricultura y Ganadería).

Como prueba documental y pericial se incorporó la denuncia e Informe del Organismo de Investigación Judicial CI-015-18-ORC, folios 1 a 6, Informes del MINAE ACT-OSRLP-456-2017, de fecha 22/08/2017, folios 7 al 11, Acta de Inspección del Organismo de Investigación Judicial de Cobano, de fecha 09/10/2017, folio 14, Certificación del Área de Conservación de Tempisque, Subregión Paquera - Lepanto, folio 15, Certificación de Bosque CPI-04-020-2017, emitida por Área de Conservación de Tempisque, Subregión Paquera - Lepanto, folio 27 a 30, Valoración del Daño Ambiental, folio 60 a 66, personería jurídica de DON QUIJOTE S.A. cédula [Valor 003], propietaria registral de la finca 14996-000, folio 67, Certificación de Juzgamientos, folio 361 a 363, Informe Topográfico foto interpretativo elaborado por Andrés Arroyo Venegas y fotografías certificadas por el Instituto Geográfico Nacional, folios 101 a 118, Informe Técnico elaborado por el Ingeniero Forestal Gustavo Alvarado Salazar, folios 119 a 146, Constancia del Departamento de Zona Marítimo Terrestre DPT-ZMT-PAQ-09-06, folio 171, Certificación del Concejo Municipal de Distrito de Paquera C-SM 001-06-01-2022, folios 172 a 178.

En la fundamentación intelectiva del fallo se explica que no se tuvo por demostrado que entre el 12 de julio y 21 de agosto del 2017, la empresa Don Quijote, actuando por medio de sus empleados y el representante legal, girara instrucciones para la corta, tala y aprovechamiento de árboles de diferentes especies que conformaban un ecosistema de bosque, y tampoco se demostró un cambio de uso de suelo de bosque a uso agrícola.

Para fundamentar su decisión el Tribunal de Juicio esbozó el siguiente razonamiento, el cual se sintetiza para evitar reiteraciones innecesarias.

El A quo analizó en este asunto no se podía aplicar el régimen de responsabilidad civil objetiva previsto en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Ambiente,  debido a que no se logró demostrar la existencia certera de un daño y el nexo causal que se requiere para establecer una condena por este tipo de responsabilidad contra la empresa demandada civil, Don Quijote S.A. Sostuvo que, para aplicar este régimen se requieren tres condiciones indispensables: el factor de imputación de la conducta, la existencia de un daño, y la relación de causalidad entre ambos. Se esbozó que la razón fundamental para la denegatoria de las pretensiones civiles es que no se pudo constatar certeramente la existencia del daño en el período de tiempo que establece la demanda (entre el 12 de julio y el 21 de agosto de 2017). Por lo que, si el daño ambiental no pudo ser constatado, resultaba imposible que prospere la acción civil, debido a que el daño debe ser cierto, real y efectivo, por lo que al no poder demostrarse la existencia efectiva de este no era posible condenar a la demandada al pago de la indemnización ni determinar la responsabilidad ambiental objetiva.

Para arribar a esta conclusión el Tribuna analizó la declaración de Alexander Sánchez Chavarría (Técnico Forestal, SINAC)  y la de Pedro Rojas ingeniero forestal del MINAE, así como los informes ACT-OSRLP-456-2017, el informe CI-015-18-ORC, el acta de inspección 193-IO-ORC-2017, y de una valoración conjunta de esos elementos de prueba, el Tribunal tuvo por cierto que a principios del año 2017, los funcionarios del SINAC recibieron denuncia ciudadana que alertaba de una corta de árboles y a raíz de ello realizaron las inspecciones en el sitio. Destacó la Cámara de Juicio que, esa prueba era insuficiente para arribar a la demostración certera del daño ambiental, y en especial al cambio de uso de suelo de bosque a agrícola. Indicó que, si bien el funcionario Alexander en el año 2017 visitó la propiedad en la cual se alertaba de la tala de árboles, y en dicha visita constató la tala de quince árboles de la especie Laurel, Guácimo y Jobo, entre otras, ese informe era insuficiente para arribar a que en la zona existía bosque. También valoró que, el ingeniero Pedro Rojas visitó la zona dos años después en 2019 y que en ese año se emitió el criterio técnico.  Además, indicó que, según estos testigos, en la zona en la que se detectó la tala de árboles, esta constituía un ecosistema de bosque, y para ello, la metodología que utilizó Pedro Rojas fue delimitar otras parcelas dentro de dicha propiedad y si estas calificaban como bosque, por ende, en la zona afectada también debió ser bosque y haber la misma cantidad de árboles que en las otras parcelas utilizadas como muestra, y de ahí la conclusión de que se talaron 5.23 hectáreas.

En la sentencia, se confrontó la metodología utilizada por los funcionarios del SINAC, contra lo declarado por el ingeniero forestal Gustavo Alvarado Salazar, y lo depuesto por [Nombre 007] (funcionario pensionado del MAG). Se destacó en la sentencia que el perito Gustavo Alvarado, refirió que la zona que los funcionarios del SINAC certifican como bosque ha sido durante muchos años un área dedicada a la agricultura y ganadería, y según la inspección que el perito realizó constató que dicha zona no califica como bosque. Además, se valoró que el perito indicó que, si bien en los informes oficiales se menciona la medición de árboles, la realización de un inventario, y la delimitación de parcelas, esos datos no estuvieron disponibles para verificarlos. Tampoco se pudo verificar la parte estadística de los informes oficiales ya que no había una metodología descriptiva que pudiera ser replicada, por lo que se desconocía como se recolecto la información. También explicó el Tribunal que según lo depuesto por Gustavo Alvarado, el muestreo realizado por los funcionarios del SINAC en el montaje de parcelas, se concluyó que en el sitio muestreado existían de 370 a 380 árboles y que el área evaluada y muestreada era igual al área afectada, por lo que en un área total de 5.3 hectáreas, la cantidad de árboles cortados serían de 1800 a 1900, lo cual representa un impacto significativo, y al realizar la inspección no encontró evidencia de un daño ambiental de esa magnitud. También apreció la Cámara de instancia que, según lo declaró dicho perito, para el año 2021, en que se realiza la visita de campo por su parte, en el área evaluada estaba desprovista de vegetación arbórea, y que, por el contrario, se encontró gramínea (pasto y zacate) lo cual supone la ausencia de bosque.  También valoró el Tribunal de Juicio la declaración de [Nombre 007], funcionario pensionado del MAG, quien indicó que con ocasión de sus funciones de asistencia y asesoramiento visitó la propiedad durante varios años, y que en esa zona donde en apariencia se dio la tala de árboles, ha sido dedicada desde años atrás, a la siembra de maíz, mango y otras especies e indicó que en esa zona no ha existido bosque y que tampoco se percató de una tala de árboles significativa en esa zona. Este funcionario describió la finca, indicando que un sector que antes era dedicado a ganadería ha tenido una regeneración natural, y el área de cultivo es zona agrícola. También para concluir que no existía bosque en esa zona, valoró el informe topográfico de folios 101 y siguientes, con sus anexos que son fotografías certificas por el departamento topográfico del Registro Nacional, así como las fotografías de folios 110 al 118, y de dicho informe el Tribunal de Juicio destacó que en las coordenadas señaladas en los informes del MINAE para los años 1971, 1981, 1990, 1996, 1998, 2005, 2014, 2016 y 2017, se logra observar con claridad el camino identificado como entrada a playa Órganos a ambos lados del camino, además, se observa un área desprovista de cobertura boscosa, cuyo uso se asemeja a agricultura de subsistencia. También el Tribunal valoró el informe técnico de folios 119 a 146 elaborado por el ingeniero forestal Gustavo Alvarado Salazar y de dicho informe, así como de la explicación dada por el perito durante el juicio, concluyó que durante los años 1997 a 2017, en las coordenadas consignadas en los informes del SINAC hay una ausencia de cobertura arbórea lo que denota que esa zona tenía otros usos y no era un área de bosque. También valoró la conclusión descrita en ese informe que indicaba que a partir de estas imágenes se descartó la existencia de un ecosistema de bosque en esa zona, y que más bien, los árboles que se aprecian son de mango, que tienen una antigüedad de más de veinte años.  

A partir de estas pruebas, el Tribunal concluyó que las probanzas evacuadas no permiten sostener que, en un plazo aproximado a los dos meses, sea de julio a agosto del 2017, en la propiedad que pertenece a la demandada civil se talaran 5.23 hectáreas de bosque natural, más bien la prueba indicaba que la zona impactada a lo largo de los años ha sido utilizada para cultivo. Asimismo, la Cámara de instancia argumentó que, en el caso en particular no fue posible la constatación del daño ambiental que se alegaba por parte del Estado, debido a que no se logró establecer que se realizara la tala y eliminación del bosque natural en el periodo que señala la demanda, razón por la cual no es posible ordenar la restitución de las cosas a su estado natural, sea disponer que en dicha área se eliminen los cultivos y se permita la regeneración natural del bosque. Hasta aquí los argumentos del Tribunal de instancia.

Sobre el fondo de los reclamos. Como se resumió en el apartado de interposición de los motivos segundo y tercero, la Procuraduría General de la República combate la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de Juicio, así como las razones que se dieron para desestimar la demanda civil, y la pretensión de que la empresa demandada eliminara los sembradíos y permitiera la regeneración natural del bosque en dicha zona.  Una vez analizada la sentencia y evaluado los argumentos de la recurrente, se concluye que la decisión de instancia contiene una adecuada motivación.

En este asunto, la sentencia permite comprender que la razón esencial para desestimar la demanda consistió en que no se demostró que en la zona inspeccionada por los funcionarios del SINAC, en especial para los meses de julio y agosto de 2017, existiera un ecosistema de bosque, que fuera eliminado en 5.3 hectáreas, y que fuera sustituido por plantaciones de mango y otros sembradíos.  Como se indicó en el apartado del resumen de los argumentos dados por la Cámara de instancia, se comprende que la prueba aportada por el Estado resultó insuficiente, y esta Cámara de Apelación concuerda con dicha conclusión por lo siguiente. Uno de los alegatos de la recurrente, consiste en que se le otorgó credibilidad a la prueba pericial y al testimonio rendido por el ingeniero forestal Gustavo Alvarado, sin embargo, la recurrente no da razones o parámetros objetivos que tuvo que analizar la jueza de instancia para desvirtuar las conclusiones de la pericia elaborada por dicho experto, más allá de su mera inconformidad con los resultados expuestos en dicha pericia.  En este sentido, no es un tema controvertido ni fue cuestionado durante el contradictorio la experticia y conocimiento que ostenta Gustavo Alvarado Salazar, como ingeniero forestal para hacer la pericia peticionada por la empresa demandada Don Quijote S. A.  Además, no lleva razón la recurrente cuando cuestiona la validez de la pericial realizada por dicho profesional al indicar que se realizó en el año 2021, ya que ese dato está descontextualizado, debido a que si bien la inspección de campo la hizo el profesional en ese año, el informe pericial tuvo como sustento, un análisis topográfico de la zona que incluía imágenes que datan desde el año 1998 a 2017, por lo que la sola época de realización de la inspección no es una razón suficiente para restarle validez a dicha prueba.  Además, el razonamiento esbozado por la apelante resulta contradictorio, debido a que la inspección que realizó el funcionario del SINAC, Pedro Rojas Chaves, tampoco es contemporánea a los hechos (2017), sino que esta diligencia, se realizó dos años después (agosto 2019), por lo que, siguiendo la misma lógica de la apelante, dicha pericia por haberse realizado años después también seria inválida.  Otra de las quejas de la apelante, es indicar que la información que utilizó el perito se basó en la observación del terreno que colinda con el camino, cuando la zona afectada estaba situada en otro lugar, no obstante, nuevamente dicha apreciación es sesgada, debido a que el informe de folios 120 al 146 describe ampliamente la zona inspeccionada y tal y como se indica en dicho informe el área evaluada corresponde con las coordenadas descritas por los informes del SINAC.  Además, las imágenes que acompañan dicho informe dan cuenta de que la evaluación que realizó el perito es más amplia, por ende, no es correcta la afirmación de que solo se valoró el terreno contiguo a la carretera.   Por lo que resultan improcedentes, estos alegatos que hace la apelante, para descalificar la idoneidad y utilidad de la prueba pericial aportada por la empresa demandada.

En este orden de ideas, tal y como se indica en la sentencia, el punto medular en que se fundamentó la decisión de instancia constituyó los alcances de la prueba aportada por la Procuraduría para la determinación de la existencia de bosque en la zona afectada y la metodología utilizada por los funcionarios del SINAC para arribar a dicha conclusión.  Como bien se indica en el fallo no fue un hecho controvertido que los funcionarios del SINAC Alexander y Pedro atendieran una denuncia por corta de árboles, y por un presunto cambio de uso de suelo sin autorización respectiva, en una propiedad situada en distrito Paquera, cantón Central de la provincia de Puntarenas, caserío Entrada a Playa Órganos. Detalles: sector al costado izquierdo y derecho de la entrada, a Playa Órganos: coordenadas de referencia: [Valor 004] y [Valor 005].  Como se analizó en la sentencia de instancia en el informe ACT-OSRLP-456-2017, se describe la corta de árboles (15 árboles cortados) y se indica que dicha zona era bosque.  Pues bien, el punto debatido durante el contradictorio y que requirió de prueba técnica, era determinar si en el área inspeccionada existía o no un ecosistema de bosque.  Al efecto hay que destacar que el concepto de bosque está definido a nivel legal en el artículo 3 inciso d) de la Ley forestal que establece lo siguiente:

d) Bosque: Ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado por sucesión natural u otras técnicas forestales, que ocupa una superficie de dos o más hectáreas, caracterizada por la presencia de árboles maduros de diferentes edades, especies y porte variado, con uno o más doseles que cubran más del setenta por ciento (70%) de esa superficie y donde existan más de sesenta árboles por hectárea de quince o más centímetros de diámetro medido a la altura del pecho (DAP).

Este término técnico jurídico en este caso resulta relevante, debido a que el concepto de bosque no es la presencia de varios árboles en un área determinada, sino que la zona debe comprender más de dos hectáreas, en las que debe existir  más de 60 árboles grandes por cada hectárea, el tamaño del árbol se mide por el diámetro del tronco a la altura del pecho (DAP), que debe ser de 15 centímetros o más y visto desde arriba, las copas de los árboles (el dosel) deben cubrir más del 70% del terreno. Es decir, es un lugar muy sombreado y tupido con variedad y cantidad de árboles.

Pues bien, resulta que, en este asunto, si bien en el informe ACT-OSRLP-456-2017, se indica que se taló una zona de bosque, en dicho informe no se establece cuál fue la metodología usada para llegar a esa conclusión, tal y como lo indicó el perito Gustavo Alvarado, durante su deposición. Además, según se desarrolló en el fallo, el informe ACT-OSRPL-2019, elaborado por el área de Conservación Tempisque visible de folios 27 al 30, según se indica en la metodología, para determinar la presencia de bosque se inspeccionaron dos parcelas situadas en dicha propiedad, y en esa zona de muestreo se determinó la presencia de bosque, por lo que, el peritaje concluyó que, si en este sitio había bosque, en el área intervenida también había bosque. 

Según se desarrolla en el fallo de instancia, el Tribunal descartó esta conclusión esbozada en el informe del SINAC, debido a que, con base en otra prueba técnica, existía información de que, en la zona intervenida o afectada, desde hace más de diez años no había bosque, y que, esa área estaba dedicada a la agricultura desde tiempo atrás.  Para apoyar esta conclusión, el Tribunal se fundamentó, en el informe pericial elaborado por el perito Gustavo Alvarado, en el cual se describe de forma amplia la zona afectada, se destaca la presencia de sembradíos de agricultura antiguos, y se concluye que, si bien hay árboles, esta zona no reúne la característica de bosque.  De igual manera, otro elemento de prueba relevante, lo constituyó el informe topográfico foto interpretativo elaborado por el topógrafo Andrés Arroyo Venegas, de folios 101 al 118, en el que se indica que con base en fotografías oficiales del Instituto Geográfico Nacional (años 1971,1981,1990,199611998,2005, 2014), así como imágenes de Google Earth de los años 2005 y 2016, e imágenes del Sistema de Información Inmobiliario correspondiente a fotografías de 2017, se concluye que en la zona que corresponde al camino a playa Órganos, a ambos lados de la carretera y en una distancia de 400 metros en dirección sureste se observa durante ese periodo una zona desprovista de bosque, sitio que es concordante con la zona de estudio de este proceso. Finalmente, el Tribunal de Juicio se apoyó en el testimonio del funcionario pensionado del Ministerio de Agricultura y Ganadearía, quien visitó la propiedad durante varios años, en virtud del asesoramiento técnico que brinda esa entidad a los agricultores, e indicó que esa zona ha sido agrícola varios años antes de los hechos, y que en ese sector no existía bosque. 

Ahora bien, la Procuraduría, en sus alegatos, pasa por alto, que  la decisión del Tribunal de instancia no solamente se basó en la declaración del perito Gustavo Alvarado, sino también en otra prueba técnica, tal como el estudio topográfico foto interpretativo, y en la declaración de [Nombre 007] (funcionario pensionado del MAG), y, a partir de estas probanzas se concluyó que el sector en el que se hizo la inspección, si bien se talaron árboles, dicha área no reunía las condiciones para ser calificado como un ecosistema de bosque, por lo que se desestimó la demanda instaurada por el Estado, por el cambio de uso de suelo y afectación ambiental. Adicionalmente, es importante destacar que, en este caso, la metodología usada por el SINAC, de muestreo y extrapolación, permite establecer conclusiones basadas en criterios de probabilidad, y en este asunto, se contó con otros elementos de prueba que informaban que en esa zona, aunque si habían árboles y estos fueron cortados, no se podía establecer con la certeza necesaria que dicha área reuniera la condición de bosque, según los términos de la Ley Forestal, y que más bien, con un examen conjunto de las probanzas, se concluyó  que había evidencia que daba cuenta que desde años atrás, esa zona estaba dedicada a la agricultura.

De igual manera no es cierta la afirmación de la apelante en que no se valoró de forma adecuada los informes elaborados por los funcionarios del SINAC, y los testimonios de Alexander y Pedro, ya que como se explicó líneas atrás, el Tribunal de instancia sí ponderó esas declaraciones, así como los informes emitidos por dicho órgano, solamente que, en este caso, se concluyó que la información que se desprendía de este conjunto de pruebas era insuficiente para arribar a la acreditación con el sustento probatorio necesario e idóneo de que el área inspeccionada constituyera un ecosistema de bosque.

Asimismo, los otros alegatos que esboza la apelante referente a la idoneidad de la prueba pericial elaborada por Gustavo Alvarado se circunscriben a meras conjeturas subjetivas, ya que, en dicho informe se explica de forma amplia la metodología utilizada por dicho profesional, así como se corrobora que se anexaron los soportes visuales y datos (imágenes) que soportan el criterio técnico esbozado en dicho informe, en cuanto a que en esa zona no había un ecosistema de bosque.  Sobre este punto, es importante destacar que, en autos constan fotografías variadas de la zona de interés, en las cuales se aprecia la vegetación descrita por el perito Gustavo Alvarado, que es característica de una zona dedicada a la agricultura y actividades agropecuarias (ganado), lo cual es un elemento relevante que da sustento al criterio técnico emitido por dicho profesional. Asimismo, y tal como lo explicó el perito en su testimonio, según el informe del SINAC, en dicha zona se habrían cortado aproximadamente de 1800 a 1900 árboles, y es claro, que la corta de árboles en esa cantidad deja un impacto ambiental notable con el paso del tiempo, y tal y como se aprecia en las fotografías que contan en el expediente a folios 34, 35, 36, 37. 38, 39, 40, no se aprecia una tala de árboles de esa magnitud. Incluso, el informe que realizó el Organismo de Investigación Judicial CI-015-18-ORC, da cuenta que la cantidad de árboles que el SINAC contabilizó fue 15 árboles cortados, lo que difiere en demasía con la cantidad de árboles que se asume fueron talados (1800).

Además, como otro argumento relevante es que de la revisión que hizo esta Cámara de Apelación no se detecta prueba suficiente para establecer la tesis que fundamentó la demanda civil que se centró en el cambio de uso de suelo, por variar un ecosistema de bosque a agrícola. En este sentido, al no haberse establecido con prueba necesaria que el área en estudio constituyera un bosque, lo procedente, tal y como lo resolvió el Tribunal de instancia era denegar la pretensión de que la empresa demandada eliminara los cultivos y restituyera el terreno a su estado anterior.

Por lo que, esta Cámara de Apelación no aprecia falencia alguna en la argumentación realizada por el Tribunal de instancia en lo concerniente al elenco de pruebas o en las conclusiones a las que arribó para desestimar la demanda civil instaurada por la Procuraduría General de la República.

IV. Del recurso interpuesto por el defensor particular Gustavo Chang Mora. Alega inconformidad con la decisión del Tribunal de instancia de eximir del pago de las costas al Estado representado por la Procuraduría General de la República, a pesar de que se declaró sin lugar la demanda civil.  Alega errónea aplicación del artículo 267 del Código Procesal Penal.  Sostiene que, en este segundo juicio (reenvío) se debió condenar en costas a la parte actora civil, esto debido a que, en el primer juicio, se absolvió a los imputados de toda pena y responsabilidad y que incluso tanto el Ministerio Público, como la Procuraduría en su condición de Querellante, pidieron la absolutoria de los encartados en lo atinente a la responsabilidad civil. Sostiene que, en este segundo juicio a diferencia del primero, la Procuraduría conocía de la prueba y que las declaraciones de los funcionarios del SINAC eran endebles y no superarían un examen crítico y pese a ello, sostuvieron su postura de una tala ilegal y la existencia de un daño ambiental. Además, a pesar de que en este segundo juicio declaran sin lugar la demanda civil, vuelven a recurrir el fallo, por lo que estima que sus actuaciones demuestran una mala fe procesal y que por ende no hay razón plausible para litigar. Dice que hay mala fe por parte de la Procuraduría debido a que la abogada del Estado, en el segundo juicio, se opuso a que se recibiera la prueba pericial ofrecida por la defensa de los demandados civiles, por lo que intentó que se desconociera prueba que ya había sido valorada en el primer juicio y que era favorable a la empresa demandada.  Añade que también se dio una deslealtad procesal por parte de dicho órgano, al desconocer la omisión en la que había incurrido el Juez de la fase intermedia, y que propició que, en el segundo juicio, la jueza tuviera que verificar el audio de dicha audiencia a fin de constatar dicho vicio. Dice que tampoco debe obviarse la forma en que la Procuraduría hostigó al testigo Alvarado Salazar al cuestionarle cuánto se le había pagado por dicho peritaje y sugiriendo que, su intervención profesional estaba movida por intereses espurios. Solicita que se declare con lugar el recurso de apelación por adhesión y se revoque parcialmente la sentencia 63-P-2025, solo en cuanto exoneró a la parte vencida del pago de las costas correspondientes a la acción civil resarcitoria y en su lugar, se condene al Estado al pago de ambas costas por la acción civil resarcitoria.  Supletoriamente, solicita se ordene el reenvío ante el Tribunal de Juicio para conocer exclusivamente de ese extremo.

Sin lugar el motivo. El reclamo del apelante es muy concreto y se centra en su desacuerdo por la decisión de exonerar en costas a la parte vencida, que en este asunto es el Estado representado por la Procuraduría General de la República. 

Al revisar la decisión de instancia y los antecedentes de este asunto, se concluye que no le asiste razón al apelante.  En la sentencia 63-P-2025, en el considerando VI dedicado a las “Costas”, se indica que se exonera del pago de costas al Estado al existir razón plausible para litigar, debido a que la demanda se basó en los informes emitidos por el SINAC, y fue necesario realizar el contradictorio a fin de constatar o no la existencia del daño ambiental reclamado.

Pues bien, en este asunto, se constata que, en efecto, para el momento en que se interpone la demanda civil por parte del Estado, la cual fue instaurada en fecha 10 de setiembre de 2021, ya el Ministerio Público había concluido con la investigación y formuló una acusación contra los imputados por el delito previsto en el artículo 61 inciso c) de la Ley Forestal.  Es decir, para este momento, existía una razón plausible para litigar, al punto que fue necesario la realización de un primer juicio, para dirimir la existencia del daño ambiental reclamado.  Con ocasión de este primer debate se emitió la sentencia número 251-2023 del 01 de junio de 2023, en la cual se declaró sin lugar la demanda civil y se eximió al Estado del pago de las costas por dicha acción civil, siendo que dicha decisión no fue apelada por los demandados civiles.  Ahora bien, con la emisión de esta sentencia, la Procuraduría General de la República interpuso recurso de apelación únicamente en lo concerniente a los extremos civiles y dicha impugnación fue resuelta por la sección segunda del Tribunal de Apelación de Sentencia del III Circuito Judicial, mediante el voto 2024-151 de las 14:00 horas del 7 de marzo de 2024, en la que se acogió el recurso de apelación instaurado por el Estado y se ordenó el juicio de reenvío para que se discutiera lo relativo a si se debía disponer o no la restitución de las cosas a su estado anterior, y en cuanto a la acción civil instaurada por el Estado, en lo concerniente.   Esto originó un segundo juicio, en el cual se emitió la sentencia 63-P-2025, que es objeto de impugnación, y en la que se exoneró a la parte vencida (Estado) al pago de las costas. 

Este recuento es necesario debido a que demuestra que la realización del segundo debate se dio con ocasión de la facultad que le reconoce el ordenamiento jurídico a las partes intervinientes de interponer recurso de apelación contra la sentencia emitida por el Tribunal de Juicio (artículos 458 y siguientes del Código Procesal Penal), por lo que, no se puede argüir que el Estado actuó de mala fe, en el segundo juicio, al sostener sus pretensiones civiles, concernientes a que se restituyeran las cosas al estado al que estaban antes de los hechos y a que se condenara a la empresa Don Quijote S. A, por responsabilidad objetiva por el eventual daño ambiental, toda vez, que un Tribunal de la Repúblico estimó que era necesario que esos aspectos civiles se dirimieran en un nuevo juicio. Por lo que lo razonable y esperable para el momento en que se realiza el segundo debate, es que el Estado, representado por la Procuraduría General de la República mantuviera sus pretensiones civiles, ya que más bien, en caso contrario de desistir de dicha demanda (expresa o tácitamente), la condenatoria en costas era inminente por así disponerlo los artículos 117 y 118 del Código Procesal Penal.  Por lo que no lleva razón el apelante cuando indica que el Estado actuó de mala fe, al sostener sus pretensiones civiles en el juicio de reenvío.   De igual manera tampoco es de recibo la postura del apelante de calificar de mala fe procesal, lo actuado por el Estado, al oponerse en el segundo debate a la incorporación de prueba ofrecida para mejor proveer por la demandada civil, o cuestionar ahora en alzada el interrogatorio que la abogada del Estado realizó durante el juicio,  ya que, intervenir en el proceso y expresar su postura sobre cada una de las cuestiones debatidas, e interrogar a las partes y hacer las preguntas que estime útiles y pertinentes, es una facultad del actor civil, y forma parte de la garantía del debido proceso que está recogida en los artículos 1, 2, 4, 9, 12,37, 111, 112, 114, 116, 175 y 178 del Código Procesal Penal.  Por lo que, no se aprecian elementos objetivos para considerar que en este asunto el Estado ha litigado de mala fe, más bien por el contrario, hay sustento para aplicar la exoneración en costas debido a que el juicio de reenvío fue ordenado por un Tribunal de Apelación y, por ende, la buena fe de parte del Estado, por su intervención en el nuevo juicio queda constatada siendo procedente desestimar el reclamo realizado por el apelante.

POR TANTO

 Se declaran sin lugar el recurso de apelación de sentencia instaurado por la Procuraduría General de la República, así como el recurso de apelación por adhesión interpuesto por el defensor Gustavo Chan Mora.

 

Firmado digitalmente

Gaudi móvil BCCR

 

 

Adriana Escalante Moncada

 

 

 

Alejandro Piedra Pérez                            Francisco Lemus Víquez                                                                                     

Jueces de Apelación de Sentencia

 

 

 

Expediente Nº 17-000383-832-PE

Contra: [Nombre 002]

Delito: Cambio de Uso de Suelo

En perjuicio de: Los Recursos Naturales

angie

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 02-03-2026 20:09:46.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**RESULTANDO:**

1. That through judgment number 63-P-25 at sixteen hundred hours on February nineteenth, two thousand twenty-five, the Trial Court of Puntarenas resolved: "**POR TANTO:** In accordance with the foregoing, Articles 39, 41, 45, 46, 50 of the Political Constitution, numerals 2, 98 and 101 of the Organic Environmental Law, 1, 41, 42 and 52 of the Law on Use, Management and Soil Conservation, 1, 19 and 20 of the Forest Law, Articles 265, 266 and 267 of the Code of Criminal Procedure, numerals 10, 701, 1045, 1046, 1048 of the Civil Code, numerals 37.2, 73.2.4 of the Code of Civil Procedure, it is resolved: 1. The Civil Action for Damages filed by the Attorney General's Office against the civil defendant DON QUIJOTE S.A., represented by [Name 002], is declared without merit. 2. The material defenses of lack of right and lack of passive standing are upheld. 3. The request for restoration (restitución) of things to their original state is denied. Resolved without special condemnation in costs for there being plausible reason to litigate. By reading, be notified.- Pilar Quesada Zamora. Judge of the Trial Court of Puntarenas."

2. That against the foregoing ruling, licensed attorney Zaray Chavarría Prado and Dr. Gustavo Chan Mora have filed appeals of the judgment.

3. That having verified the respective deliberation, pursuant to the provisions of Article 465 of the Code of Criminal Procedure, the Sentence Appeals Court of the III Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón, proceeded to hear the appeal.

4. That the pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings.

The Sentence Appeals Judge Escalante Moncada writes; and,

**CONSIDERANDO:**

I. Licensed attorney Zaray Chavarría Prado, Criminal Prosecutor, files an appeal against judgment number 63-P-25, issued by the Criminal Court of Puntarenas on February 19, 2025, which declared the Civil Action for Damages filed by the Attorney General's Office against the legal entity Don Quijote S.A. without merit and denied the request for restoration of things to their original state. Also, within the corresponding time limit, an adhesion appeal was filed by the special judicial attorney-in-fact, Gustavo Chan Mora, representing the civil defendant Don Quijote S.A. Both appeals having been filed within the time limits provided by law, and meeting the formal requirements for challenge, both appellate briefs are admitted for a hearing on the merits.

II. Oral hearing before the Sentence Appeals Court. It is hereby noted that Judge José Alejandro Piedra Pérez, who is a member of this Chamber, did not participate in the oral hearing held in this summary proceeding for the resolution of this process, without this causing any grievance to the intervening parties, since no novel evidence was introduced during the hearing, no testimonial evidence was received, and the interventions of the procedural subjects were recorded in the respective audiovisual backup, to which this Chamber has had access. Thus, there is no impediment for him to hear and resolve the merits of the appeals filed. The foregoing in accordance with the criterion of the Criminal Cassation Chamber and the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice developed in votes 1739-1992 at 11:45 a.m. on July first, 1992, cited in judgment 6681-96 at 3:30 p.m. on December 10, 1996, stated: “…Due process is not affected, nor is the principle of immediacy, by this solution, to the extent that in no case where evidence is received, or a new element is provided, will judges other than those who were at the hearing be allowed to resolve the matter, and this may only be done when a) there are justified reasons or b) when what occurs in the oral hearing is only a summarization of the grounds for each of the reasons that have already been presented or are contained in writing previously, without providing anything new. Rather, in this type of situation, it is in the interest of speed and justice that unnecessary delays are not caused that prejudice both the interests of the parties and those of the administration of justice…”.

III. Regarding the appeal filed by the Attorney General's Office. In her appeal, the appellant recounts the relevant background of this process, which is summarized as follows:

Initial Sentence: By judgment 251-P-2023, of June 2023, the Criminal Court of Puntarenas acquitted defendants [Name 002], [Name 003], and [Name 004] of all penalty and responsibility for the crime of land-use change (cambio de uso del suelo). Additionally, it declared the Civil Action for Damages against them and Don Quijote S.A. without merit, and denied the request for restoration.
Recursive phase: The Attorney General's Office filed a prior appeal against said judgment, alleging the denial of the request for restoration and the dismissal of the civil claim against Don Quijote S.A. Said challenge was resolved by the Sentence Appeals Court of the III Judicial Circuit of San Ramón, through resolution 2024-00151 of March 2024, which upheld the two grounds of appeal and ordered the referral of the case for a new proceeding, limited solely to the appropriateness of the restoration of things to their prior state and for a new proceeding on the civil action for damages against the corporation.

Grounds of appeal.

In the first ground, it alleges illegitimate incorporation of evidence and violation of due process, because a defective procedural act was upheld and expert evidence was admitted, which it deems should not have been incorporated into the process. It states that the Trial Court erroneously upheld the defective procedural act raised by the defense of the civil defendant Don Quijote S.A., based on an alleged failure of the judge to resolve the offering of expert Gustavo Alvarado Salazar and his technical report from 2021 during the preliminary hearing. It argues that the alleged defect does not fit the cases of absolute nullity established in Article 178, subsection a) of the CPP. This procedural figure is designed to protect fundamental guarantees of the defendant in criminal matters, not to remedy ordinary procedural omissions attributable to the technical defense of a civil party. It explains that, in the civil action processed within the criminal process, the dispositive principle applies, which implies it was the defense's exclusive responsibility to file the corresponding appeal at the opportune procedural moment, but on that occasion it did not claim the omission in the order for trial and by not doing so, a procedural preclusion was generated, which prevented admitting said evidence. It affirms that, by upholding the defective act, the court relaxed the legal requirements for admission of evidence in favor of one of the parties, breaking the rules of preclusion and the dispositive principle, which caused an imbalance and substantial procedural harm to the PGR, since evidence (testimony of expert Alvarado and his technical report) was admitted outside the legally prescribed time (preliminary hearing). It requests that judgment 63-P-2025 be annulled and that said expert evidence be ordered excluded from the process and a retrial be ordered for a new proceeding on the civil issues.

The ground is dismissed. The appellant's complaint lies in considering that the acceptance of the expert evidence relating to the report rendered by engineer Gustavo Alvarado, and his testimony received in the trial phase, was improper, and that, therefore, it must be excluded from the body of evidence. As stated in the case file, the Criminal Court of Cóbano, by resolution at 9:14 a.m. on December 15, 2021, convened a preliminary hearing for ten o'clock a.m. on January 13, 2022 (cf. Folio 92). Within the time granted, the defendant company, represented by special judicial attorney-in-fact Gustavo Chan Mora, on behalf of the civil defendants, offered as evidence, among others, an expert report prepared by engineer Gustavo Alvarado Salazar, as well as his testimony. (cf, folio 99). The preliminary hearing was held on January 13, 2021, an occasion on which the defense attorneys for the civil defendants offered as evidence both the statement of expert Gustavo Alvarado Salazar and the report rendered by him. Subsequently, the judge, by means of an order for trial issued orally, at said proceeding, did not rule on the admission or rejection of that evidence. (cf. Folios 169 and 170). Subsequently, in the retrial, at the debate hearing on February 10, 2025, defense attorney Gustavo Chan Mora requested that the expert opinion rendered by engineer Gustavo Alvarado and his testimony be admitted as evidence for a better decision. For its part, the Attorney General's Office objected to the defective procedural act raised by the defense and requested that said evidence be rejected. The Trial Court, after hearing the positions of the parties, and after listening to and reviewing the recording of the preliminary hearing and verifying the omission by the Criminal Judge of the intermediate stage to issue a ruling on the evidence offered by the defense, proceeded to admit Gustavo Alvarado as an expert, as well as the expert report rendered by him (transcript of the debate from folios 369 to 374).

Now, having analyzed the decision of the Trial Court regarding the admission of evidence, it is verified that it conforms to the legal system, for the following reasons. According to the background of the case, the defense timely offered, when it was granted the hearing of Article 316, the expert report and the testimony of expert Gustavo Alvarado, a motion it reiterated at the preliminary hearing, and as stated in the minutes of said judicial proceeding (cf. Folios 168 to 170), the Criminal Judge omitted to rule on said evidence that the defense had timely offered, and the Trial Court so verified upon reviewing the corresponding audio of said hearing. Therefore, faced with this scenario, in which the judge omitted to rule on duly offered evidence, an absolute defective procedural act is evident, which causes harm to the interested party, because it affects the right of defense, and specifically the right to offer useful and pertinent evidence for the subject of the debate (178 and 179 of the Code of Criminal Procedure). Thus, in that sense, the Trial Court's decision to correct the defect and give the defense the opportunity to offer that evidence again conforms to what is prescribed in our criminal procedural system. Additionally, Article 320 of the Code of Criminal Procedure indicates that, regarding evidence that has been arbitrarily rejected by the Criminal Judge, the interested party is entitled to offer it again in the trial phase. This regulation is fully applicable to the specific case, since, in the absence of a ruling by the criminal judge on said evidence, it is concluded that it was arbitrarily rejected due to the criminal judge's omission and his duty to rule on everything raised by the parties in the preliminary hearing (Articles 318 and 319 of the Code of Criminal Procedure). Additionally, and more abundantly, the actions of the Trial Court, regarding the admission of said evidence as evidence for a better decision, for purposes of settling the civil issues for which the retrial was being held, also has regulatory support in Article 5.6 of the Code of Civil Procedure which establishes that one of the powers of the Court is the search for truth. Likewise, numeral 41.3 also empowers the Civil Court to receive evidence during the trial phase and regarding this establishes the following:

41.3 Admissibility of evidence. Evidence that has a direct relationship with the facts and the claim shall be admissible, provided they are controverted. Evidence referring to facts expressly admitted or that must be taken as such according to law, supported by an absolute presumption, evident or notorious, as well as impertinent, excessive, inconducive, or illegal evidence, shall be rejected. In the same resolution, the court shall indicate the admitted evidence and the evidence it rejects. At the hearing in which evidence is admitted, the court may propose to the parties the incorporation of other evidence not offered and even order it ex officio."

From the preceding article, it is easily deduced that civil procedural regulations also empower the Trial Court to receive, even ex officio, those pieces of evidence that are useful and necessary for resolving the civil controversy raised. In the case under examination, the expert report found at folios 118 to 146, due to the scope of its study, was useful and pertinent, in addition to the fact that it constitutes evidence timely offered by the defense. Therefore, it is concluded that there is no error whatsoever on the part of the Trial Court in admitting said evidence, and consequently, the claim raised is dismissed.

Second and third grounds. As the grounds are related to the reasoning of the judgment and the assessment of evidence, they are resolved jointly. In the second ground, it invokes erroneous assessment of evidence and violation of the rules of sound judgment for not civilly condemning the corporation Don Quijote. The appellant argues that undue credibility was given to the defense expert provided by the civil defendant, Gustavo Alvarado Salazar, who with his testimony countered the official technical evidence of SINAC. She criticizes that the inspection carried out by Gustavo Alvarado was conducted in 2021, approximately four years after the events that date back to 2017, limiting his capacity to evaluate the original damage, especially because the site had been altered with agricultural crop plantings. Expecting to observe the existence of forest on the site four years after the impact lacks logic because this ecosystem was eliminated by the illicit actions perpetrated in the year 2017 and was replaced by the planting of mangos and other agricultural species, so evidently, the characterization of forest was not going to be found at the time the expert visited the site. Furthermore, she alleges that said expert report lacks rigor, because a technical assessment was not carried out to determine if the site met the legal definition of forest (Art. 3, subsection d) of the Forest Law), and it was limited to pointing out that the SINAC methodology could not be replicated, so she considers that his categorical affirmation that the site did not correspond to forest lacks technical basis. She states that during the cross-examination of the expert, it became evident that the route taken by Gustavo Alvarado during the visit was along the side of the property's road, and he did not reach the sector where the environmental impact was, which is seen in images taken in 2017, in which it can be seen that the affected area is devoid of forest, and in the photos taken in 2021 by the expert, that environmental damage is no longer visible. She explains that, in the judgment, the Trial Chamber adopted the reasoning set forth by said expert, according to which if 1800 trees had been felled, "it must appear that a hurricane passed through," and said conclusion lacks legal and technical basis. She details that, to conclude the existence of an environmental impact, the official methodology evaluates defined criteria, such as tree density, cover (cobertura), and not by a visual appearance. She criticizes that the Trial Court did not assess, under sound judgment, the technical and testimonial evidence of SINAC officials Alexander Sánchez Chavarría and Pedro Rojas Chaves. These officials did apply a scientific methodology of forest sampling according to technical and legal parameters to determine that 5.23 hectares of natural forest ecosystem were eliminated. She states that the Court made an isolated and biased assessment of the OIJ report, focusing on the mention of only 15 felled trees, but omitting that the same document, four months after the events, described an impact to the forest ecosystem, which was consistent with the SINAC reports. She details that in the environmental damage report ACT-OSRPL-571-2021, issued by engineer Pedro Rojas Chaves, the environmental impact is established based on the correct methodology, which takes into consideration tree density, cover, among other factors, as well as the unauthorized intervention in said ecosystem. She argues that the court did not carry out an assessment under sound judgment and reasoned appreciation of the technical and legal reasonings of the SINAC reports and the statements given by officials Alexander Sánchez Chavarría and Eng. Pedro Rojas Chaves, and leaned towards tardy and insufficient evidence. She affirms that this evidentiary bias seriously affects the objective assessment of the evidence and generates a direct consequence in the rejection of the civil action filed by the Attorney General's Office. To support her claim, the appellant transcribes excerpts from the reasoning outlined in the challenged judgment, as well as segments of the statement of expert Gustavo Alvarado. She affirms that, had it carried out an integral and objective analysis of the technical and testimonial evidence provided by SINAC officials, the court should have upheld the civil action for damages filed against Don Quijote S.A. and issued the corresponding civil condemnation for damage to the forest ecosystem. She requests that the ground be upheld, the nullity of judgment 63-P-25 be declared, and the referral of the case to the Trial Court be ordered.

In the third ground of appeal, it claims improper reasoning for not ordering the restoration of things to their prior state. It states that the Court determined that it was not possible to verify the environmental damage or establish the felling and elimination of the forest, so it rejected the restoration requested by the Attorney General's Office. It affirms that this conclusion arises from the same erroneous evidentiary assessment set forth in the second ground. It explains that the restoration of things to their prior state in environmental matters is a preferential civil consequence of the punishable act, of public order, which must be ordered ex officio by the Judge and does not depend on the victim having exercised the civil action for damages. It argues that, by rejecting the restoration, the judgment sanctions the perpetuation of the impact caused by the land-use change (planting of mangos and other crops). This contravenes the constitutional principle of a healthy and balanced environment (Art. 50 CP), the pro-natura principle, and the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of the forest. It reiterates that the Forest Law protects forest, defined as a native ecosystem, intervened or not, regenerated by natural succession or technical forestry techniques. It explains that the affected area was located on slopes with gradients of 35% to 40%, not in flat areas, which was verified in the SINAC reports. Therefore, restoration is necessary to ensure the regeneration of the ecosystem and prevent the offender from deriving benefit from the illegality committed. The order for restoration is proportional and constitutes a limitation of public interest on property rights (Art. 45 CP), safeguarding environmental rights. It requests that the nullity of the judgment be declared insofar as it rejects the request for restoration of things to their prior state, ordering the restoration of the affected place to its original state. That the civil defendant Don Quijote S.A. be imposed the removal of the various crops (including mango trees) in the forest area and the regeneration of the site assisted by reforestation be permitted. That a maximum period of six months be set for compliance with the order. That the Cóbano Subregional Office of SINAC-MINAE be ordered to carry out the inspection and render the respective report to verify compliance. That Mrs. [Name 005], in her capacity as president with judicial and extrajudicial representation of the legal entity, be warned of the obligatory nature of what is resolved, under warning of prosecution for the crime of disobedience to authority in case of non-compliance.

The grounds are dismissed. Having evaluated the judgment, reviewed the evidence, and analyzed the appellant's arguments, it is verified that the trial court's decision contains adequate reasoning and a correct assessment of the evidence, without any errors being noticed in the construction of the logical path used by the A quo to assign value to the evidence, or in the conclusions it reached regarding the debated issue. As was anticipated in the preceding recital, this matter comes from a retrial, given that, in the first debate, the defendants were acquitted of all penalty and responsibility for the crime of land-use change (cambio en el uso del suelo) provided for in Article 61, subsection c) of the Forest Law 7575 and its amendments. Furthermore, the retrial, as provided in Vote 2024-151 at 2:00 p.m. on March 7, 2024, issued by the Second Section of this Sentence Appeals Court, had as its object the civil issues of the action filed against the company Don Quijote S.A., as well as resolving the matter of whether or not to order the restoration of things to their prior state.

Well, the trial was conducted based on the civil claims filed in the civil action for damages by the Attorney General's Office, representing the State, against the Corporation Don Quijote S.A., through which the state body sought to have the defendant condemned to pay ₡61,801,322.71 for environmental damage, in addition to costs and interest. Additionally, it requested the restoration of things to their original state. The trial was conducted based on the following facts that make up the civil complaint:

“FIRST: Between July 12 and August 21, 2017, on the farm registered in the province of Puntarenas under registration number [Value 002], in the name of the CORPORATION DON QUIJOTE S.A. with legal ID No. [Value 003], located in the province of Puntarenas, Cantón Puntarenas, Distrito Paquera, hamlet entrance to Playa Órganos, reference coordinates [Value 004] and [Value 005] CRTM05 projection system, a place where the civil defendants [Name 004], [Name 002] AND [Name 003], illegally exploited forest products by felling and eliminating natural forest and additionally carried out activities that changed the use of forest land. In order to have a clearer picture of the criminal event at the scene, the impact is described as follows: The civil defendants [Name 004], [Name 002] AND [Name 003], by common agreement and with full distribution of functions and functional control of the facts, by their own hand or through an intermediary, felled and eliminated the following sectors of natural forest, causing a change of use of the forest and preventing its natural regeneration: SECTOR No. 1: Through cutting, 2.69 hectares of natural forest located on a slope with an average gradient of 35% were eliminated, and the land use of the forest was changed. SECTOR No. 2: It was executed and located properly on the right side of the road, heading to Playa Órganos, a place where 2.54 hectares of natural forest on a 40% slope gradient were eliminated by cutting and a change of use of the forest occurred. SECOND: Within the prior distribution of functions for the commission of the illicit act, the civil defendants [Name 002], who holds the position of vice president of the CORPORATION DON QUIJOTE S.A. with legal ID No. [Value 003], the entity owning the farm registration number [Value 002] where the events occurred, [Name 004], who at that time held the position of administrator of the mentioned farm, which places him in a position of hierarchy at the site, and [Name 003] who performed the tasks of farm laborer, carried out or ordered the felling of the previously described forest sectors, on the farm mentioned in point one, eliminating a total area of 5.23 hectares of forest, in which there were trees of the Laurel, Guácimo, and Jobo species, all of the foregoing without having the permits granted by the State forestry administration. THIRD: The civil defendants [Name 002], [Name 004] and [Name 003], once they carried out the elimination of the natural forest, planted Mango trees in the forest area they had eliminated, thus preventing the regeneration of the natural forest, and in turn causing damage to the environment, natural resources and their recovery were deteriorated, such as the opportunity cost of growth of species that inhabited the trees typical of the place, causing the loss of biodiversity by carrying out destructive exploitation, making its biological richness disappear; flora, fauna and ecosystems, as well as, loss of the soil in its natural state. FOURTH: With the criminal conduct described in the previous facts, the damage to natural resources and to the right to a healthy and ecologically balanced environment is clear, an impact that is reflected in the way the environment was destroyed and exploited without any control or regulation by the Authorities charged with regulating sustainable development, in order to preserve the balance between different species and the quality of human life, consequently, as a result of the illicit conduct of the civil defendants, the valuation of environmental damage has been established in the amount of ₡61,801,322.71 (sixty-one million eight hundred one thousand three hundred twenty-two colones and seventy-one cents).”

In the retrial, judgment number 63-2025 at 4:00 p.m. on February 9, 2025, was issued, in which the Trial Court only deemed it proven that the farm registered in the province of Puntarenas under registration number [Value 002], is in the name of the CORPORATION DON QUIJOTE S.A., legal ID No. [Value 003] and is located in the province of Puntarenas, Cantón Puntarenas, Distrito Paquera, hamlet entrance to Playa Órganos, reference coordinates [Value 004] and [Value 005], according to the CRTM05 projection system. Furthermore, it established that Mr. [Name 002] holds the position of vice president of the CORPORATION DON QUIJOTE S.A. with legal ID No. [Value 003], the entity owning farm registration number [Value 002].

During the trial, the testimonies of Alexander Sánchez Chavarría and Pedro Rojas Chaves, officials of SINAC, were received. The testimony of forestry engineer Gustavo Alvarado Salazar (offered by the company Don Quijote), and [Name 007] (retired person who worked for the Ministry of Agriculture and Livestock) was also received.

As documentary and expert evidence, the complaint and Report of the Judicial Investigation Agency CI-015-18-ORC, folios 1 to 6, Reports of MINAE ACT-OSRLP-456-2017, dated 08/22/2017, folios 7 to 11, Inspection Record of the Judicial Investigation Agency of Cóbano, dated 10/09/2017, folio 14, Certification of the Tempisque Conservation Area, Paquera - Lepanto Subregion, folio 15, Forest Certification CPI-04-020-2017, issued by the Tempisque Conservation Area, Paquera - Lepanto Subregion, folios 27 to 30, Assessment of Environmental Damage, folios 60 to 66, legal status of DON QUIJOTE S.A. were incorporated.

[Identification number 003], registered owner of property 14996-000, folio 67, Certification of Judgments (Certificación de Juzgamientos), folios 361 to 363, Photo-interpretive Topographic Report prepared by Andrés Arroyo Venegas and photographs certified by the Instituto Geográfico Nacional, folios 101 to 118, Technical Report prepared by Forestry Engineer Gustavo Alvarado Salazar, folios 119 to 146, Certificate from the Maritime-Terrestrial Zone Department DPT-ZMT-PAQ-09-06, folio 171, Certification from the Municipal District Council of Paquera C-SM 001-06-01-2022, folios 172 to 178.

In the intellectual reasoning of the judgment, it is explained that it was not proven that between July 12 and August 21, 2017, the company Don Quijote, acting through its employees and legal representative, gave instructions for the cutting, felling, and utilization of trees of different species that formed a forest ecosystem, nor was a land-use change from forest to agricultural use demonstrated.

To support its decision, the Trial Court outlined the following reasoning, which is summarized to avoid unnecessary reiterations.

The lower court analyzed that in this matter, the strict liability regime provided for in Article 101 of the Ley Orgánica del Ambiente could not be applied, because the certain existence of damage and the causal link required to establish a judgment for this type of liability against the civil defendant, Don Quijote S.A., could not be proven. It held that, to apply this regime, three indispensable conditions are required: the factor imputing the conduct, the existence of damage, and the causal relationship between them. It was outlined that the fundamental reason for the denial of the civil claims is that the existence of the damage could not be reliably verified within the time period established in the complaint (between July 12 and August 21, 2017). Therefore, if the environmental damage could not be verified, it was impossible for the civil action to succeed, because the damage must be certain, real, and effective; thus, as the effective existence of this could not be demonstrated, it was not possible to order the defendant to pay compensation nor to determine objective environmental liability.

To reach this conclusion, the Court analyzed the statement of Alexander Sánchez Chavarría (Forestry Technician, SINAC) and that of Pedro Rojas, forestry engineer of MINAE, as well as the reports ACT-OSRLP-456-2017, report CI-015-18-ORC, the inspection report 193-IO-ORC-2017, and from a joint assessment of these evidentiary elements, the Court held it as true that in early 2017, SINAC officials received a citizen complaint alerting them to tree cutting and, as a result, conducted on-site inspections. The Trial Chamber highlighted that this evidence was insufficient to arrive at a reliable demonstration of environmental damage, and especially of the land-use change (cambio de uso del suelo) from forest to agricultural. It indicated that, although official Alexander visited the property in 2017 where the tree felling was reported, and in that visit confirmed the felling of fifteen trees of the Laurel, Guácimo, and Jobo species, among others, that report was insufficient to conclude that a forest existed in the area. It also valued that engineer Pedro Rojas visited the area two years later, in 2019, and that the technical opinion was issued in that year. Furthermore, it indicated that, according to these witnesses, the area where the tree felling was detected constituted a forest ecosystem, and for this, the methodology used by Pedro Rojas was to delimit other sample plots within that property and if these qualified as forest, therefore, the affected area must also have been forest and have had the same number of trees as the other plots used as a sample, hence the conclusion that 5.23 hectares were felled.

In the judgment, the methodology used by SINAC officials was confronted with the statement given by forestry engineer Gustavo Alvarado Salazar and the testimony of [Name 007] (retired official of the MAG). It was highlighted in the judgment that the expert Gustavo Alvarado stated that the area that the SINAC officials certify as forest has been an area dedicated to agriculture and livestock for many years, and according to the inspection the expert conducted, he verified that said area does not qualify as forest. Additionally, it was valued that the expert indicated that, although the official reports mention tree measurement, the realization of an inventory, and the delimitation of plots, that data was not available for verification. The statistical part of the official reports also could not be verified since there was no descriptive methodology that could be replicated, so it was unknown how the information was collected. The Court also explained that according to the testimony of Gustavo Alvarado, from the sampling carried out by SINAC officials in the plot setup, it was concluded that 370 to 380 trees existed at the sampled site and that the evaluated and sampled area was equal to the affected area, so in a total area of 5.3 hectares, the number of trees cut would be 1,800 to 1,900, which represents a significant impact, and upon carrying out the inspection, he found no evidence of environmental damage of that magnitude. The lower Chamber also appreciated that, as stated by said expert, by the year 2021, when he conducted the field visit, the evaluated area was devoid of tree vegetation, and that, on the contrary, grass (pasto y zacate) was found, which implies the absence of forest. The Trial Court also valued the statement of [Name 007], a retired MAG official, who indicated that on the occasion of his assistance and advisory duties, he visited the property for several years, and that the area where the tree felling apparently occurred has been dedicated for years prior to the planting of corn, mango, and other species, and indicated that there has never been a forest in that area and that he also did not notice significant tree felling in that area. This official described the property, indicating that a sector that was formerly dedicated to livestock has undergone natural regeneration, and the cultivation area is an agricultural zone. Also, to conclude that no forest existed in that area, it valued the topographic report on folios 101 and following, with its annexes that are photographs certified by the topographic department of the Registro Nacional, as well as the photographs on folios 110 to 118, and from said report, the Trial Court highlighted that at the coordinates indicated in the MINAE reports for the years 1971, 1981, 1990, 1996, 1998, 2005, 2014, 2016, and 2017, the road identified as the entrance to Playa Órganos can be clearly observed on both sides of the road; besides, an area devoid of forest cover (cobertura boscosa) is observed, whose use resembles subsistence agriculture. The Court also valued the technical report on folios 119 to 146 prepared by forestry engineer Gustavo Alvarado Salazar, and from that report, as well as from the explanation given by the expert during the trial, it concluded that during the years 1997 to 2017, at the coordinates recorded in the SINAC reports, there is an absence of tree cover, which denotes that this area had other uses and was not a forest area. It also valued the conclusion described in that report which indicated that based on these images, the existence of a forest ecosystem in that area was ruled out, and that rather, the trees observed are mango trees, which are more than twenty years old.

Based on this evidence, the Court concluded that the evidence presented does not permit sustaining that, in a period of approximately two months, i.e., from July to August 2017, 5.23 hectares of natural forest were felled on the property belonging to the civil defendant; rather, the evidence indicated that the impacted area has been used for cultivation over the years. Likewise, the lower Chamber argued that, in this particular case, it was not possible to verify the environmental damage alleged by the State, because it could not be established that the felling and elimination of natural forest occurred in the period stated in the complaint, which is why it is not possible to order the restitution of things to their natural state, i.e., to order that the crops be eliminated in said area and allow the natural regeneration of the forest. Thus far the arguments of the lower Court.

Regarding the merits of the claims. As summarized in the section on the filing grounds of the second and third motives, the Procuraduría General de la República challenges the evidentiary assessment carried out by the Trial Court, as well as the reasons given for dismissing the civil complaint and the claim for the defendant company to eliminate the crops and allow the natural regeneration of the forest in that area. Once the judgment has been analyzed and the appellant's arguments have been evaluated, it is concluded that the lower court decision contains adequate reasoning.

In this matter, the judgment allows understanding that the essential reason for dismissing the complaint consisted of the fact that it was not demonstrated that in the area inspected by SINAC officials, especially in the months of July and August 2017, a forest ecosystem existed that was eliminated over 5.3 hectares and replaced by mango plantations and other crops. As indicated in the summary section of the arguments provided by the lower Chamber, it is understood that the evidence provided by the State was insufficient, and this Court of Appeal agrees with that conclusion for the following reasons. One of the appellant's arguments is that credibility was given to the expert evidence and testimony provided by forestry engineer Gustavo Alvarado; however, the appellant gives no objective reasons or parameters that the lower court judge had to analyze to rebut the conclusions of the expert report prepared by said expert, beyond her mere disagreement with the results presented in said report. In this sense, it is not a controversial issue, nor was the expertise and knowledge held by Gustavo Alvarado Salazar as a forestry engineer to conduct the expertise requested by the defendant company Don Quijote S.A. questioned during the adversarial proceedings. Furthermore, the appellant is not correct in questioning the validity of the expert analysis carried out by said professional by indicating that it was performed in 2021, as that fact is taken out of context, because although the professional conducted the field inspection in that year, the expert report was based on a topographic analysis of the area that included images dating from 1998 to 2017, so the mere time when the inspection was carried out is not a sufficient reason to invalidate that evidence. Moreover, the reasoning outlined by the appellant is contradictory, because the inspection carried out by SINAC official Pedro Rojas Chaves is also not contemporaneous with the events (2017); rather, this proceeding was carried out two years later (August 2019), so that, following the same logic of the appellant, said expertise, having been carried out years later, would also be invalid. Another complaint by the appellant is to indicate that the information used by the expert was based on observation of the land adjacent to the road, when the affected area was located elsewhere; however, again this assessment is biased, because the report on folios 120 to 146 broadly describes the inspected area, and as indicated in said report, the evaluated area corresponds to the coordinates described in the SINAC reports. Additionally, the images accompanying that report demonstrate that the evaluation carried out by the expert is broader; therefore, the assertion that only the land adjacent to the road was assessed is not correct. Consequently, these arguments made by the appellant to disqualify the suitability and utility of the expert evidence provided by the defendant company are inadmissible.

In this vein, as indicated in the judgment, the core point on which the lower court decision was based was the scope of the evidence provided by the Procuraduría for determining the existence of a forest in the affected area, and the methodology used by the SINAC officials to reach that conclusion. As is well indicated in the ruling, it was not a contested fact that the SINAC officials Alexander and Pedro attended to a complaint for tree cutting and for a presumed land-use change without the respective authorization, on a property located in Paquera district, Central canton of the province of Puntarenas, hamlet of Entrada a Playa Órganos. Details: sector on the left and right side of the entrance to Playa Órganos: reference coordinates: [Value 004] and [Value 005]. As was analyzed in the lower court judgment, report ACT-OSRLP-456-2017 describes the tree cutting (15 trees cut) and indicates that said area was forest. Well then, the point debated during the adversarial proceedings and which required technical evidence was to determine whether or not a forest ecosystem existed in the inspected area. In this regard, it should be noted that the concept of forest is defined at the legal level in Article 3, subsection d) of the Ley Forestal, which establishes the following:

d) Forest: Native or autochthonous ecosystem, whether intervened or not, regenerated by natural succession or other forestry techniques, occupying a surface area of two or more hectares, characterized by the presence of mature trees of different ages, species, and varied size, with one or more canopies that cover more than seventy percent (70%) of that surface and where there are more than sixty trees per hectare of fifteen or more centimeters in diameter measured at breast height (DBH) (diámetro medido a la altura del pecho, DAP).

This legal-technical term is relevant in this case, because the concept of forest is not the presence of several trees in a determined area, but rather the area must comprise more than two hectares, in which there must be more than 60 large trees per hectare; the size of the tree is measured by the diameter of the trunk at breast height (DBH), which must be 15 centimeters or more, and viewed from above, the tree crowns (the canopy) must cover more than 70% of the land. That is, it is a very shaded and dense place with a variety and quantity of trees.

Well then, in this matter, although report ACT-OSRLP-456-2017 indicates that a forest area was felled, said report does not establish what methodology was used to reach that conclusion, as indicated by expert Gustavo Alvarado during his testimony. Additionally, as developed in the ruling, report ACT-OSRPL-2019, prepared by the Área de Conservación Tempisque, visible on folios 27 to 30, as indicated in the methodology, to determine the presence of forest, two plots located on said property were inspected, and in that sampling area, the presence of forest was determined, so the expert report concluded that, if there was forest at this site, there was also forest in the intervened area.

As developed in the lower court ruling, the Court dismissed this conclusion outlined in the SINAC report, because, based on other technical evidence, there was information that in the intervened or affected area, there had been no forest for more than ten years, and that area had been dedicated to agriculture for a long time. To support this conclusion, the Court relied on the expert report prepared by expert Gustavo Alvarado, in which the affected area is broadly described, the presence of old agricultural crops is highlighted, and it is concluded that, although there are trees, this area does not meet the characteristic of forest. Likewise, another relevant evidentiary element was the photo-interpretive topographic report prepared by topographer Andrés Arroyo Venegas, on folios 101 to 118, which indicates that based on official photographs from the Instituto Geográfico Nacional (years 1971, 1981, 1990, 1996, 1998, 2005, 2014), as well as Google Earth images from 2005 and 2016, and images from the Real Estate Information System corresponding to photographs from 2017, it is concluded that in the area corresponding to the road to Playa Órganos, on both sides of the road and within a distance of 400 meters in a southeasterly direction, an area devoid of forest is observed during that period, a site that is concordant with the study area of this process. Finally, the Trial Court relied on the testimony of the retired official from the Ministerio de Agricultura y Ganadería, who visited the property for several years by virtue of the technical advice that this entity provides to farmers, and indicated that this area had been agricultural several years before the events, and that no forest existed in that sector.

Now then, the Procuraduría, in its arguments, overlooks the fact that the decision of the lower Court was not solely based on the statement of expert Gustavo Alvarado, but also on other technical evidence, such as the photo-interpretive topographic study and the statement of [Name 007] (retired MAG official), and from this evidence, it was concluded that, in the sector where the inspection was conducted, although trees were felled, said area did not meet the conditions to be classified as a forest ecosystem, and therefore the complaint filed by the State for land-use change and environmental impact was dismissed. Additionally, it is important to note that, in this case, the sampling and extrapolation methodology used by SINAC allows for establishing conclusions based on probability criteria, and in this matter, there were other evidentiary elements that indicated that in that area, although there were trees and these were cut, it could not be established with the necessary certainty that said area met the condition of forest, according to the terms of the Ley Forestal, and rather, with a joint examination of the evidence, it was concluded that there was evidence showing that for years prior, that area had been dedicated to agriculture.

In the same way, the appellant's affirmation that the reports prepared by the SINAC officials and the testimonies of Alexander and Pedro were not adequately assessed is not true, since, as explained earlier, the lower Court did weigh those statements, as well as the reports issued by said body; only that, in this case, it was concluded that the information derived from this set of evidence was insufficient to arrive at accreditation, with the necessary and suitable evidentiary support, that the inspected area constituted a forest ecosystem.

Likewise, the other arguments made by the appellant regarding the suitability of the expert evidence prepared by Gustavo Alvarado are limited to mere subjective conjecture, since said report broadly explains the methodology used by that professional, and it is corroborated that the visual supports and data (images) supporting the technical opinion outlined in said report were attached, in that there was no forest ecosystem in that area. On this point, it is important to highlight that the case file contains various photographs of the area of interest, in which the vegetation described by expert Gustavo Alvarado can be appreciated, which is characteristic of an area dedicated to agriculture and agricultural-livestock activities (cattle), which is a relevant element that supports the technical opinion issued by said professional. Likewise, and as the expert explained in his testimony, according to the SINAC report, approximately 1,800 to 1,900 trees would have been cut in that area, and it is clear that cutting trees in that quantity leaves a notable environmental impact over time, and as can be appreciated in the photographs contained in the case file at folios 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, tree felling of that magnitude is not observed. Even the report made by the Organismo de Investigación Judicial CI-015-18-ORC accounts for the fact that the number of trees SINAC counted was 15 cut trees, which differs greatly from the number of trees assumed to have been felled (1,800).

Furthermore, another relevant argument is that from the review conducted by this Court of Appeal, no sufficient evidence is detected to establish the thesis that underpinned the civil complaint, which focused on the land-use change, for changing a forest ecosystem to agricultural. In this sense, since it was not established with the necessary evidence that the area under study constituted a forest, the appropriate course of action, as resolved by the lower Court, was to deny the claim for the defendant company to eliminate the crops and restore the land to its previous state.

Therefore, this Court of Appeal does not perceive any flaw in the argumentation made by the lower Court regarding the list of evidence or in the conclusions it reached to dismiss the civil complaint filed by the Procuraduría General de la República.

IV. Of the appeal filed by private defense attorney Gustavo Chang Mora. He claims disagreement with the lower Court's decision to exempt the State, represented by the Procuraduría General de la República, from the payment of costs, despite the fact that the civil complaint was dismissed. He claims erroneous application of Article 267 of the Código Procesal Penal. He sustains that, in this second trial (remand), the civil plaintiff party should have been ordered to pay costs, this because, in the first trial, the defendants were acquitted of all penalty and responsibility, and that even both the Ministerio Público and the Procuraduría, in its capacity as plaintiff, requested the acquittal of the accused regarding civil liability. He sustains that, in this second trial, unlike the first, the Procuraduría was aware of the evidence and that the statements by SINAC officials were weak and would not withstand critical scrutiny, yet despite this, they maintained their position of an illegal tree felling and the existence of environmental damage. Additionally, despite the fact that in this second trial the civil complaint was dismissed, they again appeal the ruling, so he deems that their actions demonstrate procedural bad faith and that therefore there is no plausible reason to litigate. He says there is bad faith on the part of the Procuraduría because the State attorney, in the second trial, opposed the reception of the expert evidence offered by the defense of the civil defendants, so she attempted to disregard evidence that had already been assessed in the first trial and that was favorable to the defendant company. He adds that there was also procedural disloyalty on the part of said body, by ignoring the omission incurred by the Judge of the intermediate phase, which led to, in the second trial, the judge having to verify the audio of said hearing in order to confirm that defect. He says that the way in which the Procuraduría harassed witness Alvarado Salazar by questioning him on how much he had been paid for said expert report and suggesting that his professional intervention was motivated by spurious interests should also not be overlooked. He requests that the appeal by adhesion be granted and that judgment 63-P-2025 be partially revoked, only insofar as it exempted the losing party from paying the costs corresponding to the civil action for damages, and instead, the State be ordered to pay both costs for the civil action for damages. In the alternative, he requests that the remand to the Trial Court be ordered to hear exclusively on that point.

The motive is without merit. The appellant's claim is very specific and centers on his disagreement with the decision to exempt the losing party, which in this matter is the State represented by the Procuraduría General de la República, from costs.

Upon reviewing the lower court decision and the background of this matter, it is concluded that the appellant is not correct. In judgment 63-P-2025, in recital VI dedicated to “Costs” (Costas), it is indicated that the State is exempted from the payment of costs as a plausible reason to litigate existed, because the complaint was based on reports issued by SINAC, and it was necessary to carry out the adversarial proceedings in order to verify or not the existence of the environmental damage claimed.

Well then, in this matter, it is confirmed that, in effect, at the time the civil complaint was filed by the State, which was filed on September 10, 2021, the Ministerio Público had already concluded the investigation and filed an accusation against the defendants for the crime provided for in Article 61, subsection c) of the Ley Forestal. That is, at that moment, there was a plausible reason to litigate, to the point that it was necessary to hold a first trial to resolve the existence of the environmental damage claimed. On the occasion of this first debate, judgment number 251-2023 of June 1, 2023, was issued, in which the civil complaint was dismissed and the State was exempted from paying the costs for said civil action, given that this decision was not appealed by the civil defendants. Now then, with the issuance of this judgment, the Procuraduría General de la República filed an appeal solely regarding the civil aspects, and that challenge was resolved by the Second Section of the Sentencing Appeals Court of the III Judicial Circuit, through vote 2024-151 at 2:00 p.m. on March 7, 2024, in which the appeal filed by the State was granted and a retrial was ordered to discuss the matter regarding whether or not the restitution of things to their previous state should be ordered, and regarding the civil action filed by the State, in the corresponding part. This gave rise to a second trial, in which judgment 63-P-2025 was issued, which is the subject of the challenge, and in which the losing party (State) was exempted from paying costs.

This recount is necessary because it demonstrates that the holding of the second debate occurred on the occasion of the power recognized by the legal system to the intervening parties to file an appeal against the judgment issued by the Trial Court (Articles 458 and following of the Código Procesal Penal); therefore, it cannot be argued that the State acted in bad faith, in the second trial, by sustaining its civil claims concerning the restitution of things to the state they were in before the events and the imposition of strict liability on the company Don Quijote S.A. for the potential environmental damage, since a Court of the Republic deemed it necessary for those civil aspects to be resolved in a new trial. Thus, what was reasonable and expected at the time the second debate took place is that the State, represented by the Procuraduría General de la República, would maintain its civil claims, since, more importantly, in the contrary case of desisting from said complaint (expressly or tacitly), the order to pay costs was imminent as provided by Articles 117 and 118 of the Código Procesal Penal. Therefore, the appellant is not correct in indicating that the State acted in bad faith by sustaining its civil claims in the retrial. Likewise, the appellant's position of classifying the State's actions as procedural bad faith for opposing, in the second debate, the incorporation of evidence offered for better provision by the civil defendant, or for now questioning on appeal the interrogation that the State attorney conducted during the trial, is also not acceptable, since intervening in the process and expressing its position on each of the debated issues, and questioning the parties and asking the questions it deems useful and pertinent, is a power of the civil plaintiff, and forms part of the due process guarantee enshrined in Articles 1, 2, 4, 9, 12, 37, 111, 112, 114, 116, 175, and 178 of the Código Procesal Penal.

Therefore, no objective elements are appreciated to consider that in this matter the State has litigated in bad faith; rather, on the contrary, there is support for applying the exemption from costs (exoneración en costas) because the remand trial was ordered by an Appeals Court and, therefore, the good faith on the part of the State, for its intervention in the new trial, is established, and it is appropriate to dismiss the claim made by the appellant.

THEREFORE (POR TANTO)

The appeal of the judgment filed by the Procuraduría General de la República is dismissed, as well as the cross-appeal (recurso de apelación por adhesión) filed by the defender Gustavo Chan Mora.

Digitally signed

Gaudi móvil BCCR

Adriana Escalante Moncada

Alejandro Piedra Pérez                            Francisco Lemus Víquez

Judges of Appeal of Judgment (Jueces de Apelación de Sentencia)

Case File No. 17-000383-832-PE

Against: [Name 002]

Crime: Land-Use Change (Cambio de Uso de Suelo)

To the detriment of: Natural Resources (Los Recursos Naturales)

angie

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 02-03-2026 20:09:46.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República